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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 268, de 15/12/2017
cve: BOCG-12-D-268
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
15 de diciembre de 2017

Núm. 268


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000538 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación... (Página4)

162/000539 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la adopción de las medidas necesarias para incorporar las demandas contenidas en el Manifiesto de Santander, acordado en el IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente... (Página5)

162/000541 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso en la agenda internacional de la relevancia y la memoria de las víctimas del terrorismo... (Página7)

162/000542 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del acogimiento familiar... (Página9)

162/000543 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la adopción de un plan de choque para erradicar la pobreza y la exclusión infantil en todo el territorio de la Unión Europea... (Página9)

Comisión de Defensa

161/002673 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2 de Segovia... (Página11)

161/002685 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la celebración del 75 aniversario de la Academia General del Aire... (Página12)

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/002676 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al mantenimiento de la marca y personalidad jurídica del Banco Pastor y de su estructura territorial de oficinas y plantilla... (Página13)


Página 2




Comisión de Hacienda y Función Pública

161/002681 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre fiscalidad para jóvenes agricultores... (Página15)

Comisión de Fomento

161/002694 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la conexión ferroviaria del noroeste de España con el Corredor Atlántico de Transporte... (Página17)

Comisión de Educación y Deporte

161/002682 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a tener en cuenta las demandas sobre Educación del Manifiesto de Santander, acordado en el IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente... (Página18)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002678 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de las medidas necesarias para que la empresa Siemens Gamesa no proceda a la extinción de relaciones laborales mediante la tramitación de cualquier expediente de regulación de empleo y abra una mesa de seguimiento de empleo... (Página19)

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002679 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a que el Congreso de los Diputados utilice suministros de energía limpia y cien por cien verde... (Página21)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002675 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de aprobar un Plan de Regeneración y Limpieza y paralizar los vertidos contaminantes en el río Pesqueiras, afluente del río Miño, en el municipio lucense de O Saviñao... (Página22)

161/002680 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a defender ante la Unión Europea el sector del cerco de nuestro país... (Página23)

161/002686 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso del Proyecto denominado "Acondicionamiento del borde litoral entre Puerto del Rosario y Playa Blanca, 2.ª fase" (Fuerteventura)... (Página24)

161/002693 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el encauzamiento del arroyo Hondo de Tobares en Valderrubio (Granada)... (Página25)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002684 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de la especialidad de Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria... (Página27)

161/002687 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a homogeneizar los criterios de prestación de servicios funerarios... (Página28)


Página 3




161/002692 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a tener en cuenta las demandas sobre la Salud y el Bienestar del Manifiesto de Santander, acordado en el IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente... (Página29)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002690 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a trasladar al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis el firme compromiso de España de retornar como donante del Fondo... (Página30)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/002674 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación... (Página32)

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/002688 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a prevenir los ahogamientos de menores de edad en entornos acuáticos... (Página33)

161/002689 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de la figura del acogimiento familiar... (Página34)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000626 Pregunta formulada por el Diputado don Alberto Rodríguez Rodríguez (GCUP-EC-EM), sobre previsiones acerca de regular las condiciones de los trabajadores que prestan servicios de transporte de personas y pedidos para plataformas digitales como UBER, CABIFY o DELIVEROO... (Página35)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley, y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

162/000538

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

Accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de "diseño universal o diseño para todas las personas", y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU reconoce la importancia que para este colectivo reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. También señala la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, regula los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. El plazo que se establecía para espacios, productos y servicios ya se cumplió para aquellos que fueran de nueva creación. El plazo aplicable a los existentes finaliza el 4 de diciembre de 2017. En esa fecha deberían cumplirse las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de:

- Espacios públicos urbanizados y edificaciones.

- Medios de transporte.

- Oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y aquellos de participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la Administración de Justicia y a la participación en la vida política y los procesos electorales.

- Bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad.

Alcanzar la fecha del 4 de diciembre de 2017 con un aceptable grado de cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación habría requerido trabajo y esfuerzo presupuestario.


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El Gobierno de España no ha planificado adecuadamente las actuaciones necesarias y tampoco ha realizado ningún esfuerzo económico. El resultado de todo ello es que ni los espacios públicos urbanizados y edificaciones, ni los medios de transporte, ni las oficinas públicas, ni los bienes y servicios a disposición del público, ofrecen las condiciones adecuadas a la Convención, a pesar de haberse alcanzado la fecha tope establecida para ello.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación:

1. Elaborar un calendario que señale las actuaciones que se llevarán a cabo en cada uno de los próximos meses, en todos los ámbitos, para dar cumplimiento a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de todos los espacios, productos y servicios que sean competencia de la Administración General del Estado, con el horizonte máximo de un año. El Gobierno presentará este calendario ante la Comisión de las Políticas Integrales de la Discapacidad.

2. Dotar, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, una partida destinada a financiar las actuaciones necesarias para cumplir con los compromisos derivados de dicho calendario.

3. Crear un Fondo estatal de accesibilidad universal por el cual, del presupuesto ejecutado en obra pública e infraestructuras y en la sociedad de la información, un 1 % se destine a la accesibilidad física y tecnológica de las administraciones públicas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2017.-Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

162/000539

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Pleno, relativa a la adopción de las medidas necesarias para incorporar las demandas contenidas en el Manifiesto de Santander, acordado en el IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente.

Exposición de motivos

En el mes de enero de este año se celebró en el Congreso de los Diputados una jornada en la que niñas, niños y adolescentes, miembros activos de consejos municipales de participación, presentaron las conclusiones del IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente, celebrado en noviembre de 2016. Estas conclusiones se recogen en el "Manifiesto de Santander" y suponen una serie de demandas dirigidas a representantes del Congreso de los Diputados, y específicamente a integrantes de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.

La Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas reconoce el Derecho a Participar de niñas, niños y adolescentes, concretamente en sus artículos 12 y 13. El artículo 12 se refiere a la opinión del niño y de la niña y establece que "Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño". Por su parte, el artículo 13, sobre la libertad de expresión, establece que "El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño".

El principio de participación, por lo tanto, se traduce en el derecho de todos los niños y niñas a recibir la información adecuada a su edad para poder expresar opiniones fundadas con conocimiento de causa,


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a ser escuchadas/os y a ser tenidas/os en cuenta. En definitiva, se trata de asumir la necesidad y el derecho de la infancia a tener un papel activo en los distintos entornos en los que se desarrolla.

En cumplimiento del derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes y respondiendo al compromiso de nuestro Grupo Parlamentario de trasladar las demandas de la Sociedad Civil al Congreso de los Diputados, presentamos la siguiente Proposición no de Ley en la que se recogen las demandas surgidas de los Consejos municipales de participación, definidas en el Manifiesto de Santander.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tener en cuenta las demandas trasmitidas a través del Manifiesto de Santander:

1. Educación:

- La educación es la llave del futuro.

- Quitar las reválidas injustas.

- Sensibilizar sobre la importancia de la educación.

- Proyecto Releo, es decir, reciclar los libros y que las editoriales no cambien cada año de formato.

- Que los libros sean menos pesados y se puedan dividir las asignaturas por trimestres.

- Fomentar la mediación en los casos de acoso escolar, escuchando a ambas partes, tanto la del acosador como la del que ha sufrido el acoso.

- Profesores más especializados en cada asignatura y coordinados.

- Menos teoría y más práctica. Simplificar y explicar más los temas.

2. Protección:

- Los derechos son las leyes morales de una sociedad.

- La protección no solo es arreglar lo que ya está hecho, sino prevenir lo que pueda suceder en un futuro.

- Todo el mundo tiene igual derecho a la protección.

- Fomentar la conciliación familiar, dado que la familia es uno de los factores más importantes en la prevención del maltrato. Y en el caso del maltrato por parte de la familia, los amigos son importantes.

- Se debería concienciar, pero no solo a los niños pequeños, sino también a los jóvenes y adultos con juegos o actividades dinámicas, y no solo con reuniones, que no sirven de nada.

3. Salud y bienestar:

- Que la salud sea gratuita a nivel mundial y de calidad.

- Regular la venta de alcohol y drogas.

- Más hospitales en los pueblos.

- No queremos guerras.

- Queremos médicos para todos.

- Derechos para todos.

- Garantizar el derecho al hogar.

- Que la familia y amigos cuiden nuestra autoestima y que no se metan con nuestra imagen, que respeten cómo eres y cómo te vistes.

4. Igualdad de oportunidades:

- Creemos que debemos incluir la igualdad en diferentes ámbitos como género, deporte y el mundo laboral, entre otros, y como eje trasversal en educación.

- Hay que concienciar más a los coles e institutos acerca de que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos y obligaciones, ofreciendo charlas para fomentar la igualdad, además de trabajar con las familias.

- Premiar buenos resultados académicos y dar ayudas económicas a aquellos con pocos recursos.

- En cuanto a los medios de comunicación, que toda la información que se aporte sea de manera objetiva.


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- Y en cuanto a la inmigración, que se fomenten espacios de encuentro y de convivencia con gente de diferentes razas y culturas.

- Creemos que el pilar fundamental de la igualdad es la educación, ya que partiendo de una buena base educativa se pueden pulir todas las diferencias y por tanto la sociedad podrá avanzar y mejorar.

5. Refugiados:

- Los años siguen pasando, la situación sigue siendo la misma, o incluso va a peor. Hay más refugiados y eso conlleva a que haya más muertos, más sufrimiento y ninguna solución. Los gobiernos tienen que empezar a moverse, dar ayudas y no quitar ilusiones.

- También se tienen que abrir muchas de las fronteras que les hemos cerrado.

- Porque hoy les ha tocado a ellos, pero mañana nos puede tocar a nosotros.

- Todos podemos ayudar un poco poniendo de nuestra parte y sin dar la espalda a este problema que desgraciadamente aumenta día a día.

6. Participación:

- Se debería educar teniendo en cuenta el derecho a participar.

- Se debe cambiar la forma de enseñar, los profesores deberían dejar participar más a sus alumnos.

- Se pueden hacer diferentes dinámicas y actividades para aumentar los niveles de participación, no solo de los niños, sino también de los ciudadanos.

- Se debería hacer más campañas de sensibilización para dar a conocer y promover este derecho.

- Se debería pasar encuestas a los niños para que sus opiniones sean tomadas en cuenta.

- Hacer más actividades en las que participe todo el mundo.

- Apertura de nuevos colegios.

- Se pueden hacer aplicaciones para que la gente opine y participe diciendo qué se puede mejorar.

- Tiene que mejorar la eficacia de la participación, porque desde que damos una idea hasta que la hacen, pasa mucho tiempo. Se debería tomar esto más en serio.

- Hacer más debates.

Y como conclusiones finales creemos:

- Todos tenemos los mismos derechos por lo que todo el mundo tiene derecho a participar.

- Pensar globalmente y actuar localmente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

162/000541

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el impulso en la agenda internacional de la relevancia y la memoria de las víctimas del terrorismo, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

El papel de España ha sido clave en la inclusión del papel de las víctimas del terrorismo en las agendas internacionales en los últimos años y así, nuestro país ha sabido aportar su visión y la experiencia que por desgracia tiene sobre este asunto, tanto desde las instituciones como de la sociedad civil.

