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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 247, de 14/11/2017
cve: BOCG-12-D-247
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
14 de noviembre de 2017

Núm. 247


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

153/000008 Creación de la Comisión para el estudio del modelo policial del siglo XXI ... (Página7)

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Asuntos Exteriores

161/002464 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la propuesta de establecer listas paneuropeas en las próximas elecciones al Parlamento Europeo ... (Página7)

Comisión de Justicia

161/002439 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre ubicación orgánica de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en el Ministerio de Justicia ... (Página8)

Comisión de Interior

161/002481 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a mejorar la seguridad en los pasos fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla ... (Página10)

Comisión de Defensa

161/002434 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al uso del edificio sede de la Subdelegación de Defensa de Pontevedra ... (Página11)

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/002470 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso a la actividad industrial e innovadora en la zona sur de la Comunidad de Madrid ... (Página12)

161/002475 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la adecuación de los programas y las condiciones de acceso al apoyo financiero estatal a la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial ... (Página14)


Página 2




Comisión de Fomento

161/002432 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la condición del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) aeroportuario como servicio público esencial ... (Página15)

161/002433 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a restablecer la condición de empleados públicos a los trabajadores que prestan los servicios de salvamento y extinción de incendios en la red de aeropuertos y helipuertos de interés general ... (Página16)

161/002443 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a requerir el apoyo del Gobierno para el puerto de Sevilla ... (Página17)

161/002445 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la elaboración e incorporación al futuro Plan de Vivienda Estatal de un Programa de prevención y atención al sinhogarismo ... (Página19)

161/002446 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la conectividad en zonas turísticas afectadas por los cambios estructurales en el sector aéreo ... (Página20)

161/002448 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el Plan Regional del Ferrocarril de la Región de Murcia ... (Página21)

161/002484 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a garantizar la interrupción total y completa de las paradas de los trenes de mercancías peligrosas, frente a las viviendas del barrio de Los Lirios en Logroño ... (Página23)

Comisión de Educación y Deporte

161/002453 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al impulso de un Plan, coordinado con las Comunidades Autónomas, para prevenir el abandono escolar temprano ... (Página23)

161/002461 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al uso abusivo de la figura del Profesor Asociado ... (Página25)

161/002465 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la empatía hacia los animales entre los contenidos educativos en la enseñanza obligatoria ... (Página26)

161/002467 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las becas y ayudas al estudio a los escolares con Trastorno por Déficit de Atención por Hiperactividad (TDAH) ... (Página28)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002449 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la adopción de medidas para garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras que desarrollan su actividad como camareras de pisos, fomentando el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos de las empresas, teniendo en cuenta las peculiaridades de su trabajo a los efectos de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como para que no sufran discriminaciones indirectas por razón de sexo, en el momento de la determinación de estas contingencias como profesionales ... (Página29)


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161/002462 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la adopción de medidas para promover el cumplimiento eficaz de las obligaciones preventivas en la empresa durante el embarazo y la lactancia de la trabajadora y garantizar el reconocimiento de la prestación de riesgo por embarazo y lactancia ... (Página33)

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002457 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la puesta en marcha de un programa de desarrollo económico alternativo y de restauración de las zonas más degradadas por la minería del carbón en la ciudad de Puertollano ... (Página36)

161/002460 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a evitar denuncias falsas de intoxicaciones alimentarias en establecimientos hoteleros españoles ... (Página37)

161/002474 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a fomentar el turismo de personas mayores de 65 años y/o personas discapacitadas sin límite de edad de Europa a nuestro país y mejorar la accesibilidad de nuestra planta hotelera ... (Página39)

161/002476 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al impulso de medidas de fomento de la electrificación del transporte por carretera y del vehículo eléctrico ... (Página40)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002442 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la creación de un Observatorio de Precio a escala de la Unión Europea, como herramienta fundamental para fortalecer la cadena alimentaria europea ... (Página42)

161/002454 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a adoptar medidas sociales y en materia de infraestructuras hidráulicas en Andalucía con motivo de la sequía ... (Página43)

161/002469 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a planificar e impulsar una agricultura climática y ambientalmente sostenible ... (Página45)

161/002471 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a la elaboración de una Estrategia coordinada de lucha contra el camalote en España ... (Página46)

161/002472 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar una Estrategia Nacional de Prevención de Incendios Forestales ... (Página48)

161/002473 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la necesidad de un plan de evaluación sobre los daños causados por los recientes incendios en la Comunidad Autónoma de Galicia que incluya la reforestación de las zonas afectadas y de otras medidas para promover la prevención de incendios forestales ... (Página49)

161/002483 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a negociar en la Unión Europea un nuevo fondo de financiación pesquero dotado financieramente de manera suficiente para alcanzar el cumplimiento de los acuerdos de la Política Pesquera Común ... (Página50)


Página 4




161/002485 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a prevenir la amenaza contra la fauna silvestre ... (Página51)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002430 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la creación urgente de la especialidad de "Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica" .... (Página52)

161/002431 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la creación urgente de la especialidad de "Genética Clínica" ... (Página54)

161/002435 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar las técnicas de reproducción asistida en igualdad de condiciones para los trabajadores públicos asegurados por MUFACE ... (Página56)

161/002438 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a mejorar la atención sanitaria y calidad de vida de los pacientes con Hidrosadenitis Supurativa ... (Página57)

161/002447 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la puesta en marcha del registro nacional de donantes según lo establecido en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida ... (Página58)

161/002455 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre apoyo a las familias acogedoras ... (Página60)

161/002458 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promoción de espacios específicos para las personas mayores en los medios de comunicación ... (Página61)

161/002459 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar el modelo de gestión del sinhogarismo "vivienda primero" (Housing First) ... (Página62)

161/002486 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a solicitar una evaluación y actualización de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva ... (Página63)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002452 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre ayudas de emergencia al pueblo de México por los terremotos sufridos el mes de septiembre de 2017 ... (Página67)

Comisión de Cultura

161/002437 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la cesión por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del silo de Santa Cruz al Ayuntamiento de Córdoba para la realización de actividades culturales ... (Página68)

161/002482 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre los contenidos de la celebración del V Centenario de la expedición marítima de Magallanes y Elcano ... (Página69)

Comisión de Igualdad

161/002436 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a garantizar las técnicas de reproducción asistida en igualdad de condiciones para los trabajadores públicos asegurados por MUFACE ... (Página71)


Página 5




161/002466 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los Planes de Igualdad para las Empresas y la Administración Pública .... (Página72)

161/002480 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la fiscalización de los fondos destinados a la lucha contra la violencia de género en el seno del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género ... (Página73)

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/002451 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa al desarrollo de un modelo de transporte compatible con la lucha contra el cambio climático ... (Página75)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/002441 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la modificación de los elementos valorativos de la epilepsia para la asignación de discapacidad ... (Página77)

161/002477 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cumplimiento de la accesibilidad universal en la Biblioteca Nacional ... (Página78)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002444 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la eliminación de un punto negro entre la Nacional 320 y la ciudad de Guadalajara ... (Página79)

161/002450 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la mejora de la seguridad vial en la N-634 a su paso por la comarca lucense de A Mariña, zona de desvío del tráfico de la DGT por los cierres de la A-8 debido a problemas de inseguridad vial ... (Página80)

161/002478 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reforma del cruce que conforma la antigua carretera Vigo-Madrid con la salida a la autopista AP-9, en el alto de Puxeiros ... (Página82)

161/002479 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los graves problemas de seguridad vial en la A-55, Vigo-Porriño, y eliminación de peajes en la AP-9 Vigo-Tui como solución ... (Página82)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Fomento

181/000512 Pregunta formulada por el Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo (GS), sobre previsiones acerca de estudiar e implantar soluciones técnicas que permitan reducir el ruido provocado por el paso continuo de vehículos a gran velocidad sobre el puente elevado de la AP-9 que atraviesa el barrio de Mollabao de Pontevedra ... (Página84)


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181/000513 Pregunta formulada por la Diputada doña María Aurora Flórez Rodríguez (GS), sobre tramos que se verán afectados por la puesta en marcha del plan piloto para fomentar el desvío voluntario de vehículos pesados de vías convencionales a las autopistas de peaje, así como valoración de la inclusión de la AP-71 y de algún tipo de bonificación en el próximo plan de desvío, a la vista de las que se llevarán a cabo en otras vías de peaje de la Comunidad Autónoma de Castilla y León ... (Página84)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

181/000514 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre motivos por los que no pueden acogerse a los coeficientes reductores del 0,40 los tripulantes de barcos arrastreros de fresco, cuando si lo hacen los tripulantes de los barcos arrastreros congeladores, siendo la catalogación de la Marina Mercante la misma para los dos tipos de buques ... (Página85)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/018240 Autor: Fernández Díaz, Jesús María

Prestación de los servicios del programa de cribado de cáncer de colon en la ciudad autónoma. Retirada ... (Página85)

184/018734 Autor: Pradas Torres, Antonio Flórez Rodríguez, María Aurora

Publicidad de los juegos de azar ... (Página85)


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COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS

153/000008

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, previa audiencia de la Junta de Portavoces, en relación con la solicitud formulada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Ciudadanos, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, ha acordado la creación de una Comisión no permanente para el estudio del modelo policial del siglo XXI.

Se ordena la publicación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/002464

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la propuesta de establecer listas paneuropeas en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Desde su creación, la Unión Europea ha sido el garante de la paz y la prosperidad en Europa durante las últimas décadas, permitiendo desde sus instituciones, mejorar el estado de derecho, el crecimiento económico y la protección de los derechos y libertades fundamentales por todo el territorio comunitario.

Sin embargo, en estos últimos años, la Unión Europea ha sido testigo igualmente del auge de movimientos populistas que promulgan una ideología nacionalista excluyente y contraria a los valores europeos.

Mediante la promoción de estereotipos trasnochados, estos movimientos populistas han encontrado hueco en el mapa electoral de países como Francia, Holanda, Alemania, Hungría o Polonia; también en


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Reino Unido, donde el auge populista ha conducido al país a que abandone la Unión Europea con todas las consecuencias que de esta salida se están derivando.

En España no somos tampoco ajenos a esta tendencia. La reciente deriva secesionista que estos días se está produciendo en Cataluña, está dañando muy drásticamente la convivencia social y situación económica de la región, generando así una tremenda brecha social y que más de mil empresas catalanas hayan abandonado en las últimas semanas Cataluña.

Ante estos intentos de ruptura, España debe reforzar su vocación europea; apostar por los valores europeos que nos unen a todos los Estados miembros; rechazar todo nacionalismo identitario; defender el patriotismo cívico, los derechos humanos y el estado de derecho. Por otro lado, el momento actual en el que nos encontramos ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea constituye una verdadera oportunidad para avanzar en la construcción europea.

Así pues, resulta necesario encontrar nuevas fórmulas que permitan avanzar en la construcción europea y que pasarían por el establecimiento de unas listas paneuropeas a la Eurocámara, reforzando así el concepto de ciudadanía europea y el de acceso directo a las instituciones comunitarias.

A través de esta propuesta de europeización del espacio electoral con el establecimiento de listas paneuropeas que, consideramos, constituye una verdadera revolución democrática, se incrementaría el interés de la ciudadanía por las instituciones comunitarias; se reduciría la alta abstención que se registra cada vez que se convocan elecciones al parlamento europeo; se reforzaría el papel de la Eurocámara en las decisiones europeas; y permitiría distanciarse de planteamientos nacionalistas.

Estas listas paneuropeas consistirían en la creación de una circunscripción única europea, con candidatos de varios Estados miembros a los que todos los ciudadanos comunitarios pudiesen votar. De esta forma, los ciudadanos tendrían la oportunidad de votar a partidos europeos o coaliciones de partidos europeos que presentasen programas electorales dirigidos para todos los ciudadanos europeos y centrados en la mejora de las políticas de la Unión Europea por encima de la visión particular desde cada Estado miembro. En otras palabras, el establecimiento de unas listas paneuropeas de cara a las elecciones de la Eurocámara, constituiría un gran paso hacia la Europa de los Ciudadanos

Por todo ello, y teniendo en cuenta el momento actual en el que nos encontramos con la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Proposición no de Ley

Se insta al Gobierno a:

"Negociar con nuestros socios europeos una reforma de la legislación electoral europea que permita el establecimiento de unas listas paneuropeas para las próximas elecciones al Parlamento Europeo, haciendo uso de los escaños que dejarán los 73 eurodiputados británicos con la futura salida del Reino Unido de la Unión Europea."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Justicia

161/002439

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos -En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Justicia, sobre ubicación orgánica de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias en el Ministerio de Justicia.


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Exposición de motivos

Actualmente el artículo 5 del Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, incardina la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con rango de Subsecretaría, en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, junto a la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil.

Sin embargo, la ubicación de las prisiones bajo el manto del Ministerio del Interior no ha sido, en absoluto, una constante en España. Así, las prisiones civiles comenzaron a depender del Ministerio de Gracia y Justicia en el año 1887 y bajo dicha competencia permanecieron durante más de cien años.

Durante el Gobierno de González Márquez, el artículo 1 del Real Decreto 1334/1994, de 20 de junio, de estructura básica del Ministerio de Justicia e Interior, situó al mismo nivel a la entonces denominada Secretaría de Estado de Asuntos Penitenciarios, junto a la Secretaría General de Justicia y a la Secretaría de Estado de Interior e hizo depender todas ellas directamente del Ministro.

Fue en el primer Gobierno de Amar López el que rompió con la tradición española, al atribuir al Ministerio del Interior de Mayor Oreja la competencia en materia penitenciaria. El Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, volvió a separar los Ministerios de Justicia y de Interior; sin embargo, la estructura orgánica de los "nuevos" ministerios no reprodujo la situación anterior a la fusión.

Así, el Real Decreto 765/1996, de 7 de mayo, determinó la estructura orgánica básica, entre otros, del Ministerio del Interior y asignó la Dirección General de Instituciones Penitenciarias -a cuyo frente se puso a Yuste Castillejos, todavía hoy máximo responsable de la administración penitenciaria-- a dicho Ministerio.

La nueva arquitectura orgánica y la evolución descrita no son inocentes, casuales ni neutrales. La adscripción de la administración penitenciaria a la Secretaría de Estado de Seguridad es muy reveladora de cómo el Gobierno Aznar jerarquizó las diferentes finalidades de la pena privativa de libertad previstas en el artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, situando la retención y custodia de detenidos, presos y penados por delante de la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad, en franca contradicción, por cierto, con el artículo 25 de la Constitución Española. Como bien expresaba Abel Téllez en el año 1999 en su artículo Retos del siglo XXI para el sistema penitenciario español, "no cabe duda de que con el tránsito de fas prisiones del Ministerio de Justicia al de Interior se ha venido a remarcar el carácter preponderante que la contención tiene frente al tratamiento y frente a la concepción de la ejecución penal como una fase más del proceso penal". El orden y la contención habían ganado la batalla, también orgánica, a la reinserción.

A mayor abundamiento, debe recordarse que la pena de prisión no es la única pena cuya ejecución material se atribuye a la administración penitenciaria. De la Secretaría General de Instituciones penitenciarias (Real Decreto 840/2011, de 17 de junio) depende también la ejecución material de otras penas y mecanismos suspensivos o sustitutivos en el ámbito de la ejecución penal tales como la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, los programas de tratamiento en el marco de suspensiones de la ejecución de penas privativas de libertad o las medidas de seguridad privativas de libertad. Así las cosas, parece obvio que la actual ubicación de la administración penitenciaria en el Ministerio de Interior colide con el artículo 117 de la Constitución Española -que atribuye exclusivamente a los Juzgados y Tribunales el ejercicio de la potestad jurisdiccional "en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado"- y con la deseable necesidad de garantizar la separación de poderes y de subrayar la estrecha vinculación que debe existir entre la autoridad judicial y el sistema penitenciario. Y es que, a la luz de nuestra constitución, en la política penitenciaria no deberían anteponerse los criterios de orden público y seguridad-más propios del Ministerio de Interior-, sino los propios de su naturaleza de ejecución de resoluciones judiciales bajo la competencia judicial de ejecutar lo juzgado.

De hecho, el actual encaje de la administración penitenciaria en el Ministerio del Interior constituye una desgraciada particularidad de nuestra Administración Pública que desoye las recomendaciones y exigencias del Consejo de Europa. Así las cosas, no es extraño que esta anómala ubicación orgánica de nuestras prisiones no tenga parangón en nuestro entorno jurídico, siendo España el único país de la Unión Europea junto con Hungría que mantiene sus cárceles bajo el control del Ministerio de Interior.


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Proposición no de Ley

"La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que modifique el Real Decreto 424/2016, de 11 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, a fin de ubicar la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como órgano dependiente del Ministerio de Justicia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2017.-Eduardo Santos Itoiz, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Interior

161/002481

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición de Ley para mejorar la seguridad en los pasos fronterizos terrestres de Ceuta y Melilla, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Desde hace varios años, las situaciones de caos que se viven en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla viene siendo una realidad cotidiana. Como consecuencia de este caos se produce de manera habitual el cierre de los mismos lo que genera protestas en ocasiones violentas por parte de los porteadores. Además, esta situación genera graves problemas de seguridad para las personas que transitan por ellos y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicios en dichos pasos fronterizos. De esta realidad es prueba los muertos, quizá sería más exacto hablar de las muertas, habidas tanto en los pasos fronterizos de Ceuta como de Melilla, y las lesiones sufridas por varios miembros de la Policía Nacional.

Esta situación de caos responde a varias razones, una de ellas es el incremento del número de porteadores y su comercio atípico y otra, también muy importante, es la carencia crónica de efectivos policiales, actualmente agudizada y en situación crítica, en las fronteras de ambas ciudades, así como de medios materiales y técnicos para llevar a cabo con eficacia sus funciones. Hay datos simples que son muy reveladores, un solo día festivo en Marruecos, provoca el caos al día siguiente en los pasos fronterizos. Situaciones esta última claramente previsible para que se pudieran adoptar medidas para evitar ese caos.

Esta realidad cotidiana se disfraza por las Delegaciones del Gobierno de ambas Ciudades Autónomas bajo quimeras o metáforas como cierres técnicos, que en ocasiones duran hasta una semana, pero la realidad es que estos pasos no tienen capacidad para asumir toda la demanda generada por el transporte de mercancías hacia Marruecos, y parece poco adecuado continuar sin que se propongan mediadas realistas al respecto que mejoren la fluidez de los tránsitos.

Si bien es cierto que la situación de ambas ciudades no es idéntica, sí que podemos observar que hay problemas que son comunes y que están restando posibilidades de desarrollo turístico y comercial a ambas ciudades, no vinculado exclusivamente al mundo del porteo, al no querer los ciudadanos, que podrían desarrollar estas actividades, someterse a horas de espera en los pasos fronterizos.

En un momento donde las necesidades de seguridad de los ciudadanos son cada vez mayores por el incremento de las amenazas, derivadas de las nuevas formas de delincuencia, que aprovechan estas debilidades para todo tipo de tráficos ilícitos y del potencial riesgo que el terrorismo yihadista comporta, los pasos fronterizos no llevan a cabo con el rigor que debieran el control de las personas que transitan por los mismos. Frente a ello, en ciudades como Ceuta se subcontrata la seguridad a empresas privadas de seguridad y se continúa negando información sobre esos extremos a las demandas formuladas por la oposición en diversas inactivas escritas y en comparecencias de altos cargos de Interior.


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El día de ayer, 24 de octubre de 2017, los tres pasos fronterizos de Melilla fueron cerrados la mayor parte del día, dando lugar a lo que la propia Delegación del Gobierno calificara la situación como de caos extremo.

Las imágenes ofrecidas por la prensa son totalmente ilustrativas de la situación, de ausencia de personal, (denunciada por los propios sindicatos policiales) y de medios materiales. Podemos ver que hacen frente a la presión ejercida desde Marruecos sobre la frontera hasta con polvo de los extintores, lo que también pone de manifiesto una falta de medios materiales desolador.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Adoptar, de manera urgente, las medidas necesarias para adecuar la plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mediante un incremento sustancial de los catálogos y adoptando medidas para la cobertura real y efectiva de los mismos.

2. Hacer una evaluación realista de la capacidad de asunción del comercio atípico del porteo que permita que los pasos fronterizos no funcionen como ollas a presión donde el caos y el riesgo para la vida y la integridad de las personas sea una amenaza cotidiana.

3. Llevar a cabo una negociación con el Reino de Marruecos a fin de mejorar la fluidez y la seguridad, acordando entre otras cuestiones, horarios de paso de mercancías, carriles en las infraestructuras para ese fin, liberado espacios para otros fines como entradas de personas sin mercancías, etc.

4. Reforzar todos los medios técnicos necesarios que permitan un control riguroso de las personas que cruzan esos pasos fronterizos, con el fin de garantizar mejor la seguridad de los ciudadanos y la lucha contra la delincuencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-David Serrada Pariente y María del Mar Rominguera Salazar, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Defensa

161/002434

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus Diputadas y Diputados Yolanda Díaz Pérez, Ángela Rodríguez Martínez y Miguel Anxo Fernández Vello, y a través de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Defensa, relativa al uso del edificio sede de la Subdelegación de Defensa de Pontevedra.

Exposición de motivos

En el curso escolar 2017-2018, las familias censadas en el Ayuntamiento de Pontevedra solicitaron plaza en escuelas infantiles públicas (0-3 años) para 1.005 niñas y niños, lo que supone casi el 50 por ciento del total. De las familias demandantes, obtuvieron plaza 487 escolares, y quedaron sin ella otros 518 niños y niñas, cuyos padres y madres tuvieron que recurrir a la oferta privada o desistir de escolarizarlos.

En la ciudad de Pontevedra, la oferta de escuelas infantiles de la administración viene dada únicamente por las escuelas incluidas en la red de la Axencia Galega de Servizos Sociais, y las conocidas como "Galíñas azuís", del Consorcio Galega de Servizos de lgualdade e Benestar.

La mayor parte de los municipios gallegos de ciudades y ayuntamientos medios cuentan con una o incluso varias escuelas infantiles de titularidad municipal. El Ayuntamiento de Pontevedra, en cambio, no tiene ninguna Escuela Infantil propia. En todo caso, dado el elevado porcentaje de niñas y niños que se quedan sin plaza (518 de 1.005 peticiones, más de un 50 por ciento), resulta evidente la necesidad de ampliar la oferta y formular la creación de nuevas Escuelas.


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El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea propone recuperar para este fin el edificio actualmente ocupado por la Subdelegación del Ministerio de Defensa en la ciudad de Pontevedra.

Este emblemático edificio, antiguo colegio del grupo escolar "Las Palmeras", está ubicado en la Alameda de Pontevedra y fue construido por el propio Ayuntamiento de la ciudad en el año 1877, precisamente para Grupo Escolar, con un proyecto del arquitecto Alejandro Sesmero, y por una cantidad de 171.711 pesetas (1.032 euros) [100.000 pesetas (600 euros) aportadas por el Estado, y el resto a través de una subscripción popular a la que se sumaron muchos emigrantes de América]. El edificio se inauguró en el año 1892.

Sin embargo, solo tuvo uso distinto al militar durante los seis años iniciales (hasta 1898 cuando se le cedió a la Brigada Topográfica de Ingenieros), y en otro periodo inferior a una década (entre 1919 y 1928, cuando fue Escuela Normal de Maestros). Los más de cien años restantes estuvo ocupado por el Ejército, que lo adquirió definitivamente en 1956 por 1.418.294 pesetas (8.524,12 ?).

En la actualidad es la única sede provincial que el Ministerio de Defensa decidió no cerrar, contrariamente a lo que hizo en el resto de capitales gallegas, donde optó por el traslado a edificios con un menor coste para la Administración, dentro de su plan para racionalizar sus infraestructuras.

Por su situación en pleno centro de la ciudad de Pontevedra y por la superficie ocupada (1.836 metros construidos, en 2.326 de parcela), sería idónea la recuperación para su uso inicial como escuela, lo que serviría para empezar a corregir un vacío importante en este municipio, paliando el déficit de plazas y ayudando a la conciliación de las familias.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Desafectar el citado inmueble, tal y como prevé la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas para poder ser enajenado conforme a lo establecido en la citada Ley.

- Incluir dentro del plan de racionalización de infraestructuras del Ministerio de Defensa al inmueble que acoge la actual sede de la Subdelegación del Ministerio en Pontevedra para proceder a su traslado a otro inmueble de menor coste para la Administración General del Estado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-Miguel Anxo Fernández Bello y Ángela Rodríguez Martínez, Diputados.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Economía, Industria y Competitividad

161/002470

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso a la actividad industrial e innovadora en la zona sur de la Comunidad de Madrid, para su debate en Comisión de Economía, Industria y Competitividad.

Exposición de motivos

La Comunidad de Madrid se caracteriza por ser una de las regiones españolas más dinámicas y abiertas, por ello no es de extrañar que atraiga el grueso de la inversión exterior que recibe nuestro país y que haya sido una de las primeras en superar la grave crisis que ha sufrido nuestro país en los últimos años.


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Mantener esta posición de liderazgo, que no sólo beneficia a Madrid sino a toda España, sólo será posible con la colaboración de las diversas administraciones públicas que existen en nuestro país (local, autonómica y estatal) y con la participación de la iniciativa privada.

Una colaboración que debe ser capaz de crear valor añadido para la sociedad, impulsando la actividad industrial y empresarial existente, y fomentando la creación de nuevas empresas a través de la innovación. Para lograr este objetivo la Comunidad de Madrid cuenta con una red de "cluster" y parques científicos y tecnológicos que buscan promover el desarrollo e innovación de las empresas instaladas en dichos espacios, a través de la colaboración entre ellas y con las universidades de la región, además de contar con el apoyo y patrocinio de los ayuntamientos y del gobierno regional.

Por otro lado, en la zona sur de la Comunidad de Madrid (Leganés, Alcorcón, Getafe, Fuenlabrada, Móstoles y Parla) se encuentran instaladas numerosas multinacionales que son verdaderos referentes nacionales y mundiales en los sectores en los que operan, como pueden ser Airbus (Getafe), lberdrola (Leganés), Coca-Cola (Fuenlabrada), Repsol o ThyssenKrupp (Móstoles), lkea (Alcorcón) y John Deere Ibérica (Parla) entre otras grandes empresas.

Además, en esta zona desarrollan su actividad numerosas pymes y existen diversos parques tecnológicos (TecnoGetafe, TecnoMóstoles o Leganés Tecnológico) en los que se crean las condiciones necesarias para que las empresas desarrollen una cultura de innovación adecuada al entorno, tanto social como empresarial, altamente globalizado, tecnológico y cambiante en el que vivimos.

Estos parques tecnológicos cuentan con servicios comunes para empresas y viveros de empresas y colaboran con las universidades de su zona de influencia para establecer espacios que promuevan el intercambio de ideas y conocimiento entre la empresa y el mundo académico, y el nacimiento de nuevas empresas innovadoras como resultado de esa colaboración.

Algunas de estas zonas de innovación están centradas en sectores punteros de la industria, como el de la energía o el aeroespacial, pero es necesario fomentar su crecimiento y la colaboración entre las mismas y otras zonas similares de Europa y del resto del mundo para crear, en el sur de Madrid, el "Silicon Valley español" que sea un referente en cuanto al desarrollo tecnológico y el l+D+i tanto en España como en el extranjero.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de impulsar la actividad industrial e innovadora en la zona sur de la Comunidad de Madrid, en coordinación con las AA. PP implicadas y las empresas que deseen participar, con las siguientes actuaciones:

1. Designar interlocutores en el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda digital y en el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad que puedan, junto con el gobierno regional, favorecer el desarrollo de este polo innovador y coordinar el resto de actuaciones del Estado.

2. Mejorar las infraestructuras (carreteras, cercanías, etc.) que permiten el acceso y la comunicación, tanto de personas como de mercancía, entre los diferentes centros industriales, empresariales y de desarrollo tecnológico que integrarán este polo innovador y hacía los mercados en los que esas empresas venderán sus productos y servicios, de acuerdo con el vigente Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, las disponibilidades presupuestarias y las competencias de cada Administración.

3. Potenciar la colaboración y el intercambio de expertos académicos y empresariales entre los centros de investigación más desarrollados de Europa y del mundo, a través de la firma de convenios con otros países, y esta red innovadora.

4. Reforzar en régimen de concurrencia competitiva nacional los fondos públicos necesarios, de acuerdo a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, que permitan la creación de "start-ups" en la zona sur de Madrid -tanto de nuevos emprendedores como surgidas a partir de la creatividad de trabajadores de empresas ya asentadas- así como la consolidación, crecimiento y expansión internacional de las empresas existentes en la citada área. Asimismo, se actuará de intermediarios en la captación de capital privado que permita la creación de "start-ups".

5. Para lograr mantener a largo plazo la capacidad innovadora de esta zona, promover en los colegios, institutos, centros de Formación Profesional y universidades madrileñas (y de toda España)


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proyectos y actividades que fomenten la creatividad y el espíritu emprendedor entre sus alumnos así como visitas de los centros educativos -a lo largo de todos /os niveles educativos- y este centro innovador."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002475

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Portavoz Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 193 del Reglamento, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para ser debatida en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, relativa a la adecuación de los programas y las condiciones de acceso al apoyo financiero estatal a la reindustrialización y fomento de la competitividad industrial.

Exposición de motivos

En los Presupuestos Generales del Estado de 2017 se establece un crédito de 45, 7 millones de euros de apoyo financiero a la inversión industrial para la comarca de El Ferrol, dentro del programa 422M Reconversión y reindustrialización, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Estos créditos destinados a las comarcas coruñesas corresponden a los fondos comprometidos por el Estado con el Plan Ferrol, puesto en marcha con la última reconversión naval que proponía la reindustrialización de Ferrolterra, Eume y Ortegal con el objetivo de promover la diversificación empresarial en esta zona.

Pero la realidad de este plan de reconversión industrial ha sido otra. Un año tras otro se ha visto menguado el número de proyectos presentados y el de los aprobados. En los últimos ejercicios, en concreto desde el ejercicio 2014, se ha prestado apoyo financiero a un solo proyecto, o bien ninguno, por año. Este año se vuelve a reincidir: solo dos proyectos presentados, los de Delicias Coruña y Greenalia Logistics, y solo uno de ellos aprobados, el último de estos, por un importe de 1,5 millones de euros.

De estos datos se infiere que el Plan Ferrol está teniendo un nivel mínimo de ejecución, con el consiguiente impacto negativo que esto tiene sobre la actividad económica y el empleo en estas comarcas. Y no hay que olvidar que esta es una de las áreas con mayores tasas de paro de España, destacando la ciudad de Ferrol, epicentro de la actividad industrial de la zona, con una tasa de desempleo del 19,24 % en septiembre de 2017.

Por parte del sector industrial se han realizado denuncias sobre la inadecuación del programa de ayudas, así como de las condiciones y requisitos estipulados para poder acceder a ellas, a la situación, capacidades y necesidades del propio tejido empresarial. La caída en el número de proyectos presentados y finalmente apoyados coincide con la modificación de los programas, que supuso entre otras medidas el endurecimiento de las condiciones de acceso: exigencia de avales e incremento de los tipos de interés de los créditos. Por parte de la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal (Cofer) y de la Asociación de Empresarios Ferrolterra (AEF) se elevó al Ministerio de Industria una propuesta de mejora de estas condiciones, propuesta que no tuvo respuesta en forma de modificación reglamentaria.

Según datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, de los 810,9 millones previstos en los PGE-2017 para el apoyo a empresas en proyectos de industrialización y refuerzo de la competitividad, solo se han llegado a comprometer 427,5, esto es, un 52,7 % del total. Este bajo nivel de ejecución prevista muestra la poca adecuación del programa y su ajuste a las necesidades y posibilidades del sector.

Se constata, así, que la definición de los programas y de los requisitos formales exigidos para el acceso a la financiación, estipulados en la Orden IET/619/2014, de 11 de abril, por la que se establecen las bases para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fomento de la competitividad industrial, no están siendo los más adecuados y eficientes de cara al cumplimiento del objetivo de estas políticas, de impulso al desarrollo empresarial.


