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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 235, de 24/10/2017
cve: BOCG-12-D-235
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
24 de octubre de 2017

Núm. 235


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión de Asuntos Exteriores

161/002371 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a alertar del incremento de la violencia contra defensores de los derechos humanos en América Latina ... (Página4)

161/002387 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los principios que deben regir la membresía de España ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el trienio 2018-2020 ... (Página5)

Comisión de Justicia

161/002390 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por la que se insta a la tipificación penal de exaltación o apología del franquismo, el nazismo y el fascismo ... (Página9)

Comisión de Defensa

161/002389 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la cesión de los terrenos e instalaciones de la antigua Fábrica de Armas de La Vega (Oviedo-Asturias) al Ayuntamiento de Oviedo ... (Página11)

Comisión de Fomento

161/002376 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la supresión de los pasos a nivel, pasos de vías en estaciones, mejora de la seguridad y atención a víctimas y familiares ... (Página13)

161/002377 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la realización de actuaciones urgentes en el punto kilométrico 29 de la N-651 a su paso por el Ayuntamiento de Fene (A Coruña), para minimizar el riesgo de accidentes ... (Página15)

161/002378 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la modernización de la línea ferroviaria de Cercanías entre Alicante y Murcia ... (Página16)


Página 2




161/002380 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la apertura inmediata de la segunda pista del aeropuerto de Málaga, así como la inclusión de un segundo parque de bomberos con la suficiente dotación de recursos materiales y humanos ... (Página17)

161/002381 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a que el tren de Cercanías llegue al Parque Tecnológico de Málaga ... (Página18)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002383 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la adopción de medidas para evitar la explotación y la precariedad laboral en el sector de la seguridad privada como consecuencia de las condiciones en las que se realiza la adjudicación de las contrataciones por parte de las Administraciones Públicas ... (Página20)

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002374 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje ... (Página22)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002388 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a promocionar el consumo de los productos pesqueros ... (Página23)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002372 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la hidrosadenitis supurativa ... (Página24)

161/002384 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la revisión del Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar ... (Página25)

161/002386 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia ... (Página27)

Comisión de Cultura

161/002373 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al traslado del legado de Federico García Lorca a la ciudad de Granada ... (Página28)

161/002379 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Museo Regional de Paleontología y Evolución Humana en el municipio de Torre Pacheco (Región de Murcia) ... (Página29)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002382 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la necesidad de delimitar travesías urbanas o tramos urbanos en la Red de Carreteras del Estado en Galicia ... (Página30)

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/002385 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la revisión del Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar ... (Página32)


Página 3




PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/017945 Autor: Domènech Sampere, Francesc Xavier

Contingente de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil trasladados de forma excepcional a Cataluña ... (Página34)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/002371

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para alertar del incremento de la violencia contra defensores de los derechos humanos en América Latina, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

En los primeros meses de 2017 se ha detectado un alto y creciente número de asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos en América Latina. En enero de 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue informada de 14 homicidios: siete en Colombia, dos en Guatemala, dos en México y tres en Nicaragua. Solo en Colombia se contabilizaron al menos 41 asesinatos en los primeros cuatro meses del año, los mismos que en todo el año 2015. Venezuela, Brasil, México, Guatemala, Ecuador, Cuba, Nicaragua u Honduras son otros de los países de la región que también están sufriendo el devastador incremento de la violencia.

De acuerdo con el informe del Relator Especial de la ONU, la mayoría de los individuos y grupos de defensores que se enfrentan a esta amenaza son aquellos que se oponen al acaparamiento de tierras, a la industria extractiva y a proyectos de madera industrial a gran escala. Las comunidades indígenas y las minorías étnicas y raciales son particularmente vulnerables a estas amenazas y ataques.

Los actos de violencia contra los defensores de los derechos humanos no solo afectan a las garantías y los derechos fundamentales de las personas, sino que suponen un ataque a su papel en la sociedad. El respeto a los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en los instrumentos internacionales que la complementan, deben poder defenderse en un entorno seguro y libre, sin riesgos y en beneficio de la sociedad en su conjunto.

Para asegurar que los defensores no sean amenazados o disuadidos, los Estados deben contar con políticas globales de protección de estas personas, con un enfoque especial hacia la prevención, protección e investigación de los ataques.

Para España, la protección de los defensores de los derechos humanos es una de las seis prioridades fundamentales de la acción exterior en materia de DDHH. La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación gestiona un programa, establecido en 1995, dirigido a defensores de derechos humanos amenazados y en situación de alto riesgo. El propio Ministerio colabora además con otros programas de acogida llevados a cabo por ONGs y diferentes instituciones autonómicas (Asturias, y País Vasco).

También desde el Congreso de los Diputados se ha demostrado nuestra solidaridad y preocupación en relación a esta causa. Un ejemplo de ello, fue la aprobación en el Pleno del 6 de mayo de 2016, de una


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Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la pronta liberación de los presos políticos en la República Bolivariana de Venezuela.

Además, la especial vinculación de España con América Latina, unidas por estrechos lazos históricos, económicos, sociales y culturales, y unos valores compartidos, hace que estos hechos tomen un particular relieve.

Por último, el próximo año, 2018, la ONU celebrará los 20 años de la adopción de la "Declaración de las NNUU sobre los Defensores de los Derechos Humanos" que concluye que "cualquier acto de violencia o represión contra defensores de DDHH es condenable por el Derecho Internacional".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados:

- Manifiesta su preocupación y consternación por el incremento de la violencia contra defensores de derechos humanos en América Latina.

- Reconoce la importancia que estas personas ejercen para la garantía de la democracia y el Estado de Derecho en la sociedad, y muestra un profundo respeto y admiración por los esfuerzos que realizan y su lucha por la defensa de los Derechos Humanos en el mundo.

E insta al Gobierno:

1. En el marco de sus relaciones bilaterales y multilaterales con los países de América Latina a continuar apoyando los esfuerzos de esos países para hacer efectiva la obligación de prevenir cualquier ataque contra la vida o integridad física y garantizar a las personas defensoras de los derechos humanos que puedan desarrollar sus legítimas reivindicaciones sin miedo a represalias, así como de investigar los motivos y llevar ante la justicia a los autores de dichas atrocidades para evitar así la impunidad de estos actos.

2. En el marco de su candidatura al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a, trabajar para contribuir a una mayor sensibilización sobre el trabajo de los defensores de los derechos humanos, y para favorecer una mayor movilización de la opinión internacional sobre este asunto. A través de su candidatura y, en su caso, de su futura presencia en el Consejo, trabajará para promover y reforzar los mecanismos internacionales y regionales de protección de los defensores ante las instancias intergubernamentales, regionales e internacionales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002387

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Asuntos Exteriores, relativa a los principios que deben regir la membresía de España ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el trienio 2018-2020.

Exposición de motivos

El Consejo de Derechos Humanos es un organismo intergubernamental de las Naciones Unidas que tiene como objetivo "fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en todo el mundo para hacer frente a situaciones de violaciones de los derechos humanos" y "formular recomendaciones sobre ellos". En la práctica, su especificidad recae en su capacidad para discutir sobre situaciones que requieran de su atención durante todo el año.

El Consejo está compuesto por 47 Estados Miembros que cumplen un período de membresía no permanente por un período de tres años (entre períodos de Asamblea General). Para este 72.º período de


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sesiones de la Asamblea General, está previsto que se aprueben dos puestos no permanentes de los siete asignados al grupo regional al que pertenece España, Europa Occidental y otros países 1, el lunes 16 de octubre. Inicialmente tres Estados competidores (Australia, Francia y España) habían manifestado interés en asumir dos de esas posiciones. Finalmente, los dos puestos se asumirán por parte de Australia y España, toda vez Francia retiró su candidatura en julio de 2017.

España, que solo en una ocasión había ocupado una de las membresías no permanentes (2010-2013), lanzó su candidatura para el período 2018-2020 en junio de 2013, en vísperas de la finalización de su primer mandato. Los trabajos de la candidatura se intensificaron a partir del verano de 2016.

Con motivo de la candidatura de España, las visitas a Ginebra -sede del Consejo- tanto del Ministro Dastis como del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, se han multiplicado. El 28 de febrero de 2017, don Alfonso Dastis se trasladaba a Ginebra para participar en el Segmento de Alto Nivel de la 34.ª sesión del Consejo de Derechos Humanos; allí reiteraba el compromiso de España con los derechos humanos "dentro y fuera de sus fronteras" y, como prioridades de España en la materia, resaltaba: i) la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres; ii) la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia; iii) la protección de los más vulnerables, en particular de los niños; iv) la plena realización de los derechos de las personas con discapacidad desde una perspectiva inclusiva y participativa; v) la defensa de la labor en este ámbito de las sociedades civiles y, en particular, de los defensores de derechos humanos; vi) la eliminación de la pena de muerte.

Así se dirigió, también, el Ministro Dastis ante la Asamblea General en su intervención del 21 de septiembre, al resaltar que "España ha ejercido su mandato en el Consejo de Seguridad en el bienio 2015-2016 con sentido de la responsabilidad; hemos hecho aportaciones relevantes en materia de no proliferación, de lucha contra el terrorismo y apoyo de sus víctimas, de diplomacia preventiva, en la agenda humanitaria y para incrementar la transparencia de los trabajos de dicho órgano". El Ministro aseguraba entonces que los mismos principios que guiaron aquel bienio servirían para encarar el servicio en el Consejo de Derechos Humanos en el trienio 2018-2020, y concluía que "la defensa y promoción de los derechos humanos constituye una prioridad de nuestra acción exterior". En once páginas de discurso, no obstante, la palabra derechos humanos aparece solo en cuatro ocasiones.

En preparación de su candidatura y membresía, el Gobierno ha llevado a cabo importantes esfuerzos, largamente demandados por organizaciones feministas y otras de la sociedad civil, como son: i) el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos 2, y ii) el II Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad 3, ambos aprobados por el Consejo de Ministros durante el pasado mes de julio.

Sin embargo, y a pesar de estos esfuerzos, el Informe del Grupo de Trabajo sobre el Examen Periódico Universal 4 (la última revisión periódica de España por parte del Consejo de Derechos Humanos), de 13 de abril de 2015 y aprobado durante el 29.º período de sesiones de dicho órgano efectuó, entre otras, las siguientes recomendaciones:

i. Ratificar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (ICRMW).

ii. Adherirse a la Convención para Reducir los Casos de Apatridia (1961).

iii. Promover el establecimiento de un comité interministerial de derechos humanos para seguir mejorando la coordinación entre las diversas administraciones nacionales y aumentar la eficacia de la Oficina de Derechos Humanos.

iv. Fomentar una mayor participación de la sociedad civil en el seguimiento de las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos.

v. Proseguir los esfuerzos por incorporar la igualdad de género en las leyes y políticas y asignar suficientes recursos para la aplicación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

vi. Seguir adoptando medidas orientadas a reforzar el acceso de las mujeres a cargos de responsabilidad y puestos directivos.

vii. Aumentar la participación de las mujeres en los procesos de toma de decisiones;

1 WEOG (Western European and Others Group).

2 2Publicado por el BOE de 14 de septiembre, 2017: https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/B0E-A-2017-10516.pdf.

3 3Publicado por el BOE de 14 de septiembre, 2017: https://www.boe,es/boe/dias/2017/09/14/pdfs/B0E-A-2017-10517.pdf.

4 4Puede consultarse el Informe completo en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G15/076/64/PDF/G1507664.pdf?OpenElement. Las Conclusiones y/o Recomendaciones se recogen a partir de la página 15 (párrafos 131-132).


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viii. Adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para garantizar el derecho a un recurso efectivo en los casos de tortura y malos tratos, y fortalecer su marco para enjuiciar esos delitos.

ix. Garantizar la investigación diligente de las denuncias de uso excesivo de la fuerza por sus propios servicios de seguridad y fuerzas armadas.

x. Abolir la práctica de la detención en régimen de incomunicación y la tortura, y velar por que todos los sospechosos que se encuentren en detención preventiva tengan acceso rápido a un abogado desde el primer momento de su detención.

xi. Hacer uso de estudios comparativos para abordar los retos que plantea la investigación de los delitos de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el régimen franquista, en consonancia con las recomendaciones del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.

De las 189 conclusiones y/o recomendaciones vertidas por los Estados Miembros de las Naciones Unidas 5 a la luz del Informe presentado por España, 47 se refieren a cuestiones de género. Son frecuentes también las menciones a las políticas de España hacia las personas migrantes, así como el cumplimiento del derecho internacional en materia de uso de la fuerza e investigación de torturas realizadas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas del Estado. Otras recomendaciones tienen que ver con el respeto a la legislación internacional en materia de justicia, reparación y no repetición para las víctimas del franquismo. Ninguna de ellas, a día de hoy, ha obtenido respuesta ni motivado acción alguna por parte de España.

Todo lo cual lleva a afirmar que España tiene aún, además, pendiente acometer pasos importantes en materia de aplicación nacional de la legislación internacional de derechos humanos.