España se convirtió en el primer país de la UE que impulsó la elaboración de una Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo cuando presentó en las instituciones europeas, en 2014, un primer borrador, basado en su experiencia e incluyendo el derecho a la memoria, a la asistencia y a la inserción laboral. Con ella se pretende visibilizar el sistema español de apoyo a víctimas del terrorismo,


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pionero a nivel mundial, recoger un tratamiento específico para las víctimas por su significación política y su contribución a la sociedad, y reforzar su protección en la Unión Europea en su conjunto. A través de su memoria y del coraje y la fuerza de sus familiares, se construye un relato que desactiva y deslegitima de manera inequívoca el discurso terrorista. Es necesario que este relato y su voz alcance todos los rincones del planeta. Por ello el Gobierno español ha tratado de impulsar esta perspectiva en todos los foros internacionales sobre la lucha contra el terrorismo.

La UE es solo uno de los foros en los que se ha impulsado esta perspectiva española sobre lucha contra el terrorismo y en concreto sobre el apoyo a las víctimas. También en Naciones Unidas (NNUU) se ha trabajado en esta línea: se ha impulsado el Portal de Víctimas del terrorismo en NNUU, se ha promovido el debate sobre el control de combatientes terroristas extranjeros, materia en la que el Comité Contra el Terrorismo aprobó los "principios guía de Madrid" y el refuerzo de la cooperación judicial internacional en materia penal, enfocado al enjuiciamiento de los delitos de terrorismo, y se ha presentado al Consejo de Seguridad una resolución sobre esta materia, que fue aprobada por unanimidad como Res. CS 2322.

También nuestro papel ha sido clave para incluir los derechos de las víctimas en la Estrategia Global de NNUU contra el Terrorismo y, en general, el Memorando contra el Terrorismo, adoptado en 2013, se convirtió en un referente para todos los países.

Especial relevancia tiene la labor desempeñada durante nuestra presencia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que incluye la presentación en octubre de 2015, bajo la presidencia española del Consejo, del sistema español de apoyo a víctimas del terrorismo como un sistema pionero en protección específica. Para ello se organizó una reunión bajo la "fórmula Arria", junto con EEUU, que abrió las puertas por primera vez del Consejo de Seguridad a la voz de las víctimas del terrorismo, teniendo como protagonistas a víctimas de ETA, DAESH y Boko Haram, un encuentro histórico por incluir por primera vez en los 70 años de la ONU una representación de las víctimas del terrorismo de todo el mundo.

Este asunto, es hoy todavía más relevante, debido al reto que supone ya a nivel mundial la amenaza del terrorismo yihadista, y España tiene por desgracia una experiencia acreditada en este aspecto. La pérdida del apoyo social de ETA, a partir de la actividad de las víctimas, favoreció considerablemente el debilitamiento de la banda terrorista. Por ello, el avance en esta materia es crucial y supondrá un compromiso global con los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Seguir impulsando en las instituciones europeas, y en colaboración con nuestros socios, el reconocimiento de las víctimas del terrorismo y su significación política en la consolidación del Estado de Derecho, así como la protección integral de sus derechos, exponiendo el sistema español de reconocimiento y apoyo a víctimas, pionero a nivel mundial, como ejemplo de buenas prácticas.

2. Promover, en el seno de la UE, la aprobación de la Carta Europea de Derechos de las Víctimas del Terrorismo impulsada por nuestro país, que armonice los protocolos a seguir en los distintos países, asegurando que todos los afectados tengan y se vean amparados por los mismos derechos, eliminando cargas administrativas y regulando apoyo determinado a las víctimas de acuerdo con sus características específicas.

3. Seguir trabajando en otros organismos internacionales, como NNUU, para impulsar un Estatuto Internacional de Derechos de las Víctimas, y continuar promoviendo la actividad del Grupo de apoyo a las Víctimas del Terrorismo.

4. Liderar una mayor sensibilización internacional en materia de víctimas del terrorismo e incluir este asunto en la próxima reunión en España de los ministros del Interior del denominado G-6 en materia de lucha contra el terrorismo y contra su financiación.

5. Abogar por otorgar la mayor relevancia a la voz de las víctimas y a su ejemplo moral, dado el papel que juega su relato para deslegitimar ética, política y socialmente el terrorismo, y con ello la narrativa que tratan de imponer los grupos terroristas, así como combatir la propaganda de la radicalización."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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162/000542

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al impulso del acogimiento familiar, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

La modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, además de garantizar un marco jurídico uniforme en todo el Estado y reforzar la protección de los menores, atiende de manera especial a los más vulnerables, como es el caso de los menores acogidos.

El acogimiento familiar es una medida de protección a la infancia mediante la cual se ofrece un entorno familiar adecuado a los menores que, por diversas circunstancias, no pueden vivir en el suyo. Este acogimiento puede tener lugar en la propia familia extensa del menor o producirse en familia ajena.

En este sentido, cabe señalar que la reforma emprendida en materia de acogimiento prioriza las soluciones familiares frente a las residenciales, las estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas. Es decir, a fin de garantizar el interés superior del menor, se prima la promoción de modelos de acogimiento residencial compuestos por núcleos reducidos de menores, con la finalidad de que la convivencia sea lo más parecida posible a la de un contexto familiar.

Además, en un claro intento de dotar de transparencia al acogimiento, concretamente al familiar, y lograr su promoción, a través de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, se regula por primera vez el estatuto del acogedor familiar. Se trata de un conjunto de derechos y deberes para las familias de acogida, a la vez que recoge los derechos de los menores acogidos.

Es necesario seguir avanzando en el desarrollo normativo de las leyes de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y en el ámbito de sus competencias, a desarrollar la disposiciones adicionales tercera, "Criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad", y quinta, "Mecanismo interterritorial de asignaciones", de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

162/000543

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en el Pleno, relativa a la adopción de un plan de choque para erradicar la pobreza y la exclusión infantil en todo el territorio de la UE.

Exposición de motivos

La Convención de los Derechos de la Infancia, adoptada por Naciones Unidas en 1989 y ratificada por España, así como por todos los Estados Miembros de la UE, afirma en su artículo 4 que "los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional".


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En esa misma línea, la Carta Social Europea (aprobada en el Consejo de Europa en 1961 y revisada en 1991) reconoce en su artículo 7 que "para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los niños y los adolescentes a crecer en un medio que favorezca el pleno desarrollo de su personalidad y de sus aptitudes físicas y mentales, las Partes se comprometen a adoptar, bien directamente o bien en cooperación con las organizaciones públicas o privadas, todas las medidas necesarias y adecuadas encaminadas a garantizar a los niños y adolescentes, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus progenitores, los cuidados, la asistencia, la educación y la formación que necesiten, en particular disponiendo la creación o el mantenimiento de instituciones o servicios adecuados y suficientes a tal fin". Sin embargo, se constata que a pesar de la firma por parte de España de la revisión de la Carta Social Europea en el año 2000 todavía no ha sido ratificada, y que ya son treinta y cuatro Estados del Consejo de Europa que lo han hecho, y solo once los que quedan pendientes de ratificarla. La Carta Social Revisada consolida las 19 disposiciones de la Carta de 1961 y las 4 del Protocolo de 1988 y amplía el catálogo de derechos con otras ocho disposiciones.

A pesar de que ambos tratados internacionales están vigentes en la UE y dejan clara la obligación de los Estados Miembros de garantizar los derechos de la infancia a una vida libre de pobreza y sin exclusión social, las cifras muestran que en la UE estos derechos no se cumplen. Según el último estudio disponible, de 2015, la infancia es el grupo de edad con el mayor riesgo de exclusión social y de pobreza: un 26,9 % de los y las menores de 18 años en la UE están en riesgo de pobreza o de exclusión social.

Asimismo, al carecer de políticas públicas sociales con un enfoque de derechos, de género e interseccional, los resultados son que:

- Los hogares monoparentales con niñas, niños y adolescentes dependientes tienen el mayor riesgo de pobreza y exclusión social (47,8 %).

- El 78,2 % de la población que vive en hogares con muy baja intensidad de trabajo y con menores de edad a su cargo está en riesgo de pobreza.

- El 52,3 % de los y las menores de edad cuyos padres tienen niveles de educación bajo están en riesgo de pobreza, frente al 8,1 % de los y las menores en riesgo de pobreza con padres con niveles más elevados de educación.

- Los y las menores de edad provenientes de familias migrantes tienen mayor riesgo de pobreza y exclusión social.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Ratificar la Carta Social Europea revisada en 1996 y reafirmar el compromiso de España con los derechos sociales fundamentales de la Unión Europea y la naturaleza social del Estado, contemplado en el Título I de la Constitución Española.

2. Adoptar las actuaciones necesarias, en el marco de las instituciones europeas, para:

- Impulsar de forma inmediata en el seno de la UE la adopción de un plan de choque para erradicar la pobreza y la exclusión infantil en todo el territorio europeo, con la aplicación estricta de la Carta Social Europea y con un enfoque interseccional de derechos y de género.

- Promover la creación un programa comunitario de vivienda social que incluya la prohibición de los desahucios de primera vivienda en el territorio comunitario, especialmente de aquellas primeras viviendas en las que residen menores de edad.

- Apoyar la promulgación de una Carta Sanitaria Europea que garantice el derecho a la sanidad pública para todas y todos los y las menores de edad en todo el territorio de la Unión Europea."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-Sònia Farré Fidalgo y Pablo Bustinduy Amador, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley, y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Defensa

161/002673

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados número 2 de Segovia, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

Segovia cuenta desde 1802, año en el que se creó La Maestranza de Artillería para suministrar y satisfacer las necesidades de los alumnos de armas y cañones de la Real Academia de Artillería de Segovia, con el Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados (PCMASA núm. 2), conocida en Segovia como la Base Mixta.

Doscientos quince años son más que suficientes para entender el fuerte arraigo de la Base Mixta con toda la población de Segovia y viceversa. Tres generaciones de segovianos que han crecido y trabajado y, contemplado conjuntamente con la Academia de Artillería de Segovia la importancia para Segovia de estas instalaciones, y máxime cuando Segovia no se caracteriza especialmente por su tejido industrial.

Existe otro Parque y Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados, el denominado PCMASA n.º 1, situado en la Madrid. Ambos se encargan conjuntamente del mantenimiento de los sistemas acorazados y mecanizados de nuestro Ejército de Tierra.

Desde el año 1802 hasta nuestros días, el actual PCMASA n.º 2 ha recibido diversos nombres en función de las necesidades logísticas del Ejército de Tierra y sus instalaciones han ido evolucionando, actualizándose y modernizándose para poder hacer frente a los cambios registrados en las Fuerzas Armadas.

La Base Mixta de Segovia cuenta con una superficie de siete hectáreas de suelo urbano no consolidado en el mismo centro de Segovia, en concreto se encuentra en el Barrio de Sta. Eulalia. Está dotado de infraestructuras, recursos técnicos y medios humanos al más alto nivel, garantizando desde su creación hasta nuestros días el adecuado mantenimiento, reparación y reconstrucción de los vehículos TOAS, TOM, ATP M 109, VCR Centauro, avanzando constantemente en su modernización con el objetivo de mantener el ritmo de productividad y reduciendo los tiempos de entrega de los vehículos reparados.

En la actualidad en el PCMASA n.º 2 trabajan en las labores indicadas más de 200 trabajadores, de los cuales aproximadamente la mitad son personal civil y los restantes, más del 50 por ciento, son militares, todos ellos de una altísima cualificación y especialización, constituyendo de esta forma uno de los centros pioneros a nivel nacional en la integración de personal civil y militar.