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Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados/as insta al Gobierno a:

1) Revisar los plazos de amortización estipulados en la Orden IET/619/2014, de 11 de abril, por la que se establecen las bases para la concesión de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política pública de reindustrialización y fomento de la competitividad industrial, de cara a su flexibilización y ampliación, así como de la ampliación del periodo de carencia.

2) Revisar los requisitos exigidos para el acceso a la financiación, estipulados en la Orden IET/619/2014, de 11 de abril, de tal manera que la exigencia de presentación de garantías económicas sea aplicable a los proyectos que sean objeto de financiación efectiva, y no de manera previa en la presentación de las solicitudes.

3) Implementar las medidas oportunas para que los plazos de convocatoria anuales para la solicitud de apoyo financiero en el marco de los programas de reindustrialización y fomento de la competitividad se mantengan abiertos durante todo el ejercicio.

4) Implementar las medidas oportunas para la reducción de los tiempos de evaluación y respuesta a las solicitudes por parte de la administración.

5) Revisar el plazo de realización de las actuaciones regulado en la Orden IET/619/2014, de 11 de abril, de cara a su flexibilización y posible ampliación.

6) Establecer límites máximos al incremento de los tipos de interés sobre lo estipulado en la metodología establecida por la Comunicación de la Comisión Europea relativa a la revisión del método de fijación de los tipos de referencia y de actualización COM (2008/C 14/02).

7) Poner en marcha, en el plazo de 3 meses, una mesa de trabajo para la revisión de los programas de reindustrialización y fomento de la competitividad industrial, con la participación de agentes empresariales, sindicales y sociales, así como de las administraciones autonómicas y locales, que tenga por objeto su mejora y adecuación como herramienta de apoyo al desarrollo industrial territorial bajo criterios de sostenibilidad económica, social y ecológica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Fomento

161/002432

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, sobre la condición del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) aeroportuario como servicio público esencial.

Exposición de motivos

El Real Decreto-ley de 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, supuso la creación de la sociedad mercantil Aena Aeropuertos, S.A. (AENA SA desde el 2014) que asumió la mayoría del personal, servicios, bienes, derechos y contratos del ente público, incluyendo el servicio de bomberos.

Una de las consecuencias de estos movimientos empresariales fue preparar la compañía pública para la privatización materializada en el año 2015 con la salida a bolsa de la compañía. Desde aquel momento, la lógica de la gestión de AENA SA ha sido la de maximizar el valor de la compañía en bolsa, por encima del interés general y poniendo en peligro la calidad de los servicios y la seguridad.


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En el proceso, los empleados y empleadas públicos pasaron a formar parte de la plantilla de Aena Aeropuertos, S.A., considerándose empleados de empresa, y cuyo objetivo final es diferente.

En lo referido a los profesionales en extinción de incendios, existen diferencias fundamentales entre quienes dependen de Administraciones Públicas y quienes pertenecen a empresa. Estos últimos tienen como objetivo principal la protección del personal y las instalaciones de las empresas para las que trabajan, frente a los de las Administraciones Públicas que prestan un servicio al ciudadano, tomando el mando cuando se personan en las emergencias.

Las funciones, cualificación y experiencia de los bomberos y bomberas de los aeropuertos del Estado hacen que dichos profesionales deban ser entendidos como servicio público de carácter esencial. Sin embargo, las labores que realizan, al estar actualmente bajo el amparo de AENA SA, están fuera del amparo de protección jurídica y competencias que tienen los bomberos y bomberas de las Administraciones Públicas, ya que se tratan de empleados de una sociedad mercantil de titularidad estatal. Lo que repercute en detrimento de la seguridad de laboral de estas personas trabajadoras, de la seguridad aeroportuaria y ciudadana.

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Garantizar que el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios aeroportuario sea considerado como servicio público esencial sometido enteramente al interés general y al derecho público en igualdad de condiciones que el resto de bomberos y bomberas de las Administraciones Públicas existentes en el Estado.

2. Preservar al personal que integran el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios aeroportuario como empleados públicos y agentes de la autoridad en el servicio de sus funciones.

3. Realizar un estudio técnico por personas expertas y empleados para la modernización del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios aeroportuario, en el que se contemple entre otras cosas, adscribir a este cuerpo a un organismo público donde se garantice permanentemente el carácter público de este servicio, así como su viabilidad, sostenibilidad y calidad del servicio público."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-Carmen Valido Pérez, Sergio Pascual Peña, Eva García Sempere y Alberto Montero Soler, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002433

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para restablecer la condición de empleados públicos a los trabajadores que prestan los servicios de salvamento y extinción de incendios en la red de aeropuertos y helipuertos de interés general, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, constituyó la Sociedad Mercantil Estatal, "Aena Aeropuertos, S.A." (hoy "AENA, S.A", conforme establece artículo 18.1 del Real Decreto-ley 8/2014), encargada de la gestión de todos los aeropuertos que hasta la fecha tenía encomendados la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) e introduciendo, como novedad esencial, la separación entre las funciones de gestión de los sistemas de navegación aérea y de gestión aeroportuaria, tradicionalmente desempeñadas por AENA.

Con la Ley 18/2014 la entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), creada por el artículo 82 de la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado


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para 1990, pasa a denominarse ENAIRE, ejerciendo competencias en materia de navegación aérea y espacio aéreo y, además, la coordinación operativa nacional e internacional de la red nacional de gestión del tráfico aéreo y otras relacionadas con los usos para la gestión eficiente del espacio aéreo.

Por lo que respecta a la Sociedad Mercantil Estatal AENA S.A. corresponde a su naturaleza de sociedad estatal, sin perjuicio de la aplicación de la normativa administrativa que corresponda en materia presupuestaria, patrimonial, contable y de control financiero, regirse por lo dispuesto en la legislación mercantil, con una serie de especialidades, y los contratos con su personal son de naturaleza laboral, subrogándose, en su caso, en los que tenía otorgados Aena con el personal dedicado principalmente a las actividades aeroportuarias pues si bien, conforme a lo establecido en el artículo 2.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, las sociedades de gestión aeroportuaria, como sociedades mercantiles estatales que son, se hallan integradas en el sector público estatal, su personal no tiene la naturaleza de empleado público según establece el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Este cambio de régimen jurídico ha supuesto la pérdida de la condición de empleados públicos de los bomberos de aeropuerto que actualmente prestan sus servicios en AENA S.A., estableciéndose una excepción respecto al personal que presta el servicio de extinción de incendios en el ámbito local y autonómico, donde mayoritariamente tienen la consideración de empleados públicos.

Esta pérdida de la condición de empleados públicos resulta contradictoria en relación con la especial consideración con la que cuenta esta actividad en nuestro ordenamiento jurídico. Así, el artículo 134 de la Ley de Navegación Aérea establece que la asistencia y salvamento de las aeronaves accidentadas o en peligro son de interés público ( ...); y el artículo 17 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil que Tendrán la consideración de servicios públicos de intervención y asistencia en emergencias de protección civil ( ...), entre otros, ( ...) los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento.

La importancia de los bienes jurídicos protegidos, el derecho a la vida y a la integridad física garantizados en el artículo 15 de la Constitución, revela la necesidad de que sean los poderes públicos los que tomen parte activa en esa protección, sin que quede espacio alguno para que el legítimo objetivo empresarial de mejorar los resultados económicos de la actividad, ofrezca la tentación de reducir los recursos destinados a este servicio.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a restablecer la condición de empleados públicos a los trabajadores que prestan los servicios de salvamento y extinción de incendios en la red de aeropuertos y helipuertos de interés general."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-César Joaquín Ramos Esteban y Victoria Begoña Tundidor Moreno, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos dirigimos a esa Mesa, para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para requerir el apoyo del Gobierno para el Puerto de Sevilla, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La importancia del Puerto de Sevilla, que con sus 850 hectáreas -25 veces el Parque de María Luisa y 4 veces la Expo 92- tiene un impacto económico de 1.100 millones de euros, lo que supone el 1 por ciento del PIB andaluz y el 3 por ciento del sevillano al contar con 200 empresas que generan 22.000 puestos de trabajo. Es necesario también poner en valor la singularidad del Puerto de Sevilla ya que es el


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único interior de España, algo que viene reivindicando la ciudad de Sevilla y especialmente la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES). Se trata, del nodo logístico e industrial más importante del Sur peninsular, lo que debe traducirse en una especialización de sus trabajadores y empresas, para lo cual las Administraciones públicas deben unir sus esfuerzos.

Recientemente mediante declaraciones del Delegado del Gobierno en Andalucía hemos sabido que el Gobierno del PP se une a las distintas administraciones autonómicas y locales, en su respaldo al Puerto de Sevilla. En este sentido el representante estatal anuncio que el Estado reconocerá la "singularidad" del Puerto de Sevilla como único marítimo interior de España. El Delegado del Gobierno también se mostró a favor de que las empresas en suelo del astillero se incorporen al recinto de la zona Franca con beneficios fiscales, como vienen solicitando el GS en el Congreso, el Ayuntamiento y la Confederación de Empresarios.

El GS da la bienvenida a esta serie de anuncios y promesas del Gobierno, pero queremos ver reflejados estos compromisos en los próximos Presupuestos Generales del Estado de 2018, junto a las partidas necesarias para el enlace ferroviario directo de La Salud -para el que el Ministerio ya firmó un convenio- y el acceso a la SE-40 desde el Puerto.

Desde el Partido Socialista consideramos estas actuaciones del Estado absolutamente necesarias para que el Puerto siga creando empleo. Por su parte la Junta de Andalucía ha confirmado su respaldo al proyecto del Ayuntamiento de Sevilla de crear un centro de innovación y formación, ya que gracias a la especialización de las empresas que ya están en el puerto de Sevilla, sus piezas para puentes y torres eólicas están en Canadá y en el Mar del Norte. La evolución de este Puerto, ha pasado de dedicarse sólo a la restauración de barcos a ser un puerto industrial, logístico y comercial. Por ello es necesario que el Gobierno central, respalde el proceso de implantación de nuevas empresas, mediante las correspondientes beneficios fiscales así como que lleve a cabo las correspondientes inversiones en ferrocarriles y carreteras para la conexión del mismo con las principales vías de transporte externas. La grave crisis que atravesó España, y que castigo especialmente a Sevilla, genera la necesidad de que todas las administraciones empujen en la misma dirección para sacar adelante el puerto de Sevilla porque es obvio que cuanto mayor es la fortaleza industrial de una ciudad, más fácil es atravesar las crisis.

El desarrollo del Puerto pasa por la interacción entre éste y la ciudad, con el desarrollo de los suelos del Batán y la salida definitiva junto al puente de las Delicias. Proyecto muy avanzado administrativamente y cuyo objetivo final es la reordenación de los usos en el suelo compatibilizando la actividad industrial, con equipamientos y usos comerciales.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Contemplar en los próximos presupuestos generales del Estado las partidas correspondientes para la realización de las obras e infraestructuras necesarias para la conexión de las instalaciones del Puerto de SE con la SE-40.

2. Provisionar en los PGE de 2018 las partidas necesarias para las obras necesarias en ejecución del convenio firmado el pasado junio por el ministro de Fomento, para estipular la financiación del acceso directo de trenes al Puerto en La Salud, lo que hará que los convoyes con mercancía no se tengan que detener para dar paso a los de viajeros.

3. Conceder al Puerto de SE un "estatus especial" gracias al cual sus aportaciones al fondo de compensación interportuario se reducirán del cuatro al dos por ciento de su resultado de explotación anual, igual que el que tienen los puertos insulares y los de Ceuta y Melilla.

4. Sufragar por parte del Estado las obras de infraestructuras, no estrictamente portuarias, que sea necesario realizar en el Puerto de Sevilla por ser un puerto de interior, al igual que sucede en el resto de Europa con los puertos de interior, ya que dichos gastos no tienen la consideración de ayudas de Estado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Juana Amalia Rodríguez Hernández, Antonio Pradas Torres, Antonio Gutiérrez Limones y Carmen Rocío Cuello Pérez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la elaboración e incorporación al futuro Plan de Vivienda Estatal de un Programa de Prevención y atención al sinhogarismo, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Instituto Nacional de Estadística, señala que en España, 23.000 personas se encuentran en una situación de sinhogarismo y hacen uso de los recursos especializados. Pero además, según las organizaciones del sector, al menos hay 8.000 personas más que estarían fuera de la red de atención y que viven y permanecen de forma estable en las calles. Las características e historias de vida de estas personas son diversas, pero todas comparten una misma situación: no disponen de una vivienda, de un hogar. Sin embargo, y de forma paradójica, las políticas de vivienda no han prestado atención al fenómeno del sinhogarismo, de manera que aquellas personas cuya situación de exclusión viene definida por la ausencia de vivienda, no son un colectivo prioritario para las políticas precisamente dirigidas a favorecer el acceso al derecho a una vivienda, y ello pese a que contamos con una herramienta: La Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin Hogar. Esta es la herramienta que el Gobierno de España aprobó en 2015 para dar respuesta a la situación de este colectivo otorgando a la vivienda un papel relevante en para poner fin al sinhogarismo. La estrategia destaca "la implicación de las administraciones con competencia en materia de vivienda para facilitar el acceso de las personas sin hogar a la vivienda pública o privada", pero poco se ha hecho por parte de las administraciones para poner fin a este fenómeno del sinhogarismo, que va en auge, y las cifras lo demuestran.

Y es que tradicionalmente el sinhogarismo se ha abordado como un problema de servicios sociales, poniendo el foco de la intervención en características individuales de las personas, pero es importante poner de manifiesto el impacto que tiene o puede tener la vulneración del derecho a la vivienda, pues los derechos humanos son interdependientes e indivisibles y están relacionados entre sí, de forma que la violación del derecho a una vivienda adecuada puede afectar el disfrute de una amplia gama de otros derechos humanos, y viceversa. Es por ello que hemos de dar respuestas efectivas a las Personas sin Hogar, atajar el problema con medidas reales y por eso a través de esta Proposición No de Ley queremos instar al Gobierno precisamente a eso, a la adopción de medidas concretas destinadas a abordar el fenómeno del sinhogarismo.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, a elaborar e incorporar al futuro plan Estatal de Vivienda, un Programa de prevención y atención del sinhogarismo, en cumplimiento de lo dispuesto en la Estrategia Nacional Integral para las Personas Sin Hogar, que contemple, entre otras, las siguientes medidas:

- Ayuda al alquiler para personas sin hogar.

- Apoyo al desarrollo de Programas Housing First, dirigidos a la erradicación del sinhogarismo más extremo de calle.

- Financiación de obras de rehabilitación de las infraestructuras de alojamiento colectivo de la red de atención a personas sin hogar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-María del Mar Romiguera Salazar, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la conectividad en zonas turísticas afectadas por los cambios estructurales en el sector aéreo, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El sector turístico español ha experimentado en los últimos años resultados espectaculares con crecimientos por encima de los dos dígitos anualmente, lo que ha consolidado aún más a nuestro país como uno de los destinos mundiales de preferencia de los visitantes y ha permitido, en una década de crisis, reforzar la balanza comercial española.

De hecho, en los primeros seis meses del 2017, 36,3 millones de turistas extranjeros eligieron España como primer destino, lo que supone un incremento del 11,6 % que en el ejercicio anterior, de acuerdo con los datos oficiales que ha publicado este verano el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de la encuesta Frontur.

Esta estimación del primer semestre del año confirma que con toda probabilidad se superarán los 75 millones de turistas este año, un récord absoluto y sin precedentes.

Es importante destacar, de acuerdo con estos datos, que el mayor número de visitantes procede del Reino Unido, seguidos de Alemania y el país vecino, Francia, y el mayor crecimiento procede de los Estados Unidos.

De confirmarse la tendencia, España optaría a competir ya este año por el liderazgo como primer destino mundial del turismo, que ahora mismo ostenta Francia (83 millones de turistas en el 2016), y eso al mismo tiempo comporta riesgos que se vienen manifestando en los últimos meses.

Riesgos pero también oportunidades que tienen que ver con la percepción de que la gestión del éxito debe hacer hacerse conjugándose bien con la vida de los residentes, que en muchas ocasiones tienen la percepción de la masificación, o que conviven con los turistas como no lo hacía antes.

Un fenómeno que se ha acentuado de forma notoria con el crecimiento exponencial del alquiler vacacional, el impacto digital en el sector, las compañías aéreas low-cost, el crecimiento de los cruceros, el aumento de los coches de alquiler o la compra de viviendas como segundas residencias por parte de turistas que optan por pasar a ser "residentes regularmente ocasionales".

Una dinámica positiva con factores de riesgo que tiene un origen en la llegada de turistas y que proviene especialmente del Reino Unido como primer mercado emisor, y que tiene también puntos de incertidumbre que hay que prever, como la situación que ha provocado la salida del Reino Unido de la UE, el llamado Brexit, y su impacto sobre la libra.

Un impacto que también estará marcado por la evolución dentro de la Unión Europea de la moneda única o de las decisiones que tome el Banco Central Europeo (BCE) respecto a los tipos de cambio, y precisamente en un contexto en el que ya únicamente hay dos países con déficit excesivo y la Comisión Europea ha dado por superada la crisis iniciada hace una década.

Esta situación de crecimiento de un sector dentro de un contexto global con oportunidades y riesgos también hay que enmarcarlo en cambios estructurales dentro de un sector clave para el sector turístico como es el sector de la aviación, y muy especialmente lo que afecta a las compañías low cost, que además de contribuir de forma clave a la llegada de turistas también condiciona la conectividad de los residentes en España.

Precisamente en este marco hay que situar el impacto de las decisiones que se han tomado en el sector respecto a dos compañías tan importantes para el principal mercado emisor, el del Reino Unido, con dos compañías como Ryanair y Monarch.

La cancelación de vuelos de Ryanair ha supuesto un perjuicio sin precedentes para sus usuarios, así como para los usuarios de Monarch, tras su quiebra a principios de octubre.

Pero al mismo tiempo que los usuarios, destinos clave para el sector turístico sufren una notable pérdida de conectividad y de competitividad tras lo sucedido con ambas compañías.


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De hecho, Monarch era una compañía que tenía un impacto muy relevante en diversos destinos en España, muy especialmente en la Costa Blanca, Málaga, Mallorca y Menorca.

De hecho, ejemplos como el de Menorca ponen de manifiesto el impacto de la quiebra de Monarch, puesto que la isla se ha quedado sin contar con ningún destino ligado a Londres, lo que supone un grave perjuicio para el sector precisamente a la hora de iniciarse la temporada baja puesto que era la segunda aerolínea en número de llegadas desde el Reino Unido. También sirve como ejemplo los aeropuertos valencianos que tenían conexiones con casi media docena de aeropuertos entre Inglaterra e Irlanda, lo que también puede suponer un impacto para la conectividad notable.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Acelerar las negociaciones y dar impulso a los contactos mantenidos por los gobiernos insulares y autonómicos para encontrar alternativas viables a las pérdidas de rutas y de conectividad entre el Reino Unido y los destinos turísticos españoles que se han visto afectados por ambas decisiones.

2. Estudiar si caben acciones legales, como han llevado a cabo otros países de la U E, contra la forma en que se han tomado las decisiones, puesto que afectan a destinos en pleno inicio de temporada baja y puede suponer importantes perjuicios para el sector.

3. Buscar alternativas para garantizar la conectividad para territorios insulares en los que la pérdida de una sola compañía supone un daño irreparable para la economía y la competitividad, como en el caso de Menorca."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Pere Joan Pons Sampietro, Sofía Hernández Costa, Miguel Ángel Heredia Díaz, José Andrés Torres Mora, Victoria Begoña Tundidor Moreno, Patricia Blanquer Alcaraz, Julián López Milla, Artemi Rallo Lombarte, José Luis Ábalos Meco, Ana María Botella Gómez y Criprià Ciscar Casabán, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002448

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, sobre el Plan Regional del Ferrocarril de la Región de Murcia.

Exposición de motivos

Históricamente la red ferroviaria de la Región de Murcia no ha evolucionado hacia una mejora, sino que se han perdido incluso kilómetros de ferrocarril, siendo éste un transporte necesario y alternativo al transporte por carretera, mucho más contaminante además de mucho menos eficiente en cuanto a gasto de energía y capacidad de transporte.

En la época de Álvarez Cascos como Ministro de Fomento, se opta por un megaproyecto de transporte de personas en ferrocarril de alta velocidad, llamado AVE (Alta Velocidad Española), y cuyo objetivo era el de conectar todas las capitales de provincia con la capital mediante este tipo de transporte.

Hoy en día tenemos datos suficientes para afirmar que el coste de construcción y el uso registrado por las distintas líneas de AVE, es totalmente insostenible, en 22 años de funcionamiento, los ingresos no cubren ni un tercio de la inversión, y aun así, el Gobierno central y el regional se empeñan en la llegada del AVE a la Región de Murcia.


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En 1985 se perdió la conexión con Andalucía mediante el Ferrocarril del Almanzora (Murcia-Almendricos-Guadix-Moreda-Granada), del que su recuperación con una doble vía moderna y electrificada que vuelva a permitir la conexión con Andalucía y permita el paso de trenes de altas prestaciones.

En 1993 se suprime la línea férrea del interior de la región, dando lugar a otra pérdida de potencial de transporte más eficiente que el transporte por carretera. No hay trenes de cercanías entre Murcia y Cartagena, lo cual vuelve a potenciar el transporte por carretera en detrimento del ferrocarril.

En 2006 se aprueba en el BOE la variante de Javalí Viejo, que eliminaría la vía que parte Alcantarilla de norte a sur, pero nunca se ha ejecutado. También en 2006 se firma el convenio de Murcia Alta Velocidad para el soterramiento del ferrocarril al paso por la ciudad, pero hoy en día solo se habla de llegada en superficie, y a posteriori soterramiento en fases.

No existe ni un solo kilómetro de vía electrificada en la Región de Murcia.

El trazado que pretende tener el AVE es por Alicante, no por su natural y más corto trayecto, por Cieza hasta Albacete, que es por donde discurre la actual vía.

Hace once años que se produjo el accidente de ferrocarril en Chinchilla, y todas aquellas promesas de desdoblamiento de la vía entre Albacete y Murcia, y de unos trenes híbridos que mejorarían la seguridad y la velocidad del ferrocarril, mientras se electrificaba la vía, quedaron en nada.

Más reciente ha sido el tratamiento de proyecto de llegada del AVE en superficie a la ciudad de Murcia, rompiendo el consenso social y desoyendo multitudinarias y constantes las demandas vecinales, tras el cual, ADIF ha tenido que modificar su proyecto.

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Soterrar la llegada del ferrocarril a la Estación del Carmen de Murcia, haciendo de ella una estación intermodal y terminal, evitando el paso de trenes de pasajeros y de mercancías del Corredor Mediterráneo por la ciudad.

2. Comunicar a los agentes sociales, vecinales y económicos afectados el Plan de obras del soterramiento del AVE en la ciudad de Murcia.

3. Modificar el proyecto de AVE por Alicante de forma que la inversión se dedique a terminar la variante de Camarillas, cuya electrificación y desdoblamiento permitiría reducir el tiempo de trayecto entre Murcia y Madrid en veinte minutos.

4. Realizar las inversiones necesarias para conectar con vía doble y electrificada Lorca con Andalucía, tanto en el antiguo trazado del Ferrocarril del Almanzora como en el trayecto propuesto para el AVE a Almería, conectándose Granada y Almería con Murcia.

5. Ejecutar la variante de Javalí nuevo, aprobada en el BOE desde julio de 2006, para evitar el paso de los trenes de pasajeros y del Corredor Mediterráneo de Mercancías por el centro de esta pedanía.

6. Ejecutar la variante del Reguerón como solución de integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Murcia y como oportunidad de fomentar sinergias entre el Corredor Mediterráneo de Mercancías junto con la nueva Zona de Actividades Logísticas de Murcia.

7. Mantener la llegada del tren de altas prestaciones a Cartagena por el actual trazado y actual estación de ferrocarril, favoreciendo así la intermodalidad y eficiencia del transporte.

8 Desarrollar los proyectos de paso del ferrocarril por Lorca, Alumbres y otras ciudades mediante proyectos de integración urbana donde los vecinos y vecinas puedan participar y decidir de forma activa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-Ricardo Sixto Iglesias y Javier Sánchez Serna, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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161/002484

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para garantizar la interrupción total y completa de las paradas de los trenes de mercancías peligrosas, frente a las viviendas del barrio de Los Lirios en Logroño, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Según la normativa vigente, tanto el Reglamento relativo al Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Ferrocarril 1111D 2011) como el Real Decreto 412/2001, de 20 de abril, por el que se regulan diversos aspectos relacionados con el transporte de mercancías peligrosas por ferrocarril, prohíbe paradas de trenes en túneles de más de 100 metros y estacionamientos en una estación de núcleo habitado o cuando esté situada a menos de 500 metros de distancia del núcleo más próximo de población agrupada. Sin embargo, desde hace años se vienen produciendo paradas momentáneas de trenes mercancías peligrosas a menos de 10 metros de distancia de viviendas del barrio de Los Lirios en Logroño.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que garantice la interrupción total y completa de las paradas de los trenes de mercancías peligrosas frente a las viviendas del u barrio de los Lirios en Logroño."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2017.-César Luena López, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Educación y Deporte

161/002453

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar un Plan, coordinado con las Comunidades Autónomas, para prevenir el abandono escolar temprano, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

La tasa española de Abandono Escolar Temprano (AET) duplica a la de la Unión Europea, y el porcentaje de alumnos de nuestro país que repiten algún curso, es tres veces mayor que la media de la OCDE.

El sistema educativo español tiene un serio problema para combatir la exclusión educativa y está siendo incapaz de reenganchar a los estudiantes que suspenden curso tras curso: Unicef ha advertido recientemente que los programas de enseñanza inclusiva no están siendo "eficaces".

En España, por abandono escolar se entiende la situación de jóvenes que no tienen el título de Educación Secundaria Obligatoria o que tras finalizar la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), no estudian Bachillerato o Formación Profesional. Hasta la crisis de 2008 la tasa estaba en torno al 30 %, siendo mayor para los chicos que para las chicas, pero desde dicho año, desciende de forma continuada, alcanzando el 18,5 % en el 2017 y de manera muy desigual según Comunidades Autónomas. Frente a lo


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que se pueda pensar, el incremento de la tasa de paro en edades tempranas no ha tenido tanta incidencia en este descenso.

La realidad es que el descenso en estos últimos 5 años de aquellos jóvenes (18-24 años, por tanto han cursado la ESO con la LOE en vigor) que han desarrollado su escolarización en etapas obligatorias en el marco de la atención a la diversidad de la LOE y con las medidas formales y materiales de apoyo y refuerzo escolar. Precisamente todas las medidas compensatorias en materia educativa fueron las primeras en ser eliminadas por Rajoy al inicio de su mandato. Poco después llegaron las reformas legales que supusieron una regresión adicional para estos alumnos.

Uno de los objetivos de la política europea en materia de educación establece que los jóvenes participen y continúen en la educación más allá de las etapas obligatorias, de modo que el abandono educativo temprano figura como uno de los indicadores al servicio del seguimiento de la Estrategia Europa 2020 y de las políticas nacionales. Esta estrategia insta a los Estados miembros de la Unión Europea a situar la tasa de abandono temprano por debajo del 10 %. La mayoría de los países ha cumplido el objetivo europeo para el año 2020 y otros se encuentran muy próximos, como es el caso de Reino Unido y Bulgaria. Alcanzar este objetivo es uno de los principales retos a los que se enfrenta España que, dada su elevada tasa de abandono, propone reducirla al 15 %. España, en efecto, registra una tasa de abandono situada en un 18,5 % de acuerdo con los últimos datos publicados en la Encuesta de Población Activa del año 2017; siendo el segundo país de la UE con la tasa más elevada.

Es importante señalar que aunque se trata de un problema generalizado y de primer orden en el sistema educativo español, se observan diferencias territoriales en relación a este indicador. En el año 2017, la mayoría de las Comunidades Autónomas se situaron por encima del 15 % definido como objetivo nacional para el año 2020.

Por otra parte, el 31 % de los jóvenes han repetido algún curso, una cifra muy elevada si se compara con la media de los países de la OCDE, el 11 %, según datos del 2015 del informe PISA.

Los profesionales del mundo educativo señalan que tras los recortes que ha ido sufriendo la educación desde que Rajoy llegó al Gobierno, en las clases se ha ido estableciendo un canon de normalidad, en el que la diferencia no tiene cabida. Esto está provocando, un retraso en el aprendizaje no sólo de esas personas, sino también del resto de la clase, porque los docentes se vuelcan en que toda la clase intente mantener el ritmo. En cuanto uno se desengancha, se queda apartado.

Unicef destaca que los niños y adolescentes que sufren estas consecuencias pertenecen fundamentalmente a familias de un bajo estatus socioeconómico y cultural, así como aquellos que pertenecen a ciertas minorías étnicas o grupos migrados, "muchos se quedan atrás o directamente fuera del sistema educativo", apuntan en el informe.

El porcentaje de alumnos que no aspiran a seguir estudios secundarios postobligatorios y cuyos padres no tienen ninguna titulación es casi del 40 %. Para sus contemporáneos con padres con estudios universitarios superiores, es de poco más de un 5 %.

Las políticas y programas educativos tienden a "agrupar y segregar" al alumnado por motivos conductuales o de "nivel educativo".

La falta de recursos para acompañar a los jóvenes que ya han cumplido los 16 años, es otro de los problemas que ha identificado Unicef. Y si no se les estimula durante el aprendizaje, la posibilidad de encontrar empleo es muy escasa.

Desde Unicef proponen varias medidas para combatir la exclusión educativa. Apuestan por incrementar la inversión educativa; diseñar un sistema educativo flexible y diversificado que les permitan reincorporarse y continuar la formación y mejorar el acompañamiento de las transiciones educativas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Recuperar, en cooperación con las Comunidades Autónomas y con carácter inmediato, un Programa de Cooperación Territorial de Apoyo y Refuerzo Escolar en la Educación Secundaria Obligatoria semejante al PROA para evitar el abandono escolar temprano, cuya tasa duplica la de la UE.

2. Incluir en ese Plan medidas concretas para conseguir un sistema educativo más flexible y diversificado que permita reincorporarse a aquellos estudiantes que suspenden curso tras curso y que de


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esta forma puedan continuar con su formación, teniendo en cuenta que el porcentaje de repetidores en nuestro país triplica la media de la OCDE.

3. Incrementar en los Presupuestos de 2018 de forma significativa la partida destinada a combatir la exclusión educativa. Este incremento se concentrará en aquellos programas cuyo objetivo es garantizar el acceso, la permanencia y la promoción en el sistema educativo del alumnado en situación de desventaja social y se articulará a través de los programas elaborados y acordados en cooperación con las Administraciones educativas autonómicas.

4. Impulsar actuaciones concretas para mejorar el acompañamiento en las transiciones educativas.

5. Promover que el incremento de efectivos docentes disponibles en los centros educativos atiendan como prioridad el destino de recursos humanos a la atención a la diversidad y el refuerzo escolar en la ESO."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz y María Luz Martínez Seijo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002461

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Educación y Deporte, relativa al uso abusivo de la figura del Profesor Asociado.

Exposición de motivos

El Decreto Ley 20/2011 de 30 de diciembre impuso una tasa de reposición de efectivos de la Administración Pública del 10 %, también para la Universidad. Al mismo tiempo, se aprobaban los recortes presupuestarios en educación, que para la universidad española supusieron una pérdida de más de 1.500 millones de euros en el periodo 2010-2014. Son las causas principales de un proceso de envejecimiento y reducción de las plantillas que ha significado la pérdida de más de 7.500 empleos (3.486 PDI y 4.068 PAS) en el transcurso de estos años, con la consiguiente merma de la capacidad productiva de las universidades.

También contribuye a este descenso de la productividad el envejecimiento de las plantillas de la Universidad Pública, con unas plantillas en las que el profesorado (funcionario) mayor de 50 años alcanza ya el 66 %. Es el resultado de la aplicación del Decreto 20/2011, gracias al cual no sólo se perdió personal al reducirse en 1.499 la presencia de profesores titulares y catedráticos, sino que se impidió la promoción de más de 5.000 profesores acreditados para el acceso a estas categorías profesionales.