Buen ejemplo de ello es que, en las conclusiones de la Misión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la discriminación de las mujeres, dependiente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de diciembre de 2014, se incluían, entre otras, las siguientes conclusiones: i) que en materia de contratación pública, y a pesar de que el funcionariado a cargo del ejercicio de monitoreo había asegurado "la ausencia de discriminación", la explicación ofrecida (que la mujer en España no había accedido al mercado laboral hasta la década de los setenta) no explicaba en modo alguno la brecha existente, que se mantiene en un 13,4 %, y que por lo tanto sigue sin respuesta por parte del Gobierno; ii) certificaba la existencia de niveles menores de promoción para mujeres cualificadas pertenecientes a la Carrera Diplomática al estatus de Jefa de Misión (Embajadora), y demandaba que más mujeres accedieran a los niveles más altos de la Administración; iii) el Grupo de Trabajo recomendaba, así, que el Estado implementara medidas temporales dirigidas a la promoción de la equidad de género en la administración pública, con mención especial a los más altos estamentos del Poder Judicial y de la Carrera Diplomática.

Además de estas recomendaciones y de proceder, con la máxima premura, a solucionar los problemas identificados en la última revisión periódica de España por parte del Consejo de Derechos Humanos, en materia del cumplimiento de derechos humanos dentro de sus fronteras, entendemos que sería ejemplarizante que España tomara nota de la Sentencia 8675/15 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que declara ilegales los procesos conocidos como "devoluciones en caliente" y falla que, como han señalado durante años multitud de organizaciones de la sociedad civil, suponen una vulneración clara de la normativa nacional e internacional -que prohíbe la expulsión colectiva de personas migrantes- así como del principio de no devolución ("non-refoulement").

También recientemente, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, "expresó consternación por la violencia registrada" 6 durante la jornada de referéndum del domingo 1 de octubre en Catalunya, en la que "cientos de personas resultaron heridas", urgiendo a las autoridades españolas a garantizar una investigación amplia, independiente e imparcial de lo ocurrido durante dicha jornada y llamando, asimismo, al diálogo político entre las partes y a la aceptación, por parte de España, de sendas solicitudes de expertos en derechos humanos de la ONU para visitar Catalunya. Días antes, en un comunicado conjunto 7, David Kaye, relator especial sobre la promoción del derecho a la libertad de opinión, y Alfred de Zayas, experto independiente sobre la promoción de un orden internacional democrático, habían llamado asimismo la atención

5 En estas revisiones periódicas pueden participar los 193 miembros permanentes de las Naciones Unidas, y no meramente los integrantes in tempore del Consejo de Derechos Humanos.

6 Nota de Prensa emitida por las Naciones Unidas (en castellano): http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=38173#.WdYXJKIbNxl.

7 Nota de Prensa emitida por las Naciones Unidas (en castellano):.http://wwww n.org/spanish/News/story.asp?NewsID=38151#.WdYXRKIIDNxl.


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sobre la necesidad de que las medidas adoptadas con anterioridad a la celebración del referéndum no interfirieran con "los derechos fundamentales a la libertad de expresión, reunión y asociación y participación pública".

En materia del compromiso de España con los derechos humanos "fuera de sus fronteras" el Gobierno debe redoblar esfuerzos por pasar de los compromisos retóricos a la acción. Valga de ejemplo la limitada iniciativa de nuestro país en la acogida de personas refugiadas, cuyos derechos son violados sistemáticamente de forma global, no puede continuar si España quiere ser digno ocupante del asiento en el Consejo de Derechos Humanos.

Tal y como ha recordado en multitud de ocasiones nuestro Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, España ha apoyado en buena parte su Candidatura sobre la base de su trabajo previo bajo la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y más concretamente de la Resolución 2242 (2015) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el pasado 13 de octubre, según la cual dieron comienzo los trabajos del Grupo Informal de Expertos del Consejo de Seguridad sobre mujeres, paz y seguridad, que incluye temas desde financiación hasta violencia sexual en conflictos. Cumplir con ese rol de liderazgo exigiría impulsar y profundizar esos compromisos ya adquiridos 8, de los cuales, que obren en nuestro conocimiento, solo se ha materializado el primero.

El pasado 20 de junio esta Cámara tuvo la oportunidad de vislumbrar, tras un ejercicio de diálogo político y de consenso parlamentario, la aprobación de una proposición según la cual el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno a "tomar la iniciativa a nivel internacional y promover, en el ámbito de las Naciones Unidas, la adopción de una Convención Internacional sobre la aplicación de las normas relativas a los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género basada en los Principios de Yogyakarta de 2006 y que sirva para amparar y proteger al colectivo frente a las concretas discriminaciones y violaciones que sufren". Una iniciativa de estas características, adoptada por práctica unanimidad, sienta, sin duda, las bases para un proyecto internacional que podamos compartir todos y todas.

Es por ello que, en definitiva, y más allá del contenido concreto de la candidatura, entendemos que España no puede afrontar un reto diplomático de este alcance e importancia sin consensuar, junto a las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos con representación parlamentaria, una agenda contundente y ambiciosa, que sitúe a nuestro país en una posición ejemplar en la defensa de los derechos humanos ante el mundo.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados felicita al Gobierno de España ante su elección para ocupar un puesto no permanente, por un período de tres años, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y, en el marco de su membresía, insta al Gobierno de España a:

1.º Conformar una Mesa Permanente a la que se invite a organizaciones de la sociedad civil, y en la que participen, asimismo, los partidos políticos con representación parlamentaria. El objetivo de esta Mesa será doble: i) rendición de cuentas de la actividad de España ante el Consejo de Derechos Humanos; y ii) promoción del diálogo y del consenso político sobre la acción exterior de España en materia de derechos humanos. Se reunirá, de forma plenaria y como mínimo, antes de cada sesión del Consejo 9.

8 A saber:

i.Actualizar el Plan de Acción Nacional y aprobar informes periódicos de seguimiento que presentaremos ante el Parlamento. ii.Crear un punto focal nacional e impulsar la creación de una red internacional de puntos focales. iii.Asociar a la sociedad civil al diseño y seguimiento de nuestras acciones. iv.Profundizar la formación en materia de género de los miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente los que se desplieguen en Misiones Internacionales. v.Continuar impulsando la participación de mujeres militares en Operaciones de Paz y asegurarnos la presencia de mujeres en los equipos de mediación. vi.Aplicar de forma estricta la política de tolerancia cero en relación con acusaciones de violencia sexual que afecten a miembros civiles y militares españoles en misiones en el exterior. vii.Incrementar el porcentaje de la Ayuda Oficial al Desarrollo dedicada a Mujeres, Paz y Seguridad. viii.Contribuir a la financiación de la unidad de género del Departamento de Asuntos Políticos de la Secretaría de Naciones Unidas en 2016. ix.Realizar en 2016 una contribución de un millón de euros al nuevo Instrumento de Aceleración Global y al Fondo ONU Mujeres contra la violencia sexual en conflictos.

9 Habida cuenta de que se celebrarán tres sesiones al año.


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2.º La promoción de una estrategia para transversalizar la protección de las defensoras y defensores de DDHH en la política exterior española, en especial en el ámbito bilateral, de acuerdo con la Resolución 53/144 sobre derechos y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos y las Directrices de la Unión Europea sobre los defensores de los derechos humanos, y con especial énfasis en: i) defensores/as del medio ambiente; ii) quienes luchan contra la violencia de género, y contra toda forma de discriminación contra mujeres y niñas; y iii) el colectivo LGBTI+, frente a la persecución que sufren en muchos países en defensa de los derechos humanos.

3.º Comenzar los trabajos para que, a medio término de su membresía (en el 73.º período de sesiones de la Asamblea General), España pueda promover y/o integrarse en la conformación de un Grupo de Trabajo para la redacción de una propuesta de Convención Internacional sobre la aplicación de las normas relativas a los Derechos Humanos en relación con la orientación sexual e identidad de género, en cumplimiento de lo aprobado por este Parlamento el pasado 20 de junio;

4.º Incurrir en cuantas acciones sean necesarias para solventar los problemas identificados por las revisiones periódicas del propio Consejo de Derechos Humanos sobre España, implementando así las recomendaciones planteadas por el Consejo de Derechos Humanos y el resto de mecanismos internacionales de Derechos Humanos para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos de todas las personas que habitan en España. De ser necesario, el MAEC solicitará un crédito presupuestario extraordinario al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en caso de que las partidas destinadas -y no ejecutadas- a la campaña de promoción de la candidatura de España no resulten suficientes y, de resultarlo, asegurar que estas se destinen eficazmente, y cumplan con lo requerido en los puntos anteriores;

5.º Incurrir en cuantas acciones sean necesarias para:

5.1.º Impulsar -como principales prioridades de su mandato dentro del Consejo de Derechos Humanos-, la defensa de los derechos de las mujeres, en especial el derecho a una vida libre de violencia y discriminación, así como los derechos de las personas que sufren discriminación racial, por origen étnico, nacional, religión, por su identidad u orientación sexual, por su diversidad funcional, así como los derechos de la infancia y la adolescencia, así como los derechos sociales, económicos y culturales, de forma que se garantice la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos;

5.2.º Situar en el centro de su política exterior tanto bilateral como multilateral los derechos humanos y la equidad de género;

5.3.º Apoyar las labores del Grupo de Trabajo para la Creación de un Instrumento Jurídicamente Vinculante de Empresas y Derechos Humanos -trabajando activamente en la elaboración del mismo, y fomentando la participación de la sociedad civil española.

6.º Fomentar la participación de activistas de la sociedad civil y víctimas de violaciones de los derechos humanos en el trabajo del Consejo de Derechos Humanos mediante su participación en las reuniones formales e informales del mismo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Pablo Bustinduy Amador, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Justicia

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley ante la Comisión de Justicia por la que se insta a la tipificación penal del exaltación o apología del franquismo, el nazismo y el fascismo.


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Exposición de motivos

Estos últimos años se constata una preocupante proliferación de actos de enaltecimiento del franquismo y el nazismo, ya sea de forma autónoma o, con mayor asiduidad, integrándose y contaminando expresiones de voluntades cívicas o populares a través de manifestaciones ciudadanas y actos públicos.

Hechos como los sucedidos en el funeral del ministro franquista José Utrera-Molina, que se convirtió en una verdadera glorificación del franquismo, el homenaje en Almuradiel (Ciudad Real) al fundador de "Casa Pepe", establecimiento de restauración cargado de parafernalia franquista, el asalto de la librería Blanquerna de Madrid por parte de ultras cargados de simbología propia del nazismo, el homenaje a la División Azul en una parroquia de L'Hospitalet de Llobregat, decorada con estandartes y demás símbolos propios del III Reich y ambientada con cantos de himnos franquistas, entonados brazo en alto, por los presentes, son una pequeña relación de ellos.

El partido del Gobierno, lejos de condenarlo, ha sido a menudo protagonista de estos hechos, como se ha podido constatar con la exhibición de simbología, banderas y gestos fascistas publicadas en redes sociales protagonizadas por dirigentes de Nuevas Generaciones del Partido Popular o en el acto de homenaje a la División Azul en un Cuartel de la Guardia Civil de Barcelona, en el que la entonces delegada del Gobierno en Catalunya participó activamente galardonando a la Hermandad de Combatientes de la División Azul. También constatamos la participación de diversos dirigentes del mismo partido en la cena celebrada el pasado mes de diciembre en el Hotel Novotel de Madrid, en homenaje al dictador Francisco Franco, organizada por la Fundación que lleva su nombre, en la cual recibieron premios por contribuir a honrar "la memoria del Caudillo".

Junto a ello, la presencia de simbología fascista y franquista, exhibidas con ademán violento y gestualización propia del nazismo (saludo romano), han proliferado aún más estos últimos días. Así, coincidiendo con la asamblea convocada por este Grupo Confederal el pasado día 24 de septiembre en el pabellón Siglo XXI de Zaragoza, en la concentración tumultuaria acaecida en su exterior, se vieron exhibiciones de banderas y símbolos franquistas, así como cantos y gestos de índole fascista. Días más tarde, en otras movilizaciones ciudadanas como la manifestación del 8 de octubre en Barcelona o, el día siguiente, la conmemoración de la Diada Nacional del País Valencià en Valéncia, algunos grupúsculos (violentos, en no pocas ocasiones) asistieron con el mismo tipo de banderas, símbolos y gestualidades. Incluso ayer mismo, día 12 de octubre, Barcelona fue de nuevo escenario de este tipo de actuaciones, en especial en las marchas de la montaña de Montjuïc, en las que, un año más y en un contexto de violencia, cantos de himnos fascistas y manifestaciones de odio, se llegaron a instalar puntos de venta de objetos de simbología propia del nazismo y del franquismo.

Todo ello, no solo supone banalizar el significado histórico de regímenes fascistas, xenófobos y antidemocráticos, sino que coaccionan y amedrentan la libre expresión de la voluntad ciudadana a través de legítimas manifestaciones y reuniones. Frente al castigo de estas conductas, podría objetarse el límite constitucional de la libertad de expresión, sin embargo, el hecho de que lleven aparejada la incitación no solo a delitos violentos contra ciertos colectivos, sino también la puesta en peligro la democracia, sobretodo en el actual contexto de crisis que sufre nuestro sistema, lleva a la conclusión que superan el marco de la "expresión", para constituir una verdadera "acción", y, cómo expuso en su momento el politólogo Reginald Basset, no es legítimo que aquellos que se manifiestan abiertamente partidarios de derribar a la democracia, vean amparados por ella sus esfuerzos por derrocarla.

