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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 262, de 05/12/2017
cve: BOCG-12-D-262
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
5 de diciembre de 2017

Núm. 262


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

152/000002 Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera. Ampliación del plazo para finalizar sus trabajos ... (Página8)

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Asuntos Exteriores

161/002590 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el refuerzo de la seguridad en el Servicio Exterior ... (Página8)

161/002627 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la situación del ciudadano español encarcelado y condenado a muerte en Egipto ... (Página10)

161/002634 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento del Acuerdo de La Habana sobre el Proceso de Paz en Colombia ... (Página11)

Comisión de Justicia

161/002608 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de un Juzgado de lo Penal y una plaza de fiscal anticorrupción en la localidad de Logroño ... (Página13)

Comisión de Interior

161/002611 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a gestionar la llegada de inmigrantes a las costas de Andalucía ... (Página14)

161/002616 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las condecoraciones para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado víctimas del terrorismo ... (Página16)

161/002632 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo reglamentario de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria ... (Página17)


Página 2




Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/002609 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el Programa de Vacaciones del Imserso para los mayores ... (Página18)

161/002631 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la promoción de fuentes alternativas de financiación para las empresas y Pymes y el establecimiento de nuevos instrumentos financieros de apoyo a la innovación ... (Página20)

161/002635 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la excepción en la intervención previa en los Organismos Públicos de Investigación ... (Página21)

Comisión de Fomento

161/002597 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para la mejora de la red ferroviaria y del servicio de Cercanías en Murcia y Alicante ... (Página22)

161/002602 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la incorporación por AENA del sistema tecnológico GNSS de ayuda a las operaciones de aproximación y aterrizaje en el aeropuerto de San Sebastián ... (Página24)

161/002606 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Ciudadanos, sobre el trazado alternativo para la ampliación de capacidad de la A-62 a su paso por el municipio de Simancas (Valladolid) ... (Página25)

161/002614 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la señalización del acceso a Antequera (Málaga) en la A-45 ... (Página26)

161/002617 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre protección de la vivienda habitual frente a deudas contraídas con las Administraciones y Organismos Públicos ... (Página27)

161/002622 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a mejorar las exigencias básicas de seguridad de los edificios en caso de incendio ... (Página28)

161/002628 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Protocolo para la ampliación de la red de metro de la ciudad de Sevilla ... (Página29)

Comisión de Educación y Deporte

161/002595 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los roles asignados a juguetes en centros escolares y publicidad ... (Página30)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002592 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Plan para incrementar la plantilla de la Tesorería General de la Seguridad Social ... (Página31)

161/002630 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reducción de la contratación temporal y a tiempo parcial ... (Página32)


Página 3




Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002600 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados del sector eléctrico ... (Página35)

161/002613 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la inclusión de Antequera (Málaga) en el catálogo del Sistema de Señalización Turística Homologada (SISTHO) ... (Página36)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002591 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los procesos de declaración de Parque Nacional del Mar de las Calmas (Canarias) y Sierra Bermeja (Andalucía) ... (Página37)

161/002603 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitar a la Unión Europea mejoras en los acuerdos de pesca con Mauritania, y que empiece a negociar la renovación de los existentes con Guinea Bissau y Marruecos ... (Página39)

161/002604 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la creación de forma inmediata de la Comisión de seguimiento de sequía para los ríos Tirón, Najerilla y Oja ... (Página40)

161/002605 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la ejecución definitiva del Plan de Restitución Territorial por las obras del embalse de Montearagón (Huesca) ... (Página40)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002593 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, de medidas de apoyo a los ciudadanos que padecen la enfermedad celiaca ... (Página41)

161/002625 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de la figura del geriatra ... (Página43)

161/002626 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promocionar el voluntariado cultural ... (Página44)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002620 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana y Mixto y el Diputado don Íñigo Barandiaran Benito (GV-EAJ-PNV), para orientación política del Gobierno en la definición de la estrategia nacional para el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 ... (Página45)

161/002623 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas extraordinarias de apoyo, aplicación y puesta en marcha del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, así como el incremento de medidas de evaluación de impacto relativas a las operaciones de empresas con actividad económica transnacional ... (Página52)

161/002629 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la Agenda 2030 ... (Página53)


Página 4




161/002637 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a solucionar la precariedad en el personal laboral expatriado de la AECID ... (Página55)

Comisión de Cultura

161/002610 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el impulso del conocimiento de la obra y figura del célebre escritor José Viera y Clavijo ... (Página56)

Comisión de Igualdad

161/002596 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los roles asignados a juguetes en centros escolares y publicidad ... (Página58)

161/002619 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a avanzar en corresponsabilidad en las labores de cuidado de los hijos e hijas ... (Página59)

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/002599 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los efectos negativos para la biodiversidad de la expansión de las plantaciones de eucalipto y necesidad de incluir su acotamiento en la Estrategia para hacer frente al Cambio Climático ... (Página60)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/002612 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre exención de pago de peaje en autopistas para personas con movilidad reducida

64

161/002624 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la mejora de la accesibilidad a los centros y servicios sanitarios ... (Página64)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002601 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas del paso de vehículos en el municipio de Castellanos de Moriscos ... (Página65)

161/002607 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la mejora de la seguridad vial en la N-642 a su paso por los municipios de Foz, Ribadeo y Cervo en A Mariña (Lugo) ... (Página66)

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/002594 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre los roles asignados a juguetes en centros escolares y publicidad ... (Página68)

161/002618 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el cese del internamiento de menores en los Centros de Internamiento de Extranjeros ... (Página69)

161/002633 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la gran afluencia de los menores extranjeros no acompañados en Andalucía ... (Página71)


Página 5




161/002636 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la adopción de medidas para la localización de los "bebés robados" (recién nacidos, menores de edad ya sean adoptados ilegales o falsos biológicos inscritos) que permitan la reagrupación familiar ... (Página72)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Interior

181/000573 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre fecha prevista para dotar al puerto de Málaga de un espacio para atender dignamente a los inmigrantes rescatados en pateras ... (Página74)

Comisión de Defensa

181/000605 Pregunta formulada por el Diputado don Odón Elorza González (GS), sobre situación de la negociación del Ministerio de Defensa con el Ayuntamiento de San Sebastián sobre la petición del traslado de los actuales cuarteles militares de Loiola a otro territorio más adecuado del municipio donostiarra ... (Página74)

Comisión de Fomento

181/000572 Pregunta formulada por el Diputado don José Miguel Camacho Sánchez (GS), sobre previsiones acerca de la conexión en Alta Velocidad de Madrid con Extremadura ... (Página75)

181/000575 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre consideración de las posibles soluciones aportadas por los vecinos para resolver los problemas de seguridad vial existente en la carretera N-541, alrededor del punto kilométrico 84,800, por la realización de obras que están provocando un alto grado de malestar entre los afectados por las mismas, así como actuaciones para dar solución a los mismos ... (Página75)

181/000576 Pregunta formulada por la Diputada doña María Teresa Arévalo Caraballo (GCUP-EC-EM), sobre medidas y mecanismos puestos en marcha para evitar la supresión de las líneas de autobús VAC-114 y VAC-212 ... (Página75)

181/000577 Pregunta formulada por el Diputado don Herick Manuel Campos Arteseros (GS), sobre valoración del informe elaborado por la Asociación Valenciana de Empresarias sobre "Estado actual del corredor ferroviario del Mediterráneo tramo a tramo" (entre la frontera francesa y Algeciras) ... (Página76)

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

181/000571 Pregunta formulada por la Diputada doña Melisa Rodríguez Hernández (GCs), sobre motivos por los que el Gobierno no se sumó al compromiso internacional para establecer una fecha límite del uso del carbón como fuente de producción energética ... (Página76)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000578 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre motivos por los que se amplía la cantidad de agua desembalsada en el canal del Najerilla (La Rioja) de dos a cinco metros cúbicos por segundo entre el 03 y el 24/08/2017 ... (Página77)


Página 6




181/000579 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre cantidad de agua desembalsada en el canal del río Najerilla (La Rioja) entre el 03 y el 24/08/2017 ... (Página77)

181/000580 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre organismo que toma las decisiones de desembalse del canal del río Najerilla (La Rioja) ... (Página77)

181/000581 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre fecha prevista para la construcción de la balsa de regulación del canal del río Najerilla (La Rioja) situado en Zarratón ... (Página77)

181/000582 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre existencia de actas de las reuniones de la Comisión de Desembalse del Canal del río Najerilla ... (Página78)

181/000583 Pregunta formulada por el Diputado don César Luena López (GS), sobre previsiones acerca de mantener el modelo de gestión ejercido sobre el canal del río Najerilla (La Rioja) por la Confederación Hidrográfica del Ebro o de modificar la gestión y adoptar un modelo de gestión privada o externa ... (Página78)

181/000584 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas para incrementar la producción del sector acuícola ... (Página78)

181/000585 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas para promover la profesionalización e internacionalización del sector agroalimentario de nuestro país ... (Página79)

181/000586 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre valoración de las posibles consecuencias del elevado uso de antibióticos en animales ... (Página79)

181/000587 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre previsiones acerca de garantizar que los fondos estructurales pesqueros no sean usados como variable de ajuste en las futuras negociaciones tras el Brexit ... (Página79)

181/000588 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre previsiones acerca de revisar y actualizar la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza ... (Página79)

181/000589 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas para luchar contra la despoblación, especialmente en el medio rural ... (Página80)

181/000590 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre previsiones acerca de promover el rejuvenecimiento y la modernización de la flota pesquera ... (Página80)

181/000591 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre fecha prevista para dar cumplimiento a lo dispuesto en los diversos artículos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que están pendientes de cumplir ... (Página80)

181/000592 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas para lograr la regeneración del Mar Menor ... (Página81)

181/000593 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas para garantizar la prestación de servicios públicos esenciales en el medio rural ... (Página81)


Página 7




181/000594 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas en materia de igualdad y de fomento del relevo generacional en el sector pesquero ... (Página81)

181/000595 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre medidas para hacer frente a la Xylella fastidiosa ... (Página81)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

181/000574 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre valoración de los problemas de seguridad vial existentes en la carretera N-541, alrededor del punto kilométrico 84,800, por la realización de obras que están provocando un alto grado de malestar entre los afectados por las mismas, así como actuaciones para dar solución a los mismos ... (Página82)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/020038 Autor: Díaz Pérez, Yolanda

Marcello Santos, Ana

García Sempere, Eva

González García, Segundo

Real Decreto que regula el cierre de centrales eléctricas en España ... (Página82)

184/020887 Autor: Fernández Díaz, Jesús María

Existencia de algún convenio suscrito entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con alguna organización o agrupación de asociaciones de pacientes ... (Página84)

184/020974 Autor: Bustinduy Amador, Pablo

Compromisos adquiridos por el Presidente del Gobierno ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su discurso del 13/10/2015 ... (Página85)


Página 8




COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

152/000002

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(152) Comisión de Investigación.

Autor: Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera.

Ampliación de la motivación de su solicitud de prórroga del plazo para la finalización de los trabajos de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera, hasta el 31/07/2018.

Acuerdo:

Ampliar el plazo para la conclusión de los trabajos de dicha Comisión hasta el día 31/07/2018, comunicando este acuerdo a la citada Comisión y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/002590

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el refuerzo de la seguridad en el Servicio Exterior, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.


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Exposición de motivos

La seguridad de las misiones diplomáticas constituye uno de los problemas más graves en los tiempos que corren. Aunque la mayoría de los países en los que se ubican las representaciones de España pueden catalogarse como seguros o al menos relativamente seguros, hay una nutrida lista de otros países que no solamente no gozan de seguridad alguna, sino que por sus propias características invitan a la comisión de ataques y atentados contra las representaciones extranjeras.

En el ámbito de la seguridad en el exterior, el responsable último en el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación es el Subsecretario de Asuntos Exteriores y de Cooperación, quien ejerce esta responsabilidad a través del Director General del Servicio Exterior. A su vez, este Director General del Servicio Exterior, dirige -entre otras áreas- el Área de Seguridad que está a cargo de un Inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía.

El área de seguridad en el exterior cuenta con una plantilla de tan solo cinco puestos, uno de los cuales está sin cubrir en estos momentos. Este área está dirigida por un funcionario de la escala ejecutiva del CNP, categoría inmediatamente inferior a la de inspector y trabajan con él otro funcionario de la escala ejecutiva y un subinspector del CNP y un funcionario del cuerpo general auxiliar.

Es evidente que tan parca dotación es notoriamente insuficiente para evaluar, planificar y ejecutar las exigencias de seguridad que plantean las 120 representaciones de España en el exterior; los consulados de Jerusalén y Puerto Rico, asimilados a embajadas; las 10 representaciones permanentes ante organizaciones internacionales (UE, UN, OTAN, OSCE, OEA, etc.); y los 95 consulados generales a cargo de funcionarios diplomáticos. Es importante recordar además que en este supuesto no se contemplan los más de 200 viceconsulados honorarios de España que también podrían ser objeto de ataques terroristas o de otra índole.

El procedimiento general consiste en que, a solicitud del embajador o a iniciativa de la oficialía mayor, uno o varios funcionarios se desplazan a la representación elegida para evaluar y cuantificar las necesidades de la representación diplomática en materia de seguridad. Preparado este informe en el que se proponen una serie de medidas de seguridad, es generalmente un contratista privado quien, en base a dicho informe, se encarga de suministrar e instalar los elementos de protección necesarios así como de asegurar su mantenimiento.

De manera general, estos procedimientos en materia de seguridad están sujetos a que exista disponibilidad presupuestaria suficiente para llevarlos a cabo, y la experiencia nos demuestra que -salvo casos de extrema necesidad- transcurre un considerable lapso de tiempo entre el reconocimiento de las necesidades en materia de seguridad de una determinada representación y la instalación de los correspondientes elementos (cámaras de seguridad, arcos de detección, scanners de rayos X, detectores de explosivos, puertas acorazadas, etc.).

En términos generales, los países de Europa Occidental y Central, Iberoamérica, resto del Continente Americano, Oceanía y Extremo Oriente, pueden considerarse países seguros, aunque si se produjeran graves disturbios o guerras civiles en alguno de estos Estados, nos encontraríamos ante una grave amenaza potencial a la que sería necesario hacer frente.

Por el contrario, muchos países de África, de Oriente Medio y de Asia sí están viviendo condiciones de inseguridad, inestabilidad, guerra civil, o conflicto internacional, lo que obliga que se realicen consideraciones particulares y se analice caso por caso la situación de seguridad en estas embajadas.

Proposición no de Ley

"Por todo ello, se insta al Gobierno a:

1.º Proceder a una reevaluación de los riesgos así como a una reasignación de recursos para aquellas representaciones situadas en áreas de mayor peligro; concretamente en Maghreb, Mashrek, sahel, Nigeria, Oriente Medio; subcontinente Asiático; Honduras, Guatemala o Haití, entre otras.

2.º En la medida de lo posible y sobre todo en países de riesgo, concentrar en un mismo complejo o compound, la cancillería, la residencia del embajador y el consulado, de forma a optimizar los recursos, facilitar el trabajo de los agentes encargados de la protección del personal e instalaciones diplomáticas.

3.º Primar la seguridad en países de particular riesgo, valorar la fórmula del arrendamiento para la ubicación de las instalaciones diplomáticas, para que el Estado no vea constreñida su actuación en materia de seguridad por las limitaciones que implica ser propietario de un inmueble en ese determinado país.


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4.º Evitar ubicar las instalaciones diplomáticas en zonas en las que no predomine la comunidad diplomático-consular o barrios no gubernamentales, o simplemente evitar ubicaciones peligrosas o poco recomendables o de difícil acceso.

5.º Formar de manera especial en tareas antiterroristas y anti insurgencia, a todo el personal destinado a servicios de protección en el exterior.

6.º Dotar al personal encargado de la seguridad en estas representaciones diplomáticas de armamento y equipo de munición de fabricación reciente y de protección integral antibalística. Se reforzará asimismo la formación continua y el entrenamiento constante de estos efectivos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002627

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores, relativa a la situación del ciudadano español encarcelado y condenado a muerte en Egipto.

Exposición de motivos

Desde diciembre de 2016 el ciudadano español Ahmed el Saadany Ghaly, nacido el 29 de noviembre de 1971 y con pasaporte XDB354143, se encuentra detenido en una cárcel egipcia.

Ahmed el Saadany Ghaly fue detenido y encarcelado por las autoridades egipcias cuando, tras el asesinato de su cuñado el 13 de diciembre de 2016, un hermano del fallecido declaró a la policía que este tenía diferencias con Ahmed el Saadany Ghaly por causa de una herencia familiar.

Una vez en la cárcel, el ciudadano español ha declarado que fue torturado, golpeado, humillado y amenazado por la policía. Al día siguiente de su encarcelamiento también detuvieron a su mujer y a su hermano, que alegan que fueron torturados y golpeados en presencia de Ahmed. A estas torturas se sumó también la amenaza de repetir las mismas acciones con su madre y sus hermanas.

Como ciudadano de nacionalidad española, Ahmed el Saadany Ghaly solicitó a las autoridades egipcias poder contactar con la Embajada de España en Egipto. Tras días de espera, se le permitió una visita de tan solo tres minutos del cónsul español y, desde entonces, a Ahmed el Saadany Ghaly no le han permitido más visitas del cónsul. Únicamente se le permite una visita de un minuto a la semana en la que un familiar le entrega una bolsa de comida.

El pasado 21 de octubre, un tribunal de primera instancia egipcio condenó a morir en la horca a Ahmed. En la actualidad el abogado de este ciudadano español ha apelado esta decisión sin tener aún respuesta de los tribunales competentes. A raíz de esto, el día 26 de octubre fue trasladado a la prisión de Gamasa, a 40 km de Damieta, de donde es originaria su familia. Desde ese día ya no se permiten las visitas.

Desde la llegada al poder de Abdelfatah AI-Sisi han sido múltiples las organizaciones que han denunciado violaciones de derechos humanos en Egipto. Amnistía Internacional, en un informe de junio de 2016, revela que en los últimos años decenas de miles de personas han sido detenidas sin juicio o condenadas a penas de prisión o muerte, a menudo tras juicios sin apenas garantías judiciales. Además, este informe destaca un aumento sin precedentes de las desapariciones forzadas desde principios de 2015.

A día de hoy la situación continúa siendo muy grave. Según el Informe 2016/2017 de Amnistía Internacional "grupos egipcios de derechos humanos documentaron decenas de denuncias de muerte bajo custodia como consecuencia de torturas y otros malos tratos".

Todas estas circunstancias no hacen sino alertar sobre la falta de garantías judiciales y procesales en las que se ha desenvuelto el juicio contra Ahmed el Saadany Ghaly, el cual ha culminado con una sentencia abiertamente contraria a los derechos humanos.

Por todo ello se presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Solicitar a las autoridades egipcias la repetición del juicio del ciudadano español Ahmed el Saadany Ghaly, con la garantía de que se celebrará un juicio justo, acorde con las normas internacionales sobre juicios justos y en el que no se recurra a la pena de muerte.

- En caso de que un juicio acorde con las garantías resolviera la culpabilidad del ciudadano español, y se repitiera la condena muerte, solicitar al Gobierno egipcio la conmutación de la pena impuesta.

- Solicitar a las autoridades egipcias que garanticen la protección contra la tortura y otros malos tratos, y que se lleve a cabo una investigación independiente e imparcial sobre las denuncias de tortura.

- En cualquiera de los casos, concederle a Ahmed el Saadany Ghaly y a su familia la ayuda económica prevista en la Orden AEC/2088/2011, de 11 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas económicas para la asistencia jurídica a ciudadanos españoles que afronten condenas de pena de muerte.

- Solicitar a las autoridades egipcias conmutar todas las penas de muerte por condenas de prisión y establecer inmediatamente una suspensión oficial de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena capital."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002634

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para el cumplimiento del Acuerdo de La Habana sobre el Proceso de Paz en Colombia, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

A finales del pasado mes de noviembre del año 2016 se concluía el refrendo legislativo del Acuerdo de Paz de La Habana entre el Gobierno de la República de Colombia y las FARC. Este acuerdo ponía fin a un conflicto armado de más de 50 años de duración en el corazón de América Latina. Ha contado con el apoyo y seguimiento de Naciones Unidas y de su Consejo de Seguridad, así como del conjunto de instituciones nacionales y supranacionales del continente americano. Este Acuerdo pone fin a un conflicto armado interno que ha ocasionado una gran fractura y dolor al pueblo colombiano, ocasionando más de siete millones de víctimas, especialmente mujeres, mayores y niños.

El Acuerdo de Paz constituye en sí mismo parte ya del derecho internacional para su aplicación en conflictos bélicos internos, pues los diferentes acuerdos alcanzados han sido depositados en Berna (Suiza) al tener lo firmado entre las partes la eficacia jurídica de un Acuerdo Especial, tal y como establece el artículo 3 de las Convenciones de Ginebra de 1949. Se depositan en Berna por ser el Consejo Federal Suizo el depositario de las Convenciones de 1949.

Igualmente el presidente de la República de Colombia, Juan Manuel Santos, efectuó una Declaración Unilateral en nombre del Estado ante las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad, comprometiendo al Estado colombiano ante la Comunidad Internacional en el cumplimiento del Acuerdo. Tras este compromiso, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas incorporó el texto literal del Acuerdo a un documento anexo a las resoluciones emitidas sobre el Proceso de Paz en Colombia.

Entre los logros del Acuerdo de Paz de La Habana debe destacarse la especial atención que se ha conferido a las víctimas del conflicto así como el reconocimiento y respeto de los derechos de los pueblos indígenas y el desarrollo de sus comunidades. Es el primer acuerdo de paz en el mundo que incluye un componente de igualdad de género y de la diversidad de opción sexual, resultando estas cuestiones transversales a todos sus puntos.


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De esta forma, el Acuerdo Final respeta escrupulosamente las obligaciones del Estado de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones del Derecho Internacional Humanitario. Por primera vez se crea en Colombia un sistema de justicia en condiciones para procesar los 7 millones de victimizaciones habidos en el conflicto, es decir, con posibilidad real de acabar con la impunidad, que no es otra cosa que la falta de acción persecutoria del Estado respecto a la comisión de crímenes. De esta manera la integridad y exhaustividad del Acuerdo de Paz alcanzado ha sido saludado por la comunidad jurídica internacional, incluida la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en tanto no generaba ninguna laguna de impunidad.

La importancia histórica de dicho Acuerdo de Paz para Colombia y el conjunto de América Latina fue así reconocida por el Congreso de los Diputados en su declaración institucional del 2 de septiembre de 2016, declaración por la que todos los grupos parlamentarios mostraron su satisfacción por los acuerdos, su apoyo institucional al cumplimiento de los compromisos de las partes y la consolidación de la paz y la aplicación de los acuerdos.

A pesar de la firma del Acuerdo de Paz y de su reconocimiento por parte del conjunto de la Comunidad Internacional, su desarrollo e implementación se está encontrando con múltiples insuficiencias, con trabas e incumplimientos por parte de las instituciones colombianas.

A partir de su firma se puso en movimiento el engranaje de su implementación constitucional, legal y práctica. Por parte de uno de los firmantes del Acuerdo de Paz, las FARC, se ha producido un cumplimiento estricto de todos y cada uno de los compromisos pactados, tal y como acaba de certificarlo el Secretario Adjunto para los Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, Sr. Jeffrey Feltman.

Por contra, el incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte de las instituciones colombianas es algo que están poniendo de manifiesto la propia misión de Naciones Unidas, el mecanismo de monitoreo y verificación y todos los observadores y organismos encargados de hacer la revisión del cumplimiento del acuerdo.

El acuerdo contiene un periodo de ejecución de 10 años y una obligación de cumplimiento por parte de todas las autoridades colombianas de 12 años. En uno de los apartados se contemplaban las medidas más urgentes que debían ser implementadas en el primer año desde la firma del acuerdo. Sin embargo, a falta de pocos días para que concluya el primer año desde la rectificación legislativa del Acuerdo de Paz, no se ha implementado más que un 20 % de los compromisos que debían ser cumplimentados en este primer año.

Cabe así enumerar algunas de las cuestiones más importantes que vienen preocupando a la misión de seguimiento de Naciones Unidas y al sistema de verificación y monitoreo sobre la no aplicación efectiva del Acuerdo de Paz.

Debe llamarse la atención sobre la profunda preocupación que supone que en el último año más de 140 líderes campesinos, sociales y comunitarios han sido asesinados y, desde que las FARC entregaran las armas a mediados de agosto de este año, alrededor de 40 exguerrilleros y familiares han sido asesinados por parte de grupos paramilitares. Esta situación está generando un ambiente de grave desconfianza e incertidumbre sobre la aplicación efectiva del Acuerdo de Paz.

La actuación de los grupos paramilitares continua siendo real, y sus delitos están quedando en la más absoluta impunidad. La escasa efectividad de organismos como la fiscalía colombiana en la persecución del paramilitarismo es un hecho, por lo que la fuerza paramilitar sigue sin ser desmontada y sus acciones siguen tiñendo de dolor y decepción el desarrollo del Acuerdo de Paz.

Las zonas de Capacitación y Reincorporación de los guerrilleros desmovilizados languidecen por carencia del apoyo estatal convenido, siendo la tónica dominante que la implementación del Acuerdo de Paz carece de un soporte presupuestario adecuado en los planes de gobierno.

A estos incumplimientos, debe sumarse ahora un nuevo hecho que ha venido a sembrar de nuevo la desconfianza y el desconsuelo sobre una verdadera aplicación del Acuerdo de Paz. Se trata de la reciente sentencia C-17 dictada por la Corte Constitucional de Colombia.

La referida sentencia, pese a que declaró constitucional el conjunto del Acuerdo de Paz y de los actos legislativos que vendrían a implementarlos, como la incorporación a la Constitución colombiana del denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, uno de cuyos más importantes capítulos lo constituye el dedicado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), cuyo objetivo central no es otro que satisfacer el derecho a la justicia de las víctimas del conflicto, declara simultáneamente inconstitucionales varias disposiciones del capítulo de la Jurisdicción Especial para la Paz, creando una serie de situaciones realmente preocupantes.


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La sentencia de la Corte excluyó de la obligatoriedad de someterse a la JEP a agentes estatales no militares y a terceros responsables de graves crímenes, dejando su posible juicio a la justicia ordinaria, una institución que en más de cincuenta años ha demostrado en Colombia graves lagunas de inacción y una falta de efectiva persecución de los crímenes realizados por paramilitares y agentes del Estado no militares.

Esta nueva situación no parece conforme con la jurisprudencia internacional sobre la materia. El fallo de la Corte colombiana abre las puertas a la impunidad, en una clara ofensa a los derechos de las víctimas. La Jurisdicción Especial de Paz fue concebida como un mecanismo excepcional de justicia transitoria, cuyo objetivo no solo era poner fin al conflicto, sino sobre todo asegurar que llegara a su fin la impunidad reinante en Colombia en materia de crímenes de Estado y graves violaciones a la ley internacional por parte de terceros en el conflicto. Por tanto, dejar fuera de su jurisdicción las acciones contrarias al derecho penal internacional cometidos por agentes estatales no militares y a terceros responsables de graves crímenes solo puede ser interpretada como una vulneración grave del Acuerdo de Paz. Esto, además de generar profunda desconfianza y preocupación sobre la efectiva aplicación del Acuerdo de Paz, puede suponer un riesgo en el desarrollo del acuerdo y un repliegue en las posiciones de las partes.

Ante esta situación, y en interés de la paz, la estabilidad regional y el efectivo cumplimiento del Acuerdo de Paz, en beneficio de la confianza mutua de todas las partes involucradas en el conflicto, se hace necesaria la adopción de la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a exigir, en el marco de las relaciones bilaterales y multilaterales:

1. El impulso y efectivo acompañamiento del Proceso de Paz en Colombia, expresando una profunda preocupación por la situación de paralización en la que se encuentra el Proceso.

2. El cumplimiento integral, y en el plazo convenido, del Acuerdo de Paz.

3. La aprobación de las leyes de incorporación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los mismos términos en los que se estableció en el Acuerdo Final de Paz, evitando de esta forma cualquier situación de impunidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Bustamante Martín y Pablo Bustinduy Amador, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa y Txema Guijarro García, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Justicia

161/002608

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Justicia, relativa a la creación de un Juzgado de lo Penal y una plaza de fiscal anticorrupción en la localidad de Logroño.

Exposición de motivos

La administración de justicia en España es excesivamente lenta, debido en gran parte a la falta de medios humanos y materiales con los que cuenta, derivando en una sobrecarga de trabajo en los partidos judiciales, con un elevado número de asuntos pendientes.

Por este motivo, el pasado mes de octubre el Consejo de Ministros aprobó la creación de 93 nuevos juzgados mediante Real Decreto. No obstante, las necesidades de La Rioja no han sido tenidas en cuenta en esta decisión del Consejo de Ministros.


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Desde el año 2011 se viene reclamando en La Rioja la creación del tercer Juzgado de lo Penal en Logroño por parte de los operadores jurídicos del territorio. La falta de este juzgado ha provocado que desde hace ya dos años exista un refuerzo continuado con una jueza de adscripción temporal con su propio equipo que celebra juicios y dicta sentencias, dividiendo su actividad entre ambos Juzgados por igual, con lo que de facto los juicios ante los Juzgados de lo Penal en La Rioja han sufrido un incremento del 50 %, puesto que la jueza de refuerzo viene actuando como un tercer penal "de facto". Estos juzgados en el año 2014 hicieron un total de 1.439 señalamientos a vista oral, mientras que en el 2015 han alcanzado los 1.520.

El hecho de que la fórmula de enviar una jueza de refuerzo únicamente a efectos de celebrar juicios y dictar sentencias, en lugar crear un Tercer Juzgado de lo Penal (con plenas competencias y medios personales y materiales suficientes para desarrollarlas) hace que la sobrecarga de trabajo que la jueza de refuerzo alivia en la fase de enjuiciamiento se traslade a la fase de ejecución, al seguir recayendo la ejecución de las sentencias dictadas por la jueza de refuerzo sobre los dos únicos juzgados existentes, lo que provoca un aumento de las ejecutorias pendientes, (3.000 ejecutorias abiertas según memoria 2016, ejercicio 2015), teniendo en cuenta además que estos dos juzgados de lo penal ya reciben las sentencias de juicios de conformidad de los Juzgados de Instrucción, siendo estas muy numerosas en La Rioja.