La disminución de las plantillas universitarias de Personal Docente e Investigador y Personal de Administración y Servicios (PDI y PAS) y su envejecimiento no fueron acompañadas por un descenso en las matriculaciones, más bien todo lo contrario: las matriculaciones se mantuvieron relativamente estables, con una media, para el periodo 2008-2015, de 1.244.791 alumnos y alumnas matriculados en las universidades públicas. La ratio estudiante/PDI doctor en el curso 2012/2013 fue de 18,3/1.

La repercusión en el profesorado de ese desequilibrio se hizo evidente en el aumento de carga docente pero también en el aumento de las tareas administrativas que, en realidad, no correspondía realizar al profesorado, dando respuesta así a unas exigencias que iban más allá de lo razonable.

Si la Universidad Pública ha sabido mantener sus niveles de calidad -o al menos limitar su descenso-, tanto científica como docente en los últimos años, ha sido gracias a gran parte de sus trabajadores y trabajadoras, que han asumido con responsabilidad el hacer dignamente su tarea compensando los recortes que se han producido desde la Administración.

Uno de los colectivos más golpeados por esta situación, los que han sufrido la crisis con mayor fuerza, son los llamados falsos asociados.

Ante la imposibilidad de contratar profesores a tiempo completo, y frente a unas necesidades docentes que no disminuían, sino más bien lo contrario, se optó por incrementar el uso fraudulento de una figura, la de Profesor Asociado (prevista por el artículo 53 de la Ley Orgánica de Universidades -LOU- para que


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profesionales de reconocido prestigio pudieran dar clases en la Universidad y transmitir su experiencia a los estudiantes), como un comodín que permitía contratar un profesorado cualificado y con perfil académico (no profesional) en condiciones precarias y muy ventajosas económicamente para la Universidad, condiciones que han sido denunciadas varias veces en los tribunales de justicia y que ya cuentan con sentencias en contra de las universidades y a favor de los denunciantes, hasta el punto de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha animado a estos trabajadores, a través de su presidenta Cecilia Wikstrom, a presentar denuncias ante los tribunales españoles.

A día de hoy, el número de Profesores Asociados en las universidades públicas asciende a 28.483, sólo por debajo de los 29.340 Profesores Titulares, y desde luego muy lejos de los 9.630 Profesores Contratado Doctor o los 2.900 Profesores Ayudantes Doctor. En estos datos confluyen muchos problemas de la Universidad Pública española, incluida la ausencia de una carrera profesional entendida como tal. De facto, pareciera que muchas universidades han asumido, en contra del espíritu y el articulado de la LOU, que ésta empezase con la figura del Profesor Asociado, convirtiendo la precariedad en una condición ineludible para hacer carrera académica.

En este caso nos interesa señalar que el 30 % del profesorado universitario español está compuesto por una categoría que fue creada como excepcional y que ahora se ha convertido en regla, sujeto a condiciones laborales abusivas (tanto por carga de trabajo como por retribución) y que, al mismo tiempo, causa un grave perjuicio a la Universidad Pública y menoscaba el derecho de sus estudiantes a recibir una educación de calidad.

Por todo ello, entendemos que urge la necesidad de solventar de forma razonable y justa para todas las partes este problema.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Dirigirse a las CCAA y a las universidades públicas, al objeto de que se proceda a un análisis de las necesidades docentes en el medio y largo plazo, de forma que pueda establecerse una planificación de crecimiento coherente.

2. Proponer y apoyar a las CCAA para que se ponga en marcha un Plan de Incorporación de Profesorado (PIP) que dé respuesta a las necesidades identificadas. Este PIP, con una duración no mayor a cinco años, debería convocar los concursos públicos que sean necesarios, respetando las competencias de cada administración y la autonomía universitaria, para lo que el Gobierno se comprometerá a la creación de una partida económica finalista en los próximos PGE.

3. Modificar el artículo 53 de la LOU (6/2001) para que este tipo de contratos nunca supere el 15 % del PDI de la Universidad (excluidos los Profesores Asociados Sanitarios), dificultando, de esta forma, su uso fraudulento.

4. Crear un Estatuto Básico del Profesor Asociado, que impida su abuso y delimite sus funciones.

5. Asumir, junto a las universidades y las CCAA, que las plazas de Asociado existentes deben ajustarse, mientras el proceso anteriormente descrito tiene lugar, a lo indicado en las diversas sentencias dictadas a su favor ( como la del Juzgado de lo Social 10 de Sevilla), y específicamente a la consideración de los falsos asociados como trabajadores indefinidos de la Universidad, así como a la Directiva 1990/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Nayua Miriam Alba Goveli, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario abajo firmante presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la empatía hacia los animales entre los contenidos educativos en la enseñanza obligatoria, para su debate ante la Comisión de Educación y Deporte.


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Exposición de motivos

Múltiples estudios científicos han demostrado la estrecha relación que existe entre la violencia que se ejerce contra los animales y la violencia interpersonal. Pero también existen experiencias que han demostrado el mismo vínculo en un sentido contrario: una educación en la empatía hacia los animales puede promover una cultura de paz entre los humanos. El 19 de septiembre de 2014, tuvo lugar la "II Jornada Parlamentaria sobre estrategias educativas para una cultura de paz sin discriminación", donde especialistas de la pedagogía, psicología, criminología, sociología y educación se dieron cita en el Congreso de los Diputados convocados por la Asociación Parlamentaria en Defensa de los Animales (APODA) para tratar este asunto de forma profunda y argumentada. Fruto de este acto celebrado en el Congreso, se creó un grupo de trabajo de especialistas que ha estado trabajando en esta materia y que ha concluido lo siguiente:

La educación formal es el medio más importante para dotar de habilidades inter e intrapersonales y valores éticos a los más jóvenes que formarán la sociedad del futuro. Una herramienta esencial para desarrollar estas habilidades y valores es la utilización pedagógica de la biofilia, que se define como el vínculo emocional innato en los humanos hacia los demás seres vivos. Dicho vínculo ha sido especialmente valorado respecto a su uso en múltiples aplicaciones de programas educativos de desarrollo en las habilidades personales y sociales, ya que los niños y jóvenes generalizan este respeto hacia los humanos de forma automática.

Como factor de detección en problemáticas de conductas disociales, entre otros, este tipo de recursos educativos es también esencial, por la clara correlación predictiva encontrada entre la violencia hacia colectivos victimizables y posteriores conductas patológicas.

Focalizando en la convivencia escolar, respecto al bullying o acoso escolar, existen en España altos costos económicos y psicosociales relativos a la intervención y prevención de este tema demasiado frecuente en nuestras escuelas. Cada vez se hace más evidente que los planes de intervención y prevención ante la violencia de género, violencia doméstica, abusos infantiles, maltrato a personas mayores, etc., son abordados por distintos profesionales que se beneficiarían de un currículo escolar mejorado. Introduciendo la protección de los animales en la currícula escolar, se contribuye a que los estudiantes adquieran habilidades sociales como la empatía, comprensión, expresión de la afectividad y control de la agresividad, aprendan resolución de conflictos sin violencia, autocontrol de la impulsividad y alternativas a la agresividad. Educando en sensibilidad y empatía hacia los animales, se logra que estas cualidades se transmitan a los compañeros y por tanto que se reduzcan o desaparezcan estos problemas de agresividad y agitación en el aula. Así, del mismo modo que las conductas agresivas contra los animales son un factor predictivo de la violencia hacia las personas, un aprendizaje en el respeto a los animales ayuda a prevenir una actitud agresiva hacia los otros en el aula y por extensión en los demás espacios.

En todos estos casos, la aplicación de los programas educativos inclusivos en el respeto por los seres sintientes, es la herramienta básica para el aprendizaje de las habilidades que componen la inteligencia emocional, con el fin de eliminar el coste social, personal y económico que generan las creencias, actitudes y conductas carentes de dicha inteligencia. Se pueden aportar numerosos estudios y datos respecto a que la modificación del currículum escolar, teniendo en cuenta valores como la solidaridad y la igualdad, fomentando habilidades sociales como la empatía, y trabajando la inteligencia emocional de cara a colectivos victimizables como animales, mujeres, niños, personas con discapacidad o ancianos, repercute en la disminución de porcentajes y cifras respecto a violencia interpersonal en humanos y costos destinados a protección de las personas.

Muchas son las iniciativas que empiezan a surgir en España relacionadas con la educación en el respeto a los animales, pero la mayoría son aplicaciones puntuales y resultan incompletas al no estar dotadas de continuidad por falta de recursos, al menos que sean incluidas en el currículo de la enseñanza obligatoria.

Por todo lo expuesto, y una vez constatados los beneficios sociales que representa relacionar los beneficios de la convivencia y relación temprana con animales con el desarrollo de conductas prosociales, se propone la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer los mecanismos necesarios para que en la próxima modificación legislativa que se lleve a cabo con afectación en materia de Educación, se


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introduzcan en el currículum escolar de enseñanza obligatoria, y especialmente en el segundo ciclo de educación infantil, primaria, secundaria y formación profesional, contenidos educativos en la empatía hacia los animales para prevenir, evitar e intervenir en conductas violentas hacia humanos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2017.-Joan Mena Arca, Diputado.-Francesc Xavier Domènech Sempere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las becas y ayudas al estudio a los escolares con TDAH, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

La Resolución de la Convocatoria de Becas y Ayudas para el curso académico 2017-2018, del MEC, para alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (ACNEAE) contempla en el artículo 1 apartado a "Ayudas directas para los alumnos incluyendo a los afectados por TDAH (Trastorno por déficit de atención por hiperactividad)" pero mantiene algunos de los puntos de controversia de la Convocatoria de Becas y Ayudas del año pasado 2016/2017, lo que genera incertidumbre e inseguridad en las familias con hijos afectados por el trastorno, sobre todo en aquellas con menos recursos que dependen de estas ayudas para poder realizar los tratamientos que sus hijos necesitan.

Es necesario que al dictar las Resoluciones de las Becas y Ayudas del MEC, se tenga en cuenta que el alumno con TDAH, está reconocido desde 2010 como Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ACNEAE).

La solución pasa por considerar definitivamente a los alumnos con TDAH "como grupo específico y diferenciado de los escolares con discapacidad y trastorno grave de conducta, tal y como sí se otorga al grupo de altas capacidades".

Es urgente una solución definitiva en próximas convocatorias de las ayudas y becas del MEC, que garantice la seguridad jurídica y un trato igual para todos los alumnos afectados por TDAH, promoviendo la equidad y evitando diferencias de trato en función del territorio de escolarización o de los criterios de interpretación de los actores implicados en la concesión de las ayudas. Solo así, se evitará la discriminación incompatible con el derecho a la educación que reconoce la Constitución y garantiza la Ley de Educación.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a que:

1. Adecúe las Resoluciones de convocatoria de las Becas y Ayudas al estudio a lo establecido en la Ley, para que los órganos competentes adapten en las sucesivas convocatorias la redacción de las mismas al reconocimiento del derecho a la atención de las necesidades específicas de apoyo educativo de los escolares afectados por TDAH, tal como se recoge en la legislación básica educativa.

2. Garantice el derecho de los escolares con TDAH a recibir las ayudas económicas a las que tienen derecho conforme a su condición de escolares con necesidades específicas de apoya educativo.

3. Reconozca de forma expresa el derecho a la obtención de las ayudas establecidas por el Ministerio de Educación a los escolares afectados por TDAH, de forma diferenciada y autónoma a los apoyos y atención educativa específica de los ACNEE."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-César Luena López, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Empleo y Seguridad Social

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para garantizar la seguridad y salud de las trabajadoras que desarrollan su actividad como camareras de pisos, fomentando el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención de riesgos de las empresas, teniendo en cuenta las peculiaridades de su trabajo a los efectos de evitar accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como para que no sufran discriminaciones indirectas por razón de sexo, en el momento de la determinación de estas contingencias como profesionales, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

En el sector de la hostelería prestan servicios alrededor de 96.000 camareras de pisos que trabajan en hoteles y apartamentos. Este colectivo, que representa un 25 % o 30 % de las plantillas, su trabajo consiste a grandes líneas las habitaciones estén en perfecto estado cuando el cliente las utiliza, ofreciendo uno de los servicios más valorados por los usuarios que se hospedan en nuestros establecimientos hoteleros.

Así, debe ser considerado un trabajo esencial en la calidad del servicio en los hoteles, ya que se cubre una de las necesidades básicas del cliente: descansar en un entorno agradable.

A pesar de esto en los últimos años el colectivo de las camareras de pisos ha sufrido, casi como ningún otro, un deterioro absoluto de sus condiciones de trabajo y una pérdida total de la calidad en su empleo, pues han visto reducido su salario y deterioradas sus condiciones laborales por los efectos de la aplicación del art 84.2 que tras la reforma laboral del Partido Popular, permite que se negocien Convenios de empresa, por negociadores muchas veces sin "fuerza legitimadora" abandonando el Convenio del sector.

A ello hay que añadir la crisis que desde 2008 ha servido para justificar que las empresas de hostelería hayan aumentado la precariedad laboral, aumentando los ritmos de trabajo e incluso dilatando la jornada parcial, convertida en la práctica en jornadas completas.

A esta situación insostenible para las trabajadoras, ha colaborado también la estrategia de externalización del departamento de pisos y la subcontratación el servicio con empresas de multiservicios. En muchos casos, estas empresas están constituidas por el mismo grupo empresarial, lo que supone un flagrante caso de cesión de trabajadores. Estas empresas, además, ya no tendrán la obligación de aplicar los convenios vigentes de hostelería y se aplicará el de la empresa multiservicio que, habitualmente, fijará retribuciones cercanas al salario mínimo interprofesional. Así las empresas, pueden llegar a ahorrarse entre un 30 % y un 40 % del salario de las camareras, al tiempo que fomentan la división de los trabajadores en multitud de empresas que impiden su unidad de acción sindical y colectiva en defensa de sus intereses.

En relación a esta cuestión nuestro grupo ya ha presentado la Proposición de Ley para la reforma del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, para garantizar la igualdad de las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, en tramitación actualmente.

En esta proposición nos vamos a referir a otro aspecto que inciden en la precarización de la relación laboral de las camareras de pisos como son las relativas a la prevención de riesgos laborales, y una condición que incide de forma directa en la salud como es el de la carga y el ritmo de trabajo. En el cumplimiento de obligaciones preventivas concurren no solo aspectos relacionados con la propia actividad, sino derivados de la circunstancia de que la actividad de camarera de pisos, es una actividad feminizada, se desarrolla mayoritariamente por mujeres.

Los trastornos músculo-esqueléticos se han ido incrementado de manera alarmante a lo largo de las últimas décadas, llegando a ser el primer problema de origen laboral en Europa y es en sectores de actividad tales como el de hostelería y, concretando más, en el sector de ocupación de camarera de pisos, donde el riesgo de padecer algún problema de salud vinculado a algún tipo de trastorno músculo-esquelético aumenta de forma relevante.


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La inadecuada organización del trabajo, la falta de personal y la sobrecarga de trabajo que hoy en día se da en el sector de la hostelería, son factores que incrementan la aparición de lesiones músculo-esqueléticas y enfermedades derivadas del trabajo en las trabajadoras que prestan servicios como camareras de pisos. Por esta razón, se hace del todo necesaria la toma de consciencia por parte de la dirección de las empresas, servicios de prevención y Administración Pública del impacto que actualmente tiene sobre la salud de las trabajadoras la falta de prevención relacionado con esta tipología de riesgos existente aún, en el sector de hostelería.

La precariedad del sector, hace que las características de las condiciones de trabajo existentes en muchos de los establecimientos (la falta de personal, un servicio al cliente de menos calidad con la finalidad de obtener mayores beneficios, un elevado ritmo de trabajo, etc.), derivadas principalmente del actual mercado turístico deterioran la salud de las personas trabajadoras de la hostelería y que, en el caso concreto de las camareras de pisos, suponen la aparición y aumento de determinados factores de riesgos desencadenantes y agravantes de los trastornos músculo-esqueléticos.

La prevención de riesgos laborales de las camareras de pisos entronca directamente con la igualdad. En la lucha por la igualdad de género en el ámbito laboral juega un papel determinante las actuaciones en materia de seguridad y salud laboral, pues son actuaciones sobre las que no se ha incidido ni legislativamente, ni en la práctica empresarial relacionada con la gestión de la prevención, ni forma parte del contenido de los planes de igualdad; a pesar de ser muchos los aspectos que inciden desde la perspectiva de género en la forma de realizar la actividad laboral y en los riesgos que se generan y que afectan a la salud y la seguridad de la mujer trabajadora.

La mayor precariedad laboral de las mujeres y su situación en el mercado de trabajo afecta sin duda a la seguridad y salud en el trabajo. Estas representan el 73 % del total de las personas que trabajan a tiempo parcial y son también afectadas por mayores índices de temporalidad, soportan los mayores déficits en la formación tanto preventiva como profesional dentro de la empresa y encuentran mayores dificultades de promoción y la diferencia salarial entre hombres y mujeres, es una de las formas más comunes y graves de discriminación, las dificultades mayores de conciliar inciden de forma más importante en las mujeres trabajadoras y todos estos aspectos que podemos referir a cualquier sector de actividad se producen de forma más profunda en un sector como la hostelería de por sí ya precarizado, ahondando más esta precarización en la actividad de las camareras de pisos, podemos referirnos a título ejemplificativo a la última actuación de la Inspección de Trabajo, en la que la sociedad Externa Team contrato a 275 trabajadoras como camareras de pisos, mediante la modalidad de contrato para la formación, lo que supuso una disminución de las retribuciones de las trabajadoras del 40 % del salario además del fraude de Seguridad Social.

En el sector de la hostelería se realizan actividades en las que las que la mujer está expuesta intensivamente a riesgos músculo-esqueléticos, que suelen derivar en procesos de enfermedades profesionales y en los que los aspectos de la gestión de la prevención que inciden en su eliminación, cómo son la ergonomía y la organización del trabajo deberían formar parte de los objetivos prioritarios preventivos de las empresas del sector. Esta tendencia preventiva a identificar aquellos riesgos que pueden causar accidentes de seguridad y no enfermedades, relega a un segundo plano aquellos riesgos con más presencia en sectores de actividad como el de las camareras de pisos, sometidas a riesgos psicosociales y ergonómicos, relacionados con la carga de trabajo, los tiempos para desarrollar el mismo y los movimientos repetitivos y posturas forzadas.

Sigue sin considerarse un esfuerzo físico a evaluar y prevenir aquellas tareas que implican la manipulación de cargas consideradas como "ligeras" (cubos, bolsas, u otros útiles de trabajo, escobas, fregonas, etc.) aunque sea de manera reiterada (movimientos repetitivos y posturas inadecuadas), incluso aquellas tareas que requieren esfuerzos medios, aspirado de habitaciones e incluso importantes como el que supone hacer camas o mover muebles.

De esta manera, se minimiza la importancia de otra serie de riesgos presentes en el trabajo, que se convierten prácticamente en invisibles y asumidos y que son los causantes de enfermedades profesionales, provocando posturas forzadas y sobresfuerzos. Además, existen una serie de factores considerados como causas favorecedoras de la aparición de los TME: los relacionados con la organización del trabajo, los relacionados con el ámbito extra laboral y aquellos derivados de determinados procesos biológicos de género: embarazo y menopausia.

En este sector como en ningún otro inciden los factores ambientales o asociados a la organización del trabajo: el exceso de horario, el ritmo de trabajo, la gestión de los descansos, la escasa automatización


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de la tarea, la comunicación y las relaciones personales, el estilo de mando, el contenido del trabajo, la escasa posibilidad de promoción, la falta de identificación con la tarea, la capacidad de iniciativa y la estabilidad de empleo son factores relacionados con la organización del trabajo que afectan a la prevención.

El excesivo ritmo de trabajo, la sobrecarga de trabajo, la monotonía, la repetitividad y la supervisión estricta de las gobernantas a la que están sometidas actualmente las trabajadoras de los hoteles, son factores que incrementan el riesgo de padecer patologías músculo-esqueléticas y que, además, influyen decisivamente en la aparición del estrés laboral, que da origen a enfermedades por sí mismo y al agravamiento de otras.

Un elevado ritmo de trabajo implica la exigencia de una velocidad o rapidez excesiva para realizar las tareas, las camareras de pisos están sometidas a fuertes ritmos de trabajo, ya que a lo largo de la jornada deben realizarse, necesariamente, la limpieza de un número determinado de habitaciones que se fija para toda la temporada. Si no se finaliza la limpieza dentro del horario laboral, le supone a la camarera el tener que hacer horas extras para terminar la limpieza de todas las habitaciones encomendadas, que además ni se retribuyen, ni se compensan.

Durante los últimos años la tendencia en el sector de hostelería viene siendo el de prescindir de mano de obra, incrementando la carga de trabajo por trabajadora y, en consecuencia, aumentando el ritmo de trabajo y la posibilidad de padecer trastornos musculo-esqueléticos.

Otros aspectos relativos a la organización del trabajo que afectan a la salud, es que en muchos casos, las gobernantas carecen de la formación e información en materia de prevención necesaria para concienciarse sobre las repercusiones de los factores de riesgos desencadenantes de los TME a los que se ven expuestas diariamente las trabajadoras de pisos. Tampoco suelen recibir a lo largo de su carrera profesional, al ser personal que no está vinculado a la empresa principal cursos formativos que les proporcione las habilidades necesarias para encontrar nuevas técnicas y herramientas para mejorar el clima laboral y la organización del trabajo.

En definitiva junto a la adecuada gestión de aquellos riesgos que más afectan a este colectivo, la actitud empresarial de reducir mano de obra, incrementar el ritmo de trabajo al que están sometidas las camareras de pisos, y el contratar a trabajadoras sin formación, está provocando un aumento de enfermedades que terminan en incapacidad temporal, derivadas de patologías musculoesqueléticas, problemas de relaciones interpersonales entre las trabajadoras, estrés y trastornos de ansiedad.

Otro factor de riesgo desencadenante de los trastornos músculo-esqueléticos que afecta especialmente a las mujeres, es la doble presencia. Es decir, la necesidad de atender las demandas del trabajo doméstico y el trabajo asalariado. Esta sobrecarga física y psicológica derivada de la doble presencia disminuye el tiempo y la calidad del reposo, propiciando la acumulación de la fatiga física y la aparición de lesiones.

Por esta razón podemos afirmar que las mujeres, al final del día, trabajan más horas que los hombres debido a la falta de conciliación familiar y laboral, y de una inadecuada distribución de las tareas domésticas, aspecto que tiene una especial incidencia en el sector de actividad que nos ocupa. Para solucionar el problema de la doble presencia en el ámbito de las empresas es preciso contemplar y actuar sobre este riesgo principalmente a través de la distribución del tiempo de trabajo y la puesta en práctica, por parte de las empresas y de la propia sociedad, de los derechos recogidos en la normativa existente relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

Y no es que las trabajadoras que prestan servicios como camareras de pisos, tengan más riesgo de sufrir dolencias musculo-esqueléticas, sino que una vez que han contraído enfermedades por el desarrollo de su actividad profesional tienen serias dificultades que se les reconozcan como contingencias profesionales a los efectos de reconocimiento de las prestaciones a las que tienen derechos, e incluso para el reconocimiento de un incremento de esas prestaciones por la aplicación del recargo.

Y ellos porque la norma que regula el cuadro de enfermedades profesionales es absolutamente discriminatoria, pues en el listado de actividades se contemplan entre las enfermedades profesionales aquellas provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, referidas a actividades como son pintores, escayolistas y montadores de estructuras, mecánicos, chapistas, caldereros, sin que entre las profesiones se contemple otras desempeñadas fundamentalmente por mujeres, como las que desempeñan su actividad como camareras de pisos, en la cual se sufren las mismas dolencias, pero dicha profesiones no está entre las ejemplificadas en la norma, como si lo están profesiones y trabajos masculinizados, produciéndose una discriminación indirecta por razón de sexo prohibida en el art 14 CE.


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Esta discriminación tiene una gran relevancia práctica puesto que una trabajadora que tenga la misma dolencia que un trabajador, provocada por su actividad laboral, no se ve beneficiada por la presunción de laboralidad y la declaración de enfermedad profesional, sino que tendrá que probar que dicha lesión o dolencia ha sido provocada por el trabajo y que por lo tanto es un accidente de trabajo.

Así aunque en las actividades desarrolladas predominantemente por las mujeres, dada la segregación ocupacional horizontal que existe en nuestro mercado laboral, como pasa en el sector de la hostelería, son más frecuentes los riesgos relacionados con posturas de trabajo inadecuadas, largas jornadas de pie, trabajos repetitivos y exposición a agentes químicos (productos de limpieza) las mujeres tienen más dificultades para que se les reconozca una dolencia como profesional, ya que la actividad de camarera de pisos no aparece en el catálogo y por tanto, no se benefician de la presunción de que en esta actividad se realizan los movimientos articulares determinantes de la enfermedad, lo que las exigirá acreditar para el diagnóstico de la enfermedad profesional, la realización de los movimientos articulares determinantes de la enfermedad profesional y acudir a la vía judicial.

Agravado por una circunstancia que ya se ha manifestado en esta proposición y es que la presencia mayoritaria de las mujeres en este sector expondrá a estas, principalmente a los riesgos ergonómicos, psicosociales y también higiénicos y esto tiene gran relevancia, pues dado que nuestra legislación preventiva carece de una verdadera perspectiva de género todas las técnicas preventivas y las actividades relacionadas con la higiene, la ergonomía o la organización del trabajo están menos desarrolladas que las técnicas preventivas vinculadas a la seguridad, lo que no favorece tampoco la prevención de las enfermedades; la gestión de la prevención desde la perspectiva de género son actuaciones sobre las que como se ha señalado, no se ha incidido ni legislativamente, ni en la práctica empresarial, lo que nos lleva a la necesidad de modificar la legislación vigente, para incorporar la diferenciación del género en todas las obligaciones preventivas de la empresa.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Previa consulta con las organizaciones sindicales y empresariales, revise y modifique la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y demás normativa de desarrollo, incorporando la perspectiva de género tanto en la gestión de la prevención como en el conjunto de obligaciones empresariales y de los demás agentes implicados en la prevención, como los Servicios de Prevención Ajenos, asentando su base legal y reglamentaria para que no se puede obviar una correcta transversalidad de la perspectiva de género en todos los aspectos preventivos y para gestionar todos aquellos riesgos que inciden más en la salud e integridad de las mujeres trabajadoras.

2. Planifique en colaboración con las Comunidades Autónomas, en el marco de las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, campañas de prevención de riesgos en el sector de la hostelería, a los efectos de vigilar que por parte de las empresas se adopten las medidas oportunas para que se tenga en cuenta la perspectiva de género en los instrumentos a través de los cuales gestiona la prevención como son el Plan de Prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva, especialmente en relación al desarrollo de la prestación laboral de las camareras de pisos.

En relación al desarrollo de esta prestación laboral, y por lo que se refiere a la planificación de la actividad preventiva así como a su diseño y adopción de medidas, se atenderán sus peculiaridades comprobando los aspectos relativos a la ergonomía, la organización del trabajo y el ritmo de trabajo.

3. Asimismo, planificará en colaboración con las Comunidades Autónomas campañas específicas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de tiempo de trabajo en el sector de la hostelería, a los efectos de comprobar aspectos de jornada, horario, descanso, estudios de tiempo y movimientos y el uso de la contratación a tiempo parcial, especialmente en relación al desarrollo de la prestación laboral de las camareras de pisos.

4. Valorar el establecimiento de protocolos específicos en el desarrollo de la vigilancia de la salud en relación a la actividad profesional de las camareras de pisos, para valorar la existencia de trastornos musculo-esqueléticos, teniendo en cuenta todas las circunstancias que concurren en su actividad.

5. Introducir en la Estrategia de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020 actuaciones que garanticen la perspectiva de género, tanto en los Planes de acción como en las campañas de divulgación en el sector de hostelería.


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6. Revisar el Cuadro de Enfermedades Profesionales en el Sistema de la Seguridad Social contenido en el Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre, para evitar que su aplicación pueda provocar discriminaciones indirectas por razón de género. A tal fin, incluirá dentro de este Cuadro las enfermedades profesionales provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos, como los efectuados por el desempeño de la actividad de camareras de piso."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-María del Rocío de Frutos Madrazo y María Tamara Raya Rodríguez, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para promover el cumplimiento eficaz de las obligaciones preventivas en la empresa durante el embarazo y la lactancia de la trabajadora y garantizar el reconocimiento de la prestación de riesgo por embarazo y lactancia, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

El pleno reconocimiento de la igualdad formal ante la ley, y los instrumentos jurídicos diseñados para garantizarla, sobre todo en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, aun siendo en su momento un paso decisivo, ha resultado ser insuficiente. Avanzar hacia igualdad pasa por garantizar conciliación de la vida familiar y laboral y como un paso previo garantizar la efectividad de las medidas de prevención de riesgos laborales, en el ámbito de la maternidad.

Las principales medidas de protección de la mujer tanto en el ámbito internacional como nacional van referidas tradicionalmente y también en la actualidad a la protección de la maternidad, el feto y la lactancia. No sólo con los Convenios de la OIT que regula prohibiciones de trabajos, de exposición o manipulación de productos, sino que la UE a través de la Dir 92/85/CEE protege la seguridad y salud de la mujer embarazada o que haya dado a luz recientemente y compromete a los Estados Miembros a adaptar las condiciones de trabajo su situación, pasando por un cambio de puesto de trabajo o el pase a la situación de IT.

En esta línea la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales (en adelante, LPRL), en sus art 25 y 26, establece que en la evaluación de riesgos se ha de tener en cuenta la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo, parto y lactancia natural a agentes, procedimientos y condiciones de trabajo, que puedan influir negativamente en su salud o en la del feto y la prohibición de que la trabajadora embaraza o en periodo de lactancia realice actividades que supongan riesgo de exposición a determinados agentes o condiciones de trabajo. Cuando la evaluación de riesgos revele un riesgo o una posible repercusión sobre el embarazo o la lactancia, se adoptarán las medidas necesarias para evitar la exposición (organización del trabajo, adaptación o cambio de puesto, suspensión del contrato).

Si bien es cierto que con la LPRL se subsanaron muchas de las deficiencias que se habían puesto de manifiesto hasta esa fecha en la regulación de los aspectos jurídicos preventivos de la maternidad de la mujer trabajadora, hay que reconocer, que la transposición efectuada en España de la Directiva 92/85/CEE llevada a cabo por la LPRL, se realizó con retraso y de manera parcial, por lo que ha sido necesario esperar más de quince años para considerar incorporada la Directiva comunitaria en su totalidad, y ello aun cuando se avanzó con la publicación de la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, que corrige en gran medida las carencias que planteaba el artículo 26 de la. LPRL, aclarando cuáles deben ser las actuaciones que debe realizar el empresario para salvaguardar debidamente la salud y la seguridad de la madre y del hijo/a. Además, esta Ley regula e incorpora novedades importantes dentro de la acción protectora de la Seguridad Social; la prestación económica por riesgo durante el embarazo y la nulidad del despido por embarazo.


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Por su parte, la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOIMH), introduce tres importantes novedades que afectan a las condiciones de acceso a la prestación económica de la Seguridad Social, a la cuantía de dicha prestación, y a la calificación de la contingencia.

También incorpora numerosas novedades referidas a la protección de la mujer en los supuestos de riesgo durante el embarazo y riesgo en periodo de lactancia (hasta que el hijo cumpla 9 meses). La trabajadora que desempeñara un puesto de trabajo expuesto a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que pudieran producir algún daño a su salud o la del feto, el recién nacido o lactante, a que se adapten sus condiciones de trabajo, se le cambie de puesto de trabajo y si esto no es posible se le conceda una prestación por riesgo durante el embarazo o lactancia.

Aun así en numerosos supuestos la trabajadora tiene que reclamar sus derechos en vía judicial, aunque pese a las luces y sombras de las diferentes resoluciones judiciales, tanto en el ámbito comunitario como en nuestro país, las abundantes sentencias en relación con dicha normativa, han realizado una interpretación expansiva de la tutela protectora del embarazo y la lactancia.

