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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 301, de 20/02/2018
cve: BOCG-12-D-301
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
20 de febrero de 2018

Núm. 301


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Interior

161/002879 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la postura del Gobierno sobre la propuesta de asegurar los derechos humanos en el puerto de Bilbao ... (Página7)

161/002905 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a no renovar el contrato de empresas privadas para la seguridad exterior de los centros penitenciarios ... (Página8)

Comisión de Defensa

161/002913 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar la gratuidad de la formación proporcionada a los militares de Tropa y Marinería por el Ministerio de Defensa para su inserción en el mercado laboral ... (Página9)

161/002921 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la revisión y mejora del funcionamiento de las medidas de protección frente al acoso ... (Página11)

161/002922 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a medidas transitorias urgentes para los militares de tropa y marinería temporales ... (Página12)

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/002909 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el mantenimiento del empleo y la igualación al alza de las condiciones laborales en Bankia ... (Página14)

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/002885 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la situación de la plantilla de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A ... (Página15)

161/002896 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre cesión de derechos de pago único ... (Página17)


Página 2




161/002902 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que se reconozca una compensación adicional, a partir del ejercicio 2018, calculada en base a la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, al Ayuntamiento de Rota ... (Página18)

161/002923 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la extensión del acuerdo de convalidación de interinos en las Administraciones Públicas ... (Página20)

Comisión de Fomento

161/002877 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la necesidad de realizar una auditoría independiente de la deuda ilegítima de las autopistas quebradas que serán rescatadas por el Estado ... (Página21)

161/002878 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la colaboración del Gobierno en la celebración del XIII Centenario de la Batalla de Covadonga, del I Centenario de la Coronación de la Virgen de Covadonga y del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, así como a dar continuidad al "Camino de Covadonga" ... (Página23)

161/002880 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la postura del Gobierno sobre la propuesta de asegurar los derechos humanos en el puerto de Bilbao ... (Página24)

161/002881 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la modernización y renovación de la red de trenes de Cercanías de la Región de Murcia ... (Página25)

161/002882 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a fomentar el turismo ferroviario ... (Página26)

161/002886 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la publicación en formato Open Source de los datos de los servicios de Cercanías en tiempo real ... (Página27)

161/002887 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la publicación de la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General ... (Página29)

161/002889 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el corredor Cantábrico-Mediterráneo ... (Página30)

161/002903 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre incluir en el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC) la construcción de la Autovía del Norte en la Región de Murcia ... (Página31)

161/002907 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la línea de alta velocidad en el tramo Burgos-Vitoria ... (Página33)

161/002914 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre los compromisos de puntualidad de RENFE ... (Página35)

161/002928 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de áreas de descanso seguras para los transportistas ... (Página36)


Página 3




Comisión de Educación y Deporte

161/002888 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la implantación de un sistema de selección y formación docente, Docente Interno Residente (DIR), basado en el MIR de los facultativos médicos ... (Página37)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002883 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de medidas para evitar el embargo de las cantidades depositadas en cuentas bancarias de los beneficiarios de prestaciones asistenciales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, con el fin de proteger a las personas más vulnerables y dar cumplimiento a las recomendaciones del Defensor del Pueblo en esta materia ... (Página39)

161/002884 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento del derecho de información de las personas afiliadas a la Seguridad Social sobre la cuantía de su futura pensión de jubilación ... (Página42)

161/002891 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a reclamar medidas urgentes para hacer frente a la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo ... (Página46)

161/002894 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre establecimiento de un sistema de bonus/malus que fomente la contratación indefinida ... (Página48)

161/002901 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la regulación de las condiciones de ejercicio y derechos del colectivo de formadores profesionales para el Empleo ... (Página49)

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/001966 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el desmantelamiento de la Plataforma Castor ... (Página51)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002875 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al deslinde, restauración y fomento de las Vías Pecuarias en apoyo a la ganadería extensiva y a las actividades ambientalmente compatibles a los efectos de un desarrollo sostenible del medio rural ... (Página52)

161/002890 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, por la que se insta al Gobierno a crear una Agencia Única de Evaluación de Productos Fitosanitarios ... (Página55)

161/002898 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de la Gran Senda del Navia ... (Página56)

161/002919 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la inclusión del Caballo de la Montaña Asturiana en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España ... (Página57)


Página 4




161/002924 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la retirada de los residuos de fibrocemento con amianto en el término municipal de Toledo para proceder a su tratamiento y descontaminación ... (Página58)

161/002926 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas para impulsar la declaración del cultivo de la Uva Pasa de la Axarquía (Málaga) como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) ... (Página61)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002897 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a favorecer el consumo de agua como medida para combatir la obesidad ... (Página63)

161/002904 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a incrementar los controles y sanciones sobre las convocatorias de congresos acientíficos que pueden afectar a la salud ... (Página65)

161/002910 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a potenciar el uso de la diálisis peritoneal ... (Página66)

161/002915 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a que se subvencionen todas las tecnologías y tratamientos que mejoran la calidad de vida de las personas con diabetes que lo necesiten ... (Página67)

161/002916 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a que la vacuna Bexsero sea gratuita y se incluya en el calendario de vacunación ... (Página68)

161/002917 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a que se apliquen las recomendaciones de la Iniciativa HerculeS: Iniciativa Estratégica de Salud para la Definición del Estándar Óptimo de Cuidados para los Pacientes con Hidradenitis ... (Página70)

161/002925 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el impulso de un estudio epidemiológico que permita conocer el impacto en la salud de la exposición al asbesto en Castilla-La Mancha ... (Página71)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002920 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la protección de las personas defensoras de los Derechos Humanos y el apoyo al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ... (Página72)

Comisión de Cultura

161/002876 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un Pacto de Estado por el Patrimonio Cultural ... (Página74)

Comisión de Igualdad

161/002892 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a reclamar medidas urgentes para hacer frente a la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo ... (Página78)


Página 5




161/002906 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a llevar a cabo una modificación normativa para que sean consideradas todas las formas de violencia que se ejercen sobre mujeres y niñas, y ahondar en la aplicación de medidas para combatir la violencia sexual ... (Página80)

161/002912 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la promoción de las carreras científicas entre las niñas, así como a la investigación de las condiciones de desigualdad que existen para las mujeres en la ciencia ... (Página81)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/002911 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a aprobar una Estrategia de Desarrollo Rural Inclusivo ... (Página83)

161/002918 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para prohibir la esterilización forzosa de personas con discapacidad ... (Página84)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002895 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la mejora de la seguridad vial de la N-634 a su paso por el municipio de Curtis (A Coruña) ... (Página85)

161/002929 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la seguridad infantil en el transporte escolar ... (Página87)

161/002930 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar la seguridad en el transporte terrestre ... (Página88)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Interior

181/000732 Pregunta formulada por la Diputada doña Eva García Sempere (GCUP-EC-EM), sobre exclusión de Yolanda González de la cesión de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo ... (Página89)

181/000740 Pregunta formulada por el Diputado don Salvador Antonio De la Encina Ortega (GS), sobre estrategia del Ministerio del Interior para combatir eficazmente el narcotráfico en el Campo de Gibraltar (Cádiz) y evitar sucesos como los acaecidos en La Línea, donde 20 encapuchados asaltaron el Hospital para liberar a un narco detenido ... (Página89)

181/000741 Pregunta formulada por los Diputados don Miguel Ángel Bustamante Martín y don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM), sobre medidas previstas ante la escasez de dotación policial en la zona del Hospital de La Línea de la Concepción (Cádiz) puesta de manifiesto cuando un grupo de encapuchados ha logrado liberar a un presunto narcotraficante que se encontraba en las urgencias de dicho Hospital ... (Página90)

Comisión de Fomento

181/000742 Pregunta formulada por el Diputado don Félix Alonso Cantorné (GCUP-EC-EM), sobre planificación, proyección, alcance y expectativas de la operación inmobiliaria y urbanística que va a poner en marcha AENA SME, SA ... (Página90)


Página 6




Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000733 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre previsiones acerca de ampliar la depuradora de Rincón de la Victoria, en Málaga ... (Página90)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/027404 Autor: Díaz Pérez, Yolanda

Rodríguez Martínez, Ángela

Declaraciones efectuadas por el Presidente del Gobierno en la cadena de radio Onda Cero, el día 24/01/2018, relativas a la no necesaria regulación de la discriminación retributiva entre hombres y mujeres en las empresas... (Página91)

184/027968 Autor: Bataller i Ruiz, Enric

Previsiones acerca de implementar lo acordado en la Proposición no de Ley relativa a evitar la creación de nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros. Retirada... (Página93)

184/027992 Autor: Serrada Pariente, David

Heredia Díaz, Miguel Ángel

Fecha de la emisión de la Orden del Ministerio del Interior para convertir el centro penitenciario Málaga II en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), así como documentos que se acompañan en el expediente para justificar esa decisión y medios utilizados para publicar la citada orden... (Página93)

184/028124 Autor: Antón Cacho, Javier

Informes emitidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre actividades o instalaciones sometidas a autorización ambiental en el municipio de Ólvega, desde el año 2003... (Página94)

184/028509 Autor: Botella Gómez, Ana María

Valoración de la "Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España"

95

184/028713 Autor: Maura Barandiarán, Fernando

Actuación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como mediador en Venezuela... (Página96)

184/028729 Autor: Candela Serna, Ignasi

Número de personas relacionadas con productos financieros y propiedades inmobiliarias vinculados a Hosny Mubarak que tienen bienes o activos financieros congelados en España, así como bienes o propiedades referidos... (Página97)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Interior

161/002879

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Interior, relativa a la postura del Gobierno sobre la propuesta de asegurar los derechos humanos en el Puerto de Bilbao.

Exposición de motivos

Hace ya más de un año, que se viene sucediendo un aumento de personas asentadas en torno al Puerto de Bilbao. Personas que tratan de ingresar en el recinto portuario, y particular a la terminal de embarque al ferry, con el objetivo de cruzar al Reino Unido. Según datos del Gobierno, a 31 de octubre de 2017, se habían producido 3.551 casos en la citada terminal y 96 deportaciones desde Reino Unido.

Ante esta situación, la Autoridad Portuaria de Bilbao ha adoptado medidas de protección adicionales, como la reparación y mejora del cierre perimetral del recinto portuario general, el refuerzo de los medios humanos y técnicos de la Policía Portuaria o la mejora de la coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencias en esta materia (Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil). Cabe recordar, que el personal adscrito al servicio de Policía Portuaria no tiene competencias en materia de seguridad ciudadana, sin embargo tienen un rol fundamental en el control y mantenimiento de la seguridad en el recinto portuario y deber especial de colaboración a requerimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.4 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Seguridad Ciudadana.

El personal que se dedica a las tareas de control y seguridad del Puerto de Bilbao, sea cual sea su cuerpo de adscripción, diariamente debe afrontar situaciones de trato directo con personas en tránsito, y que se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social. Esta nueva realidad en el Puerto, requiere de nuevos conocimientos y competencias, tanto para el correcto desempeño de las tareas, las condiciones de trabajo del personal involucrado, como también el respeto de los derechos humanos de las personas que tratan de transitar como polizones.

Ante esta pluralidad de trabajadoras y trabajadores que desempeñan tareas de seguridad en el Puerto de Bilbao, y una situación nueva que a pesar de las medidas adoptadas no remite, consideramos fundamental que se ofrezca a la plantilla formación en materia de derechos humanos. Esta formación debe brindar un marco de garantías a todas las personas, tanto a las que realizan tareas control y mantenimiento de la seguridad y que deben intervenir directamente, como a las que se encuentran en situación de exclusión social.

Por todo ello se presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar desde la Autoridad Portuaria de Bilbao un diagnóstico de necesidades formativas para los Cuerpos de Seguridad que intervienen en el Puerto de Bilbao, así como para el personal que integra la plantilla de la Policía Portuaria, como complemento a sus planes formativos y, específicamente orientado a las tareas que involucren directa o indirectamente personas en tránsito y que se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social.

2. Realizar el diagnóstico en colaboración y coordinación con todos los Cuerpos de Seguridad que tienen presencia en el Puerto de Bilbao, los agentes sociales y las personas trabajadoras.

3. Impulsar, con base a la evaluación realizada, la realización de una formación específica en materia de derechos humanos, dentro del plan formativo del personal adscrito al Puerto de Bilbao y en particular de la plantilla de Policía Portuaria y el personal de Fuerzas y Cuerpos del Estado.

4. Facilitar la creación de un adecuado marco de colaboración entre el Observatorio de Derechos Humanos que se quiere impulsar por parte del Gobierno Vasco en colaboración con Cruz Roja y, el personal adscrito al Puerto en cualquiera de los ámbitos competenciales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2018.-María Rosa Martínez Rodríguez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002905

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a no renovar el contrato de empresas privadas para la seguridad exterior de los centros penitenciarios, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El 31 de diciembre de 2017, finaliza la tercera fase del contrato de los servicios de apoyo a la seguridad exterior en centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, y la Secretaría de Estado de Seguridad ha anunciado que tiene previsto prorrogarla por un periodo de cuatro meses, (de enero a abril de 2018), para que en mayo de 2018 se inicie "un nuevo contrato que se regirá por unas condiciones muy similares a las actuales", según ha expuesto la propia Secretaría de Estado de Seguridad, para lo cual ha requerido informes a las distintas unidades de Guardia Civil y Policía Nacional encargadas de la seguridad en los centros penitenciarios.

El proceso privatizador de la seguridad exterior de los centros penitenciarios se inició en 2013, bajo la excusa de recolocar a los escoltas que habían venido prestando servicios de escolta a cargos públicos amenazados por ETA, sin que se haya cumplido la promesa que el Gobierno del PP les hizo de recolocación. Además, todo ello se ha venido haciendo contra la opinión del Congreso que en reiteradas ocasiones se ha opuesto a esta medida acordada por el Gobierno. En todo caso, la realidad es que desde entonces se han derrochado más de 115 millones de euros de las arcas públicas, y decimos "derrochado" porque se trata de un contrato absolutamente innecesario, puesto que los vigilantes privados están desempeñando cometidos duplicados respecto a Guardia Civil y Policía Nacional.

Así pues, parece evidente que ese ingente derroche de dinero público tiene como única finalidad crear artificialmente un nicho de negocio para las empresas de seguridad privada, cuyos propietarios son los grandes beneficiarios de tan suculentos contratos, puesto que los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones ínfimas en comparación con las enormes cuantías que está desembolsando la Administración Pública.

De hecho la seguridad privada ya supera en número de efectivos al cuerpo policial con mayor plantilla, la Guardia Civil, dato sumamente preocupante, sobre todo teniendo en cuenta que mientras la seguridad


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privada crece considerablemente, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin embargo van mermando, como ocurre con la Guardia Civil, cuyos 85.270 efectivos de catálogo se encuentran con una cobertura que llega a 76.806 en 2017, 8.474 guardias civiles menos de los previstos en catálogo y la Policía Nacional que tiene 78.138 efectivos en Catálogo y efectivos disponibles 63.162 (que incluye activos, segunda actividad con destino y alumnos en prácticas), por tanto 13.644 puestos de trabajo vacantes.

No en vano, como ha reconocido recientemente la propia patronal, un considerable porcentaje de la facturación del sector de la seguridad privada procede de contratos con la Administración Pública, y sus previsiones son aún mejores tras la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Privada, que multiplica las posibilidades de negocio para dichas empresas a costa del erario público.

Es evidente que el Partido Popular tiene interés en que la seguridad pública vaya perdiendo terreno y competencias en favor de la seguridad privada por sus vinculaciones con empresarios del sector que han ocupado puestos relevantes en el Gobierno del PP, y ello cuando la experiencia en ese sentido ha sido negativa en otros países, los cuales en varios estudios han concluido que la misma es más costosa y problemática que la pública.

Lo ocurrido en el aeropuerto de El Prat-Barcelona debería servir de "aviso a navegantes", porque cuando competencias relevantes de la seguridad pública y con tan suculentos contratos se dejan en manos privadas, ocurre que en ocasiones los servicios no se prestan de manera adecuada, porque los vigilantes que prestan dichos servicios perciben unas retribuciones ínfimas en comparación con las enormes cuantías que está desembolsando la Administración Pública.

En los últimos años se está produciendo un alarmante recorte en las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional, coincidiendo con la concesión a las empresas de seguridad privada de cada vez más servicios que venían siendo prestados por las FFCCSE, pero además afectando de lleno a cuestiones tan fundamentales como la libre circulación de las personas, a un sector económico tan relevante para este país como es el turismo, así como a la seguridad de los centros penitenciarios y de otras instalaciones públicas de suma importancia, especialmente desde la aprobación en 2014 de la nueva Ley de Seguridad Privada, que otorga a las empresas mayores competencias y les habilita para asumir tareas de vigilancia en espacios e instalaciones públicas.

La sustitución de la seguridad pública por la privada es generalizada en los 48 aeropuertos de AENA, por los cuales en 2016 transitaron 230 millones de pasajeros y casi 800 toneladas de mercancías. Y lo sucedido en El Prat-Barcelona puede volver a producirse en cualquier momento, sobre todo teniendo en cuenta las precarias condiciones laborales que deben soportar muchos de los vigilantes que prestan esos servicios, al haber pujado sus empresas a la baja para obtener los contratos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a no renovar el contrato del servicio de apoyo por empresas privadas a la seguridad, en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior, procediendo a sacar las oportunas convocatorias de plazas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para atender las necesidades que se derivan por la escasez de recursos personales actuales en la seguridad perimetral de las prisiones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-David Serrada Pariente, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Defensa

161/002913

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente


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Proposición no Ley para garantizar la gratuidad de la formación proporcionada a los militares de Tropa y Marinería por el Ministerio de Defensa para su inserción en el mercado laboral, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

De acuerdo con la legislación actual, el Estado a través del Ministerio de Defensa, está obligado a proporcionar la formación necesaria a los militares de Tropa y Marinería para que estos puedan acceder al mercado laboral de una forma más rápida.

En este sentido, la Ley 8/2006, de 24 de abril, reguladora de Tropa y Marinería, es fundamental a la hora de establecer la responsabilidad del Ministerio de Defensa en la formación de Tropa y Marinería para una mejor inserción laboral.

De acuerdo con el artículo 21 de la Ley 8/2006, relativo a las medidas de incorporación laboral, "a los militares profesionales de tropa y marinería se les facilitará, durante su permanencia en el servicio activo, los medios necesarios de orientación, impulso y apoyo para su plena incorporación al mundo laboral, al término de su compromiso con las Fuerzas Armadas. Con este propósito se desplegarán acciones de formación ocupacional que complementen los perfiles profesionales que faciliten su acceso al empleo. Se desarrollarán programas de autoempleo y medidas de apoyo a la viabilidad de estas iniciativas".

Asimismo, estable que "el Ministerio de Defensa gestionará y convendrá con instituciones públicas y entidades privadas acciones orientadas a la incorporación laboral de los militares profesionales de tropa y marinería".

Por otro lado, el artículo 292 del Real Decreto Legislativo 8/3015 de 30 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece que los militares profesionales de Tropa y Marinería que pasen a encontrarse en situación de desempleo, serán objeto de un seguimiento activo e individualizado por parte del Ministerio de Defensa en colaboración con el Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales, con el fin de facilitarles una rápida integración en el mercado laboral.

Debemos tener en cuenta también la Orden Ministerial 2/2009, de 22 de enero, dictada por el Ministerio de Defensa, para regular el desarrollo profesional de los militares de Tropa y Marinería. El apartado 4 de esta Orden Ministerial, establece que "además de la enseñanza de formación y perfeccionamiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 43 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre de Carrera Militar, los apoyos formativos que facilitará el Ministerio de Defensa para que los militares de tropa y marinería puedan alcanzar los objetivos de desarrollo profesional serán los siguientes:

a) Cursos para facilitar el acceso a la promoción interna.

b) Cursos para la mejora de la titulación adquirida en el Sistema Educativo General.

c) Cursos para la preparación de las pruebas de acceso a la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil y a la Escala Básica del Cuerpo Nacional de Policía.

d) Cursos de formación profesional para el empleo, en las especialidades más demandadas en cada momento por el mercado de trabajo.

e) Cursos de formación para fomentar el autoempleo y la creación de empresas.

f) Otros tipos de formación de naturaleza análoga, a fin de adaptarse a la evolución del mercado de trabajo.

Esta misma Orden establece que el Ministerio de Defensa proporcionará esta oferta formativa, bien de forma directa, bien de forma colaborativa con otros departamentos ministeriales, con comunidades autónomas, o con otras entidades públicas o privadas.

Sin embargo, esta formación no siempre está siendo gratuita y se están produciendo casos en los que los militares de Tropa y Marinería se ven obligados a asumir el gasto de su formación para la posterior inserción laboral. Ejemplo de ello es la Resolución 420/38012/2018 de 25 de enero, dictada por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa (BOE 2 de febrero de 2018), por la que se da publicidad al Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Universidad Rey Juan Carlos, para promover y fomentar la formación de Tropa y Marinería e impulsar su incorporación en el mundo laboral civil.

En base a este Convenio Colaborativo, se establece que el Ministerio de Defensa, se indica que en la medida que la disponibilidad presupuestaria del mismo, publicará un programa de ayudas al personal


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MTM para sufragar los gastos originados por estas u otras actividades formativas para que sean menos gravosas para el personal de los ejércitos. De forma paralela, se expresa que la Universidad Rey Juan Carlos, entre otras cosas, se compromete a repercutir el coste de estas acciones formativas al personal de tropa y marinería interesado que demande la formación objeto de este convenio.

Así pues, en base a este tipo de convenios el Gobierno elude su obligación de sufragar los gastos destinados a proporcionar una mayor y más efectiva inserción del personal de Tropa y Marinería en el mercado laboral civil.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Adoptar todas las medidas oportunas para que las actividades de seguimiento individualizado, formación o intermediación laboral -tanto para su desarrollo profesional como para su posterior incorporación laboral a la vida civil-, en ningún caso puedan suponer gasto alguno para los militares de Tropa y Marinería que quieran realizar alguna de estas actividades."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2018.-Francisco Javier Cano Leal, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Defensa, relativa a la revisión y mejora del funcionamiento de las medidas de protección frente al acoso.

Exposición de motivos

Las noticias que se han conocido en relación con la agresión sexual sufrida por una soldado del Ejército del Aire destinada en el acuartelamiento de Bobadilla en Antequera (Málaga), ponen de manifiesto que la violencia de género existe en las Fuerzas Armadas y que ha de ser combatida con toda la fuerza y medios de los que dispone el Estado de derecho.

En el año 2015, el Consejo de Ministros, tras un largo proceso de debate público y parlamentario, aprobaba el protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas, en el que se establece el principio de la "tolerancia cero" ante este tipo de actuaciones.

Sin perjuicio de que el asunto está ya judicializado, las propias noticias que se han hecho públicas por el Ministerio de Defensa permiten plantearse la eficacia de los sistemas y mecanismos de reacción ante hechos de estas características, para que el principio de "Tolerancia Cero" sea una realidad y no una mera declaración de intenciones.

Las Unidades de Protección frente al Acoso (UPA), debían poner en marcha un Protocolo y de acuerdo con el mismo, emitir informes anuales; sin embargo, dos años después de su puesta en funcionamiento, no se dispone de dichos informes ni se ha dado cuenta al parlamento de las medidas desarrolladas en dicho protocolo.

En el caso particular recientemente conocido no se conoce si la Unidad de Protección frente al Acoso (UPA) del Ejército del Aire ha intervenido en este asunto, y de haberlo hecho, qué medidas de protección y de apoyo ha puesto en marcha para proteger a la víctima. Lo que se desprende de la escasa información oficial al respecto es que hubo de ser la víctima la que activase los mecanismos policiales y judiciales, a pesar de que su jefe de unidad estaba al corriente de los hechos por habérselos relatado ella misma.

Esta situación, como mínimo, genera ciertas dudas sobre el hecho de que las medidas que se han establecido en el Protocolo de actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en las Fuerzas Armadas estén resultando todo lo eficaces que requiere la problemática, siendo necesario profundizar en algunas medidas para su mejora.


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Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Remitir a la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados el informe anual que debe haber elaborado, y remitido al Ministerio de Defensa con fecha 1 de febrero, el Observatorio Militar para la Igualdad en el que debe recogerse la información estadística que permita cumplir con la estrategia de seguimiento y control establecida por el propio protocolo.

- Respetando los derechos de la víctima y la presunción de inocencia de los imputados, en el plazo de un mes desde la aprobación de esta Proposición no de Ley, remitir un informe en el que se dé cuenta de la actividad de la UPA del Ejército del Aire y de las actuaciones llevadas a cabo por el jefe de la unidad de destino de la soldado del Ejército del Aire en relación con los hechos sucedidos en el acuartelamiento de Bobadilla en Antequera, en aras de fiscalizar la eficacia del protocolo de acoso.

- Habilitar presupuesto y recursos suficientes para la ejecución eficaz de las medidas recogidas en el protocolo, procediendo a la derogación del artículo 12 que limita los recursos disponibles para dicha ejecución.

- Dotar de personal permanente a las UPA, como forma de materializar con recursos la apuesta decidida por una "Tolerancia Cero" ante las situaciones de acoso en las Fuerzas Armadas.

- A través del Ministerio de Defensa, promover acuerdos con otras entidades públicas o asociaciones para incorporar agentes de igualdad externos que ayuden, al menos en esta primera fase de urgencia, a modificar la cultura de las Fuerzas Armadas respecto al tema del acoso. En especial, en relación con las actividades de formación en los periodos de instrucción militar que recoge el propio protocolo, y la capacitación del personal destinado en las UPA.

- Con participación de las asociaciones profesionales, y a través del Ministerio de Defensa proceder a la revisión de los contenidos del protocolo que pudieran no estar ayudando a la eficacia del mismo, al menos los referidos a: seguimiento de la cadena de mando para el traslado de denuncias en este tipo de casos, el traslado de la víctima y no del presunto acosador, la paralización de procesos de promoción de las personas acusadas de abusos y/o agresiones sexuales, y la necesaria participación activa y tutela judicial efectiva de la víctima en el proceso investigador o disciplinario a que pudiera dar lugar este tipo de denuncias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2018.-Tania Sánchez Melero y Juan Antonio Delgado Ramos, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002922

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Defensa, relativa a medidas transitorias urgentes para los militares de tropa y marinería temporales.

Exposición de motivos

La especial preocupación por la situación de los militares que pertenecen a las escalas de Tropa y Marinería de los Ejércitos y de la Armada exige tomar medidas urgentes que eviten una nueva injusticia en nuestras Fuerzas Armadas.

El ineficaz e injusto diseño de la carrera profesional de estos militares ha sido objeto de reivindicaciones por parte de asociaciones de militares profesionales, antes y durante la Subcomisión sobre el régimen profesional de las Fuerzas Armadas.


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A la falta de atención de estas demandas por el Gobierno, se suma ahora una situación que, por conocida y previsible, no ha sido objeto de la necesaria atención para evitar sus peores consecuencias para nuestros militares.

Ningún Gobierno hasta la fecha ha implementado políticas concretas que permitan evitar lo que, a todas luces, está suponiendo un auténtico "ERE" encubierto que afecta ya -y cada vez con más virulencia en los próximos años- a mujeres y hombres profesionales de las Fuerzas Armadas que no hayan adquirido la condición de militares de carrera.

Al cumplir 45 años, miles de hombres y mujeres han comenzado a perder la condición de militar, y lo seguirán haciendo los próximos años. Esta pérdida tiene, junto a la pérdida de un puesto de trabajo, importantes consecuencias a nivel de sus retribuciones y expectativas vitales, sin que exista, como alternativa voluntaria, un plan de incorporación a la vida civil que establezca apoyos y recursos para la integración al mercado laboral ordinario.

A pesar de ser consciente de esta problemática, el Ministerio de Defensa no ha implementado los mandatos legales que se establecen en nuestro ordenamiento jurídico.

En ese sentido, el artículo 21 de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, ordena al Gobierno facilitar "durante su permanencia en el servicio activo, los medios necesarios de orientación, impulso y apoyo para su plena incorporación al mundo laboral, al término de su compromiso con las Fuerzas Armadas. Con este propósito se desplegarán acciones de formación ocupacional que complementen los perfiles profesionales que faciliten su acceso al empleo. Se desarrollarán programas de autoempleo y medidas de apoyo a la viabilidad de estas iniciativas. Además, se ordena al Ministerio de Defensa que gestione y convenga "con instituciones públicas y entidades privadas acciones orientadas a la incorporación laboral de los militares profesionales de tropa y marinería".

De este modo, se pone en evidencia cómo la legalidad no se ha llevado a efecto, de tal forma que los militares de Tropa y Marinería dejaran de tener dicha condición por el mero transcurso de la edad, en ausencia de los apoyos y la preparación necesaria para afrontar la pérdida de su carrera profesional en las Fuerzas Armadas.

Si bien la Subcomisión de régimen profesional de los militares de las Fuerzas Armadas tiene encomendada la tarea de dar respuesta a la situación que se ha generado tras el incumplimiento de lo establecido en la Ley 8/2006, no se puede permanecer impasible ante esta gravísima situación ni los efectos que ya está teniendo entre muchos de nuestros militares.

A la espera de los resultados de la Subcomisión cuando finalice sus trabajos, conscientes de la demora que puede darse hasta que sus resultados redunden en nuestras Fuerzas Armadas, y a la luz de algunos debates que ya se han llevado a cabo, es fundamental que la Comisión de Defensa inste a la adopción de medidas urgentes para aquellos que ya están sufriendo las consecuencias.

Una medida, sin duda necesaria, es la suspensión de los procesos de pérdida de la condición de militar de aquellos militares que deberían abandonar su relación de servicios con las Fuerzas Armadas a los cuarenta y cinco años, hasta que se reconsidere el marco legal regulador, como prevención ante situaciones de imposible o muy difícil reversibilidad.

Por todo ello, formulamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Establecer la suspensión de la tramitación de los procesos y expedientes administrativos de pérdida de la condición de militar, que afecten a los militares de Tropa y Marinería a los que haya de aperturarse el mismo como consecuencia de no tener la condición de permanentes y estar próximos al cumplimento de cuarenta y cinco a años, hasta que se aprueben en el Pleno del Congreso las conclusiones de la Subcomisión de régimen profesional de los militares de las Fuerzas Armadas.

2. Ampliar plazas de permanencia, como mínimo hasta el 25 % de la plantilla de personal de las escalas de tropa y marinería.

3. Facilitar los procesos de promoción, asensos y acceso a una relación de carácter permanente, suprimiendo tanto los límites de edad en todos los procesos, como el límite de número de convocatorias a los que se puede tener acceso.

4. Mientras se materializan los cambios normativos que se acuerden en la Subcomisión, activar a los Reservistas de Especial Disponibilidad que no estén insertados profesionalmente en la vida civil, con


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dedicación exclusiva para la obtención de titulaciones y preparación para la reinserción en el mundo laboral.

5. Aplicar esta misma dedicación exclusiva para la obtención de titulaciones y preparación para la reinserción en el mundo laboral a aquellos militares de tropa y marinería que estén en sus dos últimos años de compromiso."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2018.-Juan Antonio Delgado Ramos, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, relativa al mantenimiento del empleo y la igualación al alza de las condiciones laborales en Bankia.

Exposición de motivos

La fusión de Bankia y BMN, efectiva desde el pasado 1 de enero, ha sido aprovechada por la dirección del nuevo banco para anunciar la puesta en marcha de un expediente de regulación de empleo a llevar a cabo fundamentalmente a lo largo de 2018. En reuniones recientes con los sindicatos, la entidad ha cuantificado en más de 2.291 los puestos de trabajo que serán destruidos (un 13,5 % de los más de 17.000 empleados que suman ambas entidades): 1.082 empleos de los servicios centrales y las estructuras intermedias, 362 empleos de personas que se encuentran actualmente en excedencia con garantía de retorno y 847 empleos de la red de oficinas. Estas cifras son especialmente dramáticas en el caso de los servicios centrales de BMN donde la destrucción de empleo va a alcanzar a 465 de los 620 puestos de trabajo, es decir un 75 % del total, mientras el expresidente de la entidad, Carlos Egea, ha sido premiado con un puesto de consejero ejecutivo en Bankia por el que, según la prensa, ingresará 500 000 euros al año de sueldo fijo más una cantidad que podría llegar a ser equivalente en variable.

La destrucción de empleo que va a generar este despido colectivo se sumaría a la provocada por el ERE llevado a cabo por la compañía en el año 2013. 4.500 trabajadores se vieron afectados por ese proceso: 4.116 de la propia empresa y otros 384 que formaban parte de los procesos de externalización efectuados anteriormente por la empresa. Frente a esos despidos se pusieron en marcha distintos procesos judiciales. Aunque buena parte de las sentencias se resolvieron con un fallo a favor de la empresa, hasta 54 (21 firmes; 33 pendientes de recurso) declararon improcedentes los despidos y otras 10 los declararon nulos (1 firme; 9 pendientes de recurso).

Los sindicatos han denunciado que la intención de la dirección con el actual expediente de regulación es aprovechar el proceso de fusión para recortar de manera drástica la plantilla, sin tener en cuenta, la ilegal prolongación de la jornada laboral que se ven obligados a llevar a cabo muchos de los trabajadores del banco, que puede llegar a poner en riesgo la salud de la plantilla. Además, advierten de que, dada la oferta de salidas para personas mayores de 57 años, en realidad no existe margen para que el ERE se efectúe sobre la base de la voluntariedad, tal y como argumenta la dirección. Por último, critican lo dilatado del calendario de armonización de condiciones entre la antigua plantilla de BMN y la de Bankia. De hecho, a la destrucción de empleo, la dirección del grupo quiere añadir distintas medidas de reducción del salario directo e indirecto del que disfrutan los trabajadores, mediante una modificación del sistema de cálculo de los trienios, o la sustitución de la actual póliza sanitaria por un abono en nómina en forma de retribución flexible, entre otras.


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La empresa se ha escudado en un informe encargado a la consultora bancaria y financiera Oliver Wyman en el que se basaría el cálculo del número de puestos de trabajo supuestamente duplicados en ambas entidades. Frente a este informe, los sindicatos han propuesto medidas alternativas para evitar los despidos basadas en la generación de mayores ingresos, mediante una mayor creación de valor y la expansión territorial; u otras que eviten la extinción de los contratos, como las reducciones de jornada.

Hay que recordar que la nacionalización y recapitalización de Bankia y BMN supone una buena parte de la carga del rescate bancario realizado durante los últimos años con fondos públicos. El total de ayudas destinadas al sector bancario alcanza el montante de 56 865 millones de euros, de los cuáles 42 590 millones se consideran perdidos. En el caso concreto de BFA-Bankia y BMN, los fondos dedicados a la nacionalización y recapitalización de Bankia sumaron 24 473 millones de euros y los dedicados al rescate de BMN otros 1.645 millones. De esos importes, la cantidad recuperable estimada para Bankia era de 9.734 millones de euros, mientras que para BMN era de 1.453 millones. Sin embargo, la operación de fusión por absorción de Bankia y BMN ha supuesto la pérdida provisional de 1.109 millones de euros, debido a la valoración realizada de las acciones de BMN. Además, a esos montantes hay que sumar otros 22.318 y 5.820 millones de euros, respectivamente, en activos tóxicos transferidos a la SAREB.

La aportación de fondos públicos, lejos de servir de excusa para la destrucción de empleo, debe asegurar su mantenimiento y la armonización al alza de las condiciones laborales de los trabajadores. La posibilidad de mantenimiento del empleo se ve más reforzada teniendo en cuenta los resultados de la entidad en 2017, cuando según los últimos datos hechos públicos por el banco, el beneficio neto obtenido en 2017 ascendió a 505 millones de euros, u 816 millones de euros (un 1,4% de incremento respecto al ejercicio anterior) si no se tienen en cuenta los ajustes extraordinarios provocados por la fusión. De hecho, el Consejo de Administración ha anunciado el mantenimiento del dividendo en 11,024 céntimos por acción, lo cual significa que la retribución anual a los accionistas vaya a alcanzar los 340 millones de euros, una decisión que justifica sobre la base de los declaradamente altos niveles de solvencia que presentaría la entidad.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprovechar su participación mayoritaria, a través del FROB, en el capital social de Bankia para:

1. Paralizar el proceso de despido colectivo iniciado por la empresa y buscar alternativas, basadas en la mejora de los servicios, la creación de valor y la expansión territorial, que permitan el mantenimiento del empleo y la igualación al alza de las condiciones de trabajo en la entidad.