Enrique Stern, Fiscal Superior de La Rioja, puso de relieve las necesidades relativas a la administración de Justicia de esta Comunidad Autónoma durante la apertura del año judicial y la presentación de su memoria anual, destacando la necesidad de un Tercer Juzgado de lo Penal en Logroño y el hecho de que La Rioja sea la única Comunidad Autónoma que carece, a día de hoy, de un o una fiscal anticorrupción.

Por todo ello la de creación de un Juzgado de lo Penal en Logroño y de una plaza de fiscal anticorrupción resulta imprescindible.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Poner en marcha la creación de un Juzgado de lo Penal en Logroño, dotado de todos los medios personales y materiales necesarios para su correcto funcionamiento.

2. Crear una Fiscalía Delegada contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada en La Rioja."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.-Sara Carreño Valero, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Interior

161/002611

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a gestionar la llegada de inmigrantes a las costas de Andalucía, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Según los datos de Salvamento Marítimo y de la Delegación del Gobierno en Andalucía, hasta el viernes, habían sido rescatados 14.577 extranjeros a bordo de pateras frente a las costas de Andalucía.

Esto supone el triple de los que se habían registrado en 2016 hasta ese mismo día, el 17 de noviembre. Viajaban en 671 embarcaciones interceptadas en el mismo período, casi el doble que el año pasado.

De media, en lo que va de año -siempre hasta el 17 de noviembre- las embarcaciones de Salvamento Marítimo han recogido en el Estrecho de Gibraltar, frente a las playas de Málaga o Granada


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o en el entorno de la isla de Alborán, por nombrar algunas de las zonas más transitadas, a 46 extranjeros, una buena parte de ellos menores y mujeres, algunas incluso embarazadas. Cada día, también de media, dos pateras han sido interceptadas, embarcaciones que cada vez son más grandes y transportan a más gente.

Eso significa que los días en los que no han sido rescatados inmigrantes en pateras han sido una excepción, de forma que en los meses de menor tránsito entre África y la puerta sur de Europa la cifra de extranjeros apresados no ha bajado de los 400.

En todos los meses de este año se han superado las cifras de 2016. No solo eso, sino que se han multiplicado, como mínimo, por tres y hasta por siete, según los meses.

El mes que menos inmigrantes fueron rescatados, febrero, fueron contabilizadas 447 personas en 18 pateras. El que más, con diferencia, ha sido el de octubre: 2.462 extranjeros en 118 pateras. Ese mes, el de octubre, la cifra de inmigrantes que llegaron a Andalucía fue un 173 % superior a la del año anterior.

La tendencia, además, se mantiene al alza, de forma que en poco más de medio mes de noviembre se ha triplicado el dato del mismo periodo de 2016: 1.663 rescatados frente a 478.

Entre 2012 y 2017 -hasta el 17 de noviembre-, el número de inmigrantes que han sido objeto de rescate frente a las aguas andaluzas se ha disparado un 338 %, pasando de 3.323 en 2012 a los 14.577 de este año. En cuanto a pateras, pasaron de 104 en 2012 a 671 en 2017, un 545 % más.

El Centro situado en Almería es, con bastante diferencia, el que se hace cargo de mayor número de llegadas de inmigrantes de toda España, englobando prácticamente la mitad de todo el país en este periodo del año.

Ya entonces, ONG en materia de inmigración ponían en duda el sistema del Gobierno español a la hora de gestionar la atención a estas personas, de la que se suele encargar Cruz Roja en primera instancia en materia sanitaria y humanitaria.

Las primeras horas en España de los inmigrantes que llegan en patera a Andalucía no están exentas de dificultades, tanto por el déficit de las instalaciones, como por la incertidumbre a medio plazo una vez pasen la correspondiente identificación policial.

Las elevadas temperaturas en Motril o la reapertura forzada de un CIE que había cerrado por obras en Tarifa son otros ejemplos de esas condiciones que diversas entidades sociales vienen denunciando desde hace años mientras el número de inmigrantes que arriesgan su vida en el mar no para de crecer.

Exigimos al gobierno responsabilidad ante la "infrahumana" situación que sufren los inmigrantes que llegan a las costas de la provincia de Málaga tras conocerse que tanto el Ayuntamiento de Málaga como ONGs se están haciendo cargo de la situación de estas personas ante la falta de instalaciones adecuadas en el Puerto. Estamos ante un desastre de Gobierno, que no puede desentenderse de este asunto, debe hacerse cargo de estas personas hasta que se resuelva su situación.

En el caso de Málaga sería importante la realización de unas instalaciones en el Puerto de Málaga para atender "dignamente" a los inmigrantes que llegan. Estamos ante una avalancha de personas que llegan a nuestras costas huyendo del hambre y de la guerra. El Gobierno debe dar respuesta.

Tanto desde Cruz Roja como desde el Colegio de Abogados de Málaga se ha planteado la necesidad de que haya unas instalaciones para poder atender "de forma digna y decente" a los inmigrantes que llegan al Puerto de Málaga. La Autoridad Portuaria hace siete meses hizo una propuesta al Ministerio del Interior ofreciendo un espacio de algo más de 400 metros cuadrados para que ahí se pudieran realizar las instalaciones y "siete meses después el Ministerio de Interior no ha dicho absolutamente nada, ni hay un compromiso de fechas ni hay un compromiso de inversión."

En los próximos días y meses la llegada de inmigrantes va a ir a más, necesitamos medidas humanitarias y que el Gobierno actúe.

Además se necesita más financiación para este cometido, los fondos que el gobierno central destina para tal fin a las comunidades autónomas no son suficientes, de hecho las comunidades atienden a los menores no acompañados, ante el aumento considerable que se ha registrado es de justicia y razonable que el Gobierno de España sea sensible a esta situación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Negociar medidas ante la Unión Europea que frenen la llegada masiva de inmigrantes a nuestras costas.

2. Incrementar en Andalucía los medios personales para atender las demandas de asilo que se generan en plazos razonables.

3. Ampliar el número de efectivos policiales en Andalucía para poder hacer frente a las necesidades que la custodia de estas personas genera, así como los trámites de extranjería, traslados a sedes judiciales y destino inmediato.

4. Dotar a Andalucía de instalaciones dignas para atender a los inmigrantes que llegan en patera a nuestras costas.

5. Proporcionar más recursos económicos a la Comunidad Autónoma de Andalucía para atender a inmigrantes que llegan sobre todo a los menores no acompañados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, David Serrada Pariente y Antonio Pradas Torres, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002616

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre las condecoraciones para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado víctimas del terrorismo, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

A día de hoy, la gran mayoría de las víctimas del terrorismo pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no han sido condecorados como les corresponde según lo estipulado en las diferentes normas publicadas y en vigor actualmente, o bien únicamente solo les ha sido concedida la condecoración del Cuerpo al que pertenecen, produciéndose así una discriminación entre los dos Cuerpos de Seguridad del Estado a causa de leyes preconstitucionales en las que se basan estas condecoraciones.

Esta discriminación, que se basa fundamentalmente en la diferencia de sus normativas para la concesión de la Medalla al Mérito Policial (en el caso del Cuerpo Nacional de Policía) y de las Cruces al Mérito de la Guardia Civil (en el caso de la Guardia Civil), así como en la diferencia de las pensiones anejas a estas condecoraciones, hace que este sistema de condecoraciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado víctimas del terrorismo deba ser reformado urgentemente de forma a alcanzar una normativa uniforme de concesión de condecoraciones para ambos cuerpos en aquellos casos en que sus agentes sean víctimas de un atentado terrorista.

A esta diferenciación en la normativa, se suma el hecho de que la propuesta de concesión de estas condecoraciones está sometida a unos cupos y queda además sometida a criterio de los mandos y jefes respectivos, provocando así grandes agravios comparativos entre los afectados, razón por la cual gran número de afectados se ven obligados a dirigirse a los tribunales para que sus derechos como víctimas del terrorismo les sean reconocidos y concedidos. Resulta así necesario eliminar cualquier elemento subjetivo que interceda en estas propuestas de condecoración.

Así pues, fruto de estos criterios subjetivos y de la diferenciación normativa entre ambos cuerpos policiales, hace que personas que han sufrido el mismo atentado terrorista hayan sido condecoradas con una u otra condecoración; o bien no hayan recibido condecoración alguna; o bien en otros casos con víctimas de un mismo atentado en el cual concurren circunstancias análogas unas hayan recibido una determinada condecoración y otras no, chocando este supuesto con el principio de igualdad en aplicación de la ley.


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Por otro lado, resulta alarmante que a pesar de ser los que más han sufrido la amenaza terrorista en nuestro país, en ninguna de las normas en vigor relativas al Cuerpo Nacional de Policía o de la Guardia Civil queda recogida la circunstancia del fenómeno terrorista y del posible ingreso de los afectados de ambos Cuerpos en las correspondientes Orden del Mérito.

Por todo ello, consideramos necesario que todos aquellos profesionales de la Guardia Civil o del Cuerpo Nacional de Policía que hayan sido objeto de atentado terrorista se les otorgue, de oficio, por sus respectivos Cuerpos policiales de procedencia, las debidas condecoraciones (de categoría de oro a los asesinados, y la categoría de rojo a los heridos e incapacitados).

Por este motivo, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

Otorgar de oficio a todos aquellos agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil que hayan sido objeto de atentado terrorista, las siguientes condecoraciones:

1. Los asesinados serán condecorados con la Medalla de Oro al Mérito de la Guardia Civil, o la Medalla al Mérito Policial.

2. Aquellos agentes retirados con lesiones como consecuencia de atentado terrorista, recibirán la condecoración con distintivo rojo de ambos cuerpos (Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil).

3. Los que hayan sufrido atentado terrorista y no hayan sufrido heridas invalidantes, serán condecorados con la Cruz o Medalla con distintivo rojo de sus respectivos Cuerpos.

4. Otorgar la Cruz al Mérito con distintivo blanco a aquellos agentes que, pese a no haber sufrido lesiones, hayan estado presentes en el momento de un atentado terrorista.

5. Los mencionados en el anterior punto 3-, obtendrán puntos de baremo (los que se establezcan) que les serán de aplicación al optar a la realización de cursos, ascensos y obtención de plazas de destino en sus respectivos Cuerpos de procedencia.

6. Aquellos agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que resulten heridos en atentado terrorista en el momento de pasar a la situación de retirado, serán ascendidos de manera honorífica a la Escala superior que le corresponda en el momento de su retiro, aunque sin compensación económica.

7. Abrir la posibilidad de que estas condecoraciones honoríficas puedan ser obtenidas a título póstumo obteniendo de esta manera sus familiares un reconocimiento al sacrificio del familiar fallecido."

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002632

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo reglamentario de la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El acceso al procedimiento de asilo de todas aquellas personas que puedan encontrarse en necesidad de protección internacional es uno de los mayores retos a los que se enfrentan los marcos reguladores español y europeo. España contribuye en la acción conjunta de la UE frente a esta crisis migratoria tanto en los compromisos de reubicación y reasentamiento como en los esfuerzos de la Unión para definir procedimientos acordes con la situación y el incremento de los fondos destinados a este fin, tal y como se puso de manifiesto durante la última reunión del G6 de ministros del Interior celebrada el 16 de octubre de 2017.


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Sin embargo, la necesidad de mejorar la coordinación entre órganos y centros directivos de distintos departamentos ministeriales para la gestión de las solicitudes de protección internacional y de acogida de los solicitantes aconseja revisar su dependencia orgánica y funcional. E, igualmente, resulta necesario analizar las posibles carencias que puedan surgir en la información sobre protección internacional o en el propio funcionamiento de la Oficina de Asilo y Refugio.

El Gobierno está aportando propuestas y multiplicando sus esfuerzos para dar respuesta a miles de personas que necesitan ser atendidas. Así, se ha completado hasta la fecha el traslado efectivo a España de más de 2.200 personas, a través de los procedimientos de reubicación y reasentamiento.

Además, España es el quinto país donde más han aumentado los expedientes de asilo tramitados (+167 %), siendo más de 9.000 las personas que reciben protección internacional con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Es fundamental seguir apoyando una política integral de asilo en la Unión Europea y una auténtica política europea de inmigración. Por eso, y a la espera de valorar las consecuencias de la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo es necesario aprobar lo antes posible el Reglamento de la Ley 12/2009 reguladora del derecho de asilo y la protección subsidiaria, con objeto de evitar que se dificulte la gestión de las obligaciones de protección internacional suscritas por España, tal y como ha puesto de manifiesto de manera reiterada el Defensor del Pueblo tras la recepción de quejas en las que el asunto que se planteaba carecía de regulación específica por remitirse dicha Ley al reglamento.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la aprobación del Reglamento que desarrolle normativamente la Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento y coordinación y se articulen vías legales que favorezcan la tramitación, gestión y seguimiento de las solicitudes de asilo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

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A la Mesa de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en el Reglamento del Congreso, presenta para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre el Programa de Vacaciones del lmserso para los mayores.

Exposición de motivos

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales desarrolla un programa que sirve de complemento a las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social Española. Su fundamento viene dado para facilitar el acceso de los mayores a estancias en zonas de costa y turismo interior, contribuyendo con ello a mejorar la calidad de vida, la salud y la prevención de la dependencia.

Según los datos del propio Instituto también se genera un beneficio al mantenimiento del empleo y la actividad económica, paliando las consecuencias que en materia de empleo produce el fenómeno de la estacionalidad en el sector del turismo, al menos en algunas zonas del Estado.

Cada año se aumenta el número de personas mayores que se incorpora a realizar nuevas actividades, pasando de un 9,5 % en 1993 a cifras del 53 % de la actualidad.

Este año se han puesto a la venta 1.35 millones de plazas y participan más de 300 hoteles en toda España.


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Además, de la oferta en el litoral peninsular (Andalucía, Cataluña, Murcia y Comunidad Valenciana), también Baleares y Canarias. A su vez, se incluyen viajes culturales a destinos llamados de interior, turismo de naturaleza, circuitos a capitales de provincia y viajes a Ceuta y Melilla.

Se trata de una oferta variada que dispone de muchas modalidades en relación a los días y al régimen de pensión.

En Canarias son muchas las personas que se acogen a esta opción de viajar, quizás también podríamos afirmar que es una de las escasas elecciones para pasar unos días de vacaciones. Digo esto, porque en Canarias, el porcentaje de personas que solo dispone de una pensión no contributiva en relación al resto del Estado es tres veces mayor y eso significa un menor poder adquisitivo para estas familias.

El pasado 14 de agosto las instituciones de las islas no capitalinas de Canarias han recibido el siguiente escrito del propio Instituto "El programa de Turismo del Imserso ha incluido durante las temporadas anteriores, entre sus prestaciones, ayudas al transporte que en la temporada 2016/17 era de 73,96 ? por persona y viaje realizado desde una isla no capitalina hasta la capital de provincia desde donde se inicia el paquete turístico ofertado en el programa. Teniendo en cuenta que en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, la disposición adicional centésima vigésima octava, relativa a subvenciones al transporte aéreo y marítimo para residentes en Canarias y Baleares establece un incremento del porcentaje de bonificación aplicable a los billetes de transporte marítimo y transporte aéreo de pasajeros, el lmserso dejará de tramitar las referidas ayudas, firmado el subdirector general de gestión".

Desde las islas no capitalinas, menos pobladas, esta supresión supone retroceder en las ventajas y derechos a que se acogían sus mayores.

Por otro lado, existe una falta de sensibilidad con estas islas a la hora de programar los viajes, queja reiterada ya al lmserso por muchas instituciones. La norma establece que los viajes se programan desde la isla capitalina y en muchas ocasiones no es posible realizar la escala en un vuelo desde una de las islas no capitalinas. No se entiende, existiendo en la actualidad una oferta amplia de vuelos a la península desde, al menos algunas de las islas no capitalinas como pueden ser La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

Además, se pueden producir retrasos, los agentes solicitan a los usuarios estar dos horas antes de la salida del vuelo en mostrador, la distancia entre terminales, personas mayores con equipaje para 15 días y dificultades para la movilización. Por ello, a veces no queda otro remedio que pernoctar en la isla de salida y con el gasto extra que supone.

Por todas estas razones, existe un agravio comparativo entre personas en función de la isla donde se resida. Sin embargo, este derecho está recogido en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en el que todos tienen derecho a un mismo acceso al recurso. Por tanto, se trata de un perjuicio a los ciudadanos de islas no capitalinas pobladas.

Por todo lo expuesto se formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Mantener la ayuda económica para compensar el coste del desplazamiento entre islas, con objeto de iniciar el programa de vacaciones, guardando un criterio de proporcionalidad en relación a cuantos descuentos se tengan por establecidos.

- Establecer una programación desde las islas no, capitalinas donde exista una oferta de vuelos con la península, evitando desplazamientos que solo generan gastos y perjuicios a los propios ciudadanos que residen en dichas islas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/002631

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la Promoción de fuentes alternativas de financiación para las empresas y Pymes y el establecimiento de nuevos instrumentos financieros de apoyo a la innovación, para su debate en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad.

Exposición de motivos

En este punto del ciclo económico en que es necesario consolidar el crecimiento, se revisarán las prioridades de gasto y reasignación de fondos a fin de que las restricciones presupuestarias que sean necesarias en el camino de la consolidación, no afecten en áreas tan importantes para la competitividad como son la I+D+i y el desarrollo de la sociedad digital en especial en las PYMEs. Para dinamizar la economía española, en general, y la Investigación y Desarrollo, en particular, se debe trabajar en mantener y mejorar un marco estable de deducciones fiscales e incentivos, en especial para las inversiones efectuadas en estas actividades.

Se debe destacar el esfuerzo y la actividad que se viene desarrollando desde el Gobierno de España en el apoyo a todas estas áreas, y más concretamente, a través de los instrumentos del CDTI y los programas de la Secretaria General de la Industria y de la PYME en materia de emprendimiento e innovación empresarial.

Por ello solicitamos que el Gobierno garantice el marco actual de incentivos fiscales que estimulan a las empresas a realizar actividades de innovación reduciendo su coste como instrumento positivamente reconocido por la Comisión Europea como elemento transparente y predecible que puede influir en los patrones de inversión privada en I+D+i y que se consideran un elemento importante para favorecer la competitividad y el crecimiento de las empresas. Para conseguir los resultados esperados, se procurará que los incentivos se mantengan a lo largo del tiempo.

Incentivos fiscales para las grandes empresas que realicen actividades demostradas de transferencia de conocimiento y tecnología a pymes y en su salida a mercados de exportación como socios o proveedores de referencia en proyectos internacionales con el objetivo de mejorar el acceso de estas últimas a fuentes de conocimiento y de mejorar su capacidad de desarrollo.

En especial, que se apoye a PYMEs innovadoras y Start-ups a través de la compra pública innovadora. Pedimos un Plan plurianual de demanda pública temprana que establezca los proyectos innovadores de suministros susceptibles de ser adquiridos por este procedimiento de forma que tanto compradores como suministradores puedan planificar los servicios y la innovación a desarrollar. Y que se preste especial atención a asegurar mecanismos legales que incentiven a las Comunidades Autónomas a crear también sus planes plurianuales de proyectos susceptibles de ser adquiridos a través de dicha demanda pública temprana.

También solicitamos que el Gobierno, introduzca nuevos mecanismos financieros en el entorno del emprendimiento y del contexto digital, apoyando la actividad de Business Angels, capital riesgo, microcréditos, préstamos participativos, garantías, etc., en diferentes sectores y tipos de empresas, aumentando las posibilidades de obtención de financiación y facilitando la adopción por parte de las pymes de retos como el crecimiento, concentración, diversificación, digitalización e internacionalización, etc., especialmente para aquellas soluciones de marcado carácter comercial, que las permita competir con su entorno en las mejores condiciones.

También un mecanismo específico de cofinanciación pública y privada para impulsar el establecimiento de inversiones productivas con carácter de liderazgo mundial en sectores estratégicos, y cuyo impacto en el desarrollo socio-económico, en la generación de empleo local, autonómico y nacional, en el grado de innovación o de tendencias emergentes, o en otro aspecto destacado de la evolución territorial sea especialmente relevante.

Es necesario disponer de mecanismos de financiación de la innovación con carácter flexible adaptados a las necesidades de las empresas. Se pondrán en marcha mecanismos para evitar la falta de medios económicos derivados de la estacionalidad de las convocatorias de ayudas y subvenciones públicas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas y Administraciones Locales, a la Promoción de fuentes alternativas de financiación para las empresas y Pymes y el establecimiento de nuevos instrumentos financieros de apoyo a la innovación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002635

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, relativa a la excepción en la intervención previa en los Organismos Públicos de Investigación.

Exposición de motivos

Por medio de la resolución de 14 de enero de 2014, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de diciembre de 2013, sobre régimen de control económico-financiero aplicable por la Intervención General de la Administración del Estado a determinados organismos públicos; se implantó de nuevo la Intervención Previa a los Organismos Públicos de Investigación (OPI).

Esta decisión ha generado una serie de limitaciones en la gestión de los Organismos Públicos de Investigación que afectan a su competitividad, por la falta de adecuación de muchos de los criterios generales establecidos para el control previo de la actividad administrativa en instituciones públicas a los centros de I+D. Esto es así, porque una parte importante de su actividad pivota en una gestión ágil de ingresos externos, obtenidos en concurrencia competitiva, en un entorno fuertemente internacional y muchas veces cercano al sector industrial.

Estos ingresos exteriores se obtienen esencialmente de la participación en convocatorias competitivas de financiación de la I+D+i, como el Plan Estatal de I+D+i y los Programas Europeos, el HORIZON2020, y de la colaboración con instituciones y empresas en el desarrollo conjunto de proyectos de I+D+i.

Muchos de estos proyectos, los más importantes, son complejos de gestionar: requieren contratación ágil de nuevo personal inmediatamente tras la concesión del proyecto o firma del convenio de investigación, licitar contratos de alta cuantía, de alta complejidad técnica, para servicios fuera de lo convencional y con una estrategia de retorno a la industria nacional difícil de desarrollar con éxito sin una mínima autonomía y flexibilidad en la gestión. Son de alta dificultad administrativa, pero son estratégicos para el desarrollo tecnológico y las empresas españolas del sector.

La implantación de la intervención previa, unida a las limitaciones administrativas para las firmas de convenios de financiación y pago de cuotas internacionales para poder ejecutar la actividad científico-técnica en Europa, el cierre anticipado del ejercicio presupuestario de 2016 y la limitación de gasto del presupuesto prorrogado de 2017, han mermado considerablemente la capacidad de actuación de los OPls, perjudicando a su posición frente a competidores en el mercado de I+D.

En particular, en los dos años de aplicación de estas nuevas normas, se ha constatado una pérdida de competitividad frente a otros organismos estatales como agencias (CSIC) o fundaciones (CNIO), pero también frente a organismos dependientes de otras administraciones (españolas y europeas) a los cuales no se les aplica las mismas herramientas de control y están dotados de mayor autonomía de gestión.

Así mismo, a día de hoy y debido a la ralentización y bloqueo que supone la aplicación de la Intervención Previa, muchos OPI se encuentran en situación real de incumplir los compromisos adquiridos con riesgo de tener que devolver la financiación conseguida, el deterioro de la posición y el reconocimiento conseguido, así como la pérdida de capacidades por cierre de laboratorios e instalaciones.


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Los organismos públicos de investigación ya fueron eximidos de la intervención previa en 1999, por circunstancias similares a las actuales. La resolución de 25 de enero de 1999, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros sobre régimen de control económico-financiero aplicable por la Intervención General de la Administración del Estado a determinados organismos públicos, estableció que los Organismos Públicos de Investigación, estarían sometidos como único sistema de control a control financiero permanente.

En las circunstancias actuales, es urgente adaptar los procedimientos administrativos a las dinámicas, plazos y procedimientos de la gestión y ejecución de proyectos y fondos obtenidos en convocatorias de concurrencia competitiva. Es por ello, que la exención de la intervención previa a los organismos con carácter de Organismo Público de Investigación es una de las medidas más urgentes y necesarias para mejorar el sistema público de I+D+i que tendría los siguientes impactos positivos en dichos organismos:

- Incremento de la agilidad administrativa que los Organismos Públicos de Investigación (OPls) necesitan para desarrollar su actividad encomendada.

- Recuperación de la capacidad de competir en igualdad de condiciones con el CSIC, Universidades y centros de investigación dependientes de las Comunidades Autónomas, los cuales no están sometidos a Intervención Previa.

- Facilitar y recuperar para los OPls la capacidad de mantener los ingresos en concurrencia competitiva internacional, así como el retorno de la inversión en el entorno internacional, en particular, en los marcos de financiación de la Comisión Europea, H2020 y posteriores.

- Optimizar los recursos humanos y materiales dedicados a la gestión de la actividad de los OPls.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Exceptuar de la normativa relativa a la Intervención Previa a los organismos con carácter de Organismo Público de Investigación en la gestión que afecte a su actividad científico-técnica, pasando dichos organismos a estar sometidos como único sistema de control a control financiero permanente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2017.-María Rosa Martínez Rodríguez, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Fomento

161/002597

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La línea ferroviaria de alta velocidad a Murcia es a día de hoy noticia por las protestas vecinales contra las molestias de las obras provisionales para el soterramiento y por los controvertidos sobrecostes de los desvíos de canales de riego durante su construcción. Ambas polémicas han centrado, evidentemente, la atención de la opinión pública, dejando a un lado el debate, también importante, sobre las mejoras que esta infraestructura puede generar en la movilidad de murcianos y alicantinos.

La falta de planificación ferroviaria del Ministerio de Fomento ha conseguido que, muchos años después de la prometida fecha de inauguración, no solo desconozcamos cuándo va a llegar el AVE a


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Murcia, sino que tampoco sepamos los planes de dicho Ministerio para el servicio de cercanías Alicante-Murcia en la nueva configuración ferroviaria.

La línea C-1 de cercanías une Murcia con Beniel, Orihuela, Callosa de Segura, San Isidro, Crevillente, Elche, Torrellano y Alicante. La población de estos municipios suma 1.150.000 habitantes y muchas de sus estaciones están en el centro de las poblaciones, por lo que tiene el potencial para ser una de las líneas de cercanías más utilizadas de España. Sin embargo, la cifra de viajeros transportados, a pesar de ser importante (en torno a 3 millones al año) está muy lejos de su potencial. La cifra, además, está decreciendo, debido al mal servicio prestado, con trenes diésel de más de 30 años de antigüedad que tardan entre 75 y 90 minutos en circular por los 70 kilómetros de una vía que, además, es única.

Entre Callosa de Segura y Murcia, durante casi 30 kilómetros, esta vía única de ancho ibérico se ha embutido en la plataforma de la nueva línea de alta velocidad, por lo que en este tramo solo queda espacio para una vía de ancho estándar europeo. La capacidad de dos vías únicas (una de cada ancho) está en torno a la mitad de la que proporciona una vía doble. Entre Callosa y San Isidro, unos 10 kilómetros, las vías también comparten plataforma, pero hay espacio para dos vías de ancho estándar europeo y la de ancho ibérico. Entre San Isidro y Alicante la alta velocidad y los cercanías discurren por caminos diferentes.

No existe ningún plan para electrificar ni para cambiar el ancho de la vía única de la línea de cercanías, ni tampoco para la compra de nuevos trenes. Es decir, una vez que se inaugure la línea de alta velocidad (esperemos que en 2018), los trenes de cercanías, que garantizan la movilidad de alicantinos y murcianos, seguirán siendo los mismos viejos trenes diésel, que tendrán que seguir perdiendo el tiempo en las estaciones para cruzarse con los trenes que van en sentido contrario, porque la vía seguirá siendo única.

El cambio de ancho y la electrificación entre Callosa y Alicante tendría un coste limitado, en torno a 40 millones de euros, y los nuevos trenes de cercanías para la C-1 tendrían un coste de otros 40 millones de euros. Ambas actuaciones deberían poder realizarse en un plazo de tres años, y no requieren de complejos estudios informativos o de impacto ambiental; sin embargo, ninguna de ellas está en marcha. En resumen, a pesar de la inmensa inversión, realizada en nueva infraestructura, no habrá mejora alguna para el servicio de cercanías, que es utilizado por los ciudadanos en su día a día, porque no se cuenta con esos 80 millones de euros para la red y, en cualquier caso, no se han planificado las actuaciones necesarias para ello.

No solo no habrá mejoras en 2018, sino que además el Ministerio no ha desvelado sus planes de inversión, ni en infraestructura ni en trenes, para los próximos años. Los nuevos trenes eléctricos tendrían una mayor aceleración y velocidad punta, y podrían aprovechar en la mitad del trayecto la vía doble apta para altas velocidades, reduciendo notablemente sus tiempos de viaje.

Por otra parte, esta línea de cercanías pasa a 800 metros de la terminal del aeropuerto de Elche-Alicante, el cuarto con más tráfico de la península, con más de 13 millones de viajeros. Este aeropuerto es el único de entre los cinco primeros de nuestro país que no tiene acceso ferroviario. Incomprensiblemente, no se ha iniciado ningún trámite del estudio informativo para la ejecución de una posible variante que acerque el ferrocarril a la terminal, lo que parece relativamente sencillo. Ni siquiera se han programado los trabajos para construir un simple apeadero en la vía actual. Esta línea podría dar una excelente accesibilidad al aeropuerto en pocos minutos desde sus estaciones. Existe un estudio informativo, denominado variante de Torrellano, que acerca el ferrocarril a la terminal y modifica el acceso a Alicante. Estos trabajos tienen un coste tan elevado que no es previsible que se realicen a medio plazo, por lo que es necesario ejecutar ahora obras, aunque sean provisionales, para garantizar la conexión ferroviaria al aeropuerto.

