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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 204, de 08/09/2017
cve: BOCG-12-D-204
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
8 de septiembre de 2017

Núm. 204


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000298 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la financiación de la Iglesia Católica. Retirada ... (Página3)

162/000436 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la modificación del currículo estatal para que la asignatura de Filosofía vuelva a ser una materia troncal en 2.º de Bachillerato ... (Página3)

162/000437 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre modernización y regeneración del Tribunal de Cuentas ... (Página5)

162/000438 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, de Esquerra Republicana, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Socialista, sobre el levantamiento del bloqueo político, económico y comercial contra Cuba ... (Página7)

162/000439 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la "Variante de la Autovía A-1. Tramo: Enlace Autopista Eje Aeropuerto y Autopista R-2. Variante El Molar" ... (Página8)

162/000440 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a procedimientos, reglas y convocatorias de las subastas para asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable ... (Página10)

162/000441 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a paliar los daños producidos por el reciente incendio ocurrido en Moguer, Huelva ... (Página12)

162/000442 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la financiación de la Iglesia Católica ... (Página13)

162/000443 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el impulso de la eficiencia energética y actuaciones en materia de rehabilitación de vivienda ... (Página15)


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162/000444 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a atender las crisis alimentarias y hambrunas en países del lago Chad y Cuerno de África ... (Página18)

162/000445 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reforma de la nacionalidad española adquirida por descendientes de españoles y a través de la residencia ... (Página19)

162/000446 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables ... (Página20)

162/000447 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana y Mixto, relativa al impulso de una Ley Orgánica para erradicar la violencia contra la infancia ... (Página22)

162/000448 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas en los territorios con lengua propia ... (Página23)

162/000449 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las sentencias contra el Presidente de la Generalitat de Cataluña Lluís Companys y otras dictadas por tribunales de la Dictadura ... (Página25)

162/000450 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al actual sistema de evaluación y acreditación del profesorado universitario por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) ... (Página27)

162/000451 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso y desarrollo del vehículo autónomo ... (Página32)

162/000452 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a recuperar el diálogo social e impulsar políticas públicas en materia de prevención de riesgos laborales, para revertir la situación de creciente siniestralidad laboral ... (Página33)

162/000453 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a impulsar el coche eléctrico con el fin de mejorar la calidad del aire y favorecer la transición energética ... (Página36)

162/000454 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la mejora de la calidad del aire de la conurbación de Barcelona ... (Página38)

162/000455 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la necesidad de anular el consejo de guerra sumarísimo y la condena a muerte al histórico político nacionalista gallego, Alexandre Bóveda, uno de los impulsores del Estatuto de Autonomía de Galicia ... (Página40)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/000298

La Mesa de la Cámara, en su reunión de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.

Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Retirada de su Proposición no de Ley relativa a la financiación de la Iglesia Católica.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 91, de 24 de enero de 2017.

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2017.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

162/000436

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del diputado Miguel Anxo Fernández Bello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Pleno, para que se modifique el currículo estatal y la asignatura de Filosofía vuelva a ser una materia troncal en 2.º de Bachillerato.

Exposición de motivos

La LOMCE, conocida como la Ley Wert, ha sido una de las leyes más cuestionadas y contestadas del periodo de Gobierno de mayoría absoluta del PP. No hay arista del texto normativo que no haya recibido críticas por parte de la comunidad educativa. Además de suponer un ataque en toda regla a la educación pública para primar la enseñanza privada, es elitista y clasista, vulnera competencias autonómicas en la


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materia, rebaja la enseñanza de las lenguas cooficiales como el gallego, no garantiza el acceso universal a la educación y recorta o elimina asignaturas básicas como la Historia de la Filosofía.

Ha habido muchas movilizaciones en contra de esta norma por las razones enumeradas, Pero en los últimos tiempos, profesores y profesoras de Filosofía han levantado su voz y están protagonizando interesantes iniciativas como en Galicia, para que se recupere la Historia de la Filosofía.

Sabe el Gobierno que la LOMCE dejó de ser desde el presente curso que está a punto de finalizar, una materia obligatoria en 2.º de Bachillerato. La LOMCE varió el currículo estatal para dar mayor espacio a las matemáticas y a la lengua, en detrimento de asignaturas como la Filosofía. Con lo cual, el alumnado perderá un conocimiento fundamental para el desarrollo de las personas y que aporta la Filosofía a través del estudio de filósofos.

Solo nueve Comunidades Autónomas han blindado esta materia aprovechando el margen competencial en el desarrollo de los currículos de sus autonomías. En dichos territorios como Catalunya, Andalucía o Asturias, el alumnado ha continuado estudiando Filosofía en 2.º de Bachillerato a pesar de entrar en vigor la LOMCE.

Así las cosas, se mantiene la Filosofía en 10 de Bachillerato como asignatura troncal, obligatoria tanto en la oferta como en la demanda, pero en 2.º de Bachillerato pierde esta condición para pasar a ser una asignatura secundaria, una materia optativa que el alumnado puede escoger o no entre otras materias.

La marginación que ha sufrido la Filosofía ha sido objeto de la movilización de profesores de la materia que han creado la Red Estatal de Filosofía, donde confluyen asociaciones, fundaciones e instituciones docentes relacionadas con el ejercicio de la Filosofía. En Galicia ha destacado la movilización del profesorado de Filosofía que entregó en el Parlamento gallego una iniciativa legislativa popular para que la Filosofía vuelva a ser una materia troncal en los dos cursos.

La Ley Wert ha seguido el camino de relegar a las asignaturas de Humanidades a escalones secundarios, agravando el contexto general de pérdida de interés por las Humanidades en favor del pragmatismo, la funcionalidad y la gestión, excluyendo espacios al mundo de la cultura y la formación en Humanidades. Es evidente que se procura la formación de mano de obra con un perfil de pura gestión y pragmático, sin resquicio para la formación en derechos sociales o políticos.

Alegan los profesores y profesoras, con mucha lógica, que la Filosofía no solo es necesaria para conocer a grandes personajes de la Filosofía como Platón, Aristóteles, Descartes, Espinosa, Hume, Kant, Hegel, Marx, Hanna Arendt ... sino porque aporta capacidad argumentativa, básica en los tiempos actuales, y capacidad analítica. Consideran que se busca "minimizar la enseñanza del pensamiento crítico y empobrecer la democracia", tratando de establecer un modelo social individualista y acrítico, en lugar de un pensamiento libre, rico en conocimiento y capaz de cuestionar la realidad circundante o el poder.

Como han puesto de manifiesto profesores y profesoras de Filosofía de Galicia, vivimos en un contexto de profundos cambios en todos los ámbitos: tecnológico, social, económico, políticos o de valores, lo que afecta a nuestras vidas y cuya consecuencia más inmediata es la pérdida de sentido. De tal modo que circulan nuevas conceptualizaciones en el mundo comunicativo que hablan de anomia, de crisis de civilización, posverdad, poshumanidad, posdemocracia o sociedades líquidas. La Filosofía aporta la reflexión necesaria sobre todas estas cuestiones.

La marginación de la Filosofía también se ha producido en otras asignaturas como la Música que han perdido peso y horas de enseñanza.

El exministro Wert afirmó que "hay asignaturas que distraen", razón por la que anuló materias tan significativas en la formación de niños y niñas y adolescentes como la Filosofía y la Música. Desde el profesorado de Música se recuerda que está demostrado que cuando una persona estudia música, la actividad cerebral que genera va a provocar que mejore en otras asignaturas. De hecho, el Parlamento Europeo incluyó la competencia cultural y artística entre las competencias básicas para el desarrollo integral de los chicos. Y es una evidencia que en el Estado español la presencia adecuada de la asignatura de Música ha mejorado la cultura musical y el aprendizaje para tocar instrumentos, aunque el PP lleve unos años recortando su enseñanza.

Hay menos horas de Música que de Religión, cuando esta última, bajo nuestro punto de vista, no debería impartirse en las escuelas porque debe formar parte de la privacidad de las personas y debe ejercerse en el ámbito privado y en los templos católicos.

La LOMCE contempla tres tipos de asignaturas: troncales, específicas y de libre designación. Las primeras (Ciencias, Lengua, Matemáticas y un idioma extranjero) son obligatorias en todo el territorio del Estado, deben ocupar al menos el 50 % del horario lectivo y son aquellas acaparadas por el Estado. Las otras dos categorías quedan en manos de las CC.AA. Podrán ofrecerlas o no, y tienen libertad para


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determinar cuántas horas a la semana se impartirán. En cualquier caso la pauta la ha marcado el Ministerio de Educación rebajando la importancia de estas materias al modificar el currículo estatal.

En su pragmatismo, la LOMCE privilegia lo que personas como el exministro denominarían útiles, mientras que relega una parte interesante que es la formación del alumno/a. Además de la cuestión formativa del alumnado, hay otro aspecto de índole laboral que no deberíamos perder de vista. La disminución de las horas de clase de estas materias tiene efectos negativos sobre la plantilla de profesores.

Aunque el Ministro de Educación eludió las responsabilidades del Ministerio en su respuesta a la pregunta oral de este diputado formulada el miércoles 21 de junio, culpabilizando a las CC.AA. y señalando que es una competencia optativa de las CC.AA., evitó abordar la responsabilidad del Ministerio de Educación cuando modificó el currículo estatal en el marco de la LOMCE. El cambio realizado relegando la Filosofía a materia optativa en 2.º de Bachillerato, es responsabilidad del Ministerio que varió el currículo estatal, y es su competencia por tanto volver a restituirla como materia troncal en dicho curso.

Creemos muy necesario que se abra una reflexión en torno a la reducción de la enseñanza de la materia de Filosofía, así como otras asignaturas de Humanidades.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Educación a:

- Modificar el currículo estatal para que la materia de Filosofía vuelva a ser una asignatura troncal en 2.º de Bachillerato, rebaja que se produjo con la aplicación de la LOMCE que actualmente solo mantiene la Filosofía en 1.º de Bachillerato como asignatura troncal, obligatoria tanto en la oferta como en la demanda, pasando en 2.º de Bachillerato a ser una materia optativa.

- Ampliar la enseñanza en materias de Humanidades en general como base fundamental del ciclo formativo del alumnado y que se han visto recortadas en favor de una educación pragmática, funcional, de gestión y acrítica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de junio de 2017.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputado.-Antonio Gómez-Reino Varela, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

162/000437

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la modernización y regeneración del Tribunal de Cuentas, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

El Tribunal de Cuentas (TCU) es un órgano constitucional, recogido en el artículo 136 de la Constitución como "supremo órgano fiscalizador de las cuentas y la gestión del Estado", lo que evidencia su relevancia dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

La calidad de una democracia depende de un adecuado control del poder público, obligado a rendir cuentas, y puede medirse por la confianza y transparencia de sus instituciones. El Tribunal de Cuentas ocupa una posición clave, ya que ejerce el control externo de los ingresos y gastos de todo el sector público, estatal, autonómico, local, fundacional, de las empresas públicas, organismos autónomos, entidades gestoras de la Seguridad Social, partidos políticos y de las subvenciones. Por ello la Constitución establece que el Tribunal de Cuentas "dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas".

La Institución se encuentra regulada por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, por la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, además de por diversas leyes específicas, como la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos, y la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, entre otras.


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Coincidiendo con el 40 aniversario de nuestra Constitución y los 35 años de la Ley Orgánica 2/1982 es preciso una revisión en profundidad y modernización del Tribunal de Cuentas a fin de desarrollar su auténtico potencial.

El Tribunal de Cuentas garantiza inamovilidad a doce Consejeros elegidos por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años renovables, y que tradicionalmente se han repartido entre los partidos políticos mayoritarios.

A la politización del Pleno del Tribunal de Cuentas debe sumarse un excesivo recurso a la cobertura de puestos de mayor nivel en el Tribunal por el procedimiento de libre designación en lugar de por oposición de capacidad y méritos y que los borradores o Anteproyectos de informes técnicos pueden ser rectificados o rechazados por los Consejeros, que son los que en última instancia decidirán lo que figura o no en el Informe.

Todo esto hace que el Tribunal de Cuentas sea muy permeable a la presión de los partidos políticos, particularmente del PP y PSOE. Además como tampoco hay transparencia respecto al procedimiento de elaboración de los informes, dado que los borradores o anteproyectos de informes no son públicos y las deliberaciones del Pleno secretas, los informes de fiscalización ha terminado siendo documentos poco legibles, directos y prácticos a efectos de facilitar el control democrático de la gestión pública. Esto choca con la aspiración de nuestra Sociedad de mayor transparencia en la administración pública y una mayor eficacia contra la corrupción.

La reforma que planteamos desde Cs recoge algunas de las sugerencias planteadas por letrados y sindicatos del propio Tribunal, por la Fundación Hay Derecho o en el informe inter pares (peer review) elaborado por parte del Tribunal de Cuentas Portugués y Tribunal de Cuentas Europeo, que han analizado y reflexionado sobre las debilidades de nuestro TCU.

Por último, recientes sentencias del Tribunal Supremo, han fallado sobre casos de claro nepotismo y una inadecuada gestión del personal del TCU. El abusivo recurso al procedimiento de libre designación ha comprometido la independencia de la fiscalización e impedido una auténtica fiscalización a la gestión pública.

En consecuencia, por todo lo anteriormente expuesto presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Iniciar, de inmediato, el procedimiento dirigido a la reforma de la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas, así como de la Ley 7/1988, de 5 de abril, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, para reforzar la independencia y la eficiencia del Tribunal en el desempeño de sus funciones constitucionales, así como para establecer las garantías necesarias y adecuadas para evitar los casos de desviación de poder, arbitrariedad y nepotismo que se están produciendo en el Tribunal como se recoge en las numerosas Sentencias del Tribunal Supremo.

2. En el marco de la reforma propuesta, se deberían introducir los siguientes cambios:

- Se revisará el procedimiento de elección del Presidente del Tribunal de Cuentas y de los consejeros, para reforzar su independencia y garantizando que sean nombrados entre profesionales de reconocida competencia técnica relevante para el desempeño de las funciones del Tribunal.

- Se arbitrará un mecanismo de selección de los consejeros mediante 1) una convocatoria pública; 2) un examen de los méritos de los candidatos por una comisión independiente; y 3) una comparecencia de los seleccionados ante la comisión correspondiente del Congreso y del Senado.

- Los consejeros serán elegidos por un periodo limitado y no renovable.

- Garantías de inamovilidad a los Cuerpos propios del Tribunal de Cuentas (Superior de Letrados del Tribunal de Cuentas, Superior de Auditores del Tribunal de Cuentas y Técnico de Auditoría y Control Externo del Tribunal de Cuentas).

- Prohibición, salvo casos muy excepcionales, de la provisión de plazas mediante la libre designación. Igualmente, se prohibirá, salvo casos muy excepcionales, el personal interino y en comisión de servicios.

- Se aumentará la transparencia en el procedimiento de redacción de informes, dando publicidad a los anteproyectos y a las actas del Pleno del Tribunal de Cuentas.

- Se revisará el formato y contenido de los informes de fiscalización del Tribunal, así como su presentación ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para garantizar que


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la información sea transmitida de forma directa, transparente, clara y comprensible facilitando el control democrático de la gestión del Estado.

- Se potenciará y garantizará la ''fiscalización de gestión'' de la Administración, estableciendo un apartado específico para, ello en los informes de fiscalización y detallando los indicadores utilizados para medir el cumplimiento de los principios de economía y eficacia.

- Se reformará la organización y el funcionamiento de la Sección de Enjuiciamiento para que cumpla, de manera adecuada, la función constitucional que le corresponde ante la evidencia de su falta de resultados en sesenta años de historia.

- La Sección de enjuiciamiento tendrá como función añadida la instrucción de los expedientes relativos a las infracciones cometidas por los altos cargos en materia de gestión económico-presupuestaria establecidas en el artículo 28 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, cuya sanción corresponderá al Pleno del Tribunal."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2017.-Saúl Ramírez Freire y Vicente Ten Oliver, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

162/000438

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre el levantamiento del bloqueo político, económico y comercial contra Cuba, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

En los años sesenta Estados Unidos impuso un bloqueo comercial, económico y financiero contra Cuba, que tras cincuenta años de vigencia se ha convertido en el más largo en la historia de la humanidad. Durante esos años se fue reforzando con la aplicación de nuevos mecanismos políticos, legales y administrativos que además de generar miles de millones de pérdidas a Cuba, limitar la libre exportación e importación de productos, ha perjudicado a la población en ámbitos básicos como la salud, la educación o las comunicaciones. Pudiendo sostener que este sistema unilateral de sanciones implica una violación de los Derechos Humanos.

El bloqueo ha sido rechazado hasta en 25 ocasiones por las Naciones Unidas. Más concretamente, en octubre de 2016 se aprobaba la última de las resoluciones de la Asamblea General en este sentido (la 70/5), bajo el título "Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba". En esta última ocasión 191 estados volvieron a votar a favor de la resolución, por primera vez ninguno votó en contra y únicamente se registraron dos abstenciones: las de Estados Unidos e Israel.

Esta es una expresión contundente de que todos los gobiernos y pueblos del mundo solicitan que se levante el bloqueo a este país, impuesto por EE.UU. desde el 7 de febrero de 1962.

También diferentes parlamentos en el Estado español se han pronunciado en este sentido, con la unanimidad de todos los partidos. Han sido aprobadas declaraciones institucionales en la Asamblea de Extremadura, el Parlamento de Galicia, el Parlamento de Canarias, el Parlamento Vasco y el de Andalucía por el fin del bloqueo contra Cuba y a favor de unas relaciones basadas en el respeto a la legalidad internacional, la paz, la soberanía, la libertad y la cooperación entre ambos países.

Hay así esperanza en el camino de conseguir un mundo libre de guerras, en el que la paz, la fraternidad, la solidaridad y la libertad rijan la relación entre los pueblos.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mostrar su apoyo al levantamiento del bloqueo político, económico, comercial y financiero que el Gobierno de los Estados Unidos de América mantiene


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sobre Cuba y a manifestarse a favor de unas relaciones basadas en el respeto a la legalidad internacional, la paz, la soberanía nacional, la libertad y la cooperación entre ambos países."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2017.-Oskar Matute García de Jalón, Enric Bataller i Ruiz y Pedro Quevedo Iturbe, Diputados.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Miguel Ángel Bustamente Martín y Sònia Farré Fidalgo, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

162/000439

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Pleno, relativa a la Variante de la Autovía A-1. Tramo: Enlace Autopista Eje Aeropuerto y Autopista R-2. Variante El Molar.

