BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 235, de 24/10/2017
cve: BOCG-12-D-235
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
24 de octubre de 2017
Núm. 235
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002371 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a alertar del incremento de la violencia
contra defensores de los derechos humanos en América Latina ... (Página4)
161/002387 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los
principios que deben regir la membresía de España ante el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el trienio 2018-2020 ... (Página5)
Comisión de Justicia
161/002390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta
a la tipificación penal de exaltación o apología del franquismo, el
nazismo y el fascismo ... (Página9)
Comisión de Defensa
161/002389 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la cesión
de los terrenos e instalaciones de la antigua Fábrica de Armas de La Vega
(Oviedo-Asturias) al Ayuntamiento de Oviedo ... (Página11)
Comisión de Fomento
161/002376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
supresión de los pasos a nivel, pasos de vías en estaciones, mejora de la
seguridad y atención a víctimas y familiares ... (Página13)
161/002377 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
realización de actuaciones urgentes en el punto kilométrico 29 de la
N-651 a su paso por el Ayuntamiento de Fene (A Coruña), para minimizar el
riesgo de accidentes ... (Página15)
161/002378 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la modernización de la línea ferroviaria de Cercanías
entre Alicante y Murcia ... (Página16)
161/002380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la apertura inmediata de la segunda pista del
aeropuerto de Málaga, así como la inclusión de un segundo parque de
bomberos con la suficiente dotación de recursos materiales y humanos ...
(Página17)
161/002381 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a que el tren de Cercanías llegue al Parque
Tecnológico de Málaga ... (Página18)
Comisión de Empleo y Seguridad Social
161/002383 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a la adopción de medidas para evitar la explotación
y la precariedad laboral en el sector de la seguridad privada como
consecuencia de las condiciones en las que se realiza la adjudicación de
las contrataciones por parte de las Administraciones Públicas ... (Página20)
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/002374 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa al Plan de Impulso de las Tecnologías
del Lenguaje ... (Página22)
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002388 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a promocionar el consumo de los productos pesqueros
... (Página23)
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002372 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a la hidrosadenitis supurativa ... (Página24)
161/002384 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la revisión del Protocolo básico de intervención contra
el maltrato infantil en el ámbito familiar ... (Página25)
161/002386 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a
la Dependencia ... (Página27)
Comisión de Cultura
161/002373 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa al traslado del legado de Federico
García Lorca a la ciudad de Granada ... (Página28)
161/002379 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, sobre el Museo Regional de Paleontología y Evolución Humana
en el municipio de Torre Pacheco (Región de Murcia) ... (Página29)
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002382 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la necesidad
de delimitar travesías urbanas o tramos urbanos en la Red de Carreteras
del Estado en Galicia ... (Página30)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002385 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la revisión del Protocolo básico de intervención contra
el maltrato infantil en el ámbito familiar ... (Página32)
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes
Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las
iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que
se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial
de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002371
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para alertar
del incremento de la violencia contra defensores de los derechos humanos
en América Latina, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
En los primeros meses de 2017 se ha detectado un alto y creciente número
de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos en América
Latina. En enero de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) fue informada de 14 homicidios: siete en Colombia, dos en
Guatemala, dos en México y tres en Nicaragua. Solo en Colombia se
contabilizaron al menos 41 asesinatos en los primeros cuatro meses del
año, los mismos que en todo el año 2015. Venezuela, Brasil, México,
Guatemala, Ecuador, Cuba, Nicaragua u Honduras son otros de los países de
la región que también están sufriendo el devastador incremento de la
violencia.
De acuerdo con el informe del Relator Especial de la ONU, la mayoría de
los individuos y grupos de defensores que se enfrentan a esta amenaza son
aquellos que se oponen al acaparamiento de tierras, a la industria
extractiva y a proyectos de madera industrial a gran escala. Las
comunidades indígenas y las minorías étnicas y raciales son
particularmente vulnerables a estas amenazas y ataques.
Los actos de violencia contra los defensores de los derechos humanos no
solo afectan a las garantías y los derechos fundamentales de las
personas, sino que suponen un ataque a su papel en la sociedad. El
respeto a los derechos consagrados en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, y en los instrumentos internacionales que la
complementan, deben poder defenderse en un entorno seguro y libre, sin
riesgos y en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Para asegurar que los defensores no sean amenazados o disuadidos, los
Estados deben contar con políticas globales de protección de estas
personas, con un enfoque especial hacia la prevención, protección e
investigación de los ataques.
Para España, la protección de los defensores de los derechos humanos es
una de las seis prioridades fundamentales de la acción exterior en
materia de DDHH. La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación gestiona un programa, establecido en 1995,
dirigido a defensores de derechos humanos amenazados y en situación de
alto riesgo. El propio Ministerio colabora además con otros programas de
acogida llevados a cabo por ONGs y diferentes instituciones autonómicas
(Asturias, y País Vasco).
También desde el Congreso de los Diputados se ha demostrado nuestra
solidaridad y preocupación en relación a esta causa. Un ejemplo de ello,
fue la aprobación en el Pleno del 6 de mayo de 2016, de una
Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
relativa a la pronta liberación de los presos políticos en la República
Bolivariana de Venezuela.
Además, la especial vinculación de España con América Latina, unidas por
estrechos lazos históricos, económicos, sociales y culturales, y unos
valores compartidos, hace que estos hechos tomen un particular relieve.
Por último, el próximo año, 2018, la ONU celebrará los 20 años de la
adopción de la "Declaración de las NNUU sobre los Defensores de los
Derechos Humanos" que concluye que "cualquier acto de violencia o
represión contra defensores de DDHH es condenable por el Derecho
Internacional".
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados:
- Manifiesta su preocupación y consternación por el incremento de la
violencia contra defensores de derechos humanos en América Latina.
- Reconoce la importancia que estas personas ejercen para la garantía de
la democracia y el Estado de Derecho en la sociedad, y muestra un
profundo respeto y admiración por los esfuerzos que realizan y su lucha
por la defensa de los Derechos Humanos en el mundo.
E insta al Gobierno:
1. En el marco de sus relaciones bilaterales y multilaterales con los
países de América Latina a continuar apoyando los esfuerzos de esos
países para hacer efectiva la obligación de prevenir cualquier ataque
contra la vida o integridad física y garantizar a las personas defensoras
de los derechos humanos que puedan desarrollar sus legítimas
reivindicaciones sin miedo a represalias, así como de investigar los
motivos y llevar ante la justicia a los autores de dichas atrocidades
para evitar así la impunidad de estos actos.
2. En el marco de su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de
Naciones Unidas a, trabajar para contribuir a una mayor sensibilización
sobre el trabajo de los defensores de los derechos humanos, y para
favorecer una mayor movilización de la opinión internacional sobre este
asunto. A través de su candidatura y, en su caso, de su futura presencia
en el Consejo, trabajará para promover y reforzar los mecanismos
internacionales y regionales de protección de los defensores ante las
instancias intergubernamentales, regionales e internacionales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002387
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Asuntos Exteriores, relativa a los principios que deben regir la
membresía de España ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas para el trienio 2018-2020.
Exposición de motivos
El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental de las
Naciones Unidas que tiene como objetivo "fortalecer la promoción y
protección de los derechos humanos en todo el mundo para hacer frente a
situaciones de violaciones de los derechos humanos" y "formular
recomendaciones sobre ellos". En la práctica, su especificidad recae en
su capacidad para discutir sobre situaciones que requieran de su atención
durante todo el año.
El Consejo está compuesto por 47 Estados Miembros que cumplen un período
de membresía no permanente por un período de tres años (entre períodos de
Asamblea General). Para este 72.º período de
sesiones de la Asamblea General, está previsto que se aprueben dos puestos
no permanentes de los siete asignados al grupo regional al que pertenece
España, Europa Occidental y otros países 1, el lunes 16 de octubre.
Inicialmente tres Estados competidores (Australia, Francia y España)
habían manifestado interés en asumir dos de esas posiciones. Finalmente,
los dos puestos se asumirán por parte de Australia y España, toda vez
Francia retiró su candidatura en julio de 2017.
España, que solo en una ocasión había ocupado una de las membresías no
permanentes (2010-2013), lanzó su candidatura para el período 2018-2020
en junio de 2013, en vísperas de la finalización de su primer mandato.
Los trabajos de la candidatura se intensificaron a partir del verano de
2016.
Con motivo de la candidatura de España, las visitas a Ginebra -sede del
Consejo- tanto del Ministro Dastis como del Secretario de Estado de
Asuntos Exteriores, se han multiplicado. El 28 de febrero de 2017, don
Alfonso Dastis se trasladaba a Ginebra para participar en el Segmento de
Alto Nivel de la 34.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos; allí
reiteraba el compromiso de España con los derechos humanos "dentro y
fuera de sus fronteras" y, como prioridades de España en la materia,
resaltaba: i) la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres;
ii) la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y
otras formas conexas de intolerancia; iii) la protección de los más
vulnerables, en particular de los niños; iv) la plena realización de los
derechos de las personas con discapacidad desde una perspectiva inclusiva
y participativa; v) la defensa de la labor en este ámbito de las
sociedades civiles y, en particular, de los defensores de derechos
humanos; vi) la eliminación de la pena de muerte.
Así se dirigió, también, el Ministro Dastis ante la Asamblea General en su
intervención del 21 de septiembre, al resaltar que "España ha ejercido su
mandato en el Consejo de Seguridad en el bienio 2015-2016 con sentido de
la responsabilidad; hemos hecho aportaciones relevantes en materia de no
proliferación, de lucha contra el terrorismo y apoyo de sus víctimas, de
diplomacia preventiva, en la agenda humanitaria y para incrementar la
transparencia de los trabajos de dicho órgano". El Ministro aseguraba
entonces que los mismos principios que guiaron aquel bienio servirían
para encarar el servicio en el Consejo de Derechos Humanos en el trienio
2018-2020, y concluía que "la defensa y promoción de los derechos humanos
constituye una prioridad de nuestra acción exterior". En once páginas de
discurso, no obstante, la palabra derechos humanos aparece solo en cuatro
ocasiones.
En preparación de su candidatura y membresía, el Gobierno ha llevado a
cabo importantes esfuerzos, largamente demandados por organizaciones
feministas y otras de la sociedad civil, como son: i) el Plan de Acción
Nacional de Empresas y Derechos Humanos 2, y ii) el II Plan de Acción
Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad 3, ambos aprobados por el Consejo de
Ministros durante el pasado mes de julio.
Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, el Informe del Grupo de Trabajo
sobre el Examen Periódico Universal 4 (la última revisión periódica de
España por parte del Consejo de Derechos Humanos), de 13 de abril de 2015
y aprobado durante el 29.º período de sesiones de dicho órgano efectuó,
entre otras, las siguientes recomendaciones:
i. Ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares
(ICRMW).
ii. Adherirse a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia (1961).
iii. Promover el establecimiento de un comité interministerial de derechos
humanos para seguir mejorando la coordinación entre las diversas
administraciones nacionales y aumentar la eficacia de la Oficina de
Derechos Humanos.
iv. Fomentar una mayor participación de la sociedad civil en el
seguimiento de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos.
v. Proseguir los esfuerzos por incorporar la igualdad de género en las
leyes y políticas y asignar suficientes recursos para la aplicación de la
Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
vi. Seguir adoptando medidas orientadas a reforzar el acceso de las
mujeres a cargos de responsabilidad y puestos directivos.
vii. Aumentar la participación de las mujeres en los procesos de toma de
decisiones;
1 WEOG (Western European and Others Group).
2 2Publicado por el BOE de 14 de septiembre, 2017:
https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/B0E-A-2017-10516.pdf.
3 3Publicado por el BOE de 14 de septiembre, 2017:
https://www.boe,es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/B0E-A-2017-10517.pdf.
4 4Puede consultarse el Informe completo en:
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/076/64/PDF/G1507664.pdf?OpenElement.
Las Conclusiones y/o Recomendaciones se recogen a partir de la página 15
(párrafos 131-132).
viii. Adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para
garantizar el derecho a un recurso efectivo en los casos de tortura y
malos tratos, y fortalecer su marco para enjuiciar esos delitos.
ix. Garantizar la investigación diligente de las denuncias de uso excesivo
de la fuerza por sus propios servicios de seguridad y fuerzas armadas.
x. Abolir la práctica de la detención en régimen de incomunicación y la
tortura, y velar por que todos los sospechosos que se encuentren en
detención preventiva tengan acceso rápido a un abogado desde el primer
momento de su detención.
xi. Hacer uso de estudios comparativos para abordar los retos que plantea
la investigación de los delitos de derecho internacional cometidos
durante la Guerra Civil y el régimen franquista, en consonancia con las
recomendaciones del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la
justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
De las 189 conclusiones y/o recomendaciones vertidas por los Estados
Miembros de las Naciones Unidas 5 a la luz del Informe presentado por
España, 47 se refieren a cuestiones de género. Son frecuentes también las
menciones a las políticas de España hacia las personas migrantes, así
como el cumplimiento del derecho internacional en materia de uso de la
fuerza e investigación de torturas realizadas por los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad y las Fuerzas Armadas del Estado. Otras recomendaciones
tienen que ver con el respeto a la legislación internacional en materia
de justicia, reparación y no repetición para las víctimas del franquismo.
Ninguna de ellas, a día de hoy, ha obtenido respuesta ni motivado acción
alguna por parte de España.
Todo lo cual lleva a afirmar que España tiene aún, además, pendiente
acometer pasos importantes en materia de aplicación nacional de la
legislación internacional de derechos humanos.
