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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 25, de 30/09/2016
cve: BOCG-12-D-25-C1
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
30 de septiembre de 2016

Núm. 25


ÍNDICE

Página

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000155 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la paralización del proyecto industrial de Gas Natural en el entorno del Espacio Natural Doñana ... (Página3)

162/000156 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a adecuar las condiciones laborales de los trabajadores interinos en España ... (Página4)

Dirigidas, en el caso de su aprobación, al Gobierno que se constituya

162/000141 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la adopción de determinadas medidas que faciliten el acceso a la documentación y la desclasificación de documentos históricos ... (Página6)

162/000142 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas urgentes en el sistema universitario ... (Página7)

162/000143 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al apoyo y mejora de la situación de los trabajadores y las trabajadoras eventuales del campo en Andalucía ... (Página8)

162/000144 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas para que el llamado Corredor Mediterráneo forme parte de manera prioritaria de la agenda del Gobierno ... (Página10)

162/000145 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de modificación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores ... (Página11)

162/000146 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la puesta en marcha del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) ... (Página12)


Página 2




162/000147 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reforma integral del sistema de permisos y prestaciones de paternidad y maternidad para el cuidado y atención de menores en casos de nacimiento, adopción o acogida ... (Página13)

162/000148 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a impulsar el Tercer Sector de la Comunicación y el empoderamiento ciudadano en lo relativo al derecho constitucional a la comunicación ... (Página16)

162/000149 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reforma del actual modelo de la Corporación de RTVE y sus Sociedades para garantizar su independencia, pluralismo, transparencia y participación social ... (Página17)

162/000150 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre actuaciones para hacer frente a la crisis humanitaria de los refugiados ... (Página21)

162/000152 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la Estrategia Nacional de la Justicia ... (Página23)

162/000153 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el traspaso de infraestructuras ferroviarias a la Generalitat de Cataluña ... (Página24)

162/000154 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Ministerio de Fomento, a Adif y a Renfe-Operadora a cumplir con los compromisos de inversión en el servicio de Rodalies y Regionales, en Cataluña ... (Página27)

162/000157 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el soterramiento de las vías de Renfe a su paso por Sant Feliu de Llobregat ... (Página29)

162/000158 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre modificación de los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Ebro correspondiente al segundo ciclo de Planificación Hidrológica 2015-2021 ... (Página30)

162/000159 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre incorporación en los Presupuestos Generales del Estado del 2017 de las dotaciones necesarias para la realización de los Juegos del Mediterráneo Tarragona 2017 ... (Página32)

162/000160 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la rebaja del IVA en los servicios veterinarios ... (Página33)

162/000161 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el reconocimiento y la justa reparación de Lluís Companys y todas las víctimas del franquismo ... (Página35)


Página 3




CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

162/000155

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, Izquierda Unida a través del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la paralización del proyecto industrial de Gas Natural en el entorno del Espacio Natural Doñana, para su debate en Pleno.

Además de Parque Nacional y Natural y de ser considerado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, Doñana ostenta otras figuras de protección: Reserva de la Biosfera Doñana, Zona Especial de Conservación (ZEC), Lugar de Importancia Comunitaria (LIC Doñana Norte y Oeste), Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA Doñana), Zona de Especial Protección de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM) y RAMSAR.

Con estos niveles de protección, extraer gas del subsuelo de Doñana suena grotesco. Sin embargo, Gas Natural Fenosa pretende convertir el subsuelo de Doñana y su entorno en un campo gasístico, con un proyecto industrial que tiene recursos pendientes en los tribunales y que se está analizando desde Bruselas por el posible incumplimiento de las leyes de protección de la naturaleza.

Ya se ha producido el comienzo de las actuaciones en "Marismas Occidental", una de las piezas del proyecto de Gas Natural en Doñana. En realidad, se trata de un único gran proyecto industrial para almacenar gas en el subsuelo, pero se troceó en cuatro (Marismas Occidental, Marismas Oriental, Saladillo y Aznalcázar) para evitar que se evaluara conjuntamente su impacto ambiental sobre el espacio natural, como obliga la Directiva Europea de Evaluación Ambiental.

El proyecto en su conjunto entra en los límites del Espacio Natural de Doñana y de espacios de la Red Natura 2000. La Junta de Andalucía negó los permisos para el proyecto "Marismas Oriental", situado dentro del espacio protegido, pero no lo ha hecho con "Marismas Occidental" y con "Aznalcázar". En marzo de 2015, la Comisión Permanente del Consejo de Participación de Doñana pidió que se evaluara conjuntamente el impacto de los proyectos de Gas Natural.

El proyecto industrial de Gas Natural consiste en la instalación de 70 kilómetros de gasoductos, la apertura de 16 pozos de extracción de gas, y la utilización del subsuelo de Doñana como almacén permanente de gas.

El actual Gobierno en funciones está impulsando este proyecto, que podría transformar irremediablemente el espacio natural más emblemático de España en un complejo industrial aumentando los riesgos para la población, el acuífero y todo el ecosistema, y convirtiendo Doñana en un almacén de combustibles fósiles en contra de lo acordado en la Cumbre de París contra el cambio climático.

En suma, tal y como vienen denunciando las organizaciones ecologistas, se está obviando la recomendación de la Unesco de no realizar estas actuaciones y no almacenar gas en el subsuelo de


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Doñana, se incumple la Directiva Europea de Evaluación de Impacto Ambiental que requiere que todos los proyectos sean evaluados de forma conjunta y considerando los efectos acumulativos, se ignora el principio de precaución de la Unión Europea obviando otros proyectos similares y en zonas sensibles como Doñana que han tenido que ser abandonados por los graves problemas causados, como explosiones y movimientos sísmicos, nada más ser iniciados y por los riesgos potenciales que presentaban tanto para las personas como para el medio ambiente, como la contaminación de acuíferos o el elevado consumo de agua.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Luchar por la preservación de Doñana como Patrimonio de la Humanidad y rechazar el proyecto de almacén de gas en el marco de la lucha contra el cambio climático y la sustitución de los combustibles fósiles y la energía sucia por energías limpias.

2. Paralizar inmediatamente las obras hasta que se realice la evaluación de los potenciales impactos directos, indirectos y acumulativos del proyecto industrial de Gas Natural en su conjunto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2016.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

162/000156

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a adecuar las condiciones laborales de los trabajadores interinos en España, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

La legislación nacional establece que cuando el contrato de interinidad finaliza por la reincorporación del trabajador sustituido, el vencimiento del plazo legal o convencionalmente establecido para la reincorporación o la extinción de la causa que dio lugar a la reserva del puesto de trabajo, el trabajador no tendrá derecho a ninguna indemnización, salvo que así se haya pactado en el convenio colectivo de aplicación o en el contrato de trabajo, aspecto que diferencia este contrato del eventual o del de obra o servicio determinado. Esto es, precisamente, lo que se cuestiona en la sentencia dictada por la Sala Décima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de fecha 14 de septiembre de 2016, en el asunto C596/14; si la legislación nacional, al no prever una indemnización por extinción de la relación laboral en los contratos temporales de interinidad en caso de finalización de contrato, se ajusta a la normativa europea.

Sobra decir, que la cuestión en litigio nada tiene que ver con la reforma laboral de 2012. El Estatuto de los Trabajadores contempla distintas condiciones de extinción entre trabajadores interinos y resto de temporales, y de ambos con respecto a los empleados con contratos indefinidos, desde que se aprobó en 1980.

La cuestión prejudicial planteada se basa en solicitar al TJUE que resuelva si de conformidad con la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada -Anexo de la Directiva 1999/70- existe discriminación por parte de la legislación española al no reconocer a los trabajadores con contrato temporal interino una indemnización por extinción de contrato en los casos referidos más arriba.

La resolución judicial se ha dictado como consecuencia de una cuestión prejudicial planteada por un tribunal español, lo que supone, que sus efectos jurídicos se restringen al caso concreto sobre el que se


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plantea la propia cuestión, caso que deberá ser resuelto por el tribunal español competente conforme a la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Como viene siendo habitual, es interés del Grupo Parlamentario Popular adaptar la legislación nacional a la normativa comunitaria cuando así sea requerido y acatar lo establecido por la Justicia europea. Es por ello, por lo que se considera necesario analizar la citada sentencia y valorar las implicaciones que la misma podría tener en el mercado laboral español, para mejorar las condiciones de los trabajadores españoles.

El Grupo Parlamentario Popular viene trabajando en un modelo de relaciones laborales en España que dé seguridad al trabajador, especialmente en el ámbito de la contratación temporal. De hecho, a este respecto se suscribió recientemente un acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos (que es anterior a la publicación de la citada sentencia) en el que se abordaba este asunto, proponiendo un contrato temporal con condiciones iguales y crecientes para todos los trabajadores temporales, denominado "contrato de protección creciente", contando entre otras, con las siguientes características:

a) Solo podrá celebrarse cuando concurra una necesidad temporalmente limitada de mano de obra.

b) Una duración máxima de dos años, ampliable doce meses más cuando así se establezca en convenio sectorial estatal o en su defecto de ámbito sectorial inferior. Tal límite temporal no operará cuando el contrato se celebre para sustituir a un trabajador con derecho a reserva de puesto de trabajo.

c) Una indemnización creciente por finalización del contrato equivalente a doce días de salario para el primer año, dieciséis días el segundo año y veinte días el tercer año. En caso de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o de despido improcedente, la indemnización seguirá siendo la misma que en la actualidad.

d) Una tutela judicial efectiva que evite su uso abusivo.

La puesta en marcha de esta propuesta de un contrato temporal con indemnización creciente incluida en el acuerdo suscrito entre Partido Popular y Ciudadanos, podría ser una vía de solución de la problemática planteada en el litigio analizado y resuelto por el TSJE que evite discriminaciones y dé más garantía a los trabajadores.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de estudiar las implicaciones de la sentencia de fecha 14 de septiembre de 2016, dictada por la Sala Décima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en el asunto C-596/14, a efectos de adecuar a dicha sentencia las condiciones laborales de los trabajadores interinos en España."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular.

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, entendiendo que en el caso de su eventual aprobación, estarían dirigidas al Gobierno que se constituya, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de septiembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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162/000141

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la adopción de determinadas medidas que faciliten el acceso a la documentación y la desclasificación de documentos históricos, para su debate en Pleno.

La Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, que fue aprobada en plena dictadura franquista, muestra una anomalía con respecto a la legislación sobre esta materia de la mayoría de países de nuestro entorno, y es que no establece un límite temporal para que los documentos históricos sean públicos. Mientras en los otros países se establecen 25, 30 o 40 años para su desclasificación, en la Ley de secretos oficiales de 1968 no hay absolutamente ningún límite.

En 1984, España adoptó un acuerdo para abrir todos los archivos y la biblioteca que la situó a la vanguardia de la transparencia y de la información en documentos históricos. Así, de 1984 a 2010 los investigadores pudieron acceder a la sala de lectura y consultar los archivos que necesitaran. Pero en octubre de 2010 ocurrió algo sorprendente y es que el entonces ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación declaró secretos los catorce temas que constituyen toda la política exterior. Simultáneamente, la entonces ministra de Defensa propuso desclasificar 10.000 documentos históricos sin que al final se llevara a cabo.

En 2011, la Secretaría General Técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores aplica el acuerdo que había adoptado el Gobierno socialista en octubre de 2010. La aplicación supone no permitir consultar multitud de documentos. Esto provocó, entre otras reacciones, un manifiesto de casi cuatrocientos historiadores de diecisiete universidades del mundo en el que mostraban un absoluto rechazo a la medida. Sumado a ello, se han venido tomando decisiones que, lejos de solucionar el problema lo ha empeorado. La principal ha sido romper la unidad del archivo enviando los materiales históricos anteriores a 1931 al Archivo Histórico Nacional y los posteriores al Archivo General de la Administración. Hoy hay acceso público al primero pero no al segundo. Incluso los relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU), quienes estuvieron de visita en España para analizar cuestiones de libertad y justicia, apuntaron que en este país no existe un criterio claro para decidir qué documentos pueden consultarse y cuáles no.

No deja de ser incomprensible que el marco político general de la investigación en España pase por una ley de 1968. Es necesario impulsar las medidas necesarias para sustituir el acuerdo de 2010, y modificar la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, para fijar un límite de años a partir del cual se desclasifiquen automáticamente los documentos clasificados como secretos o reservados, y de este modo ponernos a la altura de Estados de nuestro entorno en materia de transparencia y acceso a la Historia.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Cumplir con el compromiso adquirido por el Ministro de Exteriores en 2013 e impulsar un nuevo Acuerdo en el Consejo de Ministros que sustituya el de octubre de 2010 para permitir un acceso más sencillo y libre a la documentación histórica en poder de la Administración General del Estado.

2. Impulsar la modificación de la Ley 9/1968, de 5 de abril, sobre secretos oficiales, en el sentido de establecer un límite temporal de entre 25 y 30 años, en función del contenido, a la desclasificación de documentos históricos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2016.-Josep Vendrell Gardeñes y Félix Alonso Cantorné, Diputados.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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162/000142

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas urgentes en el sistema universitario, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

El sistema universitario público ha mantenido durante décadas un ritmo de crecimiento tanto en alumnado como en profesorado y en titulaciones muy superior al resto de los países de nuestro entorno. A partir de los años 80, y en solo tres décadas, la Universidad española pasó de ser una institución al alcance de unos pocos a abrir el camino de la educación superior a todas aquellas personas con capacidad y voluntad de seguir estudios universitarios.

Este es un gran logro de la sociedad española y un elemento decisivo en la configuración de nuestro sistema universitario. Desgraciadamente, esta situación se ha interrumpido bruscamente en la última legislatura, hasta el punto de que miles de estudiantes han tenido que abandonar sus estudios o no han podido acceder a ellos.

A la disminución del número de estudiantes habría que sumar el grave deterioro en las condiciones del profesorado y de los equipos de investigación, como consecuencia de los recortes en la inversión y la imposición de una tasa de reposición totalmente injustificada.

Así lo muestran numerosos estudios, como es el caso del Informe de la encuesta sobre Investigación y Transferencia de Conocimiento de las Universidades Españolas, elaborada por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) a través de las redes OTRI y UGI. Según este informe, la financiación para la investigación competitiva se redujo un 30% en los años 2012 y 2013. La CRUE ha denunciado asimismo la pérdida de más de 5.000 profesores desde 2011 hasta 2014.

Las reformas emprendidas por el Gobierno del PP durante los últimos años han perseguido el doble objetivo de reducir el número de estudiantes universitarios, al tiempo que debilitar al sistema público de educación superior en beneficio de la oferta privada. En definitiva, hemos asistido a un debilitamiento de la articulación y equidad del sistema universitario español, con la mayor subida de tasas de la historia, incrementando las diferencias entre Comunidades Autónomas. Además, la ausencia de un modelo marco de financiación que garantice la suficiencia financiera de las universidades en todos los territorios, y el radical endurecimiento de los requisitos de las becas junto a la reducción drástica de sus cuantías, han supuesto un enorme retroceso para la igualdad de oportunidades.