2. Analizar y controlar la brecha salarial en la empresa y, en concreto, limitar las diferencias de remuneración entre los trabajadores y los miembros del consejo de administración de la entidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2018.-Alberto Montero Soler, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Hacienda y Función Pública

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz don Miguel Anxo Fernández Vello de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública relativa a la situación de la plantilla de Paradores de Turismo de España, S.M.E., S.A.


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Exposición de motivos

Paradores de Turismo de España, que acaba de cumplir 90 años, es una empresa pública que explota una red hotelera de 95 establecimientos con más de 6.000 habitaciones que fomenta el desarrollo turístico español, promociona la cultura gastronómica y conserva el patrimonio histórico-artístico.

Y según informa en su página web oficial, Paradores aspira a ser un referente en el sector turístico como empresa responsable con su entorno: clientes, proveedores, medioambiente, accionista y por supuesto con uno de sus activos más valioso: sus más de 4.000 empleados y empleadas. Incluso destacan el Plan de Igualdad que se ha negociado y pactado con la representación sindical, plan que permitirá lograr en la empresa los objetivos de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres eliminando cualquier atisbo de discriminación por razón de sexo.

Pero la realidad de la plantilla es otra, destacando la precariedad de sus empleadas y empleados, sometidas a medidas de austeridad impuestas desde el Ministerio de Hacienda, con muchos trabajadores que no llegan al mileurismo y cuyos salarios suben menos que la media del sector, y donde se enlazan contratos temporales fraudulentos. Además, siguen sin recuperar los derechos y las condiciones laborales perdidas tras la crisis. En los ejercicios que Paradores estuvo en pérdidas las reducciones de plantilla fueron constantes. En 2014 se despidieron a 350 trabajadores, y en 2015 un ERE dejó sin trabajo a 246 personas. Por otra parte, otros 400 trabajadores vieron reducidas sus jornadas un 25 %.

La cadena hotelera pública no contabiliza la antigüedad de sus empleados y la negociación colectiva del Convenio a nivel Red está paralizada desde el año 2009, y este ya no es prorrogable. Sin embargo, y ante esta situación, la Dirección de Paradores no propone ni negocia nada para mejorar la situación de sus más de 4.000 empleadas y empleados, a pesar de que los datos económicos de Paradores no justifican los recortes aplicados a la plantilla, o por lo menos, la no recuperación de los derechos perdidos. Paradores ha logrado beneficios en 2016 por 17,5 millones de euros, sumados a los otros cuatro millones en 2015, unos datos que se acercan a los registrados en la empresa pública en los niveles previos a la crisis. Además, y según se ha anunciado en la edición de 2018 de Fitur, los números económicos de Paradores durante 2017 estarán por encima del incremento del 4 % con respecto a 2016 experimentado por la industria turística en nuestro país.

Esto no redunda en beneficios o mejoras para los trabajadores, quienes ni siquiera han recuperado el salario anterior al ERE, además de no disfrutar de ninguno de los beneficios del personal de otras empresas públicas (ni antigüedad, ningún día de asuntos propios...), con un calendario mensual que no se conoce por el trabajador hasta el fin de mes anterior. Además, no se están cubriendo bajas ni reducciones de jornada, no se reconocen trabajos de superior categoría, se siguen pagando horas complementarias a precios ridículos, y la mayor parte del empleo que generan es a través de ETT.

Cierto es que en su web, la empresa pública hace hincapié en que la misión y visión de Paradores de Turismo se traducen en una serie de valores que son los que determinan las actuaciones de la empresa y de todo su equipo, entre ellos ser una empresa rentable que se sirva de sus propios beneficios para el mantenimiento y explotación de la Red, y parece ser que han decidido hacerlo a costa del sueldo y el trabajo de su plantilla.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que redacte y apruebe, de forma negociada entre la dirección y los representantes de las personas trabajadoras de Paradores de Turismo de España S.A. y, en colaboración con la dirección de los establecimientos que forman parte de la Red, un nuevo Convenio Colectivo, que mejore las condiciones laborales y salariales de la plantilla, y establezca la recuperación de los derechos laborales perdidos durante la crisis, equiparándolos a los de otros trabajadores públicos, en el plazo máximo de tres meses."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre cesión de derechos de pago único, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

La política agraria común cambió en las diferentes reformas, no solo las ayudas que perciben los productores, sino también los objetivos de la misma. En los años noventa, el primer objetivo de la pac era la de producir alimentos de calidad a precios asequibles para la población europea, mientras que en la actualidad, el primer objetivo de la política agraria comunitaria es el mantenimiento y el cuidado del medio ambiente y en función de ello concede a cada explotación unos derechos llamados de pago básico en función del histórico de esa explotación.

Los derechos que actualmente tiene cada explotación y que para cobrarlos tiene además que cumplir unos requisitos, es decir mantener una actividad agraria, tener en buenas condiciones agronómicas y otros las superficies declaradas provienen de en su día producir unos alimentos que la UE entendía necesario incentivar.

Las ayudas de la pac en su conjunto, son unas ayudas compensatorias por realizar una serie de actividades, fundamentalmente, relacionadas con el cuidado del medio ambiente.

El Ministerio de Hacienda entiende que esos derechos son un activo intangible y cuando se produce un cambio de perceptor da lugar a un incremento patrimonial por parte de quien lo transmite, independientemente de si la explotación sigue siendo la misma o no, de si la transmisión se produce entre cónyuges en régimen de gananciales o no, o de si esa explotación era una persona física y pasa a ser una persona jurídica.

La cesión de los derechos suele hacerse junto con el cambio de titularidad administrativa de la explotación agraria en su conjunto, normalmente como consecuencia del cese en la actividad de su titular por incapacidad, jubilación, etc. En la mayor parte de los casos esta cesión se hace a favor de un miembro de la unidad familiar y se produce un mero cambio de la titularidad administrativa, tanto de la explotación como de los derechos de pago único.

En concreto, es muy común la cesión de derechos entre cónyuges casados en régimen de gananciales, como consecuencia del cese en la actividad de uno de ellos por incapacidad, jubilación, etc; en estos casos, a pesar de que tanto la explotación como los derechos de pago único tienen carácter ganancial y es claro que continúan perteneciendo a la sociedad de gananciales a pesar del cambio de titularidad administrativa, la AEAT entiende que existe transmisión y exige el pago por la ganancia patrimonial que nunca se ha producido. Razonan de forma errónea que "no son bienes obtenidos del trabajo de ninguno de los cónyuges ni frutos de bienes gananciales" para negar su naturaleza ganancial.

Lo mismo ocurre con las aportaciones a sociedades (normalmente se trata de sociedades civiles) en la que continúa participando el mismo titular de los derechos.

Es de destacar que en el impreso denominado Comunicación de cesión de Derechos de Pago Único y establecido por la Xunta de Galicia con tal fin, se recogen diferentes supuestos para registrar esta cesión, entre los que se encuentra: Cambio de denominación o de personalidad jurídica (incluye matrimonios en régimen de bienes gananciales y explotaciones de titularidad compartida).

La AEAT entiende que los derechos de pago único son un elemento patrimonial afecto a la actividad agrícola y que el derecho a su percepción constituye un activo intangible (como si fueran un derecho de propiedad industrial o intelectual).

La naturaleza jurídica de los derechos de pago único es difícil de encuadrar y varía según se analice desde la óptica del derecho civil, administrativo o desde el Derecho Comunitario, pero lo cierto es que de acuerdo con la normativa europea que los regula tienen una finalidad remuneratoria o compensatoria de la actividad agraria, dando lugar a un derecho de pago periódico o derecho de crédito frente a la administración, a un crédito monetario que los aleja del concepto de activo inmaterial.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que la liquidación y pago de la cuota tributaria correspondiente en el IRPF, no incluya los cambios de titularidad de los derechos de pago único cuando pertenezcan a una misma explotación y no exista beneficio o ingreso derivado de la operación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.-Margarita Pérez Herráiz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002902

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para que se reconozca una compensación adicional, a partir del ejercicio 2018, calculada en base a la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, al Ayuntamiento de Rota, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

En virtud de lo establecido por la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las Comunidades Autónomas y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, fue dictada por la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Publica, Resolución con fecha 27 de octubre de 2015, por la que se aprobó una compensación adicional a favor del Ayuntamiento de Rota por importe de 1 021 055 54 euros, equivalente a la participación que correspondía en tributos del Estado, de acuerdo con el artículo 79.tres.b.).1 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2015, y la que correspondería considerando la suma de la población de derecho y del número de efectivos integrantes del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas Españolas destinados en la Base de Rota.

El texto de la disposición adicional segunda es del siguiente tenor literal:

"Con cargo al crédito consignado en la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, concepto 461.01, en el que se hace efectiva la compensación de las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica objeto de condonación en el año 2015, como consecuencia de la aplicación de los beneficios fiscales establecidos el vigente Convenio de Cooperación para la Defensa con los Estados Unidos, de fecha 1 de diciembre de 1988, se podrá reconocer a favor de los municipios a los que, teniendo una población superior a 20 000 habitantes e inferior a 50 000 habitantes, sea aplicable dicha medida, una compensación adicional equivalente a la diferencia existente entre la participación que les corresponda en tributos del Estado de acuerdo con lo establecido en el artículo 79.tres.b).1 de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre, y la que les correspondería considerando la suma de su población de derecho y del número de efectivos integrantes del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas españolas, aplicando a este resultado el coeficiente multiplicador inmediatamente superior en la escala prevista en el artículo 124.1.a) del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 27/2004, de 5 de marzo.

A los efectos de la compensación adicional anterior, se empleará la población del Padrón municipal vigente y oficialmente aprobado por el Gobierno a 1 de enero del año 2015, y el número de efectivos integrantes del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas españolas deberá ser certificado por el Ministerio de Defensa, y no comprenderá aquellos que, en su caso, estén incluidos en el Padrón de habitantes de los municipios a los que se refiere el apartado anterior, vigente y aprobado por el Gobierno en el momento de expedirse aquel.


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La compensación adicional se reconocerá mediante resolución de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, una vez recibida la certificación mencionada en el párrafo anterior y se transferirá en un pago único, sin que esté sujeto a liquidación definitiva alguna."

Para poder obtener dicha compensación, el Ayuntamiento de Rota acreditó ante la Secretaría General del Ministerio de Hacienda y Función Pública las circunstancias específicas de este municipio como consecuencia de la presencia de las instalaciones de la Base Naval de Rota.

El Ayuntamiento dirigió una comunicación a la Subsecretaría de Defensa con fecha 21 de septiembre de 2015, solicitando la emisión del certificado del Ministerio de Defensa a que se hacía referencia en la norma citada. Por parte del Ministerio de Defensa se certificó el número de efectivos integrantes del personal civil y militar de las Fuerzas Armadas Españolas que están destinados en la Base de Rota y que no están incluidos en el Padrón de habitantes de este municipio a 1 de enero de 2014. Este certificado es el que sirvió de base para los cálculos de la población, que finalmente determinaron el importe que recibió el Ayuntamiento.

Dados los términos en que estaba redactada la referida disposición adicional segunda de la Ley Orgánica, la concesión de la compensación adicional se limitó al año 2015, sin que se extendiera a sucesivos ejercicios.

Sin embargo, las circunstancias que sirvieron de base para la aprobación de la compensación siguen estando igualmente vigentes a día de hoy:

1. El Ayuntamiento de Rota continúa prestando servicios a una población superior a la censada, tanto militares norteamericanos como españoles y sus familias, y de los que el Ayuntamiento no percibe ingresos por la participación municipal en los tributos del Estado por no estar empadronados en Rota.

2. El Ayuntamiento de Rota no viene percibiendo ingresos por el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de la Base Naval, como consecuencia de las sentencias desfavorables que se están dictando y que han afectado a los diversos recibos emitidos desde el año 2007. En este año, el IBI de la Base Naval no cobrado alcanza la cantidad de 1 525 008 66 euros. Y desde 2007 el importe acumulado dejado de percibir por este concepto asciende a 15 531 292 77 euros. Lo que, obviamente, incide de forma muy negativa en la situación económica del municipio.

3. No solo no se reciben nuevos ingresos, sino que además el Ayuntamiento ha tenido que devolver las cantidades compensadas anteriormente por valor de 4 662 714 15 euros, lo que ahonda aún más en la crisis municipal. Incluso el Ayuntamiento ha tenido que acudir a un préstamo del Fondo de Ordenación para poder finalizar de abonar las obligaciones derivadas de la ejecución de las sentencias judiciales firmes por este concepto, por un importe de 2 923 746 84 euros y a la solicitud del fraccionamiento del pago de intereses de esta última cantidad, ante la imposibilidad de hacer frente a su pago.

4. El Ayuntamiento de Rota se encuentra, en definitiva, en una delicada situación económica: ha tenido que aprobar dos planes cíe reducción de deudas, dos planes de ajuste, una revisión del primero de los planes de ajuste, un plan de saneamiento, dos planes económico-financieros para acogerse a obras financieramente sostenibles de la Diputación Provincial de Cádiz y actualmente se está tramitando un nuevo plan económico-financiero.

Aun cuando la compensación adicional recibida en el año 2015 no resultaba suficiente para cubrir los gastos y menores ingresos que el Ayuntamiento venía afrontando por la Base, al menos supuso un importe que contribuía en parte a suplir los ingresos del IBI que ya no se percibían. Por tanto, esta cuantía se hace de vital importancia para el funcionamiento del Ayuntamiento. No en vano, desde 2016, ya sin la concesión de la compensación adicional, se han tenido que aprobar un plan de saneamiento, dos planes económico- financieros y se encuentra en tramitación otro plan económico-financiero.

Múltiples han sido los acuerdos adoptados por el Pleno de la Corporación para solicitar a las diversas instancias del Estado, un tratamiento justo y adecuado en función de la contribución que este Ayuntamiento realiza a la defensa del país y que ocasiona una serie de circunstancias que se traducen en mayores gastos y menores ingresos para el Ayuntamiento, lo que motiva una compensación adicional.

Por todo ello el Ayuntamiento dirigió, el 27 de octubre de 2017, una solicitud a la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local del Ministerio de Hacienda y Función Pública para que previos los trámites pertinentes, se dicte Resolución por la que se conceda a este Ayuntamiento una compensación adicional de los años 2016 y 2017, así como se reconozca anualmente esta compensación adicional a partir de 2018, calculada conforme a los criterios determinados en la disposición adicional segunda de la


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Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, con cargo al crédito consignado en la Sección 32, Servicio 02, Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local. Entidades Locales, Programa 942N, concepto 461.01, en el que se hace efectiva la compensación de las cuotas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica objeto de condonación.

Llama la atención que, apareciendo presupuestada la compensación adicional en el mencionado programa durante los ejercicios 2016 y 2017 por la misma cuantía que en 2015, el Ministerio no ha llevado a cabo ninguna resolución para hacer efectiva las compensaciones correspondientes a dichos años, por lo que el Ayuntamiento las ha dejado de percibir.

Con fecha de 27 de noviembre de 2017 el Ayuntamiento recibió respuesta de la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales del Ministerio de Hacienda y Función Pública en la que afirmaba que la posibilidad de aceptar una solicitud como la formulada por el Ayuntamiento de Rota sólo podría articularse mediante una norma con rango de ley al tratarse de un beneficio fiscal. De igual forma, afirma que la Disposición Adicional Segunda es una norma materialmente temporal, cuyo ámbito viene delimitado por un periodo temporal concreto de vigencia, por lo que superado dicho ámbito temporal se produce el cese de la eficacia de la misma.

También afirma la Subdirección General que la disposición adicional segunda preveía el beneficio fiscal como facultativo.

Teniendo en cuenta que las circunstancias acreditadas por el Ayuntamiento de Rota son las mismas que justificaron la aprobación de la compensación adicional en 2015, y el carácter facultativo de la puesta en marcha de una nueva compensación adicional para próximos ejercicios, así como la necesidad de que ésta se haga, tal y como afirma la Subdirección General de Estudios y Financiación de Entidades Locales, a través de una norma con rango de ley.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previos los trámites pertinentes, impulse la correspondiente norma con rango de ley por la que se reconozca anualmente al Ayuntamiento de Rota una compensación adicional a partir del ejercicio 2018, calculada conforme a los criterios determinados en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2018.-Miriam Alconchel Gonzaga y Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002923

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada doña Auxiliadora Honorato Chulián presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley en favor de la extensión del acuerdo de convalidación de interinos en las Administraciones Públicas, para su debate y aprobación en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

Durante la crisis no solo se ha destruido empleo público, sino que se ha precarizado el existente. Las altas tasas de temporalidad en el empleo público no están justificadas, y su estabilización no supondría un aumento de la inversión pública.

Después de años sin dialogar, el Gobierno se avino en marzo de 2017 a pactar con las organizaciones sindicales de la Mesa General de las Administraciones Públicas un acuerdo con objeto de reducir la temporalidad poniendo en marcha un proceso de estabilización, de consolidación de puestos de trabajo desempeñados de forma interina o temporal.


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Esta "voluntad" de enmienda venía provocada por las múltiples llamadas de atención que desde Europa llegaban, como ocurría por ejemplo con la sentencia 2016/148258 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que consideraba discriminatoria la legislación española con las empleadas y empleados públicos temporales, pues no les reconoce una indemnización equivalente a la de los trabajadores fijos por la extinción de su relación laboral; el mero hecho de que un trabajador preste sus servicios, en virtud de un contrato de interinidad, no justifica, a ojos del citado Tribunal, la negativa de su derecho a la mencionada indemnización. El Tribunal, cuya sentencia evidencia que la Administración española hace un uso recurrente de las contrataciones temporales, simboliza una llamada a que el legislador incluya más elementos disuasorios para evitar la temporalidad.

El mencionado acuerdo de consolidación se incluyó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017. Concretamente en el artículo 19.Uno epígrafe 6, en el que se establece que los sectores en los cuales se podrá llevar a cabo este proceso de consolidación, a lo largo de tres años, serán los de: educación, sanidad, justicia, servicios sociales, prestaciones y políticas activas en materia de empleo, Policía Local, el personal docente e investigador, la gestión tributaria y la recaudación, inspección y sanción de servicios y actividades, el personal del Servicio Público de Empleo Estatal y entidades autonómicas equivalentes que preste servicios en materia de gestión y control de prestaciones de desempleo y actividades dirigidas a la formación para el empleo, y el personal de la Escala de Médicos-Inspectores del Cuerpo de Inspección Sanitaria de la Administración de la Seguridad Social del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

No obstante, si bien algunos de los sectores reflejados en el acuerdo presentan una alta tasa de temporalidad, esta misma se da en muchos otros ámbitos del empleo público, sin que tenga justificación alguna desatender la estabilización de dicho empleo en algunos sectores. Especialmente gravoso es el caso de las Administraciones Locales, que presentan una alta temporalidad, y que sin embargo no se contemplan en el proceso de estabilización del empleo temporal. Algo que no se explica, sobre todo teniendo en cuenta que la necesidad de reducir la tasa de temporalidad debe interpelar a todas las Administraciones Públicas, teniendo en cuenta el objetivo fijado en el mismo artículo 19. Uno. 6.: terminar el proceso de consolidación con una tasa inferior al 8 %.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Único. Consignar en los próximos Presupuestos Generales del Estado que en todos los ámbitos y para todas las Administraciones Públicas se disponga de una tasa adicional de reposición para la estabilización de empleo temporal que incluya hasta el 90 por ciento de las plazas que, estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a la fecha de publicación del presupuesto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2018.-María Auxiliadora Honorato Chulián, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Fomento

161/002877

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Fomento, sobre la necesidad de realizar una auditoría independiente de la deuda ilegítima de las autopistas quebradas que serán rescatadas por el Estado.


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Exposición de motivos

En 2018, el Gobierno acudirá a través de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) a rescatar a las nueve concesionarias de autopistas de peaje quebradas, que son:

- La R-2 Madrid-Guadalajara.

- La R-3 Madrid-Arganda.

- La R-4 Madrid-Ocaña.

- La R-5 Madrid-Navalcarnero.

- El Eje Aeropuerto (M-12).

- La autopista Madrid-Toledo (AP-41).

- La autopista Ocaña-La Roda (AP-36).

- La autopista Cartagena-Vera de la AP-7.

- La Circunvalación de Alicante.

Según la información que el Ministerio de Fomento ha dado, el coste alcanzaría la cifra de unos 2.000 millones de euros. Sin embargo, se estima que el aval que cubre la RPA ascendería hasta los 4.500 millones de euros. Pero esta deuda no se acumula de un día para otro.

En la primera década del nuevo siglo el Gobierno, para evitar que la inversión realizada computase a efectos de déficit público, licitó junto a la construcción de las obras de las radiales, su explotación y mantenimiento. Las constructoras eran quienes aportaban la financiación de las obras, realizando un préstamo indirecto al Estado, y quienes las ejecutaron. Las empresas concesionarias (en las que participan las propias constructoras) se endeudaron para pagar el coste de las obras, esperando recuperar la inversión a través del ingreso de peajes y el canon de mantenimiento durante treinta o cincuenta años.

Toda esta operación es avalada por el Estado con la Responsabilidad Patrimonial de la Administración, que tendrá que ejercerse en caso de quiebra de la concesionaria. Es decir, estamos ante un modelo en el que los beneficios están protegidos y el riesgo de pérdidas queda anulado por la garantía del Estado.

Para que todo fuera un éxito, había que teorizar que las infraestructuras eran necesarias. Para ello, se realizaron estudios de demanda y de uso de las infraestructuras completamente ficticios e irreales. Estos se basaron en supuestos tan optimistas que finalmente el número de vehículos que han utilizado estos años las carreteras nunca se han acercado a lo proyectado. Pero hubo otro "error". Para la construcción de carreteras se necesita realizar expropiaciones. Los cálculos una vez más se equivocaron y estimaron un coste diez veces inferior al real. Junto a las estimaciones y estudios erróneos hay que sumar que la construcción llegó a encarecerse hasta un 30 % de lo inicialmente presupuestado.

Como ni los ingresos ni los costes eran los que erróneamente se habían calculado, las autopistas de peaje fueron inviables desde un primer momento. Tras varios intentos de ayudar con instrumentos financieros a las empresas concesionarias, éstas se declararon en concurso, inviables y posteriormente quebradas.

Lamentablemente, en una práctica habitual, antes de extinguirse las empresas concesionarias vendieron su deuda a fondos buitres. Esa deuda que se estima en 4.500 millones de euros y por los que consta la RPA del Estado. Sí el Gobierno finalmente les paga 2.000 millones de euros nos encontraremos ante largos pleitos.

Para minimizar el impacto de este expolio público, el Gobierno ya ha anunciado que tras rescatar las autopistas y sanearlas en manos públicas, las volverá a reprivatizar para supuestamente recuperar parte del dinero gastado en el rescate. Pero nada cambia, volverán a ser licitadas a las mismas empresas concesionarias y nuevamente el Estado volverá a ejercer de avalista en toda la operación a través de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración.

Si se atiende con atención al funcionamiento completo del modelo sólo podemos concluir que estarnos ante una estafa. Hay fundamentos claros por tanto para cuestionar todo el proceso desde su raíz. Una alternativa que se plantee la defensa de lo público habrá de pasar en primer lugar por un análisis de la legitimidad de la deuda para que, si así se determina, sean las empresas concesionarias y los fondos buitres quienes asuman las pérdidas de los negocios especulativos que hayan podido darse.

Por todo ello este Grupo Parlamentario presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Realizar y poner en marcha de forma inmediata una auditoría pública en todas sus fases e independiente del gobierno, con participación directa de la ciudadanía, de las autopistas de peaje incluidas en el Plan de Rescate del Gobierno de cara a depurar la legitimidad de toda la deuda."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Eva García Sempere, Sergio Pascual Peña y Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002878

A la Mesa de la Comisión de Fomento

Don Isidro Martínez Oblanca, Diputado de Foro integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, de acuerdo con lo establecido en el vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la colaboración del Gobierno en la celebración del XIII Centenario de la Batalla de Covadonga, del I Centenario de la Coronación de la Virgen de Covadonga y del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, así como a dar continuidad al "Camino de Covadonga", para su debate en esta Comisión.

Exposición de motivos

La celebración del XIII Centenario de la Batalla de Covadonga, del I Centenario de la Coronación de la Virgen de Covadonga y del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga a lo largo de 2018 y el desarrollo de diferentes actividades de carácter litúrgico, institucional, cultural y deportivo, exige una amplia participación a la que debería sumarse la del Gobierno de España para reforzar el impulso a un año clave para la difusión de la imagen de Asturias.

Hace casi quince años que, con cargo al denominado "1 % cultural", el Ministerio de Fomento comenzó la construcción del denominado "Camino de Covadonga", una propuesta para reforzar la capacidad de convergencia y atracción en toda Asturias -y de toda Asturias- hacia Covadonga como vértice de las peregrinaciones hasta un lugar emblemático de incuestionable valor religioso e histórico.

La iniciativa del Ministerio de Fomento permitió habilitar un vial peatonal de algo más de 7 km. que transcurre en el arcén de la margen derecha de la Carretera Nacional CN-625, entre las localidades de Arriondas y Cangas de Onís. Desde la conclusión de este tramo de senda no se le ha dado continuidad en la CN-634 hacia Infiesto, Nava, Pola de Siero y Oviedo, pese a que se concibió para facilitar el itinerario peatonal de las numerosas personas que utilizan los arcenes de las carreteras nacionales en su peregrinación hacia Covadonga.

Los actos conmemorativos de los Centenarios constituyen una gran oportunidad para que el Ministerio de Fomento retome la continuidad del itinerario peatonal que permita, además, mejorar las condiciones de seguridad vial de la CN-634 y quedará como aportación permanente para fomentar las rutas a pie de peregrinaciones y excursiones a Covadonga y los Picos de Europa.

Por lo expuesto, el Diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Colaborar en el programa de actos organizado con motivo de la celebración del XIII Centenario de la Batalla de Covadonga, del I Centenario de la Coronación de la Virgen de Covadonga y del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, que servirá para dar un nuevo impulso a la imagen de Asturias y de España, instando al Ministerio de Fomento a dar continuidad al denominado "Camino de Covadonga" ya existente en la CN-625, mediante la construcción de un vial peatonal en los arcenes de la N-634 que discurre por


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Arriondas, Infiesto, Nava, Pola de Siero y Oviedo, la ruta más utilizada por los peregrinos para acudir al emblemático Santuario de Covadonga y acercarse al Parque Nacional de Picos de Europa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2018.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Ana María Oramas Gónzalez-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002880

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a la postura del Gobierno sobre la propuesta de asegurar los derechos humanos en el Puerto de Bilbao.

Exposición de motivos

Hace ya más de un año, que se viene sucediendo un aumento de personas asentadas en torno al Puerto de Bilbao. Personas que tratan de ingresar en el recinto portuario, y particular a la terminal de embarque al ferry, con el objetivo de cruzar al Reino Unido. Según datos del Gobierno, a 31 de octubre de 2017, se habían producido 3.551 casos en la citada terminal y 96 deportaciones desde Reino Unido.

Ante esta situación, la Autoridad Portuaria de Bilbao ha adoptado medidas de protección adicionales, como la reparación y mejora del cierre perimetral del recinto portuario general, el refuerzo de los medios humanos y técnicos de la Policía Portuaria o la mejora de la coordinación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con competencias en esta materia (Ertzaintza, Policía Nacional y Guardia Civil). Cabe recordar, que el personal adscrito al servicio de Policía Portuaria no tiene competencias en materia de seguridad ciudadana, sin embargo tienen un rol fundamental en el control y mantenimiento de la seguridad en el recinto portuario y deber especial de colaboración a requerimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.4 Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Seguridad Ciudadana.

El personal que se dedica a las tareas de control y seguridad del Puerto de Bilbao, sea cual sea su cuerpo de adscripción, diariamente debe afrontar situaciones de trato directo con personas en tránsito, y que se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social. Esta nueva realidad en el Puerto, requiere de nuevos conocimientos y competencias, tanto para el correcto desempeño de las tareas, las condiciones de trabajo del personal involucrado, como también el respeto de los derechos humanos de las personas que tratan de transitar como polizones.

Ante esta pluralidad de trabajadoras y trabajadores que desempeñan tareas de seguridad en el Puerto de Bilbao, y una situación nueva que a pesar de las medidas adoptadas no remite, consideramos fundamental que se ofrezca a la plantilla formación en materia de derechos humanos. Esta formación debe brindar un marco de garantías a todas las personas, tanto a las que realizan tareas control y mantenimiento de la seguridad y que deben intervenir directamente, como a las que se encuentran en situación de exclusión social.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar desde la Autoridad Portuaria de Bilbao un diagnóstico de necesidades formativas para los Cuerpos de Seguridad que intervienen en el Puerto de Bilbao, así como para el personal que integra la plantilla de la Policía Portuaria, como complemento a sus planes formativos y, específicamente orientado a las tareas que involucren directa o indirectamente personas en tránsito y que se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social.

2. Realizar el diagnóstico en colaboración y coordinación con todos los cuerpos de Seguridad que tienen presencia en el Puerto de Bilbao, los agentes sociales y las personas trabajadoras.


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3. Impulsar, con base a la evaluación realizada, la realización de una formación específica en materia de derechos humanos, dentro del plan formativo del personal adscrito al Puerto de Bilbao y en particular de la plantilla de Policía Portuaria y el personal de Fuerzas y Cuerpos del Estado.

4. Facilitar la creación de un adecuado marco de colaboración entre el Observatorio de Derechos Humanos que se quiere impulsar por parte del Gobierno Vasco en colaboración con Cruz Roja y, el personal adscrito al Puerto en cualquiera de los ámbitos competenciales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2018.-María Rosa Martínez Rodríguez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002881

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa a la modernización y renovación de la red de trenes de cercanías de la Región de Murcia.

Exposición de motivos

Recientemente un documento de Renfe titulado "L.A.V. Monforte del Cid-Murcia" emitido por la Dirección General de Desarrollo y Estrategia, que pertenece a la Gerencia del Área de Planificación ha confirmado que el servicio de Cercanías entre Murcia y Alicante, que utilizan casi cuatro millones de personas al ario, se verá afectado por la llegada de la alta velocidad. El documento ha asegurado que a partir de 2020 y debido a la imposibilidad de los Cercanías de circular por la vía del AVE se producirán "trasbordos en la estación de San Isidro -en la frontera murciano-alicantina- para los trenes procedentes de Alicante, en ancho ibérico". Este contratiempo será solucionado, según se indica, "en un horizonte temporal estimado en 2023". Por lo tanto, durará un mínimo de tres años si es que las nunca fiables previsiones del Grupo Fomento se cumplen.

La llegada del AVE a Murcia no puede hacerse en detrimento de la red de trenes de cercanías que da servicio a más de cuatro millones de viajeros anuales. Esta red de cercanías, además, acumula una cantidad enorme de problemas que requieren de una urgente actuación: antigüedad de las máquinas, vías sin electrificar, frecuencias muy amplias, etc.

El plan de inversiones de 1500 millones de euros para renovar el parque de trenes de Cercanías y MD, anunciando por el Ministro de Fomento, debe saldar la deuda histórica acumulada en la envejecida red murciana de cercanías (automotores diesel con más de 35 años de antigüedad) y apostar por su renovación y modernización (de vías y trenes).

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. La llegada del AVE a la Región de Murcia no supondrá ninguna alteración ninguna alteración del servicio normal de los trenes de cercanías.

2. Dadas las necesidades de nuevos trenes de cercanías y el plazo de al menos dos años para su fabricación, se contratarán una serie de Civias con tensión de 25 000 voltios y bogie de ancho UIC.

3. En el periodo transitorio mientras se construyen las nuevas líneas y se adquieren los nuevos trenes, en los tramos donde exista plataforma de doble vía, se dejará una línea de AVE y otra convencional, o con tercer carril, para permitir los servicios con el material diésel de los trenes de cercanías actuales.

4. Se procederá a la electrificación de la vía convencional Murcia-Alicante.

5. Puesto que no se dispone de una frecuencia adecuada en la línea Murcia-Cartagena, se ejecutarán las obras para desplegar una doble vía electrificada en este trayecto.

Asimismo, se realizarán las gestiones necesarias para disponer de una red de cercanías regional con una frecuencia de 45 minutos o similar.


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6. Se abrirá una línea de cercanías Murcia-Cieza. Igualmente se considera necesario para la correcta cohesión territorial de la Región de Murcia la reapertura de la antigua línea Lorca-Baza, cerrada en 1985.

7. Potenciar la intermodalidad entre los trenes de cercanías y el transporte de autobuses urbano e interurbano. Esto es especialmente importante para conectar la Línea de Media Distancia Murcia-Cartagena con las poblaciones del Mar Menor o, por ejemplo, para conectar la llegada de las cercanías a la Estación del Carmen y a los autobuses que realizan el tramo al Campus Universitario de Espinardo. En este sentido, se debe disponer de una política de precios que integre la intermodalidad de transportes de viajeros con billetes individuales y bonos aplicables trayectos mixtos ferrocarril-autobús que permitan desplazarse entre las distintas poblaciones de la Región de Murcia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2018.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002882

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, para fomentar el turismo ferroviario.

Exposición de motivos

Pese a que España se ha convertido en 2017, en la segunda potencia del mundo en turismo por cifra de visitantes y dinero gastado por los mismos, la entidad pública empresarial Renfe Operadora (Renfe), dependiente del Ministerio de Fomento, parece un poco alejada de esta realidad.

La página web de Renfe, único operador de tren convencional y Alta Velocidad del Estado, además de no incorporar correctamente ninguna de las lenguas cooficiales del estado, tampoco incorpora en condiciones aceptables el inglés, francés o alemán en la misma. Además, el diseño de la página de web, denunciada por diversas asociaciones de consumidores, resulta poco visual y farragosa, y su versión para teléfono móvil es además muy poco operativa. Todos estos factores hacen que para un turista extranjero, incluso aunque domine el castellano, resulte prácticamente imposible realizar una compra de un billete o simplemente informarse sobre líneas, horarios o servicios como el de admisión de bicicletas, que en todas las páginas de operadores ferroviarios de Europa, aparece en la página de inicio. Renfe ofrece la posibilidad de descargarse una aplicación móvil pero esa no es la solución para usuarios ocasionales como pueden ser los turistas.

Con toda esta dejadez lo que se consigue es que aquellos turistas que quieren realizar un desplazamiento en tren tengan que recurrir a agencias o intermediarios o simplemente descarten el uso del servicio, frente al alquiler de vehículo privado, lo cual es inasumible dada la importante masificación de determinados servicios turísticos.

En otro orden de cosas, el turismo ferroviario es un segmento muy especializado que está creciendo exponencialmente en los últimos años. Este turismo emergente ha posibilitado la reapertura de líneas abandonadas como la de la Nariz del Diablo (Ecuador), el Tren a las Nubes (Argentina), o líneas en sitios tan variopintos como EE.UU., Rumania o Nepal.

Es cierto que Renfe y su división Feve poseen servicios de trenes tematizados como el Transcantábrico o el Al Ándalus Expreso, pero se trata de productos de lujo que no están al alcance del turista medio y no están tampoco basados en las características técnicas, paisajísticas o históricas de determinadas líneas.

En España existen líneas casi abandonadas que poseen grandes valores ferroviarios como viaductos, túneles o estaciones antiguas. El caso más emblemático es el de Canfranc. Algunas de estas líneas además incorporan importantes escenarios de la historia de España: batallas de la Guerra Civil, sabotajes guerrilleros, rodaje de grandes producciones cinematográficas, recorrido por grandes espacios naturales, o zonas de anidamiento de aves y humedales.


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Poner en valor estos recursos permitiría atraer un turismo que no necesariamente quiere subirse en un tren de lujo tematizado, sino simplemente subir en un tren convencional y recorrer la línea disponiendo de la información necesaria y precisa sobre todos aquellos factores que la hacen única o diferente, y poder disfrutar de los mismos. Sí que es cierto que Renfe patrocina los destinos de sus rutas, ciudades monumentales e históricas o de gran atractivo turístico. Pero no sólo el destino sino también la propia ruta forman parte de la experiencia turística.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Tomar las medidas oportunas para que Renfe actualice su página web completando las versiones en lenguas cooficiales y extranjeras, mejorando el diseño y la operatividad, e incluyendo información sobre las líneas y rutas como parte de la experiencia turística.