En el año 2016 se llevó a cabo una oferta pública de empleo de 60 plazas para los dos PCMASA (Segovia y Villaverde-Madrid), no asignándose ninguna de las plazas al PCMASA de Segovia, lo cual ha creado gran incertidumbre y preocupación sobre el futuro Parque de Segovia.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el PCMASA 2 de Segovia teniendo en cuenta, a través de la próxima oferta pública de empleo, las necesidades del personal civil para lograr el mejor rendimiento de dicho parque."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002685

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la celebración del 75 aniversario de la Academia General del Aire, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

La Academia General del Aire (AGA) se creó en el año 1926. El aeródromo de San Javier fue la base aeronaval y, desde sus orígenes, ha estado destinada a la enseñanza aeronáutica.

Durante la Guerra Civil española (1936-1939), San Javier pasó a ser parte de las Fuerzas Aéreas de la República Española y, al igual que el aeródromo de Los Alcázares, constituyó uno de los principales núcleos de la aviación republicana. Tras la Guerra Civil, formó parte del Ejército del Aire cuya misión principal fue la enseñanza de vuelo mediante la creación de la Escuela Premilitar Aérea.

El Decreto de 28 de julio de 1943 creó la Academia General del Aire con el objetivo de formar a los futuros oficiales profesionales del Ejército del Aire en el ámbito militar, aeronáutico, cultural-humanístico y físico. El 15 de septiembre de 1945 ingresó la primera promoción cuyo primer director fue el coronel Antonio Munaiz de Brea. Actualmente, es la única academia de formación de oficiales del Aire en España y está plenamente capacitada para asumir los desafíos que plantean las nuevas tecnologías y los cambios estratégicos en el contexto mundial.

El Decreto 718/1968, de 6 de abril, modificó el del 16 de enero de 1953 sobre normas para el ingreso en la Academia General del Aire.

Su Majestad el Rey Don Felipe VI cursó parte de sus estudios militares en la Academia General del Aire de San Javier entre 1987 y 1998.

La Ley 39/2007, de la Carrera Militar, introdujo un nuevo modelo de enseñanza militar y creó el Centro Universitario de la Defensa (CUD) de San Javier, que permite adquirir una titulación de Grado a los alumnos de la AGA como ingenieros de Organización Industrial, además de incluir las enseñanzas propias militares y aeronáuticas. Este centro se encarga de formar a los futuros oficiales del Ejército del Aire en colaboración con la UPCT.

En cuanto a la integración de la mujer en la AGA, se han sucedido importantes hitos: en el curso 2006/2007, Rosa María García-Malea López alcanzó por primera vez la aptitud de caza y ataque; en el curso siguiente, la alférez Rocío González Torres obtuvo la máxima nota en dicha especialidad; y durante el curso 2008/2009, Lourdes Losa Calvo fue abanderada de la AGA por ser la primera mujer número uno de su promoción.

En junio de 2006, con motivo de las jornadas "Murcia Nuestra Cuna", se celebró el Festival Aéreo Aire en el que participaron las mejores formaciones nacionales y extranjeras. Unos años más tarde, en junio de 2010, se conmemoró el XXV aniversario de la Patrulla Águila, un festival aéreo que contó con la presencia de casi la totalidad de los aviones del Ejército del Aire, junto con una patrulla acrobática italiana llamada "Freche Tricolori". Ambos eventos tuvieron una notable repercusión mediática internacional, situando a San Javier en el centro del mundo aeronáutico.


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La Academia General del Aire de San Javier cuenta el presente curso académico con 530 alumnos de los que 107 son de nuevo ingreso y realizarán, de manera simultánea, estudios militares y universitarios en el Centro Universitario de la Defensa (CUD) adscrito a la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT).

En el acto solemne de apertura del curso académico 2017-2018 del pasado 25 de septiembre en la Academia General del Aire (AGA), el teniente general Javier Salto Martínez-Avial destacó el "honor y la satisfacción" que le producía presidirlo por primera vez como jefe del Estado Mayor del Aire y remarcó el importante papel que el Ejército del Aire tiene actualmente en las Fuerzas Armadas por ser "moderno, comprometido y al más alto nivel en la OTAN y las Fuerzas Aéreas aliadas".

El pasado 25 de mayo de 2017, la Asamblea Regional de Murcia, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, aprobó la moción 1125 sobre la concesión de la Orden del Mérito Civil a la Academia General del Aire de San Javier.

En esta iniciativa parlamentaria, además, queremos recordar y homenajear a los dos pilotos del Ejercito del Aire, que fueron alumnos de la Real Academia, que han fallecido en sendos accidentes, en el mes de octubre pasado, Borja Aybar y Fernando Pérez.

Por todo ello, con motivo de la celebración del 75 aniversario de la creación del Ejército del Aire, creemos conveniente impulsar los actos conmemorativos que se celebrarán en la base aérea de San Javier y extenderlos al resto de municipios de la Región de Murcia, para difundir la importante labor de la AGA y su contribución al prestigio de las fuerzas armadas de nuestro país.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Apoyar e impulsar los actos de celebración del 75 aniversario de la Academia General del Aire en San Javier y en el resto de España.

2. Impulsar la concesión de la Orden del Mérito Civil a la AGA por haber contribuido durante estos 75 años al desarrollo cultural, social y económico no solo del municipio de San Javier, sino de toda la Región de Murcia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/002676

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Portavoz, doña Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, relativa al mantenimiento de la marca y personalidad jurídica del Banco Pastor y de su estructura territorial de oficinas y plantilla.

Exposición de motivos

Por parte del Banco Santander se produjo, con fecha 7 de junio de 2017, la compra al FROB del Banco Popular y su filial en Galicia, el Banco Pastor, por un precio de un euro, en un procedimiento de resolución y venta por parte de las autoridades financieras europeas y españolas que mantiene a día de hoy un nivel elevado de opacidad y visos de irregularidad por el mantenimiento en secreto del informe de valoración realizado al efecto por la empresa consultora Deloitte, así como por el hecho de que las funciones de supervisión y valoración de la entidad objeto de las actuaciones, que deberían haber sido ejercidas por las instituciones públicas competentes al efecto (equipos de inspección y supervisión del Banco de España), fueran encomendadas a una empresa privada.


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Recientemente se han puesto en conocimiento público los planes de ajuste laboral derivados de la integración del Banco Popular y el Banco Pastor en el Grupo Santander, por el que este último anuncia la reducción de personal que afectará a 1.200 trabajadores, además de 575 traslados de empleados con funciones especializadas en el Popular que irán a las sedes de dos divisiones del Santander. Este proceso de reestructuración también afectará al cierre de servicios centrales e instalaciones dependientes, como la red territorial de oficinas.

Toda vez que ya se ha puesto en marcha este plan, por parte de los sindicatos del sector se ha informado de que en una primera fase, ya próxima, se va a proceder a realizar 179 rescisiones de contrato de personal del Banco Popular y el Pastor, a los que se sumarán otros en número todavía desconocido del Banco Santander, y quedan en el aire los más de doscientos que desempeñan su actividad en Bergondo, en el área metropolitana de A Coruña, que va a ser la provincia más castigada en esta primera oleada de despidos.

La integración bancaria ha propiciado que el Banco Santander aumente su cuota de mercado y negocio a un nivel ostensible. El Banco Popular con su filial, el Banco Pastor, se constituía hasta el momento de su resolución como la sexta entidad financiera española por tamaño, destacando por su posición de liderazgo en el negocio de las pymes, en el que copaba un 18 % de la cuota de mercado. Según comunicaron en su momento los responsables del Banco Santander, la operación de compra los situaba como líderes en España en mercado de créditos y depósitos, con una cuota total del 19 % del mercado y 17 millones de clientes. La absorción del Banco Pastor los colocaba a su vez como segunda firma en Galicia, con más del 30 % del negocio.

En este marco, el proceso de desmantelamiento de la plantilla supone, además de un elevado coste social, la reincidencia en prácticas que hasta el momento han sido denunciadas por representantes de los trabajadores del sector, en el sentido de que los sucesivos ajustes de plantilla realizados por esta y otras entidades han revertido en el abaratamiento de sus costes de explotación a costa del empeoramiento de las condiciones laborales por el aumento de la carga de trabajo a unos niveles poco tolerables del personal que queda en plantilla.

Además de los despidos masivos, la reestructuración propuesta por el Banco Santander supone el desmantelamiento de una red de oficinas bancarias que ofrece servicios en determinados ámbitos territoriales que pueden quedar en situación de "exclusión financiera". Esta deriva puede ser especialmente sangrante en el caso de Galicia, donde el Banco Pastor mantiene 202 sucursales que se extienden por las diferentes comarcas de perfil más rural, y cuya clausura supondría dejar sin cobertura de servicios a un buen porcentaje de la población gallega, lo que sumaría un nuevo factor al despoblamiento y el envejecimiento poblacional que sufren estas áreas.

La mitad de las oficinas del Banco Pastor, alrededor de 111, se localizan en municipios donde hay también otras del Banco Santander, por lo cual es más que posible que se proceda al cierre de numerosas sucursales. La red de oficinas del Banco Pastor cubre asimismo determinadas áreas de perfil rural, con municipios pequeños, donde el Banco Santander ha dejado de prestar servicios debido a su política comercial, con lo cual también es previsible que se proceda al cierre de estas.

Con todo ello, la cobertura de servicios bancarios va a experimentar un retroceso, más patente en áreas de municipios de pequeño tamaño donde los servicios ya son exiguos, con la consiguiente marginalización de parte de la población localizada en estas zonas.

El Banco Pastor, con sus 241 años de historia, ha tenido un papel clave en el desarrollo de Galicia, su tejido industrial y económico, así como en su cohesión social y territorial. Su fusión con el Banco Popular en el año 2011 por mandato del Banco de España no tuvo graves efectos en relación al empleo y la red de servicios. El Banco Pastor mantuvo su marca y su estructura territorial, lo que permitió a pequeños ahorradores e inversores gallegos mantener su actividad económica de manera estable. Hay que recordar que el Banco Pastor era, en el momento de su intervención, la segunda entidad por número de clientes, cuotas de depósitos, créditos y número de empleados en Galicia, solo por detrás de Abanca (antigua NovaCaixaGalicia, fruto de la fusión de las antiguas cajas Caixa Galicia y Caixanova). Esto es, una cartera de 680.000 clientes gallegos, que generan un negocio de más de 20.000 millones de euros.

En este marco, el cierre de oficinas por parte de su nuevo propietario, el Banco de Santander, tendría efectos muy negativos en relación a la pérdida de puestos de trabajo y la cobertura de servicios esenciales para buena parte de la población gallega. Se estima, así, que el mantenimiento de la personalidad jurídica propia del Banco Pastor, de su estructura de implantación territorial y de su plantilla son una causa de interés general que debe ser atendida desde las administraciones públicas de manera adecuada y urgente.


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Por otra parte, el propio Banco Santander informaba en un reciente comunicado a la CNMV que ha obtenido 5.077 millones de euros de beneficio neto entre enero y septiembre de 2017, lo que supone un incremento del 10 % sobre el ejercicio anterior. Esto supone que la posición económico-financiera del Banco Santander no presenta problemas que obliguen a emprender ajustes para garantizar la viabilidad o los buenos resultados de la empresa.