Buen ejemplo de ello es que, en las conclusiones de la Misión del Grupo de
Trabajo de las Naciones Unidas sobre la discriminación de las mujeres,
dependiente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, de diciembre de 2014, se incluían, entre otras, las siguientes
conclusiones: i) que en materia de contratación pública, y a pesar de que
el funcionariado a cargo del ejercicio de monitoreo había asegurado "la
ausencia de discriminación", la explicación ofrecida (que la mujer en
España no había accedido al mercado laboral hasta la década de los
setenta) no explicaba en modo alguno la brecha existente, que se mantiene
en un 13,4 %, y que por lo tanto sigue sin respuesta por parte del
Gobierno; ii) certificaba la existencia de niveles menores de promoción
para mujeres cualificadas pertenecientes a la Carrera Diplomática al
estatus de Jefa de Misión (Embajadora), y demandaba que más mujeres
accedieran a los niveles más altos de la Administración; iii) el Grupo de
Trabajo recomendaba, así, que el Estado implementara medidas temporales
dirigidas a la promoción de la equidad de género en la administración
pública, con mención especial a los más altos estamentos del Poder
Judicial y de la Carrera Diplomática.
Además de estas recomendaciones y de proceder, con la máxima premura, a
solucionar los problemas identificados en la última revisión periódica de
España por parte del Consejo de Derechos Humanos, en materia del
cumplimiento de derechos humanos dentro de sus fronteras, entendemos que
sería ejemplarizante que España tomara nota de la Sentencia 8675/15 del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que declara ilegales los procesos
conocidos como "devoluciones en caliente" y falla que, como han señalado
durante años multitud de organizaciones de la sociedad civil, suponen una
vulneración clara de la normativa nacional e internacional -que prohíbe
la expulsión colectiva de personas migrantes- así como del principio de
no devolución ("non-refoulement").
También recientemente, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos
Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, "expresó consternación por la violencia
registrada" 6 durante la jornada de referéndum del domingo 1 de octubre
en Catalunya, en la que "cientos de personas resultaron heridas",
urgiendo a las autoridades españolas a garantizar una investigación
amplia, independiente e imparcial de lo ocurrido durante dicha jornada y
llamando, asimismo, al diálogo político entre las partes y a la
aceptación, por parte de España, de sendas solicitudes de expertos en
derechos humanos de la ONU para visitar Catalunya. Días antes, en un
comunicado conjunto 7, David Kaye, relator especial sobre la promoción
del derecho a la libertad de opinión, y Alfred de Zayas, experto
independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático,
habían llamado asimismo la atención
5 En estas revisiones periódicas pueden participar los 193 miembros
permanentes de las Naciones Unidas, y no meramente los integrantes in
tempore del Consejo de Derechos Humanos.
6 Nota de Prensa emitida por las Naciones Unidas (en castellano):
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=38173#.WdYXJKIbNxl.
7 Nota de Prensa emitida por las Naciones Unidas (en
castellano):.http://wwww
n.org/spanish/News/story.asp?NewsID=38151#.WdYXRKIIDNxl.
sobre la necesidad de que las medidas adoptadas con anterioridad a la
celebración del referéndum no interfirieran con "los derechos
fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y
participación pública".
En materia del compromiso de España con los derechos humanos "fuera de sus
fronteras" el Gobierno debe redoblar esfuerzos por pasar de los
compromisos retóricos a la acción. Valga de ejemplo la limitada
iniciativa de nuestro país en la acogida de personas refugiadas, cuyos
derechos son violados sistemáticamente de forma global, no puede
continuar si España quiere ser digno ocupante del asiento en el Consejo
de Derechos Humanos.
Tal y como ha recordado en multitud de ocasiones nuestro Ministro de
Asuntos Exteriores y Cooperación, España ha apoyado en buena parte su
Candidatura sobre la base de su trabajo previo bajo la Presidencia del
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y más concretamente de la
Resolución 2242 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el
pasado 13 de octubre, según la cual dieron comienzo los trabajos del
Grupo Informal de Expertos del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y
seguridad, que incluye temas desde financiación hasta violencia sexual en
conflictos. Cumplir con ese rol de liderazgo exigiría impulsar y
profundizar esos compromisos ya adquiridos 8, de los cuales, que obren en
nuestro conocimiento, solo se ha materializado el primero.
El pasado 20 de junio esta Cámara tuvo la oportunidad de vislumbrar, tras
un ejercicio de diálogo político y de consenso parlamentario, la
aprobación de una proposición según la cual el Congreso de los Diputados
instaba al Gobierno a "tomar la iniciativa a nivel internacional y
promover, en el ámbito de las Naciones Unidas, la adopción de una
Convención Internacional sobre la aplicación de las normas relativas a
los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual e identidad de
género basada en los Principios de Yogyakarta de 2006 y que sirva para
amparar y proteger al colectivo frente a las concretas discriminaciones y
violaciones que sufren". Una iniciativa de estas características,
adoptada por práctica unanimidad, sienta, sin duda, las bases para un
proyecto internacional que podamos compartir todos y todas.
Es por ello que, en definitiva, y más allá del contenido concreto de la
candidatura, entendemos que España no puede afrontar un reto diplomático
de este alcance e importancia sin consensuar, junto a las organizaciones
de la sociedad civil y los partidos políticos con representación
parlamentaria, una agenda contundente y ambiciosa, que sitúe a nuestro
país en una posición ejemplar en la defensa de los derechos humanos ante
el mundo.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados felicita al Gobierno de España ante su
elección para ocupar un puesto no permanente, por un período de tres
años, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, en el
marco de su membresía, insta al Gobierno de España a:
1.º Conformar una Mesa Permanente a la que se invite a organizaciones de
la sociedad civil, y en la que participen, asimismo, los partidos
políticos con representación parlamentaria. El objetivo de esta Mesa será
doble: i) rendición de cuentas de la actividad de España ante el Consejo
de Derechos Humanos; y ii) promoción del diálogo y del consenso político
sobre la acción exterior de España en materia de derechos humanos. Se
reunirá, de forma plenaria y como mínimo, antes de cada sesión del
Consejo 9.
8 A saber:
i.Actualizar el Plan de Acción Nacional y aprobar informes periódicos de
seguimiento que presentaremos ante el Parlamento.
ii.Crear un punto focal nacional e impulsar la creación de una red
internacional de puntos focales.
iii.Asociar a la sociedad civil al diseño y seguimiento de nuestras
acciones.
iv.Profundizar la formación en materia de género de los miembros de las
Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente los que
se desplieguen en Misiones Internacionales.
v.Continuar impulsando la participación de mujeres militares en
Operaciones de Paz y asegurarnos la presencia de mujeres en los equipos
de mediación.
vi.Aplicar de forma estricta la política de tolerancia cero en relación
con acusaciones de violencia sexual que afecten a miembros civiles y
militares españoles en misiones en el exterior.
vii.Incrementar el porcentaje de la Ayuda Oficial al Desarrollo dedicada a
Mujeres, Paz y Seguridad.
viii.Contribuir a la financiación de la unidad de género del Departamento
de Asuntos Políticos de la Secretaría de Naciones Unidas en 2016.
ix.Realizar en 2016 una contribución de un millón de euros al nuevo
Instrumento de Aceleración Global y al Fondo ONU Mujeres contra la
violencia sexual en conflictos.
9 Habida cuenta de que se celebrarán tres sesiones al año.
2.º La promoción de una estrategia para transversalizar la protección de
las defensoras y defensores de DDHH en la política exterior española, en
especial en el ámbito bilateral, de acuerdo con la Resolución 53/144
sobre derechos y el deber de los individuos, los grupos y las
instituciones de promover y proteger los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales universalmente reconocidos y las Directrices de
la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos, y con
especial énfasis en: i) defensores/as del medio ambiente; ii) quienes
luchan contra la violencia de género, y contra toda forma de
discriminación contra mujeres y niñas; y iii) el colectivo LGBTI+, frente
a la persecución que sufren en muchos países en defensa de los derechos
humanos.
3.º Comenzar los trabajos para que, a medio término de su membresía (en el
73.º período de sesiones de la Asamblea General), España pueda promover
y/o integrarse en la conformación de un Grupo de Trabajo para la
redacción de una propuesta de Convención Internacional sobre la
aplicación de las normas relativas a los Derechos Humanos en relación con
la orientación sexual e identidad de género, en cumplimiento de lo
aprobado por este Parlamento el pasado 20 de junio;
4.º Incurrir en cuantas acciones sean necesarias para solventar los
problemas identificados por las revisiones periódicas del propio Consejo
de Derechos Humanos sobre España, implementando así las recomendaciones
planteadas por el Consejo de Derechos Humanos y el resto de mecanismos
internacionales de Derechos Humanos para garantizar el cumplimiento de
sus obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos
humanos de todas las personas que habitan en España. De ser necesario, el
MAEC solicitará un crédito presupuestario extraordinario al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, en caso de que las partidas
destinadas -y no ejecutadas- a la campaña de promoción de la candidatura
de España no resulten suficientes y, de resultarlo, asegurar que estas se
destinen eficazmente, y cumplan con lo requerido en los puntos
anteriores;
5.º Incurrir en cuantas acciones sean necesarias para:
5.1.º Impulsar -como principales prioridades de su mandato dentro del
Consejo de Derechos Humanos-, la defensa de los derechos de las mujeres,
en especial el derecho a una vida libre de violencia y discriminación,
así como los derechos de las personas que sufren discriminación racial,
por origen étnico, nacional, religión, por su identidad u orientación
sexual, por su diversidad funcional, así como los derechos de la infancia
y la adolescencia, así como los derechos sociales, económicos y
culturales, de forma que se garantice la indivisibilidad e
interdependencia de los derechos humanos;
5.2.º Situar en el centro de su política exterior tanto bilateral como
multilateral los derechos humanos y la equidad de género;
5.3.º Apoyar las labores del Grupo de Trabajo para la Creación de un
Instrumento Jurídicamente Vinculante de Empresas y Derechos Humanos
-trabajando activamente en la elaboración del mismo, y fomentando la
participación de la sociedad civil española.
6.º Fomentar la participación de activistas de la sociedad civil y
víctimas de violaciones de los derechos humanos en el trabajo del Consejo
de Derechos Humanos mediante su participación en las reuniones formales e
informales del mismo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Pablo
Bustinduy Amador, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Justicia
161/002390
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley ante la Comisión de Justicia
por la que se insta a la tipificación penal del exaltación o apología del
franquismo, el nazismo y el fascismo.
Estos últimos años se constata una preocupante proliferación de actos de
enaltecimiento del franquismo y el nazismo, ya sea de forma autónoma o,
con mayor asiduidad, integrándose y contaminando expresiones de
voluntades cívicas o populares a través de manifestaciones ciudadanas y
actos públicos.
Hechos como los sucedidos en el funeral del ministro franquista José
Utrera-Molina, que se convirtió en una verdadera glorificación del
franquismo, el homenaje en Almuradiel (Ciudad Real) al fundador de "Casa
Pepe", establecimiento de restauración cargado de parafernalia
franquista, el asalto de la librería Blanquerna de Madrid por parte de
ultras cargados de simbología propia del nazismo, el homenaje a la
División Azul en una parroquia de L'Hospitalet de Llobregat, decorada con
estandartes y demás símbolos propios del III Reich y ambientada con
cantos de himnos franquistas, entonados brazo en alto, por los presentes,
son una pequeña relación de ellos.
El partido del Gobierno, lejos de condenarlo, ha sido a menudo
protagonista de estos hechos, como se ha podido constatar con la
exhibición de simbología, banderas y gestos fascistas publicadas en redes
sociales protagonizadas por dirigentes de Nuevas Generaciones del Partido
Popular o en el acto de homenaje a la División Azul en un Cuartel de la
Guardia Civil de Barcelona, en el que la entonces delegada del Gobierno
en Catalunya participó activamente galardonando a la Hermandad de
Combatientes de la División Azul. También constatamos la participación de
diversos dirigentes del mismo partido en la cena celebrada el pasado mes
de diciembre en el Hotel Novotel de Madrid, en homenaje al dictador
Francisco Franco, organizada por la Fundación que lleva su nombre, en la
cual recibieron premios por contribuir a honrar "la memoria del
Caudillo".
Junto a ello, la presencia de simbología fascista y franquista, exhibidas
con ademán violento y gestualización propia del nazismo (saludo romano),
han proliferado aún más estos últimos días. Así, coincidiendo con la
asamblea convocada por este Grupo Confederal el pasado día 24 de
septiembre en el pabellón Siglo XXI de Zaragoza, en la concentración
tumultuaria acaecida en su exterior, se vieron exhibiciones de banderas y
símbolos franquistas, así como cantos y gestos de índole fascista. Días
más tarde, en otras movilizaciones ciudadanas como la manifestación del 8
de octubre en Barcelona o, el día siguiente, la conmemoración de la Diada
Nacional del País Valencià en Valéncia, algunos grupúsculos (violentos,
en no pocas ocasiones) asistieron con el mismo tipo de banderas, símbolos
y gestualidades. Incluso ayer mismo, día 12 de octubre, Barcelona fue de
nuevo escenario de este tipo de actuaciones, en especial en las marchas
de la montaña de Montjuïc, en las que, un año más y en un contexto de
violencia, cantos de himnos fascistas y manifestaciones de odio, se
llegaron a instalar puntos de venta de objetos de simbología propia del
nazismo y del franquismo.
Todo ello, no solo supone banalizar el significado histórico de regímenes
fascistas, xenófobos y antidemocráticos, sino que coaccionan y amedrentan
la libre expresión de la voluntad ciudadana a través de legítimas
manifestaciones y reuniones. Frente al castigo de estas conductas, podría
objetarse el límite constitucional de la libertad de expresión, sin
embargo, el hecho de que lleven aparejada la incitación no solo a delitos
violentos contra ciertos colectivos, sino también la puesta en peligro la
democracia, sobretodo en el actual contexto de crisis que sufre nuestro
sistema, lleva a la conclusión que superan el marco de la "expresión",
para constituir una verdadera "acción", y, cómo expuso en su momento el
politólogo Reginald Basset, no es legítimo que aquellos que se
manifiestan abiertamente partidarios de derribar a la democracia, vean
amparados por ella sus esfuerzos por derrocarla.