Uno de los capítulos más recientes de la problemática del sistema universitario ha sido la reforma por decreto de los títulos universitarios, ejemplo de falta de previsión, discrecionalidad gubernamental, falta de diagnóstico riguroso de partida y ausencia de consenso en cuanto a los objetivos a alcanzar.

Esta situación supone una grave amenaza para las universidades públicas que es necesario afrontar con eficacia y determinación. Hay que poner fin a una política universitaria que está quebrando el sistema público e hipotecando el futuro de nuestro país. Es evidente que en una sociedad que confía su mejor futuro al conocimiento, las universidades están llamadas a ser un motor de desarrollo inteligente y sostenible.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a abrir un proceso de acuerdo y diálogo con la comunidad universitaria, la CRUE y las Comunidades Autónomas, que permita adoptar las medidas necesarias para:

1. Derogar el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que establece la ordenación de enseñanzas universitarias oficiales conocida como modelo 3+2, por el que se modifica la duración de grado y máster afectando a la coherencia del sistema y a la igualdad de oportunidades.


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2. Promover, en el marco del Consejo de Universidades y de la Conferencia General de Política Universitaria, un Plan Especial de Actuaciones para la reparación de los efectos del límite de la tasa de reposición.

3. Promover la constitución de una Comisión Mixta, con la Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de Universidades, para acordar un nuevo marco estatal de precios públicos de matrícula que tenga en cuenta los niveles de renta de la unidad familiar a la que pertenezca cada estudiante, y permita mantener un marco coherente de precios públicos de matrícula en el conjunto del Estado, asegurando así la igualdad de oportunidades.

4. Modificar de manera inmediata la convocatoria de becas recogida en el Real Decreto 293/2016, de 15 de julio, con el objeto de restablecer el carácter de las becas como un derecho subjetivo de todas las personas que manifiesten objetivamente la necesidad de la ayuda, exigiendo los mismos requisitos académicos que rigen para cualquier estudiante universitario y sin que este derecho quede supeditado a la disponibilidad presupuestaria.

5. Promover una convocatoria específica de becas para licenciados y graduados en situación de desempleo, para que puedan pagar la matrícula de máster en universidades públicas, con el objetivo de mejorar su cualificación y facilitar su incorporación al mercado laboral.

6. Impulsar un programa específico para rescatar a estudiantes que hayan tenido que abandonar sus estudios universitarios por motivo de los cambios legislativos injustos o cambios sobre sus condiciones socioeconómicas en estos años.

7. Aumentar los recursos destinados a garantizar la igualdad de oportunidades en la participación en programas de movilidad internacional y doble titulación, recuperando en el primer año de gobierno los niveles de 2011 para el Programa Erasmus.

8. Presentar, en los primeros cuatro meses desde la constitución del Gobierno, una propuesta del Estatuto del Personal Docente e Investigador previsto por la Ley Orgánica de Universidades, para que pueda ser debatida y consensuada con las comunidades autónomas, las universidades, organizaciones sindicales e instituciones implicadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de septiembre de 2016.-Ignacio Urquizu Sancho, Manuel Cruz Rodríguez y María Luz Martínez Seijo, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

162/000143

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al apoyo y mejora de la situación de los trabajadores y las trabajadoras eventuales del campo en Andalucía, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en los últimos dos años diferentes iniciativas en defensa de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo. Hemos puesto de manifiesto la difícil situación por la que atravesaban los trabajadores y trabajadoras en el campo andaluz para poder hacer frente al requisito de aportar las 35 peonadas para tener derecho al cobro del subsidio agrario y la renta agraria, dadas las circunstancias derivadas tanto de la crisis económica global como de la particular del medio rural y de la agricultura, como consecuencia tanto de los avatares climatológicos, especialmente la sequía, como de los costes de las materias primas, la energía y del cada vez mayor grado de mecanización de las tareas agrarias.

Tras distintos anuncios al respecto de rebajar el número de peonadas, finalmente el Consejo de Ministros el 27 de febrero de 2015 aprobaba una rebaja por un periodo de seis meses, según recoge el BOE de fecha 28 de febrero de 2015. Fundamentalmente el motivo que según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se argumentaba para ello era los efectos de la sequía, especialmente en el olivar.


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El resto de las resoluciones aprobadas, tanto las referidas a poner en marcha un Plan Extraordinario de empleo agrario, para compensar la ausencia de jornales, así como que los trabajos en otros programas locales de Ayuntamientos o Diputaciones computasen para percibir el subsidio, no han sido asumidas por el Ministerio.

Por otra parte, desde el acceso al gobierno del Partido Popular, ninguno de los cinco Presupuestos Generales aprobados ha contemplado incremento alguno de las partidas destinadas al Programa de Fomento de Empleo Agrario, estando sometido a una congelación que no se corresponde con el esfuerzo llevado a cabo por otras administraciones locales, provinciales o autonómicas. Esta congelación, unida a la incorporación de numerosos trabajadores de otros sectores en crisis, hace totalmente insuficientes las cantidades destinadas a un programa, que sirve para compensar la adquisición de peonadas en momentos de crisis como los que se están viviendo en el campo.

Como tampoco ayuda la falta de compromiso del Gobierno central en relación al reparto de la PAC, dejando fuera de las ayudas acopladas a cultivos como el olivar de pendiente, la uva pasa y otros cultivos generadores de mano de obra en la agricultura.

En septiembre de 2015 y, más recientemente en julio de este mismo año 2016, advertimos a través de una Proposición no de Ley que la sequía persistía, y la necesidad de eliminar o suprimir el número de peonadas. A fecha de hoy, persisten y se han agravado las razones para solicitar la rebaja del requisito o, en su caso, la eliminación, para impedir que el mismo no sea excluyente al amplio número de potenciales beneficiarios del subsidio o renta, que suponen 119.500 en Andalucía, de los cuales más de la mitad pueden verse afectados, especialmente las trabajadoras agrarias eventuales. En concreto, persisten, entre otros, problemas por los grandes costes de producción, como la factura eléctrica o el coste de las materias primas, que determinan una disminución de la actividad como consecuencia de la pérdida de rentabilidad de muchos productos, e inclemencias meteorológicas que han perjudicado los cultivos y disminuido o eliminado la mano de obra necesaria para su recolección.

Ante esta situación no solo caben medidas de apoyo a los agricultores ganaderos, sino también a los trabajadores y trabajadoras que eventualmente dependen del empleo generado en las explotaciones agroganaderas andaluzas y siendo estas la principal actividad laboral en muchos pequeños y medianos municipios de Andalucía.

Este programa, del que recientemente se han cumplido 30 años de su puesta en marcha por un Gobierno Socialista, ha sido fundamental para crear empleo y fijar a la población en los territorios rurales, evitando la despoblación de muchos de nuestros pueblos.

El marco jurídico actual que aprobó en el año 2003 el Gobierno de la Nación, priorizó para acceder a los jornales del PFEA a beneficiarios de la Renta Agraria, frente a los beneficiarios del subsidio agrario. Esta situación es paradójica puesto que estos jornales no computan para tener acceso a la Renta Agraria, excluyendo a los posibles beneficiarios del subsidio agrario.

Por todo lo anteriormente expuesto el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Eliminar de forma inmediata, o reducir, en su caso, las peonadas requeridas para acceder a la prestación del Subsidio Agrario y Renta Agraria por parte de los trabajadores y trabajadoras eventuales del campo, hasta tanto persistan los motivos que impiden la consecución de las jornadas necesarias.

2. Poner en marcha de manera urgente un Programa Extraordinario de Fomento del Empleo Agrario Especial, así como aumentar los fondos del Ordinario para atender las necesidades de Andalucía en la demanda de jornales para los y las eventuales del campo.

3. Solicitar que, de manera extraordinaria, mientras que persista esta situación, se permita que los trabajos y jornales de los programas de Ayuntamientos y Diputaciones computen para percibir el Subsidio y Renta Agraria de los trabajadores y trabajadoras.

4. Solicitar que las peonadas realizadas en el ámbito del PFEA computen como requisito para acceder a la Renta Agraria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2016.-Antonio Pradas Torres, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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162/000144

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem presenta la siguiente Proposición no de Ley para que el llamado Corredor Mediterráneo forme parte de manera prioritaria de la agenda del Gobierno español, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

El pasado día 25 de mayo del 2016 tuvo lugar la primera reunión de la Mesa Estratégica Catalana de Corredor Mediterráneo presidida por el presidente de la Generalitat de Cataluña, en la cual se reivindicó la imperiosa necesidad que Corredor Mediterráneo forme parte de manera prioritaria de las agendas de los gobiernos español y francés.

En la que se ponía de manifiesto que "Cataluña es un territorio geoestratégicamente situado al sur de Europa, en medio de flujos económicos de intercambio y comercio global que fluyen entre Asia, América y África y la propia Europa. Los datos evidencian la importancia de esta infraestructura: es un eje que concentra el 44% del PIB de todo el Estado español, el 50% de las exportaciones y las importaciones y el 47% de las empresas que hay en todo el Estado. Aglutina también grandes infraestructuras como los puertos de Algeciras, Almería, Málaga, Motril, Cartagena, Alicante, Valencia-Sagunto, Castelló, Tarragona y Barcelona, que generan el 78% de todo el tránsito de mercancías del Estado y el 82% del movimiento de contenedores.

Desgraciadamente, muchas de las inversiones de Corredor Mediterráneo necesarias para mejorar la movilidad de personas y mercancías no se están ejecutando en los plazos comprometidos, ni de la manera en que se habían anunciado. Hablamos de inversiones ferroviarias, pero también viarias y de aquellas imprescindibles para el intercambio modal. La carencia de una agenda concreta de acciones e inversiones genera preocupación e incertidumbre".

Por su parte el 6 de marzo, la Generalitat de Valenciana impulsó el "Fórum Valenciá pel Corredor Mediterrani", un "lobby" conformado por la administración, las organizaciones empresariales, los puertos, las universidades, los colegios profesionales y la presencia de Ford a título particular en el que el Consell quiere concentrar la reivindicación de la infraestructura ferroviaria.

En fecha 19 de septiembre, en Valencia, se celebró la cumbre del "Foro valenciano por el Corredor del Mediterráneo" y de la "Taula Estratégica Catalana del Corredor Mediterrani" con la presencia de los presidentes de la Generalitat valenciana y catalana, junto a un centenar de empresarios y representantes del mundo local. En dicha reunión acordaron la necesidad de elaborar un plan concreto de actuación a corto, medio y largo plazo en el Corredor del Mediterráneo que priorice las actuaciones que garanticen la conexión con las terminales multimodales y los polígonos industriales y crear la figura de un coordinador específico que coordine, impulse y realice el seguimiento de los trabajos correspondientes.

Proposición no de Ley

"El Pleno del Congreso de los Diputados acuerda instar al Gobierno a:

1. Elaborar una estrategia institucional: acuerdos con Catalunya, Valencia, Murcia, las Islas Baleares y Andalucía, y establecer mecanismos de seguimiento y colaboración con la UE.

2. Estrategia en materia de infraestructuras: se definirá una agenda de inversiones cierta y creíble acordada entre las comunidades afectadas, el Estado y la UE.

3. Estrategia en el ámbito de los servicios de transporte y logística y su digitalización: crear un Comité de servicios multimodales.

4. Estrategia económica: se analizarán las necesidades en materia de transportes de las diferentes actividades económicas para promover el crecimiento de importaciones y exportaciones.


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5. Planificar la llegada del ancho europeo sin perjuicio de los servicios de pasajeros. Encaminar las mercancías por el interior de la provincia de Tarragona, por las áreas menos pobladas, recuperando la línea Perafort-Roda de Berà en ancho europeo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de septiembre de 2016.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

162/000145

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comu Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, para su debate en el Pleno de la Cámara.

El pasado 14 de septiembre, la Sala Décima del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) emitió una sentencia a petición de decisión prejudicial planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que versa sobre la interpretación de la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada, celebrado el 18 de marzo de 1999, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada (DO 1999, L 175, p. 43). En concreto, la petición se presentó en el marco de un litigio entre una trabajadora del Ministerio de Defensa y este mismo, relativo a la calificación de la relación laboral que vincula a las partes y al abono de una indemnización como consecuencia de la extinción de dicha relación.

De acuerdo al texto de la sentencia, el hecho de que existan contratos temporales sin derecho a indemnización en el momento de la extinción, y el hecho de que existan contratos temporales con una indemnización en cuantía inferior a la prevista legalmente para la extinción de los contratos indefinidos por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) es contrario a la Directiva 1999/70/CE, porque los trabajadores contratados temporalmente tienen derecho a las mismas cuantías indemnizatorias a las que tienen derecho los trabajadores con contrato indefinido. En este sentido, las consecuencias pueden extenderse a todos los trabajadores con contrato temporal pues según el TJUE no hay razón por la que en caso de despido objetivo, las indemnizaciones de las personas trabajadoras indefinidas y las que tienen un contrato "de duración determinada" sean diferentes. También incide la sentencia en que "esa desigualdad es aún más evidente en lo que atañe a los trabajadores y trabajadoras con contrato de interinidad, a los que la normativa nacional no reconoce indemnización alguna cuando dicho contrato finaliza con arreglo a la normativa".

El TJUE apunta que no hay razón objetiva que justifique esa diferencia de trato, por lo que obliga a que la normativa española sea compatible con el principio contenido en el derecho laboral europeo de no discriminación entre trabajadores y trabajadoras fijos y temporales. Asimismo, el fallo recuerda que la norma europea pretende precisamente mejorar la calidad del empleo temporal y que este no pueda ser usado por la empresa para privar a estos trabajadores y trabajadoras de derechos que sí tienen reconocidos las personas que tienen contratos estables. La indemnización, dice el pronunciamiento, estaría incluida dentro de las condiciones laborales que no pueden reducirse a los trabajadores y trabajadoras temporales. Por tanto, "el concepto de razones objetivas, en el sentido de la cláusula 4, apartados 1 o 4, no permite justificar una diferencia de trato entre trabajadores y trabajadoras con contrato de duración determinada y trabajadores y trabajadoras fijos por el hecho de que aquella esté prevista por una norma nacional y abstracta, como una ley o convenio colectivo".

En definitiva, la respuesta del tribunal no deja lugar a dudas: la legislación española contradice una directiva europea porque "el hecho de que este trabajador o trabajadora haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada indemnización".


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Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Impulsar la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores, al objeto de establecer que la cuantía de la indemnización por extinción de los contratos temporales, por la causa legal en ellos prevista, sea de 20 días de salario por año de antigüedad por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos inferiores a un año, sin perjuicio del derecho a la indemnización en la cuantía establecida en el artículo 56 de la misma norma para los supuestos en los que la extinción contractual del contrato temporal sea declarada improcedente."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2016.-Aina Vidal Sáez, Diputada.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

162/000146

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha del Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF), para su debate en Pleno.

La idea de implementar un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) es una propuesta tradicionalmente reivindicada por los movimientos sociales. Es heredera directa de la Tasa Tobin, impuesto propuesto por el premio Nobel de Economía del mismo apellido cuyo objetivo pasaba por gravar la especulación con divisas. Nacida académicamente en los años 70 y recuperada en los años 90 por el movimiento internacional ATTAC, la propuesta había venido recibiendo poca atención por parte de las instituciones. Conforme el clamor popular para su implantación iba creciendo, se respondía argumentando que era inviable técnicamente y después que perjudicaba a los mercados y al crecimiento de la economía. Finalmente, con la crisis financiera global de 2008 y con la pujanza de las movilizaciones sociales se produjo un resurgir de la idea.