Por todo lo expuesto, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Tomar, de manera urgente, las medidas oportunas para propiciar que por parte del Grupo Santander se mantengan la marca comercial y personalidad jurídica del Banco Pastor, conservando su estructura de implantación territorial de oficinas y su plantilla de empleados y empleadas.

2. Adoptar las medidas necesarias para el mantenimiento del empleo en el Grupo Santander tras el anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo, sobre todo en aquellos territorios afectados por esta decisión de la entidad bancaria, y que en ningún caso supongan despidos, reforzando las negociaciones entre el Grupo Santander y los representantes de las personas trabajadoras, minimizando el número de personas afectadas y manteniendo una vía de ajuste basada en jubilaciones y otras salidas negociadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Hacienda y Función Pública

161/002681

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, sobre fiscalidad para jóvenes agricultores, para su debate en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Exposición de motivos

Con el objetivo de contribuir al logro de las prioridades de desarrollo rural de la Unión Europea, el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005 del Consejo, establece en su artículo 7 la posibilidad de que los Estados Miembros puedan incluir, en sus programas de desarrollo rural, subprogramas temáticos que aborden necesidades específicas relacionados, entre otras cosas, con los jóvenes agricultores.

En desarrollo de esta previsión, el citado Reglamento contempla, dentro de las medidas de Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas, una ayuda destinada a la creación de empresas para los jóvenes agricultores que se establecen por primera vez en una explotación agraria.

Aprovechando la oportunidad que el nuevo marco comunitario supone, la Comunidad Autónoma Andaluza incluyó, en su Programa de Desarrollo Rural 2014-2020, la Submedida 6.1, orientada a favorecer la creación de empresas por parte de los jóvenes agricultores.

Esta medida está siendo una herramienta esencial para impulsar el necesario relevo generacional en el sector agrario, estando destinada a apoyar la primera instalación de nuestros jóvenes en explotaciones rentables, competitivas e innovadoras.


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Los objetivos que se pretenden alcanzar son:

- Apoyar a los jóvenes mejor capacitados profesional y empresarialmente.

- Impulsar la innovación y las nuevas tecnologías, para aumentar la rentabilidad de las producciones y conseguir explotaciones mejor dimensionadas, más sostenibles y más competitivas.

- Impulsar el empleo agrario asociado a los proyectos beneficiarios de ayuda.

- Y en lógica consecuencia, mantener la población en el medio rural.

Al tratarse de una medida de apoyo dirigida al ejercicio de la actividad agraria, el programa de desarrollo rural la supedita a la realización de un Plan Empresarial en el que se detalle la situación inicial de la explotación agraria, se fijen los hitos, objetivos y acciones requeridas para el desarrollo de las actividades de la explotación, incluidas las relacionadas con la sostenibilidad medioambiental y la eficiencia de recursos. Las bases reguladoras contemplan, asimismo, el compromiso de mantener la actividad durante cinco años, que en caso de incumplimiento supondría el reintegro de la ayuda.

La Submedida 6.1 comenzó a desarrollarse a través de la Orden de 10 de junio de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, efectuándose asimismo la primera convocatoria de estas ayudas.

En esta primera convocatoria, la ayuda por primera instalación consiste en una prima base de 30.000 euros, extensible hasta 70.000 en función de determinadas variables, como el empleo generado por la explotación.

Esta convocatoria suscitó una altísima demanda, alcanzando unas cifras nunca antes conocidas en la historia de estas ayudas, superando ampliamente y en un solo año el volumen de solicitudes recibidas en todo el periodo anterior (concretamente 2.921 solicitudes, frente a las 2.400 del periodo precedente).

Ante la altísima demanda, expresión de la voluntad de los jóvenes por aprovechar esta oportunidad para emprender e instalarse en el sector agrario, el Gobierno de Andalucía decidió incrementar la dotación inicial de la convocatoria, de 20 millones, hasta los 90 millones finales.

Este compromiso presupuestario con el relevo generacional permitió hacer posible la instalación de 1.492 jóvenes en el campo, cubriendo casi el 60 % del objetivo previsto en esta línea para todo el marco (fijado en 2.584 jóvenes).

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos y prioridades de desarrollo rural de la Unión Europea, la recepción de la ayuda dispone un sistema de pago fraccionado en tres fases, respondiendo al ritmo de consecución de los objetivos incluidos en el plan empresarial aprobado.

De este modo, el beneficiario percibirá el primer pago, equivalente al 50 % de la ayuda concedida, tras la acreditación del acceso a la titularidad de la explotación, para cuya justificación dispone de 10 meses. El segundo pago, de un 25 % de la ayuda concedida, se percibe tras acreditar la condición de agricultor activo, contando con 19 meses para su justificación. Y el último pago, correspondiente al 25 % restante de la ayuda, se abona tras la correcta ejecución del plan empresarial.

En relación con estas ayudas, su tributación está generando preocupación en el sector, por su efecto sobre el Impuesto de la Renta de los beneficiarios, si se imputase en un único ejercicio.

Haciéndonos eco de estas inquietudes, recogidas por organizaciones representativas del sector, y con el objetivo de maximizar el apoyo al relevo generacional y optimizar el efecto de esta medida estratégica.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a analizar y proponer, en su caso, mediante la remisión de la correspondiente iniciativa legislativa y para su entrada en vigor en el presente ejercicio, la posibilidad de que las ayudas públicas otorgadas en el marco de los Programas de Desarrollo Rural a los jóvenes agricultores para la primera instalación de una explotación agraria, que deban integrarse en su totalidad en el ejercicio en que se perciban, puedan imputarse en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por cuartas partes, en el periodo impositivo en el que se obtengan y en los tres siguientes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-María Jesús Serrano Jiménez y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Fomento

161/002694

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la conexión ferroviaria del noroeste de España con el Corredor Atlántico de Transporte, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

En los últimos años, y con la incorporación de nuevos países miembros a la Unión Europea, Europa ha modificado sustancialmente la gestión y la ordenación de sus fondos estructurales y de inversión. Como consecuencia de ello, regiones del noroeste como Asturias o Galicia han dejado de ser objetivo prioritario y han perdido oportunidades vitales para su desarrollo económico y social.

Un claro ejemplo es el Mecanismo Conectar Europa: la convocatoria para el pasado año 2016, con una dotación inicial de 1.900 millones de euros y destinada a financiar proyectos relacionados con infraestructuras del transporte, dejó fuera de sus proyectos al Principado estableciendo que la prioridad es el desarrollo de sus nueve ejes de transporte, dentro de los cuales no se encuentra Asturias. Tras las reclamaciones de España y otros países, la Comisión Europea ha activado un procedimiento para revisar su mapa de corredores básicos transeuropeos. La mejora de estos nueve ejes ferroviarios está absorbiendo el grueso de las ayudas comunitarias para infraestructuras. El mapa quedó cerrado en 2013, con una España cruzada por los corredores Mediterráneo y Atlántico. Sin embargo, el tronco principal del Eje Atlántico necesita una estructura capital que le permita conectarse con los puertos de la fachada Atlántica y el Cantábrico, especialmente Gijón.

El pasado 18 de octubre se reunió el comité que gestiona el programa Conectar Europa, el programa financiero que agrupa estas subvenciones. En la cita se fijó un calendario para modificar el mapa de corredores básicos transeuropeos. Fomento dispone ahora hasta final de año para remitir su propuesta de revisión de los itinerarios. Una vez recibidas las sugerencias de los países, la Comisión Europea las analizará y fijará su planteamiento en junio.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a definir la conexión del noroeste español como prioritaria dentro de la red básica de corredores transeuropeos, defendiendo ante la Comisión Europea la extensión del eje atlántico de transporte a Asturias y Galicia, con el fin de que dichas regiones entren dentro de los nueve ejes de transporte prioritarios para la Unión Europea y puedan optar a los fondos del plan "Conectar Europa"."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2017.-José Ignacio Prendes Prendes y Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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Comisión de Educación y Deporte

161/002682

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Educación y Deporte, relativa a tener en cuenta las demandas sobre Educación del Manifiesto de Santander, acordado en el IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente.

Exposición de motivos

En el mes de enero de este año se celebró en el Congreso de los Diputados una jornada en la que niñas, niños y adolescentes, miembros activos de consejos municipales de participación, presentaron las conclusiones del IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente, celebrado en noviembre de 2016. Estas conclusiones se recogen en el "Manifiesto de Santander" y suponen una serie de demandas dirigidas a representantes del Congreso de los Diputados, y específicamente a integrantes de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.

La Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas reconoce el Derecho a Participar de niñas, niños y adolescentes, concretamente en sus artículos 12 y 13. El artículo 12 se refiere a la opinión del niño y de la niña y establece que "Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño". Por su parte, el artículo 13, sobre la libertad de expresión, establece que "El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño".

El principio de participación, por lo tanto, se traduce en el derecho de todos los niños y niñas a recibir la información adecuada a su edad para poder expresar opiniones fundadas con conocimiento de causa, a ser escuchadas/os y a ser tenidas/os en cuenta. En definitiva, se trata de asumir la necesidad y el derecho de la infancia a tener un papel activo en los distintos entornos en los que se desarrolla.

En cumplimiento del derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes y respondiendo al compromiso de nuestro Grupo Parlamentario de trasladar las demandas de la Sociedad Civil al Congreso de los Diputados, presentamos la siguiente Proposición no de Ley en la que se recogen las demandas surgidas de los Consejos municipales de participación, definidas en el Manifiesto de Santander.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que curse las modificaciones legislativas pertinentes para incorporar las demandas contenidas en el Manifiesto de Santander relativas a la Educación:

- La educación es la llave del futuro.

- Quitar las reválidas injustas.

- Sensibilizar sobre la importancia de la educación.

- Proyecto Releo, es decir, reciclar los libros y que las editoriales no cambien cada año de formato.

- Que los libros sean menos pesados y se puedan dividir las asignaturas por trimestres.

- Fomentar la mediación en los casos de acoso escolar, escuchando a ambas partes, tanto la del acosador como la del que ha sufrido el acoso.

- Profesores más especializados en cada asignatura y coordinados.

- Menos teoría y más práctica. Simplificar y explicar más los temas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-Javier Sánchez Serna, Diputado.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002678

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno, dado el interés industrial de Siemens Gamesa, adopte las medidas necesarias para que la empresa no proceda a la extinción de relaciones laborales mediante la tramitación de cualquier expediente de regulación de empleo y abra una mesa de seguimiento de empleo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

Durante el año 2016, las compañías Siemens y Gamesa Corporación Tecnológica, plantean una posible fusión de los negocios de energías renovables y ésta es aprobada por la junta de accionistas en octubre de 2016 en la documentación de fusión presentada se solicita a la CNMV la exención de tener que lanzar una OPA para poder llevar a cabo la fusión.

En diciembre del año 2016, la CNMV exime a Siemens de lanzar una OPA sobre Gamesa, ya que se justifica un interés industrial.

En marzo de 2017 se completan todas las autorizaciones de competencia de todos los países y se han cumplido todos los hitos para poder ejecutar la fusión.

El 3 de abril de 2017 comienza su andadura la nueva compañía fusionada Siemens Gamesa, que se proyecta como una empresa líder en energías renovables.

La presentación de resultados anual arroja un beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) de 774 M?. (Año fiscal entre el 01/10/2016 y 30/09/2017.)

