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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 249, de 16/11/2017
cve: BOCG-12-D-249
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
16 de noviembre de 2017

Núm. 249


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

154/000012 Creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático ... (Página3)

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000070 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación de una verdadera ley de segunda oportunidad.

Enmiendas ... (Página3)

Aprobación con modificaciones ... (Página13)

162/000247 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para garantizar una verdadera "segunda oportunidad" a las familias y deudores en situación de insolvencia.

Enmiendas ... (Página3)

Aprobación con modificaciones ... (Página13)

INTERPELACIONES

Urgentes

172/000077 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas que adoptará el Gobierno de España para la viabilidad y continuidad de la actividad productiva del plátano de Canarias en nuestro país ... (Página15)

172/000078 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, sobre medidas de apoyo extraordinarias para las y los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura, y del conjunto del Estado, como consecuencia de los efectos de la sequía ... (Página16)

172/000079 Interpelación formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para revertir la situación de precariedad laboral y los niveles de temporalidad en la contratación ... (Página17)


Página 2




MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES

Urgentes

173/000055 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la defensa del modelo de la escuela catalana.

Texto de la moción ... (Página18)

Aprobación con modificaciones ... (Página19)

173/000056 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política general del Gobierno en materia de transportes e infraestructuras ferroviarias, para favorecer la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo de la economía española.

Texto de la moción así como enmiendas formuladas ... (Página20)

Aprobación con modificaciones ... (Página25)

173/000057 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales.

Texto de la moción así como enmienda formulada ... (Página26)

Aprobación con modificaciones ... (Página28)

173/000058 Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para garantizar la equidad, reducir las desigualdades y evitar la fragmentación territorial en materia de salud. Texto de la moción, enmiendas formuladas y rechazo por el Pleno de la Cámara ... (Página29)


Página 3




COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

154/000012

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, ha acordado, de conformidad con lo dispuesto en el Punto Segundo.1 de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados de 26 de junio de 1996, la creación, en el seno de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de una Subcomisión para el estudio y elaboración de propuestas de política de aguas en coherencia con los retos del cambio climático, en los términos de la calificación de la Mesa de la Cámara, publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 233, de 20 de octubre de 2017.

Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

162/000070 y 162/000247

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento del Congreso de los Diputados, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las enmiendas formuladas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación de una verdadera ley de segunda oportunidad (núm. expte. 162/000070), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 11, de 12 de septiembre de 2016 y a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para garantizar una verdadera "segunda oportunidad" a las familias y deudores en situación de insolvencia (núm. expte. 162/000247), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63, de 2 de diciembre de 2016.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley para aprobar una verdadera ley de segunda oportunidad (núm. expte. 162/000070), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

De modificación.

Texto que se propone:

Se modifica la sección propositiva de la Proposición no de Ley, que queda redactada en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en un plazo máximo de seis meses, una propuesta de reforma de la Ley Concursal con la finalidad de reforzar el mecanismo de "segunda oportunidad" para todas las familias y deudores personas naturales en situación de insolvencia, en la cual se aborden, entre otros, los siguientes aspectos:


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1. Permitir que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social puedan negociarse en el acuerdo extrajudicial de pagos y ser exoneradas del pasivo insatisfecho del deudor, con la máxima seguridad jurídica y siguiendo criterios técnicos.

2. Equiparar los porcentajes de voto necesarios para aprobar un acuerdo extrajudicial de pagos de las personas naturales a los requeridos para la formalización del convenio en los concursos de acreedores.

3. Revisar los requisitos para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho, para facilitar una tramitación más eficiente del procedimiento.

4. Eliminar el periodo de cinco años durante el cual las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas por los acreedores, con las salvaguardas necesarias para que solo puedan beneficiarse de este mecanismo los deudores que hayan actuado con buena fe.

5. Flexibilizar, con las salvaguardias adecuadas, los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a permanecer en su vivienda durante tres años con un alquiler que no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar del deudor.

6. Establecer que el plazo de control para la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho en caso de pequeñas empresas y personas naturales empresarios, no sea superior a tres años.

7. Establecer, cuando se produzca la ejecución de garantía real sobre vivienda habitual del deudor, que se realice una nueva tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía por incumplimiento de pago, que en cualquier caso no podrá ser inferior al valor de tasación que sirvió para la concesión del préstamo.

8. Establecer en determinadas circunstancias, en las que el deudor persona natural no cuente con bienes ni ingresos que permitan atendiendo a las circunstancias del caso satisfacer dicho pasivo, y previa audiencia de los acreedores, declarar la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento al menos la cuarta parte de los ingresos percibidos durante dicho plazo, que no tuviesen la consideración de inembargables cuando el deudor persona natural tuviese a cargo, al menos, a un menor de edad o a una persona en situación de dependencia, de acuerdo con los informes de los servicios sociales competentes.

9. Facultar al juez que pueda acordar de oficio la exoneración del pasivo insatisfecho de la persona natural, sin necesidad de que esta la solicite y así pueda valorar la actitud y el grado de cumplimiento de los deberes legales de préstamo responsable del acreedor."

Texto que se sustituye:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Promover una reforma de la llamada Ley de Segunda Oportunidad para, por un lado, permitir al juez paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa y, en caso de que sea imposible, acordar la aplicación de la dación en pago, valorando la vivienda en el precio establecido para la concesión del préstamo. Para ello será necesario modificar Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, optando por un modelo de segunda oportunidad alternativo al contenido en dicha norma:

a) Eliminar el periodo de cinco años en el que las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas.

b) Los créditos públicos tendrán un tratamiento similar al que gozan las entidades mercantiles en los concursos.

c) Reducir los requisitos o condicionantes para poder acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho de la persona natural.

d) Otorgar facultades al juez para valorar la actitud y el grado de cumplimiento de los deberes legales de préstamo responsable por los bancos.

e) Proteger la situaciones de colectivos especialmente vulnerables, por ejemplo, si el deudor tuviese a cargo a un menor de edad o a una persona en situación de dependencia para paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa; en estos casos y si fuese necesario, promoveremos la puesta a disposición de la familia de una vivienda en régimen de alquiler social procedente del parque público existente.

f) Excluir de la ejecución de los avales que se hayan podido producir en caso de insolvencia justificada no dolosa la vivienda habitual del avalista.


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g) Cuando se produzca la ejecución de garantía real sobre la vivienda habitual del deudor, aprobaremos que el valor de tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía por incumplimiento de pago no pueda ser inferior al valor de tasación que sirvió para la concesión del préstamo.

h) Potenciar la figura del Convenio de Acreedores con intervención de notario o autoridad judicial.

2. Crear una oficina central anti desahucios que coordine la creación de oficinas por todo el territorio y unifique criterios y ayude a su mantenimiento. Reconocer el derecho de las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos.

3. Establecer la eliminación automática de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo por parte de las entidades financieras y sin previa exigencia del titular de una hipoteca.

4. Impulsar la modificación de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para declarar inembargable la renta activa de inclusión, las prestaciones de Servicios Sociales, las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, las del Plan Prepara, la renta agraria y el subsidio para trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario, los subsidios por desempleo, las ayudas y becas al estudio, y otras análogas a estas.

5. Desarrollar un nuevo modelo de vivienda protegida en alquiler, con precio de referencia tasado objetivamente, al margen del precio de mercado de la vivienda libre, bajo estricto control público en la selección del destinatario de menores rentas y en el seguimiento de su ocupación, estableciendo un esfuerzo razonable para toda la ciudadanía, fijando el umbral de esfuerzo económico de acceso en el máximo de un tercio de la renta familiar disponible, así como estableciendo su calificación de protegida con carácter permanente. Los hogares destinatarios de las viviendas protegidas no deberán tener ingresos superiores a tres veces el IPREM."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a Proposición no de Ley presentada por el Grupo Socialista, sobre la aprobación de una verdadera ley de segunda oportunidad (núm. expte. 162/000070).

Enmienda

Al apartado 1

De modificación.

El apartado primero de la Proposición no de Ley queda redactado de la siguiente manera:

"1. Promover una reforma de la llamada ley de segunda oportunidad para, por un lado, permitir al juez paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa y, en caso de que sea imposible, acordar la aplicación de la dación en pago, valorando la vivienda en el precio establecido para la concesión del préstamo. Para ello será necesario modificar Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, optando por un modelo de segunda oportunidad alternativo al contenido en dicha norma:

a) Eliminar el periodo de cinco años en el que las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas.


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b) Los créditos públicos tendrán un tratamiento similar al que gozan las entidades mercantiles en los concursos.

c) Reducir los requisitos o condicionantes para poder acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho de la persona natural, añadir que la exoneración tendrá efectos respecto a todas las deudas, excepto las de alimentos y las surgidas de la responsabilidad civil derivada de delito y que no será requisito para beneficiarse de la exoneración haber intentado un acuerdo extrajudicial de pagos previo cuando la situación de sobreendeudamiento haya sido causada por la adquisición de la vivienda habitual.

d) Otorgar facultades al juez para que se establezca la obligación de valorar la actitud y el grado de cumplimiento de los deberes legales de préstamo responsable por los bancos.

e) Proteger la situaciones de colectivos especialmente vulnerables, por ejemplo, si el deudor tuviese a cargo a un menor de edad o a una persona en situación de dependencia para paralizar la ejecución hipotecaria en caso de insolvencia justificada no dolosa; en estos casos y si fuese necesario, promoveremos la puesta a disposición de la familia de una vivienda en régimen de alquiler social procedente del parque público existente. En todo caso, si la persona deudora no tiene una alternativa habitacional y quien insta la ejecución hipotecaria es un gran tenedor de vivienda, se le hará una oferta de alquiler social sobre el mismo inmueble, que no supere el 20% de los ingresos de la persona o unidad familiar (o el 30%, con los suministros básicos). Si quien insta la ejecución es un pequeño propietario de vivienda, será la Administración Pública quien deberá realojar a la persona deudora. La ejecución se paralizará hasta que no se verifique que la persona tiene una alternativa habitacional garantizada.

f) Excluir de la ejecución de los avales que se hayan podido producir en caso de insolvencia justificada no dolosa la vivienda habitual del avalista.

g) Cuando se produzca la ejecución de garantía real sobre la vivienda habitual del deudor, aprobaremos que el valor de tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía por incumplimiento de pago no pueda ser inferior al valor de tasación que sirvió para la concesión del préstamo.

h) Potenciar la figura del Convenio de Acreedores con intervención de notario o autoridad judicial. El Convenio garantizará un mínimo de ingresos por unidad familiar (tres veces el IMPREM) y que, en caso de ejecución hipotecaria, la persona deudora tiene una alternativa habitacional garantizada."