En ese contexto, en una votación sin precedentes, el Parlamento Europeo aprobó el 8 de marzo de 2011 una resolución en la que urgía a la Comisión Europea a implantar un Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) que mejoraría el funcionamiento de los mercados reduciendo la especulación y contribuiría a financiar bienes públicos mundiales así como a reducir los déficits públicos (sic). Así, por primera vez y de forma tímida, la Unión Europea decidió impulsar el impuesto a nivel comunitario con una primera propuesta que planteaba ser de aplicación a todos los mercados (regulados o extra-bursátiles), a todos los instrumentos (participaciones, bonos, derivados, etc.), y a todos los actores (bancos, bancos en la sombra, administradores de activos, etc.); y que contribuía a minimizar las distorsiones potenciales en los diferentes segmentos del mercado y a reducir el riesgo de planificación fiscal, sustitución o relocalización. Lamentablemente, esta primera iniciativa se vería rápidamente abocada al fracaso por la oposición beligerante de algunos de los Estados.

Meses después del fracaso de la primera propuesta, y con el objetivo de superar la falta de unanimidad en el seno de la UE, 11 Estados miembros, incluido España, solicitan por carta a la Comisión Europea "analizar la posibilidad de introducir una solución armonizada para el ITF en el marco de los tratados"; es decir, solicitan iniciar un proceso de cooperación reforzada, mecanismo que permite como lógica de último recurso desarrollar iniciativas si así lo solicitan nueve Estados miembros o más y que para su aprobación se requiere de la unanimidad de los proponentes.

Una vez se autoriza por parte del Ecofin el procedimiento de cooperación reforzada, en febrero de 2013 la Comisión Europea realiza una propuesta de implementación que da inicio a las discusiones técnicas y que finalmente cristaliza en la propuesta de Directiva presentada el 14 de febrero de 2014.

La directiva propuesta en un inicio por la Comisión Europea tenía dos objetivos principales: armonizar la fiscalidad indirecta en el sector financiero y una contribución substancial de dicho sector a las arcas públicas. También reconoce objetivos secundarios, como crear desincentivos apropiados para


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determinadas transacciones o realizar un primer paso para una propuesta global. Como se observa, estos objetivos ya reflejan un distanciamiento claro con los objetivos históricos de las propuestas para gravar las transacciones financieras que situaban como prioridad acabar con la especulación y evitar, por tanto, las burbujas y las crisis que generan. Esto pasa a ser un objetivo secundario y es significativo ya que indica que los tipos de gravamen serán poco ambiciosos.

En principio, en la directiva se habló de aplicar el ITF a operaciones con acciones con una tasa de un 0,1% sobre las transacciones de acciones y bonos y un 0,01% a operaciones con derivados. Y si bien estos valores representan tipos mínimos que los Estados pueden incrementar unilateralmente, la realidad indica que siguen siendo realmente bajos. Además, algunos de los Estados implicados en el desarrollo del Impuesto a las Transacciones Financieras, entre los que se encuentra España, estarían centrando sus esfuerzos en retrasar su aplicación y en reducir el tipo de derivados que se van a gravar provocando así la mutilación de su potencial recaudador.

Es por tanto evidente que la penosa evolución que está siguiendo hasta el momento la negociación para implantar un ITF destruye cualquier esperanza de que sea un impuesto ambicioso y justo que registre, controle y penalice las transacciones más especulativas. Sin embargo, implantar un ITF, aunque sea solo en diez Estados de la Unión Europea, ya es un paso necesario para construir una fiscalidad global justa, progresiva y suficiente. Y aunque cada retraso en su concreción y aplicación diluya la primera propuesta del Impuesto a las Transacciones Financieras, sigue significando un avance sobre los mitos fiscales vigentes. Por ello, el ITF debe ser la pieza clave de una batería más amplia de instrumentos que luchen contra la especulación financiera y que coloquen a las finanzas globales al servicio de la actividad productiva de bienes y servicios que satisfagan las necesidades humanas.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que sitúe corno objetivo prioritario la aprobación de la propuesta de la Comisión de 14 de febrero de 2013 de manera inmediata y sin modificaciones que rebajen el ámbito de aplicación, el tipo de gravamen o las bases imponibles en sus participaciones en el Ecofin y en el grupo de trabajo sobre la propuesta para una Directiva del Consejo implantando cooperación reforzada en el área del Impuesto a las Transacciones Financieras.

2. Llevar a cabo las actuaciones necesarias a nivel UE para iniciar un proceso amplio para la aprobación de un ambicioso Impuesto a las Transacciones Financieras que tenga como prioridad reducir drásticamente la especulación en los mercados financieros tomando como punto de partida el texto de la Propuesta de Directiva del Consejo, de 28 de septiembre de 2011, relativa a un sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras y por la que se modifica la Directiva 2008/7/CE."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2016.-Josep Vendrell Gardeñes, Diputado.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

162/000147

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada doña Sofía Castañón presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en Pleno de la Cámara, relativa a la reforma integral del sistema de permisos y prestaciones de paternidad y maternidad para el cuidado y atención de menores en casos de nacimiento, adopción o acogida.

Exposición de motivos

El nacimiento, adopción o acogimiento es un momento crucial para la distribución del tiempo de empleo y cuidados entre las personas que quedan a cargo de dicho cuidado. Todos los estudios coinciden


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en constatar que, si bien en la sociedad española actual se ha avanzado hacia una mayor igualdad en las parejas jóvenes, es en ese periodo en el que tradicionalmente los hombres se constituyen en sustentadores principales y las mujeres en cuidadoras principales.

La regulación actual de los permisos induce a la permanencia y profundización de este desequilibrio secular: las mujeres se ausentan de sus puestos de trabajo, y cuidan a tiempo completo a sus criaturas, al menos durante sus 16 semanas de permiso de maternidad, seguidas de las 2, 3 o 4 semanas de permiso de lactancia. Terminado este periodo, y ante la falta de alternativas, muchas lo prolongan con excedencias, reducciones de jornadas o incluso renuncia total a su empleo. Los hombres, en cambio, tienen derecho solamente a 2 semanas de permiso de paternidad.

Además de en el reproductivo, este sistema crea graves desequilibrios en el empleo y en el modelo productivo. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, publicado en 2014, un 45% de las españolas no regresan a su puesto de trabajo tras la maternidad. Un 35% pasan a trabajar a tiempo parcial y un 7% pierde su empleo. Además, todas las mujeres en edad fértil -y no solamente las madres- se ven afectadas por el fenómeno denominado "discriminación estadística": los empresarios saben que existe una alta probabilidad de que ellas disminuyan su dedicación al empleo con la maternidad, mientras que la mayoría de los hombres la aumentan. Las mujeres en general aparecen como "mano de obra de alto riesgo", viéndose reducidas a puestos no cualificados y fáciles de sustituir, lo que es una importante causa de los mayores índices femeninos de subempleo, desempleo e inactividad. La Encuesta de Población Activa en el segundo trimestre de 2016 coloca la tasa de paro femenino (21,82%) tres puntos y medio por encima del masculino (18,41%).

De esta forma se mantiene la brecha salarial de género, la precariedad y la pobreza femenina e infantil, así como un mercado de trabajo segregado por sexos vertical y horizontalmente, y por tanto ineficiente. Todo ello redunda en un grave desaprovechamiento del potencial de empleo de las mujeres, originando también pérdidas al erario público en términos de impuestos y cotizaciones sociales no recaudadas.

Por otro lado, el hecho de que los padres solo tengan derecho a dos semanas de permiso de paternidad refuerza la ancestral y desfasada idea de que los hombres son incapaces de cuidar a sus criaturas. Esta creencia origina graves consecuencias para las niñas y niños, que se ven en privación de sus padres, así como para los hombres, para la vida familiar y para la sociedad en su conjunto, que no se beneficia del capital cuidador de la mitad de la población.

La sociedad española ha cambiado en las últimas décadas. Las leyes declaran la igualdad entre hombres y mujeres como principio rector y la mayoría de la población se define como una persona igualitaria. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituyó un paso adelante al otorgar a los padres (o a la otra persona progenitora) dos semanas de permiso de paternidad, un derecho que se les había negado en su totalidad hasta entonces. En los nueve años transcurridos desde esa reforma, el permiso de paternidad se ha revelado como instrumento válido para la iniciación de los hombres en el cuidado, pues se lo toman más de un 80% de los padres con derecho (contrariamente a las 10 semanas transferibles del permiso de maternidad de las que, en 2015, solamente el 1,8% de los casos los padres se tomaron alguna parte, según datos de la Seguridad Social). Este comportamiento de los padres españoles coincide con el observado en todos los países: los padres se toman mayoritariamente los permisos cuando son, a la vez, intransferibles y bien pagados, mientras que solo hacen un uso marginal de los permisos mal pagados o no pagados, así como de los que pueden transferir a las madres.

A pesar del indudable éxito del permiso de paternidad, este permanece aún en su inicial duración de dos semanas, la octava parte que el de maternidad. Es importante destacar que esta desigualdad constituye una discriminación explícita de la Seguridad Social pues, siendo una prestación contributiva, se niega a los padres ese derecho a la vez que desde los poderes públicos se les insta a cuidar a sus hijos e hijas igual que las madres.

El perjuicio a los padres, a las madres y a la infancia se agrava por el hecho de que estas dos semanas paternas no permiten que ambas personas progenitoras se turnen en el cuidado del bebé, hurtando así al padre la oportunidad de ser el cuidador principal durante un periodo, forjar el vínculo de apego con su criatura e iniciarse como cuidador autónomo. En efecto, las dos semanas que se toman la mayoría de los padres son las sucesivas al parto, durante las cuales tienen que cuidar a la madre y al resto de la familia mientras ella se recupera, permaneciendo las dos personas progenitoras en el hogar. Pasado ese primer periodo, el padre se ve obligado a volver a su puesto de trabajo, sin disponer de un tiempo para relevar a la madre una vez terminado su permiso de 16 semanas.


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Por todo ello, cabe afirmar que la actual regulación de los permisos está obsoleta, es disfuncional y no responde a las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía. Para hacer efectivo el derecho a la igualdad de oportunidades y a la corresponsabilidad en los cuidados, una de las condiciones necesarias es que los hombres dispongan de un permiso de la misma duración que el de las madres (tal y como se ganan con sus cotizaciones); que ese permiso sea intransferible (como el resto de derechos sociales, pues estamos ante el único derecho social que es transferible); y que esté pagado igual que el permiso de maternidad (al 100% del salario). La experiencia permite predecir que esa reforma, además de ser de justicia, supondría un avance sustancial para la implicación de los hombres en el cuidado.

La actual regulación, además, discrimina y desatiende otros modelos de familia: en el caso de las parejas del mismo sexo, se producen situaciones absurdas y discriminatorias, como que una de las dos mujeres deba cogerse el permiso de maternidad y la otra el de paternidad, o que los dos hombres progenitores deban compartir el permiso de maternidad. La presente reforma persigue también que la ley cumpla con el principio de no discriminación por razón de orientación sexual, y propone recoger lingüísticamente esta sensibilidad mediante un cambio en la terminología: en lugar de hablar de permisos de maternidad y paternidad hablaríamos de "permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus progenitores/as, en casos de nacimiento, adopción o acogida".

La implementación de esta reforma es muy fácil y los efectos inmediatos: las dinámicas que siguen los hombres cambiarán radicalmente; las niñas y niños se educarán en modelos de corresponsabilidad, y disminuirá la discriminación estadística. La ciudadanía comprenderá que el cuidado es asunto de todas las personas en igual medida y la ley dará cabida a los diferentes modelos de familia que existen.

La actual situación económica, lejos de constituir un impedimento para esta reforma, la hace más urgente. La atención a la infancia es más importante, si cabe, cuanto más deteriorada se encuentra la situación material de las familias. En un contexto de precariedad laboral extrema es aún más importante igualar efectivamente el derecho de cada progenitor/a. Ello aumentaría los recursos de muchos hogares, que podrían organizarse para cubrir los primeros meses de la criatura sin comprometer la inserción de las mujeres en el empleo y, por tanto, sin aumentar aún más su penuria. A este respecto, conviene recordar que la familia de un solo sustentador estable es la mayor trampa de pobreza: cuando ese ingreso desaparece, bien sea porque el único sustentador se queda en paro o porque deja de estar presente, la familia aumenta desmesuradamente el riesgo de pobreza. Si a ello añadimos la desprotección de las familias monoparentales, podemos explicarnos que España sea uno de los países con mayores tasas de pobreza infantil de toda la UE (solo superada por Bulgaria, Polonia y Rumanía).

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Tramitar de forma inmediata una reforma integral del sistema de permisos y prestaciones de paternidad y maternidad para el cuidado y atención de menores en casos de nacimiento, adopción o acogida.

2. Que el objetivo de dicha reforma es que, en caso de nacimiento, adopción o acogida, el permiso sea de igual duración para cada cuidador/a; intransferible en su totalidad; con una prestación del 100% de la base reguladora; y con igual protección del puesto de trabajo durante el ejercicio de los derechos de maternidad y paternidad.

3. Que dicha reforma debe establecer ese objetivo y un calendario completo hasta alcanzarlo, mediante el aumento del actual permiso de paternidad hasta alcanzar las 16 semanas, duración actual del permiso de maternidad.

4. Que la citada reforma suponga asimismo un cambio de denominación de los "permisos de maternidad y paternidad? por "permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus cuidadores/as, en caso de nacimiento, adopción o acogida?."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2016.-Nayua Miriam Alba Goveli, Sofía Fernández Castañón, Lucía Martín González, María Isabel Salud Areste, Rita Gertrudis Bosaho Gori, Ángela Rodríguez Martínez y María del Mar García Puig, Diputadas.-Iñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa de la Diputada doña Noelia Vera, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en Pleno, relativa a impulsar el Tercer Sector de la Comunicación y el empoderamiento ciudadano en lo relativo al derecho constitucional a la comunicación.

Exposición de motivos

El Tercer Sector de la comunicación es un agente social fundamental, que cumple un rol insustituible en la ampliación y protección de la diversidad cultural y en la implicación directa de la ciudadanía en los procesos de comunicación social, superando el rol pasivo que tradicionalmente se asigna a las audiencias y fomentando el pluralismo y la reflexión crítica.

Además, tiene un potencial indiscutible en la cohesión e integración social de colectivos en riesgo de exclusión así como para impulsar campañas educativas o de sensibilización para atender necesidades sociales. Así ha sido reconocido por declaraciones de diferentes organismos internacionales como la OSCE, la Unesco, el Parlamento Europeo, o el Consejo de Europa. Ignorando esto, en España existe desde hace décadas un tercer sector excluido y marginado al que se le ha impedido su desarrollo, ya que en vez de reconocerlo y protegerlo como obliga la ley y como se hace en el resto de Europa, ha sido perseguido y hostigado jurídicamente.