Por último, el Gobierno tampoco ha desvelado sus planes para que Cartagena aproveche la llegada de la alta velocidad a Murcia, más allá de un caro estudio informativo con pocas posibilidades de recibir financiación. Ni siquiera sabemos si tiene previsto que circulen trenes Avant entre Valencia, Alicante y Murcia.

Desde nuestro Grupo Parlamentario, tenemos presente la importancia estratégica de los trenes de cercanías y media distancia, y consideramos, tal y como se ha expuesto, que se pueden (y se deben) tomar medidas para mejorar la red ferroviaria y el servicio de Cercanías en Murcia y Alicante.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Presentar antes de tres meses los planes del Ministerio, e iniciar los trámites administrativos, para el cambio de ancho y la electrificación de la línea actual entre Callosa de Segura y Alicante y asignar, en los PGE de 2019 y sucesivos, presupuesto para las obras.


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2. Iniciar el proceso de compra de trenes de cercanías eléctricos para la línea C-1 de Murcia y Alicante.

3. Presentar antes de tres meses los planes del Ministerio, e iniciar los trámites administrativos, para la construcción de un apeadero en las inmediaciones de la terminal del aeropuerto de Alicante-Elche y un vial de acceso, y asignar, en los PGE de 2019, presupuesto para las obras.

4. Licitar, en el plazo de seis meses, un estudio informativo para analizar el coste y el beneficio de las diferentes alternativas para el acercamiento del ferrocarril a la terminal del aeropuerto de Alicante-Elche, independientemente del acceso a Alicante.

5. Presentar ante esta Cámara, en el plazo de tres meses, los planes de nuevos servicios de cercanías o media distancia entre Murcia y Cartagena para que esta última se beneficie desde el primer día de la llegada de la alta velocidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Marta Martín Llaguno y Fernando Navarro Fernández-Rodríguez, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002602

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la incorporación por AENA del sistema tecnológico GNSS de ayuda a las operaciones de aproximación y aterrizaje en el aeropuerto de San Sebastián, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Todos los estudios sobre los sistemas convencionales de radio ayuda a la navegación aérea indican como previsión que, a partir de aproximadamente 2020, la utilización de sistemas VOR/NDB van a disminuir hasta desaparecer. En cambio, los sistemas GPS apoyados en satélites están cada vez más presentes para ayudar a las aeronaves, como lo demuestra la cantidad de proyectos que hay en desarrollo y ejecución en los aeropuertos de Europa.

La realidad es que en Europa se están resolviendo las maniobras de aproximación de aeronaves por medio del sistema GNSS que sin duda constituye el futuro en la navegación aérea.

En España, ya hay aeropuertos como Santander y Málaga que cuentan con dichos sistemas tecnológicos innovadores que mejoran la seguridad y la precisión de las maniobras, apoyadas en otros aeropuertos mediante el sistema ILS. Un sistema de ILS que ni siquiera fue instalado en el aeropuerto de San Sebastián.

En los últimos años se ha visto una tendencia cada vez mayor a usar sistemas GNSS (Global Navigation Satellite Systems), es decir, sistemas globales de navegación aérea por satélite, que son más precisos, fiables y rentables. El GNSS es el acrónimo que se refiere al conjunto de tecnologías de sistemas de navegación por satélite que proveen de posicionamiento geoespacial con cobertura global de manera autónoma.

A través de una red de satélites, un receptor de GNSS es capaz de determinar su posición en cuatro dimensiones (longitud, latitud, altitud y tiempo), lo que ha dado lugar a multitud de aplicaciones civiles y militares.

El aeropuerto de San Sebastián en Hondarribia (Gipuzkoa) cuenta con un sistema básico VOR/NDB. Sin embargo, tendría que disponer de un sistema moderno y de precisión en ayuda a las aeronaves para mejorar la seguridad de los pasajeros en las operaciones de aproximación al tratarse de un aeropuerto que ofrece una localización problemática por las condiciones que suelen darse de mala visibilidad por la presencia de nieblas, brumas y nubes bajas.

A esta problemática se suma en la actualidad un recorte de 300 metros en la longitud de la pista. Es el único aeropuerto de la cornisa cantábrica que no cuenta con una tecnología de ayuda a la aproximación de precisión para el aterrizaje de los aviones.


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La aplicación del sistema europeo de aumentación EGNOS, en desarrollo por ESA y Eurocontrol del sistema GNSS, ya fue probada en febrero de 2008 con resultado positivo en un avión de Air Nostrum para guiar sus aproximaciones al aeropuerto situado en Hondarribia. EGNOS ofrece a la industria de la aviación el medio para efectuar aproximaciones con guía vertical exacta y segura en los pequeños aeropuertos, como el de San Sebastián. Además, su implantación permitiría reducir retrasos y evitar las frecuentes cancelaciones y desvíos de los vuelos que operan en este aeropuerto.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la instalación urgente por parte de AENA en el aeropuerto de San Sebastián, debido a sus circunstancias climatológicas y operativas, de un sistema de precisión para garantizar las operaciones de aproximación y aterrizaje, como es el caso de las aplicaciones del sistema GNSS basado en una tecnología de ayuda a la navegación aérea por satélite."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2017.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002606

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre de los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, me dirijo a esta Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre el trazado alternativo para la ampliación de capacidad de la A-62 a su paso por el municipio de Simancas (Valladolid), para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La autovía A-62 es una ruta fundamental para el desarrollo de Castilla y León. Se trata de una vía de comunicación que une cinco provincias: Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia y Burgos. Hablamos por tanto de una ruta fundamental para la comunicación del norte de nuestra Península con Portugal y Francia.

En su trazado a su paso por Valladolid es una de las vías de comunicación con mayor densidad de tráfico de toda la provincia, ya que soporta un tránsito de vehículos intensísimo, cada día mayor.

La necesidad de ampliación de esta infraestructura se viene reclamando desde hace años, así como la necesidad de realizar una variante del tramo entre Tordesillas y Valladolid a su paso por el municipio de Simancas.

Ya en 2009 el Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley instando al gobierno a buscar una alternativa al trazado actual en el proyecto de ampliación de la capacidad de la Autovía A-62 con una variante en la construcción de un tercer carril entre Tordesillas y Valladolid.

El ministerio de Fomento ha contratado recientemente la redacción de un proyecto para la ampliación de esta vía con la construcción de un tercer carril, en el que no se contempla ningún trazado alternativo en el trayecto Valladolid-Tordesillas a su paso por el municipio de Simancas.

Esto ha generado una gran preocupación y alarma en la población del municipio, ya que la ampliación de esta vía por el trazado actual supondría un enorme coste para la integración de un municipio que ya sufre una profunda cicatriz que lo divide en dos con la actual autovía.

Por ello, en el municipio se ha creado una plataforma cívica que defiende el trazado alternativo del tercer carril, incorporando al proyecto para la ampliación de esta vía un desvío del tercer carril o el soterramiento del mismo a su paso por dicho municipio.

Es necesario tener en cuenta que en Simancas se encuentra el Archivo General reconocido como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, que se vería afectado directamente por la ampliación de la autovía con un tercer carril si este se realizara por el trazado actual.


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Es preciso por tanto que de forma urgente el Gobierno rectifique y el Ministerio de Fomento se comprometa a buscar un trazado alternativo, incluyendo en la redacción del proyecto de ampliación una alternativa que evite la construcción de un tercer carril por el trazado actual a su paso por Simancas.

Por todo lo anteriormente expuesto, los Grupos firmantes presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el menor plazo de tiempo posible el trazado alternativo para la ampliación de capacidad de la autovía A-62 con un tercer carril a su paso por el municipio de Simancas, estableciendo la reordenación de accesos y la variante del trazado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.-María Soraya Rodríguez Ramos, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002614

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la señalización del acceso a Antequera (Málaga) en la A-45, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La ubicación de la señalización del acceso a Antequera en la A-45 o autovía de Málaga, que conecta Córdoba y Málaga, no es la más apropiada. Dicho acceso está ubicado a 300 metros de la salida 102 que enlaza con la carretera A-7282. En este punto existen tres paneles informativos: uno que indica la dirección A-45 Córdoba, Sevilla, Granada; otro que indica la salida 102 a Antequera, ubicada como se ha dicho a 300 metros; y por último, el que indica el carril de frenado emergencia.

Muchos usuarios confunden la salida 102 a Antequera con el carril de frenado de emergencia, porque este carril se encuentra justo al rebasar el panel informativo e induce a confusión. Por tanto, es preciso realizar alguna actuación para evitar confusiones y potenciales accidentes.

Para evitar esas confusiones de los usuarios, se podría adelantar el panel informativo del carril de frenado de emergencia unos 100 metros o bien trasladar los paneles informativos de la salida 102 y de la A-45 también unos 100 metros.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cambiar la ubicación de la señalización del acceso a Antequera en la A-45, situado a 300 metros de la salida 102 que enlaza con la A-7282, para evitar confusiones con el panel que indica el carril de frenado de emergencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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161/002617

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre protección de la vivienda habitual frente a deudas contraídas con las Administraciones y Organismos Públicos, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La Constitución Española establece, en su artículo 47, que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".

Sin embargo el cumplimiento de este derecho constitucional dista de ser efectivo en muchos casos, especialmente en épocas de crisis económica, como ha quedado acreditado en la comenzada en el año 2008 y de la que aún padecemos sus secuelas, cuando aumentó significativamente el número de desahucios de personas de su vivienda habitual, lo que constituye un grave problema social.

La imposibilidad del pago del alquiler de la vivienda habitual, del pago de la hipoteca de la vivienda habitual, del pago de deudas con terceros en ejecución, o del pago de deudas con las Administraciones y Organismos Públicos son situaciones que precisan de medidas específicas que mitiguen los graves perjuicios que suponen el lanzamiento de las personas de su vivienda habitual. En los tres primeros casos, las Administraciones y Organismos Públicos no juegan un papel protagonista, aunque deban poner en marcha las medidas necesarias para paliar sus consecuencias. Sin embargo, en el caso de deudas con las Administraciones y Organismos Públicos, sí.

Las actuaciones de la Administración con el objetivo de recaudar las deudas contraídas por los administrados (a pesar de algunas medidas ya tomadas tendentes al aplazamiento de deudas o al establecimiento de facilidades de pago) siguen siendo un factor que puede poner en riesgo a un segmento de la sociedad (en su mayoría trabajadores autónomos). Como hemos apuntado, el deber de los poderes públicos es el de velar porque todos los ciudadanos puedan disponer de una vivienda digna, asegurando la protección social, económica y jurídica de las familias en situaciones de vulnerabilidad habitacional.

En la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Emprendedores, se crea la figura del emprendedor de responsabilidad limitada y se salvaguarda la vivienda habitual hasta un límite de 300.000 euros (450.000 en poblaciones de un millón de habitantes). Sin embargo, paradójicamente, esta salvaguarda no afecta a las deudas con la Administración Pública. Es decir, esta, que en muchos casos es el máximo acreedor de los emprendedores en dificultades (por deudas de la Seguridad Social, de Hacienda, de ayuntamientos...) se reserva el derecho de embargo de la vivienda habitual de este.

También hay que señalar que al hecho del desahucio se le suma una pérdida considerable del valor de la propiedad, al ser sometida a subasta, a costa del ejecutado. Esta circunstancia ha sido puesta de manifiesto por los datos emitidos por la Tesorería General de la Seguridad Social, según los cuales, el valor de licitación de los lotes adjudicados resultaría muy inferior al importe obtenido en la subasta de los inmuebles.

El Defensor del Pueblo, con fecha 18 de agosto de 2014, recomendó a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo y Seguridad Social "establecer con carácter general un sistema que inhibiera la obligación de iniciar el procedimiento de desahucio sobre viviendas habituales para deudas de menor cuantía (30.000 euros)". Argumentaba, para justificar el doble objetivo de garantizar el cumplimiento de las obligaciones del sujeto y el derecho a la vivienda, "que no resulta razonable que se aboque a los ciudadanos y a sus familias a la exclusión social, se inicien procesos ejecutivos de alto coste hasta la materialización de las subastas, y se generen nuevas necesidades de atención social tras el correspondiente desalojo, cuando los servicios sociales cuentan con medios notoriamente escasos para atender a las necesidades ya existentes". Por otra parte añadía que "la mera traba del bien sin iniciar el procedimiento de desahucio en tanto la deuda no supere una determinada cantidad, unida a una normativa que garantice la preferencia de cobro de la Seguridad Social en caso de la enajenación del bien por su titular, podrían atender a esa doble finalidad señalada". Esta recomendación del Alto Comisionado de las


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Cortes Generales para las Garantías de los Derechos y Libertades Fundamentales fue rechazada por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos propone, en la búsqueda de un trato justo a las personas en dificultades económicas y en sintonía con la línea apuntada por la recomendación del Defensor del Pueblo, con carácter general (pues entendemos que esta medida se debe aplicar a toda la Administración Pública, independientemente de la cuantía de la deuda) y sin perjuicio de las salvedades que puedan establecerse, los cambios normativos necesarios para salvaguardar la no ejecución de los embargos y la enajenación de la vivienda habitual de las familias y deudores que, de buena fe, se encuentren en situación de insolvencia sobrevenida a causa de deudas contraídas con Administraciones y Organismos Públicos.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo los cambios normativos necesarios para salvaguardar la no ejecución de los embargos y la enajenación de la vivienda habitual de las familias y deudores que, de buena fe, se encuentren en situación de insolvencia sobrevenida a causa de deudas contraídas con Administraciones y Organismos Públicos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para mejorar las exigencias básicas de seguridad de los edificios en caso de incendio, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, de la que nace el Código Técnico de la Edificación, es el pilar fundamental para el proceso de la edificación. Esta Ley fija los requisitos básicos de los edificios, actualiza y completa la configuración legal de los agentes que intervienen en el proceso de la edificación, fija sus obligaciones y establece las responsabilidades y las garantías de protección a los usuarios.

El Código Técnico de la Edificación (CTE), es el marco normativo que establece y desarrolla las exigencias básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones, permitiendo demostrar que se satisfacen los requisitos básicos de la edificación que establece la Ley. Estas exigencias básicas se desarrollan tanto en la Parte 1 como en los Documentos Básicos, pero además el CTE da entrada a otros documentos que completan el marco reglamentario, son los denominados "documentos reconocidos".

Las exigencias reglamentarias para la protección en caso de incendio de los edificios están incluidas en el documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB SI) del Código Técnico de la Edificación (CTE). Su objeto es establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio que, según el artículo 11 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, tienen como objetivo reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio sufran daños derivados de un incendio de origen accidental como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

En el año 2014, el Ministerio de Fomento, mediante comentarios asociados al texto articulado, abrió la puerta a una menor exigencia de la inflamabilidad de determinados materiales de revestimiento de fachadas, tanto en rehabilitación como en obra nueva. Si la anterior regulación solo permitía el uso de productos clase A (A 1, A2) o clase B; con la actualización vigente se admiten materiales con reacción al fuego clase B y C (productos con combustibilidad creciente según las Euroclases). Respecto a la opacidad


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de humos y la formación de gotas, la norma española se sigue decantando por la peor clasificación: s3 (elevada opacidad de humos) y d2 (producción de gotas inflamadas de duración igual o superior a 10 segundos).

Trágicos acontecimientos acontecidos en Europa, como el incendio de la Torre Grenfell en Londres en junio de este año, han motivado que algunos países europeos revisen su normativa sobre exigencias de seguridad en caso de incendio y, específicamente, sobre uso de materiales de aislamiento en edificios de determinada altura con el objeto de reducir el riesgo y garantizar mayores niveles de seguridad para los usuarios de los edificios.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, inicie el procedimiento de actualización del documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB SI) del Código Técnico de la Edificación (CTE), con el objeto de mejorar las exigencias básicas de seguridad en caso de incendio incluyendo, entre otras, las siguientes modificaciones:

1. Incrementar las exigencias de seguridad de los elementos constructivos utilizados como acabado exterior de las fachadas de los edificios, tanto en rehabilitación como en obra nueva. En el caso de viviendas situadas en zonas de alto riesgo de incendios (ZAR), declaradas así por cada Comunidad Autónoma por encontrarse ubicadas en áreas de interfaz urbano-forestal, los materiales empleados deberán ser, en todo caso, clase A y los vidrios de las ventanas, al menos, de doble vidrio hermético.

2. Prohibir el uso de materiales combustibles en aquellos espacios ocultos (interior de paredes, trasdosados, etc.) por los que transcurran instalaciones susceptibles de iniciar o de propagar un incendio (cableado eléctrico, tuberías de distribución de combustibles líquidos y gaseosos, chimeneas para evacuación de humos, conductos de climatización, etc.).

3. Exigir que los materiales empleados sean sometidos a ensayos de inflamabilidad propios que certifiquen su comportamiento frente al fuego, independientemente de las soluciones en las que se integran y que tengan presente de manera relevante la opacidad de los posibles humos generados (índice "s") y la caída de gotas de material (índice "d").

4. Mejorar los sistemas de evaluación y análisis de comportamiento en base a la experiencia adquirida en incendios acaecidos estos últimos años en Europa así como, a la experiencia de los Servicios de Bomberos de España, en especial aquellos con una carta de servicios intensiva en riesgos urbanos como Madrid, Barcelona, Valencia, etc."

Palacio del Congreso de los Diputados,14 de noviembre de 2017.-María del Mar Rominguera Salazar, Victoria Begoña Tundidor Moreno, Lídia Guinart Moreno y Patricia Blanquer Alcaraz, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002628

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente, reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley sobre el Protocolo para la ampliación de la red de metro de la ciudad de Sevilla, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Recientemente la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla han acordado dar traslado al Ministerio de Fomento de una propuesta de protocolo que defina la voluntad política de las tres administraciones con la ampliación de la red de metro de la ciudad de Sevilla siguiendo los pasos que ya se dieron para la construcción de la línea 1 en la capital hispalense y del metro de Málaga.


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Tras el análisis realizado siguiendo criterios de viajeros, impacto ambiental, rentabilidad coste- respuesta social y otras variables, Junta de Andalucía y Ayuntamiento han priorizando el tramo Pino Montano-Prado de San Sebastián correspondiente a la línea 3, como el mayor impacto en la movilidad de la ciudad y para el que las dos administraciones confían en contar con el respaldo del Gobierno central.

La construcción de este su tramo de la línea 3 del metro de Sevilla que requiere una inversión en torno a los 700 millones de euros, solo se podrá abordar con la participación de las tres administraciones.

El recorrido entre Pino Montano y Prado de San Sebastián que representa solo una parte de la línea 3 completa, que finalizará en los Bermejales, permitiría multiplicar casi por dos el número actual de viajeros situado en 15,3 millones de usuarios anuales a lo que además se unirían los más de millón y medio que aportará la ampliación de la línea 1 hasta Alcalá de Guadaira.

Dicho trayecto atenderá a los tres distritos más poblados de la capital, además de conectar con un complejo sanitario de primer nivel, como es el Hospital Macarena, lo que supondría seguir avanzando en la construcción de una ciudad más amable, saludable y con mayor calidad de vida.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que suscriba un protocolo conjunto con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla que defina la voluntad política de las tres administraciones con la ampliación de la red de metro de la ciudad de Sevilla y en el que priorice el tramo Pino Montano-Prado de San Sebastián correspondiente a la línea 3 por ser el de mayor impacto en la movilidad de la ciudad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.-Juana Amalia Rodríguez Hernández, Antonio Pradas Torres, Antonio Gutiérrez Limones y Carmen Rocío Cuello Pérez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Educación y Deporte

161/002595

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los roles asignados a juguetes en centros escolares y publicidad, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

A día de hoy, en pleno siglo XXI, aún se siguen asociando acciones como el cuidado familiar o labores del hogar a juguetes y a actividades de "rol femenino" o por el contrario, actividades deportivas, de construcción o mecánicas a juguetes y acciones de "rol masculino". Este enfoque tradicional de los juguetes y del ocio contribuye a asignar e imponer determinados roles injustos a nuestros menores, inculcándoles principios y valores que en ocasiones pueden frustrarlos y condicionarlos a tomar decisiones que pueden ser equivocadas, como puede ser su profesión en el futuro, sin dejarlos indagar en su verdadera vocación y curiosidad por el mundo.

Esta diferenciación por género induce a los niños a descartar juguetes y actividades de ocio y tiempo libre afines a sus gustos por una imposición tradicional de la sociedad. Esto conlleva que algunos niños rechacen actividades que les motivan y enriquecen e incluso aquellas en las que pueden ser exitosos, generando en ocasiones incluso una pérdida de talento en ese sector en concreto.

En este asunto, también es preciso que las empresas del sector y las compañías de publicidad tengan constancia de la impronta que los juguetes desarrollan en la igualdad de género y el desarrollo de roles en la vida adolescente y adulta. Consideramos que la publicidad de este tipo de productos debiera fomentar una proyección de los juguetes más neutral, centrada más en el producto, que en la persona que debe utilizarlo o la estimulación conductual que debe producir.


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Fomentar la igualdad de género y no limitar el desarrollo de nuestros menores es una tarea compartida de todos, especialmente de todos aquellos que tienen influencia en los niños y niñas desde edades tempranas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas, una campaña de concienciación efectiva en los centros educativos contra los roles asignados a los juguetes y actividades de ocio por género, a la que pudieran asistir también los progenitores, y que sirviera de impulso para normalizar la libre elección de juguetes y actividades de ocio de nuestros menores, contribuyendo a romper estereotipos establecidos por sexo, potenciar el talento en cualquier profesión y favorecer la felicidad y la libre elección de los menores.

2. Trasladar a la industria juguetera la necesidad de que los anuncios y promociones de juguetes, especialmente de cara a las campañas navideñas, eviten la discriminación por género y fomentar la igualdad entre niños y niñas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-Patricia Reyes Rivera, María Virginia Millán Salmerón y Marta Martín Llaguno, Diputadas.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002592

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley Plan para incrementar la plantilla de la Tesorería General de la Seguridad Social, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

El número de trabajadores que integran la plantilla de la Tesorería General de la Seguridad Social es actualmente un 15,8 % menor que hace seis años, según los datos facilitados por el propio Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Este es un servicio común de la Seguridad Social, que tiene personalidad jurídica propia y tiene una serie de competencias importantes, como son, la inscripción de empresas; la afiliación, altas y bajas de trabajadores; la gestión y control de la cotización y de la recaudación de las cuotas y demás recursos de financiación del Sistema de la Seguridad Social, el aplazamiento o fraccionamiento de las cuotas de la Seguridad Social o la gestión de la función reaseguradora de accidentes de trabajo, entre otras.

En julio de 2017 había en la Tesorería General de la Seguridad Social un total de 11.282 empleados, frente a los 13.401 trabajadores que constaban en julio de 2011. En estos seis años, el número de empleados ha ido cayendo cada año, sin que ningún ejercicio se haya producido una variación positiva.

La evolución en el descenso de trabajadores fue progresiva entre los años 2011 y 2014, año que registró el mayor recorte de plantilla, pues entre julio de 2013 y julio de 2014 dejaron de trabajar 447 empleados de la Seguridad Social, un 3,5 % menos.

Desde entonces, el número de trabajadores ha ido cayendo, aunque a un ritmo menor: 404 trabajadores menos entre julio de 2014 y julio de 2015 (-3,3 %), 271 entre 2015 y 2016 (-2,3 %), repuntando entre 2016 y 2017, con un recorte de personal de 315 empleados, un 2,7 %.

Respecto a las delegaciones provinciales, todas ellas registran hoy una plantilla menor que la que tenían hace seis años, con caídas en todos los ejercicios y en todas ellas salvo seis.


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En concreto, las únicas delegaciones que incrementaron su personal algún año durante este período fueron las de Navarra (tres empleados más de 2015 a 2016), Ceuta (un empleado, entre 2015 y 2016), Melilla (en dos empleados, entre 2012 y 2013), y los servicios centrales de la Tesorería General (en dos empleados, entre 2015 y 2016).

La delegación donde el recorte de empleados ha sido mayor en estos seis años ha sido Cataluña, con un total de 336 empleados menos en julio de 2017 respecto al mismo mes de 2011 (-19 %), seguida de la Comunidad de Madrid, con 292 empleados menos, aunque en términos relativos este descenso fue aún más intenso: un 21,8 % menos.

En porcentaje, la delegación que más empleados de la Tesorería General de la Seguridad Social perdió fue Cantabria, con un 23 % de trabajadores menos, seguida de la Comunidad de Madrid (-21,8 %), Asturias (-20,5 %), Canarias (-20 %), Cataluña (-19 %), Baleares (-17,7 %), Ceuta (-17,14 %) y Murcia (-17 %).

Por contra, las delegaciones que menos vieron afectadas sus plantillas, en términos porcentuales, fueron Melilla (-3 %), los servicios centrales de la Tesorería General de la Seguridad Social (-3,7 %), Galicia (-12,1 %), Andalucía (-13,2 %), Navarra (-14,2 %), Castilla y León (-14,4 %), Comunidad Valenciana (-15,5 %) y Castilla-La Mancha (-15,7 %).

Este importante recorte supone en primer lugar un incremento de la carga de trabajo para la plantilla, un envejecimiento de esta, algo denunciado por los sindicatos, y además que pueda afectarse la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha de forma inmediata un Plan para incrementar la plantilla de la Tesorería General de la Seguridad Social al menos un 20 % en los próximos 4 años."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002630

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Empleo y la Seguridad Social, relativa a la reducción de la contratación temporal y a tiempo parcial.

Exposición de motivos

La contratación indefinida en España ha dejado de ser la norma, al facilitarse durante las últimas décadas el uso de la temporalidad como incentivo a la generación de empleo. Así, la naturaleza del empleo ha dejado de ser relevante y los contratos temporales, sobre todo entre la población joven, abundan sobremanera. Esto genera un modelo de crecimiento precario, de bajos salarios, basado en sectores de poco valor añadido e intensivos en mano de obra como el comercio minorista, la hostelería y los servicios de alojamiento. No es, por tanto, la primera vez en nuestra historia que la contratación temporal se utiliza en momentos de crisis y al margen de los efectos negativos que tiene sobre las condiciones de vida y la recuperación de la economía.

El mercado de trabajo en España no solo se caracteriza por un alto volumen de paro (16,4 % de paro en el IIITR2017). Además, a la cifra de paro registrado hay que añadir la existencia de un elevado subempleo (situación en la que se encuentra, entre otros, por trabajadores que involuntariamente tienen un contrato a tiempo parcial), lo que según los últimos datos publicados por el Banco de España hace que el problema de la falta de empleo afecte -por una u otra vía- al 30 % de la población activa. Incluso si el escenario macroeconómico previsto por el Gobierno se cumple (lo que es dudoso porque, como


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reconoce el Informe Anual del Banco de España, el crecimiento depende sobre todo de factores transitorios) y todo el crecimiento del PIB se traduce en empleo, el desempleo seguirá siendo en 2020 muy superior al que había en 2007 y uno de los más altos de la Unión Europea. Diez años después de que la crisis económica y financiera global estallara, el nivel de empleo sigue muy por debajo de sus niveles pre-crisis (en concreto 2,3 millones de ocupados menos), por no mencionar la persistente segregación sexual del trabajo.

Además, los trabajadores padecen de forma estructural de un elevado nivel de precariedad que se refleja en tres grandes problemas de nuestro mercado laboral: temporalidad, parcialidad y elevada rotación en el puesto de trabajo.

En primer lugar, sin duda uno de los mayores exponentes de la precariedad es la gran cantidad de contratos temporales que se generan (90 % de los contratos firmados en octubre de 2017 son de carácter temporal, según los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, SEPE). Lo cual, es especialmente grave para los jóvenes (solo el 1 % de los nuevos contratos son indefinidos y para menores de 25 años), y para las mujeres (solo el 3 % de todos los contratos son indefinidos y firmados por mujeres). Siendo aún peor la situación de las mujeres jóvenes, solo el 0,5 % de los contratos firmados en octubre de 2017 son contratos indefinidos firmados por mujeres menores de 25 años.

De acuerdo a la Encuesta de Población Activa (EPA), el número de asalariados indefinidos no se ha incrementado en los últimos trimestres, de hecho, desde el primer trimestre de 2014 el porcentaje cae de forma continuada hasta bajar al 72 % en el IIITR2017. El número de jóvenes con contrato indefinido jóvenes también ha caído de forma continuada, los asalariados entre 16 y 29 años son solo el 8,6 % de los asalariados indefinidos, lo que supone que la cuota existente en 2011 ha perdido más de 10 puntos porcentuales. De hecho, casi 2 de cada 3 asalariados jóvenes tienen un contrato temporal.

Si nos comparamos con los países de nuestro entorno, según Eurostat la tasa de temporalidad en España es 10,5 puntos porcentuales mayor que la media de la zona Euro, situándose en 26,9 % en el IITR2017. Así, la temporalidad en España es más del doble que en Alemania, donde la tasa de temporalidad a pesar de las reformas Hartz y la consecuente proliferación de los minijobs alcanza un 12,8 %.

En segundo lugar, este abuso de la contratación temporal ha venido acompañado por una caída continuada en la duración media de los contratos, que refleja la elevada rotación en el puesto de trabajo. Observando los datos del SEPE, mientras que la duración media de un contrato en octubre de 2007 era de 86,1 días, en octubre de 2017 ha sido de 55,85 días, es decir, en esta década se ha reducido la duración media del contrato en un 35 %. Si atendemos al peso que estos contratos han ganado, los contratos de 7 días suponían el 15 % del total de contratos en octubre de 2007 y superan el 26 % del total de contratos en octubre de 2017.

De acuerdo a la Encuesta de Población Activa, las jornadas a tiempo parcial suponen aproximadamente más del 15,5 % del número de ocupados. El incremento de este colectivo ha sido superior al del número de ocupados en su conjunto. Por ello, el mayor nivel de empleo no ha venido acompañado de una menor tasa de parcialidad. Además, de acuerdo a distintas informaciones existe un elevado fraude en la contratación temporal.