Exposición de motivos

Desde el año 2004 se han venido buscando, tanto por parte del Ministerio de Fomento como por parte de los sucesivos gobiernos de la Comunidad de Madrid, soluciones a los problemas de movilidad que afectan a la zona norte de la Comunidad de Madrid y a una de sus consecuencias: el alto índice de retenciones de tráfico que se producen en la Autovía A-1, tanto en sentido entrada como salida desde la ciudad de Madrid.

En estos más de diez años de discusiones se han pasado por todas las opciones posibles, y todos los conflictos institucionales y políticos imaginables:

Desde la primera opción que defendiera el gobierno autonómico de una autovía de peaje de trazado paralelo a la A-1 y que conectara con el tramo norte de la M-50, atravesando para ello el paraje natural de los Montes del Pardo.

Hasta la alternativa de entonces Ministerio de Fomento de conexión, con vía de peaje, de la M12 con la A-1, hasta su cruce con la M50, dejando en proyecto aparte la culminación de la M50, y planificando la misma con un trazado que evitara la zona natural.

Sin olvidar la promesa electoral de la actual Presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, durante la campaña regional de 2015, de una nueva vía paralela a la A-1 de uso libre de pago.

En este ir y venir de propuestas, proyectos y promesas electorales, se han cruzado un intento del gobierno regional de ejecutar la obra con sus propios medios, un recurso de inconstitucionalidad que terminó dando la razón a Fomento en su exclusiva competencia sobre esta infraestructura, así como numerosas reacciones de los municipios afectados y movimientos sociales interesados.

Tras una década de dimes y diretes, el pasado 19 de mayo, se publica en el BOE el anuncio relativo a la apertura del procedimiento de información pública del Estudio Informativo de Impacto Ambiental "Variante de la Autovía A-1. Tramo: Enlace Autopista Eje Aeropuerto y Autopista R-2 Variante El Molar". Este anuncio se ha producido como consecuencia de que el pasado mes de noviembre, el Ministerio de Fomento firmara la encomienda de gestión, en la que se definía un proyecto de 24 kilómetros de longitud y una inversión prevista de 220 millones de euros, sin embargo, el anuncio ahora publicado define una longitud de 23,2 kilómetros y un presupuesto de licitación de 288,707 millones de euros.

Los primeros datos que se van conociendo por esta exposición pública no satisfacen las necesidades y demandas del conjunto de municipios, ciudadanía y colectivos sociales que, durante años, se han interesado por este proyecto, y han tenido la voluntad de aportar alternativas más económicas, eficaces y sostenibles para abordar los problemas de movilidad de la zona norte de la región madrileña. Parece, además, que el proyecto presenta dificultades técnicas y de gestión que podrían conducir a una inversión desproporcionada, incapaz de solucionar los problemas de movilidad de la zona y con un elevado coste medioambiental para la misma.


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Es innegable que la zona norte de la Comunidad de Madrid tiene un problema de movilidad, pero esto no solo se manifiesta en forma de atascos de entrada y salida de la ciudad de Madrid. El corredor comprendido entre la M-607, la A-1 y la M-103 no dispone de dos elementos básicos para la movilidad colectiva, como son una buena red de Cercanías, y plataformas exclusivas para el tránsito de autobuses. Sin duda, ésta es la causa originaria de que el uso privado en esta vía se produzca de manera tan masiva.

Esta insuficiente red de infraestructuras y servicios públicos tiene más graves consecuencias que en otras zonas de la región por el impacto que en la movilidad tienen los grandes desarrollos empresariales que se han establecido en la zona, como son los centros laborales de BBVA, Caser Seguros y Telefónica, que movilizan a miles de trabajadores hacia esta zona de forma diaria. Así mismo, estos problemas de movilidad se hacen evidentes ante la dependencia que muchos municipios tienen de servicios básicos centralizados en los municipios más grandes.

Por otro lado, las características de esta vía y su hipotético trazado paralelo a la A-1 afectaría a una zona de especial conservación de la Red Natura de las Cuentas del Río Jarama y Henares, así como a los ríos Jarama y Guadalix, fragmentándolos y aislando a las especies animales que los habitan, lo que supondría, como mínimo una afectación de hábitats catalogados en la directiva 92/43/CEE.

Teniendo en cuenta el volumen de inversión previsto para esta obra, el potencial impacto medioambiental negativo, y el enorme volumen de movimientos de transporte individual que se producen en la zona, parecería razonable que la inversión del Ministerio de Fomento en la misma estuviera planificada; en primer lugar, en colaboración con el conjunto de Ayuntamientos afectados por la misma; en segundo lugar, escuchando a la multitud de entidades sociales que en estos diez años han mostrado diversas propuestas y protestas en relación con esta infraestructura y la movilidad y protección del hábitat de esta zona; y, sobre todo, en una visión de conjunto que no solo desarrolle una nueva carretera en Madrid, sino que planifique observando el conjunto de la región, priorizando en inversiones en la red de Cercanías y el diseño de vías de uso exclusivo para el transporte colectivo. Es decir, en modelos que tiendan a la reducción del uso privado frente al colectivo.

Al tenor de los Presupuestos Generales del Estado, y de la publicación de este procedimiento de información pública para la construcción de la Variante A-1, parecería que el Ministerio de Fomento, una vez más, renuncia a una planificación global, eficaz, sostenible y eficiente económicamente de las infraestructuras en los territorios, haciendo oídos sordos a los Ayuntamientos y los movimientos sociales que más saben de las necesidades reales de los territorios.

En los presupuestos de este año, el mayor esfuerzo inversor territorializado en Madrid que realiza el Gobierno, se dirige a la construcción de esta carretera; aparcando, un año más, la ampliación de la línea C4 en los dos tramos que tenía previsto su propio Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Madrid 2009-2015, que ya contemplaba la conexión de Alcobendas y San Sebastián con Guadalix y Algete, y de Colmenar Viejo con Soto del Real, lo que sin duda reduciría considerablemente el uso del vehículo privado. Así mismo, prevé una inversión mínima en la construcción de plataformas de transporte exclusivo de autobuses que no parece suficiente para un bus vao, realmente eficaz.

Por último, de un primer conocimiento del proyecto presentado, se desprende que el mismo depende de la expropiación, o fórmula similar, de la M-12 para eliminar el peaje que hoy abonan los ciudadanos que la transitan, medida que no viene detallada en cuanto a los costes extras del propio proyecto podrían suponer, ni de las condiciones de gestión de una vía que a día de hoy compete a la Comunidad de Madrid y forma parte de las radiales quebradas y ya cubiertas en sus costes por el erario público.

Por todo lo expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Paralizar el procedimiento administrativo iniciado para la construcción de la Variante A-1, con el fin de planificar un modelo integral de movilidad para la zona norte de Madrid eficaz, sostenible y eficiente, utilizando la partida presupuestaria destinada a esta intervención y las que fueran necesarias, no solo a las carreteras sino a:

- Desarrollar las prolongaciones de cercanías recogidas en el Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías de Madrid 2009-20015, esto es: la línea C4 de Colmenar Viejo a Soto del Real, y la línea C4 de San Sebastián de los Reyes/Alcobendas a Guadalix y Algete.


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- Desarrollo de los estudios específicos de Viabilidad para recuperar la vía ferroviaria Madrid-Burgos, para uso en servicio de Cercanías entre los municipios de Madrid y Bustarviejo.

- Desarrollar los Estudios Específicos de viabilidad para la habilitación de infraestructuras ya construidas como son la M-110 y la M-12 como alternativas para el transporte colectivo de pasajeros de la zona norte de la Comunidad de Madrid.

- Ampliar la inversión prevista para las actuaciones de mejora de la accesibilidad del transporte público en la actual A-1.

- Abrir una mesa de diálogo y trabajo compartido con las instituciones municipales y autonómicas implicadas y afectadas en este proyecto, para la mejor definición de la solución integral de la movilidad en la zona norte de la Comunidad de Madrid.

- Abrir una mesa de diálogo y trabajo compartido con las entidades sociales implicadas y afectadas en este proyecto, para la mejor definición de la solución integral de la movilidad en la zona norte de la Comunidad de Madrid."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de junio de 2017.-Tania Sánchez Melero, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

162/000440

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Rosa Martínez y el Diputado Josep Vendrell Gardeñes, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en Pleno, relativa a procedimientos, reglas y convocatorias de las subastas para asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable.

Exposición de motivos

La Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia aprobada en el Consejo de Ministros en el año 2007 definía como un área de actuación prioritaria el fomento de las energías renovables de cara al horizonte 2020. Esta estrategia enunciaba como medidas principales a implementar las actuaciones que favorecieran el desarrollo de la biomasa, la energía solar termoeléctrica y fotovoltaica y, de forma específica, el establecimiento de un marco de seguridad económico que incentivara las inversiones en energías renovables y cogeneración.

La normativa comunitaria establece un objetivo común de implantación de renovables en la Unión Europea; concretamente, el 20 % de la energía final debe tener origen renovable en el año 2020. Asimismo, a través de la Directiva 2009/28 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, se fijaron objetivos específicos y vinculantes para todos los Estados miembros de la Unión Europea. En el caso de España, este objetivo fue coincidente con el objetivo común; es decir, el 20 %. Al margen de ello, cada Estado miembro presentó su propio Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER). En el caso de España, el compromiso inicial fue alcanzar una cuota del 22,7 % de generación renovable sobre el consumo total de energía en 2020. Posteriormente, en el año 2011, el Gobierno español enmendó a la baja su compromiso, de manera que en la nueva versión remitida el compromiso quedó reducido a un 20,8% de la energía final, valor muy similar al objetivo de país fijado en la Directiva 2009/28.

Para el año 2030, el objetivo en materia de energía renovable en el conjunto de la Unión Europea, propuesto por la Comisión Europea en el paquete "Clean Energy for all Europeans", es del 27 %. Dicho objetivo fue acordado por los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE en el Consejo Europeo de octubre de 2014. Así se explicita en el artículo 3.1 de la propuesta de Directiva para la promoción de energías renovables: "Art. 3.1 Los Estados miembros velarán conjuntamente porque la cuota de energía procedente de fuentes renovables sea de al menos el 27 % del consumo final bruto de energía de la UE en 2030". También resulta interesante destacar que el Parlamento Europeo está trabajando actualmente


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para aumentar el objetivo de generación de energía renovable en 2030, así como para acordar objetivos nacionales vinculantes que garanticen la consecución del objetivo a nivel europeo.

Los compromisos y acuerdos internacionales en materia de energía y lucha contra el cambio climático van a condicionar fuertemente a España, tanto en lo que se refiere al objetivo para 2020 como en años posteriores. La entrada en vigor del Acuerdo de París en noviembre de 2016 supone un refuerzo de estos compromisos internacionales, ya que la generación a través de energías renovables se convierte en un elemento clave para lograr cumplir las metas fijadas y para iniciar una transición hacia un modelo energético sostenible. Una transición energética basada en las energías renovables, la eficiencia y la participación de los ciudadanos en el sistema energético puede actuar como dinamizadora del modelo productivo mediante la creación de puestos de trabajo de calidad, que a su vez incentiven la generación de empleo indirecto e inducido.

Sin embargo, desde el comienzo de la X Legislatura y la publicación de Real Decreto-ley 1/2012, la instalación de nueva potencia eléctrica de origen renovable ha sido casi inexistente. En el contexto actual, en el que se prevé un ascenso de la demanda agregada de energía en España en los próximos años, la ausencia de planificación y el freno a la implantación de tecnologías renovables puede poner en riesgo el cumplimiento del objetivo a 2020 y dificultar enormemente los compromisos posteriores.

En enero de 2016 se convocó la primera subasta para la instalación de tecnología renovable mediante la cual se otorgaron 500 MW eólicos y 200 MW de biomasa. La subasta se saldó con un resultado incomprensible y, a día de hoy, no está claro si las plantas que resultaron vencedoras serán instaladas o, en su lugar, las empresas elegirán minimizar pérdidas no instalando los parques a costa de perder los avales. Posteriormente, el 17 de mayo de 2017, se realizó una nueva subasta por la que se adjudicó una potencia total de 3.000 MW. Esta última subasta ha generado una enorme controversia entre los representantes de las diferentes tecnologías renovables, al considerar discriminatorias las condiciones de la misma. En particular, el mecanismo de desempate en caso de que varias tecnologías realizasen la misma oferta era favorable a la eólica. Como consecuencia, el resultado final de la subasta adjudicó 2.979 MW a centrales con tecnología eólica, 20 MW a centrales de biomasa y solo 1 MW a centrales fotovoltaicas.

La propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia lamentó expresamente no conocer con antelación el redactado final de la Orden Ministerial por la que se establecieron las reglas de la última subasta realizada, lo cual le impidió emitir los correspondientes informes preceptivos. El regulador, en sus informes previos, realizó recomendaciones relativas a la transparencia, neutralidad tecnológica y la mejora de la competencia de la subasta que no fueron tenidas en cuenta. El peaje a pagar por realizar convocatorias ad hoc para el cumplimiento de objetivos estratégicos es muy alto. Sin una planificación coherente y sin criterios como los recomendados por el regulador, se introducen riesgos y desincentivos evidentes para potenciales participantes. De hecho, nuestro sistema eléctrico es conocido internacionalmente por establecer procedimientos complejos que frecuentemente desembocan en controversias judiciales.

Hay tres características fundamentales del diseño de las subastas que proponemos modificar. En primer lugar, las reglas de las subastas deberían estar dirigidas a maximizar y optimizar la generación de origen renovable, para lo cual las tecnologías que se instalen deben tener una retribución basada principalmente en la energía que generan y no (como ahora) en la inversión realizada, promoviendo de este modo un funcionamiento óptimo de las plantas.

En segundo lugar, las futuras subastas deberían superar el sistema marginalista y los criterios de retribución basados en el esquema del Real Decreto 413/2014, que constituyen el punto de referencia para el Gobierno actual y favorecen comportamientos especulativos. Es preferible utilizar un modelo en el que cada planta es retribuida según la oferta que haya realizado, procedimiento que internacionalmente se denomina "pay as bid".

En tercer lugar, el Gobierno debería incorporar a las subastas nuevos criterios hasta ahora no contemplados. No solo debería intentar seleccionar la oferta económicamente más competitiva, sino también incentivar objetivos adicionales ligados a la distribución espacial de las tecnologías renovables de una forma coherente con la red eléctrica existente e incluir cláusulas sociales en las futuras subastas como un pilar que favorezca y ahonde en la democratización del sistema eléctrico. Es decir, a la hora de acometer reformas encaminadas a modificar la estructura actual del sistema de subastas se debe considerar que el sistema eléctrico español tiene un notable sesgo oligopólico que confiere una posición de ventaja a las multinacionales eléctricas que operan en nuestro país. Por este motivo, el nuevo diseño de las subastas debe tener como un objetivo basilar la incorporación e incentivo a la participación de


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cooperativas, pequeñas y medianas empresas, ayuntamientos y ciudadanos. Estas cuestiones han sido tenidas en cuenta en el esquema de subastas utilizado en Alemania, por ejemplo, lográndose una notable participación ciudadana en las mismas.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a cumplir con los siguientes requisitos en los procedimientos, reglas y convocatorias de las subastas para asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable:

1. Con el fin de incentivar el buen funcionamiento futuro de las plantas que resulten ganadoras de la subasta, la competición se establecerá sobre la retribución a la energía generada.

2. Para limitar los comportamientos especulativos de los participantes, y de acuerdo con los procedimientos más recomendables en base a la experiencia previa en otros países, cada planta que resulte ganadora cobrará de acuerdo a la oferta que hubiera realizado en la subasta.

3. El procedimiento establecido para la subasta será sencillo, comprensible y transparente para los participantes.

4. Se establecerán liquidaciones específicas para proyectos de menor potencia con condiciones favorables para que puedan ser implementados por cooperativas, ayuntamientos o ciudadanos.

5. Se incluirán criterios ambientales y sociales para matizar la oferta económica, específicamente aquellos que promuevan la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro modelo productivo.

6. Se establecerán liquidaciones específicas para proyectos de menor potencia, que utilicen tecnologías renovables que se encuentren actualmente en proceso de maduración con el fin de apoyar su desarrollo y un progreso en su curva de aprendizaje que posibilite una disminución de costes.

7. Se establecerá un calendario de subastas que incluya las subastas previstas y la potencia a instalar en el medio plazo. Para establecer este calendario resulta imprescindible que el Gobierno planifique la senda de instalación de potencia renovable que permita cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones y avanzar hacia un sistema eléctrico 100% renovable. Si, como consecuencia de esa planificación, se determina que es prioritario instalar determinadas tecnologías renovables, dicho calendario podrá incluir subastas tecnológicamente específicas.

8. Se ofertará un porcentaje específico para instalarse en zonas con centrales térmicas y nucleares, con el fin de asegurar una transición justa para estas zonas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de junio de 2017.-María Rosa Martínez Rodríguez, Diputada.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

162/000441

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por el reciente incendio ocurrido en Moguer (Huelva), para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

Tras el incendio declarado el sábado 24 de junio en el paraje de La Peñuela en Moguer, en Huelva, y que según el Plan Infoca ha afectado a una superficie total de 8.486 hectáreas. Salvándose solo unas 2.500 hectáreas, dentro de un perímetro afectado de 10.900 hectáreas.

Asimismo, tal y como informó la Junta de Andalucía "la rápida actuación y el trabajo desarrollado por el equipo del dispositivo de emergencias evitó un siniestro de mayores consecuencias, ya que el combustible potencial del incendio era de 43.225 hectáreas".


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Por términos municipales, 4.450 hectáreas corresponden a Moguer, 3.054 hectáreas a la localidad de Almonte y 982 hectáreas a Lucena del Puerto. El fuego ha afectado a dos espacios protegidos: el Parque Natural de Doñana (6.761 hectáreas) y el Paraje Natural Laguna de Palos y Las Madres (17 hectáreas).