Una de las últimas sentencias en esta materia, de fecha 19 de octubre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que se ha pronunciado sobre el caso de una enfermera del servicio gallego de salud a la que le fue denegada la consideración de trabajadora en riesgo durante la lactancia, ha señalado una vez más que las Administraciones y las empresas deben proteger por igual a las trabajadoras que estén embarazadas y a las que se encuentren en periodo de lactancia.

La enfermera, entonces madre lactante y trabajadora del Servicio Galego de Saúde en un servicio de urgencias, quería obtener la prestación económica por riesgo que contempla la norma.

Sin embargo, ni el Servicio Galego de Saúde, ni el Instituto Nacional de la Seguridad Social (el INSS) consideraron que ese riesgo existía. Su centro había emitido un informe en el que negaba la existencia de riesgos. El INSS se negó a expedir a la enfermera una certificación médica que acreditara que se encontraba en periodo de lactancia y que su puesto la colocaba en una situación de peligro.

La trabajadora acudió a los tribunales y fue el Tribunal Superior de Justicia de Galicia el que acudió al TJUE para que resolviera varias incógnitas sobre la directiva de igualdad de oportunidades y su aplicación.

El Tribunal de la Unión Europea reafirmó que esa Directiva Europea se aplica también a las trabajadoras en periodo de lactancia: "Dado que el permiso de maternidad tiene por objeto proteger a la trabajadora embarazada, a la trabajadora que ha dado a luz y a la trabajadora en período de lactancia, y que la condición de mujer en período de lactancia está estrechamente ligada a la maternidad y, específicamente, al embarazo o al permiso por maternidad, las trabajadoras en período de lactancia deben tener la misma protección que las trabajadoras embarazadas o que han dado a luz".

Por tanto, el trato "menos favorable" a una madre trabajadora en periodo de lactancia es también un caso de discriminación por razón de sexo.

La sentencia recuerda también que existe una Directiva Europea sobre medidas de seguridad y salud de las trabajadoras embarazadas, que hayan sido madres o que estén en periodo de lactancia. Evaluar los riesgos de un puesto de trabajo sin tener en cuenta esta norma es, por tanto, un caso de discriminación por razón de sexo.

"Una evaluación no conforme con las citadas exigencias priva a la trabajadora afectada y su hijo de la protección que ha de otorgárseles en virtud de la Directiva 92/85, porque pueden estar expuestos a riesgos potenciales cuya existencia no haya sido correctamente demostrada al evaluar los riesgos que presenta el puesto de trabajo de la trabajadora afectada", dice el texto, que añade que no se puede "tratar del mismo modo" a una trabajadora en período de lactancia que a cualquier otro trabajador porque su situación específica "requiere imperativamente un trato especial por parte del empresario".

Tal y como ha señalado el Tribunal Constitucional, la protección a la mujer trabajadora no debe limitarse a su condición biológica durante el embarazo y después de éste ni a las relaciones entre la madre y el hijo durante el período que sigue al embarazo y al parto, sino que también condiciona las potestades organizativas y disciplinarias del empresario evitando las consecuencias físicas y psíquicas que medidas discriminatorias podrían tener en la salud de la trabajadora y afianzando al mismo tiempo todos los derechos laborales que le corresponden en su condición de trabajadora al quedar prohibido cualquier perjuicio derivado de aquel estado.

En la misma línea el Tribunal Supremo deja muy claro que para poder percibir la prestación por riesgo durante el embarazo y la lactancia natural deben cumplirse los requisitos legalmente previstos de manera sucesiva, es decir, que en primer lugar hay que evaluar, para constatar que existe un riesgo que se


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produce cuando las condiciones de trabajo puedan influir negativamente sobre la salud de la mujer o de su hijo.

En segundo lugar, una vez constatado el riesgo, hay que justificar que no ha sido posible por parte de la empresa eliminar el riesgo o adaptar las condiciones de trabajo de la empleada y, en tercer lugar, si lo anterior no ha sido factible, demostrar que tampoco es posible trasladar a la trabajadora a un puesto compatible con su estado.

También queda claro, que la suspensión del contrato de trabajo por riesgo durante el embarazo o la lactancia es una medida subsidiaria que sólo se puede adoptar después de probar que existe un riesgo específico y que no son posibles o no son eficaces otras medidas previas como la adaptación de las condiciones o del tiempo de trabajo o, si esto no es factible, el cambio de puesto.

En nuestra jurisdicción la mayoría de las sentencias se desestiman por la misma causa: la no acreditación de la existencia del riesgo, paradójicamente por incumplimiento por parte de la empresa de las obligaciones que la ley le impone.

La ausencia de concienciación e implicación en cuanto a la aplicación de medidas preventivas en los centros de trabajo, han supuesto siempre una asignatura pendiente, situación que se ha ido deteriorando en los últimos años como consecuencia de la crisis económica por la que se atraviesa, siendo la prevención junto con el empleo, las primeras medidas de ahorro que ponen en marcha los empresarios.

Sin ánimo de ser pesimistas y asumiendo que los avances han sido muy importantes, la realidad es que en la mayoría de las empresas, se realizan evaluaciones genéricas sin entrar en la evaluación de los puestos de trabajo y mucho menos, en evaluar de manera específica, las repercusiones que determinadas sustancias, tareas, jornada, procedimientos, etc. pueden tener en la salud de la madre gestante o en el hijo/a.

Debe ser prioritaria la puesta en marcha de medidas preventivas, bien eliminando los riesgos o bien realizando el cambio de puesto o funciones, por dos razones: en primer lugar por el derecho fundamental de proteger la salud y seguridad de la madre y/o el hijo/a y en segundo lugar, para no dar lugar innecesariamente a prestaciones que se pagan con las cuotas de todos los afiliados al sistema, cuando esta es una cuestión que corresponde al empresario abordar y solucionar.

La realidad es que en numerosas empresas no se aplica o se aplica muy deficientemente el contenido íntegro del artículo 26 de la LPRL, si se controlasen de forma eficaz que todas las empresas tengan las evaluaciones realizadas y especificados los puestos de trabajo exentos de riesgo para las situaciones de embarazo y lactancia, estaría mucho más protegida la mujer embarazada y su descendencia y se evitaría la controversia en los juzgados.

Las causas fundamentales por las que las mujeres acuden a los Juzgados para reclamar por situaciones que perjudican su embarazo o lactancia natural son las siguientes: los turnos y las jornadas de trabajo, la exposición a agentes químicos y biológicos, la bipedestación, la exposición a cargas o esfuerzos, no tener un lugar adecuado para la extracción de la leche.

Además en la actualidad, la configuración del riesgo por embarazo o lactancia natural son prestaciones derivadas de contingencias profesionales, siendo las mutuas mayoritariamente las que determinan la existencia o no de riesgo, así como la prestación económica.

Se dota a las Mutuas de un papel fundamental, no solo en la decisión de las condiciones de trabajo, agentes y procedimiento que pueden justificar la suspensión del contrato durante el riesgo por embarazo o lactancia, sino también en si procede o no la prestación correspondiente. Resultando paradójica que en la misma entidad residan dos acciones radicalmente opuestas reconocer el riesgo y conceder la prestación.

Las trabajadoras embarazadas, las que hayan dado a luz recientemente o las que se encuentren en periodo de lactancia son un colectivo especialmente sensible y por ello deben tomarse medidas específicas para proteger su seguridad y salud, evitando la situación de indefensión en que las coloca la inactividad preventiva de la empresa y la interpretación restrictiva de las Mutuas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Promover campañas de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para exigir a la empresa que realice la evaluación inicial de todos los puestos de trabajo, para determinar qué puestos están


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exentos de riesgos para el embarazo o lactancia y ello aunque no exista en ese momento ninguna trabajadora en situación de embarazo o lactancia.

- Promover campañas de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para que en er supuesto de que exista una trabajadora en situación de embarazo o lactancia se realicen evaluaciones específicas, evaluando el puesto en función de la situación individual (embarazo o lactancia) y de las características especiales de la madre embarazada o en periodo de lactancia.

- Impulsar protocolos de actuación para las Mutuas Colaboradoras en la gestión de la Seguridad Social, que incluyan entre los riesgos protegidos los que pudieran afectar en el embarazo y la lactancia.

- Aumentar las inspecciones de trabajo en empresas y en el ámbito de la administración pública para evitar cualquier tipo de discriminación de las trabajadoras embarazadas y en periodo de lactancia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-María del Rocío de Frutos Madrazo y Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha de un programa de desarrollo económico alternativo y de restauración de las zonas más degradadas por la minería del carbón en la ciudad de Puertollano, para su debate en la Comisión de Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

Puertollano concibe el "Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras para el período 2013 a 2018" como una oportunidad para revitalizar el empleo, las empresas y la industria en la ciudad mejorando su sostenibilidad. Tanto su revitalización económica, como su revitalización medio ambiental.

La ciudad aspira a crear las condiciones para favorecer una economía con consumo bajo de carbono. Todo un reto para una ciudad cuya economía se basó en la extracción de carbón.

Desde el Ayuntamiento de Puertollano y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se ha instado al Gobierno para que se proceda a la preparación de un Convenio Marco de colaboración según lo previsto en el Real Decreto 675/2014 en su artículo 10.

En una reunión celebrada recientemente con la Dirección General de Política Energética y Minas se entregó el Informe de Dirección General de Industria, Energía y Minería del Carbón de la Consejería de Economía y empresas y memoria justificativa del interés de las actuaciones para la comarca minera de Puertollano necesarios para proceder a la preparación del mencionado Convenio Marco.

El Convenio Marco para el impulso económico de las comarcas productoras compromete la implicación de las administraciones central y autonómica en la financiación y ejecución de obras de infraestructuras y restauración ambiental de zonas degradadas a causa de la actividad extractiva. Una vez que se firme habrá que incorporar una planificación con los proyectos propuestos por la Comunidad, para cuya materialización será precisa la firma de convenios específicos.

El Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018 define dos modelos de ayudas de impulso económico para favorecer el desarrollo alternativo y la creación de empleo en los municipios mineros: las dirigidas a financiar nuevas instalaciones empresariales y ampliación de las existentes y las orientadas a infraestructuras.


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El abanico de intervenciones financiables al amparo de este Convenio Marco abarca en primer lugar la ejecución de infraestructuras para favorecer el asentamiento de industrias alternativas y, con ello, la diversificación productiva. En este apartado se incluyen obras de adecuación en polígonos industriales; creación y equipamiento de viveros de empresas y centros de desarrollo tecnológico y proyectos de optimización y eficiencia energética.

En segundo lugar, se prevén iniciativas de mejora medioambiental con la finalidad de configurar un entorno atractivo para la implantación de empresas. En este capítulo tienen cabida acciones de restauración, recuperación y revalorización de escombreras, zonas degradadas y espacios afectados por las explotaciones mineras del carbón; recuperaciones forestales y tratamientos silvícolas; intervenciones de saneamiento atmosférico dirigidas a la mejora de la calidad del aire y de los niveles sonoros y obras en estaciones de depuración de aguas residuales.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a suscribir, con la mayor celeridad posible, el Convenio Marco de Colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ya ha mostrado su disposición y adelantado parte de su trabajo. En el mismo se establecerán los detalles de la gestión de las actuaciones del programa de desarrollo económico alternativo y de restauración de zonas más degradadas por la minería del carbón."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Isabel Rodríguez García, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a evitar denuncias falsas de intoxicaciones alimentarias en establecimientos hoteleros españoles, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

Un nuevo fenómeno viene afectando a lo largo de los últimos años a los empresarios turísticos españoles. Son las denuncias por supuestas intoxicaciones alimenticias y reclamaciones con motivo de su estancia en hoteles de nuestro país, que en su inmensa mayoría proceden del mercado británico.

Una de las cuestiones fundamentales de este asunto son las cláusulas contractuales incorporadas a los contratos de colaboración comercial entre touroperadores británicos y hoteles españoles. Concretamente se trata de dos cláusulas. La cláusula de sumisión al fuero judicial del Reino Unido y la cláusula de descuento unilateral, ambas establecidas como condiciones generales de contratación, es decir, predispuestas e incorporadas a estos contratos de adhesión por el touroperador, por las cuales se otorga la facultad de aplicar descuentos en la facturación de manera casi automática y unilateral en la relación económica que le une con el hotelero.

Los descuentos son resultado de la aplicación de una de las referidas cláusulas, por las cantidades pagadas por los touroperadores para la compensación de reclamaciones de responsabilidad civil planteadas por turistas británicos que, durante sus vacaciones o tras su regreso al Reino Unido, por enfermedades leves, generalmente, gastroenteritis, supuestamente contraídas en el transcurso del viaje con motivo de la estancia en los hoteles en régimen de pensión completa y "todo incluido".

Estas cláusulas trasladan la responsabilidad del touroperador al hotel si bien, según el sistema británico de protección al consumidor y la Directiva UE 2015/2302 de viajes combinados, el touroperador es responsable de todo lo que le ocurre al turista en su viaje, incluido cualquier incidencia que tenga lugar en el hotel. A lo anterior se añade la renuncia al fuero español y sometimiento expreso a los tribunales y


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juzgados del Reino Unido para cualquier divergencia derivada de dichos contratos, lo que implica el encarecimiento y dificultad en la defensa de los derechos de las empresas hoteleras.

Estas cláusulas, inicialmente predispuestas para proteger al consumidor y al touroperador, se han convirtiendo en el medio adecuado para amparar el negocio en auge de empresas británicas "claim farmers" (también denominadas "managemet claim companies" o "collectors"), dedicadas en exclusiva a recabar las "íllness claims" o demandas por enfermedad, captando datos de clientes de diversos modos, entre otros: (1) anunciándose en los medios y redes sociales; (2) en destino (hoteles, farmacias, bares, etc.); y (3) llamada fría. Estas empresas, a su vez, ceden los datos de estas reclamaciones a despachos de abogados británicos a cambio de comisiones. Debido a esta forma de actuar, en 2016 las reclamaciones se incrementaron en un 700 %.

El procedimiento aplicado por el touroperador para determinar si paga o no la compensación reclamada por el cliente es el siguiente: el touroperador comunica al hotel la presentación de la reclamación, le da traslado de la misma y le solicita contestación contundente en un plazo determinado, requiriéndole, asimismo, que aporte información y documentación adecuada para evitar que dicha compensación sea satisfecha y, en consecuencia, aplique el descuento.

La falta de documentación y su custodia o archivo durante varios años, relativa al cumplimiento de las exigencias en materia de calidad, higiene y atención al cliente, mantenimiento de piscinas y biosanitarios, de comidas, de consumiciones suministradas, control de posibles excursiones o salidas, asistencias médicas o dolencias manifestadas por los huéspedes, impiden que los hoteles den una respuesta ágil y eficaz o, incluso, en algunos casos, impide que el hotel sea capaz de dar una respuesta, a la solicitud de información de touroperador, una vez se recibe la reclamación. Esto provoca la asunción o adjudicación de la responsabilidad civil al hotel y la aplicación del descuento unilateral por el touroperador, a consecuencia del pago de la compensación al cliente por el touroperador.

Otro de los desencadenantes de la situación actual es la inclusión de los gastos de asistencia jurídica del cliente afectado en los descuentos unilaterales realizados por los touroperadores a los hoteles. Es decir, además de la indemnización del cliente afectado, los descuentos incluyen los gastos de asistencia jurídica del abogado británico, se haya celebrado juicio o no, que generalmente supera el importe de la indemnización.

Asimismo, la proliferación de las reclamaciones se ha visto agravada por la reforma de la Justicia Británica a través de llamado "Legal Aid, Sentencing and Punishment of Offenders Acf" (LASPO) que entró en vigor en abril del 2013.

Dicha Ley regula el sistema de cobro de honorarios de los abogados británicos y permite al cliente ni tan siquiera adelantar dinero como provisión de fondos de gastos y honorarios legales para interponer la reclamación. Los abogados únicamente perciben honorarios si el cliente obtiene el pago de una indemnización. En cualquier caso, si bien no percibe honorarios de su cliente, los abogados los reclaman al touroperador, adhiriendo esa cantidad a la reclamada en concepto de indemnización.

Efectivamente, y según estimaciones del sector turístico, las peticiones que los turistas británicos han realizado por supuestas intoxicaciones alimentarias en establecimientos hoteleros españoles, ascienden a más de 50 millones de euros. Se trata de falsas denuncias por supuestas intoxicaciones que, casi siempre, se canalizan a través de los mismos bufetes de abogados especializados en este tipo de demandas. Los hoteleros han comprobado como ciudadanos británicos actúan en las propias zonas turísticas como comerciales de estos despachos de abogados, y persuaden en la misma calle a potenciales clientes. Tratan de convencer a estas personas de que pueden conseguirles unas vacaciones gratis. La realidad es que la legislación británica se lo pone fácil. Para realizar una reclamación falsa el ciudadano británico le basta probar que ha comprado un fármaco. Luego eso se viste de informes médicos, muchas veces realizados meses después, y se reclama ante la justicia británica.

El informe de la Asociación Británica de Agentes de Viaje (ABTA), indica que las reclamaciones por intoxicación alimentaria de los turistas británicos crecieron un 131 % con respecto al mismo periodo de 2015. Para esta asociación llama la atención que ese repunte en las denuncias no se corresponde con un aumento de las enfermedades en los destinos.

Hay que tener en cuenta que en el Reino Unido, el reclamante no tiene que acreditar la enfermedad, ya que el coste legal al que se enfrenta el reclamado en caso de exigir dicha acreditación suele ser mayor que la propia indemnización, de ahí que muchos turoperadores abonan la solicitud de compensación, que luego deben repercutir en los hoteleros españoles, que son quienes finalmente costean estas prácticas fraudulentas.


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Por parte del Gobierno español, se han realizado gestiones que han conseguido que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, haya emitido una declaración en la que reconoce que España es un "destino seguro" y advierte a los ciudadanos que denunciar en falso es un delito. No obstante ello, el daño de carácter comercial, más allá del coste económico, es también importante y no sólo para el empresario hotelero, en el fondo todo el sector de la alimentación español, los distribuidores, los profesionales del sector servicios, etc ... en definitiva, nuestra principal industria, el Turismo se resiente de estas falsas denuncias.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir impulsando acciones que combatan las situaciones de abusos que se están produciendo por parte de turistas británicos, para detectar, corregir y evitar que denuncias falsas de intoxicaciones alimentarias en establecimientos hoteleros españoles se sigan produciendo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para fomentar el turismo de personas mayores de 65 años y/o personas discapacitadas sin límite de edad de Europa a nuestro país y mejorar la accesibilidad de nuestra planta hotelera, para su debate en la Comisión de Energía,Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

En un Dictamen aprobado por el Comité Europeo de las Regiones en febrero del año pasado se aboga por un planteamiento integrado del turismo adaptado a las personas de edad. El objetivo es impulsar las economías locales y regionales y crear empleo. España recibió más de seis millones de turistas mayores de 65 años en 2014, con un impacto económico de más de 7.000 millones de euros.

Estamos hablando del 10 % del total de turistas que acogió España ese año. Cataluña (1.324.509), Canarias (1.264.823), Andalucía (1.223.802) y Baleares (1.014.964) son las Comunidades Autónomas con más afluencia de turistas senior, según datos ministeriales. En la Unión Europea hay más de 128 millones de ciudadanos de entre 55 y 80 años, un 25 % de la población total.

Este dictamen puede tener un impacto muy positivo para las zonas turísticas y contribuye a maximizar el potencial de este segmento estratégico de mercado, así como a reducir la estacionalidad turística.

Las personas con discapacidad no lo tienen fácil para viajar y disfrutar como el resto. Pese a que este colectivo tiene un gasto de un 30 % superior al del resto de los turistas, apenas es tenido en cuenta por parte de los distintos operadores del sector turístico.

Según una encuesta realizada por Adecco, seis de cada diez personas con movilidad reducida no viajó a los destinos que le resultaban de interés este verano por falta de servicios e instalaciones accesibles.

El sondeo revela que el 70 % de ciudadanos europeos con algún tipo de discapacidad tiene posibilidades económicas de viajar, pero el 85 % considera insuficiente la oferta de turismo accesible.

La Red Española de Turismo Accesible asegura que el potencial del turismo accesible asciende a más de 58 millones de viajeros, ya que estas personas suelen viajar acompañados de familiares o amigos.

Sin embargo, en un informe del Observatorio de Accesibilidad Universal del Turismo en España presentado por Fundación ONCE, tras analizar 57 destinos, 4.000 hoteles y 40.000 restaurantes. Se señala como principal concusión que el 40 % de los hoteles de España no cuentan con una habitación adaptada a las necesidades de personas con discapacidad.


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Del estudio se desprende además que cerca de 1.500 establecimientos hoteleros dicen ser "aptos para silla de ruedas", aunque el personal no tiene la formación adecuada o la recepción no es accesible.

En cuanto a los restaurantes, el 26,4 % dicen ser aptos, pero la realidad es que casi la mitad no tiene un aseo adaptado, el 45 % no dispone de un acceso correcto o a nivel y ninguno presenta menú en formatos alternativos ni cuenta con personal formado.

Una de las conclusiones que se desprende es que más de la mitad de las empresas consideran alto o muy alto el coste económico de mejorar la accesibilidad en sus establecimientos o servicios.

El 56 % de los participantes afirma haber incorporado una política o compromiso respecto a las personas con discapacidad, el 11 % un responsable de la accesibilidad universal en el establecimiento y un 10 % asegura haber contratado a personas de este colectivo.

En este informe sobre hábitos turísticos en los últimos dos años, se concluye que no hay diferencia significativa entre el número de viajes realizado en los últimos 24 meses por las personas con alguna discapacidad o necesidades especiales (7 viajes) y las personas sin necesidades especiales (8 viajes). Es decir, las personas con discapacidad o necesidades especiales viajan con una frecuencia similar a la de las personas sin necesidades especiales.

Además, en el análisis del gasto hecho en el último viaje se llega a otra conclusión "muy clarificadora": el gasto medio realizado por los turistas con discapacidad y necesidades especiales (813,65? de media) fue significativamente superior al desembolso efectuado por las personas sin necesidades especiales (637,60? de media).

Por último, el 25 % de las personas con movilidad reducida invierte más de 4.000 euros anuales en viajes, cifra que según la fundación podría incrementarse de existir una oferta turística más accesible.

Por todo ello, el Gobierno debería poner en marcha medidas tendentes a fortalecer este sector.

La primera sería realizar por una campaña publicitaria en Europa dirigida a turistas de más de 65 años para visiten nuestro país, dado la potencialidad que tiene este sector turístico y por otra parte impulsar créditos reembolsables para que sobre todo hoteles que no son de reciente construcción en zonas turísticas, pero también restaurantes, puedan mejorar su accesibilidad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Poner en marcha, implicando en ella a los organismos, empresas u otros estamentos del sector, una campaña publicitaria en Europa dirigida a turistas jubilados de más de 65 años y/o personas con discapacidad sin límite de edad para que visiten nuestro país.

2. Impulsar, en coordinación con las Comunidades Autónomas y entidades locales, un sistema de créditos reembolsables para mejorar la accesibilidad de la planta hotelera, así como de restaurantes u otros establecimientos de carácter netamente turístico, en zonas turísticas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

AI amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de medidas de fomento de la electrificación del transporte por carretera y del vehículo eléctrico, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

El modelo energético que ha caracterizado el desarrollo económico del siglo XX, basado principalmente en el uso ineficiente de recursos de origen fósil, parece estar llegando a su fin. El impacto que sobre el medio ambiente, la salud pública y las relaciones económicas y sociales está produciendo esta manera


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de generar y consumir energía pone de manifiesto que ha llegado el momento de actuar e impulsar un cambio de modelo energético. Sin embargo, los esfuerzos que desde el Estado se han venido realizando para llevar a cabo una transición energética basada en el ahorro y la eficiencia, la generación descentralizada y democrática, la baja emisión de carbono, el aprovechamiento intensivo de los recursos renovables y el abandono progresivo de las fuentes de energía más contaminantes, adolecen de una escasez de objetivos y de una falta de efectividad en las medidas propuestas.

Respecto al transporte por carretera, éste es responsable de las dos terceras partes del consumo total de petróleo que consume España, cuyo porcentaje de dependencia exterior del petróleo es un 10 % superior a la media de la UE. Asimismo, la contaminación atmosférica por partículas finas y ultrafinas, así como por óxidos de nitrógeno generada por el parque de vehículos diésel y gasolina es la principal causa de la mala calidad del aire que respira la ciudadanía en nuestro país (las emisiones de dióxido de carbono suponen el 21 % de las emisiones globales en transporte del Estado español).

En la actualidad existe una oportunidad para reducir esa dependencia exterior y reducir las emisiones. La introducción de nuevas tecnologías de movilidad eléctrica, entre las cuales se encuentra el vehículo eléctrico, puede suponer una oportunidad para llevar a cabo un cambio de modelo. Los vehículos propulsados con energías alternativas a los combustibles fósiles tradicionales están llamados a formar parte de la movilidad sostenible en el transporte a nivel global, tanto en las ciudades como en las carreteras, debido a sus beneficios en materia de diversificación energética y reducción de la dependencia de los productos petrolíferos, así como por la reducción de emisiones de CO2 y de otras emisiones contaminantes y de efecto invernadero, ayudando por tanto a mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades y a disminuir la contaminación acústica y favoreciendo además el consumo de energías autóctonas, especialmente de fuentes renovables.

Desde hace algún tiempo, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) ha venido impulsando el conocido Plan de Impulso a la movilidad con vehículos de energías alternativas (MOVEA) para la adquisición de vehículos de este tipo de vehículos y la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Este plan, que es una medida que forma parte de la Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en España 2014-2020, no está siendo eficaz si lo comparamos con los objetivos alcanzados en países de nuestro entorno. Mientras que la mayoría de ellos cuentan con índices de renovación del parque de vehículos convencionales por vehículos eléctricos superiores al 2 % anual, España todavía se encuentra en un índice del 0,4 % de renovación. Además, la partida presupuestaria dedicada al mismo lleva dos ejercicios seguidos congelada. La consignación presupuestaria en la Ley de Presupuestos Generales del año 2017 ha sido de 16,6 millones de euros al Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, para desarrollar el último plan MOVEA. Un plan de ayudas para la adquisición de vehículos que se ha circunscrito a incentivos individuales, quedando como era previsible, agotada la partida presupuestaria en 48 horas. El criterio de distribución se estableció por tipo de tecnología en el reparto de fondos del Plan MOVEA, y las subvenciones se concedieron en régimen de concesión directa. A1 diferencia de otros países de nuestro entorno, que han puesto en marcha importantes medidas de reducción impositiva a la compra de vehículos eléctricos, entre ellos Noruega y Holanda, ni España ni la Comisión Europea han realizado propuesta legislativa alguna en este sentido.

Ha llegado el momento de hacer una apuesta decidida por la movilidad con energía eléctrica. Por lo que se refiere al vehículo eléctrico, éste ya es una realidad que crece significativamente pero a un ritmo más lento que las previsiones inicialmente realizadas a finales de la década pasada. Una estrategia de impulso real de vehículos con energías alternativas permitiría alcanzar un parque total de aproximadamente unos 150.000 vehículos en el año 2020. En cuanto a la infraestructura de puntos de recarga de acceso al público de vehículos eléctricos, adicionales a los puntos de recarga vinculados al vehículo (1 punto de recarga vinculada por vehículo), también sería necesario aumentar su número hasta cumplir con la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la implementación de una infraestructura para los combustibles alternativos.

Estas tecnologías de transporte representan, en el actual contexto económico, un reto y una oportunidad para varios sectores estratégicos como son el energético, el de automoción y el de tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto desde un punto de vista industrial y tecnológico, como energético y medioambiental. La movilidad eléctrica debe convertirse en el motor de un nuevo modelo energético y una oportunidad para avanzar en el compromiso del crecimiento sostenible, permitiendo la progresiva implantación de las energías renovables en el principal sector consumidor de energía final, el transporte por carretera.


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Es necesario dar respuesta a las crecientes necesidades de transporte de la sociedad de manera más limpia y eficiente posible, porque el potencial de la movilidad eléctrica es evidente y tan solo aumentando el mercado de vehículos eléctricos hasta cumplir con los objetivos marcados por la Directiva 2014/94/UE, se podrían ahorrar toneladas de emisiones de CO2, millones de litros de combustible y millones de euros al año.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar medidas de fomento de electrificación del transporte por carretera y del vehículo, que preceptivamente incluirán:

1. Poner en marcha un plan estable de ayudas económicas para el vehículo eléctrico ininterrumpido hasta el año 2020, evitando así que las ventas se concentren en momentos determinados y no queden detenidas hasta la aprobación de nuevas ayudas como sucede actualmente.

2. Eliminar la figura del gestor de carga, para que sea más accesible a todas las empresas y administraciones públicas ofrecer la recarga de electricidad siempre y cuando lo hagan de forma gratuita.

3. Reducir los costes fijos del sistema eléctrico para la infraestructura estratégica de recarga rápida mientras la movilidad eléctrica no alcance el volumen necesario que permita la viabilidad de modelos de negocio vinculados a esta modalidad.

4. Incorporar la posibilidad de que los municipios puedan realizar bonificaciones de hasta el 100 % en el impuesto de vehículos de tracción mecánica para los vehículos eléctricos.

5. En colaboración con las entidades locales, promover el establecimiento de un porcentaje mínimo del 15 % de plazas de aparcamiento públicos o de rotación dotadas con infraestructura de recarga normal. Esta cifra debería alcanzarse antes del 1 de enero de 2019. De manera complementaria,. se propone la no necesidad de disponer de acometidas independientes cuando la potencia a utilizar para la recarga de vehículos eléctricos sea inferior al 25 % de la potencia ya contratada, lo que supondrá un ahorro económico para el titular de la infraestructura.

6. Promover a través de los cauces de que disponga, las modificaciones necesarias en la Directiva 2003/96/CE, para que se puedan aplicar tipos impositivos reducidos a los vehículos eléctricos.

7. En colaboración con las entidades locales, promover el establecimiento de un porcentaje mínimo del 5 % de plazas de estacionamientos municipales de carácter público y en la vía pública dotados con recarga eléctrica normal para los municipios de más de 20.000 habitantes. Estas plazas deberían tener una reserva preferente entre las 20.00 y las 07.00 horas, con el fin de trasladar los consumos a los horarios de menor demanda y así facilitar la gestión del sistema eléctrico. Esta medida debería estar implementada el 1 de enero de 2018."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2017.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002442

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista nos dirigimos a la Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no Ley para instar a la creación de un Observatorio de Precio a escala de la Unión Europea, como herramienta fundamental para fortalecer la cadena alimentaria europea, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Estamos asistiendo años tras años en las distintas campañas agrícolas españolas problemas por la existencia de desequilibrios económicos en las relaciones comerciales entre los distintos operadores que


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intervienen y en las diferencias en cuanto al poder de negociación. Las prácticas comerciales desleales que se producen en todas las etapas de la Cadena de suministro de productos agrícolas y ganaderas, redunda siempre en el eslabón más débil de la cadena, que es el agricultor y ganadero.

Se hace imprescindible que trabajemos todos por buscar un equilibrio de todos los agentes que participan en este proceso, que deben de percibir una compensación justa por su trabajo y esfuerzo llevado a cabo por los agricultores y ganadores.

Si todos no hacemos un gran esfuerzo por acabar con la prácticas comerciales desleales que se están llevando a cabo en los campos españoles, terminaremos con los pequeños agricultores y ganaderos. Por ello se hace necesario mejorar la cadena alimentaria a nivel europeo, con ello se podrá poner freno a las prácticas desleales.

Se hace necesario la cooperación entre los productores comunitarios, sobre todo los de productos más perecederos, que son el sector más sensible a estas desigualdades a la hora de la venta de sus productos, como son las frutas y hortalizas.

Consideramos que la cadena agroalimentaria es un ámbito de competencia compartida entre la Unión Europea (UE) y los Estados miembros y hay que intervenir por el principio de subsidiariedad para mejorar la Cadena Alimentaria a nivel Europeo.

Es decir, en el ámbito concreto de la intervención en esta cadena, la UE debe ejercer esta competencia desarrollando medidas legislativas en la medida que sean necesarias conforme al principio de subsidiariedad, es decir, que la Unión actuará sobre dicha materia siempre y cuando demuestre mayor eficiencia que el propio Estado miembro sobre la misma.