La precariedad laboral ha traído como consecuencia un agravamiento de la crisis social, como demuestran múltiples estadísticas. En primer lugar, según datos de Eurostat, el porcentaje de trabajadores/as pobres se mantuvo en un 13,1 % en 2016. En segundo lugar, de acuerdo al último informe FOESSA, el 70 % de los hogares no ha notado la "recuperación económica", siendo precisamente los hogares que más sufrieron los efectos de la crisis los que menos se benefician de ella. Tercero, la Encuesta de Estructura Salarial (INE) muestra que la pérdida acumulada de poder adquisitivo desde 2011 es del 2,9 %, a pesar del crecimiento del 1,1 % del salario medio que se produjo en 2015. Todo ello ha provocado que las rentas del trabajo no hayan parado de perder peso en la renta nacional a favor de las del capital, convirtiéndose en uno de los factores explicativos del empeoramiento de la desigualdad. Además, este ajuste salarial está generando una brecha generacional: a pesar de la subida del salario medio en 2015, el de todos los grupos de trabajadores/as menores de 40 años se redujo, hasta un 5,1 % en el caso de los/as de entre 20 y 24 años. También en los salarios se agrava la brecha de género, que en términos de ganancia anual media se situó en el 22,9 % en 2015. Además, el sueldo por hora de las mujeres fue de media 2,25 euros menor que el de los hombres; el porcentaje de mujeres que ganan entre 0 y 2 veces el SMI fue del 55,1 %, más de veinte puntos por encima del de los hombres.

Por otra parte, la reducción de la contratación temporal tendría un efecto positivo sobre la conciliación familiar, ya que equipararía los tiempos de trabajo, de ocio y de cuidados en los hogares (las mujeres


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dedican más del doble del tiempo que los hombres en hogar y familia según la Encuesta de Empleo del Tiempo). Los datos de la EPA del IIITR2017 evidencia el desequilibrio existente en el mercado de trabajo entre mujeres y hombres, suponiendo ellas el 72 % de las personas con un contrato a tiempo parcial, de entre las cuales un 56 % están en esta situación de forma involuntaria.

En la actualidad existen más de treinta cláusulas aplicables a los contratos temporales. Para reformar la contratación temporal con objeto de evitar que se encadenen contratos temporales para un mismo puesto de trabajo y reforzando la causalidad de la contratación temporal proponemos que se modifique la legislación para que se unifiquen las distintas tipologías de contratación temporal actualmente existentes en una misma figura contractual, que contemplará las causas que justifiquen la utilización de ese modelo de contrato.

Los contratos temporales cuya duración sea superior a un año, o cuando se concatene una sucesión de dichos contratos durante ese periodo, se convertirán de manera automática en indefinidos. También se propone que los contratos a tiempo parcial incorporen el principio de causalidad así como el establecimiento de mínimos de derecho necesario para promover la mejora de las condiciones de los trabajadores con contrato a tiempo parcial.

Finalmente, no puede explicarse el gran número de contratos temporales si no se alude al permiso legal de encadenar este tipo de contratos respecto al mismo empleador. Según establece el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 1.a), 2 y 3, los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos. [...]

Lo dispuesto en este apartado no será de aplicación a la utilización de los contratos formativos, de relevo e interinidad, a los contratos temporales celebrados en el marco de programas públicos de empleo-formación, así como a los contratos temporales que sean utilizados por empresas de inserción debidamente registradas y el objeto de dichos contratos sea considerado como parte esencial de un itinerario de inserción personalizado."

En definitiva, este artículo no protege adecuadamente al trabajador de los encadenamientos de contratos. En consecuencia, consideramos necesario modificarlo para adaptarlo a las disposiciones legales anteriormente señaladas.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Presentar ante esta Cámara todas las modificaciones legislativas necesarias para reformar la contratación temporal y a tiempo parcial mediante, entre otras, las siguientes medidas, con el objetivo de reducir la precariedad.

2. Unificar las distintas figuras de contratación temporal en una misma figura contractual, eliminando todas las cláusulas actualmente existentes. Se reforzará asimismo la causalidad económica asociada a dicha temporalidad. Todo ello para evitar el abuso de esta figura contractual y el extendido fraude que se ha producido.

3. Regular que los contratos a tiempo parcial deberán incorporar también el principio de causalidad referido a la jornada necesaria para realizar la tarea objeto del contrato, y deberán fijar el cómputo de la jornada con referencia semanal. Establecer mínimos de derecho necesario para promover la mejora de las condiciones de los trabajadores con contrato a tiempo parcial. Eliminación de las horas complementarias. Establecer un "malus" en la cotización a la Seguridad Social de las empresas que abusen de la contratación a tiempo parcial. Establecer por ley el derecho del trabajador a tiempo parcial con más de un año de antigüedad en la empresa a incrementar su jornada al 75 % de la jornada completa si parte de una jornada previa inferior al 50 %, y al 100 % de la jornada ordinaria si partía de una jornada parcial superior al 50 %.

4. Establecer que los contratos temporales independientemente de su causa se convertirán de forma inmediata en contratos indefinidos cuando se supere el año de duración. Para ello es necesario reformar


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el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores para eliminar las distintas exenciones que recoge actualmente; de tal forma que se establezca como límite para encadenar contratos temporales que siempre que los trabajadores hubieran estado contratados por una empresa o grupo de empresas durante un plazo superior a doce meses, en cualquier circunstancia, adquirirán la condición de trabajadores indefinidos.

5. Prohibir el encadenamiento de contratos de duración determinada para la cobertura de un mismo puesto de trabajo. Por ello, se entenderá que una empresa estará incurriendo en fraude de ley, siempre que prescinda de un trabajador con contrato temporal de doce meses, para volver a realizar un nuevo contrato temporal con una persona distinta que realice las mismas tareas.

6. Aumentar y mejorar los mecanismos de control de los contratos temporales sucesivos para asegurar que no se encadenen contratos a distintas personas con una misma causalidad.

7. Incorporar una penalización (un "malus" opuesto a un "bonus") para aquellas empresas que tengan una elevada ratio de trabajadores temporales respecto a indefinidos. La penalización consistirá en un incremento del tipo de cotización de la empresa a la Seguridad Social por contingencias (sobre el 23,6 % que pagan los empresarios actualmente).

8. Incrementar la indemnización prevista en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores para la terminación de los contratos temporales hasta los 20 días por año, extendiendo tal derecho a los trabajadores contratados para la sustitución de otros trabajadores (interinos del art. 15.1.c del ET) hasta ahora excluidos.

9. Realizar una campaña de la Inspección de Trabajo de oficio, mediante una Instrucción de la Dirección General de la Inspección de Trabajo, con objeto de combatir el fraude en la contratación y garantizar el cumplimiento de la normativa señalada anteriormente.

10. El contrato temporal sin causa habilitante habrá de considerarse en fraude de ley, y por tanto, la extinción de estos contratos cuando se demuestre el fraude deberá ser calificada como causa de despido nulo en el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores. Del mismo modo, se procederá a elevar de forma significativa las sanciones administrativas impuestas en casos de utilización de la contratación temporal en fraude de ley."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Alberto Montero Soler y Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002600

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa del Diputado don Josep Vendrell Gardeñes, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital, relativa a la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados del sector eléctrico.

Exposición de motivos

El Derecho Europeo, primero con la Directiva 2003/54/CE y después con la Directiva 2009/72/CE, viene imponiendo a los Estados Miembros la separación efectiva de las empresas integradas en el sector eléctrico, entendidas como los grupos de empresas en que se ejerce el control sobre empresas que realicen, como mínimo, una de las funciones de transporte y distribución y una de comercialización o generación.

Las diferentes actividades económicas del sector eléctrico (generación, transporte, distribución y comercialización) están muy interrelacionadas entre sí, y tener una posición dominante en una actividad


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puede suponer, si se trata de empresas del mismo grupo empresarial, una ventaja competitiva clara para el resto de actividades.

Esto es así especialmente para el caso de las actividades relacionadas con las redes (transporte y distribución), que son monopolios naturales. Quien ejerce el control sobre las redes, tiene información privilegiada sobre en qué puntos de conexión de la red existe capacidad para conectar nuevas instalaciones de generación, y a su vez, es el responsable de ejecutar las altas y los cambios de comercializadora.

En el caso español, la realidad demuestra que las instalaciones de generación de las empresas de los grupos verticalmente integrados tienden a ubicarse en las zonas en que ese grupo empresarial tiene el monopolio de la distribución. Asimismo, los cambios de cliente en favor de comercializadoras del grupo empresarial de la distribuidora se producen sistemáticamente más deprisa y con menor tasa de rechazo que los que son en favor de una comercializadora que no forme parte del grupo empresarial de la distribuidora, tal como viene advirtiendo reiteradamente la CNMC en sus Informes de cambio de comercializadora.

Además, desde el punto de vista del consumidor eléctrico, resulta difícil comprender las diferencias entre las empresas de generación, distribución, comercializadora de mercado libre y comercializadora de último recurso de los grupos verticalmente integrados, habida cuenta de que tienden a utilizar la misma marca, a compartir sede y a cotizar en bolsa y presentar sus cuentas de forma unificada, como grupo. Incluso todas ellas se asocian en el lobby "UNESA" como grupos, sin que quede claro qué actividades del sector eléctrico defienden.

Esta falta de separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados en el sector eléctrico tiene impactos negativos para la competencia, y en última instancia, para los consumidores, impidiendo o dificultando que nuevos agentes y los existentes puedan competir en igualdad de condiciones.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, eleve al Parlamento las propuestas legislativas necesarias para garantizar la separación real y efectiva de los grupos verticalmente integrados del sector eléctrico, de forma que se garantice la libre competencia y se asegure que la posición dominante de un grupo empresarial en una actividad del sector eléctrico nunca pueda beneficiar a una empresa en otros segmentos de actividad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002613

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la inclusión de Antequera (Málaga) en el Catálogo del Sistema de Señalización Turística Homologada (SISTHO), para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

El Ayuntamiento de Antequera (Málaga) solicitó en el verano de 2016 acogerse al Sistema de Señalización Turística Homologada (SISTHO) de la Red de Carreteras del Estado, indicando ser Patrimonio Mundial tras la declaración de la UNESCO y con la esperanza de que las principales vías de acceso al municipio informen a los conductores de la proximidad de un lugar de especial interés turístico, tras la puesta en valor del Sitio de los Dólmenes de Antequera.

La petición del Ayuntamiento se concretaba en promocionar el lugar privilegiado al pasar por las autovías A-45 o A-92, además de la inclusión de Antequera en el catálogo de destinos SISTHO, con pictogramas específicos como los usados en otros lugares que disponen también de este tipo de


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consideración extraordinaria, que tienen como denominador común un fondo de color marrón y la forma rectangular del panel, dentro de la tipología de "culturales".

Con esta concesión se pretende conseguir una nueva e importante acción promocional de la ciudad de Antequera, considerando además que se trata de la única con la consideración de Patrimonio Mundial en toda la provincia de Málaga gracias al Sitio de los Dólmenes (Menga, Viera, El Romeral), la Peña de los Enamorados y el Torcal.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la petición del Ayuntamiento de Antequera (Málaga) para acogerse al Sistema de Señalización Turística Homologada (SISTHO), cambiando las señales en los accesos a la ciudad para indicar que Antequera es Patrimonio Mundial."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002591

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los procesos de declaración de Parque Nacional del Mar de las Calmas (Canarias) y Sierra Bermeja (Andalucía), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Durante la conmemoración del centenario de la Red de Parques Nacionales en España en el Centro Nacional de Educación Ambiental de Valsaín (Segovia), en junio de 2016, el Gobierno anunció a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que estaban trabajando para impulsar la declaración de dos nuevos Parques Nacionales: el de Mar de las Calmas (Santa Cruz de Tenerife) y Sierra de las Nieves (Málaga).

El Mar de las Calmas sería el primer Parque Nacional 100 % marítimo en nuestro país. Su declaración sería especialmente relevante porque incluiría los dos sistemas marinos que faltan por representar en la red, y abarcaría una superficie de unas 20.600 hectáreas, mientras que la Sierra de las Nieves sería el tercero que acoge la comunidad autónoma andaluza.

En aquel momento el Gobierno estaba en funciones y recordó que esta declaración requiere una ley, y para llevarla adelante tenían que estar constituidas las Cortes. Sin embargo, con las Cortes constituidas desde hace más de un año no se ha presentado la iniciativa legislativa para acometer estas declaraciones. España cuenta con 15 espacios naturales que han merecido la declaración de Parque Nacional. Estos enclaves que detentan de la máxima protección suman 384.000 hectáreas y albergan el 70 % de plantas vasculares, el 80 % de los vertebrados y el 43 % de las especies endémicas del país. Los Parques Nacionales son el máximo exponente de la riqueza de la biodiversidad española, auténticas joyas patrimonio de todos que también han servido para el conocimiento y el disfrute de los ciudadanos, pero es necesario aumentar la Red de Parques con nuevos espacios.

Respecto al Mar de las Calmas.

Según la organización internacional independiente dedicada a la defensa de la naturaleza y el medio ambiente World Wildlife Fund-WWF, el Mar de las Calmas concentra una biodiversidad excepcional, con presencia de comunidades originales, únicas en España, de gran interés ecológico y biogeográfico. Sus fondos marinos, predominantemente rocosos y accidentados, crean un paisaje de gran belleza donde infinidad de formas de vida encuentran cobijo. En sus aguas cálidas y cristalinas conviven no solo


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cachalotes, tiburones, ballenas y zifios, sino también mantas, tortugas y otras muchas especies oceánicas que pueden avistarse muy cerca de la costa junto a otras especies típicas del área litoral, dada la escasa amplitud de la plataforma insular. El Mar de las Calmas es un enclave donde a escasas millas de la orilla se alcanzan profundidades de hasta 3.000 metros que están habitadas por gorgonias, corales, ostras gigantes y esponjas de cristal.

De hecho, en las aguas herreñas hay ecosistemas bien preservados y de gran interés que no están aún representados en la Red de Parques Nacionales. Entre ellos, destacan los bancos de corales profundos o las áreas pelágicas de paso, reproducción o presencia habitual de cetáceos o grandes peces migradores. De ahí la necesidad de que este espacio logre la mayor figura de protección posible. La organización WWF destaca que esta figura de protección beneficiará, además, a la pesca artesanal y respetuosa, que ya se practica en el entorno, atraerá a un turismo sensible y amante de la naturaleza y del buceo, y proyectará la imagen de la isla a escala internacional.

Respecto a la Sierra de las Nieves y Sierra Bermeja.

En lo referente al proyecto de Parque Nacional de Sierra de las Nieves hay que resaltar el valor sin parangón a nivel español de Sierra Bermeja, montaña que va desde el municipio de Casares hasta el Río Verde. Dicha sierra está formada por una roca especial a nivel planetario, la peridotita, sobre la que cabalgan unos ecosistemas también únicos: los ecosistemas serpentínicos. Por ello, fue solicitada formalmente su protección como Parque Nacional en 2007.

Por otro lado, otros colectivos, con el apoyo incondicional de la Junta de Andalucía, también han realizado una petición para otro espacio natural andaluz, la Sierra de las Nieves, igualmente situada en la provincia de Málaga y colindante con Sierra Bermeja.

En efecto, solo tres pequeñas zonas de Sierra de las Nieves y de sus sierras más cercanas son únicas a nivel de sus ecosistemas: los sabinar-enebrales oromediterráneos con pinsapos (unas 100 hectáreas), el quejigal adehesado de Quercus faginea subsp. alpestris (unas 500 hectáreas) y el alcornocal con pinsapos (este fuera de la Sierra de las Nieves, aunque dentro de los artificiales límites del Parque Natural, unas 100 hectáreas). En conjunto estos tres ecosistemas alcanzan unas 700 hectáreas, de un mínimo de 20.000 necesarias para ser un Parque Nacional, es decir, tan solo un 3,5 % de ese mínimo. Es a causa de esto que Sierra de las Nieves obtiene un insuficiente para ser Parque Nacional, por la escasa extensión en sus ecosistemas exclusivos ("excepcionales" según ley). Para solventar esta deficiencia, los valedores de la petición, de un modo arbitrario, han tenido que "fagocitar" ecosistemas limítrofes para poder cumplir con los objetivos de la Ley de Parques Nacionales, y qué mejor manera que ir a la fuente de lo más exclusivo que tiene Málaga: las peridotitas de Sierra Bermeja. De este modo, en la propuesta de Parque Nacional Sierra de las Nieves, que ni siquiera incorpora el nombre de Bermeja, se pretende añadir 10.000 hectáreas de Sierra Bermeja -un 35 %-, fragmentando una Zona de Especial Conservación Europea, una montaña compacta en su constitución geográfica e histórica, todo ello sin justificación científica.

De esta forma, quedaría fuera de la propuesta de Sierra de las Nieves el único bosque de pinsapos sobre peridotitas del mundo, así como, entre otros valores, varias especies endémicas de flora (Centaurea lainzii, Peucedanum officinale subsp. brachyradium o Euphorbia flavicoma subsp. bermejense), únicas también en el mundo. Catorce especies de fauna quedarían también fuera, como Leuctra bidula (mosca de las piedras) o Alphasida Ferrari (escarabajo).

Pero ni siquiera con ese fragmento de Sierra Bermeja incorporado a la propuesta quedarían representadas las peridotitas malagueñas, pues seguirían fuera grandes extensiones de variedades con plagioclasa, así como tectonitas con espinela (peridotitas con espinela o peridotitas con granate) y peridotitas granuladas, exclusivas de la zona occidental de Sierra Bermeja. Así, se ofrece a la ciudadanía una propuesta de Parque Nacional, que bien podría denominarse "Frankenstein", diseñado a base de fragmentos de grandes ecosistemas sobre dolomías y calizas (sector biogeográfico rondeño), de gneises y micaesquistos (sector aljíbico) y de las peridotitas añadidas (sector bermejense), como válido para justificar el fin.

Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Presentar en el plazo de seis meses las leyes de declaración de Parque Nacional del Mar de las Calmas.


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2. Presentar en el plazo de seis meses la ley de declaración de Parque Nacional de Sierra de las Nieves, ampliándola también a Sierra Bermeja."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002603

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para solicitar a la Unión Europea mejoras en los acuerdos de pesca con Mauritania, y que empiece a negociar la renovación de los existentes con Guinea Bissau y Marruecos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Confederación Española de Pesca (Cepesca) ha pedido a la Comisión Europea (CE) mejoras en el acuerdo con Mauritania, que se empiece a negociar la renovación del pacto con Marruecos y también alertará sobre la salida de la flota de bandera española de Guinea Bissau.

En el caso de Mauritania es necesario realizar mejoras respecto a las condiciones en que los buques de Ribeira (A Coruña), casi todos palangreros de demersales, pueden faenar en ese caladero africano.

Entre ellas figuran una bajada del pago que abonan los armadores por operar en el caladero mauritano, cambios en las licencias, la posibilidad de descargar aceites de pescado -ahora no permitida- y otras cuestiones que afectan al tiempo que los barcos pueden operar allí.

El pacto con Mauritania es el convenio pesquero más importante para la UE desde el punto de vista económico y, dentro de España, tiene interés para las flotas de Andalucía, Galicia y Canarias.

Hasta este año, el protocolo posibilitaba que 50 buques españoles faenen en aguas mauritanas, y en otoño los representantes de ambas partes acordaron ampliar en seis el número de licencias, ante el buen estado de las especies, así como la creación de una nueva categoría para buques demersales congeladores.

Además, está previsto que la UE y Mauritania celebren este mes en Bruselas una nueva comisión mixta para analizar el estado del convenio.

También preocupa en el sector, la fecha de caducidad del acuerdo con Guinea Bissau, el próximo 23 de noviembre, que puede suponer la salida de sus aguas de navíos de Andalucía y Galicia.

Es fundamental renovar este pacto y ha explicado que, aun consiguiendo uno nuevo, en noviembre, por razones procedimentales, la flota de la UE deberá abandonar el caladero guineano.

También deberían empezar ya las negociaciones para renovar el acuerdo con Marruecos, ya que el pacto actual expira en 2018.

El protocolo con el país magrebí ofrece licencias a 90 barcos españoles, sobre todo de Andalucía y Canarias, aunque también beneficia a buques de Galicia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Solicitar a la Unión Europea mejoras en materia de pesca en el acuerdo con Mauritania, que es prioritario para las flotas de Andalucía, Galicia y Canarias.

2. Demandar a la Unión Europea negociar un nuevo acuerdo con Guinea Bissau, dado que el existente finaliza en noviembre y puede suponer la salida de sus aguas de barcos de Andalucía y Galicia.


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3. Pedir también el comienzo de las negociaciones para renovar el acuerdo con Marruecos, dado que el actual finaliza el próximo año."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002604

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de forma inmediata de la comisión de seguimiento de sequía para los ríos Tirón, Najerilla y Oja para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La sequía se ha convertido en un problema muy grave para nuestro país.

Las consecuencias del cambio climático son cada vez más evidentes, y las consecuencias de la sequía a su vez cada vez más perjudiciales para nuestros ecosistemas y para nuestra economía, empezando por nuestra agricultura y ganadería. Pero también ya para la producción de energía eléctrica e incluso para el consumo de agua de boca.

En La Rioja, la margen derecha y el alto Ebro sufren una sequía extrema, sin que el gobierno haya tomado ninguna de las medidas necesarias para afrontar esta situación.

El Plan de Sequía del Ebro contempla la posibilidad de que se puedan crear comisiones de seguimiento de sequía en el seno de la Junta de gobierno para juntas de explotación o zonas concretas.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"Se insta al Gobierno a crear de forma inmediata la comisión de seguimiento de sequía para los ríos Tirón, Najerilla y Oja."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2017.-César Luena López, Diputado.- Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002605

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la ejecución definitiva del Plan de Restitución Territorial por las obras del embalse de Montearagón (Huesca), para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El Plan de Restitución Territorial por las obras del embalse de Montearagón, en la provincia de Huesca, fue redactado por el Ministerio de Medio Ambiente en 2004, sometido a información pública, y aprobado definitivamente por Resolución del Ministerio de Medio Ambiente de 7 de septiembre de 2005. El Plan contempla trece líneas de actuación con distintos proyectos, entre otros, en relación a caminos, carreteras, abastecimientos, alumbrado, depuración, patrimonio, servicios locales, revegetación.


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El presupuesto total del conjunto de los proyectos del plan se elevaba a 29.902.779,75 euros y el plazo de ejecución fijado fue de 24 meses.

Las diversas localidades de los municipios afectados de Huesca (localidades de Apiés y Fomillos) y de Loporzano (San Julián de Banzo, Barluenga y Chibluco) permanecen en expectativa de ver realizadas diversas obras y actuaciones como consecuencia de la dilación acumulada durante casi una década por el Plan de Restitución Territorial por las obras del embalse de Montearagón. Se trata de inversiones pendientes que inciden decisivamente en su calidad de vida y en su potencial de actividades económicas, y que constituyen así mismo una compensación justa y consensuada con los afectados, por el impacto en la zona de la construcción del citado embalse.

A día de hoy, ni el embalse ha entrado en servicio a expensas de las prolongadas pruebas de seguridad o puesta en carga y de las conexiones de suministro necesarias, ni tampoco se ha avanzado sustancialmente en las actuaciones de restitución territorial, a pesar de que las correspondientes afecciones ya se han producido. Entre los proyectos que restan por afrontar hay algunos tan relevantes, como caminos y comunicaciones en Barluenga, San Julián de Banzo y Chibluco o los accesos a Apiés y a Fornillos, actualmente por sendas carreteras estrechas y sinuosas que dan servicio también a otras instalaciones de interés supramunicipal (vertedero, planta de tratamiento de envases) o suponen la comunicación más directa desde Huesca con el Parque Natural de Guara.

Mientras las administraciones local o autonómica no acometen estas y otras inversiones, a la espera de que se lleve a cabo el plan de restitución donde figuran incluidas, desde el Gobierno central tan solo se señala que "no es posible concretar un plazo de finalización y un cronograma [del plan] debido a que durante el tiempo transcurrido desde su aprobación se ha modificado la normativa técnica de obligado cumplimiento y han quedado desfasados los precios de algunas unidades de obra".

El Gobierno del Partido Popular, año tras año, viene ignorando la inclusión de partidas en los Presupuestos Generales del Estado para dotar adecuadamente este Plan y permitir así la ejecución de las actuaciones en él previstas. Cada nuevo año de retraso supone inconvenientes añadidos, así como el aplazamiento a acciones de compensación y restitución territorial que, además de constituir una demanda legítima, constituye un apoyo al bienestar y al desarrollo de los territorios afectados.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que con carácter urgente impulse, con la adecuada dotación presupuestaria, todas las actuaciones contenidas en el Plan de Restitución Territorial por el embalse de Montearagón, en la provincia de Huesca, o en su caso, encomiende su ejecución al Gobierno de Aragón mediante convenio y transferencia de los fondos precisos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.- Gonzalo Palacín Guarné, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002593

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de medidas de apoyo a los ciudadanos que padecen Enfermedad Celíaca, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La Enfermedad Celiaca, según recogen los documentos relativos a esta publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, es "una patología del aparato digestivo que afecta a individuos genéticamente predispuestos, al entrar en contacto con alimentos que contienen gluten; causa una lesión


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histológica característica, aunque no patognomónica, que en las formas más graves provoca atrofia de las vellosidades intestinales" según define el documento de Diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca en el Sistema Nacional de Salud (2008). Sin embargo, convenciones internacionales de expertos en esta patología han acordado una definición más reciente, que no está recogida en los documentos ministeriales. Según "el consenso de Oslo", la enfermedad celíaca es una enteropatía crónica inmunomediada del intestino delgado precipitada por la exposición a la dieta con gluten en individuos genéticamente predispuestos" y que presenta signos y síntomas de malabsorción intestinal florida, manifestándose en forma de diarrea, esteatorrea, pérdida de peso o retraso de crecimiento.

Los problemas que esta patología suponen en la vida diaria de las personas que la padecen ha llegado a tal incidencia, que el propio Defensor del Pueblo emitió un informe, en abril de 2017, titulado "La situación de las personas con enfermedad celíaca en España". En dicho informe, el Defensor señala diversos estudios en los que señala que la incidencia de la enfermedad es de 1 caso por cada 200 personas siendo más común en la infancia y más presente en mujeres que hombres.

Los ciudadanos afectados por esta patología, así como las asociaciones de afectados, denuncian las dificultades existentes a la hora de poder seguir una dieta sin gluten y que no afecte de manera significativa a su vida diaria. Entre las principales quejas encontramos aquellas relativas al mundo de la restauración, donde señalan que no existe suficiente información sobre intolerancias en los menús, ni se controlan las contaminaciones cruzadas. También señalan la falta de información existente de profesionales sanitarios y centros escolares sobre esta patología y sus cuidados específicos. La dificultad de encontrar comida sin gluten en los comedores de los centros de trabajo, incluso dentro de la administración pública, así como información deficiente en el etiquetado de numerosos productos que se venden en superficies comerciales. Pese a la normativa europea y nacional en relación al etiquetado, los pacientes siguen quejándose de la dificultad de poder saber si determinados alimentos procesados o que se sirven en restaurantes llevan o no gluten.

Quizá otro de los grandes problemas de este colectivo es el aumento del coste que deben abonar para el acceso a alimentos que no contienen gluten. Pese a que a día de hoy algunas cadenas de supermercados están profundamente concienciadas por este problema, el coste de productos básicos sin gluten sigue aumentando el gasto que se precisa para una cesta de la compra básica en este colectivo.

La Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE) suele presentar anualmente su propio estudio comparativo de precios de productos sustitutivos sin gluten. El último de ellos muestra unas diferencias promedio de 1,11 veces, por ejemplo para alimentos característicos de la campaña navideña, y hasta de 9,58 veces más elevado el precio de ciertos productos de consumo habitual, como el pan rallado. En este sentido, la mayor demanda comercial de los últimos años de productos sin gluten y las economías de escala están favoreciendo la tendencia a la baja de los precios para el consumidor final. Sin embargo, según los operadores especializados en la producción de estos alimentos señalan que, a pesar de esa tendencia, en ningún caso podrá alcanzarse una equiparación total de precios con los alimentos con gluten de consumo ordinario.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que queda mucho trabajo por hacer para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos celíacos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Actualizar los documentos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con los últimos avances científicos en el conocimiento y tratamiento de esta patología, trasladando las novedades a sus programas y acciones concretas de desarrollo. En concreto, el documento Diagnóstico precoz de la enfermedad celíaca en el Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con las últimas evidencias científicas en la materia.

2. Mejorar el sistema de recogida de datos epidemiológicos sobre la Enfermedad Celíaca a fin de conocer la incidencia real de esta patología en la población española.

3. Fomentar investigaciones en torno a la Enfermedad Celíaca, especialmente aquellas destinadas a la detección precoz.

4. Trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y a la Conferencia Sectorial de Educación la necesidad de que se mejore la formación de los profesionales sanitarios y educativos en la


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Enfermedad Celíaca a fin de mejorar los diagnósticos precoces y los tratamientos y cuidados básicos que deben efectuarse sobre esta población.

5. Trabajar junto a la CEOE, y asociaciones mayoritarias de las empresas de ocio y restauración, las medidas precisas a fin de que se apliquen mejoras en los sistemas de información a los consumidores en relación a la presencia de alérgenos en las comidas, así como una mejor formación sobre las prácticas destinadas a evitar contaminaciones cruzadas en este sector.

6. Implementar un sello de garantía que identifique a los establecimientos de hostelería y restauración que oferten una alternativa gastronómica sin gluten.

7. Trabajar junto a AECOSAN para realizar campañas de concienciación para el sector de ocio y restauración de la necesidad de informar correctamente sobre intolerancias y alergias alimenticias, así como buenas prácticas en la preparación de alimentos en este sentido.

8. Trasladar a la Asociación Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) la necesidad de clarificar la información que reciben los ciudadanos en relación a fármacos que pueden contener gluten.