Frente a ello, cabe considerar que diversos Estados de nuestro entorno
castigan este tipo de conductas. El Derecho penal alemán castiga la
propaganda de organizaciones anticonstitucionales, entre las cuales
cuenta las de carácter neonazi, y penaliza la exhibición de símbolos
(banderas y gestos) identificadores de las anteriores organizaciones. En
Francia, por su lado, el Código Penal tipifica como delito la apología
del nazismo, identificando como tal la "muestra o exhibición de cualquier
uniforme, insignia o emblema" de organizaciones declaradas como
criminales con base al Estatuto del Tribunal Militar Internacional.
Finalmente, el Derecho penal italiano impone pena de prisión y multa para
aquellos que hagan "apología del fascismo", entendido como enaltecimiento
o propaganda del fascismo o sus objetivos antidemocráticos. En cambio, el
Código Penal español no prevé ninguna tipificación de estas conductas,
que devienen absolutamente intolerables e injustificables y que deben ser
proscritas y perseguidas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea formula la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar ante esta
Cámara, y en un plazo máximo de tres meses, un proyecto de Ley Orgánica
de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del
Código Penal, para que se incluya la tipificación penal del delito de
exaltación o apología del franquismo, el nazismo y el fascismo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de octubre de 2017.-Jaume Moya
Matas, Diputado.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Defensa
161/002389
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Defensa, relativa a la cesión de los terrenos e instalaciones de la
antigua Fábrica de Armas de La Vega (Oviedo-Asturias) al Excmo.
Ayuntamiento de Oviedo.
Exposición de motivos
En enero de 2013, y después de 160 años de actividad industrial
ininterrumpida, la Fábrica de Armas de La Vega -también conocida como
Fábrica de armas de Oviedo-, cesó definitivamente sus labores
productivas. Desde entonces sus instalaciones, terrenos y talleres
permanecen vacíos, sin utilidad práctica alguna ni para el Ministerio de
Defensa ni para la ciudad en la que están ubicados, y en evidente riesgo
de deterioro.
Para entender como se ha llegado a esta situación es preciso hacer un
breve recorrido por la centenaria historia de esta factoría:
En septiembre de 1854, el entonces Gobierno Provincial hizo entrega al
Ayuntamiento de Oviedo del Convento de La Vega. Su cesión definitiva, en
virtud de Real Orden, se registró el 10 de diciembre de 1855 añadiendo
veinticinco mil reales para expropiaciones.
En 1855, el Ayuntamiento ofrece al entonces denominado Ministerio de
Guerra el antiguo Convento Benedictino de la Vega junto con 552 áreas,
trasladándose las religiosas al Convento de San Pelayo.
El 1 de marzo de 1856 se formalizó la escritura pública de cesión por
parte del Ayuntamiento de Oviedo a favor del Estado para establecer una
Fábrica de Armas. En la escritura dice literalmente: "[...] pero
entendiéndose con la precisa condición de que esta cesión y traspaso sea
para el establecimiento definitivo en él de la fábrica de fusiles y otras
armas de la misma clase con todas las piezas de que se compón, y en tal
concepto y no en otro alguno el Ayuntamiento se aparte y desiste por si
propio y por los demás que le sucedan en el mismo cargo y atribuciones de
todo derecho o acción que pueda corresponderle en virtud de la
adjudicación que definitivamente se le ha hecho del edificio por la Real
Orden de 10 de diciembre de 1855".
El 21 de abril de 1856 el Ayuntamiento de Oviedo tramita un expediente
expropiatorio de los terrenos contiguos al convento al objeto de dar
ensanche a la fábrica de armas: 9.708 varas cuadradas con un valor total
de 29.198,53 reales, importe satisfecho por el Ayuntamiento.
Entre 1856-1858 se instala la fábrica de fusiles en La Vega bajo la
dirección del General Elorza, se centralizan los talleres, y ya en 1857
la fábrica da empleo a 700 armeros y 250 obreros.
A lo largo de todo el siglo XX La Vega desarrolló su actividad
ininterrumpidamente siguiendo diversos modelos de gestión y produciendo
distintas clases de material militar e, incluso, componentes de aviación.
En 1960 se incorpora a la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias
Militares, S.A., empresa que posteriormente se integra en la SEPI hasta
que, en abril de 2000, la SEPI aprueba las adquisición de Santa Bárbara
por General Dynamics Corporation, operación que el 30 de marzo de 2001 es
ratificada por el Consejo de Ministros, convirtiéndose la primera en una
filial de la empresa americana con el nuevo nombre de Santa Bárbara
Sistemas y estructurada en tres divisiones: vehículos, artillería y
componentes, incorporándose la Fábrica de La Vega como centro de
excelencia para mecanización.
En abril de 2012 Santa Bárbara Sistemas comunica el cierre de la fábrica
de armas de La Vega y el traslado de la plantilla y la maquinaria a la
fábrica de Trubia, proceso de integración que culminó con el cierre
definitivo de la fábrica de La Vega.
Este proceso tuvo como lamentable consecuencia, en febrero de 2012 -apenas
un mes después-, la presentación de un plan de reestructuración que
significó una reducción del 40 % de la plantilla conjunta de las Fabricas
de La Vega-Trubia a través de un conflictivo ERE con 55 despidos directos
de unos trabajadores que llevaban, en muchos casos, más de 30 años en la
empresa, complementado con un ERTE que afectaba cada mes a más de 213
empleados hasta, al menos, diciembre de 2015.
Es necesario destacar la lucha de los trabajadores despedidos de la
Fábrica de Armas, conocidos como " Los 55 de Trubia", contra una decisión
empresarial injusta cuyo resultado es el cierre de un centro industrial
que disponía de instalaciones únicas en Europa, la perdida de la
capacidad de fabricar diversos tipos de productos y un evidente
desmantelamiento de la industria de defensa en Asturias, que hace apenas
unos años suponía unos 2.500 empleos directos, y que ahora apenas llega a
los 400.
Durante más de siglo y medio La Vega ha sido una parte relevante de la
modernización de Oviedo y de toda Asturias. La fábrica contribuyó
poderosamente a la creación de empleo, y a principios de los noventa esta
tenía una plantilla de más de 4.000 trabajadores.
Con el cese definitivo de su actividad industrial los terrenos de La Vega
han dejado de cumplir -en contra de la voluntad del Ayuntamiento de
Oviedo- la finalidad para la cual fueron cedidos al Estado, Por ello
entendemos que ha llegado el momento de que se cumpla la condición
expresamente incluida en la escritura de cesión y se devuelva al
Ayuntamiento de Oviedo el inmueble cedido y, con este objetivo, se
presenta esta Proposición no de Ley.
Es preciso entender que el emplazamiento y la extensión de la parcela
convierten La Vega en una pieza fundamental para el futuro desarrollo de
la ciudad de Oviedo.
En este sentido se puede afirmar que la puesta en marcha inminente del
proyecto "Conectando Oviedo" con una financiación global de casi 20
millones -el 50 % aportados por la UE a través del programa EDUSI- para
regenerar toda el área de La Vega y el inicio del proceso de revisión del
Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo suponen la ocasión idónea
para que el municipio recupere la titularidad legal de los terrenos de la
fábrica, incluyéndolos en la nueva ordenación y planeamiento de la zona.
Al margen de la oportunidad social, urbana, cultural y económica que
representa la reversión de los terrenos al Ayuntamiento de Oviedo, no es
posible olvidar ni menospreciar el estrecho vínculo sentimental que la
ciudadanía ovetense siente hacia la Fábrica. La Vega formó parte
imprescindible del corazón de Oviedo durante más de 150 años y a la
sombra de la fábrica creció una nueva ciudad industrial que moldeó lo que
hoy es el Oviedo actual.
Durante más de siglo y medio Oviedo ha respetado el acuerdo alcanzado con
el Estado para la cesión gratuita del uso de esos terrenos. Una vez
extinguida la condición esencial de ese acuerdo la ciudad, y este Grupo
Parlamentario, entienden que ha llegado el momento de que el Estado
devuelva a Oviedo lo que, en realidad, nunca ha dejado de ser suyo.
El Ayuntamiento de Oviedo ya ha iniciado una negociación con el Ministerio
de Defensa con el objetivo de defender los derechos de la ciudad a través
de un diálogo entre instituciones, que evite procesos judiciales
interminables y con el convencimiento de que, a ambas Administraciones,
les une el mismo interés público.
En estas negociaciones Oviedo solicitará, en cumplimiento de las
condiciones establecidas en la escritura de cesión, la reversión a título
gratuito de la propiedad de esos terrenos al Ayuntamiento. Que el
Ministerio de Defensa plantee para acceder a iniciar las negociaciones
que otra administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Oviedo,
asuma el pagar los terrenos en cuestión a precio de mercado no parece lo
más razonable y no observa el principio de colaboración entre
administraciones públicas. Dicho principio debería de presidir las
relaciones entre las distintas administraciones de nuestro Estado.
Existen antecedentes de casos similares al descrito. Por ejemplo el
Ministerio de Defensa en 1990 renunció a vender comercialmente el antiguo
cuartel de Viriato de Zamora, cedido en su momento con una cláusula que
condicionaba la cesión al uso como cuartel idéntica a la expuesta al
inicio de este escrito, y que actualmente es un centro universitario o la
cesión, también realizada por el Ministerio de Defensa, del edificio de
la Real Fábrica de Artillería al Ayuntamiento de Sevilla quien lo
destinará a espacio cultural.
Finalmente el Ministerio de Defensa debe entender que ni el Ayuntamiento
ni la ciudadanía de Oviedo están dispuestos a permitir que se realicen
operaciones con el único ánimo de hacer caja con un patrimonio que
pertenece, en primera instancia, al pueblo de Oviedo.
Esta Proposición no de Ley pretende impulsar un acuerdo entre ambas
administraciones que permita eludir lo que probablemente sería un largo
proceso legal, evitando no solo los costes económicos que conllevaría,
sino también que las instalaciones y terrenos de la antigua Fábrica de
armas de Oviedo siguieran sin ningún uso ni la adecuada conservación, lo
que conllevaría el deterioro consiguiente durante la duración del
litigio.
Por todo ello se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que el Ministerio de Defensa negocie y firme un acuerdo de devolución y
cesión de los terrenos e instalaciones de la antigua Fábrica de Armas de
Oviedo a favor del Ayuntamiento de esta ciudad, por haberse extinguido la
condición recogida en la escritura pública de cesión otorgada el 1 de
marzo de 1856, y al haber finalizado el uso industrial de los mismos.
2. Que dicha cesión no comportará el abono de contraprestación económica
alguna por parte del Ayuntamiento de Oviedo, ni la permuta por otros
terrenos de propiedad municipal, y comprenderá la totalidad de los
terrenos e instalaciones ocupados actualmente por la Antigua Fábrica de
Armas de Oviedo.
3. Que este acuerdo entre ambas administraciones se firme en un plazo
máximo de 6 meses, a contar desde la aprobación de la presente
Proposición no de Ley, con el doble objetivo de evitar un mayor deterioro
de las instalaciones y recuperarlas para el uso del consistorio, y por
ende de la ciudadanía, lo antes posible."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-José David
Carracedo Verde, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Fomento
161/002376
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la
presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión
de Fomento, relativa la supresión de los pasos a nivel, pasos de vías en
estaciones, mejora de la seguridad y atención a víctimas y familiares.
Exposición de motivos
Los pasos a nivel suponen una peligrosa realidad cotidiana por el que
diariamente miles de personas transcurren en todo el territorio nacional.
Múltiples caminos, carreteras y pasos de viandantes coinciden al mismo
nivel en la red viaria de nuestro país. Las noticias de arrollamientos y
el número de víctimas y accidentes en los pasos a nivel y pasos de vías
podrían reducirse mejorando la seguridad y asimismo se podrían evitar con
la eliminación de los mismos.
Se estima que existen unos 1.600 pasos a nivel de clase A, es decir,
aquellos que entrañan mayor peligrosidad al contar solo con señales fijas
de información. Y además 443 pasos entre andenes en estaciones de tren de
toda España. Según información oficial del Gobierno facilitada en
respuesta a pregunta parlamentaria, en los últimos 10 años en estaciones
con paso de viajeros sobre vía se han producido 46 accidentes por
arrollamiento al cruzar por el paso emplazado entre andenes.
Realizar un estudio actualizado y detallado de las actuaciones necesarias
supondría un gasto cuantioso, pero sin duda alguna sería una inversión
imprescindible que repercutiría en la seguridad ferroviaria,
automovilística y ciudadana. En este sentido, la Comisión de
Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), "recomendó en varias
ocasiones la conveniencia de disponer de un inventario de estos pasos a
nivel en el que se incluyan diferentes parámetros con el fin de poder
realizar posteriormente análisis de riesgos que ayuden a dar una idea de
la peligrosidad, y con ello reducir la accidentalidad".
La finalidad de este inventario será la de acometer actuaciones que
permitan la supresión y/o mejora de seguridad de los pasos a nivel,
cruces de vías y cruces de andenes.
Por otro lado, con objeto de mejorar las actuaciones de seguridad
ferroviaria y para dotar de atención integral a las víctimas y familiares
de accidentes, es necesario que se investiguen cualquier siniestro donde
haya al menos una víctima mortal.
Por todo lo expuesto se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Dotar de los recursos económicos suficiente para que la realización del
estudio que permita conocer el estado de los cruces entre andenes para
pasajeros en estaciones y la señalización viaria de los pasos a nivel con
protección de clase A en la Red Ferroviaria de Interés General
(expediente 201701000006) concluya en el plazo inferior a un año.
2. Ampliar el estudio anterior o licitar uno nuevo que permita conocer y
tener inventariados todos los pasos a nivel y cruces de vías.
3. Cumplir con las conclusiones y medidas indicadas por el estudio (o
estudios), adoptando medidas de seguridad provisionales hasta la
ejecución de las actuaciones necesarias en un plazo inferior a dos años
desde la publicación del estudio.
4. Comenzar de manera inmediata y dar prioridad absoluta a las actuaciones
de seguridad y eliminación en los pasos a nivel de clase A y pasos de
vías del estaciones de tren que ya estén correctamente identificados sin
necesidad de esperar a la finalización del estudio.