El Grupo Parlamentario socialista venimos denunciando el abuso de prácticas comerciales desleales, y se hace necesario, tomar medidas desde la Comisión europea y planteamos la creación de un Observatorio de Precios a nivel Europeo, ya que esta herramienta podría ofrecer información de utilidad para el sector agrario europeo. Tenemos que ir a mercados trasparentes.

Un observatorio de precios es un instrumento de análisis de tendencia del mercado y una herramienta de apoyo en la toma de decisiones estratégicas, que dota de una mayor transparencia al mercado agrario y ganadero, que pueda establecer referencias de precios, lo que debe repercutir en un mejor funcionamiento de la cadena agroalimentaria.

Con ello cualquier agricultor y ganadero de cualquier pueblo de la eurozona puede tener conocimiento de los precios y de las tendencias del mercado, esto es clave en un sector como el primario para que los distintos actores del mercado, agricultores y ganaderos, puedan tomar decisiones que optimicen la rentabilidad de sus explotaciones.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a demandar ante las instituciones de la Unión Europea la creación de un Observatorio de Precios y Mercados, como herramienta fundamental para fortalecer la transparencia de la cadena alimentaria europea y de apoyo en la toma de decisiones estratégicas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de octubre de 2017.-Manuel Gabriel González Ramos, Josefa Inmaculada González Bayo y María Jesús Serrano Jiménez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002454

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para adoptar medidas sociales y en materia de infraestructuras hidráulicas en Andalucía con motivo de la sequía, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.


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Exposición de motivos

En el inicio del año hidrológico-meteorológico 2017-2018 en Andalucía, el pasado mes de septiembre, último del que constan estudios, ha sido el segundo más seco de la serie de referencia. Las precipitaciones fueron muy escasas en la práctica totalidad de las cuencas andaluzas.

El valor conjunto de precipitaciones alcanzado a finales de septiembre ha sido de -0,67; valor muy por debajo del -0,4 que marca la situación de sequía.

Aunque la situación es especialmente grave en las áreas de Andalucía Oriental, también son zonas gravemente afectadas el Alto Guadalquivir y los Sistemas Béticos, incidiendo -según recientes estudios- de forma transversal a toda la Comunidad Autónoma, desde la Sierra de Grazalema hasta la Sierra de Cazarla.

Dicha situación no tiene perspectivas de cambiar en los próximos meses, debido al déficit acumulado en los últimos años. En tales circunstancias, el estado de la vegetación está muy por debajo del valor normal esperado para este mes en Andalucía, bajando en 5 puntos desde 2013. La sequía pluviométrica que soporta Andalucía ha llevado a su vegetación y, por ende, a su producción agrícola, a una situación de estrés hídrico generalizado.

El reciente Informe de la Junta de Andalucía sobre el Aforo del sector del aceite, ha puesto de manifiesto la reducción de un 15,8 % de la cosecha de aceite para la presente campaña, lo que supondrá una caída, sólo en este cultivo, de 900.000 jornales en Andalucía. A ello habría que añadir la reducción del 19 % en la campaña de la aceituna de mesa, a punto de finalizar.

A pesar de esta situación, que ha sido puesta de manifiesto a través de distintas iniciativas por el GPS a nivel nacional y de forma específica en el caso de Andalucía, por parte del Gobierno de España no se han adoptado medidas extraordinarias dirigidas a paliar los efectos de esta sequía para los agricultores y ganaderos; así como para los trabajadores del campo, que se han visto perjudicados por la falta de jornales en el sector primario.

A ello hay que añadir los recortes en inversiones en los últimos presupuestos generales aprobados por el Gobierno, muy especialmente los PGE2017, que supusieron un recorte del 36 % de las inversiones en Andalucía. Muchas de esas inversiones paralizadas se refrieren a proyectos hidráulicos de gran importancia para prevenir y contrarrestar la falta de precipitaciones endémica en la Comunidad Andaluza.

Por todo ello y en base a esta realidad, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Acometer con carácter de urgencia aquellas inversiones de interés general para Andalucía y en particular las siguientes:

- Restauración de la Desaladora de Cuevas de Almanzora. Almería.

- Desalobradora de la Balsa del Sapo. Almería.

- Mejora infraestructura de riego en Adra. Almería.

- Desalobradora de Fuentes de Marbella. Adra. Almería.

- II fase Desaladora de Carboneras y conducciones Campo de Tabernas. Almería

- Adquisición de la Desaladora de Níjar. Almería.

- Recrecimiento de la Presa de la Concepción. Málaga.

- Presa de Rules. Granada.

- Presa de Siles. Jaén.

- Túnel del Huesna. Sevilla.

- Presa de San Calixto en Écija. Sevilla.

- Túnel de San Silvestre en Huelva.

2. Instar al Gobierno a realizar los siguientes trasvases:

- Tinto-Odiel-Piedras; 15 Hm3 a la cuenca del Guadalquivir. Huelva.

- Trasvase del Negratín-Almanzora. Almería.

- Trasvase de 5 Hm3 de lznájar al norte de la provincia de Málaga.


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3. La eliminación de las jornadas reales necesarias para acceder a la renta y al subsidio agrario de los trabajadores eventuales del campo, en tanto persista la situación de falta de jornales en el campo con motivo de la falta de precipitaciones. Situación especialmente grave en el caso de las mujeres jornaleras.

4. La puesta en marcha de forma inmediata de medidas en beneficio de los agricultores y ganaderos, que vengan a compensar la caída de la producción en las comarcas que hayan sido perjudicadas por la falta continuada de precipitaciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Antonio Pradas Torres, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para planificar e impulsar una agricultura climática y ambientalmente sostenible, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Las actividades agrícolas dependen directamente de las condiciones climáticas y, por lo tanto, están muy expuesta a las consecuencias del cambio climático. Según los escenarios y previsiones, en el contexto Europeo, la agricultura se verá muy afectada en las regiones meridional y sudoriental.

El sector agrario es, dentro del conjunto de sectores difusos que abarcan las actividades no sujetas al comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, el segundo sector emisor, detrás del sector transporte. El sector agrícola y ganadero es causante del 14 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en España y en torno al 25 % del total de las emisiones de los sectores difusos.

La responsabilidad de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector agrícola y ganadero es debida, mayoritariamente, a las emisión de los suelos agrícolas y el uso de fertilizantes. Además de estas causas, otros motivos de emisión de gases de efectos invernadero se deben a la gestión de estiércoles, las emisiones derivadas del uso de combustibles por la maquinaria agrícola, la quema de residuos agrícolas, las emisiones de la ganadería, de los arrozales, el encalado de los suelos y el uso de urea.

Pero la agricultura también puede ayudar a proporcionar soluciones al problema general del cambio climático, reduciendo las emisiones y realizando efecto sumidero del carbono, a través de la capacidad que tiene el suelo y los cultivos leñosos de captar CO2, garantizando y mejorando la producción de alimentos.

La amenaza del cambio climático está obligando a trabajar en medidas para mejorar la productividad de los cultivos, la innovación tecnológica en el ahorro de agua o a la búsqueda de nuevas variedades que se adapten mejor a los futuros escenarios climáticos.

Es conocido el efecto de la actividad agrícola sobre el medio ambiente; efectos sobre el uso de la tierra, contaminación del agua por uso inapropiado de fertilizantes y plaguicidas, contaminación del aire por amoniaco, efectos sobre la biodiversidad y, directa o indirectamente, a la salud. Pero, no todos son negativos, ya que también ayuda a mejorar la estructura del suelo, a reducir la erosión y ha creado ecosistemas antrópicos equilibrados de alto valor. La alternativa, el abandono de las actividades agrarias, ha demostrado que puede poner en peligro el medio natural y un entorno que forma parte de nuestro patrimonio cultural y natural.

La política agrícola ha evolucionado considerablemente en las últimas décadas para ayudar a los agricultores hacia una agricultura más respetuosa con el medio ambiente y a hacer frente a los retos de futuro. Se ha demostrado que la calidad y la innovación agraria, trasladada a la mejora de los aspectos ambientales y climáticos, suponen un elemento de competitividad y de productividad.

La evolución de la Política Agraria Común, en especial la PAC post-2020, se verá influida por el Acuerdo de París y por otras políticas europeas, en especial las orientaciones hacia una economía circular, de calidad del aire, etc., en una política en favor de los bienes públicos medioambientales.


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Los representantes del Gobierno ya han anunciado la elaboración de diferentes líneas estratégicas transversales de futuro, partiendo de la premisa de que la agricultura debe convertirse en una de las grandes impulsoras de la lucha contra el cambio climático y la conservación del medio ambiente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Impulsar la Estrategia Nacional de Agricultura, Clima y Medio Ambiente que alinee los objetivos de la política agrícola con el cumplimiento de los compromisos internacionales sobre cambio climático y medio ambiente.

- Avanzar en la Hoja de ruta 2030, sobre las políticas de adaptación y mitigación en el sector agrícola y ganadero, para la próxima década.

- Fomentar la agricultura inteligente e impulsar la innovación en el sector como mecanismo de adaptación y mitigación ante el cambio climático."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a la elaboración de una Estrategia coordinada de lucha contra el camalote en España, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Eichhomia crassipes, llamado comúnmente flor de bora, camalote, jacinto de agua común, tarope o tarulla , es una planta acuática con una gran capacidad de reproducción, que actualmente está invadiendo las aguas del río Guadiana con desastrosas consecuencias económicas y ambientales.

Los números son dramáticos con más de 150 kilómetros del río Guadiana a su paso por Extremadura con presencia de esta especie que ha sido declarada en el desarrollo del Reglamento 1143/2014 de la Comisión Europea como "planta exótica invasora preocupante" lo que no asegura fondos para su erradicación pero sí prohíbe por ejemplo la comercialización de las semillas del "jacinto de agua" nombre de esta especie conocida como "camalote".

Este supone un problema medioambiental de primer nivel para Extremadura actualmente, pero con riesgo de sobrepasar la frontera y llegar a Portugal y a otras cuencas como la del Guadalquivir en la que las condiciones físicas de temperatura del agua son similares y la planta también podría desarrollarse.

Se trata de una planta a la que únicamente se está haciendo frente con medios materiales, retirándola a diario, hasta 1.100 toneladas diarias, con medios mecánicos, pero no existe hasta la fecha un trabajo coordinado de investigación entre todos los agentes implicados para atajar de raíz el problema.

Las consecuencias directas de la presencia de esta especie invasora en los ríos son tanto ambientales como económicas. Desde el punto de vista ambiental, la presencia del jacinto de agua en las aguas incrementa las tasas de evaporación entre 3 y 4 veces por encima de los niveles denominados normales, además también se incrementan los niveles de sulfuro de azufre, la DBO y la DQO como consecuencia de la descomposición de la planta. Otro problema adicional es que debido a su presencia en los ríos la luz no es capaz de llegar debajo del agua y las plantas no pueden realizar la fotosíntesis por lo que al final mueren y acaban desapareciendo generando un cambio estructural importante en el ecosistema de la cuenca. La fauna también se ve directamente afectada al verse reducido su nicho alimenticio, por la falta de oxígeno de las aguas y la proliferación de mosquitos entre otras.


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Además de todo esto, existen potenciales consecuencias económicas, ya que el riesgo latente es que los regadíos comiencen a verse afectados y producciones como los arrozales o los frutales comiencen a verse perjudicadas por la presencia de esta especie invasora. Así mismo, la presa más grande de Europa que comparten España y Portugal, Alqueva, tiene un serio riesgo también de verse afectada por el camalote.

El Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras, recoge en su artículo 15 los organismos competentes y las tramitaciones para las estrategias de lucha: "El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla, elaborarán coordinadamente estrategias de gestión, control y posible erradicación de especies exóticas invasoras incluidas en el catálogo, de conformidad con lo establecido en el artículo 61.5 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre. ( ...) En la elaboración de las estrategias se dará prioridad a aquellas especies que supongan un mayor riesgo para la conservación de la fauna, flora o hábitats autóctonos amenazados".

Es importante señalar, el importante trabajo que, desde 2004, la Confederación Hidrográfica del Guadiana está llevando a cabo. La citada Confederación lleva invertidos desde esa fecha más de 26 millones de euros en actuaciones para minimizar la afección al río y en evitar la afección a las infraestructuras de riego que la especie invasora podría haber causado. Y ha retirado más de 400.000 toneladas de camalote.

Aun así, dichas acciones podrían beneficiarse de una mayor coordinación, que implique una hoja de ruta, un marco y objetivos comunes para todas las entidades directamente interesadas en la erradicación de esta plaga.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que dentro de la estrategia contra el camalote, se establezca un Programa de investigación y lucha coordinado desde la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología y a través de instrumentos como el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria Agroalimentaria (INIA) y el Centro de Investigaciones energéticas, medioambientales y tecnológicas (CIEMAT), coordinado con los Centros Regionales de I+D+i (Cycitex) o Universidades (Universidad de Extremadura), Fundación Biodiversidad, Confederación Hidrográfica del Guadiana, Lifewatch JRU Spain, con las comunidades autónomas interesadas y sus centros tecnológicos para, con la aplicación de las nuevas tecnologías, del conocimiento adquirido en estos organismos y en las Comunidades, se proponga un plan coordinado de trabajo, que optime los recursos disponibles en todas las regiones y centros permitiendo, lo antes posible, frenar y revertir el actual proceso de expansión de esta especie invasora en las aguas del río Guadiana.

En relación a la l+D+i esta estrategia coordinada debe afrontar los siguientes aspectos fundamentales:

- Coordinación de las investigaciones en marcha en los diferentes centros de investigación, para optimar y acelerar los resultados para eliminar la planta, profundizar en el conocimiento de aquellos factores que están acelerando su presencia en las cuencas de los ríos.

- Generar nuevas investigaciones en el seno de esos grupos coordinados optando para ello a convocatorias competitivas de carácter Europeo como las LIFE o específicas de H2020, y aquellas de carácter de cooperación transfronterizo como POCTEP para afrontar el problema desde ambos lados de la frontera hispanoportuguesa.

- Avanzar en la investigación conjunta en sistemas tecnológicos avanzados de detección a través del uso mixto de sensores y de otros instrumentos como drones.

- Investigaciones conjuntas de todos los agentes implicados en el uso de la planta una vez extraída como subproducto para diversas aplicaciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar una Estrategia Nacional de Prevención de Incendios Forestales, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Los datos provisionales, proporcionados por las Comunidades Autónomas sobre los incendios forestales, hasta el 24 de septiembre de 2017, no son especialmente alentadores. Con más de 100 mil hectáreas de superficie forestal afectadas, 11.610 incendios y 22 grandes incendios, sitúan al 2017 como el tercer año con mayor número de incendios de la última década.

En la primavera de 2017 ya se produjeron los primeros grandes incendios forestales. Las previsiones, al principio de la campaña de verano, eran pesimistas. Los días de alto nivel de riesgo se iban repitiendo en gran parte de las regiones y las condiciones de sequía y la llegada de varias olas de calor no contribuyeron a mejorar la situación.

A día de hoy, en Galicia están activos 105 incendios (16 puntos en situación 2 de riesgo real para núcleos poblados) y en Asturias hay 31 incendios activos y decenas de desalojados.

Pese a la eficacia demostrada por los medios de extinción, y la excelente coordinación entre las Comunidades Autónomas y la Administración General del Estado, los incendios forestales han supuesto, una vez más, una lacra social, ambiental y económica para las zonas afectadas.

El impulso de la gestión forestal sostenible como el mejor de los medios de prevención de estos incendios ha sido, y es, el objetivo del Gobierno. En este sentido, ha impulsado la gestión forestal sostenible a través del Plan de Activación Socioeconómica del Sector Forestal y de las modificaciones realizadas en la Ley de Montes para favorecer la agrupación de propietarios, incentivar los Planes de Ordenación de los Montes, movilizar los productos forestales, aprovechar económicamente y potenciar el efecto sumidero de nuestros montes.

Conviene tener presente que un monte gestionado es un monte cuidado, lo que aporta mayor riqueza al mundo rural; pero además, un monte cuidado es un monte en el que es más difícil que se produzcan incendios forestales, y que se extiendan a gran velocidad si es que, a pesar de todo, tienen lugar.

Las medidas de prevención de incendios forestales forman parte de la gestión forestal sostenible del monte y tienen como objetivo reducir el riesgo de inicio del fuego y, en su caso, la intensidad y velocidad de propagación, incidiendo en su protección mediante actuaciones de selvicultura preventiva.

Las competencias de gestión forestal, particularmente las de prevención y extinción de incendios, corresponden a las CC.AA., de acuerdo con lo establecido en el artículo 148.1.8.ª de la Constitución Española. Así lo establece también el artículo 8 de la Ley de Montes. Por tanto la labor del Gobierno, conforme a lo dispuesto en la citada Ley, consiste en colaborar con las CC.AA., prestándoles el apoyo necesario tanto en prevención como en extinción.

En el ámbito de la prevención, el Estado ha realizado actuaciones directas, acciones de sensibilización y concienciación y medidas coercitivas e intimidatorias, como las introducidas en el código penal para agravar las penas en caso de provocar incendios que afecten a espacios protegidos de valor ecológico o ponga en peligro zonas habitadas.

Las medidas de prevención contra los incendios forestales están incluidas, básicamente, en los Programas de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas y en el Programa Nacional de Desarrollo Rural del Ministerio. En los primeros hay 2.000 millones de euros destinados a medidas forestales, en especial las que tienen que ver con prevención de incendios y gestión forestal, con una importante aportación del Ministerio. El Programa Nacional de Desarrollo Rural contiene medidas de prevención de incendios por valor de más de 67 millones de euros.

Estos programas deben ser reforzados y coordinados para su mayor efectividad con el único objetivo de evitar, en la medida de lo posible, los incendios forestales y sus efectos.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Impulsar, en colaboración con las Comunidades Autónomas, una Estrategia Nacional de Prevención de Incendios Forestales, que promueva de una manera más coordinada, el uso y las actuaciones directas sobre los montes, aprovechando las sinergias entre ellas.

- Impulsar proyectos innovadores en materia de lucha y prevención de los incendios forestales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de un plan de evaluación sobre los daños causados por los recientes incendios en la Comunidad Autónoma de Galicia que incluya la reforestación de las zonas afectadas y de otras medidas para promover la prevención de incendios forestales, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

En los últimos días se ha registrado una oleada de incendios en la Comunidad Autónoma de Galicia. Varias zonas de la comunidad se han visto azotadas por esta oleada masiva de incendios, que ha dejado a su paso cuatro víctimas mortales, así como miles de hectáreas que han quedado totalmente calcinadas a causa del fuego.

Galicia ha registrado un total de cincuenta incendios forestales en los últimos días, contabilizando los activos, los estabilizados y los por fin ya controlados. Ocho de los citados incendios se encuentran estabilizados, de ellos, dos han tenido lugar en la provincia de Lugo, tres en la provincia de Orense y otros tres en Pontevedra. Por otra parte, diecinueve incendios forestales permanecen controlados en la Comunidad, de los cuales diez de ellos se ubican en la provincia de Ourense, siete en la provincia de Pontevedra y dos en Lugo.

Tanto las unidades de extinción de incendios como la población se han volcado de lleno en la extinción de los incendios forestales, lo que ha supuesto que varias personas hayan tenido que ser ingresadas y oras varias hayan tenido que ser atendidas de urgencia al presentar cuadros leves de irritación ocular o inhalaciones con humo.

Fuentes de la Guardia Civil han asegurado que existen indicios que apuntan a la intencionalidad en gran parte de los incendios existentes, si bien sostienen que pueden existir casos aislados que puedan ser considerados como accidentales.

Como consecuencia de todo ello, miles de personas se han manifestado este lunes en una veintena de municipios gallegos, así como en otras ciudades como Madrid o Barcelona, para poner de manifiesto su repulsa hacia la gestión que ha realizado la Xunta de Galicia durante este periodo en el que se han ido sucediendo diversos incendios, así como las evasivas del Gobierno Autonómico al intentar evadir responsabilidades.

Teniendo presente todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo un plan de evaluación sobre los daños causados por los recientes incendios forestales en la Comunidad Autónoma de Galicia, tanto a nivel económico como a nivel forestal y medioambiental, que incluya la reforestación de las zonas afectadas.


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2. Llevar a cabo el desarrollo de un plan específico contra incendios que evite que puedan volver a producirse situaciones como las que han acontecido en la Comunidad gallega.

3. Desarrollar de un elenco de medidas que permitan promover ayudas a aquellas personas que hayan perdido su vivienda a causa de los incendios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002483

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a negociar en la UE un nuevo fondo de financiación pesquero dotado financieramente de manera suficiente para alcanzar el cumplimiento de los acuerdos de la Política Pesquera Común, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) es el principal instrumento de apoyo a la nueva Política Pesquera Común (PPC).

Entre 2014 y hasta 2020 pretende una mejora de la sostenibilidad social, económica y medioambiental de los mares y costas europeos, respaldando los proyectos locales, los negocios y las comunidades sobre el terreno.

Sus 6,4 mil millones de euros de presupuesto se centran en la creación de empleo, la diversificación de las economías locales y en conseguir que la pesca sea más rentable y sostenible. El FEMP es uno de los cinco Fondos Europeos Estructurales y de Inversión.

Este Fondo reposa en seis pilares principales:

- Pesquerías sostenibles que garanticen un equilibrio entre la capacidad de la pesca y los recursos disponibles, siendo más selectivas y poniendo fin a los descartes.

- Una acuicultura sostenible que ayude al sector a crecer y a hacerse más competitivo, respetando las normas específicas sobre métodos ecológicos de producción y los reglamentos estrictos en materia de calidad, salud y seguridad. Así Europa contará con productos nutricionales de alto calibre y fiables.

- Aplicar la PPC, mejorando la compilación de datos, el conocimiento científico y la supervisión, así como el control y la aplicación de la legislación en materia de pesca.

- Ayudar a las comunidades que dependen de la pesca a diversificar sus economías en otras actividades marítimas, como el turismo, y contribuir a añadir más valor a sus actividades pesqueras.

- Mejorar la comercialización y el procesamiento en los sectores de la pesca y la acuicultura.

- Apoyar el crecimiento gracias al mar, mejorando el conocimiento marino, la planificación de las actividades en el mar, la gestión de cada cuenca de acuerdo con sus necesidades y el fomento de la cooperación en el ámbito de la supervisión marítima.

Para alcanzar estas prioridades, el FEMP coloca el poder en manos de los Estados miembros y de los expertos locales, quienes conocen sus regiones y comunidades mejor que nadie. De esta manera los fondos irán donde más se necesiten.

Teniendo en cuenta la importancia de las pequeñas empresas para la economía y la industria pesquera, el Fondo asigna un apoyo especial a las flotas costeras artesanales que representan una parte importante del sector y tienen el potencial de generar un efecto transformador en las comunidades locales en las que faenan.

Se da apoyo a las estrategias de comercialización y de negocios, así como formación para jóvenes desempleados y esposas de pescadores. Así podrán desempeñar un papel más importante en estas empresas locales, que a menudo son familiares.


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El objetivo es que el mar será un entorno de inversión más predecible y atractivo y se allanará el camino hacia más negocio e investigación.

Esto es precisamente lo que el FEMP espera lograr: crear condiciones para que las empresas y comunidades locales den lugar al crecimiento sostenible e inclusivo que Europa necesita y que la UE se compromete a convertir en realidad de aquí a 2020.

En este marco sería conveniente la aprobación de un nuevo fondo de financiación pesquero que dé continuidad al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020, que se encuentra en vigor.

El objetivo es que los pescadores y acuicultores puedan adaptarse a las líneas marcadas por Europa, que sea acorde y coordinado con la normativa europea, con una estructura específica para la pesca, el marisqueo, la acuicultura y la transformación, y orientado a conseguir los objetivos de la Política Común de Pesca (PPC) y de la Política Marítima Integrada.

Los fondos pesqueros suponen un gran impulso y contribuyen a mejorar aspectos como el desarrollo de un sector transformador competitivo y puntero a nivel mundial.

Por todo ello el Gobierno debería plantear ante la Unión Europea la conveniencia de un nuevo fondo de financiación pesquero dotado financieramente de manera suficiente para alcanzar el cumplimiento de los acuerdos de la PPC. Un fondo fácilmente ejecutable, entendido por todos los actores (EEMM, Autoridades de Gestión, beneficiarios, acuicultores, pescadores, mujeres y jóvenes del sector, empresas de transformación, científicos, etc.) y que llegue al sector pesquero y acuícola para que cumplan con la política pesquera que Europa tiene y quiere.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a negociar en la UE la importancia y conveniencia de un nuevo fondo de financiación pesquero dotado financieramente de manera suficiente para alcanzar el cumplimiento de los acuerdos de la Política Pesquera Común. Un fondo ejecutable, entendido por todos los actores y que llegue al sector pesquero y acuícola para que cumplan con la política pesquera que Europa tiene y quiere."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a prevenir la amenaza contra la fauna silvestre, para su debate en la Comisión Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Cada año se matan y se capturan de forma ilegal entre 0,4 y 2,1 millones de aves en el norte y centro de Europa y en la región del Cáucaso, según el informe The killing 2.0 publicado por Birdlife International.

La organización denuncia que se las dispara o se las captura con cepos o trampas de pegamento por deporte, consumo o tradición. Según la investigación, el 66 % de las 457 especies nativas del continente europeo se ven afectadas por estas prácticas.

Las aves acuáticas son las más perjudicadas seguidas de las paseriformes, las rapaces y las palomas. Concretamente, las especies más amenazadas son el gorrión común (con una pérdida de 4,7 millones de ejemplares al año), el pinzón vulgar (2,9 millones), la curruca capirotada (1,8 millones) y la codorniz común (1,7 millones). La mayor parte de las prácticas ilegales tienen un interés gastronómico y recreativo. El informe también cita el control de depredadores o la taxidermia entre las causas de la mortalidad de estas aves en el continente europeo.


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Con The Killing 2.0, Birdlife International completa la panorámica de la caza y captura ilegal de aves que inició en 2015 con su análisis en la región mediterránea, donde mueren cada año por esa causa unos 25 millones de ejemplares. Las cifras de mortalidad y captura ilegal en la Europa continental y en el Cáucaso no son tan dramáticas como las de la región mediterránea.

En Italia, por ejemplo, se estima que mueren entre 3 y 8 millones de aves por métodos ilegales cada año. Siria, Egipto, Chipre o Líbano también ofrecen cifras alarmantes según SEO/BirdLife,

En España, entre 103.000 y 405.000 aves son capturadas o aniquiladas ilegalmente cada año. Los datos utilizados en nuestro país provienen de los centros de recuperación de fauna. Y esta estimación no tiene en cuenta el silvestrismo, que consiste en capturar fringílidos para su participación en concursos de canto y es una práctica que continúa autorizándose en algunas comunidades autónomas y que a juicio de la Comisión Europea es ilegal.

Los cerca de 30 estados en los que se ha estudiado la matanza de aves son miembros del Convenio de Berna, un tratado europeo para la conservación de especies salvajes y hábitats del continente. Este acuerdo prohíbe la captura de aves por métodos masivos y no selectivos, establece un listado general de protección de la fauna y obliga a reservar espacios protegidos para determinados animales.

Algunos países ya han tomado medidas concretas. Por ejemplo, Francia sanciona desde agosto de 2016 la matanza ilegal de especies protegidas con penas de prisión de hasta dos años o multas que pueden ascender a los 300.000 euros, y en Italia se aprobó en marzo de 2017 un plan que, entre otras medidas, prevé la creación de unidades policiales que garanticen el cumplimiento de la normativa.

En España en los últimos 20 años ha habido unos 8.500 episodios de envenenamiento, que son delitos contra la fauna e implican la muerte de varias aves. Sin embargo, solo ha habido 70 sentencias condenatorias. El problema persiste porque se sigue considerando que estas prácticas son delitos menores, se desconoce su impacto en la conservación de la biodiversidad, falta una mayor priorización en su abordaje y hay una escasez de recursos destinados a la lucha contra este tipo de criminalidad ambiental.

Birdlife International sostiene que "a pesar de la magnitud de esta amenaza contra la fauna silvestre, hay indicadores que muestran que la conciencia social es relativamente baja entre europeos y españoles".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Endurecer las sanciones en relación a la matanza y captura de aves de forma ilegal, así como cuando se trata de episodios de envenenamientos.

- Realizar campañas informativas para prevenir la amenaza contra la fauna silvestre como que representa que hasta más de 400.000 aves pueden ser capturadas o aniquiladas ilegalmente cada año en nuestro país.

- Destinar más recursos a la lucha contra este tipo de delitos medioambientales, que dañan considerablemente nuestra diversidad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación urgente de la especialidad de "Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica", para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.


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Exposición de motivos

El Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, se dirigía al desarrollo del artículo 19 de la Ley 44/2003, que preveía la adquisición de competencias comunes a varias especialidades en Ciencias de la Salud a través de un periodo de formación uniforme, denominado tronco, en convergencia con la estructura de la formación especializada de otros países miembros de la Unión Europea.

Además de esta regulación de la troncalidad, este Real Decreto 639/2014 procedía a la creación y modificación de determinados títulos de especialista, haciendo uso de la competencia prevista en el artículo 16 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, y con la intención de adecuarse a la demanda asistencial de la población y la evolución de los conocimientos científicos.

En el artículo 41 del mencionado Real Decreto se creaba la especialidad pluridisciplinar de "Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica" procedente de la fusión de las especialidades de "Análisis Clínicos" y de "Bioquímica Clínica".

Así, el Real Decreto 639/2014 regulaba simultáneamente la troncalidad en la formación de la especialización sanitaria y la creación de especialidades sanitarias. Este hecho contrasta vivamente con la práctica seguida hasta el momento por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ya que a través del RD 183/2008, de 8 de febrero, creó y modificó especialidades sanitarias sin regular la troncalidad en ese mismo reglamento.

En el año 2014 se puso en marcha la Comisión Nacional de la Especialidad de "Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica" que estuvo funcionando algo más de dos años trabajando en la elaboración del programa troncal, a instancias de la Administración Sanitaria, así como en una propuesta de programa de transición de la nueva especialidad de "Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica", con objeto de que los nuevos residentes pudieran recibir una formación conjunta y evitar que especialistas en "Bioquímica Clínica" quedasen sin formarse en las disciplinas de Hematología, Microbiología y Parasitología o Inmunología. En resumen, existe sobre esta cuestión un trabajo ya consensuado y aceptado entre todas las partes implicadas.

La Federación Europea de Medicina de Laboratorio (EFLM, en sus siglas en inglés) estableció la recomendación de denominar de forma conjunta las especialidades afines del Laboratorio Clínico como Laboratory Medicine, concepto que implica en sí mismo la fusión de los contenidos de los actuales programas de formación de las especialidades de "Análisis Clínicos" y de "Bioquímica Clínica". Además, en España, es una realidad que los servicios de "Análisis Clínicos", de "Bioquímica Clínica" o de "Laboratorio" en general, están constituidos por especialistas de "Análisis Clínicos" y de "Bioquímica Clínica", de forma indistinta, tanto a nivel de facultativos como de directivos.

En fechas de 12 y 13 diciembre de 2016, la Sala Tercera del Tribunal Supremo declaraba la nulidad del Real Decreto 639/2014 a través de sus sentencias 2569/2016 y 2586/2016, respectivamente, al considerar que se había aprobado la implantación de la troncalidad con una insuficiente Memoria del Análisis de Impacto Normativo relativa a la repercusión económica y presupuestaria de dicha implantación.

Una de las consecuencias de la nulidad del Real Decreto 639/2014 es frustrar la nueva especialidad común, de "Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica", para la que, en algunas Comunidades Autónomas ya se habían realizado planificaciones de Recursos Humanos, afectando a especialistas tanto de "Análisis Clínicos" como de "Bioquímica Clínica", por ser consideradas especialidades equivalentes, de acuerdo con la disposición final primera del citado reglamento, en la que se modifica el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero. La referida consecuencia ha creado un ambiente altamente problemático y de confusión, en el que se pueden generar reclamaciones administrativas y otro tipo de daños.