Frente a ello, cabe considerar que diversos Estados de nuestro entorno castigan este tipo de conductas. El Derecho penal alemán castiga la propaganda de organizaciones anticonstitucionales, entre las cuales cuenta las de carácter neonazi, y penaliza la exhibición de símbolos (banderas y gestos) identificadores de las anteriores organizaciones. En Francia, por su lado, el Código Penal tipifica como delito la apología del nazismo, identificando como tal la "muestra o exhibición de cualquier uniforme, insignia o emblema" de organizaciones declaradas como criminales con base al Estatuto del Tribunal Militar Internacional. Finalmente, el Derecho penal italiano impone pena de prisión y multa para aquellos que hagan "apología del fascismo", entendido como enaltecimiento o propaganda del fascismo o sus objetivos antidemocráticos. En cambio, el Código Penal español no prevé ninguna tipificación de estas conductas, que devienen absolutamente intolerables e injustificables y que deben ser proscritas y perseguidas.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar ante esta Cámara, y en un plazo máximo de tres meses, un proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para que se incluya la tipificación penal del delito de exaltación o apología del franquismo, el nazismo y el fascismo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de octubre de 2017.-Jaume Moya Matas, Diputado.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Defensa

161/002389

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Defensa, relativa a la cesión de los terrenos e instalaciones de la antigua Fábrica de Armas de La Vega (Oviedo-Asturias) al Excmo. Ayuntamiento de Oviedo.

Exposición de motivos

En enero de 2013, y después de 160 años de actividad industrial ininterrumpida, la Fábrica de Armas de La Vega -también conocida como Fábrica de armas de Oviedo-, cesó definitivamente sus labores productivas. Desde entonces sus instalaciones, terrenos y talleres permanecen vacíos, sin utilidad práctica alguna ni para el Ministerio de Defensa ni para la ciudad en la que están ubicados, y en evidente riesgo de deterioro.

Para entender como se ha llegado a esta situación es preciso hacer un breve recorrido por la centenaria historia de esta factoría:

En septiembre de 1854, el entonces Gobierno Provincial hizo entrega al Ayuntamiento de Oviedo del Convento de La Vega. Su cesión definitiva, en virtud de Real Orden, se registró el 10 de diciembre de 1855 añadiendo veinticinco mil reales para expropiaciones.

En 1855, el Ayuntamiento ofrece al entonces denominado Ministerio de Guerra el antiguo Convento Benedictino de la Vega junto con 552 áreas, trasladándose las religiosas al Convento de San Pelayo.

El 1 de marzo de 1856 se formalizó la escritura pública de cesión por parte del Ayuntamiento de Oviedo a favor del Estado para establecer una Fábrica de Armas. En la escritura dice literalmente: "[...] pero entendiéndose con la precisa condición de que esta cesión y traspaso sea para el establecimiento definitivo en él de la fábrica de fusiles y otras armas de la misma clase con todas las piezas de que se compón, y en tal concepto y no en otro alguno el Ayuntamiento se aparte y desiste por si propio y por los demás que le sucedan en el mismo cargo y atribuciones de todo derecho o acción que pueda corresponderle en virtud de la adjudicación que definitivamente se le ha hecho del edificio por la Real Orden de 10 de diciembre de 1855".

El 21 de abril de 1856 el Ayuntamiento de Oviedo tramita un expediente expropiatorio de los terrenos contiguos al convento al objeto de dar ensanche a la fábrica de armas: 9.708 varas cuadradas con un valor total de 29.198,53 reales, importe satisfecho por el Ayuntamiento.

Entre 1856-1858 se instala la fábrica de fusiles en La Vega bajo la dirección del General Elorza, se centralizan los talleres, y ya en 1857 la fábrica da empleo a 700 armeros y 250 obreros.

A lo largo de todo el siglo XX La Vega desarrolló su actividad ininterrumpidamente siguiendo diversos modelos de gestión y produciendo distintas clases de material militar e, incluso, componentes de aviación.


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En 1960 se incorpora a la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, S.A., empresa que posteriormente se integra en la SEPI hasta que, en abril de 2000, la SEPI aprueba las adquisición de Santa Bárbara por General Dynamics Corporation, operación que el 30 de marzo de 2001 es ratificada por el Consejo de Ministros, convirtiéndose la primera en una filial de la empresa americana con el nuevo nombre de Santa Bárbara Sistemas y estructurada en tres divisiones: vehículos, artillería y componentes, incorporándose la Fábrica de La Vega como centro de excelencia para mecanización.

En abril de 2012 Santa Bárbara Sistemas comunica el cierre de la fábrica de armas de La Vega y el traslado de la plantilla y la maquinaria a la fábrica de Trubia, proceso de integración que culminó con el cierre definitivo de la fábrica de La Vega.

Este proceso tuvo como lamentable consecuencia, en febrero de 2012 -apenas un mes después-, la presentación de un plan de reestructuración que significó una reducción del 40 % de la plantilla conjunta de las Fabricas de La Vega-Trubia a través de un conflictivo ERE con 55 despidos directos de unos trabajadores que llevaban, en muchos casos, más de 30 años en la empresa, complementado con un ERTE que afectaba cada mes a más de 213 empleados hasta, al menos, diciembre de 2015.

Es necesario destacar la lucha de los trabajadores despedidos de la Fábrica de Armas, conocidos como " Los 55 de Trubia", contra una decisión empresarial injusta cuyo resultado es el cierre de un centro industrial que disponía de instalaciones únicas en Europa, la perdida de la capacidad de fabricar diversos tipos de productos y un evidente desmantelamiento de la industria de defensa en Asturias, que hace apenas unos años suponía unos 2.500 empleos directos, y que ahora apenas llega a los 400.

Durante más de siglo y medio La Vega ha sido una parte relevante de la modernización de Oviedo y de toda Asturias. La fábrica contribuyó poderosamente a la creación de empleo, y a principios de los noventa esta tenía una plantilla de más de 4.000 trabajadores.

Con el cese definitivo de su actividad industrial los terrenos de La Vega han dejado de cumplir -en contra de la voluntad del Ayuntamiento de Oviedo- la finalidad para la cual fueron cedidos al Estado, Por ello entendemos que ha llegado el momento de que se cumpla la condición expresamente incluida en la escritura de cesión y se devuelva al Ayuntamiento de Oviedo el inmueble cedido y, con este objetivo, se presenta esta Proposición no de Ley.

Es preciso entender que el emplazamiento y la extensión de la parcela convierten La Vega en una pieza fundamental para el futuro desarrollo de la ciudad de Oviedo.

En este sentido se puede afirmar que la puesta en marcha inminente del proyecto "Conectando Oviedo" con una financiación global de casi 20 millones -el 50 % aportados por la UE a través del programa EDUSI- para regenerar toda el área de La Vega y el inicio del proceso de revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo suponen la ocasión idónea para que el municipio recupere la titularidad legal de los terrenos de la fábrica, incluyéndolos en la nueva ordenación y planeamiento de la zona.

Al margen de la oportunidad social, urbana, cultural y económica que representa la reversión de los terrenos al Ayuntamiento de Oviedo, no es posible olvidar ni menospreciar el estrecho vínculo sentimental que la ciudadanía ovetense siente hacia la Fábrica. La Vega formó parte imprescindible del corazón de Oviedo durante más de 150 años y a la sombra de la fábrica creció una nueva ciudad industrial que moldeó lo que hoy es el Oviedo actual.

Durante más de siglo y medio Oviedo ha respetado el acuerdo alcanzado con el Estado para la cesión gratuita del uso de esos terrenos. Una vez extinguida la condición esencial de ese acuerdo la ciudad, y este Grupo Parlamentario, entienden que ha llegado el momento de que el Estado devuelva a Oviedo lo que, en realidad, nunca ha dejado de ser suyo.

El Ayuntamiento de Oviedo ya ha iniciado una negociación con el Ministerio de Defensa con el objetivo de defender los derechos de la ciudad a través de un diálogo entre instituciones, que evite procesos judiciales interminables y con el convencimiento de que, a ambas Administraciones, les une el mismo interés público.

En estas negociaciones Oviedo solicitará, en cumplimiento de las condiciones establecidas en la escritura de cesión, la reversión a título gratuito de la propiedad de esos terrenos al Ayuntamiento. Que el Ministerio de Defensa plantee para acceder a iniciar las negociaciones que otra administración pública, en este caso el Ayuntamiento de Oviedo, asuma el pagar los terrenos en cuestión a precio de mercado no parece lo más razonable y no observa el principio de colaboración entre administraciones públicas. Dicho principio debería de presidir las relaciones entre las distintas administraciones de nuestro Estado.


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Existen antecedentes de casos similares al descrito. Por ejemplo el Ministerio de Defensa en 1990 renunció a vender comercialmente el antiguo cuartel de Viriato de Zamora, cedido en su momento con una cláusula que condicionaba la cesión al uso como cuartel idéntica a la expuesta al inicio de este escrito, y que actualmente es un centro universitario o la cesión, también realizada por el Ministerio de Defensa, del edificio de la Real Fábrica de Artillería al Ayuntamiento de Sevilla quien lo destinará a espacio cultural.

Finalmente el Ministerio de Defensa debe entender que ni el Ayuntamiento ni la ciudadanía de Oviedo están dispuestos a permitir que se realicen operaciones con el único ánimo de hacer caja con un patrimonio que pertenece, en primera instancia, al pueblo de Oviedo.

Esta Proposición no de Ley pretende impulsar un acuerdo entre ambas administraciones que permita eludir lo que probablemente sería un largo proceso legal, evitando no solo los costes económicos que conllevaría, sino también que las instalaciones y terrenos de la antigua Fábrica de armas de Oviedo siguieran sin ningún uso ni la adecuada conservación, lo que conllevaría el deterioro consiguiente durante la duración del litigio.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que el Ministerio de Defensa negocie y firme un acuerdo de devolución y cesión de los terrenos e instalaciones de la antigua Fábrica de Armas de Oviedo a favor del Ayuntamiento de esta ciudad, por haberse extinguido la condición recogida en la escritura pública de cesión otorgada el 1 de marzo de 1856, y al haber finalizado el uso industrial de los mismos.

2. Que dicha cesión no comportará el abono de contraprestación económica alguna por parte del Ayuntamiento de Oviedo, ni la permuta por otros terrenos de propiedad municipal, y comprenderá la totalidad de los terrenos e instalaciones ocupados actualmente por la Antigua Fábrica de Armas de Oviedo.

3. Que este acuerdo entre ambas administraciones se firme en un plazo máximo de 6 meses, a contar desde la aprobación de la presente Proposición no de Ley, con el doble objetivo de evitar un mayor deterioro de las instalaciones y recuperarlas para el uso del consistorio, y por ende de la ciudadanía, lo antes posible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-José David Carracedo Verde, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Fomento

161/002376

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Fomento, relativa la supresión de los pasos a nivel, pasos de vías en estaciones, mejora de la seguridad y atención a víctimas y familiares.

Exposición de motivos

Los pasos a nivel suponen una peligrosa realidad cotidiana por el que diariamente miles de personas transcurren en todo el territorio nacional. Múltiples caminos, carreteras y pasos de viandantes coinciden al mismo nivel en la red viaria de nuestro país. Las noticias de arrollamientos y el número de víctimas y accidentes en los pasos a nivel y pasos de vías podrían reducirse mejorando la seguridad y asimismo se podrían evitar con la eliminación de los mismos.


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Se estima que existen unos 1.600 pasos a nivel de clase A, es decir, aquellos que entrañan mayor peligrosidad al contar solo con señales fijas de información. Y además 443 pasos entre andenes en estaciones de tren de toda España. Según información oficial del Gobierno facilitada en respuesta a pregunta parlamentaria, en los últimos 10 años en estaciones con paso de viajeros sobre vía se han producido 46 accidentes por arrollamiento al cruzar por el paso emplazado entre andenes.

Realizar un estudio actualizado y detallado de las actuaciones necesarias supondría un gasto cuantioso, pero sin duda alguna sería una inversión imprescindible que repercutiría en la seguridad ferroviaria, automovilística y ciudadana. En este sentido, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), "recomendó en varias ocasiones la conveniencia de disponer de un inventario de estos pasos a nivel en el que se incluyan diferentes parámetros con el fin de poder realizar posteriormente análisis de riesgos que ayuden a dar una idea de la peligrosidad, y con ello reducir la accidentalidad".

La finalidad de este inventario será la de acometer actuaciones que permitan la supresión y/o mejora de seguridad de los pasos a nivel, cruces de vías y cruces de andenes.

Por otro lado, con objeto de mejorar las actuaciones de seguridad ferroviaria y para dotar de atención integral a las víctimas y familiares de accidentes, es necesario que se investiguen cualquier siniestro donde haya al menos una víctima mortal.

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Dotar de los recursos económicos suficiente para que la realización del estudio que permita conocer el estado de los cruces entre andenes para pasajeros en estaciones y la señalización viaria de los pasos a nivel con protección de clase A en la Red Ferroviaria de Interés General (expediente 201701000006) concluya en el plazo inferior a un año.

2. Ampliar el estudio anterior o licitar uno nuevo que permita conocer y tener inventariados todos los pasos a nivel y cruces de vías.

3. Cumplir con las conclusiones y medidas indicadas por el estudio (o estudios), adoptando medidas de seguridad provisionales hasta la ejecución de las actuaciones necesarias en un plazo inferior a dos años desde la publicación del estudio.