Enmienda

Al apartado 2

De sustitución.

El apartado segundo de la Proposición no de Ley queda redactado de la siguiente manera:

"2. Potenciar que las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos creen oficinas antidesahucios y centralizar los datos para la elaboración de información estadística. Reconocer el derecho de las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares, con las especificidades relativas a las características del tenedor de la vivienda descritas en el punto 1 e)."

Enmienda

Al apartado 3

De modificación.

El apartado tercero de la Proposición no de Ley queda redactado de la siguiente manera:

"3. Establecer la eliminación automática de las cláusulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal Supremo por parte de las entidades financieras y sin previa exigencia del titular de una hipoteca. Impulsar que las Administraciones competentes sancionen la utilización de cláusulas abusivas de los bancos en los contratos con consumidores y usuarios."


Página 7




Enmienda

Al apartado 5

De sustitución.

El apartado quinto de la Proposición no de Ley queda redactado de la siguiente manera:

"5. Impulsar la creación de un parque público de alquiler utilizando las viviendas vacías de grandes tenedores de vivienda que no estén cumpliendo su función social, mediante su cesión obligatoria a las administraciones públicas que así lo exijan, que serán también quienes lo gestionen. Las personas que hayan sufrido un procedimiento de ejecución hipotecaria que no sea instado por un gran tenedor de vivienda y no tengan una alternativa habitacional, podrán ser realojadas en este parque público de alquiler, cuyas rentas no superarán el 30% de los ingresos de la unidad familiar (suministros básicos incluidos)."

Enmienda

De adición de un nuevo apartado 6.

El apartado sexto que se incorpora a la Proposición no de Ley queda redactado de la siguiente manera:

"6. Modificar la Ley Hipotecaria para que la responsabilidad del deudor en la ejecución de préstamos hipotecarios constituidos sobre vivienda habitual quede limitada al importe de los bienes hipotecados."

Enmienda

De adición de un nuevo apartado 7.

El apartado séptimo que se incorpora a la Proposición no de Ley queda redactado de la siguiente manera:

"7. Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para introducir la dación del bien hipotecado en pago del total de la deuda garantizada, evitando así los procedimientos concursales para declarar la insolvencia de las personas físicas por situaciones de sobreendeudamiento generadas por la constitución de hipotecas sobre la vivienda habitual."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Lucía Martín González, Diputada.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación de una verdadera ley de segunda oportunidad (núm. expte. 162/00070).

Enmienda

Al apartado 3

De modificación.

Se propone la modificación del apartado 3 con la siguiente redacción:

"3. En relación con el procedimiento extrajudicial para facilitar la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria,


Página 8




remitir a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados antes de que finalice el año la siguiente información:

- El número de solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo, así como los motivos.

- El importe correspondiente a las solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo, debidamente desglosadas.

- El número e importe de las medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo que hayan ofrecido a los consumidores, y, en su caso, acordado con ellos, correspondiente a las solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo, debidamente desglosadas."

Motivación.

La Comisión de seguimiento, control y evaluación del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo recabará y evaluará la información que le traslade el Banco de España o las entidades de crédito y publicará semestralmente un informe en el que se evalúe el grado de cumplimiento del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero. Este informe deberá remitirse por el Presidente de la Comisión a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación de una verdadera ley de segunda oportunidad (núm. expte. 162/000070).

Enmienda

De modificación.

El texto que se propone quedará redactado en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a transponer, buscando el máximo consenso, con la mayor celeridad y, en todo caso, antes de seis meses desde su aprobación, la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para incrementar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas y reforma de la Directiva 2012/30/EU."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley sobre medidas para garantizar una verdadera "segunda oportunidad" a las familias y deudores en situación de insolvencia (núm. expte. 162/000247) presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Página 9




Enmienda

De modificación.

Texto que se propone:

Se modifica la sección propositiva de la Proposición no de Ley, que queda redactada en los siguientes términos:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en un plazo máximo de seis meses, una propuesta de reforma de la Ley Concursal con la finalidad de reforzar el mecanismo de "segunda oportunidad" para todas las familias y deudores personas naturales en situación de insolvencia, en la cual se aborden, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Permitir que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social puedan negociarse en el acuerdo extrajudicial de pagos y ser exoneradas del pasivo insatisfecho del deudor, con la máxima seguridad jurídica y siguiendo criterios técnicos.

2. Equiparar los porcentajes de voto necesarios para aprobar un acuerdo extrajudicial de pagos de las personas naturales a los requeridos para la formalización del convenio en los concursos de acreedores.

3. Revisar los requisitos para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho, para facilitar una tramitación más eficiente del procedimiento.

4. Eliminar el periodo de cinco años durante el cual las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas por los acreedores, con las salvaguardas necesarias para que solo puedan beneficiarse de este mecanismo los deudores que hayan actuado con buena fe.

5. Flexibilizar, con las salvaguardias adecuadas, los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a permanecer en su vivienda durante tres años con un alquiler que no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar del deudor.

6. Establecer que el plazo de control para la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho en caso de pequeñas empresas y personas naturales empresarios, no sea superior a tres años.

7. Establecer, cuando se produzca la ejecución de garantía real sobre vivienda habitual del deudor, que se realice una nueva tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía por incumplimiento de pago, que en cualquier caso no podrá ser inferior al valor de tasación que sirvió para la concesión del préstamo.

8. Establecer en determinadas circunstancias, en las que el deudor persona natural no cuente con bienes ni ingresos que permitan atendiendo a las circunstancias del caso satisfacer dicho pasivo, y previa audiencia de los acreedores, declarar la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento al menos la cuarta parte de los ingresos percibidos durante dicho plazo, que no tuviesen la consideración de inembargables cuando el deudor persona natural tuviese a cargo, al menos, a un menor de edad o a una persona en situación de dependencia, de acuerdo con los informes de los servicios sociales competentes.

9. Facultar al juez que pueda acordar de oficio la exoneración del pasivo insatisfecho de la persona natural, sin necesidad de que esta la solicite y así pueda valorar la actitud y el grado de cumplimiento de los deberes legales de préstamo responsable del acreedor."

Texto que se sustituye:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en un plazo máximo de seis meses, una propuesta de reforma de la Ley Concursal con la finalidad de reforzar el mecanismo de "segunda oportunidad" para todas las familias y deudores personas naturales en situación de insolvencia, en la cual se aborden, entre otros, los siguientes aspectos:

1. Permitir que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social puedan negociarse en el acuerdo extrajudicial de pagos y ser exoneradas del pasivo insatisfecho del deudor, con la máxima seguridad jurídica y siguiendo criterios técnicos.

2. Equiparar los porcentajes de voto necesarios para aprobar un acuerdo extrajudicial de pagos de las personas naturales a los requeridos para la formalización del convenio en los concursos de acreedores.


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3. Revisar los requisitos para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho, para facilitar una tramitación más eficiente del procedimiento.

4. Eliminar el periodo de cinco años durante el cual las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas por los acreedores, con las salvaguardas necesarias para que solo puedan beneficiarse de este mecanismo los deudores que hayan actuado con buena fe.

5. Flexibilizar, con las salvaguardias adecuadas, los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a permanecer en su vivienda durante tres años con un alquiler que no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar del deudor."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para garantizar una verdadera "segunda oportunidad" a las familias y deudores en situación de insolvencia, para su debate en Pleno (núm. expte. 162/000247).

Enmienda

Al apartado 1

De modificación.

El apartado primero de la Proposición no de Ley queda redactado de la siguiente manera:

"1. Establecer un procedimiento simplificado de reestructuración y cancelación de deudas que libere a las personas físicas de las deudas vencidas. Este procedimiento deberá incluir una fase de conciliación y una fase de vista judicial. Este procedimiento deberá permitir que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social se recojan en el acuerdo extrajudicial de pagos y sean exoneradas totalmente del pasivo insatisfecho del deudor, con la máxima seguridad jurídica y seguimiento de criterios técnicos."

Enmienda

Al apartado 2

De sustitución.

El apartado segundo de la Proposición no de Ley queda redactado de la siguiente manera:

"2. Modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para que en los casos que el bien ejecutado fuese la vivienda habitual, el deudor pueda solicitar la entrega del bien hipotecado en dación en pago por la deuda hipotecaria. De esta manera se garantizará que el Tribunal pueda dictar una resolución autorizando la entrega y acordando la adjudicación del inmueble al ejecutante en pago del total de la deuda garantizada, extinguiéndose la misma junto con los intereses y costas. Así mismo se insta al Gobierno a incluir en la Ley de Enjuiciamiento Civil una disposición que garantice la inembargabilidad de la vivienda habitual de avalistas o fiadores."

Enmienda

Al apartado 3


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De sustitución.

El apartado tercero de la Proposición no de Ley queda redactado de la siguiente manera:

"3. Modificar el artículo 140 de la Ley Hipotecaria, para garantizar en favor de los consumidores, que en los contratos hipotecarios se limite la responsabilidad del deudor y la acción del acreedor, por virtud del préstamo hipotecario, al importe de los bienes hipotecados, de tal manera que no se pueda alcanzar a los demás bienes del patrimonio del deudor. Esta responsabilidad se aplicará a aquellos préstamos o créditos que hayan sido concedidos por un financiador profesional, tenga o no la condición de entidad de crédito.

Se insta al Gobierno a modificar la legislación vigente para extender la condición de consumidor a los trabajadores autónomos y a las PYMES para que en su relación con las grandes empresas tengan la condición de consumidores."

Enmienda

Al apartado 5

De sustitución.

El apartado quinto de la Proposición no de Ley queda redactado de la siguiente manera:

"5. Establecer los mecanismos legales necesarios para la cancelación de deudas vinculadas a situaciones de sobreendeudamiento personal o familiar que, por causas sobrevenidas acreditadas, hayan impedido o impidan afrontar el pago de la vivienda habitual. La liquidación de la deuda en ningún caso podrá afectar a terceras personas no titulares de la vivienda objeto de hipoteca. Se deberá garantizar que, en el caso que la vivienda habitual sea liquidada por la parte acreedora para cubrir la deuda, ésta estará obligada a hacer una oferta de alquiler social que no supere el 20% de los ingresos de la persona o unidad familiar o el 30% incluyendo los gastos en suministros."

Enmienda

De adición de un nuevo apartado 6.