En el momento en el que se originó este incendio forestal, en el paraje de la Peñuelas, la velocidad sostenida del viento era de 30 y 40 kilómetros por hora y a partir de las 22,00 horas se registraron rachas de hasta 90 kilómetros por hora, según los datos de la Estación Meteorológica de El Arenosillo. Respecto a la temperatura, el día del incendio, la máxima era de 40 grados centígrados y la mínima de 22 grados centígrados.

Actualmente, en la zona del incendio se encuentran realizando tareas de vigilancia, remate y liquidación 45 bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, un técnico de extinción, cuatro agentes de Medio Ambiente, cinco vehículos autobomba, un camión nodriza, una maquinaria pesada y una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT).

El director del Espacio Natural de Doñana, Juan Pedro Castellano, ha anunciado que en las próximas semanas realizarán una propuesta de intervención para la recuperación ambiental de la zona afectada por el incendio, el cual no ha llegado al Parque Nacional de Doñana, pero sí ha afectado a zona del Espacio Natural, quedando el fuego a unos diez kilómetros del Parque Nacional de Doñana. Y ha destacado los trabajos que el dispositivo Infoca realiza en materia de prevención, pero como ha reiterado este incendio ha tenido "condiciones extremas" ya que "el fuego ha volado en franjas de 90 metros sin vegetación", por ejemplo.

En cuanto a la fauna, la mayor parte ha huido del fuego, así como se ha comprobado que no ha habido afección en especies emblemáticas como el águila imperial ibérica y como ha determinado el personal de seguimiento del lince también se sabe que en la zona afectada "no había ninguna hembra con cachorros en esos lugares".

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Evaluar y cuantificar de forma inmediata los daños producidos por el incendio ocurrido en la provincia de Huelva el pasado 24 de junio, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía y los municipios y colectivos afectados, realizando un análisis detallado de las consecuencias para la vegetación y la fauna.

2. Aplicar los artículos 20 y siguientes de Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección y, en consecuencia, a arbitrar las ayudas necesarias para paliar los daños personales y materiales producidos por dicho incendio en la provincia de Huelva. Estas ayudas, subvenciones, beneficios y demás medidas previstas serán, al menos, las contempladas en la Ley 14/2012, de 26 de diciembre, por la que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridas en varias Comunidades Autónomas.

3. Dar cuenta, en el plazo máximo de tres meses, de todo lo actuado en relación con este incendio forestal ante el Pleno del Congreso de los Diputados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de junio de 2017.-José Juan Díaz Trillo y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la financiación de la Iglesia Católica, para su debate en el Pleno.


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Exposición de motivos

Partiendo del principio de igualdad ante la Ley que señala nuestra Constitución, y en cumplimiento del apartado 5 del artículo II de los Acuerdos económicos suscritos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979, la Iglesia Católica debería autofinanciarse, básicamente, a través de las donaciones de sus fieles y de sus propios.

Sin embargo, la Iglesia Católica recibe cada año una aportación del Estado en concepto de asignación tributaria a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), cantidad que ascenderá a unos 240 millones de euros en 2016. Y estos recursos son solo una parte mínima del dinero público que maneja la Iglesia Católica, porque hay que tener en cuenta que esta institución es un entramado complejo de órdenes, fundaciones, asociaciones, organizaciones no gubernamentales, colegios, hospitales y cientos de negocios en los que muy difícilmente podemos saber cuál es la factura total para el Erario Público.

Según la organización "Europa Laica", el Estado aporta a la Iglesia Católica, a través de subvenciones directas y exención de tributos, una cifra que supera los 11.000 millones de euros anuales. Una cantidad que supone más del 1 % del PIB y que sumaría asignaciones tributarias vía IRPF, exenciones y bonificaciones en distintos tributos, financiación de personal que imparte religión católica y de centros de ideario católico, transferencias para asistencia sanitaria y obra social, financiación de funcionarios capellanes, mantenimiento de patrimonio artístico de su propiedad, y otras subvenciones y financiación de eventos religiosos o para asociaciones de ámbito local.

Esta situación privilegiada puede herir la sensibilidad, el sentido de igualdad y de justicia distributiva de muchas personas que no están comprometidas con la Iglesia Católica y que participan de otras creencias filosóficas y religiosas. Especialmente también de aquellas que defendemos la independencia del Estado respecto a todas las confesiones religiosas y de las influencias de sus jerarquías, así como la igualdad de toda la ciudadanía ante el Estado y en el acceso a los bienes públicos.

Además, es una situación que choca frontalmente con el principio constitucional de no confesionalidad del Estado. La práctica religiosa no es un servicio público que beneficie a toda la ciudadanía y son los fieles de cada religión quienes, en su caso, deberían contribuir a la financiación de su culto, clero y actividades religiosas.

Hace unos días se ha hecho pública una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), según la cual las exenciones fiscales a la Iglesia Católica en el Estado español pueden constituir una ilegalidad en forma de ayudas estatales prohibidas si se otorgan para actividades económicas. El caso en concreto remite a la petición de un colegio religioso de Getafe (Madrid) de la devolución de 24.000 euros en concepto del impuesto municipal sobre Construcciones, Instalaciones y Obras por una reforma efectuada en el centro. El Ayuntamiento desestimó la devolución del tributo al considerar que la reforma no tenía una finalidad religiosa.

Es verdad que este impuesto municipal es residual, pero es una buena noticia que se abra el debate a nivel europeo, y es también interesante percibir la "competencia desleal" que puede significar que las corporaciones religiosas tengan privilegios fiscales en sus negocios.

El caso del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es particularmente importante al tratarse de un impuesto de carácter municipal que grava la propiedad de bienes inmuebles rústicos o urbanos y cuya recaudación supone ingresos importantes para las administraciones locales. Vaya por delante que lo justo es que cualquier entidad privada propietaria de un inmueble esté sujeta al pago del IBI y, por tanto, es discutible la exención de la que disfrutan las confesiones religiosas en los inmuebles destinados a culto. Pero la realidad es que la Iglesia Católica no paga el IBI de ninguna de sus propiedades inmobiliarias, aunque dichos inmuebles estén afectos a actividades económicas de todo tipo.

Hay que considerar además la cuestión de las inmatriculaciones. Este privilegio fue corregido por el Gobierno en 2015 con la modificación de la Ley Hipotecaria y ahora la Iglesia Católica se equipara al resto de operadores jurídicos, personas físicas o jurídicas, debiendo hacer uso únicamente de los instrumentos generales y comunes para inmatricular bienes: el expediente de dominio o el acta de notoriedad. Pero hasta ese momento, la Iglesia llevó a cabo una operación planificada de saqueo, una "desamortización" inversa a la llevada a cabo por Mendizábal en el siglo XIX, aprovechando esa potestad para incrementar de forma exponencial su patrimonio prácticamente con coste cero en toda España y convirtiéndose en el principal propietario inmobiliario del país. Propiedades por las que, además, no paga impuestos.


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En todo caso, quizás sea el momento de ayudar a que la Iglesia Católica cumpla su propósito de lograr por sí misma recursos suficientes para la atención de sus necesidades, y de revisar los beneficios fiscales de los que disfruta.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas oportunas para:

- Proceder a la denuncia de los Acuerdos entre España y la Santa Sede.

- Establecer un plazo de adaptación para la completa autofinanciación de la Iglesia Católica a través de las donaciones de sus fieles y de sus propios, en el que se revisarán los beneficios fiscales de los que disfruta y se eliminará definitivamente la aportación que recibe en concepto de asignación tributaria a través del IRPF.

- Establecer la sujeción y no exención en el IBI de todos los bienes inmuebles de la Iglesia Católica y de las asociaciones confesionales no católicas legalmente reconocidas.

- Implantar mecanismos que permitan que las distintas ayudas públicas que reciban las confesiones religiosas, incluida la Iglesia Católica, sean transparentes y estén sujetas a la fiscalización del Tribunal de Cuentas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-Alberto Garzón Espinosa y Josep Vendrell Gardeñes, Portavoces del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso de la eficiencia energética y actuaciones en materia de rehabilitación de vivienda, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

La Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, señalaba que el 40% del consumo total de energía en la Unión Europea, corresponde a los edificios y que el sector se encuentra en fase de expansión, lo que hará aumentar el consumo de energía.

Por ello, la reducción del consumo de energía y el uso de energía procedente de fuentes renovables en el sector de la edificación, constituyen una parte esencial de las medidas necesarias para reducir la dependencia energética de la Unión y las emisiones de gases de efecto invernadero.

En este sentido, las medidas adoptadas para reducir el consumo de energía, junto con un mayor uso de la energía procedente de fuentes renovables, permitirán cumplir el Acuerdo climático de París, así como su compromiso de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2 °C y de reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero al menos un 20 % en 2020 respecto a los niveles de 1990 y un 40 % como mínimo en 2030. En lo relativo a eficiencia energética, España debe reducir su consumo un 20 % en 2020 respecto al escenario tendencial y un 30% en 2030. Así como una obligación de ahorro energético del 1,5 % que podría reducirse al 1 % en el periodo 2026-2030.

La reducción del consumo de energía y un mayor uso de la procedente de fuentes renovables, desempeñan asimismo un papel importante a la hora de asegurar el abastecimiento energético, fomentar el desarrollo tecnológico y ofrecer oportunidades de empleo y desarrollo regional, tanto en zonas rurales como urbanas.

Las previsiones de 2010 pusieron de manifiesto que el objetivo de eficiencia energética de la UE para 2020 no iba a cumplirse y que, por lo tanto, serían necesarias nuevas medidas a nivel europeo y nacional.


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Para hacer frente a esta situación, la Comisión Europea presentó en 2011 una propuesta de Directiva en materia de eficiencia energética, centrada especialmente en mejorar la eficiencia energética de los edificios, los servicios energéticos y la cogeneración.

El objetivo general de la propuesta era hacer una aportación significativa a la consecución del objetivo de eficiencia energética de la Unión Europea para 2020, así como establecer un marco común para fomentar la eficiencia energética posteriormente a dicha fecha. La propuesta fue adoptada por los dos colegisladores el 25 de octubre de 2012 bajo la forma de Directiva de eficiencia energética 2012/27/UE.

En España, estas Directivas fueron transpuestas parcialmente a través del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, sin embargo, hay materias que no se incluyeron como los requisitos mínimos de eficiencia energética para edificios nuevos o existentes; la garantía de la certificación de la eficiencia energética de los edificios nuevos o existentes o la inspección periódica de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado.

En junio de 2017, mediante la Orden FOM/588/2017, se transpuso otros de los elementos más destacados de la Directiva, que establece que a partir de 2018 todos los edificios púbicos nuevos, deban ser edificios de consumo casi nulo o muy bajo consumo y en 2020 este requisito sea también de aplicación para los edificios privados. Lamentablemente, el nivel de exigencia que en él se establece es muy inferior al esperado, dado que se limita a obligar al cumplimiento del DB HE-0 del Código Técnico de la Edificación en vigor.

Por otra parte, en junio de 2014 también finalizaba el plazo para transponer la Directiva 2012 relativa a la eficiencia energética, en lo referente a las auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia en el suministro de energía. España no cumplió, por lo que la Comisión envió dictamen motivado requiriendo su transposición. En ese contexto, en febrero de 2016, el Gobierno, por aquel entonces en funciones, aprobó el Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía. A las anteriores normas, se suma la reciente publicación del Real Decreto 564/2017, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios con el objeto de garantizar las obligaciones sustantivas de la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo.

El pasado 26 de junio de 2017, el Consejo de Transportes, Telecomunicaciones y Energía de la Unión Europea, acordó fijar posición, en relación a la propuesta revisada de Directiva de eficiencia energética de los edificios. El Consejo ha entendido, que su profundización es capital para lograr alcanzar los objetivos globales de eficiencia en el horizonte 2020-2030. La revisión prevé que los edificios no residenciales con más de diez plazas de aparcamiento, dispongan de puntos de recargas de vehículos eléctricos. Introduce también un indicador de inteligencia para edificios, y la simplificación de la inspección de instalaciones de calefacción y aire acondicionado. Del mismo modo, se propone introducir una obligación de ahorro energético del 1,5 % a partir de 2020, que se podría reducir al 1% para el periodo 2026-2030, según las previsiones de cumplimiento de objetivos.

Más allá de la necesidad del cumplimiento de las Directivas, es importante destacar que todas las medidas dirigidas a la eficiencia energética mejorarán el bienestar y la calidad de la vida de las personas.

Por ejemplo, la rehabilitación de viviendas tiene un efecto positivo sobre las familias, dado que verá mejorada la accesibilidad a sus viviendas y el bienestar dentro de ellas, pero también sobre el resto de la ciudadanía que gana en dignidad y cohesión social.

La rehabilitación es un sector estratégico que debe impulsarse, ya que no solo contribuye a la reducción de consumo de recursos limitados sino que contribuye en la mejora de la salud de la ciudadanía.

En este sentido, deben promoverse actuaciones para fomentar la eficiencia energética, como reducir la demanda energética mediante el aislamiento exterior de los edificios o impulsar la generación de energías de origen renovable.

El parque residencial debe actualizarse para lograr la accesibilidad a las viviendas y mejorar la eficiencia energética de los edificios para lograr viviendas confortables.

Porque frecuentemente, la falta de conservación, mantenimiento y actualización de los edificios se traduce en un deterioro del espacio público y el entorno urbano de los barrios en los que se implantan.


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Por último, es importante tener en cuenta que la rehabilitación de viviendas de barrios vulnerables o en riesgo de exclusión, es una herramienta más para garantizar el derecho a la vivienda digna y que es una forma de contribuir a reactivar, de manera sostenible, el empleo en el sector de la construcción, además de atender necesidades sociales en materia de habitabilidad. Esto debe llevarse a cabo, respetando en todo caso las rentas de los contratos de alquiler, sin que la rehabilitación sea utilizada para expulsar de sus viviendas a las personas inquilinas debido al incremento de los precios. Además, aquellas rehabilitaciones subvencionadas con presupuesto público se condicionarán a que las viviendas se oferten en el mercado de alquiler con precios asequibles. Todo ello para que la rehabilitación de viviendas -especialmente, en barrios vulnerables- no comporte una elitización de los barrios populares, y por ende, la imposibilidad de acceder a los mismos por parte de sus vecinos/as.

En definitiva, se trata de impulsar la transición hacia un nuevo modelo energético, basado en el ahorro, la eficiencia energética y el autoconsumo de energía renovable que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles que ha acompañado la economía española hasta hoy, y que representa un 75% de la energía que se consume y que implica una pérdida anual equivalente a un 5 % de nuestro Producto Interior Bruto.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Poner en marcha un plan estatal de rehabilitación de viviendas con criterios de eficiencia energética y accesibilidad destinados a edificios ubicados en las zonas vulnerables, definidas a nivel local en base a indicadores urbanísticos en los que se considere tanto la edificación como la población. Este plan debe disponer de una dotación presupuestaria tal que permita la rehabilitación de 200.000 viviendas al año, teniendo en cuenta el promedio de renta efectiva de los destinatarios. Priorizar, en los programas del Plan Estatal de Viviendas destinados a la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas, las subvenciones destinadas a pequeños propietarios de las zonas de especial vulnerabilidad residencial, condicionando la concesión dichas ayudas a que las viviendas se oferten en el mercado de alquiler a precios asequibles.

2. Poner en marcha un plan estatal de rehabilitación de edificios protegidos oficialmente por su valor arquitectónico y/o histórico, garantizando que la actuación de mejora de la eficiencia energética no altere su carácter o aspecto.

3. Con el fin de garantizar de cara al 2019, el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, realizar una planificación para la adquisición de nuevo inmuebles de titularidad pública, que garantice la condición de estos como edificios de consumo de energía casi nulo, en consonancia con el Código Técnico de la Edificación.

4. Fomentar que los nuevos edificios apoyen la reducción general de combustibles fósiles, impulsando el desarrollo de las infraestructuras necesarias para la recarga inteligente de los vehículos eléctricos.

5. Incentivar que los pequeños tenedores rehabiliten sus viviendas, mediante la concesión de ayudas de los programas previstos del Plan Estatal de Viviendas, que deberán concederse según nivel de renta, excluyendo en todo caso de las mismas a los grandes tenedores de viviendas.

6. Desarrollar una definición del edificio de consumo casi nulo más ambiciosa, con la exigencia mínima de una calificación energética A, y más concreta, referida indicadores de reducción de la demanda y de aporte renovable in situ.

7. Impulsar la formación de los trabajadores de baja, media y alta cualificación del sector de la construcción para actualizar sus competencias profesionales a las exigencias técnicas de la rehabilitación, involucrando, en particular, a las organizaciones sindicales y empresariales, y de forma territorial en las Comunidades Autónomas.

8. Impulso de los sectores I+D+i vinculados a la rehabilitación en lo que se refiere a soluciones y aplicaciones técnicas, procesos de mejora y optimización, seguimiento y evaluación de los resultados.

9. Aplicar a todos los programas de subvención destinados a la rehabilitación de viviendas el mismo tratamiento fiscal en el IRPF que a las ayudas del Plan estatal de vivienda.

10. Reformar la regulación del autoconsumo para eliminar las barreras administrativas y económicas que desincentivan su desarrollo y transitar hacia un modelo energético en el que la ciudadanía adquiera un papel como productor y no solo consumidor.


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11. Promover las reformas normativas que fueran necesarias, para impulsar la eficiencia energética, a través del conocimiento del equilibrio entre inversión a realizar y potencial ahorro a obtener en los edificios. Para ello, se establecerán los requisitos de eficiencia energética, con sus correspondientes actualizaciones periódicas.

12. Fomentar una planificación urbana en zonas industriales y/o residenciales, que ponga en valor la utilización de las energías renovables en los sistemas térmicos, y el uso de la calefacción y refrigeración urbanas, garantizando el aprovechamiento que ofrece la utilización de fuentes de energía alternativas.

13. Acometer las medidas de control y disciplina que fueran necesarias, para asegurar que las instalaciones solares térmicas que se recogen en el documento HE-4 a del Código Técnico de la Edificación, o en su defecto las instalaciones por las que fueran sustituidas, se encuentren en funcionamiento y actuando a pleno rendimiento. Todo ello, con el objetivo de obtener los ahorros energéticos y de emisiones de CO2 a las que el Código Técnico de la Edificación obliga."

Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de julio de 2017.-María Rosa Martínez Rodríguez, Diputada.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para atender las crisis alimentarias y hambrunas en países del lago Chad y Cuerno de África, para su debate en el Pleno.

Exposición de motivos

Las regiones del lago Chad y el Cuerno de África son zonas afectadas de manera recurrente por severas crisis alimentarias. En 2011, la hambruna en el Cuerno de África se cobró la vida de 260.000 personas.

Durante este año los Organismos Internacionales y las ONG nos están alertando del riesgo de hambruna en el que se iban a encontrar millones de personas, y el riesgo, desgraciadamente, es ya una realidad. Más de 20 millones de personas se encuentran al borde de la inanición.

El hambre no es un hecho fatal inevitable, al contrario, las hambrunas son evitables y, desde luego, lo son sus consecuencias en la población. La combinación letal de conflictos cronificados y sequías extremas, o el mayor impacto conocido hasta ahora en la región del Sahel del fenómeno "El Niño", son algunas de las causas de las cuatro hambrunas a las que la comunidad internacional debe dar respuesta si no queremos ser testigos de decenas de miles de muertes como ya sucedió en 2011.

Naciones Unidas ya ha alertado de que se trata de la mayor crisis alimentaria conocida en las últimas décadas y que podemos asistir a muertes masivas.

Las situaciones críticas en las que viven poblaciones afectadas por conflictos de larga duración e intensidad como Sudán del Sur o Somalia se ven agravadas por una situación climatológica igualmente crítica.

En el caso de Nigeria, el conflicto con Boko Haram ha causado el desplazamiento de miles de personas y añade un factor más de dificultad tanto para el cultivo como para la distribución de alimentos. Se estima que casi 5 millones de personas están al borde de la hambruna solo en Nigeria, y las cifras que reportan las agencias humanitarias sobre la crisis alimentaria en la región del lago Chad es que 6 millones de personas estarían al borde de la inanición.

En el caso de Sudán del Sur, se ha declarado hambruna en parte del país. Seis millones de personas se encuentran en estado de inseguridad alimentaria severa y, como consecuencia del conflicto y la inseguridad alimentaria hay 2 millones de personas desplazadas internamente.

En el Cuerno de África la sequía que afecta a Etiopía, Somalia y Kenya ha asolado las cosechas de alimentos y causado la muerte de gran parte del ganado.


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Un total de 11 millones de personas se enfrentan a la escasez de alimentos. Solo en Somalia se estima que hay 3 millones de personas en máximo riesgo.

Una atención especial merece la situación de Yemen con 6,8 millones de personas en situación de hambre extrema y cuya población soporta una triple emergencia provocada por el conflicto, la hambruna y la epidemia de cólera que ha causado más de 1.500 muertes a 30 de junio.

La situación en estos países es de auténtica emergencia, los llamados humanitarios que realizan las agencias y organizaciones presentes en el terreno no han tenido la respuesta esperada y es necesaria una movilización mayor de recursos.

El presupuesto ordinario de la Oficina de Acción Humanitaria no permite realizar una contribución acorde a las necesidades urgentes de recursos para evitar una catástrofe humanitaria de las dimensiones de las que hemos mencionado.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a tramitar el crédito extraordinario necesario para la movilización urgente de recursos destinados a la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional con el objetivo de atender las crisis alimentarias y hambrunas en países del lago Chad y Cuerno de África."

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de julio de 2017.-Carlota Merchán Mesón y Meritxell Batet Lamaña, Diputadas.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

162/000445

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para la reforma de la nacionalidad española adquirida por descendientes de españoles y a través de la residencia, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

En la X Legislatura se realizaron dos reformas en materia de nacionalidad, pero no se abordó una reforma integral que adecue nuestra legislación a la realidad porque ninguna de las anteriores abordó las cuestiones pendientes que afectan al diseño legal y que sin duda necesitan adecuarse a la realidad actual.

En materia de nacionalidad por residencia, dentro de la reforma de la Ley de Registro Civil, es decir, sin informes previos, ni diálogo con ninguna otra fuerza política o representantes sociales, se aprobó una trascendente reforma de la concesión de la nacionalidad por residencia que afecta a los casi cinco millones de extranjeros que residen hoy legalmente en España.

La legislación de nacionalidad adolece en esos aspectos de evidentes anacronismos y de situaciones de discriminación por razón de origen. A algunas nacionalidades les cuesta dos años de residencia y a otras nacionalidades diez. Por ejemplo, los cientos de miles de estudiantes extranjeros, hijos de inmigrantes -los que a veces llaman inmigrantes de segunda generación, pero que muchas veces se sienten españoles sin carné-, tienen que hacer los mismos exámenes que el resto, como si no hubieran aprobado ya suficientes exámenes en español.

La reforma impulsada por el Gobierno del Partido Popular impuso un examen general de español (castellano) y de conocimiento de la constitución para probar la integración de los aspirantes a adquirir la nacionalidad. La existencia de un examen obligatorio implica que inmigrantes integrados y perfectamente capaces de comunicarse pueden, sin embargo, suspender ese examen de integración e impedir la adquisición de la nacionalidad si no logran estar al nivel exigido. Además esa misma Ley impuso el pago indiscriminado de unas tasas que antes no se exigían y que tampoco guardan relación con la capacidad económica de los solicitantes.


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Aparte de la los aspectos relacionados con la nacionalidad derivativa, en los aspectos de concesión de la nacionalidad originaria, también se necesita abordar una revisión profunda. La Ley de memoria histórica consiguió solucionar numerosos casos de descendientes de españoles residentes en el extranjero, pero otros, en la aplicación práctica de dicha reforma, se comprobaron con su aplicación práctica que quedaban sin resolver. El Grupo Socialista también quiso completar y corregir esas circunstancias, y el anterior Gobierno del partido popular se negó.

Los supuestos a resolver tienen que ver con personas que optaron por la nacionalidad cuyos hijos mayores de 18 años en el momento en que su padre o madre haya sido considerado español no pudieron obtener la nacionalidad española, también con los descendientes de madre española que nacieron antes de 1978 y que no pudieron adquirir la nacionalidad de origen, con los exiliados que se vieron obligados a renunciar a la nacionalidad española y adoptar la nacionalidad del país de acogida para poder trabajar o residir en él, o con quienes pierden de forma automática a los 18 años la nacionalidad. Todo ello, relacionado con los supuestos de concesión y mantenimiento de la nacionalidad de origen, también debe ser adecuadamente revisado en aras a encontrar soluciones justas y equilibradas.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar un Proyecto de Ley de nacionalidad, procurando el máximo consenso entre las fuerzas políticas, que recoja los derechos de ciudadanía de los españoles y de las españolas en el exterior. Basándose en los supuestos concretos de acceso a la nacionalidad recogidos por los Acuerdos del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, se dará respuesta a las situaciones de los descendientes de españoles que no han podido acceder a la nacionalidad por motivo de género o edad tras la última modificación en esta materia.

2. Abordar en dicha reforma, la actualización de los supuestos de adquisición de la nacionalidad por residencia, que incorpore una reducción sensible de los plazos máximos exigidos actualmente para la mayoría de nacionalidades, la revisión de los supuestos de renuncia a la nacionalidad anterior y la valoración de la trayectoria de integración, más allá de un examen, como elemento preeminente a la hora de evaluar las condiciones del acceso.

3. Adquirir el compromiso para que, antes de que finalice la Legislatura, el plazo medio de tramitación de los expedientes de concesión de la nacionalidad española no superen los tres meses desde su solicitud, y para ello, acometer el necesario refuerzo estructural de los medios del Ministerio de Justicia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de julio de 2017.-Esther Peña Camarero, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

162/000446

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, para su debate en Pleno.

Motivación

En octubre de 2014, el Consejo Europeo adoptó el "marco de energía y clima para 2030", en el que se establecieron los objetivos de cara al 2030: un 40 % de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), con respecto a 1990; al menos un 27 % de cuota de energías renovables y un 27 % de mejora de la eficiencia energética.

El año siguiente, el 12 de diciembre de 2015 se adoptó el Acuerdo de París, en la XXI Conferencia sobre Cambio Climático (COP 21). Se estableció el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y de proseguir los


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esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C. Este acuerdo implica un mayor compromiso para la descarbonización de la economía, particularmente en el sector energético.

El pasado 30 de noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó un paquete de medidas para actualizar la regulación de la Unión Europea (UE) en materia de energía de cara a la siguiente década. A través de estas medidas, la UE quiere liderar la transición energética hacia una economía descabonizada. Dentro de las propuestas presentadas se encuentra la refundición de la Directiva de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.

La propuesta presentada (COM/2016/0767), establece un objetivo global a nivel UE del 27 % de consumo final bruto procedente de fuentes de energía renovable (FER) para 2030. En contraposición con la actual Directiva vigente (Directiva 2009/28/EC), no se establecen objetivos vinculantes por Estado miembro.

Esta propuesta no tuvo en cuenta las reivindicaciones del informe de situación en materia de energías renovables aprobado por Parlamento Europeo el pasado 23 de junio de 2016, en el que se reclamó un objetivo a nivel de la UE del 30 % en materia de energías renovables para 2030, teniendo en cuenta los esfuerzos de descarbonización que el Acuerdo de París reclama. Este informe también pidió que los objetivos fueran vinculantes a nivel Estado miembro.

La propia Comisión Europea en la valoración de impacto de la propuesta de refundición de la Directiva (SWD/2016/418) estima que, en el escenario tendencial, sin medidas adicionales, se alcanzará una cuota de FER del 24,3 % para 2030. Estos cálculos no recogen la fuerte caída de costes de las tecnologías de producción de energías renovables más maduras de los últimos años.

La evaluación de impacto del año 2014 que acompaña al documento "Un marco estratégico en materia de clima y energía para el periodo 2020-2030" (COM/2014/015), sin haber recogido la fuerte bajada de costes de las tecnologías renovables más maduras, ofrece datos sobre los beneficios de incrementar el objetivo de energías renovables al 35 % para 2030. Estos beneficios implican incremento del empleo, reducción de las importaciones de energía o mejoras en la salud de los ciudadanos.

El documento de evaluación de la Directiva vigente sobre FER (Directiva 2009/28/EC) que acompaña a la propuesta de Directiva de FER, señala al establecimiento de metas vinculantes por países como uno de los factores clave que están contribuyendo al cumplimiento de los objetivos marcados de cara a 2020. En este sentido, los últimos datos publicados por EUROSTAT, este mes de marzo, indican que en 2015 se alcanzó el 16,7 % de consumo energético mediante FER en EU, y 11 Estados miembros ya han superado los objetivos nacionales para 2020.

La propuesta de Directiva de fomento de FER de la Comisión establece una descripción de los esquemas de apoyo a la electricidad procedente de fuentes renovables poco detallada, centrada en la competitividad y la rentabilidad. Esta falta de detalle puede impedir a los Estados miembros planificar mínimamente su mix energético teniendo en cuenta sus particularidades regionales o sus circunstancias ambientales, geográficas y climáticas.

La propuesta de Directiva de fomento de FER introduce nuevos artículos que promueven el autoconsumo de energías renovables y las comunidades de energía renovables. Se establece así el derecho a generar, autoconsumir y vender el excedente de producción de electricidad renovable. Además se recalca que a los autoconsumidores no se les apliquen procedimientos y cargas desproporcionados.

Esta propuesta de Directiva de fomento de uso de energía procedente de FER está en proceso de debate tanto en el Parlamento Europeo como en el Consejo Europeo. Por lo tanto, es susceptible de ser enmendada y mejorada.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, en el contexto del debate sobre la refundición de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, insta al Gobierno a:

1. Defender un objetivo global más ambicioso que el marcado en la propuesta presentada por la Comisión Europea (COM/2016/0767), apoyando una meta del 35% de consumo final bruto de energía de la Unión Europea procedente de fuentes renovables para 2030.

2. Apoyar que la contribución de cada Estado miembro al objetivo global para 2030 de fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables tenga carácter vinculante, de manera que cada país se comprometa con una cuota mínima que ofrezca certidumbre al objetivo global.


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3. Defender que los sistemas de apoyo a las energías renovables sean coste-eficientes, pero sin impedir que tengan en cuenta el grado de madurez y competitividad de cada tecnología, así como las particularidades de cada territorio, sus recursos y sus preferencias entorno a un determinado desarrollo de la industria renovable o mix energético.

4. Fomentar decididamente el autoconsumo y las comunidades de energías renovables a través del apoyo a un marco que garantice el derecho a generar, autoconsumir y vender los excedentes de energía, y que proteja estas modalidades de gestión de la energía de procedimientos y cargas que impidan su despliegue."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de julio de 2017.-María Pilar Lucio Carrasco, Diputada.-Margarita Robles Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

162/000447

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana y Mixto, se dirigen a la Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de una Ley Orgánica para erradicar la violencia contra la infancia, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

La violencia contra la infancia es definida por Naciones Unidas1 como "toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual". La amplitud de este concepto abarca, todas las formas de violencia contra los niños2, todas ellas prevenibles y nunca justificables3.

En España, la violencia contra los niños ha permanecido históricamente como una realidad oculta, poco documentada y poco denunciada, sin ser percibida como un problema social, a pesar de la gravedad que reflejan los pocos datos de los que disponemos4:

- 3.766 menores fueron víctimas de malos tratos en el ámbito familiar, de los cuales 2.469 son niñas, 1.295 niños, y 2 desconocido.

- 49 menores fueron víctimas de intentos de homicidios/asesinatos, de los que lamentablemente 19 fallecieron.

- 3.919 menores de edad fueron víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual en 2015, de los cuales 3.068 fueron niñas y 851 niños. Niños y niñas suponen el 48,2 % de todas las víctimas de este tipo de delitos.

Si bien en la X Legislatura5, se realizaron avances en la lucha contra la violencia hacia la infancia incluyéndola como principio rector de la actuación administrativa, así como mediante cambios normativos concretos que han tenido un impacto positivo6, la respuesta a la violencia contra la infancia sigue siendo muy fragmentada y parcial. Es necesario unificar la respuesta de los poderes públicos en torno a la defensa del derecho a la vida y la integridad física y moral7. Esta fue también la conclusión a la que llegaron unánimemente los grupos parlamentarios que participaron en la subcomisión parlamentaria para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas en el año 2015.

1 Art. 19. Convención Derechos del Niño.

2 Observación general n.°13: "descuido o trato negligente; violencia mental; violencia física; castigos corporales; abuso y explotación sexuales; tortura y tratos o penas inhumanas o degradantes; violencia entre niños; autolesiones; prácticas culturales perjudiciales; exposición a violencia en los medios de comunicación; violencia a través de tecnologías de la información y las comunicaciones y violaciones de los derechos del niño en las instituciones y en el sistema".

3 Estudio realizado por Naciones Unidas sobre violencia contra los niños en el año 2006 (Informe Pinheiro).

4 Fuente Oficial Ministerio del Interior para el año 2015.

5 X Legislatura.

6 Ejemplos: Extensión de la condición de víctima a los hijos de las mujeres víctimas de violencia de género. Elevación edad consentimiento sexual. Edad para contraer matrimonio. Trasposición de directivas en el Código Penal.

7 Artículo 15 Constitución Española.


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Además, el Comité de Derechos del Niño ha indicado en numerosas ocasiones a España la necesidad de aprobar una Ley Integral sobre violencia contra los niños similar a la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia de Género, que garantice la protección de sus derechos con un enfoque integral que abarque aspectos preventivos, de protección y de restauración de derechos. Además, esta Ley Orgánica debe estar acompañada de una Estrategia, con plazos y recursos suficientes, que implique a todas las partes involucradas, con un conjunto de medidas multidisciplinarias de prevención primaria, secundaria y terciaria que sean eficaces y de gran alcance, centradas en los niños y que presten especial atención a las familias, y a sus necesidades particulares.

Por ello, todos los Grupos Parlamentarios (Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, de Esquerra Republicana y Mixto en el Congreso) presentan conjuntamente la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las comunidades autónomas, a iniciar en el plazo de tiempo más breve posible y que, en todo caso no exceda los 12 meses, los trabajos para la aprobación en la presente Legislatura de una Ley Orgánica para erradicar la violencia contra la infancia que proteja el derecho de los niños y niñas a la integridad física y moral."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de julio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.-Margarita Robles Fernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del diputado Miguel Anxo Fernández Bello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en el Pleno, para el cumplimiento de los derechos lingüísticos de los ciudadanos y ciudadanas en los territorios con lengua propia.

Exposición de motivos

Dadas las constantes vulneraciones que observamos por parte de la Administración General del Estado en materia lingüística, así como la falta de iniciativas para asumir el plurilingüismo existente en el estado español, hemos considerado necesario plantear estas proposición no de ley con el objetivo de que mantengamos un debate sobre los pocos avances que el Gobierno realiza en cuanto a la asunción de la riqueza lingüística, así reflejada en el propio marco constitucional con el reconocimiento de las lenguas cooficiales: gallego, catalán y euskera.

Amén de las numerosas incorrecciones que se cometen desde distintos órganos del Estado (sean Ministerios, organismos autónomos, DGT, Guardia Civil, Policía, ...) en lo relativo a la toponimia oficial de Galicia, así como en otros territorios del Estado, son continuas las muestras de rechazo a la lengua gallega que se producen a la hora de poder tramitar un DNI o pasaporte, realizar una denuncia en la lengua propia, a la hora de llevar a cabo trámites en la Agencia Tributaria, pedir ayudas o subvenciones, participar en la convocatorias de concursos del Ministerio de Educación, y así podríamos seguir. La cuestión es que no existe normalidad y la Administración del Estado continúa poniendo piedras en el camino a la necesaria normalización lingüística.


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Por otro lado, están los ámbitos recogidos en la Carta Europea de Lenguas Minoritarias sobre los que apenas o nada se ha avanzado. Con ello nos referimos al ámbito de la Justicia, de la Educación (aunque está en manos de las CC.AA.) o en el ámbito de los medios de comunicación.