5. Garantizar los desplazamientos a pie y su seguridad con instalaciones
de pasos soterrados y elevados.
6. Dotar a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 con las partidas
presupuestarias necesarias para cumplir con los puntos 1, 2, 3, 4 y 5.
7. Acometer cuantas actuaciones y desempeño presupuestario sea necesario
para completar las medidas requeridas en el año 2020.
8. Dar una atención integral real a los familiares de víctimas de
arrollamientos en base al Real Decreto 627/2014 de 18 julio.
9. Obligar a que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios
(CIAF) inicie una investigación según el artículo 4.2 del Real Decreto
623/2014, de 18 de julio, por el que se regula la investigación de los
accidentes e incidentes ferroviarios y la Comisión de Investigación de
Accidentes Ferroviarios, en cualquier accidente donde al menos haya una
víctima mortal (arrollamientos en estaciones y apeaderos incluidos) para
obtener conclusiones que permitan mejorar la seguridad ferroviaria."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2017.-Sergio
Pascual Peña, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de sus Diputadas doña Yolanda Díaz Pérez y doña
Alexandra Fernández Gómez, y a través de su Portavoz doña Yolanda Díaz
Pérez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso,
presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión
de Fomento relativa a la realización de actuaciones urgentes en el punto
kilométrico 29 de la N-651 a su paso por el Ayuntamiento de Fene (A
Coruña), para minimizar el riesgo de accidentes.
Exposición de motivos
La seguridad vial es una de las preocupaciones que actualmente promueven
desde las instituciones los poderes públicos, ya sea mediante campañas
publicitarias de sensibilización, o bien desde la ejecución para velar
por el cumplimiento de las normas de circulación encomendada a los
agentes destinados a la vigilancia y control del tráfico.
Actualmente las víctimas de accidentes de tráfico siguen siendo una de las
mayores causas de mortalidad en nuestro país, considerándose por ello una
de las "mayores enfermedades sociales" a tener en cuenta.
Un elemento fundamental en muchos de los accidentes de tráfico es el
factor humano, pero no se pueden obviar factores tan determinantes como
son la configuración, estado y características de la vía, si cabe tan
importantes como el anterior, teniendo en cuenta que se pueden subsanar y
que su finalidad es la de evitar posibles víctimas. Y esto es exactamente
lo que ocurre en la carretera N-651, cuya titularidad corresponde al
Ministerio de Fomento, y que discurre entre la localidad de Betanzos (A
Coruña) en su intersección con la N-6 y la intersección con el FE-14 en
Ferrol (A Coruña) con una longitud total de 30.603 metros. En ella hay
que destacar el punto kilométrico 29 a su paso por el municipio de Fene
(A Coruña), un tramo que podría considerarse, según los criterios que
emplea la Dirección General de Tráfico, como un "punto negro (P.N.)" o
"tramo de concentración de accidentes (T.C.A.)", ya que son varios los
accidentes graves que se han producido en los últimos años, lo que
exigiría del Ministerio de Fomento que este tramo fuera objeto de estudio
como un peligro potencial para la seguridad vial y la consiguiente
actuación de mejora de la infraestructura que conduzca a una reducción
efectiva de la accidentalidad.
El Ayuntamiento de Fene (A Coruña) ha solicitado al Ministerio de Fomento
una actuación urgente en el punto kilométrico 29 de la N-651 que conlleve
actuaciones que minimicen el riesgo de accidentes de circulación, ya que
en los últimos cuatro años se produjeron 38 siniestros, con balance final
de 9 personas heridas de distinta consideración y tres fallecidas, el
último el pasado 18 de septiembre de 2017, petición que reiteramos a
través de esta iniciativa parlamentaria.
Esta petición de actuaciones urgentes en la mencionada carretera ya habían
sido comunicadas por el Ayuntamiento de Fene en el año 2014, sin que
hasta el momento se produjeran cambios de importancia en las condiciones
de la carretera, más allá de la colocación de señalización vertical
advirtiendo, en ambos sentidos, del peligro del firme resbaladizo.
Un informe reciente de la Policía Local de Fene (25 de septiembre de 2017)
afirma que el principal responsable de los accidentes que se han
producido en esta carretera es el elemento "vía" en su configuración,
trazado y mantenimiento, e indica que se "consideran insuficientes los
actuales elementos de protección de la misma, ya que solo existe
protección lateral (quitamiedos) que evitan que el vehículo pueda salirse
de la vía en sus márgenes, pero no existe ninguno que evite que un
vehículo que circule en dirección Fene y que pierda el control invada el
carril contrario de circulación, como sucedió el pasado 18 de septiembre
de 2017". Además, el citado informe señala que "el aglomerado asfáltico
en el punto que nos afecta, presenta a simple vista un estado de desgaste
y agrietamiento evidente, lo que favorece el deslizamiento de los
vehículos por pérdida de adherencia, acentuándose esto en días de
lluvia". Y la Policía Local de Fene sentencia en este escrito afirmando
que "no tiene constancia de la realización de labores de mantenimiento
del firme en los últimos años".
Así, el Ayuntamiento de Fene reclama que como primera medida para llevar a
cabo y que se consideran urgentes, ya que resultan más factibles y
fáciles de ejecutar en un espacio corto de tiempo, la profunda y
meticulosa limpieza de la vía, lo cual evitaría que debido a la suciedad
pueda haber pérdida de adherencia en el pavimento.
La siguiente medida a tener en cuenta pasaría por la modificación en la
señalización sustituyendo las señales de indicación de velocidad máxima
aconsejable a 70 km/h y a 50 km/h (S-7), por la colocación de una señal
de prohibición de límite de velocidad máxima a 50 km/h (R-301) en ambas
direcciones, disminuyendo la velocidad máxima autorizada en dicho tramo,
con lo cual se reducirían enormemente las posibilidades de la existencia
de un accidente en que la causa eficiente del mismo pudiera ser la
velocidad.
Y la medida más importante es la implantación de un elemento de seguridad
como pudiera ser una mediana de hormigón o barrera lateral semirrígida
(quitamiedos), para evitar que los vehículos que pierden el control
invadan el carril destinado al sentido contrario de circulación,
pudiéndose llevar a cabo esto, en caso de falta de espacio en la vía, con
la supresión de uno de los dos carriles de subida en dirección A Coruña
hasta la altura de la incorporación a la AP-9.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Realizar, de forma urgente, un estudio técnico, elaborado por personal
cualificado que analice las condiciones de seguridad de la N-651 en el
punto kilométrico 29, con el objetivo de desvelar todos los factores que
puedan contribuir a la producción de accidentes en este punto concreto.
2. En base al resultado de este estudio, que se apliquen, sin demora, los
cambios estructurales que sean necesarios y, en cualquier caso, que se
actúe de inmediato dotando la zona de mayor protección lateral para
evitar salidas de vía, instalando muro separador de ambos carriles y
limitando la velocidad de subida y de bajada a un máximo de 50 km/h, tal
y como recomienda la Policía Local de Fene en su informe."
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2017.-Alexandra
Fernández Gómez, Diputada.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
161/002378
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la modernización de la
línea ferroviaria de Cercanías entre Alicante y Murcia, para su debate en
la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
La realización de las obras para la llegada del AVE a Alicante y Murcia ha
revolucionado la modernización de las infraestructuras ferroviarias. Ello
ha de servir para mejorar, impulsar y acondicionar el transporte de
usuarios de este medio de comunicación.
En la provincia de Alicante y en la comarca de la Vega Baja, las obras de
la plataforma ferroviaria de alta velocidad, se iniciaron alrededor del
año 2010. Estas obras han ido afectando al tráfico ferroviario de muy
diversas maneras.
La línea ferroviaria de cercanías que une Alicante-Murcia no solo es una
de las líneas ferroviarias más usada a nivel de pasajeros sino que además
es una de las que más beneficios económicos reporta al Estado. Por lo que
es natural que se apueste por una efectiva modernización de la línea para
hacerla más cómoda y sostenible medioambientalmente.
Partiendo del adecuado trazado y efectuando las mejoras necesarias podría
reducirse considerablemente los tiempos de los recorridos. Todo ello
animaría a muchos ciudadanos a retomar este medio de transporte y a
decidir usarlo como medio de transporte habitual con el beneficio que
supone para el medio ambiente en cuanto a la disminución de la emisión de
gases CO2 a la atmosfera.
La realidad es que en los últimos tres años, los usuarios del servicio de
esta línea de Cercanías están disminuyendo año tras año, incluso pasados
los peores años de la crisis económica.
Es el momento de apostar por la modernización e integración de los
servicios de cercanías y regionales, con la futura alta velocidad, y al
mismo tiempo, de completar y aumentar los servicios con nuevas
frecuencias, mejores trenes, menores tiempos de viaje, con el fin de no
dejar en el letargo una línea que une a Orihuela de una manera efectiva,
y accesible a las ciudades de Alicante, Elche y Murcia, y que como ciudad
no puede contemplar el paulatino deterioro.
Por todo lo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que realice las actuaciones necesarias para la modernización de la
línea de "Cercanías-RENFE" en el trazado Alicante-Murcia, de modo que se
completen las actuaciones pendientes:
a) Terminación de las obras y puesta en servicio del tramo
Monforte-Murcia, totalmente en doble vía de ancho internacional y
electrificación.
b) Redacción de proyectos y ejecución de las obras de cambio de ancho
estándar en el tramo San lsidro-Elche-Alicante por la costa, así como su
electrificación compatible con la línea de alta velocidad anterior.
c) Interconexión de las estaciones de Cercanías y autobuses con las de
alta velocidad previstas en el tramo Murcia-Alicante, con el fin de
potenciar la movilidad.
2. Que proceda en consecuencia a iniciar los trámites necesarios para la
compra de nuevos trenes de cercanías con tracción eléctrica, tipo CIVIA o
similar (idénticos a los que circulan en el resto de núcleos de
cercanías), o adaptación a ancho ibérico, que deban sustituir los
actuales, con el tiempo suficiente para que su puesta en servicio
coincida con la puesta en servicio de las obras referidas en el punto
primero.
3. Que se dote partida presupuestaria suficiente al Ministerio de Fomento
y ADIF para la realización de las obras de modernización de la línea
ferroviaria Alicante-Murcia Cercanías, con un horizonte temporal claro y
firme."
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Julián
López Milla, Patricia Blanquer Alcaraz, Pedro Saura García y María
González Veracruz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista.
161/002380
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la apertura inmediata
de la segunda pista del Aeropuerto de Málaga así como la inclusión de un
segundo parque de bomberos con la suficiente dotación de recursos
materiales y humanos, para su debate en la Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
Un aeropuerto como el de Málaga, principal puerta de entrada del turismo,
no puede permitirse mantener la falta de calidad en los servicios y en
las instalaciones ni una segunda pista inoperativa. No hay que olvidar
que la principal "industria" de Málaga y Andalucía es el turismo y es
inadmisible que sea el único aeropuerto de España con dos pistas que no
se dota y que no se utiliza de manera normalizada.
El uso de una única pista en el aeropuerto de Málaga supone grandes
perjuicios económicos y de tiempo para compañías aéreas y pasajeros. Al
contar con una única pista para aterrizajes y despegues, las aeronaves
deben recorrer distancias mucho mayores en aproximación (llegada) y
soportar mayores tiempos de espera antes del despegue.
Actualmente la segunda pista de este aeropuerto, inaugurada el 25 de junio
de 2012, está siendo muy infrautilizada, a pesar del incremento de más de
17 millones de pasajeros al año. Las previsiones de pasajeros para el año
2017 son alcanzar los 18 millones de pasajeros, que supera con creces las
previsiones realizadas para tener las dos pistas abiertas.
La empresa y el Gobierno dicen que la segunda pista se abre a "demanda" y
esto es totalmente falso, según los sindicatos, porque solo se está
abriendo por las mañanas y hay picos por las tardes que superan franjas
horarias de las mañanas que sí está abierta la segunda pista.
Los sindicatos señalan que los motivos reales por los que ni el Ministerio
de Fomento ni la propia AENA hayan tomado las medidas necesarias para que
la operatividad de la segunda pista sea un hecho real, no es otro que el
proceso privatizador que el Gobierno ha estado realizando en esta empresa
pública en la que han prevalecido los recortes de gastos para que las
cuentas de AENA apareciesen saneadas en lugar de primar el servicio
básico y público que desempeña.
La excusa interpuesta siempre por el Ministerio de Fomento, según los
agentes sociales, de no existir plazas ya que los PGE no lo permitían
este año ya no sirve. Se han firmado en el acuerdo entre la CSE y el
Grupo AENA 256 plazas para el año 2017, lo que ya no supondría ningún
problema para completar la plantilla.
Otro impedimento para la puesta en funcionamiento de la segunda pista a
requerimiento de ATC, es la falta de recursos humanos, concretamente
personal de bomberos, en horario de 24 horas.
El 14 de enero de 2009, la representación laboral del aeropuerto de
Málaga, junto con la dirección del aeropuerto y ratificadas por las
representaciones estatales tantos sindicales como de la empresa,
acordaron la ampliación de plantilla del colectivo SEI, quedando con un
total de 12 jefes de dotación y 72 bomberos. Todas las plantillas fueron
cubiertas excepto las del colectivo de bomberos.
El 14 de enero de 2014, se firmó también entre la representación laboral
de este centro y la dirección del aeropuerto un acuerdo para la
modificación sustancial de las condiciones de trabajo impuestas por AENA
en la que se pactaba las condiciones para poder abrir la segunda pista.
La operatividad total y permanente de la segunda pista supondría una
notable mejora en la seguridad de las operaciones aéreas, así como en la
calidad del servicio, lo que beneficiaría a usuarios, a compañías aéreas
y a las economías malagueña y andaluza.