El apartado sexto que se incorpora a la Proposición no de Ley queda redactado de la siguiente manera:

"6. Dar cumplimiento a las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, correspondientes a la Comunicación número 5/2015 del 20 de junio de 2017, relativo al derecho a la vivienda de las personas desalojadas y el acceso a vivienda pública. Para ello, se insta al Gobierno a adoptar las medidas adecuadas para evitar que se lleven a cabo desahucios sin una alternativa habitacional para evitar situaciones de exclusión residencial. Cuando la parte demandante que solicita el desahucio sea un gran tenedor de vivienda, éste tendrá la obligación de ofrecer un contrato de alquiler social. En caso que el desahucio no sea instado por un gran tenedor de vivienda, las administraciones públicas estarán obligadas a facilitar un realojo en régimen de alquiler social a las personas en situación de emergencia habitacional."

Enmienda

De adición de un nuevo apartado 7.

El apartado séptimo que se incorpora a la Proposición no de Ley queda redactado de la siguiente manera:

"7. Impulsar la creación de un parque público de alquiler social mediante acuerdo entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, utilizando las viviendas vacías de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), del Fondo Social de Viviendas (FSV), los fondos de inversión y grandes tenedores de vivienda que no estén cumpliendo su función social, mediante su cesión al parque público."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Rafael Mayoral Perales, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 194.2 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para garantizar una verdadera "segunda oportunidad" a las familias y deudores en situación de insolvencia (núm. expte. 162/000247).

Enmienda

De adición.

Se propone la adición de los siguientes apartados con la siguiente redacción:

"6. Establecer que el plazo de control para la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho en caso de pequeñas empresas y personas naturales empresarios, no sea superior a tres años.

7. Establecer, cuando se produzca la ejecución de garantía real sobre vivienda habitual del deudor, que se realice una nueva tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía por incumplimiento de pago, que en cualquier caso no podrá ser inferior al valor de tasación que sirvió para la concesión del préstamo.

8. Establecer en determinadas circunstancias, en las que el deudor persona natural no cuente con bienes ni ingresos que permitan atendiendo a las circunstancias del caso satisfacer dicho pasivo, y previa audiencia de los acreedores, declarar la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento al menos la cuarta parte de los ingresos percibidos durante dicho plazo, que no tuviesen la consideración de inembargables cuando el deudor persona natural tuviese a cargo, al menos, a un menor de edad o a una persona en situación de dependencia, de acuerdo con los informes de los servicios sociales competentes.

9. Facultar al juez que pueda acordar de oficio la exoneración del pasivo insatisfecho de la persona natural, sin necesidad de que esta la solicite y así pueda valorar la actitud y el grado de cumplimiento de los deberes legales de préstamo responsable del acreedor.

10. Crear una oficina central anti desahucios que coordine la creación de oficinas por todo el territorio y unifique criterios y ayude a su mantenimiento. Reconocer el derecho de las personas que hayan perdido su vivienda como consecuencia de una situación de insolvencia sobrevenida en un procedimiento de desahucio a que se les facilite una vivienda en régimen de alquiler social a un precio acorde a sus circunstancias económicas y familiares y, en su caso, a un plan de rescate personal sobre la deuda pendiente que mantengan, que no debe superar el 30% de sus ingresos.

11. En relación con el procedimiento extrajudicial para facilitar la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria, remitir a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados antes de que finalice el año la siguiente información:

- El número de solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo, así como los motivos.

- EI importe correspondiente a las solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo, debidamente desglosadas.

- El número e importe de las medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo que hayan ofrecido a los consumidores, y, en su caso, acordado con ellos, correspondiente a las solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo, debidamente desglosadas.

12. Impulsar la modificación de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil para declarar inembargable la renta activa de inclusión, las prestaciones de Servicios Sociales, las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, las del Plan Prepara, la renta agraria y el subsidio para trabajadores eventuales del Régimen Especial Agrario, los subsidios por desempleo, las ayudas y becas al estudio, y otras análogas a estas.


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13. Desarrollar un nuevo modelo de vivienda protegida en alquiler, con precio de referencia tasado objetivamente, al margen del precio de mercado de la vivienda libre, bajo estricto control público en la selección del destinatario de menores rentas y en el seguimiento de su ocupación, estableciendo un esfuerzo razonable para toda la ciudadanía, fijando el umbral de esfuerzo económico de acceso en el máximo de un tercio de la renta familiar disponible, así como estableciendo su calificación de protegida con carácter permanente. Los hogares destinatarios de las viviendas protegidas no deberán tener ingresos superiores a tres veces el IPREM."

Motivación.

La Recomendación de la Comisión Europea de 12 de marzo 2014/235/UE en su número 30 propone que el plazo de control para la exoneración definitiva en caso de pequeñas empresas y personas naturales empresarios no sea superior a tres años. La mayor parte de los países europeos han reducido el término de exoneración definitiva por debajo de los cinco años. Se debería establecer un plazo máximo para el pago de tres años.

Se dan facultades al juez para impedir que colectivos especialmente vulnerables (menores, personas en situación de dependencia,... ), queden privados del derecho a una vivienda adecuada.

Se establece que cuando tenga por objeto la ejecución de garantía real sobre la vivienda habitual del deudor, el acuerdo no podrá contener modificación alguna de la tasación estipulada en la escritura pública de constitución de la hipoteca para la valoración de la vivienda.

Se pretende trasladar a la Ley Concursal los mecanismos de protección de oficio del consumidor que ya aparecen en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Se crea una oficina central antidesahucios que coordine la creación de oficinas por todo el territorio y unifique criterios y ayude a su mantenimiento.

La Comisión de seguimiento, control y evaluación del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo recabará y evaluará la información que le traslade el Banco de España o las entidades de crédito y publicará semestralmente un informe en el que se evalúe el grado de cumplimiento del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero. Este informe deberá remitirse por el Presidente de la Comisión a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados.

Se propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil para declarar inembargable determinadas rentas, prestaciones, subsidios y otras análogas a estas.

Por último, se insta a desarrollar un nuevo modelo de vivienda protegida en alquiler, con precio de referencia tasado objetivamente, al margen del precio de mercado de la vivienda libre, bajo estricto control público en la selección del destinatario de menores rentas y en el seguimiento de su ocupación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

162/000070 y 162/000247

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate acumulado de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la aprobación de una verdadera ley de segunda oportunidad (núm. expte. 162/000070), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 11, de 12 de septiembre de 2016 y de la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para garantizar una verdadera "segunda oportunidad" a las familias y deudores en situación de insolvencia (núm. expte. 162/000247), publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 63, de 2 de diciembre de 2016, ha acordado aprobar el siguiente texto transaccional:

"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar, en un plazo máximo de seis meses, una propuesta de reforma de la Ley Concursal con la finalidad de reforzar el mecanismo de "segunda


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oportunidad" para todas las familias y deudores personas naturales en situación de insolvencia, en la cual se aborden, entre otros, los siguientes aspectos:

a) Permitir que las deudas con Hacienda y con la Seguridad Social puedan negociarse en el acuerdo extrajudicial de pagos y ser exoneradas del pasivo insatisfecho del deudor, con la máxima seguridad jurídica y siguiendo criterios técnicos.

b) Equiparar los porcentajes de voto necesarios para aprobar un acuerdo extrajudicial de pagos de las personas naturales a los requeridos para la formalización del convenio en los concursos de acreedores.

c) Revisar los requisitos para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho, para facilitar una tramitación más eficiente del procedimiento.

d) Eliminar el periodo de cinco años durante el cual las deudas exoneradas pueden volver a ser reclamadas por los acreedores, con las salvaguardas necesarias para que solo puedan beneficiarse de este mecanismo los deudores que hayan actuado con buena fe.

e) Flexibilizar, con las salvaguardias adecuadas, los requisitos para que los deudores más vulnerables puedan cancelar sus deudas mediante la dación en pago de su vivienda habitual, manteniendo el derecho a permanecer en su vivienda durante tres años con un alquiler que no superará el 30% de los ingresos de la unidad familiar del deudor.

f) Establecer que el plazo de control para la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho en caso de pequeñas empresas y personas naturales empresarios, no sea superior a tres años.

g) Establecer, cuando se produzca la ejecución de garantía real sobre vivienda habitual del deudor, que se realice una nueva tasación del bien a efectos de la ejecución de la garantía por incumplimiento de pago, que en cualquier caso no podrá ser inferior al valor de tasación que sirvió para la concesión del préstamo.

h) Establecer en determinadas circunstancias, en las que el deudor persona natural no cuente con bienes ni ingresos que permitan atendiendo a las circunstancias del caso satisfacer dicho pasivo, y previa audiencia de los acreedores, declarar la exoneración definitiva del pasivo insatisfecho del deudor que no hubiese cumplido en su integridad el plan de pagos pero hubiese destinado a su cumplimiento al menos la cuarta parte de los ingresos percibidos durante dicho plazo, que no tuviesen la consideración de inembargables cuando el deudor persona natural tuviese a cargo, al menos, a un menor de edad o a una persona en situación de dependencia, de acuerdo con los informes de los servicios sociales competentes.

i) Facultar al juez que pueda acordar de oficio la exoneración del pasivo insatisfecho de la persona natural, sin necesidad de que esta la solicite y así pueda valorar la actitud y el grado de cumplimiento de los deberes legales de préstamo responsable del acreedor.

j) Declarar inembargables, modificando a su vez lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, las siguientes ayudas y prestaciones: las prestaciones por desempleo en su modalidad no contributiva; las prestaciones concedidas por la participación en programas temporales de fomento del empleo; las prestaciones familiares de la Seguridad Social; las prestaciones de atención a la dependencia; las rentas mínimas de inserción de las Comunidades Autónomas, sea cual sea su denominación; y las subvenciones, ayudas y becas concedidas por las Administraciones Públicas de carácter finalista destinadas a compensar gastos realizados; así como las demás ayudas y prestaciones de responsabilidad pública análogas a las anteriores.

2. Asimismo, el Congreso de los Diputados, en relación con el procedimiento extrajudicial para facilitar la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito en aplicación de determinadas cláusulas suelo contenidas en contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria, insta al Gobierno de España a que remita a la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados, antes de que finalice el ario, la siguiente información:

- El número de solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo, así como los motivos.

- El importe correspondiente a las solicitudes presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo, debidamente desglosadas.

