BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 15, de 16/09/2016
cve: BOCG-12-D-15-C1
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
16 de septiembre de 2016
Núm. 15
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
COMISIONES, SUBCOMISIONES Y PONENCIAS
158/000008 Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la
Comisión de Educación y Deporte, para el estudio de un Pacto Nacional por
la Educación, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos ... (Página4)
PERSONAL
299/000003 Personal eventual para la atención de los señores Diputados de
los Grupos Parlamentarios.
299/000005 Personal eventual como Asistente para la atención de los
señores Presidentes de Comisión. Nombramiento ... (Página9)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000101 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, sobre la paralización, hasta que se alcance un Pacto Nacional
por la Educación, del calendario de implementación de la LOMCE en todos
aquellos aspectos aún pendientes de ser implantados, lo que conlleva la
derogación del Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se
regulan las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y
Bachillerato ... (Página10)
162/000102 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a que el Gobierno en funciones apruebe por
Decreto-ley, en caso de prórroga presupuestaria, el incremento de las
pensiones públicas y de las retribuciones de los empleados públicos ...
(Página11)
162/000104 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, relativa a las medidas y decisiones a adoptar para
posibilitar que las Comunidades Autónomas puedan elaborar sus
presupuestos para el ejercicio 2017 ... (Página13)
162/000105 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
denegación por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la
Habilitación Personal de Seguridad de un trabajador de la empresa pública
Navantia Ferrol y sobre la vulneración de derechos políticos ... (Página15)
Dirigidas, en el caso de su aprobación, al Gobierno que se constituya
162/000100 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la
desmilitarización de la zona de Malpaso, en la isla de El Hierro y su
declaración como bien de interés cultural ... (Página16)
162/000103 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos, relativa a garantizar que los sujetos pasivos beneficiados
por la regularización fiscal del año 2012 tributen efectivamente al tipo
del 10% ... (Página17)
162/000106 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las
previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones de las subastas
para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico y
definición de un modelo energético gallego social y sostenible ... (Página18)
162/000107 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las
previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones y el calendario
de las subastas de adjudicación del servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad del suministro eléctrico ... (Página19)
162/000108 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la
situación del sector lácteo y medidas para atajar la crisis por los bajos
precios de la leche ... (Página21)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/000121 Autor: Serrano Jiménez, María Jesús.
Hurtado Zurera, Antonio
Grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Fomento previstas
para la provincia de Córdoba en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016, así como repercusión sobre dichas inversiones si se
produce el adelanto del cierre del presupuesto ... (Página23)
184/000220 Autor: Jordà i Roura, Teresa.
Aportación del Gobierno a la financiación de la Ley de Dependencia en cada
Comunidad Autónoma ... (Página23)
184/000572 Autor: Ábalos Meco, José Luis.
Botella Gómez, Ana María.
Such Palomares, María.
Blanquer Alcaraz, Patricia.
López Milla, Julián.
Rallo Lombarte, Artemi.
Cierre de empresas públicas municipales deficitarias en la Comunitat
Valenciana ... (Página25)
184/001167 Autor: Martín Llaguno, Marta.
Creación de una zona franca en el puerto de Alicante ... (Página26)
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(158) Solicitud de creación de Subcomisiones y Ponencias.
Autor: Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Solicitud de creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión de
Educación y Deporte, para el estudio de un Pacto Nacional por la
Educación.
Acuerdo:
Admitir a tramite y trasladar a la Comisión de Educación y Deporte, a los
efectos de lo dispuesto en la Resolución de la Presidencia de 26 de junio
de 1996, y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo dispuesto en la
Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre el
procedimiento de creación y reglas de funcionamiento de las Subcomisiones
en el seno de las Comisiones de la Cámara de fecha 26 de junio de 1996,
publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de junio de
1996, solicita la creación de una Subcomisión, en el seno de la Comisión
de Educación y Deporte, para el estudio de un Pacto Nacional por la
Educación.
Exposición de motivos
El derecho a una educación básica universal y gratuita es uno de los
derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución y corresponde
a los poderes públicos desarrollar políticas educativas eficientes que
proporcionen una formación de alta calidad a sus ciudadanos, garantizando
la igualdad de oportunidades, y contribuyan a formar personas libres y
responsables. La educación no es solamente uno de los determinantes
principales del crecimiento económico a largo plazo de los países, sino
que constituye un instrumento esencial para luchar contra las
desigualdades y fomentar la cohesión social. Sin una adecuada inversión
en educación, los avances tecnológicos no se traducen en prosperidad
económica y los países ven mermada su capacidad para competir con otras
economías mundiales cada vez más basadas en el conocimiento.