En noviembre de 1992 nacía en Estrasburgo la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Auspiciada por el Consejo de Europa, los Estados que la firmaban se mostraban "conscientes del hecho de que la protección y el fomento" de estos idiomas "representan una contribución importante a la construcción de una Europa basada en los principios de la democracia y de la diversidad cultural". Las Cortes Generales dieron su visto bueno a la participación en el acuerdo y en 2002 el entonces ministro de Exteriores firmaba el correspondiente instrumento de ratificación, esto es, el documento en el que el Gobierno de España especificaba el grado de cumplimiento de la Carta al que se comprometía. Cuando se rubricó el Tratado, se optó, en la mayor parte de los artículos, por la mayor protección posible para el gallego, el catalán y el euskera. Lo que conllevaba el cumplimiento de cuestiones como garantizar la posibilidad de recibir la enseñanza en preescolar, primaria y secundaria en lengua propia, o que los procedimientos judiciales se pudiesen desarrollar con normalidad en las lenguas cooficiales.

En atención al texto del Tratado, el Estado español "prometió cumplirla, observarla y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes". Sin embargo, más de una década después desde su ratificación, el cumplimiento del Tratado Europeo es una quimera en ámbitos como la enseñanza o la justicia donde, lejos de avanzar hacia los preceptos comprometidos, se experimentaron notables retrocesos. Tampoco se ha avanzado en lo que se refiere a los medios de comunicación. Por tanto, a pesar del tiempo transcurrido, nada de esto se está cumpliendo ni por parte de la Xunta ni por parte del Gobierno del Estado.

Aunque sea materia de la Xunta, no nos cansaremos de recalcar que el denominado decreto del plurilingüismo de Feijóo, supuso un varapalo en la normalización de la lengua gallega. Una norma que recibió una fuerte contestación social, académica, cultural y lingüística.

En el caso de los compromisos asumidos por el Estado español para aplicar la Carta en el ámbito administrativo, el grado de cumplimiento varía en función de la administración, pero en términos generales resulta deficiente. Sobre el papel, podría decirse que la lengua gallega es la lengua de funcionamiento normal de la administración autonómica, y muy extendida en el ámbito municipal, aunque existan resistencias.

Sin embargo, no sucede lo mismo cuando se trata de la Administración general del Estado, ni sobre papel ni sobre la práctica. Y por experiencia diremos que el respeto a los derechos lingüísticos por parte del Estado, es una labor ardua y a veces prácticamente imposible. Los problemas van desde la falta de respeto a la toponimia oficial de Galicia, pasando por el derecho a ser atendido en lengua propia o a poder realizar trámites en gallego, hasta la inadecuada disposición de documentos administrativos en lengua gallega o en formato bilingüe, por no hablar de los desprecios a hablantes en lengua gallega.

Esta anomalía ocurre aunque el Estado haya firmado un Tratado para que se utilicen las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios, aunque se haya insistido en que se facilitarían formularios y textos administrativos de uso habitual en gallego o bilingües y aunque se haya garantizado que se usarían las lenguas cooficiales al prestar un servicio público. Se supone que el Gobierno tendría que formar al personal a su servicio o dar las pautas correspondientes en la línea de respeto a las lenguas cooficiales.

Igualmente, en la vida económica poco se ha progresado o nada. En la propia Carta Europea se habla de la "vida económica y social", donde el Estado debería adoptar medidas ante las prácticas encaminadas a desalentar el empleo de las lenguas cooficiales en las actividades económicas o sociales. Siguen sumándose casos de discriminación laboral por usar el gallego en el ámbito laboral, económico o social. Lo mismo sucede en el ámbito sanitario, bajo competencia de la Xunta.

Poco se ha avanzado en el mundo financiero o bancario, donde se supone que el Gobierno central y el gallego deberían impulsar la existencia de documentos bancarios y financieros en gallego.

La Justicia es otro flanco débil. Ni siquiera se ha modificado el marco normativo para dar cumplimiento al uso del gallego en la justicia. El Consejo de Europa ha demandado en diversos Informes sobre el cumplimiento de la Carta Europea la modificación de la legislación para garantizar que las autoridades judiciales puedan dirigirse en lengua gallega a las personas que así lo pidan. Es necesaria la adopción de medidas para que el personal al servicio de la justicia reciba la formación necesaria en aras a utilizar el gallego.

Cuando en una sociedad existe temor a realizar una entrevista de trabajo en lengua gallega, a enviar y entregar el currículum en gallego, a evitar la utilización de la lengua propia en el puesto de trabajo o a


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escribir incluso correos electrónicos en dicha lengua, temor a dirigirse a una ventanilla de la Administración General del Estado por los reproches que se deben escuchar al usar el gallego, o a expresarse en un procedimiento judicial en gallego, algo está funcionando mal. Se vive una situación de anormalidad porque poseer una lengua propia no es algo que esconder o de lo que avergonzarse, todo lo contrario, debería ser un motivo de orgullo. El plurilingüismo es un valor del que enorgullecerse y al que habría que dedicar todos los esfuerzos para incentivarlo.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Efectivizar y desarrollar los artículos de la Carta Europea de Lenguas Minoritarias que el Estado español rubricó en 2002 optando por la mayor protección posible para el gallego, catalán y euskera, comprometiéndose a "cumplirla, observarla y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes".

- Adoptar las medidas necesarias y modificar el marco normativo correspondiente para que los procedimientos judiciales puedan realizarse en lengua propia, dando cumplimiento así al uso del gallego y de las otras lenguas cooficiales en la justicia.

- Llevar a cabo las actuaciones precisas y dar las instrucciones adecuadas para garantizar que toda la Administración General del Estado respete los derechos de los hablantes en lengua gallega, catalana o vasca a poder ser atendidos en la lengua propia, realizar trámites diversos, disponer de formularios o textos administrativos de uso habitual en formato bilingüe o en lengua propia y censurar las actitudes del personal a cargo del Estado que incurre en formas irrespetuosas para con los derechos lingüísticos de los ciudadanos.

- Respetar desde la Administración General del Estado la toponimia oficial de Galicia, evitando las deformaciones toponímicas o su castellanización forzada e incorrecta.

- Realizar una campaña en colaboración con la Xunta de Galicia para normalizar el uso de la lengua gallega en las relaciones laborales, económico-sociales, financieras o empresariales y en los medios de comunicación poniendo en valor la riqueza plurilingüística existente en el Estado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de julio de 2017.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputado.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre las sentencias contra el President de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys y otras dictadas por tribunales de la Dictadura, para su debate en el Pleno.

Exposición de motivos

Aunque mirar hacia adelante siempre implica olvidar una parte del daño recibido, la consolidación plena de nuestra democracia no puede construirse desde el olvido. De este modo se convierte en un deber moral de nuestra sociedad y un criterio de evaluación de nuestro sistema democrático la plena reparación, reconocimiento y dignificación de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la guerra civil y el franquismo, pues solo el conocimiento de nuestro pasado reciente permite asentar nuestra convivencia sobre bases más firmes, protegiéndonos de los errores del pasado.

Como consecuencia de la Guerra Civil y la instauración del régimen franquista, centenares de miles de ciudadanos abandonaron nuestro país, incluidos políticos y militares de la España republicana, intelectuales, científicos, escritores y artistas, así como numerosos ingenieros, médicos, juristas profesores, y muchos otros trabajadores y ciudadanos. Según el informe Valiére, realizado por el Gobierno francés en


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marzo de 1939, se calcula que al final de la guerra se habían exiliado a Francia 440.000, en torno al dos por ciento de la población total de España en la fecha.

Especialmente significativo es el caso del que todavía entonces era President de la Generalitat de Catalunya, Lluís Companys i Jover, exiliado en la Francia ocupada, detenido en el verano de 1940 por la policía militar alemana en colaboración con la policía franquista y entregado a las autoridades de la Dictadura.

Ya en España, Companys fue torturado y sometido a un consejo de guerra sumarísimo. En la sentencia del consejo de guerra de Oficiales Generales de 14 de octubre de 1940, se consideró a Lluís Companys responsable de un delito de adhesión a la rebelión, por el que se le impuso la pena de muerte. Esa misma madrugada fue ejecutado en el Castillo de Montjüic, en Barcelona.

Anteriormente, el 13 de diciembre de 1939, el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona había declarado en otra sentencia la responsabilidad política de Lluís Companys y le había condenado a la incautación de sus bienes, la inhabilitación absoluta, el extrañamiento perpetuo y la pérdida de la nacionalidad española, en aplicación de lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Responsabilidades Políticas de 9 de febrero de 1939.

En su testamento, Companys señaló: "a todos los que me han ofendido, les perdono; a todos los que les haya podido ofender les pido perdón. Si he de morir moriré serenamente. No queda tampoco en mí la sombra de un rencor. Daré gracias a Dios que me haya procurado una muerte tan bella por los ideales. Él ha querido este destino y aún le doy la gratitud de esta placidez y esta serenidad que me llenan al pensar en la muerte, que veo acercarse sin temor [...] Por Cataluña y lo que representa de Paz, Justicia y Amor". Un legado de paz y convivencia que se conmemora con una ofrenda floral cada año en Barcelona.

Otras víctimas de la colaboración entre los cuerpos policiales de la Alemania nazi y del régimen franquista fueron los socialistas Julián Zugazagoitia y Francisco Cruz Salido, también detenidos en Francia y fusilados en Madrid en el otoño de 1940.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, declaró la ilegitimidad de los tribunales franquistas y el carácter radicalmente injusto de todas las condenas, sanciones y cualesquiera formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil, así como las sufridas por las mismas causas durante la Dictadura. Asimismo, reconoció el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes padecieron los efectos de las condenas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia durante la Dictadura. Esta declaración de ilegitimidad de los Tribunales franquistas, y de las condenas que dictaron, determina como consecuencia jurídica su nulidad radical y carencia absoluta de eficacia y validez.

En 2009, el Gobierno socialista entregó a los herederos de Companys, en México, una declaración formal de reparación de la figura del ex presidente de la Generalitat, reconociendo que "sufrió violencia por razones políticas e ideológicas, siendo injustamente condenado a muerte por una sentencia impuesta por un ilegítimo consejo de guerra".

El 29 de junio también el Parlament de Catalunya ha declarado ilegales los tribunales políticos del franquismo y proclamado la nulidad de las sentencias y resoluciones instruidas por los mismos. Una aprobación que se produjo, por primera vez, por unanimidad de todos los grupos políticos con representación parlamentaria.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados:

1. Declara que la sentencia dictada por el Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Barcelona con fecha 13 de diciembre de 1939 y por el consejo de guerra de Oficiales Generales con fecha 14 de octubre de 1940, contra el President de la Generalitat de Catalunya Lluís Companys i Jover, son ilegítimas, radicalmente nulas e injustas, y carecen absolutamente de eficacia y validez.

2. Reitera la ilegitimidad del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Orden Público, de los Tribunales de Responsabilidades Políticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos políticos, ideológicos o de creencia religiosa, así como de las condenas y sanciones dictadas por estos y cualesquiera otros tribunales u órganos penales o administrativos durante la Dictadura contra


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quienes defendieron la legalidad institucional, pretendieron el restablecimiento de un régimen democrático en España o intentaron vivir conforme a opciones amparadas por derechos y libertades hoy reconocidos por la Constitución, condenas todas ellas también radicalmente nulas e injustas, y carentes absolutamente de eficacia y validez."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de julio de 2017.-Meritxell Batet Lamaña, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en Pleno, relativa al actual sistema de evaluación y acreditación del profesorado universitario por la ANECA.

Exposición de motivos

Las condiciones laborales en las que el profesorado universitario en España viene desarrollando su trabajo no han dejado de deteriorarse progresivamente desde hace años. Según el informe bianual 2014-2015 de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), sobre la situación del sistema universitario español, titulado "La Universidad Española en cifras", la financiación pública de las universidades ha supuesto una caída en el período de 2010 a 2014 por importe de 1.213 millones de euros, lo cual ha tenido una incidencia sustantiva en el normal desarrollo de la actividad universitaria. El recorte en los gastos de personal ha supuesto, como asegura el Informe, una disminución de 7.500 empleos públicos (3.486 de personal docente e investigador y 4.068 de personal de administración y servicios), volviendo a plantillas universitarias de profesorado similares a las que había en el año 2006. Asimismo, los recortes en la financiación para la investigación han sido significativos desde el año 2008, con una media del 24,6 %, a pesar de lo cual la producción científica de las universidades presenta unos resultados bastante relevantes, ampliando la producción científica en un 54 %, en relación con el peso económico de nuestro país y el gasto en I+D+i que realiza.

Sumidos en este panorama de recortes en la Educación Superior y en la Investigación universitaria, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) -organismo público encargado de acreditar al profesorado universitario en nuestro país- publicaba en el BOE de 17 de junio de 2015 el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo, por el que se modificaba el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, y por el que se establecía el sistema de acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes funcionarios universitarios, es decir, para acceder a los puestos de Profesor Titular (TU) y Catedrático de Universidad (CU). A partir del 31 de diciembre de 2015, debido al cambio de sistema y criterios que introdujo el citado Real Decreto 415/2015, se dejaron de admitir las solicitudes de acreditación bajo el programa ACADEMIA. Dado que el 31 de diciembre de 2015 finalizó el antiguo proceso de acreditación, se pretendía la entrada operativa del nuevo sistema a principios de 2016.

El proceso ha sufrido numerosos retrasos, ya que aunque la nueva aplicación Academia 3.0 se abrió en fecha 30 de junio de 2016, no fue hasta el 14 de noviembre de 2016 cuando, tras diversas reivindicaciones por parte de los sindicatos denunciando la paralización de los procesos de acreditación y la falta de publicación de los correspondientes criterios, se publicaron algunos documentos con los criterios de evaluación por cada una de las 21 comisiones especializadas. Estas desagregan las cinco ramas de conocimiento en que se puede obtener la acreditación.

Estos nuevos criterios han generado una ola de rechazo en la comunidad académica y han creado una enorme indignación entre la mayor parte del profesorado universitario. Ello se debe a la falta de claridad en la exposición y redacción de los mismos, a la increíble dureza -e incluso irracionalidad en algunos casos- del nivel de exigencia en la mayor parte de campos científicos, y finalmente a la publicación incompleta de los criterios. Tengamos en cuenta además que con estos criterios se da un salto cuantitativo desproporcionado e injustificado en la carrera investigadora, que se supone que debe guardar lógica y ser incremental con lo solicitado previamente para otras figuras.


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Estos nuevos estándares suponen no solo truncar la carrera académica de buena parte del actual profesorado laboral y de los jóvenes investigadores, en cuanto a sus posibilidades de promoción o de acceder o progresar en la Universidad, sino que lanza un mensaje al profesorado universitario meridianamente claro: abandonen su labor docente para centrarse en conseguir los durísimos méritos investigadores que les exigimos para optar a la acreditación. Todo ello en un contexto donde cada vez se hace más complicado investigar, debido a la falta de fondos por los recortes.

Tal fue el escándalo que el propio Ministerio tuvo que intervenir para paralizar la aplicación de estos nuevos criterios, ante la oposición de la comunidad universitaria y de sus representantes sindicales. Los sindicatos exigieron literalmente la "derogación del Real Decreto 415/2015 y la modificación de tales criterios; debido a que constituyen una exigencia desmedida, irrealista e injusta, tanto para el acceso a plazas estables de funcionario docente como para la promoción profesional de los actuales profesores universitarios".

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte anunció en el Congreso el 14 de diciembre de 2016 que propondría a la ANECA la puesta en marcha de un grupo de trabajo para revisar los criterios de acreditación del profesorado y del sistema de acceso a plazas universitarias. El cometido de dicho grupo de trabajo sería, según lo expresado por el Ministro, estudiar, en relación con los criterios de evaluación, "qué propone la Conferencia de Rectores (CRUE), qué proponen los Sindicatos y llegar entre todos a un acuerdo". Se crearon así comisiones mixtas a tres bandas: ANECA-Sindicatos-CRUE para la revisión de los criterios, dado que incluso el propio MECD no había cumplido con su obligación de negociarlos y tampoco cumplía con su propia normativa Real Decreto 415/2015 en cuanto a transparencia.

Ha pasado ya más de año y medio desde que el 31 de diciembre de 2015 dejó de funcionar el anterior sistema de acreditación a profesorado titular y catedrático de universidad. Las comisiones específicas de evaluación de la ANECA parece que siguen trabajando en los nuevos criterios, cuyos resultados trasladarán después a las comisiones mixtas ANECA-Sindicatos-CRUE. La intención era que el resultado de todo este proceso negociador se hiciera público antes de verano para posibilitar a continuación que las comisiones de áreas pudieran comenzar a evaluar.

La realidad es que tras más de año y medio de la supuesta entrada en vigor del nuevo sistema de acreditación seguimos sin acreditaciones. Se estima que a día de hoy tendrán una demora de 3 o 4 meses, es decir, que la respuesta tardará en llegar entre 9 y 10 meses. El nuevo director de la ANECA, tras la dimisión del anterior, informó en mayo de 2017 que siguen detenidas las evaluaciones de 900 solicitudes pendientes de revisión. Esta situación tiene el agravante de que, de acuerdo a la normativa vigente, la ausencia de respuesta al cabo de 6 meses tiene carácter desestimatorio. No se tiene noticia de que esté en trámite la aprobación de algún tipo de norma o garantía que anule lo dispuesto en el artículo 15.6 del Real Decreto 415/2017, según han comunicado los sindicatos.

El problema añadido, que pervierte radicalmente el modelo universitario, es que este sistema vigente de acreditación de la carrera profesional universitaria -sea con unos criterios más o menos sensatos para acreditarse- sigue privilegiando fundamentalmente como sistema de evaluación la valoración de los "méritos" de investigación, en especial aquellos que puedan ser cuantificables y "comercializables" en índices de impacto. Esto no solo privilegia a las empresas multinacionales que gestionan estos índices, sino que devalúa la docencia y convierte la investigación en una carrera competitiva donde es fácil perder el sentido último de por qué se investiga. Todo ello en pos de la citación en unas revistas que, en su mayor parte, tampoco cumplen con la función básica de difusión social a la ciudadanía que habría de tener toda investigación pública.