- El número e importe de las medidas compensatorias distintas de la devolución del efectivo que hayan ofrecido a los consumidores, y, en su caso, acordado con ellos, correspondiente a las solicitudes


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presentadas, las que han terminado con acuerdo y las que no ha sido posible llegar a tal acuerdo, debidamente desglosadas."

Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

INTERPELACIONES

Urgentes

172/000077

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las medidas que adoptará el Gobierno de España para la viabilidad y continuidad de la actividad productiva del plátano de Canarias en nuestro país, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada de Coalición Canaria Ana Oramas González-Moro, al amparo de lo establecido en los artículos 180 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente interpelación urgente sobre las medidas que adoptará el Gobierno de España para la viabilidad y continuidad de la actividad productiva del plátano de Canarias en nuestro país, para su debate en el Pleno de la Cámara.

Motivación

La fuerte dependencia de Canarias de las importaciones de bienes y servicios hace necesario contar con sectores que contribuyan a compensar este desequilibrio. Entre ellos, destaca el del plátano en Canarias, sector de actividad que produce un efecto general beneficioso para la sociedad y economía del Archipiélago.

Con una superficie de 8.936 hectáreas de cultivo repartidas en un total de cinco islas, lo que le otorga un valor paisajístico insustituible, la exportación de plátano genera, como mínimo, 7.500 empleos directos a tiempo completo con una masa salarial bruta anual a sus trabajadores que supera los 150 millones de euros.

Además, el plátano concentra actualmente más del 75% de los envíos de exportación del sector primario de las Islas y trabaja intensamente con actividades económicas vinculadas. Los efectos positivos generados por el plátano para estas actividades se cuantifican en más de 130 millones de euros anuales de ingresos para las industrias relacionadas y en la generación de hasta 5.000 empleos indirectos anuales a tiempo completo.

La exportación de plátano tiene un efecto directo en el ahorro económico que obtienen las importaciones totales a Canarias que se cifra en una media anual del 5%, lo que se traduce en un abaratamiento significativo del coste de la vida para toda la población en Canarias.

Con el cultivo del plátano, España constituye el país con mayor producción comunitaria de este producto, representando más del 60% del total de la producción europea. Su competencia la desarrollan países terceros con condiciones económicas, sociales y medio ambientales muy inferiores a los estándares europeos de producción.

En 1993, cuando se abre el mercado nacional español a la entrada de banana de terceros países, el sector platanero a través de su reorganización y gestión obtuvo un reconocimiento comunitario a su


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carácter estratégico y dimensión social y económica. Esto, junto con la existencia de un sistema arancelario de arancel único a la importación de banana americana a la Unión Europea de 176?/t, dio viabilidad al cultivo del plátano en España, alcanzando un marco estable de funcionamiento hasta el año 2009.

En diciembre de 2009 se llegó a un acuerdo multilateral en el seno de la OMC en Ginebra donde se estableció un acuerdo de reducción arancelaria para las bananas dólar a 148 euros por tonelada con su correspondiente descreste hasta llegar a los 114 euros en el año 2020. Unos meses después, la UE firmó en Madrid un mayor descreste arancelario (los acuerdos bilaterales) donde se estableció un nuevo arancel preferencial de 145 euros tonelada con su correspondiente descreste hasta el año 2020 para llegar a un arancel de 75 euros tonelada.

En todo este proceso las importaciones de banana de países de África, Caribe y Pacífico quedaron absolutamente liberalizadas (con arancel 0) habiendo desaparecido los contingentes que en su día tuvieron ya el 1 de enero de 2008, representando hoy una significativa competencia a la baja de los precios en el mercado español.

Desde entonces, el proceso de descreste arancelario ha supuesto un beneficio para las importaciones de banana americana con un descenso de más del 20% en el caso del arancel multilateral y del 30% en el caso del arancel preferencial y es un hecho que éste continuará hasta superar el 50% desde sus inicios.

La evolución de estas circunstancias ha tenido un impacto contundente en el sector del plátano de Canarias. El precio en el mercado español del plátano entre el año 2009 y el 2016 ha tenido una caída que a excepción de un pico puntual por ausencia imprevista de volumen muy elevado de producción en el año 2011, ha sido constante. Este hecho combinado con el incremento de los costes de producción (en un entorno de inflación acumulada entre los años 2009 y 2016 del 11,6%), ha llevado a una situación límite a los productores de plátano.

El plátano para su subsistencia necesita de la aportación de los 8.000 productores que lo conforman. La situación de rentabilidad negativa ha alcanzado a muchos de los productores de plátano en los últimos años y ello ha obligado a realizar fuertes medidas de contención que el sector no puede ya sostener.

Por esta razón se formula la siguiente interpelación sobre las medidas que adoptará el Gobierno de España para la viabilidad y continuidad de la actividad productiva del plátano de Canarias en nuestro país.

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2017.-Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Íñigo Jesús Alli Martínez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

172/000078

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a la Ministra de Empleo y Seguridad Social, sobre medidas de apoyo extraordinarias para las y los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura, y del conjunto del Estado, como consecuencia de los efectos de la sequía, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en los artículos 180 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente interpelación urgente a la Ministra de Trabajo y Seguridad Social sobre medidas de apoyo extraordinarias para las y los trabajadores eventuales del campo de Andalucía y Extremadura, y del conjunto del estado, como consecuencia de los efectos de la sequía.


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Exposición de motivos

Nuestro país está atravesando una de las sequías más críticas de los últimos años. En este ( contexto y de acuerdo con los estudios disponibles, el impacto sobre el sector agrario y ganadero está siendo especialmente duro. El Gobierno ha impulsado a través del Real Decreto-ley 10/2017, de 9 de junio, de medidas para paliar los efectos de la sequía entre los agricultores y ganaderos a título principal, es decir, autónomos agrícolas. Sin embargo, la sequía y la reducción de la producción tienen otro efecto directo inmediato sobre el sector de los y las trabajadoras agrícolas por cuenta ajena y sobre las y los temporeros. La campaña de la vendimia que absorbe en toda España en torno a 15 millones de jornales, se ha visto afectada al reducir su producción entre un 15% en las Denominaciones de Origen (DO) de Albariño o Ribeiro y un 40% en la DO de Mancha o Ribera del Duero. En estos días se ha anunciado que la campaña de la aceituna que comienza en breve ha sufrido una merma en la producción de un 15,8%, lo que supone la reducción directa de en torno a un 30% de los jornales disponibles.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de febrero de 2016.-Diego Cañamero Valle, Diputado.-Irene María Montero Gil, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea.

172/000079

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, debatió la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas a adoptar para revertir la situación de precariedad laboral y los niveles de temporalidad en la contratación, cuyo texto se inserta a continuación de conformidad con lo previsto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para formular, al amparo de lo establecido en el Reglamento del Congreso de los Diputados y para su inclusión en el orden del día de la próxima sesión del Pleno de la Cámara, la siguiente interpelación urgente al Gobierno sobre las medidas a adoptar para revertir la situación de precariedad laboral y los niveles de temporalidad en la contratación.

Exposición de motivos

Los datos hechos públicos en la última Encuesta de Población Activa, a pesar de la reducción del desempleo, que ha sido de menor calado que en trimestres equivalentes de otros años, demuestran que la precariedad y la temporalidad, consecuencias directas de la reforma laboral que llevó a cabo el Gobierno del PP en 2012, son males endémicos asociados al modelo laboral que se implantó con esa reforma.

La contratación temporal sigue en niveles muy elevados; son temporales 9 de cada 10 contratos firmados. La tasa de temporalidad está hoy en el 27,38%, cuatro puntos más que en 2013. Además, los datos reflejan una gran estacionalidad por el peso del sector Servicios; casi siete de cada diez nuevos ocupados fueron temporales ligados a la campaña turística.

Un fenómeno que pone de manifiesto la situación insostenible del modelo de trabajo creado por Gobierno es que muchos de esos contratos temporales son de días, incrementándose cada vez más los contratos temporales de menos de una semana, con lo que ello conlleva para la aniquilación de muchos de los derechos de los trabajadores, tanto salariales, como los relativos a la protección de su salud y seguridad, e incluso para tener derecho a representación sindical.

El 58% de los asalariados trabajan a tiempo parcial de forma involuntaria, es decir, que tienen esa jornada porque no encontraron un empleo a jornada completa. En un número de casos muy elevados estos trabajadores realizan más horas de las fijadas en el contrato, aspecto este que se ha convertido en uno de los elementos fundamentales de la devaluación salarial.


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La situación dista mucho de ser aceptable: el número de ocupados aún debe aumentar para alcanzar los niveles previos a la crisis, hay casi 1,2 millones de hogares con todos sus miembros en paro, la cobertura del sistema de protección por desempleo sigue sin reponerse a los niveles previos a la crisis y el desempleo juvenil continúa en cifras inasumibles. En resumen, la recuperación económica ni siquiera se ha aproximado a amplias capas de la población.

La reforma operada en 2012 facilitando la flexibilidad del despido y derogando la prioridad del convenio sectorial en favor del convenio de empresa, ha dado como resultado que las empresas hayan externalizado con gran facilidad numerosas actividades que les son propias, produciéndose un fenómeno que ha incidido aún más en la situación insostenible de los trabajadores. El incremento de las empresas multiservicios y la negociación de Convenios por estas empresas, muchas veces al margen de los sindicatos y que regulan condiciones de trabajo muy por debajo de las establecidas en los convenios colectivos sectoriales, provocan no solo precariedad sino desigualdad entre trabajadores que realizan en el mismo centro de trabajo una misma tarea. La externalización incontrolada ha dado lugar a una bajada generalizada de los salarios en sectores ya de por sí precarizados como es la hostelería y la industria agroalimentaria.

Hay dos colectivos, los situados en los dos extremos de la edad laboral, que están sufriendo especialmente esta precariedad. Por un lado, los jóvenes, afectados por mayores tasas de temporalidad, parcialidad y devaluación salarial, sin que el mercado de trabajo actual pueda servir para ofrecer formación y trabajo a los jóvenes sin formación, ni un trabajo adecuado a los jóvenes ya formados. Por otro lado, los mayores de más de 52 años que, una vez que han perdido su empleo, quedan sin ninguna posibilidad de reincorporarse al mercado de trabajo, ante la falta de políticas activas de empleo y sin ninguna protección por las sucesivas reformas de la protección por desempleo.

Por todo ello, se formula la presente interpelación urgente al Gobierno sobre las medidas a adoptar para revertir la situación de precariedad laboral y los niveles de temporalidad en la contratación.