La solución a este problema en un plazo moderadamente corto no puede pasar por vincular la elaboración de un nuevo decreto de troncalidad con la creación de la nueva especialidad, puesto que de un lado tal vinculación no es administrativamente obligatoria, y de otro la necesaria reconfiguración efectuada correctamente de un nuevo sistema de formación troncal requiere un trabajo que puede llevar años.

Por ello, debe considerarse la inmediata creación de la nueva especialidad de "Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica", en las condiciones descritas en el Real Decreto anulado, sin que sea necesario regular en el mismo reglamento el carácter troncal de la formación especializada. Ello posibilitará que en


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la próxima convocatoria de formación de especialistas pueda ser considerada la nueva especialidad de "Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica". La mayoría de los centros comparten ambas especialidades, por lo que la aprobación de un programa común basado en los actuales de "Análisis Clínicos" y de "Bioquímica Clínica", puede hacerse en un plazo corto.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación con carácter urgente de la nueva especialidad de "Análisis Clínicos y Bioquímica Clínica", en las condiciones descritas en el Real Decreto anulado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2017.-Jesús María Fernández Díaz, Miguel Ángel Heredia Díaz y María González Veracruz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación urgente de la especialidad de "Genética Clínica", para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El Real Decreto 639/2014, de 25 de julio, que regulaba el sistema troncal de formación sanitaria especializada y la creación de nuevos títulos de especialista, se dirigía al desarrollo del artículo 19 de la Ley 44/2003, de 21 de Noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, que preveía la adquisición de competencias comunes a varias especialidades en ciencias de la salud a través de un periodo de formación uniforme, denominado tronco, en convergencia con la estructura de la formación especializada de otros países miembros de la Unión Europea.

Además de esta regulación de la troncalidad, este Real Decreto 639/2014 procedía a la creación y modificación de determinados títulos de especialista, haciendo uso de la competencia prevista en el artículo 16 de la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, y con la intención de adecuarse a la demanda asistencial de la población y la evolución de los conocimientos científicos. La situación actual, con la complejidad de las nuevas pruebas diagnósticas, exige la regulación urgente de la formación en Genética Clínica y la implementación de dichas pruebas en unidades multidisciplinares especializadas.

En el artículo 41 del mencionado Real Decreto se creaba la especialidad pluridisciplinar de "Genética Clínica" lo que sin duda suponía una buena oportunidad para dar mejor servicio a clínicos y pacientes. Hay que recordar que la Genética Clínica es un área de la Sanidad que estudia aquellas enfermedades que se deben total o parcialmente a factores genéticos, así como la transmisión hereditaria de las mismas; buena parte de dichas enfermedades se conocen como enfermedades raras, que afectan a unos 3 millones de españoles.

Ya en 1977, el entonces llamado Plan Nacional de Prevención de la Subnormalidad supuso la consolidación de un gran número de unidades de Genética en nuestros centros hospitalarios; desde entonces hasta la creación de la especialidad de "Genética Clínica" a través del RD 639/2014, el personal estatutario de los servicios de Genética de nuestros centros hospitalarios se venían nutriendo de especialistas de diversas especialidades sanitarias, sin una formación reglada y específica en Genética Clínica. Por ejemplo, por centrarnos en las especialidades sanitarias más cercanas a la Genética Clínica, el programa formativo de la especialidad de Análisis Clínicos contiene 128 apartados, de los cuales solamente 4 corresponden a Genética Clínica (Orden SCO/3369/2006, de 9 de octubre); bagaje similar se encuentra en las especialidades de Bioquímica Clínica (Orden SCO 3252/2006, de 2 de octubre),


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Inmunología (Orden SCO 3255/2006, de 2 de octubre), Microbiología y Parasitología (Orden SCO 3256/2006, de 2 de octubre) u Obstetricia y Ginecología (Orden SCO 1350/2009, de 6 de mayo). Junto al referido personal estatutario, la gran mayoría de personal de dichas unidades, muchos de ellos con formación de licenciatura o grado en Biología y Química, no posee la especialización en Genética Clínica, a pesar de llevar décadas de trabajo ininterrumpido en dicha área.

Por tanto, la creación de la especialidad de "Genética Clínica" suponía el reconocimiento de esta área de conocimiento sanitario al mismo nivel de las restantes especialidades sanitarias, aunque fuera con casi 40 años de retraso y, sobre todo, ponía la piedra angular para que los servicios de Genética de nuestro Sistema Nacional de Salud estuvieran servidos por profesionales específicamente preparados, todos ellos especializados en la referida disciplina.

Algo similar cabe decir de las unidades de Reproducción humana asistida, técnicas, como las de Genética clínica, en progresivo crecimiento y que requieren además de los especialistas en Obstetricia y Ginecología, de facultativos con amplios conocimientos en Genética, Biología y Embriología humanas.

Pues bien, a pesar de la importancia que este cuerpo de conocimiento tiene hoy en día en nuestra práctica asistencial, en particular en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades ligadas a la herencia, enfermedades raras, reproducción asistida, y más recientemente la medicina de precisión, la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias dejó un vacío legal en el reconocimiento y regulación de este ámbito profesional.

El Real Decreto 639/2014 venía a resolver, si quiera parcialmente este vacío, regulando simultáneamente la troncalidad en la formación de la especialización sanitaria y la creación de especialidades sanitarias, entre ellas la de "Genética Clínica". Este hecho contrasta con la práctica seguida hasta el momento por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ya que a través del RD 183/2008, de 8 de febrero, creó y modificó especialidades sanitarias sin regular la troncalidad en ese mismo reglamento.

En fechas 12 y 13 diciembre de 2016, la Sala Tercera del Tribunal Supremo declaraba la nulidad del Real Decreto 639/2014 a través de sus sentencias 2569/2016 y 2586/2016, respectivamente. Las razones aducidas por la Sala en nada se oponen a la creación de la especialidad de Genética Clínica, ni ninguna otra de las contempladas en el citado RD, sino que señala una disconformidad con el procedimiento jurídico de aprobación, al ser insuficiente la Memoria del Análisis de Impacto Normativo en cuanto a la repercusión económica y presupuestaria de la reforma.

Una de las consecuencias de la nulidad del Real Decreto 639/2014 es frustrar la nueva especialidad de "Genética Clínica", y con ello, la de una pléyade de titulados universitarios que desde hace muchos años están llevando a cabo su labor en el campo de la "Genética Clínica" y la "Reproducción Humana Asistida", sin el merecido reconocimiento por ello. La referida consecuencia ha creado un ambiente altamente negativo entre este colectivo de profesionales.

La solución a este problema en un plazo moderadamente corto no puede pasar por vincular la elaboración de un nuevo decreto de troncalidad con la creación de las nuevas especialidades, puesto que de un lado tal vinculación no es administrativamente obligatoria, y de otro la necesaria configuración de un nuevo sistema de formación troncal requiere un trabajo que puede llevar años, si se pretende que tenga un carácter constructivo e integrador, manteniendo las diferencias que enriquecen y dan excelencia al desempeño de las distintas especialidades.

Por ello, debe considerarse la creación de la nueva especialidad de "Genética Clínica", en las condiciones descritas en el real decreto anulado, sin que sea necesario regular en el mismo reglamento el carácter troncal de la formación especializada.

Aunque no haya sido reconocida hasta ahora, las décadas de experiencia permiten asegurar la rápida elaboración del programa formativo de la especialidad de "Genética Clínica", lo que significará un avance importantísimo tanto para los pacientes y para los futuros especialistas en "Genética Clínica", como para los profesionales que ya ejercen en dicho campo y no tienen reconocida su especialización en el mismo.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"1. La creación urgente de la nueva especialidad multidisciplinar de "Genética Clínica", en las condiciones descritas en el Real Decreto 639/2014.


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2 Realizar un estudio y requerir los dictámenes precisos de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y de la Comisión Nacional de Especialidades, respecto de la mejor regulación del ámbito competencial de la Reproducción Humana asistida."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2017.-Jesús María Fernández Díaz, Miguel Ángel Heredia Díaz y María González Veracruz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002435

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar las técnicas de reproducción asistida en igualdad de condiciones para los trabajadores públicos asegurados por MUFACE, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

A finales del mes de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia en relación a un caso en el que la clínica de fertilidad colaboradora con MUFACE se negaba a realizar una técnica de reproducción asistida a una pareja heterosexual, cuyo uno de sus miembros era transexual.

Uno de los demandantes, siguió hace años un tratamiento hormonal mediante lo protocolizado en la Seguridad Social, y desde entonces consta a todos los efectos legales como género masculino. Antes de iniciar dicho tratamiento, esta persona se sometería a una estimulación ovárica que resultaría con la congelación de varios ovocitos a fin de que pudiera tener descendencia con su carga genética una vez hubiera terminado el tratamiento hormonal.

Una vez los demandantes, fueron a la clínica colaboradora con MUFACE para iniciar la técnica ROPA, los profesionales alegaron que dada la casuística concreta del caso deberían esperar a la resolución de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA). Resolución que a fecha de la sentencia todavía no se había producido.

Los demandantes buscaron la opinión de una ginecóloga, ante la que plantearon la situación, optando bajo el asesoramiento de la profesional la Inseminación Artificial de Donante al no ser posible una gestación natural. La ginecóloga realizaría el informe preceptivo que recoge la situación de la pareja y en el que señala que la pareja, heterosexual, acude a la consulta por deseo gestacional pero que al ser uno de los miembros transexual, existe una causa de esterilidad primaria, solicitándose a MUFACE, la valoración y tratamiento de la reproducción en una clínica colaboradora de la mutua. La aseguradora propietaria de la clínica alegaría posteriormente que la pareja no recogería los criterios contenidos en el convenio vigente entre MUFACE y las entidades médicas, por lo que se negó a llevar a cabo el procedimiento de reproducción asistida pertinente "al no existir causa ginecológica que le impida una gestación por medios naturales".

Ante esta situación, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana dicta que existe "una discriminación por orientación sexual y violación del derecho a la dignidad de las personas", además de un trato "arbitrario e injustificado". Según el Tribunal, la relación que mantiene la asegurada por la mutualidad, con su marido, tratado hormonalmente previo a su casamiento, hace que imposibilitar la reproducción de la pareja supone la misma discriminación que en el caso en que la pareja fuera una mujer, recalcando que la cobertura que debe dispensar MUFACE debe ser igual al dispensado por el sistema general de la Seguridad Social.

El Tribunal recuerda el principio de igualdad en la ley obliga al legislador a dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad recordando que la cláusula 1.1.3 del Concierto con MUFACE señala que la cartera del mismo incluirá, al menos, la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Trasladar a MUFACE su deber de prestar los mismos servicios a los asegurados por la mutualidad, al menos, las mismas prestaciones recogidas en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y el cumplimiento de los convenios firmados con la Administración.

2. Agilizar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA) a fin de que pueda responder de manera eficaz a consultas sobre reproducción humana asistida."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002438

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para mejorar la atención sanitaria y calidad de vida de los pacientes con Hidrosadenitis Supurativa, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La Hidrosadenitis Supurativa (HS), también llamada hidradenitis, es una enfermedad inflamatoria crónica, recurrente y dolorosa que suele comenzar en la pubertad. Se manifiesta con nódulos inflamados, llagas o forúnculos en zonas con glándulas sudoríparas y sebáceas como axilas, inglés, glúteos, región perianal e inframamaria. Las lesiones progresan hasta formar abscesos, fístulas y cicatrices que a menudo se conectan entre sí por debajo de la piel formando túneles.

Se desconocen sus causas y se cree que su desarrollo se debe a una respuesta anormal del propio sistema inmune, teniendo un componente hereditario. Afecta aproximadamente al 1 % de la población. No es, por tanto, una enfermedad rara. No es fácil diagnosticar la enfermedad porque quienes la padecen a veces no consultan por vergüenza; y en muchas ocasiones porque los médicos desconocen la enfermedad.

La Hidrosadenitis Supurativa tiene un alto impacto en la calidad de vida. El dolor y la supuración aíslan a quienes la padecen y limitan las relaciones sociales, afectivas y las actividades diarias básicas y su actividad y oportunidades laborales.

La HS puede ser progresiva, y aunque no tiene cura hoy por hoy, con el tratamiento adecuado mejora notablemente el pronóstico de la enfermedad así como la calidad de vida de los pacientes.

Un estudio sobre la realidad de esta enfermedad en España realizado por la Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis en 2015 (I Barómetro de la Hidrosadenitis Supurativa en España) muestra algunos hechos preocupantes:

- Los pacientes tardan una media de 9 años en ser correctamente diagnosticados y visitan una media de 15 médicos diferentes desde el primer síntoma hasta que son diagnosticados.

- La HS afecta a la vida diaria del 87,4 % de los entrevistados y al 32 % les perjudica gravemente.

- Las personas que la padecen ven notablemente reducida su calidad de vida, a nivel de relaciones sexuales, relaciones sociales y problemas psicoemocionales.

- A nivel laboral la HS supone una limitación para las personas que la padecen. De media, los pacientes han estado de baja 35 días.

Como respuesta a esta situación, un grupo multidisciplinar de 24 expertos de distintos ámbitos asistenciales han elaborado un proyecto de sensibilización, información e intervención denominado


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HerculeS dirigido a mejorar la calidad de la atención sanitaria que reciben estos pacientes, y su calidad de vida. HerculeS es una "Iniciativa Estratégica de Salud para la Definición del Estándar Óptimo de Cuidados para los Pacientes con Hidradenitis Supurativa". Avalado por 20 sociedades científicas, incluye las siguientes recomendaciones principales:

1. Difundir el algoritmo diagnóstico de la HS en el conjunto de los servicios sanitarios públicos y privados de España.

2. Promover y desarrollar acciones formativas para profesionales de la salud involucrados en la atención a los/as pacientes de HS para el conocimiento de la patología y los criterios para su diagnóstico.

3. Difundir los procesos asistenciales para el manejo de la HS y promover su implementación.

4. Fomentar la coordinación asistencial entre especialistas (dermatólogos, cirugía, urgencias, gastroenterólogos, reumatólogos, medicina de familia ...). Establecer rutas de derivación claras desde AP ante situaciones clínicas de sospecha diagnóstica.

5. Promover el registro de pacientes que faciliten el seguimiento y la investigación clínica.

6. Extender el uso de la ecografía en los servicios de Dermatología para conocer con detalle el alcance, evolución y respuesta de las lesiones de HS.

7. Promover la existencia de, al menos, un profesional de enfermería en los servicios de Dermatología que asuma la labor de coordinación asistencial de los pacientes graves, la educación terapéutica de los pacientes, etc.

8. Incrementar los fondos destinados a la investigación de la Hidrosadenitis Supurativa.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Considerar la "Iniciativa Estratégica de Salud para la Definición del Estándar Óptimo de Cuidados para los Pacientes con Hidradenitis Supurativa"-HerculeS dirigida a mejorar la calidad de la atención sanitaria y la calidad de vida de las personas con Hidrasenitis Supurativa y acordar con las CC.AA., en el seno del Consejo Interterritorial, actuaciones coordinadas encaminadas a un diagnóstico más temprano de la enfermedad, una mejora de la coordinación asistencial en su tratamiento y a cuantas medidas redunden en reducir el impacto personal y laboral de la enfermedad en las personas que la padecen.

2. Promover un plan de formación específica en todos los niveles asistenciales para favorecer el conocimiento de la enfermedad y los protocolos de actuación acordados en cada Comunidad Autónoma.

3. Incrementar los fondos estatales destinados a la investigación de la Hidrosadenitis Supurativa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Jesús María Fernández Díaz, María Guadalupe Martín González y Miriam Alconchel Gonzaga, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002447

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la puesta en marcha del registro nacional de donantes según lo establecido en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.


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Exposición de motivos

La previsión de la creación de un registro de donantes de semen y óvulos, así como de preembriones humanos, está contenida en todas las normas generales con rango de ley sobre reproducción humana asistida, desde la primera de ellas, la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, así como las posteriores: la Ley 45/2003, de 21 de noviembre, que no introdujo cambio al respecto sobre lo establecido en la anterior y, por último, la Ley 14/2006, de 26 de mayo.

En concreto, el artículo 21.3 de la Ley 14/2006 establece que "El Gobierno, previo informe del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y mediante real decreto, regulará la organización y funcionamiento del registro nacional".

Sin embargo, a día de hoy, el Gobierno sigue sin haber puesto en marcha este registro, acumulando un retraso de casi treinta años desde la promulgación de la primera ley, y de más de diez años si contamos desde la última.

Lo cierto es que la creación de un registro nacional de donantes de gametos y preembriones no puede esperar más, pues su falta de creación hace que sea imposible contabilizar, por ejemplo, el número de descendientes nacido de cada donante, y que Ley limita.

La consanguinidad, desde el punto de vista biológico, implica que dos personas comparten un mismo tronco familiar y por tanto tienen antecesores comunes. Las investigaciones genéticas realizadas en las últimas décadas, aunque con algunas discrepancias, corroboran un aumento significativo de descendientes afectados de alguna patología comparados con los descendientes de personas no emparentadas, principalmente la aparición de las llamadas "Enfermedades monogénicas de herencia recesiva" que, a diferencia de las enfermedades de herencia dominante o las ligadas al sexo, dependen de la carga genética de ambos progenitores.

En el caso de la consanguinidad, el riesgo de tener cargas genéticas parecidas entre individuos aumenta las probabilidades de que ambos progenitores presenten un gen alterado de herencia recesiva. Como resultado, aumentan las probabilidades de presentar descendientes enfermos.

Frente a este riesgo cierto, actualmente solo se puede impedir que una persona siga donando si en su centro tienen constancia de que sus gametos se han usado para concebir a seis hijos. Pero ignoran si ya ha tenido descendencia en otras clínicas. Y tampoco se puede evitar que esta misma persona, si se lo propone, acuda a otros centros y siga teniendo hijos biológicos, ya que no hay forma de cruzar esos datos.

Fruto de esta grave situación, los diputados arriba firmantes preguntaron en febrero de este año al Gobierno por la causa por la cual no había creado aún un registro nacional de donantes, si el Gobierno era consciente del riesgo para la salud pública que conlleva su inacción y falta de control estricto, y si, en fin, pretendía poner solución pronta y definitivamente a esta situación. La respuesta del Gobierno fue poco concreta al señalar únicamente que "el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad está trabajando con prioridad en la adaptación de la normativa", después de tres décadas de retraso.

El Gobierno ha señalado, recientemente, que quiere poner en marcha, en los próximos meses, este registro. Sin embargo, dados los precedentes y el retraso de puesta en marcha de este registro, consideramos preciso insistir en la necesidad de que finalmente España cuente con este registro que consigne los datos relativos a los hijos nacidos de cada uno de los donantes, la identidad de las parejas o mujeres receptoras y la localización original de unos y otros en el momento de la donación y de su utilización, según establece el artículo 21 de la Ley.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"EI Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, y poner en funcionamiento, en el plazo de tres meses, el registro nacional de donantes, en el marco de lo dispuesto por la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida, integrando en el mismo el sistema de identificación de las donaciones denominado código único europeo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-Francisco Igea Arisqueta, Patricia Reyes Rivera y Marta Martín Llaguno, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre apoyo a las familias acogedoras, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La Ley 26/2015, de 28 de julio y la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, ambas de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, introducen cambios que desarrollan y refuerzan el derecho del menor a que su interés superior sea prioritario.

En la nueva redacción dada a los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, se recogen los principios rectores de la reforma de las instituciones de protección a la infancia y a la adolescencia, así como las actuaciones de protección, señalando (entre otras cuestiones) que se dará prioridad a las medidas familiares frente a las residenciales, a las estables frente a las temporales, y a las consensuadas frente a las impuestas.

El acogimiento familiar es un recurso social que proporciona una familia alternativa a la de origen a aquellos niños y niñas o adolescentes que, por diversas razones, no pueden convivir con la suya. La reforma de la regulación de las instituciones de protección a la infancia y a la adolescencia realiza una apuesta clara por esta medida, frente a la de la de acogimiento residencial.

La Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia introduce un nuevo artículo 20 bis en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, con la rúbrica "derechos y deberes de los acogedores familiares". El apartado 1 del citado artículo recoge los derechos de los acogedores familiares, entre los cuales, su letra I) señala: "facilitar al menor acogido las mismas condiciones que a los hijos biológicos o adoptados, a fin de hacer uso de derechos u obligaciones familiares durante el tiempo que el menor conviva con ellos" y la letra o) dispone: "la familia acogedora tendrá los mismos derechos que la Administración reconoce al resto de unidades familiares".

Podría resultar llamativo que facilitar al menor acogido las mismas condiciones que a los hijos biológicos o adoptados, a fin de hacer uso de derechos u obligaciones familiares durante el tiempo que el menor conviva con ellos, se recoja no como un deber de la familia, sino como un derecho. Esto es así porque ofrecer a estos niños y niñas las mismas condiciones con las que cuentan los hijos biológicos o adoptados no depende tanto de las familias como de la regulación y de los apoyos que reciben por parte de las administraciones públicas.

La necesidad de apoyos por parte de las administraciones es patente mientras dura el acogimiento familiar. Pero la situación se complica notablemente cuando las personas acogidas alcanzan la mayoría de edad. Ese momento marca la finalización del acogimiento, pero lo habitual es que los y las jóvenes continúen integrados en la familia acogedora. Sin embargo, la mayoría de edad marca el cese de toda protección, dado que supone que no sean considerados miembros de la unidad familiar a los efectos de que ésta pueda acogerse a la protección social a la que sí acceden las familias con hijos biológicos mayores de edad (topes de la prestación por desempleo, ayudas al estudio, etc.)

Por otra parte, la disposición adicional tercera de la citada Ley 26/2015, "criterios comunes de cobertura, calidad y accesibilidad", mandata al Gobierno a promover con las Comunidades Autónomas el establecimiento de criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en la aplicación de esta ley en todo el territorio y, en todo caso, en lo relativo (entre otras cuestiones) a los elementos esenciales de los procedimientos de acogimiento familiar: composición, número y titulación de los equipos profesionales que deben intervenir; valoración de la aptitud educadora de las familias; compensación económica tanto para el acogimiento especializado como para el ordinario, con especial atención a las necesidades derivadas del acogimiento de menores con discapacidad; campañas informativas; fomento del asociacionismo de las personas y familias acogedoras. También incluye la atención integral a jóvenes ex tutelados: formación en habilidades y competencias para favorecer su madurez y propiciar su autonomía personal y social al cumplir los 18 años de edad; garantía de ingresos suficientes para subsistir; alojamiento; formación para el empleo, que facilite o priorice su participación en ofertas de empleo.


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A pesar de la aprobación, en julio de 2015, de las leyes de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y del mandato claro de dar prioridad a las medidas familiares frente a las residenciales, nada ha hecho el Gobierno de España para implementar políticas públicas de acogimiento familiar más efectivas y apoyar a las familias acogedoras.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias, a:

1. Implementar las medidas necesarias para que las familias acogedoras disfruten de los mismos derechos que la Administración reconoce a las unidades familiares con hijos biológicos o adoptados. Estas medidas afectarán a todos los ámbitos en los que sea necesario. Entre ellas, se llevarán a cabo las siguientes:

a) Facilitar, de manera urgente, la adquisición de la nacionalidad española en el caso de menores de origen extranjero que hayan estado sujetos legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles, en los términos regulados por la legislación civil.

b) Adecuar la regulación del IRPF.

c) Plantear, en marco del Pacto de Toledo, la ampliación de la acción protectora de la Seguridad Social.

d) Adecuar el régimen de becas y ayudas al estudio.

2. Establecer criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en lo relativo a los elementos esenciales de los procedimientos de acogimiento familiar, incluyendo:

a) Composición, número y titulación de los equipos profesionales que deben intervenir.

b) Valoración de la aptitud de las familias.

c) Compensación económica, tanto para el acogimiento especializado como para el ordinario, con especial atención a las necesidades derivadas del acogimiento de menores con discapacidad.

d) Campañas informativas.

e) Fomento del asociacionismo de las personas y familias acogedoras.

f) Atención integral a jóvenes ex tutelados: formación en habilidades y competencias para favorecer su madurez y propiciar su autonomía personal y social al cumplir los 18 años de edad.

3. Llevar a cabo un programa de seguimiento, con medidas de apoyo social y prestaciones, para la preparación de la vida independiente hasta los 25 años de los menores que hayan estado bajo tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la promoción de espacios específicos para las personas mayores en los medios de comunicación, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

Según recuerda la Organización Mundial de la Salud, por primera vez en la historia la mayor parte de la población tiene una esperanza de vida igual o superior a los 60 años.


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Dentro de este contexto, España es uno de los países con mayor expectativa de vida de todo el mundo. El Instituto Nacional de Estadística fija la media de vida española en 83,2 años, encontrándonos ante una sociedad en la que el número de personas mayores crece gradualmente.

Por ese motivo, es necesario que las administraciones públicas, los medios de comunicación o las entidades del Tercer Sector emprendan actuaciones que tengan en cuenta la nueva realidad sociodemográfica española, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas mayores, asegurar su participación activa y, en definitiva, situarlas en el lugar que se merecen.

Es indispensable que todos los actores implicados realicen un esfuerzo para tratar adecuadamente el envejecimiento y desterrar imágenes sociales de las personas mayores como un grupo pasivo e improductivo, evitando, de este modo, su discriminación social.

En este cometido es especialmente importante el papel de los medios de comunicación, pues en muchas ocasiones de ellos depende la percepción que el conjunto de la sociedad tiene sobre determinados asuntos. Es esencial que las diferentes administraciones promuevan, en el ámbito de sus competencias, que radios, televisiones, prensa escrita o digital, es decir, medios de comunicación tanto públicos como privados, realicen una proyección positiva del envejecimiento.

Por todo ello, sería conveniente elaborar y utilizar una "guía de estilo" para referirse a las personas mayores entre los profesionales de la comunicación, e igualmente proporcionar una mayor presencia a las personas mayores en los medios, no sólo como objeto de las informaciones, sino como actores de las mismas.

Por todo ello, el Grupo Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las Comunidades Autónomas, Administraciones Locales, y los distintos medios de comunicación, a:

- Elaborar una guía de estilo para el tratamiento del envejecimiento y las personas mayores en los medios de comunicación, con el objetivo de fomentar una imagen positiva y no estereotipada de las personas mayores, así como la inclusión de contenidos vinculados a la tercera edad y su realidad en nuestra sociedad.

- Promover planes de formación específicos en el ámbito del envejecimiento activo para los profesionales de los medios de comunicación, con el fin de que adecuen sus mensajes a la realidad de una sociedad donde las personas mayores son cada vez más numerosas.

- Fomentar la creación de espacios y programas específicos donde se normalice el envejecimiento, promoviendo para ello que las personas mayores tengan una mayor presencia en los medios de comunicación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar el modelo de gestión del sinhogarismo "vivienda primero" (Housing First), para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

El Instituto Nacional de Estadística reveló en una encuesta de 2012 que, en España, son cerca de 23.000 las personas sin hogar que están siendo atendidas en centros asistenciales; sin embargo, las entidades sociales que trabajan con este sector estiman que hay 8.000 personas más viviendo de forma permanente en las calles.


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A pesar de la relevancia de estas cifras, la realidad de las personas sin hogar sigue siendo una de las más desconocidas y complicadas entre todas las situaciones de exclusión social del mundo.

A este desconocimiento se une que tradicionalmente la solución de las administraciones públicas competentes ha estado basada en un modelo de atención "en escalera", en el que la persona sin hogar tiene que ir superando determinadas etapas para poder acceder a una vivienda, un proceso largo y difícil y que, desgraciadamente, no asegura el éxito.

Por ese motivo y con el objetivo de reducir el número de personas que viven en la calle, mejorar su atención y restaurar su papel en la sociedad, desde la X Legislatura, se han puesto en marcha numerosas medidas, entre las que cabe destacar la aprobación de la primera Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar para el periodo 2015-2020.

La Estrategia, que parte de un enfoque integral, se basa en la defensa de los derechos humanos, en la unidad de acción, en la prevención, en la actuación temprana y en la orientación de soluciones hacia la disposición de una vivienda.

Respecto a este último punto, la Estrategia plantea una implantación progresiva del método "vivienda primero" (Housing First), un modelo innovador que afronta el fenómeno del sinhogarismo facilitando viviendas accesibles y con carácter permanente a las personas sin hogar que se encuentran en peor situación, siguiendo un protocolo que compromete a las personas.

Este modelo de atención, cuyos resultados tras años de implantación en países como Canadá y Estados Unidos, muestran mejoras cualitativas en la aceptación para residir en una vivienda por parte de las personas sin hogar, se ha comenzado a aplicar recientemente en España, con el apoyo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Por ello, resulta conveniente reforzar la cooperación entre las diferentes administraciones y entidades sociales con el fin del establecer el método "vivienda primero" (Housing First) como prioritario a la hora de atender las necesidades de las personas sin hogar.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a evaluar los resultados de la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar y, en cooperación con las Comunidades Autónomas, Administraciones Locales y entidades del Tercer Sector vinculadas a la atención de las necesidades de las personas sin hogar, a continuar impulsando el modelo de intervención denominado "vivienda primero" (Housing First), que promueve la vivienda autónoma como palanca para la inclusión social."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley, para solicitar una evaluación y actualización de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en su Preámbulo afirma que "el desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección, a través de los derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos


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constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información".

La Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva fue desarrollada por el Observatorio de Salud de las Mujeres, organismo ministerial hoy desaparecido, dando cumplimiento al artículo 11 de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo. El mismo establece que "para el cumplimiento de los objetivos previstos en esta Ley, el Gobierno, en cooperación con las Comunidades Autónomas y con respeto a su ámbito competencial, aprobará un Plan que se denominará Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que contará con la colaboración de las sociedades científicas y profesionales y las organizaciones sociales. La Estrategia se elaborará con criterios de calidad y equidad en el Sistema Nacional de Salud y con énfasis en jóvenes y adolescentes y colectivos de especiales necesidades. La Estrategia tendrá una duración de cinco años y establecerá mecanismos de evaluación bienal que permitan la valoración de resultados y en particular del acceso universal a la salud sexual y reproductiva".

La Estrategia Nacional de Salud Sexual y Reproductiva fue aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud en octubre de 2010. Según la misma, la promoción de la salud sexual implica favorecer las condiciones para que los servicios sanitarios garanticen su calidad, ofreciendo información, asesoramiento y asistencia sobre cualquier aspecto relacionado con la sexualidad y la reproducción. Por tanto, la Estrategia marca las líneas que deben desarrollarse por todas las administraciones públicas en relación con los derechos sexuales y reproductivos, partiendo de la premisa básica de la equidad en el acceso a todos los recursos y servicios públicos dentro del territorio nacional.

Transcurridos siete años desde su aprobación, la Estrategia no ha sido renovada. De igual forma, no se han llevado a cabo las evaluaciones bienales, ni tampoco se ha realizado por parte del Gobierno el informe anual de situación conforme establece la disposición adicional primera de la Ley Orgánica 2/2010 de cara a la formulación de propuestas de mejora en equidad y accesibilidad de las prestaciones y con el fin de verificar la aplicación efectiva de los derechos y prestaciones reconocidas en esta Ley en todo el Sistema Nacional de Salud. Este informe debe realizarse en base a los datos presentados por las Comunidades Autónomas al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Dentro del gran abandono por parte del Gobierno en esta materia, hay que destacar que las últimas cifras oficiales sobre salud y hábitos sexuales en España datan de casi hace una década, lo que pone de relieve la necesidad de llevar a cabo una encuesta que recoja los datos actuales que reflejen la realidad de la situación hoy en día, dados los enormes cambios sociales producidos desde la última encuesta.

A falta de datos oficiales sobre la implementación y evaluación de la Estrategia, sí se ha dado a conocer por parte de trece organizaciones socio-sanitarias las deficiencias y desigualdades en materia de salud sexual y reproductiva en nuestro país, a través del informe "Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España" (2016), que analiza la situación de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país. Una vez más se evidencia el impacto en la salud de los recortes llevados a cabo por el Gobierno del Partido Popular en materia de sanidad, especialmente tras las reformas llevadas a cabo en el Sistema Nacional de Salud en 2012, que afectan de manera particular en materia de salud sexual y reproductiva a las mujeres y a las niñas, que se enfrentan a grandes desigualdades a la hora de acceder a los distintos servicios dependiendo de la Comunidad Autónoma donde residan. Además, la reforma sanitaria ha dejado fuera del sistema a las mujeres inmigrantes en situación irregular, y por tanto, se les excluye también en materia de salud sexual y reproductiva.