La compañía fusionada da lugar a una empresa valorada en más de 10.000 M?, con 27.000 trabajadores en todo el mundo (Gamesa aporta 9.000 trabajadores y Siemens 18.000 trabajadores). Es necesario mencionar que los trabajadores procedentes de Siemens en Alemania (2.500 trabajadores aprox.) tienen una garantía de empleo de tres años debido a esta fusión y en la actualidad están viendo incrementados sus salarios.

Con esta fusión se ha perdido el control de la compañía que aunque cotiza en el lbex 35, está controlada en su mayoría por directivos alemanes, habiendo perdido la única empresa española que existía en un sector puntero como es el de las energías renovables. Además de lo anterior se la eximió de lanzar una OPA por un interés industrial.

Durante los años 2016 y 2017, se han realizado diferentes subastas de energías renovables en España, en las que se han adjudicado 8.000 MW de potencia, de los cuales 5.000 MW son de energía eólica a instalar hasta el año 2020. Siemens Gamesa se ha adjudicado un 25 % de estos pedidos y se encuentra trabajando en incrementar esa cifra hasta el 50 %. Con esta carga de trabajo existe suficiente trabajo para todo el personal hasta más allá del año 2020.

En la comunicación de resultados la empresa anuncia que en el primer semestre alcanzó unos ingresos de 5.022 millones de euros, primer semestre como empresa fusionada, tras la integración entre el fabricante de aerogeneradores Gamesa y la filial eólica del grupo alemán ingresos que suponen una caída del 12 % respecto al mismo periodo del año anterior. Registrando unas pérdidas de 135 millones de euros.

Además Gamesa antes de la fusión tuvo un beneficio neto record de 301 millones de euros, un 77 % más que en el ejercicio anterior, y los tres primeros meses del 2017 aun mayor de 100 millones de euros, un 39 % más que en el primer trimestre del 2016, por lo que resulta aún más inasumible que los despidos afecten a trabajadores de Gamesa.

El pasado 6 de noviembre, en la presentación de resultados de la compañía, se anunció un "plan de reestructuración", que consiste en un recorte de empleo de 6.000 trabajadores a nivel mundial, en nuestro país; Siemens Gamesa comunica a los sindicatos su previsión de despedir a 408 trabajadores en los próximos tres años en las diferentes plantas que la compañía tiene distribuidas por toda España, de los cuales 341 trabajadores serían durante 2017.


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Las organizaciones sindicales ha rechazado cualquier recorte de personal, máxime que la decisión se ha producido en un tiempo record después de la fusión.

Después de diferentes reuniones de los sindicatos con la empresa, el pasado 13 de noviembre, se entrega el dato de afectación en España, que es de 408 afectados, de una plantilla total de trabajadores; en dicha reestructuración, no están incluidas las fábricas, ni agencias de ingeniería que actualmente están trabajando en nuestros centros de trabajo.

Los trabajadores procedentes de Gamesa han sufrido diferentes reestructuraciones tanto en las áreas corporativas como operativas desde el ejercicio 2010, con diversos ERE's tanto temporales como de extinción de la relación laboral. Las medidas extintivas anunciadas no afectan a ningún trabajador de Siemens.

La empresa el pasado 23 de noviembre constituyó la comisión negociadora del ERE para proceder a materializar 272 despidos. Si bien antes del inicio de las reuniones de la mesa negociadora la empresa, informó mediante correo electrónico a los trabajadores afectados por los despidos y filtró información a la prensa además de entregar datos tanto al Gobierno vasco como el Gobierno de Navarra antes del proceso e incluso después de constituir la mesa negociadora sin informar de la misma forma a los representantes legales de los trabajadores.

Por este motivo la representación de la mesa negociadora decidió levantarse de la mesa ante las filtraciones continuas de la empresa, sin que hasta la fecha hayan existido negociaciones con la empresa. Y sin que la empresa aporte datos ni razones que justifiquen esta medida, con las que la empresa incumple su compromiso inicial al afirmar que la fusión no tendría un impacto negativo en la plantilla. Máxime cuando estas medidas extintivas suponen una discriminación con los trabajadores alemanes, a los que no afecta la extinción.

La empresa convoco reuniones para los días 28 y 29 de noviembre de 2017 a las cuales no han acudido las organizaciones sindicales, y ha vuelto a convocar nuevas reuniones para los días 4 y 5 de diciembre de 2017.

Los sindicatos representados en la mesa negociadora solicitan la retirada del ERE inmediata y que se aplique el artículo sexto del Convenio, creando una mesa de seguimiento del empleo permanente en la que la empresa informe de las medidas que pretende adoptar y priorizar aquéllas no traumáticas.

La situación por la que atraviesa la compañía, con unas cuentas en principio saneadas y operando en un sector con perspectivas de crecimiento, no justifica una restructuración a base de despidos, máxime teniendo en cuenta el trato de favor que se le dio a la compañía Siemens, para materializar la fusión, pues como se ha señalado se le eximió de lanzar una OPA sobre Gamesa, por su interés industrial.

Aunque en el día de ayer se llegó a un acuerdo con la empresa de retirada del expediente de despidos colectivos, esto no asegura que la empresa vuelva a presentar otro próximamente. Por este motivo se ha solicitado una garantía de empleo, con el serio compromiso de no realizar salidas traumáticas ante cualquier reestructuración.

En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista plantea la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reconocer que la ejecución de cualquier ERE en Siemens Gamesa es profundamente perjudicial para los intereses del país y de las comunidades autónomas afectadas.

2. Realizar las gestiones oportunas a través de todos los canales y actuaciones necesarias posibles con el fin de que se abandone la vía de las extinciones de relaciones laborales mediante la tramitación de un expediente de regulación de empleo.

3. Instar para que se abra una mesa de seguimiento de empleo con la representación legal de los trabajadores, en la que se dé la información necesaria a las organizaciones sindicales y que permita formular un nuevo plan empresarial para el grupo e incrementar su capacidad de producción y empleo y se diseñen medidas como bajas voluntarias, prejubilaciones a partir de los cincuenta y cinco años y garantía de empleo de tres años para los trabajadores españoles igual que los trabajadores alemanes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-María del Rocío de Frutos Madrazo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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161/002679

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Proposición no de Ley relativa a que el Congreso de los Diputados utilice suministros de energía limpia y cien por cien verde.

Acuerdo:

Admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, excepto el punto 2, por no ser una Proposición no de Ley el instrumento idóneo para instar a la Mesa de la Cámara a la adopción de un acuerdo en su ámbito de competencias. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y al Grupo proponente y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el Congreso de los Diputados utilice suministros de energía limpia y cien por cien verde, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

El modelo energético supone uno de los elementos centrales del desarrollo del modelo económico capitalista. Éste habría sido imposible sin la utilización de los combustibles fósiles a lo largo del siglo XX, igual que habría sido impensable el acceso a los bienes de consumo de forma masiva por parte de los países occidentales. Este modelo económico con lógica de acumulación creciente e infinita se sustenta en un modelo energético que le permite generar grandes plusvalías pero que, en sí mismo, parte de dos graves desventajas: el carácter no renovable y las consecuencias ambientales que está provocando a escala planetaria.

El cambio de modelo energético es condición necesaria para avanzar hacia un nuevo modelo productivo. Éste ha de ser incompatible con el capitalismo neoliberal, causa de la agudización de las injusticias y las desigualdades en y con el planeta. Este nuevo modelo habría de equilibrar mercado y Estado, situando como propios los intereses de la mayoría social, la creación de empleo estable y de calidad, así como un desarrollo sostenible desde los puntos de vista humano, social y medioambiental. El modelo energético actual está acabando con la vida del planeta y poniendo en riesgo a toda la humanidad, por lo que la acción política en esta materia resulta prioritaria.

El caso de España resulta especialmente paradigmático porque su modelo energético se sustenta de forma notable en el uso de los combustibles fósiles, con la complejidad que acarrea para un territorio que no los produce y, por lo tanto, es totalmente dependiente de su importación. A esta situación de vulnerabilidad económica permanente se le une una organización estatal del mercado eléctrico, basada en el control del sector por parte de un oligopolio que encuentra la complicidad permanente de los sucesivos gobiernos que promueven legislaciones para favorecer y reforzar sus intereses. Todo ello en absoluto detrimento del interés general. El modelo energético en España se aleja de su carácter de servicio público y obstaculiza su consideración como derecho fundamental y, por lo tanto, de acceso universal.


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Cualquier nuevo patrón energético debe contar con el sector público como palanca de cambio, pero también con la implicación ciudadana y la de sus instituciones democráticas. Por ejemplo, con acciones que permitan desconectarse de las comercializadoras del oligopolio. Sería un gesto que, sin suponer en sí mismo un cambio del modelo en su conjunto, permite introducir en el debate público el papel que juega el oligopolio energético.

Lo que aquí se propone es que el Congreso de los Diputados valore la migración de sus instalaciones desde la comercializadoras del oligopolio hacia las comercializadoras pequeñas, aquellas que suministran energía cien por cien verde y cuya organización empresarial se basa en la economía social.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados reconoce el carácter de servicio público del modelo energético y la necesidad de cambiarlo en nuestro país para superar la dependencia energética, favorecer el interés general y contribuir a la sostenibilidad ambiental.

2. [...]"

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002675

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del diputado Miguel Anxo Fernández Bello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente relativa a la necesidad de aprobar un Plan de Regeneración y Limpieza, y paralizar los vertidos contaminantes en el río Pesqueiras, afluente del río Miño, en el municipio lucense de O Saviñao.

Exposición de motivos

En el mes de enero de 2017 nos dirigíamos a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil con motivo de los continuos vertidos contaminantes que sufre el río Pesqueiras, afluente del río Miño, a donde finalmente van a parar los residuos.

Las denuncias de colectivos ecologistas, asociaciones de vecinos o incluso particulares son frecuentes en el municipio de O Saviñao (Lugo), Ayuntamiento por el que el río Pesqueiras pasa de forma íntegra.

La Asociación vecinal de O Saviñao ha denunciado en anteriores ocasiones la presencia de vertidos en dicho cauce fluvial. Al igual que colectivos ecologistas e incluso personas a título particular. Todos ellos enviaron quejas y reclamaciones a la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y denuncias al Seprona. Llevan tiempo demandando que se ponga fin de forma definitiva a esta práctica ilegal que se repite con demasiada frecuencia sin que se adopten medidas o se apliquen las sanciones pertinentes.

En los últimos días de noviembre, los vecinos de una aldea de O Saviñao que lleva el mismo nombre que el río, Pesqueiras, volvieron a sufrir malos olores procedentes del río y que presentaba un desagradable aspecto de color verdoso producto de los reiterados focos contaminantes. Desde hace tiempo, se apunta a una industria láctea cercana a Escairón.

El río Pesqueiras fue en el pasado un destacado coto truchero muy frecuentado por los pescadores. En las laderas de este río hay viñas que forman parte del cercano paisaje de la Ribeira Sacra que próximamente será declarado BIC por la Xunta. Este afluente del Miño discurre por un paisaje de enorme belleza e historia patrimonial, sin embargo, su estado de deterioro es tan grave que muchos expertos señalan que vive una práctica muerte biológica.


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La extrema sequía que padece la zona, al igual que otras muchas partes de Galicia, ha provocado que los vertidos queden impregnados en las piedras del lecho del río, causa de su mal aspecto además de desprender constantes malos olores.