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES

Urgentes

173/000055

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la defensa del modelo de la escuela catalana.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Olòriz Serra, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente sobre la defensa del modelo de la escuela catalana, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

El actual modelo de Escuela Catalana ha resultado ser un modelo educativo de éxito, avalado por diferentes organismos, como se desprende del Informe del Parlamento Europeo sobre el multilingüismo.

También es un modelo de éxito desde el punto de vista de la integración social y lingüístico, dado la gran cantidad de población inmigrante llegada a Catalunya desde inicios del siglo XXI, y que el modelo de inmersión lingüística garantiza un aprendizaje y unas amplias competencias lingüísticas tanto del catalán y del castellano de todo el alumnado del sistema de educación pública de Catalunya.


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Un modelo educativo que tiene el aval social de los sindicatos de la comunidad educativa, de la mayoría de AMPAS de Catalunya, así como de la mayoría de partidos políticos presentes en el Parlament de Catalunya y la mayoría parlamentaria del Parlament. Un modelo basado en la no-separación del alumnado por razón de lengua y que ha hecho posible el conocimiento de las dos lenguas oficiales por parte de todo el alumnado al acabar la enseñanza obligatoria, como ha quedado patente en diferentes estudios publicados.

El sistema de inmersión lingüística se ha mostrado efectivo para conseguir el conocimiento por parte de todos los catalanes del catalán, un hecho inherente a su condición de idioma oficial en Catalunya, así como del castellano, que también es idioma oficial en Catalunya.

Resultan por tanto, desafortunadas las declaraciones políticas efectuadas en estos últimos días en los que se acusa a la Escuela Catalana de incitar el odio hacia España, marginar el castellano y de ser adoctrinador. Unas declaraciones que tienen el punto culminante en la entrevista ofrecida por el Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, señor Alfonso Dastis, a la televisión francesa en la que el Ministro afirmó que no se enseñaba castellano en las escuelas de Catalunya.

Sin embargo y a pesar de las mentiras del señor Dastis, la realidad es tozuda y obstinada. Según los resultados de la Enquesta d'usos lingüístics de 2013 elaborada por el IDESCAT, el 99.77% entiende el castellano en Catalunya frente al 94.33% que entiende el catalán. Un 19% más de población habla el castellano frente al catalán, un 15% más de población sabe leerlo y un 35% más de población sabe escribirlo. En definitiva, el 95,67% de la población de Catalunya tiene conocimiento de castellano en todas sus habilidades frente al 60,21% de la población que tiene conocimiento del catalán en todas sus habilidades.

Además, las puntuaciones medias de las pruebas de acceso a la universidad así como las notas medias de los alumnos de cuarto de la ESO de Catalunya, nos indican que los alumnos catalanes y catalanas tienen plenos conocimientos, habilidades y dominio de la lengua castellana.

Unos ataques al catalán y al modelo de Escuela Catalana que vienen ya de lejos, puesto que la aprobación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, más conocida como LOMCE, niega la diversidad lingüística de las Comunidades Autónomas con lengua propia y supone un ataque al modelo de inmersión lingüística, que garantiza el conocimiento del catalán y el castellano al finalizar la formación obligatoria y que ha sido fundamental para la cohesión social y la convivencia lingüística en Catalunya. Un modelo que ha contado históricamente con un amplísimo consenso social y político y que, tal como hemos expuesto, académicamente funciona.

Por todo ello se presenta la siguiente

Moción

"1. El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo al modelo de Escuela Catalana y a la inmersión lingüística que tantos buenos resultados ha dado para la cohesión social en Catalunya.

2. El Congreso de los Diputados reprueba al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, señor Alfonso Dastis, por mentir pública y deliberadamente acerca de la no enseñanza del castellano en la escuela pública catalana.

3. El Congreso de los Diputados insta al Presidente del Gobierno a cesar inmediatamente al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, señor Alfonso Dastis, por negligencia deliberada de sus funciones en la proyección exterior del Estado español."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Joan Olòriz Serra, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

173/000055

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la defensa del modelo de la escuela catalana, ha acordado lo siguiente:

"1. El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo al modelo de Escuela Catalana y a la inmersión lingüística que tantos buenos resultados ha dado para la cohesión social en Cataluña.


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2. El Congreso de los Diputados reprueba al Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. Alfonso Dastis, por mentir pública y deliberadamente acerca de la no enseñanza del castellano en la escuela pública catalana."

Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

173/000056

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política general del Gobierno en materia de transportes e infraestructuras ferroviarias, para favorecer la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo de la economía española y de las enmiendas presentadas a la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado de Foro Isidro Martínez Oblanca, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Moción consecuencia de interpelación urgente, sobre la política general en materia de transportes e infraestructuras ferroviarias, para favorecer la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo de la economía española.

Exposición de motivos

Tras el debate de la interpelación que tuvo lugar el pasado día 25 de octubre de 2017 en el Pleno del Congreso de los Diputados, el diputado de Foro que suscribe considera que el Gobierno de España no puede eludir la urgente necesidad de promover la plena integración ferroviaria española en Europa, mediante la eliminación de las barreras existentes, tanto físicas como tecnológicas, cuyo exponente principal es la diferencia del ancho de vía en los corredores que no forman parte de la red de alta velocidad.

Es una necesidad nacional pero también es una obligación de todos los países miembros de la Unión Europea. Lo reclama la Directiva 2012/34/UE, de 21 de noviembre de 2012 por la que se establece la creación de un Espacio Ferroviario Europeo Único con objeto de fomentar el desarrollo de una infraestructura ferroviaria eficaz, establecer un mercado ferroviario basado en una red de infraestructura integrada y equipos interoperables que permitan prestar servicios de transporte eficaces en toda Europa y los países vecinos, suprimir los obstáculos administrativos y técnicos, y garantizar condiciones de competencia equitativas, con efectos muy positivos sobre el crecimiento económico y el empleo.

En su primera comparecencia ante la Comisión de Fomento del pasado 19 de diciembre de 2016, el Ministro de Fomento reconoció implícitamente la necesidad de transformación progresiva de la red ferroviaria al ancho de vía estándar UIC cuando anunció que "en el caso de las líneas ferroviarias convencionales que han quedado en desuso por la puesta en servicio de una linea de alta velocidad en el mismo corredor, nos interesa especialmente potenciar su utilización para tráfico de mercancías, la mejora de la posición competitiva de la industria española a consecuencia del aumento del tráfico hacia y desde Europa y el mayor aprovechamiento de las previsiones del Plan de estrategia logística". No se trata solo de aprovechar líneas en desuso sino de apoyarse en la vieja red de ancho ibérico mientras no se produzca la transformación definitiva de todo el ferrocarril español, de viajeros y de mercancías, al ancho internacional.

No es posible aceptar, como se está vislumbrando, la creación de dos Españas ferroviarias, con el traslado de las actuales fronteras que imponen los diferentes anchos de vía, desde la frontera con Francia al interior del territorio español, dividiendo a España en dos espacios económicos con diferente sistema de comunicaciones: la España que progresa en ancho internacional o UIC y la España que pierde la ocasión del progreso con la perpetuación del ancho ibérico.


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Por ello, al amparo de lo previsto en el Reglamento de la Cámara, el Diputado que suscribe tiene el honor de presentarla siguiente

Moción

"El Pleno del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1.° Remitir al Congreso de los Diputados, en un plazo de seis meses, un Plan para la adaptación integral de la red ferroviaria española al ancho de vía estándar UIC, con objeto de impulsar la definitiva supresión de barreras tecnológicas y físicas con Europa e impulsar la plena integración en la Unión Europea. El citado Plan incluirá un Informe del estado actual de la transformación de la red, detallando los corredores ferroviarios que ya disponen de ancho UIC y aquellos en los que se han aprobado y/o se están realizando actualmente proyectos u obras con este objetivo.

2.° Elevar al Congreso de los Diputados, en el plazo de tres meses, un Informe detallado del estado de cumplimiento de las Directivas Europeas de los cuatro Paquetes Ferroviarios aprobados (tanto los referidos a Viajeros como a Mercancías) para la apertura a la competencia del ferrocarril español, reflejando con detalle su transposición, así como las medidas adoptadas en aplicación de los mismas, y los resultados concretos de su aplicación.

3.° Presentar antes del 31 de diciembre de 2017, el nuevo Plan de Renfe para adquirir material rodante, citado por el Ministro de Fomento y que el presidente de la compañía anunció esta misma semana, cifrado por encima de los 1.500 M?, con referencia concreta al Plan específico para Renfe Mercancías, dentro del conjunto de las medidas adoptadas para incrementar la cuota del ferrocarril español en el tráfico de mercancías."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-Isidro Manuel Martínez Oblanca, Diputado.-Íñigo Jesús Alli Martínez, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184.2 del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez Oblanca), sobre la política general del Gobierno en materia de transportes e infraestructuras ferroviarias, para favorecer la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo de la economía española.

Enmienda

De modificación.

Texto que se propone:

Se modifica el primer punto de la sección propositiva de la Moción, que queda redactado en los siguientes términos:

"1.o Remitir al Congreso de los Diputados, en un plazo de un año, la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de interés General destinada a satisfacer las necesidades futuras de movilidad dando cumplimiento así al artículo 5 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del sector ferroviario. En dicha estrategia se indicarán las fases y horizontes temporales lógicos y justificados de adaptación de la Red Ferroviaria de Interés General a las exigencias europeas, para tener una red integrada en el espacio único europeo del transporte ferroviario en todos sus subsistemas, incluido el ancho de vía. Además la Estrategia deberá recoger, también de modo justificado, las necesidades reales de transporte y movilidad que necesita este país en el sistema ferroviario."

Texto que se sustituye:

"1.o Remitir al Congreso de los Diputados, en un plazo de seis meses, un Plan para la adaptación integral de la red ferroviaria española al ancho de vía estándar UIC, con objeto de impulsar la definitiva


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supresión de barreras tecnológicas y físicas con Europa e impulsar la plena integración de en la Unión Europea. El citado Plan incluirá un Informe del estado actual de la transformación de la red, detallando los corredores ferroviarios que ya disponen de ancho UIC y aquellos en los que se han aprobado y/o se están realizando actualmente proyectos u obras con este objetivo."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos -En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Foro), sobre la política general en materia de transportes e infraestructuras ferroviarias, para favorecer la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo de la economía española.

Enmienda

Al punto 1

De adición.