2. Tomar las medidas oportunas para mantener en unas mínimas condiciones de habitabilidad las estaciones originales de las líneas que poseen grandes valores ferroviarios, limpiar los márgenes en todos los recorridos para mejorar la imagen de dichas líneas, y ampliar los servicios con trenes históricos en determinadas líneas, restaurando coches e instalaciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2018.-Ricardo Sixto Iglesias y Félix Alonso Cantorné, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la publicación en formato Open Source de los datos de los servicios de Cercanías en tiempo real, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Tal y como señalaba recientemente la OCDE, "una tendencia relativamente reciente en muchos países para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones públicas es poner sus datos a disposición del público y permitir el uso, reutilización y distribución libre de conjuntos de datos por medio de un formato conocido como formato de datos abiertos". Esta organización ha analizado este fenómeno cada vez más importante, identificando el potencial de la extraordinaria cantidad y carácter fundamental de los datos recogidos por los gobiernos no solo en términos de apertura, transparencia y rendición de cuentas, sino también como una vía para aumentar el intercambio, colaboración y compromiso del público.

A día de hoy, proporcionar información sobre los sistemas de transporte en el momento preciso para que el usuario sepa cuándo puede encontrar el servicio que desea puede ser fundamental para una elección modal adecuada, especialmente dada la disponibilidad que ya ofrecen, en múltiples ciudades de Europa, ciertas aplicaciones para smartphone que permiten establecer rutas óptimas combinando el uso de distintos medios de transporte público en tiempo real.

Se debe tener en cuenta que no solo basta con que el usuario disponga del horario entre dos estaciones, especialmente en situaciones en las que los trenes no circulan con un horario fijo sino con un régimen de frecuencias: es necesario también un conjunto de informaciones que integren la secuencia de estaciones de las líneas, incluyendo las estaciones/apeaderos en las que no se producen paradas facultativas, sus nombres y localización, el número de anden para su estacionamiento y acceso, las cabeceras o destinos de los trenes en las líneas, un calendario (para los días no laborables y/o días excepcionales), etcétera.


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En este sentido, pese a que tanto Renfe como Adif cuentan con aplicaciones web específicas, estas se encuentran basadas en las informaciones de dos servicios internos en toda la red de Cercanías: uno es Sitra, para la regulación y gestión del tráfico ferroviario, con cierto nivel de obsolescencia tecnológica y cuya sustitución por el nuevo Sitra+ está prevista a partir de 2019; el otro es el propio sistema multimedia de información al viajero ELCANO, que la ofrece a través de diferentes canales de comunicación (cartelería, sinóptico, tótems, paneles, megafonía, interfonía, móvil y SMS), pero que aún no está totalmente desplegado en toda la red de Cercanías.

Como se ha expuesto, al funcionar el servicio ferroviario de Cercanías mediante un régimen de frecuencias (lo que suele ocurrir en grandes núcleos como Madrid y Barcelona), la información se resiente, por lo que en las líneas sin elementos de control continuo de posición estos datos pueden llegar a ser, de manera frecuente, ya no solo imprecisos, sino incorrectos en términos de tiempo de espera o número de anden. Además, a día de hoy, Renfe y Adif no ofrecen aún sus datos en formatos abiertos u Open Source. Tampoco los Consorcios, como el Regional de Transportes de Madrid o Transports Metropolitans en Barcelona, que son las entidades que deberían aglutinar la información I de todos los medios de transporte (autobuses urbanos e interurbanos, metro pesado y ligero, y trenes de cercanías), han sido capaces de demandar a sus entidades de gestión subordinadas correspondientes ofrecer en abierto esta información, salvo en el caso de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), en Madrid, o los servicios iBus, en Barcelona.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, pensamos que todas estas agencias y entidades deberían impulsar el proceso de apertura de datos, dado su carácter y financiación públicos, con el fin de hacer su información lo más accesible posible. Además de la labor de puesta a disposición de terceros de los datos para su uso, se lograría homogeneizar y armonizar la información con la del resto de empresas públicas de transporte de nuestro entorno.

De este modo se lograrían ganancias de eficiencia: cuando fuese necesario actualizar líneas y servicios, sería más sencillo dar formato a estos datos, resultaría más fácil poner la información al día y definir, por ejemplo, los horarios. De hecho, aunque los datos finalmente no se abrieran al público, la señalética de las estaciones y los documentos con los horarios podrían beneficiarse de una rápida actualización.

No podemos olvidar que las aplicaciones abiertas de información sobre transporte público y sus rutas (como Moovit, Here, Urban Step o Citymapper) nacieron gracias a que, en ciudades como Londres o París, tanto Transport for London (TFL) como Île-de-France Mobilités (antiguamente Syndicat des transports d'Île-de-France - STIF) han contribuido a la construcción de conjuntos de datos y los han abierto al público, en tiempo real.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Publicar los datos de los servicios ferroviarios de Cercanías de todos los núcleos existentes en España en tiempo real y hacerlos disponibles para aplicaciones en formato Open Source, con el fin de permitir su uso por parte de cualquier desarrollador, con las salvaguardas legales y de confidencialidad necesarias, siguiendo estándares, formatos y contenidos similares a los desarrollados por Transport for London en Londres o Île-de-France Mobilités (antiguo STIF) en París.

2. Impulsar, mediante comunicaciones y convenios con los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos de los núcleos urbanos y conurbaciones que cuenten con más de 250.000 habitantes, acciones similares respecto a sus servicios de ferrocarril metropolitano, tren ligero (incluyendo tranvías) y autobuses dependientes de las empresas públicas autonómicas o metropolitanas.

3. Disponer las consignaciones presupuestarias necesarias para realizar la parte dependiente de la Administración General del Estado correspondiente a estas acciones y ejecutarlas en un plazo máximo de 24 meses tras la aprobación de esta Proposición no de Ley. "

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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161/002887

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la publicación de la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El 30 de septiembre de 2015 se publicaba en el "Boletín Oficial del Estado" la vigente Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. En su artículo 5, esta Ley impone al Ministerio de Fomento la obligación tanto de aprobar (con una amplia participación de las administraciones públicas autonómicas y locales afectadas y de los demás interesados) como de publicar la "estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General (RFIG)" destinada a satisfacer las necesidades futuras de movilidad.

Dicha estrategia indicativa debería cubrir un período temporal de, al menos, cinco años, y ser renovable, estableciendo un marco general de prioridades y financiero. Además, debería estar basada en la eficiencia económica y social y en la financiación sostenible del sistema ferroviario, teniendo en cuenta, en su caso, las necesidades globales de la Unión Europea. Por último, se dispone que esta estrategia del desarrollo de las infraestructuras ferroviarias debería realizarse desde una perspectiva intermodal para garantizar la optimización de los recursos invertidos y su asignación eficiente entre modos de transporte.

El uso del condicional en el párrafo anterior no es trivial: pese a que la Ley 38/2015, en su disposición adicional quinta, establece que "el Ministerio de Fomento publicará antes del 16 de diciembre de 2016, la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de la infraestructura ferroviaria de competencia estatal prevista en el artículo 5.1", a día de hoy no solo no se ha publicado dicho documento, sino que ni siquiera se han iniciado las fases de participación de administraciones públicas y de los demás interesados que la propia Ley exige.

Las consecuencias de la falta de planificación estratégica en el desarrollo, el mantenimiento y la renovación de las infraestructuras ferroviarias tienen como ejemplo paradigmático el progresivo deterioro del servicio ferroviario que se presta en los núcleos de Cercanías, consecuencia de no haber analizado y previsto los efectos que tendrían los recortes (tanto en gasto corriente como en inversiones) en la explotación y la falta de inversión de mantenimiento, reposición y renovación de las infraestructuras. A pesar de que el Ministerio de Fomento quiere ahora revertir esos recortes con inversiones millonarias en los denominados "planes de Cercanías", los que han sido publicados hasta ahora centran el foco inversor únicamente en nuevos trazados o en duplicaciones de los actuales.

Sin embargo, la falta de una estrategia tiene otras muchas consecuencias, que van desde el bajo desempeño en los indicadores armonizados de la Unión Europea de accidentes ferroviarios o de sus precursores a la pérdida de los compromisos y los indicadores de puntualidad de los servicios (en especial de los núcleos de Cercanías), de la instalación de elementos que restringen la capacidad y las prestaciones de la red existente y aumentan el número de incidencias (como el tercer carril o el ancho mixto) a la muy politizada discusión sobre el tipo de vía a instalar en el túnel de Pajares (que fue cambiada a última hora en contra de todos los informes técnicos anteriores), hasta el punto de sucesos como los recientes accidentes de Sestao o el Arahal.

La necesidad de una estrategia indicativa es imperiosa; por tanto, el Ministerio de Fomento debe acometer de modo urgente su elaboración. De no hacerse, los ciudadanos seguirán sufriendo las negativas consecuencias de la falta de planificación: por ejemplo, las actuaciones que el Gobierno está iniciando y llevando a cabo en materia ferroviaria (en Cantabria, Cataluña, Murcia, Almería y al parecer pronto también Madrid, así como las conexiones con los puertos de interés general) se están realizando sin conseguir la "amplia participación de las administraciones públicas y de los demás interesados" que exige la Ley del Sector Ferroviario y, lo que es peor, sin una visión global de la RFIG integrada con el resto del sistema de transportes que garantice el máximo rendimiento socioeconómico de las inversiones.

Es hora de acabar con una política de infraestructuras basa en simples anuncios y promesas con vistas a conseguir réditos electorales. La planificación de las actuaciones y la información sobre los servicios deben estar al alcance de los ciudadanos de forma clara, transparente y permanentemente


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actualizada, tal y como se hace en los países vecinos de la Unión Europea. Además, no podemos olvidar que el Gobierno debe cumplir, por fin, con un mandato legal exigido por sí mismo en la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, elaborando y publicando la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General. A tal efecto:

1. En el plazo de un mes, el Ministerio de Fomento establecerá un calendario de elaboración de dicha estrategia indicativa, así como un marco general de prioridades y financiero con objetivos basados en criterios de competitividad y sostenibilidad del sector ferroviario en su triple faceta económica, social y ambiental, desde una perspectiva intermodal que garantice la optimización de los recursos invertidos y su asignación eficiente entre modos de transporte.

2. En el plazo de tres meses, el Ministerio de Fomento consensuará esta estrategia con las administraciones públicas autonómicas y locales afectadas y con los demás interesados.

3. Se establecerán las medidas necesarias para que las actuaciones que se propongan tengan una programación creíble y una priorización justificada de las inversiones que impliquen. Además, se deberán definir los parámetros que permitan realizar las correspondientes evaluaciones "ex-ante", intermedias y "ex-post" de la consecución de los objetivos planteados. Dichas actuaciones también serán consensuadas con las administraciones públicas autonómicas y locales afectadas y con los demás interesados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002889

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tenemos el honor de dirigirnos a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el corredor Cantábrico-Mediterráneo, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La alta velocidad ferroviaria es un factor de crecimiento económico y desarrollo social clave en el devenir histórico más inmediato de nuestro país. Una potente red de ferrocarril con altas prestaciones, y que oferte un servicio eficaz y asequible al conjunto de la ciudadanía se ha convertido en una garantía de progreso sostenible y de cohesión social y territorial.

No solo para España es una prioridad la consecución de un mapa de alta velocidad que asegure los objetivos antes descritos, sino que lo es también para la Unión Europea. Por eso, puso en marcha la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T), como una política de impulso en esta materia en el ámbito comunitario.

Tanto la planificación como el presupuesto y ejecución de las infraestructuras ferroviarias viene determinada hace tiempo por los corredores ferroviarios, los cuales abarcan amplios espacios geográficos, concebidos a su vez como espacios homogéneos de desarrollo socioeconómico.

Ese es el caso del corredor Cantábrico-Mediterráneo, concebido en 2009 como un corredor ferroviario de altas prestaciones y tráfico mixto y que conectará el corredor Mediterráneo con el corredor Cantábrico a través de Teruel, Zaragoza y el eje del Ebro. La conexión con el País Vasco se realizará por dos corredores, uno por Logroño y otro por Pamplona, y se prolongará hasta Santander desde Bilbao.


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Se trata de un corredor que permitirá incrementar notablemente las velocidades de recorrido para conseguir tiempos de viaje competitivos y que además podrá albergar el tráfico de mercancías, todo ello compaginado con la minimización del impacto en el medio ambiente de las actuaciones.

El corredor afecta a las siguientes provincias y Comunidades Autónomas:

- Valencia.

- Castellón.

- Teruel.

- Zaragoza.

- La Rioja.

- Navarra.

- Burgos.

- Araba.

- Gipuzkoa.

- Bizkaia.

- Cantabria.

Todos los tramos se encuentran en una situación de notable retraso, en fase de estudios informativos o de licitación o redacción de los proyectos de ejecución.

Considerando la importancia que para la estrategia europea y nacional de transportes tiene este corredor, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la construcción y puesta en servicio, a la mayor brevedad, de los distintos tramos que componen el corredor Cantábrico-Mediterráneo, y para ello:

1. Dotará de una financiación suficiente y adecuada para su completa ejecución la construcción de todos los tramos del corredor en los Presupuestos Generales del Estado.

2. Mantendrá la programación económica de dichas partidas en los PGE hasta que no estén finalizadas las obras y en servicio los distintos tramos que componen el corredor.

3. Fijará, de acuerdo con cada una de las CCAA afectadas, un calendario de inversiones, ejecución detallada y puesta en servicio para cada uno de los tramos que presentará ante estas Cortes Generales en un plazo no superior a seis meses.

4. Hará las gestiones necesarias para que este corredor se pueda beneficiar de financiación europea."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.-César Joaquín Ramos Esteban, José Luis Ábalos Meco, Ana María Botella Gómez, Ciprià Císcar Casabán, Óscar Galeano Gracia, Susana Sumelzo Jordán, César Luena López, Jesús María Fernández Díaz, Esther Peña Camarero, José Javier Lasarte Iribarren, Odón Elorza González, Patxi López Álvarez, Ignacio Urquizu Sancho, Ricardo Cortés Lastra y Artemi Rallo Lombarte, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002903

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre incluir en el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC) la construcción de la Autovía del Norte en la Región de Murcia, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Gobierno Central anunció recientemente en la Región de Murcia, la puesta en marcha del Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC), con una dotación de 5.000 millones de euros.


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Uno de los proyectos anunciados en numerosas ocasiones por el Gobierno regional, años 2007 y 2009, ha sido la denominada Autovía del Norte, que constituye el eje trasversal de comunicación entre Andalucía-Murcia-Comunidad Valenciana, por el norte de la Región de Murcia.

Esta vía rápida, de alta capacidad y seguridad, desdoblaría las carreteras RM-711 (Caravaca-Lorca), RM-730 (Caravaca-Andalucía) y RM-714 (Caravaca-Cehegín-Calasparra-Cieza-Venta del Olivo-Jumilla), transformando estas vías convencionales en autovía de cuatro carriles, con mediana, arcenes y vías de servicio a ambos lados de la calzada.

Esta autovía contaría con un recorrido de 135 kilómetros divididos en dos tramos: un tramo que radicaría de Jumilla, Venta del Olivo con Caravaca pasando por Calasparra, enlazando con la Autovía del Noroeste y conectando las carreteras de Socovos, Moratalla, Valentín y Cehegín. Y otro tramo de 54 kilómetros, entre Caravaca y Lorca con enlaces a las vías que conectan Barranda, Singla, Los Royos, Doña Inés, Avilés, La Terreras, Zarcilla de Ramos, Torrealvilla, Zarzadilla de Totana y la Autovía del Mediterráneo, completando así un eje de alta capacidad entre Caravaca, Lorca y Águilas.

En suma, es una infraestructura imprescindible y estratégica para el desarrollo no solo comarcal sino regional, que permitirá unir las comarcas del Noroeste y Altiplano, desde Caravaca de la Cruz a Jumilla, además de conectar el interior con el litoral y la comarca del Guadalentín, constituyendo un nuevo corredor que llegaría a soportar hasta diez millones de vehículos al año.

La Comarca del Noroeste solo está cubierta por autovía a través de la RM-15 en sentido Caravaca-Murcia. Caravaca y Moratalla están conectadas en torno a sus capitales; Calasparra queda fuera por completo de un acceso a menos de 10 km de una vía rápida, así como las pedanías altas de Lorca (Avilés, Coy, Culebrina, Doña Inés, La Paca, Zarzadilla de Ramos y Zarzadilla de Totana) que quedan en un vacío entre el eje del Noroeste y la comarca del Guadalentín.

La Autovía del Norte es una reivindicación histórica y necesaria de los municipios del Noroeste, Lorca (Las Tierras Altas) y Altiplano, que durante décadas han sido condenados al aislamiento dada la ausencia de conexiones por vía rápida con las comarcas vecinas, provincias limítrofes, grandes núcleos de población y acceso a los principales viales de comunicación de la Red Nacional de Carreteras a su paso por la Región de Murcia (A-30 y A-7).

Cabe destacar el peso poblacional del noroeste, norte de Lorca y altiplano, que suman una población de 150.000 habitantes y un área de influencia que sobrepasa los límites de la Comunidad Autónoma por su posición geoestratégica, siendo limítrofes con las provincias de Almería, Granada, Albacete y Alicante. Estamos hablando de una zona rica y diversa, con un dinamismo económico de industrias mineras, de alimentación, de confección y calzado, químicas, de equipos mecánicos, conserveras, vinícolas y del mueble.

También cuenta con una oferta turística de primer nivel que ha sabido reinventarse en las últimas décadas: Moratalla y Calasparra lideran la oferta regional en turismo rural; Caravaca de la Cruz, considerada una de las cinco ciudades santas del mundo, que recibe cada año turismo nacional e internacional. Cehegín, con un rico patrimonio arqueológico, con pinturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad y su casco antiguo, declarado Conjunto Histórico-Artístico; además de Bullas, que ostenta una denominación de origen por sus vinos.

Junto con el Noroeste, la continuación de la autovía hasta Lorca conectaría las Tierras Altas del extenso municipio lorquino, constituyendo un corredor hasta Almería y el litoral murciano y cuyos beneficios para el sector turístico, industrial y logístico de la ciudad de Lorca son innegables.

Y finalmente el Altiplano, compuesto por los municipios de Yecla y Jumilla, por su posición periférica con respecto de la capital de la Región de Murcia y de los principales núcleos de actividad económica han actuado de manera negativa sobre el desarrollo de la comarca, en parte por el déficit estructural de infraestructuras de transporte que ha sufrido históricamente.

Esta comarca caracterizada por la viña; elaboración y comercialización de vino con dos denominaciones de origen (Yecla y Jumilla) y el desarrollo en los últimos años del turismo rural con dos Rutas del Vino con productos enoturísticos certificados, explotaciones agrícolas frutales y una importante industria del mueble centralizada fundamentalmente en Yecla han actuado como motores de crecimiento en las últimas décadas.

De tal manera que enlazando la autovía del norte en el término municipal de Almilla con la A-33 y la terminación de la variante de Fuente La Higuera (Yecla-Caudete-Fuente La Higuera) conectaríamos este comarca con el Guadalentín, Andalucía y Comunidad Valenciana consolidando un polo industrial dinámico y en auge.


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Por tanto, la Autovía del Norte supondría:

- Reducir el aislamiento histórico de la Comarca del Noroeste, Tierras Altas de Lorca y Altiplano, respecto a los principales centros de actividad de la Región y comunidades autónomas vecinas.

- Vertebrar definitivamente toda la Región por carretera, uniendo las comarcas del Noroeste y Altiplano con la comarca del Guadalentín.

- Aminorar los tiempos de desplazamientos de los ciudadanos y trabajadores entre municipios y centros de trabajo. Reduciendo el tiempo de viaje entre Jumilla y Caravaca en un 50% y entre Lorca y Caravaca en un 40%, lo que supone un importante ahorro económico diario, minorar la emisión de gases contaminantes y hacer atractiva la zona para la inversión y el desarrollo de proyectos empresariales.

- Disminuir la siniestralidad de las carreteras existentes que presentan peligros con cambios de rasante y curvas sin visibilidad alguna, lo que ha provocado multitud de siniestros, heridos y fallecidos en los últimos años.

- Mejorar las condiciones de accesibilidad y conexión de los municipios citados, que cada vez tienen una oferta turística más potente y reciben más visitantes.

- Crear un nuevo Eje Mediterráneo Interior que conectaría la Región de Murcia con Andalucía, Valencia y Madrid como alternativa a los desplazamientos, sobre todo de vehículos pesados, a través de la Autovía del Mediterráneo, solucionando las constantes retenciones que se producen en la Autovía A-7 a su paso por la ciudad de Murcia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir en el Plan Extraordinario de Inversiones en Carreteras (PIC) la construcción de la Autovía del Norte desde Jumilla pasando por los términos municipales de Cieza, Calasparra, Cehegín, Moratalla, Caravaca y Lorca."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2018.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002907

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la línea de alta velocidad en el tramo Burgos-Vitoria, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

En el tramo de la red de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, el Ministerio de Fomento ha vuelto a modificar los elementos de planificación originales de un modo inesperado e incoherente con las políticas de la Comisión Europea en materia de corredores transeuropeos y que además podría dañar de forma grave la competitividad del sector ferroviario español en relación con el resto de la Unión Europea a través del Corredor Atlántico.

Según el primer estudio informativo, aportado a finales de junio por el Ministerio de Fomento, el tráfico ferroviario de mercancías en este tramo iba a estar garantizado en ancho estándar, el utilizado por el AVE. Por aquel entonces se estaban analizando las diferentes alternativas de trazado que garantizasen en todo caso la compatibilidad del tráfico de pasajeros y de mercancías. Dicho estudio barajaba el año 2023 para la entrada en funcionamiento de este tramo.

Actualmente, el tráfico de mercancías por ferrocarril entre Burgos y Vitoria supone entre el 4 y el 6% del total del transporte por ferrocarril: con una planificación adecuada del transporte de mercancías, se preveía alcanzar el 10%, lo que podría cambiar de manera sustancial la hasta ahora fallida estrategia gubernamental de desarrollo del transporte de mercancías, potenciando, en el Corredor Atlántico, la intermodalidad y el intercambio con el resto del continente.


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Sin embargo, el pasado 28 de diciembre, el Ministerio de Fomento presentó el segundo estudio informativo del tramo ferroviario Burgos-Vitoria, en el que cambió lo anunciado seis meses antes: ya no se garantiza el transporte de mercancías en ancho estándar en el nuevo tramo, sino que se ha anunciado una mejora en las condiciones del corredor actual entre dichas localidades para el transporte de mercancías. Este segundo estudio informativo anunció el año 2019 como fecha para comenzar la ejecución.

Los dos proyectos previos de línea de alta velocidad (LAV) que se han estado barajando para el tramo de 93 kilómetros entre Burgos y Vitoria han decido ser descartados para empezar nuevamente de cero en busca de un trazado más rápido y barato. Los técnicos de Fomento han decidido que el AVE saldrá de Burgos por el norte de la capital, sin viaductos pero alargando el trazado. No se dispone de mucha información más, ya que todavía faltan la etapa de información pública, la declaración de impacto ambiental (DIA) y el consenso para el desarrollo del proyecto definitivo, contando con los comentarios de, entre otros entes, las administraciones locales y regionales y el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Además, se pretende empezar la ejecución del tramo de la LAV Burgos-Vitoria para pasajeros en 2019, cuando a estas alturas no se sabe cuándo estará listo el trazado ni se han iniciado los contactos con el Ministerio de Medio Ambiente. En cualquier caso, parece que alguna de las nuevas alternativas de trazado impactaría de lleno la zona de Los Rublacedos, en el corazón de la Bureba, zona de alto interés ecológico-natural.

Sin haber fijado el trazado del tramo de la LAV, el Ministerio ha descartado ahora el paso de los trenes de mercancías, ya que entiende que las pendientes van a fijarse en una inclinación mayor de la que puede asumir un tren de mercancías de tracción simple. Sin embargo, no se entiende la alusión a criterios técnicos por parte del Ministerio de Fomento y por qué se habla de problemas con la pendiente del trazado si se ha informado que se va a empezar desde cero en la definición de este. En cualquier caso, las dificultades técnicas a las que alude el Ministerio son las mismas ahora que hace diez años, y solo se aprecian claramente los matices políticos de la propuesta, tras el anuncio del ministro a la consejera de Fomento del Gobierno vasco de que se incluiría en el proyecto la habilitación de un tercer carril en el actual trazado (que supuestamente permitiría que los trenes de mercancías circulen hacia el sur de España).

El Ministerio de Fomento vuelve a demostrar con este gesto que ignora los avances a modos más sostenibles y eficientes para cargas elevadas, que son la base de la política de cofinanciación europea de transportes, que apuesta de forma decidida por impulsar alternativas como el tráfico de mercancías ferroviario. De nuevo, se evidencia la mala planificación del Gobierno en materia de infraestructuras, derivada de sus (cada vez más frecuentes), cambiantes posiciones, que han vuelto a provocar otro episodio de improvisaciones.

La promesa del tercer carril para mercancías es un error manifiesto, dado que la actual línea convencional entre Burgos y Vitoria no solo posee tramos en mal estado de conservación y con necesidades de actuaciones de mantenimiento y reposición urgentes (que ya serían necesarios sin este nuevo papel, como el de los Túneles de La Brújula) sino que tiene gálibo de carga más restringido que el pedido para los corredores europeos de mercancías en su actual configuración en vía doble. Además, con la nueva LAV, no está asegurado que en el trayecto entre Castilla y León y el País Vasco se alcancen los 350 km/h que se pueden alcanzar.

Ante la manifiesta falta de transparencia, un organismo como la Oficina Nacional de Evaluación (ONE) debería determinar si la rentabilidad (socioeconómica y financiera) de las decisiones que se están tomando son las mejores para el conjunto de la sociedad española y si las acciones propuestas son congruentes con la apuesta por un modelo de transportes que considere otros modos y si las inversiones que se proponen son las que en realidad se deben ejecutar.

Los errores cometidos en la planificación del Corredor Mediterráneo, así como en estas variantes en el norte de Castilla y León y en el País Vasco, deberían hacernos reflexionar a la hora de planificar el futuro de una zona que contribuye en gran medida al PIB nacional. Sin embargo, con las soluciones propuestas hasta ahora, no se está potenciando el desarrollo de un Corredor Atlántico que permita una conexión con nuestro vecino Portugal.

Un país próspero, vertebrado y cohesionado debe pasar de la España radial a la circular: el eje norte del transporte de mercancías conecta además con los puertos de Bilbao y Pasajes, que demandan un sistema mixto de conexión ferroviaria. Estos puertos están directamente relacionados con la "Y vasca",


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la meseta a través del propio tramo Burgos-Vitoria y, en última instancia, con Europa (no en vano, el transporte por mercancías es, como se ha insistido, un tema central en la política de transportes de la Unión Europea).

Se debe impulsar una agenda clara del progreso de las infraestructuras españolas, no solo en lo referente al desarrollo de las líneas de Alta Velocidad en el Norte de España, sino en lo relativo al Corredor Atlántico, tal y como solicita la Unión Europea: a diferencia de otros puntos de la Península, no puede haber, en el futuro próximo, otra conexión de autopista ferroviaria entre, por ejemplo, Portugal, Valladolid y Burgos con la frontera francesa, a través del enlace con Hendaya, Dax y Burdeos, que no sea a través de la nueva línea.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Enumerar y justificar por actuaciones el presupuesto anual de la línea de alta velocidad Burgos-Vitoria para los años 2018 a 2022.

2. Presentar, en el plazo de seis meses, un estudio de rentabilidad socioeconómica y financiera por parte de la Oficina Nacional de Evaluación que justifique las decisiones que se están tomando actualmente en este tramo de la red de alta velocidad, con el fin de conocer si las inversiones propuestas son las adecuadas para aumentar el transporte ferroviario de mercancías o si es necesario establecer un modelo de infraestructuras o de servicios de transporte complementario que considere otros modos.

3. Elaborar, a la mayor brevedad, un plan realista para el desarrollo de este tramo y para la mejora de este corredor que incluya los plazos y las inversiones previstas y que señale sus conexiones con el centro de la Península, Portugal, Burgos y Valladolid para viajeros y mercancías, de manera que responda a los actuales estándares de interoperabilidad europea y que garantice un transporte de mercancías capaz y activo entre Portugal, España y Francia a través del Corredor Atlántico."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.-Fernando Navarro Fernández-Rodríguez y Francisco Igea Arisqueta, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada doña Teresa Jordà i Roura al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los compromisos de puntualidad de Renfe, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Renfe, como empresa prestadora de servicios de transporte, dispone de una política de indemnizaciones sobre el precio total del billete o billetes adquiridos en caso de incumplir el compromiso de puntualidad adquirido a la hora de contratar sus servicios.

Dicho compromiso de puntualidad es el siguiente:

- Trenes AVE y Avant: superior a 15 minutos devolución del 50%, superior a 30 minutos devolución del 100%.

- Trenes Alvia, Euromed y AV City: superior a 30 minutos devolución del 50%, superior a 60 minutos devolución del 100%.

- Trenes Talgo, Altaria, Intercity (larga distancia) y Trenhotel: igual o superior a 60 minutos devolución del 50%, superior a 90 minutos devolución del 100%.

- Media distancia, Regional Exprés y Regional: superior a 15 minutos devolución del 25%, superior a 30 minutos devolución del 50% y superior a 60 minutos devolución del 100%.


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Sin embargo, las tarifas Promo o Mesa que ofrece Renfe están sujetas a otras condiciones particulares de indemnización, como indica Renfe en su página web:

- Igual o superior a 60 minutos: Devolución 50%.

- Superior a 90 minutos: Devolución 100%.

Es comprensible que el ofrecimiento de tarifas Promo o Mesa, vayan condicionadas a no tener la posibilidad de realizar cambios o anulaciones o bien tener que abonar un recargo por hacerlo o que no esté disponible la elección de asiento.

Sin embargo la prestación de un servicio público por parte de un organismo público, puntual y sus posteriores indemnizaciones en caso de retraso no deberían ir asociadas al precio pagado, ya que se crea una discriminación en los derechos de los usuarios en función del precio pagado para la adquisición del boleto. Los derechos de los usuarios se tienen que ser inherentes a la condición de usuario del servicio, no al precio pagado por la adquisición del billete.

Es por todo ello que se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

Modificar el compromiso voluntario de puntualidad adquirido por Renfe con el objetivo de eliminar las distinciones en la devolución del importe a los usuarios con las tarifas Promo o Mesa y encuadrarlas acorde con el tipo de servicio ferroviario que están utilizando."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2018.-Teresa Jordà i Roura, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de áreas de descanso seguras para los transportistas, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

En los últimos años, se han incrementado por toda la geografía española las áreas de descanso exclusivas para los vehículos pesados. Sin embargo, todavía resultan insuficientes para los transportistas, quienes además demandan una mayor seguridad debido a los robos que soportan, la falta de servicios complementarios y la dificultad de su localización mediante otras plataformas telemáticas para poder planificar la ruta.

España cuenta con una de las mejores redes de carreteras de toda Europa, gracias a su seguridad, controles de calidad, señalización y servicios de emergencia.

Actualmente, casi 14.000 empresas se dedican al sector de Transporte de mercancías por carretera en España y lograron una facturación de casi 23.000 millones de euros en el año 2015, según el informe de INFORMA D&B. A lo largo de 2015 se han comercializado 22.856 camiones en España, tal y como explica ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles). Este dato es positivo, puesto que el nivel de ventas se incrementó un 36% con respecto al año 2008.

Por eso, resulta indispensable que el sector del transporte esté involucrado en la toma de decisiones para identificar los problemas y proponer soluciones de mejora. Hace unos años, la Unión Europea puso en marcha el programa de certificación conocido como "Proyecto LABEL", que pretendía crear una metodología para obtener un certificado estándar de calidad en las áreas de servicio europeas que atienda a la seguridad y a los servicios ofrecidos.


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En España se analizaron ocho áreas de servicio, especialmente en lo referente a la seguridad, y algunos centros de transportes han puesto en marcha medidas: en Aparkabisa disponen de un sistema de seguridad con la última tecnología tanto en grabación como en visionado online; en Área 103 tienen un vigilante nocturno con vehículos conectados con las fuerzas de seguridad del Estado; y en Parking Exit 3 AP cuentan con una alarma perimetral, circuitos de video vigilancia (36 cámaras repartidas por todo el recinto), vehículos patrulla realizando permanentemente rondas con las unidades aparcadas y vigilantes de seguridad con auxilio las 24 horas. Por su parte, Repsol puso en marcha los denominados Repsol Security Parking, una red pionera en España de aparcamientos seguros para transportistas, además de la creación de un portal de información con un sistema de reserva de plazas de aparcamiento. También, el Aparcamiento-Área de descanso AVINSA del Centro de Transporte de Madrid está totalmente vallado y posee un sistema de iluminación nocturna para vigilar los vehículos.

El pasado mes de diciembre, las Comunidades Autónomas trataron este tema en la comisión de responsables de Transporte del Estado y de las Comunidades Autónomas. En ella, se consideró oportuno tratar las demandas del transporte en este ámbito porque son cuestiones que afectan a todas las comunidades y se trata de un órgano destinado a la coordinación de las competencias estatales y regionales que aseguran el mantenimiento de un sistema común de transportes.

El problema radica en el hecho de que la delincuencia en el transporte de mercancías por carretera es cada vez mayor. Es necesario que las áreas de descanso ofrezcan unos servicios que respondan a las necesidades del transportista, faciliten la difusión de información fiable en el sector y permitan reservar plazas en función de la planificación del operador de transporte. Por eso, los gerentes de estos centros logísticos demandan unas áreas de servicio seguras, más ayudas públicas y el impulso de sistemas inteligentes de transporte SIT (Sistema de Información del Transporte).

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Implantar medidas para disponer de un mayor número de áreas seguras para transportistas en la red nacional de carreteras.

2. Impulsar el establecimiento de servicios complementarios en estas áreas de descanso basadas en la mejor tecnología disponible, con el objetivo de garantizar la seguridad de los transportistas y sus vehículos.

3. Coordinar y consensuar las medidas con las Comunidades Autónomas en e ámbito de sus competencias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Educación y Deporte

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Marta Martín, Diputada del mismo grupo, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su discusión en la Comisión de Educación y Deporte, sobre la implantación de un sistema de selección y formación docente, Docente Interno Residente (DIR), basado en el MIR de los facultativos médicos.

Exposición de motivos

Todo sistema educativo es útil, reconocido y efectivo en la medida en que es capaz de transmitir formación y conocimientos al alumnado. El artículo 2 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, modificada


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por LOMCE, establece que los poderes públicos prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza y en especial, la cualificación y formación del profesorado. Exísten otros elementos que también poseen importantes efectos sobre los resultados del sistema educativo, como así se señala en el citado texto: la dotación de recursos educativos suficientes, la investigación, la experimentación y la renovación educativa, el fomento de la lectura, el uso de las bibliotecas, la autonomía pedagógica, organizativa y de gestión, la función directiva, la orientación educativa y profesional, la inspección educativa y la evaluación.

El Sistema Educativo Español posee claros síntomas que avisan de su disfuncionalidad: España es líder en abandono escolar temprano en la Unión Europea, con una media del 18,2 % de los estudiantes según los últimos datos publicados por el MECD.

En un informe Eurydice, España aparece como uno de los países que menor porcentaje de docentes menores de 30 años presenta ( menos del 10 %) , resaltando la dificultad del sistema para atraer a jóvenes motivados con educar a las futuras generaciones.

Por último, en los informes realizados por la OCDE sobre "Profesores y Condiciones de la Docencia" (TALIS), 2013, se señala que los docentes españoles, respecto a la media de la OCDE:

- Han participado menos en programas de inducción.

- Reciben menos feedback sobre su labor como docentes.

- Pocos (3,8 %) tiene un mentor asignado.

- Han participado en menos actividades formativas o de desarrollo profesional.

- Pasan menos tiempo planificando sus clases y más tiempo gestionando sus aulas.

El último estudio elaborado por el Consejo General de los Ilustres Colegios Oficiales de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, titulado "La voz del profesorado", y que tiene como objetivo estudiar las exigencias en materia de selección y formación del profesorado incluso pudiendo incorporar el sistema MIR para estos profesionales, tiene unos resultados claros:

- Cerca del 70 % de los docentes encuestados señalan que es necesaria una reforma del sistema actual de selección para acceder a la profesión docente.

- Casi el 80 % de los docentes encuestados coincide en que el sistema de selección para acceder a la profesión docente debiera tener los mismos criterios para centros públicos que concertados.