Las Comunidades Autónomas han desarrollado la normativa estatal de forma muy diferente, produciendo diferencias en los servicios existentes y en su prestación entre las diferentes comunidades, y generando, por tanto, inequidad entre los distintos territorios. Tanto el informe citado como el Informe oficial sobre IVE 2015, último editado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, muestran las grandes diferencias territoriales en el acceso a la práctica de la interrupción legal del embarazo dentro de la sanidad pública.

Del mismo modo, se constatan grandes desigualdades en la financiación de los anticonceptivos y otros servicios de salud sexual y reproductiva, en la obligatoriedad de impartir educación sexual y cómo


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hacerlo, y en las campañas de educación y promoción de la salud en este ámbito. El informe deja claro que, en materia de educación sexual, la aplicación de la Estrategia a nivel estatal es prácticamente nula, y de hecho no existe presupuesto específico para este fin.

Así, las principales conclusiones del Informe "Deficiencias e inequidad en los servicios de salud sexual y reproductiva en España" podrían resumirse en las siguientes cuestiones:

1. La falta de planes de prevención supone un importante incremento del riesgo, especialmente para las personas jóvenes, personas con discapacidad, y otras en situación de vulnerabilidad, de contraer infecciones de transmisión sexual y tener embarazos no planificados.

2. Existen serias limitaciones de acceso a métodos anticonceptivos, así como serias deficiencias en los servicios sanitarios que asesoran y prescriben dichos métodos, produciéndose una importante inequidad en el acceso a los mismos dependiendo de la comunidad de residencia.

3. Falta de financiación de determinados anticonceptivos dentro del Sistema Nacional de Salud por motivos fundamentalmente económicos. De hecho, desde 2013 se han retirado del sistema de financiación pública algunos anticonceptivos hormonales de última generación, con mayor valor terapéutico, añadiendo una carga económica a casi un millón de mujeres, según estimaciones de la Federación de Planificación Familiar Estatal.

4. Existen especiales barreras en el acceso a métodos de larga duración como los dispositivos intrauterinos (DIU) y los implantes anticonceptivos, bien por no estar financiados (caso del DIU de cobre), o por estar financiados sólo a nivel hospitalario (caso del DIU con progesterona), por existir dificultades en la prescripción o escasez de profesionales que los inserten (caso de los implantes). También se destaca que la disponibilidad gratuita de estos métodos en los servicios autonómicos de salud (centros de atención primaria, de planificación familiar o especializada) es muy desigual, no solo entre las 17 Comunidades Autónomas, sino entre distintos servicios o zonas dentro de las propias ciudades.

5. Los preservativos se pueden conseguir gratuitamente en algunos recursos socio-sanitarios muy específicos, pero también de forma desigual, existiendo diversas barreras de acceso.

6. En el caso de la anticoncepción de urgencia, se denuncia que las intenciones mostradas en varias ocasiones por el actual Gobierno de dejarlas fuera de la libre dispensación, es contraria a las conclusiones de los estudios que indican que en nuestro país, no existe un abuso de la píldora del día después ni la misma produce efectos adversos no controlados.

7. En el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, existe gran inequidad territorial. Hay que unir al hecho de las limitaciones en el acceso a los métodos anticonceptivos, el endurecimiento del acceso a las interrupciones voluntarias del embarazo para las jóvenes de 16 y 17 años que lleva, a las que no pueden contar con permiso paterno o materno, a vivir situaciones dramáticas.

8. En el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo está teniendo una incidencia negativa la falta de regulación de la objeción de conciencia, así como la distinta información y atención que existe dependiendo de cada Comunidad Autónoma. El informe, basándose en los datos oficiales del Informe IVE 2015 del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, pone de manifiesto que hasta cuatro Comunidades Autónomas no han llevado a cabo ningún aborto dentro de sus sistemas públicos, derivando todos los casos a centros privados acreditados y concertados. Eso significa que 9.868 de las mujeres que abortaron en 2015 (las residentes en esas cuatro Comunidades) no tuvieron acceso a ser atendidas por ningún servicio público de salud. En esos y otros casos, algunas mujeres tuvieron que viajar fuera de su Comunidad de residencia para ser intervenidas.

9. Limitado y desigual acceso al método farmacológico para la interrupción voluntaria del embarazo, método que la evidencia científica y muchas mujeres consideran sencillo y con escasos efectos secundarios, por lo que los autores del informe recomiendan que debería ofrecerse, junto con el aborto quirúrgico, a todas las mujeres que demandan aborto hasta las 7-9 semanas de gestación para darles verdaderamente la opción de elegir libremente sobre el método a seguir.

10. Respecto a las técnicas de reproducción asistida, se pone de manifiesto la especial dificultad de las mujeres mayores de 39 años y, en algunas autonomías, de las mujeres lesbianas para acceder a estas técnicas, así como la insuficiencia manifiesta de las unidades de reproducción humana asistida en el sistema sanitario público, lo que supone una clara discriminación para las mujeres con menos recursos.


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11. El informe denuncia el abandono en el que se encuentran las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular, con dificultades de acceso a la interrupción voluntaria de su embarazo y sin posibilidad de acceder a la planificación familiar dentro del sistema público nacional. Esta situación se agrava en los Centros de Internamiento de Personas Extranjeras, donde falta atención especializada para mujeres embarazadas, habiéndose producido denegación o interrupción de tratamientos, así como abusos hacia personas por su orientación e identidad sexual.

No es de extrañar, por tanto, que en el barómetro sobre la libre elección de anticonceptivos modernos llevado a cabo por la Unión Europea, España se sitúe dentro de los 9 países europeos (entre los 16 analizados) que suspenden la evaluación, no solo en el acceso a anticonceptivos sino también en educación sexual, sensibilización de la población y empoderamiento de las mujeres.

A ello hay que sumar el retroceso en materia de igualdad y políticas sociales desde 2012, que también han tenido un impacto negativo en la salud de las mujeres. Esta realidad contrasta con la actitud de un Gobierno, que no ha hecho ningún tipo de evaluación sobre el impacto de la crisis y los recortes llevados a cabo en la salud de la población en general y de las mujeres en particular.

Los incumplimientos del Gobierno de España en esta materia han sido advertidos por diversos organismos internacionales. Así, el Comité de Naciones Unidas que da seguimiento a la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, manifestó en 2015 su preocupación respecto de España por su retroceso en derechos, específicamente los sufridos por las mujeres en el territorio nacional, así como por el hecho de que el Estado no ha realizado estudios ni evaluaciones, para vigilar los efectos de la crisis en función del género.

Por tanto, se hace absolutamente necesario introducir el enfoque de género en la salud pública, algo que parece no entrar en los planes del actual Gobierno, a la vista de la falta de voluntad de destinar recursos presupuestarios para el desarrollo de estrategias de salud pública con ese enfoque. Por ello, se hace indispensable la recuperación del Observatorio de Salud de las Mujeres, eliminado también por este Gobierno, dado el importante impacto del género en la salud y la existencia de grandes desigualdades de género en materia sanitaria.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo en el plazo máximo de seis meses la evaluación y actualización preceptiva de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva en colaboración con las Comunidades Autónomas, sociedades científicas, profesionales y organizaciones sociales, que en el caso de las mujeres, contemple todas sus fases vitales.

2. Realizar la encuesta sobre salud y hábitos sexuales en España que proporcione información a nivel nacional sobre el estado de salud sexual de la población española, introduciendo en la misma un enfoque de género.

3. Una vez actualizada la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, dotarla presupuestariamente y desarrollarla, tal como se incluía en su texto original de 2010, con énfasis en las necesidades de personas con circunstancias vitales especiales o en situación de vulnerabilidad (adolescencia, discapacidades, oblación LGTB, migrantes, mujeres víctimas de violencia sexual, etc.).

4. Dotar presupuestariamente y recuperar el Observatorio de Salud de las Mujeres para desarrollar las estrategias necesarias en el ámbito de las desigualdades en salud por razón de género, promoviendo el enfoque de género I en las políticas públicas de salud.

5. Revisar los criterios de prescripción, seguridad y precio de los nuevos medicamentos anticonceptivos con beneficios añadidos, con el objeto de su incorporación o reincorporación a la financiación con cargo al Sistema Nacional de Salud."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de octubre de 2017.-Jesús María Fernández Díaz y Miriam Alconchel Gonzaga, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/002452

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para destinar ayudas de emergencia al pueblo de México por los terremotos sufridos el pasado mes de septiembre, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

Un fuerte terremoto de 7,1 de magnitud ha sacudido el pasado 19 de septiembre el centro y el sur de México provocando al menos 210 muertos y numerosos daños. Este seísmo se produce diez días después del otro que, con epicentro en el sureño estado de Chiapas, presentó la mayor magnitud en 85 años (8,2) y causó la muerte de 100 personas. Coincide también con el 32 aniversario del terremoto que, en 1985, afectó duramente a México, causando la muerte de 10.000 personas.

El impacto ha sido enorme causando daños en cientos de edificios, en gran medida en construcciones precarias que no reúnen las características necesarias para hacer frente a un terremoto de tales características, provocando que numerosas personas quedaran atrapadas en los escombros y que miles de personas se hayan visto obligadas a abandonar sus hogares. Entre ellos, cabe destacar el derrumbamiento de una escuela en la que han perdido la vida 20 niños y niñas.

Las terribles imágenes que hemos podido contemplar de los efectos de los movimientos sísmicos que ha sufrido el pueblo de México, con irreparables pérdidas de cientos de personas y cuantiosos daños, sin duda visibilizan el dolor y el sufrimiento que arrastra una desgracia de esta magnitud.

Todo ello pone en evidencia que las tareas de reconstrucción exigen mucho tiempo y altos recursos. En ese sentido, queremos destacar y agradecer que la ciudadanía española se movilizó de manera inmediata para ofrecer el apoyo necesario, al igual que las ONG que trabajan en la zona y que se sumaron desde el primer momento a las labores de atención a las víctimas.

Las relaciones históricas entre España y México son muy estrechas y han fraguado en que nuestras poblaciones se sientan hermanas. Por eso es de justicia y una obligación que desde España expresemos el sentimiento más profundo de solidaridad y apoyo al pueblo hermano de México y hagamos un llamamiento de sensibilidad a la comunidad internacional para con todos los afectados.

En ese sentido, damos la bienvenida al apoyo al sector de la educación que es una de las prioridades expresadas por las autoridades mexicanas y por eso estamos de acuerdo en que la Cooperación Española apostara por enfocar, en este primer momento de la emergencia, sus esfuerzos en el apoyo psicosocial a los niños y niñas que fueron alojados en albergues y al alumnado de los numerosos colegios que han sufrido daños tras el sismo.

En concreto, nos referimos a la intervención que está llevando a cabo la ONGD Save the Children y que, según hemos leído en los medios de comunicación, está dotada de una financiación de 100.000 euros a través de la Agencia Española de Cooperación (AECID) del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación español.

No obstante, consideramos que como país debemos estar a la altura de las circunstancias desplegando ayuda internacional de forma continuada una vez pasados los primeros momentos de la emergencia para que México pueda afrontar con garantías la fase de reconstrucción.

Es por ello que, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Destinar ayuda humanitaria suficiente para paliar las dos catástrofes naturales que han afectado gravemente a nuestro país hermano de México, y a trabajar de manera coordinada y colaborativa con el resto de instituciones españolas (ayuntamientos, diputaciones, CC.AA ...) que pudieran destinar ayudar al país mesoamericano.


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2. Aplicar políticas de acción humanitaria en la prevención de las catástrofes naturales como se establece en el marco estratégico de Sendai de prevención de riesgo de desastres aumentando la resiliencia de la población afectada con el objetivo de prevenir y minimizar el impacto de las catástrofes naturales, haciendo especial hincapié en la infancia como población más vulnerable."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2017.-Pablo Bellido Acevedo y Carlota Merchán Mesón, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cultura

161/002437

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley proponiendo la cesión por el Ministerio de Agricultura del silo de Santa Cruz al Ayuntamiento de Córdoba para la realización de actividades culturales, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

En el BOE número 254, del sábado 21 de octubre se ha publicado el anuncio 61274 que contiene la Resolución del Fondo Español de Garantía Agraria por la que se convoca subasta pública para la enajenación de unidades de almacenamiento (silos) de su propiedad en Córdoba.

Dicha subasta se celebrará el próximo 17 de diciembre, y en ella se subastará, entre otros, el lote número 3: Unidad de almacenamiento Santa Cruz (Córdoba).

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en la población de Santa Cruz, toda vez que desde largo tiempo, se pedía y se aspiraba a la cesión de esas instalaciones en desuso desde hace muchísimos años para dedicarlo a actividades de interés cultural.

Hay que recordar que Santa Cruz constituye un núcleo poblacional lejano del Ayuntamiento matriz de Córdoba, y como tal acusa la distancia y desarraigo que producen la falta de conexiones y servicios. A mayor abundamiento, la carencia de suelo, acentuada por la crisis económica que impide su desarrollo urbanístico, imposibilita a corto y medio plazo la dotación de este tipo de infraestructuras.

Hay que recordar igualmente la cercanía de la población y del silo de Santa Cruz con el yacimiento arqueológico de Ategua, uno de los más importantes de Andalucía ya que conserva estructuras de las diversas épocas por las que ha atravesado, tales como la muralla ibero romana, casas, cisternas y templos romanos, fortaleza y zoco islámico, en un claro ejemplo de superposición de ciudades históricas. La ciudad adquirió fama en la antigüedad por su papel en la guerra civil entre Julio César y los hijos de Pompeyo. El yacimiento está declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de Zona Arqueológica.

Las aspiraciones de esta población se concretaron en la moción 226/15, de 15 de diciembre de 2015, acordada por el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba "sobre la cesión del uso del silo de grano para adecuación del mismo como sede de la colección museográfica de Ategua de Santa Cruz", moción conjunta de todos los grupos municipales. El acuse de recibo remitido por el Ministerio de Agricultura se limitó a preguntar si había interés en adquirir las citadas instalaciones al precio tasado de 594.011, 05 ?.

Existen otros ejemplos de silos cedidos para actividades o fines culturales en la provincia de Córdoba, como los de Espejo, Montemayor, o el propio silo de la capital, cuyo uso está cedido al Museo Arqueológico de Córdoba.

A mayor abundamiento, existe un Convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Córdoba, el Ayuntamiento de Córdoba, la Universidad de Córdoba y la Asociación cultural Amigos de Ategua, que permite asegurar que se contará con los recursos necesarios para poner en funcionamiento las actividades culturales que se pretenden realizar.

No obstante, y siendo conscientes de que al haberse publicado ya el anuncio de la subasta en el BOE, y a fin de no perjudicar a terceros de buena fe que pudieran haber consignado ya el depósito requerido


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para participar en la subasta, esta iniciativa propone solicitar la cesión de uso en el caso de que quede desierta la primera subasta.

En virtud de todo lo expuesto, por las especiales necesidades de Santa Cruz, y por la especial riqueza del patrimonio histórico, artístico, monumental y arqueológico de la población, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acordar, en el caso de quedar desierta la primera subasta, la suspensión de la misma y la cesión gratuita de uso del silo de Santa Cruz e instalaciones adyacentes al Ayuntamiento de Córdoba, de conformidad con lo establecido en los apartados 1 y 3 del artículo 154 de la Ley 33/2003, para que sea destinado al apoyo e impulso de actividades de investigación y puesta en valor del patrimonio histórico en el enclave arqueológico de Ategua (Santa Cruz, Córdoba), así como para el desarrollo e interpretación histórico-arqueológica del yacimiento, así como a la celebración de talleres y actividades lúdicas arqueológico-etnográficas que dinamiten la población y atraigan visitantes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Marcial Gómez Balsera, Marta María Rivera de la Cruz, Guillermo Díaz Gómez y Félix Álvarez Palleiro, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002482

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre los contenidos de la celebración del V Centenario de la expedición marítima de Magallanes y Elcano, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

En el año 2019 se cumplirán 500 años de la expedición naval patrocinada por la Corona española -por el Rey Carlos I- y protagonizada por los marinos Fernando Magallanes y Juan Sebastián Elcano. La expedición partió de Sevilla un 10 de agosto de 1519 y logró, al cabo de tres años, dar la primera vuelta al mundo recorriendo el globo terráqueo por el mar. Con tal motivo se abrieron nuevas vías marítimas hasta entonces desconocidas.

La innovadora misión "europea" se apoyaba en cinco naves y doscientos sesenta y cinco hombres de los cuales el 64 % eran españoles y el resto, dato significativo, se repartía entre nueve nacionalidades diferentes. Se hicieron a la mar un 20 de septiembre desde Sanlúcar de Barrameda.

Esta empresa naval, muy arriesgada, llena de incertidumbres y orientada desde un punto de vista de la investigación del planeta -salvando las distancias nos recuerda a la expedición de la llegada a la luna- requirió conocimiento liderazgo, patrocinio, contar con unas naves de excelencia, enorme tenacidad humana y esfuerzo para superar múltiples riesgos y penalidades.

Fueron tres años dedicados a completar la hazaña descomunal de la primera vuelta al mundo, finalmente culminada gracias al valor y destreza marinera de Juan Sebastián de Elcano, natural de Getaria (Gipuzkoa), tras el fallecimiento del capitán Magallanes durante la estancia en Filipinas. Al mando de la nao Victoria regresó a Sanlúcar de Barrameda el día seis de septiembre de 1522 con solo 17 supervivientes de los 265 marinos iniciales.

Aquella hazaña tuvo una repercusión marítima, económica y científica de primer orden para la humanidad. Por ello, ante el V Centenario, el Gobierno español ha procedido a constituir una Comisión Nacional interministerial para la organización de la celebración. Según reza la orden de creación de esa Comisión, la Dirección General de Industrias Culturales es la que tendrá que llevar el peso de los trabajos.

Por su parte, la Junta de Andalucía lleva tiempo trabajando en esta efeméride. También allí se ha constituido una Comisión interinstitucional en la que se dan cita la Junta de Andalucía, las Diputaciones de


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Sevilla y Cádiz, así como los Ayuntamientos de Sevilla capital y Sanlúcar de Barrameda. Al mismo tiempo, en Euskadi se ha procedido a crear una Fundación bajo la denominación de Elkano Mundubira 500.

Ante el riesgo de una dispersión de eventos, y con Pleno respeto a la capacidad de decisión e iniciativa de las partes, cabe plantear en la Comisión de Cultura del Congreso la conveniencia de promover desde el Estado la organización de actividades culturales coordinadas y conjuntas, así como espacios de reflexión común entre la Comisión del Estado y las Fundaciones de Andalucía y Euskadi.

Por otra parte, se podría reivindicar, a nivel internacional la figura de Juan Sebastián Elcano, pues lo cierto es que en la bibliografía histórica en torno a la primera circunnavegación marítima, la figura de Juan Sebastián Elcano es absolutamente desconocida. Fuera de España apenas hay institutos o universidades que hayan generado bibliografía poniendo la figura del marino guipuzcoano a la altura de la gesta que desarrolló.

Para la historia, la figura indiscutible de esta expedición es Magallanes y existen pocas referencias al hecho de que fue Elcano quien tomó el relevo del marino portugués Magallanes, fallecido en el transcurso de la expedición. Fue quien decidió retornar a casa desde Filipinas en condiciones muy precarias, buscando una nueva ruta marítima por el océano Índico, plagada de riesgos.

Se cuenta con documentación original que ha aflorado en los últimos años que resulta clave en la comprensión de la auténtica relevancia de lo aportado por Juan Sebastián Elcano. Documentos manuscritos de su puño y letra dirigidos a Carlos I, emperador de España, a quien relata la importancia de la gesta marítima. Hacer circular adecuadamente esa documentación en una exposición que pueda visitar centros expositivos de referencia, resultaría de gran interés para el objetivo de situar aquella expedición española y el papel de Elcano a la altura que se merecen.

Superando la tentación de primar una lectura militar de la misión y de lo que representaba el imperio español en aquella época, convendría desde una perspectiva contemporánea impulsar miradas el contenido científico y comercial de la expedición, así como sobre el potencial técnico que representaba la ingeniería naval de las localidades en la que se construyeron las naves que luego partirían desde Sanlúcar de Barrameda. En aquella época la costa vasca, y en especial la guipuzcoana (Pasajes) tenía una gran capacidad en la construcción de naves.

Interesa una mirada no hegemónica que permita conocer el modo en que las tierras "conquistadas" durante aquella época de descubrimientos del Nuevo Mundo, observaban la llegada de estas expediciones. Un análisis sobre cómo nos vieron los autóctonos y lo que ha supuesto para esas tierras tanto el mestizaje cultural como la apertura de estas nuevas rutas marítimas y comerciales en base a productos y especies novedosas y de gran valor.

Estamos ante la oportunidad de explicar cómo hace 500 años, el Mundo era mucho más predecible y el universo de los ciudadanos más certero. Aún así, aquella expedición se enfrentó a lo desconocido, y representa la primera gran experiencia global de la humanidad. Hoy, 500 años después, el mundo se ha globalizado y han surgido nuevos fenómenos, graves problemas y desafíos que lo hacen muy incierto. La historia se ha acelerado y las personas convivimos todos los días con la incertidumbre de lo desconocido. Esta es una mirada muy interesante para desarrollar actividades culturales -incluso una gran exposición- de carácter histórico, antropológico y filosófico sobre la evolución de la humanidad durante todo este tiempo.

Por último, se debería poner en valor un episodio importante que forma parte de la "historia común" de los Pueblos de España y que expresa la colaboración y participación de marinos de diferentes territorios de España, así como navegantes de otros países, en una empresa colectiva innovadora y patrocinada por la Corona. Es muy conveniente recordar la presencia de los vascos que fueron la punta de lanza de las campañas navales de la Corona española. Además de experimentados navegantes, desde los astilleros de la costa vasca salieron las mejores naves que hicieron posibles las gestas que convirtieron a España en la potencia de la época.

Al menos una treintena de los 265 hombres que reclutó Magallanes en Sevilla, antes de hacerse a la mar, eran marinos vascos. También hay constancia de que al menos tres de las cinco naves que formaron la expedición procedían de astilleros del Cantábrico.

Se sabe que la "Trinidad", la nave almirante en la que navegó Magallanes hasta que fue muerto en Filipinas, había sido adquirida en Bilbao por un capitán de Lekeitio, Nicolás de Adieta, comisionado por el rey. Pesquisas más recientes han sacado a la luz que la nao "Victoria", la única que completó la vuelta al globo, no se hizo en Zarautz, tal y como se había creído hasta ahora, sino en Ondarroa. El historiador


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Xabier Alberdí explica que un investigador portugués que ha indagado en la trayectoria de Magallanes tiró del hilo hasta descubrir que la nave le fue adquirida a un ondarrés de nombre Domingo de Apallua.

También la "Concepción", el barco en el que embarcó Elcano antes de hacerse con el mando de la expedición, llevaba el sello "made in País Vasco".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Celebrar el V Centenario de la expedición marítima de Magallanes y Elcano para poner en valor un episodio importante que forma parte de la "historia común" de los Pueblos de España y que manifiesta la colaboración y participación de marinos de diferentes territorios de España, así como navegantes de otros países, en una empresa patrocinada por la Corona.

2. Impulsar actividades culturales conmemorativas que, además de recordar a los protagonistas, proyectar el papel de Juan Sebastián Elcano y el carácter científico e innovador de la expedición, incorporen y proyecten los valores de la colaboración, la implicación en empresas colectivas y el esfuerzo personal, así como la importancia del sector naval en aquella época y la calidad de las naos.

3. Fomentar por parte del Gobierno de España el estudio y realización de iniciativas culturales, sobre esta conmemoración, compartidas y/o coproducidas junto a las Fundaciones creadas en Andalucía y Euskadi, recogiendo, además, en los Presupuestos Generales del Estado la partida y ayudas para dichas iniciativas conjuntas.

4. Apostar por enfoques abiertos y contenidos críticos que permitan conocer el modo en que la población de las tierras "conquistadas", durante aquella época de descubrimientos del Nuevo Mundo, observaba la llegada de estas expediciones, realizando un análisis sobre cómo nos veían y las consecuencias que ha supuesto para esos territorios tanto el mestizaje cultural como la incidencia de la apertura de nuevas rutas marítimas y comerciales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2017.-Odón Elorza González, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Igualdad

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar las técnicas de reproducción asistida en igualdad de condiciones para los trabajadores públicos asegurados por MUFACE, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

A finales del mes de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dictó sentencia en relación a un caso en el que la clínica de fertilidad colaboradora con MUFACE se negaba a realizar una técnica de reproducción asistida a una pareja heterosexual, cuyo uno de sus miembros era transexual.

Uno de los demandantes, siguió hace años un tratamiento hormonal mediante lo protocolizado en la Seguridad Social, y desde entonces consta a todos los efectos legales como género masculino. Antes de iniciar dicho tratamiento, esta persona se sometería a una estimulación ovárica que resultaría con la congelación de varios ovocitos a fin de que pudiera tener descendencia con su carga genética una vez hubiera terminado el tratamiento hormonal.


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Una vez los demandantes, fueron a la clínica colaboradora con MUFACE para iniciar la técnica ROPA, los profesionales alegaron que dada la casuística concreta del caso deberían esperar a la resolución de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA). Resolución que a fecha de la sentencia todavía no se había producido.

Los demandantes buscaron la opinión de una ginecóloga, ante la que plantearon la situación, optando bajo el asesoramiento de la profesional la Inseminación Artificial de Donante al no ser posible una gestación natural. La ginecóloga realizaría el informe preceptivo que recoge la situación de la pareja y en el que señala que la pareja, heterosexual, acude a la consulta por deseo gestacional pero que al ser uno de los miembros transexual, existe una causa de esterilidad primaria, solicitándose a MUFACE, la valoración y tratamiento de la reproducción en una clínica colaboradora de la mutua. La aseguradora propietaria de la clínica alegaría posteriormente que la pareja no recogería los criterios contenidos en el convenio vigente entre MUFACE y las entidades médicas, por lo que se negó a llevar a cabo el procedimiento de reproducción asistida pertinente "al no existir causa ginecológica que le impida una gestación por medios naturales".

Ante esta situación, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana dicta que existe "una discriminación por orientación sexual y violación del derecho a la dignidad de las personas", además de un trato "arbitrario e injustificado". Según el Tribunal, la relación que mantiene la asegurada por la mutualidad, con su marido, tratado hormonalmente previo a su casamiento, hace que imposibilitar la reproducción de la pareja supone la misma discriminación que en el caso en que la pareja fuera una mujer, recalcando que la cobertura que debe dispensar MUFACE debe ser igual al dispensado por el sistema general de la Seguridad Social.

El Tribunal recuerda el principio de igualdad en la ley obliga al legislador a dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad recordando que la cláusula 1.1.3 del Concierto con MUFACE señala que la cartera del mismo incluirá, al menos, la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Trasladar a MUFACE su deber de prestar los mismos servicios a los asegurados por la mutualidad, al menos, las mismas prestaciones recogidas en la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud y el cumplimiento de los convenios firmados con la Administración.

2. Agilizar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA) a fin de que pueda responder de manera eficaz a consultas sobre reproducción humana asistida."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de octubre de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Igualdad, relativa a los Planes de Igualdad para las Empresas y la Administración Pública.

Exposición de motivos

El registro de Planes de Igualdad es obligatorio, tal y como establece el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

Todos los Planes de Igualdad se registran en REGCON (Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos), identificándose con este nombre en la clasificación de "Naturaleza" del acuerdo, según lo estipulado en el artículo 2.1.f) del RD 713/2010, publicándose posteriormente en "Boletín Oficial del Estado".


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Únicamente y como excepción, se registran como acuerdos aquellos planes que, como establece la disposición adicional segunda del RD 713/2010, no tengan como referencia un convenio propio, ni un convenio sectorial y su depósito ante la Autoridad Laboral no conlleve publicación en el "Boletín Oficial el Estado".

Además de la obligatoriedad, el registro es una importante herramienta de control y seguimiento de los planes negociados, por ello sería necesario dar un paso más y comprobar que este registro se realiza.

Finalmente, hemos de reconocer que si la ausencia de medidas en los planes de Igualdad de empresas y administraciones públicas constituye un obstáculo para las mujeres en general en referencia al acceso a sus derechos, entonces para las mujeres que enfrentan una discriminación interseccional se torna imposible acceder a dichos derechos, propiciando por tanto situaciones de especial vulnerabilidad que el Estado está obligado a erradicar.

El día 28 de septiembre de 2017 tuvo lugar en el Pleno del Congreso de los Diputados la votación del Dictamen emitido por la "Subcomisión para un Pacto de Estado en Materia de Violencia de Género". En dicha sesión, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presentó una batería de votos particulares con el objeto de acercar el Dictamen de manera fiel al cumplimiento de las obligaciones contraídas por el Estado tras la ratificación del Convenio de Estambul.

Entendiendo que la ausencia de registros de Planes de Igualdad tanto en las empresas como en la Administración Pública constituye un obstáculo para el ejercicio de los derechos de las mujeres y que, a su vez, invisibilizar o negar dicho obstáculo constituiría la pérdida de una gran oportunidad para el desarrollo democrático del país, nuestro Grupo Parlamentario Confederal destinó uno de los votos particulares específicamente a esta cuestión, resultando dicha votación en aprobación del voto mencionado por mayoría de la Cámara.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a asegurar que la Inspección de Trabajo velará por la elaboración de los planes de igualdad con perspectiva interseccional en aquellas empresas y administraciones públicas cuya obligatoriedad establece la Ley 3/2007. Así mismo, se garantizará que estos Planes de Igualdad cumplen con lo establecido en el RD 713/2010. A estos efectos, se impondrán sanciones para aquellas empresas en las que una vez conminado el registro de los Planes de Igualdad, éstos no hayan sido implementados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de octubre de 2017.-Sofía Fernández Castañón, Ángela Rodríguez Martínez, José David Carracedo Verde, Rita Gertrudis Bosaho Gori, María Isabel Salud Areste, Lucía Martín González y María del Mar García Puig, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002480

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la fiscalización de los fondos destinados a la lucha contra la Violencia de Género en el seno del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos necesario en todo momento, la consecución de un Pacto de Estado para la lucha contra la Violencia Machista. Por ello fue uno de los puntos incluidos en el acuerdo de investidura con el Partido Popular (puntos 74 y 75) y por ello,


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participamos activamente en su consecución y votamos a favor de su aprobación por la Comisión de Igualdad el pasado mes de julio.

El hecho de que todas las formaciones políticas representadas en el Congreso de los Diputados alcanzásemos un acuerdo para prevenir y combatir la Violencia de Género, es un hito del que debemos congratularnos y que sentará las bases de una nueva forma de enfocar la lucha contra esta lacra social. Consideramos que las medidas acordadas entre los grupos mejorarán de manera sustancial la asistencia a las víctimas de toda violencia machista, también la que sufren tantas mujeres fuera del ámbito de la pareja o expareja. Se atenderá además a ese gran porcentaje de mujeres que por diferentes motivos no denuncian, incrementando su protección, y proporcionándoles el apoyo y acompañamiento necesario.

Ahora, si queríamos que las medidas pactadas se pusieran en marcha era preciso dotarlas de la financiación adecuada. Por ello, para el Grupo Parlamentario Ciudadanos siempre fue fundamental llegar a un acuerdo económico que implicara al Gobierno del Partido Popular en el marco del Pacto de Estado. Una vez alcanzado ese acuerdo, nos parece de vital importancia asegurar que el dinero que se vaya a destinar al Pacto se utilice de una manera eficiente y eficaz en la lucha contra esta lacra.