4. Comenzar de manera inmediata y dar prioridad absoluta a las actuaciones de seguridad y eliminación en los pasos a nivel de clase A y pasos de vías del estaciones de tren que ya estén correctamente identificados sin necesidad de esperar a la finalización del estudio.

5. Garantizar los desplazamientos a pie y su seguridad con instalaciones de pasos soterrados y elevados.

6. Dotar a los Presupuestos Generales del Estado de 2018 con las partidas presupuestarias necesarias para cumplir con los puntos 1, 2, 3, 4 y 5.

7. Acometer cuantas actuaciones y desempeño presupuestario sea necesario para completar las medidas requeridas en el año 2020.

8. Dar una atención integral real a los familiares de víctimas de arrollamientos en base al Real Decreto 627/2014 de 18 julio.

9. Obligar a que la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) inicie una investigación según el artículo 4.2 del Real Decreto 623/2014, de 18 de julio, por el que se regula la investigación de los accidentes e incidentes ferroviarios y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, en cualquier accidente donde al menos haya una víctima mortal (arrollamientos en estaciones y apeaderos incluidos) para obtener conclusiones que permitan mejorar la seguridad ferroviaria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2017.-Sergio Pascual Peña, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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161/002377

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de sus Diputadas doña Yolanda Díaz Pérez y doña Alexandra Fernández Gómez, y a través de su Portavoz doña Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Fomento relativa a la realización de actuaciones urgentes en el punto kilométrico 29 de la N-651 a su paso por el Ayuntamiento de Fene (A Coruña), para minimizar el riesgo de accidentes.

Exposición de motivos

La seguridad vial es una de las preocupaciones que actualmente promueven desde las instituciones los poderes públicos, ya sea mediante campañas publicitarias de sensibilización, o bien desde la ejecución para velar por el cumplimiento de las normas de circulación encomendada a los agentes destinados a la vigilancia y control del tráfico.

Actualmente las víctimas de accidentes de tráfico siguen siendo una de las mayores causas de mortalidad en nuestro país, considerándose por ello una de las "mayores enfermedades sociales" a tener en cuenta.

Un elemento fundamental en muchos de los accidentes de tráfico es el factor humano, pero no se pueden obviar factores tan determinantes como son la configuración, estado y características de la vía, si cabe tan importantes como el anterior, teniendo en cuenta que se pueden subsanar y que su finalidad es la de evitar posibles víctimas. Y esto es exactamente lo que ocurre en la carretera N-651, cuya titularidad corresponde al Ministerio de Fomento, y que discurre entre la localidad de Betanzos (A Coruña) en su intersección con la N-6 y la intersección con el FE-14 en Ferrol (A Coruña) con una longitud total de 30.603 metros. En ella hay que destacar el punto kilométrico 29 a su paso por el municipio de Fene (A Coruña), un tramo que podría considerarse, según los criterios que emplea la Dirección General de Tráfico, como un "punto negro (P.N.)" o "tramo de concentración de accidentes (T.C.A.)", ya que son varios los accidentes graves que se han producido en los últimos años, lo que exigiría del Ministerio de Fomento que este tramo fuera objeto de estudio como un peligro potencial para la seguridad vial y la consiguiente actuación de mejora de la infraestructura que conduzca a una reducción efectiva de la accidentalidad.

El Ayuntamiento de Fene (A Coruña) ha solicitado al Ministerio de Fomento una actuación urgente en el punto kilométrico 29 de la N-651 que conlleve actuaciones que minimicen el riesgo de accidentes de circulación, ya que en los últimos cuatro años se produjeron 38 siniestros, con balance final de 9 personas heridas de distinta consideración y tres fallecidas, el último el pasado 18 de septiembre de 2017, petición que reiteramos a través de esta iniciativa parlamentaria.

Esta petición de actuaciones urgentes en la mencionada carretera ya habían sido comunicadas por el Ayuntamiento de Fene en el año 2014, sin que hasta el momento se produjeran cambios de importancia en las condiciones de la carretera, más allá de la colocación de señalización vertical advirtiendo, en ambos sentidos, del peligro del firme resbaladizo.

Un informe reciente de la Policía Local de Fene (25 de septiembre de 2017) afirma que el principal responsable de los accidentes que se han producido en esta carretera es el elemento "vía" en su configuración, trazado y mantenimiento, e indica que se "consideran insuficientes los actuales elementos de protección de la misma, ya que solo existe protección lateral (quitamiedos) que evitan que el vehículo pueda salirse de la vía en sus márgenes, pero no existe ninguno que evite que un vehículo que circule en dirección Fene y que pierda el control invada el carril contrario de circulación, como sucedió el pasado 18 de septiembre de 2017". Además, el citado informe señala que "el aglomerado asfáltico en el punto que nos afecta, presenta a simple vista un estado de desgaste y agrietamiento evidente, lo que favorece el deslizamiento de los vehículos por pérdida de adherencia, acentuándose esto en días de lluvia". Y la Policía Local de Fene sentencia en este escrito afirmando que "no tiene constancia de la realización de labores de mantenimiento del firme en los últimos años".

Así, el Ayuntamiento de Fene reclama que como primera medida para llevar a cabo y que se consideran urgentes, ya que resultan más factibles y fáciles de ejecutar en un espacio corto de tiempo, la profunda y meticulosa limpieza de la vía, lo cual evitaría que debido a la suciedad pueda haber pérdida de adherencia en el pavimento.


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La siguiente medida a tener en cuenta pasaría por la modificación en la señalización sustituyendo las señales de indicación de velocidad máxima aconsejable a 70 km/h y a 50 km/h (S-7), por la colocación de una señal de prohibición de límite de velocidad máxima a 50 km/h (R-301) en ambas direcciones, disminuyendo la velocidad máxima autorizada en dicho tramo, con lo cual se reducirían enormemente las posibilidades de la existencia de un accidente en que la causa eficiente del mismo pudiera ser la velocidad.

Y la medida más importante es la implantación de un elemento de seguridad como pudiera ser una mediana de hormigón o barrera lateral semirrígida (quitamiedos), para evitar que los vehículos que pierden el control invadan el carril destinado al sentido contrario de circulación, pudiéndose llevar a cabo esto, en caso de falta de espacio en la vía, con la supresión de uno de los dos carriles de subida en dirección A Coruña hasta la altura de la incorporación a la AP-9.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar, de forma urgente, un estudio técnico, elaborado por personal cualificado que analice las condiciones de seguridad de la N-651 en el punto kilométrico 29, con el objetivo de desvelar todos los factores que puedan contribuir a la producción de accidentes en este punto concreto.

2. En base al resultado de este estudio, que se apliquen, sin demora, los cambios estructurales que sean necesarios y, en cualquier caso, que se actúe de inmediato dotando la zona de mayor protección lateral para evitar salidas de vía, instalando muro separador de ambos carriles y limitando la velocidad de subida y de bajada a un máximo de 50 km/h, tal y como recomienda la Policía Local de Fene en su informe."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de octubre de 2017.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/002378

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la modernización de la línea ferroviaria de Cercanías entre Alicante y Murcia, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La realización de las obras para la llegada del AVE a Alicante y Murcia ha revolucionado la modernización de las infraestructuras ferroviarias. Ello ha de servir para mejorar, impulsar y acondicionar el transporte de usuarios de este medio de comunicación.

En la provincia de Alicante y en la comarca de la Vega Baja, las obras de la plataforma ferroviaria de alta velocidad, se iniciaron alrededor del año 2010. Estas obras han ido afectando al tráfico ferroviario de muy diversas maneras.

La línea ferroviaria de cercanías que une Alicante-Murcia no solo es una de las líneas ferroviarias más usada a nivel de pasajeros sino que además es una de las que más beneficios económicos reporta al Estado. Por lo que es natural que se apueste por una efectiva modernización de la línea para hacerla más cómoda y sostenible medioambientalmente.

Partiendo del adecuado trazado y efectuando las mejoras necesarias podría reducirse considerablemente los tiempos de los recorridos. Todo ello animaría a muchos ciudadanos a retomar este medio de transporte y a decidir usarlo como medio de transporte habitual con el beneficio que supone para el medio ambiente en cuanto a la disminución de la emisión de gases CO2 a la atmosfera.


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La realidad es que en los últimos tres años, los usuarios del servicio de esta línea de Cercanías están disminuyendo año tras año, incluso pasados los peores años de la crisis económica.

Es el momento de apostar por la modernización e integración de los servicios de cercanías y regionales, con la futura alta velocidad, y al mismo tiempo, de completar y aumentar los servicios con nuevas frecuencias, mejores trenes, menores tiempos de viaje, con el fin de no dejar en el letargo una línea que une a Orihuela de una manera efectiva, y accesible a las ciudades de Alicante, Elche y Murcia, y que como ciudad no puede contemplar el paulatino deterioro.

Por todo lo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que realice las actuaciones necesarias para la modernización de la línea de "Cercanías-RENFE" en el trazado Alicante-Murcia, de modo que se completen las actuaciones pendientes:

a) Terminación de las obras y puesta en servicio del tramo Monforte-Murcia, totalmente en doble vía de ancho internacional y electrificación.

b) Redacción de proyectos y ejecución de las obras de cambio de ancho estándar en el tramo San lsidro-Elche-Alicante por la costa, así como su electrificación compatible con la línea de alta velocidad anterior.

c) Interconexión de las estaciones de Cercanías y autobuses con las de alta velocidad previstas en el tramo Murcia-Alicante, con el fin de potenciar la movilidad.

2. Que proceda en consecuencia a iniciar los trámites necesarios para la compra de nuevos trenes de cercanías con tracción eléctrica, tipo CIVIA o similar (idénticos a los que circulan en el resto de núcleos de cercanías), o adaptación a ancho ibérico, que deban sustituir los actuales, con el tiempo suficiente para que su puesta en servicio coincida con la puesta en servicio de las obras referidas en el punto primero.

3. Que se dote partida presupuestaria suficiente al Ministerio de Fomento y ADIF para la realización de las obras de modernización de la línea ferroviaria Alicante-Murcia Cercanías, con un horizonte temporal claro y firme."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de septiembre de 2017.-Julián López Milla, Patricia Blanquer Alcaraz, Pedro Saura García y María González Veracruz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/002380

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la apertura inmediata de la segunda pista del Aeropuerto de Málaga así como la inclusión de un segundo parque de bomberos con la suficiente dotación de recursos materiales y humanos, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Un aeropuerto como el de Málaga, principal puerta de entrada del turismo, no puede permitirse mantener la falta de calidad en los servicios y en las instalaciones ni una segunda pista inoperativa. No hay que olvidar que la principal "industria" de Málaga y Andalucía es el turismo y es inadmisible que sea el único aeropuerto de España con dos pistas que no se dota y que no se utiliza de manera normalizada.


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El uso de una única pista en el aeropuerto de Málaga supone grandes perjuicios económicos y de tiempo para compañías aéreas y pasajeros. Al contar con una única pista para aterrizajes y despegues, las aeronaves deben recorrer distancias mucho mayores en aproximación (llegada) y soportar mayores tiempos de espera antes del despegue.

Actualmente la segunda pista de este aeropuerto, inaugurada el 25 de junio de 2012, está siendo muy infrautilizada, a pesar del incremento de más de 17 millones de pasajeros al año. Las previsiones de pasajeros para el año 2017 son alcanzar los 18 millones de pasajeros, que supera con creces las previsiones realizadas para tener las dos pistas abiertas.

La empresa y el Gobierno dicen que la segunda pista se abre a "demanda" y esto es totalmente falso, según los sindicatos, porque solo se está abriendo por las mañanas y hay picos por las tardes que superan franjas horarias de las mañanas que sí está abierta la segunda pista.

Los sindicatos señalan que los motivos reales por los que ni el Ministerio de Fomento ni la propia AENA hayan tomado las medidas necesarias para que la operatividad de la segunda pista sea un hecho real, no es otro que el proceso privatizador que el Gobierno ha estado realizando en esta empresa pública en la que han prevalecido los recortes de gastos para que las cuentas de AENA apareciesen saneadas en lugar de primar el servicio básico y público que desempeña.

La excusa interpuesta siempre por el Ministerio de Fomento, según los agentes sociales, de no existir plazas ya que los PGE no lo permitían este año ya no sirve. Se han firmado en el acuerdo entre la CSE y el Grupo AENA 256 plazas para el año 2017, lo que ya no supondría ningún problema para completar la plantilla.

Otro impedimento para la puesta en funcionamiento de la segunda pista a requerimiento de ATC, es la falta de recursos humanos, concretamente personal de bomberos, en horario de 24 horas.

El 14 de enero de 2009, la representación laboral del aeropuerto de Málaga, junto con la dirección del aeropuerto y ratificadas por las representaciones estatales tantos sindicales como de la empresa, acordaron la ampliación de plantilla del colectivo SEI, quedando con un total de 12 jefes de dotación y 72 bomberos. Todas las plantillas fueron cubiertas excepto las del colectivo de bomberos.

El 14 de enero de 2014, se firmó también entre la representación laboral de este centro y la dirección del aeropuerto un acuerdo para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo impuestas por AENA en la que se pactaba las condiciones para poder abrir la segunda pista.

La operatividad total y permanente de la segunda pista supondría una notable mejora en la seguridad de las operaciones aéreas, así como en la calidad del servicio, lo que beneficiaría a usuarios, a compañías aéreas y a las economías malagueña y andaluza.