En las últimas décadas los adelantos tecnológicos en el terreno de la comunicación han hecho posible democratizar la libertad de prensa al abaratar ostensiblemente los costes de producción para la emisión de información en múltiples soportes, facilitando el empoderamiento en comunicación de la ciudadanía y contribuyendo así a hacer realidad el Derecho a la Comunicación que es un derecho humano emergente y cuya garantía de cumplimiento, como todo derecho fundamental, corresponde a los poderes públicos.

Siguiendo las indicaciones de la Unesco, se hace necesario promover el conocimiento de la realidad mediática para concienciar al conjunto de la ciudadanía acerca de la importancia de los medios de comunicación en el funcionamiento de nuestra sociedad. Es necesario colaborar con la sociedad civil para superar la concepción de una audiencia como consumidora pasiva y fomentar la participación ciudadana en los procesos de comunicación.

El sector de la comunicación ha sido uno de los más duramente golpeados por la crisis económica, con decenas de miles de puestos de trabajo perdidos desde 2008, tasas de paro y precariedad que duplican la media nacional y con peor evolución que otros sectores, cierre de centenares de cabeceras, etc. Esto ha propiciado la aparición de nuevos medios gestionados directamente por profesionales de la información que han apostado por la innovación en sus fórmulas empresariales como las cooperativas mixtas de periodistas y usuarios o medios sin ánimo de lucro con una clara vocación de servicio público. Esto aporta diversidad y pluralidad ayudando a democratizar el espacio comunicacional, factores cuya recuperación es impostergable para la salud de la comunicación en España según nos alertan diferentes estudios internacionales (cfr. "Media Pluralism Monitor" de la Comisión Europea).

La educación mediática es un aspecto muy importante para el empoderamiento de la ciudadanía en comunicación. Su implantación y recorrido en diversos países de nuestro entorno como Reino Unido, Suecia o Finlandia demuestran el impacto positivo que tiene esta en el compromiso cívico, político y social de los jóvenes, siendo un factor potencial fundamental para la urgente regeneración democrática.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar un Programa de Fomento del Tercer Sector de la Comunicación, que contemple las siguientes medidas:

1. Aplicación inmediata de lo dispuesto en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) en referencia a comunicación comunitaria. Resolver la actual situación irregular mediante la aprobación de un Plan Técnico Nacional de TDT que no presente contradicciones con lo


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dispuesto en la citada ley y reserve espacio radioeléctrico específico para este sector. Asignación de licencias provisionales a las emisoras ya existentes como prevé la disposición transitoria 14 de la LGCA.

2. Establecer líneas de ayuda específicas en el sector de la comunicación para víctimas de despidos colectivos, jóvenes emprendedores, y modelos de negocio que apuesten por fórmulas cooperativas diversas que fomenten la participación de periodistas y usuarios en la gestión, priorizando así la importancia de la independencia económica para el ejercicio del periodismo. Estas ayudas deberán asumir como objetivo el fomento de la diversidad de la oferta y la apuesta por la innovación en fórmulas empresariales y de gestión. Dichas ayudas no necesariamente deben implicar nueva inversión, sino, por ejemplo, un reparto de la publicidad institucional transparente y basado en criterios socioeconómicos y deontológicos objetivables.

3. Promover campañas por una audiencia activa fomentando la implicación y participación directa de la ciudadanía en los medios sin ánimo de lucro y de titularidad pública, a través de plataformas digitales interactivas, organismos específicos de participación, proyectos educativos, etc. Se promoverán contenidos educativos específicos sobre comunicación y sociedad.

4. De acuerdo a las recomendaciones marcadas por la UNESCO, impulsar el desarrollo de contenidos sobre educación mediática para el currículo de la educación obligatoria siguiendo los ejemplos exitosos en países de Europa o Norteamérica (e.g. campaña "Media Literacy?)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2016.-Noelia Vera Ruíz-Herrera, Miguel Vila Gómez y Sofía Fernández Castañón, Diputados.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa de la Diputada doña Noelia Vera, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en Pleno, relativa a la reforma del actual modelo de la Corporación de RTVE y sus Sociedades para garantizar su independencia, pluralismo, transparencia y participación social.

Exposición de motivos

El derecho a recibir información veraz y el derecho a acceder y hacer uso de medios de comunicación están protegidos por el artículo 20 de la Constitución Española como derechos fundamentales. El artículo 20.3 establece que la ley regulará la organización de los medios de comunicación social dependientes del Estado y la participación de la sociedad en los mismos, respetando el pluralismo social, político, cultural y lingüístico de España.

Sin embargo, en la práctica, estos derechos están escasamente desarrollados y las denuncias de incumplimiento se multiplican. El modelo organizativo de RTVE no ha sido actualizado en las últimas décadas, prolongándose un modelo obsoleto que no está a la altura de los estándares europeos y no responde a los retos actuales, como la creciente demanda social de transparencia y participación ciudadana o la garantía de pervivencia del servicio público en la era de la comunicación digital multiplataforma de consumo no lineal vía Internet.

La ausencia de un sistema de equilibrios y contrapesos en el organigrama de la corporación que garantice la independencia del ente y la prevalencia del criterio profesional con un modelo basado en la transparencia y en la participación del personal, las personas usuarias y la sociedad civil, ha permitido que las injerencias políticas y la opacidad en el gasto se conviertan en práctica habitual, poniendo en riesgo la propia sostenibilidad del servicio público como vienen denunciando diversas instituciones y los propios trabajadores y trabajadoras del ente desde hace muchos años.

Instituciones internacionales, tanto de carácter patronal como el "International Press institute" (IPJ), como de carácter profesional como la Federación Europea de Periodistas (EJF), la Federación Internacional de Periodistas (IFJ), Reporteros Sin Fronteras (RSF), "Access Info Europe" (AlE), la Federación Estatal de Sindicatos de Periodistas (FeSP) o el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ International), han


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denunciado reiteradamente junto a los propios Consejos de Informativos de RTVE la estrategia de control político de la redacción que desnaturaliza el servicio público y el derecho a la información, imposibilita la independencia profesional del ente y lo aleja de los principios de objetividad, veracidad, pluralismo y rigor deontológico. Estas denuncias y estrategias han tenido eco en repetidas ocasiones en prensa internacional, afectando gravemente a la imagen de España y de su sistema democrático en la comunidad internacional.

Instituciones europeas como la OSCE o el propio Consejo de Europa han denunciado en varias ocasiones la falta de pluralismo y presiones gubernamentales en RTVE.

Más allá del control político, los sindicatos internos vienen denunciando reiteradamente la ineficaz gestión económica del ente, incluyendo numerosos casos de contabilidad opaca, venta de patrimonio en condiciones desfavorables, ausencia de concursos públicos o subastas, externalización a terceros implicados en tramas de corrupción, desproporción en el número de directivos internos y externos así como en su remuneración, o contratación sesgada de redacciones paralelas, entre otros agravios. A día de hoy, una gran parte de los recursos abiertos contra el Consejo de Transparencia los ha hecho RTVE para negarse a dar cuenta públicamente de su contabilidad a los contribuyentes que lo han demandado. De prolongarse esta situación, podría llegar a ponerse en riesgo la propia sostenibilidad del ente, por lo que urge atajar estos problemas.

Pero las dificultades del modelo actual no se limitan a la permisividad del sesgo informativo y la falta de transparencia en la gestión, sino que implican también un fuerte déficit de participación y acceso de la ciudadanía y la sociedad civil que permita al contribuyente valorar la utilidad del servicio público y sentirse vinculado al mismo, así como un abandono del papel de cadena líder como referente informativo, innovador tecnológico y herramienta de proyección internacional de nuestra pluralidad cultural.

La solución a estos problemas requiere ir más allá de la urgente renovación del Consejo de Administración del ente -que debería haberse hecho hace años, durante los cuales buena parte de sus miembros han seguido de forma irregular en funciones- y nos exige hoy acometer una reforma estructural del modelo para adecuarlo a los estándares europeos, respondiendo a los retos inmediatos para garantizar la viabilidad y prestigio del servicio público de radiotelevisión. Más allá de los mecanismos de elección de la administración, lo importante es que su estructura incorpore mecanismos de equilibrio y contrapeso que protejan la toma de decisiones ante presiones políticas, y garanticen una gestión democrática, eficiente y transparente a través de la participación, apertura y permanente rendición de cuentas, precisamente para que el buen funcionamiento y criterio editorial de la corporación sean independientes de su gobierno.

Es necesario, además, dotar al ente de una financiación estable y suficiente que permita acometer con garantías el proyecto de reestructuración y planificación para la producción orientada hacia las nuevas formas de consumo audiovisual en el escenario digital. Para ello, conviene garantizar por ley su estabilidad y cuantía mínima, así como su gestión eficiente. Todo ello se podría resumir en el conocido "modelo BBC" que ha sido reivindicado por los diferentes grupos políticos de esta cámara, y cuyo análisis bien podría servir para inspirar el sentido de esta reforma.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar de manera urgente un debate en sede parlamentaria relativo a la reforma del actual modelo de la corporación RTVE y de sus sociedades para garantizar su independencia, la transparencia y la participación.

2. Promover un acuerdo entre los partidos políticos y la sociedad civil implicada para la reestructuración de RTVE y, en concreto, a modificar la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal, y derogar el Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, de modificación del Régimen de Administración de la Corporación RTVE, estableciendo, al menos, los siguientes mecanismos para la administración democrática y plural del ente:

- Que los consejeros accedan al Consejo de Administración por concurso público en base a méritos y a su trayectoria profesional. La evaluación de cada candidatura individual se hará por un tribunal ad hoc formado por profesionales independientes de acreditada trayectoria, elegidos por sorteo para cada ocasión de entre los propuestos proporcionalmente por cada Grupo Parlamentario. Los informes de evaluación


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serán públicos, así como las sesiones de audiencia ante la correspondiente comisión parlamentaria, donde se aprobarán las candidaturas por mayoría simple.

- En el caso de candidaturas a presidir la corporación, la evaluación se realizará además en base a un proyecto de futuro para RTVE que deberán presentar y defender públicamente. Su nombramiento definitivo necesitará ser ratificado por apoyo de 2/3 del Pleno del Congreso de los Diputados o bien por la mitad más uno de los Grupos Parlamentarios presentes en la Cámara. Para evitar reproducir situaciones de bloqueo como las ocurridas en el pasado, si en un plazo de cuatro meses el Parlamento no hubiera alcanzado acuerdo por ninguna de estas vías, la elección definitiva entre los candidatos de valía ya acreditada que previamente habrían superado la fase de concurso se realizará mediante votación directa de la ciudadanía a través de voto electrónico seguro.

- Para evitar repetir situaciones de secuestro del ente público, el presidente podrá ser destituido por mayoría simple en el Pleno del Congreso.

- Los dos consejeros que representan a los trabajadores de la Corporación en el Consejo de Administración serán elegidos en votación directa específica coincidiendo con la votación del Consejo de Informativos, la Mesa de Producción, o el referéndum sobre el Jefe de Informativos, que pasará a tener carácter vinculante.

- Cada Grupo Parlamentario podrá designar un solo representante en el Consejo de Administración. Esta representación directa de los grupos políticos no superará nunca el 49% de la totalidad del Consejo, asegurando así una mayoría de Consejeros no procedentes de partidos políticos que representen a la sociedad civil, audiencia y trabajadores del ente, para fomentar mayor participación, pluralismo, independencia y transparencia.

- El Defensor de la Audiencia, elegido por la ciudadanía en votación directa a través de voto electrónico y seguro, formará parte directamente del Consejo de Administración. Su misión será fomentar y coordinar la participación directa de la audiencia en la gestión del ente a través de las tecnologías interactivas multiplataforma, y garantizar la disponibilidad de toda la información relacionada con el mismo. Así, fomentará la implicación con el servicio público y la relevancia del mismo en el nuevo escenario digital y de consumo móvil multiplataforma.

- El compromiso de administración de RTVE supone un contrato con la ciudadanía y las instituciones públicas, de lo que se deriva que su incumplimiento debe ser penalizado jurídicamente según el grado y naturaleza de la falta.

- Entre las competencias del Consejo de Administración, estará la aprobación de los nombramientos de todos los directivos de la corporación, el visto bueno al mandato marco y al contrato-programa y aprobar los informes trimestrales del servicio público y los resultados de las auditorías, así como vigilar el cumplimiento de los mecanismos de participación social y transparencia.

- Se creará un Consejo Social amplio para sustituir al actual Consejo Asesor, dotado de mayores competencias, a través del cual la sociedad civil podrá participar en la fijación de los principios generales de gestión de la radiotelevisión pública y vigilar su cumplimiento. Sus miembros serán propuestos y votados por asociaciones sin ánimo de lucro representativas de sectores significativos de la sociedad española. Dos de sus miembros serán elegidos en votación directa por la ciudadanía a través de voto electrónico seguro. Entre las competencias del Consejo Social estará la supervisión del derecho de acceso general y específico, la garantía del correcto cumplimiento de los derechos humanos y sociales recogidos en la Constitución Española y la aprobación de los informes sobre el cumplimiento del servicio público en función de los compromisos fijados por contrato-programa. Este Consejo Social estará representado en el Consejo de Administración del ente a través de dos portavoces que rotarán anualmente.

- Las actas del Consejo Social y el Consejo de Administración serán públicas, y sus respectivos presidentes rendirán cuentas públicamente al menos una vez por trimestre a través de informes accesibles a todos los contribuyentes. El Consejo Social podrá cesar miembros de cualquiera de los dos consejos si detecta conflictos de intereses o incumplimiento de funciones y compromisos. La ciudadanía podrá valorar y proponer actuaciones en ambos consejos a través de plataformas digitales interactivas coordinadas por el Defensor de la Audiencia.

- Se programarán espacios sistemáticos específicos en horario relevante para hacer realidad el Derecho de Acceso a medios de los grupos políticos y sociales significativos como exige la Constitución Española, en la programación general y en los servicios interactivos, tanto a nivel estatal como en las desconexiones territoriales.


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- El Consejo de Administración elaborará un estatuto de la carrera profesional del servicio público en colaboración con todas las representaciones legítimas de los diversos cuerpos laborales y profesionales, basado en criterios exclusivos de mérito y capacidad para la promoción objetivable por concurso abierto y baremo público para todos los puestos.

- Se reforzará la participación de los trabajadores en un sistema de equilibrios y contrapesos dotando de poderes reales a los órganos de control interno. Los Consejos de Informativos, los Consejos de Programación y la Comisión Mixta de Producción Interna informarán al Consejo Social sobre la adecuación de los contenidos a la misión de servicio público.

3. Promover la modificación de la Ley 8/2009, de 28 de agosto, de financiación de la Corporación de Radio y Televisión Española, para establecer:

- Un estricto Reglamento de incompatibilidades y transparencia que ayude a prevenir cualquier conflicto de intereses. Todo gasto contable deberá figurar en un portal web de transparencia permanentemente accesible y actualizado cada tres meses, incluyendo todos los salarios, el coste detallado y completo de toda la programación y todos los contratos de externalización. Todos los Consejeros y Directivos publicarán periódicamente sus bienes y actividades hasta un año después de abandonar la corporación.