Nuestro sistema educativo ha sido reformado por siete diferentes leyes
desde la llegada de la democracia. Ni una sola de ellas ha estado vigente
más de seis años, y ninguna contó con el consenso de los principales
partidos de la Cámara. A pesar de algunos logros importantes conseguidos,
como la escolarización universal hasta los dieciséis años o la extensión
de la educación infantil, nuestro sistema educativo sigue adoleciendo de
importantes carencias de calidad y equidad. La tasa de abandono escolar
continúa siendo la más alta de la Unión Europea -más del 20% de nuestros
alumnos siguen abandonando la escuela de forma temprana- y ocupamos una
posición mediocre y estancada en las evaluaciones internacionales,
desacorde a nuestro nivel económico.
Uno de los retos más importantes de nuestro sistema educativo es su
capacidad de garantizar adecuadamente la igualdad de oportunidades desde
el acceso a la escuela infantil hasta la universidad.
En España, el estatus socioeconómico de los padres continúa teniendo una
influencia demasiado elevada sobre los resultados académicos y no
contamos con planes eficaces para tratar a los alumnos con necesidades
educativas diferentes. En demasiadas ocasiones se recurre a la repetición
de curso -uno de cada tres alumnos ha repetido curso antes de cumplir los
quince años-, una solución costosa que agrava los problemas en las aulas.
Los profesores deben ser los protagonistas del cambio de nuestro sistema
educativo, pues son el determinante principal de la calidad de la
enseñanza, por encima de los recursos tecnológicos o el tamaño de las
aulas. Actualmente solo el 8% de nuestros profesores cree que su labor
docente es valorada por la sociedad y la mayoría no cuenta con 105
suficientes apoyos para desarrollar su labor diaria y mejorar sus métodos
docentes. Cualquier cambio en nuestras leyes educativas debe incluir una
reforma en profundidad de la carrera profesional de los profesores
-siguiendo el espíritu del libro Blanco de la Profesión Docente y su
Entorno Escolar-, desde los sistemas de selección hasta los mecanismos de
promoción, para que estén fundados exclusivamente en la capacidad
académica y pedagógica.
Igualmente, debe abordarse también una reforma en profundidad de nuestro
sistema universitario público para que cumpla adecuadamente con sus dos
tareas fundamentales: la formación de nuestros jóvenes y la generación de
nuevas ideas y conocimiento. Nuestras universidades siguen sin aparecer
en los "rankings" internacionales y en demasiados casos no forman
adecuadamente a los jóvenes para encontrar su lugar en el mercado de
trabajo. España no ha tenido un premio Nobel desde hace más de un siglo,
y seguimos rezagados en las clasificaciones de patentes y empresas
innovadoras salidas de la universidad.
Por ello es necesario explorar vías para mejorar los sistemas de
financiación y gobernanza universitaria, siguiendo el espíritu del
informe "Propuestas para la Reforma y Mejora de la Calidad y Eficiencia
del Sistema Universitario Español" elaborado por la Comisión de Expertos
para la Reforma del Sistema Universitario Español en 2013. Además,
continúa siendo imprescindible un cambio en los sistemas de selección del
personal docente e investigador (POI) de las universidades públicas que
termine de una vez con el fenómeno de la endogamia universitaria, y
establezca incentivos adecuados a la excelencia investigadora. Asimismo,
se hace necesario un plan nacional para consolidar la FP dual en el que
participen todos los sectores, desde la gran industria hasta las pequeñas
empresas, y que cuente con pasarelas que permitan que los jóvenes sigan
vinculados a los otros niveles del sistema educativo.
Todas las fuerzas políticas representadas debemos demostrar que estamos a
la altura de la responsabilidad que nos exige la sociedad para alcanzar
un acuerdo en materia educativa con vista a una generación, que ponga lo
que nos une por encima de las diferencias políticas. Es sin duda una
oportunidad histórica de poner los cimientos de un sistema educativo
mejor, de más calidad y más inclusivo, que constituya la base de la
prosperidad y el progreso futuro de la sociedad española.
A) Objeto de la Subcomisión.
1. Fomentar un debate con las administraciones, la comunidad educativa,
los interlocutores sociales y las fuerzas políticas sobre el estado y
situación del sistema educativo español.
2. Recabar la información necesaria de la comunidad educativa, expertos en
la materia y profesionales del sector sobre las principales deficiencias
y posibles soluciones.
3. Elaborar un informe para su debate y aprobación por la Comisión de
Educación y Deporte en el que se expongan las conclusiones de la
Subcomisión.
4. Comprometer a las fuerzas políticas participantes a fin de elaborar un
Proyecto de Ley en materia de educación que contenga las medidas
consensuadas.
B) Composición.
La Subcomisión estará compuesta por un total de quince miembros: tres
representantes del Grupo Popular y dos representantes del resto de Grupos
Parlamentarios.