9. Desarrollar campañas de comunicación sobre la enfermedad celíaca que sirvan para concienciar a la sociedad en todos los niveles: sanitarios, hostelería y restauración, educación, etc.

10. Llevar a cabo las medidas necesarias a fin de que la certificación de los alimentos sin gluten como tales, por el Estado o cualquier otra entidad, no puedan suponer coste alguno a las empresas encareciendo aún más el precio de estos productos.

11. Evaluar diferentes tipos de medidas para hacer más accesibles los alimentos sin gluten a las personas afectadas por la enfermedad celíaca a fin de alcanzar condiciones de igualdad de acceso a alimentos básicos de la cesta de la compra con las personas no afectadas por esta patología.

12. Revisar y aprobar nuevas medidas, en caso de ser preciso, orientadas al cumplimiento del Reglamento de la UE sobre la declaración de alérgenos y la Directiva (EU) 41/2009 sobre la composición y etiquetado de los productos alimenticios.

13. Trasladar a las instituciones europeas las necesidad de revisar la normativa relativa a la información a consumidores sobre productos que contienen gluten, Reglamento de Ejecución (UE) 828/2014, así como la necesidad de homogeneizar en el conjunto de la Unión los símbolos y pictogramas que aluden a menciones alimentarias obligatorias dada su alta variabilidad según el Estado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002625

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción de la figura del geriatra, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la sociedad española en la actualidad es el sociodemográfico, porque gracias al aumento de la esperanza de vida y a la mejora en la atención sociosanitaria, en España viven cada vez más personas mayores que merecen una atención específica y especializada.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, el 18,9 % de la población española tiene 65 o más años, es decir, en nuestro país casi 9 millones de personas son consideradas mayores.

Por ese motivo, es necesario emprender políticas que salvaguarden sus derechos, promuevan un envejecimiento activo de calidad, y profundicen en ámbitos como la salud, la vida independiente, la participación en la sociedad y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad.

En este sentido, cabe destacar la puesta en marcha de instrumentos generales como el Marco de actuación para las personas mayores, un documento que contiene propuestas y recomendaciones para


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fortalecer el ejercicio de los derechos de estas personas; pero también, el impulso de medidas particulares como la Estrategia de Promoción de la Salud y la Prevención en el Sistema Nacional de Salud, que avanza en el desarrollo de intervenciones dirigidas a promocionar la salud, con el fin de garantizar un envejecimiento de calidad.

La atención de la salud de las personas mayores es fundamental. Por ese motivo, además de las medidas emprendidas, es necesario seguir fomentando actuaciones que ahonden en el bienestar social y sanitario de estas personas. Acciones como por ejemplo, la promoción e incorporación de especialistas en materia de geriatría y de gerontología en los centros de salud.

El impulso de la figura del geriatra, el profesional sanitario médico que está en contacto directo con las personas mayores, y la promoción de especialistas en materia de geriatría y de gerontología en los centros de salud, permitirá el seguimiento y la prevención no solo de las enfermedades, sino también de las situaciones de vulnerabilidad a las que están expuestas las personas mayores, dándoles, de este modo, una atención más efectiva.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en el marco de actuación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a promover una mayor formación de la atención geriátrica en aquellas especialidades afines para mejorar la funcionalidad y calidad de vida de las personas mayores y en los centros de salud."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002626

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promocionar el voluntariado cultural, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Se entiende por voluntariado al conjunto de actividades de interés general desarrolladas por personas físicas, que reúnen, entre otros, los siguientes requisitos: que tengan carácter solidario, que su realización sea libre, que se lleven a cabo sin contraprestación económica o material; o que se desarrollen a través de entidades de voluntariado.

Por otro lado, cuando hablamos de voluntariado no debemos caer en el error de tener solamente en cuenta al conocido como voluntariado social, pues existen otros muchos ámbitos que tienen que ver con la defensa de la salud, el medio ambiente, la cooperación al desarrollo, el deporte o la cultura.

El voluntariado cultural es definido en el artículo 6 de la Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado, como aquel que promueve y defiende el derecho de acceso a la cultura y, en particular, a la integración cultural de todas las personas, así como la promoción y protección de la identidad cultural y la participación en la vida cultural de la comunidad.

Una modalidad de voluntariado que abarca desde la organización de obras teatrales a conciertos de música, danza, baile o artes escénicas. Lo que hace que esta categoría se convierta en un instrumento idóneo para el desarrollo personal de aquellas personas que necesitan estar más presentes en nuestra sociedad, como por ejemplo, las personas mayores.

El objetivo de la acción voluntaria, sea cual sea su ámbito de actuación, es mejorar la calidad de vida de las personas con las que se trabaja. Sin embargo, en los últimos años, la realidad de la crisis ha llevado a las organizaciones a priorizar la atención de lo urgente, como la atención social por encima de otras actividades de voluntariado como la cultura o el arte que antes mencionábamos.


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Es por ello que, ahora que ha mejorado la situación económica española, es necesario impulsar todas aquellas actividades de voluntariado en el ámbito cultural, y ponerlas en valor como instrumentos de transformación de la sociedad, así como de promoción de los valores y principios de igualdad, justicia, solidaridad intergeneracional e integración social.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, Administraciones Locales y entidades del Tercer Sector, a:

- Impulsar medidas que favorezcan y promocionen el voluntariado cultural entre la sociedad española, especialmente entre las personas mayores, como instrumento de integración, desarrollo social, promotor de la solidaridad intergeneracional así como de participación en la vida cultural de nuestro país.

- Establecer protocolos de buenas prácticas que regulen los ámbitos y condiciones de ejercicio del voluntariado cultural en determinados sectores, servicios o actividades culturales.

- Regular procedimientos de acreditación de voluntariado cultural que determinen descuentos, ventajas o incentivos en el acceso a la cultura."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002620

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Grupo Parlamentario Socialista

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana

Grupo Parlamentario Mixto

Íñigo Barandiaran Benito (GV-EAJ-PNV)

Proposición no de Ley para orientación política del Gobierno en la definición de la estrategia nacional para el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la subsanación de firmas contenida en el escrito número de registro 60971 y considerando que no solicita el debate de la iniciativa ni en Pleno ni en Comisión, y entendiendo que la comparecencia a que se refiere el punto 1.4.2 procedería realizarla, en su caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno, a los Grupos proponentes y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.


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En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Exposición de motivos

La Agenda de Desarrollo Sostenible para el periodo 2015-2030 fue aprobada en la Cumbre de Desarrollo Sostenible, en Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2015. Supone la renovación del compromiso adoptado por la Comunidad Internacional en el año 2000 cuando se suscribió la Declaración del Milenio con los 8 Objetivos del Milenio, con el fin de combatir la pobreza en sus múltiples dimensiones, pero al mismo tiempo se distancia de la pasada Agenda de Desarrollo por cuanto supone un cambio de paradigma. Se pretende un desarrollo sostenible mediante una Agenda universal, para todos los países y todas las personas. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante, ODS) y a las 169 metas que los integran, son de carácter transversal y están fuertemente interrelacionados. Este enfoque integral supone que, como condición necesaria para afrontar los complejos problemas globales, los Objetivos de Desarrollo Sostenible no pueden lograrse aisladamente, sino todos ellos conjuntamente, de manera coherente e interconectada, tanto en el interior de los Estados, como en las relaciones entre Estados.

La Agenda 2030 gira entorno a cinco ejes centrales: Planeta, Personas, Prosperidad, Paz y Alianzas -denominadas en inglés, las cinco P: Planet, People, Prosperity, Peace, Partnership. Pretenden poner fin a la pobreza y al hambre en todas sus formas y dimensiones; velar porque todos los seres humanos puedan realizar su potencial con dignidad e igualdad en un medio ambiente saludable; proteger el planeta contra la degradación mediante el consumo y la producción sostenibles, la gestión sostenible de sus recursos naturales y medidas urgentes para hacer frente al cambio climático, para las generaciones presentes y futuras; un progreso económico social y tecnológico en armonía con la naturaleza; propiciar sociedades pacificas, justas e inclusivas, libres del temor y la violencia, pues no puede haber desarrollo sostenible sin paz; y movilizar los medios necesarios para el cumplimiento de esta Agenda mediante una Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible revitalizada, basada en un espíritu de mayor solidaridad mundial y centrada particularmente en las necesidades de los más pobres y vulnerables, con la colaboración de todos los países, todas las partes interesadas y todas las personas.

En el año 2015 se celebraron otras dos Cumbres complementarias a dicha Cumbre de Desarrollo Sostenible. La primera, la Cumbre para la Financiación del Desarrollo Sostenible, del 13 al 16 de julio, en Addis Abeba, cuya Declaración Final incluye más de 100 iniciativas que tienen como objetivo mejorar las fuentes de financiación para el cumplimiento de la Agenda 2030 que se aprobaría dos meses más tarde; y la segunda, entre los días 30 de noviembre y 12 de diciembre, en París, la vigésimo primera sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP21), que finalizó con la adopción del Acuerdo de París que establece el marco global de lucha contra el cambio climático a partir de 2020, para promover una transición hacia una economía baja en emisiones y resiliente al cambio climático.

A partir de la adopción de la Agenda 2030, todos los países se han comprometido a trabajar en la implantación de dos tipos de compromisos, los propios y los contraídos con terceros, según las prioridades que cada Estado otorgue a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las 169 metas que los integran. Estos compromisos derivarán en pactos de Estado, Estrategias nacionales o cambios normativos, través de la coordinación de una instancia institucional con responsabilidades amplias en el interior de cada Estado. Debido al carácter universal de la Agenda, todos los países se comprometieron a rendir cuentas anualmente en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, acerca del cumplimento de los ODS. El Gobierno de España se ha comprometido a asistir a este Foro Político de alto Nivel, para una primera rendición de cuentas, en el año 2018.

La Comisión de Cooperación para el Desarrollo del Congreso de los Diputados, consciente de su función de establecer las líneas generales y directrices básicas de la política española de cooperación internacional para el desarrollo, mandatada en el artículo 15.3 de la Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, y, muy especialmente, de su labor de impulso y orientación política inicial del proceso de definición de la Estrategia española para el cumplimiento de la Agenda 2030, ha venido celebrando una serie de reuniones entre los miembros de la Mesa y los Portavoces de la Comisión y diversos expertos del sector de la Cooperación. Es necesario citar, y agradecer, a todas y cada


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una de las organizaciones que han comparecido ante la Mesa y Portavoces de la Comisión: Fondo Global SIDA-Tuberculosis y Malaria, Manos Unidas, Alianza por la Solidaridad, Oxfam-Intermón, Federación de Planificación Familiar Estatal, Medicus Mundi, Coordinadora de ONGD, Entreculturas, Instituto de Salud Global, Real Instituto Elcano, Red Española de Desarrollo Sostenible, UNICEF, GreenPeace, Save the Children y Fundación Acción contra el Hambre. También compareció, en una sesión final, el Embajador en misión especial para la Agenda 2030. Todos ellos han expuesto sus propuestas para la definición de dicha Estrategia.

En el momento presente, una vez analizadas dichas propuestas, y siempre dentro del marco del ejercicio de su función de orientación y dirección política al Gobierno, la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados pretende ofrecer una visión complementaria de las conclusiones de trabajo que arroje, en su momento, la Ponencia de estudio para la definición, la elaboración y la coordinación de la Estrategia española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), constituida en el seno de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Senado. Por otra parte, a lo largo del pasado periodo de sesiones, tres Proposiciones no de Ley aprobadas ya en la Comisión hacen referencia directa a la aplicación en España de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, se trata de la Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a redimensionar la política de cooperación internacional al desarrollo, de acuerdo con la posición de España en la esfera internacional, con la dimensión de los desafíos de la Agenda 2030 y de las emergencias humanitarias (n. exp. 161/001712); la Proposición no de Ley sobre la implementación en España de la Agenda 2030 (n. exp. 161/001253) y la Proposición no de Ley sobre la creación de una estructura interministerial para la coordinación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (n. exp. 161/002010). Cuando sea necesario, por razones sistemáticas, se reproducirá en el presente texto el contenido de estas Proposiciones no de Ley, entrecomillado, que actuará siempre como texto introductorio de lo que se mandata al Gobierno en la presente ocasión, y por tanto queda, lógicamente, excluido del trámite de votación en el momento de la tramitación de la presente Proposición no de ley, para evitar un doble pronunciamiento sobre lo ya debatido y votado.

Así pues, los abajo firmantes, Portavoces en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Congreso de los Diputados, presentan conjuntamente ante la Mesa de la Cámara, para su calificación y admisión a trámite, la presente

Proposición no de Ley

Por la que se insta al Gobierno a:

"I. Estructura institucional necesaria en España y posición del Parlamento para el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

1.1. Grupo de Alto Nivel para el desarrollo de la Agenda 2030.

Esta Comisión aprobó una Proposición no de Ley (n. exp. 161/002010), que instaba a la creación de un Grupo de Alto Nivel del Gobierno para la Estrategia 2030, encargado de la coordinación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a nivel nacional, adscrito orgánicamente al Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales. Este Grupo de Alto Nivel se ha constituido ya, mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos por el que se crea el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030, y adscrito a la misma (BOE 259, de 27 de octubre de 2017, Sección III, p. 102991). Esto supone un buen punto de partida, que puede dotar de eficacia práctica en principio, por los tres Ministerios más intensamente implicados inicialmente, (Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y Ministerio de Fomento), y porque las cuestiones relativas a la financiación y al marco presupuestario están entre las funciones que la Comisión Delegada del Gobierno, a la que se adscribe el Grupo de Alto Nivel, posee en virtud de su composición, establecida en el artículo 2 del Real Decreto 1886/2011, de 30 de diciembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno. Instamos a que, a través de la labor de este Grupo, sea cada vez mayor el número de Ministerios y áreas de Gobierno concernidas, para que la Agenda sea, en breve, protagonista, como eje transversal de toda la acción del Gobierno.


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1.2. Funciones. Este Grupo de Alto Nivel debe asumir las siguientes responsabilidades:

1.2.1. Estrategia y planificación.

1.2.1.1. "Elaborar, aprobar y poner en marcha, en colaboración con las Comunidades Autónomas, la sociedad civil y las ONGD, una Estrategia de Desarrollo Sostenible para implementar en España la Agenda de Desarrollo 2030" (Punto 1, PNL 161/001253). En este aspecto será también crucial la continuidad en la colaboración entre el Gobierno y la Red Española de Desarrollo Sostenible, una vez firmado, el pasado 6 de octubre, el primer convenio de colaboración entre la SECIPI y la REDS, para impulsar el desarrollo sostenible y promover la aplicación de la Agenda 2030 y los ODS en España.

1.2.1.2. Esta Estrategia debe desarrollarse a la mayor brevedad, pues el mandato de esta Comisión ha sido el de ponerla en marcha antes de finalizar el mes de noviembre (Punto 5, PNL 161/001712). Asimismo, a la mayor brevedad, "desarrollar, con todos los actores y sociedad civil, un Plan de Cooperación Estado-Comunidades Autónomas para la implementación de la Agenda 2030 en España" (Punto 6, PNL 161/001712) y "elaborar un Libro Blanco de la Agenda 2030 y la Cooperación que fije el marco de acción de España para el periodo 2016-2030" (Punto 7 PNL 161/001712).

Ahora bien, conscientes de que estas cuestiones presentan una importante complejidad técnica, parece adecuado, como punto de arranque, un Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030, que pueda más adelante subsumirse en la planificación de más largo alcance que constituya la Estrategia de Desarrollo Sostenible. Asimismo, el contexto de la preparación del Plan de Acción y de la preparación del primer Examen Nacional Voluntario que tendrá lugar en julio de 2018, será un momento propicio para considerar cuál ha de ser el mecanismo de colaboración entre Estado y Comunidades Autónomas, y la forma que debe revestir dicho Libro Blanco de la Agenda 2030 y la Cooperación.

1.2.2. Coordinación territorial

1.2.2.1. "Impulsar, mediante los mecanismos de cooperación existentes, la elaboración, por las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias, de sus propias Estrategias encaminadas al desempeño de los objetivos de desarrollo sostenible" (Punto 2, PNL 161/001253). "Deberá coordinarse adecuadamente con la Comisión Interterritorial de Cooperación para el Desarrollo para promover acciones concertadas destinadas a aumentar eficacia e impacto, reducir la fragmentación y costes administrativos, y dotar las políticas y la gestión de la cooperación descentralizada de mayor coherencia" (Punto 5, PNL 161/002010). Urge un cumplimiento a la mayor celeridad de esta exigencia básica en un Estado descentralizado.

1.2.2.2. No puede olvidarse tampoco, a este respecto, la adecuada integración con las competencias de las Entidades Locales, por definición, las más próximas a la ciudadanía, mediante la adecuada coordinación de las mismas en la Federación Estatal de Municipios y Provincias. El Secretario General de Naciones Unidas dijo en el año 2012 que "nuestra lucha por la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades". Para una evaluación correcta de resultados en este ámbito, se insta al Gobierno a impulsar y apoyar el desarrollo del índice de sostenibilidad urbana.

1.2.3. Coordinación interadministrativa y coherencia de políticas.

"A nivel nacional el Grupo de Alto Nivel se responsabilizará de transversalizar la Agenda 2030 y los ODS en las políticas sectoriales del conjunto de las Administraciones públicas y a promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil" (Punto 3, PNL 161/002010). La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos constituye, a nuestro entender, el órgano inicialmente adecuado para el cumplimiento de estas exigencias. Pero también, desde esta Comisión, se ha instado a satisfacer exigencias "de coordinación permanente entre este Grupo de Alto Nivel y la Vicepresidencia del Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y Secretaría de Estado para la Unión Europea), el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y otros Ministerios cuya actuación coordinada se requiera, según el caso, como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia o el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad" (Punto 4, PNL 161/002010). Precisamente porque será previsiblemente necesaria la presencia e implicación, cada vez más intensa, de otros Ministerios que trasciendan el ámbito de dicha Comisión Delegada del Gobierno, se insta al


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Gobierno a ir reformulando, cuando sea preciso, la estructura institucional que vaya requiriendo el cumplimiento de la Agenda 2030.

1.2.4. Indicadores

1.2.4.1. "Continuar avanzando en el trabajo liderado por el Instituto Nacional de Estadística y definir los indicadores nacionales para los objetivos de desarrollo sostenible en colaboración con actores públicos, privados y de la sociedad civil, basándose en los trabajos, propuestas y recomendaciones de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas" (Punto 4 PNL 161/001253). Dichos indicadores nacionales serán "agregables con los indicadores mundiales adoptados por la Comisión de Estadística, el Consejo Económico y Social y la Asamblea General de Naciones Unidas" (Punto 2 PNL 161/002010). De la mano del Instituto Nacional de Estadística, se debe definir, cuanto antes, el conjunto de indicadores para 2018, mediante un proceso que promueva la participación de los diferentes agentes. A tal efecto puede constituir una orientación útil la propuesta de indicadores para el desarrollo Sostenible en España que han elaborado Oxfam-Intermón, Unicef Comité español y WWF España, en el documento "Agenda 2030. Una oportunidad para las personas y el planeta", de septiembre de 2017, que toma como marco la propuesta de indicadores globales 2030, los Indicadores de EUROSTAT, el Instituto Nacional de Estadística (INE), la Organización Europea para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sobre los que mayoritariamente, por tanto, existe un seguimiento oficial.

1.2.4.2. Coordinar los indicadores a escala nacional con los que surjan como consecuencia del proceso de definición de indicadores por parte de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, cuando ello resulte necesario. Asimismo, resultará necesaria la coordinación con los indicadores definidos en el ámbito de la Unión Europea y restantes organismos multilaterales a los que España pertenece.

1.3. Representación internacional y rendición de cuentas en este ámbito.

1.3.1. Se considera apropiada la creación de la Embajada especial en Misión especial para la Agenda 2030, que visibiliza la importancia que el Gobierno reconoce, en el ámbito de las relaciones diplomáticas de nuestro país, a la Agenda 2030, así como la flexibilidad y agilidad de las relaciones internacionales que comporta este tipo de representación diplomática. Asimismo, valora positivamente la idoneidad del primer Embajador designado por Real Decreto 465/2017 de 5 de mayo, y la labor desempeñada por él hasta este momento. Se insta a una progresiva y consolidada dotación de medios personales, materiales y financieros a su disposición, acorde a la relevancia del desarrollo de su misión y a un contacto fluido de esta Embajada con las Cortes Generales para dar cuenta de su desempeño.

1.3.2. El Grupo de Alto Nivel "asumirá representación de España en el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, así como en la coordinación de las posiciones españolas en otros foros relevantes del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE y la Unión Europea" (Punto 2 PNL 161/002010). A estos efectos, no solo debe estarse a la necesaria coordinación, sino realizar un papel proactivo, potenciando desde España el papel de la Unión Europea en el cumplimiento de la Agenda, una vez establecida la Estrategia conjunta entre la Unión Europea y los Estados Miembros en el nuevo Consenso Europeo de Desarrollo firmado el pasado 7 de junio. Asimismo, debe impulsar los compromisos internacionales necesarios para el desarrollo de la Agenda 2030 en todas las áreas de influencia en las que la posición de España puede ser decisiva: América Latina, región Euro-Mediterránea y África.

1.3.3. En su dimensión exterior, "se apoyará en las Oficinas Técnicas de Cooperación, como Oficinas de la Cooperación Española, que asumen responsabilidades del conjunto de la cooperación técnica y financiera (reembolsable y no reembolsable)". Estas Oficinas servirán asimismo de enlace y coordinación de la consecución de los ODS en el nivel bilateral y multilateral.

1.3.4. De acuerdo con el compromiso gubernamental asumido, el Grupo de Alto Nivel deberá liderar y coordinar la presentación del primer Informe voluntario sobre el cumplimiento de la Agenda 2030 en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas en 2018.

1.4. Rendición de cuentas a las Cortes Generales del cumplimiento de la Agenda 2030.

1.4.1. Se deben alinear las iniciativas parlamentarias en torno a las metas y objetivos de la Agenda 2030. A tal efecto, debería acompañarse toda normativa que se tramite en las Cortes Generales, a iniciativa del Gobierno, una Memoria de impacto normativo sobre el cumplimiento de la Agenda 2030, teniendo en cuenta las prioridades definidas para España según los indicadores de referencia. A estos efectos, el


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Gobierno impulsará a la mayor brevedad posible, la iniciativa legislativa que sea precisa en este ámbito, para introducir dicha Memoria entre los antecedentes normativos de obligada remisión.

1.4.2. El Gobierno debe "informar a esta Cámara, mediante la comparecencia del responsable que se determine (...), de la Estrategia de Desarrollo Sostenible, así como de su implementación de forma periódica" (Punto 5 PNL 161/001253). El Grupo de Alto Nivel "se encargará del seguimiento y examen a nivel nacional de los progresos conseguidos en el cumplimiento de los objetivos y las metas, recopilando datos de calidad, accesibles y oportunos" (Punto 2 PNL 161/002010). A estos efectos, cumplirá los requerimientos de control parlamentario para el seguimiento sectorial de la Agenda 2030 que compete a cada una de las Comisiones parlamentarias, pudiéndose crear, también, a estos efectos, Comisiones mixtas o conjuntas (artículo 53 del Reglamento del Congreso).

1.4.3. Además del seguimiento sectorial en cada una de las Comisiones Parlamentarias, o, en su caso, ante las Comisiones mixtas o conjuntas, el Gobierno presentará, anualmente, a través del oportuno Informe sobre el cumplimiento de la Agenda 2030, previamente a su presentación en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas, una rendición de cuentas agregada ante la Comisión parlamentaria que legal o reglamentariamente se determine, que dictaminará dicho Informe de acuerdo con lo establecido en los artículos 196 y siguientes del Reglamento del Congreso, para su posterior remisión al Pleno de la Cámara, órgano que conocerá, por tanto, anualmente, de dicho Informe sobre el cumplimiento de la Agenda 2030. A tal efecto, el Gobierno impulsará, a la mayor brevedad posible, la iniciativa legislativa que sea precisa en este ámbito.

II. Prioridades en España de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus distintas metas para el cumplimiento de la Agenda 2030 de Desarrollo sostenible.

2.1. Para poder realizar una primera rendición de cuentas del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo sostenible en España en el Foro Político de Alto Nivel en 2018 resulta de la máxima urgencia elaborar y publicar un diagnóstico de situación, y, en consecuencia, trazar la línea de base en que se encuentra España respecto del cumplimiento de la Agenda con la finalidad, en su caso, de priorizar Objetivos o metas. Para ello, uno de los más relevantes análisis a considerar será la posición relativa de España en el Informe "SDG Index & Dashboards", elaborado por la Red de Soluciones para un Desarrollo Sostenible (de la que forma parte la Red Española de Desarrollo Sostenible, y la Fundación Bertelsmann, correspondiente al año 2017.

2.2. Establecer cuanto antes, y en todo caso, dentro del primer trimestre del año 2018 una preliminar hoja de ruta con los Objetivos y Metas para el cumplimiento de la Agenda por parte de España. A estos efectos, puede tomarse como orientación útil la propuesta de Oxfam-Intermón, Unicef Comité español y WWF España, en el documento anteriormente citado "Agenda 2030. Una oportunidad para las personas y el planeta", de septiembre de 2017, que señala que, junto con aquellos indicadores en los que España puede constituir un modelo a seguir por otros países para la consecución de los Objetivos en 2030, existen también otros indicadores que apuntan a que la situación es mala o muy mala en el caso de España, si se quieren alcanzar los ODS en 2030; y es en ellos, prioritariamente, donde habrá que centrar la acción política en los próximos años hasta el horizonte 2030.

III. Medios materiales, personales y financieros de Implementación.

3.1. Medios personales y materiales.

3.1.1. Conscientes de que su norma de creación especifica que esta no debe comportar incremento de gasto respecto al Presupuesto del presente ejercicio económico, es obvio que existen años por delante hasta el horizonte 2030. Debe dotarse al Grupo de Alto Nivel para el desarrollo de la Agenda 2030 de los recursos técnicos, humanos y económicos suficientes. Resulta preciso realizar, además de la meritoria reforma estructural que ha supuesto la creación de este Grupo de Alto Nivel, una renovación y formación de los recursos humanos a disposición del mismo, también en los Ministerios de referencia.

3.1.2. Será necesario, asimismo, cuando ello resulte posible, pero a la mayor brevedad, incorporar al proceso a cuadros directivos y técnicos con enlaces estables (grupos de trabajo multidisciplinares) para los distintos Objetivos, y ello en dos niveles: público (para estimular y marcar las políticas concretas) y público-privado (incorporando actores relevantes de la sociedad civil: ONGs, asociaciones, fundaciones, corporaciones, empresas y universidades).


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3.1.3. A estos mismos efectos, cuando ello resulte posible, poner en marcha un espacio on line ambicioso, que aglutine la información disponible y los datos actualizados sobre cada uno de los objetivos, y que no sea un espacio meramente declarativo sino de debate y conocimiento, para que la sociedad civil pueda compartir conocimientos, mostrar adelantos, logros, o proyectos piloto que ayuden a diseñar posteriormente programas más amplios. Se trata de flexibilizar el espacio de debate para la creación de sinergias entre todos los actores relevantes de la sociedad civil y las administraciones públicas.

3.1.4. Crear, a la mayor brevedad, dentro de lo posible, un Consejo de Desarrollo Sostenible que represente a los Agentes Sociales, Económicos y Políticos.

3.2. Medios financieros

3.2.1. El Grupo de Alto Nivel para el desarrollo de la Agenda 2030 debe "garantizar en los próximos Presupuestos Generales del Estado para 2018 el incremento de los recursos económicos necesarios, tanto en el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales como en el Instituto Nacional de Estadística, para poder avanzar cuanto antes en los Objetivos" (Punto 7 PNL 161/00210). Urge, en este sentido, realizar una determinación cuantitativa, que debe integrarse en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018, que se remitirá próximamente a las Cámaras, sin perjuicio de que somos conscientes de que el 2018 es solo el próximo ejercicio económico, y solo el primero de una serie de años hasta 2030. La tendencia debería ser la de un incremento progresivo y consolidado de los recursos a disposición del GAN.

3.2.2. Sin perjuicio de otras fuentes de financiación para que la Agenda 2030 pueda ser una realidad a nivel nacional, regional y mundial, y teniendo en cuenta el compromiso asumido en la Cumbre de Financiación del Desarrollo Sostenible de Addis Abeba, la política de cooperación internacional para el desarrollo en España debe ser aquella "que se corresponda con la posición de España en la esfera internacional, con la dimensión de los desafíos de la Agenda 2030 y de las emergencias humanitarias" (Punto 2 PNL 161/001712). A tal efecto, es imprescindible "recuperar progresivamente los recursos destinados a Cooperación en los próximos Presupuestos Generales del Estado con el objetivo de avanzar hacia el compromiso de destinar el 0.7 % a la Ayuda Oficial al desarrollo, tal como recomienda el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD)" (Punto 3 PNL 161/001712). A tal fin, deben incrementarse los fondos de la AOD hasta el 0.4 % de la RNB en 2020, con el fin de que esta cifra pueda elevarse al 0.7 % en el horizonte de 2030, que es el compromiso asumido por España, tal y como reflejó la intervención de S.M. el Rey en la Cumbre de Desarrollo Sostenible, con ocasión de la aprobación de la Agenda 2030.

3.3. Enfoque de desarrollo, Cooperación española y V Plan Director.

3.3.1. La Agenda de desarrollo 2030 supone un cambio de paradigma en las políticas de cooperación para el desarrollo, abandonando el enfoque de cooperación para adoptar el enfoque de desarrollo. La Agenda 2030, en tanto que Agenda de desarrollo compartida, es el marco que orientará no solo las Agendas nacionales sino también las políticas de cooperación para el desarrollo.

Así pues, el V Plan Director de la Cooperación Española, que se remitirá próximamente a las Cámaras, con un claro papel de liderazgo e impulso en el cumplimiento de la Agenda 2030 en esta fase inicial, deberá enmarcarse en la contribución de la Cooperación Española a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los países socios.