- Una amplia mayoría de profesores abogan por aumentar la autonomía de los centros públicos para contratar profesorado.

- Asimismo, los docentes reclaman una reforma urgente del período de inducción profesional que preste atención especial a la adquisición de las competencias didáctico-pedagógicas.

- El modelo de inducción profesional docente que más popularidad alcanza entre los encuestados es el que se refiere al estilo del MIR que se realiza para los médicos.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, como ya expresó hace más de un año en una iniciativa legislativa que trataba el mismo asunto, comparte el sentir de buena parte del profesorado y, vista la inacción de los sucesivos Gobiernos, considera necesario emprender el camino hacia una reforma del sistema de selección, inducción y formación del docente que se base en la excelencia académica contrastada, en la capacidad pedagógica para transmitir conocimientos, competencias y valores y en el compromiso con la mejora educativa de los estudiantes mediante un aumento de las exigencias en la selección.

Esta es una reforma exigida por la población educativa desde hace años y que ya han sido propuestas intermitentemente por miembros de los anteriores Gobiernos sin que por ello hayan llegado a presentarse de manera oficial. A pesar de ello las reformas llevadas a cabo en la última década (p.e. creación del Master de Formación del Profesorado en lugar del CAP) no han demostrado tener apenas impacto salvo en los bolsillos de los estudiantes.

En su lugar del master habilitante actual, el Grupo Parlamentario Ciudadanos proponemos implantar un modelo de formación docente similar al sistema MIR médico, que denominaríamos Docente Interno Residente (DIR). El sistema consistirá en la selección de los graduados con los mejores resultados académicos y actitudinales, mediante una prueba nacional para todos los aspirantes, a los que se ofrecerá el ejercicio remunerado de la enseñanza durante un periodo de varios cursos académicos, en centros de enseñanza y bajo la dirección y supervisión de profesores con experiencia y competencia acreditadas que


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actuarían como tutores expertos o mentores. Estas prácticas serán complementadas con la formación pedagógica y teórica adecuada para que se puedan afrontar las diversas problemáticas que pueden surgir en las aulas.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Desarrollar un sistema de selección, inducción y formación docente, siguiendo la estructura del modelo para el Médico Interno Residente (MIR) existente actualmente en España, que permita la selección de los mejores aspirantes a docentes en base a la excelencia académica, actitudinal y motivacional necesarias para ejercer la labor docente. Para ello, el sistema debe tener los siguientes elementos:

- Examen nacional una vez obtenido el grado universitario correspondiente y previo a la formación teórico-práctica del sistema del Docente Interno Residente (DIR).

- Homologación, correspondiente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para que un número limitado de centros puedan impartir la formación teórica correspondiente al sistema DIR. Estos centros a su vez tendrán numerus clausus de plazas en función de la demanda de docentes para centros tanto públicos como privados.

- Itinerarios formativos en función de los estudios de grado realizados previamente, distinguiendo, al menos, un itinerario para "maestros" (infantil y primaria), otro para Secundaria y Bachillerato y otro para los especialistas de los Servicios de Orientación.

2. A partir de la propuesta mencionada en el punto 1, realizar las modificaciones legales y nuevos desarrollos legislativos necesarios para implementarla, en colaboración con las Comunidades Autónomas y el Consejo Escolar del Estado, en el marco de la Conferencia Sectorial de Educación.

3. Que presente, en menos de seis meses, la normativa reguladora que contenga el marco para el el sistema de selección y formación Docente Interno Residente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la adopción de medidas para evitar el embargo de las cantidades depositadas en cuentas bancarias de los beneficiarios de prestaciones asistenciales inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, con el fin de proteger a las personas más vulnerables y dar cumplimiento a las recomendaciones del Defensor del Pueblo en esta materia, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

El ingreso de las cuotas y demás recursos de financiación del Sistema de la Seguridad Social se debe hacer efectivo por los obligados al pago y demás responsables del pago de deudas con la Seguridad Social en el período voluntario de recaudación. En el caso de incumplimiento de esta obligación, la recaudación se efectuará en vía ejecutiva.

Ello implica el establecimiento de un procedimiento para la recaudación ejecutiva de las deudas por cuotas y demás recursos del Sistema de la Seguridad Social, y dicho procedimiento está previsto en el artículo 38 del Real Decreto Legislativo 1/1994 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General


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de la Seguridad Social, el cual establece que "transcurrido el plazo reglamentario de ingreso y una vez adquiera firmeza en vía administrativa la reclamación de deuda o el acta de liquidación, en los casos en que estas procedan, sin que se haya satisfecho la deuda, se iniciará el procedimiento de apremio mediante la emisión de providencia de apremio, en la que se identificará la deuda pendiente de pago con el recargo correspondiente".

La ejecución contra el patrimonio del deudor se efectuará mediante el embargo y la realización del valor o, en su caso, la adjudicación de bienes del deudor a la Tesorería General de la Seguridad Social. El embargo se efectuará en cuantía suficiente para cubrir el principal de la deuda, los recargos y los intereses y costas del procedimiento que se hayan causado y se prevea que se causen hasta la fecha de ingreso o de la adjudicación a favor de la Seguridad Social, con respeto siempre al principio de proporcionalidad.

El procedimiento de recaudación en vía ejecutiva de las deudas por cuotas y demás recursos del Sistema de la Seguridad Social objeto de gestión recaudatoria es exclusivamente administrativo, siendo competente para entender del mismo y resolver todas sus incidencias la Tesorería General de la Seguridad Social, en su condición de titular de la función recaudatoria en el Sistema de la Seguridad Social y por lo tanto se inicia automáticamente una vez transcurrido el período voluntario de pago sin que se hubiese satisfecho la deuda y con independencia del recurso contencioso-administrativo que los interesados puedan formular.

Además de esta regulación existen reglas específicas que permiten a la Tesorería General de la Seguridad Social agilizar y flexibilizar el procedimiento, así, el procedimiento de embargo de cuentas bancarias por parte de la Seguridad Social es un procedimiento distinto a los que pueden llevar a cabo otros organismos.

En este sentido, cabe destacar que España es uno de los países europeos donde más fácil es embargar una cuenta corriente, cuestión que tiene especial relevancia en relación con la cuestión que planteamos en esta Proposición.

Este procedimiento se establece en la Resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social de 17 de julio de 2001, modificada por la Resolución del 6 de mayo de 2013, en las que se dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en cuentas corrientes abiertas en entidades de depósito. Este procedimiento permite agilizar el procedimiento de embargo por parte de la Seguridad Social y facilita a las entidades de depósito el cumplimiento de las obligaciones de colaboración legalmente establecidas en relación con el embargo de los saldos.

El procedimiento comienza cuando la Tesorería General de la Seguridad Social selecciona los deudores en situación de apremio y solicita información de sus cuentas a la vista abiertas en entidades de depósito. En 20 días la Tesorería General de la Seguridad Social transmite esta petición a las diferentes entidades depositarias y estas se encargan de completar la información solicitada. Una vez la Tesorería General de la Seguridad Social recibe la documentación, selecciona y señala los deudores, así como las cuentas que pretende embargar.

Esta no es la primera modificación que sufre la Resolución de 17 de julio de 2001, ya que fue modificada por las Resoluciones de 10 de julio de 2007, de 28 de mayo de 2008, de 21 de julio de 2009 y de 4 de febrero de 2013. Esta última modificación, que entró en vigor el pasado 1 de marzo, suprimió el límite máximo del importe económico que se podía embargar a los ciudadanos que tienen deudas con la Seguridad Social. Antes de esta reforma existía un límite máximo de 6.000 euros, que respondía a la petición del sector bancario de no dejar las cuentas a cero. Pero esto no significaba que la Seguridad Social no pudiera embargar cantidades superiores a 6.000 euros, sino que en estos supuestos debía recurrir a los medios presenciales. De hecho, el único límite legal de la normativa de embargo por parte de la Seguridad Social es el importe máximo de las cuantías adeudadas. Por lo tanto, esta reforma buscaba modernizar el procedimiento telemático y adaptarlo a la realidad, pero manteniendo todas las garantías. Además, modificó algunos de los plazos del procedimiento. En este sentido, abrevió el plazo de la transmisión de datos, pero alargó el de la comunicación del embargo.

El punto de partida, de cualquier embargo, debe partir de la existencia de bienes inembargables, el artículo 607 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) actualiza los bienes inembargables y establece: que es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional y los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional se embargarán conforme a una escala prevista en la propia norma.


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En un informe de 23 de enero, el Defensor del Pueblo, ha recomendado a la ministra de Empleo y Seguridad Social, que ordene a la Tesorería General de la Seguridad Social que no embargue las cantidades depositadas en cuentas bancarias de beneficiarios de ayudas inferiores al salario mínimo interprofesional (SMI), concedidas para hacer frente a sus necesidades básicas de subsistencia, cuando éstos reciban el dinero de una sola vez en concepto de atrasos y ello haga que las cantidades ingresadas sí superen dicho límite.

En opinión del Defensor del Pueblo, los límites legislativos a la embargabilidad tienen una justificación constitucional en el respeto a la dignidad de la persona. Por ello, estos límites operan con el fin de que el deudor pueda disponer de los recursos mínimos para atender sus necesidades básicas y excluyen el embargo del salario, sueldo, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional.

Esta recomendación es consecuencia de una queja presentada por una ciudadana a la que se le ejecutó el embargo de su prestación no contributiva, cuando recibió de una sola vez en su cuenta el salario de varios meses.

Para el Defensor del Pueblo el ingreso acumulado de una ayuda mensual inferior al SMI no desvirtúa el carácter inembargable de la misma, ni puede suponer un perjuicio para los ciudadanos. Por ello, en estos casos es necesario ponderar que la cantidad final que se transfiere a los beneficiarios de ayudas, debe prorratearse entre el número de meses al que corresponde, para apreciar si la cantidad mensual reconocida se encuentra o no dentro de los límites legales de embargabilidad.

Según recuerda el Defensor del Pueblo, los interesados tienen que afrontar los gastos destinados a alimentos, luz, agua, manutención y vivienda en los meses anteriores al ingreso acumulado de la prestación, por lo que el embargo de las cantidades que finalmente reciben desvirtúa la razón por la que se otorgó la ayuda.

Esta situación es especialmente grave si se tiene en cuenta la facilidad que tiene la Tesorería General de la Seguridad Social para embargar las cuentas bancarias, según hemos explicado y el escaso margen de reacción de los ciudadanos, por lo que la única solución efectiva sería que no fuera posible el embargo, sobre las cantidades depositadas en cuentas bancarias de beneficiarios de ayudas inferiores al salario mínimo interprofesional, concedidas para hacer frente a sus necesidades básicas de subsistencia, cuando éstos reciban el dinero de una sola vez en concepto de atrasos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Que se dicte una Resolución, dando instrucciones a la TGSS para que no se embarguen las cantidades depositadas en cuentas bancarias de beneficiarios de ayudas inferiores al salario mínimo interprofesional, concedidas para hacer frente a sus necesidades básicas de subsistencia, cuando éstos reciban el dinero de una sola vez en concepto de atrasos.

- Que se adopten medidas para proceder a la devolución de las cantidades embargadas en esta situación.

- Que se estudie la posible modificación del artículo 38 de la Ley General de la Seguridad Social a los efectos de introducir como límite al embargo que las cuantías procedentes de un ingreso acumulado de una ayuda mensual inferior al SMI no afecte el carácter inembargable de la misma, siendo necesario ponderar que la cantidad final que se transfiere a los beneficiarios de ayudas que debe prorratearse entre el número de meses al que corresponde, para apreciar si la cantidad mensual reconocida se encuentra o no dentro de los límites legales de embargabilidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2018.-María del Rocío de Frutos Madrazo y María Dolores Galovart Carrera, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada, Yolanda Díaz Pérez, y a través de su Portavoz, Miguel Anxo Fernández Vello, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presentan la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa al cumplimiento del derecho de información de las personas afiliadas a la Seguridad Social sobre la cuantía de su futura pensión de jubilación.

Exposición de motivos

Las reformas en materia de pensiones desde la del 2011 a la del 2013 están teniendo importantes efectos sobre la cuantía de las pensiones de jubilación. En primer lugar porque la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social introduce reformas "paramétricas", esto es, cambios muy importantes que afectan a la edad de jubilación, a la base reguladora y a los porcentajes aplicables a la misma.

El primer parámetro fundamental afectado por la reforma de 2011 es la edad de jubilación. La Ley 27/2011 procedió a fijar la edad ordinaria de jubilación en 67 años tras un largo proceso transitorio (disposición transitoria séptima) que culmina en 2027 al tiempo que mantiene la de 65 años, pero solo para quienes hayan cotizado 38 años y seis meses. Pese a su aplicación gradual, el retraso supone: alargar la vida laboral con carácter general sin tener en cuenta al tipo de trabajos, obligar a trabajar dos años más para en su caso alcanzar el 100 por cien de la pensión, penalizar a los trabajadores que se jubilen viniendo de situación de no activo, con o sin percepción de subsidios asistenciales de desempleo, lo que perjudicará al nivel económico del trabajador en ese momento y la base reguladora de la pensión de jubilación. Además, puede acarrear graves efectos sobre el empleo de los jóvenes, pues al retrasar la edad ordinaria dificulta la contratación de nuevos trabajadores que sustituyan en su caso a los que se jubilan.

El retraso afecta, a su vez, a la regulación de las edades de jubilación anticipada tanto por crisis como voluntaria, dificultándola (al fijar un máximo de cuatro años antes o dos años, si es anticipada voluntaria). La única excepción, si a los 65 años se reúnen 38 años y seis meses de cotización, de entrada deja fuera al 50 por ciento, especialmente a mujeres (solo el 24,51 por ciento de mujeres supera los 35 años cotizados). A ello se añade la elevación en dos años de los requisitos de cotización previa para tener derecho a las jubilaciones anticipadas por crisis (de 31 a 33) y más aún a las voluntarias (de 31 a 35) lo que las hará más difíciles. Afecta finalmente a los incentivos por retraso que lo serán ya a partir de los 67 años, en el futuro.

En cuanto a las jubilaciones anticipadas propiamente dichas nos encontramos de un lado con el constante recordatorio desde las instancias europeas (Consejo de Europa y Libro Blanco) de que hay que introducir requisitos que endurezcan, dificulten y restrinjan el acceso a la misma. Y así viene ocurriendo en el ordenamiento español desde la reforma de 2001, que al crear una nueva modalidad diferente a la histórica del Mutualismo Laboral, elevó los requisitos de cotización y los coeficientes reductores aplicables.

Lo cierto es que, actualmente, la edad media de jubilación en el Régimen General es de 63,4 en los hombres y de 64,4 en las mujeres. En el régimen de autónomos, antes de la posibilidad de jubilación anticipada voluntaria, era de 65,38 años. El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, no obstante, sigue considerando la jubilación anticipada como una carga insoportable y cuando proporciona datos estadísticos no distingue la que se lleva a cabo por trabajos penosos, la parcial y la anticipada propiamente dicha, por crisis o voluntaria.

En cualquier caso, la jubilación anticipada propiamente dicha está sujeta a la aplicación de coeficientes reductores que resultan muy penalizadores para la cuantía de la pensión resultante, pues no tienen en cuenta que su impacto afecta de manera ya definitiva y permanente a la pensión para toda la vida. Tampoco valora, en su justa medida, el esfuerzo contributivo llevado a cabo por la persona trabajadora a lo largo de su carrera laboral. Pese a haber cotizado, por ejemplo, más años de los requeridos para alcanzar el 100 por cien de ia base reguladora el pensionista sufre la aplicación de tales coeficientes. Es cierto que en el sistema de reparto los jubilados anticipados ya incrementan el número de pasivos y disfrutan de la pensión en principio más años, pero a largo plazo, tras la aplicación de los coeficientes


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actuales, las jubilaciones anticipadas resultan favorables para el gasto de la Seguridad Social. Es más, pese a la crítica permanente a esta modalidad de jubilación, lo cierto es que incluso en plena crisis se han introducido nuevas modalidades en las reformas recientes, como la jubilación anticipada voluntaria, y se ha extendido a nuevos colectivos como los trabajadores autónomos.

Los trabajadores no acceden a la jubilación anticipada con júbilo sino como única alternativa al paro, a la precariedad en el mejor de los casos o a unos subsidios de desempleo de muy baja cuantía, que ni siquiera se abonan cuando es posible acceder ya a la propia jubilación anticipada, incluso voluntaria, por lo que se trata más bien de la única medida para poder sobrevivir en un mercado de trabajo hostil y excluyente de los trabajadores de edad avanzada.

Por otra parte, la jubilación parcial ha resultado excesivamente penalizada tras la últimas reformas de Seguridad Social, especialmente la de 2013.

En segundo lugar, porque ya desde la ley 27/2011 se alega, además del factor demográfico. la idea de que hay que reforzar la contributividad del sistema estableciendo una relación más adecuada entre el esfuerzo realizado en cotizaciones a lo largo de la vida laboral y las prestaciones contributivas a percibir. Y por tales razones, y sin más argumentos, la Ley 27/2011 procedió a una reforma de los demás parámetros de la pensión de jubilación, a implantar de forma progresiva y gradual, que determinan los aspectos fundamentales de la pensión: la determinación de la base reguladora que se eleva desde los 15 años hasta alcanzar los 25 en 2022, los porcentajes aplicables a la misma y el sistema de integración de lagunas. Es decir, lo contemplado en los artículos 205, 209 y 2010.1 a).

Se eleva, de ese modo, el periodo de cotización necesario para alcanzar el 100 por cien de la pensión y se valoran de forma distinta los periodos cotizados penalizando a los que alcancen los 25 años, a diferencia de la regulación anterior a la ley 27/2011.

Según el Informe de Envejecimiento de 2015 de la Comisión Europea de 2015 como consecuencia de esta reforma la tasa de reemplazo o de sustitución de la pensión en relación con el salario de activo en España tendrá una caída porcentual de 30 puntos a lo largo de las próximas cuatro décadas, lo que perjudica a todos los pensionistas y especialmente a las mujeres, ya que sus pensiones son un 40 por ciento inferiores a las de los hombres, pues las carreras de cotización en hombres actualmente es de 37,7 años de media y las de las mujeres de 32,6 años. De otra parte, el número de las pensiones de jubilación de las mujeres es también un 41 por ciento inferior y el 70 por ciento de sus pensiones no supera los 700 euros mensuales. De una tasa de reemplazo del 80 por ciento en 2020 se pasará a una del 60,6 por ciento en 2030 y a una del 48,6 por ciento en 2050. La ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora a veinte años da lugar a una caída de la pensión media entre el 4,2 por ciento y el 5,5 por ciento, lo que supone una reducción de un punto porcentual por cada año de ampliación del periodo de cálculo. La ampliación de la carrera de cotización de 35 a 37 años supone una nueva pérdida de 2,5 puntos de la pensión más el impacto de género.

Además, la reforma de 2011 afecta sobre todo a las carreras con 25 años de cotización, que antes estaban más favorecidas porque son las más numerosas. Con los nuevos parámetros más el factor de sostenibilidad con 15 años de base reguladora la pensión se recorta un 1,9 por ciento. La reducción va ascendiendo hasta un 10 por ciento en carreras con 25 años, luego va descendiendo paulatinamente desde 26 a 37 años.

Por otra parte, ya se previó por la Ley 27/2011 el denominado factor de sostenibilidad del sistema de Seguridad Social para que entrara en vigor a partir de 2027. Ello implica que los parámetros fundamentales del sistema se revisan al fijar su cuantía por las diferencias entre la evolución de la esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarían cada cinco años.

No obstante, el RDL 3/2013 encargó ya a una comisión de expertos el estudio del factor de sostenibilidad del sistema de la seguridad social para su aplicación adelantada, como contrapartida al rescate bancario europeo. Ni el Informe de la Comisión de Expertos, ni la Ley 23/2013 que parte de éste, justifican con claros y sólidos argumentos la recomendación de aplicar el factor de sostenibilidad con anterioridad al plazo previsto en la Ley 27/2011. El informe alega que "reforzaría la señal de seriedad en el compromiso con la sostenibilidad presupuestaria del sistema de pensiones que se envía a la ciudadanía, a los inversores internacionales y a nuestros socios europeos". Además dice que la adopción temprana "refuerza, clarifica y asegura el equilibrio del sistema y contribuye a despejar incertidumbres de los


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pensionistas actuales o de aquellos que están próximos a serio". Y la Ley 23/2013 siguiendo en gran parte el Informe de la Comisión de Expertos, alegando la crisis económica y las medidas para combatir el déficit fiscal lo ha precisado y ha adelantado su entrada en vigor a 2019.

El objetivo tanto de esta reforma paramétrica de 2011 como de la de 2013 no es otro que contener el gasto reduciendo la tasa de sustitución de las pensiones de jubilación, la que más gasto supone (de ahí que el factor de sostenibilidad no se aplique a las pensiones de incapacidad permanente ni a las de viudedad, cuya cuantía suele ser más baja). Su aplicación temprana a partir del año 2019 y su revisión cada cinco años supondrán una reducción del 5 por ciento por década, de manera que se llegará a una reducción del 20 por ciento en el año 2050.

Por otra parte, el adelantamiento de su aplicación a 2019, que obedece no a razones demográficas sino de reducción del gasto y de inicio del cambio de modelo, paradójicamente acaba provocando lo contrario: una especie de efecto "llamada" hacia la jubilación antes de que se inicie su aplicación, aumentando el gasto en pensiones y desincentivando la prolongación de la vida laboral.

Por otra parte, presenta un carácter automático, regresivo, irreversible, no revisable ni recuperable una vez fijado, incluso aunque no se cumplan con posterioridad a la jubilación los parámetros previstos. Su integración en la fórmula de cálculo inicial de la pensión supone que se aplica en todo caso, sea cual sea el contexto y la evolución de la situación económica, lo que puede ser distorsionador y extraordinariamente injusto y una manifestación de una falta de compromiso de la sociedad con los mayores. El principio que se hace actuar en la Ley 23/2013 es el de que los pensionistas son los que deben asumir los riesgos de su propio envejecimiento, de manera que ser más viejo supondrá, con la fórmula de sostenibilidad automática proyectada, inexcusablemente una minoración de los derechos de pensión, de la calidad de la pensión a recibir.

Además, la vinculación exclusiva a la esperanza de vida, sin atender a ningún otro factor, revela la intención última de recurrir la cuantía de las pensiones pues es previsible la evolución al alza. Sus efectos son desproporcionados, pues conducen a pensiones menguantes, aumenta la vulnerabilidad del colectivo de pensionistas y desfigura el sistema público de Seguridad Social.

Es injusto aplicar un factor a sujetos cuyas expectativas de esperanza de vida son muy distintas, pues varían en función de la actividad que hayan llevado a cabo cuando eran activos y de la clase social, lo que supone una discriminación añadida por edad y para colectivos con una esperanza de vida inferior a la media (varones, individuos con bajo nivel educativo o reducido nivel de renta). Unos tendrán una esperanza de vida real más reducida que otros y por ello se verán todavía más afectados.

La regulación contemplada en nuestro ordenamiento adopta una medida excepcional en el ámbito europeo, como es vincular el factor de sostenibilidad a la cuantía de la pensión, cuando lo normal es que afecte solo a la edad, y una vez se adopta por comparación con lo que se establece en otras regulaciones de seguridad social en el marco europeos en otros modelos de Derecho Comparado su configuración es más dura. El retraso de la edad ordinaria de jubilación ya tiene en cuenta la esperanza de vida por lo que de la combinación de ambas medidas interactúa de manera negativa con el retraso en la edad de jubilación ampliando su efecto.

Se considera que en un periodo de 30 años, 2019 a 2049, de mantenerse una evolución de la esperanza de vida como la prevista, el descenso de la pensión inicial, por aplicación de esta nueva fórmula se situaría entre el 9 y el 18 por 100. El "ahorro" del gasto oscilará entre un 0,2 por ciento del PIB en 2040 y un 0,7 en 2060. En términos de ahorro porcentual del gasto la estimación es del 5 por ciento en 2060. Va a reducir la pensión inicial en un 0,5 por ciento en el primer año de aplicación (2019) e irá aumentando situándose ya en un 4,3 en 2028.

En cuanto a la revalorización de las pensiones, hay que recordar en primer lugar su relación con la garantía constitucional de suficiencia. El derecho a la revalorización es uno de los componentes de la suficiencia medida en su desenvolvimiento temporal. Es decir, se trata de un aspecto esencial del derecho a la protección frente al riesgo de vejez al tratarse de prestaciones que se perciben durante periodos de tiempo muy prolongados.

La revalorización de otra parte no es separable de la fijación de la pensión, sino que va incorporada a la misma, de ahí su inserción en el brazo contributivo. No es algo añadido graciosamente, una cuña asistencial. Por tanto no cabe separarla ni reducirla sin más a una expectativa de derecho.

El valor de la pensión es tomado en cuenta por el beneficiario como una cantidad que debe mantener su poder adquisitivo, que genera una confianza legítima, clave en la toma de decisiones y en las valoraciones conjuntas y globales que hace el futuro beneficiario.


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Pese a ello en el marco de las medidas de reducción del déficit público se ha contemplado la suspensión de la revalorización (Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, Ley 39/2010, de 22 de diciembre, LPE para 2011, RDL 28/2012 de 30 de noviembre) como medida excepcional y coyuntural.

Las suspensiones de la actualización de las pensiones incumplían la Recomendación número 11 del Pacto de Toledo, recomendación que defendió arduamente el Grupo Parlamentario Popular cuando se tramitó la Ley 27/2011, para un año después, una vez en el Gobierno, desconocerla.

En efecto, lo que era coyuntural o temporal en materia de revalorización de pensiones tras el Informe del Comité de Expertos de 7 de junio de 2013 pasa a ser un cambio permanente.

A los recortes derivados de las suspensiones de la revalorización se añade por la Ley 23/2013 el derivado de este nuevo factor, de aplicación inmediata y de gran calado, pues el mecanismo de revalorización teniendo en cuenta el IPC explica una proporción importante del gasto público en pensiones y por tanto el interés en su supresión. Ha pasado del 29 por ciento del gasto en 2008 al 22 por ciento en 2015.

La nueva configuración del índice de revalorización es opaca en su diseño y funcionamiento, pero sobre todo es injusta en sus consecuencias al suponer una importante pérdida del poder adquisitivo de las pensiones.

La regulación además es lineal, no distingue la cuantía de las pensiones, y además afecta también a las pensiones mínimas y a las no contributivas (art. 62).

Supone una grave pérdida de nivel de las pensiones y de su suficiencia al no mantener su poder adquisitivo lo que puede traducirse en un empobrecimiento de los pensionistas con pensiones más bajas al afectar también a los complementos para mínimos haciendo prevalecer la idea de esperanza de vida sobre la propia razón de ser de estos complementos, que es cubrir unos mínimos de subsistencia, actualmente muy bajos. De este modo se devalúa y desvirtúa el papel de los complementos de mínimos, cuando la pensión es su única o fundamental fuente de ingresos económicos (STC 113/1989), careciendo de fuentes alternativas de recursos y, sobre todo, de capacidad para generarlos por razón de la edad con grave riesgo de exclusión social y de pobreza. Ante los niveles de inflación habituales en España, lo normal en las coyunturas expansivas en nuestro sistema económico, de al menos un 2 por ciento, el nuevo factor se traduce en una pérdida de poder adquisitivo de un 1,75 por ciento anual al congelarse durante muchos años la revalorización en un 0,25 por ciento. Es decir, de entre un 7,5 y un 17,5 en diez años y un "ahorro" en gasto de 33.0000 millones a partir de 2014 según reconoce la propia Memoria Económica de la ley de 2013. Suponiendo que la inflación media sea del 2 por ciento y teniendo en cuenta la esperanza de vida la pensión media puede depreciarse en torno al 28,5 por ciento en los hombres y en torno al 33,4 por ciento en las mujeres. En cuatro años se habría perdido el 4,14 por ciento y en quince años un 22,86 por ciento. De haberse aplicado el nuevo índice de revalorización en 2011 y 2012, los pensionistas habrían perdido 5,3 puntos de poder adquisitivo, que sólo recuperarían después de veintiún años consecutivos de superávit de la Seguridad Social.

Al afectar no solo a pensiones futuras sino también a las pensiones ya causadas con anterioridad a la ley de 2013, sin contemplar normas de derecho transitorio, se genera inseguridad no solo económica sino también jurídica, lo que vulnera el principio de irretroactividad de las leyes (artículo 9.3 de la Constitución) y afecta a derechos adquiridos en el momento de jubilarse, pese a que desde el punto de vista de su cuantificación concreta no hubieran todavía ingresado "de hecho" en el patrimonio de los pensionistas, pero sí de derecho.

A todo ello se añaden otros factores que condicionan el nivel de vida de muchos pensionistas: mayores gastos en medicamentos, muchos de ellos sometidos a copago en estos últimos años o al pago entero en otros muchos al quedar fuera de la lista de medicamentos, el coste de servicios básicos como la luz, el agua y la calefacción pueden añadir nuevas pérdidas de nivel de bienestar de los pensionistas.

Los efectos de las reformas de 2011 y 2013 suponen una importante reducción de las cuantías de las pensiones, una reducción significativa de la pensión media en relación con el salario, una reducción cuantiosa del gasto en pensiones de jubilación en relación con el PIB.

Por ello reviste gran importancia, actualmente mucho más, que los afiliados y afiliadas a la Seguridad Social puedan prever y conocer aproximadamente el montante de su futura pensión. El gobierno ha incorporado un simulador de pensiones en la página web de la Seguridad Social, si bien, con un funcionamiento anómalo, razón por la que cobra mayor importancia la transparencia en el sistema y el


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derecho de información de los y las afiliados a la Seguridad Social. Gran parte de los países de nuestro entorno garantizan parámetros de transparencia y el derecho de información de las personas afiliadas a conocer la cuantía futura de su pensión.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Cumplir, de verdad y de manera efectiva, el mandato del artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, cuando establece que "Los empresarios y los trabajadores tendrán derecho a ser informados por los organismos de la Administración de la Seguridad Social acerca de los datos a ellos referentes que obren en los mismos. De igual derecho gozarán las personas que acrediten un interés personal y directo, de acuerdo con lo establecido en esta ley". Y especialmente en su segundo párrafo cuando reconoce el derecho de información de los administrados, que dice que "a estos efectos, la Administración de la Seguridad Social informará a cada trabajador sobre su futuro derecho a la jubilación ordinaria prevista en el artículo 205.1, a partir de la edad y con la periodicidad y contenido que reglamentariamente se determinen".

- Que en el plazo de seis meses proceda a la elaboración del Reglamento que determinará las condiciones que regirán el derecho de información."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002891

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a reclamar medidas urgentes para hacer frente a la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

La OIT lidera el creciente número de voces que reclaman medidas urgentes para hacer frente a la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo.

Su Informe V (1) Acabar con la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo recuerda que la cuestión es objeto de una máxima atención a nivel mundial, tras la reciente adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), que pide "lograr el empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, según la meta 8.5; reducir la desigualdad en y entre los países, según el objetivo 10; garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, según el objetivo 3; y lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, según el objetivo 5".

Según la OIT la propuesta de promover una norma que tratara de la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo tenía por objeto dar seguimiento a la Resolución relativa a la igualdad de género como eje del trabajo decente.

Esta resolución fue adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 98.ª reunión (2009), y en ella se pedía la prohibición de la violencia de género en el lugar de trabajo y la adopción de políticas, programas, leyes y otras medidas para prevenirla.

La propuesta de discusión de esta cuestión se presentó siete veces al Consejo de Administración de la OIT que decidió "inscribir en el orden del día de la 107.ª reunión (junio de 2018) de la Conferencia un


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punto sobre "La violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo" con miras a la elaboración de normas" y "convocar una reunión tripartita de expertos para brindar orientaciones".

Las reuniones preparatorias han debatió ampliamente acerca de la naturaleza de la violencia y el acoso, sus causas y efectos y las medidas necesarias para confrontarlos. En ellas, los expertos/as han convenido que existe un volumen considerable de pruebas que indican que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo persisten contra los trabajadores y otras personas.

Existe un consenso general de que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo incluyen no sólo aspectos físicos, sino también aspectos psicológicos y sexuales y se relama contar con más datos comparables sobre el impacto, las definiciones o las prácticas y las medidas que están aplicando los distintos actores del mundo del trabajo para afrontar el problema.

Las legislaciones vigentes en nuestro país definen el acoso sexual y el acoso por razón de sexo como una discriminación directa que vulnera los derechos fundamentales. Además del derecho a la intimidad de las personas, este tipo de conducta vulnera el derecho a la dignidad, igualdad y no discriminación por razón de sexo; derecho a la seguridad, salud e integridad física y moral de las personas trabajadoras, el derecho a la libertad sexual y finalmente de manera indirecta, el propio derecho al trabajo.

El artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres incorpora la definición de acoso sexual y acoso por razón de sexo y establece que:

- Se considerarán en todos casos discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

- El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.

Asimismo, el artículo 48 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres establece que:

1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.

2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarla.

La Directiva 2002/73/CE y la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de fechas 23 de septiembre de 2002 y de 5 de julio de 2006, respectivamente, recogen que el acoso relacionado con el sexo de una persona y el acoso sexual son contrarios al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Dichas formas de discriminación se producen no sólo en el lugar de trabajo, sino también en el contexto del acceso al empleo y a la formación profesional, durante el empleo y la ocupación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Modificar la Ley de igualdad para incorporar en el punto relativo a los planes de igualdad la obligación de las empresas de elaborar una política de tolerancia cero en el ámbito empresarial enfocadas a promover condiciones de trabajo que eviten el acoso laboral y el acoso por razón de sexo, a través de procedimiento regulados de actuación que comprometan a investigar las denuncias que puedan plantearse por los trabajadores/as de la empresa e incorporen códigos de conducta en los que se establezcan las medidas de prevención y protección a las víctimas potenciales y se indiquen los pasos a seguir en el caso de que éste se produzca.

2. Establecer la obligatoriedad de abordar en los Planes de Igualdad el acoso laboral, sexual o por razón de sexo, para implementar procedimientos y mecanismos internos y externos de resolución de conflictos y el estableciendo de un mecanismo de quejas accesible, confidencial y rápido para abordan de


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manera exhaustiva la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incorporando esa obligatoriedad a la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo y la legislación laboral que debe contemplar que sanciones y recursos de reparación, y apoyo y protección de las víctimas quedan garantizados.

3. Establecer, en colaboración con los representantes de los trabajadores/as, una campaña Estatal contra el acoso laboral, sexual y por razón de sexo en el trabajo para dar cumplimiento el artículo 48 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva que ofrezca información para conocer y entender que es el acoso laboral, sexual y por razón de sexo, así como para orientar la prevención, el acceso a medios de defensa e interposición de quejas.

4. Incorporar al Informe anual del Observatorio la recopilación de los datos sobre el alcance de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo con información desglosada por sexo.

5. Elaborar guías orienten a las empresas sobre la forma de contrarrestar estas conductas para que conozcan que factores organizativos pueden ser útiles para combatirlas.

6. Establecer para la AGE un kit de prevención de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, que incluya información sobre la legislación pertinente, las directrices sobre prevención y una lista de verificación de inspección.

7. Avanzar en el conocimiento e identificación de las características del acoso laboral a las mujeres, los trabajadores LGTBI, las personas con discapacidad, las personas que viven con el VIH y minorías étnicas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Ángeles Álvarez Álvarez y María del Rocío de Frutos Madrazo, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002894

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el establecimiento de un sistema de bonus/malus que fomente la contratación indefinida, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

Según los datos de la última Encuesta de Población Activa, desde el primer trimestre de 2012 la población activa ha disminuido en casi 670.000 personas, por debajo incluso de las cifras del año pasado: hoy hay en España casi 20.000 activos menos que en el cuarto trimestre de 2016. La tasa de actividad sigue en mínimos del 58,80%, por lo que sigue sin recuperarse la barrera del 60 %, que se perdió en el cuarto trimestre de 2013.

Pese a la mejoría del empleo, en nuestro país sigue habiendo 3.766.700 desempleados, de los cuales más de un millón son menores de 30 y casi otro millón son mayores de 50 años. Además, pese a que la tasa de desempleo global es del 16,55%, hay una gran diferencia por nivel educativo, afectando especialmente a los trabajadores con menor formación (por otra parte, hay que recordar que 9 de cada 10 desempleados no cursa ningún tipo de estudios).