- Un sistema de auditoría semestral con participación rotativa de los propios profesionales de la Corporación y la sociedad civil, así como mecanismos que garanticen el cumplimiento íntegro de la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información política y buen gobierno.

- La reducción del organigrama a un máximo de 35 direcciones y subdirecciones, limitando a un 30% del total de cargos el número de cargos directivos externos.

- Se garantizará financiación suficiente para la prestación del servicio público a través de contratos-programa plurianuales que permitan acometer las reformas de calado necesarias para la recuperación de la visibilidad internacional como referente del mundo hispanohablante y la urgente transición hacia el espacio de comunicación digital.

- Como medida urgente para resolución del déficit, el nuevo Consejo de Administración presentará al Parlamento en el plazo de tres meses una evaluación detallada del coste de las obligaciones y misiones de servicio público, establecidas legislativamente y desarrolladas en el Mandato Marco, junto a un plan para eliminar el déficit. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) realizará las aportaciones necesarias para garantizar el equilibrio presupuestario, al menos al nivel correspondiente al ejercicio de 2014. Como dispone el artículo 2.2 de la Ley 8/2009 de financiación, se habilitarán de urgencia los créditos necesarios para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones de servicio público.

- El cumplimiento de la producción propia encomendada en la ley actual, además de un plan de inversión en producción propia para el ámbito digital. Asunción directa de los programas esenciales del servicio público, impidiendo la externalización de servicios informativos. El Consejo Social supervisará el equilibrio entre estos niveles de producción propia y el papel dinamizador en los sectores productivos audiovisuales independientes en España para fomentar la creación de empleo de calidad.

- El desarrollo de nuevos formatos pensados para el consumo no lineal, móvil, e interactivo a través de nuevas plataformas, en sinergia con la programación lineal, maximizando la participación del público con influencia real y directa en la orientación de los servicios. Se aprovechará la interactividad para testar su valor añadido, para proveer un servicio público multimedia y multiplataforma y evitar la marginación del servicio público en los nuevos entornos de consumo, como dispositivos móviles, plataformas de pago, etc. Trasponer al mundo "on line? las funciones clásicas del servicio público y facilitar el acceso universal a contenidos digitales, a través de un plan estratégico para la era digital, concretado en los mandatos-marco y los contratos programa.

- La promoción y puesta en valor del archivo histórico de RTVE, facilitando a toda la ciudadanía el acceso permanente "on line? para fines no comerciales.

- La promoción de RTVE como herramienta capital en la cooperación cultural exterior de España y una plataforma esencial en la proyección de las culturas españolas hacia el mundo entero, con atención a la máxima calidad de su oferta, especialmente en la relación con la Unión Europea y el mundo hispanohablante.

- La habilitación de criterios de desgubernamentalización similares a estos en la agencia pública de noticias EFE, que garanticen independencia, participación y transparencia en la gestión.


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- La habilitación de protocolos de cooperación y fomento desde el sector público a los medios del tercer sector de la comunicación (sin ánimo de lucro), lo que inexorablemente exige el cumplimiento de la actual Ley General de Comunicación Audiovisual (LGCA) en lo relativo al reconocimiento de los mismos siguiendo el ejemplo de la mayoría de los países europeos y las recomendaciones marcadas por la Unesco."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2016.-Noelia Vera Ruíz-Herrera, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Francesc Homs i Molist, en su calidad de Diputado del Partit Demòcrata Català, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su discusión en el Pleno, una Proposición no de Ley para hacer frente a la crisis humanitaria de los refugiados.

Antecedentes

El pasado mes de julio se cumplió un año del primer acuerdo del Consejo Europeo sobre reubicación y reasentamiento de personas solicitantes de asilo y es increíble, inexplicable e indignante la pasividad de las autoridades europeas y españolas para llevar a cabo este proceso.

Hasta el momento, se han realizado poco más de 3.000 reubicaciones y poco más de 7.000 reasentamientos, y es evidente, que estas cifras están muy lejos de los compromisos alcanzados en julio del año pasado y de los ampliados en septiembre.

La Guardia costera italiana por ejemplo, informaba a finales de agosto de este año, concretamente el día 30, que había coordinado el rescate de unos 6.500 migrantes a lo largo del día, en un solo día, en el Mediterráneo, frente a las costas libias. En la misma jornada, cerca de 460 desplazados llegaban a las islas griegas desde Turquía, a pesar del acuerdo que la UE cerró con Ankara en marzo para cerrar la ruta. Está claro que el volumen de demanda y las necesidades siguen su curso y que la actitud y la práctica de las autoridades europeas una senda muy distinta.

El pasado 2 de septiembre el Congreso de los Diputados y otras instituciones y administraciones del Estado se sumaban a la campaña "#Light4Refugees" promovida por la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado en el aniversario de la muerte del niño sirio de tres años, Aylan Kurdi, que apareció ahogado en una playa de Turquía, y en recuerdo de todas las víctimas de la crisis humanitaria de refugiados fallecidos en el Mediterráneo. Y tras un año, ¿qué ha cambiado?

En 2016 han muerto cerca de 3.000 personas en el Mediterráneo en su intento por alcanzar Europa y poner su vida a salvo del conflicto y la pobreza. Una cifra cercana a las que la UE ha conseguido reubicar desde el pasado septiembre. De seguir con este ritmo, la UE tardaría 43 años en cumplir con las reubicaciones a las que se comprometió. Y los niños representan un porcentaje desproporcionado y creciente de todos los desplazados. Entre 2005 y 2015 el número de niños refugiados se ha duplicado y hoy, suponen casi la mitad de todos los refugiados que hay en el mundo. Además, cada vez hay más menores que cruzan solos las fronteras: en 2015 unos 100.000 niños no acompañados solicitaron asilo en 78 países, el triple que en 2014.

La realidad no se corresponde ni con la actuación de la UE ni con los acuerdos alcanzados, los ha superado y los supera cada día. En 2015 las personas que llegaron a Europa pasaron del millón y durante este año, esta cifra asciende ya a más de 245.000 según la Organización internacional para las Migraciones (OIM).

Ni la UE ni el Gobierno español están siendo capaces de estar altura y no parecen tener voluntad de poner remedio a esta crisis humanitaria que afecta a millones de personas.

Las decisiones y las acciones parecen estar más dirigidas a impedir la llegada de solicitantes de asilo que en ofrecer un lugar de acogida digno. Tanto la UE como el Gobierno español deberían asumir su responsabilidad y poner todos los medios necesarios para agilizar los procesos de reubicación y


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reasentamiento, para atender a millones de personas que buscan y necesitan refugio, así como para abordar las causas de sus desplazamientos forzados.

Los últimos acontecimientos en Turquía suponen además, una nueva muestra de que este no es un país seguro y que no ofrece las mínimas garantías de acogida para los refugiados que son expulsados desde Grecia. La UE debería hacer marcha atrás en su acuerdo y centrar sus esfuerzos en garantizar la protección internacional de quienes huyen de la guerra.

A pesar de la inacción del Gobierno español para acoger a las personas refugiadas, otras administraciones como por ejemplo la Generalitat de Catalunya, han manifestado reiteradamente su voluntad de contribuir, mejorar y resolver la situación de estas personas y han impulsado actuaciones para participar e intervenir activamente, en el caso de la Generalitat, amparada en el artículo 138 del Estatuto de Autonomía de Catalunya que le reconoce competencias de acogida e integración de personas extranjeras.

La decisión de los Ministros de Justicia e Interior de la UE para reubicar 160.000 demandantes de asilo, en un periodo de dos años, supondrá que los estados miembros recibirán 6.000 euros/año por persona acogida. El Estado español deberá asumir 17.000 personas refugiadas por el flujo migratorio que puede suponer esta reubicación, y a Catalunya podrían llegar unas 5.000 personas.

Ante esta crisis humanitaria tanto las administraciones autonómicas como las administraciones locales han mostrado su predisposición a colaborar en el reasentamiento y reubicación de personas refugiadas de manera solidaria. Pero para que además esta voluntad sea efectiva, el Gobierno del Estado debería operar activamente y de manera leal en esta materia, con estas otras administraciones, de forma coordinada, facilitando información, datos, posibilitando la previsión, la toma de decisiones lo más próximas posibles al proceso de acogida e integración, y transfiriendo los recursos procedentes de la UE para la efectiva atención de estas personas.

La comunidad internacional ha tenido este mes de septiembre dos importantes oportunidades en las que asumir compromisos de respuesta a esta terrible crisis. Los acuerdos adoptados tanto en la cumbre de las Naciones Unidas como en la cumbre convocada por el Presidente Obama, contribuirán a la toma de decisiones y medidas para proteger y garantizar los derechos de las personas migrantes y refugiadas pero probablemente, sea necesario complementar estos acuerdos, aprovechar nuevas oportunidades para seguir avanzando, para que los compromisos se concreten en mayor medida y para que efectivamente se dé una respuesta adecuada al reto que representa la crisis humanitaria a la que nos enfrentamos.

Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata Català presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de forma urgente a:

- Asumir los compromisos adoptados en las dos cumbres de alto nivel celebradas los días 19 y 20 de septiembre (convocadas por Naciones Unidas y por el Presidente de EE.UU) de modo que se materialicen de forma urgente e inmediata para garantizar y proteger los derechos de las personas migrantes y refugiadas, en la peor crisis humanitaria desde la Segunda Guerra Mundial. Y a desarrollar un rol proactivo para el establecimiento de compromisos concretos, en cualquier reunión que en el ámbito internacional, se lleve a cabo con el objetivo de atender y mejorar la situación de las personas migrantes demandantes de refugio.

- Impulsar y apoyar la revisión y adecuación del Reglamento de Dublín, en el marco de la reforma y construcción de un auténtico Sistema Europeo Común de Asilo, de modo que responda al volumen de la demanda, suponga un reparto de responsabilidades sostenible y garantice una tramitación ágil.

- Retirar el apoyo de España al acuerdo entre la UE y Turquía instando de forma inmediata a la suspensión de su aplicación y a su impugnación ante las vías existentes al efecto.

- Acoger de forma inmediata en España y en condiciones dignas, a las personas refugiadas que se encuentran en Grecia e Italia en cumplimiento de los acuerdos de reubicación adoptados por el Consejo Europeo.

- Poner en marcha vías legales y seguras de acceso al procedimiento de asilo: habilitando la posibilidad de solicitar asilo en embajadas y consulados españoles; facilitando la emisión de visados humanitarios y de estudios; cumpliendo los compromisos adquiridos en materia de reasentamiento y aprobando un programa ambicioso y permanente de reasentamiento; y flexibilizando los requisitos de reagrupación familiar.


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- Eliminar los obstáculos para el acceso al derecho de asilo poniendo fin a las devoluciones colectivas y sumarias de personas migrantes y refugiadas en las fronteras de Ceuta y Melilla, y suprimiendo la exigencia de visado de tránsito aeroportuario impuesto en 2011 a personas de nacionalidad siria.

- Implementar acciones concretas para mejorar la protección de los menores refugiados como acabar con la detención de niños migrantes, mantener unidas a las familias para proteger a los menores, conceder a los menores la misma protección que al progenitor solicitante aunque no conste la conformidad del otro progenitor por no estar localizable, o cuando la madre haya obtenido protección por violencia de género, y garantizar el acceso a la educación a todos ellos.

- Trasponer inmediatamente las directivas europeas en materia de asilo y aprobar urgentemente el Reglamento que desarrolla normativamente la Ley de Asilo, pendiente desde hace años.

- Adoptar un Plan de Acogida e Integración con medidas concretas tales como la revisión de la legislación y práctica en materia de asilo, para garantizar procedimientos con todas las garantías en línea con los estándares internacionales, entre otras.

- Dotar de las mismas ayudas económicas a los refugiados, con independencia de que se alojen en recursos de gestión directa de la Administración o indirecta (Organizaciones no Gubernamentales).

- Incorporar personal a la plantilla de la Oficina de Asilo y Refugio para ocupar puestos de intérpretes con la cualificación necesaria, y renovar su sistema informático para mejorar la gestión y publicación de las estadísticas sobre protección internacional, diferenciando los datos sobre género o pertenencia a colectivos vulnerables e incluyendo los tiempos medios de resolución de los expedientes.

- Facilitar y compartir la información sobre las personas refugiadas que llegarán a España con las Comunidades Autónomas.

- Posibilitar y fomentar una participación activa de otras administraciones para que trabajen en coordinación con el resto de actores que intervienen en la acogida e integración y reforzar sus servicios para acoger e integrar con éxito a las personas refugiadas, adaptándolos a los perfiles de personas vulnerables tales como víctimas de tortura, trata, violencia de género o menores.

- Establecer protocolos de cofinanciación con la Generalitat de Catalunya para que ésta pueda gestionar los fondos procedentes de la UE para la acogida de personas refugiadas.

- Implantar procedimientos de evaluación del sistema de acogida que permitan valorar si se responde adecuadamente a las necesidades de integración de los refugiados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

162/000152

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Estrategia Nacional de la Justicia, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

En un Estado de Derecho, la Justicia es el verdadero garante de la libertad y la igualdad de los ciudadanos. Por ello, es una obligación democrática que la Administración de Justicia actúe con agilidad y eficacia para que ningún derecho quede menoscabado. En los últimos años se ha emprendido una profunda modernización y actualización de las principales normas que regulan la respuesta judicial ante los delitos. La Justicia tiene que seguir siendo una institución de referencia, cumpliendo con su misión de servicio público. Es fundamental consolidar el marco jurídico, poniendo al servicio del ciudadano y de los diferentes profesionales implicados un objetivo común: asegurar que la justicia sea ágil, cercana e independiente y continúe siendo la garantía del respeto a los derechos de todos.

Entendemos que la calidad de la Justicia compete a toda la sociedad y a todos los partidos, siendo ineludible el desarrollo de una gran Estrategia Nacional que refleje la realidad de la sociedad española de hoy y las demandas de los ciudadanos y de los profesionales de la Justicia.


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Es necesario que los esfuerzos del Gobierno, estén siempre orientados a reforzar el Estado de Derecho, la lucha contra la corrupción y el terrorismo, así como la persecución del delito.

Asimismo se debe involucrar a todos los actores del sector, junto con las distintas fuerzas políticas que representan a los ciudadanos, utilizando el diálogo como pieza clave para diseñar esta Estrategia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Promover el diseño de una Estrategia Nacional de Justicia, partiendo del dialogo y el consenso entre los distintos grupos parlamentarios y actores: el Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, los operadores jurídicos y las Administraciones Públicas en las que tanto el Ministerio de Justicia como las Comunidades Autónomas con competencias transferidas, tienen una gran responsabilidad.

2. Potenciar una Justicia eficiente y de calidad, acorde a la realidad del siglo XXI, que la fortalezca como servicio público de calidad orientado a las necesidades de los ciudadanos.

3. Priorizar la atención a las víctimas y a los colectivos más desfavorecidos, en sus relaciones con la Justicia.

4. Constituir una mesa para la elaboración y el seguimiento de la Estrategia que, con la participación de todos los actores implicados, tenga la responsabilidad de analizar el cumplimiento de dicha Estrategia y de sus objetivos, así como de realizar las recomendaciones oportunas para el desarrollo de la misma."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de septiembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

162/000153

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata Català Francesc Homs i Molist, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su discusión ante el Pleno, una Proposición no de Ley sobre el traspaso de infraestructuras ferroviarias a la Generalitat de Catalunya.