Este sistema de evaluación de la carrera profesional universitaria por la ANECA encauza la producción de conocimiento en función de criterios globales de productividad/calidad que tengan valor para el mercado, que se puedan además cuantificar y medir. En lugar de un modelo lector que juzgue a partir del estudio del trabajo realizado, estamos ante un modelo burocrático "al peso". Viene a ser otro producto más de la cultura neoliberal, aplicado en este caso a la actividad científica y académica. Se considera como prueba objetivable de la calidad del trabajo de investigación el llamado factor de impacto, que mide la "visibilidad" una vez publicado el artículo en función del número de citas recibidas en otros artículos. Se obvia la naturaleza positiva o negativa de las citas, las características del objeto de estudio, y se asume la correspondencia "investigación = publicación". De esta manera el factor de impacto, que supuestamente mide la visibilidad, define a su vez el valor científico y su calidad. En realidad se importa de manera acrítica y literal un modelo de productividad del mundo empresarial.


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Por decisión política del Gobierno se ha supeditado la evaluación de ese factor de impacto a los datos ofrecidos por dos multinacionales extranjeras, a las que se pagan cuantiosas cantidades de dinero público -Clarivate, a través de su producto Web of Knowledge, y Elsevier, a través de su producto Scopus-. Todo ello en detrimento de otros modelos públicos que fueron sufriendo la política de recortes del gobierno, así como de otros formatos y modos de canalizar la carrera profesional. En definitiva, estamos ante revistas de acceso privado donde se publican resultados de investigaciones pagadas con dinero público, que apenas lee nadie en buena parte de las ramas de conocimiento y cuya importancia social, e incluso académica, tiende a ser entre escasa y nula, exceptuando un número ínfimo que sí puede ser relevante en alguno de los campos científicos.

Hay que destacar asimismo que las Agencias de Calificación Autonómicas pueden desarrollar papeles relevantes en el proceso de acreditación y que debe coordinarse la actuación con ellas. Es necesario señalar que uno de los grandes problemas del sistema de acreditación actual es que minusvalora el impacto que puede tener publicar en los idiomas oficiales de las nacionalidades históricas, precisamente porque el número de hablantes de ese idioma, al ser reducido, implica unas opciones más limitadas de destacar en el plano "métrico" y "cuantitativo" que no tiene nada que ver con la calidad intrínseca de la publicación. Esta debe ser una cuestión a corregir, valorar y potenciar en el propio sistema de evaluación para no penalizar precisamente a aquellos/as investigadoras que están utilizando su idioma propio.

Por otra parte, a partir del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, donde se establece que la actividad docente ha de graduarse en atención a la "intensidad y excelencia" de la actividad investigadora reconocida, se premia con reducción de carga docente la posesión de determinados tramos de investigación (sexenios), a la vez que se penaliza sensu contrario con un aumento significativo de la docencia. Esto ha consolidado un imaginario en el que la docencia parece tener un valor muy inferior, cuyas evaluaciones además cuentan de manera residual cuando se tienen en cuenta, y que pasa a considerarse directamente casi como carga o "castigo", con más horas para quien no consigue el sexenio. Sabiendo, además, que no está probado -más bien al contrario- que haya una correlación importante entre productividad de la investigación y eficacia de la docencia.

Este sistema de acreditación está provocando, en definitiva, que la misma función de la universidad pública se distorsione. La producción de conocimiento va perdiendo su dimensión social y de búsqueda del bien común para convertirse en un valor de cambio ligado a las exigencias del mercado. Se olvida por tanto su valor de uso ligado a problemas y necesidades sociales que no siempre tienen interés para el mercado.

La comunidad científica se ve así forzada a optar entre la obligación de investigar con el mayor rigor y seriedad posible, sin olvidar la finalidad fundamental de la Educación Superior que es la docencia, o rendir cuantitativamente en la "cultura del impacto y de la citación" para tener reconocimiento y poder promocionar entre las precarias figuras del profesorado universitario español.

Asimismo, el modelo de "excelencia" que distingue entre universidades de primera y de segunda provoca que los recursos económicos y oportunidades de promoción se concentren en ciertas universidades, en zonas económicas desarrolladas y ubicadas en ciudades globales. Esta concentración de oportunidades afecta incluso a los méritos que puede reunir un/a investigador/a o docente. Tengamos en cuenta que no todas las universidades tienen becas para desarrollar o reconocer proyectos de innovación docente en convocatorias competitivas o premios a la excelencia docente. Esto provoca cierto agravio comparativo porque no equipara las posibilidades.

Este "sistema ANECA" obliga pues a un proceso que fragmenta y enfrenta al profesorado, naturalizando la competencia en vez de la cooperación. Se instala una relación con el conocimiento instrumental, acelerada, regida por el corto plazo. Lo que tiene valor de publicación en el mercado es lo que cuenta, es decir, lo inmediatamente comercializable en el mercado de la patente, no la investigación base ni la dimensión crítica de la investigación. En este contexto, donde además las figuras laborales dominantes son las precarias y temporales, la posibilidad de disenso es difícil. Los docentes e investigadores se ven obligados a cumplir las reglas del juego y respetar las jerarquías si quieren aspirar, en un horizonte incierto y competitivo, a mantener su puesto de trabajo.

La producción de otros espacios de pensamiento y resistencia pasa necesariamente por generar otras formas de reconocimiento colectivo al trabajo, por no someter la investigación a los circuitos rentables, por intentar construir espacios comunes a pesar de la fragmentación y jerarquización, por no desertar de la docencia y proteger esa finalidad esencial de la Universidad.


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Necesitamos una universidad realmente pública y democrática que sea capaz de incorporar otros elementos de valor al trabajo investigador y docente: trabajo compartido, investigación de base y a largo plazo, docencia como valor, honestidad científica, compromiso y conexión con la sociedad, con las necesidades y sectores más desfavorecidos.

Los países que tienen un enfoque de modelo social y productivo de alto valor son aquellos que cuentan con más apoyos a la investigación básica y a todas las ramas del saber, y de manera crucial a las humanísticas, sociales y artísticas. No en vano estas son las que generan los cimientos para construir un modelo social más justo en lo económico, más sabio en lo social y más ecológico en lo natural. Son aquellas que valoran también el impacto social y político de la investigación no solo por el número de citas de las publicaciones realizadas, sino por la implicación en la resolución de problemas locales o en el avance del bienestar social, por la participación de la comunidad en el desarrollo de las investigaciones o porque incluyen orientaciones prácticas para la solución de problemas reales en contextos reales, sean locales o globales.

Por todo ello, consideramos que es necesario generar otro sistema posible y necesario de acreditación del profesorado universitario, que suponga una evaluación más justa y que responda a un modelo de ciencia y docencia para el bien común. Por eso apostamos, en el campo de la investigación, por el modelo de ciencia abierta -Open Science en su denominación inglesa- sumándonos a la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación (DORA), y apoyamos la Declaración de Berlín, de manera que se priorice la evaluación de las publicaciones electrónicas de acceso abierto a efectos de carrera académica, a la vez que se mantienen estándares de rigor y práctica científica solvente. Tal y como propone también la Beall's List of Predatory Publishers, defendemos que se cuente en el terreno de la investigación con mecanismos de control del contenido publicado (revisión por pares); que haya diversidad geográfica entre quienes componen el comité editorial de las revistas, así como entre sus autores y autoras; que se permita explorar el contenido de los textos a los robots de los buscadores de Internet; que no se impida comprobar actos graves como el plagio; y, en definitiva, que el sistema de revisión de los artículos sea transparente y riguroso. Y, por supuesto, que no impliquen ningún cargo ni tasa para poder publicar.

Esto se puede hacer a través de repositorios de acceso abierto que, administrados por universidades u organizaciones de investigación, son una valiosa infraestructura que podrían apoyar la transición a un sistema de evaluación y comunicación académica más colaborativa y eficiente. Hay numerosos ejemplos como Open Scholar, que ha coordinado un consorcio para desarrollar un módulo de Revisión Abierta (OPRM) para repositorios institucionales, o iniciativas como Redalyc, SciELO, Latindex o Dialnet que han intentado en los últimos tiempos corregir los sesgos de cobertura regional, de idioma y de disciplina que los índices de las grandes multinacionales imponían. Habría así que fomentar el acceso abierto al contenido íntegro de las publicaciones, manejar un conjunto extenso y transparente de criterios científicos de inclusión de publicaciones en la base de datos y acompañar el acceso a la base de datos con algunas utilidades de análisis o generación de informes.

El acceso abierto, mandato expreso del programa de la Unión Europea en su iniciativa de Horizonte 2020, no solo es económicamente factible sino que proporciona a quienes leen un poder extraordinario para encontrar y utilizar bibliografía relevante. Asimismo, brinda a los autores y autoras y a sus trabajos una dimensión nueva, con visibilidad, lectores y lectoras, así como un impacto vasto y medible. Por "acceso abierto" entendemos su disponibilidad gratuita en la Internet pública, para que cualquiera la pueda leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir, con la posibilidad de buscar o enlazar todos los textos de estos artículos, recorrerlos para su indexación exhaustiva, usarlos como datos para software, o utilizarlos para cualquier otro propósito legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, distintas de la fundamental de tener acceso a la propia Internet. La única limitación a la reproducción y distribución de los textos publicados no puede ser otra que dar a los autores y autoras control sobre la integridad de su trabajo y el derecho a ser apropiadamente acreditados y citados.

Finalmente, aclarar que el objetivo prioritario de esta "proposición no de ley" es pedir a la ANECA, al Ministerio de Educación y a la Secretaría General de Universidades, que retiren no solo los nuevos criterios de acreditación, sino este modelo de evaluación de la carrera profesional universitaria. Ha de establecerse un proceso de diálogo y negociación con los colectivos afectados para superar el actual sistema de acreditación del profesorado universitario, basado en las métricas en función del factor de impacto de las citas en JCR y similares, que miden el continente más que el contenido. Y ello para ahorrar al Estado una ingente cantidad de dinero que pagamos a estas multinacionales privadas y para sentar las bases de cara


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a que la academia dé luz a un nuevo sistema de evaluación y acreditación comprensivo, razonable, global, equitativo, coherente y justo.

Esta proposición no es ese nuevo sistema, sino un primer paso, una medida de urgencia, que debe ser absorbida posteriormente por otras iniciativas de abanico más amplio en el futuro, y que pueden marchar en paralelo a que se instaure este Sistema de Evaluación Público de la Producción Científica Española en Abierto (SEPECA).

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Paralizar de forma inmediata los nuevos criterios de evaluación del profesorado funcionario presentados por la ANECA, que no están realmente negociados y que mantienen unos niveles de exigencia desproporcionados.

2. Poner en marcha de forma urgente un Nuevo Sistema Nacional Público de Evaluación de la Producción Científica en Abierto, dando los primeros pasos a través de las siguientes acciones concretas:

2.1 El Gobierno creará un Sistema de Evaluación Público de la Producción Científica Española en Abierto (SEPECA) de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Este sistema será implementado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en coordinación con las Comunidades Autónomas, a través de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

b) La FECYT, como organismo público e independiente, arbitrará un sistema de valoración de la producción científica que permita prescindir progresivamente del índice JCR como criterio para la estimación de la calidad y evite la intervención de empresas externas.

i. Los criterios de evaluación de este sistema serán acordados con la comunidad científica en función de campos, áreas y ciencias.

ii. Para ello se arbitrarán mecanismos de carácter democrático tales como el que ya aplicó en 1999 la UCUA (Unidad para la Calidad de las Universidades Andaluzas), mediante la elaboración de un ranking de publicaciones de cada campo a partir de los resultados de una encuesta de valoración al conjunto de la comunidad investigadora y docente, independientemente de su categoría profesional.

iii. Dentro de estos criterios de evaluación se asignará una valoración preferente a las publicaciones realizadas en repositorios abiertos (Open Access) revisados por pares.

iv. Se podrá impulsar, para contrastar con dichos criterios, indicadores bibliométricos gratuitos y de acceso libre creados desde la Unión Europea que combinen aspectos cuantitativos (productividad) con cualitativos o de visibilidad (impacto o éxito que aprecian los pares en las propuestas realizadas), sustituyendo los índices h y g de Google Scholar Metrics, producto también al fin y al cabo de otra empresa privada.

c) Se valorarán en igual medida los trabajos y producciones científicas en todos los formatos y expresiones (libros, monografías, capítulos de monografías, revistas, informes, documentación, infografía, soportes artísticos, imagen, sonido, software).

d) Se potenciará el desarrollo de repositorios institucionales públicos abiertos cuyos contenidos sean admitidos por revisión de pares, así como que respondan a los criterios señalados en el apartado c.

e) Se habilitará un sistema de apoyo a la comunidad investigadora y universitaria, con herramientas y ayuda para depositar sus trabajos y producciones para revisión en archivos electrónicos abiertos, de acuerdo con los estándares establecidos por la Iniciativa de Archivos Abiertos.

f) Se promoverá y apoyará económicamente una nueva generación de Publicaciones y Revistas de Acceso Abierto, así como se ayudará a las existentes para que opten por acometer la transición al acceso abierto.

2.2 La calidad de las publicaciones de acceso abierto se establecerá en función de la revisión ciega por pares (que será un mínimo de dos expertos/as). Dicha labor de revisión será valorada como mérito por la ANECA para todo/a investigador/a que participe en ella.


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2.3 Se potenciará que sean revisiones orientadas al apoyo y mejora del texto realizado para que se pueda corregir la propuesta y volver a presentarla adecuadamente.

2.4 Se valorará también como méritos de productividad científica: (a) poner en marcha nuevas publicaciones, revistas y fuentes de información que cumplan los criterios; (b) dirigirlas; (c) revisar documentos y materiales de las publicaciones, revistas y fuentes de información consideradas; (d) realizar trabajos de organización en bases de datos abiertas con las revistas consideradas; (e) traducir textos.

2.5 Se favorecerá la diversidad de formatos de publicación posibles atendiendo a la diversidad de campos, disciplinas y enfoques, así como la complementariedad metodológica, equilibrando la investigación empírica y reflexiva, entendiendo que la metodología científica es variada. La condición común será el rigor constructivo y la generación de conocimiento y conciencia para la mejora personal y social.

2.6 La ANECA y la CNEAI evaluarán la capacidad investigadora del profesorado de todo el Estado en función de este nuevo sistema.

2.7 Todas las investigaciones que reciban financiación pública estarán obligadas a publicar sus resultados en repositorios de acceso abierto, en cumplimiento de la Ley de la Ciencia.

2.8 El Gobierno comunicará a todas las Comunidades Autónomas la creación de este nuevo Sistema de Evaluación Público de la Producción Científica en Abierto (SEPECA) para que tengan la posibilidad de adherirse en el más breve tiempo posible.

3. Establecer en el nuevo sistema de acreditación para el acceso y desarrollo de la carrera docente e investigadora de los cuerpos docentes funcionarios universitarios la valoración de la docencia al mismo o mayor nivel que la investigación, dado que la docencia es la finalidad fundamental de nuestro sistema universitario de Educación Superior. En este sentido, la experiencia docente y su evaluación, de forma continua y participada por los propios implicados, habrían de tomar el peso del que en la actualidad carecen."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2017.-Miguel Ángel Bustamante Martín y Joan Mena Arca, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso y desarrollo del vehículo autónomo, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

Un vehículo autónomo es un automóvil robótico, sin conductor, que se adapta a las circunstancias de la vía (límites de velocidad, peatones, obstáculos, condiciones climatológicas, etc.). Este coche permite relegar la figura del conductor a un mero pasajero, cuya única función es comunicar la dirección a la que quiere llegar. Nos encontramos pues frente a un nuevo método de transporte, que nada tiene que ver con el vehículo de mandos que actualmente se conoce.

El coche autónomo va a marcar un punto de inflexión en la industria de la automoción y son ya multitud de empresas las que compiten por fabricar el primero para homologarlo y hacerlo circular por nuestras carreteras. En paralelo a esta carrera de obstáculos tecnológicos, está la rentabilidad y asequibilidad para el gran público, y eso parece ser un asunto complejo y de enorme dificultad.

En algunos países de la Unión Europea, como Francia, se han integrado recientemente vehículos autónomos en el flujo de tráfico. En Gran Bretaña no existen barreras legales para probar los coches robóticos en las calles públicas del país, pero el gobierno sí aclaró que para que dichos automóviles puedan circular libremente en un futuro se deberán modificar las normas viales y de control vehicular. Por su parte, Suecia permitirá que 1.000 vehículos autónomos de la marca Volvo puedan transitar por la vía pública para 2017.


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En España, la DGT anunció en 2015 un nuevo marco normativo para que los fabricantes de vehículos autónomos y tecnología, universidades y consorcios participaran en proyectos de investigación con el fin de probar sus automóviles en determinadas vías. Sin embargo, esta medida no implica la legalización total del vehículo autónomo, ya que no se autoriza todavía su uso a particulares.

Lo que sí parece que llegará a asentarse en un futuro más cercano es el nivel 3 de automatización, que íntegra vehículos capaces de circular de manera autónoma pero bajo la supervisión de un conductor. En España ya se probó en 2016 el prototipo de PSA Peugeot Citroën, que recorrió los casi 600 kilómetros que hay entre Vigo y Madrid, y se prevé en 2018 comercializar este prototipo de conducción autónoma para el gran público.

Por eso, la comercialización de este tipo de vehículos traerá consigo una gran cantidad de cambios legislativos, de responsabilidad civil, de normas de circulación e incluso de infraestructuras (sobre todo en lo que respecta a la señalización). Por ejemplo, en España es obligatorio llevar las manos al volante durante la conducción. Sin embargo, los coches del futuro no dispondrán de volante, por lo que se deberá ajustar la ley a este nuevo medio de transporte.

En resumen, los principales impedimentos para la implementación de los vehículos autónomos no van a ser las limitaciones en las tecnologías de conducción sino los factores sociopolíticos, jurídicos, de regulación, de infraestructura y de compromiso que deben emprenderse. Es necesario disponer de un marco legal adecuado que permita la renovación y sustitución de las antiguas leyes por otras nuevas y siente las bases para que los primeros coches 100% autónomos sean completamente seguros y puedan circular libremente por las carreteras del país.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer un marco jurídico adecuado que permita:

- Promover el desarrollo y uso del vehículo autónomo desarrollando legislación específica y clasificando las posibles lagunas legales que plantea la introducción en circulación del vehículo autónomo.