La operatividad 24 horas de esta segunda pista, con su consiguiente
dotación de bomberos, permitiría también aumentar la protección contra
incendios de terminales, aparcamientos y hangares, aumentando por tanto
la seguridad de toda la infraestructura aeroportuaria, de ahí que sea
fundamental la dotación del segundo parque de bomberos con la plantilla
necesaria, para su apertura en horario continuado de 24 horas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la apertura permanente
de la segunda pista del aeropuerto de Málaga, con la dotación del
personal necesaria para garantizar su buen funcionamiento, incluido un
segundo parque de bomberos con la suficiente dotación de recursos
materiales y humanos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2017.-Miguel Ángel
Heredia Díaz y Victoria Begoña Tundidor Moreno, Diputados.-Rafael
Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
161/002381
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a que el tren de
Cercanías llegue al Parque Tecnológico de Málaga, para su debate en la
Comisión de Fomento.
Exposición de motivos
En marzo de 2012 la entonces Ministra de Fomento prometió en una visita a
Málaga que el Cercanías llegaría al Parque Tecnológico de Andalucía
(PTA). Y avanzó que esta obra se incluiría en el Plan de
Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI).
En febrero de 2016 la Sra. Pastor en otra visita a Málaga, aseguró que
prolongar el Cercanías hasta el Parque Tecnológico ya contaba con partida
en los Presupuestos de este año, concretamente 1,2 millones de euros.
Incluso en campaña electoral llegó a afirmar que esta actuación se
realizaría con la mayor brevedad posible.
Estamos en octubre de 2017, han pasado años, pero no ha habido ningún tipo
de inversión, y el cercanías no ha llegado ni al Parque Tecnológico ni a
Campanillas.
Actualmente hay unos 18.000 trabajadores que cada día acuden a trabajar al
PTA, una cifra que se estima que puede aumentar hasta los 50.000 en el
plazo de diez años. Ahora mismo estamos creciendo a un ritmo de 1.000
personas al año pero llegará un momento de boom donde se puede crecer
entre 3.000 y 4.000 al año durante algunos ejercicios. Será el empujón
definitivo para tener un gran parque. Ya somos uno de los más grandes de
Europa.
Para que esto pueda lograrse es necesario apostar por una movilidad
sostenible, acabar con las eternas caravanas de vehículos y eso pasa
también por extender la red de cercanías al entorno de esta zona.
Nuestra ciudad tiene que diversificar la creación de riqueza para que no
dependa solo del turismo y del sector servicios y para ello es
indispensable que se apueste por la industria. De ahí la importancia de
prolongar la red de Cercanías hasta el PTA y a Campanillas, puesto que
este distrito concentra todos los suelos logísticos que se desarrollarán
en el futuro Plan General.
El proyecto, en sí, consistiría en hacer un ramal de acceso al PTA para
conectar con la línea C-2 Málaga-Alora, aprovechando el servicio habitual
de trenes y mejorando la frecuencia en las horas punta. El ramal tendría
2,4 kilómetros.
El Ministerio de Fomento estimó esta iniciativa en un coste de en torno a
30 millones de euros, lo que también repercutiría en la mejora de la
rentabilidad de la línea C-2.
Además, el potencial de este tren sería muy elevado, ya que el 70 % de los
trabajadores de la tecnópolis, unos 10.500, usan el coche privado para ir
hasta su centro de trabajo, lo que, incluso, produciría una drástica
reducción en los atascos que cada día se forman a la entrada del PTA. Los
empleados tendrían acceso al tren de forma directa o mediante transbordo
procedentes del metro o la línea C-1, Málaga-Fuengirola.
Sin embargo parece que el Gobierno ahora ha cambiado de criterio, en una
reciente reunión del Alcalde de la ciudad con el Secretario General de
Infraestructuras, se asegura que existen muchas dudas sobre la viabilidad
de esta actuación y que parece que esta actuación se descarta por parte
de Fomento.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Adquirid un compromiso real para que el Cercanías llegue al Parque
Tecnológico de Málaga.
2. Comenzar las obras como muy tarde en 2019."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2017.-Miguel Ángel
Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a la Mesa para al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente
Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente
Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para evitar la
explotación y la precariedad laboral en el sector de la Seguridad
Privada, como consecuencia de las condiciones en las que se realiza la
adjudicación de las contrataciones por parte de las Administraciones
Públicas, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.
Exposición de motivos
Los clientes de seguridad privada en España, tanto en el ámbito público
como privado, establecen en la mayoría de los casos, como único criterio
de adjudicación, las ofertas económicas más bajas.
La adjudicación de las licitaciones de los servicios de seguridad, es
absolutamente ajena a la intención de que las empresas garanticen unas
condiciones laborales dignas y una prestación del servicio empresarial de
calidad suficiente. Esto ha favorecido a su vez el intrusismo en el
sector.
Esta actitud, a la que desde algunas de las empresas de seguridad también
se ha contribuido, ha supuesto para el sector un horizonte de
desregulación, principalmente por el abandono del Convenio del sector,
con el objetivo de aumentar su facturación fomentando las malas prácticas
y perjudicando de forma sistemática los derechos de los trabajadores, e
incluso con incumplimientos en materia contributiva y con fraude fiscal.
Esta situación, que incide directamente sobre las condiciones laborales,
sociales y económicas de los propios vigilantes, está siendo denunciada
por las organizaciones sindicales, incluso en el marco del Diálogo Social
Europeo en Bruselas, por el Observatorio Sectorial de la Seguridad
Privada (APROSER), y se están haciendo eco de esta situación los
tribunales.
En este sentido, entre las acciones que se vienen desarrollando por los
agentes sociales son, el establecimiento de acuerdos marcos de
Contratación, así como la reivindicación de cambios en la propia Ley de
Contratos Públicos.
No obstante, en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público,
actualmente en el Senado, el Grupo Popular solo ha presentado tres
enmiendas, las cuales hacen temer la pérdida de una oportunidad para
encontrar una posible solución a la situación de precarización del
sector, ya que las tres son un ataque a la línea de flotación del respeto
de los convenios colectivos sectoriales, por cuanto impiden la
consideración como baja temeraria de una oferta que no cumpla el convenio
colectivo sectorial, y lo que es todavía más grave impiden la mera
posibilidad, de que se establezca como condición de ejecución el
cumplimiento del convenio colectivo estatal. Posibilidad que los
tribunales especiales de contratación habían avalado expresamente.
La voluntad de comprometerse con el respeto del convenio colectivo serían
inviables con estas enmiendas y pone de manifiesto una vez más el
desprecio del gobierno por la negociación colectiva como elemento que
garantiza unas relaciones laborales justas y que permite que operen en el
sector empresas de calidad.
La inclusión de estas modificaciones en el texto definitivo de la ley es
perniciosa y es especialmente inexplicable, porque a lo que atiende a la
imposibilidad de poder establecer como cláusula de ejecución de los
contratos el cumplimiento del convenio colectivo estatal.
El Partido Popular, y ello a pesar de los últimos acontecimientos, no solo
no rectifica sino que sigue apostando con sus propuestas por la falta de
respeto a los derechos de los trabajadores y por supuesto de expulsión
del mercado a las empresas que pretenden crear empleo digno.
Además, potenciado por los beneficios resultantes de la prioridad del
Convenio de empresa y las licitaciones a la baja, han proliferado las
denominadas empresas multiservicios, (auxiliares de servicios) con una
clara política laboral intrusista para el sector de la seguridad privada
y que supone que trabajadores con categorías de auxiliares ejerzan
funciones propias de vigilantes de seguridad privada, (determinadas y
delimitadas en la normativa de seguridad privada), en peores condiciones
laborales, con menos derechos
reconocidos y bajos niveles salariales, con el único objetivo de abaratar
costes sin buscar desde luego la calidad del servicio.
En la actualidad estas empresas auxiliares han ido en aumento constante, y
el 95 % de ellas desvinculadas del Convenio Sectorial Estatal, imponiendo
a sus trabajadores condiciones laborales de máxima precariedad, e
incumpliendo sistemáticamente las normativas laborales, fiscales,
sociales y económicas, estamos hablando de empresas de seguridad de
varios ministerios, como es el caso del Ministerio de Defensa, el de
Empleo, y Correos también perteneciente al Ministerio de Fomento, según
vienen denunciando los sindicatos, estamos hablando de unos 3.000
trabajadores, los afectados por esta situación.
El dramatismo de la situación se ve mejor reflejada con supuestos de hecho
concretos, como por ejemplo la contratación en edificios públicos a la
empresa "Marsegur Seguridad Privada, S.A.", que al contar con convenio
colectivo propio, "pretende no aplicar" el convenio colectivo estatal del
personal de seguridad, imponiendo a sus trabajadores una reducción
salarial media del 45 %. Además de los múltiples incumplimientos en
materia laboral, retrasos en el abono de los salarios e incumplimientos
de otras obligaciones contractuales.
Los representantes sindicales denuncian el constante estrés y daño
psicológico por la precariedad laboral de su sector. "No se puede tener a
vigilantes trabajando con armas y en estado de alerta 4 durante 12 horas
seguidas".
La Audiencia Nacional anuló los convenios de 2014 y 2015, de Marsegur por
no respetar el Estatuto de Trabajadores. En el primero, el Tribunal
Supremo declaró insuficiente la presencia sindical para negociar un
convenio colectivo fallando a favor de los trabajadores.
Desde la reforma laboral de 2012, los trabajadores han experimentado
recortes en sus sueldos de entre un 40 y un 50 %, según denuncian los
trabajadores. Hay trabajadores que llevan más de 30 años en la empresa y
han visto su sueldo reducido de 1.100 euros a 700 euros debido a la
prioridad aplicativa del Convenio de empresa.
Las organizaciones sindicales vienen denunciando, continua y
detalladamente, todos aquellos actos de las empresas de sector vinculados
a la promoción de convenios propios, en detrimento del sectorial, que
reducen ostensiblemente derechos y salarios de sus trabajadores y
trabajadoras.
La excesiva preponderancia de los criterios económicos frente a los de
calidad en los procesos de contratación, genera precariedad laboral y una
cada vez más extendida competencia desleal. La precarización en el sector
de la seguridad privada se ha instalado con la connivencia de las
administraciones públicas. Empresas como RMD, Sinergias, o Seguridad
Integral Canaria, han comenzado a ganar concursos públicos para las
administraciones a costa de bajar los precios, y forzar al mínimo las
condiciones laborales de los trabajadores, en detrimento de empresas más
solventes desde el punto de vista del cumplimiento de los derechos de los
trabajadores.
Las empresas y la propia administración pública no puede seguir en la
senda de maximización de sus cuentas de resultados a costa de la
reducción de las condiciones laborales y salariales y derechos que solo
han llevado a precarizar al propio sector de la seguridad privada, es el
momento de elevar los salarios, y que es momento de dotar al sector de
mayor crédito ante los propios clientes que deben valorar la actividad
realizada por los vigilantes que custodian sus instalaciones, es momento
de poner en valor a los trabajadores y en este sentido se desarrolla esta
iniciativa.
Es lamentable que el Gobierno, en su actividad de contratación de forma
habitual, de cabida a estas empresas que están incumpliendo la
legislación, sin garantizar una buena prestación del servicio, ni el
respeto a los trabajadores.
Los vigilantes de seguridad protegen lugares estratégicos y de relevantes
riesgos, este hecho debe ser considerado convenientemente para que su
desempeño venga acompañado de condiciones laborales adecuadas a ese nivel
de responsabilidad, y de calidad de servicios garantistas que impida la
aceptación de una oferta empresarial desproporcionada y más barata. Es
lamentable que el gobierno del PP haya decidido que salgamos de la crisis
económica con el esfuerzo de los trabajadores, peores salarios y
condiciones laborales.
El Grupo Parlamentario Socialista defiende desde luego una contratación
pública socialmente responsable y que garantice empleo de calidad,
objetivo que tiene una gran relevancia pues sin duda afecta enormemente
al sector de la seguridad privada, pero tiene una clara incidencia en
todos los sectores intensivos en mano de obra y es un elemento crucial
para la creación y el mantenimiento de un empleo de calidad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas
necesarias para:
- Recuperar la prevalencia del convenio sectorial ante los convenios de
empresa, imprescindible para garantizar en forma ordenada el correcto
funcionamiento del sector, mediante la derogación de la reforma laboral
aprobada en 2012.
- Adoptar medidas para garantizar el respeto del Convenio colectivo
sectorial de aplicación por parte de los adjudicatarios de contratos
públicos, haciendo efectiva su integración de forma taxativa en los
pliegos de cláusulas administrativas particulares, y concretamente para
que se rescindan los contratos a las empresas de vigilancia que incumplan
la normativa laboral y no respeten unas condiciones dignas de empleo y
sueldo para sus trabajadores.
- Impulsar una contratación pública socialmente responsable mediante la
creación de órganos de seguimiento en los que participen las
organizaciones sindicales y empresariales más representativas.
- Impulsar una contratación pública socialmente responsable en la Ley de
Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, tal como disponen
las Directivas Europeas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2017.-María del
Rocío de Frutos Madrazo, Miguel Ángel Heredia Díaz y María Jesús Serrano
Jiménez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital
161/002374
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje, para su debate en la
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.
Exposición de motivos
El término "Procesamiento del Lenguaje Natural", define el camino hacia
una comprensión automática, cada vez más profunda, de la lengua escrita o
hablada por los humanos, mediante tecnología digital.
Hay que tener en cuenta que el lenguaje natural, a diferencia de los datos
que normalmente se procesan mediante sistemas informáticos, se
caracteriza por integrar información no estructurada, con más de un
significado posible.
El desarrollo del Procesamiento del Lenguaje Natural es una disciplina
que:
- Combina inteligencia artificial y semántica.
- Ya es una realidad en aplicaciones como: correctores ortográficos y
gramaticales, la funcionalidad "texto predictivo" en los teléfonos
móviles, traducción automática, consultas en buscadores de Internet,
asistentes online, reconocimiento de voz, etc.
- A pesar de haber experimentado un gran desarrollo en las últimas década
tiene un largo camino por recorrer.