C) Adopción de acuerdos.
Los acuerdos se adoptarán por voto ponderado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Marta
Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, con fecha 7 de septiembre de 2016 la
Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien
disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de
Castro Fernández, con efectos de 7 de septiembre de 2016, de D.ª
Margarita Ansón Peironcely, como personal eventual en el cargo de
Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados,Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de septiembre de 2016 la
Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien
disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de
Castro Fernández, con efectos de 13 de septiembre de 2016, de D.ª
Margarita María Cazenave Zarandona, como personal eventual en el cargo de
Asistente para la atención de los señores Diputados del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de septiembre de 2016 la
Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien
disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de
Castro Fernández, con efectos de 13 de septiembre de 2016, de D.ª
Concepción Gea Manuel, como personal eventual en el cargo de Asistente
para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de septiembre de 2016 la
Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien
disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de
Castro Fernández, con efectos de 13 de septiembre de 2016, de D.ª Ana
Isabel Grande Collados, como personal eventual en el cargo de Asistente
para la atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de septiembre de 2016 la
Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien
disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de
Castro Fernández, con efectos de 13 de septiembre de 2016, de D. Alberto
Lázaro Nieto, como personal eventual en el cargo de Asistente para la
atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, con fecha 7 de septiembre de 2016 la
Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien
disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de
Castro Fernández, con efectos de 7 de septiembre de 2016, de D. Javier
Saugar Azpa, como personal eventual en el cargo de Asistente para la
atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, con fecha 6 de septiembre de 2016 la
Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien
disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. Íñigo Errejón Galván, con
efectos de 6 de septiembre de 2016, de D. Francisco José Casamayor
Santiago, como personal eventual en el cargo de Asistente para la
atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, con fecha 12 de septiembre de 2016 la
Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien
disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. Íñigo Errejón Galván, con
efectos de 12 de septiembre de 2016, de D.ª María Paz Vaello Olave, como
personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los
señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de septiembre de 2016 la
Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien
disponer el cese, a propuesta del Excmo. Sr. D. Francesc Homs i Molist,
con efectos de 13 de septiembre de 2016, de D. Josep Cortell Moya, como
personal eventual en el cargo de Asistente para la atención de los
señores Diputados del Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
299/000003
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de septiembre de 2016 la
Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien
nombrar a D.ª María Teresa Astolfi González-Mogena, a propuesta del
Excmo. Sr. D. José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 13 de
septiembre de 2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de
Asesora de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, con fecha 7 de septiembre de 2016 la
Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien
nombrar a D.ª Margarita Ansón Peironcely, a propuesta del Excmo. Sr. D.
José A. Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 8 de septiembre de
2016 y con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente
técnico de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, con fecha 7 de septiembre de 2016 la
Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien
nombrar a D. Javier Saugar Azpa, a propuesta del Excmo. Sr. D. José A.
Bermúdez de Castro Fernández, con efectos de 8 de septiembre de 2016 y
con carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente técnico de
los señores Diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, con fecha 12 de septiembre de 2016 la
Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien
nombrar a D.ª Cristina Muñoz Serrano, a propuesta del Excmo. Sr. D. Íñigo
Errejón Galván, con efectos de 12 de septiembre de 2016 y con carácter de
personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de los
señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, con fecha 12 de septiembre de 2016 la
Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien
nombrar a D.ª Gabriela Sierra Cibiriain, a propuesta del Excmo. Sr. D.
Íñigo Errejón Galván, con efectos de 12 de septiembre de 2016 y con
carácter de personal eventual, para el cargo de Asistente para la
atención de los señores Diputados del Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, con fecha 13 de septiembre de 2016 la
Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien
nombrar a D. Josep Cortell Moya, a propuesta del Excmo. Sr. D. Francesc
Homs i Molist, con efectos de 14 de septiembre de 2016 y con carácter de
personal eventual, para el cargo de Asistente técnico de los señores
Diputados del Grupo Parlamentario Mixto.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 13 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
299/000005
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.º del Estatuto del
Personal de las Cortes Generales, con fecha 7 de septiembre de 2016 la
Excma. Sra. Presidenta del Congreso de los Diputados ha tenido a bien
nombrar a D.ª Paloma Abejón Mendoza, a propuesta de la Excma. Sra. D.ª
Pilar Rojo Noguera, con efectos de 7 de septiembre de 2016 y con carácter
de personal eventual, para el cargo de Asistente para la atención de la
Presidenta de la Comisión de Peticiones.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 97 del Reglamento de la Cámara,
se ordena su publicación en la Sección Congreso de los Diputados del
BOCG.