La falta de fondos específicos hasta el momento ha supuesto importantes problemas para numerosas asociaciones y organizaciones destinadas a la prevención y actuación sobre la violencia de género. Por ejemplo, esta misma semana conocíamos los problemas de la Asociación de Asistencia a Mujeres Violadas de Madrid (CAVAS), debido a los problemas de financiación surgidos a partir del nuevo modelo de reparto de las subvenciones que provienen del 0,7 % del IRPF y de programas específicos en la Comunidad de Madrid en esta materia.

Queremos que los 1.000 millones acordados sean utilizados de manera eficiente para prevenir, combatir, erradicar la violencia machista, así como para el acompañamiento y la asistencia a las víctimas, nunca para otros fines. De esta manera, será necesario que toda transferencia presupuestaria que vaya destinada a un programa o actividad derivado de este Pacto deba ser fiscalizada y evaluada.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Llevar a cabo las medidas precisas para que las administraciones públicas que deseen elaborar programas o proyectos derivados del Pacto de Estado en materia de violencia machista, de "motu proprio" como a través de terceros, deban elaborar informes o estudios que justifiquen y avalen dichos programas o proyectos. Dichos documentos deberán ser públicos.

2. Llevar a cabo las medidas precisas para que todas las asociaciones que deseen optar a fondos públicos, derivados del Pacto de Estado puedan hacerlo, presentando un informe con objetivos, actividades e indicadores de medición concretos que deberán ser tenidos en cuenta a la hora de conceder los fondos por parte de las administraciones públicas y evaluados a posteriori. En caso de que sea la propia administración quien desarrolle y ejecute el programa o proyecto, deberá incluir los objetivos, actividades e indicadores en el informe justificativo. Estos documentos deberán ser públicos.

3. Estipular una serie de condiciones preceptivas y obligatorias a la hora de renovar o prolongar fondos en el marco de este Pacto, entre las cuales se incluye la valoración de la eficiencia. Ninguna administración u organización podrá acceder a nuevos fondos si no existe informe de evaluación correspondiente a los programas o proyectos realizados previamente.

4. Elaborar informes anuales y públicos de evaluación sobre el uso de fondos, desarrollo de actividades y programas, así como consecución de objetivos de los proyectos desarrollados en todos los niveles administrativos y enmarcados en el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con el Instituto de la Mujer y el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer en base a la documentación anteriormente mencionada, Dichos informes serán remitidos a la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2017.-Patricia Reyes Rivera, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/002451

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de un modelo de transporte compatible con la lucha contra el cambio climático, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.

Exposición de motivos

La contaminación causa al año 520.000 muertes prematuras en Europa (en España, cerca de 30.000); y los fenómenos climáticos extremos -que los científicos relacionan con el calentamiento global- han supuesto más de 400.000 millones de euros en pérdidas en Europa desde 1984. Ambos datos proceden de informes de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que apunta a la incidencia del transporte rodado en los dos problemas.

El transporte en Europa, al igual que en el resto del mundo, está fundamentado en consumo de combustibles fósiles, de la gasolina y el diésel. Alrededor del 65 % de la producción mundial de petróleo se destina ahora al transporte. Y cuando ese combustible fósil se quema para generar energía se emiten los contaminantes que desencadenan los picos de polución en las ciudades y los gases de efecto invernadero que calientan el planeta, según el consenso científico.

El transporte acumula el 23 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero de todo el sector energético. Los Gobiernos del mundo, a través del acuerdo de París contra el cambio climático, se han comprometido a mantener el incremento de la temperatura a final de siglo por debajo de los dos grados centígrados respecto a los niveles preindustriales. Y esa meta será casi inalcanzable sin recortes en las emisiones del sector del transporte, que lleva un retraso considerable respecto a otros como el de la generación de electricidad, donde las renovables han cogido ya velocidad de crucero.

Baste recordar, en relación a los vehículos eléctricos, que la Agencia Internacional de la Energía, que anualmente realiza un análisis de la evolución de la implantación de los vehículos eléctricos, calcula que, para cumplir con esa meta internacional de los dos grados, a venta de coches eléctricos se debe disparar en el mundo en la próxima década. En 2025, tendrán que circular 60 millones de estos coches limpios para cumplir el objetivo de los dos grados. En 2030 se debe llegar a los 150 millones (lo que supondría el 10 % de todos los vehículos ligeros). En 2050, el objetivo es llegar hasta el 40 % de coches eléctricos, es decir, 1.000 millones.

A España debe reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (emisiones GEI) entre un 80 y un 95 % hasta 2050 para cumplir con los objetivos de descarbonización establecidos por la Unión Europea. Esta reducción implicará pasar de emitir 329 MtCO2 equivalentes en el año 2014 a emitir entre 14 y 88 MtCO2 en 2050.

El transporte es un sector clave en el proceso de descarbonización del modelo energético. En España, el transporte es la actividad con mayor volumen de emisiones GEI; en 2014 emitió en torno a 80 MtCO2 equivalentes (el 24 % del total de las emisiones de la economía española). Durante los últimos 15 años, ha sido uno de los sectores de actividad que menos ha reducido sus emisiones GEI, un 8 %, mientras que los otros dos grandes sectores emisores, la generación eléctrica y la industria, han reducido sus emisiones GEI un 31 % y un 32 % respectivamente, durante el mismo período.

Son necesarias políticas y objetivos de reducción de emisiones más ambiciosos para el transporte. La Comisión Europea publicó en 2011 el Libro Blanco del Transporte que estableció unos objetivos de variación de las emisiones GEI para el sector del transporte, respecto a 1990, de un +8 % en 2030 y de un -60 % en 2050, así como un conjunto de iniciativas para la transformación del sector.

En comparación con la industria y la edificación, el transporte dispone de una mayor madurez en las soluciones técnicas para su descarbonización, es más homogéneo en tipologías de activos y los ciclos de renovación de los mismos son más cortos. Por ello, son necesarios y posibles unos objetivos más ambiciosos de reducción de emisiones GEI del sector del transporte, para compensar las barreras a la descarbonización de otros sectores y alcanzar los objetivos nacionales de reducción de emisiones.


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Las políticas actuales de reducción de emisiones en el transporte no garantizan la consecución de los objetivos a 2030, ya que las medidas de reducción de emisiones de nuevos vehículos no aseguran una descarbonización efectiva, y el uso de biocombustibles no genera una reducción real de las emisiones, no son suficientes para alcanzar los objetivos a 2050. Por lo tanto, son necesarias políticas de reducción de emisiones más efectivas.

De los 80 MtCO2 equivalentes que emitió el transporte en el año 2014, el 94 % fueron producidas por el transporte terrestre de pasajeros y de mercancías. El transporte de pasajeros (coche, autobús y tren, fundamentalmente) emitió 52 MtCO2 (66 % del total del sector transporte) y el transporte de mercancías 22 MtCO2 (28 % del total del sector transporte).

Además de las emisiones GEI, el actual modelo de transporte terrestre genera una concentración de emisiones de elementos contaminantes, tales como NOx, SOx, CO y partículas, en los grandes centros urbanos (el 35 % de las emisiones de elementos contaminantes se realiza en el 5 % de la superficie y afecta directamente al 60 % de la población española).

Además, otra fuente relevante de contaminación en áreas densamente pobladas es el consumo de combustible de los buques mientras están atracados en los puertos, que equivale a las emisiones de varios millones de vehículos.

Es por ello que para la consecución por España del objetivo de reducción de emisiones, de pasar de los 80 MtCO2 actuales a los objetivos que propone el Libro Blanco del Transporte de +8 % en 2030 y -60 % en 2050 pasa por potenciar la electrificación del transporte de pasajeros y por incidir en el cambio modal a ferrocarril y en la electrificación del transporte de mercancías.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"Con el fin de potenciar la movilidad eléctrica en el transporte de viajeros, se insta al Gobierno, en colaboración con todas las administraciones competentes en la materia, a:

1. Crear un observatorio del vehículo eléctrico para la coordinación de las diferentes Administraciones Públicas, planificación y seguimiento de la penetración del coche eléctrico, y análisis de la efectividad de los programas de incentivos y fomento de la infraestructura de recarga de acceso público.

2. Establecer objetivos a 2030 y desarrollar un plan de incentivos económicos a la adquisición de vehículos eléctricos.

3. Definir y desarrollar un modelo de despliegue de la infraestructura de recarga de acceso público, estableciendo objetivos de infraestructura pública de recarga por cada nivel de la Administración Pública, en función de sus competencias.

4. Desarrollar mecanismos y políticas para que la Administración Pública asuma un papel ejemplarizante en la adopción y compra de coches eléctricos.

5. Establecer una estrategia para la transformación de la industria automovilística y sus industrias auxiliares.

6. Desarrollar campañas específicas de promoción de la movilidad eléctrica en flotas y asociaciones gremiales.

7. Desarrollar un plan específico para el desarrollo del autobús eléctrico en centros urbanos.

Con el objetivo de descarbonizar el transporte terrestre de mercancías, se insta al Gobierno, en colaboración con todas las administraciones competentes en la materia, a:

8. Realizar una planificación de las infraestructuras ferroviarias destinadas específicamente al desarrollo del transporte de mercancías, en el horizonte de los próximos 15 años, que sea consensuada y acordada por los principales agentes y administraciones afectadas. Esta planificación debe incluir un acuerdo que permita el desarrollo de los corredores clave para el transporte de mercancías en España en el corto plazo.

9. Desarrollar un plan para la penetración del camión ligero eléctrico de transporte mediante el desarrollo de un sistema de incentivos a la adquisición y un modelo propio de despliegue para la infraestructura de recarga asociada.

10. Impulsar las actuaciones necesarias que permitan desarrollar proyectos de I+D+i de otras tecnologías de transporte pesado de mercancías que permitan descarbonizar completamente el transporte de mercancías.


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Con el objetivo de reducir las emisiones por parte de buques atracados se hace preciso potenciar el uso del gas natural y el suministro de electricidad en puerto, con este objetivo se insta al Gobierno, en colaboración con todas las administraciones competentes en la materia:

En relación al uso del gas natural licuado (GNL), a:

11. Desarrollar una planificación de las inversiones a realizar para instalar en los principales puertos españoles (especialmente aquellos localizados en grandes rutas internacionales) sistemas de suministro de GNL a buques.

12. lncentivar las inversiones, por parte de armadores, para la adaptación de los buques al consumo de GNL, mediante exenciones fiscales a la inversión o ayudas directas.

En relación al desarrollo del suministro eléctrico, a:

13. Elaborar una planificación para llevar a cabo el desarrollo de las infraestructuras necesarias en los puertos, priorizando aquellos en los que sería más adecuada la instalación de sistemas de alimentación eléctrica a buques atracados, y estableciendo un calendario de despliegue que servirá de guía a los diferentes agentes.

14. Incentivar las inversiones para desarrollar las infraestructuras portuarias necesarias.

15. Estudiar la adopción de ayudas económicas específicas para la adaptación de los buques al consumo eléctrico mientras permanecen atracados, como reducir el impuesto especial de electricidad o establecer incentivos fiscales sobre las inversiones necesarias para la adaptación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2017.-Ricardo Antonio García Mira, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/002441

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación de los elementos valorativos de la epilepsia para la asignación de discapacidad, para su debate en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad.

Exposición de motivos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) describe la epilepsia como "una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y se caracteriza por convulsiones recurrentes. Estas convulsiones son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo (convulsiones parciales) o a su totalidad (convulsiones generalizadas) y a veces se acompañan de pérdida de la consciencia, que se debe a descargas eléctricas excesivas de grupos de células cerebrales y cuya frecuencia también puede variar desde menos de una al año hasta varias al día".

Se estima que en España pueden existir más de 400.000 ciudadanos que padecen esta patología en nuestro país, con diferentes manifestaciones clínicas y repercusiones en su vida diaria. La epilepsia se caracteriza por una alteración del cerebro que predispone a éste a generar crisis epilépticas, con consecuencias sustanciales en el ámbito cognitivo, psicológico, neurológico y social. La epilepsia es una de las causas de consulta más frecuentes en un servicio de Neurología, siendo, además, una de las enfermedades que más afectan a la calidad de vida del paciente de las tratadas en este tipo de servicios.

La afectación que esta patología supone, en numerosas ocasiones, a las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) es significativa. La epilepsia no solo tiene como consecuencias directas las crisis convulsivas, también existen numerosos casos en los que la epilepsia causa un deterioro cognitivo significativo de la persona que la padece, problemas de psicomotricidad y lenguaje, pérdida de habilidades


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motoras, etc. El tratamiento para esta patología también posee consecuencias directas sobre el bienestar del paciente. Todas ellas, consecuencias que afectan directamente al desarrollo personal del afectado y a su bienestar físico, psíquico y social.

El Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía establece una serie de criterios concretos a la hora de conceder minusvalías a personas afectadas por epilepsia. En concreto, el Real Decreto establece lo siguiente:

"Para considerar que un paciente se encuentra adecuadamente tratado se precisa la demostración de una correcta dosificación de fármacos antiepilépticos, mediante determinación de niveles plasmáticos de fármacos que deberán encontrarse en rangos terapéuticos.

Será necesario que el paciente haya permanecido con crisis, a pesar del tratamiento correcto, durante más de un año antes de proceder a la valoración.

La discapacidad que produzca la epilepsia dependerá fundamentalmente del número y tipo de crisis. Las crisis generalizadas tipo ausencias y las parciales simples son menos discapacitantes que las restantes crisis generalizadas (mioclónicas, tónicas, tónico-clónicas y atónicas) y que las crisis parciales complejas. Por este motivo, las ausencias y crisis parciales simples sólo serán incluidas en clase I o clase II.

Dado que muchas epilepsias aparecidas en la infancia tienen tendencia a estabilizarse con la edad, en estos casos se realizarán revisiones cada 5 años."

Es decir, es preciso que tenga crisis desde hace un año, y se valora "fundamentalmente" el número y tipo de estas. No teniendo en cuenta, en ningún momento, sus consecuencias.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos preciso que se revisen los criterios para conceder la discapacidad en la patología de la epilepsia ya que tener en cuenta sólo el número de crisis y no sus consecuencias, de las que existe suficiente evidencia para saber que pueden tener importantes repercusiones para la salud física, psíquica y social del paciente.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Modificar el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía, en concreto a lo relativo a los criterios para la asignación del grado de discapacidad por epilepsia, a fin de que el grado de dependa del número y tipo de crisis, pero también del grado de afectación y limitaciones de las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) como consecuencia de la enfermedad y de los factores neurobiológicos, psicosociales y farmacológicos.

2. Ajustar y actualizar la nomenclatura utilizada en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía para la epilepsia en base al nuevo sistema de clasificación establecido por la Liga Internacional Contra la Epilepsia (ILAE)

3. Trasladar al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la necesidad de homogeneizar en los centros especializados de atención a la epilepsia los documentos de valoración específicos, así como la necesidad de protocolizar en todos los territorios, los recursos humanos y materiales precisos a fin de que un centro hospitalario pueda abrir una unidad especializada en epilepsia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/002477

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada doña Teresa Arévalo Caraballo, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, relativa al cumplimiento de la accesibilidad universal en la Biblioteca Nacional.


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Exposición de motivos

El Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, tiene como objeto "garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas, a través de la promoción de la autonomía personal, de la accesibilidad universal, del acceso al empleo, de la inclusión en la comunidad y la vida independiente y de la erradicación de toda forma de discriminación".

Esta misma norma define la accesibilidad universal como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.

Las personas con diversidad funcional tienen derecho a vivir de forma independiente y a participar plenamente en todos los aspectos de la vida. Por eso, el Real Decreto Legislativo 1/2013, en su artículo 22, dice que "los poderes públicos adoptarán las medidas pertinentes para asegurar la accesibilidad universal". Además, según el artículo 63, se vulnera el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional cuando "se produzcan incumplimientos de las exigencias de accesibilidad".

Pues bien, a día de hoy la Biblioteca Nacional, la biblioteca más importante de nuestro país, no cumple con el principio de accesibilidad universal recogido en esta norma. Las personas con diversidad funcional cuando acuden a este edificio público son totalmente dependientes de terceras personas. Hoy la Biblioteca Nacional no es ejemplo de igualdad de oportunidades para las personas con capacidades diferentes, un grupo social que debía de ser de especial referencia para la actuación de este Organismo.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Abordar con urgencia las actuaciones necesarias para que, cumpliendo con el Real Decreto-ley 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social y con la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España, las instalaciones y los servicios prestados por la Biblioteca Nacional sean accesibles a las personas con diversidad funcional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de octubre de 2017.-María Teresa Arévalo Caraballo, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002444

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la eliminación de un punto negro entre la Nacional 320 y la ciudad de Guadalajara, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

La conexión de la N-320 con la A-2 a su paso por Guadalajara resulta muy conflictiva desde el punto de vista de una circulación fluida y, sobre todo, desde cualquier aspecto relacionado con la seguridad vial.


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En este mismo cruce -por la única calzada de la N-320- confluyen los accesos al Hospital de Guadalajara y a dos centros educativos con la propia entrada/salida a la capital.

El número de vías que confluyen, el tipo de regulación, el volumen de tráfico de vehículos y de movilidad peatonal son aspectos que influyen decisivamente en la posibilidad de que se produzca un accidente y, también, en el nivel de gravedad de las potenciales víctimas. Tomando como base la estadística recogida en el PMUS, se han registrado en Cuatro Caminos más de 80 accidentes en los últimos años, lo que convierte este cruce en el mayor punto negro de Guadalajara en accidentalidad.

En los últimos años se han planteado medidas que ayudarían a descongestionar este punto tales como el desdoblamiento de la N-320 y ejecución del proyecto de Autovía de la Alcarria o la variante de la A-2 para alejarla de Guadalajara. Todas estas iniciativas siguen paralizadas mientras la situación se hace cada vez más insostenible por unas infraestructuras claramente insuficientes para una capital de provincia.

Las más recientes actuaciones relacionadas con la señalización o la colocación de elementos reductores de la velocidad no han impedido que la siniestralidad crezca al tratarse de una conexión muy transitada, tanto por los miles de vehículos que la atraviesan día a día, como por los centenares de peatones que acuden a los mencionados centros educativos, al hospital o al tanatorio de la ciudad.

Solo en 2016 y 2017, al margen de los accidentes en los que no ha habido que lamentar graves daños personales, tres personas han resultado heridas, víctimas de atropellos. El peor de los incidentes registrados se producía el pasado 10 de octubre cuando una joven de tan solo 18 años murió arrollada por un camión en un paso de peatones del ramal que conecta la N-320 con la A-2 dirección Barcelona.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que de acuerdo con el Ayuntamiento de Guadalajara se proceda a una solución urgente para la eliminación de este punto de alta accidentalidad estableciendo una alternativa de paso viable y segura que garantice la buena convivencia de peatones y vehículos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de octubre de 2017.-Pablo Bellido Acevedo, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002450

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado don Miguel Anxo Fernández Bello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, sobre la mejora de la seguridad vial en la N-634 a su paso por la comarca lucense de A Mariña, zona de desvío del tráfico de la DGT por los cierres de la A-8 debido a problemas de inseguridad vial.

Exposición de motivos

La comarca lucense de A Mariña adolece de un enorme déficit en materia de infraestructuras. Además de las deficiencias en materia de infraestructuras ferroviarias, debemos resaltar que las carreteras de titularidad estatal presentan numerosos problemas de seguridad vial derivados de la falta de mantenimiento o la falta de inversión en dicha materia. Dejadez agudizada en los años de crisis.

A día de hoy sigue sin haber una alternativa real a vías obsoletas como la N-634. La inauguración en febrero de 2014 de la autovía Transcantábrica, la A-8 no ha resuelto la situación. A pesar de tratarse de una autovía nueva, como sabe de sobra el Ministerio, resulta inútil como alternativa a las viejas carreteras


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nacionales. Desde su inauguración la A-8 acumula una media de 35 días de cierre al año, que se traduce en un total de 835 horas aproximadamente.

El tramo de la comarca de A Mariña, situado entre Abadín y Mondoñedo, supuso una inversión de 200 millones de euros. Como hemos dicho en numerosas ocasiones, se obvió por completo las características de este tramo de 22 kilómetros que pasa a una altura de 700 metros en o Alto do Fiouco. Área caracterizada desde siempre por bancos de niebla, circunstancia que no se tuvo en cuenta en el proyecto. Un error técnico que ahora pagan los habitantes de A Mariña puesto que cada vez que la DGT corta al tráfico la A-8, son desviados por la vetusta N-634.

La cuestión reviste gravedad si no fuese que raya lo absurdo. Se ejecuta una autovía que conlleva una enorme inversión con el propósito de que los habitantes de A Mariña no tengan que circular por la N-634, y resulta que todo sigue igual. Los conductores son desviados por la N-634 que tiene un lamentable estado de conservación y numerosas deficiencias.

Dado que la solución técnica para la A-8 se hace esperar, todavía a estas alturas, el 28 de septiembre, el Ministerio de Fomento y el de Economía firmaron un Convenio FID (Fomento de la Innovación Empresarial desde la Demanda) para "instrumentar la financiación de la Compra Pública Innovadora (CPI) que permita la experimentación con prototipos de tecnología innovadora relativos a sistemas de protección antiniebla". El parsimonioso modus operandi de Fomento permite prever que la solución va a requerir todavía de bastante tiempo puesto que desconocemos los plazos temporales al respecto.

Así las cosas, la DGT va a continuar desviando a los conductores por la N-634 hasta encontrar la ansiada solución a la A-8. En definitiva, se hace imprescindible un plan de mejora del mal estado de la N-634 para garantizar la seguridad vial y una conducción segura puesto que son habituales los accidentes en áreas como Barreiros.

De todos modos, no puede decirse que el Ministerio se exceda con las inversiones en mantenimiento y seguridad vial en una vía que soporta bastante tráfico y que de modo rocambolesco se ha convertido en la alternativa a la nueva A-8. La última actuación de Fomento fue a finales de 2015 cuando se limitó a extender una capa de microaglomerado en frío en la zona de Mondoñedo, punto de desvío del tráfico. Entonces el propio Ministerio reconoció que tuvo que realizar esta actuación debido al tráfico desviado de la A-8 con "el objeto de mejorar de forma significativa la adherencia entre las ruedas de los vehículos y el pavimento". Es decir, abordar un problema de seguridad vial evidente.

En conclusión, la DGT cierra con frecuencia la A-8 entre Mondoñedo y Abadín por una cuestión de seguridad vial: los conductores no pueden circular por un tramo envuelto en una espesa niebla para el que todavía no hay solución. No olvidemos que el problema persiste desde su inauguración en 2014. Esta situación lleva a desviar el tráfico por una maltrecha N-634 necesitada de numerosas mejoras a fin de garantizar la seguridad vial de los conductores. Además, Fomento no está adecuando esta vía mientras no solventa la cuestión de la A-8. Es la pescadilla que se muerde la cola.

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:

- Realizar cuanto antes actuaciones de mejora de la seguridad vial en la N-634 a su paso por la comarca lucense de A Mariña con muchos tramos en mal estado, especialmente en las zonas donde la DGT desvía el tráfico debido a los constantes cierres por problemas de inseguridad vial de la autovía Transcantábrica, la A-8.

- Concretar los plazos temporales para la experimentación con prototipos de tecnología innovadora relativos a sistemas de protección antiniebla en la A-8, en el tramo entre Abadín y Mondoñedo (A Mariña, Lugo), y comprometerse a aprobar la solución técnica a los cierres constantes de esta autovía a lo largo del periodo 2018."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello y Alexandra Fernández Gómez, Diputados.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, para la reforma del cruce que conforma la antigua carretera Vigo-Madrid con la salida a la autopista AP-9, en el alto de Puxeiros.

Exposición de motivos

En el Ayuntamiento de Mos (Pontevedra), los conductores se enfrentan cada vez que salen de la autopista AP-9 a una situación de riesgo debido a las deficiencias que presenta el cruce que conforma la antigua carretera Vigo-Madrid con la salida a la autopista AP-9, en el alto de Puxeiros.

Son muchas las voces que han planteado en diversas ocasiones la petición a Fomento para que se mejore la seguridad vial en dicha intersección puesto que adolece de una notoria mala visibilidad, factor que supone un riesgo para la conducción. Téngase presente que los vehículos suelen llegar a dicho cruce a alta velocidad de aproximación ya que provienen de la autopista AP-9.

La demanda carece de complejidad puesto que el Ministerio de Fomento posee terrenos expropiados en esta área que permitirían acometer una modificación del cruce sin grandes inversiones.

Una sencilla actuación por parte de Fomento permitiría resolver un problema de inseguridad vial que proporcionaría una conducción más segura, ofrecería mayores garantías para la incorporación.

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:

Realizar actuaciones para mejorar la seguridad vial en el cruce que conforma la antigua carretera Vigo-Madrid con la salida de la autopista AP-9 en el alto de Puxeiros, en la confluencia entre el ayuntamiento de Vigo y el de Mos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2017.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002479

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, relativa a los graves problemas de seguridad vial en la A-55, Vigo-Porriño, y eliminación de peajes en la AP-9 Vigo-Tui como solución.

Exposición de motivos

La autovía Vigo-Porriño, la A-55, está entre las más peligrosas del estado a pesar de contar con 10 radares y 10 cámaras de vigilancia para un tramo de casi 15 kilómetros. Es el tramo de toda la red estatal de mayor acumulación de puntos negros. Cuenta con un total de ocho. Los accidentes son habituales en las denominadas curvas de Tameiga en dirección a Vigo. Se contabilizan de media unos 100 accidentes al año. El radar de Tameiga es asimismo el tercero o cuarto que más sanciones acumula de todo el estado pero que evidencia que no es la solución al problema de fondo que reside en su sinuoso trazado a pesar de constituir uno de los principales accesos a la ciudad de Vigo, la ciudad más poblada de Galicia.


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El trazado de la mal denominada autovía A-55 entre Porriño y Vigo es un buen ejemplo de mala gestión por parte de las administraciones públicas.

En gran parte dicho trazado es un simple desdoblamiento de la N-120. Lleva dos décadas situándose entre las carreteras del estado con mayor siniestralidad. Es un tramo con un alto nivel de concentración de accidentes.

Debido a su peligrosidad, con un trazado lleno de curvas, el Ministerio de Fomento llevó a cabo diversas actuaciones a lo largo de los años que no han supuesto más que parches que no han servido para arreglar situación Se han realizado actuaciones de mejora en el asfaltado. Como hemos señalado anteriormente, se han realizado más controles de velocidad por radar, y otras actuaciones que no han resuelto el problema. Han sido remiendos que no han tenido efecto sobre la siniestralidad. El problema de la A-55 es su sinuoso trazado, plagado de curvas cerradas. Una configuración absolutamente impropia de una autovía.

Unido a una defectuosa configuración, se unen otras circunstancias como que este vial soporta un alto volumen de tráfico pesado por pasar por una zona industrial. Al tráfico pesado se une la conducción de numerosos turismos al tratarse de un área densamente poblada.

Mos sufre el fuerte impacto de una infraestructura vial de alta capacidad que no cumple con los mínimos requisitos exigidos para una carretera de este nivel. Se hizo sin la adecuada planificación, sin pensar su trazado ni por donde pasaba. Transcurre por zonas residenciales habitadas causando un importante impacto acústico y generando asimismo la consiguiente contaminación por el paso del tráfico rodado.

Paralela a la A-55 discurre la autopista AP-9, entre Vigo y Tui. Y al contrario que su vecina apenas registra tráfico debido a los elevados costes de los peajes. Hay intercambiadores entre ambas vías en los tramos Puxeiros-Mos, As Gándaras-Porriño y hacia el final de su discurrir hacia Tui.

El tramo de la autopista AP-9 entre Vigo y Tui constituye verdaderamente la alternativa a la peligrosa A-55. Desde un punto de vista lógico, es la opción para rebajar la siniestralidad y la contaminación acústica de la A-55. De ahí la idoneidad de promover la eliminación de los peajes en este tramo como solución eficaz y útil al elevado riesgo que supone la A-55 para los conductores. Al tiempo sería una forma de eliminar el fuerte impacto acústico que este vial provoca.

El Ministerio de Fomento conoce sobradamente la posición de En Marea en relación a la AP-9. Son numerosas nuestras iniciativas parlamentarias para que se proceda a la transferencia de la AP-9 a Galicia. De igual modo, ha destacado nuestra posición en defensa de la tramitación de la proposición de ley del Parlamento galego en este sentido. La cerrazón y el bloqueo por parte de Fomento a una demanda que consideramos justa, nos lleva a abordar las distintas problemáticas en torno a la AP-9 de forma separada como es el caso, debido a un grave problema de seguridad vial existente en la A-55 y reconocido en Informes sobre siniestralidad.

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:

- Abordar a fondo el grave problema de seguridad vial existente en la autovía A-55, Vigo-Porriño, el tramo de toda la red estatal de mayor acumulación de puntos negros y con una elevadísima siniestralidad. A tal efecto, y debido a que su problema reside en el hecho de poseer un sinuoso trazado lleno de curvas, abrir un proceso de negociación con la empresa concesionaria de la AP-9 para:

- Liberar de peajes el tramo de la Autopista del Atlántico AP-9 entre Vigo y Tui que discurre paralela a la A-55 Vigo-Porriño, como solución óptima y eficaz a la elevada siniestralidad que registra la A-55, que figura entre las carreteras más peligrosas del Estado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de noviembre de 2017.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

181/000512

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Guillermo Antonio Meijón Couselo

Texto:

¿Está dispuesto el Gobierno a atender las reclamaciones de los vecinos del barrio de Mollabao, en el término municipal de Pontevedra, y estudiar e implantar soluciones técnicas (disminución de velocidad, pantallas acústicas, nuevas juntas de dilatación, ...) que permitan reducir el ruido provocado por el paso continuo de vehículos a gran velocidad sobre el puente elevado de la AP-9 que atraviesa este barrio?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, Diputado.

181/000513

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputada doña María Aurora Flórez Rodríguez

Texto:

En julio 2015, el Ministerio de Fomento puso en marcha un plan piloto para fomentar el desvío voluntario de vehículos pesados de vías convencionales a las autopistas de peaje. ¿Ha determinado el Ministerio qué tramos se verían afectados por esta medida, valorando la inclusión de la AP-71 en el próximo plan de desvío voluntario de vehículos pesados, incluyendo algún tipo de bonificación, a la vista de las que se llevarán a cabo en otras vías de peaje de la Comunidad Autónoma de Castilla y León?

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de octubre de 2017.-María Aurora Flórez Rodríguez, Diputada.


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181/000514

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, de conformidad con lo establecido en el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

¿Cuáles son los motivos por los que no pueden acogerse a los coeficientes reductores del 0,40 los tripulantes de barcos arrastreros de fresco, cuando sí lo hacen los tripulantes de los barcos arrastreros congeladores, siendo la catalogación de la Marina Mercante la misma para los dos tipos de buques?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de octubre de 2017.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/018240

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Fernández Díaz, Jesús María (GS).

Retirada de su pregunta sobre prestación de los servicios del programa de cribado de cáncer de colon en la ciudad autónoma.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Sección Cortes Generales", serie D, núm. 239, de 30 de octubre de 2017.

184/018734

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Pradas Torres, Antonio (GS). Flórez Rodríguez, María Aurora (GS).

Publicidad de los juegos de azar.


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Acuerdo:

Teniendo en cuenta la corrección de error contenida en el escrito número de registro 52615, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de noviembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Pradas Torres, Diputado por Sevilla, y doña María Aurora Flórez Rodríguez, Diputada por León, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las siguientes preguntas para que le sean contestadas por escrito.

En nuestro país no existe una relación específica sobre publicidad en los juegos de azar. Apenas un código de conducta sobre comunicaciones comerciales de tales actividades, ha resultado insuficiente, produciéndose numerosos incumplimientos, al no existir cobertura legal. En base a esta realidad, se presentan las siguientes preguntas:

- ¿Qué medidas ha adoptado el Gobierno en los últimos seis años en relación a la regulación y control de la publicidad, en materia de juegos de azar, siendo esta práctica peligrosa, al poder derivar en una adicción?

- ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno, con especial referencia a los menores de edad, como grupo social especialmente vulnerable?

- ¿Qué medidas tiene previstas el Gobierno en relación al acceso a publicidad on-line referida a juegos de azar?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de octubre de 2017.-Antonio Pradas Torres y María Aurora Flórez Rodríguez, Diputados.

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