- El "Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje", puesto en marcha
por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno de
España busca generar oportunidades económicas y de empleo en esta ámbito
puesto que España es un país que:
? Destaca por el elevado nivel investigador de la industria del lenguaje
en nuestro país, que sin embargo contrasta con una cantidad enorme de
información no estructurada y sin explotar que generan Administración,
empresas y organizaciones.
? Y que cuenta con una vasta experiencia para gestionar un entorno en el
que conviven distintas lenguas cooficiales.
Tenemos, por tanto, una base sólida para que nuestro país sea líder en
esta industria especialmente en aquellos países o mercados en los que la
lengua española está presente con mayor fuerza pero es necesario seguir
profundizando en la investigación y en el apoyo a los investigadores y
empresas de este sector para que nuestro país desarrolle este potencial y
alcance y consolide esa posición de liderazgo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a continuar
trabajando en el Plan de Impulso de Tecnologías del Lenguaje para
profundizar en el conocimiento de las potencialidades de las tecnologías
del lenguaje y desarrollar la industria del procesamiento del lenguaje
natural y la traducción automática en castellano y lenguas cooficiales."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
161/002388
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley para promocionar el consumo
de los productos pesqueros, para su debate en la Comisión de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente.
Exposición de motivos
Es necesario incrementar el consumo de los productos de pesca, que según
los datos del propio Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y
Medio Ambiente, ha descendido alarmantemente en cerca de 4 kilos por
habitante en los últimos años, pasando de los 29,9 kg anuales de 2009, a
los 26,4 kg de 2014.
El consumo de pescado en nuestro país, es inferior al de frutas y
verduras, carne y bebidas. Un total de 8.002 millones de euros dedicaron
el año pasado los españoles a llenar de proteínas marinas su cesta de la
compra -ya fuesen estas en forma de pescado o de marisco-, al lado de los
8.457 millones de euros que se dedicaron a comprar lechuga y afines, los
8.397 de la carne, 8.122 de las bebidas y 7.401 invertidos en colonias y
cremas.
El sector de la pesca lleva tiempo reclamando medidas, como la de poner en
marcha campañas de promoción para recuperar el segundo puesto que España
tenía en Europa, como principal consumidor de pescado.
A ello se añaden los últimos estudios científicos, que alertan sobre el
alto porcentaje de la población española con sobrepeso y obesidad (53 %),
y en especial en el caso de los niños entre 7 y 8 años, que sobrepasa el
43 %, y recomiendan combatirlo con un mayor consumo de pescado, en
especial azul y blanco.
El informe ALADINO (Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y
Obesidad) de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y
Nutrición recomienda el consumo de pescado y aconseja acometer una
estrategia que impida a la población más joven perder el gusto por los
productos pesqueros, imprescindibles en una dieta equilibrada.
Los pescados grasos (salmones y atunes, por ejemplo) poseen grandes
cantidades de Omega 3, aceite asociado a la prevención de la obesidad y a
alcanzar mejores tasas de desempeño metabólico para el organismo. Además,
se ha comprobado que el consumo habitual de pescado contribuye a
disminuir los
riesgos de morir a causa de enfermedades cardiovasculares, reduciendo así
los infartos al corazón, depresión y la demencia senil.
Según el sector, la crisis y la desaparición del FROM (Fondo de Regulación
y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos
Marinos), como organismo encargado de la promoción de los productos
pesqueros, han provocado que los presupuestos destinados a este tipo de
acciones se hayan reducido sustancialmente. De hecho, hoy en día se
destinan sólo 2 millones de euros, cifra cinco veces inferior a la que
dedicó el FROM a esta tarea en 2011, su último año de existencia, y de la
que el Estado español recuperaba 3 de cada 4 euros invertidos.
En este sentido, sería necesario volver a activar el FROM. Y si esto no
fuera posible, trasladar a la Secretaria General de Pesca las
competencias de promoción, con un presupuesto que alcance, al menos, las
cifras de 2011, más aún cuando el sector es beneficiario de un Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) exclusivo.
El sector asimismo ha planteado que la Secretaría General de Pesca, como
gestora de este fondo, debería orientar las campañas adecuándolas a las
necesidades del sector y a las políticas de la nueva Organización Común
de Mercados (OCM), definiendo estrategias conjuntas con las
organizaciones del sector de la pesca y la acuicultura para recuperar el
consumo de estos alimentos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Incrementar los presupuestos destinados a promocionar los productos
pesqueros, alcanzando al menos las cifras de 2011.
2. Volver a activar el FROM (Fondo de Regulación y Organización del
Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos).
3. Orientar las campañas adecuándolas a las necesidades del sector y a las
políticas de la nueva Organización Común de Mercados (OCM), definiendo
estrategias conjuntas con las organizaciones del sector de la pesca y la
acuicultura para recuperar el consumo de estos alimentos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2017.-Miguel Ángel
Heredia Díaz y Margarita Pérez Herráiz, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales
161/002372
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la
Hidrosadenitis Supurativa, para su debate en la Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales.
Exposición de motivos
La hidrosadenitis supurativa (HS), también llamada hidradenitis, es una
enfermedad de la piel, inflamatoria, crónica, recurrente y muy dolorosa,
que suele aparecer en la pubertad, aunque no se descarta en cualquier
edad. Se manifiesta con nódulos inflamados, llagas o forúnculos en zonas
con glándulas sudoríparas y sebáceas como axilas, ingles, glúteos, región
perianal e infra mamaria.
Sus causas se desconocen y se cree que su desarrollo se debe a una
respuesta anormal del propio sistema inmune, teniendo un alto componente
hereditario. Entre los factores de riesgo más identificados para su
desarrollo se encuentran el hábito tabáquico, la obesidad y la historia
familiar de HS.
Según datos de la Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis, se estima que
en España un 1 % de la población padece esta enfermedad; sin embargo, el
85 % de los españoles afirma no conocerla. Las secuelas físicas que
conlleva hacen que las personas que la padecen sufran estigmatización
social, lo que en muchas ocasiones les lleva a intentar ocultarla e
incluso aislarse. Todo ello provoca que, a pesar de tener un diagnóstico
clínico sencillo, que habitualmente no precisa de la realización de
pruebas complementarias, la hidrosadenitis esté infradiagnosticada.
Aunque no tiene cura, con el tratamiento adecuado mejora notablemente la
calidad de vida de los pacientes. Recientemente han surgido nuevas
alternativas terapéuticas, como las terapias biológicas, que han
permitido obtener mejores resultados en el control de la enfermedad. De
ahí la importancia de un diagnóstico temprano del problema.
Por todo ello, se hace necesario conseguir una mayor visibilidad y
sensibilización social sobre la hidrosadenitis supurativa en nuestro
país, a través de campañas y actuaciones formativas, para conseguir un
mayor y más temprano diagnóstico de la enfermedad, además de evitar que
se produzca un estigma social hacia las personas que la padecen.
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso
presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Impulsar campañas de sensibilización e información sobre la
hidrosadenitis supurativa (HS), sus síntomas y sus consecuencias, con la
participación de asociaciones representativas de la enfermedad, con el
fin de mejorar su atención y erradicar su estigma social, en el marco de
la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional.
- Promover en colaboración con las Comunidades Autónomas, en el seno de la
Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del
Sistema Nacional de Salud, programas de formación específicos sobre la
hidrosadenitis supurativa (HS) para profesionales de la salud
involucrados en la atención de estos pacientes.
- Difundir el algoritmo diagnóstico de la hidrosadenitis supurativa en los
servicios de salud, en colaboración con las Sociedades Científicas de
profesionales relacionados con la atención a estos pacientes.
- Fomentar la coordinación asistencial entre especialistas (dermatólogos,
cirugía, urgencias, gastroenterólogos, reumatólogos, medicina de
familia...), con objeto de conseguir un mayor seguimiento de la
enfermedad, en el marco de la Estrategia en Enfermedades Raras del
Sistema Nacional.
- Establecer mecanismos de alarma (banderas rojas) en los sistemas de
información que contribuyan a evitar la confusión diagnóstica de la
hidrosadenitis supurativa con otras patologías."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002384
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la revisión del
Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito
familiar, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
En el año 2014, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
publicó el Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil
en el ámbito familiar. Este protocolo tiene como principal objetivo la
promoción de "la coordinación interinstitucional para mejorar la atención
a los menores de edad víctimas de maltrato familiar, evitando la
victimización primaria y secundaria que pudieran sufrir en el proceso de
intervención".
Dicho protocolo establece una serie de medidas generales a la hora de
intervenir en casos de maltrato infantil destinados a la detección,
valoración, notificación, intervención y seguimiento de los casos. De
hecho, posee apartados específicos de valoración, intervención y
seguimiento desarrollados para diferentes ámbitos: social, educativo,
sanitario, policial y judicial.
Tres años después de la aprobación de este protocolo, consideramos que es
preciso que se revise. Diferentes casos han puesto de manifiesto
deficiencias de este que, incluso, han conllevado desenlaces fatales para
menores.
Un ejemplo claro es el ocurrido el pasado mes de agosto en Valladolid,
donde una menor de cuatro años falleció a causa de la parada
cardiorrespiratoria que le causó los malos tratos ejercidos por su
progenitor.
En este caso, los acontecimientos se iniciaron a principios del mes de
julio, concretamente el día 11, cuando, según la Fiscalía, la menor acude
acompañada de su madre al Hospital de Valladolid con presencia de
contusiones. La madre entonces señaló ser víctima de malos tratos por
parte del padre de la menor, y expareja, señalando que las lesiones
podrían ser causadas por el progenitor. Este alegaría que las lesiones
fueron causadas por los juegos de la pequeña con su hermana, también
menor. Recibida la asistencia médica, la Policía Judicial presenta un
atestado ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer por posible caso de
violencia de género, al tiempo que traslada el caso a la Fiscalía de
Menores. La menor es devuelta a la madre dado que, según señaló, el
progenitor se encontraba fuera de España en esos días.
Días después, el 19 de julio, ocho días después del primer ingreso, la
Fiscalía de menores consideró conveniente valorar y controlar la
situación familiar de la menor, trasladando a la Junta de Castilla y León
el atestado remitido por la Policía Judicial, concretamente a la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales de la Junta, órgano competente para la
adopción de medidas de protección sobre los menores de edad en este
territorio autonómico. El 21 de julio, la Junta de Castilla y León recibe
la notificación de la Fiscalía para que se investigue el caso, por lo que
se inicia el protocolo correspondiente, no siendo hasta el día 26 de
julio cuando los técnicos de Servicios Sociales tienen un encuentro con
la madre, la niña agredida y su hermana para valorar el caso. Este
encuentro finaliza con el acuerdo de tener una segunda reunión el 28 de
julio. Encuentro que sería suspendido por la madre por motivos
laborables, trasladándose al 1 de agosto. Cuando los técnicos acudieron
en dicha fecha al encuentro, no encontraron a nadie en el domicilio. El
día siguiente, día 2 de agosto, la menor ingresa con parada
cardiorrespiratoria en el Hospital Clínico de Valladolid, falleciendo el
día 3 de agosto.
Esta cronología muestra cómo los actuales protocolos de protección a los
menores en casos de violencia, son claramente insuficientes. Que los
menores tengan que estar expuestos a los ambientes donde se pueden
producir agresiones, durante semanas, sin que las autoridades competentes
intervengan para valorar la situación real y ejecutar medidas para
proteger a los menores, es una situación que no podemos tolerar.
El Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el
ámbito familiar establece, en el apartado específico del ámbito
sanitario, que: "Tanto en los casos de sospecha como en los de certeza de
abuso sexual o maltrato infantil grave, el hospital se asegurará de no
dar el alta al niño o adolescente hasta que no se garantice su
seguridad". Consideramos acertado esta medida, pero consideramos que es
insuficiente. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que
todos los casos en los que exista certeza de maltrato, leve o grave, el
menor debe ser ingresado y apartado del ambiente en el que se producen
las agresiones hasta que no exista una valoración adecuada por un equipo
médico forense, el Ministerio Fiscal y los servicios de protección
autonómicos. Todo ello, agilizado de tal manera, que no tengan que pasar
semanas hasta que se producen las primeras visitas de los servicios
sociales para la valoración y ejecución de medidas de protección de los
menores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar y actualizar el
Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito
familiar, junto a las Comunidades Autónomas, Poder Judicial, Ministerio
Fiscal y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en base a las experiencias y
deficiencias detectadas en el tiempo que lleva en vigor, especialmente en
los relativo a la mejora de:
a) La agilización de los tiempos de atención a los menores víctimas de
agresiones, leves o graves, tanto por parte de los profesionales
educativos, sanitarios, trabajadores sociales, fiscales, jueces y fuerzas
y cuerpos de seguridad.
b) Introducir medidas que limiten la exposición de los menores, en riesgo
de agresión o aquellos en los que existan certeza de agresión, al entorno
perjudicial, con la pronta valoración de todos los profesionales
sociosanitarios y judiciales que garanticen medidas de protección. Estas
medidas.
c) Incluir en las medidas relativas al ámbito sanitario que no se
producirá el alta hospitalaria del menor en casos leves y graves de
violencia hasta la valoración del riesgo por los servicios sociales,
valoración forense y comunicación a la fiscalía de menores y/o remisión
de atestado al juzgado de guardia, si fuera el caso."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Francisco
Igea Arisqueta, Diputado.- Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002386
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre financiación del
Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, para su debate en la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.
Exposición de motivos
En 2016 se cumplieron 10 años desde que tuviera lugar la aprobación de la
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia. El balance que hacen
los agentes sociales, el movimiento asociativo, las plataformas de
usuarios y la mayoría de las fuerzas políticas es coincidente: el
Gobierno del Partido Popular ha atacado y debilitado el Sistema, con sus
reformas y recortes presupuestarios.
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia contaba con un
calendario de implantación para un despliegue gradual que se fue
desarrollando según lo previsto hasta la llegada al Gobierno del Partido
Popular. A partir de ese momento se sucedieron los retrocesos y los
recortes. Cuando apenas llevaban un mes en el poder, en diciembre de
2011, paralizaron el calendario de aplicación de la Ley. Posteriormente,
en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, eliminaron la partida
correspondiente al nivel acordado que ascendía a 283 millones de euros.