3.3.2. El V Plan Director de la Cooperación española, y los sucesivos, deben, asimismo, enmarcarse dentro de las distintas técnicas de planificación a largo plazo que se consideren oportunas. El V Plan Director y sucesivos deberán alinearse tanto con el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 y la Estrategia de Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de la Agenda 2030, como con aquellos Planes gubernamentales a medio y largo plazo que vayan elaborándose para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Asimismo, el marco presupuestario del V Plan y sucesivos debe estar inspirado por un gradual y consolidado incremento de los recursos disponibles, para dotar al sistema de cooperación para el desarrollo, en los próximos años hasta 2030, de una dimensión acorde con el papel que ha venido desempeñando España en la esfera internacional, y que tiene potencialidad de desempeñar en el futuro.

3.3.3. Debe existir una clarificación institucional en el sistema público de Cooperación, tanto en materia de funciones como de recursos, y la necesaria coordinación entre los distintos órganos e instituciones.


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3.3.4. Resulta necesario fortalecer, desde las instituciones, a las ONGD, para hacer más efectiva su incidencia política. Para ello, resulta imprescindible llevar a efecto una reforma de su modelo de financiación, con vistas a favorecer el cumplimiento de los nuevos requerimientos que la Agenda 2030 comporta para el sector de la Cooperación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-José María Chiquillo Barber, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Carlota Merchán Mesón, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Noelia Vera Ruiz-Herrera, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Luis Miguel Salvador García, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.-Ana María Surra Spadea, Diputada.-El Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-El Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.-Íñigo Barandiaran Benito, Diputado.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, sobre medidas extraordinarias de apoyo, aplicación y puesta en marcha del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, así como el incremento de medidas de evaluación de impacto relativas a las operaciones de empresas con actividad económica transnacional.

Exposición de motivos

Recientemente las ONGs Alianza por la Solidaridad y la ONG guatemalteca MadreSelva han presentado 25.000 firmas dirigidas al Grupo ACS, y en concreto a su Presidente Florentino Pérez, exigiendo la paralización de la construcción de la hidroeléctrica RENACE en el río Cahabón en Guatemala. La construcción corre a cargo de la empresa COBRA, que forma parte del Grupo ACS.

Ambas ONGs han denunciado las consecuencias extremadamente negativas en el Medio ambiente y sobre los derechos de la Comunidades Indígenas que está teniendo la construcción del complejo hidroeléctrico. Más de 29.000 personas de la comunidad indígena quekchí que viven junto al río en el Departamento de Alta Vera paz (Guatemala) observan cada día cómo este se va secando. Además, se está produciendo un proceso de criminalización jurídica y social de los líderes que se oponen a esta construcción que es importante detener.

En este contexto, es necesario tomar en cuenta elementos para aprobar medidas extraordinarias de apoyo en la aplicación, concreción y desarrollo de las disposiciones establecidas en el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, con la finalidad de dar garantía a la aplicación efectiva de los principios a continuación detallados:

Tal y como contempla en su Principio Rector 1 el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos: "Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia."

En cuanto al acceso a los mecanismos de reparación, (apartado C.1 Principios Fundacionales) del mencionado plan, se constituye como Principio Rector 25:

"Como parte de su deber de protección contra las violaciones de derechos humanos relacionadas con actividades empresariales, los Estados deben tomar medidas apropiadas para garantizar, por las vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo que correspondan, que cuando se produzcan ese tipo de abusos en su territorio y/o jurisdicción los afectados puedan acceder a mecanismos de reparación eficaces."


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Asimismo y fuera del marco legal citado con anterioridad, cabe señalar que España es parte en el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas que, en su artículo 7 (apartados 3 y 4), respectivamente, plantea:

Apartado 3. "Los Gobiernos deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios, en cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas."

Apartado 4. "Los gobiernos deberán tomar medidas, en cooperación con los pueblos interesados, para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan."

Se evidencian así los incumplimientos a raíz de los acuerdos adquiridos a través del Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos, así como el Convenio Núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas motivados, a través de la exposición anteriormente detallada, por parte de España como parte suscriptora de dichos acuerdos legislativos.

Dadas las implicaciones e impactos negativos que el proyecto de inversión planteado por la citada empresa está acarreando sobre el medio ambiente y la población local, unidas a las denuncias ante la existencia de amenazas y la criminalización de los líderes indígenas y el uso indebido de los bienes naturales de la zona; España debe de actuar con la diligencia debida para evitar la violación de los derechos de terceros y hacer frente al impacto adverso de la actividad derivada del proyecto RENACE.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que curse las medidas judiciales, administrativas, legislativas o de cualesquiera otra índole que correspondan, relativas al efectivo cumplimiento de lo establecido en el actual Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos así como lo relativo al Convenio núm. 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas a través de las siguientes consignas:

1. A que se establezcan por parte del Gobierno y con carácter inmediato, medidas de aseguramiento y garantía del respeto a la integridad de los pueblos y comunidades afectadas para que el grupo ACS paralice la construcción de la hidroeléctrica RENACE (fases IV y V).

2. Se apliquen mecanismos de estudio y evaluación exhaustiva sobre los impactos sociales, ambientales y económicos, en cooperación con los pueblos interesados; que abarquen la totalidad del proyecto.

3. Garantizar el despliegue de los mecanismos de reparación, resarcimiento y no repetición adecuados por parte de ACS para la correspondiente restauración en el cumplimiento de los derechos de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto.

4. Aplicación de medidas que eviten la criminalización de los líderes indígenas opositores a la construcción del complejo hidroeléctrico, al amparo de garantizar su seguridad e integridad personal."

Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de noviembre de 2017.-Noelia Vera Ruiz-Herrera, Diputada.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Agenda 2030, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.


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Exposición de motivos

Gracias al avance que se ha alcanzado con la entrada en vigor en 2016 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que establecen la agenda global de desarrollo hasta el año 2030, los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas serán incrementados, y se permitirá además reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático, garantizando al mismo tiempo que nadie se quede atrás.

A pesar de que los ODS no son jurídicamente obligatorios, se consideran de aplicación universal, y en este sentido España -junto a la comunidad internacional- se ha comprometido a adoptar estos 17 objetivos como propios y a establecer un marco nacional para alcanzarlos.

Resulta importante además reconocer la dimensión interna y externa que tienen estos objetivos a nivel de políticas nacionales, y debe recordarse el apoyo a la reciente designación de un embajador en Misión Especial para la Agenda 2030 mediante el Real Decreto 465/2017, de 5 de mayo; así como el apoyo a la creación del Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030, que fue aprobado mediante una resolución de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica y el Caribe, de 13 de octubre de 2017.

Asimismo, consideramos que estos ODS resultan sumamente importantes para redefinir nuestra política de cooperación -como parte de un Pacto de Estado sobre la Política Exterior- hacia una cooperación intensiva en conocimientos, eficaz y orientada a resultados, en la que haya una mayor coherencia de políticas, una evaluación independiente, y un enfoque iberoamericano en nuestra acción exterior.

Esta política de cooperación internacional y para el desarrollo deberá ser además complementaria y coherente con la política de cooperación comunitaria, aunque deberá estar centrada a su vez en las ventajas comparativas de la cooperación española. Asimismo, deberán introducirse en esta política mecanismos para un mayor control y debate parlamentario, y deberá estar acompañada de una estrategia para fomentar la presencia de españoles en puestos decisivos de los organismos multilaterales, y en especial, en los servicios de la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior.

De igual manera, es importante reconocer el potencial de la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado, para contribuir a una mayor coherencia de políticas e introducir elementos estructurales de coordinación de aplicación de los ODS en las políticas nacionales e internacionales, abordando algunas de las deficiencias estructurales señaladas en el último informe del examen entre pares del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha venido defendiendo la creación de una estructura interministerial adscrita orgánicamente al Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, para la coordinación de los ODS a nivel nacional, y, en base a la necesidad de reformar estructuralmente la cooperación española en la que se diferenciarían estructuras políticas y de gestión.

Asimismo, consideramos necesario alcanzar como parte de un Pacto de Estado sobre política exterior, un acuerdo sobre política española de cooperación internacional que estuviese basado en una planificación estratégica y transparente.

Cabe recordar además la falta de idoneidad del Real Decreto 768/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y se convierte la Secretaría General de Cooperación Internacional para el Desarrollo (SGCID) en una Dirección General de políticas de Desarrollo Sostenible (DGPOLDES), pues rebaja de forma considerable su rango minimizando la influencia de estas políticas en la gran política de estado.

Por último, cuestionamos la idoneidad del establecimiento de objetivos comerciales a los directivos de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (AECID) en un momento en el que se está demostrando un problema de gestión interna, ausencia de suficientes capacidades de ejecución presupuestaria, ausencia de una política para las oficinas técnicas de cooperación (OTC), así como de un plan definido para la reestructuración de la AECID de cara a la fecha establecida por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Proposición no de Ley

"Por todo ello se insta al Gobierno a:

1. Elevar el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030 a una estructura estable dentro del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales.


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2. Aprobar urgentemente el V Plan Director de la Cooperación Española como marco nacional de la dimensión exterior de la Agenda 2030.

3. Elaborar de forma participativa desde la estructura del Ministerio de Presidencia y para las Administraciones Territoriales, un Plan para abordar la dimensión interna de la Agenda 2030.

4. Presentar un calendario de trabajo realista para la incorporación del nuevo cómputo TOSSD, complementario al cómputo de los flujos de AOD.

5. Recuperar el protagonismo de la Cooperación Española en América Latina y el liderazgo del Gobierno de España en todas las iniciativas políticas de la Unión Europea con América Latina.

6. Abordar sin mayor dilación la reforma estructural de la cooperación española, diferenciando estructuras políticas y de gestión, así como la reforma del servicio exterior, incluyendo la movilidad entre sede y oficinas técnicas de cooperación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-Luis Miguel Salvador García, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002637

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, relativa solucionar la precariedad en el personal laboral expatriado de la AECID.

Exposición de motivos

Este 8 de septiembre el personal laboral expatriado de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) se puso en huelga por la calidad de la cooperación española y la dignificación de sus condiciones laborales.

Los Responsables de Programas y Proyectos de la AECID se encargan de la gestión de los recursos de la Cooperación Española, así como de velar por el buen uso de nuestros fondos de AOD. Su presencia en los países con los que cooperamos y en numerosos foros internacionales es un importante activo de la acción exterior española y de la imagen de nuestro país en el exterior.

Desde 2007, año de la creación de sus plazas como contratados laborales por la administración, la AECID sigue sin contar con una Política de Recursos Humanos que consolide su cuerpo técnico especializado en cooperación, establezca su carrera (incluyendo un sistema de promoción profesional) y reconozca sus necesidades laborales. La ausencia de esta política ha dado lugar, a que durante estos 10 años, su única vía de resolución de conflictos haya sido judicial, a pesar de los reiterados llamados al diálogo y al entendimiento realizados por el colectivo.

Desde 2009 han sufrido la práctica congelación de sus salarios, a diferencia del resto de personal funcionario en el exterior, quienes cuentan con indemnizaciones que corrigen anualmente la pérdida de poder adquisitivo y calidad de vida. Sus salarios, debido a los procesos inflacionarios en los países en que vivimos, y la fluctuación del tipo de cambio del euro, valen hoy en algunos casos hasta un 60 % menos de lo que valían en 2008.

No solicitan aumento de sueldo, sino la aplicación de las mismas medidas compensatorias que ya están tipificadas y sirven para otros colectivos de la Administración General del Estado en el exterior.

Desde 2012 el Gobierno decretó la anulación del pago de billetes de avión anuales a España para todo el personal exterior, sin distinciones. Esta medida ha impactado duramente en su colectivo, por la misma precariedad económica. Como consecuencia, para muchos de ellos se ha producido un destierro de hecho y la ruptura de sus lazos con España. En las actuales circunstancias, muy pocos pueden permitirse viajar con sus familias una vez al año para ver a familiares y amigos.

A diferencia de otros colectivos de trabajadores y trabajadoras españolas en el extranjero, a este no se le aplica ninguna de las exenciones fiscales previstas en la ley del IRPF a residentes en el exterior. Pagan impuestos y no disfrutan de ninguno de los beneficios de los contribuyentes españoles.


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Están sometidos a un sistema de movilidad entre países que no cuenta con regulación transparente ni incentivos, lo que implica que cada traslado les genera un grave perjuicio económico. Los Tribunales han calificado la última rotación obligatoria de Responsables de Programas realizada en 2013 por AEClD como abusiva y contraria a la buena fe contractual.

Queremos un sistema de traslados previsible y no arbitrario. Al respecto, y hasta la fecha, el diálogo con la administración se ha mantenido en los juzgados.

En estas circunstancias, en los últimos años el 40 % de la plantilla ha dejado la institución o busca hacerlo próximamente por precariedad laboral y falta de incentivos profesionales.

La movilidad geográfica de este colectivo limita el desarrollo profesional también de sus parejas y cónyuges, afectando a su economía y conciliación de la vida familiar y laboral. No cuentan con incentivos ni medidas de apoyo. Esta circunstancia se agrava cuando se trata de parejas sin nacionalidad española. Trabajan para el Estado Español pero sus parejas no pueden acceder a la nacionalidad española por no estar viviendo en España. A diferencia del resto de personal de la administración española en el exterior, los seguros médicos con que cuentan solo los cubren en el exterior, precisamente donde los sistemas sanitarios son más precarios. En sus circunstancias, se hace imposible el uso de la sanidad pública española cuando surgen problemas de salud importantes difícilmente atendibles en muchos casos en los países en los que viven.

En definitiva, el colectivo de Responsables de Programas y Proyectos de AECID sufre un trato injusto. Esto es solo un reflejo de la escasa calidad de la política de cooperación para el desarrollo en España, que tras 26 años de pertenencia al Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, sigue sin encontrar un rumbo coherente con los principios internacionales de eficacia, eficiencia y transparencia.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Establecimiento de un régimen claro y transparente de rotación, indemnizaciones y tiempos de permanencia en el exterior según una clasificación de países que atienda a criterios objetivos de complejidad, riesgo, condiciones de vida y eficiencia en el servicio.

2. La promoción de la carrera profesional de su personal, vertical y horizontal, y el establecimiento de sistemas de promoción sobre un análisis claro de perfiles de puesto valoración del desempeño tanto en sede como en el exterior.

3. La armonización de todos los reglamentos administrativos que se aplican al personal, como empleado público, para funcionar como una sola agencia en una misma administración pública."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2017.-Ana Belén Terrón Berbel, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Cultura

161/002610

A la Mesa de la Comisión de Cultura

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta, para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso del conocimiento de la obra y figura del célebre escritor José Viera y Clavijo.

Exposición de motivos

Con motivo de la conmemoración del bicentenario del fallecimiento de José de Viera y Clavijo (1731-1813), surgió, desde el conjunto de la sociedad civil y de diferentes entidades culturales de las Islas


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Canarias, un proyecto que propone la revalorización y difusión de la vida y el legado de este eminente historiador, escritor y científico ilustrado, figura que debe ocupar, sin duda, el puesto relevante que merece en el conjunto de la cultura insular e hispánica. Máximo exponente de las Letras del Archipiélago, los canarios hemos hecho de Viera parte de nuestra identidad y de nuestro patrimonio, otorgándole un papel de cohesión cultural entre todas las Islas. En este sentido, el Gobierno de Canarias ha instituido desde 2006 la celebración del Día de las Letras Canarias, que se realiza cada 21 de febrero, como fecha conmemorativa de la muerte del eminente escritor.

Considerado el representante más significativo de la Ilustración en Canarias, Viera es una de las imágenes insulares con proyección nacional, que se codeó con lo más granado de la intelectualidad española del momento (Jovellanos, Campomanes, Cavanilles, etc.), llegando a ser miembro de número de la Real Academia de la Historia y obteniendo dos medallas de oro concedidas por la Real Academia Española. Dado su carácter polifacético, su producción es muy extensa: se interesó por la historia, la poesía, la novela, el teatro y la ciencia, realizó traducciones pioneras en España y compuso varios poemas didácticos sobre ciencias experimentales, lo que nos recuerda que fue, junto con otro ilustre científico canario, Agustín de Betancourt, quien hizo volar uno de los dos primeros globos aerostáticos en España. Desde el punto de vista científico, utilizó sus conocimientos de química e historia natural, aplicados al estudio de las particularidades zoológicas, botánicas y mineralógicas de las Islas, poniendo especial énfasis en aspectos de gran beneficio social como el respeto a la Naturaleza o el interés por el fomento y el desarrollo de los recursos naturales.

Pero Viera y Clavijo también tiene una dimensión internacional. Participó, en la segunda mitad del siglo XVIII, en el fenómeno del Grand Tour, recorriendo con el marqués de Santa Cruz y los duques del Infantado las principales cortes europeas. En sus viajes pudo conocer a grandes personalidades de la Ilustración del momento (Condorcet, D'Alembert, Voltaire, el emperador José II de Austria... ). A raíz de su propia formación y de aquellos viajes, su conciencia se revela como la de un firme europeísta, que abogó por la necesidad de una Europa unida a través del enriquecedor diálogo de sus distintas manifestaciones culturales. Ello otorga a su figura una vigencia actual en el proceso de construcción de la idea cultural europea.

Como eje central de este proyecto de revalorización y difusión nacional de la figura de Viera y Clavijo, su época y los valores cívicos transmitidos por el escritor ilustrado y su pervivencia en la actualidad, se ha planteado la realización de una serie de actividades en Madrid, como una exposición en la Biblioteca Nacional de España, del 24 de enero al 21 de abril de 2019, que lleva por título "Viera y Clavija, de isla en continente", al objeto de incidir en la representatividad del polígrafo canario en el contexto de la cultura nacional del Setecientos, destacando con ello el papel esencial de los valores histórico-patrimoniales de nuestras diversas autonomías en el proceso de cohesión nacional.

La trascendencia que puede y debe tener esta iniciativa tanto para los ámbitos educativos y culturales españoles, como para esa mayor imbricación de los diversos territorios del Estado español a través de la historia y la cultura que les aúna e identifica, requiere que el esfuerzo iniciado por la sociedad civil canaria y al que ya se han sumado otras instituciones públicas y privadas del Estado, entre ellas, la Real Academia Española y la Real Academia de la Historia- sea reconocido y apoyado por el Gobierno de la Nación.

Por todo ello, se formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a contribuir al impulso del plan de difusión nacional e internacional de la figura de José de Viera y Clavijo, apoyando los actos que quieren resaltar su relevancia en la cultura canaria, española y europea, asumiendo ambas administraciones (regional y estatal) de forman conjunta el objetivo político de impulsar el conocimiento nacional de la obra y la figura del célebre escritor ilustrado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Carlos Casimiro Salvador Armendáriz, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comisión de Igualdad

161/002596

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los roles asignados a juguetes en centros escolares y publicidad, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

A día de hoy, en pleno siglo XXI, aún se siguen asociando acciones como el cuidado familiar o labores del hogar a juguetes y a actividades de "rol femenino" o por el contrario, actividades deportivas, de construcción o mecánicas a juguetes y acciones de "rol masculino". Este enfoque tradicional de los juguetes y del ocio contribuye a asignar e imponer determinados roles injustos a nuestros menores, inculcándoles principios y valores que en ocasiones pueden frustrarlos y condicionarlos a tomar decisiones que pueden ser equivocadas, como puede ser su profesión en el futuro, sin dejarlos indagar en su verdadera vocación y curiosidad por el mundo.

Esta diferenciación por género induce a los niños a descartar juguetes y actividades de ocio y tiempo libre afines a sus gustos por una imposición tradicional de la sociedad. Esto conlleva que algunos niños rechacen actividades que les motivan y enriquecen e incluso aquellas en las que pueden ser exitosos, generando en ocasiones incluso una pérdida de talento en ese sector en concreto.

En este asunto, también es preciso que las empresas del sector y las compañías de publicidad tengan constancia de la impronta que los juguetes desarrollan en la igualdad de género y el desarrollo de roles en la vida adolescente y adulta. Consideramos que la publicidad de este tipo de productos debiera fomentar una proyección de los juguetes más neutral, centrada más en el producto, que en la persona que debe utilizarlo o la estimulación conductual que debe producir.

Fomentar la igualdad de género y no limitar el desarrollo de nuestros menores es una tarea compartida de todos, especialmente de todos aquellos que tienen influencia en los niños y niñas desde edades tempranas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas, una campaña de concienciación efectiva en los centros educativos contra los roles asignados a los juguetes y actividades de ocio por género, a la que pudieran asistir también los progenitores, y que sirviera de impulso para normalizar la libre elección de juguetes y actividades de ocio de nuestros menores, contribuyendo a romper estereotipos establecidos por sexo, potenciar el talento en cualquier profesión y favorecer la felicidad y la libre elección de los menores.

2. Trasladar a la industria juguetera la necesidad de que los anuncios y promociones de juguetes, especialmente de cara a las campañas navideñas, eviten la discriminación por género y fomentar la igualdad entre niños y niñas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-Patricia Reyes Rivera, María Virginia Millán Salmerón y Marta Martín Llaguno, Diputadas.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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161/002619

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para avanzar en corresponsabilidad en las labores de cuidado de los hijos e hijas, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres (en adelante, LOIMH), en su Exposición de motivos, declara que su finalidad es remover los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzar la "perfecta igualdad", que no admite "poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros", y cuyo déficit, entre otras muestras, se manifiesta en la "escasa presencia de las mujeres en los puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica". Déficit que también se manifiesta, en sentido contrario, en la escasa presencia de los hombres en la asunción de las responsabilidades domésticas.

Trascurridos 10 años desde la entrada en vigor de la LOIMH, los datos estadísticos siguen empañando ese objetivo de conseguir la igualdad efectiva, manifestada en una presencia equilibrada entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Segregación vertical y horizontal en la denominada esfera pública, en la participación institucional y en el mercado laboral, entre otros ejemplos, y un reparto desigual en el trabajo de cuidado en la esfera privada.

La LOIMH nació como un conjunto normativo dirigido a abrir vías en el igualitarismo formal, apoyada en el artículo 9.2 de la Constitución, en desarrollo del artículo 14 de nuestra Carta Magna y readaptando el ordenamiento jurídico español al Derecho comunitario por las Directivas que incorpora. Su reto consistía en promover los cambios que condujeran a una igualdad real entre hombres y mujeres que, a su vez, constituiría el basamento para avanzar en una sociedad más cohesionada que pudiera hacer frente a la crisis de un Estado del bienestar que, para afianzarse, necesitaba de la participación de la mujer en todas las esferas de la vida, dando paso también a un nuevo modelo económico.

Este nuevo modelo social y económico exige la igualdad plena entre hombres y mujeres; necesita de la participación de la mujer en el ámbito laboral, para incrementar sustancialmente el PIB de los países, como viene siendo reclamada desde los organismos internacionales; exige, por tanto, subvertir el reparto de roles existentes entre hombres y mujeres para alcanzar una composición igualitaria en todos los órdenes de la vida, fomentando la corresponsabilidad en las labores domésticas y en la atención a la familia, la igualdad en las relaciones entre particulares y la participación equilibrada en las candidaturas electorales y en la toma de decisiones (art. 14 LOIMH).

Sin embargo, encontramos importantes resistencias en la adaptación de esos cambios necesarios que deberían conducirnos hacia ese nuevo modelo de convivencia social en donde el principio de igualdad de trato y de oportunidades es el instrumento básico e insoslayable.

Esas dificultades exigen de una intervención pública contundente. Desde la responsabilidad del Estado hay que intervenir para dotar de igualdad valor, de equivalencia, las responsabilidades familiares y las responsabilidades políticas, laborales y de participación social; hay que dotarlas del mismo coste de oportunidad, para que la mujer no vuelva a ser relegada al ámbito doméstico al ser más fácil prescindir en el ámbito familiar del salario de la mujer que del salario del varón, erigido en el sustentador principal.

Los socialistas, como firmes defensores de la igualdad, siempre hemos defendido la igualdad real entre mujeres y hombres. Así lo hemos demostrado durante nuestras etapas de Gobierno, en la última de las cuales llevamos al Parlamento las que después serían la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad, anteriormente recogida en toda su dicción, y la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

Leyes de leyes que introdujeron en nuestro ordenamiento jurídico el principio de transversalidad de género, un principio, según dispone la LOIMH en su artículo 15, que deberá informar, con carácter general, la actuación de todos los poderes públicos, de modo que, las Administraciones Públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de sus políticas públicas en todos los ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades. Se


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trata pues de un principio extrapolable a todos los ámbitos y niveles y que constituye la premisa de actuación de todas las Administraciones Públicas.

El principio de transversalidad, de igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres, cuya manifestación es el equilibrio entre mujeres y hombres en la participación y asunción de responsabilidades en los distintos ámbitos de la vida, pública o privada, demanda, como señalábamos, de medidas contundentes.

Uno de los momentos vitales en la vida de las parejas donde más evidente se hace la desigualdad entre mujeres y hombres es en el momento de la crianza de las personas nacidas o adoptadas. Por norma general, suele ser la madre la que se hace cargo del mayor número de obligaciones que conlleva este trabajo de cuidado.

De ahí que una de los instrumentos más importantes para avanzar en corresponsabilidad lo fuera el permiso de paternidad, una de las medidas más innovadoras, por tanto, de la LOIMH. Así lo ponen de manifiesto los datos estadísticos que muestran como en 2016 el 87,7 por 100 de los padres disfrutó de este permiso, mientras que al permiso derivado de maternidad tan solo se acogieron el 2 por 100. Es decir, cuando disponen de un derecho, de una herramienta que reconoce su rol de cuidador, los padres hacen uso de la misma y asumen la labor de cuidado.

En aplicación del principio de transversalidad las Administraciones Públicas están obligadas a adoptar cualquier otra medida que evite que la mujer continúe desempeñando, prácticamente en solitario, el trabajo de cuidado de los hijos e hijas. Es necesario remover todos los estereotipos sociales que redundan en obstáculos. Esas representaciones sociales que permanentemente abundan en la idea de que el cuidado es labor que debe ser asumida por mujeres y que continúan abonando una realidad de reparto desigual en esas tareas.

Esta realidad se hace visible de una manera muy nítida en los edificios y establecimientos abiertos al público que, en su mayoría, adjudican la labor de cambiar a los niños y niñas a la mujer, pues habilitan el espacio de aseo destinado a las mismas también para el desempeño de esas tareas, abundando en la idea de su feminización.

En pro de mejorar y equilibrar la igualdad entre hombres y mujeres en este punto es necesario que la instalación de estos cambiadores para bebés sean accesibles tanto a los padres como a las madres.

Numerosos Ayuntamientos ya han legislado en este sentido y es una necesidad que la Administración Central también actúe, impulse y coordine estas medidas, en aplicación del principio de transversalidad que debe presidir todas sus actuaciones.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Iniciar la instalación en los edificios públicos propiedad de la Administración General del Estado de cambiadores de bebés situados en lugares neutros y accesibles para hombres y mujeres.

2. Promover medidas y campañas de sensibilización para que el resto de Administraciones Públicas así como los establecimientos privados abiertos al público instalen cambiadores de bebés en zonas accesibles para hombres y mujeres."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-Gonzalo Palacín Guarné y Carmen Rocío Cuello Pérez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/002599

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del


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vigente Reglamento de la Cámara presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático relativa a los efectos negativos para la biodiversidad de la expansión de las plantaciones de eucalipto y necesidad de incluir su acotamiento en la Estrategia para hacer frente al Cambio Climático.

Exposición de motivos

Los efectos del cambio climático han sido especialmente virulentos durante este año 2017, manifestándose en forma de agresivas olas de incendios, huracanes, fuertes tormentas eléctricas y copiosas lluvias, sequía extrema hasta en zonas húmedas como Galicia. Las distintas expresiones del cambio climático se han alternado en diferentes partes del planeta.

Las grandes olas de incendios comenzaron en enero devastando grandes extensiones en Chile. El recuento final se cifró con 300.000 hectáreas quemadas, 10 personas muertas, 2.800 afectados. Un desastre enorme, el territorio arrasado fue el mayor que se recuerda.

En junio, observamos la enorme destrucción de los incendios de Pedregrao Grande en Portugal y escuchamos por primera vez hablar de tormentas ígneas muy destructivas. Fuertes vientos, gran sequedad ambiental y altas temperaturas contribuyeron a crear tormentas de fuego imparables que también vimos en Galicia en octubre. En Pedregrao las llamas se llevaron por delante la vida de 64 personas, y quemaron 53.000 hectáreas.

La combinación de sequía, fuertes vientos y altas temperaturas, resumidas en la fórmula 30-30-30, también se produjeron en Galicia, Asturias y León a mediados de octubre. La Xunta ha tenido que corregir las hectáreas quemadas en el territorio gallego que se cifraron finalmente en 45.000.

Además de los factores señalados muy ligados al cambio climático, debemos destacar otro elemento común en todos estos grandes incendios. Las plantaciones de eucalipto. Esta especie altamente pirófita ha tenido un papel protagonista en la rápida expansión de las llamas. En muchas áreas como las comentadas, los eucaliptos y los pinos han ido ocupando áreas en las que antes había bosques nativos. Es así en Chile, en Portugal o en Galicia.

En el caso particular de Chile en prestigiosas publicaciones (Natura Climate Change) se ha achacado claramente la extensión y gravedad de los incendios al cultivo de eucaliptos y pinos.

No es que sean la causa del foco primario de inicio de los incendios pero si pueden ser la causa del foco secundario del incendio. Por tanto, queremos decir con ello que si bien está claro que los cultivos forestales de pinos y eucaliptos no tienen la responsabilidad en el inicio de los incendios, si son un factor determinante en su extensión y propagación descontrolada con graves consecuencias en la superficie quemada. Apagar fuegos en este contexto y bajo determinadas condiciones es una tarea solo abordable con un despliegue extraordinario de medios, un elevadísimo coste (incluso de víctimas humanas) y aun así la eficacia es reducida tal y como se demuestra verano a verano (y particularmente en el pasado mes de octubre en Galicia y norte de Portugal). Al final, el principal elemento que apagó los incendios fueron las lluvias.