- Impulsar el desarrollo de un ecosistema de PYMEs altamente innovadoras asociadas al sector del automóvil y a la creación de empleo de calidad.

- Desarrollar medidas que permitan mantener las industria del automóvil en nuestro país facilitando su transición hacia las necesidades del vehículo autónomo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de julio de 2017.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para recuperar el diálogo social e impulsar políticas públicas en materia de prevención de riesgos laborales, para revertir la situación de creciente siniestralidad laboral, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

Distintas normas internacionales y nacionales reconocen el derecho a la seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores. Este derecho implica una obligación para los poderes públicos que deben responder además a las demandas de una sociedad cada vez más sensibilizada y exigente con la seguridad y salud en el trabajo como parte esencial del bienestar social. Esta implicación no se ha materializado durante el Gobierno del Partido Popular, durante el cual la prevención de riesgos laborales ha sido llevada a la irrelevancia.

Los sindicatos señalan la precarización de las condiciones de trabajo, la falta de políticas públicas activas para promover la salud laboral y de inversión en las empresas en medidas preventivas como causa del deterioro de las condiciones de trabajo y de la salud y seguridad de los trabajadores. El Gobierno,


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sin un "diagnóstico claro", apunta simplemente a la necesidad de mejorar los controles y la patronal señala como causa de este aumento la mejora de la actividad económica.

Lo cierto es que la siniestralidad laboral va en aumento en España, lo hace desde 2012, y esta tendencia se reafirma con los datos estadísticos del tercer trimestre del 2016, publicados en la web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

En el primer semestre de 2016, último del que se tienen datos, la tendencia de incremento generalizado de la siniestralidad se mantiene. Comparando con el mismo periodo del año anterior, el número de accidentes con baja aumenta en un 7,6 %. Y un 8,4 % los producidos in itinere, mientras que el índice de incidencia de los accidentes en jornada (que expresa la siniestralidad relativa) aumenta un 4,2 %.

Se incrementa en todos los sectores y, dentro de ellos, casi en buena parte de las ramas de actividad. Los incrementos más importantes se están dando en los sectores de hostelería (7,7 %), construcción (7,4 %) e industria manufacturera (6,3 %), mientras que el sector agrario alcanzó la tasa más elevada de toda la serie histórica, tras dos años de incremento consecutivos. El número de accidentes solo logra reducirse de manera significativa en las industrias extractivas.

La curva ascendente de la siniestralidad se repite en todas las comunidades autónomas. Y se manifiesta en todos los niveles de gravedad, afectando tanto a hombres como en mujeres.

La evolución de la siniestralidad mortal reproduce el patrón de los últimos meses con un aumento del 1,5% de los fallecimientos.

Esta estadística, fría y distante, sin embargo, esconde historias de muerte o incapacidades de las personas trabajadores y de sufrimiento de sus familias. La siniestralidad laboral no solo es el peor de los indicadores socioeconómicos en la actualidad, sino que unida a las enfermedades profesionales, se está convirtiendo en un problema de salud pública de primer orden con sus consiguientes efectos negativos para el sistema nacional de salud y la economía española.

Es vergonzoso intentar justificar el aumento del número de accidentes en una supuesta mejora del empleo. La reforma laboral del Partido Popular ha supuesto una precarización sin precedentes del mercado de trabajo con aumento del riesgo de sufrir accidentes: la alta temporalidad y una rotación sin precedentes, acompañada de falta de formación no son ajenas a esta siniestralidad.

La reforma laboral de 2012 y la modificación de la regulación de la contratación a tiempo parcial han propiciado unas relaciones laborales "flexibles", sin el amparo de la negociación colectiva y al albur del dictado empresarial: se trabajan muchas horas sin retribución ni cotización, al amparo de una falsa parcialidad. Se apuesta por una polivalencia funcional, sin estabilidad en el empleo, con abuso de los contratos temporales. Los trabajadores tienen miedo a perder su trabajo: se hacen escasa reclamaciones individuales, y aún menos por incumplimientos de las obligaciones preventivas. El trabajador es más vulnerable y acepta cualquier condición de trabajo para no quedarse en desempleo, hecho que determina que esté más expuesto a sufrir un accidente y que también está incidiendo en la aparición de nuevos riesgos psicosociales asociados al estrés laboral. Además muchas personas que son realmente trabajadores, como los "falsos autónomos" carecen de protección y los empresarios para los que trabajan no asumen ninguna obligación en materia preventiva.

Los empresarios se han relajado al hilo de la crisis económica y han dejado de invertir en prevención. Los déficits que tenían nuestras empresas tradicionalmente se han agudizado con la crisis y, actualmente, a la empresa le es muy fácil decir que es un coste que en situación de crisis no puede asumir.

La ya difícil integración de la actividad preventiva de la empresa, y el cumplimiento formal de determinadas obligaciones, como aquellas que tienen que ver con la gestión de la prevención, se ha visto agudizada con la entrada de las empresas privadas en la prevención; la mercantilización de los servicios de prevención no favorece la integración de la misma en la empresa.

La normativa en prevención no se adecua a la realidad de este nuevo marco de relaciones laborales, marcado por una excesiva parcialidad, la aparición incontrolada de los TRADES, la externalización y subcontratación abusiva.

La dejadez del actual Gobierno en relación a la prevención de riesgos ha sido absoluta: no ha impulsado ninguna reforma normativa, ni siquiera propiciado el diálogo social, con un claro abandono de la concertación social, pilar básico de la prevención al amparo de la directiva comunitaria que exige consulta y participación.

Esta dejadez normativa ha venido acompañada por un recorte de las partidas presupuestarias dedicadas a prevención. Un recorte llevado a cabo en los sucesivas leyes de presupuestos generales del Estado desde el que Partido Popular llegó al Gobierno y que afecta al Instituto Nacional de Seguridad e Higiene, y a la


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Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, muy importante porque ayuda a la pequeña y mediana empresa en temas de formación, de información y de asistencia técnica. Se ha presupuestado menos para los programas de seguimiento y control anuales de las enfermedades profesionales a través del Cepross. Y la Estrategia 2015-2020 en materia de prevención de riesgos laborales no se ha dotado de contenido económico adecuado, quedando en una mera declaración de intenciones.

La causa, pues, de este aumento de la siniestralidad no va vinculada a una mejora del empleo sino al deterioro continuado de las relaciones laborales, a la ruptura de la acción sindical a las que han llevado las políticas de empleo del Partido Popular, y a la ausencia de interés tanto en el ámbito normativo como presupuestario de este Gobierno por la prevención.

Es necesario, por tanto, revertir el panorama actual impulsando de forma enérgica políticas públicas en materia de prevención de riesgos laborales. Es necesario acabar con el trabajo precario, invertir en prevención y acometer un análisis profundo de la normativa vigente, además de recuperar la negociación colectiva y la concertación social para acometer todas estas reformas, sin olvidar la importancia de las campañas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que tienen encomendado la vigilancia del cumplimiento de la normativa, entre otras, en materia preventiva, en colaboración con la CC.AA.

Es preciso además potenciar la vigilancia de la salud como uno de los instrumentos que utiliza la medicina del trabajo para controlar y hacer seguimiento de la repercusión de las condiciones de trabajo sobre la salud de la población trabajadora. Es una técnica complementaria de las otras disciplinas preventivas, no un instrumento aislado de prevención. Es preciso seguir avanzando en una vigilancia de la salud que englobe actividades dirigidas no solo a identificar los problemas de salud, sino a realizar actividades preventivas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- En el marco del diálogo social, promover la reforma de la normativa del mercado de trabajo, con recuperación de la negociación colectiva y de un sistema de relaciones laborales de calidad que permita revertir el deterioro de las condiciones de trabajo y, en consecuencia, propicie la mejora de la salud y seguridad de los trabajadores.

- Asimismo, dentro de este mismo marco de diálogo social, realizar un diagnóstico del mercado de trabajo y las causas del incremento de la siniestralidad laboral, con identificación dentro de las mismas de la incidencia que pudiera tener una deficiente aplicación de la normativa en prevención de riesgos laborales, estableciendo unos objetivos consensuados que permitan a los poderes públicos ordenar sus actuaciones y acometer una reforma legal en la materia.

- Impulsar políticas públicas en materia de prevención de riesgos, de conformidad con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020.

- Presentar unos Proyectos de Ley de Presupuestos Generales del Estado que contemplen incrementos sustanciales de las partidas que de forma directa e indirecta inciden en la seguridad y salud en el trabajo, y en la prevención y reducción de la siniestralidad laboral, con recuperación de las dotaciones mermadas desde 2012.

- Coordinar con las CC.AA. campañas de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social para el control del cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, incidiendo en los sectores de mayor siniestralidad, riesgos emergentes y trabajadores más vulnerables, entre ellos, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad.

- Potenciar la Medicina en el Trabajo respetando los principios de consulta y participación de los trabajadores en la empresa y desarrollando normativamente todos los aspectos necesarios para que la misma sea eficaz, como son, su contenido, condiciones de obligatoriedad, planificación y condiciones del personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada.

- Potenciar la implicación de las administraciones con competencias en Sanidad en la detección de dolencias que puedan tener su origen en el trabajo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de julio de 2017.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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162/000453

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Carles Campuzano i Canadés, diputado del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante el Pleno, una Proposición no de Ley para impulsar el coche eléctrico con el fin de mejorar la calidad del aire y favorecer la transición energética.

Exposición de motivos

El transporte por carretera es responsable de las dos terceras partes del consumo total de petróleo que consume España, petróleo que en su práctica totalidad es importado de países terceros. Tenemos un porcentaje de dependencia exterior de petróleo un 10% superior a la media de los países de la UE aspecto que nos sitúa en un escenario de extrema debilidad económica, política y social en el caso de producirse una nueva escalada en el precio de este combustible fósil, tal como ocurrió entre los años 2008 y 2014.

No menos importante es el hecho de afrontar las externalidades de la combustión de derivados del petróleo en el transporte por carretera, puesto que sin duda constituyen la principal amenaza evitable para la salud. La contaminación atmosférica por partículas finas y ultrafinas, así como por óxidos de nitrógeno, generada por el parque de vehículos diésel y gasolina es la principal causa de la mala calidad del aire que respiramos, tanto en los entornos urbanos, como también en las zonas próximas a ejes viarios.

El fomento de la movilidad eléctrica por carretera nos ofrece una gran oportunidad para minorar nuestra dependencia energética del exterior y en especial del petróleo y demás combustibles fósiles: De acuerdo con las previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, la penetración del vehículo eléctrico supone una de las tres principales palancas, conjuntamente con las energías renovables y la eficiencia energética, para la transición a un nuevo modelo energético más limpio, distribuido, democrático y social.

Desde la perspectiva europea, la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la implementación de una infraestructura para los combustibles alternativos, considera la electrificación del transporte por carretera como una de las herramientas clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector del transporte y cumplir los objetivos europeos de energía y cambio climático para el año 2020, a la vez que garantizar la seguridad energética de los estados miembros reduciendo las importaciones de combustibles fósiles.

La experiencia de países como Noruega, Holanda y ya más cercano a nuestro entorno directo, Francia, demuestra que para que los vehículos eléctricos hagan su presencia en los entornos urbanos es completamente indispensable que estos, al igual que sus homólogos térmicos, puedan desplazarse no solo por las calles (con autonomía limitada) sino también por las carreteras (con idéntica autonomía a la de los actuales vehículos de gasolina o diésel) con lo que se hace indispensable garantizar su suministro en los entornos interurbanos.

La transformación del consumo energético en el transporte será profunda y requiere de decisiones relevantes que condicionaran el modelo y su calendario de implementación. Corresponde al sector público garantizar que el desarrollo de la infraestructura adopta un modelo de suministro energético piramidal, en el que se prioriza en su base la carga eléctrica en el domicilio o aparcamiento habitual del vehículo con cargas de baja potencia y que por lo general no requerirán incrementar la potencia contratada por parte de los ciudadanos; en el centro de la pirámide se situaría la carga de potencia media, de gestión pública o privada, ubicada en espacios públicos con acceso a todos los propietarios de vehículo eléctrico sin necesidad de intervención de terceras personas; en el extremo de la pirámide se situaría la carga rápida estratégica que debería suministrar a elevadas potencias y garantizando la carga simultánea de un mínimo de tres vehículos; la infraestructura rápida estratégica debería ser cubierta en su mayor parte por el sector privado con modelos de negocio adecuados y que garantizasen el uso a todos los ciudadanos sin necesidad de terceras personas.

La realidad sobre la implementación del coche eléctrico avanza rápida. En España, en junio de 2015, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo presentó la Estrategia de Impulso del vehículo con energías alternativas en España (2014-2020), que tiene el objetivo de alcanzar los 150.000 coches eléctricos en el año 2020, partiendo de 10.000 vehículos en el momento de presentación de la Estrategia. Son objetivos poco ambiciosos que ya urge redimensionar. De cumplirse los objetivos, el porcentaje de penetración eléctrica española para 2020 sería del 1 %, muy inferior a las que ya se han fijado nuestros países vecinos


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para este año, 5 % Portugal y 6 % Francia. Es más, el Gobierno francés ya ha presentado el compromiso de abandonar la venta de coches diésel y de gasolina en el horizonte de 20 años, un horizonte para el consumidor y para la transición energética, pero también un horizonte a tener en cuenta para la reorientación de la potente industria del automóvil.

En España, bajo el paraguas de la citada estrategia, el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de junio un Real Decreto que recoge las ayudas a la adquisición de vehículos de energías alternativas y puntos de recarga, el Plan MOVEA 2017, dotado con 14,26 millones de euros, de los cuales 10,1 millones de euros se destinan a estimular la adquisición de vehículos eléctricos; 2,23 millones de euros a gas natural; 1,38 millones de euros a GLP y 0,56 millones de euros a puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Según las estimaciones del Gobierno, las ayudas incentivarán la adquisición de 1.800 turismos y furgonetas eléctricos, y 230 motos eléctricas. Para el gas natural (GNV), la estimación es de 240 turismos o furgonetas y 100 camiones. En cuanto al GLP, serían unos 1.300 turismos o furgonetas, cifras muy modestas en relación a los más de 1.347.000 vehículos vendidos en el Estado español el pasado año 2016.

Una consideración adicional que invita a revisar objetivos y acelerar la electrificación del parque de vehículos es la que corresponde a reconocer los avances de la tecnología. Hasta hace poco los vehículos no eran lo suficientemente autónomos para abandonar radios urbanos de escasos kilómetros, ni suficientemente asequibles: Esta realidad ya ha cambiado. En Noruega el 28 % de los nuevos vehículos matriculados son eléctricos y en los Países Bajos ya supera el 10 %. Para alcanzar estos objetivos urge abordar modificaciones legales, invertir en infraestructuras, a la vez que estimular activamente el cambio de hábito consumidor para la adquisición de vehículos eléctricos.

Urge modificar y reforzar las políticas destinadas a dar apoyo a la penetración del vehículo eléctrico en España. A grandes rasgos: necesitamos un programa de ayudas ambicioso que tenga por objetivo que el vehículo eléctrico sea competitivo (el programa PIVE en 2016 gozó de un presupuesto de 225 M ? siempre ha gozado de unas dotaciones muy superiores a las que tiene MOVEA); la normativa estatal es excesivamente restrictiva en relación a la gestión de la carga de vehículos eléctricos, urge modificarla; y es preciso revisar los elevados costes del término de potencia para los titulares de puntos de recarga eléctrica, los cuales duplican el coste que se debe soportar en el Estado francés y cuadriplican los costes correspondientes de Portugal.

Estas medidas inciden directamente en el proceso de transición energética que estamos comprometidos a impulsar, pero a su vez inciden directamente en las políticas medioambientales destinadas a reducir la contaminación atmosférica y a mejorar la calidad del aire. Así, el día 6 de marzo de 2017, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Área metropolitana de Barcelona, el Ajuntament de Barcelona y 40 municipios de la conurbación de Barcelona manifestaron su apoyo a un acuerdo político que tiene por objeto mejorar la calidad del aire de la conurbación de Barcelona.

Es un acuerdo que, entre otros objetivos, pretende dar respuesta al ultimátum de la Comisión Europea remitido al Gobierno el pasado mes de febrero en el que exigía tomar las medidas, en el plazo de dos meses, para cumplir con los límites de dióxido de nitrógeno NO2 en Barcelona, en las comarcas del Vallés Oriental, Vallés Occidental y el Baix Llobregat, así como en Madrid.

A la vez, el Estado tiene otro expediente abierto por la Comisión por el exceso de la partícula contaminante PM10.

La Generalitat de Catalunya tiene la competencia exclusiva en materia de la regulación del ambiente atmosférico, sin embargo un número muy importante de medidas a tomar para mejorar la calidad del aire son de competencia estatal, tal como ha puesto de manifiesto la Generalitat en sendas comunicaciones dirigidas a los ministros de Fomento, Íñigo de la Serna; de Interior, Juan Ignacio Zoido, y de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, solicitándoles la colaboración del Gobierno en distintos aspectos que competen a sus respectivas carteras ministeriales para poder desarrollar una potente agenda modernizadora.

En este contexto, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata (PDeCAT) presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar, entre otras, las siguientes medidas para promover la electrificación de la movilidad en vehículo a través del impulso del coche eléctrico con los objetivos de favorecer la llamada "transición energética" y de mejorar la calidad del aire, principalmente de las grandes conurbaciones. Entre estas medidas, insta al Gobierno a:


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1. En relación a las infraestructuras para el suministro de energía eléctrica:

a) Modificar la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico con el fin de simplificar la figura del gestor de recarga, para que sea más accesible a todas las empresas y administraciones públicas, siempre que esta recarga sea gratuita.

b) Reducir transitoriamente los costes fijos del sistema eléctrico correspondientes a la infraestructura estratégica de recarga rápida, hasta que la movilidad eléctrica alcance el volumen necesario para permitir su viabilidad como modelo de negocio.

c) Establecer la obligación de incorporar, en la construcción de todos los nuevos edificios, las infraestructuras necesarias para que el 100 % de las plazas de parking puedan implantar un sistema de carga lenta.