La operatividad 24 horas de esta segunda pista, con su consiguiente dotación de bomberos, permitiría también aumentar la protección contra incendios de terminales, aparcamientos y hangares, aumentando por tanto la seguridad de toda la infraestructura aeroportuaria, de ahí que sea fundamental la dotación del segundo parque de bomberos con la plantilla necesaria, para su apertura en horario continuado de 24 horas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la apertura permanente de la segunda pista del aeropuerto de Málaga, con la dotación del personal necesaria para garantizar su buen funcionamiento, incluido un segundo parque de bomberos con la suficiente dotación de recursos materiales y humanos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz y Victoria Begoña Tundidor Moreno, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,


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presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a que el tren de Cercanías llegue al Parque Tecnológico de Málaga, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

En marzo de 2012 la entonces Ministra de Fomento prometió en una visita a Málaga que el Cercanías llegaría al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA). Y avanzó que esta obra se incluiría en el Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda (PITVI).

En febrero de 2016 la Sra. Pastor en otra visita a Málaga, aseguró que prolongar el Cercanías hasta el Parque Tecnológico ya contaba con partida en los Presupuestos de este año, concretamente 1,2 millones de euros.

Incluso en campaña electoral llegó a afirmar que esta actuación se realizaría con la mayor brevedad posible.

Estamos en octubre de 2017, han pasado años, pero no ha habido ningún tipo de inversión, y el cercanías no ha llegado ni al Parque Tecnológico ni a Campanillas.

Actualmente hay unos 18.000 trabajadores que cada día acuden a trabajar al PTA, una cifra que se estima que puede aumentar hasta los 50.000 en el plazo de diez años. Ahora mismo estamos creciendo a un ritmo de 1.000 personas al año pero llegará un momento de boom donde se puede crecer entre 3.000 y 4.000 al año durante algunos ejercicios. Será el empujón definitivo para tener un gran parque. Ya somos uno de los más grandes de Europa.

Para que esto pueda lograrse es necesario apostar por una movilidad sostenible, acabar con las eternas caravanas de vehículos y eso pasa también por extender la red de cercanías al entorno de esta zona.

Nuestra ciudad tiene que diversificar la creación de riqueza para que no dependa solo del turismo y del sector servicios y para ello es indispensable que se apueste por la industria. De ahí la importancia de prolongar la red de Cercanías hasta el PTA y a Campanillas, puesto que este distrito concentra todos los suelos logísticos que se desarrollarán en el futuro Plan General.

El proyecto, en sí, consistiría en hacer un ramal de acceso al PTA para conectar con la línea C-2 Málaga-Alora, aprovechando el servicio habitual de trenes y mejorando la frecuencia en las horas punta. El ramal tendría 2,4 kilómetros.

El Ministerio de Fomento estimó esta iniciativa en un coste de en torno a 30 millones de euros, lo que también repercutiría en la mejora de la rentabilidad de la línea C-2.

Además, el potencial de este tren sería muy elevado, ya que el 70 % de los trabajadores de la tecnópolis, unos 10.500, usan el coche privado para ir hasta su centro de trabajo, lo que, incluso, produciría una drástica reducción en los atascos que cada día se forman a la entrada del PTA. Los empleados tendrían acceso al tren de forma directa o mediante transbordo procedentes del metro o la línea C-1, Málaga-Fuengirola.

Sin embargo parece que el Gobierno ahora ha cambiado de criterio, en una reciente reunión del Alcalde de la ciudad con el Secretario General de Infraestructuras, se asegura que existen muchas dudas sobre la viabilidad de esta actuación y que parece que esta actuación se descarta por parte de Fomento.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Adquirid un compromiso real para que el Cercanías llegue al Parque Tecnológico de Málaga.

2. Comenzar las obras como muy tarde en 2019."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/002383

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, me dirijo a la Mesa para al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción de medidas para evitar la explotación y la precariedad laboral en el sector de la Seguridad Privada, como consecuencia de las condiciones en las que se realiza la adjudicación de las contrataciones por parte de las Administraciones Públicas, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

Los clientes de seguridad privada en España, tanto en el ámbito público como privado, establecen en la mayoría de los casos, como único criterio de adjudicación, las ofertas económicas más bajas.

La adjudicación de las licitaciones de los servicios de seguridad, es absolutamente ajena a la intención de que las empresas garanticen unas condiciones laborales dignas y una prestación del servicio empresarial de calidad suficiente. Esto ha favorecido a su vez el intrusismo en el sector.

Esta actitud, a la que desde algunas de las empresas de seguridad también se ha contribuido, ha supuesto para el sector un horizonte de desregulación, principalmente por el abandono del Convenio del sector, con el objetivo de aumentar su facturación fomentando las malas prácticas y perjudicando de forma sistemática los derechos de los trabajadores, e incluso con incumplimientos en materia contributiva y con fraude fiscal.

Esta situación, que incide directamente sobre las condiciones laborales, sociales y económicas de los propios vigilantes, está siendo denunciada por las organizaciones sindicales, incluso en el marco del Diálogo Social Europeo en Bruselas, por el Observatorio Sectorial de la Seguridad Privada (APROSER), y se están haciendo eco de esta situación los tribunales.

En este sentido, entre las acciones que se vienen desarrollando por los agentes sociales son, el establecimiento de acuerdos marcos de Contratación, así como la reivindicación de cambios en la propia Ley de Contratos Públicos.

No obstante, en el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, actualmente en el Senado, el Grupo Popular solo ha presentado tres enmiendas, las cuales hacen temer la pérdida de una oportunidad para encontrar una posible solución a la situación de precarización del sector, ya que las tres son un ataque a la línea de flotación del respeto de los convenios colectivos sectoriales, por cuanto impiden la consideración como baja temeraria de una oferta que no cumpla el convenio colectivo sectorial, y lo que es todavía más grave impiden la mera posibilidad, de que se establezca como condición de ejecución el cumplimiento del convenio colectivo estatal. Posibilidad que los tribunales especiales de contratación habían avalado expresamente.

La voluntad de comprometerse con el respeto del convenio colectivo serían inviables con estas enmiendas y pone de manifiesto una vez más el desprecio del gobierno por la negociación colectiva como elemento que garantiza unas relaciones laborales justas y que permite que operen en el sector empresas de calidad.

La inclusión de estas modificaciones en el texto definitivo de la ley es perniciosa y es especialmente inexplicable, porque a lo que atiende a la imposibilidad de poder establecer como cláusula de ejecución de los contratos el cumplimiento del convenio colectivo estatal.

El Partido Popular, y ello a pesar de los últimos acontecimientos, no solo no rectifica sino que sigue apostando con sus propuestas por la falta de respeto a los derechos de los trabajadores y por supuesto de expulsión del mercado a las empresas que pretenden crear empleo digno.

Además, potenciado por los beneficios resultantes de la prioridad del Convenio de empresa y las licitaciones a la baja, han proliferado las denominadas empresas multiservicios, (auxiliares de servicios) con una clara política laboral intrusista para el sector de la seguridad privada y que supone que trabajadores con categorías de auxiliares ejerzan funciones propias de vigilantes de seguridad privada, (determinadas y delimitadas en la normativa de seguridad privada), en peores condiciones laborales, con menos derechos


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reconocidos y bajos niveles salariales, con el único objetivo de abaratar costes sin buscar desde luego la calidad del servicio.

En la actualidad estas empresas auxiliares han ido en aumento constante, y el 95 % de ellas desvinculadas del Convenio Sectorial Estatal, imponiendo a sus trabajadores condiciones laborales de máxima precariedad, e incumpliendo sistemáticamente las normativas laborales, fiscales, sociales y económicas, estamos hablando de empresas de seguridad de varios ministerios, como es el caso del Ministerio de Defensa, el de Empleo, y Correos también perteneciente al Ministerio de Fomento, según vienen denunciando los sindicatos, estamos hablando de unos 3.000 trabajadores, los afectados por esta situación.

El dramatismo de la situación se ve mejor reflejada con supuestos de hecho concretos, como por ejemplo la contratación en edificios públicos a la empresa "Marsegur Seguridad Privada, S.A.", que al contar con convenio colectivo propio, "pretende no aplicar" el convenio colectivo estatal del personal de seguridad, imponiendo a sus trabajadores una reducción salarial media del 45 %. Además de los múltiples incumplimientos en materia laboral, retrasos en el abono de los salarios e incumplimientos de otras obligaciones contractuales.

Los representantes sindicales denuncian el constante estrés y daño psicológico por la precariedad laboral de su sector. "No se puede tener a vigilantes trabajando con armas y en estado de alerta 4 durante 12 horas seguidas".

La Audiencia Nacional anuló los convenios de 2014 y 2015, de Marsegur por no respetar el Estatuto de Trabajadores. En el primero, el Tribunal Supremo declaró insuficiente la presencia sindical para negociar un convenio colectivo fallando a favor de los trabajadores.

Desde la reforma laboral de 2012, los trabajadores han experimentado recortes en sus sueldos de entre un 40 y un 50 %, según denuncian los trabajadores. Hay trabajadores que llevan más de 30 años en la empresa y han visto su sueldo reducido de 1.100 euros a 700 euros debido a la prioridad aplicativa del Convenio de empresa.

Las organizaciones sindicales vienen denunciando, continua y detalladamente, todos aquellos actos de las empresas de sector vinculados a la promoción de convenios propios, en detrimento del sectorial, que reducen ostensiblemente derechos y salarios de sus trabajadores y trabajadoras.

La excesiva preponderancia de los criterios económicos frente a los de calidad en los procesos de contratación, genera precariedad laboral y una cada vez más extendida competencia desleal. La precarización en el sector de la seguridad privada se ha instalado con la connivencia de las administraciones públicas. Empresas como RMD, Sinergias, o Seguridad Integral Canaria, han comenzado a ganar concursos públicos para las administraciones a costa de bajar los precios, y forzar al mínimo las condiciones laborales de los trabajadores, en detrimento de empresas más solventes desde el punto de vista del cumplimiento de los derechos de los trabajadores.

Las empresas y la propia administración pública no puede seguir en la senda de maximización de sus cuentas de resultados a costa de la reducción de las condiciones laborales y salariales y derechos que solo han llevado a precarizar al propio sector de la seguridad privada, es el momento de elevar los salarios, y que es momento de dotar al sector de mayor crédito ante los propios clientes que deben valorar la actividad realizada por los vigilantes que custodian sus instalaciones, es momento de poner en valor a los trabajadores y en este sentido se desarrolla esta iniciativa.

Es lamentable que el Gobierno, en su actividad de contratación de forma habitual, de cabida a estas empresas que están incumpliendo la legislación, sin garantizar una buena prestación del servicio, ni el respeto a los trabajadores.

Los vigilantes de seguridad protegen lugares estratégicos y de relevantes riesgos, este hecho debe ser considerado convenientemente para que su desempeño venga acompañado de condiciones laborales adecuadas a ese nivel de responsabilidad, y de calidad de servicios garantistas que impida la aceptación de una oferta empresarial desproporcionada y más barata. Es lamentable que el gobierno del PP haya decidido que salgamos de la crisis económica con el esfuerzo de los trabajadores, peores salarios y condiciones laborales.

El Grupo Parlamentario Socialista defiende desde luego una contratación pública socialmente responsable y que garantice empleo de calidad, objetivo que tiene una gran relevancia pues sin duda afecta enormemente al sector de la seguridad privada, pero tiene una clara incidencia en todos los sectores intensivos en mano de obra y es un elemento crucial para la creación y el mantenimiento de un empleo de calidad.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para:

- Recuperar la prevalencia del convenio sectorial ante los convenios de empresa, imprescindible para garantizar en forma ordenada el correcto funcionamiento del sector, mediante la derogación de la reforma laboral aprobada en 2012.

- Adoptar medidas para garantizar el respeto del Convenio colectivo sectorial de aplicación por parte de los adjudicatarios de contratos públicos, haciendo efectiva su integración de forma taxativa en los pliegos de cláusulas administrativas particulares, y concretamente para que se rescindan los contratos a las empresas de vigilancia que incumplan la normativa laboral y no respeten unas condiciones dignas de empleo y sueldo para sus trabajadores.

- Impulsar una contratación pública socialmente responsable mediante la creación de órganos de seguimiento en los que participen las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

- Impulsar una contratación pública socialmente responsable en la Ley de Contratos del Sector Público y normativa de desarrollo, tal como disponen las Directivas Europeas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de octubre de 2017.-María del Rocío de Frutos Madrazo, Miguel Ángel Heredia Díaz y María Jesús Serrano Jiménez, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital

161/002374

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje, para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Exposición de motivos

El término "Procesamiento del Lenguaje Natural", define el camino hacia una comprensión automática, cada vez más profunda, de la lengua escrita o hablada por los humanos, mediante tecnología digital.

Hay que tener en cuenta que el lenguaje natural, a diferencia de los datos que normalmente se procesan mediante sistemas informáticos, se caracteriza por integrar información no estructurada, con más de un significado posible.

El desarrollo del Procesamiento del Lenguaje Natural es una disciplina que:

- Combina inteligencia artificial y semántica.

- Ya es una realidad en aplicaciones como: correctores ortográficos y gramaticales, la funcionalidad "texto predictivo" en los teléfonos móviles, traducción automática, consultas en buscadores de Internet, asistentes online, reconocimiento de voz, etc.

- A pesar de haber experimentado un gran desarrollo en las últimas década tiene un largo camino por recorrer.