En cualquier caso, los problemas laborales de los ciudadanos españoles no se acaban al conseguir un empleo: muchos de los nuevos trabajos que se crean en nuestro país son tremendamente precarios y el 26,7 % de los asalariados tiene un contrato temporal. En nuestro país hay más de 4,25 millones de ocupados con un contrato temporal, cuando hace un año eran poco más de 4 millones.

De los 1.652.088 contratos firmados a lo largo del pasado mes de diciembre, un 92% fueron temporales. No se trata esta cifra de una anomalía coyuntural: esta proporción se viene repitiendo mes a mes desde hace años. Así por ejemplo, en 2016 hubo en España casi 20 millones de contratos, de los cuales solo un 5,6 % (1.121.350) fueron indefinidos ordinarios: 7,7 millones de contratos fueron de obra y servicio, 8,6 millones fueron eventuales por circunstancias de la producción y casi 1,6 millones fueron de interinidad.


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Con las últimas cifras del Servicio Público de Empleo Estatal, se comprueba que en 2017 volvió a batirse un récord de contrataciones, al firmarse nada más y nada menos que 21,5 millones de contratos, de los cuales 19,57 millones fueron temporales (el 91 %).

Además, se constata cómo en el incremento del número de contratos firmados año tras año tienen un gran protagonismo los de muy corta duración: hasta el pasado noviembre, los de menos de una semana suponían ya el 24,8 % del total. Tal y como evidenciaba el economista Marcel Jansen, se observa un aumento explosivo en el número de contratos de menos de una semana, lo que tiene como resultado final una disminución en la duración media de los contratos y un aumento en la rotación.

Pocos datos como este muestran la principal debilidad de las cifras de paro y Seguridad Social: la precariedad e inestabilidad. Nuestro mercado laboral es una absoluta anomalía en Europa, abocándonos a una situación inaceptable en cualquier país desarrollado: a modo de comparativa, podemos ver cómo en su último libro, el economista y premio Nobel Jean Tirole evidenciaba que el desempleo en Francia es "estructural y no únicamente coyuntural" y lamentaba que "no ha bajado del 7 por ciento desde hace treinta años a pesar de una política de empleo muy costosa para las finanzas públicas". Es decir, lo que en Francia se considera una tasa de paro inaceptable se encuentra 11 puntos por debajo de la media de las últimas décadas en nuestro país.

Reseñando sus trabajos con el también economista Olivier Blanchard, señala que los objetivos de asegurar al trabajador contra el riesgo de perder su puesto de trabajo y permitir cierta flexibilidad a la empresa no son contradictorios y se pueden conciliar con un sistema de bonus-malus, un desincentivo para las empresas que utilicen de manera abusiva los contratos de duración determinada y un incentivo para aquellas empresas que despidan menos por esta causa. Se trata, por tanto, de una medida útil para acabar con el abuso de rotación laboral que afecta a millones de trabajadores que se pasan la vida entrando y saliendo del mercado laboral y, de este modo, reducir la temporalidad y la precariedad.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer desincentivos para las empresas que utilicen de manera abusiva un exceso de despidos por contratos de duración determinada mediante el incremento de las cotizaciones sociales por desempleo que deban satisfacer (malus) a la vez que se establece un nuevo incentivo (bonus) en las cotizaciones de aquellas empresas que despidan menos por esta causa y que incrementen su porcentaje de contratos indefinidos (comparadas con otras de su mismo sector), diseñándose esta medida de forma que no perjudique la creación de nuevas empresas y el desarrollo de nuevos sectores productivos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.-José Cano Fuster, Saúl Ramírez Freire y Sergio del Campo Estaún, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002901

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa a la regulación de las condiciones de ejercicio y derechos del colectivo de formadores profesionales para el Empleo.

Exposición de motivos

El Estado español, dentro de sus competencias para diseñar e implementar políticas activas de empleo, destina anualmente una importantísima cantidad de recursos económicos a la formación, realizando acciones formativas con el objetivo de mejorar la capacitación de sus destinatarios.


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Estas acciones formativas son impartidas por el colectivo de docentes de la formación profesional para el empleo. Estos docentes tienen que tener un triple requisito para poder impartir estas acciones formativas:

1.º Estar en posesión del Certificado de Profesionalidad de Docencia de Formación Profesional para el Empleo o tener experiencia profesional de un número de horas impartiendo formación.

2.º Estar en posesión de las acreditaciones requeridas para la impartición de los diferentes módulos formativos que se establecen en los diferentes reales decretos de publicación de los mismos.

3.º Además de la experiencia profesional requerida en el ámbito de la unidad de competencia a la que está asociado el módulo formativo, expresado en años, y que se establecen en los diferentes reales decretos de publicación de los mismos.

La situación actual del colectivo de docentes que imparten las acciones formativas de Formación Profesional para el Empleo es de una falta de regulación profesional lamentable.

No existe una normativa estatal que indique qué porcentaje mínimo de la subvención representará la suma de los costes directos imputables en concepto de retribuciones de los formadores internos y externos, de manera que nos encontramos con ofertas retributivas muy dispares para impartir una misma acción formativa, correspondiente a una misma subvención, en distintos centros formativos.

Cuando un docente diligenciado para impartir un Certificado de Profesionalidad por una comunidad autónoma imparte el mismo Certificado, pero en los planes estatales SEPE, los técnicos del SEPE no admiten la diligencia docente emitida por la Comunidad Autónoma, teniendo el docente que presentar de nuevo toda la documentación presentada con anterioridad en la administración autonómica.

Todas las acciones formativas programadas e impartidas en el Estado Español dentro de los diferentes planes de formación son sometidas a una evaluación. En esta evaluación, los alumnos evalúan el centro y la acción formativa propiamente dicha, así como al docente que la imparte. Estas evaluaciones quedan en el expediente de la acción formativa, el docente prácticamente nunca conoce la evaluación de sus alumnos, quedando esas calificaciones perdidas en un limbo que nadie conoce y no reflejadas en el expediente del docente.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"La Comisión de Empleo y Seguridad Social insta al Consejo de Gobierno a adoptar y desarrollar las siguientes medidas en relación con los docentes de la Formación Profesional para el Empleo:

1. Instar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a que, de forma inmediata, realice una base de datos de Docentes de Formación Profesional para el Empleo a nivel estatal.

2. Instar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en el menor plazo de tiempo posible, que los técnicos del SEPE den por buena la diligencia docente emitida por la consejería de Empleo de cada Comunidad Autónoma, como hace con la homologación de las aulas y talleres de los centros de formación colaboradores.

3. Instar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a que publique, en las diferentes convocatorias, de forma clara y concreta los costes directos en concepto de retribuciones a los formadores.

4. Solicitar que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) tenga presente a las organizaciones representativas de los docentes para el Empleo, para la elaboración, modificación y cambio de contenidos de las acciones formativas programadas para la mejora de la calidad de las mismas. Igualmente se tendrán en cuenta las aportaciones de los expertos.

5. Constituir una mesa de diálogo con las organizaciones representativas de los docentes de Formación Profesional para el Empleo para debatir las condiciones del colectivo y avanzar en la mejora de las mismas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2018.-Alberto Montero Soler, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/001966

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Reformulación de su Proposición no de Ley sobre el desmantelamiento de la Plataforma Castor.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la reformulación contenida en el presente escrito y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desmantelamiento de la Plataforma Castor, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

El 2 de agosto de 2007, el Ministerio de Industria publicaba en el BOE el proyecto Castor formado por tres grandes infraestructuras: una planta marina frente a la costa de la Rápita, Vinarós y Alcanar, para aprovechar como almacén de gas un yacimiento petrolífero agotado; un gasoducto de 30 kilómetros, y una planta de operaciones terrestre situada en el término municipal de Vinarós, pero físicamente más cercana a los núcleos de población catalanes de Ulldecona y Alcanar.

Desde el primer día este proyecto fue rechazado por las poblaciones de Alcanar y de la Rápita, así como de muchos otros municipios de las Terres de l'Ebre y del Sènia; y también por la Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia, movimiento social que ha liderado la oposición al proyecto. Han sido varias las denuncias, alegaciones, quejas, mociones, preguntas e iniciativas que se han presentado desde diferentes instituciones exponiendo los déficits, las carencias, las incógnitas, la opacidad, las dudas y las posibles irregularidades que ofrecía el proyecto.

Hace pocos días se hicieron públicos documentos internos de los Ministerios de industria y Energía donde se detallaba cómo la empresa justo antes de comenzar las obras triplicó el costo de las instalaciones, pasando de un presupuesto inicial de 400 M ? en enero de 2007 a los 1.272 M ? del año 2010. Además también se supo que no hubo un sistema transparente de adjudicación de la obra, por lo que en la práctica fue una "autoadjudicación". Así fue como solo se pudo presentar una única empresa, la ACS de Florentino Pérez, el cual a su vez, era el principal accionista de la empresa gestora del almacén de gas Escal UGS. Según un informe redactado en 2012 por la misma Secretaría de Estado de Energía, perteneciente al Ministerio de Industria; ACS podría haber incrementado hasta el 17 % su beneficio industrial gracias a la construcción del Castor.


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El 13 de junio de 2013 se comenzó a inyectar el gas natural en el almacén submarino y después de registrarse centenares de terremotos, el 26 de septiembre el Ministerio de Industria y Energía ordenaba el cese de la actividad del almacén de gas. Una instalación que aún estaba en fase de pruebas, y por tanto no estaba operativa.

En julio de 2014, Escal UGS renunció a la concesión de la explotación y el 3 de octubre del mismo año el Gobierno aprobaba un Real Decreto-Ley por el que se encargaba a Enagás la hibernación de las instalaciones del almacén de gas Castor y aprobaba el pago, en el plazo de 35 días, de una indemnización a la empresa concesionaria de 1.350 M ?. Y todo ello a avalado por una cláusula que lo autorizaba a pesar de haber podido existido "dolo o negligencia" por parte de la empresa. Esta cantidad más los respectivos intereses, serán pagados durante 30 años por los consumidores de gas mediante su recibo.

El 3 de mayo de 2017 el Ministerio de Energía hacía público el Informe del Massachusetts Institute of Technology (MIT) certificando lo que otros organismos y científicos ya habían advertido con anterioridad; es decir, que la inyección de gas en el almacén submarino Castor originó el millar de terremotos. Hay que recordar que la Declaración de Impacto Ambiental de las instalaciones del Castor no incluyó ningún estudio para evaluar los riesgos sísmicos asociados al proyecto a pesar de la proximidad de una falla en la plataforma marina. Y eso que tanto el Observatori de l'Ebre como el Institut Geológic de Catalunya y la Plataforma en Defensa de les Terres del Sènia habían apuntado y pedido la necesidad de hacer estudios detallados sobre el riesgo sísmico de la actividad.

El Ministerio, a raíz del informe del MIT anunció que el almacén de gas deberá desmantelarse cuando sea seguro y que continuará en estado de hibernación; eso sí, con un coste anual de 15,7 M ? que también recaerá en la factura del gas que pagan los consumidores.

Ante la necesidad de desmantelar de manera inmediata las instalaciones marítimas y terrestres del Castor, y de dirimir las responsabilidades políticas, técnicas y económicas de aquellos que autorizaron, tramitar, gestionar y aprobar la puesta en funcionamiento del Castor; el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Ordenar la clausura definitiva del almacén de gas submarino Castor, el sellado de los pozos y el desmantelamiento inmediato de todas sus instalaciones marítimas y terrestres, así como que se revierta a sus propietarios las servidumbres afectadas por el gasoducto, la retirada del gasoducto, la restitución ambiental y paisajística de los espacios afectados por el proyecto, y el estudio del resarcimiento para afectaciones, tanto del proyecto como de los terremotos, incluso en los casos de lucro cesante de fincas y empresas de los propietarios.

2. Crear una Comisión Informativa de seguimiento de las acciones para desmantelar las instalaciones del Castor de la que formarán parte los ayuntamientos y gobiernos autonómicos directamente afectados por los terremotos provocados por el Castor.

3. Elaborar un informe jurídico sobre la operatividad de las instalaciones del Castor tanto en el momento del inicio de los terremotos como hoy en día; de una auditoría técnica del proyecto sobre el que se autorizó, y la elaboración de un informe sobre la estabilidad y riesgo sísmico que presenta actualmente la zona que sufrió los sismos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2018.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los


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Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, relativa al deslinde, restauración y fomento de las Vías Pecuarias en apoyo a la ganadería extensiva y a las actividades ambientalmente compatibles a los efectos de un desarrollo sostenible del medio rural.

Exposición de motivos

Nuestro medio rural será vivo y activo, o no será. Y vivo y activo significa, obviamente, dotado de población estable y de economía diversificada. Pero también, de modo inevitable, significa conectado; significa vertebrado por caminos que se transitan, y que constituyen cauce de información, intercambio y relación. Esto es lo que ocurre con los caminos que nutren la trashumancia; cordeles, cañadas, veredas, todas las vías pecuarias se han nutrido, durante siglos, de lo que sucedía en el campo; han sido sinónimo de trama vital, de economía viable y duradera, precisamente, por su vínculo con el territorio.

Las vías pecuarias quedan definidas en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, como "las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido trascurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero" (art. 1.2). Con arreglo a su anchura, se clasifican en los siguientes tipos (art. 4): cañadas (cuya anchura no excede de los 75 metros), cordeles (tienen una anchura máxima de 37,5 metros) y veredas (con una anchura no superior a los 20 metros). Las vías pecuarias son bienes de dominio público y cuya titularidad ostentan las Comunidades Autónomas (art. 2). De acuerdo con esta titularidad, las Comunidades Autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Navarra y La Rioja han desarrollado normativa específica.

La red general de vías pecuarias está formada por un extenso entramado de rutas ganaderas distribuidas a lo largo de toda la geografía española, que, con unos 125.000 km de longitud y 400.000 hectáreas de superficie, lo que supone algo menos del 1 % de la superficie nacional, conectan los pastos de invierno con los puertos de montaña. Del total, por Andalucía transcurren 30.897 km y ocupan un total de 112.469 H.

La Ley reconoce que el uso prioritario de las vías pecuarias es el tránsito ganadero, aunque podrán ser objeto de otros usos compatibles y complementarios. En concreto, el conjunto del ordenamiento le reconoce su enorme valor como corredores ecológicos, además de los valores históricos y culturales al incorporar un patrimonio intangible en la medida que representan el espacio en el que históricamente se ha desarrollado un amplio elenco de elementos culturales como saberes, folklore, gastronomía, construcciones, el propio trazado de las cañadas, la práctica del pastoreo.

Pero además, tenemos que resaltar la enorme potencialidad que encierra en sus valores turístico recreativos: la función recreativa integra entre los usos complementarios posibles de las vías pecuarias actividades como el paseo, el senderismo o la cabalgada (art. 17), con el fin de satisfacer la creciente demanda social del turismo activo y del turismo en los espacios naturales. En este sentido es de gran interés el programa de "Caminos Naturales" de MARM que, a través de la recuperación para el uso público de tramos de vías pecuarias (y otros caminos y rutas históricas), pone al alcance del ciudadano una gran diversidad paisajística y cultural vinculada con la trashumancia.

Debido a su carácter de bien de dominio público y de acuerdo con las funciones otorgadas por la ley, únicamente pueden ser desafectadas aquellas vías o tramos que no sean apropiadas para el tránsito ganadero o aquellas en las que no sean posibles otros usos. Esta calificación es fundamental para su conservación, puesto que su carácter de bien público prevalece frente a cualquier intento de usurpación o apropiación particular y privada. En definitiva, se trata de un enorme y valioso patrimonio común.

A pesar de su valor, puede afirmarse sin lugar a duda, que el estado físico o material de las vías pecuarias es muy deficiente. Presentan un mal estado de conservación en su trazado y de las infraestructuras asociados a ellas. Los principales factores que han contribuido a la alteración de las vías pecuarias son: intrusismo de carácter agrícola, social y especulativo (urbanístico); afecciones por la construcción de infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, embalses,); desarticulación por planeamiento urbanístico y rural (concentración parcelaria); otras afecciones derivadas de la instalación de escombreras y vertederos. A estas alteraciones, que tienen como consecuencia inmediata la pérdida y desconexión de las vías pecuarias, se unen el mal acceso a las infraestructuras de agostadero e invernadero, así como la falta y deterioro de abrevaderos, además de la ausencia de señalización. Muchas de estas situaciones derivan en pérdida del patrimonio público común.

El enorme valor que encierran, y las presiones a las que se somete, hacen que muchas organizaciones y colectivos sociales y ecologistas, vinculados a la población rural, demanden la protección de las vías


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pecuarias, llegando a sufrir ataques y atentados contra su persona, como sucedió hace pocos meses con la falsa acusación levantada contra el activista ambiental Juan Clavero por defender un plan de choque contra la usurpación de las vías pecuarias.

Resulta fundamental destacar a los efectos de esta Proposición no de Ley, que la Ley de Vías Pecuarias, crea la Red Nacional de Vías Pecuarias "en la que se integran todas las cañadas y aquellas otras vías pecuarias que garanticen la continuidad de las mismas, siempre que su itinerario discurra entre dos o más Comunidades Autónomas y también las vías pecuarias que sirvan de enlace para los desplazamientos ganaderos de carácter interfronterizo" (art. 18.1), a la que podrán incorporarse, "a petición de las Comunidades Autónomas, otras vías pecuarias que, discurriendo por sus territorios respectivos, estén comunicadas con dicha Red" (art. 18.2). Esto hace que los actos dispositivos que afecten a estas vías pecuarias son informados por la Administración General del Estado (art. 18.3).

En función de ello, la Ley faculta a la Administración General del Estado para colaborar con las Comunidades Autónomas, técnica y económicamente, en pro de la defensa y preservación de las vías pecuarias, disponiendo al efecto: "Con el fin de cooperar con las Comunidades Autónomas en el aseguramiento de la integridad y adecuada conservación del dominio público de las vías pecuarias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá instrumentar ayudas económicas y prestar asistencia técnica para la realización de cuantas acciones redunden en la consecución de dicha finalidad" (art. 3.2).

Atendiendo a esta cuestión la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados aprobó en el año 1998 una Proposición no de Ley, en la que instaba al gobierno a elaborar en colaboración con las CCAA un Plan Nacional de Recuperación de Vías Pecuarias. La petición fue reiterada en el año 2003 en el Senado, y en el año 2005 se presentó el citado plan de actuación ante el Congreso Nacional de Vías Pecuarias. La lentitud en la aplicación del plan y la subejecución presupuestaria hacen del Plan tan solo un brindis al sol. En no pocas ocasiones, se han desarrollado los deslindes sin que hayan sido ejecutados finalmente perdiendo así todo el dinero público invertido en el proceso.

Las Vías Pecuarias, y la trashumancia siguen estando en el territorio de nuestros campos, dispuestas, esperando su nuevo turno, queriendo demostrar su inmensa capacidad como soporte de un fenómeno ecológico, económico, sociocultural y emocional de enorme relevancia nacional.

Por todo ello, presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar la aplicación del "Programa Nacional de Promoción de Vías Pecuarias" que se concreta en la ejecución de proyectos de clasificación, deslinde, amojonamiento y señalización de vías pecuarias, que, cofinanciados y ejecutados por las partes, son objeto de cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. Este proceso se iniciará tras una valoración previa de la situación general de cada vía pecuaria, en el cual se valore el nivel de deterioro y la situación de presión y conflicto existente con otros usos, de manera que, el Programa se empezará ejecutando en aquellas vías y en aquellos tramos donde es más necesario para evitar o revertir situaciones de apropiación.

2. Desarrollar un plan concreto de recuperación de aquellos tramos que han sido usurpados indebidamente o en los cuales se ha procedido al cierre que impide su uso económico y social para el que están destinadas.

3. A fin de solventar los problemas de interpretación que pueda motivar la definición jurídica de la Red Nacional de Vías Pecuarias, conseguir que la Administración General del Estado, en colaboración con las Comunidades Autónomas, explicite todas y cada una de las vías pecuarias integrantes de dicha Red y procederá a su publicación oficial.

4. Impulsar la ejecución de la Estrategia de Valorización de la Red Nacional de Vías Pecuarias en su componente del Programa de Caminos Naturales de manera que las actuaciones locales estén integradas en una estrategia que garanticen la conectividad que es básica para su viabilidad.

5. Impulsar un Programa Nacional de Voluntariado en Vías Pecuarias, en colaboración con las organizaciones sociales y ecologistas y a través del cual se financien proyectos de carácter innovador centrados en la custodia del territorio.


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6. Impulsar el reconocimiento institucional y la declaración por parte de diferentes organismos internacionales, en particular de la UNESCO, de la "La Red Nacional de Vías Pecuarias" como Patrimonio de la Humanidad, y por parte del Consejo de Europa como Itinerario Natural y Cultural Europeo."

Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2018.-Diego Cañamero Valle, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002890

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a crear una Agencia Única de Evaluación de Productos Fitosanitarios, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Se denominan productos fitosanitarios a aquellas sustancias activas y preparados destinados a proteger los vegetales o productos vegetales contra las plagas o evitar la acción de estas, mejorar la conservación de los productos vegetales o influir en el proceso vital de los mismos de forma distinta a como actúan los nutrientes. También se consideran productos fitosanitarios las sustancias que destruyen las plantas y regulan o inhiben la germinación. Los productos fitosanitarios contribuyen de este modo a aumentar los rendimientos en la agricultura y ayudan a asegurar una buena calidad en los alimentos.

Tal y como establece el Reglamento (CE) n.º 1107/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 relativo a la comercialización de productos fitosanitarios y por el que se derogan las Directivas 79/117/CEE y 91/414/CEE del Consejo, en el marco de la producción vegetal, el uso de productos fitosanitarios es una de las formas más importantes de proteger los vegetales y los productos vegetales contra organismos nocivos, incluidas las malas hierbas, y de mejorar la producción agrícola. Los productos fitosanitarios son medios imprescindibles para la producción agrícola, tanto bajo los sistemas convencionales de agricultura como bajo otros sistemas de agricultura (como la integrada o la ecológica) pues los estragos potenciales de las diferentes clases de plagas pueden hacer inviables muchos cultivos en las zonas de producción de mayor interés económico y social, e incluso la posibilidad de mantener almacenadas las cosechas.

No obstante, el uso de productos fitosanitarios puede también tener efectos desfavorables y no deseables, en particular si se comercializan sin haber sido ensayados y autorizados oficialmente. Por tanto, es imprescindible que estos efectos no sean en ningún modo peligrosos para la salud humana, ni tampoco que lleguen a presentar niveles de riesgo inaceptables para el medio ambiente, incluidas la flora y la fauna silvestres. Se debe garantizar un alto grado de protección de la salud humana y animal y del medio ambiente, a la vez que salvaguardar la competitividad de la agricultura, prestando especial atención a la protección de grupos vulnerables de población como, por ejemplo, las mujeres embarazadas, los lactantes y los niños, y aplicando el principio de cautela, garantizando que la industria demuestra que las sustancias o productos producidos o comercializados no tienen efectos nocivos en la salud humana o animal ni efectos inaceptables en el medio ambiente. Uno de los aspectos que se deben evaluar previamente a la autorización de un producto fitosanitario es la determinación de los riesgos para la salud humana mediante la identificación de los riesgos sanitarios y, en su caso, el establecimiento de medidas que controlen, mitiguen o eviten dichos riesgos.

En consecuencia, el Estado debe aplicar los mecanismos necesarios para que sólo puedan comercializarse aquellos productos fitosanitarios que sean útiles y eficaces para combatir las plagas, pero que no comporten otros riesgos colaterales. Para que un producto pueda comercializarse debe estar autorizado previamente e inscrito necesariamente en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios. Sin embargo, a día de hoy, mientras que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente es el órgano nacional competente designado para la coordinación de las acciones que se regulan por el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, aquellos aspectos relacionados con la salud humana


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corresponden al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, encargado de establecer la coordinación con las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas a través de la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El sistema actual, basado en varias autoridades competentes, se caracteriza por su lentitud y falta de coordinación, lo que dificulta la aplicación de criterios unificados de evaluación y va en contra de que debería ser la tendencia general de la Administración de fomentar la reducción de las cargas administrativas, haciéndola más eficaz y eficiente. En este aspecto, España se sitúa lejos de otros Estados Miembros como Francia, Reino Unido o Alemania en lo que se refiere al plazo para registrar un producto fitosanitario, pudiendo este llegar hasta los seis años. De este modo, se crea un claro perjuicio para los agricultores de nuestro país y para su competitividad dentro de la Unión Europea y a nivel internacional, ya que llegan tarde a los últimos avances tecnológicos para la protección de cultivos.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a crear una Autoridad Única de Evaluación de Productos Fitosanitarios que unifique y armonice el actual procedimiento de registro, evaluación y autorización de estos productos que hasta ahora realizan los Ministerios de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de manera que se acorten los plazos actuales y se reduzca la carga administrativa, se logre la armonización de criterios y sistemas y se fomente la eficiencia, la competitividad y la innovación, sin perjuicio de lograr el objetivo general del Plan de Acción Nacional (PAN) para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez y Francisco Igea Arisqueta, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002898

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la inclusión en los Presupuestos Generales del Estado de la Gran Senda del Navia, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La Diputación de Lugo y el Principado de Asturias, con el apoyo de dos federaciones de senderismo y montaña, once asociaciones culturales y deportivas y una fundación cultural, presentaron en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, el anteproyecto para la Gran Senda del Navia, en dicho anteproyecto exponen que sería necesario apoyar esta ruta que podría ser subvencionable a través del programa Caminos Naturales.

Consideran los promotores que la gran senda sería una oportunidad social y económica contra el abandono del territorio que se está produciendo en toda la zona.

La senda tiene 428 kilómetros de recorrido cerca del río Navia, 143 kilómetros desde el nacimiento del río cerca de O Cebreiro hasta la desembocadura en el Mar Cantábrico.

Afecta a cuatro comarcas, dieciséis municipios y unos treinta y tres mil habitantes. Estas comarcas experimentan con especial dureza la quiebra del modelo económico agrario tradicional, cuyas consecuencias más graves son el envejecimiento de la población y la dinámica demográfica regresiva, por eso son necesarios proyectos territoriales que, aprovechando los recursos del territorio, puedan generar nuevas actividades económicas y oportunidades de empleo para las poblaciones locales.

Esta senda tendría conexión con tres caminos de Santiago: en O Cebreiro con el Francés, en Allande-Salime con el Primitivo y en Navia-Coaña con el Camino Norte, los tres son Patrimonio de la Humanidad. También tendría conexión con dos autovías, crearía una senda cicloturista y senderista por el entorno del


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Navia y disfruta de una serie de singularidades que la harían muy atractiva: la riqueza patrimonial y natural que hay en los dieciséis municipios, afición al senderismo y demanda de recorridos señalizados en buenas condiciones y con discurso cultural y natural.

Los promotores de la senda también destacan que se trata de una oportunidad para poner en práctica un proyecto innovador basado en la cooperación entre los municipios y las comunidades autónomas afectadas.

Los grandes aprovechamientos hidroeléctricos del río, Arbón, Doiras y Salime, anegaron las vegas fértiles del río y borraron la red de caminos tradicionales y sus vados, alterando radicalmente su paisaje.

Para la apertura de un gran recorrido que tenga al río Navia como argumento e hilo conductor proponen aprovechar los caminos tradicionales existentes vinculados a la actividad agraria y forestal, recuperando aquellos que hayan caído en desuso y recurrir a los tramos de carretera solo cuando no haya otra alternativa.

También proponen enlazar las áreas y elementos del patrimonio natural, arquitectónico y etnográfico y procurar perspectivas del valle inéditas.

Por ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta Gobierno a que apoye e incluya en los Presupuestos Generales del Estado la Gran Senda del Navia propuesta por la Diputación de Lugo y el Principado de Asturias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.-Margarita Pérez Herráiz, Adriana Lastra Fernández y Natalia González Peláez, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002919

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa a la inclusión del Caballo de la Montaña Asturiana en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El final de la agricultura tradicional a mediados del siglo XX, supuso un fuerte descenso de la población equina. En el norte de España, el reducido censo que queda se orienta básicamente hacia la producción cárnica. La cría del caballo de carne en España ha estado tradicionalmente limitada al Norte peninsular: Asturias, Cantabria, norte de Castilla-León, País Vasco, Navarra, La Rioja y Cataluña. En estas regiones, el cruce de yeguas del país con sementales foráneos dio lugar a las principales poblaciones de equino de carácter cárnico de España como son el Caballo de la Montaña Asturiana, el Hispano-Bretón, el Burguete, el Caballo de Monte del País Vasco y el Caballo Pirenaico Catalán. Tanto en la forma de manejo como en la morfología, existen muchas semejanzas entre las poblaciones mencionadas, debido a que la base territorial, geográfica y climática es la misma.

Esta población ha mantenido sus cualidades de rusticidad, adaptación al terreno y buena fertilidad; las especiales características orográficas y ambientales de Asturias, acabaron confiriendo a este ganado un sello particular y característico.

El sistema de explotación se ha mantenido en régimen extensivo contribuyendo a la conservación del medio natural, ya que los rebaños se suelen mantener durante todo el año en el exterior, en sierras, montes comunales y praderas. Su alimentación se basa en el aprovechamiento de los recursos naturales, sin aportaciones complementarias, salvo excepciones en épocas de duros inviernos o en momentos reproductivos puntuales. Los animales únicamente se recogen del exterior para realizar el destete de potros/as o para aplicar alguna medida sanitaria de uso común. Por este motivo es destacable la importante


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labor medioambiental que desarrollan en el monte, eliminando de forma eficiente matorral y carga combustible y reduciendo, así, el riesgo de incendios.

El Real Decreto 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservación, mejora y fomento de las razas ganaderas, define las razas autóctonas españolas como las que se han originado en España, catalogándose como razas de fomento, aquellas que por su censo y organización se encuentran en expansión y como razas en peligro de extinción, aquellas que se encuentran en grave recesión de acuerdo con criterios establecidos a nivel nacional o internacional.

Cerca de 950 criadores de ganado equino en Asturias están promoviendo la inclusión del Caballo de la Montaña Asturiana en el Catálogo Oficial de Razas de Ganado de España con el objetivo de recuperar la cabaña ganadera de esta raza, ordenar su explotación y selección, así como trabajar adecuadamente en la promoción de la misma.

Sobre la identidad de esta cabaña ganadera se han elaborado una serie de estudios tal y como aparece reflejado en la publicación del 2016 "El Caballo de la Montaña Asturiana", en cuyo contenido se incluye la caracterización genética y morfológica de esta cabaña ganadera asturiana.

Teniendo en cuenta que el sector ganadero es vital para la economía asturiana y dado que su diversificación lo enriquece, favorecer a la ganadería extensiva supone una verdadera apuesta por un sector que, no solo produce beneficios económicos y sociales sobre las zonas rurales, cada vez más abandonadas, sino que también mejora el mantenimiento de pastizales de montaña y, por tanto, acciones de esta índole se enmarcarían dentro de las encaminadas a la prevención de incendios forestales en las montañas asturianas.

Los objetivos finales son: la viabilidad económica de la producción de equino, la promoción de la carne de potro, la apertura de canales de comercialización y la creación de una IGP y un sello ecológico, para lo cual es necesario el reconocimiento en primer lugar como raza.

El reconocimiento de una raza equina asturiana, "el Caballo de la Montarla Asturiana", con los beneficios apuntados, exige un compromiso claro del Gobierno con el conjunto de los criadores.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Apoyar y proponer ante los organismos responsables del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente la inclusión del "Caballo de Montaña Asturiana", en el catálogo oficial de Razas de Ganado de España.

2. Apoyar con dotación económica suficiente la elaboración de un programa de conservación y mejora del Caballo de la Montaña Asturiana."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2018.-Antonio Gómez-Reino Varela y Segundo González García, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002924

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Proposición no de Ley sobre la retirada de los residuos de fibrocemento con amianto en el término municipal de Toledo para proceder a su tratamiento y descontaminación.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la incorporación de firma contenida en el escrito número de registro 74518, y considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, admitirla a trámite como Proposición no


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de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sobre la retirada de los residuos de fibrocemento con amianto en el término municipal de Toledo para proceder a su tratamiento y descontaminación.

Exposición de motivos

La fábrica Ibertubo, instalada en el barrio del Polígono de Toledo en la década de los setenta y dedicada a la fabricación de material de construcción con fibrocemento, nunca estuvo dada de alta como gestora ni productora de residuos pero se deshacía de los mismos de manera sistemática utilizando parcelas y zonas cercanas a su ubicación. A consecuencia de estos hechos, en los alrededores de la fábrica desmantelada, a una distancia de entre cincuenta y trescientos metros de la zona habitada, así como en distintos puntos del arroyo Ramabujas y sus inmediaciones, se encuentran en la actualidad una serie de vertidos o abandonos de restos de fibrocemento provenientes de lodos y virutas, cubiertas de uralita y fragmentos de tuberías que se ha demostrado que contienen amianto.

Estos residuos se encuentran depositados en:

- Parcela 9002 polígono 85 (arroyo Ramabujas).

- Parcelas 1 y 4 del polígono 85.

- Parcela 19 polígono 87 (están mezclados con residuos de construcción y demolición).

Parte de estos residuos se encuentran depositados en el cauce del arroyo, por lo que se están degradando con mayor facilidad y son susceptibles de transporte hídrico aguas abajo hasta desembocar en el Tajo, y otros a una distancia de aproximadamente trescientos metros de algunas viviendas del denominado Polígono de Toledo, con el consiguiente riesgo para la salud humana por la exposición al polvo de amianto.

A raíz de la denuncia interpuesta en 2014 por la Asociación de Vecinos "El Tajo", la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, Izquierda Unida y Ecologistas en Acción Toledo, la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado ha llevado a cabo un seguimiento de esta situación y de su evolución (Expediente Gubernativo 140/2014), de la que se obtienen los datos e informaciones que se recogen a continuación:

La empresa ibertubo se desmanteló en 2002 siendo autorizada por la Dirección General de Calidad Ambiental a gestionar sus propios residuos, una gestión que consistió en la cementación y el depósito de residuos inertes.

Esta misma empresa ya fue denunciada por riesgos laborales durante el proceso de fabricación con amianto, lo que supuso la apertura en el año 2002 de las diligencias 3/2002 por supuesto delito contra la salud de los trabajadores y contra los recursos naturales y el medio ambiente, entregadas en el Juzgado de Instrucción n.° 2 de Toledo y que dieron origen al Procedimiento Diligencias Previas 594/2002.

Como consecuencia de lo anterior, la Inspección de Trabajo realizó sucesivas visitas a la fábrica en las que confirmaron la existencia de fibras de amianto tanto en el interior de la nave como en los residuos del exterior, destacando el hallazgo de crocidolita en el techo del túnel.

En el atestado del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) incorporado a las citadas Diligencias, se informa de que la empresa lbertubo se dedicaba a la fabricación de todo tipo


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de tuberías y placas de cemento y amianto, y de la denuncia sobre los problemas potenciales de salud de varios empleados debido a la falta de medidas de seguridad adecuadas en los trabajos relacionados con la manipulación de las fibras de amianto. Los residuos producidos por la empresa (polvo de amianto, fibras, lodos de decantación e incluso amianto duro) eran depositados en el interior de la fábrica.

Con respecto a los residuos de amianto, hay varios informes en los que se confirma su depósito sin control y la presencia de este material.

La fábrica, en este tiempo, procede al desmantelamiento y retirada de los residuos que existían en sus instalaciones en un proceso controlado, retirándose unas 30.000 toneladas, con lo que la Junta de Comunidades dio por concluido el proceso de cierre y descontaminación de la fábrica (hoy en día es un solar en venta).

En el periodo transcurrido desde el desmantelamiento hasta 2008, las denuncias públicas se hicieron a la Consejería de Medioambiente y al Ayuntamiento de Toledo, así como al Seprona.

La Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en escrito de agosto de 2008 señalaba que, en relación con las Parcelas 3, 9002, 4 y 1 del polígono 85 y las parcelas 2 y 19 del polígono 87, se detectaron restos de materiales que contenían fibras de amianto y que las muestras que se tomaron daban cantidades variables de diversas fibras de amianto (crisotilo, amosita, crocidolita). Los mayores porcentajes pertenecen al crisotilo, siendo menores para amosita y crocidolita. Este hecho se pone en conocimiento del Ayuntamiento de Toledo el cual a su vez se lo comunica a los propietarios de estas parcelas para que realicen las tareas de saneamiento necesarias de acuerdo con la Ley de residuos. No hubo ninguna actuación.

La Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, en informe de 10 de octubre de 2014, señala que la Comisión Municipal de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo aprobó en 1996 el vertido de residuos inertes en distintas parcelas del término municipal de Toledo (parcela 3 del polígono 26 y parcela 10 del polígono 35-91) a instancia de lbertubo, con la condición de que se limitaran a cascotes de tubo, no sacos, polvos o lodos, ni fieltros con lodos. En julio de ese año, lbertubo solicita sustituir las parcelas mencionadas por la parcela 40 del polígono 29 con las mismas condiciones iniciales. En inspecciones realizadas por la Patrulla Verde del Ayuntamiento de Toledo se comprobó que incumplió el condicionado. Sin embargo, no hubo ninguna actuación.

En este informe también se indica que en abril de 2008 la Dirección General de Planificación y Gestión Ambiental encarga a la empresa Investigación y Tratamiento de Reciclaje un estudio sobre la extensión y cantidad de los residuos de fibrocemento en los distintos puntos del paraje de Ramabujas. Se estimó un volumen total de algo más de 57.000 m3 de residuos de fibrocemento en ocho focos localizados en parcelas de este paraje. Entre estos residuos había lodos de corte de materiales con amianto.

También se encargó a la empresa Sociedad de Prevención de lbermutuamur un estudio de exposición ambiental a fibras de amianto en el que se realizaron mediciones ambientales el 15 de julio y el 2 de diciembre de 2008, obteniéndose valores por debajo del valor límite ambiental de exposición diaria. Como consecuencia de las denuncias interpuestas antes mencionadas, informan que se va a realizar un nuevo estudio ambiental sobre presencia de fibras de amianto en el aire para valorar el grado de riesgo de estos residuos para la salud de las personas. Hay que resaltar que no hay legislación sobre la exposición al amianto en exterior, con lo que se toma la normativa para interiores. Se incide en la circunstancia de que la población está expuesta veinticuatro horas diariamente, sin ningún tipo de protección. Sin embargo, para en el ámbito de trabajo se contempla toda una serie de equipos de protección individual (FPI) y los trabajadores tienen una exposición por turnos de trabajo.

Miembros de esta Unidad Técnica, junto con el equipo del Seprona de Toledo, efectuaron el 18 de noviembre de 2014 una visita de inspección por la zona donde se denunció el depósito de residuos de amianto, en la parcela donde se ubicaba la empresa lbertubo y en una adyacente a la misma.

Tras la inspección, esta Unidad Técnica planteó varias líneas de actuación. La propuesta de toma de muestras de material sólido fue descartada ya que en la documentación remitida por la Junta de Castilla-La Mancha se ponía de manifiesto que el análisis de muestras tomadas en 2008 concluyó sin lugar a dudas la presencia de amianto en los restos que existen en el paraje. La muestra del aire ambiente carece de sentido, dado que la facilidad de dispersión de las microfibras de amianto impide obtener resultados técnicamente significativos, aunque sí que sirve para demostrar presencia de fibras.

Teniendo en consideración los anteriores antecedentes, el informe final de la Unidad Técnica Adscrita al Fiscal de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo de mayo de 2016 ponía de manifiesto la peligrosidad de los residuos en cuestión al comprobarse que podían estar siendo liberadas al aire fibras de amianto


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con el consiguiente riesgo de inhalación de las mismas, por lo que se dio traslado del mismo tanto al Ayuntamiento de Toledo como a la Comunidad Autónoma y a la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Posteriormente, se elaboraron informes tanto de la Confederación Hidrográfica del Tajo como de la Junta de Castilla-La Mancha dando cuenta de las actuaciones que se estaban llevando a cabo y de la retirada parcial de residuos con amianto en el paraje Ramabujas y en otras zonas de Toledo. Se indicaba en estos informes que se había procedido a la retirada de distintas cantidades de material contaminado pero que aún no se lograba dar una solución definitiva. Para ello se puso en marcha una comisión técnica en cuyo marco se iba a elaborar un informe actualizado sobre las dimensiones de los vertidos y sobre actuaciones a realizar. Esta comisión técnica, formada por las tres administraciones, solamente elaboró un borrador con lo que se puede afirmar que no ha funcionado en ningún momento.

A su vez, la empresa pública Emgrisa, especializada en la gestión de residuos, elaboró un informe sobre la solución técnica adecuada para nueve focos. En dos de ellos recomendaba la cubrición, en seis la retirada total y en uno un procedimiento mixto.

Solicitada nuevamente información al Ayuntamiento de Toledo, éste confirmó las tareas de sellado en algunas de las parcelas afectadas por la existencia de residuos con amianto por parte de la empresa pública Tragsa, encargada de dichos trabajos por la Junta de Castilla-La Mancha, sin haberlo constatado. Cuando el Ayuntamiento hizo esta afirmación los trabajos aún no habían comenzado.

La Fiscalía también solicitó a la Consejería competente que se informase oficialmente sobre dichos trabajos y en qué van a consistir, finalmente, para evitar riesgos para el medio ambiente y la salud de las personas. El 22 de diciembre de 2017, el viceconsejero de Medio Ambiente comunicó los acuerdos del Consejo de Gobierno autorizando el gasto derivado de las órdenes de encargo a Tragsa para el sellado de dos focos de los dieciséis afectados (en el informe de Emgrisa encargado por el Ayuntamiento únicamente se reconocen nueve). Se están tramitando los permisos y autorizaciones administrativas necesarias respecto al resto de los núcleos afectados.

Como indicó en su día la Unidad Técnica Adscrita al Fiscal de Sala, el material enterrado no presentaría en principio un riesgo elevado siempre y cuando no haya un movimiento de tierras que suponga la ruptura de materiales que conlleve la liberación de fibras de amianto a la atmósfera.

Evidentemente, la solución del sellado no es una solución definitiva y el riesgo de una ruptura del material que ocultan los residuos supone una posibilidad que volvería a poner en peligro la salud de las vecinas y vecinos de la ciudad de Toledo y en riesgo el medio ambiente de la comarca.

De acuerdo con la Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, los residuos a los que nos estamos refiriendo están considerados como residuos peligrosos (residuos de la fabricación de fibrocemento que contienen amianto), por lo que no es aceptable en modo alguno que no se tomen medidas al respecto. Unas medidas definitivas, ya que dichos residuos tendrían que ser recogidos y gestionados por gestor un autorizado en residuos peligrosos.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar y poner en marcha un Plan de retirada de los residuos de fibrocemento, polvo de amianto, fibras, lodos de decantación y amianto duro de los depósitos existentes actualmente en el término municipal de Toledo para proceder a su tratamiento y descontaminación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de febrero de 2018.-Eva García Sempere y María Gloria Elizo Serrano, Diputadas.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas


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para impulsar la declaración del cultivo de la Uva Pasa de la Axarquía (Málaga), como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El 23 de noviembre de 2017, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), acordaba declarar el cultivo de la Uva Pasa de la Axarquía como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). Este reconocimiento sitúa en el mapa mundial a la provincia de Málaga, y más concretamente a la comarca de la Axarquía, por mantener vivo un sistema de cultivo basado en prácticas sostenibles de gestión de los recursos naturales adaptadas a las condiciones climáticas de la zona, que ha modelado el paisaje y forma parte de la cultura y la idiosincrasia de la población y que ha permitido el desarrollo económico del territorio.

Hoy por hoy, solo existen dos reconocimientos de SIPAM en toda Europa, el sistema de extracción de sal del Valle Safado de Añana en Álava y el cultivo de la Uva Pasa en la Comarca de la Axarquía. En todo el mundo estaríamos hablando de 36 SIPAM reconocidos en 15 países. Gracias al trabajo de familias enteras de agricultores y agricultoras de la Axarquía, España es uno de esos 15 países.

Según la FAO, el concepto de SIPAM es distinto y más complejo que el de un sitio convencional de patrimonio o de área protegida. Un SIPAM es un sistema vivo, en evolución, formado por comunidades humanas en estrecha relación con su territorio, ambiente cultural, agrícola o ambiente biofísico y social más amplio.

La resiliencia de los SIPAM se ha desarrollado y adaptado para enfrentar diversas situaciones de cambios como eventos naturales, tecnologías nuevas o cambios políticos y sociales, con el fin de aliviar posibles riesgos y garantizar la seguridad alimentaria y la supervivencia de sus habitantes. Las estrategias dinámicas de manejo y los procesos que permiten el mantenimiento de la biodiversidad y de los servicios esenciales de estos ecosistemas se caracterizan por una continua innovación tecnológica y cultural, y por la transferencia de conocimientos entre generaciones y el intercambio con otras comunidades y ecosistemas.

La riqueza y amplitud del conocimiento y de las experiencias atesoradas en el manejo y en el uso de los recursos naturales son elementos de importancia mundial que necesitan ser preservados, y al mismo tiempo, evolucionar para subsistir.

En la Axarquía, desde antes del imperio Nazarí (siglos XIII-XV), el viñedo ya se constituyó como el cultivo con mayor rentabilidad, dada la productividad y condiciones del terreno. El mayor esplendor de la uva pasa se alcanza a finales de los años setenta del siglo XIX, en el que llegó a dominar la totalidad de la superficie teóricamente utilizable con carácter de casi monocultivo, existiendo una patente relación entre el cultivo de la vid y la topografía accidentada.

Actualmente, unas 3.000 familias dependen de esta actividad, elaborando unos 400.000 kilos de uva pasa moscatel cada año. Son 1.113 hectáreas de terrenos dedicados a este cultivo, cuya actividad fue regulada en 2013 por la denominación de origen Pasas de Málaga.

El punto de partida para alcanzar este prestigioso reconocimiento fue la creación de la Asociación Moscatel, que pretendía poner en valor las profesiones, la cultura y la economía relacionadas con los viñedos y la producción de pasas. A finales de 2015, comienzan a preparar la propuesta para presentarla ante la FAO. En la primavera de 2016, ya habían agrupado a municipios de la comarca, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, Consejo Regulador de las denominaciones de origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga, desarrollando un taller de preparación de la propuesta en el municipio de Almachar. Solo unos meses después se crea el Comité Técnico, promovido por la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, que terminó de preparar e impulsar la candidatura a través del Ministerio de Agricultura para ser entregada a la FAO. Se llegó a difundir y defender la candidatura en un congreso internacional de la FAO celebrado en Pekín.

Tras la declaración SIPAM la comarca de la Axarquía no ha parado. Así, el municipio de Almachar contará con un museo etnográfico y un centro de interpretación de la uva pasa de la Axarquía, en un edificio protegido del casco urbano con salas de exposiciones interiores y exteriores que ofrecerán al visitante un recorrido por el proceso de elaboración de la pasa, además de sala de proyecciones, oficinas, almacenes, tienda, etc. No cabe duda de que el nuevo museo y centro de interpretación servirán para preservar la historia de la pasa en Málaga y dar a conocer las técnicas de recogida de la uva, el secado


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en los paseros, el desgrane y la selección, así como la pisa de la uva para obtener los vinos dulces y otras variedades.

Por la importancia de este reconocimiento, no sólo para la comarca de la Axarquía sino también para la provincia de Málaga, la Comunidad Autónoma y el conjunto del Estado, todas las administraciones deben implicarse en dar a conocer y potenciar el cultivo de la Uva Pasa. Desde la administración autonómica y la estatal se ha impulsado el reconocimiento en colaboración con los municipios y la comarca, y ahora ha llegado el momento de la materialización del trabajo y recoger los frutos.

Con la declaración de SlPAM, el Museo Etnográfico de la Uva Pasa en Almáchar cabra aún más sentido, por lo que debería abrir sus puertas cuanto antes para aprovechar las sinergias que se van a producir con la declaración de la FAO.

Como advierte la FAO, SIPAM debe ser igual a programa de conservación basado en un plan manejo adaptativo, El objetivo del programa debe ser alcanzar la viabilidad económica de los sistemas, identificando estrategias ambientales sostenibles para enfrentar los problemas crecientes como el cambio climático, la capacitación de agricultores y comunidades y la potenciación de otras actividades, como la turística.

El reconocimiento internacional no es el principal objetivo del programa SIPAM, pero es una manera de asegurar más la continuidad del trabajo de apoyo y del financiamiento en ayuda a estos sistemas remarcables.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados felicita a la Asociación Moscatel, agricultores, consejos reguladores y administraciones que han hecho posible alcanzar el reconocimiento SIPAM a la uva pasa de la Axarquía, e insta al Gobierno a:

1. Poner en marcha una campaña específica de promoción de la uva pasa de la Axarquía y difusión del reconocimiento SIPAM por parte de la FAO.

2. Participar, junto a las restantes administraciones implicadas, en la financiación de la construcción y puesta en servicio del Museo Etnológico y del centro de interpretación de la uva pasa en Almachar.

3. Incluir, dentro de la planificación y promoción turística de la Administración, la uva pasa de la Axarquía y su proceso de producción, así como los cultivos, lagares, paseros o bodegas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002897

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para favorecer el consumo de agua como medida para combatir la obesidad, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La obesidad se ha convertido en un problema de salud a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la obesidad causa la muerte de 2,8 millones de personas al año, afectando esta epidemia tanto a los países desarrollados como a los países menos desarrollados.

Por lo que respecta a los menores, según la OMS, desde 1975 hasta 2016, las niñas con obesidad pasaron de ser cinco millones a cincuenta millones. En el caso de los niños, y en ese mismo lapso de tiempo, la cifra incrementó de seis millones a setenta y cuatro millones. Los estudios de la OMS también


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han puesto de manifiesto que en España se ha cuadruplicado la prevalencia de esta enfermedad en el mismo periodo.

Las elevadas tasas de sobrepeso y obesidad hacen que España sea el segundo país de Europa con más obesos, y que el 27,8% de los menores en nuestro país presente algún tipo de problema de peso. Según investigaciones publicadas en "The New England Journal of Medicine (NEJM)" entre los factores que favorecen el sobrepeso y la obesidad está el consumo de las bebidas azucaradas. En estas investigaciones, se aportan nuevos datos que engrosan la lista de evidencias científicas que señalan el consumo de este tipo de bebidas como uno de los factores más influyentes en el incremento de la obesidad entre niños, adolescentes y adultos.

Los estudios publicados, tanto por la OMS como por la NEJM en los que se analizan los efectos de la ingesta de bebidas azucaradas, proporcionan una sólida base científica para reclamar una mayor concienciación social y un mayor control en el consumo de bebidas azucaradas para tratar de revertir los efectos sanitarios esta epidemia. Las bebidas azucaradas son pobres en nutrientes y, a menudo, se asocian con el consumo de alimentos salados y comidas rápidas. Lo más preocupante es que su consumo en exceso favorece enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, la hipertensión y la enfermedad coronaria.

La nueva tendencia de algunos restaurantes de comida rápida en las que existen grifos de refrescos de libre dispensación en [os que se puede beber la cantidad de refresco qué se quiera, excluyendo al agua, incentiva el exceso en el consumo de bebidas azucaradas. Los menores y adolescentes son quienes más consumen estas bebidas, siendo ellos precisamente los más propensos a los efectos nocivos de su consumo excesivo. Además, al excluirse el agua, se traslada un mensaje perverso al Consumidor, que percibe como una penalización el consumo de agua y como un "premio" el consumo de bebidas azucaradas.

Según la Asociación General de Consumidores, ASGECO, es importante limitar el consumo de estas bebidas en la infancia a "ocasiones especiales" y fomentar el consumo de la mejor bebida y la más hidratante para acompañar a todas las comidas: el agua.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista fórmula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de sus competencias y en colaboración con las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, a llevar a cabo las siguientes actuaciones:

1. Impulsar campañas de sensibilización sobre los riesgos del consumo excesivo de refrescos en la infancia y adolescencia.

2. Exigir que, junto a todas las máquinas expendedoras de bebidas azucaradas con grifo de libre dispensación, pueda suministrase también agua en las mismas condiciones de dispensación que los refrescos.

3. Promover que los establecimientos de hostelería y restauración ofrezcan a sus clientes la posibilidad de consumir agua de grifo de forma gratuita y complementaria a la oferta del propio establecimiento.

4. Favorecer el acceso al agua mediante la implantación en los espacios y edificios públicos y lugares de esparcimiento, ocio, zonas de deporte y recreativas, de fuentes de agua, adecuadamente señalizadas, que ofrezcan agua potable de forma gratuita.

5. Promover que las empresas responsables de la instalación y/o mantenimiento en edificios públicos, centros docentes y espacios de ocio infantil públicos, de máquinas expendedoras de alimentos envasados y bebidas, si las hubiera, instalen y mantengan operativa una fuente de agua potable y de acceso gratuito, ya sea integrada en la máquina distribuidora, ya sea en la proximidad de la misma.

6. Impulsar que en los acontecimientos públicos que tengan el apoyo de las Administraciones Públicas, ya sea en el patrocinio, la organización o en cualquier otra fórmula, se implanten alternativas a la venta y la distribución de bebidas envasadas y de vasos de un solo uso y, en todo caso, se garantice el acceso a agua no envasada o en botellas reutilizables."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2018.-Victoria Begoña Tundidor Moreno, Javier Antón Cacho, Gonzalo Palacín Guarné, Miguel Ángel Heredia Díaz y Pere Joan Pons Sampietro, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/002904

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a incrementar los controles y sanciones sobre las convocatorias de congresos acientíficos que pueden afectar a la salud, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El cáncer es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Según la Organización Mundial de la Salud, los distintos tipos de cáncer que existen se deben a multitud de factores y aproximadamente un tercio de las muertes se deben a factores de riesgo alimentarios o a hábitos poco saludables. Entre las diferentes causas endógenas o exógenas del cáncer no existe evidencia sobre su relación con factores emocionales.

Las mal llamadas terapias alternativas, o pseudoterapias, basadas en teorías sin ningún fundamento científico, tienen el peligro de desviar a pacientes con cáncer del acceso a tratamientos que pueden salvarles o mejorar sustancialmente su esperanza de vida (lo que técnicamente conocemos por "pérdida de oportunidad terapéutica").

¿Cómo se puede permitir en pleno siglo XXI que se celebren en nuestro país congresos, como uno recientemente realizado en Barcelona, donde se aseguró que el cáncer tiene como causas razones psicológicas o de estrés?

Pues bien, en este evento una serie de personajes, conocidos por su presencia en programas de televisión y en redes, promovieron públicamente esas teorías y daban consejos disparatados sobre cómo afrontar el cáncer. En ese congreso se ponía en duda la eficacia de algunos de los tratamientos actuales, como la quimioterapia, ante el asombro y la indignación de la comunidad científica y médica.

Existen herramientas legales, profesionales, administrativas y penales, para tratar de impedir la difusión de esta información acientífica que es perjudicial para la salud, pero existe una cierta pasividad en las administraciones sanitarias.

Al parecer, este congreso de Barcelona no se trata de una excepción. Este tipo de eventos en los que ponentes con o sin formación médica hacen afirmaciones y recomendaciones de carácter sanitario sin base científica acontecen con cierta frecuencia.

La lucha contra el intrusismo profesional, el fraude y la publicidad engañosa es una responsabilidad que compete a diversas autoridades y administraciones: profesionales, autonómicas, estatales y judiciales. Pero el Gobierno de España no puede quedar impasible ante lo que representa un riesgo contra la salud pública.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en coordinación con las Comunidades Autónomas y las corporaciones profesionales, debe actuar y evitar estos congresos donde se hacen este tipo de afirmaciones.

Por eso precisamente el Congreso de los Diputados ya debatió y aprobó en sesión de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de 21 de septiembre de 2017, una Proposición no de Ley instando al Gobierno a tomar diferentes medidas, entre las que se incluían: promover un mayor control sobre la publicidad e información sanitaria, mejorar la formación del público y los profesionales para evitar las pseudoterapias, colaborar con el Observatorio de pseudociencias de la Organización Médica Colegial, promover campañas divulgativas con el objeto de evitar el fraude y la información pseudocientífica, incrementar la vigilancia y sanción del intrusismo profesional y otras prácticas contrarias a la ley.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incrementar los controles sobre las convocatorias de congresos acientíficos, así como cualquier otro tipo de cursos, anuncios, programas en medios de comunicación y redes sociales, que juegan con la esperanza de las personas enfermas, ofreciendo propuestas carentes de cualquier rigor o evidencia.


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2. Revisar la normativa aplicable con el fin de valorar el incremento de las sanciones a los responsables de difundir información y publicidad engañosa en materia de salud.

3. Reiterar las medidas que el Congreso de los Diputados aprobó ya en esta XII Legislatura instando al Gobierno a luchar contra las pseudoterapias, el fraude, el intrusismo y la publicidad engañosa en materia sanitaria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz y Jesús María Fernández Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002910

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para potenciar el uso de la diálisis peritoneal, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La diálisis peritoneal es un procedimiento médico utilizado por pacientes que poseen insuficiencia renal en fase terminal. Este procedimiento tiene como objetivo eliminar las sustancias derivadas del metabolismo en la sangre suplantando la función de filtrado renal, pero a través del peritoneo, una membrana que cubre las paredes del abdomen.

Este procedimiento está ampliamente utilizado en países desarrollados. De hecho, en España, según la Sociedad Española de Nefrología (SEN), el 16,7% de los procedimientos de diálisis que se realizan son a través de esta técnica. Un porcentaje que ha aumentado en los últimos años, ya que hace una década el número de diálisis peritoneales era del 11%.

Según la Sociedad Española de Nefrología, el aumento del uso de este procedimiento es debido a una mayor formación de los nefrólogos al respecto. Sin embargo, señalan que la todavía deficitaria implantación del procedimiento se basa, esencialmente, en el desconocimiento de un número importante de los profesionales en cuanto a las ventajas de este tipo de diálisis en relación a la hemodiálisis.

La Sociedad Española de Nefrología es tajante en cuanto a los beneficios de la diálisis peritoneal frente a la hemodiálisis para el paciente, así como para el conjunto del Sistema, al suponer un ahorro para las arcas públicas, tal y como señala la proyección económica elaborada por grupo de diálisis peritoneal de la Sociedad Española de Nefrología.

Pese a estos beneficios, las principales barreras para el acceso y utilización de este procedimiento, además de la falta de formación de los profesionales, es la escasez de infraestructuras para practicar este tipo de diálisis. Relacionada con la baja demanda de este tipo de procedimientos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Trabajar, junto a la Sociedad Española de Nefrología, así como con las diferentes consejería de Sanidad en el Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud, medidas encaminadas a potenciar la utilización de la diálisis peritoneal por los especialistas en casos de insuficiencia renal que precisen diálisis a fin de mejorar los resultados sobre los pacientes y el conjunto del sistema sanitario público.

2. Incluir entre los indicadores clave del Ministerio de Sanidad el porcentaje de utilización de cada una de las distintas técnicas de diálisis en los pacientes con insuficiencia renal crónica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2018.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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161/002915

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para que se subvencionen todas las tecnologías y tratamientos que mejoran la calidad de vida de las personas con diabetes que lo necesiten, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La Tecnología se ha convertido en una herramienta imprescindible en la atención de calidad de la persona con diabetes pues facilita los procesos de atención y cuidados para obtener un buen control metabólico y prevenir las complicaciones. Las bombas de insulina, la monitorización continua de glucosa y el sistema flash de control glucémico ya han demostrado su eficiencia.

La monitorización continua y el sistema flash no están subvencionadas en el Estado español. Todas las personas con diabetes, con diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 insulinodependientes deberían tener acceso a una de estas dos tecnologías.

El profesional sanitario debe indicar a la persona con diabetes qué tecnología conviene más a la persona con diabetes según su historial en control glucémico, estilo de vida y personalidad. Con el objetivo de que puedan acceder a las tecnologías sanitarias aquellos pacientes en el que la utilización de la monitorización continua de glucosa les permita conseguir un cambio favorable en los resultados de sus tratamientos.

Los medidores continuos de glucosa (MCG) son dispositivos que miden la glucosa de manera continua, ofreciendo lecturas cada 5 minutos aproximadamente. Se componen de un sensor que posee un filamento flexible que se inserta bajo la piel y que tiene una vida que va desde los seis a los catorce días, dependiendo del modelo, y un transmisor que envía la señal a un dispositivo receptor que ofrece la lectura en pantalla.

A diferencia de los medidores de glucosa capilar, lo que miden es glucosa en el líquido intersticial, es decir, entre las células, y no glucosa en sangre.

La glucosa en sangre y el líquido intersticial no necesariamente tiene el mismo valor. Generalmente cuando el nivel de glucosa en sangre se encuentra mantenido durante mucho tiempo, los niveles de la glucosa en sangre y en líquido intersticial se equilibran y coinciden. Sin embargo, cuando hay rápidas fluctuaciones en la glucosa sanguínea (tanto por aumento como por descenso) las diferencias entre sangre y tejido se acentúan y por tanto dichas mediciones tienden a diferir en mayor grado. Eso no indica que un medidor de glucosa intersticial sea inexacto respecto al medidor de glucosa capilar, sino que cada uno mide la glucosa (uno realiza una medición de glucosa capilar, el otro una medición de glucosa del líquido instersticial).

En España podemos encontrar en el mercado 3 sistemas distintos, 2 de monitorización continua de glucosa y 1 de monitorización intermitente de glucosa o Sistema flash:

1. Medición Continua de Glucosa.

- Dexcom G5. En España lo distribuye la empresa Novalab Ibérica. Por la exactitud del sistema, ha sido aprobado en Europa y EEUU para poder tomar decisiones clínicas sin tener que confirmar con glucemias capilares, siempre que se realicen las pertinentes dos calibraciones al día y exista la flecha de tendencia y datos continuados durante los últimos 15 minutos. Tiene alarmas programables para avisar de tendencias ascendentes, descendentes y también de hipoglucemias e hiperglucemias. Permite enviar datos a dispositivos móviles.

2. Sistema Integrado (Bomba de insulina y Medición Continua de Glucosa).

- Enke, MiniMed 640G Sistema Integrado: Medtronic. Sensor que se comunica con la bomba, formando lo que se conoce como "Sistema integrado". Las lecturas pueden verse a tiempo real en la pantalla de la bomba de insulina y además, como diferencia, tiene la capacidad de suspender la infusión de insulina si detecta que se va a producir una hipoglucemia. El sensor Enlite link 2, al igual que el


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Dexcom, tiene alarmas programables para avisar de tendencias ascendentes, descendentes y también de hipoglucemias e hiperglucemias.

- Medtronic Guardian Connect: La diferencia con el anterior es que envía los datos directamente a una aplicación en los dispositivos móviles. Útil para personas que no dispongan de bomba de insulina.

3. Medición Intermitente de Glucosa.

- Montorización Flash de glucosa, FreeStyle Libre. Lo comercializa la empresa Abbott. Medición de glucemia en líquido intersticial, no necesita calibraciones y el sensor tiene una duración de catorce días. La diferencia con la monitorización continua de glucosa es que es necesario escanear (pasar el receptor sobre el sensor) para leer los resultados y ver las gráficas por lo que la medición es intermitente. No dispone de alarmas.

Aunque los sistemas de MCG están disponibles desde hace más de quince años, su incorporación a la atención diabetológica es relativamente baja en la mayoría de los países. A pesar de que las recientes guías clínicas (ADA 2016, NICE 2015) establecen con suficiente evidencia científica las indicaciones clínicas específicas para la utilización de la MCG, su financiación en las distintas situaciones y principales países desarrollados es muy heterogénea.

En el momento actual, la cobertura de los sistemas de MCG para profesionales, fundamentalmente con un objetivo diagnóstico, es amplia. En países como Estados Unidos, algunas regiones de Italia, Países Bajos (con GRD específico y un sensor paciente/año), Austria y Alemania (1 a 3 sensores por paciente), Francia (60), y República Checa (4 sensores por año para cada especialista), pueden disponer de esta tecnología casi siempre en Unidades o Centros diabetológicos de referencia. En España la situación es muy heterogénea, tanto hospital por hospital como paciente a paciente, sin una normativa general al efecto.

Diferentes plataformas de personas diabéticas se están movilizando para que se subvencionen todas las tecnologías y tratamientos que mejoran la calidad de vida de las personas con diabetes del Estado Español que lo necesiten.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Que se regule la subvención de todas las tecnologías y tratamientos que mejoran la calidad de vida de las personas con diabetes que lo necesiten.

- Que se realicen las transferencias económicas oportunas a las comunidades autónomas para hacer frente a este gasto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2018.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que la vacuna Bexsero sea gratuita y se incluya en el calendario de vacunación, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El próximo 25 de abril se celebrará el día mundial de la Meningitis y la comunidad pediátrica nos volverá a recordar que la única forma de protegerse de esta enfermedad es la vacunación. La Neisseria meningitidis es la bacteria responsable de la meningitis meningocócica, que a su vez tiene 13 diferentes serogrupos (A, B, C, W, Y, entre ellos), de los cuales, la meningitis C y B eran las más frecuentes en


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España, hasta la implantación de la vacuna contra la meningitis C en los años 90, que provocó un descenso en su incidencia.

La meningitis tipo B sigue siendo una infección silenciosa e imprevisible, que se transmite por vía aérea y ataca sobre todo a niños/as y adolescentes, infectando las meninges o membranas que protegen el cerebro y la médula espinal. A pesar de la baja incidencia de la enfermedad en nuestro país, el peligro reside en su alta tasa de mortalidad (en torno al 10%) y las graves secuelas físicas y neurológicas que sufren entre un 20-30% de los supervivientes: amputación de extremidades, sordera, ceguera e insuficiencia renal son solo algunas de las consecuencias. La septicemia (infección generalizada de la sangre) es el peor desenlace posible y en 24 horas puede provocar la muerte del niño, sin que los médicos puedan salvarle la vida.

La única fórmula aprobada hasta el momento por la Agencia Europea del Medicamento en 2013 para prevenir esta enfermedad es Bexsero, del laboratorio GSK, a la venta con receta desde 2015. No entra en el calendario oficial y, por lo tanto, no está financiada por el Sistema Nacional de Salud. Su elevado coste -son 106,15 euros cada dosis en España, frente a los 95,06 euros en Portugal- recae hoy por hoy en las familias, que deben poner entre tres y cuatro dosis por niño.

De dos a seis meses de edad, se recetan cuatro vacunas espaciadas en el tiempo. Niños de seis meses a dos años solo necesitan tres dosis, y a partir de dos años, con dos dosis están cubiertos. Es decir, para los bebés de menor edad y más vulnerables, la vacuna se convierte en un producto de lujo solo disponible para quienes puedan permitirse el desembolso de algo más de 400 euros, en el mejor de los casos, si no tienen varios hijos de coda edad a los que vacunar.

Por si fuera poco, la elevada demanda en España ha hecho que GSK no pueda asumir la producción al mismo ritmo que suben las listas de espera. Las vacunas llegan con cuentagotas a las farmacias y no hay previsión de que aumente la distribución. En total, las familias españolas han comprado el 17% de la producción mundial de esta vacuna, siendo el país del mundo que más la consume y con tasas de la enfermedad muy inferiores a otros países. Aún más sorprendente es que casi el 65% de los niños que la recibieron tenían entre dos y once años, según un informe de Ministerio de Sanidad, y solo un 13 % fue destinada a niños menores de un año, el colectivo más vulnerable. Esta disparidad de criterios se debe al libre albedrío para recetar la vacuna y el amplio espectro que abarca la recomendación del laboratorio: "indicado para la prevención desde dos meses en adelante".

A pesar de los casos esporádicos que saltan a las noticias por muerte fulminante debida a esta bacteria, las instituciones confían en su baja incidencia. Ese es uno de los argumentos para que no se incluya en el calendario oficial. Solo está admitida su distribución gratuita para colectivos de riesgo extremo, como pacientes sin bazo o con el sistema inmunológico deprimido.

Los datos actualizados por el "European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)", efectivamente, confirman que la baja incidencia en España está dentro de la media europea, pero eso no quita que en 2015 hayan registrado 142 casos de meningitis tipo B; 160 según la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica española. Muy lejos de los 527 casos de Reino Unido, pero también de los 44 casos irlandeses y 31 checos, países todos ellos que han decidido prevenir en vez de curar y han incluido la vacuna en el calendario oficial para sus recién nacidos desde el año 2015 en adelante. No son los únicos: nuestros vecinos de Andorra, Sajonia en Alemania, varias regiones de Italia, Quebec y Australia, financian las dosis necesarias para proteger a su población lactante.

Reino Unido ha destacado históricamente por tomar la delantera en las campañas de vacunación y en este caso han vuelto a ser los primeros en el mundo de proteger masivamente a sus bebés. Es más, ha negociado con la farmacéutica el precio de 24 euros (20 libras) por dosis, con una pauta simplificada que solo requiere dos vacunas el primer año y una de recuerdo el segundo año.

Según un informe de la Asociación Española de Pediatría, la meningitis del serogrupo B suele provocar ondas epidémicas de ciclo largo y por eso en la actualidad se asiste a la tasa más baja de los últimos 20 años. Sin embargo, no hay que perder de vista que el último pico epidémico sucedió en 1999 y que en dos años se cumplen dos décadas de ciclo y podría darse un repunte.

Por todo lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Que la vacuna Bexsero se incluya en el calendario de vacunación y sea gratuita.


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- Que se realicen las transferencias económicas oportunas a las comunidades autónomas para hacer frente a este gasto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2018.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002917

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada doña Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para que se apliquen las recomendaciones de la Iniciativa HerculeS: Iniciativa Estratégica de Salud para la Definición del Estándar Óptimo de Cuidados para los Pacientes con Hidradenitis, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La Hidrosadenitis Supurativa, también llamada hidradenitis, es una enfermedad inflamatoria crónica, recurrente y muy dolorosa que suele aparecer en la pubertad. Se manifiesta con nódulos inflamados, llagas o forúnculos en zonas con glándulas sudoríparas y sebáceas como axilas, ingles, glúteos, región perianal e infra mamaria. Las lesiones progresan hasta formar abscesos, fístulas y cicatrices. Los abscesos pueden romperse y drenar pus. Por debajo de la piel suelen formarse túneles que conectan las lesiones entre sí.

Se desconocen sus causas y se cree que su desarrollo se debe a una respuesta anormal del propio sistema inmune. Tiene un componente hereditario, y las personas obesas y fumadoras tienen más riesgo de desarrollarla. Es más común en personas que han tenido acné, y si bien no se trata de la misma enfermedad, comparten algunos mecanismos como la oclusión folicular.

No es una enfermedad rara, pero está infra diagnosticada porque quienes la padecen no consultan por vergüenza y también porque los médicos con frecuencia desconocen la enfermedad, confunden los síntomas y la diagnostican erróneamente. Afecta aproximadamente al 1% de la población.

La HS puede ser progresiva en algunas personas y de ahí la importancia de un diagnóstico y tratamiento precoz. Es importante que las personas que piensen que podrían tenerla acudan a la consulta de un dermatólogo con la debida formación para saber reconocerla y tratar la enfermedad. Aunque no tiene cura, con el tratamiento adecuado mejora notablemente el pronóstico de la enfermedad lograr la mejor calidad de vida para los pacientes. Hasta hace poco tiempo, los pacientes no contaban con investigación ni tratamientos efectivos que frenaran el curso de la enfermedad. Recientemente han surgido nuevas alternativas terapéuticas, como las terapias biológicas, que han permitido obtener mejores resultados en el control de la enfermedad. Según el I Barómetro de la Hidrosadenitis Supurativa en España, realizado por ASENDHI a finales de 2015, uno de los aspectos que más preocupan es la tardanza en conseguir un diagnóstico rápido para esta enfermedad. Según se deriva de la encuesta realizada a pacientes de HS, los/as pacientes:

- Tardan una media de nueve años en ser correctamente diagnosticados y visitan una media de 15 médicos diferentes desde el primer síntoma hasta que son diagnosticados.

- El especialista que les ha diagnosticado de HS ha sido el dermatólogo,seguido del cirujano general (17%) y el médico de familia (9%).

- La HS afecta a la vida diaria del 87,4% de los entrevistados y al 32% les perjudica gravemente: el 26% acusa dolor derivado de la HS, supuración (25%), mal olor (21%) y movilidad (23%).

- Las personas que la padecen ven notablemente reducida su calidad de vida, a nivel de relaciones sexuales (20%), relaciones sociales (16%), problemas psico-emocionales (20%) y laboral (16%).

- A nivel laboral la HS supone una limitación para las personas que la padecen. De media, los pacientes han estado de baja 35 días; y han tenido que ausentarse 27 días de su puesto de trabajo por tener que visitar al médico.