La distribución competencial entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas relativa a transporte ferroviario se basa en un doble criterio: Por un lado el de base territorial, proyectado sobre las infraestructuras y los servicios que transcurren íntegramente por el territorio de una determinada Comunidad Autónoma; y por otro, el de interés general, que se predica de unas determinadas infraestructuras ferroviarias, en términos análogos a lo que sucede con los puertos, los aeropuertos, o las infraestructuras viarias.

A este respecto el artículo 149.1.21 de la Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva sobre los ferrocarriles que transcurren por el territorio de más de una Comunidad Autónoma. Por su parte, el artículo 149.1.24 le atribuye la competencia exclusiva sobre las obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.

Este marco competencial se completa con las previsiones de los diferentes Estatutos de Autonomía; en el caso de Catalunya, su artículo 140 atribuye a la Generalitat la competencia exclusiva sobre las infraestructuras de transporte, en el territorio de Catalunya, que no tengan la calificación legal de interés general.

Y el apartado 6 añade que, en materia de red ferroviaria, corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva respecto las infraestructuras de las que es titular y la participación en la planificación y la gestión de las infraestructuras de titularidad estatal situadas en Catalunya, de acuerdo con lo previsto en la normativa estatal.

Esta atribución competencial se completa con el artículo 169, relativo a la materia transportes, que otorga a la Generalitat la competencia exclusiva sobre los transportes terrestres de viajeros y de mercancías por ferrocarril que transcurran íntegramente por el territorio de Catalunya, con independencia de la titularidad de la infraestructura.


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En cuanto al alcance de estas competencias hay que tener en cuenta tanto lo que determina la legislación sectorial de ámbito España y de ámbito Catalunya, como la delimitación realizada por el Tribunal Constitucional en sus sentencias.

En la legislación estatal, la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario, define en su artículo 4 la Red ferroviaria de Interés General como la integrada por las infraestructuras ferroviarias que resulten esenciales para garantizar un sistema común de transporte ferroviario en todo el territorio del Estado o cuya administración conjunta resulte necesaria para el correcto funcionamiento del sistema común de transporte, como las vinculadas a los itinerarios de tráfico internacional, las que enlacen las diferentes comunidades autónomas y sus conexiones y accesos a los principales núcleos de población y de transporte o a instalaciones esenciales para la economía o la defensa nacional.

En el caso singular de Catalunya, determinados servicios ferroviarios de competencia de la Generalitat transcurren por infraestructuras ferroviarias que actualmente están integradas en dicha Red ferroviaria de Interés General.

Se trata, en síntesis, de los servicios de transporte de viajeros por ferrocarril de cercanías de Barcelona y los servicios ferroviarios regionales de transporte de viajeros sobre la red de ancho ibérico de la red ferroviaria de interés general, que fueron objeto de traspaso mediante, respectivamente, el Real Decreto 2034/2009, de 30 de diciembre, y el Real Decreto 1598/2010, de 26 de noviembre.

A este respecto la normativa catalana, fundamentalmente recogida en la Ley 4/2006, ferroviaria, establece un concepto, el del Sistema Ferroviario de Catalunya, que delimita en los siguientes términos:

"1. El Sistema Ferroviario de Catalunya está configurado por las infraestructuras y los servicios de transporte ferroviario a que hace referencia este artículo.

2. Los servicios de transporte del Sistema Ferroviario de Catalunya son los que circulan por las infraestructuras ferroviarias:

a) Las de titularidad de la Generalitat.

b) Las de titularidad de la Administración General del Estado o de las entidades públicas que están adscritas a si los servicios de transporte tienen su origen y destino dentro del territorio de Catalunya, aunque circulen por vías conectadas a la red general del Estado, de acuerdo con la distribución de competencias vigente en esta materia.

c) Las de titularidad de las administraciones locales.

d) Las de titularidad privada situadas íntegramente dentro del territorio de Catalunya.

3. Las infraestructuras del Sistema Ferroviario de Catalunya son aquellas a que se refieren las letras a), c) y d) del apartado 2 y aquellas a las que se refiere la letra b del apartado 2 la titularidad sea traspasada a la Generalitat o a las administraciones locales."

Como se señalaba anteriormente, esta distribución competencial ha sido delimitada, por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, fundamentalmente recogida en la Sentencia 245/2012, de 18 de diciembre, por los recursos interpuestos por diferentes comunidades autónomas, entre ellas Catalunya, contra la Ley 39/2003, del sector ferroviario.

Es de resaltar que el Tribunal Constitucional confirma que el criterio territorial debe complementarse con el del interés general, en su caso, y esto es trascendente, con el del interés autonómico, en los siguientes términos:

"Cuando las infraestructuras ferroviarias sean de interés general la competencia para su ordenación y su realización corresponde al Estado (art. 149.1.24 CE), y cuando sean de interés de una Comunidad Autónoma, la competencia corresponderá a esta Comunidad (art. 148.1.4 CE)."

La doctrina fijada en la materia por el Tribunal Constitucional señala, respecto a la delimitación de las líneas que pueden ser susceptibles de ser traspasadas, que:

"La simple circunstancia de que el itinerario de una línea férrea atraviese más de una Comunidad Autónoma no debe determinar por sí sola la incorporación de esta línea en la red estatal."

A lo que añade, en el sentido de enunciar de qué manera se pueden complementar las competencias de ambas administraciones sobre una infraestructura ferroviaria que exceda del territorio autonómico:


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"No se trata de que, en virtud de la flexibilización de una concepción rígida del criterio territorial, una comunidad autónoma pueda extender su competencia a una infraestructura ferroviaria que se encuentre fuera de su territorio, sino de que la cooperación y la coordinación de las entidades competentes son imprescindibles para alcanzar la finalidad plenamente constitucional de la integración de las redes férreas que resulten de la competencia estatal y autonómica."

En este sentido hay que tener en cuenta que la Administración General del Estado ha determinado que líneas ferroviarias integran la Red Ferroviaria de Interés General (REFIG) mediante la Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba el Catálogo de líneas y tramos de la REFIG.

Por lo tanto, es una norma de rango reglamentario, una Orden del Ministerio de Fomento, la que determina y concreta, en base a los criterios fijados por la Ley, qué líneas ferroviarias resultan calificadas de interés general, como integradas en la REFIG.

De acuerdo con el marco constitucional y estatutario expuesto, y con el fin de garantizar la adecuada prestación de estos servicios ferroviarios, resulta necesario que la Generalitat de Catalunya asuma la competencia plena sobre las infraestructuras ferroviarias que sean de interés para Catalunya, con la dotación económica correspondiente y la adscripción de los medios materiales y humanos necesarios.

Se trata, en concreto, de las infraestructuras ferroviarias correspondientes a los corredores siguientes:

- Nus de Castellbisbal-Arc de Triomf.

- Arc de Triomf-Mataró-Maçanet Massanes.

- Arc de Triomf-Montcada bifurcació.

- Montcada bifurcació-Manresa-Lleida Pirineus.

- Ramal de acceso a Cerdanyola Universitat.

- Montcada bifurcació-Puigcerdà.

- St. Vicenç de Calders-Vilanova-Passeig de Gràcia-Nus de Mollet.

- Passeig de Gràcia-Estaciò de França.

- El Prat de Llobregat-Aeroport.

El indudable interés autonómico que concurre justifica la aplicación del artículo 4.3 de la citada Ley del Sector Ferroviario, en tanto en cuanto dispone que el Ministro de Fomento podrá excluir, previo informe de las comunidades autónomas afectadas, una determinada infraestructura ferroviaria de la Red Ferroviaria de Interés General siempre que hayan desaparecido los motivos de interés general que justificaron su inclusión en aquella.

Para hacer efectiva esta previsión legal el Ministerio de Fomento debe modificar la Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba el Catálogo de líneas y tramos de la Red ferroviaria de Interés General, en el sentido de que las infraestructuras de constante referencia se excluyan del anexo del mismo, que recoge el conjunto de líneas y tramos que garantizan un sistema común de transporte ferroviario y cuya administración conjunta resulta necesaria para su correcto funcionamiento.

Una vez excluidas dichas infraestructuras en los términos planteados, las mismas deben ser traspasadas a la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con las determinaciones del artículo citado de la Ley del sector ferroviario.

En este sentido el traspaso de las infraestructuras ferroviarias mencionada debe venir integrado con los medios materiales y humanos vinculados y con la dotación económica correspondiente, tanto para su administración y mantenimiento como la destinada a llevar a cabo las inversiones necesarias para su adecuación y mejora, cifrada ésta última en 6.225 millones de euros.

Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata Català presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Modificar la Orden FOM/710/2015, de 30 de enero, por la que se aprueba el Catálogo de líneas y tramos de la Red ferroviaria de Interés General, excluyendo de su anexo las infraestructuras ferroviarias que se enumeran a continuación, por las que discurren los servicios de cercanías y de regionales de competencia de esta comunidad autónoma:

- Sant Vicenç de Calders-Barcelona Estaciò de França.


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- Lleida Pirineus-L'Hospitalet de Llobregat.

- Montcada Bifurcació-Puigcerdà Frontera Francesa.

- Cerdanyola Universitat-Cerdanyola del Vallès.

- Castellbisbal Agulla Molins-L'Hospitalet de Llobregat.

- L'Hospitalet de Llobregat-Bellvitge (agulla km 674,8).

- El Prat de Llobregat-Aeroport.

- Bifurcació Sagrera-Bifurcació El Clot.

- Montcada-Bifurcació-Bifurcació Aigües.

- Bifurcació Glòries-Bifurcació Vilanova.

- Bifurcació Sagrera-Bifurcació Aragó.

- Bifurcació Sagrera Mollet-Sant Fost.

- Bifurcació Sagrera-Maçanet Massanes.

2. Acordar con el Gobierno de la Generalitat de Catalunya el traspaso integral de estas infraestructuras ferroviarias, de los medios materiales y humanos vinculados, y la dotación económica correspondiente, tanto para su administración y mantenimiento como la correspondiente a las inversiones necesarias para su adecuación y mejora, cifrada esta última en 6.225 millones de euros.

3. Prever una segunda fase que incluirá el resto de corredores de la red convencional, los cuales son usados por los servicios de Rodalies y por el servicio de Regionales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata Català Francesc Homs i Molist, y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su discusión ante el Pleno, una Proposición no de Ley por la que se insta al Ministerio de Fomento, a Adif y a Renfe operadora a cumplir con los compromisos de inversión en el servicio de Rodalies y Regionales, en Catalunya.

Desde 2009, la Generalitat de Catalunya es la administración encargada de prestar el servicio de transporte de viajeros de Rodalies. Para hacer posible este traspaso, el 8 de febrero de 2010, se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya y Adif en el que se garantiza la disponibilidad de la capacidad sobre la Red Ferroviaria de Interés General (RFEIG) para la circulación de los servicios de Rodalies.

Posteriormente, en noviembre de 2010, se traspasa también el servicio de Regionales a la Generalitat de Catalunya. Por ello, el 23 de diciembre de 2010, se añade una adenda al acuerdo para garantizar la disponibilidad de las vías por las que se prestan los servicios de Regionales.

Esta obligación de garantizar el derecho a utilizar la capacidad concedida y la utilización de la infraestructura ferroviaria emana de la normativa comunitaria que ha sido traspuesta por la legislación española. En el caso de los servicios de Rodalies y de Regionales, Adif, como administrador de la infraestructura, es la administración que tiene la obligación de su puesta de disposición de la Generalitat de Catalunya.

A pesar de sus obligaciones legales, Adif no cumple con su misión al no poner una infraestructura ferroviaria fiable a disposición de la Generalitat de Catalunya. Ello se debe a las manifiestas deficiencias de esta infraestructura. Este incumplimiento legal hace que el servicio de Rodalies y de Regionales no pueda ser fiable. Solo entre marzo de 2012, y febrero de 2016, se han producido 1.597 retrasos de más de 100 minutos en el servicio de Rodalies y de Regionales directamente atribuibles a la deficiencia de la infraestructura administrada por Adif. Las causas son diversas, atribuibles a la infraestructura y los elementos que la componen, ya sea la propia vía, la catenaria, o los sistemas de electrificación, de señalización o telecomunicaciones.


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Precisamente, para mejorar la infraestructura, el acuerdo entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya y Adif, para la utilización de la capacidad de infraestructura ferroviaria de Rodalies de Barcelona, incluye una cláusula quinta. Esta cláusula establece que las partes deben suscribir un protocolo adicional en el que se establezcan los compromisos de calidad asumidos por Adif en relación a la capacidad adjudicada, así como los efectos económicos derivados su incumplimiento. Esta cláusula nunca se ha desarrollado.

Ante las deficiencias de la infraestructura y los incumplimientos de Adif, la Generalitat de Catalunya consiguió alcanzar un acuerdo en 2013, con el Ministerio de Fomento para la ejecución de actuaciones prioritarias en la RFIG para mejorar la seguridad, funcionalidad y fiabilidad del servicio de Rodalies de Catalunya. Estas actuaciones contaban con una inversión comprometida por la Administración General del Estado de 306 millones de euros a ejecutar entre 2014 y 2016. A falta de medio año para que termine este periodo, solo el 4% de las inversiones previstas, en términos de inversión, se encuentra en servicio, un 22% en ejecución o con obras contratadas pendientes de inicio, restando, por lo tanto, el 74% en proyecto, en fase de contratación o simplemente pendientes.

Los incumplimientos no se quedan aquí. El acuerdo del 8 de febrero de 2010, tiene una cláusula sexta que prevé la suscripción de un convenio entre Adif, Renfe-Operadora y la Generalitat de Catalunya para mejorar las estaciones de Rodalies. A pesar de la reiterada reivindicación de la Generalitat para formalizar este convenio, la Administración General del Estado ha hecho caso omiso.

Los ciudadanos de Catalunya son los que pagan los incumplimientos y desidia por parte de la Administración General del Estado, y muy particularmente de Adif, al no hacer las inversiones necesarias para poder realizar un transporte de pasajeros por ferrocarril adecuado.

Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata Català presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento, a Adif y a Renfe Operadora a realizar las inversiones necesarias en la Red Ferroviaria de Interés General en Catalunya para que el servicio de Rodalies y Regionales sea digno y supere la actual situación de continuas incidencias y mala calidad del servicio. Dichas inversiones se deberán efectuar en colaboración con la Generalitat de Catalunya o bien transfiriendo directamente los recursos a la Generalitat para que sea esta administración la que las ejecute.

2. El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento y Adif, a hacer efectiva la cláusula quinta del acuerdo, de 8 de febrero de 2010, entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya y Adif, para la utilización de la capacidad de la infraestructura ferroviaria de Rodalies de Barcelona, en la que las partes deben suscribir un protocolo adicional en el que se establezcan los compromisos de calidad asumidos por Adif en relación con la capacidad adjudicada, así como les efectos económicos que se derivarían del incumplimiento de estos.