- El "Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje", puesto en marcha por el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital del Gobierno de España busca generar oportunidades económicas y de empleo en esta ámbito puesto que España es un país que:

? Destaca por el elevado nivel investigador de la industria del lenguaje en nuestro país, que sin embargo contrasta con una cantidad enorme de información no estructurada y sin explotar que generan Administración, empresas y organizaciones.


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? Y que cuenta con una vasta experiencia para gestionar un entorno en el que conviven distintas lenguas cooficiales.

Tenemos, por tanto, una base sólida para que nuestro país sea líder en esta industria especialmente en aquellos países o mercados en los que la lengua española está presente con mayor fuerza pero es necesario seguir profundizando en la investigación y en el apoyo a los investigadores y empresas de este sector para que nuestro país desarrolle este potencial y alcance y consolide esa posición de liderazgo.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a continuar trabajando en el Plan de Impulso de Tecnologías del Lenguaje para profundizar en el conocimiento de las potencialidades de las tecnologías del lenguaje y desarrollar la industria del procesamiento del lenguaje natural y la traducción automática en castellano y lenguas cooficiales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/002388

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para promocionar el consumo de los productos pesqueros, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Es necesario incrementar el consumo de los productos de pesca, que según los datos del propio Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, ha descendido alarmantemente en cerca de 4 kilos por habitante en los últimos años, pasando de los 29,9 kg anuales de 2009, a los 26,4 kg de 2014.

El consumo de pescado en nuestro país, es inferior al de frutas y verduras, carne y bebidas. Un total de 8.002 millones de euros dedicaron el año pasado los españoles a llenar de proteínas marinas su cesta de la compra -ya fuesen estas en forma de pescado o de marisco-, al lado de los 8.457 millones de euros que se dedicaron a comprar lechuga y afines, los 8.397 de la carne, 8.122 de las bebidas y 7.401 invertidos en colonias y cremas.

El sector de la pesca lleva tiempo reclamando medidas, como la de poner en marcha campañas de promoción para recuperar el segundo puesto que España tenía en Europa, como principal consumidor de pescado.

A ello se añaden los últimos estudios científicos, que alertan sobre el alto porcentaje de la población española con sobrepeso y obesidad (53 %), y en especial en el caso de los niños entre 7 y 8 años, que sobrepasa el 43 %, y recomiendan combatirlo con un mayor consumo de pescado, en especial azul y blanco.

El informe ALADINO (Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad) de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición recomienda el consumo de pescado y aconseja acometer una estrategia que impida a la población más joven perder el gusto por los productos pesqueros, imprescindibles en una dieta equilibrada.

Los pescados grasos (salmones y atunes, por ejemplo) poseen grandes cantidades de Omega 3, aceite asociado a la prevención de la obesidad y a alcanzar mejores tasas de desempeño metabólico para el organismo. Además, se ha comprobado que el consumo habitual de pescado contribuye a disminuir los


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riesgos de morir a causa de enfermedades cardiovasculares, reduciendo así los infartos al corazón, depresión y la demencia senil.

Según el sector, la crisis y la desaparición del FROM (Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos), como organismo encargado de la promoción de los productos pesqueros, han provocado que los presupuestos destinados a este tipo de acciones se hayan reducido sustancialmente. De hecho, hoy en día se destinan sólo 2 millones de euros, cifra cinco veces inferior a la que dedicó el FROM a esta tarea en 2011, su último año de existencia, y de la que el Estado español recuperaba 3 de cada 4 euros invertidos.

En este sentido, sería necesario volver a activar el FROM. Y si esto no fuera posible, trasladar a la Secretaria General de Pesca las competencias de promoción, con un presupuesto que alcance, al menos, las cifras de 2011, más aún cuando el sector es beneficiario de un Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) exclusivo.

El sector asimismo ha planteado que la Secretaría General de Pesca, como gestora de este fondo, debería orientar las campañas adecuándolas a las necesidades del sector y a las políticas de la nueva Organización Común de Mercados (OCM), definiendo estrategias conjuntas con las organizaciones del sector de la pesca y la acuicultura para recuperar el consumo de estos alimentos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incrementar los presupuestos destinados a promocionar los productos pesqueros, alcanzando al menos las cifras de 2011.

2. Volver a activar el FROM (Fondo de Regulación y Organización del Mercado de los Productos de la Pesca y Cultivos Marinos).

3. Orientar las campañas adecuándolas a las necesidades del sector y a las políticas de la nueva Organización Común de Mercados (OCM), definiendo estrategias conjuntas con las organizaciones del sector de la pesca y la acuicultura para recuperar el consumo de estos alimentos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2017.-Miguel Ángel Heredia Díaz y Margarita Pérez Herráiz, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/002372

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Hidrosadenitis Supurativa, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La hidrosadenitis supurativa (HS), también llamada hidradenitis, es una enfermedad de la piel, inflamatoria, crónica, recurrente y muy dolorosa, que suele aparecer en la pubertad, aunque no se descarta en cualquier edad. Se manifiesta con nódulos inflamados, llagas o forúnculos en zonas con glándulas sudoríparas y sebáceas como axilas, ingles, glúteos, región perianal e infra mamaria.

Sus causas se desconocen y se cree que su desarrollo se debe a una respuesta anormal del propio sistema inmune, teniendo un alto componente hereditario. Entre los factores de riesgo más identificados para su desarrollo se encuentran el hábito tabáquico, la obesidad y la historia familiar de HS.


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Según datos de la Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis, se estima que en España un 1 % de la población padece esta enfermedad; sin embargo, el 85 % de los españoles afirma no conocerla. Las secuelas físicas que conlleva hacen que las personas que la padecen sufran estigmatización social, lo que en muchas ocasiones les lleva a intentar ocultarla e incluso aislarse. Todo ello provoca que, a pesar de tener un diagnóstico clínico sencillo, que habitualmente no precisa de la realización de pruebas complementarias, la hidrosadenitis esté infradiagnosticada.

Aunque no tiene cura, con el tratamiento adecuado mejora notablemente la calidad de vida de los pacientes. Recientemente han surgido nuevas alternativas terapéuticas, como las terapias biológicas, que han permitido obtener mejores resultados en el control de la enfermedad. De ahí la importancia de un diagnóstico temprano del problema.

Por todo ello, se hace necesario conseguir una mayor visibilidad y sensibilización social sobre la hidrosadenitis supurativa en nuestro país, a través de campañas y actuaciones formativas, para conseguir un mayor y más temprano diagnóstico de la enfermedad, además de evitar que se produzca un estigma social hacia las personas que la padecen.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Impulsar campañas de sensibilización e información sobre la hidrosadenitis supurativa (HS), sus síntomas y sus consecuencias, con la participación de asociaciones representativas de la enfermedad, con el fin de mejorar su atención y erradicar su estigma social, en el marco de la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional.

- Promover en colaboración con las Comunidades Autónomas, en el seno de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias del Sistema Nacional de Salud, programas de formación específicos sobre la hidrosadenitis supurativa (HS) para profesionales de la salud involucrados en la atención de estos pacientes.

- Difundir el algoritmo diagnóstico de la hidrosadenitis supurativa en los servicios de salud, en colaboración con las Sociedades Científicas de profesionales relacionados con la atención a estos pacientes.

- Fomentar la coordinación asistencial entre especialistas (dermatólogos, cirugía, urgencias, gastroenterólogos, reumatólogos, medicina de familia...), con objeto de conseguir un mayor seguimiento de la enfermedad, en el marco de la Estrategia en Enfermedades Raras del Sistema Nacional.

- Establecer mecanismos de alarma (banderas rojas) en los sistemas de información que contribuyan a evitar la confusión diagnóstica de la hidrosadenitis supurativa con otras patologías."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la revisión del Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

En el año 2014, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicó el Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar. Este protocolo tiene como principal objetivo la promoción de "la coordinación interinstitucional para mejorar la atención a los menores de edad víctimas de maltrato familiar, evitando la victimización primaria y secundaria que pudieran sufrir en el proceso de intervención".


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Dicho protocolo establece una serie de medidas generales a la hora de intervenir en casos de maltrato infantil destinados a la detección, valoración, notificación, intervención y seguimiento de los casos. De hecho, posee apartados específicos de valoración, intervención y seguimiento desarrollados para diferentes ámbitos: social, educativo, sanitario, policial y judicial.

Tres años después de la aprobación de este protocolo, consideramos que es preciso que se revise. Diferentes casos han puesto de manifiesto deficiencias de este que, incluso, han conllevado desenlaces fatales para menores.

Un ejemplo claro es el ocurrido el pasado mes de agosto en Valladolid, donde una menor de cuatro años falleció a causa de la parada cardiorrespiratoria que le causó los malos tratos ejercidos por su progenitor.

En este caso, los acontecimientos se iniciaron a principios del mes de julio, concretamente el día 11, cuando, según la Fiscalía, la menor acude acompañada de su madre al Hospital de Valladolid con presencia de contusiones. La madre entonces señaló ser víctima de malos tratos por parte del padre de la menor, y expareja, señalando que las lesiones podrían ser causadas por el progenitor. Este alegaría que las lesiones fueron causadas por los juegos de la pequeña con su hermana, también menor. Recibida la asistencia médica, la Policía Judicial presenta un atestado ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer por posible caso de violencia de género, al tiempo que traslada el caso a la Fiscalía de Menores. La menor es devuelta a la madre dado que, según señaló, el progenitor se encontraba fuera de España en esos días.

Días después, el 19 de julio, ocho días después del primer ingreso, la Fiscalía de menores consideró conveniente valorar y controlar la situación familiar de la menor, trasladando a la Junta de Castilla y León el atestado remitido por la Policía Judicial, concretamente a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta, órgano competente para la adopción de medidas de protección sobre los menores de edad en este territorio autonómico. El 21 de julio, la Junta de Castilla y León recibe la notificación de la Fiscalía para que se investigue el caso, por lo que se inicia el protocolo correspondiente, no siendo hasta el día 26 de julio cuando los técnicos de Servicios Sociales tienen un encuentro con la madre, la niña agredida y su hermana para valorar el caso. Este encuentro finaliza con el acuerdo de tener una segunda reunión el 28 de julio. Encuentro que sería suspendido por la madre por motivos laborables, trasladándose al 1 de agosto. Cuando los técnicos acudieron en dicha fecha al encuentro, no encontraron a nadie en el domicilio. El día siguiente, día 2 de agosto, la menor ingresa con parada cardiorrespiratoria en el Hospital Clínico de Valladolid, falleciendo el día 3 de agosto.

Esta cronología muestra cómo los actuales protocolos de protección a los menores en casos de violencia, son claramente insuficientes. Que los menores tengan que estar expuestos a los ambientes donde se pueden producir agresiones, durante semanas, sin que las autoridades competentes intervengan para valorar la situación real y ejecutar medidas para proteger a los menores, es una situación que no podemos tolerar.

El Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar establece, en el apartado específico del ámbito sanitario, que: "Tanto en los casos de sospecha como en los de certeza de abuso sexual o maltrato infantil grave, el hospital se asegurará de no dar el alta al niño o adolescente hasta que no se garantice su seguridad". Consideramos acertado esta medida, pero consideramos que es insuficiente. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que todos los casos en los que exista certeza de maltrato, leve o grave, el menor debe ser ingresado y apartado del ambiente en el que se producen las agresiones hasta que no exista una valoración adecuada por un equipo médico forense, el Ministerio Fiscal y los servicios de protección autonómicos. Todo ello, agilizado de tal manera, que no tengan que pasar semanas hasta que se producen las primeras visitas de los servicios sociales para la valoración y ejecución de medidas de protección de los menores.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar y actualizar el Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar, junto a las Comunidades Autónomas, Poder Judicial, Ministerio Fiscal y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en base a las experiencias y deficiencias detectadas en el tiempo que lleva en vigor, especialmente en los relativo a la mejora de:


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a) La agilización de los tiempos de atención a los menores víctimas de agresiones, leves o graves, tanto por parte de los profesionales educativos, sanitarios, trabajadores sociales, fiscales, jueces y fuerzas y cuerpos de seguridad.

b) Introducir medidas que limiten la exposición de los menores, en riesgo de agresión o aquellos en los que existan certeza de agresión, al entorno perjudicial, con la pronta valoración de todos los profesionales sociosanitarios y judiciales que garanticen medidas de protección. Estas medidas.

c) Incluir en las medidas relativas al ámbito sanitario que no se producirá el alta hospitalaria del menor en casos leves y graves de violencia hasta la valoración del riesgo por los servicios sociales, valoración forense y comunicación a la fiscalía de menores y/o remisión de atestado al juzgado de guardia, si fuera el caso."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.- Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre financiación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

En 2016 se cumplieron 10 años desde que tuviera lugar la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. El balance que hacen los agentes sociales, el movimiento asociativo, las plataformas de usuarios y la mayoría de las fuerzas políticas es coincidente: el Gobierno del Partido Popular ha atacado y debilitado el Sistema, con sus reformas y recortes presupuestarios.