Este nivel de financiación previsto en la Ley volvió a ser suprimido en
los Presupuestos de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. El pernicioso Real
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, introdujo
numerosas modificaciones en la regulación del Sistema que causaron un
enorme perjuicio a las personas en situación de dependencia. Entre muchas
otras, destacan la reducción en un 13 % de la aportación de la
Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo;
el recorte del 15 % en la prestación económica por cuidados en el entorno
familiar; la eliminación de las cuotas de Seguridad Social de los
cuidadores no profesionales a cargo del Sistema, la introducción de un
régimen de incompatibilidad de las prestaciones. A ello hay que añadir
que la Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, aprobó criterios y contenidos sobre
capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las
prestaciones que suponían un importante incremento del copago.
En los últimos seis años se ha producido un gran retroceso en la
financiación estatal del Sistema. Mientras ha caído la aportación
finalista de la Administración General del Estado, se ha incrementado
sustancialmente la de las Comunidades Autónomas y el copago de los
usuarios.
Como resultado del panorama descrito, actualmente existe una lista de
espera con cerca de 300.000 personas, a pesar de que el calendario del
Sistema se encuentra totalmente implantado desde julio de 2015. Más de
180.000 cuidadoras, casi todas mujeres, que se ocupaban de atender a sus
familiares en situación de dependencia, vieron eliminado su derecho a
cotizar a la Seguridad Social. Y mientras, las personas atendidas cuentan
con menos y peores servicios y prestaciones claramente insuficientes.
Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Conferencia de
Presidentes celebrada en enero de 2017 en el Senado, se creó una Comisión
para estudiar el Sistema de Dependencia, su sostenibilidad y
financiación, para evaluar su adecuación a las necesidades de las
prestaciones asociadas a la dependencia.
Es necesario y urgente un cambio de rumbo, impulsando el Sistema de
Dependencia y financiándolo adecuadamente.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el
cumplimiento de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de dependencia, ofreciendo a todas las personas
valoradas en situación de dependencia unos servicios y prestaciones
adecuados. Para lograrlo:
1. Se dotará al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de
los recursos necesarios mediante una financiación finalista.
2. En los próximos Presupuestos Generales del Estado se incluirán las
siguientes partidas:
a) Incremento de la dotación del nivel mínimo hasta el importe necesario
para el adecuado funcionamiento del Sistema, acompañado del aumento de
las cuantías mensuales que abona la Administración General del Estado a
las Comunidades Autónomas por cada persona atendida. Este aumento será,
al menos, suficiente para recuperar la financiación con la que contaba en
Sistema en 2011.
b) Recuperación del nivel acordado, hasta alcanzar niveles anteriores a la
llegada al Gobierno del Partido Popular.
c) Dotación de la partida presupuestaria necesaria para financiar las
cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras y cuidadores no
profesionales del Sistema. Este derecho se recuperará, de manera urgente,
mediante la necesaria modificación normativa.
3. Las aportaciones de la Administración General del Estado por los
niveles de financiación mínimo y acordado deberán ser equivalentes a las
realizadas por las Comunidades Autónomas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Elvira Ramón
Utrabo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista.
Comisión de Cultura
161/002373
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto
en el , artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de
los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al
traslado del legado de Federico García Lorca a la ciudad de Granada, para
su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El fondo documental del poeta Federico García Lorca está compuesto por más
de 20.000 documentos: 5.000 manuscritos del poeta; 3.000 pertenecientes a
otros autores; 50 dibujos de artistas contemporáneos como Dalí o Ismael
González de la Serna; un extenso archivo fotográfico y de hemeroteca.
Este legado, propiedad de la Fundación Federico García Lorca, se custodia
en la Residencia de Estudiantes de Madrid desde 1984.
El Centro Federico García Lorca, cuyo Consejo Rector está integrado por la
Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de Granada
y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se gestó con el objetivo
de acoger la sede de la Fundación García Lorca, el Centro de Estudios
Lorquianos y la custodia de los fondos del poeta custodiados en la
Residencia de Estudiantes. El proyecto para la
construcción del centro tomó carta de naturaleza en el mes de enero de
2004. El protocolo de intenciones con las Administraciones y la Fundación
se firmó en Granada, en la Huerta de San Vicente, el 21 de febrero de
2004. De esta manera, se daba cumplimiento al deseo de la Fundación
García Lorca, constituida en 1986, de que su legado viajara
definitivamente a su tierra natal.
El acuerdo definitivo se llevó a cabo en el año 2005. Con su firma se
iniciaban las obras, basadas en un proyecto aprobado en concurso público.
Durante la construcción del edificio, el legado continuó depositado en la
Residencia de Estudiantes.
Una vez superados los contratiempos económicos, realizando aportaciones
por las diferentes administraciones, con el fin de hacer frente al
sobrecoste de la inversión; el Consorcio alcanzó un acuerdo entre las
administraciones implicadas, que permitió la inauguración del Centro en
julio de 2015, pendiente a día de hoy de que el legado del poeta se
deposite este edificio situado en la plaza de Romanilla en Granada.
Recientemente, en junio de 2017, el Consorcio Federico García Lorca ha
decidido ampliar el plazo para analizar la última documentación remitida
por la Fundación Federico García Lorca. Por tanto, se aplaza "sine die"
el traslado del legado de la Fundación García Lorca al Centro Federico
García Lorca.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y al resto de las
administraciones que integran el Consejo Rector del Consorcio Federico
García Lorca: la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de
Granada, a que procedan con la máxima celeridad a requerir a la Fundación
García Lorca el traslado de los fondos a la ciudad de Granada."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2017.-Rafael
Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
161/002379
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley sobre Museo Regional de Paleontología y
Evolución Humana en el municipio de Torre Pacheco (Región de Murcia),
para su debate en la Comisión de Cultura.
Exposición de motivos
El 29 de diciembre del año 2006, el Consejo de Gobierno de la CARM,
aprueba la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Torre
Pacheco, para la construcción y elaboración del Museo Regional de
Paleontología y Evolución Humana (en adelante MUPEH) y su puesta en
marcha antes del 31 de diciembre de 2009.
El fin del mismo, era el de conservar, investigar y difundir la riqueza y
diversidad del patrimonio paleontológico murciano a través de las
colecciones de fósiles procedentes de los yacimientos descubiertos en la
Región.
La elección de Torre Pacheco para la ubicación de este museo no era
casual, ni aleatoria.
De todos es conocida la riqueza e importancia de los descubrimientos
paleontológicos y arqueológicos de la sima de las Palomas del Cabezo
Gordo de Torre Pacheco, a la altura de las cuales, encontramos los
hallazgos en la Cueva Negra de Caravaca de la Cruz.
Las excavaciones del yacimiento paleontológico de la sima de las Palomas
del Cabezo Gordo han arrojado la presencia del esqueleto neandertal más
completo en todo el litoral mediterráneo europeo y posee la pelvis
femenina neandertal más completa del mundo.
La ubicación, por tanto, del museo regional en Torre Pacheco, no parecía
una mala elección.
En el mes de marzo del año 2007, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de
Torre Pacheco acuerda aceptar la subvención, y aprueba una moción por la
que se propone la aprobación del proyecto de construcción del museo y su
ejecución por importe de 8.906.513,35 euros, aceptar la subvención de
8.000.000,00 euros propuesta por la Dirección General de Cultura de la
Región de Murcia para tal fin,
así como el compromiso de habilitar desde el consistorio la parte del
proyecto que no fuera subvencionable por la Consejería.
Ya en el mes de enero del año 2010, en el Pleno del ayuntamiento de Torre
Pacheco, El Grupo Municipal Socialista, pregunta al equipo de gobierno
por el destino que ha tenido la subvención recibida por la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (en adelante CARM), confirmándose ese
ingreso de 8 millones de euros que, se dice, han sido utilizados por el
Ayuntamiento para cubrir las pólizas pendientes, amparándose en el
principio de unidad de caja, sin que se despejen las dudas sobre el
destino de los 8 millones de euros.
En ese mismo año 2010 se produce el acto de colocación de la primera
piedra del edificio y se amplia el plazo de construcción al 30 de junio
de 2011, concediéndose posteriormente un nuevo aplazamiento para la
ejecución y justificación del proyecto, hasta el 30 de junio de 2014.
En el mes de abril de 2011 se contrató urgentemente a la Fundación
Cidaris, por un importe de 42.480,00 euros el registro e inventariado de
piezas que formarían parte de la colección permanente del museo. En 2012,
de nuevo por el procedimiento de urgencia, se contrata por 194.700,00
euros la redacción del Proyecto de Musealización dando un plazo de 8 días
a las empresas que quisieran presentarse. Lógicamente una sola empresa
logró cumplir las condiciones en el tiempo establecido, aunque de nada
sirvió esa prisa.
La construcción se encuentra paralizada desde el año 2013, supuestamente
por la modificación del proyecto técnico para recoger algunos cambios.
Ya en el mes de julio de este mismo año, después de haber afectado a
cuatro corporaciones municipales, con las obras de construcción del MUPEH
paralizadas y rodeadas de un absoluto oscurantismo sobre la demora en su
finalización, lo único que parece claro es el perjuicio que la gestión
sobre la construcción de la infraestructura va a conllevar para el
consistorio.
Ni tan siquiera se ha tenido conocimiento de que la CARM haya establecido
una nueva prórroga para la conclusión y apertura del museo, con lo que es
posible, que los 8 millones de euros ingresados en las arcas municipales,
tengan que ser devueltos.
Por tanto, a día de hoy, nos encontramos con un museo sin acabar, en una
ubicación inadecuada y con 8 millones de euros de subvención de la CARM
cuyo destino se desconoce, y que pueden perjudicar seriamente a las arcas
municipales.
Por tanto, creemos que, tanto la CARM, por su responsabilidad en el
seguimiento y control de las subvenciones concedidas, así como por
tratarse de un museo de ámbito regional, cuya gestión debería ser
regional, como el Gobierno de la nación, por tratarse de un museo llamado
a albergar unos hallazgos paleontológicos sin precedentes en Europa,
deben implicarse en la resolución de este entramado de tal manera, que
llegue a buen fin y sin perjudicar las arcas del consistorio municipal de
Torre Pacheco.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la constitución de una
mesa de trabajo en la que participen de manera activa representantes de
la administraciones local, regional y nacional, con el objetivo de
desbloquear la situación en la que se encuentra la construcción del
MUPEH, y poner en marcha las actuaciones necesarias para que se convierta
en un referente a nivel nacional que aglutine los principales hallazgos
paleontológicos y la historia de las excavaciones y descubrimientos del
mediterráneo."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2017.-María
González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas
Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible
161/002382
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo
de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de
Ley, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad
Sostenible, sobre la necesidad de delimitar travesías urbanas o tramos
urbanos en la red de carreteras del Estado en Galicia.
Exposición de motivos
Según datos del Ministerio de Fomento, la red de carreteras del Estado
español tiene 166.284 kilómetros, de los cuales 26.124 están gestionados
por la Administración Central y recogen el 51,2 % del tráfico. De toda
esa red, 15.048 kilómetros corresponden a vías de gran capacidad,
autopistas de peaje, libres y autovías.
Hasta los años 80, las carreteras del Estado se gestionaban a dos niveles:
el de la Administración Central y el de las diputaciones provinciales,
corporaciones locales y otras entidades. Después se trasladaron
competencias a las CC.AA., a través de una serie de transferencias de
competencias realizadas entre los años 1980 y 1984.
A partir de ahí las carreteras quedaron estructuradas en cuatro niveles:
red de interés general del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento,
red autonómica, dependiente de las Comunidades Autónomas; red provincial,
dependiente de las Diputaciones Provinciales y otras carreteras y
caminos, dependientes de las corporaciones locales.
Sin embargo, parte de la red de carreteras del Estado, especialmente las
denominadas carreteras nacionales, presentan en diversos tramos un perfil
de travesías urbanas o tramos urbanos y que no han sido declarados como
tal.
En 2015 el Gobierno del PP aprobó la Ley de Carreteras con el objetivo de
sustituir la Ley de 1998 para adaptarla a las nuevas realidades. Así, se
destacaba que con la nueva Ley se buscaba la adecuación a unas mayores
exigencias medioambientales, armonizar su regulación con el urbanismo,
evitar solapamientos y conflictos de competencia con las CC.AA. y
Ayuntamientos, desarrollar el concepto de servicio público viario,
controlar la excesiva proliferación de accesos a las vías, redefinir las
zonas de protección, creándose la zona de limitación a la edificabilidad
e introduciendo el concepto de servidumbre acústica, modificando la
distancia de la línea límite de edificación en diferentes tipos de
carreteras, agilizar el procedimiento para posibilitar los intercambios
de titularidad entre las distintas redes, especialmente cesiones
gratuitas a Ayuntamientos de tramos que sean travesías urbanas, y
actualizar el catálogo de carreteras del Estado y modificar las
categorías de vías.
Una filosofía que suena bien siempre y cuando se plasme en hechos reales.
Pero poco se ha avanzado al respecto.
Una de las cuestiones que más nos preocupa es lo que podríamos denominar
la descontextualización de muchas de las carreteras nacionales. Vías
construidas hace décadas que acusan el paso del tiempo y también el
desarrollismo: la evolución del desarrollo urbanístico ha convertido a
muchos tramos de las carreteras nacionales a su paso por localidades en
travesías urbanas con los consiguientes problemas de seguridad vial.
Este es el aspecto en el que nos centramos en esta Proposición no de Ley.
Nos interesa abordar la situación de todas aquellas antiguas carreteras
nacionales que en la actualidad han adquirido un auténtico perfil de
travesía urbana.
Aunque esta descripción encaja seguramente en múltiples puntos de toda la
geografía del Estado español, lo ejemplificaremos con el caso de Galicia,
territorio que cuenta con una alta dispersión poblacional, factor que
profundiza el problema de la seguridad vial de carreteras nacionales.