Nos preocupa la presencia de estas especies arbóreas que se extendió de forma irracional y solo por criterios puramente economicistas por territorios del estado como Galicia, entre otros, y sucedió en función de los intereses de la empresa ENCE y otras grandes corporaciones (Finsa) al igual que en los países que hemos nombrado. Es una especie exótica e invasora ajena totalmente a los montes y suelos propios de Galicia donde sustituyó de forma abrupta a especies autóctonas como el roble (o carballo), entre otras especies arbóreas. Desde la década de los 60, Galicia, Asturias, el suroeste de Andalucía y el norte y centro de Portugal, fueron territorios de repoblación del género exótico eucalipto con la única finalidad de abastecer de dicha madera a las fábricas de pasta de papel, como la de ENCE en la Ría de Pontevedra.

En Galicia en 2016 más de 400.000 hectáreas entre masas puras y mixtas. Lo que representa casi la quinta parte del territorio denominado monte. Para hacernos una idea, tengan en cuenta que en el año 1973 había 130.000 hectáreas según el primer inventario forestal del estado. La superficie de eucaliptos creció en superficie un 300 % en 43 años. Datos verdaderamente abrumadores.

Su incremento se debe a diversas causas. Entre ellas políticas y comerciales, la incentivación de repoblaciones con estas especies como únicos cultivos forestales alternativos. La despoblación del ámbito rural también propició un avance de plantaciones de eucalipto. De hecho, la superficie invadida por la semilla del eucalipto después de incendios forestales en los últimos 40 años, se estima en más de 25.000 hectáreas.


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Con el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, entró en vigor el Catálogo Español de Especies Exóticas e Invasoras, con el objetivo de reforzar la protección del medio ambiente y la biodiversidad, pero lamentablemente dejó fuera a especies invasoras como el eucalipto que suponen una auténtica plaga en territorios como el gallego, así como en otras áreas del estado. El problema ocasionado por esta especie fue incluso considerado objeto de prioridad dentro de la Estrategia de la Biodiversidad de la UE para el año 2020, aprobando a tal fin el Reglamento 2016/1141 sobre especies exóticas e invasoras. En Marea llevó esta petición al Congreso pero lamentablemente no fue respaldada por el partido en el Gobierno.

Los eucaliptos poseen unas características específicas que convierten en terrenos con escasa biodiversidad donde se asientan. Esto es debido a que contienen aceitas esenciales en las hojas, que forman al caer una capa sobre el suelo con una baja tasa de descomposición. Sus raíces buscan humedad y agua llegando a recorrer más de 50 metros en eucaliptos de 25 m de altura, penetrando en depósitos y manantiales, lo que impide la filtración de agua a los acuíferos. Los eucaliptos, y pinares ajenos a la vegetación espontánea, contribuyen como especies exóticas invasoras a configurar hábitats donde la biodiversidad es dramáticamente baja. Además es importante entender que al material -inflamable- del sotobosque y el mantillo se le suma el alto contenido en fenoles de la biomasa y la menor capacidad del suelo para retener agua en periodos de sequía, fenómeno este asociado a la hidrofobicidad del piso forestal promovido por el eucalipto y cuyas plantaciones se han llegado a denominar "desiertos verdes".

Las plantaciones masivas de eucaliptos, su monocultivo, tienen un impacto muy negativo sobre ecosistemas de donde no son originarios. Hemos nombrado Chile, pero también los campesinos de países como Paraguay Uruguay y Colombia se quejan de los daños causados por este cultivo, que de acuerdo a las experiencias son capaces de secar arroyos y hasta ríos. Incluso también hay que considerar los problemas similares generados en California en torno a la Bahía de San Francisco.

Su alta demanda hídrica, propia de una especie de crecimiento tan rápido puede afectar de manera grave a los balances hídricos de microcuencas o cuencas de tamaño medio por lo que supone derivar para usos muy específicos un recurso de primera importancia como es el agua, sobre todo si tenemos en cuenta que en los últimos 20 años las precipitaciones medias en la Península Ibérica han descendido un 20 %, consecuencia igualmente del cambio climático.

Como hemos señalado anteriormente, los eucaliptos son una especie pirófita, da lugar a la rápida propagación de incendios forestales. Además, los incendios forestales le facilitan la colonización de espacios adyacentes. Las formaciones de eucaliptos crean problemas de incendios incontrolables debido a la gran altura que alcanzan estos árboles en poco tiempo y a la fácil combustión de su madera lo que genera en determinadas condiciones ambientales el conocido como "fuego de copas", el más peligroso e incontrolable que requiere para su extinción extraordinarios medios aéreos.

También se hace hincapié en el empobrecimiento de la flora. Los cuidados que necesitan las plantaciones, como la preparación de los suelos antes de la plantación, y la limpieza mecánica con la aplicación de herbicidas,) llevan a la eliminación de especies locales. Además, el eucalipto impide el desarrollo de la mayoría de las especies vegetales porque es muy agresivo para el sotobosque: explotación del agua, monopolización de la luz, eliminación directa de algunas especies del sotobosque.

Los estudios sobre el eucalipto también indican un efecto de empobrecimiento de la fauna debido a la desaparición de hábitats naturales y seminaturales. Redunda en la idea de desierto verde.

Existe coincidencia al señalar que la extensión de monocultivos forestales de especies exóticas, provoca un impacto sobre la biodiversidad por los factores que hemos explicado. Desde distintos ámbitos se señala que la extensión masiva del eucalipto ha supuesto una grave pérdida de biodiversidad del suelo y reduce la disponibilidad de agua. Incluso tiene incidencia sobre la captura de carbono atmosférico puesto que, como se ha demostrado científicamente, una mayor complejidad ecológica con mayor diversidad biológica conlleva balances en la captura de CO2 más favorables.

Desde una perspectiva constructiva y ecologista, consideramos que es urgente abordar cuestiones como la abordada en esta proposición en relación a las masas forestales. Somos favorables a adoptar medidas como la aprobada en Portugal para que desde ahora no se extiendan más las plantaciones de eucaliptos. Es importante realizar otra gestión de estas plantaciones, abandonar el monocultivo, recuperar la masa forestal autóctona poco a poco. Somos conscientes de que medidas así deben ser adoptadas paulatinamente, poco a poco.

Se puede empezar por los espacios incluidos en la Red Natura. Aludimos a ejemplos como las Fragas del Eume en Pontedeume (A Coruña), uno de los bosques atlánticos mejor conservados de Europa pero


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que también ha sufrido una transformación radical. Fue declarado Parque Natural en 1997, pero perdió el 20 % de su territorio en los últimos 50 años. También a aquí llegaron las plantaciones de eucaliptos.

El cambio climático y sus actuales expresiones, así como la preocupación por restaurar la biodiversidad, deben llevarnos a reflexionar sobre muchos factores interrelacionados como la cuestión de las masas forestales. Creemos que se debe poner coto a la expansión de las plantaciones de eucalipto y empezar a incentivar una política distinta, repoblando con especies autóctonas y desde luego protegiendo los hábitats naturales no climácicos, como pastizales rústicos, áreas de brezales y matorrales, recogidos muchos de ellos en la Directiva Europea de Hábitats y que albergan algunas de las especies vegetales y animales más amenazadas de la península Ibérica recogidas igualmente en la legislación europea, la estatal (Catálogo Español de Especies Amenazadas) y las autonómicas.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Incluir en la estrategia para hacer frente al Cambio Climático, la necesidad de acotar la expansión de las plantaciones de eucalipto por su fuerte impacto en la biodiversidad provocando la degradación de los suelos, balances hídricos negativos, la propagación rápida de incendios por ser especies pirófitas, y también causan el empobrecimiento de la flora y fauna autóctonas lo que conlleva balances de fijación de carbono atmosférico más pobres.

- Acordar en colaboración con las CC.AA., y con la consiguiente dotación económica, un Plan para la repoblación paulatina con especies autóctonas que ayuden a restaurar la biodiversidad, las características propias de cada ecosistema y la masa forestal autóctona, así como hábitats naturales en general, y los mencionados en la Directiva de Hábitats en particular, desligándolo de los intereses económicos de grandes empresas.

- Incentivar, en coordinación con las CC.AA., usos blandos y sostenibles del territorio como la ganadería extensiva o semiextensiva y la agricultura en régimen ecológico frente al monocultivo de especies forestales exóticas de crecimiento rápido

- Fomentar, en coordinación con las CC.AA., la reducción de la extensión de las masas de especies forestales de crecimiento rápido creando paisajes en mosaico de tal modo que su vulnerabilidad frente a la aparición del fuego sea menor, más fácilmente apagables, con recursos contenidos, menor dispendio de dinero público y menor riesgo para vidas humanas, inmuebles y otros bienes.

- Contemplar, dentro de las estrategias estatales de lucha contra el cambio climático, la mayor capacidad de los ecosistemas naturales para almacenar carbono atmosférico frente a los cultivos intensivos de especies forestales de crecimiento rápido. Sus balances deben ser tenidos en cuenta considerando que los ecosistemas naturales, particularmente bosques nativos bien conservados con alta biodiversidad, debido fundamentalmente a que los diferentes compuestos orgánicos que integran la reserva de los suelos acumulan un volumen mayor de carbono remanente (carbono antiguo) muy valioso pues su tiempo medio de residencia (o vida media) tiene una velocidad de ciclado (turnover) mucho menor.

- Llevar a cabo campañas informativas destinadas a concienciar sobre la importancia de recuperar los bosques autóctonos y hábitats naturales, explicando los beneficios medioambientales e incluso económico-sociales de un aprovechamiento forestal distinto al de un modelo de monocultivo del eucalipto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.-Alexandra Fernández Gómez Diputada.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/002612

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre exención de pago de peaje en autopistas para personas con movilidad reducida para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

El Estado tiene la obligación, a través de las diferentes administraciones, de regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de nuestros derechos y nuestros deberes, como establecen la Constitución y la Convención de las Naciones Unidas sobre derechos de las personas con discapacidad que ratificamos en su día.

La exención del peaje es una medida social que ya se aplica en algunos países para compensar, en parte, el sobrecoste que soportan las personas con movilidad reducida y sus familias cuando tienen que efectuar un desplazamiento. Estas personas, en muchas ocasiones, se ven obligadas a viajar en transporte particular, en ocasiones adaptado, ante la falta de accesibilidad de los medios de transporte públicos.

Dicha exención no tendría que suponer un coste directo para las administraciones públicas pues podría preverse en los contratos de concesión de las autopistas que negocian las empresas concesionarias y el Estado.

Es por todo ello que el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus competencias, y con diálogo con las empresas concesionarias de autopistas de peaje, a regular la exención de pago en autopistas de peaje a los conductores con discapacidad que tengan movilidad reducida."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.-Joan Ruiz i Carbonell, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002624

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la mejora de la accesibilidad a los centros y servicios sanitarios, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

La Constitución Española reconoce en su artículo 43 el derecho a la protección de la salud, y en el artículo 49 establece la obligación de los poderes públicos de llevar a cabo políticas que favorezcan la plena inclusión de las personas con discapacidad.

Atendiendo a este mandato constitucional, en nuestro país se han puesto en marcha y ratificados numerosos instrumentos normativos. Destacan la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que apuestan por la accesibilidad como elemento integrador.


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Concretamente, la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, establece en su artículo 22 que "las personas con discapacidad tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida", teniendo los poderes públicos que adoptar para ello "las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal, en igualdad de condiciones con las demás personas, en los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como los medios de comunicación social y en otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales."

Asimismo, en el artículo 10 del mismo texto normativo, sobre el derecho a la protección de la salud, se reconoce la obligación de las administraciones públicas de promover las medidas necesarias "para favorecer el acceso de las personas con discapacidad a los servicios y prestaciones relacionadas con su salud en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos."

En consonancia con las normas desarrolladas, durante la X Legislatura, el Gobierno impulsó una serie de actuaciones orientadas a la promoción de la accesibilidad universal, entre las que cabe destacar el Plan de Acción sobre la Estrategia de Discapacidad 2014-2016, que además de fijar la accesibilidad como un eje de actuación primordial, profundiza en ámbitos como el empleo, la igualdad, la educación y la economía.

Sin embargo, a pesar de las medidas puestas en marcha y de los logros producidos en materia de accesibilidad a bienes y servicios por las personas con discapacidad, es necesario seguir avanzando con el fin de garantizar la plena inclusión social de las personas con discapacidad, así como su derecho a la protección de la salud.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a mejorar la accesibilidad a los servicios sanitarios de las personas con discapacidad, promoviendo, para ello, la elaboración de un Plan de Accesibilidad a los Centros y Servicios Sanitarios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002601

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para regulación medidas del paso de vehículos en el municipio de Castellanos de Moriscos, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

En el año 2013 entró en funcionamiento la instalación de almacenamiento de la Compañía Logística de Hidrocarburos S.A. en Castellanos de Moriscos, provincia de Salamanca. Dicha planta se sitúa entre los municipios de Castellanos de Moriscos y Moriscos, y según datos ofrecidos por la compañía, el volumen total de combustible almacenado es de 73.726 m3, estimando un tráfico anual 24.000 camiones que cargan el combustible para distribuirlo en la provincia de Salamanca en horario de lunes a sábado, es decir, un tránsito aproximado de 90 camiones diarios.

Tal y como informó el Gobierno en respuesta a pregunta escrita el pasado 17 de agosto de 2016, "el acceso y abandono de los vehículos que transportan mercancías peligrosas a las instalaciones de CLH situadas en el término municipal de Castellanos de Moriscos se realiza a través de su enlace situado en el punto kilométrico 228 a la autovía A-62 desde el cual se accede a toda a Red RIMP de mercancías


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peligrosas. [...] Los vehículos que abandonan las instalaciones de CLH sentido Valladolid [...] lo hacen directamente, mientras que para dirigirse en el otro sentido hacia Salamanca [...] deberá tomarse el cambio de sentido de la misma autovía A-62 en el punto kilométrico 225 situado a 3 kilómetros del anterior enlace."

De esta forma se cumple con la normativa vigente, en concreto, el artículo 5 del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español, los vehículos que transporten este tipo de mercancías deben utilizar los itinerarios establecidos en la RED de Itinerarios para Mercancías Peligrosas (RIMP), que para el año 2017 están definidos en la Resolución de 2 de enero de 2017, publicada en el BOE n.º 12, de 11 de enero.

En ese mismo artículo de la Ley se expresa lo siguiente "cuando existan itinerarios coincidentes por autopista, autovía o plataforma desdoblada para ambos sentidos de circulación, en todo o parte del recorrido, deberán seguirlos obligatoriamente, salvo en aquellos tramos que sean objeto de las restricciones a que se refiere el punto anterior. [...] Cuando existan circunvalaciones, variantes o rondas exteriores a las poblaciones deberán utilizarlas inexcusablemente, y siempre la más externa, en su caso, al casco urbano. Tales vías deberán estar debidamente señalizadas para la circulación de estos vehículos."

A pesar de la claridad con la que se formula el texto legislativo y a pesar de que el Gobierno ha emitido instrucciones claras y precisas sobre el itinerario de acceso y salida de la planta, la realidad es que no se cumplen dichas instrucciones siendo una práctica habitual la entrada y salida de las instalaciones de CLH por otro itinerario que incluye el paso por el casco urbano del municipio de Castellanos de Moriscos. Esta práctica supone un tránsito de más de 40 camiones diarios cargados de combustible por uno de los municipios con mayor población de la provincia de Salamanca con el consiguiente riesgo que ello conlleva tanto para los residentes como para quienes circulan por una vía que no tendría que ser utilizada ni para acceder ni para salir de la planta de hidrocarburos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que desarrolle con la mayor brevedad posible las medidas oportunas para evitar el paso de vehículos cargados con mercancías peligrosas por el casco urbano del municipio de Castellanos de Moriscos en cumplimiento del Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español, en concreto, lo referente a la utilización de los itinerarios definidos en la RED de Itinerarios para Mercancías Peligrosas (RIMP)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-David Serrada Pariente, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002607

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado Miguel Anxo Fernández Bello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Mobilidad Sotenible para la mejora de la seguridad vial en la N-642 a su paso por los municipios de Foz, Ribadeo y Cervo en A Mariña (Lugo).

Exposición de motivos

Son numerosas las iniciativas parlamentarias en las que este diputado ha denunciado el lamentable estado de las infraestructuras viales en A Mariña. Al igual que son constantes las reclamaciones realizadas en sede parlamentaria en relación al único tren que atraviesa la franja cantábrica, la antigua Feve, actualmente denominado ancho métrico y que Fomento parece haberle reservado un papel casi museístico. Cero inversiones, y nulas medidas para mejorar su situación a pesar de ser un tren necesario.


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Por si fuese poco, nula es también la actividad del Ministerio en relación a las carreteras de titularidad estatal que atraviesan A Mariña y que han sido objeto de numerosas iniciativas por parte de este diputado. Aludo en concreto a la N-634, a la N-640 y a la N-642.

En este caso, concretizaremos la pregunta para centrarnos en la N-642, quizás si las abordamos por separado podamos obtener la necesaria respuesta positiva por parte del Ministerio.

La N-642 es una vía de comunicación básica en la comarca de A Mariña pero su estado deja mucho que desear. Tal y como pusimos de manifiesto al inicio de la presente legislatura, el tramo comprendido entre Ribadeo y Foz presenta un deterioro enorme en su firme, con varios socavones, grietas y baches que suponen un gran peligro para la conducción.

Se trata de una carretera de uso habitual en la zona y se calcula que por ella circulan cada día alrededor de 20.000 vehículos. El tráfico se multiplica por dos en el periodo veraniego por ser la carretera de la costa. Además, por ella circulan también numerosos vehículos pesados que transportan madera para la factoría Ence.

Los puntos en los que presenta peores condiciones son en Fazouro, Mañente, en la variante de Foz, en Daián en Cervo.

El tramo entre Mañente y el cruce de A Corredoira en Foz, es conocido entre los habitantes de la zona como el tramo "maldito". Registra numerosos accidentes o salidas de vía en un tramo que solo alcanza el kilómetro de longitud. Durante muchos años el número de accidentes era elevado hasta que en el año 2008 se eliminó el carril lento y se rebajó la velocidad. Una modificación que se llevó a cabo después de un accidente con víctima mortal y numerosas salidas de vía. Presenta un estado de deterioro preocupante.

Sus deficiencias son objeto de las reivindicaciones de los habitantes de la zona desde hace muchos años. Aunque poco se ha avanzado al respecto. La única medida adoptada por Fomento ha sido la de instalar parches de asfalto que lejos de mejorar la situación incluso la han empeorado.

Junto con el deterioro del firme, existen otros problemas de seguridad vial como la mala visibilidad existente en el cruce que sirve de enlace entre la parroquia de Vilaronte (en Foz, barrio das Areosas y la N-642 enfrente de la conocida como Casa de Tal. Una intersección en la que se han registrado varios accidentes de tráfico debido a la falta de visibilidad para incorporarse en dirección a Foz. Téngase presente que para realizar la maniobra, los conductores deben cruzar dos carriles para finalmente acceder al carril en dirección a Foz.

Otro cruce peligroso también en Foz en la parroquia de Vilaronte se sitúa a la altura del barrio de Espiñeira. Vecinos y vecinas de la zona han demandado la mejora de la seguridad en este cruce que sirve de enlace entre la N-642 y la carretera que va al barrio de Espiñeira en numerosas ocasiones. Piden que se adecúe con la adecuada señalización pintando en el suelo cada carril, delimitando bien ambos carriles, y se mejore la señalización vertical para garantizar la seguridad.

El municipio de Ribadeo llamó la atención recientemente sobre el lamentable estado de la N-642 en el trayecto que va desde Ribadeo hasta Porto, en el límite con Vegadeo y anunció iniciativas para su debate en el pleno de la corporación.

Hemos demandado al Ministerio de Fomento en muchas ocasiones la reparación de la N-642, de la N-640 y de la N-634. Al igual que hemos presentado enmiendas para su mejora en los Presupuestos Generales del Estado que no se admitieron. La inversión de Fomento en mantenimiento y en seguridad vial en las carreteras estatales en A Mariña ha brillado por su ausencia durante los últimos años. Es notable el abandono que practica el Ministerio en relación a las infraestructuras que atraviesan esta comarca lucense con gran peso poblacional y económico-industrial.

De nada valen las apelaciones de Subdelegados del Gobierno a que los conductores respeten las normas de tráfico y actúen con responsabilidad, si la Administración no cumple con su parte que es mantener en un estado óptimo para una conducción segura los viales de su competencia. Trasladar toda la responsabilidad a los conductores es sintomático de que se eluden las responsabilidades propias.

Proposición no de Ley.

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:

- Ejecutar mejoras en la seguridad vial de la N-642 a su paso por la comarca lucense de A Mariña, especialmente a su paso por el municipio de Foz (Fazouro, Mañente, Vilaronte), en Daián (Cervo) y en el tramo comprendido entre Ribadeo y Porto, tramos que presentan un enorme deterioro y erosión de su firme.


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- Llevar a cabo actuaciones para mejorar la visibilidad en el cruce que sirve de enlace entre la parroquia de Vilaronte (Foz) y la N-642 (barrio de Areosas) y para la mejora de la señalización del cruce también situado en la parroquia de Vilaronte a la altura del barrio de Espiñeira (Foz), tanto en su señalización en el suelo como la señalización vertical."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.-Miguel Anxo Fernández Bello y Alexandra Fernández Gómez, Diputados.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/002594

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre los roles asignados a juguetes en centros escolares y publicidad, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

Exposición de motivos

A día de hoy, en pleno siglo XXI, aún se siguen asociando acciones como el cuidado familiar o labores del hogar a juguetes y a actividades de "rol femenino" o por el contrario, actividades deportivas, de construcción o mecánicas a juguetes y acciones de "rol masculino". Este enfoque tradicional de los juguetes y del ocio contribuye a asignar e imponer determinados roles injustos a nuestros menores, inculcándoles principios y valores que en ocasiones pueden frustrarlos y condicionarlos a tomar decisiones que pueden ser equivocadas, como puede ser su profesión en el futuro, sin dejarlos indagar en su verdadera vocación y curiosidad por el mundo.

Esta diferenciación por género induce a los niños a descartar juguetes y actividades de ocio y tiempo libre afines a sus gustos por una imposición tradicional de la sociedad. Esto conlleva que algunos niños rechacen actividades que les motivan y enriquecen e incluso aquellas en las que pueden ser exitosos, generando en ocasiones incluso una pérdida de talento en ese sector en concreto.

En este asunto, también es preciso que las empresas del sector y las compañías de publicidad tengan constancia de la impronta que los juguetes desarrollan en la igualdad de género y el desarrollo de roles en la vida adolescente y adulta. Consideramos que la publicidad de este tipo de productos debiera fomentar una proyección de los juguetes más neutral, centrada más en el producto, que en la persona que debe utilizarlo o la estimulación conductual que debe producir.

Fomentar la igualdad de género y no limitar el desarrollo de nuestros menores es una tarea compartida de todos, especialmente de todos aquellos que tienen influencia en los niños y niñas desde edades tempranas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Promover, en colaboración con las Comunidades Autónomas, una campaña de concienciación efectiva en los centros educativos contra los roles asignados a los juguetes y actividades de ocio por género, a la que pudieran asistir también los progenitores, y que sirviera de impulso para normalizar la libre elección de juguetes y actividades de ocio de nuestros menores, contribuyendo a romper estereotipos establecidos por sexo, potenciar el talento en cualquier profesión y favorecer la felicidad y la libre elección de los menores.


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2. Trasladar a la industria juguetera la necesidad de que los anuncios y promociones de juguetes, especialmente de cara a las campañas navideñas, eviten la discriminación por género y fomentar la igualdad entre niños y niñas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-Patricia Reyes Rivera, María Virginia Millán Salmerón y Marta Martín Llaguno, Diputadas.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002618

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de Marta Sorlí Fresquet, Diputada de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta las siguiente Proposición no de Ley para cesar el internamiento de menores en los Centros de Internamiento de Extranjeros, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.

Exposición de motivos

El ordenamiento jurídico, en conformidad a la normativa internacional, mantiene la generalización del interés superior del menor como principio inspirador de todas las actuaciones relacionadas con aquél.

El artículo 62.4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social establece expresamente que no podrá acordarse el ingreso de menores en los centros de internamiento, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62 bis 1. i) de esta Ley.

Conviene recordar que el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, contempla la posibilidad de que los extranjeros internados puedan tener en su compañía a sus hijos menores, siempre que el Ministerio Fiscal informe favorablemente tal medida. Por su lado, bajo la legislación vigente, los menores extranjeros no pueden ser detenidos ni internados.

Tal y como declara la Sentencia del Tribunal Supremo Sala 3a de fecha 10 de febrero de 2015 a raíz del recurso contencioso-administrativo número 373/2014, promovido por la Asociación pro Derechos Humanos de Andalucía, la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español y la Federación Andalucía Acoge, el Pleno de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, confirma que la práctica administrativa hace que en el Estado, dada la ausencia de unidades familiares en los Centros de Internamiento de Extranjeros, los menores acompañados no puedan ser asistidos tal y como corresponde.

A preguntas parlamentarias del grupo de Compromís en el Congreso, el Gobierno afirma, que la práctica habitual es que la Policía Nacional evita solicitar el internamiento en un Centro de Internamiento de Extranjeros (en adelante CIE) de aquellos extranjeros adultos responsables de algún menor de edad, entendiendo que prevalece por encima de todo el principio de interés superior del menor y el principio de mantenimiento del menor en su familia de origen como establece la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

En este sentido, cabe tener en cuenta las declaraciones pronunciadas por el propio Ministerio del Interior J. Ignacio Zoido en las que ha reconocido, en varias ocasiones, que en ningún caso "podrá acordarse el ingreso de menores en los centros de internamiento". Así como que los menores extranjeros no acompañados que se encuentren en España, "serán puestos a disposición de las entidades públicas de protección de menores."

Sin embargo, tal y como recoge el Informe CIE 2016 realizado por el Servicio Jesuita a Migrantes-España (SJM-E) con los datos oficiales del Ministerio del Interior, las cifras de menores año tras año, no hacen sino que aumentar. En concreto se ha triplicado el número de menores identificados en los CIE solo en un año. Si en 2015 la cifra de menores internos en los CIE del estado fueron 19, la cifra en 2016 llegó a 51. Lo que supone que dicha cifra sea tres veces más alta que en 2015. En el CIE de Zapadores de Valencia un total de 15 de menores fueron internados en 2016.


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España. Menores detectados en CIE (2016)

Menores identificados 2016

Valencia 15

Murcia 17

Madrid 8

Barcelona 4

Tenerife 0

Las Palmas 0

Total 51

Fuente: elaboración propia del SJM a partir de datos suministrados por el Ministerio del Interior.

En repetidas ocasiones, el Defensor del Pueblo ha denunciado los grandes márgenes de error que presentan las técnicas científicas para determinar la edad de las personas que ingresan en los CIE. Muy preocupante resulta el internamiento de niñas, potenciales víctimas de trata y abusos que han sido incorrectamente consideradas como adultas. Todo ello pone de manifiesto la necesidad de revisar con urgencia el procedimiento de determinación de la edad y la necesidad de introducir en los mismos indicadores que permitan la detección ágil de indicios de trata de seres humanos o de otras situaciones de vulnerabilidad. Y por extensión resulta necesaria, la revisión del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados. Es preciso mencionar como muchos menores han visto como no reconocida o invalidada la documentación presentada que certifica desde sus países de origen que son menores de edad, pero que en cambio las autoridades han rechazado.

Cabe recordar una vez más las numerosas denuncias de las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos, así como de los propios internos que califican los CIE como prisiones encubiertas, donde la situación de las personas internas, son privadas de derechos fundamentales: el derecho a la libertad, a una salud digna, a la seguridad individual o de libertad religiosa. En el caso de los menores internos en CIE, se les está negando, además, el derecho a la educación recogido en el artículo 10 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España.

El Gobierno, por tanto, debe de asegurarse que no se está produciendo el internamiento de aquellas personas sobre las que no existe una evidencia clara de que hayan alcanzado la mayoría de edad, en aplicación del principio más favorable y en el principio favor libertatis.

Proposición no de Ley

"Instamos al Gobierno a:

1. Cerrar de manera inmediata los Centros de Internamiento de Extranjeros.

Mientras se produce el cierre definitivo, cesar el internamiento de menores no acompañados en los CIE y realizar las gestiones necesarias para su traslado a un centro de protección de menores.

2. Evitar el internamiento en CIE de aquellas personas adultas que sean responsables de algún menor de edad.

3. Garantizar una alternativa habitacional a las personas migrantes acompañadas de menores.

4. Revisar con urgencia del Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados y de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, en concreto a lo que se refiere el procedimiento utilizado de determinación de la edad, para garantizar que ningún menor de edad que tenga documentación acreditativa de su edad sea sometido a un procedimiento de estas características. Introducir indicadores que permitan la detección de indicios de trata de seres humanos o de otras situaciones de vulnerabilidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.


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161/002633

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la gran afluencia de los Menores Extranjeros no Acompañados en Andalucía, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.

Exposición de motivos

Los Menores Extranjeros No Acompañados (MENAS) son de conformidad con el artículo 1 de la Convención de los Derechos del Niño ("todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad"). Y como tales niños que se encuentran en territorio español, con independencia de su nacionalidad, disfrutan de todos los derechos que se tiene por su condición de menores de edad; son destinatarios de la protección del Estado (artículo 1 LOPJM); estando obligada la administración a asumir su tutela.

Partiendo de esta definición y de la asunción de los principios de Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (UNICEF, 2006), así como de lo establecido por las leyes nacionales de protección a la infancia, la llegada de un menor migrante no acompañado a cualquier territorio del Estado español supone la asunción de su tutela por parte de las autoridades locales, responsables de la protección a la infancia en cada territorio. Son menores que han abandonado sus países en busca de una vida más digna, por causa de la pobreza y la violencia.