El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia contaba con un calendario de implantación para un despliegue gradual que se fue desarrollando según lo previsto hasta la llegada al Gobierno del Partido Popular. A partir de ese momento se sucedieron los retrocesos y los recortes. Cuando apenas llevaban un mes en el poder, en diciembre de 2011, paralizaron el calendario de aplicación de la Ley. Posteriormente, en los Presupuestos Generales del Estado de 2012, eliminaron la partida correspondiente al nivel acordado que ascendía a 283 millones de euros. Este nivel de financiación previsto en la Ley volvió a ser suprimido en los Presupuestos de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. El pernicioso Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, introdujo numerosas modificaciones en la regulación del Sistema que causaron un enorme perjuicio a las personas en situación de dependencia. Entre muchas otras, destacan la reducción en un 13 % de la aportación de la Administración General del Estado para la financiación del nivel mínimo; el recorte del 15 % en la prestación económica por cuidados en el entorno familiar; la eliminación de las cuotas de Seguridad Social de los cuidadores no profesionales a cargo del Sistema, la introducción de un régimen de incompatibilidad de las prestaciones. A ello hay que añadir que la Resolución de 13 de julio de 2012, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, aprobó criterios y contenidos sobre capacidad económica y participación del beneficiario en el coste de las prestaciones que suponían un importante incremento del copago.

En los últimos seis años se ha producido un gran retroceso en la financiación estatal del Sistema. Mientras ha caído la aportación finalista de la Administración General del Estado, se ha incrementado sustancialmente la de las Comunidades Autónomas y el copago de los usuarios.

Como resultado del panorama descrito, actualmente existe una lista de espera con cerca de 300.000 personas, a pesar de que el calendario del Sistema se encuentra totalmente implantado desde julio de 2015. Más de 180.000 cuidadoras, casi todas mujeres, que se ocupaban de atender a sus familiares en situación de dependencia, vieron eliminado su derecho a cotizar a la Seguridad Social. Y mientras, las personas atendidas cuentan con menos y peores servicios y prestaciones claramente insuficientes.


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Como consecuencia de los acuerdos adoptados en la Conferencia de Presidentes celebrada en enero de 2017 en el Senado, se creó una Comisión para estudiar el Sistema de Dependencia, su sostenibilidad y financiación, para evaluar su adecuación a las necesidades de las prestaciones asociadas a la dependencia.

Es necesario y urgente un cambio de rumbo, impulsando el Sistema de Dependencia y financiándolo adecuadamente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a garantizar el cumplimiento de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, ofreciendo a todas las personas valoradas en situación de dependencia unos servicios y prestaciones adecuados. Para lograrlo:

1. Se dotará al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de los recursos necesarios mediante una financiación finalista.

2. En los próximos Presupuestos Generales del Estado se incluirán las siguientes partidas:

a) Incremento de la dotación del nivel mínimo hasta el importe necesario para el adecuado funcionamiento del Sistema, acompañado del aumento de las cuantías mensuales que abona la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas por cada persona atendida. Este aumento será, al menos, suficiente para recuperar la financiación con la que contaba en Sistema en 2011.

b) Recuperación del nivel acordado, hasta alcanzar niveles anteriores a la llegada al Gobierno del Partido Popular.

c) Dotación de la partida presupuestaria necesaria para financiar las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras y cuidadores no profesionales del Sistema. Este derecho se recuperará, de manera urgente, mediante la necesaria modificación normativa.

3. Las aportaciones de la Administración General del Estado por los niveles de financiación mínimo y acordado deberán ser equivalentes a las realizadas por las Comunidades Autónomas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Elvira Ramón Utrabo, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cultura

161/002373

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el , artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al traslado del legado de Federico García Lorca a la ciudad de Granada, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

El fondo documental del poeta Federico García Lorca está compuesto por más de 20.000 documentos: 5.000 manuscritos del poeta; 3.000 pertenecientes a otros autores; 50 dibujos de artistas contemporáneos como Dalí o Ismael González de la Serna; un extenso archivo fotográfico y de hemeroteca. Este legado, propiedad de la Fundación Federico García Lorca, se custodia en la Residencia de Estudiantes de Madrid desde 1984.

El Centro Federico García Lorca, cuyo Consejo Rector está integrado por la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Granada, la Diputación de Granada y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se gestó con el objetivo de acoger la sede de la Fundación García Lorca, el Centro de Estudios Lorquianos y la custodia de los fondos del poeta custodiados en la Residencia de Estudiantes. El proyecto para la


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construcción del centro tomó carta de naturaleza en el mes de enero de 2004. El protocolo de intenciones con las Administraciones y la Fundación se firmó en Granada, en la Huerta de San Vicente, el 21 de febrero de 2004. De esta manera, se daba cumplimiento al deseo de la Fundación García Lorca, constituida en 1986, de que su legado viajara definitivamente a su tierra natal.

El acuerdo definitivo se llevó a cabo en el año 2005. Con su firma se iniciaban las obras, basadas en un proyecto aprobado en concurso público. Durante la construcción del edificio, el legado continuó depositado en la Residencia de Estudiantes.

Una vez superados los contratiempos económicos, realizando aportaciones por las diferentes administraciones, con el fin de hacer frente al sobrecoste de la inversión; el Consorcio alcanzó un acuerdo entre las administraciones implicadas, que permitió la inauguración del Centro en julio de 2015, pendiente a día de hoy de que el legado del poeta se deposite este edificio situado en la plaza de Romanilla en Granada.

Recientemente, en junio de 2017, el Consorcio Federico García Lorca ha decidido ampliar el plazo para analizar la última documentación remitida por la Fundación Federico García Lorca. Por tanto, se aplaza "sine die" el traslado del legado de la Fundación García Lorca al Centro Federico García Lorca.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno y al resto de las administraciones que integran el Consejo Rector del Consorcio Federico García Lorca: la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Granada, a que procedan con la máxima celeridad a requerir a la Fundación García Lorca el traslado de los fondos a la ciudad de Granada."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de octubre de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/002379

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre Museo Regional de Paleontología y Evolución Humana en el municipio de Torre Pacheco (Región de Murcia), para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

El 29 de diciembre del año 2006, el Consejo de Gobierno de la CARM, aprueba la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Torre Pacheco, para la construcción y elaboración del Museo Regional de Paleontología y Evolución Humana (en adelante MUPEH) y su puesta en marcha antes del 31 de diciembre de 2009.

El fin del mismo, era el de conservar, investigar y difundir la riqueza y diversidad del patrimonio paleontológico murciano a través de las colecciones de fósiles procedentes de los yacimientos descubiertos en la Región.

La elección de Torre Pacheco para la ubicación de este museo no era casual, ni aleatoria.

De todos es conocida la riqueza e importancia de los descubrimientos paleontológicos y arqueológicos de la sima de las Palomas del Cabezo Gordo de Torre Pacheco, a la altura de las cuales, encontramos los hallazgos en la Cueva Negra de Caravaca de la Cruz.

Las excavaciones del yacimiento paleontológico de la sima de las Palomas del Cabezo Gordo han arrojado la presencia del esqueleto neandertal más completo en todo el litoral mediterráneo europeo y posee la pelvis femenina neandertal más completa del mundo.

La ubicación, por tanto, del museo regional en Torre Pacheco, no parecía una mala elección.

En el mes de marzo del año 2007, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Torre Pacheco acuerda aceptar la subvención, y aprueba una moción por la que se propone la aprobación del proyecto de construcción del museo y su ejecución por importe de 8.906.513,35 euros, aceptar la subvención de 8.000.000,00 euros propuesta por la Dirección General de Cultura de la Región de Murcia para tal fin,


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así como el compromiso de habilitar desde el consistorio la parte del proyecto que no fuera subvencionable por la Consejería.

Ya en el mes de enero del año 2010, en el Pleno del ayuntamiento de Torre Pacheco, El Grupo Municipal Socialista, pregunta al equipo de gobierno por el destino que ha tenido la subvención recibida por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante CARM), confirmándose ese ingreso de 8 millones de euros que, se dice, han sido utilizados por el Ayuntamiento para cubrir las pólizas pendientes, amparándose en el principio de unidad de caja, sin que se despejen las dudas sobre el destino de los 8 millones de euros.

En ese mismo año 2010 se produce el acto de colocación de la primera piedra del edificio y se amplia el plazo de construcción al 30 de junio de 2011, concediéndose posteriormente un nuevo aplazamiento para la ejecución y justificación del proyecto, hasta el 30 de junio de 2014.

En el mes de abril de 2011 se contrató urgentemente a la Fundación Cidaris, por un importe de 42.480,00 euros el registro e inventariado de piezas que formarían parte de la colección permanente del museo. En 2012, de nuevo por el procedimiento de urgencia, se contrata por 194.700,00 euros la redacción del Proyecto de Musealización dando un plazo de 8 días a las empresas que quisieran presentarse. Lógicamente una sola empresa logró cumplir las condiciones en el tiempo establecido, aunque de nada sirvió esa prisa.

La construcción se encuentra paralizada desde el año 2013, supuestamente por la modificación del proyecto técnico para recoger algunos cambios.

Ya en el mes de julio de este mismo año, después de haber afectado a cuatro corporaciones municipales, con las obras de construcción del MUPEH paralizadas y rodeadas de un absoluto oscurantismo sobre la demora en su finalización, lo único que parece claro es el perjuicio que la gestión sobre la construcción de la infraestructura va a conllevar para el consistorio.

Ni tan siquiera se ha tenido conocimiento de que la CARM haya establecido una nueva prórroga para la conclusión y apertura del museo, con lo que es posible, que los 8 millones de euros ingresados en las arcas municipales, tengan que ser devueltos.

Por tanto, a día de hoy, nos encontramos con un museo sin acabar, en una ubicación inadecuada y con 8 millones de euros de subvención de la CARM cuyo destino se desconoce, y que pueden perjudicar seriamente a las arcas municipales.

Por tanto, creemos que, tanto la CARM, por su responsabilidad en el seguimiento y control de las subvenciones concedidas, así como por tratarse de un museo de ámbito regional, cuya gestión debería ser regional, como el Gobierno de la nación, por tratarse de un museo llamado a albergar unos hallazgos paleontológicos sin precedentes en Europa, deben implicarse en la resolución de este entramado de tal manera, que llegue a buen fin y sin perjudicar las arcas del consistorio municipal de Torre Pacheco.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la constitución de una mesa de trabajo en la que participen de manera activa representantes de la administraciones local, regional y nacional, con el objetivo de desbloquear la situación en la que se encuentra la construcción del MUPEH, y poner en marcha las actuaciones necesarias para que se convierta en un referente a nivel nacional que aglutine los principales hallazgos paleontológicos y la historia de las excavaciones y descubrimientos del mediterráneo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2017.-María González Veracruz y Pedro Saura García, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/002382

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del


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vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, sobre la necesidad de delimitar travesías urbanas o tramos urbanos en la red de carreteras del Estado en Galicia.

Exposición de motivos

Según datos del Ministerio de Fomento, la red de carreteras del Estado español tiene 166.284 kilómetros, de los cuales 26.124 están gestionados por la Administración Central y recogen el 51,2 % del tráfico. De toda esa red, 15.048 kilómetros corresponden a vías de gran capacidad, autopistas de peaje, libres y autovías.

Hasta los años 80, las carreteras del Estado se gestionaban a dos niveles: el de la Administración Central y el de las diputaciones provinciales, corporaciones locales y otras entidades. Después se trasladaron competencias a las CC.AA., a través de una serie de transferencias de competencias realizadas entre los años 1980 y 1984.

A partir de ahí las carreteras quedaron estructuradas en cuatro niveles: red de interés general del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, red autonómica, dependiente de las Comunidades Autónomas; red provincial, dependiente de las Diputaciones Provinciales y otras carreteras y caminos, dependientes de las corporaciones locales.

Sin embargo, parte de la red de carreteras del Estado, especialmente las denominadas carreteras nacionales, presentan en diversos tramos un perfil de travesías urbanas o tramos urbanos y que no han sido declarados como tal.

En 2015 el Gobierno del PP aprobó la Ley de Carreteras con el objetivo de sustituir la Ley de 1998 para adaptarla a las nuevas realidades. Así, se destacaba que con la nueva Ley se buscaba la adecuación a unas mayores exigencias medioambientales, armonizar su regulación con el urbanismo, evitar solapamientos y conflictos de competencia con las CC.AA. y Ayuntamientos, desarrollar el concepto de servicio público viario, controlar la excesiva proliferación de accesos a las vías, redefinir las zonas de protección, creándose la zona de limitación a la edificabilidad e introduciendo el concepto de servidumbre acústica, modificando la distancia de la línea límite de edificación en diferentes tipos de carreteras, agilizar el procedimiento para posibilitar los intercambios de titularidad entre las distintas redes, especialmente cesiones gratuitas a Ayuntamientos de tramos que sean travesías urbanas, y actualizar el catálogo de carreteras del Estado y modificar las categorías de vías.

Una filosofía que suena bien siempre y cuando se plasme en hechos reales. Pero poco se ha avanzado al respecto.

Una de las cuestiones que más nos preocupa es lo que podríamos denominar la descontextualización de muchas de las carreteras nacionales. Vías construidas hace décadas que acusan el paso del tiempo y también el desarrollismo: la evolución del desarrollo urbanístico ha convertido a muchos tramos de las carreteras nacionales a su paso por localidades en travesías urbanas con los consiguientes problemas de seguridad vial.

Este es el aspecto en el que nos centramos en esta Proposición no de Ley. Nos interesa abordar la situación de todas aquellas antiguas carreteras nacionales que en la actualidad han adquirido un auténtico perfil de travesía urbana.