3. El Congreso de los Diputados insta a Adif, y Renfe-Operadora, a hacer efectiva la cláusula sexta del acuerdo, de 8 de febrero de 2010, entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya y Adif para la utilización de la capacidad de la infraestructura ferroviaria de Rodalies de Barcelona, en las que Adif y Renfe-Operadora y la Generalitat de Catalunya deben suscribir un convenio para la prestación de servicios en estaciones de Rodalies.

4. El Congreso de los Diputados insta a Adif a dar cumplimiento inmediato a los compromisos de inversión en actuaciones urgentes, asumido por la Ministra de Fomento en 2013, de los cuales en julio de 2016 solo se había ejecutado el 4,1%."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de septiembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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162/000157

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el soterramiento de las vías de Renfe a su paso por Sant Feliu de Llobregat, para su debate en Pleno.

El soterramiento de las vías de Renfe a su paso por el casco urbano de la ciudad de Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat) es una reivindicación histórica con más de treinta años de vigencia basada en el peligro que supone un paso a nivel a cielo abierto que divide el municipio en dos y que ha provocado multitud de atropellos mortales en los últimos años.

La necesidad del soterramiento de las vías ya ha sido recogida en diferentes documentos presupuestarios y convenios. El primero de ellos data de 1998, cuando los presupuestos generales del Estado de aquel año recogieron por primera vez una partida presupuestaria destinada al soterramiento de la línea férrea a su paso por la localidad de Sant Feliu de Llobregat. Dos años después, en 2000, se redacta por parte del Ministerio de Fomento el primer proyecto que no llegó a completar su tramitación administrativa ni los acuerdos de financiación. El 15 de junio 2006, se firma el Convenio conjunto entre el Ministerio de Fomento, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat por el que se establecen los compromisos de obra y los criterios de financiación por parte de las tres administraciones (DOGC número 4832). Finalmente, en 2010, se elabora el proyecto constructivo de integración del ferrocarril que completa toda la tramitación administrativa y ambiental, quedando únicamente pendiente la consignación presupuestaria para su licitación.

Sin embargo, el documento final del Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, PITVI 2012-2024, formulado y publicado recientemente por Resolución de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, de 5 de mayo de 2015, no contempla dicha operación. Es en ese contexto que el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat ha considerado absolutamente necesario convocar la reunión de la Comisión de seguimiento del citado Convenio de 2006, con el objetivo de darle cumplimiento y por tanto llevar a cabo las actuaciones necesarias para la cobertura de las vías del ferrocarril a su paso por el núcleo urbano de Sant Feliu de Llobregat así como para la urbanización de los espacios que genere esta cobertura.

La reunión de la Comisión se realizó el día 17 de mayo de 2016, en la sede del Ministerio de Fomento, con presencia de todas las partes firmantes del Convenio, en la cual los representantes del Estado anunciaron que en breve harían llegar una propuesta de soterramiento, de un tramo inferior al del proyecto constructivo.

Esta propuesta fue recibida por la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento pocos días después, y tras su análisis, se trasladó al Ministerio una valoración negativa, ya que no solo no se resolvían los graves problemas de cicatriz urbana, sino que esta incrementaba en algunos puntos, además de originar un grave estrangulamiento de la canalización de la riera de la Salut, entre otros inconvenientes.

El soterramiento es una obra imprescindible para la seguridad de los vecinos y vecinas de Sant Feliu de Llobregat y por este motivo es necesario abordarla con la máxima celeridad, incluyendo su ejecución en la planificación de las inversiones ferroviarias del Estado en Catalunya, en el marco de los acuerdos relativos a la red de Cercanías de Barcelona.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer los mecanismos presupuestarios necesarios y licitar lo antes posible las obras de soterramiento de las vías de Renfe a su paso por el municipio de Sant Feliu de Llobregat, de acuerdo al proyecto constructivo que redactó el propio Ministerio de Fomento en el 2010, y en el marco del acuerdo de las inversiones del Estado en la red de Cercanías de Barcelona y al Convenio firmado el año 2006 entre aquél, la Generalitat de Catalunya y el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2016.-Josep Vendrell Gardeñes y Félix Alonso Cantorné, Diputados.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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162/000158

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata Català don Francesc Homs i Molist, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su discusión ante el Pleno, una Proposición no de Ley para modificar los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico del Ebro correspondiente al segundo ciclo de planificación hidrológica 2015-2021.

Antecedentes

El Gobierno en funciones aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 8 de enero de 2016, doce planes hidrológicos de competencia estatal que afectan a las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Segura, Júcar, Ebro, Ceuta y Melilla. Se trata de planes hidrológicos, correspondientes al período de planificación 2015-2021. La revisión y actualización de los citados planes incluida en el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, se ha publicado el 19 del mismo en el "BOE".

Los planes hidrológicos son elementos básicos y fundamentales para la gestión de los recursos hídricos. Permiten conocer las necesidades en materia de agua y los recursos disponibles. Tienen como principal objetivo conseguir el buen estado de las aguas y la adecuada protección del dominio público hidráulico. Marcan, asimismo, las pautas para atender las demandas de agua, respetando el equilibrio y la armonización del desarrollo regional y sectorial, y los objetivos medioambientales.

Los mismos se han sometido previamente a un proceso de información pública y han sido informados favorablemente por la mayoría en el Consejo Nacional del Agua. Órgano en el que están representadas además de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, los Entes Locales a través de la asociación de ámbito estatal con mayor implantación, los Organismos de Cuenca, las organizaciones profesionales y económicas más representativas de ámbito estatal, así como las entidades sin fines lucrativos de ámbito estatal cuyo objetivo esté constituido por la defensa de los intereses ambientales. Es decir, las administraciones y algunas organizaciones y entidades sólo de ámbito estatal.

Uno de los incluidos en este paquete de planes correspondientes al segundo ciclo de planificación hidrológica, es el Plan Hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Ebro. El mismo, es uno de los más complejos, por el gran número de Comunidades Autónomas que atraviesa y por la necesaria coordinación con Francia y Andorra. Dicho plan fue aprobado sin el consenso de cuatro comunidades autónomas y de parte de las entidades locales.

Como es bien conocido, los Planes Hidrológicos y en concreto el referido a la cuenca del Ebro, establecen también unos caudales ecológicos mínimos. Y estos a pesar del apoyo obtenido en el Consejo Nacional del Agua, en el caso de la cuenca del Ebro, no son en opinión de parte de los afectados, adecuados.

Como viene siendo tristemente una tradición, la Generalitat de Catalunya, las entidades locales, la Plataforma en Defensa de l'Ebre y la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, entre otros, consideran que los caudales ecológicos establecidos son claramente insuficientes, de acuerdo con criterios científico-técnicos, en coherencia con la realidad física del río y de conformidad con la normativa de planificación.

El Gobierno central una vez más, como también viene siendo lamentablemente costumbre, ha ignorado completamente el criterio de la Generalitat de Catalunya, el cual está basado en estudios rigurosos fruto de la colaboración entre la Agencia Catalana del Agua y el Institut de Recerca i Tecnología Agroalimentaria (IRTA), y que contaba con la aprobación de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre.

Pero además, resulta que los caudales ecológicos establecidos tampoco cumplen con la normativa estatal vigente [no se adecúan a los criterios establecidos en el año 2008 por el Ministerio en la Instrucción Técnica de Planificación (IPH), entre otros], ni con la legislación comunitaria. Y es que, en el Plan Hidrológico finalmente aprobado no se garantizan las condiciones para alcanzar a medio plazo, el buen estado ecológico del tramo final del Ebro, tal y como lo define la normativa comunitaria.


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Los caudales mínimos propuestos no permitirían cumplir las funciones ecológicas del río, del Delta y del ecosistema marino asociado. Y ello no solo tiene un grave impacto ecológico, sino también importantes consecuencias económicas para el territorio.

La Directiva Marco del agua no recoge explícitamente la necesidad de garantizar un régimen de caudales ambientales en los ríos. Ahora bien, la preservación de este régimen de caudales es una medida imprescindible para el logro de los objetivos ambientales que establece la propia Directiva, puesto que caudales de mantenimiento e índice de calidad ecológica tienen una relación directa.

Por otra parte, la normativa vigente en materia de caudales ecológicos en el Estado español es clara en la definición de los objetivos que tienen que satisfacer éstos y su concepto. El Texto Refundido de la Ley de Aguas determina claramente que el caudal ecológico es considerado como una restricción que se impone a todos los efectos a las explotaciones. Es decir, los caudales ecológicos no se tienen que garantizar, sino que hay que determinarlos, concertarlos e implantarlos, aplicándolo a las nuevas concesiones, modificando, en su caso, las ya existentes y determinando las reservas de caudales y usos para permitir que dichos caudales circulen por el río en condiciones no excepcionales.

Esta noción se reitera en la propia Ley del Plan Hidrológico Nacional que vuelve a reconocer el carácter de limitación previa a los flujos del sistema de explotación de estos caudales, que operan con carácter preferente a los usos contemplados en el sistema. Los caudales ecológicos tienen que permitir el correcto funcionamiento del ecosistema y la habitabilidad de la fauna, para contribuir a lograr o mantener el buen estado de las masas de agua de acuerdo con los criterios e indicadores ecológicos establecidos a la Directiva Marco del agua. Y a esta finalidad obedece la disposición adicional primera de la LPHN cuando ordena definir el régimen hídrico que ha de permitir el desarrollo de las funciones ecológicas del río, del delta y del ecosistema marino.

Los caudales ecológicos establecidos en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y específicamente en el Real Decreto vigente, no cumplen los criterios de la instrucción de planificación hidrológica y de validación biológica, e impiden las crecidas suficientes para el traslado de sedimentos al Delta del Ebro, con el fin de evitar su regresión y la entrada de la cuña salina, por lo que debe modificarse el real decreto y debe establecerse un nuevo caudal ecológico que garantice los niveles de conservación de los hábitats de interés comunitario, las especies típicas de estos hábitats, las aportaciones de sedimentos para asegurar la subsidencia del delta y evitar el avance de la cuña salina, y así mismo garantizar el cumplimiento de las directivas comunitarias sobre la materia.

Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata Català, adscritos al Grupo Parlamentario Mixto, presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados considera claramente insuficientes los caudales ecológicos mínimos fijados para el tramo final del río Ebro en el apéndice 6.3 del anexo XII del Real Decreto 1/2016 de 8 de enero.

2. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar, incrementándolos, los caudales ecológicos para el tramo final del río Ebro establecidos en el Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro incluido y aprobado por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, en lo que afecta a la demarcación hidrográfica del Ebro.

Los nuevos caudales ecológicos del tramo final del río Ebro deben estar basados en criterios científico-técnicos, de forma coherente con la realidad física del río y con la normativa de planificación, en la línea de las observaciones presentadas por la Generalitat de Catalunya, Entidades Locales, la Plataforma en Defensa del Ebre, y la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre, entre otras instituciones y organizaciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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162/000159

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata Català Francesc Homs i Molist, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara presenta, para su discusión ante el Pleno, una Proposición no de Ley para que en los Presupuestos Generales del Estado del 2017 incorporen las dotaciones necesarias para la realización de los Juegos del Mediterráneo Tarragona 2017.

El 15 de octubre de 2011, la ciudad de Tarragona fue escogida la sede de los XVIII Juegos del Mediterráneo que se van a celebrar del 30 de junio al 9 de julio del 2017. En ellos van a competir 4.000 atletas de 26 países, de tres continentes, en 31 disciplinas deportivas.

Faltan nueve meses para su inauguración y las principales obras ya se están ejecutando: el Palau d'Esports de Tarragona, uno de los principales legados de los juegos, la remodelación integral del estadio de atletismo, la urbanización de l'Anell Mediterrània...

Desdichadamente, las obras de la piscina olímpica todavía no han empezado. El motivo es que el Gobierno Central no incluyó dicha partida en los Presupuestos Generales del Estado para este año. No fue, casualmente, hasta el primer día de campaña de las recientes elecciones generales, que la Ministra de la Presidencia anunció el compromiso del Gobierno central para financiar las obras.

La falta de entendimiento entre las fuerzas políticas para formar Gobierno impide que se puedan aprobar los Presupuestos del año 2017, en los que se debe incluir esta partida. Pero este bloqueo estatal tiene más consecuencias y más graves.

El presupuesto operativo, es decir, el que debe permitir que se desarrollen las actividades diarias y las competiciones que se van a celebrar, como la seguridad, la movilidad, el alojamiento, el material o la manutención de los deportistas, debe contar con una financiación de nueve millones por parte del Gobierno Central que tampoco está contemplada .

Este presupuesto ya se ha tenido que ajustarse a la situación económica actual, y se ha reducido en un año de 38 millones a 22 millones de euros; justo la mitad de lo que se presupuestó para los Juegos del Mediterráneo de Almería.

Si se compara la aportación del Gobierno Central a los dos últimos Juegos del Mediterráneo que se han celebrado en el Estado, su actuación resulta todavía menos comprensible. Tarragona está pidiendo en total 15,4 millones de euros en aportaciones de la Administración General del Estado. En cambio, los Juegos del Mediterráneo de Almería recibieron un total de 42,8 millones de euros del Estado, casi tres veces más. De estos, 38,7 millones fueron para construir el Estadio del Mediterráneo de Almería, el canal de Cuevas de Alzamora, el Estadio del Ejido y el Estadio de Roquetas de Mar. Además se hizo una lotería extraordinaria para los Juegos Mediterráneos de Almería cuya recaudación, de 4,1 millones de euros, se destinó a los gastos operativos.

Esta actuación del Gobierno Central contrasta con las administraciones catalanas, las cuales sí que se han comprometido firmemente con la celebración de los Juegos del Mediterráneo y han hecho realidad sus compromisos financieros. De este modo, la Generalitat destina 15 millones de euros, el Ajuntament de Tarragona aporta cerca de 13 millones y la Diputació de Tarragona 10,5. En cambio, el Gobierno Central es la administración qué menos dinero ha comprometido es el Gobierno Central con 6,4 millones, de los cuales tres millones no tienen todavía ningún tipo de asignación presupuestaria.

Esta falta de compromiso con los Juegos del Mediterráneo de 2017 es una más de la falta de compromiso del Gobierno Central con Catalunya.

Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata Català presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al próximo Gobierno a incluir dentro de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 una partida con una dotación presupuestaria de tres millones de euros para la construcción de la piscina de los Juegos del Mediterráneo Tarragona 2017 y otra partida con una dotación de nueve millones para los gastos operativos de los Juegos del Mediterráneo Tarragona 2017."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.


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162/000160

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia de los Diputados Ester Capella i Farré y Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la rebaja del IVA en los servicios veterinarios, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

La subida del IVA de los servicios veterinarios, del 8% al 21%, con efectos desde el 1 de septiembre de 2012, ha supuesto un grave perjuicio, no solo económico para el sector, sino, y particularmente como un incremento del riesgo sanitario para la población en general, al no considerar la importancia sanitaria de las actividades de prevención y tratamiento de las zoonosis realizadas por el colectivo veterinario.

Repercusiones económicas.