Añadir in fine:

"El Plan de adaptación referido en cualquier caso no excluirá ninguna de las soluciones técnicas disponibles, considerando que en función de la antena viaria que se aborde la idoneidad de éstas pueden ir desde traviesas polivalentes hasta intercambiadores de ancho de vía, pasando por la renovación completa de trazados en aquellos casos donde las pendientes o la complejidad de los mismos así lo recomienden."

Enmienda

Al punto 2

De adición.

Añadir in fine:

"El Informe deberá detallar qué medidas están siendo adoptadas para preparar a las entidades públicas ferroviarias españolas para competir en las mejores condiciones posibles, sin pérdida alguna de mercado ni de puestos de trabajo, en el futuro entorno de libre competencia al que obliga la Unión Europea y en el que se medirá con compañías monopolísticas nacionales alemanas y francesas."

Enmienda

De adición.

De adición de un nuevo punto 4, con el siguiente texto:

"Acordar en el próximo Contrato Programa entre la Administración General del Estado y la Entidad Pública Empresarial RENFE-Operadora para la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril de Cercanías, Media Distancia y Ancho Métrico, competencia de la Administración General del Estado, sujetos a Obligaciones de Servicio Público para 2018, el mantenimiento de todos y cada uno de los servicios prestados en 2017, así como el incremento de al menos un 10% del contrato


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con la finalidad de atender nuevas obligaciones de servicio público ferroviarias de cercanías o media distancia."

Enmienda

De adición.

De adición de un nuevo punto 5, con el siguiente texto:

"Asegurar, en los próximos Presupuestos Generales del Estado, recursos suficientes para acometer al menos un 20% de la electrificación de la red convencional actualmente sin electrificar, así como para sostener recursos de mantenimiento y mejora de esta red, con el objetivo de que la media de Limitaciones Temporales de Velocidad en estas líneas se reduzca al menos en un 80% en el cómputo de 2018."

Enmienda

De adición.

De adición de un nuevo punto 6, con el siguiente texto:

"Remitir al Congreso un Plan para la supresión de los riesgos de accidente en las 443 estaciones de la Red gestionada por ADIF en las que necesitando de paso entre andenes éste no se produce a diferente nivel."

Enmienda

De adición.

De adición de un nuevo punto 7, con el siguiente texto:

"Modificar el artículo 3 del Real Decreto 623/2014, por el que se regula la investigación de los accidentes e incidentes ferroviarios y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios para incorporar los arrollamientos de personas en estaciones en la definición de accidente grave."

Enmienda

De adición.

De adición de un nuevo punto 8, con el siguiente texto:

"Si efectivamente se derivara la declaración en calidad de investigado (antes imputado) de Juan Bravo en relación con la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por su responsabilidad en su época de consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid por el desfalco de 70 millones de euros del Canal Isabel II, se procederá al cese de Juan Bravo, en su actual responsabilidad como Presidente del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)."

Justificación.

- Enmiendas 1 a 4. Evitar el desmantelamiento de más líneas de los ferrocarriles de cercanías, antigua FEVE y media distancia, garantizando su continuidad y ampliación, como soporte imprescindible para la cohesión territorial, así como garantía de acceso a otros servicios públicos esenciales.

- Enmiendas 5 y 6. Combatir los arrollamientos con riesgo de muerte en España, que han segado 69 vidas en nuestro país desde 2011.

- Dignificar la entidad pública y minimizar riesgos de malversación en la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Sergio Pascual Peña, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez Oblanca), sobre la política general del Gobierno en materia de transportes e infraestructuras ferroviarias, para favorecer la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo de la economía española.

Enmienda

De modificación.

"1. Elaborar y remitir al Congreso de los Diputados, un estudio sobre la planificación de la explotación de la red ferroviaria española según el ancho de vía, detallando los corredores que se explotarían en ancho ibérico y los que se explotarían en ancho estándar, así como la repercusión presupuestaria y en el servicio que tendría en los corredores que se considere necesario la adaptación al ancho de vía estándar UIC. Además de un informe del estado actual de la red, detallando los corredores ferroviarios que ya disponen de ancho UIC y aquellos en los que se han aprobado y/o se están realizando actualmente proyectos u obras con este objetivo.

2. Elevar al Congreso de los Diputados, en el plazo de tres meses, un Informe detallado del estado de cumplimiento de las Directivas Europeas de los cuatro Paquete Ferroviarios aprobados (tanto los referidos a Viajeros como a Mercancías) para la apertura a la competencia del ferrocarril español, reflejando con detalle su transposición, así como las medias adoptadas en aplicación de las mismas y los resultados concretos de su aplicación. Este informe incluirá un análisis de las perspectivas de evolución del transporte de viajeros por ferrocarril una vez implementadas las mismas, así como la descripción de las iniciativas que el Gobierno piensa adoptar para garantizar calidad en la prestación de las obligaciones de servicio público y preparar a Renfe para competir en el mercado con perspectivas de éxito.

3. Presentar antes del 31 de diciembre de 2017, el nuevo Plan de Renfe para adquirir material rodante, citado por el Ministro de Fomento y que el presidente de la compañía anunció esta misma semana, cifrado por encima de los 1.500 millones de euros, detallando para los trenes previstos anchura de ejes, tensión de alimentación y equipamiento de seguridad en la circulación, así como referencia concreta al Plan específico para Renfe Mercancías, dentro del conjunto de las medidas adoptadas para incrementar la cuota del ferrocarril español en el tráfico de mercancías.

4. Estudiar las debilidades en la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril que ha llevado a que muchos años después de su aplicación, no haya despegado este sector, estando la cuota de transporte de mercancía por ferrocarril muy por debajo de la media europea. Además de poner en marcha las acciones necesarias para solucionar eliminar este déficit y garantizar las conexiones ferroviarias de los puertos españoles, para potenciar la competitividad de nuestras empresas.

5. Impulsar el desarrollo de los corredores prioritarios para Europa que pertenecen a la red transeuropea de transporte y de sus ramales complementarios. Además de realizar una planificación de la inversión en red ferroviaria garantizando la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, residan donde residan, y la cohesión territorial.

6. Publicar en el plazo de seis meses, la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de infraestructuras ferroviarias integrantes de la Red Ferroviaria de Interés General destinada a satisfacer las necesidades futuras de movilidad, como indica el artículo 5 de la Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del Sector Ferroviario, estrategia que no se ha publicado dos años después desde la aprobación de la ley, además del desarrollo reglamentario que se establece en dicha Ley."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de


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interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Martínez Oblanca), sobre la política general del Gobierno en materia de transportes e infraestructuras ferroviarias, para favorecer la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo de la economía española.

Enmienda

De modificación.

El texto que se propone quedará redactado como sigue:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Continuar trabajando en la estrategia establecida en el PITVI 2012-2024 para el cambio al ancho de vía estándar UIC, con objeto de impulsar la definitiva supresión de barreras tecnológicas y físicas con Europa e impulsar la plena integración en la Unión Europea.

2. Elevar al Congreso de los Diputados, en el plazo de seis meses, un informe acerca del estado de transposición de las normas europeas referidas al cuarto paquete ferroviario para la apertura a la competencia del ferrocarril español, recogiendo el plan para su transposición, así como las medidas que van a ser adoptadas en aplicación de las mismas.

3. Presentar antes del 31 de marzo de 2018, el nuevo Plan de Renfe para adquirir material rodante, con referencia concreta al Plan específico para Renfe Mercancías, dentro del conjunto de las medidas adoptadas para incrementar la cuota del ferrocarril español en el tráfico de mercancías."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

173/000056

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política general del Gobierno en materia de transportes e infraestructuras ferroviarias, para favorecer la competitividad, el crecimiento y la creación de empleo de la economía española, ha acordado lo siguiente entendiendo, en los términos de la calificación de la Mesa, que el Plan e Informe a que se refiere la iniciativa se tramitarán, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente:

"El Pleno del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1º. Elevar al Congreso de los Diputados, en el plazo de tres meses, un Informe detallado del estado de cumplimiento de las Directivas Europeas de los cuatro Paquetes Ferroviarios aprobados (tanto los referidos a Viajeros como a Mercancías) para la apertura a la competencia del ferrocarril español, reflejando con detalle su transposición, así como las medidas adoptadas en aplicación de las mismas, y los resultados concretos de su aplicación.

2º. Presentar antes del 31 de diciembre de 2017, el nuevo Plan de Renfe para adquirir material rodante, citado por el Ministro de Fomento y que el presidente de la compañía anunció esta misma semana, cifrado por encima de los 1.500 M?, con referencia concreta al Plan específico para Renfe Mercancías, dentro del conjunto de las medidas adoptadas para incrementar la cuota del ferrocarril español en el tráfico de mercancías."

Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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173/000057

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, de la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales y de la enmienda presentada a la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Socialista se dirige a esa Mesa para, al amparo del artículo 184.2 del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Moción consecuencia interpelación urgente a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre la política del Gobierno en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales.

Moción

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar en el seno de la Unión Europea la activación del Fondo de Solidaridad Europeo para con las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León.

2. Proceder, conforme a lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en relación a los territorios afectados, con aplicación de las medidas previstas en el artículo 24 de la citada ley. Las medidas que se aprueben deberán al menos contemplar el nivel de ayuda previsto en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.

3. Dotar presupuestariamente la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, a fin de destinar al medio rural inversiones reales para hacer el frente al proceso de deterioro y despoblación que sufre por falta de oportunidades para su desarrollo, de lo que se deriva, en el ámbito que nos ocupa, el abandono y el escaso uso de los bosques y montes, con el consiguiente riesgo de incendios. Impulsar las modificaciones precisas en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para abordar la actualización de las estrategias territoriales y la recuperación de las expectativas generadas en el diseño y puesta en marcha de la Ley.

4. Impulsar, antes de la conclusión del próximo periodo de sesiones, la modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, a fin de incluir en relación a los aprovechamientos forestales el fomento de la sostenibilidad económica del aprovechamiento forestal del pastizal, con preferencia de la actividad de ganadería extensiva y del aprovechamiento de biomasa con fines energéticos, y asegurar su compatibilidad con los requerimientos agroambientales y aspectos de conservación del medio, prevención de incendios y mantenimiento de determinados hábitat.

5. Crear dos grupos de trabajo que, con respeto a la distribución constitucional de competencias y en aras del reforzamiento de la seguridad medioambiental, aborden la elaboración de sendos Estatutos Básicos para los Bomberos y Agentes Forestales, que, entre otras cuestiones, concrete su marco regulador y de pertenencia.