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Por todo lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Promover la aplicación de las recomendaciones incluidas en el documento Iniciativa HerculeS: "Iniciativa Estratégica de Salud para la Definición del Estándar Óptimo de Cuidados para los Pacientes con Hidradenitis Supurativa":

1. Difundir el algoritmo diagnóstico de la HS de los servicios estatales y regionales de salud utilizando las plataformas informáticas o de la impresión de folletos.

2. Promover y desarrollar acciones formativas para profesionales de la salud involucrados en la atención a los/as pacientes de HS para el conocimiento de la patología y los criterios para su diagnóstico utilizando tanto la formación presencial como la formación on line.

3. Establecer algún mecanismo de alarma (banderas rojas) en los sistemas de información que contribuyan a evitar la confusión diagnóstica de la HS con otras patologías.

4. Difundir los procesos asistenciales para el manejo de la HS y promover su implementación en el SNS y en los servicios regionales de salud.

5 Fomentar la coordinación asistencial entre especialistas (dermatólogos, cirugía, urgencias, gastroenterólogos, reumatólogos, medicina de familia...). Establecer rutas de derivación rápida desde AP.

6. Promover el registro de pacientes que faciliten el seguimiento y la investigación clínica.

7. Extender el uso de la ecografía en los servicios de Dermatología para conocer con detalle el alcance, evolución y respuesta de las lesiones de HS.

8. Promover la existencia de, al menos, un profesional sanitario en los servicios de Dermatología que asuma la labor de coordinación asistencial de los pacientes graves, la educación terapéutica de los pacientes, etc.

9. Apoyar la inclusión de la Hidrosadenitis Supurativa en el Baremo de la Discapacidad del IMSERSO.

10. Que se realicen las transferencias económicas oportunas a las comunidades autónomas para hacer frente a este gasto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2018.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/002925

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de un estudio epidemiológico que permita conocer el impacto en la salud de la exposición al asbesto en Castilla-La Mancha, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Asbesto es el nombre asignado a un grupo de seis materiales fibrosos diferentes (amosita, crisolita, crocidolita y las formas fibrosas de tremolita, actinolita y antofilita) que ocurren en forma natural en el ambiente.

Los minerales de asbesto tienen fibras largas y resistentes que se pueden separar, son suficientemente flexibles como para ser entrelazadas y también resisten altas temperaturas. Por ello, el asbesto se ha usado para una gran variedad de productos, principalmente en materiales de construcción, productos de fricción, materias textiles termorresistentes, envases, empaquetaduras y revestimientos hasta su prohibición definitiva en diciembre de 2001.

Las fibras de asbesto pueden pasar al aire o al agua a causa de la degradación de depósitos naturales o de productos de asbesto manufacturados. Estas fibras no se evaporan al aire ni se disuelven en agua sino que pueden permanecer suspendidas en el aire por largo tiempo y ser transportadas largas distancias


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por el viento y el agua antes de depositarse. Tampoco son degradadas a otros compuestos y permanecerán virtualmente inalteradas por largo tiempo.

Aquellas personas que trabajan o han trabajado en industrias que fabrican o usan productos de asbesto o en la minería de asbesto pueden estar expuestas a altos niveles de asbesto. Pero también, quienes vivan o hayan vivido cerca de estas industrias están expuestos a altos niveles de asbesto en el aire. Cuanto más, quienes vivan en las cercanías de vertidos de amianto, generalmente poco o nada controlados con medidas realmente eficaces, como ocurre en Toledo.

Es sabido, y así lo recoge la propia Organización Mundial de la Salud (OMS) y los distintos documentos, comunicaciones, resoluciones y directivas que la Comisión Europea ha valorado para realizar la Resolución del Parlamento Europeo de 14 de marzo del 2013 sobre los riesgos del amianto, que todos los tipos de amianto causan cáncer de pulmón, mesotelioma, cáncer de laringe y de ovario y asbestosis (fibrosis de los pulmones).

Esa es la razón por la que son tan necesarios estudios epidemiológicos que investiguen el impacto en la salud de la exposición del amianto tanto en el histórico como en los tiempos cercanos y futuros, dado que el periodo de latencia de la enfermedad, sobre todo asbestosis, es de entre quince y cuarenta años.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar un estudio epidemiológico en Castilla-La Mancha que recoja, al menos, los siguientes puntos:

1. Número de casos diagnosticados por Anatomía Patológica de mesotelioma en los distintos hospitales de Castilla-La Mancha entre los años 2000 y 2017. Correlación con población diana y cálculo de índices de casos por cada 100.000 habitantes.

2. Número de casos de mesotelioma sin antecedentes de trabajo en fábricas de amianto (familiares, vecinos de focos de amianto o desconocidos) de los diagnosticados entre los años 2000 y 2017, en porcentajes.

3. Número de pacientes con enfermedades no tumorales relacionadas con el amianto (según define la Organización Mundial de la Salud) en los distintos hospitales, diagnosticadas en los servicios de neumología correspondientes, desde el 2000 al 2017. Correlación con población diana y cálculo de índices por cada 100.000 habitantes.

4. Porcentaje de casos no relacionados directamente (trabajadores de fábricas) sobre el total de la población afectada por enfermedades relacionadas con el amianto (ERA) entre 2000 y 2017."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002920

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la protección de las personas defensoras de los Derechos Humanos y el apoyo al Comisionado de la Comisión internacional contra la Impunidad en Guatemala (ClClG), para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

I

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue creada con base al Acuerdo firmado en 2006, entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala. La Comisión


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es un órgano independiente tanto desde el punto de vista político, como del organizacional y financiero. Es una de las herramientas de las Naciones Unidas para el fortalecimiento del estado de derecho de los países miembros y, como novedad tratándose de un órgano internacional, ha sido facultada para ejercer acciones penales ante tribunales nacionales. La Comisión investiga los casos previstos en su mandato y promueve la acción penal a través del Sistema de Justicia Nacional. De esta forma, la CICIG juega un papel fundamental en el fortalecimiento de las instituciones del Estado, responsables de la persecución penal.

El mandato de la CICIG, según lo establecido en el Acuerdo por el que se crea, está compuesto de tres objetivos principales:

1. Investigar la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que cometen delitos que afectan los derechos humanos fundamentales de la ciudadanía de Guatemala, e identificar las estructuras de estos grupos ilegales, incluyendo vínculos entre funcionarios del Estado y el crimen organizado, actividades, modalidades de operación y fuentes de financiación.

2. Prestar apoyo a la labor de las instituciones guatemaltecas del poder judicial en su labor de investigar y perseguir penalmente a los individuos implicados en los cuerpos ilegales. Además, ejerce acciones disciplinarias y hace recomendaciones al Gobierno para la adopción de nuevas políticas públicas, mecanismos y procedimientos dirigidos a la erradicación de estos grupos delictivos y para fortalecer la capacidad del Estado en la protección de los derechos humanos básicos de la ciudadanía.

3. Proporcionar asistencia técnica a las instituciones del sector judicial, con el fin de que la Fiscalía y la Policía Nacional Civil tengan mejores condiciones para luchar contra la delincuencia organizada, incluso después del mandato de la CICIG.

II

Diversas entidades de defensa de los Derechos Humanos y de defensa del bien común para las personas habitantes de Guatemala vienen denunciando que, desde el año 2016, a pesar de que las agresiones han disminuido cuantitativamente, han crecido en virulencia. De esta manera, se contabilizan diversos ataques físicos e, incluso, asesinatos. Víctimas de ello han sido representantes de comunidades indígenas y colectivos ambientalistas, así como periodistas y personas activistas defensoras de la justicia.

Dichas entidades señalan como responsables a agentes vinculados a grandes corporaciones relacionadas con explotaciones mineras, a extensión de monocultivos agrarios, a explotaciones madereras y a grandes proyectos hidroeléctricos, entre otras, que cuentan con el amparo, de representantes de la Administración del Estado, que impiden no sólo la prevención de estas conductas sino la depuración de responsabilidades. Ello viene a extender un clima de corrupción e impunidad generalizados que sólo pueden conducir al debilitamiento del Estado de Derecho y sus instituciones y menoscaban el funcionamiento de la administración pública.

III

En sus comunicados, estas entidades señalan la imposición de una suerte de Pacto de Corrupción e Impunidad por el cual se pretendería rebajar las condenas penales por delitos de financiación electoral ilícita que, como consecuencia, abriría el camino a la impunidad de corruptos y autoridades que participen o influyan en la toma de decisiones en beneficio ilícito personal o de tercero. Todo ello perpetrado, según el Centro Internacional de Juristas para Centro América, "en una errónea interpretación de la soberanía nacional y en el absoluto desprecio por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

A ello no ayuda en absoluto hechos como la declaración por parte del Presidente Jimmy Morales de persona non grata al Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Sr. Iván Velásquez, así como el hecho de que el Superintendente de la Secretaría de Administración Tributaria (SAT) fuera removido de su cargo o que se hayan registrado intentos de destituir ilegalmente al Procurador de los Derechos Humanos por parte del Congreso de la República.

Considerando que el Gobierno de España ha confirmado en diversas ocasiones -la última en respuesta escrita del pasado 8 de noviembre de 2017 a una pregunta parlamentaria realizada por este Grupo Parlamentario- su apoyo político y financiero a la Comisión Internacional contra la Impunidad en


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Guatemala (CICIG), es necesario que tome conocimiento de lo que está sucediendo en estos momentos en Guatemala, y en función de los márgenes de actuación de los que disponga, impulse las acciones necesarias para que el CICIG, pueda seguir desarrollando de forma eficaz las funciones para las que fue creado y que el Estado de Guatemala reafirme sus compromisos en materia de Derechos Humanos y de respeto a los Pueblos Indígenas.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar las acciones diplomáticas necesarias para esclarecer si efectivamente las autoridades guatemaltecas están llevando a cabo acciones que promueven el debilitamiento del Estado de Derecho y la vulneración de los derechos humanos.

2. Impulsar las acciones diplomáticas necesarias para conocer si las autoridades guatemaltecas están obstaculizando a la Comisión Internacional contra la impunidad de Guatemala (CICIG) en el desarrollo de sus funciones.

3. Realizar un pronunciamiento público en apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) y a la labor que viene realizando en Guatemala desde su creación, recordando la necesidad de respetar el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos fundamentales.

4. Instar al Gobierno de Guatemala a implementar una política pública para la protección de las personas y los colectivos defensores de los Derechos Humanos.

5. Instar al Gobierno de Guatemala a respetar los compromisos internacionales en materia de Derechos de los Pueblos Indígenas, reconociendo los resultados de los diferentes procesos de consulta realizados en el país y actuando para su efectiva puesta en práctica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2018.-Ana Vidal Sáez, Diputada.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Cultura

161/002876

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura, relativa a la creación de un Pacto de Estado por el Patrimonio Cultural.

Exposición de motivos

Según el artículo 2 del Convenio Marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, firmado en Faro en 2005, "el Patrimonio Cultural es el grupo de recursos heredados del pasado que la gente identifica, independientemente de su propiedad, como un reflejo y expresión de sus valores, creencias, conocimientos y tradiciones en continua evolución. Incluye todos los elementos del medio ambiente que resultan de la interacción entre las personas y los lugares a lo largo del tiempo".

La firma de este Convenio, también llamado Convención de Faro, pretende impulsar la búsqueda de formas innovadoras de valorar el patrimonio sustentadas en la conceptualización y el provecho que la sociedad le asigna, a través de la identificación de estrategias que pueden ayudar a aproximarlo a los intereses de la sociedad actual y buscando su aportación al avance social, su enlace con la actividad creativa y la cultura contemporáneas. La socialización de su uso en el ámbito educativo y el impulso de las nuevas tecnologías son herramientas óptimas para su identificación, conservación preventiva,


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investigación, gestión, y difusión, partiendo así del elemento participativo como indispensable para la gestión cooperacional a nivel europeo.

Se subrayan en esta Convención también aquellos valores que inciden en la relevancia del patrimonio cultural como instrumento fundamental para la promoción de la integración social y el acceso a la cultura para la ciudadanía. Así, en el texto adopta una especial relevancia el reconocimiento de las llamadas "comunidades patrimoniales" (heritage communities), compuestas por personas unidas por su sentimiento de pertenencia a concretos bienes culturales, al margen de su nacionalidad, origen social, lugar de residencia, vinculación directa o indirecta con el lugar en que se ubica el elemento patrimonial. Esta exposición resulta ser una auténtica novedad en la definición e identificación del patrimonio cultural, ya que renuncia a la anquilosada mención de las determinaciones y tipologías de bienes que éste puede reunir, para hacer hincapié en su condición subjetiva y de desarrollo, fundamentada al completo en la percepción y el interés de las personas y sus grupos sociales, que se convierten de esta manera y por encima de la territorialidad y las etnias, en los verdaderos parámetros para su identificación, conocimiento y valoración.

Tal como recoge el Manifiesto de Madrid (2016); "desde hace más de dos siglos el Patrimonio Cultural se protege y se puede disfrutar gracias al concurso del Estado y de los ciudadanos. Por eso se debe reconocer que la participación social en la gestión y difusión del Patrimonio Cultural no sólo es necesaria para mejorar una y otra sino que genera una espiral positiva de actuaciones, tanto mayor cuanto mayor sea su intervención".

La decisión 2017/864 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, relativa a un Año Europeo del Patrimonio Cultural (2018), especifica: "el año 2018 tiene una importancia simbólica e histórica para Europa y su patrimonio cultural, ya que conmemora una serie de acontecimientos significativos, como el centenario del final de la Primera Guerra Mundial y la independencia de varios Estados miembros, así como el cuarto centenario del inicio de la Guerra de los Treinta Años. Por ello, el Año Europeo del Patrimonio Cultural puede brindar oportunidades para entender mejor el presente gracias a una comprensión más rica y compartida del pasado". [...] "Un Año Europeo del Patrimonio Cultural contribuirá a fomentar y a potenciar la comprensión de la importancia que tiene el proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales. Una manera de lograrlo sería mediante programas de educación y de mayor concienciación del público, en consonancia con las obligaciones establecidas en la Convención de la Unesco de 2005, sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, de la que son parte la Unión y sus Estados miembros".

España es el tercer país del mundo en número de bienes declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO y, al margen de titulaciones, su valor patrimonial se incrementa a medida que analizar-nos las distintas expresiones culturales a lo largo de la línea de tiempo desde el Paleolítico hasta la actualidad en todo el territorio.

Este valor cultural forma parte de nuestro potencial para generar oportunidades de crecimiento y desarrollar capacidades de aspiración por medio de su conocimiento, sobre el que tenemos la responsabilidad de conservar y transmitir de forma transgeneracional, ya que es el caldo de cultivo de un desarrollo colectivo, que debe crecer dentro de los parámetros del respeto y la tolerancia multicultural e intercultural.

Otra característica inherente del patrimonio cultural, es la capacidad de generar cohesión social, independientemente de la titularidad o propiedad del elemento patrimonial. Su protección y disfrute nos compete a todas y todos, igualando a la ciudadanía en derechos, por lo que muestra y requiere un profundo componente democrático, mostrándose como motor económico y fijador de población a los territorios.

La necesidad de un Pacto de Estado se justifica, en buena parte, por el carácter no renovable e insustituible del Patrimonio Cultural. En este sentido, creemos que tal necesidad debe ser encarada para elaborar un protocolo que pueda evitar cualquier acción u omisión que facilite la pérdida o empobrecimiento de nuestra herencia más común.

Desde la redacción de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español y la de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, actualmente vigentes, consideramos prioritaria la obligación de revisar las normativas de las políticas desarrolladas en materia de patrimonio cultural y también las carencias legislativas y desactualizaciones que muestra dicha legislación, junto con la ausencia referencial hacia el marco de Derechos Humanos. En la ya nombrada Convención de Faro (2005), el artículo 1.a. especifica que "los derechos referentes al patrimonio cultural son inherentes al derecho a tomar parte en la vida cultural, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos". Sin embargo para ello, será antes necesario que los principios y visiones compartidas de la Convención


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sean asumidos por los Estados parte de la Unión Europea que aún no lo hayan hecho, como es el caso de España.

Los resultados de estas normas españolas se han visto en ocasiones empañados por la temporalidad o parcialidad de las iniciativas, por la escasez de los recursos destinados o por la falta de coordinación entre Estado, autonomías, municipios, comunidades locales o la Iglesia (en manos de quien se concentra gran parte de nuestro Patrimonio y donde la limitación de las acciones concertadas se hace aún más patente, aun constituyendo el 51% del volumen total de Bienes de Interés Cultural en todo el Estado). Una muestra de lo anterior es la escasez de estrategias conjuntas, o la renuncia a abordar planes y proyectos de carácter global e interterritorial, como es el caso de la iniciativa del Consejo de Europa, HEREIN, donde se dejó fuera el seguimiento en las comunidades autónomas que, como es sabido, asumen a través de sus respectivos Estatutos de Autonomía las competencias en materia de patrimonio cultural con atribución de funciones legislativas y ejecutivas, de acuerdo a lo establecido en la Constitución Española de 1978, y que han permitido la consideración de sectores patrimoniales específicos que aparecen desdibujados en la ley estatal. Es por ello, que se hace necesario y urgente trabajar conjuntamente desde las administraciones de los distintos niveles territoriales.

El informe (A/HRC/14/36) presentado al Consejo de Derechos Humanos en junio de 2010, señala la necesidad de profundizar sobre las medidas encaminadas a garantizar el acceso al patrimonio cultural, comúnmente referido al patrimonio tangible (sitios, estructuras y restos de valor arqueológico, histórico, religioso, cultural o estético); al patrimonio intangible (tradiciones, costumbres y prácticas, creencias estéticas y espirituales; lenguas vernáculas y otros idiomas; expresiones artísticas; folklore) y al patrimonio natural (reservas naturales protegidas; parques y jardines históricos y paisajes culturales). Este tema es de particular interés, ya que el acceso adecuado al patrimonio cultural es una condición sine qua non para fomentar el diálogo y el entendimiento intercultural y entre civilizaciones, y por lo tanto, para crear un ambiente que favorezca la promoción y la protección de los derechos humanos para todos y todas.

En este sentido, la legislación en materia de protección, conservación e investigación del patrimonio en España se ha mostrado claramente ineficiente. Esto se traduce en innumerables carencias que repercuten principalmente en los estados de conservación y de accesibilidad al mismo tiempo que en la falta de regulación de las profesiones que intervienen sobre el patrimonio, dando lugar a daños y pérdidas a veces irreparables, por lo que observamos que existe una necesidad de proteger la herencia cultural común, asumiendo las luces y sombras de lo ejecutado hasta ahora por los distintos gobiernos, para aspirar a un papel de liderazgo internacional en las políticas de gestión del patrimonio cultural, contando con el escenario favorable de 2018, Año Europeo del Patrimonio Cultural, y por ello consideramos fundamental pactar una estrategia que encare el futuro con garantías.

Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, a asumir como estratégica la elaboración de un Pacto de Estado por el Patrimonio Cultural y a facilitar su desarrollo, con el objetivo de abordar los siguientes retos:

- Ratificación y entrada en vigor a la mayor brevedad por parte del Estado español de la Convención de Faro (2005), que equipare nuestro compromiso hacia los derechos culturales, la diversidad cultural, la vida democrática, la participación social y la responsabilidad compartida, con el de otros países miembro de la UE.

- Revisión y actualización de la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, (incorporando entre otras la Ley 10/2015 y las convenciones suscritas posteriormente por el Reino de España: sobre patrimonio arqueológico -Valletta-; UNIDROIT -expolio-; convención europea sobre el Paisaje y sobre el patrimonio subacuático -UNESCO-), con una metodología participativa, que involucre a todos los ámbitos de la sociedad con el apoyo de técnicos profesionales de los sectores culturales afectados por dicha ley.

- Implementación de las medidas recogidas en la Declaración de Lisboa (ICOM, 2013) sobre "políticas públicas para los museos en tiempos de crisis", atendiendo a la importancia reconocida que tienen las colecciones conservadas y gestionadas por entidades públicas y privadas en museos, bibliotecas y archivos como parte integrante del patrimonio cultural.

- Elaboración de un catálogo completo, actualizado y accesible del patrimonio cultural español -incluido el de la Iglesia-, que coordine tanto catálogos autonómicos como municipales e impulse su finalización estableciendo mecanismos participativos.


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- Consideración de la relevancia del patrimonio documental fílmico, su investigación, catalogación completa y conservación, estableciendo a Filmoteca Española y a las filmotecas autonómicas y locales como centros de referencia para este tipo de actuaciones.

- Incremento de la dotación de recursos destinados a la conservación, restauración e investigación del Patrimonio, para diseñar nuevas medidas de estímulo a la inversión en la preservación, conservación y rehabilitación del Patrimonio.

- Creación de medidas de implementación de datos para que la gestión comunicativa interterritorial sea fluida y actualizada de forma eficaz, creando mecanismos ágiles de coordinación y colaboración entre las administraciones y los gremios profesionales. Implementación en todo el ámbito nacional del programa HEREIN System del Consejo de Europa.

- Promover el turismo cultural sostenible potenciando la incorporación del patrimonio cultural a la economía. En la actualidad sólo el 10% del patrimonio cultural de España está en condiciones de ser considerado un verdadero producto cultural. El turismo cultural debe ser responsable, sostenible e informado. Buscar a través de los expertos un diálogo efectivo que pondere oportunidades, beneficios y amenazas a los bienes culturales en términos tanto materiales como inmateriales.

- Considerando el daño que han supuesto las bajas temerarias, regular con precisión la estrategia de precios y bajas contenida en la Ley de contratos del Estado para las obras en patrimonio cultural que aseguren los estándares de calidad en las intervenciones en entornos y sitios históricos.

- Seguimiento del informe Auken, aprobado por el Parlamento Europeo que considera que el modelo urbanístico español es "un modelo expoliador de los bienes culturales que destruye valores y señas de identidad fundamentales de la diversidad cultural española, destruyendo yacimientos arqueológicos, edificios y lugares de interés cultural, así como su entorno natural y paisajístico" y por tanto implementación efectiva de modelos de control dentro de los desarrollos y legislación urbanística y medioambiental que garanticen la protección del patrimonio cultural.

- Profesionalizar y regular la elección de los altos cargos estatales vinculados a la gestión del patrimonio cultural, evitando las dinámicas de discontinuidad y eventualidad por cambios políticos que dificultan la continuidad de los proyectos a largo plazo.

- Lucha contra el tráfico ilícito y expolio de bienes culturales (aumento de recursos, endurecimiento de las sanciones, políticas de mayor publicidad). Control más riguroso de ferias y mercados de antigüedades. Creación de servicios de vigilancia activa y control del tráfico de Bienes Inmuebles. Creación de una fiscalía específica para delitos relacionados con el patrimonio cultural.

- Ampliación presupuestaria y agilidad en la ejecución de los planes nacionales coordinados por el actual Instituto del Patrimonio Cultural de España, potenciando nuevos planes estratégicos y redactando planes de actuación urgentes para los patrimonios en riesgo que fomenten además la cooperación internacional.

- Incorporación de la arqueología, con entidad propia, a los servicios de la administración pública. Creación de un Instituto de arqueología preventiva.

- Regulación del ejercicio profesional (competencias en materia de patrimonio según la UE) de las actividades vinculadas al patrimonio cultural: excavaciones arqueológicas, protección, restauración (en su caso) y conservación del Patrimonio Cultural, tanto material como inmaterial, regidos por criterios estrictos de competencia y calidad reforzando la formación en profesiones tradicionales y nuevas, reforzando su reconocimiento social y la mejora de sus derechos laborales y fomentando con carácter vinculante los códigos deontológicos y de buenas prácticas.

- Ordenación, fomento y estímulo de la formación e investigación en esos campos profesionales, incorporando la ciencia y la tecnología.

- Ampliar la participación de la ciudadanía en la defensa del Patrimonio, para coeducar y sensibilizar a la ciudadanía en su dimensión social e histórica. Instar a todos los poderes públicos a incorporar a los currículos escolares programas que permitan adquirir capacidades para el conocimiento del patrimonio cultural, insistiendo en el valor formativo por su transversalidad que supone para la infancia y la juventud y que garanticen en el futuro la valoración individual y la protección colectiva del patrimonio cultural."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2018.-Eduardo Javier Maura Zorita, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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Comisión de Igualdad

161/002892

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a reclamar medidas urgentes para hacer frente a la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

La OIT lidera el creciente número de voces que reclaman medidas urgentes para hacer frente a la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo.

Su Informe V (1) Acabar con la violencia y el acoso contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo recuerda que la cuestión es objeto de una máxima atención a nivel mundial, tras la reciente adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030), que pide "lograr el empleo pleno y productivo y un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, según la meta 8.5; reducir la desigualdad en y entre los países, según el objetivo 10; garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, según el objetivo 3; y lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas, según el objetivo 5".

Según la OIT la propuesta de promover una norma que tratara de la violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo tenía por objeto dar seguimiento a la Resolución relativa a la igualdad de género como eje del trabajo decente.

Esta resolución fue adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en su 98.ª reunión (2009), y en ella se pedía la prohibición de la violencia de género en el lugar de trabajo y la adopción de políticas, programas, leyes y otras medidas para prevenirla.

La propuesta de discusión de esta cuestión se presentó siete veces al Consejo de Administración de la OIT que decidió "inscribir en el orden del día de la 107.ª reunión (junio de 2018) de la Conferencia un punto sobre "La violencia contra las mujeres y los hombres en el mundo del trabajo" con miras a la elaboración de normas" y "convocar una reunión tripartita de expertos para brindar orientaciones".

Las reuniones preparatorias han debatió ampliamente acerca de la naturaleza de la violencia y el acoso, sus causas y efectos y las medidas necesarias para confrontarlos. En ellas, los expertos/as han convenido que existe un volumen considerable de pruebas que indican que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo persisten contra los trabajadores y otras personas.

Existe un consenso general de que la violencia y el acoso en el mundo del trabajo incluyen no sólo aspectos físicos, sino también aspectos psicológicos y sexuales y se relama contar con más datos comparables sobre el impacto, las definiciones o las prácticas y las medidas que están aplicando los distintos actores del mundo del trabajo para afrontar el problema.

Las legislaciones vigentes en nuestro país definen el acoso sexual y el acoso por razón de sexo como una discriminación directa que vulnera los derechos fundamentales. Además del derecho a la intimidad de las personas, este tipo de conducta vulnera el derecho a la dignidad, igualdad y no discriminación por razón de sexo; derecho a la seguridad, salud e integridad física y moral de las personas trabajadoras, el derecho a la libertad sexual y finalmente de manera indirecta, el propio derecho al trabajo.

El artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres incorpora la definición de acoso sexual y acoso por razón de sexo y establece que:

- Se considerarán en todos casos discriminatorios el acoso sexual y el acoso por razón de sexo.

- El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva de acoso sexual o acoso por razón de sexo se considerará también acto de discriminación por razón de sexo.


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Asimismo, el artículo 48 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Hombres y Mujeres establece que:

1. Las empresas deberán promover condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo. Con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con los representantes de los trabajadores tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación.

2. Los representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran conocimiento y que pudieran propiciarla.

La Directiva 2002/73/CE y la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de fechas 23 de septiembre de 2002 y de 5 de julio de 2006 respectivamente, recogen que el acoso relacionado con el sexo de una persona y el acoso sexual son contrarios al principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Dichas formas de discriminación se producen no sólo en el lugar de trabajo, sino también en el contexto del acceso al empleo y a la formación profesional, durante el empleo y la ocupación.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Modificar la Ley de Igualdad para incorporar en el punto relativo a los planes de igualdad la obligación de las empresas de elaborar una política de tolerancia cero en el ámbito empresarial enfocadas a promover condiciones de trabajo que eviten el acoso laboral y el acoso por razón de sexo, a través de procedimiento regulados de actuación que comprometan a investigar las denuncias que puedan plantearse por los trabajadores/as de la empresa e incorporen códigos de conducta en los que se establezcan las medidas de prevención y protección a las víctimas potenciales y se indiquen los pasos a seguir en el caso de que éste se produzca.

2. Establecer la obligatoriedad de abordar en los Planes de Igualdad el acoso laboral, sexual o por razón de sexo, para implementar procedimientos y mecanismos internos y externos de resolución de conflictos y el estableciendo de un mecanismo de quejas accesible, confidencial y rápido para abordan de manera exhaustiva la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incorporando esa obligatoriedad a la legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo y la legislación laboral que debe contemplar que sanciones y recursos de reparación, y apoyo y protección de las víctimas quedan garantizados.

3. Establecer, en colaboración con los representantes de los trabajadores/as, una campaña Estatal contra el acoso laboral, sexual y por razón de sexo en el trabajo para dar cumplimiento el artículo 48 de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva que ofrezca información para conocer y entender que es el acoso laboral, sexual y por razón de sexo, así como para orientar la prevención, el acceso a medios de defensa e interposición de quejas.

4. Incorporar al Informe anual del Observatorio la recopilación de los datos sobre el alcance de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo con información desglosa por sexo.

5. Elaborar guías orienten a las empresas sobre la forma de contrarrestar estas conductas para que conozcan que factores organizativos pueden ser útiles para combatirlas.

6. Establecer para la AGE un kit de prevención de la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, que incluya información sobre la legislación pertinente, las directrices sobre prevención y una lista de verificación de inspección.

7. Avanzar en el conocimiento e identificación de las características del acoso laboral a las mujeres, los trabajadores LGTBI, las personas con discapacidad, las personas que viven con el VIH y minorías étnicas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Ángeles Álvarez Álvarez y María del Rocío de Frutos Madrazo, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de doña Marta Sorlí, Diputada de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para llevar a cabo una modificación normativa para que sean consideradas todas las formas de violencia que se ejercen sobre mujeres y niñas; y ahondar en la aplicación de medidas para combatir la violencia sexual, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 7 contra las mujeres y la violencia doméstica, más conocido como Convenio de Estambul, fue aprobado en el año 2011 y ratificado por el Estado español en el año 2014. Este Convenio es el primero legalmente vinculante que se aprueba sobre la violencia de género. Y con su ratificación por primera vez, el Estado español, como el resto, se compromete a detectar, prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas en todas sus manifestaciones.

El Convenio de Estambul supone un gran avance puesto que, además de ser jurídicamente vinculante, reconoce por primera vez, la violencia contra las mujeres más allá del marco de las relaciones sentimentales, y de la violencia que se ejerce entre las parejas o exparejas. Pasando a describirlo como un problema social: "Reconociendo que la naturaleza estructural de la violencia contra las mujeres está basada en el género, y que la violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos sociales cruciales por los que se mantiene a las mujeres en una posición de subordinación con respecto a los hombres".

Sin embargo, el artículo 1.1 de la "Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género" establece que: "La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia".

Limitando así la violencia de género a aquella producida dentro del marco de las relaciones sentimentales y por tanto, invisibilizando a un gran número de víctimas. Casos como el de Diana Quer no son reconocidos como crímenes por violencia de género, a pesar de que la causa de su asesinato sea por razón de género.

La legislación valenciana adopta un concepto más amplio que la española, el artículo 5 de la "Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana", establece que: "A los efectos de esta ley, se entenderá por víctima de violencia sobre la mujer: toda mujer o niña que sea objeto de las conductas descritas en los artículos precedentes, así como los hijos e hijas menores y/o personas sujetas a tutela o acogimiento de las mismas que sufran cualquier perjuicio como consecuencia de la agresión a aquellas". Sin limitar, por tanto, aquello que se produzca dentro de las relaciones sentimentales.

Además, cabe destacar que existen diferencias notables entre los datos que presentan los organismos oficiales y asociaciones feministas sobre el número de víctimas. La plataforma "Feminicidio.net" afirma que la cifra real de mujeres asesinadas por la violencia machista del año 2017 es 97, frente a las 49 que registra el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad. Este hecho implica que, en el 2017, el gobierno de España, como consecuencia de la desactualización de la Ley 1/2004, invisibilizó a más de la mitad de las mujeres que fueron víctimas de violencia de genero. El Pacto de Estado en materia de Violencia de Género establece en el punto 86.3 que han de reconocerse como formas de violencia contra las mujeres las establecidas por el Convenio de Estambul, "incluso en los casos en que no exista con el agresor la relación requerida para la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004". Por tanto, se requiere de un desarrollo normativo que se ajuste al reconocimiento de todas las víctimas de violencia de género.

Otro aspecto a tener en cuenta, es la ausencia de iniciativos por parte de las autoridades en relación a la violencia sexual. Pese que se han producido algunos avances para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual, existen graves problemas en cuanto a la identificación de las víctimas así como en la recuperación de las víctimas. Son muchas las organizaciones sociales que han denunciado la ausencia de recolección de datos desagregados sobre la violencia sexual. Los datos facilitados por el


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Ministerio del Interior sobre este tipo de violencia son muy limitados, puesto que únicamente contabilizan los casos que han presentado denuncias. En 2016 se presentaron 8.763 denuncias por delitos contra la libertad sexual, de las cuales 8.147 incluyen agresiones contra la libertad y la identidad sexual (agresiones, abusos, acoso, o contacto con menores a través de tecnología).

Igualmente Amnistía Internacional alerta de la persistencia de prejuicios discriminatorios que impactan negativamente en los derechos de estas víctimas de violencia de género, incluyendo la violencia sexual en el proceso judicial. Un caso que recientemente estremeció a la opinión pública fue el juicio contra "La Manada".

Es necesario por tanto ahondar en un cambio legislativo que reconozca la realidad social en la que nos encontramos, conocer las causas y motivos de la violencia de género y sexual, fuera y dentro de la pareja. Es imprescindible entender las relaciones de poder que generan que algunos hombres se perciban como superiores frente a las mujeres para poder erradicar todas las formas de violencia machista.

Proposición no de Ley

"Por todo ello, el Congreso insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo modificación normativa para que sean consideradas todas las formas de violencia que se ejercen sobre mujeres y niñas, eliminando la acotación de las que se establecen por quienes sean o hayan sido cónyuges o estén o hayan estado ligados a relaciones similares de afectividad.

2. Ahondar y aplicar las medidas necesarias para combatir la violencia sexual, y a poner en marcha, tal y como viene recogido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la Mesa de Coordinación Estatal sobre Violencia Sexual en colaboración con las Comunidades Autónomas para garantizar un sistema de atención integral y de urgencia contra la violencia sexual, que incluya la asistencia jurídica de calidad, gratuita y especializada, evitando cualquier tipo de revictimización en la investigación penal y demás etapas del proceso judicial. Además estas medidas irán acompañadas de campañas y acciones de prevención así como la especialización en los servicios de atención física y psicológica para la recuperación de las víctimas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2018.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Enric Bataller i Ruiz.-Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Igualdad, relativa a la promoción de las carreras científicas entre las niñas, así como a la investigación de las condiciones de desigualdad que existen para las mujeres en la ciencia.

Exposición de motivos

El 11 de febrero se celebra el Día internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia por Naciones Unidas, con el objetivo de visibilizar la labor científica de las mujeres y fomentar la vocación científica en las niñas. Y es que la desigualdad de género aún presente en nuestra sociedad tiene su reflejo también en el ámbito académico y científico. En España ya se ha alcanzado la paridad de género en el estudiantado universitario, siendo ya incluso algo mayor el porcentaje de mujeres con un 54% del alumnado, frente al 46% de hombres, y una proporción aún mayor en las matriculaciones a un master, con un 58% de mujeres frente a un 42% de hombres, según datos del informe Mujeres en cifras publicado en 2017. Pero a pesar de ello, podemos comprobar cómo el porcentaje de mujeres va reduciéndose a lo largo de los distintos niveles de la carrera científica. Según los datos del citado informe, el 79% de los cargos de dirección y cátedras de las universidades públicas están ocupados por hombres y solo un 21% por mujeres. Actualmente, de las 50 universidades públicas existentes en España solo tres cuentan con una mujer como rectora, y en los Organismos Públicos de Investigación (OPI), solo el CSIC cuenta con una mujer al


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frente. Estos datos reflejan la existencia de lo que popularmente se denomina "techo de cristal", es decir, segregación vertical.

Este fenómeno se ve acrecentado en el caso de las carreras científicas y de ingeniería, donde ni siquiera existe la paridad en los estudios, y la segregación vertical se suma la segregación horizontal. Según datos del Instituto de la Mujer, únicamente un 25,64% del alumnado universitario que estudia ingeniería y arquitectura son mujeres.