Nos remitimos a vías como la N-VI, la N-120, la N-550, la N-525, la N-640,
la N-540 o la AP-9 a su entrada a Vigo, entre otras, que atraviesan
municipios densamente habitados o zonas residenciales del territorio
gallego donde deberían tener la consideración de travesías urbanas,
adoptando las medidas necesarias para garantizar la adecuada seguridad
vial así como su adaptación al perfil de travesía.
En la Ley de Carreteras 37/2015, y de acuerdo con el artículo 46, se
indica que tiene la consideración de travesía la parte de la carretera en
que existen edificaciones consolidadas al menos en dos terceras partes de
la longitud de ambas márgenes y un entramado de calles conectadas con
aquella al menos en una de sus márgenes.
Según el artículo 47 de la ley, se considera tramo urbano el que discurre
por suelo clasificado como urbano por el correspondiente instrumento de
planeamiento y que esté reconocido como tales en el Estudio de
delimitación de tramos urbanos tramitado por el Ministerio. Se contempla
en la Ley que a iniciativa propia, o a instancia del Ayuntamiento, el
Ministerio de Fomento tramitará estudios de delimitación
de tramos urbanos, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo
48 de la Ley 37/2015. Dichos estudios delimitarán las partes de la
carretera que, de acuerdo con la Ley, tienen la consideración de
travesías y de tramos urbanos. En las travesías de carreteras del Estado
corresponde al Ministerio de Fomento el otorgamiento de autorizaciones
relativas a la propia carretera o a los terrenos y edificaciones
colindantes cuando se afecte a los elementos de la carretera o a la zona
de dominio público.
Dado el análisis realizado en relación a carreteras como la N-VI a su paso
por los Ayuntamientos de Oleiros y Bergondo (A Coruña), por diversos
núcleos de población de Lugo, la N-120 a su paso por Ponteareas
(Pontevedra), la N-550 en muchos puntos de su largo recorrido entre A
Coruña y Tui, la N-525 a su paso por Xinzo de Limia, Verín o Lalín,
poblaciones de la N-540 entre Lugo y Ourense, o la AP-9 a su entrada a
Vigo, sería conveniente que el Ministerio de Fomento llevase a cabo un
Estudio de la Red de Carreteras del Estado en Galicia a fin de delimitar
aquellos tramos que son claramente travesías urbanas o tramos urbanos, y
entablar una colaboración con los municipios afectados a fin de que
puedan ser declarados como tal, procediendo entonces a adoptar las
medidas de seguridad vial necesarias.
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:
- Realizar un Estudio de la Red de Carreteras del Estado en Galicia para
delimitar aquellos tramos que actualmente tienen el perfil de travesías
urbanas o de tramos urbanos y que presentan problemas de seguridad vial
derivados del paso de una vía nacional por localidades, núcleos de
población o zonas residenciales.
- Emprender las gestiones necesarias en colaboración y coordinación con
los Ayuntamientos afectados para proceder a la declaración de travesías
urbanas o tramos urbanos a fin de mejorar la seguridad vial de trayectos
que todavía carecen de dicha conceptualización.
- Adoptar las medidas pertinentes de refuerzo y mejora de la seguridad
vial (pasos de peatones, semáforos, aceras, señales de limitación de
velocidad, cruces) para adaptar dichos tramos urbanos o travesías urbanas
a las características de una zona de paso de viandantes y ciclistas.
- Analizar los diversos usos compartidos que se producen a lo largo de
dichas carreteras en todo su recorrido y la necesidad de adaptar los
viales a estas circunstancias."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Alexandra
Fernández Gómez, Diputada.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002385
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193
y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la revisión del
Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito
familiar, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y
Adolescencia.
Exposición de motivos
En el año 2014, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
publicó el Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil
en el ámbito familiar. Este protocolo tiene como principal objetivo la
promoción de "la coordinación interinstitucional para mejorar la atención
a los menores de edad víctimas de maltrato familiar, evitando la
victimización primaria y secundaria que pudieran sufrir en el proceso de
intervención".
Dicho protocolo establece una serie de medidas generales a la hora de
intervenir en casos de maltrato infantil destinados a la detección,
valoración, notificación, intervención y seguimiento de los casos. De
hecho, posee apartados específicos de valoración, intervención y
seguimiento desarrollados para diferentes ámbitos: social, educativo,
sanitario, policial y judicial.
Tres años después de la aprobación de este protocolo, consideramos que es
preciso que se revise. Diferentes casos han puesto de manifiesto
deficiencias de este que, incluso, han conllevado desenlaces fatales para
menores.
Un ejemplo claro es el ocurrido el pasado mes de agosto en Valladolid,
donde una menor de cuatro años falleció a causa de la parada
cardiorrespiratoria que le causó los malos tratos ejercidos por su
progenitor.
En este caso, los acontecimientos se iniciaron a principios del mes de
julio, concretamente el día 11, cuando, según la Fiscalía, la menor acude
acompañada de su madre al Hospital de Valladolid con presencia de
contusiones. La madre entonces señaló ser víctima de malos tratos por
parte del padre de la menor, y expareja, señalando que las lesiones
podrían ser causadas por el progenitor. Este alegaría que las lesiones
fueron causadas por los juegos de la pequeña con su hermana, también
menor. Recibida la asistencia médica, la Policía Judicial presenta un
atestado ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer por posible caso de
violencia de género, al tiempo que traslada el caso a la Fiscalía de
Menores. La menor es devuelta a la madre dado que, según señaló, el
progenitor se encontraba fuera de España en esos días.
Días después, el 19 de julio, ocho días después del primer ingreso, la
Fiscalía de menores consideró conveniente valorar y controlar la
situación familiar de la menor, trasladando a la Junta de Castilla y León
el atestado remitido por la Policía Judicial, concretamente a la Gerencia
Territorial de Servicios Sociales de la Junta, órgano competente para la
adopción de medidas de protección sobre los menores de edad en este
territorio autonómico. El 21 de julio, la Junta de Castilla y León recibe
la notificación de la Fiscalía para que se investigue el caso, por lo que
se inicia el protocolo correspondiente, no siendo hasta el día 26 de
julio cuando los técnicos de servicios sociales tienen un encuentro con
la madre, la niña agredida y su hermana para valorar el caso. Este
encuentro finaliza con el acuerdo de tener una segunda reunión el 28 de
julio. Encuentro que sería suspendido por la madre por motivos
laborables, trasladándose al 1 de agosto. Cuando los técnicos acudieron
en dicha fecha al encuentro, no encontraron a nadie en el domicilio. El
día siguiente, día 2 de agosto, la menor ingresa con parada
cardiorrespiratoria en el Hospital Clínico de Valladolid, falleciendo el
día 3 de agosto.
Esta cronología muestra cómo los actuales protocolos de protección a los
menores en casos de violencia, son claramente insuficientes. Que los
menores tengan que estar expuestos a los ambientes donde se pueden
producir agresiones, durante semanas, sin que las autoridades competentes
intervengan para valorar la situación real y ejecutar medidas para
proteger a los menores, es una situación que no podemos tolerar.
El Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el
ámbito familiar establece, en el apartado específico del ámbito
sanitario, que: "Tanto en los casos de sospecha como en los de certeza de
abuso sexual o maltrato infantil grave, el hospital se asegurará de no
dar el alta al niño o adolescente hasta que no se garantice su
seguridad". Consideramos acertado esta medida, pero consideramos que es
insuficiente. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que
todos los casos en los que exista certeza de maltrato, leve o grave, el
menor debe ser ingresado y apartado del ambiente en el que se producen
las agresiones hasta que no exista una valoración adecuada por un equipo
médico forense, el Ministerio Fiscal y los servicios de protección
autonómicos. Todo ello, agilizado de tal manera, que no tengan que pasar
semanas hasta que se producen las primeras visitas de los servicios
sociales para la valoración y ejecución de medidas de protección de los
menores.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar y actualizar el
Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito
familiar, junto a las Comunidades Autónomas, Poder Judicial, Ministerio
Fiscal y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en base a las experiencias y
deficiencias detectadas en el tiempo que lleva en vigor, especialmente en
los relativo a la mejora de:
a) La agilización de los tiempos de atención a los menores víctimas de
agresiones, leves o graves, tanto por parte de los profesionales
educativos, sanitarios, trabajadores sociales, fiscales, jueces y fuerzas
y cuerpos de seguridad.
b) Introducir medidas que limiten la exposición de los menores, en riesgo
de agresión o aquellos en los que existan certeza de agresión, al entorno
perjudicial, con la pronta valoración de todos los profesionales
sociosanitarios y judiciales que garanticen medidas de protección. Estas
medidas.
c) Incluir en las medidas relativas al ámbito sanitario que no se
producirá el alta hospitalaria del menor en casos leves y graves de
violencia hasta la valoración del riesgo por los servicios sociales,
valoración forense y comunicación a la fiscalía de menores y/o remisión
de atestado al juzgado de guardia, si fuera el caso."
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Francisco
Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/017945
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
Reformulación de su pregunta sobre contingente de agentes del Cuerpo
Nacional de Policía y de la Guardia Civil trasladados de forma
excepcional a Cataluña.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la
pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo
dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado
autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, don Xavier Domènech Sampere, Diputado del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
formula al Gobierno las siguientes preguntas para su respuesta escrita.
Desde hace semanas un contingente de miles de agentes del Cuerpo Nacional
de Policía y de la Guardia Civil han sido trasladados, de forma
excepcional, a distintas ciudades y pueblos de Catalunya.
Dichos agentes son los responsables de las actuaciones realizadas el
pasado domingo 1 de octubre, actuaciones que se caracterizan por una
especial violencia contra la ciudadanía que estaba en los colegios
electorales, llegando a usar por parte de la Policía Nacional y la
Guardia Civil material antidisturbios prohibido en Catalunya (como son
las balas de goma).
Las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil del 1 de octubre
comportaron que el Servicio de Emergencias Médicas tuviera que atender a
893 personas heridas de diversa consideración, algunas de ellas muy
graves.
También se han denunciado, actuaciones violentas por parte de algunos
agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en alguna ocasión
fuera de servicio, contra ciudadanos de Girona, Calella y Lleida.
Dichas actuaciones han provocado un rechazo masivo de la ciudadanía de
Catalunya, que no comprende la necesidad de estas acciones, ni la
presencia excepcional de estos agentes.
¿Cuáles son los motivos por los que están desplazados, de forma
excepcional, miles de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional
en Catalunya?
¿Cuántos agentes están desplazados, de forma excepcional, en Catalunya
durante el mes de septiembre y octubre?
¿Qué materiales, de uso policial, han sido trasladados a Catalunya,
acompañando a los agentes desplazados?
¿Hasta cuándo se mantendrá esta medida excepcional y con qué criterios se
mantiene?
¿Cuál ha sido el coste económico del desplazamiento, manutención, dietas,
etc., de los agentes destinados temporalmente a Catalunya y con cargo a
qué partida presupuestaria se ha consignado?
¿Qué opinión le merece al Gobierno las actuaciones policiales del pasado 1
de octubre en Catalunya, que acabaron con más de 893 heridos?
¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre las agresiones cometidas,
presuntamente, por agentes de la Guardia Civil fuera de servicio la noche
del 1 de octubre contra ciudadanos de Calella? ¿Los agentes de paisano
tomaron la decisión de abandonar el hotel y golpear a ciudadanos por su
cuenta o con el conocimiento, y/o la autorización de algún mando? ¿Se ha
identificado ya a dichos agentes? ¿Van a ser sancionados por actuar al
margen de la ley? ¿Tiene previsto el Gobierno identificar a los
ciudadanos agredidos con porras extensibles por los agentes que estaban
fuera de servicio y disculparse oficialmente con ellos?
¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre la agresión cometida por agentes de
la Policía Nacional el mediodía del 2 de octubre contra un ciudadano de
Girona? ¿Va a iniciar una investigación interna para averiguar qué agente
fue el que agredió a dicho ciudadano para poder tomar las medidas
disciplinarias oportunas?
¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre la agresión cometida por agentes de
la Policía Nacional el mediodía del 2 de octubre contra un ciudadano de
Lleida? ¿Va a iniciar una investigación interna para averiguar qué agente
fue el que agredió a dicho ciudadano para poder tomar las medidas
disciplinarias oportunas?
¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre la actitud de un grupo de agentes del
Cuerpo Nacional de Policía alojados en Pineda de Mar que gritaban "que
nos dejen actuar" en forma chulesca contra la ciudadanía, el pasado 2 de
octubre?
¿Qué criterios tiene el Ministerio del Interior para aceptar que
dirigentes de partidos realicen intervenciones políticas ante agentes de
la Policía Nacional?
¿Qué responsable policial o del ministerio autorizó ese acto público? ¿Es
una práctica habitual? ¿En cuántas ocasiones, en los últimos cinco años,
dirigentes de partidos políticos que no sean altos cargos de alguna
institución han realizado intervenciones políticas ante agentes de la
Policía Nacional o de la Guardia Civil?
¿Quién diseñó el dispositivo policial que actuó el 1 de octubre en
Catalunya?
¿Tiene intención el Gobierno de impulsar una investigación, si no la ha
iniciado ya, para averiguar quién, cómo y por qué dio la orden a los
agentes de entrar sí o sí en los colegios electorales incluso cuando los
propios agentes detectaron que podía ser peligroso ya que había muchos
ciudadanos concentrados en dichos centros?
¿Considera el Gobierno que las imágenes que retransmitieron las
televisiones en las que se veía a agentes del Cuerpo Nacional de Policía
y de la Guardia Civil agrediendo con porras a ciudadanos que tenían las
manos en alto contribuyen a que la ciudadanía tenga una buena imagen de
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?
¿Considera el Gobierno que su estrategia policial en Catalunya ha
contribuido a rebajar la tensión o a incrementarla?
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Francesc
Xavier Domènech Sampere, Diputado.
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