6. Mejorar la coordinación entre Administraciones y de acuerdo con las comunidades autónomas:

a. Establecer las directrices y criterios básicos para la definición de las zonas especialmente sensibles al riesgo de incendio, según lo previsto en el artículo 48.1 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

b. Impulsar, en el seno del Comité de Lucha contra los incendios forestales, la realización de campañas de desbroce y limpieza de montes sistemáticas en zonas de alto riesgo de incendio forestal, especialmente en aquellas zonas donde la extracción de recursos forestales no sea rentable por las dificultades orográficas o bien no exista la posibilidad debido a las distintas figuras de protección ambiental.

c. Crear, con carácter transversal y bajo la coordinación de la Vicepresidenta, ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, una mesa de trabajo y coordinación para implementar


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medidas de carácter multidisciplinar en relación a la ordenación del territorio en materia forestal, la de lucha contra los incendios y la despoblación del medio rural.

7. Otorgar, dentro del futuro proyecto de ley de cambio climático y transición energética anunciado, un papel predominante a la gestión de las masas forestales españolas, impulsando un marco regulatorio adecuado que garantice la prevención de la deforestación, así como una gestión adecuada de los espacios naturales y forestales, incidiendo en la función de sumideros de carbón que cumplen los bosques, evitando la sobreexplotación de los recursos y acentuando que las medidas de compensación vayan dirigidas, especialmente, a la restauración de los espacios más degradados. Propiciando al tiempo, un desarrollo sostenible del medio rural desde el punto de vista socioeconómico y medioambiental."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-Margarita Robles Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento del Congreso, presenta las siguientes enmiendas a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente sobre la política del Gobierno en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales.

Enmienda

De adición.

Se propone añadir una letra d) al punto 6 de la Moción, con la siguiente redacción:

"d. Establecer directrices para el control y limitación a la extensión de especies consideradas pirófitas, en especial de Pinus pinaster, Pinus halepensis y de Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens, tanto en las forestaciones como en las reforestaciones, así como en las plantaciones forestales ubicadas en terrenos agrícolas, de manera que se priorice la regeneración y conservación de montes naturales y bosques autóctonos."

Justificación.

Mejorar la protección de los bosques autóctonos y la limitación de la extensión de plantaciones forestales de especies pirófitas.

Enmienda

De adición.

Se propone añadir un punto 8 a la Moción, con la siguiente redacción:

"Crear una mesa de trabajo y diálogo con las distintas administraciones autonómicas y los agentes sociales para, en el plazo máximo de seis meses, presentar a las Cortes Generales una propuesta de marco normativo de regulación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) que contendrá, al menos, las siguientes orientaciones básicas:

1. Los SPEIS tendrán la consideración de servicio público, serán gestionados directamente por las administraciones públicas y prestados por empleados públicos, agentes de la autoridad, con dedicación exclusiva.

2. Se definirán las funciones y se regulará el acceso a la profesión, las categorías profesionales y la segunda actividad de los bomberos, y se establecerá un catálogo de enfermedades profesionales.

3. Se establecerán criterios generales sobre formación y adquisición de recursos materiales, sobre la jornada laboral de los empleados públicos de los SPEIS y sobre la retribución de sus recursos humanos.


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4. Se regulará un mínimo de acciones por tiempos de respuesta e isócronas para asegurar la prestación de un servicio de calidad a la ciudadanía."

Justificación.

Dotar de un marco normativo homogéneo a los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento, que garantice su consideración de servicio público y su gestión directa por parte de las administraciones públicas, dote de seguridad jurídica y garantías laborales a los profesionales que lo desempeñan y permita mejorar la calidad del servicio.

Enmienda

De adición.

Se propone añadir un punto 9 a la Moción, con la siguiente redacción:

"9. Iniciar todos los trámites necesarios para actualizar, en el plazo de seis meses, el Plan Forestal Español, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de los montes y la biodiversidad de nuestros bosques y montes."

Justificación.

Garantizar el mantenimiento de los montes y la biodiversidad de nuestros bosques y montes.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

173/000057

El Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día de hoy, con motivo del debate de la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de prevención y lucha contra los incendios forestales, ha acordado lo siguiente:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar en el seno de la Unión Europea la activación del Fondo de Solidaridad Europeo para con las Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León.

2. Proceder, conforme a lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil en relación a los territorios afectados, con aplicación de las medidas previstas en el artículo 24 de la citada Ley. Las medidas que se aprueben deberán al menos contemplar el nivel de ayuda previsto en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.

3. Dotar presupuestariamente la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, a fin de destinar al medio rural inversiones reales para hacer frente al proceso de deterioro y despoblación que sufre por falta de oportunidades para su desarrollo, de lo que se deriva, en el ámbito que nos ocupa, el abandono y el escaso uso de los bosques y montes, con el consiguiente riesgo de incendios. Impulsar las modificaciones precisas en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural para abordar la actualización de las estrategias territoriales y la recuperación de las expectativas generadas en el diseño y puesta en marcha de la Ley.

4. Impulsar, antes de la conclusión del próximo periodo de sesiones, la modificación de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, a fin de incluir en relación a los aprovechamientos forestales el fomento de la sostenibilidad económica del aprovechamiento forestal del pastizal, con preferencia de la actividad de ganadería extensiva y del aprovechamiento de biomasa con fines energéticos, y asegurar su compatibilidad con los requerimientos agroambientales y aspectos de conservación del medio, prevención de incendios y mantenimiento de determinados hábitat.


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5. Crear dos grupos de trabajo que, con respeto a la distribución constitucional de competencias y en aras del reforzamiento de la seguridad medioambiental, aborden la elaboración de sendos Estatutos Básicos para los Bomberos y Agentes Forestales, que, entre otras cuestiones, concrete su marco regulador y de pertenencia.

6. Mejorar la coordinación entre Administraciones y de acuerdo con las Comunidades Autónomas:

a. Establecer las directrices y criterios básicos para la definición de las zonas especialmente sensibles al riesgo de incendio, según lo previsto en el artículo 48.1 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

b. Impulsar, en el seno del Comité de Lucha contra los incendios forestales, la realización de campañas de desbroce y limpieza de montes sistemáticas en zonas de alto riesgo de incendio forestal, especialmente en aquellas zonas donde la extracción de recursos forestales no sea rentable por las dificultades orográficas o bien no exista la posibilidad debido a las distintas figuras de protección ambiental.

c. Crear, con carácter transversal y bajo la coordinación de la Vicepresidenta y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, una mesa de trabajo y coordinación para implementar medidas de carácter multidisciplinar en relación a la ordenación del territorio en materia forestal, la de lucha contra los incendios y la despoblación del medio rural.

d. Establecer directrices para el control y limitación a la extensión de especies consideradas pirófitas, en especial de Pinus pinaster, Pinus halepensis y de Eucalyptus globulus y Eucalyptus nitens, tanto en las forestaciones como en las reforestaciones, así como en las plantaciones forestales ubicadas en terrenos agrícolas, de manera que se priorice la regeneración y conservación de montes naturales y bosques autóctonos.

7. Otorgar, dentro del futuro proyecto de ley de cambio climático y transición energética anunciado, un papel predominante a la gestión de las masas forestales españolas, impulsando un marco regulatorio adecuado que garantice la prevención de la deforestación, así como una gestión adecuada de los espacios naturales y forestales, incidiendo en la función de sumideros de carbón que cumplen los bosques, evitando la sobreexplotación de los recursos y acentuando que las medidas de compensación vayan dirigidas, especialmente, a la restauración de los espacios más degradados. Propiciando al tiempo, un desarrollo sostenible del medio rural desde el punto de vista socioeconómico y medioambiental.

8. Iniciar todos los trámites necesarios para actualizar, en el plazo de 6 meses, el Plan Forestal Español, con el objetivo de garantizar el mantenimiento de los montes y la biodiversidad de nuestros bosques y montes."

Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

173/000058

El Pleno de la Cámara, en su sesión del día de hoy, rechazó la Moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para garantizar la equidad, reducir las desigualdades y evitar la fragmentación territorial en materia de salud, cuyo texto se inserta a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara. Asimismo se insertan las enmiendas formuladas a la misma.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Moción consecuencia de la interpelación urgente sobre las políticas para garantizar la equidad, reducir las desigualdades y evitar la fragmentación territorial en materia de salud, para su debate en el Pleno.

Exposición de motivos

Hace catorce años que se aprobó la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, con el objeto declarado de establecer el marco legal para las acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas sanitarias, en el ejercicio de sus respectivas competencias, de modo que se garantice la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema Nacional de Salud, así como la colaboración activa de éste en la reducción de las desigualdades en salud". Tras catorce años de desarrollo, podemos comprobar cómo la desigualdad y la inequidad se profundizan en nuestro Sistema Nacional de Salud, sin que la administración responsable de salvaguardar que los servicios se prestan a los usuarios en condiciones de igualdad efectiva y calidad medie en ello.

Para empezar, los ciudadanos españoles siguen sin poder viajar con la seguridad de que su tarjeta sanitaria les servirá por todo el país. A fecha de hoy, solo cuatro comunidades autónomas emiten y reciben recetas electrónicas; varias comunidades, entre ellas Cataluña, se han declarado en rebeldía respecto al proyecto y no aportan información al mismo; y ni siquiera todas las Comunidades Autónomas están en condiciones de compartir el historial clínico completo.

La limitada información en cuanto modelos de gestión, resultados y calidad de los servicios y prestaciones sanitarias existentes a día de hoy ya permiten vislumbrar toda una serie de brechas territoriales, socioeconómicas y generacionales en el acceso en igualdad de condiciones a prestaciones y servicios en el conjunto del territorio nacional. Estos datos, incluso revelan, como existen claros síntomas de inequidad dentro de una misma Comunidad Autónoma.

Por ejemplo, existen diferencias sustanciales en cuanto a gasto sanitario y esperanza de vida por Comunidad Autónoma. Durante el debate de la interpelación previa a esta moción, se expusieron en el Pleno del Congreso de los Diputados una serie de indicadores de resultados y calidad que diferían significativamente de un territorio autonómico a otro, incluso en procedimientos sencillos, cantidad de personal sanitario por habitante o supervivencia tras intervenciones que no consideramos precisos repetir.

Todos ellos son una clara muestra de cómo el Sistema Nacional de Salud posee importantes deficiencias en materia de cohesión y equidad. Unos datos que un sistema sanitario avanzado que pretende aspirar a ser de los mejores del mundo, y que sustente un adecuado Estado de bienestar no puede permitirse.