Existen múltiples factores que explican estos dos fenómenos, todos ellos consecuencia de la desigualdad de género presente en nuestra sociedad. En primer lugar, la invisibilización de las mujeres que a lo largo de la historia se han dedicado y han hecho grandes aportaciones a la ciencia, junto con los roles tradicionalmente asignados a mujeres y hombres, dificultan el desarrollo vocacional hacia carreras del ámbito científico y tecnológico por parte de las niñas, provocando la segregación horizontal: hombres y mujeres acaban matriculándose habitualmente en carreras más acordes a los estereotipos de sus respectivos géneros.

En segundo lugar, el aún presente desequilibrio en el reparto de los cuidados y las dificultades para conciliar la vida personal y familiar con la profesional afectan especialmente a las mujeres, que en un fase de vital importancia para su formación y carrera como es la de la finalización del doctorado, donde se deben tomar muchas decisiones, las condiciones laborales no son especialmente estables, se exige una alta productividad y pueden aparecer oportunidades de estancias en otros países etc. acostumbra a coincidir con el momento en que muchas mujeres se plantean ser madres, cuestión que limita mucho la dedicación a su carrera científica, llegando a interrumpirla, en algunos casos de forma definitiva, algo que no ocurre con los hombres que deciden ser padres.

Por último, están todos los obstáculos habituales que las mujeres, como consecuencia de la desigualdad de género, se encuentran habitualmente a la hora de intentar acceder a puestos de mayor poder o responsabilidad: falta de oportunidades, escaso reconocimiento, prejuicios etc.

Esto no significa que en las últimas décadas no se hayan hecho avances en lo que a la igualdad de oportunidades respecta, según datos del informe She Figures 2015, elaborado por la Comisión Europea y que recoge todas las estadísticas sobre igualdad de género en ciencia en los países de la UE, si se atiende a la evolución de los datos entre 2007 y 2013, se aprecia una inercia de mejora, aunque ésta es muy pequeña. Esto nos demuestra que las políticas de igualdad tienen un efecto positivo aunque lento, y que por ello es de vital importancia que se continúen aplicando medidas que ayuden a las mujeres científicas a desarrollar sus carreras en las mismas condiciones y con las mismas oportunidades que los hombres.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Fomentar y financiar estudios e investigaciones que identifiquen las barreras en el desarrollo de la carrera científica de las mujeres, los motivos del abandono y la implantación de medidas que garanticen la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

- Poner en marcha un Plan Estratégico de Vocaciones Científicas y Tecnológicas contra la brecha de género.

- Introducir la perspectiva de género en el curriculum de las asignaturas de ciencias en primaria y secundaria, revisando los temarios de las materias para incluir referentes de mujeres científicas en las diferentes áreas.

- Mejorar la paridad en investigadoras e investigadores principales de los proyectos financiados por el Plan Nacional de Investigación en sus distintas convocatorias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2018.-Sofía Fernández Castañón, María Rosa Martínez Rodríguez y Nayua Miriam Alba Goveli, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para aprobar una Estrategia de Desarrollo Rural Inclusivo, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

Las zonas rurales e intermedias representan el 91% del territorio de la Unión Europea, albergando el 60% de su población, generando el 43% de su valor añadido bruto y representando más del 50% de sus puestos de trabajo.

El medio rural tiene una vital importancia en las sociedades europeas, pero este no es reconocido suficientemente y, en muchas ocasiones, las dificultades, problemas y desafíos que supone permanecen invisibles para quienes viven en las ciudades. A esto, debemos añadir que frecuentemente, las decisiones sobre cómo se gestionan los asuntos rurales se toman desde el ámbito urbano. Un sistema de toma de decisiones que no siempre tiene en cuenta las deficiencias en materia de cohesión entre el ámbito urbano y el ámbito rural, con la disminución de la inclusión social para los habitantes del ámbito rural que ello conlleva.

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta nuestro país en las próximas décadas es al envejecimiento demográfico y el abandono de los municipios rurales por la población más joven. Este fenómeno ya se está traduciendo en la desaparición de toda la población en algunos municipios o que sólo queden aquellas personas más mayores, sin nadie para desempeñar servicios básicos y esenciales en la actividad diaria de cualquier municipio.

La baja densidad demográfica condiciona la disponibilidad, extensión y especialización de los servicios sociales. Con respecto a las personas que residen en zonas urbanas y ciudades, las residentes en el medio rural tienen una desventaja en cuanto a estos indicadores de la calidad de servicios. La alta dispersión es uno de los problemas para la prestación de servicios: núcleos de población aislados, con viviendas rurales y de difícil acceso, sobre todo en invierno.

Esta situación se vuelve sustancialmente más compleja, grave y complicada cuando la población afectada por la baja prestación de servicios en sus áreas rurales son personas con discapacidad, personas dependientes, e incluso cuando a estos tipos, se les suma una edad avanzada. La atención a personas mayores o dependientes, a través de Estrategias de Mayores, con enfoques basados en la innovación social, la prestación de servicios en el hogar y con un enfoque comunitario, pueden suponer una alternativa a la institucionalización de los mayores y un interesante yacimiento de empleo.

Según el CERMI, entre las desventajas más importantes en las personas con discapacidad en entornos rurales, hacen referencia al entorno, la telefonía, el acceso a Internet, la participación en actividades sociales, culturales, deportivas y de ocio, el asociacionismo, la perspectiva de género, el acceso a ayudas técnicas y la propia atención a la dependencia. AI igual que llama la atención la inaccesibilidad del terreno y las infraestructuras, la "dispersión" del modelo residencial y la lejanía a los servicios, la "invisibilidad" que surge como consecuencia del aislamiento, la limitación de recursos y la falta de servicios y oportunidades, tanto económicas como sociales.

Ante este desafío que supone el envejecimiento demográfico en el ámbito rural, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos consideramos que se abre una oportunidad para revitalizar los municipios rurales con una alta población envejecida a través de una apuesta decidida por la mejora de los servicios sociales en estas áreas que satisfagan las necesidades concretas de este colectivo, desde aquellas relativas a la atención y desarrollo de programas de envejecimiento activo, hasta aquellos servicios públicos destinados a la atención de las personas dependientes.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aprobar una Estrategia de Desarrollo Rural Inclusivo, que promueva y coordine y encauce las distintos programas y acciones públicas y cívicas dirigidas a las personas con discapacidad que residen en el entorno rural, a fin de mejorar su participación, acceso a derechos y bienestar social, que incluya:

a) Fomento del Turismo Rural Inclusivo.

b) Formación para cuidadores no profesionales del entorno rural.

c) Medidas de formación, fomento e incentivos al empleo inclusivo en cooperativas y empresas del sector agropecuario.

d) Incentivos a la creación de PYMES inclusivas en el entorno Rural.

2. Fomentar el uso e impulsar los trabajos para aumentar la cobertura y accesibilidad a las Tecnologías de la Información y Comunicación en las zonas rurales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2018.-Diego Clemente Giménez, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002918

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de don Carles Campuzano i Canadés y Jordi Xuclá i Costa, Diputados del Partit Demòcrata, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan, para su discusión ante la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para prohibir la esterilización forzosa de personas con discapacidad.

Exposición de motivos

La Fundación CERMI ha denunciado y exigido, reiteradamente y especialmente en una campaña que está llevando a cabo en estos días, que se ponga fin a una práctica que lamentablemente, todavía es actual y se realiza legalmente en España: esterilizar de manera forzosa a personas con discapacidad.

La esterilización forzosa de las personas, mayoritariamente mujeres, es un acto de violencia, un ataque a los plenos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad, una práctica que se ejerce sobre personas que ni han sido informadas, ni han dado su consentimiento para ello.

En caso de discapacidad mental o intelectual, cuando no física, la esterilización resulta un procedimiento legal, consentido por los códigos penales de España y muchos otros países, a excepción de Suecia, y se lleva a cabo después de sufrir violaciones, incestos y abusos sexuales, además de ser requisito previo a la entrada en centros de institucionalización. De modo que la esterilización forzada se ejerce, casi de oficio, después del primer alumbramiento de mujeres y niñas con discapacidad.

Esta práctica incide en el desarrollo fisiológico de la mujer en términos de menstruación, crecimiento y deseo sexual, Supone un daño en la identidad personal, niega su derecho a la maternidad y facilita la explotación sexual, aunque sus defensores aseguren lo contrario. La tolerancia de los códigos penales con la esterilización se traduce en una mutilación de los derechos de las mujeres, especialmente después de los procesos de incapacitación legal. La excusa suele ser lograr un bien superior para las niñas que, sin embargo, se traduce como se ha señalado, en una mayor vulnerabilidad al abuso sexual.

Las mujeres afectadas se sienten encadenadas de por vida, traicionadas por sus propias familias y sin voz propia. Y, además, consideran que quedan al margen de cualquier atención sanitaria y de los programas asistenciales que tengan que ver con su sexualidad.

La esterilización forzosa vulnera asimismo, múltiples artículos de los tratados de las Naciones Unidas, ya que se considera entra dentro del concepto de tortura y subvierte muchos derechos civiles y concretamente, diversos de los artículos de la Convención Internacional de la Discapacidad. El Consejo de Europa por su parte, también pide acabar con la práctica de privar a las mujeres de su posibilidad de


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ser madres y de tener una sexualidad plena, considerando como una forma de violencia cualquier procedimiento que se oponga a esos derechos, y lo hace entre otras, tipificando en el artículo 39 de su Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), como acto delictivo las intervenciones quirúrgicas que tengan por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural, sin su consentimiento previo e informado.

Las esterilizaciones tienen además claramente, un sesgo de género que se evidencia en el hecho de que la mayor parte de personas afectadas son mujeres. Las mujeres deben luchar contra la doble discriminación que sufren, como personas con discapacidad y por la vulneración de sus derechos sexuales. En definitiva, la esterilización forzosa socava derechos fundamentales de las personas y no puede sostenerse bajo principios erróneos que asocian carácter hereditario a la discapacidad, falsas creencias sobre las posibilidades que estas personas puedan ser madres y padres, y con la excusa de un bien superior inexistente.

Deben garantizarse plenos derechos para las personas con discapacidad, incluidos los sexuales y reproductivos. Las personas con discapacidad que desean ser padres y madres tienen el mismo derecho que las personas sin discapacidad. No parece justo que a las primeras se les exijan unos credenciales de perfección para acceder a la paternidad y a la maternidad, que no se exigen a las segundas.

Por todo lo expuesto anteriormente, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Incrementar la transparencia en materia de datos relativos a la esterilización de personas con discapacidad.

- Impulsar los cambios normativos necesarios para prohibir las esterilizaciones forzosas de personas con discapacidad y garantizar sus derechos, incluidos los sexuales y reproductivos, cumpliendo así con los compromisos que España ha adquirido en la esfera internacional para la protección de las personas con discapacidad.

- Adoptar medidas para reparar en la medida de lo posible, a las personas, mayoritariamente mujeres y niñas, que hayan sido víctimas de esterilización forzosa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2018.-Carles Campuzano i Canadés y Jordi Xuclà i Costa, Diputados.-Ana María Oramas González-Moro, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, para la mejora de la seguridad vial de la N-634 a su paso por el municipio de Curtis (A Coruña).

Exposición de motivos

El mal estado, las deficiencias y el deterioro de las denominadas carreteras nacionales en Galicia, ha sido objeto de muchas iniciativas parlamentarias de En Marea. Incluso planteamos su conversión en travesías urbanas en muchos tramos debido a que actualmente se han convertido en carreteras que


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atraviesan núcleos densamente poblados, o que se utilizan para comunicar distintas poblaciones entre sí. Su perfil y características han ido modificándose a lo largo de estas décadas.

Son viales antiguos que se han quedado obsoletos y que necesitan de planes integrales de mejora en la mayoría de los casos y de una adaptación a la situación actual.

La N-634 no es una excepción. Hemos planteado su mejora en numerosas ocasiones a su paso por la comarca lucense de A Mariña.

Su deterioro y sus problemas se dan en otros tramos como en la provincia coruñesa a su paso por Curtis. Las reivindicaciones y acuerdos parlamentarios para mejorar este vial en el municipio de Curtis vienen de lejos. Incluso se sabe que en 2005, Fomento licitó un contrato de consultoría para la construcción de pasos inferiores, pasarelas peatonales y vías de servicio en esa área con el objetivo de reducir la siniestralidad en una carretera que registra un elevado volumen de tráfico. Se calcula que más de 9.000 vehículos pasan a diario por este vial a la altura de Curtis.

Sin embargo, nada se ha hecho a pesar de que se han producido víctimas mortales y de que se trata de un tramo con una elevada siniestralidad y accidentalidad. En el ayuntamiento de Curtis este problema de seguridad vial se ha convertido en una constante, suele estar presente entre las iniciativas a debatir y a aprobar como la moción presentada por el grupo municipal de Asembleas Abertas.

La N-634 en Curtis adolece de numerosas deficiencias en cuanto al mantenimiento de las vías de servicio, en estado de absoluto abandono desde hace años con los consiguientes problemas que ello provoca a los habitantes de esta área. Los vecinos y vecinas llevan tiempo demandando que se proceda a la apertura de las vías de servicio que están a ambos lados de la N-634, sencilla actuación necesaria para garantizar el tránsito de los vehículos agrícolas y como una forma de evitar que tengan que circular por la N-634.

Otra de las reivindicaciones se centra en la necesidad de mejorar las intersecciones de la N-634 con viales municipales, mediante la creación de carriles de incorporación, la mejora de la señalización para obtener una mayor visibilidad y seguridad en la conducción. Precisamente en relación a la mejora de las intersecciones habría que añadir que en la mayoría de los casos ya se dispone de los terrenos para llevar a cabo dichas mejora, las áreas de servicio. No sería preciso un proceso de expropiación.

Consideramos que la seguridad vial es la gran asignatura pendiente en muchas de las carreteras denominadas "nacionales" debido a que discurren por municipios, poblaciones y núcleos habitados, circunstancia que añade peligrosidad y riesgo si no cuentan con las debidas medidas de seguridad vial. Ocurre así con la N-634 a su paso por el ayuntamiento de Curtis, cuyos habitantes llevan años de reivindicaciones y con el temor a nuevas víctimas mortales y accidentes.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:

Aprobar cuanto antes, en el presente ejercicio 2018, un Plan de actuaciones para la mejora de la seguridad vial de la N-634 a su paso por el municipio de Curtis (A Coruña) con cargo a las partidas económicas destinadas a Seguridad Vial, y que contemple entre otras medidas las siguientes:

Proceder a la apertura de las vías de servicio situadas a ambos márgenes de la N-634 con el objetivo de evitar que los vehículos agrícolas circulen por la carretera y realizar inversiones en mantenimiento.

Realizar actuaciones en las intersecciones de este vial mediante la ubicación de carriles de incorporación y la mejora de la señalización para obtener una mayor visibilidad y seguridad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Miguel Anxo Fernández Bello, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la seguridad infantil en el transporte escolar, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

Los niños como usuarios de nuestra red viaria ya sea como peatones, ciclistas, pasajeros de vehículos privados o públicos, entre ellos, el transporte escolar pueden ser víctimas de la siniestralidad vial. De hecho los accidentes de tráfico son una de las primeras causas de muerte y lesiones entre la población infantil. La movilidad segura de los menores es una de las prioridades de la Dirección General de Tráfico, tal como se recoge en las líneas básicas de la Estrategia de Seguridad Vial para el decenio 2010-2020. Cada día, 230.000 alumnos utilizan el autobús escolar para acudir a sus respectivos centros educativos y regresar a casa utilizando aproximadamente 17.000 autobuses, realizan servicios de transporte escolar.

La mayoría de los casos de fallecimiento en un accidente de autobús se producen al ser despedidos los pasajeros en el momento del impacto, los golpes internos y sobre todo por aplastamiento. De ahí la importancia que tiene el uso del cinturón de seguridad en caso de accidente.

Actualmente más del 60% de los autobuses escolares llevan instalados cinturones de seguridad ya que desde octubre de 2007 se deniega la matriculación a cualquier autobús que no lleve instalados estos sistemas de retención que según diversos estudios reducen las lesiones mortales en un 90% en caso de choque frontal o vuelco en caso de que sean correctamente usados.

Sin embargo, la legislación actual no obliga a usar Sistemas de Retención Infantil en el transporte escolar, ni cinturones de seguridad adaptados al peso y a la altura del menor. Por lo que está permitido trasladar a menores sin ningún tipo dispositivo de seguridad a pesar de los riesgos mortales que supone.

La demanda social para acabar con esta situación es clara en este sentido. Diferentes entidades como la Fundación Mapfre o Ponle Freno de Atresmedia proponen modificar la normativa y 49.129 personas han firmado una petición electrónica para que la Dirección General de Tráfico garantice una mejor seguridad para los usuarios del transporte escolar obligando al uso de Sistemas de Retención Infantil en los autobuses de la misma forma que obligó en el año 2005 en el vehículo particular.

En aras de mejorar la seguridad vial y perseverar la integridad de los bebés, los niños y niñas que se desplazan en los vehículos, el Grupo Parlamentario Popular presentó una Proposición no de Ley relativa a la mejora de la seguridad infantil en los automóviles que fue debatida y aprobada por unanimidad el 22 de junio de 2017.

Por todo ello, en la línea de continuar mejorando la movilidad de los menores y para conservar e incrementar el actual nivel de seguridad del que goza el transporte escolar, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Estudiar la posibilidad de modificar el Reglamento General de Circulación para impedir que por nuestra red viaria, en los vehículos de más de nueve plazas, se pueda trasladar a menores sin ningún sistema de retención infantil homologado en aras a proteger la vida y la integridad física de los menores usuarios de este tipo de transporte.

2. Seguir desarrollando, en coordinación con las Comunidades Autónomas y otras administraciones, campañas de concienciación en materia de seguridad del transporte escolar dirigidas a usuarios como a conductores, padres y colegios.

3. Promover campañas para el uso del cinturón de seguridad en los autobuses y sistemas de retención en el transporte escolar.

4. Incrementar las campañas de vigilancia e inspección de los autobuses dedicados al transporte escolar por parte de la Agrupación de tráfico de la Guardia Civil."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la seguridad en el transporte terrestre, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

El transporte es una actividad básica desde el punto de vista económico y social que sirve para trasladar viajeros y mercancías entre distintos lugares. Su carácter esencial se debe al hecho de que los bienes de consumo y los factores de producción se encuentran generalmente localizados en distintos sitios al tiempo que desde el ámbito social posibilitan aumentar las relaciones sociales y culturales de las personas.

En España el sector del transporte por carretera es el más usado para el transporte de viajeros y mercancías a distancias cortas y medias. Constituye un sector económico de una importancia estratégica creciente para nuestro país, no solo por contribuir a la mejora de la competitividad, sino por apoyar el desarrollo de la actividad en otros campos como la industria, el comercio y el turismo, entre otros.

Este tipo de empresas del transporte que generalmente utilizan vehículos de importante tonelaje asumen el compromiso de transporte de mercancías y de personas, tanto en territorio nacional como en el extranjero. Las unidades móviles que emplean por su tonelaje tienen que compartir el espacio de circulación con otros vehículos pueden resultar un riesgo adicional en la carretera. Además por cuanto que muchas de ellas también asumen el compromiso de transportar personas su responsabilidad se incrementa notablemente.

Uno de los principales problemas del transporte terrestre común a España y a la Unión Europea es el de la seguridad. En este sector merece especial atención y debe considerarse que el conductor, que ocupa un lugar importante, debe de estar en óptimas condiciones por su seguridad y la de los demás usuarios.

Para mejorar la situación actual hace falta incidir en la educación vial, el trazado de las carreteras, en las medidas de seguridad de los vehículos y en el uso eficaz de la tecnología como herramienta imprescindible para tener un sistema moderno de transporte y logística.

Por todo ello y conscientes del ánimo de colaboración del sector del transporte por carretera, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados considera que en los trabajos que se desarrollan en el ámbito de la Dirección General de Tráfico para la reforma de la Ley de Seguridad Vial, con la colaboración del sector del transporte profesional, se deben de abordar de forma singular las especiales circunstancias que rodean al transporte de personas y bienes por carretera y especialmente en relación a :

- Estudiar la necesaria renovación del parque y promover los avances tecnológicos que permitan incrementar la seguridad en la conducción.

- Garantizar unas adecuadas condiciones al responsable de la conducción en todo momento en aras de una disminución del riesgo, valorando la conveniencia de reconocimientos médicos anuales para todos los trabajadores del transporte por carretera."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2018.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Interior

181/000732

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputada doña Eva García Sempere

Texto:

¿Por qué el Ministerio de Interior ha excluido a Yolanda González, asesinada en la noche del 1 de febrero de 1980 por el Batallón Vasco Español (BVE), organización terrorista parapolicial, de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo?

¿Qué motivos dan para no ser incluida ni Yolanda González ni las restantes 80 personas asesinadas por el BVE, los GAL y otros grupos similares que actuaron en el marco de la guerra sucia parapolicial que operaba en la Transición, mientras sí son reconocidos y homenajeados reconocidos torturadores franquistas como Melitón Manzanas?

¿Tiene el Ministerio de Interior criterios diferentes según filiación política para valorar la pertinencia de ser considerados o no víctimas del terrorismo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2018.-Eva García Sempere, Diputada.

181/000740

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Salvador Antonio de la Encina Ortega

Texto:

¿Qué estrategia tiene el Ministerio de Interior para combatir eficazmente el narcotráfico en el Campo de Gibraltar (Cádiz) y evitar sucesos como los acaecidos en La Línea, donde 20 encapuchados asaltaron el Hospital para liberar a un narco detenido?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2018.-Salvador Antonio de la Encina Ortega, Diputado.


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181/000741

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputados don Miguel Ángel Bustamante Martín y don Ricardo Sixto Iglesias

Texto:

¿Qué medidas van a tomarse ante la escasez de dotación policial en la zona del Hospital de la Línea de la Concepción (Cádiz), puesta de manifiesto cuando un grupo de encapuchados ha logrado liberar a un presunto narcotraficante que se encontraba en las urgencias de dicho Hospital?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2018.-Miguel Ángel Bustamante Martín y Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.

Comisión de Fomento

181/000742

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Félix Alonso Cantorné

Dirigida al Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y Presidente de ENAIRE

Texto:

¿Cuál es la planificación, proyección, alcance y expectativas de la operación inmobiliaria y urbanística que va a poner en marcha AENA SME, S.A.?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2018.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000733

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Tiene previsto el Gobierno ampliar la depuradora de Rincón de la Victoria, en Málaga, ya que se ha quedado pequeña para atender a su población, sobre todo en verano?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2018.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/027404

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM).

Rodríguez Martínez, Ángela (GCUP-EC-EM).

Reformulación de su pregunta sobre declaraciones efectuadas por el Presidente del Gobierno en la cadena de radio Onda Cero, el día 24/01/2018, relativas a la no necesaria regulación de la discriminación retributiva entre hombres y mujeres en las empresas.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a las Sras. Diputadas autoras de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de sus Diputadas Yolanda Díaz Pérez y Ángela Rodríguez Martínez, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento, presentan la siguiente pregunta escrita relativa a las declaraciones efectuadas por el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la cadena de radio Onda Cero, el 24 de enero de 2018, relativas a la no necesaria regulación de la discriminación retributiva entre hombres y mujeres en las empresas.

Exposición de motivos

El Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha afirmado, el 24 de enero de 2018, en una entrevista en Onda Cero, que entre las competencias de los gobernantes "no hay ninguna que sea igualar salarios", en respuesta a la pregunta de si el Presidente del Ejecutivo apuesta por sancionar a las empresas en las que exista brecha salarial entre hombres y mujeres. "En España las empresas y los empresarios están dando muchos pasos en la buena dirección. Ahora, que el Gobierno empiece a fijar los salarios de las empresas no me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes". A la insistencia del entrevistador, que preguntó "¿Ni siquiera sancionar en el caso de hombres y mujeres que tienen el mismo puesto y cobran distinto?, Mariano Rajoy ha sentenciado con la frase "no nos metamos en eso".

Lo que ponen de manifiesto estas declaraciones, en primer lugar, es el desconocimiento que el Presidente del Gobierno, M. Rajoy, tiene de la legislación vigente en nuestro país. Ya el artículo 35.1 de la Constitución dice: "Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo". Y tanto el Estatuto de los Trabajadores como la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social legislan sobre este terna. Así, el Estatuto de los Trabajadores menciona la discriminación por razón de sexo en materia de retribuciones en su artículo 17: "Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y


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demás condiciones de trabajo, a situaciones de discriminación directa o indirecta" por razón de sexo, edad, origen, religión etc. También se hace referencia a la obligación de vigilar la existencia de discriminaciones, cuando habla de la clasificación profesional o de la promoción en el trabajo, dos factores que contribuyen a crear la brecha salarial.

La Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), califica, en su artículo 9, de infracciones muy graves las decisiones que impliquen "discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo".

Además, hay que recordar que el pasado 17 de octubre de 2017, el Presidente del Gobierno, al igual que el resto del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, votó a favor, en el Pleno del Congreso, de una Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para garantizar la igualdad retributiva real y efectiva entre hombres y mujeres y para dar desarrollo al compromiso de transparencia salarial establecido en la Recomendación de la Comisión Europea de 7 de marzo de 2014.

Así, en el texto aprobado de esta moción se señala que "El Congreso de los Diputados insta la Gobierno a presentar medidas concretas y transversales [...] y a establecer mecanismos necesarios para corregir la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres en nuestro país. Dichas medidas debieran referirse, al menos, a la incorporación al ordenamiento español (normativa laboral y funcionarial) del concepto de igual retribución por trabajo de igual valor [...]".

Así que, si no conocía que ya existía legislación sancionadora, el Presidente del Gobierno apoyó, con su voto, la adopción de medidas para que se aprueben normativas en este sentido.

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, registró en el mes de octubre de 2017, una Proposición de Ley en este sentido, que ahora se encuentra en la fase de toma en consideración por el Pleno del Congreso de los Diputados.

Por todo lo expuesto, se presentan las siguientes preguntas escritas:

1. ¿Considera el Gobierno que no es competencia de los "gobernantes" de nuestro país adoptar medidas para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres? En particular, ¿considera el Gobierno que no es competencia de los "gobernante? de nuestro país adoptar medidas para conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en su concreto aspecto de la igualdad retributiva?

2. ¿Considera el Gobierno que no es necesario una legislación que garantice la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y el establecimiento de sanciones a las empresas por discriminación retributiva entre hombres y mujeres?

3. ¿Cuáles son, para el Gobierno, las competencias de sus Ministras y Ministros en materia de igualdad, y sobre todo en igualdad retributiva entre hombres y mujeres?

4. ¿Qué entendió el Gobierno cuando votó a favor, en el Congreso, de la moción del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que indicaba presentar medidas concretas y transversales [...] y a establecer mecanismos necesarios para corregir la desigualdad retributiva entre hombres y mujeres en nuestro país?

5. ¿Está de acuerdo el Gobierno con las declaraciones hechas por su Presidente, Mariano Rajoy, en la entrevista emitida en Onda Cero, el 24 de enero, relativas a la no regulación de la discriminación salarial en las empresas?

6. ¿Conoce el Gobierno la Proposición de Ley de Igualdad Retributiva entre mujeres y hombres, registrada en el mes de octubre de 2017 en el Congreso de los Diputados por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea?

7. ¿Tiene previsto el Gobierno enviar al Congreso un Proyecto de Ley para incorporar al derecho interno la Recomendación de transparencia salarial aprobada por la Comisión Europea el 7 de marzo de 2014? ¿En qué plazo de tiempo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2018.-Yolanda Díaz Pérez y Ángela Rodríguez Martínez, Diputadas.


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184/027968

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Bataller i Ruiz, Enric (GMx).

Retirada de su pregunta sobre previsiones acerca de implementar lo acordado en la Proposición no de Ley relativa a evitar la creación de nuevos Centros de Internamiento de Extranjeros.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

184/027992

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Serrada Pariente, David (GS).

Heredia Díaz, Miguel Ángel (GS).

Fecha de la emisión de la Orden del Ministerio del Interior para convertir el centro penitenciario Málaga II en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), así como documentos que se acompañan en el expediente para justificar esa decisión y medios utilizados para publicar la citada orden.

Acuerdo:

1. En cuanto a la solicitud de documentación relativa al centro penitenciario Málaga II, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/001224).

2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don David Serrada Pariente, Diputado por Salamanca, y don Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado por Málaga, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el art. 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por escrito.


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El pasado 24 de enero, el Ministro del Interior aseguró en comparecencia en el Congreso de los Diputados, respecto a la apertura y cierre del CIE Temporal de Archidona, que existieron órdenes del Ministerio del Interior para convertir el Centro Penitenciario Málaga II en un CIE.

¿Con qué fecha se emitió la Orden y cuáles son los documentos que se acompañan en el expediente para justificar esa decisión? [...]

¿Qué medios se han utilizado para publicitar la orden mencionada?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2018.-David Serrada Pariente y Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputados.

184/028124

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Antón Cacho, Javier (GS).

Informes emitidos por la Confederación Hidrográfica del Ebro sobre actividades o instalaciones sometidas a autorización ambiental en el municipio de Ólvega, desde el año 2003.

Acuerdo:

1. En cuanto a la solicitud de informe a la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre actividades o instalaciones sometidas a autorización ambiental en el municipio de Ólvega, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/001225).

2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Javier Antón Cacho, Diputado por Soria, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

En el texto refundido de Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, en el Capítulo II sobre procedimiento recoge lo siguiente:

"Artículo 16. Informe del organismo de cuenca.

En los supuestos en los que la actividad o instalación sometida a autorización ambiental precise, de acuerdo con la legislación de aguas, autorización de vertido al dominio público hidráulico, el organismo de cuenca correspondiente deberá emitir un informe que determine las características del vertido y las medidas correctoras a adoptar a fin de preservar el buen estado ecológico de las aguas, en el plazo, con los efectos y a través del procedimiento previsto en la normativa básica estatal."

Teniendo en cuenta esta normativa se pregunta:


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¿Cuántos informes ha emitido la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre actividades o instalaciones sometidas a autorización ambiental en el municipio de Ólvega, desde el año 2003?

¿Cuántos de estos informes han sido positivos, negativos y/o condicionados? Relación de las actividades e instalaciones [...]

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2018.-Javier Antón Cacho, Diputado.

184/028509

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Botella Gómez, Ana María (GS).

Valoración de la "Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España".

Acuerdo:

1. En cuanto a la solicitud de informe de valoración de la Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/001226).

2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

3. Comunicar este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Ana María Botella Gómez, Diputada por Valencia, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

La "Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España" constituye un plan de acción puesto en marcha por el Gobierno del Presidente Rajoy, integrado por un conjunto de propuestas de actuación concretas que, según el ejecutivo, "puestas en marcha en el corto plazo, van a permitir mejorar la actividad industrial en España y a contribuir a que la industria crezca, sea competitiva y aumente su peso en el conjunto del PIB".

Esta Agenda contiene 97 medidas que se estructuran en torno a diez líneas de actuación con el objetivo de fortalecer el sector y mejorar la competitividad de la industria española.

La Agenda fue aprobada por el Consejo de Ministros en su reunión del 11 de julio de 2014 y presentada públicamente el 16 de septiembre de 2014.

Un año después de su publicación, se elaboró el primer informe de seguimiento del grado de ejecución de las medidas contenidas en la Agenda. Este informe se sometió al Consejo de Ministros el 10 de julio de 2015 y está publicado en la web del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.


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En relación a lo cual se formulan las siguientes preguntas:

1. ¿Cuántos Informes de seguimiento ha realizado el Gobierno en relación a esta "Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España"? ¿En qué fechas se han sometido los Informes de seguimiento, en su caso, al Consejo de Ministros?

2. Tres años después de la elaboración y presentación de esta "Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España", ¿qué valoración hace el Gobierno de los resultados alcanzados?

3. ¿Dispone el Gobierno en fecha actual, febrero de 2018, de algún informe de valoración conjunto de los más de tres años de vida de esta Agenda y del seguimiento de las 97 medidas impulsadas? [...]

4. ¿Mantiene el Gobierno en vigor esta "Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España"y cuáles son las razones que sustentan su decisión?

5. ¿Cuántas reuniones de seguimiento ha tenido el Gobierno con las entidades empresariales y sindicales en relación a los resultados de la "Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España"? ¿En qué fechas?

6. ¿Qué previsión y qué planes tiene el Gobierno en relación a esta "Agenda para el fortalecimiento del sector industrial en España"?

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2018.-Ana María Botella Gómez, Diputada.

184/028713

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Maura Barandiarán, Fernando (GCs).

Actuación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como mediador en Venezuela.

Acuerdo:

Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la pregunta 1, por versar sobre materia ajena a la competencia del Gobierno, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Fernando Maura Barandiarán, Diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se solicita al Gobierno respuesta por escrito sobre la actuación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como mediador en Venezuela.

Exposición de motivos

En 2015, el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero viajó a Venezuela por primera vez como parte de una delegación internacional para, según informaciones de ABC, asegurar que los comicios que se celebraban aquel año a la Asamblea General de Venezuela se desarrollaban se acuerdo a un proceso limpio y transparente. En 2016, el expresidente Zapatero volvió a Venezuela como


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parte de una iniciativa impulsada por UNASUR para, según informaciones de El Mundo, "encontrar una fórmula de diálogo que lleve a la reconciliación nacional y a la reconstrucción del país".

A lo largo de 2016, el expresidente Zapatero ha mantenido reuniones con el Gobierno del régimen bolivariano de Nicolás Maduro y con la oposición, siendo generalmente criticado por no llevar a cabo su labor de manera neutral. Según informaciones publicadas en El País el 26 de junio de 2016, ya el líder opositor Henrique Capriles advertía de que el expresidente Zapatero estaba descalificado para mediar en Venezuela por posibles tratos de favor por parte del Gobierno de Nicolás Maduro. En 2017, la labor del expresidente fue clave para la excarcelación del líder opositor venezolano Leopoldo López, lo que propició un nuevo intento de tender puentes entre el Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.

Sin embargo, a principios de febrero de 2018, el expresidente Zapatero se ha visto involucrado en la redacción de un acuerdo a suscribir por Gobierno y oposición de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar este mismo año. Según informaciones de Europa Press, este acuerdo detallaría los plazos, fechas, garantías y observación del proceso electoral. Pese a las reticencias de la Mesa de Unidad Democrática (MUD) a apoyar este acuerdo por no ofrecer las mínimas garantías democráticas para que las elecciones se celebren de forma limpia y transparente, el expresidente Zapatero ha remitido una misiva a la oposición animándoles a suscribirlo.

Por ello, el Diputado que suscribe presenta las siguientes preguntas:

1. [...]

2. En vistas a la situación de inhabilitación judicial o administrativa en la que se encuentran numerosos líderes de la oposición venezolana y a las posibles amenazas a la libre competencia electoral, ¿valora el Gobierno de España como positiva la celebración de las elecciones presidenciales del 22 de abril de 2018 en Venezuela?

3. Dado que el Parlamento Europeo ha pedido ampliar las sanciones contra el régimen bolivariano de Nicolás Maduro, ¿tiene previsto el Gobierno de España elevar el caso en el seno de la Unión Europea para pedir que se retire el apoyo al expresidente Zapatero como mediador?

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2018.-Fernando Maura Barandiarán, Diputado.

184/028729

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Candela Serna, Ignasi (GMx).

Número de personas relacionadas con productos financieros y propiedades inmobiliarias vinculados a Hosny Mubarak que tienen bienes o activos financieros congelados en España, así como bienes o propiedades referidos.

Acuerdo:

Admitir a trámite como pregunta con respuesta escrita y, en consecuencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de febrero de 2018.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Diputado don Ignasi Candela Serna (Compromís), formula las siguientes preguntas:

Vista la nota de prensa emitida por la Policía Nacional el 13/12/2012 por la que se informaba de la localización en España de 28.000.000 de euros en productos financieros y propiedades inmobiliarias vinculados a Hosny Mubarak, de las ocho personas incluidas en la lista de congelación de activos emitida por el Consejo de Europa [COUNCIL REGULATION (EU) No 270/2011 of 21 March 2011 concerning restrictive measures directed against certain persons, entities and bodies in view of the situation in Egypt]:

¿Cuántas de ellas tienen bienes o activos financieros congelados en España a día de hoy?

¿Qué bienes o propiedades son?

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de febrero de 2018.-Ignasi Candela Serna, Diputado.

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