En su respuesta escrita a este diputado en el pasado mes de abril, la Confederación Hidrográfíca confirmaba la recepción de las denuncias, asegurando que habían sido atendidas. Señalaba que "el pasado 30 de diciembre de 2016 se incoaba un expediente sancionador donde se acumulan todas las denuncias que desde julio de 2016 se realizaron por parte de la Guardería Fluvial". Mencionaba la Confederación a todos los denunciantes: Adega, Seprona, particulares, Asociación Petón do Lobo e Asociación Veciñal O Saviñao.

Indicaba en su respuesta que "al finalizar la tramitación del expediente sancionador se determinará si procede imponer sanciones a la empresa titular del vertido por incumplimiento de las condiciones". En el momento actual desconocemos si se han aplicado sanciones, pero sí consideramos urgente paralizar la progresiva contaminación de este cauce fluvial y recuperar su vida, su ecosistema y su aspecto antaño limpio y muy rico.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Medio Ambiente-Confederación Hidrográfica Miño-Sil a:

- Adoptar las medidas necesarias para paralizar definitivamente los constantes vertidos contaminantes al río Pesqueiras, afluente del Miño, en el municipio de O Saviñao (Lugo).

- Aprobar un Plan de Regeneración y Limpieza del río Pesqueiras a fin de recuperar su rico ecosistema y que vuelva a ser un río vivo, teniendo en cuenta su proximidad a la Ribeira Sacra cuya candidatura a Patrimonio de la Humanidad está en tramitación, al igual que su declaración como BIC."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-Miguel Anxo Fernández Bello y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002680

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no Ley relativa a defender ante la Unión Europea el sector del cerco de nuestro país, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La Unión Europea tomará una decisión sobre la gestión de la pesquería de las sardinas, una decisión que será muy importante para la pesquería española. En España, esa pesquería da trabajo a más de 2.000 tripulantes en 231 buques cerqueros: 85 de Andalucía y 148 de Galicia.

Desde 2012, con la puesta en marcha del "Plan de ordenación de la pesca de sardina (2012-2015)" acordado entre España y Portugal, la flota ibérica ha tenido restricciones en la captura de sardina por temporada. Los esfuerzos realizados hasta ahora han iniciado la recuperación parcial de la biomasa de esta especie, que ha pasado del mínimo de 111.536 toneladas de 2015 a 146.831 toneladas en la actualidad, lo que supone un incremento del 32 %, y ha situado la mortalidad de la sardina por pesca en los niveles más bajos de toda la serie histórica, como señalan los datos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES).

El ICES, comité científico que asesora a la Comisión Europea, tras los estudios realizados, ha planteado llevar a cabo varios escenarios, uno es la captura cero y otra la aplicación de más restricciones en la captura de sardinas. Cualquiera de estas medidas afectará notablemente a la flota del Golfo de Cádiz, y por ende, a las provincias de Cádiz y Huelva.

La flota andaluza ya ha dispuesto de 1,3 millones de ayudas de la Junta de Andalucía y Europa para paliar los efectos en el sector que tendrá la parada biológica que se llevará a cabo en el mes de diciembre.


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La flota del cerco del Golfo de Cádiz cuentan con 85 embarcaciones. El cerco vive de la captura de sardinas y boquerones principalmente, con una gran importancia en las provincias de Huelva y Cádiz, que cuentan con puertos pesqueros importantes como son los de Isla Cristina, Punta Umbría, Sanlúcar de Barrameda o Barbate significando ni más ni menos la importancia de la actividad extractiva en la zona. Esta flota contrata a más de 850 tripulantes y sustenta a más de dos millares de empleos en empresas auxiliares.

Ante estos hechos, defendemos una gestión sostenible de la pesquería de la sardina, donde se tenga en cuenta buscar el equilibrio entre la sostenibilidad de la biomasa, la sociedad, la economía y la alimentación.

Una solución que no sea equilibrada tendrá un impacto socioeconómico negativo en el sector, limitando su actividad a la captura de boquerón, caballa y jurel, es evidente pues que debería optarse por una reducción de cuota para permitir la recuperación de los caladeros.

El sector manifiesta su gran preocupación ante la incertidumbre que vive, han mantenido reuniones y elaborado peticiones a los Estados afectados, para que se evite el cierre total de los caladeros.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

I. Defender ante la Unión Europea el sector cerquero de nuestro país, propiciando un acuerdo equilibrado que proporcione una gestión sostenible de la pesquería de la sardina, donde se tenga en cuenta buscar el equilibrio entre la sostenibilidad de la biomasa, la sociedad, la economía y la alimentación.

II. Proponer ante la Comisión Europea llevar a cabo más estudios científicos a todos los niveles, para tener un conocimiento continuo de la realidad biomasa marina y los factores que inciden en ella, como puede ser el cambio climático, depredadores, etc.

III. Llevar a cabo un plan de gestión para la sardina, en colaboración con el sector, donde todos se comprometan a los límites de capturas, meses de paradas biológicas, topes de capturas por barco y día, para evitar el cierre de los caladeros."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 noviembre de 2017.-Josefa Inmaculada González Bayo, Antonio Pradas Torres y Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002686

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso del Proyecto denominado "Acondicionamiento del borde litoral entre Puerto del Rosario y Playa Blanca, 2.ª fase" (Fuerteventura), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Puerto del Rosario es el municipio que acoge la capital administrativa de la isla de Fuerteventura, en la provincia de Las Palmas. Es una ciudad joven, con apenas dos siglos de existencia.

Como capital administrativa de toda la isla, esta ciudad es referente comercial, industrial, cultural y de ocio al ser una de los núcleos más poblados de todo el territorio insular, además de ser el lugar donde se ubican tanto el Puerto de Interés General (comercial e industrial), como el Aeropuerto Insular de Fuerteventura, por el que llegaron en el año 2016 más de 3.200.000 turistas para visitar la isla.

Esta ciudad cuenta con una Avenida Marítima que se abre al mar y con un buen tramo de paseo que recorre una parte importante de la ciudad, pero que actualmente tiene un tramo de avenida inacabado que podría permitir llegar a Playa Blanca caminando en pocos minutos, donde se ubica una playa de 800 metros de arenas finas y doradas, caracterizada por el clima y la tranquilidad que se respiran en el municipio.


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Con el ánimo de terminar el tramo pendiente de ejecutar de la Avenida Marítima, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar ha impulsado un Proyecto redactado en noviembre de 2016 por la Demarcación de Costas de Canarias con asistencia técnica externa cuyo presupuesto inicial asciende a 2.943.000 euros.

Este proyecto define un paseo peatonal de 1.500 metros de longitud y seis metros de ancho (mínimo) desde el denominado Barranco del Negrito hasta el final de Playa Blanca (donde se encuentra el antiguo parador de turismo) como continuación del ya existente, que fue ejecutado por la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa en el año 2003 y que va desde donde se encontraban las antiguas instalaciones de la DISA hasta el referido Barranco del Negrito, de gran uso ciudadano. El mencionado proyecto además del paseo peatonal establece una serie de accesos al litoral o a la playa y jardinería para ornamentar la zona del paseo.

Con el fin de poder estar en disposición de ejecutar este paseo, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa ha ido expropiando a lo largo de estos años la franja de terrenos privados necesarios con un coste total para la Administración General de Estado de 1.727.219 euros.

Por lo tanto los terrenos necesarios para la ejecución de este paseo se encuentran actualmente disponibles para comenzar con el proyecto.

A pesar de haber sufragado el coste de la expropiación de los terrenos por parte de la Administración General del Estado y de que los indicadores económicos hayan mejorado, los recursos con los que cuenta la Dirección General de la Sostenibilidad y del Mar son limitados, motivo por el cual la ejecución material de este proyecto no cuenta actualmente con partida presupuestaria establecida a tal efecto. Sin embargo, en estos últimos ejercicios se ha ejecutado con éxito alguna obra de vital importancia para el litoral isleño que finalmente ha sido cofinanciada entre la Administración General del Estado y las Corporaciones Locales Insulares.

Atendiendo a este precedente, y al interés manifestado por corporaciones como el Ayuntamiento de Puerto del Rosario y el Cabildo Insular de Fuerteventura de que este proyecto pueda llegar a ser ejecutado y contando en la actualidad con fondos disponibles del Fondo de Desarrollo de Canarias (FEDECAN), que tras el estudio y la fiscalización pertinente, podría ser susceptible de aplicarse a la ejecución de este proyecto, entendemos procedente presentar esta iniciativa para promover que por parte del Gobierno se explore la posibilidad de llegar a un acuerdo de cofinanciación entre administraciones que permita ejecutar este proyecto tan deseado para el municipio de Puerto del Rosario.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la posibilidad de buscar colaboración interadministrativa a fin de ejecutar el Proyecto "Acondicionamiento del borde litoral entre Puerto del Rosario y Playa Blanca, 2.ª fase", por lo que a tal fin se requiere la colaboración del Cabildo Insular de Fuerteventura y del Ayuntamiento de Puerto del Rosario."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002693

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el articulo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el encauzamiento del Arroyo Hondo de Tobares en Valderrubio (Granada), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


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Exposición de motivos

El Ayuntamiento de Granada, con anterioridad a la segregación de Valderrubio, presentó ante la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir reiteradas peticiones de encauzamiento de los barrancos Hondo de Tobares y del Coscojar, ante los riesgos de desbordamiento y los daños a bienes y servicios públicos y privados.

A tales efectos, con fecha 17 de septiembre de 1996, la Dirección Técnica de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir propone a la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas que se autorice la redacción del Proyecto de encauzamiento de ambos barrancos. Esta última resuelve con fecha 20 de enero de 1997, la autorización a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para la redacción del Proyecto de Encauzamiento de los Barrancos de Coscojar y Tobares, T. M. Pinos Puente (Granada).

En octubre de 2004, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir redacta el "Proyecto de Recuperación de los cauces de los barrancos del Coscojar y Tobares" en el término municipal de Pinos Puente (Granada).

Con posterioridad al Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos correspondientes a las aguas de la cuenca del Guadalquivir que discurren íntegramente por el territorio de la comunidad autónoma, con el fin de agilizar la realización de la obra, la Dirección Provincial de Granada de la Agencia Andaluza del Agua retomó el proyecto redactado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, extrayendo la parte correspondiente al Barranco de Tobares. En septiembre del año 2006, se finaliza la redacción del proyecto de obra por parte de la Agencia Andaluza del Agua, con fecha 8 de mayo de 2009 la Dirección General de Infraestructuras y Explotación de la Agencia Andaluza del Agua aprueba el Proyecto de Encauzamiento del barranco de Tobares y con un presupuesto total de 4.301.971,33 euros.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, en su sesión de 2 de junio de 2009, aprueba un Plan de Mejora de Infraestructuras del agua en el que se incluye el encauzamiento del barranco de Tobares.

Con la devolución de las competencias del Guadalquivir al Estado, tras la Sentencia del TC 30/2011 de 16 de marzo de 2011 y las Sentencias del Tribunal Supremo, de 13 y 14 de junio de 2011, estimando los recursos contencioso-administrativos números 1/2009, 2/2009 y 66/2008 interpuestos contra el Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre, que declara la nulidad del Real Decreto impugnado, se dicta el Real Decreto 1498/2011, de 21 de octubre, en ejecución de sentencia, para hacer efectiva la devolución de las competencias sobre el Guadalquivir al Estado. Por tanto, a partir de este traspaso, la competencia respecto de la actuación en el Barranco Hondo de Tobares vuelve a ser de la Administración General del Estado.