El sector veterinario de animales de compañía, aunque solo supone el 0,0166% (2011) del PIB, debe considerarse sanitariamente un sector estratégico, ya que en el 47,8% de los hogares del Estado español convive un animal de compañía, con lo que supone un factor clave en la salud pública, con incidencia social por la sensibilidad de la población hacia las mascotas, o en el sector turismo, por el considerable desplazamiento de las familias que viajan con mascota a nivel internacional.

Además, el fuerte incremento del IVA para los servicios veterinarios ha influido, en estos años, en el cierre de numerosas clínicas veterinarias y el aumento del intrusismo laboral. Así, en 2014, se cerraron en todo el Estado español 730 clínicas de animales de compañía y algunas estimaciones apuntan que están en serio riesgo de cierre o de despidos o ERE alrededor del 40% de las empresas a servicios veterinarios de animales de compañía en todo el Estado, incrementando el riesgo de alimentar la economía sumergida.

No en vano, la disminución de ingresos de las clínicas se estima del 6,3% (2013), según datos de Veterindustria. Sin embargo, la aplicación del gravamen con un IVA reducido de la actividad veterinaria supondría únicamente una disminución del 0,000011% del total de ingresos previstos, que quedaría compensada con creces por los beneficios que supondría.

Más allá del impacto empresarial, el inherente incremento de precios que supuso la subida de 13 puntos de IVA, sumada a la situación de emergencia económica que sufren muchas familias, ha provocado un aumento del abandono de animales de compañía por parte de las familias que no pueden hacer frente a su mantenimiento o, como poco, ha provocado el descenso de tratamientos preventivos para controlar enfermedades animales infectocontagiosas y parasitarias que pueden provocar alertas sanitarias.

Merece importante consideración el dramático incremento del abandono de animales, con la consiguiente consideración ética, social y humanitaria. No obstante, si esto no es suficiente fundamento, hay que subrayar -vinculado también al menor número de adopciones por la crisis- la importante repercusión en el gasto público. El abandono de animales de compañía fue en el año 2014 de 108.303 perros y 33.532 gatos. La principal causa es la económica, que ha ido aumentando, pasando de la sexta causa (8,7% en 2010) a la causa principal (16% en 2014). Téngase presente que el coste medio diario de un animal en custodia de un municipio es de 8,50 euros (10,29 euros IVA incluido 21%), lo que supone un gasto medio diario de más de 1,5 millones, del cual un 52,6% corresponde a la administración, que sostiene los animales abandonados.

Y por si fuera poco, hay que considerar a los animales abandonados como un factor de riesgo para la salud pública, ya que la gran mayoría no cumplen los requisitos sanitarios.

Por otro lado, es necesario señalar que el sector del medicamento veterinario de animales de compañía, a pesar de la crisis, reflejaba crecimientos importantes en los años precedentes, que se vieron truncados con la subida del IVA del 8 al 21% el 1 de septiembre de 2012, según datos publicados también por Veterindustria. Ese cuarto trimestre del 2012, ya supuso un frenazo brusco en la evolución de un sector que capeaba el temporal de la crisis económica general. El efecto de la subida del IVA en el año 2013, fue demoledor, consiguiendo que un sector que el año anterior a la subida crecía a más del 5,01%, registrase al año siguiente una reducción del 9,48%. En conjunto esto supuso un descenso combinado del 15%.


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Repercusiones en la salud pública.

Una consecuencia inasumible de la subida del IVA ha sido el descenso de tratamientos preventivos de las mascotas que en las últimas décadas han permitido a los humanos, convivan o no con ellos, estar a salvo de enfermedades zoonóticas (enfermedades trasmisibles de animales a personas).

Se conocen unos 300 patógenos comunes a personas y animales, muchos de ellos presentes en los animales de compañía. Además, el 75% de las nuevas enfermedades infecciosas emergentes provienen de reservorios animales, por lo que se hace imprescindible una perfecta coordinación entre la medicina humana y la medicina veterinaria para controlar y prevenir su expansión.

En las últimas décadas, se ha conseguido controlar diversas enfermedades zoonóticas gracias a las medidas preventivas aplicadas por parte de los veterinarios, como la rabia, la leishmaniasis, la dirofilariosis, la toxoplasmosis, el quiste hidatídico, otras teniasis, erlichiosis y leptospirosis son enfermedades cuyo control en los animales de compañía ha provocado un drástico descenso en el número de casos en personas. Esto se ha conseguido gracias al control riguroso de las vacunaciones y desparasitaciones periódicas efectuadas a lo largo de toda la vida de los animales. No obstante, los tratamientos y medidas preventivas contra estas enfermedades, por las razones expuestas anteriormente, han disminuido drásticamente en los últimos dos años.

Estas y muchas otras enfermedades estaban bajo control gracias a la labor de concienciación que los sanitarios de animales de compañía han venido realizando durante los últimos veinte años. Desde la década de los noventa la medicina preventiva ha sido priorizada por los clínicos hasta calar en el público.

Las mascotas han estado más protegidas y por ende también la población humana, situación que desgraciadamente ha retrocedido drásticamente sobre todo en los últimos dos años (el gasto ha bajado un 20%) y que nos expone a graves riesgos sanitarios si se sigue prolongando en el tiempo.

Además del riesgo para la salud pública, una alerta sanitaria de este tipo conduciría a pérdidas económicas importantes, tanto directas (por la subsanación del problema), como indirectas, sobre todo en el sector turístico por las posibles restricciones de movimiento y por la desconfianza que se puede crear como destino turístico de calidad.

Además, son muchos los estudios científicos que reconocen que los animales de compañía son un factor muy importante en la prevención de la salud. Así, protegen contra las enfermedades cardiovasculares (disminuye la presión arterial, reduce la frecuencia cardíaca, y la concentración de triglicéridos y colesterol); reducen la obesidad (los dueños de perros tienen una mayor actividad física en comparación con aquellos que no lo poseen); reducen el estrés de sus propietarios porque representan un soporte psicológico (reducen la sensación de soledad y permiten la interacción de sus propietarios con el medio social que le rodea); mejoran la respuesta por parte del sistema inmunitario frente a las enfermedades; disminuyen la incidencia de las enfermedades respiratorias infantiles y de la aparición de las alergias sobre todo en los niños que conviven con una mascota en los primeros dos años de vida (en un 40% al largo de toda la vida); acuden menos al médico; etc. Mención aparte merecen las terapias psicológicas asistidas por animales, que han dejado de ser una moda pasajera para implantarse regularmente, por su efectividad demostrada, en muchos programas de terapia.

Todas estas innegables ventajas sociales, sanitarias, económicas, tributan al 21% de IVA en su atención primordial y básica: la atención profesional veterinaria, la única que en términos fiscales no tributa como otras profesiones consideradas del ámbito sanitario.

Conclusiones.

Un buen control de la salud de las mascotas tiene enormes beneficios en la salud humana tanto del punto de vista médico como también económico. Una buena medicina preventiva y vigilante de los animales ahorraría una cantidad enorme en los presupuestos de la medicina general curativa. La salud animal no se puede desligar de la salud humana. La Administración no puede obviar que la veterinaria no solo incide en la sanidad o en el bienestar animal, sino que incide especialmente en la medicina familiar y en la salud pública en general. No en vano, la profesión veterinaria está reconocida como una de las profesiones sanitarias (Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, Ley General de Sanidad, etc.), a las que se aplica un IVA reducido.

Si la atención veterinaria a los animales de compañía tiene una importancia sanitaria, es lógico que tenga un tratamiento fiscal asociado del IVA equiparable a otros conceptos / servicios sanitarios.


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Decretar un IVA reducido para las actividades veterinarias, independientemente de que sean destinadas al sector ganadero o de animales de compañía tendría diversos efectos:

Sobre la contabilidad estatal:

- Reducción directa de ingresos por IVA estimada en unos 16 millones de euros (0,004% del total presupuestario del año 2015).

- Aumento indirecto de ingresos por IRPF, IVA reducido e impuesto de sociedades al aumentar la facturación del sector veterinario.

- Disminución de gasto efectuado en la recogida y mantenimiento de los animales abandonados.

Sobre el sector veterinario:

- Aumento del consumo.

- Reactivación económica del sector por descargar la parte proporcional de incremento de IVA.

- Disminución de destrucción de empleo e, incluso, aumento en las contrataciones.

Sobre los consumidores:

- Aumento de la concienciación sobre la importancia de la salud de los animales de compañía. Si se tiene en cuenta que casi el 50% de los hogares del Estado español tiene como mínimo una mascota, una reducción del IVA a los servicios veterinarios supone un mensaje que llega a muchos ciudadanos que son muy sensibles a este tema.

- Acceso a servicios a menor precio.

Salud pública:

- Aumento de la inmunidad poblacional.

- Mayor control sobre las enfermedades zoonóticas.

- Disminución de costes sanitarios en visitas médicas y en tratamiento de enfermedades de las personas.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

Impulsar la modificación la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido con el fin de incorporar los servicios veterinarios no exentos de IVA a las operaciones a las que les es de aplicación el tipo reducido del 10% de dicho impuesto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2016.-Ester Capella i Farré y Joan Capdevila i Esteve, Diputados.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

162/000161

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Tardà i Coma, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento y la justa reparación de Lluís Companys y todas las víctimas del franquismo, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

El Presidente de Catalunya, Lluís Companys marchó al exilio el día 5 de febrero de 1939 ante el avance del ejército franquista. El día 13 de agosto de aquel mismo año, con la ayuda de la policía española,


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fue detenido por la Gestapo alemana, que actuaba según las demandas formuladas por el general Franco a las autoridades que habían ocupado Francia para que actuasen contra los refugiados republicanos. Conducido a la cárcel de La Santé de París y devuelto al Estado Español, el día 29 de agosto, fue entregado a la policía franquista en Irún y conducido a Madrid donde fue torturado. Trasladado a Barcelona, el Capitán General de Catalunya Luis Orgaz dispuso su ingreso en la cárcel del castillo de Montjuïc. Sometido a un consejo de guerra sumarísimo de oficiales generales, bajo la acusación de haber actuado contra el triunfo del Glorioso Nacional, fue fusilado por el ejército el día 15 de octubre en el foso de Santa Eulalia del castillo de Montjuïc.

El asesinato del Presidente Companys es una de las 192.684 ejecuciones que el general Franco ratificó entre el final de la guerra y 1944. Se trata de una de las series de Crímenes contra la Humanidad más espantosos cometidos en el siglo XX, solo comparable a los llevados a cabo por Hitler, mucho más grave que la represión de Mussolini y otros fascistas europeos.

No obstante, alcanzadas las libertades democráticas, los máximos dirigentes de los pueblos del Estado Español, tanto los que habían formado parte del Franquismo como los que habían participado en la lucha contra la Dictadura, optaron por el olvido. En nombre de la estabilidad política y del anhelo de una falsa reconciliación obviaron los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que establecen que los "Crímenes contra la Humanidad" son imprescriptibles y no pueden quedar impunes. En nombre de "cerrar heridas" históricas permitieron que centenares de miles de familias republicanas continuasen padeciendo injusticias y el terror interiorizado y silenciado durante décadas. El comportamiento de la mayoría de dirigentes de la Transición en este aspecto fue, pues, frustrante: no mantuvieron una actitud fundamentada en la justicia y el derecho sobre "Crímenes contra la Humanidad".

Transcurridos veintinueve años desde la muerte del Dictador, el recuerdo vivo que el pueblo de Catalunya ha mantenido del Presidente Companys como símbolo de las libertades arrebatadas y como representación de tantos miles de ciudadanos y ciudadanas de Catalunya víctimas del fascismo que no han sido rehabilitadas, ha convertido la reivindicación de la anulación del Consejo de Guerra a que fue sometido, la rehabilitación de su honor y la demanda de perdón por parte del Estado Español a sus familiares y al pueblo de Catalunya en el estandarte de lo que ha de ser la sincera reconciliación que permita trasladar a las nuevas generaciones verdaderos valores de paz, libertad y democracia. Porque nada debilita más nuestra sociedad que la desmemoria, la manipulación de la historia y la falta de conciencia de la barbarie totalitaria.

Efectivamente, centenares de miles de víctimas del régimen franquista, desde la rebelión militar del 18 de julio de 1936, contra la Constitución republicana hasta la muerte del Dictador, no han recibido ningún tipo de reparación moral ni económica, ni han sido rehabilitados por las instituciones que los condenaron. En este sentido es necesario destacar la poca ambición de la mal llamada Ley de Memoria Histórica. La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, no supuso un reconocimiento jurídico de las víctimas, al mismo tiempo que sí que se reconocía la legalidad de los tribunales franquistas. Así pues, al no reconocer a las víctimas, no establecía los mecanismos de reparación subsiguientes.

Por otro lado, las principales instituciones que apoyaron al franquismo como el ejército y una parte de la judicatura, entre otras, no se han arrepentido de los crímenes que cometieron o colaboraron a cometer, ni han pedido perdón a las víctimas, a sus familias y a la ciudadanía. El caso de Lluís Companys, así pues, no deja de ser paradigmático de la injusticia de la actual Ley de Memoria Histórica y de la insuficiente reparación de las víctimas. Lluís Companys es el único representante político elegido democráticamente del siglo XX que fue condenado por un tribunal militar a morir fusilado; no obstante a ojos de la justicia española sigue siendo culpable de "adhesión a la rebelión militar". Fue juzgado en pocas horas y sin garantías judiciales por un tribunal militar en base a la aplicación retroactiva de la Ley de Responsabilidades Políticas.

La demanda de perdón por parte del Estado Español al pueblo de Catalunya y a sus instituciones nacionales por el fusilamiento del Presidente de la Generalitat de Catalunya debe convertirse en la vía que haga posible, finalmente, la rehabilitación de todas las víctimas del fascismo, que han sido víctimas también del olvido. Es necesario recordar la aprobación, en mayo de 2004, de la Proposición no de Ley 162/000071 por la que el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a "iniciar las acciones necesarias que permitan la anulación del consejo de guerra sumarísimo a que fue sometido Lluís Companys". Una anulación del Consejo de Guerra que nunca ha sido efectuada por el Gobierno español.

Alcanzar este anhelo se convierte en un mensaje de esperanza en la medida que comportará materializar el objetivo de la superación de la injusticia que supone permitir la impunidad de los "Crímenes contra la Humanidad".


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Todo ello, con el objetivo de fortalecer los valores de civilidad, solidaridad y fraternidad, los cuales han de prevalecer en nuestra sociedad y han de guiar a los dirigentes democráticos ante el peligro que supone la degradación moral del nazismo, del fascismo y de cualquier otra violación de los derechos humano; se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a ejecutar:

1. El compromiso de iniciar las acciones necesarias que permitan la anulación del consejo de guerra sumarísimo a que fue sometido el Presidente de Catalunya Lluís Companys como paso previo la reparación de tantas otras víctimas.

2. La demanda pública de perdón por parte de las instituciones del Estado Español a los descendientes familiares del Presidente Lluís Companys y al pueblo de Catalunya representado por sus instituciones nacionales.

3. Presentar un Proyecto de Ley de modificación de la actual Ley de Memoria Histórica, la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, que garantice la verdad sobre las víctimas sobe las víctimas del Franquismo así como su reparación definitiva en base a los principios consagrados por Naciones Unidas respecto a los crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad, cometidos por la dictadura franquista."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de septiembre de 2016.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

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