Parte de las deficiencias en materia de resultados y prestación de servicios tienen que ver con el sistema de financiación. El debate existente sobre el nuevo modelo de financiación que tiene lugar estos días quizá sea una buena oportunidad para que desde el propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se lleven a cabo una serie de recomendaciones, sustentadas en un estudio riguroso y serio, que puedan ser tenidas en cuenta por los legisladores a la hora de elaborar un nuevo modelo de financiación.

También se señaló la existencia de varias pruebas de screening para determinadas patologías que se están llevando a cabo ya en algunas Comunidades, mientras otras, todavía no tienen pensado implantarlas. Es preciso extender las pruebas de screening, evaluadas como positivas en lo relativo a su coste y eficacia y ya en práctica, a todo el conjunto del territorio nacional. Claro ejemplo de ello son los screening para el cáncer colorrectal y para las inmunodeficiencias primarias.

Por otro lado, también es preciso señalar la falta de cohesión en cuanto a las Enfermedades Raras. Desde la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) se ha señalado, en numerosas ocasiones, de que el Estado no está velando adecuadamente por el acceso igualitario a los servicios y prestaciones sanitarios, especialmente a los Centros y Servicios de Unidades de Referencia (CSUR) para este tipo de patologías y graves deficiencias a la hora de que las personas afectadas por estas enfermedades puedan acceder a medicamentos huérfanos.

Un problema grave, del que venimos advirtiendo desde hace tiempo, es la falta de adherencia terapéutica que están produciendo los copagos farmacéuticos. Es también numerosa la evidencia científica que avisa de las dificultades que los trabajadores más pobres, aquellos con tarjetas tipo TSI0003 y que


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cobran menos de 18.000 euros anuales, padecen para poder acceder a tratamientos prescritos que tengan un alto coste. Son este colectivo los que más dejan de acudir a la farmacia por no poder pagar las medicinas que precisan.

Sin embargo, todo sistema sanitario que se precie debe estar sustentado también sobre unos profesionales capaces, motivados y que consideren la excelencia como un objetivo constante. Nuestros profesionales sanitarios, tan bien valorados en otros Estados miembros de la Unión Europea, llevan años maltratados por los recortes del Gobierno y las Consejerías autonómicas, con una carga asistencial elevada y que impide una correcta atención a los usuarios del sistema, que supone que cada año abandonen nuestro sistema sanitario miles de facultativos que no siempre pueden ser reemplazados, lo que da lugar a otro de nuestros problemas en materia de recursos humanos: la alta temporalidad y precariedad de nuestros profesionales. Esta temporalidad ha llegado hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), el cual falló, de manera muy crítica, contra la alta temporalidad de nuestros profesionales, sobretodo en el ámbito público, y que llegó a calificar de "mal endémico". No es posible tener un buen sistema sanitario sin unos profesionales reconocidos de acuerdo a su formación y capacidades.

En base a todo lo anterior, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos imprescindible trabajar por una sanidad moderna y universal, capaz de responder a nuevas necesidades e incorporar los nuevos avances que ya están disponibles, garantizando un acceso a las prestaciones sanitarias en condiciones de equidad, independientemente del lugar de residencia. Para ello, se hace necesario avanzar en la extensión de medidas para que cualquier ciudadano pueda ser atendido y pueda recibir sus tratamientos, su asistencia y sus medicamentos en cualquier punto de España en condiciones de igualdad.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Moción

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Agilizar los procedimientos para la entrada en la Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud, de tal forma que haya actualizaciones semestrales, que agilice la inclusión de aquellas prestaciones que hayan sido demostrada efectivas y estén incluidas en la cartera de prestaciones de cualquier Comunidad Autónoma, como es el caso del cribado de la inmunodeficiencia combinada severa.

2. Elaborar un estudio en el que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se revise la influencia del actual sistema de financiación autonómico sobre la cohesión territorial y equidad en materia de acceso y prestación de servicios sanitarios, estableciendo una serie de recomendaciones desde este departamento a fin de asegurar una progresiva igualación de las prestaciones sanitarias en todo el territorio nacional.

3. Incrementar el Fondo de Cohesión Sanitaria, de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado, a fin de financiar los desplazamientos a los Centros y Servicios de Unidades de Referencia (CSUR) de aquellos pacientes que lo necesiten.

4. Establecer Comités de expertos, de reconocido prestigio y amplia experiencia profesional, y en colaboración con las sociedades científicas, que valore las indicaciones y el uso de medicamentos huérfanos.

5. Establecer un sistema de información, en colaboración con las sociedades científicas, de acuerdo a los dispuesto en el articulo 40 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, en el que figuren indicadores de resultados y calidad, uniformes para todo el sistema, descendiendo a los niveles de servicios hospitalarios y centros de salud.

6. Reforzar la política de Atención Primaria, a través del Consejo Interterritorial, con el fin de potenciar el modelo de zonas de salud y equipos de atención primaria eliminado de forma progresiva la existencia de médicos de área y categorías asimilables.

7. Reclamar de las comunidades autónomas la extensión del programa de cribado de cáncer colorrectal con una implantación que alcance al 100% de la población diana al final de la presente legislatura.

8. Asegurar que el copago farmacéutico no sea una barrera en el acceso a los medicamentos, en especial para familias monoparentales o con miembros en situación de dependencia y para los ciudadanos incluidos en el grupo TSI0003 a los que se establecerá un tope mensual a abonar.


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9. Reformar el Estatuto del Personal Sanitario a fin de incluir un sistema de incentivos real relacionado con los resultados en salud e indicadores de calidad, así como, actividad asistencial y eficiencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 184 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para garantizar la equidad, reducir las desigualdades y evitar la fragmentación territorial en materia de salud.

Enmienda

De modificación.

El texto queda redactado como sigue:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Recuperar el carácter universal del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria, impulsando la derogación de las limitaciones establecidas al efecto en el Real Decreto-ley 16/2012 y no obstaculizando la tramitación de las iniciativas legislativas presentadas con este fin.

2. Desistir o retirar cuantos recursos jurídicos tenga planteados frente a normas o actuaciones de las Comunidades Autónomas que tengan como objetivo recuperar la universalización de la asistencia sanitaria pública y las subvenciones a la población de menos renta por copagos farmacéuticos.

3. Acordar con las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un acuerdo sobre financiación autonómica que incluya un escenario plurianual de suficiencia del gasto sanitario público y mejoras en los instrumentos de nivelación entre territorios, así como una actualización de los criterios de cálculo de población ajustada, en el ámbito sanitario, rechazando la incorporación de nuevos copagos y suprimiendo los introducidos por el Gobierno mediante el Real Decreto-ley 16/2012 y el Real Decreto-ley 28/2012.

4. Recuperar en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 un Fondo de Cohesión Sanitaria dotado con la misma cantidad que en 2011 (87,2 M?) para llegar al final de la legislatura a 150 M?.

5. Desarrollar reglamentariamente el Fondo de Garantía Asistencial en su totalidad con el fin de asegurar la justa compensación entre territorios por la asistencia que prestan a ciudadanos de otras comunidades, promover la cooperación en la prestación de servicios sanitarios de alta tecnología y de proximidad entre territorios y potenciar los Centros de Referencia del Sistema Nacional de Salud.

6. Incluir en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 un Fondo de Innovación que coadyuve a las Comunidades Autónomas en la financiación de nuevos tratamientos que, aportando un valor terapéutico contrastado, suponga un impacto imprevisto sobre los presupuestos sanitarios, o corresponda a tratamientos que a pesar de su relativo alto coste-efectividad se decida en el Consejo Interterritorial su financiación pública (medicamentos huérfanos de alto coste por ejemplo).

7. Acordar con las Comunidades Autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un plan para reforzar la Atención Primaria de Salud, actualizando la Estrategia para la Mejora de Atención Primaria en el siglo XXI (Proyecto AP 21) y el decálogo por una Atención Primaria de Calidad elaborado por las Asociaciones científicas y profesionales de esta especialidad.

8. Dotar en los Presupuestos para 2018 de los recursos presupuestarios a INGESA para reducir la brecha en la cobertura y acceso a servicios de la que gozan los ciudadanos de Ceuta y Melilla, incluyendo la dotación en condiciones de igualdad al resto de España de recursos profesionales, servicios asistenciales de referencia y dotación de infraestructuras y equipamientos sanitarios.

9. Proceder a transferir la sanidad penitenciaria a todas las Comunidades Autónomas antes de finalizar la presente Legislatura, asignando una financiación ajustada al coste real, y, mientras tanto,


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asegurar el mismo acceso de la población reclusa a la cartera común de servicios y tratamientos farmacológicos que el resto de la ciudadanía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 184 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente enmienda a la Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para garantizar la equidad, reducir las desigualdades y evitar la fragmentación territorial en materia de salud.

Enmienda

De modificación

El texto que se propone quedará redactado como sigue:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Agilizar al máximo el procedimiento de actualización de cartera sin menoscabo de las actuaciones necesarias para determinar la eficacia, seguridad, utilidad y eficiencia de las técnicas, tecnologías y procedimientos que formen parte de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud.

2. Iniciar el procedimiento de actualización de la cartera Básica de Servicios Comunes del Sistema Nacional de Salud, para valorar la inclusión del cribado neonatal poblacional de las inmunodeficiencias combinadas graves, así como a realizar este proceso en coordinación con las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo Interterritorial.

3. Analizar las recomendaciones en materia de sanidad establecidas en el informe elaborado por el Comité de Expertos para la revisión del modelo de financiación autonómica.

4. Incrementar el Fondo de Cohesión Sanitaria, de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado, a fin de financiar los desplazamientos a los Centros y Servicios de Unidades de Referencia (CSUR) de aquellos pacientes que lo necesiten.

5. Culminar a la mayor brevedad posible el Portal de Transparencia del Sistema Nacional de Salud en el que se incluyan indicadores de resultados y calidad, uniformes para todo el sistema.

6. Reforzar la política de Atención Primaria, a través del Consejo Interterritorial, con el fin de potenciar el modelo de zonas de salud y equipos de atención primaria, promoviendo el mantenimiento de todos los profesionales de atención primaria, al menos en las ratios actuales.

7. Instar a las Comunidades Autónomas a seguir avanzando en la implantación del programa de cribado de cáncer colorrectal conforme a lo aprobado en su día en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

8. Seguir avanzando en la necesidad de revisión del Estatuto Marco con las CCAA en el pleno de la Comisión de Recursos Humanos del SNS, especialmente en los aspectos relacionados con su modelo retributivo."

Justificación.

Mejora técnica.

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de noviembre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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