2. En relación a la fiscalidad:

a) Ampliar, hasta el 100 %, las bonificaciones del Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica que pueden aplicar los municipios a los vehículos eléctricos.

b) Permitir a los ayuntamientos la posibilidad de establecer bonificaciones, al Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, para las obras de adecuación de los parkings de edificios residenciales que permitan la implantación de sistemas de carga lenta.

c) Impulsar en el ámbito estatal y comunitario, la aplicación un de un IVA superreducido del 4 %, durante un período de cinco años, a la adquisición de vehículos eléctricos, con el fin de hacerlo más competitivo.

3. En relación a las ayudas económicas:

d) Poner en marcha un plan estable de ayudas económicas para la adquisición de vehículos eléctricos, de duración ininterrumpida hasta el año 2020, dotado con un mínimo de 20 millones de euros anuales.

e) Establecer una evaluación en 2020 respecto a los resultados de estas medidas para su revisión o consolidación.

f) Crear y dotar un fondo económico para financiar la ejecución de los planes autonómicos, municipales y urbanos destinados a la mejora de la calidad del aire mediante el impulso del vehículo eléctrico."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2017.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Antoni Postius i Terrado y de Carles Campuzano i Canadés, Diputados del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante el Pleno, una Proposición no de Ley para la mejora de la calidad del aire de la conurbación de Barcelona.

Exposición de motivos

Resulta urgente reducir la contaminación atmosférica de las conurbaciones urbanas con el fin de mejorar la calidad del aire.

En febrero de este año, la Comisión Europea envió un ultimátum al Gobierno para la adopción de medidas, en el plazo de dos meses, con el objetivo de cumplir con los límites de dióxido de nitrógeno NO2 en Barcelona, en las comarcas del Vallés Oriental, Vallés Occidental y el Baix Llobregat, así como en Madrid.

A su vez, el Estado tiene otro expediente abierto por la Comisión por el exceso de la partícula contaminante PM10.

A estos efectos, el pasado 6 de marzo de 2017, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, el Ajuntament de Barcelona y los ayuntamientos de 40 municipios de


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la conurbación de Barcelona manifestaron su apoyo a un acuerdo político que tiene por objeto mejorar la calidad del aire de la conurbación de Barcelona.

Tal y como ha publicado la Agència de Salut Pública de Catalunya en un informe reciente:

"Los principales contaminantes son las partículas en suspensión (PM), el ozono troposférico, los óxidos de nitrógeno (NOx) y el dióxido de azufre (SO2).

Estos contaminantes, dependiendo de su concentración en el aire y los factores de riesgo de exposición de las personas, pueden tener efectos perjudiciales para la salud a corto y/o a largo plazo. Así, se ha comprobado que la contaminación del aire incrementa los riesgos de enfermedades respiratorias y cardiovasculares y de cáncer de pulmón en la población. Además, el año 2013 la Agencia internacional de Investigación sobre el Cáncer concluyó que la contaminación del aire exterior es carcinógena para los humanos.

Los grupos de personas más vulnerables a estos efectos son las personas con enfermedades cardíacas o del aparato respiratorio, Los bebés, los niños en edad preescolar y las mujeres embarazadas."

En Catalunya es la Generalitat quien tiene la competencia exclusiva en materia de la regulación del ambiente atmosférico y de las diversas clases de contaminación, sin embargo un número muy importante de medidas a tomar para mejorar la calidad del aire son de competencia estatal.

Entre estas, las referidas a la modificación de la Ley sobre tráfico y del código de circulación a los efectos de estimular una circulación con bajas emisiones.

A tal efecto, el conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, Josep Rull, responsable de la Generalitat en regulación del ambiente atmosférico envió el pasado 9 de mayo sendas cartas a los ministros de Fomento, Íñigo de la Serna; de Interior, Juan Ignacio Zoido, y de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, solicitándoles la colaboración del Gobierno en distintos aspectos que competen a sus respectivas carteras ministeriales para poder desarrollar una potente agenda modernizadora.

Entre las distintas iniciativas propuestas destacan las que permiten aplicar medidas especiales de ordenación de la circulación por razones medioambientales o bien completar la clasificación de los vehículos en función de su nivel de emisión de gases contaminantes.

Transcurridos dos meses desde el envío de esas propuestas sin que, hasta el momento, hayan recibido respuesta, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, en el marco de sus competencias, una estrategia medioambiental para contribuir a la mejora de la calidad del aire de las conurbaciones urbanas y, en particular, de colaboración con la Generalitat de Catalunya para la mejora de la calidad del aire de la conurbación de Barcelona. A tal efecto, la misma contemplará, entre otras, las siguientes:

1. Medidas relativas a infraestructuras de transporte y comunicación de la conurbación de Barcelona, dependientes de la Administración General del Estado y que tendrán una incidencia directa en la mejora de la calidad del aire. Entre otras:

a) Aquellas destinadas a primar la movilidad con transporte público, como es la revisión y mejora de la subvención del Estado a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (ATM) para adecuarlo al redimensionamiento que ha tenido la red y el servicio, tal como ha ocurrido con las demás administraciones participantes en dicho ente.

b) Las medidas destinadas a favorecer la circulación de vehículos con bajas emisiones por las infraestructuras de titularidad estatal, como por ejemplo aplicar peajes que primen la circulación de vehículos con bajas emisiones.

c) La ejecución de inversiones básicas y fundamentales para la mejora del transporte público, como por ejemplo las inversiones previstas y no ejecutadas en Rodalies de Barcelona.

d) La inmediata ejecución de aquellas inversiones necesarias para reducir las emisiones del transporte de personas y mercancías, por carretera, como por ejemplo las inversiones previstas y no ejecutadas del Corredor Mediterráneo o bien la construcción de un carril Bus en la B-23 (Molins de Rei-Barcelona).


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2. Medidas fiscales, que introduzcan criterios medioambientales y de sostenibilidad en la fiscalidad para:

a) El transporte de personas y mercancías, en particular procediendo a reducir progresivamente las ventajas fiscales que hoy se aplican a aquellos combustibles que inciden más negativamente sobre la calidad del aire.

b) Posibilitar la bonificación del 40 % de las tasas portuarias por eficiencia ambiental, en vez de solo el 5 % que permite la vigente Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

3. Medidas de impulso al coche eléctrico con el fin de mejorar la calidad del aire y favorecer la transición energética. Deberán contemplar:

a) Un conjunto amplio de reformas legislativas en la ley del sector eléctrico y otras, para estimular la puesta en marcha de la red de infraestructuras necesaria para garantizar la implantación del coche eléctrico, tanto en las zonas urbanas como en carretera.

b) La articulación de un plan de medidas fiscales y presupuestarias transitorias orientadas a estimular la adquisición de vehículos eléctricos.

4. Medidas para la modificación de las normas de tráfico con el fin de sancionar las infracciones derivadas del incumplimiento de las medidas especiales de la ordenación de la circulación por razones medioambientales, especialmente en las conurbaciones urbanas, así como aquellas destinadas a reforzar los distintivos informativos sobre el nivel de emisión de los gases contaminantes de los vehículos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de julio de 2017.-Antoni Postius Terrado, Diputado.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado Miguel Anxo Fernández Bello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Pleno, relativa a la necesidad de anular el consejo de guerra sumarísimo y la condena a muerte al histórico político nacionalista gallego, Alexandre Bóveda, uno de los impulsores del Estatuto de Autonomía de Galicia.

Exposición de motivos

El 17 de agosto de 1936 fue ejecutado por las fuerzas golpistas y fascistas don Alexandre Bóveda Iglesias, secretario de organización -y anteriormente secretario general- del Partido Galeguista (PG), economista y responsable de la Delegación Provincial de la Hacienda Pública en Pontevedra, así como uno de los nombres más relevantes en la historia política de Galicia. Se van a cumplir 81 años de su asesinato sin que a estas alturas de la historia democrática del Estado español se haya reparado institucionalmente su memoria ni se haya anulado el consejo de guerra sumarísimo al que fue sometido. Al igual que sucede con otras miles de víctimas de la feroz maquinaria represora de la dictadura franquista.

La Fundación que lleva el nombre del destacado político, cuyo papel fue fundamental en la elaboración de un Estatuto de Autonomía para Galicia durante la República, tiene entre sus cometidos que se anule y se deje sin efecto la sentencia que condenó a la pena de muerte a Alexandre Bóveda Iglesias. Su ejecución, como la de otras miles de personas, fue realizada por un Tribunal ilegítimo de militares golpistas contra el Gobierno legítimamente constituido, por democrática elección en febrero de 1936.

De hecho, en el Informe del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición de la ONU, Pablo de Greiff se "saludan las disposiciones de la Ley 52/2007 que reconocen y declaran el carácter ?radicalmente injusto" y la ilegitimidad de las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia [...]". Pero tal y como enfatiza en el propio Informe, "persisten las reclamaciones de víctimas y sus familiares exigiendo la reparación efectiva y declarándose la nulidad de las sentencias".


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El Informe del alto comisionado de la ONU, Pablo de Greiff, de 2014 para crímenes, víctimas de verdad, justicia, reparación y no repetición, insta al Gobierno a rehabilitar de forma pública y política a políticos históricos como don Alexandre Bóveda, Luís Companys, Manuel Carrasco i Formiguera, pero pide que "se beneficien a todas la víctimas sin distinción".

En una carta de respuesta del Ministro de Justicia, Rafael Catalá, en 2015 a la Fundación Alexandre Bóveda, reconocía que "habiendo acreditado que Bóveda sufrió persecución y violencia durante la Guerra Civil por razones políticas e ideológicas, siendo condenado por consejo de guerra sumarísimo celebrado en Pontevedra el 13 de agosto de 1936 a la pena de muerte por un delito de traición, siendo fusilado el 17 de agosto de 1936, (...). Visto que don Alexandre Bóveda tiene derecho a obtener la reparación moral que contempla la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, mediante la cual la Democracia española honra a quienes injustamente padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura (...). Expide en su favor la presente Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal, en virtud de lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 4 de la citada Ley".

Efectivamente, la Ley de la Memoria Histórica, Ley 52/2007, de 26 de diciembre, recoge en su artículo 4: "Declaración de reparación y reconocimiento personal". Aun así, las víctimas de la represión franquista y sus descendientes o familiares tienen que verse en la tesitura de solicitarlo al Ejecutivo cuando debería ser el Gobierno quien se ocupase de emitir dichas declaraciones, para algo cuenta con cuantiosos archivos donde figuran todos los fusilados o asesinados por la dictadura.

Sin embargo, también contempla en su artículo 3: "Declaración de ilegitimidad", la ilegitimidad de las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia, pero nada se ha hecho al respecto. Nada ha avanzado el Gobierno en cumplimiento del artículo 3 de la Ley de la Memoria Histórica. En verdad, el Gobierno del PP no se ha destacado en ningún momento por reconocer a las víctimas de la dictadura.

En este caso en concreto, 81 años después del fusilamiento de don Alexandre Bóveda Iglesias, no se ha anulado todavía el consejo de guerra sumarísimo que condenó a la pena de muerte por razones políticas a dicho funcionario del Estado español y significado político gallego, como bien se puede leer en la sentencia. Sus familiares tienen que vivir aún con la desazón y la angustia de ver cómo pasa el tiempo sin que se corrija una situación anómala y antidemocrática en un Estado democrático y de derecho. De este modo, el pueblo gallego ve como la figura de un símbolo central en la lucha por la democracia, sigue sin ser institucionalmente reparada.

Don Alexandre Bóveda Iglesias asumió la defensa de la identidad nacional de Galicia desde muy joven. Bóveda escribió en el periódico agrarista "La Zarpa", publicación de Basilio Álvarez, sacerdote, periodista y político, impulsor de Acción Gallega a inicios del siglo XX y Diputado en la República por el Partido Radical. Destacó incluso en su vida profesional, sacando el primer puesto en unas oposiciones al cuerpo de contables de la Hacienda Pública del Estado. En Pontevedra tendría el puesto de Jefe de Contabilidad. Con tan solo 23 años participaría de las tertulias políticas organizadas por el también histórico Daniel Rodríguez Castelao y Antón Lousada Diéguez en el Café Méndez Núñez, lugar de pensamiento y debate político sobre la Regeneración política del Estado español, al final de la Dictadura de Miguel Primo de Rivera, y el autonomismo gallego. Miembro del Seminario de Estudos Galegos desde mediados de la década de los 20 del pasado siglo, adscrito al área de Economía y Ciencias Sociales. Siendo ponente del "Anteproyecto de Autonomía de Galicia" que el SEG editaría en mayo de 1931, recién proclamada la II República. Documento en el que firmaría el estudio económico sobre el que se articulaba, analizando la realidad gallega en este ámbito.

Don Alexandre Bóveda Iglesias fue promotor y cofundador del Partido Galeguista (PG) en diciembre de 1931 en Pontevedra. El ideario del PG de Castelao y Bóveda tenía como objetivo la defensa de la Autonomía de Galicia y de la personalidad nacional de Galicia, que contaría con dos de sus cofundadores como Diputados en las Cortes Constituyentes, a saber, Daniel Rodríguez Castelao y Ramón Otero Pedrayo. El Partido Galeguista (PG) tuvo una importante implantación y su principal empeño fue la redacción de un Estatuto de Autonomía para Galicia, que beneficiase a la mayoría social gallega. Bóveda participó activamente en 1932 en su redacción y elaboración final, como ponente de la Asamblea de Ayuntamientos de Galicia (diciembre, 1932). En el año 1933 fue elegido miembro del Comité Central de la Autonomía, que presidía Bibiano Fernández-Osorio Tafall, siendo secretario de organización del Partido Galeguista (PG).

Mientras Bóveda era miembro de aquel Comité Central de la Autonomía, Enrique Rajoy Leloup, (tío abuelo de Mariano Rajoy) amigo íntimo de Bóveda, era el secretario del dicho comité. El 20 de octubre


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de 1934 se publicó una orden ministerial imponiéndole a don Alexandre Bóveda Iglesias un destino administrativo forzoso en la delegación de Hacienda de Cádiz (al igual que sucedería con Castelao, que sería desterrado a Badajoz desde Galicia). Se enmarcaba esta realidad en el nuevo Gobierno, de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), paralizó el proceso autonomista de Galicia, suspendiéndose, entre otros recortes de derechos y libertades públicas, la publicación de A Nosa Terra.

Don Alexandre Bóveda Iglesias retornaría en el mes de octubre del año 1935 a Galicia al obtener una plaza en la delegación de Hacienda de Vigo.

En las elecciones de febrero de 1936 al Parlamento español, el Partido Galeguista (PG) concurrió en la candidatura del Frente Popular (en la que decidió integrarse, en Asamblea General de finales del año 1935). Obtuvo en el marco de dicha candidatura tres escaños en las Cortes. Castelao fue elegido Diputado por Pontevedra, Antón Vilar Ponte y Ramón Suárez Picallo por la circunscripción de Pontevedra, mientras que Bóveda no logró el acta por un puñado de votos (no sin polémica, dado que parece que hubo irregularidades contra la candidatura del Frente Popular... y a favor de José Calvo Sotelo).

El 18 de julio de 1936 parte del ejército español, con apoyatura civil y religiosa, iniciarían un golpe de Estado. Don Alexandre Bóveda Iglesias, junto al gobernador civil de Pontevedra y otras autoridades, mantendría la legalidad republicana. El 20 de julio de 1936 las fuerzas golpistas detuvieron a Alexandre Bóveda en Pontevedra. En agosto se le sometió a un juicio sumarísimo, fue acusado de traidor a la patria española, de separatista y de haberse integrado en el Frente Popular. En el juicio coincidió con el Diputado socialista don Amando Guiance, que fue condenado a cadena perpetua, al conmutarse la pena capital. Sin embargo, Bóveda no corrió la misma suerte, el 13 de agosto fue condenado a muerte.

En el juicio, manifestó su deseo de ser enterrado bajo la bandera gallega con estas palabras:

"Mi patria natural es Galicia. La amo fervorosamente, jamás la traicionaría, aunque me concediesen siglos de vida. La adoro más allá de mi propia muerte. Si entiende el tribunal que por este amor entrañable debe serme aplicada la pena de muerte, la recibiré como un sacrificio más por ella.

Hice cuanto pude por Galicia y haría más si pudiera. Si no puedo hasta me gustaría morir por mi patria. Bajo su bandera deseo ser enterrado, si el tribunal juzga que debo serlo."

Su amigo, Xosé Sesto, tras su asesinato, logró colocar la bandera gallega bajo su chaqueta antes de ser enterrado cumpliendo así uno de sus deseos.

En la madrugada del 17 de agosto de 1936 fue fusilado en el monte pontevedrés de A Caeira (Poio), cuando contaba con 33 años. Su esposa, Amalia Álvarez, y sus hijos no pudieron despedirse de él.

Cuando no se hace justicia a víctimas de la represión golpista, rehabilitando institucionalmente su memoria y anulando sentencias de muerte absolutamente ilegítimas e ilegales, dictadas por tribunales conformados por golpistas, difícilmente se puede profundizar en el concepto democrático. Es un paso imprescindible que el Estado español no ha dado. La Ley de la Memoria Histórica aunque imperfecta supuso un progreso legislativo pero de nada vale si se incumple.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:

- Anular el consejo de guerra sumarísimo y la condena a muerte al histórico político nacionalista gallego, Alexandre Bóveda, uno de los impulsores del Estatuto de Autonomía de Galicia, que fue ejecutado por las fuerzas golpistas el 17 de agosto de 1936.

- Declarar la ilegitimidad de las condenas y las sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia en la dictadura franquista, anulando todos los Consejos de Guerra y sentencias condenatorias a muerte de todas las víctimas de la dictadura.

- Realizar actos y reconocimientos públicos desde el Gobierno del Estado para conmemorar, homenajear y rehabilitar la memoria de todas las víctimas de la dictadura franquista, y en colaboración con las CC.AA., llevar a cabo actos que recuerden a alcaldes, representantes públicos, figuras políticas, cargos institucionales, y otras personas que fueron ejecutadas ilegítimamente por las fuerzas golpistas por sus ideas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de agosto de 2017.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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