El Barranco de Tobares tiene una superficie de cuenca aportadora de 5 km2, cuando se coloca paralelo a la carretera de acceso a Valderrubio hasta las vías del ferrocarril, donde desemboca en una pantaneta (balsa) que desagua a través de una acequia de riego, que corre paralela a la misma carretera mencionada anteriormente. Acequia que se adentra en el núcleo urbano paralela a la C/ Carretera, girando y soterrándose por la C/ Pintor Ortuño, para volver a girar y a emerger paralela a la C/ Sol. Al llegar a los terrenos de vega, incluso con lluvias de poca intensidad, se desborda e inunda terrenos agrícolas, afectando al núcleo de población de Valderrubio y a las vías de comunicación. Por esta circunstancia el Barranco Hondo de Tobares o Barranco de Tobares en Valderrubio, se encuentra incluido en el Plan de Prevención de Avenidas e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces, con la denominación de arroyo Hondo, con nivel de riesgo A3 y calificado en su anexo I como actuación prioritaria del Plan. Según el artículo 5 del citado Plan, las Administraciones Públicas competentes prestarán la máxima diligencia posible en la ejecución de las actuaciones prioritarias. En paralelo a todo lo descrito anteriormente se han ejecutado las obras correspondientes a la línea férrea del AVE que han afectado al cauce del barranco; dichas obras finalizaron en el año 2010 y, fruto de las mismas, la balsa que servía de retén a las aguas del barranco antes de su desagüe a través de la acequia, se vio mermada en su superficie de forma muy importante, ya que la ampliación de la vía vino a ocupar gran parte de ésta. La pérdida de superficie implicó en sí la pérdida de capacidad de retención, lo que hace que el agua embalsada comience a aliviarse en un espacio de tiempo mucho menor. A esto, hay que sumar el hecho de que el paso del barranco bajo las vías se ha modificado igualmente, incrementando su capacidad de paso, lo que implica un mayor volumen de agua aportado a la balsa en menor tiempo; hay que destacar en este punto, que las obras del AVE igualmente han puesto en servicio un cunetón paralelo a la vía, la cuenca que recoge este


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cunetón viene a sumarse a los 5 km2 de cuenca que ya recogía el propio barranco y por tanto a incrementar el riesgo de avenida.

La obra de encauzamiento no se ejecuta por suelo urbano del núcleo de Valderrubio sino que discurre por terreno rural, por lo que podría considerarse una actuación que no cumple con el traspaso de competencias efectuado por Real Decreto 1132/1984, de 26 de marzo. Por tanto, ha de considerarse de competencia de la Administración General del Estado, ya que a fecha de hoy la Junta de Andalucía no tiene competencias en la ejecución de obras de encauzamientos en terreros rurales de la cuenca del Guadalquivir.

Por otro lado, la obra requiere de la tramitación de procedimiento administrativo de afección de dominio público hidráulico del nuevo cauce que se crea con la ejecución de la obra de encauzamiento, cuya competencia tampoco corresponde a la Junta de Andalucía, ya que la obra se sitúa en la cuenca intercomunitaria del Guadalquivir.

Por todas estas circunstancias, se determina que se trata de una competencia de la Administración General del Estado que es responsable de la Demarcación Hidrográfica, que a su vez gestiona a través del organismo de cuenca la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta a que el Gobierno asuma las actuaciones de encauzamiento del Barranco Hondo de Tobares de la localidad de Valderrubio, en la provincia de Granada, como competencias propias en el ámbito de la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-Elvira Ramón Utrabo y Gregorio Cámara Villar, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002684

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de la especialidad de Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Los servicios farmacéuticos de atención primaria integrados en las estructuras de atención primaria de las entidades proveedoras de servicios sanitarios llevan a cabo actividades relacionadas con la utilización de medicamentos, a fin de garantizar su uso racional.

La creación de la figura del farmacéutico de atención primaria en los servicios que conforman el Sistema Nacional de Salud y su posterior consolidación en toda España se logró gracias a su inclusión en el artículo 81 de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. Esta Ley fue derogada por el Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, cuyo artículo 83 reitera: "Sin perjuicio de la responsabilidad que todos los profesionales sanitarios tienen en el uso racional de los medicamentos, las estructuras de gestión de atención primaria deberán disponer de servicios o unidades de farmacia de atención primaria".

Posteriormente, se consiguió un viejo anhelo de los farmacéuticos de atención primaria: una formación especializada reglada, homogénea, de calidad y por la vía FIR (Farmacéutico Interno Residente), tal y como quedó recogida en el Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, por el que se regula la troncalidad. Este Real Decreto estableció en su artículo 40 la modificación de la especialidad "Farmacia Hospitalaria" que


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pasaría a denominarse "Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria", y a la que podrían acceder los graduados/licenciados en Farmacia.

Sin embargo, en diciembre de 2016, la Sala Tercera del Tribunal Supremo anuló el Real Decreto de Troncalidad por considerar "insuficiente" el análisis del impacto económico y presupuestario que recoge su Memoria, sin entrar en el fondo del asunto. En consecuencia, quedó anulada la especialidad "Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria". Con esta decisión se volvía de nuevo a la situación previa, con una especialidad que sólo engloba la Farmacia Hospitalaria.

Por ello sería deseable, en base al consenso que ya hubo en su día, crear cuanto antes la nueva especialidad de "Farmacia hospitalaria y de atención primaria".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas, a adoptar, para su aprobación en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, las medidas necesarias encaminadas a crear la especialidad de Farmacia Hospitalaria y de Atención Primaria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002687

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para homogeneizar criterios de prestación de servicios funerarios, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La normativa en materia de salud pública, en concreto el Decreto 2263/1974, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, establece que la actividad de la Administración Pública en esta materia incluye, entre otros aspectos, toda clase de prácticas sanitarias en relación con los cadáveres y restos cadavéricos.

Las competencias de policía sanitaria mortuoria se encuentran transferidas a las comunidades autónomas. Sin embargo, corresponden a la Administración General del Estado los aspectos relacionados con los traslados internacionales de cadáveres, así como la clasificación de los cadáveres en función de su causa de fallecimiento.

En la actualidad, la mayoría de comunidades autónomas han desarrollado su reglamento de sanidad mortuoria, en el que establecen los requisitos de acceso y de ejercicio de la actividad profesional, con diferentes grados de concreción. Este hecho provoca diferencias en el ejercicio de los servicios funerarios en función del territorio.

Los traslados de cadáveres entre comunidades autónomas están generando una serie de conflictos debido a las múltiples regulaciones existentes en cuanto a autorizaciones, plazos, conservación y embalsamamiento. En algunas comunidades autónomas no se permite realizar el traslado a otra comunidad hasta que no trascurren veinticuatro horas desde el fallecimiento, lo que obliga a las familias a esperas dolorosas, o incluso a realizar dos velatorios, uno en la localidad donde se produce la muerte y otro en la localidad de residencia. Paradójicamente, resulta más sencillo y menos costoso llevar un féretro de Valencia a Bilbao que recorrer los 15 kilómetros que separan Guadarrama (Madrid) de San Rafael (Segovia).

Por todo ello, se hace necesario homogeneizar criterios de la prestación de servicios funerarios en lo que a la sanidad mortuoria se refiere, de forma que se exijan los mismos requisitos y se aplique el mismo procedimiento en todo el territorio nacional.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover un acuerdo con las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para homogeneizar los criterios de la prestación de servicios funerarios en lo que a la sanidad mortuoria se refiere."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002692

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, relativa a tener en cuenta las demandas sobre la Salud y el Bienestar del Manifiesto de Santander, acordado en el IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente.

Exposición de motivos

En el mes de enero de este año se celebró en el Congreso de los Diputados una jornada en la que niñas, niños y adolescentes, miembros activos de consejos municipales de participación, presentaron las conclusiones del IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente, celebrado en noviembre de 2016. Estas conclusiones se recogen en el "Manifiesto de Santander" y suponen una serie de demandas dirigidas a representantes del Congreso de los Diputados, y específicamente a integrantes de la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.

La Convención de 1989 sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas reconoce el Derecho a Participar de niñas, niños y adolescentes, concretamente en sus artículos 12 y 13. El artículo 12 se refiere a la opinión del niño y de la niña y establece que "Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño". Por su parte, el artículo 13, sobre la libertad de expresión, establece que "El niño tendrá derecho a la libertad de expresión; ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impresas, en forma artística o por cualquier otro medio elegido por el niño".

El principio de participación, por lo tanto, se traduce en el derecho de todos los niños y niñas a recibir la información adecuada a su edad para poder expresar opiniones fundadas con conocimiento de causa, a ser escuchadas/os y a ser tenidas/os en cuenta. En definitiva, se trata de asumir la necesidad y el derecho de la infancia a tener un papel activo en los distintos entornos en los que se desarrolla.

En cumplimiento del derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes y respondiendo al compromiso de nuestro Grupo Parlamentario de trasladar las demandas de la Sociedad Civil al Congreso de los Diputados, presentamos la siguiente Proposición no de Ley en la que se recogen las demandas surgidas de los Consejos municipales de participación, definidas en el Manifiesto de Santander.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que curse las modificaciones legislativas pertinentes para incorporar las demandas contenidas en el Manifiesto de Santander relativas a la Salud y el Bienestar:

Salud y bienestar:

- Que la salud sea gratuita a nivel mundial y de calidad.

- Regular la venta de alcohol y drogas.


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- Más hospitales en los pueblos.

- No queremos guerras.

- Queremos médicos para todos.

- Derechos para todos.

- Garantizar el derecho al hogar.

- Que la familia y amigos cuiden nuestra autoestima y que no se metan con nuestra imagen, que respeten cómo eres y cómo te vistes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de diciembre de 2017.-Amparo Botejara Sanz, Diputada.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002690

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para trasladar al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis el firme compromiso de España de retornar como donante del Fondo, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

La 5.ª Conferencia de Reposición de Recursos para el trienio 2017/2019 del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Malaria y la Tuberculosis, celebrada en Montreal, en septiembre de 2016, finalizó con un compromiso de erradicar, en 2030, esas devastadoras enfermedades. No en vano se recaudaron 12.900 millones de dólares para el período 2017/2019 -cerca de 1.000 millones de dólares más que en la anterior conferencia de 2013 y 100 millones menos que los que se esperaban reunir- para financiar programas de prevención y tratamiento.

Según el último informe del Fondo, desde 2002, ha financiado programas que han salvado la vida a 22 millones de personas, lo que se ha traducido en mayores oportunidades y justicia social para familias y comunidades de todo el mundo.

En palabras de Bill Gates, el mayor donante privado del Fondo, "El Fondo Mundial es una de las mejores cosas y más loables que la humanidad ha hecho nunca por sí misma. Es un vehículo fantástico para ampliar los tratamientos y los instrumentos de prevención de los que disponemos hoy en día. Una de las inversiones más inteligentes que se pueden hacer para conseguir un mundo mejor".

Los compromisos económicos más significativos que los países socios del Fondo anunciaron en la Cumbre Internacional corresponden a Estados Unidos (4.300 millones de dólares), el Reino Unido (1.430), Francia (1.211), Alemania (897, con un aumento del 33 %), Canadá (718, un incremento del 19 %) e Italia (que retorna como donante con 100 millones).

Los mencionados países están cumpliendo con los mencionados compromisos económicos.