Aunque esta descripción encaja seguramente en múltiples puntos de toda la geografía del Estado español, lo ejemplificaremos con el caso de Galicia, territorio que cuenta con una alta dispersión poblacional, factor que profundiza el problema de la seguridad vial de carreteras nacionales.

Nos remitimos a vías como la N-VI, la N-120, la N-550, la N-525, la N-640, la N-540 o la AP-9 a su entrada a Vigo, entre otras, que atraviesan municipios densamente habitados o zonas residenciales del territorio gallego donde deberían tener la consideración de travesías urbanas, adoptando las medidas necesarias para garantizar la adecuada seguridad vial así como su adaptación al perfil de travesía.

En la Ley de Carreteras 37/2015, y de acuerdo con el artículo 46, se indica que tiene la consideración de travesía la parte de la carretera en que existen edificaciones consolidadas al menos en dos terceras partes de la longitud de ambas márgenes y un entramado de calles conectadas con aquella al menos en una de sus márgenes.

Según el artículo 47 de la ley, se considera tramo urbano el que discurre por suelo clasificado como urbano por el correspondiente instrumento de planeamiento y que esté reconocido como tales en el Estudio de delimitación de tramos urbanos tramitado por el Ministerio. Se contempla en la Ley que a iniciativa propia, o a instancia del Ayuntamiento, el Ministerio de Fomento tramitará estudios de delimitación


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de tramos urbanos, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 48 de la Ley 37/2015. Dichos estudios delimitarán las partes de la carretera que, de acuerdo con la Ley, tienen la consideración de travesías y de tramos urbanos. En las travesías de carreteras del Estado corresponde al Ministerio de Fomento el otorgamiento de autorizaciones relativas a la propia carretera o a los terrenos y edificaciones colindantes cuando se afecte a los elementos de la carretera o a la zona de dominio público.

Dado el análisis realizado en relación a carreteras como la N-VI a su paso por los Ayuntamientos de Oleiros y Bergondo (A Coruña), por diversos núcleos de población de Lugo, la N-120 a su paso por Ponteareas (Pontevedra), la N-550 en muchos puntos de su largo recorrido entre A Coruña y Tui, la N-525 a su paso por Xinzo de Limia, Verín o Lalín, poblaciones de la N-540 entre Lugo y Ourense, o la AP-9 a su entrada a Vigo, sería conveniente que el Ministerio de Fomento llevase a cabo un Estudio de la Red de Carreteras del Estado en Galicia a fin de delimitar aquellos tramos que son claramente travesías urbanas o tramos urbanos, y entablar una colaboración con los municipios afectados a fin de que puedan ser declarados como tal, procediendo entonces a adoptar las medidas de seguridad vial necesarias.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:

- Realizar un Estudio de la Red de Carreteras del Estado en Galicia para delimitar aquellos tramos que actualmente tienen el perfil de travesías urbanas o de tramos urbanos y que presentan problemas de seguridad vial derivados del paso de una vía nacional por localidades, núcleos de población o zonas residenciales.

- Emprender las gestiones necesarias en colaboración y coordinación con los Ayuntamientos afectados para proceder a la declaración de travesías urbanas o tramos urbanos a fin de mejorar la seguridad vial de trayectos que todavía carecen de dicha conceptualización.

- Adoptar las medidas pertinentes de refuerzo y mejora de la seguridad vial (pasos de peatones, semáforos, aceras, señales de limitación de velocidad, cruces) para adaptar dichos tramos urbanos o travesías urbanas a las características de una zona de paso de viandantes y ciclistas.

- Analizar los diversos usos compartidos que se producen a lo largo de dichas carreteras en todo su recorrido y la necesidad de adaptar los viales a estas circunstancias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/002385

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la revisión del Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.

Exposición de motivos

En el año 2014, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicó el Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar. Este protocolo tiene como principal objetivo la promoción de "la coordinación interinstitucional para mejorar la atención a los menores de edad víctimas de maltrato familiar, evitando la victimización primaria y secundaria que pudieran sufrir en el proceso de intervención".


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Dicho protocolo establece una serie de medidas generales a la hora de intervenir en casos de maltrato infantil destinados a la detección, valoración, notificación, intervención y seguimiento de los casos. De hecho, posee apartados específicos de valoración, intervención y seguimiento desarrollados para diferentes ámbitos: social, educativo, sanitario, policial y judicial.

Tres años después de la aprobación de este protocolo, consideramos que es preciso que se revise. Diferentes casos han puesto de manifiesto deficiencias de este que, incluso, han conllevado desenlaces fatales para menores.

Un ejemplo claro es el ocurrido el pasado mes de agosto en Valladolid, donde una menor de cuatro años falleció a causa de la parada cardiorrespiratoria que le causó los malos tratos ejercidos por su progenitor.

En este caso, los acontecimientos se iniciaron a principios del mes de julio, concretamente el día 11, cuando, según la Fiscalía, la menor acude acompañada de su madre al Hospital de Valladolid con presencia de contusiones. La madre entonces señaló ser víctima de malos tratos por parte del padre de la menor, y expareja, señalando que las lesiones podrían ser causadas por el progenitor. Este alegaría que las lesiones fueron causadas por los juegos de la pequeña con su hermana, también menor. Recibida la asistencia médica, la Policía Judicial presenta un atestado ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer por posible caso de violencia de género, al tiempo que traslada el caso a la Fiscalía de Menores. La menor es devuelta a la madre dado que, según señaló, el progenitor se encontraba fuera de España en esos días.

Días después, el 19 de julio, ocho días después del primer ingreso, la Fiscalía de menores consideró conveniente valorar y controlar la situación familiar de la menor, trasladando a la Junta de Castilla y León el atestado remitido por la Policía Judicial, concretamente a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta, órgano competente para la adopción de medidas de protección sobre los menores de edad en este territorio autonómico. El 21 de julio, la Junta de Castilla y León recibe la notificación de la Fiscalía para que se investigue el caso, por lo que se inicia el protocolo correspondiente, no siendo hasta el día 26 de julio cuando los técnicos de servicios sociales tienen un encuentro con la madre, la niña agredida y su hermana para valorar el caso. Este encuentro finaliza con el acuerdo de tener una segunda reunión el 28 de julio. Encuentro que sería suspendido por la madre por motivos laborables, trasladándose al 1 de agosto. Cuando los técnicos acudieron en dicha fecha al encuentro, no encontraron a nadie en el domicilio. El día siguiente, día 2 de agosto, la menor ingresa con parada cardiorrespiratoria en el Hospital Clínico de Valladolid, falleciendo el día 3 de agosto.

Esta cronología muestra cómo los actuales protocolos de protección a los menores en casos de violencia, son claramente insuficientes. Que los menores tengan que estar expuestos a los ambientes donde se pueden producir agresiones, durante semanas, sin que las autoridades competentes intervengan para valorar la situación real y ejecutar medidas para proteger a los menores, es una situación que no podemos tolerar.

El Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar establece, en el apartado específico del ámbito sanitario, que: "Tanto en los casos de sospecha como en los de certeza de abuso sexual o maltrato infantil grave, el hospital se asegurará de no dar el alta al niño o adolescente hasta que no se garantice su seguridad". Consideramos acertado esta medida, pero consideramos que es insuficiente. Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que todos los casos en los que exista certeza de maltrato, leve o grave, el menor debe ser ingresado y apartado del ambiente en el que se producen las agresiones hasta que no exista una valoración adecuada por un equipo médico forense, el Ministerio Fiscal y los servicios de protección autonómicos. Todo ello, agilizado de tal manera, que no tengan que pasar semanas hasta que se producen las primeras visitas de los servicios sociales para la valoración y ejecución de medidas de protección de los menores.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a revisar y actualizar el Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar, junto a las Comunidades Autónomas, Poder Judicial, Ministerio Fiscal y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en base a las experiencias y deficiencias detectadas en el tiempo que lleva en vigor, especialmente en los relativo a la mejora de:

a) La agilización de los tiempos de atención a los menores víctimas de agresiones, leves o graves, tanto por parte de los profesionales educativos, sanitarios, trabajadores sociales, fiscales, jueces y fuerzas y cuerpos de seguridad.


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b) Introducir medidas que limiten la exposición de los menores, en riesgo de agresión o aquellos en los que existan certeza de agresión, al entorno perjudicial, con la pronta valoración de todos los profesionales sociosanitarios y judiciales que garanticen medidas de protección. Estas medidas.

c) Incluir en las medidas relativas al ámbito sanitario que no se producirá el alta hospitalaria del menor en casos leves y graves de violencia hasta la valoración del riesgo por los servicios sociales, valoración forense y comunicación a la fiscalía de menores y/o remisión de atestado al juzgado de guardia, si fuera el caso."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Francisco Igea Arisqueta, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/017945

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Domènech Sampere, Francesc Xavier (GCUP-EC-EM).

Reformulación de su pregunta sobre contingente de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil trasladados de forma excepcional a Cataluña.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de octubre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, don Xavier Domènech Sampere, Diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, formula al Gobierno las siguientes preguntas para su respuesta escrita.

Desde hace semanas un contingente de miles de agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil han sido trasladados, de forma excepcional, a distintas ciudades y pueblos de Catalunya.

Dichos agentes son los responsables de las actuaciones realizadas el pasado domingo 1 de octubre, actuaciones que se caracterizan por una especial violencia contra la ciudadanía que estaba en los colegios electorales, llegando a usar por parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil material antidisturbios prohibido en Catalunya (como son las balas de goma).

Las actuaciones de la Policía Nacional y la Guardia Civil del 1 de octubre comportaron que el Servicio de Emergencias Médicas tuviera que atender a 893 personas heridas de diversa consideración, algunas de ellas muy graves.

También se han denunciado, actuaciones violentas por parte de algunos agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, en alguna ocasión fuera de servicio, contra ciudadanos de Girona, Calella y Lleida.

Dichas actuaciones han provocado un rechazo masivo de la ciudadanía de Catalunya, que no comprende la necesidad de estas acciones, ni la presencia excepcional de estos agentes.


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¿Cuáles son los motivos por los que están desplazados, de forma excepcional, miles de agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Catalunya?

¿Cuántos agentes están desplazados, de forma excepcional, en Catalunya durante el mes de septiembre y octubre?

¿Qué materiales, de uso policial, han sido trasladados a Catalunya, acompañando a los agentes desplazados?

¿Hasta cuándo se mantendrá esta medida excepcional y con qué criterios se mantiene?

¿Cuál ha sido el coste económico del desplazamiento, manutención, dietas, etc., de los agentes destinados temporalmente a Catalunya y con cargo a qué partida presupuestaria se ha consignado?

¿Qué opinión le merece al Gobierno las actuaciones policiales del pasado 1 de octubre en Catalunya, que acabaron con más de 893 heridos?

¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre las agresiones cometidas, presuntamente, por agentes de la Guardia Civil fuera de servicio la noche del 1 de octubre contra ciudadanos de Calella? ¿Los agentes de paisano tomaron la decisión de abandonar el hotel y golpear a ciudadanos por su cuenta o con el conocimiento, y/o la autorización de algún mando? ¿Se ha identificado ya a dichos agentes? ¿Van a ser sancionados por actuar al margen de la ley? ¿Tiene previsto el Gobierno identificar a los ciudadanos agredidos con porras extensibles por los agentes que estaban fuera de servicio y disculparse oficialmente con ellos?

¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre la agresión cometida por agentes de la Policía Nacional el mediodía del 2 de octubre contra un ciudadano de Girona? ¿Va a iniciar una investigación interna para averiguar qué agente fue el que agredió a dicho ciudadano para poder tomar las medidas disciplinarias oportunas?

¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre la agresión cometida por agentes de la Policía Nacional el mediodía del 2 de octubre contra un ciudadano de Lleida? ¿Va a iniciar una investigación interna para averiguar qué agente fue el que agredió a dicho ciudadano para poder tomar las medidas disciplinarias oportunas?

¿Qué opinión tiene el Gobierno sobre la actitud de un grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía alojados en Pineda de Mar que gritaban "que nos dejen actuar" en forma chulesca contra la ciudadanía, el pasado 2 de octubre?

¿Qué criterios tiene el Ministerio del Interior para aceptar que dirigentes de partidos realicen intervenciones políticas ante agentes de la Policía Nacional?

¿Qué responsable policial o del ministerio autorizó ese acto público? ¿Es una práctica habitual? ¿En cuántas ocasiones, en los últimos cinco años, dirigentes de partidos políticos que no sean altos cargos de alguna institución han realizado intervenciones políticas ante agentes de la Policía Nacional o de la Guardia Civil?

¿Quién diseñó el dispositivo policial que actuó el 1 de octubre en Catalunya?

¿Tiene intención el Gobierno de impulsar una investigación, si no la ha iniciado ya, para averiguar quién, cómo y por qué dio la orden a los agentes de entrar sí o sí en los colegios electorales incluso cuando los propios agentes detectaron que podía ser peligroso ya que había muchos ciudadanos concentrados en dichos centros?

¿Considera el Gobierno que las imágenes que retransmitieron las televisiones en las que se veía a agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil agrediendo con porras a ciudadanos que tenían las manos en alto contribuyen a que la ciudadanía tenga una buena imagen de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado?

¿Considera el Gobierno que su estrategia policial en Catalunya ha contribuido a rebajar la tensión o a incrementarla?

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de octubre de 2017.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Diputado.

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