La llegada de menores extranjeros no acompañados (MENAS) a las costas andaluzas ha sido constante en los últimos 20 años. Desde 2016 el aumento es aún mayor, llegando en 2017 a la falta de recursos residenciales disponibles como consecuencia de una gran afluencia de pateras a las costas, constituyendo una auténtica avalancha de personas inmigrantes.

A fecha de octubre de 2017 más de 2200 MENAS han ingresado en el sistema de protección saturando los centros de menores de Andalucía. Como consecuencia de ello, el pasado mes de junio, la Junta tuvo que habilitar un dispositivo de emergencia con 300 plazas residenciales adicionales para el acogimiento de menores extranjeros no acompañados en las provincias de Almería, Cádiz y Granada, que con mayor presión migratoria por mar, son las que lideran la estadística de menores extranjeros que llegan tanto en pateras como de polizones en los puertos de Algeciras o Motril. Ello obliga a reforzar los centros de acogida Inmediata de las tres provincias, para poder atender las necesidades básicas de alimentación, cuidados y alojamiento.

En términos económicos de los 48,5 millones de euros que invierte la Junta en los conciertos de centros residenciales de menores 31,7 millones este año han sido destinados a la atención de menores extranjeros no acompañados.

La financiación de los recursos destinados a la atención de los MENAS se están financiando actualmente desde Andalucía con fondos propios, teniendo conocimiento de que otros territorios tienen aportación para estos fines por parte del Gobierno central (Ceuta y Melilla).

La mayor parte de los adolescentes son jóvenes varones de los 15 a los 17 años, procedentes de Marruecos, Argelia o Costa de Marfil. Muchos pagan a las mafias, con la colaboración de sus familias y hasta de vecinos del pueblo, "entre 1.500 y 3.000 euros" por llegar en pateras atestadas, reconoce Cabrera.

Una buena parte de los jóvenes se marchan de los centros antes de conseguir la ansiada documentación, bien porque se escapan en busca del destino europeo que venían buscando o porque tienen que irse al cumplir los 18.

La realidad a la que se enfrenta la Junta de Andalucía con los menores emigrantes no acompañados, transciende de las competencias de la propia Comunidad en la que debe implicarse el Gobierno de España, como competente en materia de relaciones exteriores. Este asunto es un problema de estado y hay que tratarlo en ese contexto.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Mejorar la cooperación entre Gobierno central y administración autonómica para abordarla situación de estos menores.

2. Abordar con el Gobierno de Marruecos proyectos de cooperación orientados a reforzar el sistema de atención a la infancia en ese país para que los menores no se vean obligados a realizar el viaje a Andalucía para obtener protección.

3. Negociar medidas y financiación ante la Unión Europea de programas dirigidos a estos colectivos en los países de origen, que frenen la llegada de Menores Extranjeros No Acompañados a las Costas Andaluzas.

4. Establecer partidas presupuestarias para la financiación de los recursos destinados a al atención de los Menores Extranjeros No Acompañados por parte del Gobierno central en Andalucía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Sonia Ferrer Tesoro y Carmen Rocío Cuello Pérez, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002636

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia, relativa a la adopción de medidas para la localización de los "bebés robados" (recién nacidos, menores de edad ya sean adoptados ilegales o falsos biológicos inscritos) que permitan la reagrupación familiar.

Exposición de motivos

Según las denuncias presentadas, el robo de bebés se divide en dos etapas claramente diferenciadas; los que ocurrieron bajo el régimen de la dictadura franquista y los que tuvieron lugar tras la aprobación de la Constitución y las leyes que emanaron de la misma, conformando nuestro actual Estado de Derecho. Tras la aprobación de la Constitución las denuncias se concentran en los años 80, y se extienden en el tiempo, con algunos casos incluso hasta la década del 2000.

Recordando las recomendaciones al Gobierno contendidas en el documento aprobado el 22 de noviembre del 2017 en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, cuyas medidas más urgentes recogemos en esta PNL.

Recordando el Informe Anual del primer semestre de 2017, del Defensor del Pueblo, que recoge entre sus recomendaciones que los "Poderes públicos están obligados a dar una respuesta legal a las víctimas y hacer un esfuerzo, en el marco de sus competencias, para esclarecer los hechos denunciados; así como darles todo el apoyo necesario para paliar la angustia que les produce el hecho de no poder conocer a su familia biológica".

Reconociendo que nos encontramos ante un mal funcionamiento del Estado, cuando no una actuación negligente del conjunto del Estado, que en primer lugar no pudo evitar esas desapariciones infantiles forzosas y en segundo, cuando comenzaron las denuncias masivas en el 2009, ha fallado y sigue fallando en la tarea de localizar a los miles de bebés desaparecidos cuya identidad fue robada y que a día de hoy no conocen a su familia biológica. Muchas ni siquiera son conscientes de que sus padres, no son sus padres biológicos.

Constatando la falta de respuesta adecuada de las administraciones públicas ante todos estos casos, sin que todavía haya sido resuelto por nuestros tribunales ni un solo caso de bebés robados a pesar de ser España el segundo país del mundo en casos de desapariciones infantiles, tras el caso de las Stolen Generations en Australia.

Recordando que el artículo 10.1 de la Constitución Española proclama que el derecho a la propia identidad personal y al libre desarrollo de la propia personalidad, la dignidad de la persona, y los derechos


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inviolables que le son inherentes, son fundamento del orden político democrático de nuestro país, y que la persistente situación de los varios miles de seres humanos que viven entre nosotros desconociendo todavía su propio nombre e identidad -así como de las miles de madres, padres y familiares que todavía los buscan-, hiere la propia conciencia de la humanidad.

Recordando que el artículo 8 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos reconoce el "derecho humano a la vida familiar" sin injerencias externas, a todas esas madres y padres, hermanos y otros familiares afectados.

Recordando que el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño/a establece que los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando las autoridades competentes lo determinen.

Recordando que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, suscrita por España, establece en su artículo 25 dedicado a la infancia que los Estados Partes tomarán las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente:

a) La apropiación de niños sometidos a desaparición forzada.

b) La falsificación, el ocultamiento o la destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños.

Y que en su numeral 2 obliga a los Estados firmantes a "adoptar las medidas necesarias para buscar e identificar a los niños".

Recordando que el Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente de Mujeres y Niños, hecho en Palermo en el año 2000, y ratificado por España desde diciembre de 2003, reconoce tanto la desaparición forzada de personas como la compra-venta de seres humanos, como formas de crímenes contra la humanidad.

Rechazándose tajantemente la impunidad todavía hoy resultante de todo ello, y que hoy continúa beneficiando a los criminales que formaron parte de la desaparición forzada infantil y subsiguiente compra-venta de seres humanos, actuantes en España, y decididos a impulsar cuanto esté en nuestra mano para terminar con esta.

Reconociendo el sufrimiento inhumano de todas aquellas madres y padres, así como hermanos y demás familiares que, todavía hoy, continúan a la espera de poder conocer la suerte y paradero de los recién nacidos que fueron sometidos a desaparición forzada en centros hospitalarios.

Conscientes, de que todo lo anterior representa una violación continuada de derechos humanos, y una injusticia de enormes proporciones y profundo daño para los afectados, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que antes de dos meses nombre un fiscal coordinador de las denuncias vinculadas a "bebes robados" para impulsar una investigación efectiva y real de todos los casos a nivel estatal.

2. Que antes de dos meses cree una Unidad policial especializada en la búsqueda de bebés robados, que investigue de oficio recogiendo todas las diligencias realizadas hasta ahora.

3. Que antes de dos meses facilite a las víctimas de sustracción de bebés en busca de su origen biológico o natural, un plan para la realización de pruebas de ADN voluntarias, gratuitas y técnicamente fiables a través del Instituto Nacional de Toxicología, así como del software y permisos necesarios para cruzar las muestras de ADN que custodia la Oficina de atención a afectados por la posible sustracción de recién nacidos para uso de las personas afectadas a fin de que permita los reencuentros de madres, padres, hermanas y hermanos, hijas e hijos, conforme a la enmienda transaccional aprobada en los Presupuestos del Estado del 2017, a instancias del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

4. Que antes de dos meses se declare el 30 de agosto como día nacional en memoria y homenaje a las víctimas de desaparición forzada infantil y compra venta de menores, así como a sus familias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.-José David Carracedo Verde, Diputado.-lone Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Interior

181/000573

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Interior

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿En qué fecha prevé el Gobierno dotar al Puerto de Málaga de un espacio para atender dignamente a los inmigrantes rescatados en pateras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Comisión de Defensa

181/000605

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Defensa

Diputado don Odón Elorza González

Texto:

¿Cómo se encuentra la negociación del Ministerio de Defensa con el Ayuntamiento de San Sebastián sobre la petición del traslado de los actuales Cuarteles Militares de Loiola a otro territorio más adecuado del municipio donostiarra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.- Odón Elorza González, Diputado.


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Comisión de Fomento

181/000572

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don José Miguel Camacho Sánchez

Texto:

¿Cuál es la previsión del Gobierno para la conexión en Alta Velocidad de Madrid con Extremadura?

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-José Miguel Camacho Sánchez, Diputado.

181/000575

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo

Texto:

En la carretera nacional N-541, alrededor del punto kilométrico 84,800, se están acometiendo obras por parte del ministerio de Fomento que están provocando un alto grado de malestar entre los afectados por las mismas. Así, los vecinos de Calvelo-Tenorio (Concello de Cerdedo-Cotobade), ven como las actuaciones en dicha carretera no solo no dan respuesta a las alegaciones presentadas, sino que además están generando graves problemas de seguridad vial detallados de forma pormenorizada por los afectados.

Los vecinos han presentado en sus alegaciones posibles soluciones para resolver estos problemas, si bien se encuentran abiertos a atender y valorar otras medidas que se les puedan presentar.

Por todo ello, formulamos las siguientes preguntas:

¿Ha estudiado el Gobierno las posibles soluciones aportadas por los vecinos a la referida actuación? De ser así ¿cuáles han sido las conclusiones relativas a cada una de ellas?

¿Piensa implementar el Gobierno alguna de las soluciones propuestas por los vecinos afectados? De ser así ¿cuál o cuáles y en qué plazos? De no ser así ¿qué otras posibles actuaciones piensa poner en marcha el Gobierno para dar respuestas a los problemas generados por esta actuación y denunciados por los vecinos? ¿En qué plazos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2017.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

181/000576

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña María Teresa Arévalo Caraballo

Dirigida al Ministro de Fomento


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Texto:

El pasado 2 de octubre de 2017, en respuesta a una pregunta que formulé al Gobierno, se arguyó que no existe riesgo alguno de que los servicios de las líneas de autobús VAC-114 y VAC-212 dejasen de ser prestados. Sin embargo, a día de hoy, no existen soluciones reales que den garantía a los vecinos y vecinas de los 70 municipios de las provincias de Albacete, Cuenca y Ciudad Real que quedarían afectados por la supresión de estos servicios, aislándonos físicamente y del derecho a una conexión pública que garantice el acceso a los servicios públicos básicos y acelerando la no deseada despoblación en el mundo rural. Además, la plantilla de Monbús que presta servicio para estas líneas se encuentra en una situación de máxima incertidumbre.

¿Qué medidas y mecanismos ha puesto en marcha el Ministerio de Fomento para evitar la supresión de las líneas de autobús VAC-114 y VAC-212?

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de noviembre de 2017.-María Teresa Arévalo Caraballo, Diputada.

181/000577

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Herick Manuel Campos Arteseros

Texto:

Sobre el informe elaborado por la Asociación Valenciana de Empresarias sobre "estado actual del Corredor Ferroviario del Mediterráneo tramo a tramo" (entre la frontera francesa y Algeciras),

¿Qué valoración hace el Gobierno, del mismo?

¿Considera el Gobierno que se están cumpliendo los plazos para el conjunto de la obra y para cada uno de los tramos?

¿Cuándo tiene previsto el Gobierno la entrada en servicio de cada uno de los tramos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2017.- Herick Manuel Campos Arteseros, Diputado.

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

181/000571

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

Dirigida al Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital

Diputada doña Melisa Rodríguez Hernández

Texto:

¿Por qué razón el Gobierno de España no se sumó al compromiso internacional para establecer una fecha límite del uso del carbón como fuente de producción energética?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.- Melisa Rodríguez Hernández, Diputada.


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Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

181/000578

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don César Luena López

Texto:

¿Cuáles son los motivos por los que se amplía la cantidad de agua desembalsada en el Canal del Najerilla (La Rioja) de dos a cinco metros cúbicos por segundo a partir del día tres de agosto del 2017?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-César Luena López, Diputado.

181/000579

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don César Luena López

Texto:

¿De la cantidad de agua desembalsada en el canal del río Najerilla (La Rioja), en el periodo del tres al veinticuatro de agosto de 2017, cuánta es para la margen derecha y cuánta es para la margen izquierda?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-César Luena López, Diputado.

181/000580

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don César Luena López

Texto:

¿Las decisiones de desembalse del canal del río Najerilla (La Rioja), se toman por la Comisión de desembalse o por la Confederación Hidrográfica del Ebro?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-César Luena López, Diputado.

181/000581

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don César Luena López


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Texto:

¿Cuándo tienen prevista la construcción de la balsa de regulación del Canal del río Najerilla (La Rioja) situado en Zarratón?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-César Luena López, Diputado.

181/000582

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don César Luena López

Texto:

¿Existen actas de las reuniones de la Comisión de Desembalse del Canal del río Najerilla y si es así, desde cuándo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-César Luena López, Diputado.

181/000583

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don César Luena López

Texto:

¿Piensa el Gobierno mantener el modelo de gestión ejercido sobre el canal del río Najerilla (La Rioja) por la Confederación Hidrográfica del Ebro o, por el contrario, tiene previsto modificar la gestión y adoptar un modelo de gestión privada o externa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de noviembre de 2017.-César Luena López, Diputado.

181/000584

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez

Texto:

¿Qué medidas tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para incrementar la producción del sector acuícola?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.


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181/000585

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez

Texto:

¿Qué medidas tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para promover la profesionalización e internacionalización del sector agroalimentario de nuestro país?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.

181/000586

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez

Texto:

¿Ha valorado el Gobierno las posibles consecuencias del elevado uso de antibióticos en animales?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.

181/000587

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez

Texto:

¿Cómo piensa garantizar el Gobierno que los fondos estructurales pesqueros no son usados como variable de ajuste en las futuras negociaciones tras el Brexit?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.

181/000588

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez


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Texto:

¿Piensa el Gobierno revisar y actualizar la Ley 1/1970, de 4 de abril, de caza?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.

181/000589

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez

Texto:

¿Qué medidas ha llevado a cabo el Gobierno para luchar contra la despoblación, especialmente en el medio rural?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.

181/000590

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez

Texto:

¿Cómo piensa el Gobierno promover el rejuvenecimiento y la modernización de la flota pesquera?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.

181/000591

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez

Texto:

¿Cuándo piensa el Gobierno dar cumplimiento a lo dispuesto en los diversos artículos de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que están pendientes de cumplir?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.


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181/000592

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez

Texto:

¿Qué medidas tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para lograr la regeneración del Mar Menor?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.

181/000593

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez

Texto:

¿Cómo piensa el Gobierno garantizar la prestación de servicios públicos esenciales en el medio rural?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.

181/000594

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez

Texto:

¿Qué medidas tiene prevísto llevar a cabo el Gobierno en materia de igualdad y de fomento del relevo generacional en el sector pesquero?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.

181/000595

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez


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Texto:

¿Qué medidas tiene previsto llevar a cabo el Gobierno para hacer frente a la Xylella fastidiosa?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

181/000574

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo

Texto:

En la carretera nacional N-541, alrededor del punto kilométrico 84,800, se están acometiendo obras por parte del ministerio de Fomento que están provocando un alto grado de malestar entre los afectados por las mismas. Así, los vecinos de Calvelo-Tenorio (Concello de Cerdedo-Cotobade), ven como las actuaciones en dicha carretera no solo no dan respuesta a las alegaciones presentadas, sino que además están generando graves problemas de seguridad vial detallados de forma pormenorizada por los afectados,

¿Cómo valora el Gobierno la problemática señalada por los vecinos de Calvelo? ¿Está dispuesto el Gobierno a atender a las alegaciones presentadas en su día por los vecinos? ¿Está dispuesto el Gobierno a acometer las actuaciones precisas para dar solución a los problemas anteriormente expuestos? Definir actuaciones y calendario. Por parte del gobierno local del concello de Cerdedo-Cotobade, ¿cuáles han sido las reclamaciones realizadas hasta la fecha ante el ministerio de Fomento con el fin de atender las peticiones de los vecinos de Calvelo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2017.- Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/020038

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM).

García Sempere, Eva (GCUP-EC-EM).

Marcello Santos, Ana (GCUP-EC-EM.

González García, Segundo (GCUP-EC-EM).

Reformulación de su pregunta sobre Real Decreto que regula el cierre de centrales eléctricas en España.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.


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En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del "Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2017.- P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados Yolanda Díaz Pérez, Ana Marcello Santos, Eva García Sempere y Segundo González García, pertenecientes al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con lo establecido en el artículo 185 del Reglamento, presentan la siguiente pregunta escrita relativa al Real Decreto que regula el cierre de centrales eléctricas en España.

Exposición de motivos

El pasado 10 de noviembre de 2017, Iberdrola Generación anunció públicamente su intención de cerrar las Centrales Térmicas de carbón de Lada y Velilla.

Hace recientes fechas y casi un mes más tarde de finalizada la consulta pública el Gobierno ha enviado a la CNMC para la elaboración del preceptivo informe una propuesta de Real Decreto que amplía los criterios para autorizar el cierre de instalaciones de generación de potencia superior a 50 MW, en el sentido de considerar además de la seguridad de suministro, que ya aparece en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, el impacto en el cumplimiento de los objetivos de planificación energética y clima y el efecto sobre el precio del mercado eléctrico y la competencia.

De forma excepcional, y sin explicar las razones de esta medida, mediante una Disposición Transitoria, el Real Decreto será de aplicación para las solicitudes de cierre realizadas después de finalizar la consulta pública, el pasado 15 de septiembre de 2017, y no a partir de la entrada en vigor del Real Decreto.

En la nota de prensa que acompaña el anuncio de envío de la propuesta de Real Decreto a la CNMC, se indica que se ha solicitado, en aplicación del artículo 20.4 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, al titular de las Centrales Térmicas de Lada y Velilla, la remisión de la información contable de dichas centrales correspondiente a los últimos tres años, sin explicar si esta solicitud tiene que ver con el incumplimiento por parte del titular de las centrales: Iberdrola Generación, de esta obligación los últimos tres años o de cualquier otro procedimiento administrativo. En particular la solicitud de cierre de las Centrales Térmicas de Lada y Velilla.

Por otro lado, continúa sus trabajos la Comisión de expertos sobre escenarios de Transición Energética, sin que se disponga en la actualidad de ninguna información de los trabajos o conclusiones que se llevan desarrollando desde dicho grupo, desde la designación de los vocales de la Comisión vía orden ministerial el pasado 26 de julio de 2017 hasta la fecha. Todo ello, tras el Acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 7 de julio de 2017 en el que se adoptó la decisión de crear una Comisión de expertos sobre escenarios de transición energética, formada por catorce expertos independientes, que debería analizar posibles escenarios de transición energética que garanticen la competitividad de la economía, la creación de empleo y la sostenibilidad medioambiental.

Con independencia de que Iberdrola ya haya anunciado y actuado estratégicamente desde hace tiempo en su intención de cerrar todas sus centrales térmicas, véase el cierre de su mayor térmica el pasado año en el Reino Unido. En este escenario resulta sorprendente que se produzca el anuncio de solicitud de cierre de más de 800 MW, con el potencial de alterar el proceso objeto del trabajo de una Comisión en el que se supone que participan todos los actores afectados. Sobre todo cuando según recientes noticias el Ministerio de Energía habría transmitido a los grandes bancos de inversión su intención de incorporar dentro su proyecto de transición energética, un plan que incluirá también el carbón como "tecnología capital" del sistema eléctrico español al tratarse en su opinión de uno de los pocos recursos autóctonos del país. Además, y según las propias entidades de inversión, desde el Ministerio se estudiará suavizar el recorte en la retribución regulada que reciben las grandes eléctricas a partir de 2020.

La secuencia de los hechos y la adopción de medidas específicas dibujan un escenario muy preocupante, en el que el Gobierno no dirige la política energética sino que actúa de forma reactiva y apresurada ante la iniciativa de las empresas eléctricas.


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Por todo lo expuesto, la Diputada Yolanda Díaz Pérez presenta la siguiente

Pregunta para la que solicita respuesta escrita:

1. ¿Tenía el Gobierno información de la intención de Iberdrola Generación de solicitar el cierre de las Centrales Térmicas de Lada y Velilla?

2. En caso afirmativo, ¿desde cuándo? ¿Ha presentado Iberdrola Generación una solicitud formal de cierre de las Centrales? ¿En qué fecha? ¿Conocía la Comisión para la Transición Energética la intención de Iberdrola en este sentido? ¿y el grupo de Trabajo Interministerial para la elaboración de la futura ley de Cambio Climático y Transición Energética? ¿Cuáles son las razones aportadas por Iberdrola para solicitar el cierre de las Centrales antes de conocerse los resultados de la Comisión para la Transición Energética?

3. En caso negativo, ¿puede explicar el Gobierno las razones por las cuales una información de esta trascendencia no estaba a disposición de la Comisión de expertos sobre escenarios de Transición Energética para que los escenarios que en ella se plantean lo contemplaran? ¿Cuál puede ser la validez de las conclusiones de una Comisión que desconoce las intenciones del sector eléctrico no ya a largo sino a corto plazo? ¿Y de una comisión que trabaja con escenarios superados? ¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para evitar situaciones similares en el futuro y garantizar que el Informe que emitirá la Comisión tenga una mínima credibilidad? ¿Está relacionado el desconocimiento de las intenciones de Iberdrola con la aplicación del procedimiento de cierre de las Centrales, regulado en la propuesta de Real Decreto, en una fecha anterior a la entrada en vigor del mismo?

4. A la vista de los hechos ¿Ha considerado el Gobierno la posibilidad, en el trámite de información de la propuesta de Real Decreto en la CNMC, de modificar, la subasta que se propone en el Capítulo III y la retribución por mantenimiento de actividad por la titularidad pública y gestión por el Operador del Sistema, hasta en cierre programado de las Centrales como parte del Plan de Transición Energética?

5. Tiene ya el Gobierno una primera evaluación del impacto del cierre de Lada y Velilla en lo referente a la seguridad de suministro, el precio del mercado y el cumplimiento de los objetivos de la planificación y el clima?

6. ¿Qué ha hecho su Gobierno para garantizar el mantenimiento del empleo y la sostenibilidad medioambiental en la industria energética?

7. ¿Han mantenido miembros de su Gobierno reuniones con bancos de inversión en los que se contemplara un escenario a medio plazo de las centrales térmicas?, ¿qué acuerdos se tomaron en la mencionada reunión?

8. ¿Existe la posibilidad de que se produzca una impugnación de la norma por su carácter retroactivo? En caso afirmativo, ¿a cuánto podría ascender la cuantía reclamada por Iberdrola en los casos de Velilla y Lada? ¿Trasladaría su Gobierno dicho coste al sistema eléctrico?

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de noviembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Eva García Sempere, Ana Marcello Santos y Segundo González García, Diputados.

184/020887

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Fernández Díaz, Jesús María (GS).

Existencia de algún convenio suscrito entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con alguna organización o agrupación de asociaciones de pacientes.

Acuerdo:

1. En cuanto a la solicitud de copia de los acuerdos suscritos, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/001000).


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2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2017.- P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Jesús María Fernández Díaz, Diputado por Navarra, perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente pregunta para que le sea contestada por escrito.

Según informaciones aparecidas en medios, que no han sido confirmadas ni de las cuales existe información en la página web del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, este Ministerio habría suscrito un acuerdo de participación con una determinada agrupación de asociaciones de pacientes en las pasadas semanas. Por ello se solicita respuesta por escrito a las siguientes preguntas:

¿Ha suscrito el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad algún tipo de convenio, acuerdo o protocolo de colaboración con alguna organización o agrupación de asociaciones de pacientes?

Si fuese así: ¿Con qué organizaciones? ¿Por qué no ha informado el Ministerio sobre la firma, alcance y objetivos de este acuerdo? ¿Están todas las organizaciones de pacientes existentes en España, al menos con cobertura nacional, incluidas en dicho acuerdo?

Si fuese cierto que se ha suscrito con alguna agrupación de asociaciones: ¿Cuáles son los criterios que han llevado al Ministerio a suscribir un acuerdo con solo una parte de las asociaciones de pacientes existentes en nuestro país y cuáles los criterios de selección? ¿Tiene intención el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de proceder a suscribir acuerdos de colaboración con todas las Asociaciones de pacientes existentes en España?

[...]

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2017.-Jesús María Fernández Díaz, Diputado.

184/020974

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Bustinduy Amador, Pablo (GCUP-EC-EM).

Compromisos adquiridos por el Presidente del Gobierno ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su discurso del 13/10/2015.

Acuerdo:

1. En cuanto a la solicitud de que se aporte el detalle de la ejecución presupuestaria, contenida en el punto 6 de la presente iniciativa, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 61188, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/001001).

2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.


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En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de noviembre de 2017.- P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, don Pablo Bustinduy Amador, Diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta las siguientes preguntas relativas a los compromisos adquiridos por el Presidente del Gobierno, D. Mariano Rajoy, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en su discurso del 13 de octubre de 2015, dirigidas al Gobierno y para las que se ruega respuesta por escrito de forma desglosada.

Exposición de motivos

El 13 de octubre de 2015 el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presidió la reunión del Consejo de Seguridad (en adelante, CSNU) en la que se aprobó por unanimidad la Resolución 2242 sobre Mujeres, Paz y Seguridad, la 8.ª de las Resoluciones que el CSNU emitía en aplicación y seguimiento de la histórica Resolución 1325, del año 2000. Entonces resaltó que "España [asumía] los siguientes compromisos":

- Actualizaremos nuestro Plan de Acción Nacional y aprobaremos informes periódicos de seguimiento que presentaremos ante el Parlamento;

- Crearemos un punto focal nacional e impulsaremos la creación de una red internacional de puntos focales;

- Asociaremos a la sociedad civil al diseño y seguimiento de nuestras acciones;

- Profundizaremos la formación en materia de género de los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente los que se desplieguen en Misiones Internacionales.

- Continuaremos impulsando la participación de mujeres militares en Operaciones de Paz y aseguraremos la presencia de mujeres en los equipos de mediación.

- Continuaremos aplicando de forma estricta la política de tolerancia cero en relación con acusaciones de violencia sexual que afecten a miembros civiles y militares españoles en misiones en el exterior.

- Incrementaremos el porcentaje de la Ayuda Oficial al Desarrollo dedicada a Mujeres, Paz y Seguridad.

- Contribuiremos a la financiación de la unidad de género del Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría de Naciones Unidas en 2016.

- Realizaremos en 2016 una contribución de un millón de euros al nuevo Instrumento de Aceleración Global y al Fondo ONU Mujeres contra la violencia sexual en conflictos.

Por todo lo anterior, este Diputado plantea al Gobierno las siguientes

Preguntas

1. Don Mariano Rajoy se comprometió a que España crearía un punto focal nacional 1 e impulsaría la creación de una red Internacional de puntos focales. ¿En qué ha derivado el Impulso de la creación de una red Internacional de puntos focales? ¿Cuál es el punto focal nacional [de España]?

2. Don Mariano Rajoy se comprometió a que España profundizaría la formación en materia de género de los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente los que se desplieguen en Misiones Internacionales. ¿Cuántas formaciones en materia de género a integrantes de las FFAA y FCSE se han realizado desde el 13 de octubre de 2015 hasta hoy? ¿Qué organismo estatal es el responsable de diseñar y ejecutar esas formaciones? ¿Cuál es el montante presupuestario destinado a tal efecto y a qué Programa presupuestarlo pertenece?

1 Según el II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad, la figura del punto focal de España correspondería a la o el Director o Directora del Plan Nacional de Acción Mujeres Paz y Seguridad (página 12 del citado documento).


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3. Don Mariano Rajoy se comprometió a que España continuaría impulsando la participación de mujeres militares en Operaciones de Paz y aseguraría la presencia de mujeres en los equipos de mediación. Desde que Mariano Rajoy emitiera este compromiso, ¿cuántas mujeres se han incluido en equipos de mediación? Apórtese el cálculo que exprese un porcentaje de su participación sobre el total de equipos de mediación en los que participe España.

4. Don Mariano Rajoy se comprometió a que España continuaría aplicando de forma estricta la política de tolerancia cero en relación con acusaciones de violencia sexual que afecten a miembros civiles y militares españoles en misiones en el exterior. ¿De qué manera se sistematizan y centralizan las denuncias por abusos y violencia sexual a mujeres en las misiones en el exterior? ¿Cuántas se han recibido desde octubre de 2015 y qué acciones se han tomado contra sus ejecutores?

5. Don Mariano Rajoy se comprometió a que en 2016 España contribuiría a la financiación de la unidad de género del Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría de Naciones Unidas en 2016. ¿Con qué cuantía se contribuyó? ¿Se ha previsto la misma cuantía o una aumentada en el ejercicio de 2017?

6. Don Mariano Rajoy se comprometió a que en 2016 España realizaría una Contribución de un millón de euros al nuevo Instrumento de Aceleración Global y al Fondo ONU Mujeres contra la violencia sexual en conflictos. Sin embargo, la Ley 4812015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, no incluía esa previsión y deviene necesario resaltar que España no realiza transferencias corrientes a ONU Mujeres. ¿Se ha contribuido con un millón de euros o no? [...]

7. En general, ¿cómo valora el Gobierno el cumplimiento que, a día de hoy, ha hecho sobre las promesas vertidas por su Presidente. Mariano Rajoy, ante el CSNU el 13 de octubre de 2015?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2017.-Pablo Bustinduy Amador, Diputado.

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