España, hasta 2011, llegó a ser uno de los principales contribuyentes del Fondo, con 650 millones; a partir de esa fecha y amparándose en la crisis económica, ha dejado de financiar a este organismo.

En la Conferencia Mundial, el Gobierno español decidió atender a una de las peticiones unánimes de los grupos parlamentarios al Gobierno -PNL de 28 de abril de 2016 y posterior carta de los mismos al Gobierno-, que España estuviera representada de alto nivel en la Cumbre de Montreal, pero resolvió desoír el resto de las mismas, que España volviese a ser donante y que anunciase una aportación económica en consonancia con las necesidades del Fondo, la capacidad económica de España y el nivel de los países de su entorno.


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Asimismo, como primer compromiso financiero, en la Cumbre el Secretario de Estado anunció tres acuerdos de conversión de deudas con tres países de África (Etiopía, Cameroon y República Democrática del Congo) para un monto total de 15,5 millones de euros.

El cumplimiento de este primer compromiso ha tenido lugar el pasado 29 de noviembre mediante firma de los mencionados tres acuerdos entre el Fondo Mundial y el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Se trata de acuerdos de conversión de deudas que genera co-financiamiento en los mencionados países africanos; sin que exista nueva contribución para el conjunto de países que lo necesitan. Una conversión de deuda por salud, que entendemos no es el mejor instrumento de cooperación con el Fondo.

Con el fin de que el Gobierno decida retomar las donaciones al Fondo Mundial, el 22 de noviembre de 2016, todos los grupos parlamentarios aprobaron por unanimidad una PNL en la que se pedía otorgar al Fondo 100 millones de euros en los próximos tres años. La PNL fue presentada por el Grupo Socialista, el pasado 16 de septiembre, días antes de la 5.ª Conferencia de Reposición de Recursos.

El 7 de marzo de 2017, el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, en comparecencia ante la Comisión parlamentaria de Cooperación Internacional, reiteró su compromiso de reanudar la contribución de España al Fondo Mundial cuando la situación económica lo permitiera.

Recuperado el PIB del periodo anterior a la crisis se antoja pertinente que la cooperación para el desarrollo recupere el presupuesto perdido estos años del mismo modo que ya han hecho otros países de nuestro entorno que también ha sufrido duramente la crisis y las políticas de recortes presupuestarios.

El 9 de mayo de 2017, el actual Secretario de Estado, en comparecencia ante la mencionada Comisión, reiteró la intención del Gobierno de reanudar las contribuciones, tan pronto sea posible, en la medida en que los presupuestos lo permitan.

Sin embargo, a pesar de los compromisos mencionados, hasta la fecha no ha habido aportación económica alguna de España al Fondo Mundial. Y así fuentes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) aseguran que en los próximos Presupuestos no habrá una partida presupuestaria para la donación al Fondo Mundial.

Así las cosas, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que, más allá de los acuerdos de conversión de deudas, España debe realizar una contribución concreta para el año 2018 demostrando su voluntad de re-abrir una línea presupuestaria para el Fondo Mundial y de cumplir con el compromiso de volver como donante al Fondo Mundial.

A la luz de los compromisos de otras economías europeas y de la PNL de 22 de noviembre de 2016, estimamos que al menos 10 millones de euros para 2018 ha de ser la cantidad aproximada con la que España debería contribuir al Fondo Mundial para 2018, con el fin de llegar gradualmente a los 100 millones de euros, con una línea presupuestaria de al menos 10 millones en 2018, a incrementar en 2019 y siguientes años.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Trasladar al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Malaria y la Tuberculosis el firme compromiso de España de retornar como donante del Fondo con una aportación para el actual ciclo de reposición 2017/2019 del Fondo.

2. Incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado un aumento para la cooperación internacional, con una línea presupuestaria dedicada al Fondo Mundial de al menos 10 millones de euros.

3. Reafirmar el compromiso realizado por todos los grupos político en la PNL aprobada en noviembre de 2016, de alcanzar gradualmente a una aportación de 100 millones de euros al final de la presente legislatura, incrementando la partida estable destinada para este Fondo en el presupuesto de cooperación para el desarrollo de ejercicios siguientes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de noviembre de 2017.-María Dolores Galovart Carrera, Carlota Merchán Mesón y Jesús María Fernández Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/002674

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

Accesibilidad universal es la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de "diseño universal o diseño para todas las personas", y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse.

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de la ONU reconoce la importancia que para este colectivo reviste su autonomía e independencia individual, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. También señala la importancia de la accesibilidad al entorno físico, social, económico y cultural, a la salud y la educación y a la información y las comunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan gozar plenamente de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales.

La disposición adicional tercera del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, regula los supuestos y plazos máximos de exigibilidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. El plazo que se establecía para espacios, productos y servicios, ya se cumplió para aquellos que fueran de nueva creación. El plazo aplicable a los existentes, finaliza el 4 de diciembre de 2017. En esa fecha, deberían cumplirse las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de:

- Espacios públicos urbanizados y edificaciones.

- Medios de transporte.

- Oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y aquellos de participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la Administración de Justicia y a la participación en la vida política y los procesos electorales.

- Bienes y servicios a disposición del público por las personas con discapacidad.

Alcanzar la fecha del 4 de diciembre de 2017 con un aceptable grado de cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación habría requerido trabajo y esfuerzo presupuestario. El Gobierno de España no ha planificado adecuadamente las actuaciones necesarias y tampoco ha realizado ningún esfuerzo económico. El resultado de todo ello es que ni los espacios públicos urbanizados y edificaciones, ni los medios de transporte, ni las oficinas públicas, ni los bienes y servicios a disposición del público, ofrecen las condiciones adecuadas a la Convención, a pesar de haberse alcanzado la fecha tope establecida para ello.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para garantizar las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación:

1. Elaborar un calendario que señale las actuaciones que se llevarán a cabo en cada uno de los próximos meses, en todos los ámbitos, para dar cumplimiento a las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso y utilización de todos los espacios, productos y servicios que sean competencia de la Administración General del Estado, con el horizonte máximo de un año. El Gobierno presentará este calendario ante la Comisión de las Políticas Integrales de la Discapacidad.


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2. Dotar, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, una partida destinada a financiar las actuaciones necesarias para cumplir con los compromisos derivados de dicho calendario.

3. Crear un Fondo estatal de accesibilidad universal por el cual, del presupuesto ejecutado en obra pública e infraestructuras y en la sociedad de la información, un 1 % se destine a la accesibilidad física y tecnológica de las administraciones públicas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de diciembre de 2017.-Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/002688

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para prevenir los ahogamientos de menores de edad en entornos acuáticos, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.

Exposición de motivos

En julio de 2017 el número de ahogamientos de menores de edad en entornos acuáticos había aumentado un 92 por ciento respecto a 2016, según se desprende del primer Informe Nacional de Ahogamientos de Menores elaborado por la Escuela Segoviana de Socorrismo.

El informe también pone de manifiesto que la principal causa de los accidentes es la caída accidental al agua, especialmente entre los más pequeños, en momentos de escasa vigilancia y en ausencia de protección de acceso. El documento concluye afirmando que los ahogamientos infantiles ocurren en su práctica totalidad por una relajación en la supervisión, ya que un menor puede ahogarse en menos de 2 minutos y en tan solo 15 centímetros de agua.

Por ese motivo, y con el fin de evitar un fatal desenlace, es necesario no solo poner en marcha medidas como las contempladas en la Proposición no de Ley relativa a elaborar un Plan Nacional en materia de salvamento y socorrismo acuático, aprobada por unanimidad en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en septiembre de 2017, sino que también es fundamental desarrollar campañas de sensibilización que pongan el enfoque en la prevención como herramienta determinante.

Un gran número de fallecimientos de menores por ahogamiento en entornos acuáticos podrían evitarse extremando la precaución y potenciando la prevención. Además, no debemos olvidar que a estas muertes hay que sumar las dolorosas secuelas que se producen en el entorno familiar y en los socorristas y/o profesionales médicos encargados de la atención del menor.

Pese a que hay un 69 % de los casos de ahogamiento de menores que, afortunadamente no tienen un desenlace mortal, gran parte de los mismos conllevan una serie de consecuencias, como por ejemplo, discapacidades o traumas psicológicos, que tendrán un impacto seguro en el desarrollo futuro de las víctimas y en sus familias.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas, Entes Locales y entidades del Tercer Sector de Acción Social, a promover la realización y puesta en marcha de campañas de sensibilización sobre los ahogamientos entre los menores de edad, con el fin de prevenir y evitar estas situaciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/002689

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa la promoción de la figura del acogimiento familiar, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.

Exposición de motivos

En 2015, en España había 8.347.033 menores de edad, de los cuales 13.596 se encontraban en acogimiento residencial en centros dependientes de las entidades públicas de protección de menores.

Este dato refleja la realidad a la que se enfrentan muchos niños y niñas de nuestro país y advierte de la importancia de contar con familias que se ofrezcan para que estos menores puedan vivir con ellas.

Además, la legislación actual en materia de protección a la infancia y adolescencia prioriza el acogimiento familiar frente al residencial, las soluciones estables frente a las temporales y las consensuadas frente a las impuestas.

Es decir, la reforma estatal emprendida en 2015, y materializada en la Ley y la Ley Orgánica de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, apuesta por el acogimiento familiar como la mejor fórmula de protección a la infancia, ya que a los menores en situación de acogida se les ofrece un núcleo de educación y atención lo más parecido posible a un contexto familiar, que les permite disfrutar de grandes beneficios para su desarrollo psicosocial y afectivo, y así lo considera también la Convención de los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, que establece en su preámbulo el compromiso de los Estados Parte con el entorno familiar.

En consecuencia, es necesario que todas las administraciones públicas implicadas en el acogimiento familiar den a conocer la importancia, no solo social, sino también emocional, de esta opción de acogimiento.

En este sentido, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad contribuye a difundir esta medida y crear una cultura de acogimiento en la sociedad española, todo ello en estrecha colaboración con todas las comunidades autónomas, que son las que implementan efectivamente las políticas.

Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos sumarnos al apoyo que las distintas administraciones proporcionan a las familias acogedoras, reconociendo, por un lado, la gran labor que desempeñan al dar una oportunidad a nuestros niños y niñas para crecer como personas, como familia y como sociedad, enseñando, por otro, el valor de la solidaridad y fortaleciendo, finalmente, los principios de respeto, diversidad, integración y tolerancia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las comunidades autónomas, a promocionar el acogimiento familiar frente al residencial, poniendo, para ello, en marcha, campañas divulgativas y ofreciendo al ciudadano, a través del sitio web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, información a las familias acogedoras y posibles acogedores sobre el acogimiento, concretamente del familiar, a fin de promocionar esta medida e impulsando medidas de concienciación para que la sociedad conozca qué es el acogimiento familiar, qué beneficios tiene para los niños y las niñas y el perfil de los que se encuentran en los centros esperando la llegada de una familia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de diciembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, la siguiente pregunta oral al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por la Comisión que se indica, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de diciembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000626

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Empleo y Seguridad Social

Diputado don Alberto Rodríguez Rodríguez

Dirigida a doña Fátima Báñez García. Ministra de Empleo y Seguridad Social

Texto:

¿Piensa el Gobierno regular las condiciones de los trabajadores que prestan servicios de transporte de personas y pedidos para plataformas digitales como UBER, CABIFY o DELIVEROO?

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de diciembre de 2017.-Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputado.

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