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
tramite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes
Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las
iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por
este, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las
Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000101
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Antonio Roldán Monés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes
del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la
siguiente Proposición no de Ley para la paralización, hasta que se
alcance un Pacto Nacional por la Educación, del calendario de
implementación de la LOMCE en todos aquellos aspectos aún pendientes de
ser implantados, lo que conlleva la derogación del Real Decreto 310/2016,
de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Nuestro sistema educativo ha sido reformado en múltiples ocasiones y
ninguna de ellas contó con el consenso de los principales partidos de la
Cámara. A pesar de algunos logros importantes, como la escolarización
universal hasta los dieciséis años o la extensión de la educación
infantil, nuestro sistema educativo sigue adoleciendo de importantes
carencias de calidad y equidad. La tasa de abandono escolar continua
siendo la más alta de la Unión Europea -más del 20% de nuestros alumnos
siguen abandonando la escuela de forma temprana- y ocupamos una posición
mediocre y estancada en las evaluaciones internacionales, desacorde con
nuestro nivel económico.
Es tiempo de dejar de lado la política de bandos y empezar a trabajar
juntos en la construcción de consensos para lograr un Pacto Nacional por
la Educación que sea para una generación y no para una legislatura. Es el
propósito de Ciudadanos que, como en las naciones más avanzadas del
planeta, se empiece a tratar la educación en España como una cuestión de
Estado. Debemos empezar a remar todos en la misma dirección para abordar
los grandes retos educativos comunes de forma conjunta y en beneficio de
todos.
A finales de noviembre de 2013 se aprobó en el Congreso de los Diputados,
con 182 votos a favor, el texto final de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Todas las
fuerzas parlamentarias, exceptuando el Partido Popular, votaron en contra
de esa Ley. La razón principal de ese rechazo fue la falta de voluntad
política a la hora de generar los acuerdos y consensos necesarios para
reformar un asunto tan delicado y tan esencial para el futuro de nuestra
sociedad y nuestra economía como es la educación.
Entre los principales escollos de la LOMCE a la hora de alcanzar un mayor
número de apoyos está la implantación de las pruebas de evaluación de
final de etapa de carácter nacional en diferentes cursos. Sin embargo, el
Gobierno, aun estando en funciones, aprobó el pasado 29 de julio, el Real
Decreto 310/2016, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
En Ciudadanos consideramos que la vía de la imposición por Decreto no es
una buena base para comenzar un nuevo tiempo de diálogo en el ámbito de
la educación. Pero también consideramos que la
derogación de la LOMCE en su totalidad y el consiguiente retorno a la LOE
no es una buena solución. El sistema anterior tampoco dio los resultados
deseados y además el retorno a la LOE causaría un tremendo desbarajuste
en los planes educativos.
Por esa razón pactamos en sendos acuerdos con PSOE y PP (uno de gobierno y
el otro de investidura) un marco común para avanzar hacia un nuevo Pacto
Nacional por la Educación. En concreto el Grupo Popular y el Grupo
Socialista se comprometieron, en su literalidad, a:
"Impulsar un Pacto Nacional por la Educación que cuente con el consenso de
las fuerzas políticas, de la comunidad educativa y de los colectivos
sociales, con el objetivo de que la educación sea una herramienta eficaz
para la igualdad de oportunidades. En el primer mes de gobierno se
constituirá una Subcomisión parlamentaria en el Congreso de los Diputados
que permita la elaboración de un acuerdo consensuado en el plazo de seis
meses. Durante ese plazo y hasta que se logre un Pacto Nacional, se
congelará el calendario de implementación de la LOMCE en todos aquellos
aspectos que no hubiesen entrado en vigor."
Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que es necesario un
Pacto Nacional por la Educación que se asiente en el consenso de las
principales fuerzas políticas del país de modo que no se legislen nuevos
modelos educativos con cada cambio de Gobierno. Atendiendo a la necesidad
de construir un sistema basado en el acuerdo y orientado a evitar
conflictos y problemas entre las administraciones, pero sobre todo,
atendiendo a los estudiantes y sus familias, consideramos que es preciso
paralizar la implantación de la LOMCE, lo que exige la derogación del
Real Decreto 310/201 y que se ponga en marcha cuanto antes una mesa de
diálogo para llegar, en el plazo de seis meses, a un Pacto Nacional por
la Educación.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
a) Impulsar un Pacto Nacional por la Educación que cuente con el consenso
de las fuerzas políticas, de la comunidad educativa y de los colectivos
sociales, que permita la elaboración de un marco legal consensuado y
tenga como principal objetivo lograr que la educación sea una herramienta
eficaz para fomentar y garantizar la igualdad de oportunidades. Hasta que
se logre un Pacto Nacional, se paralizará el calendario de implementación
de la LOMCE en todos aquellos aspectos pendientes aún de ser implantados.
b) Derogar el Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan
las evaluaciones finales de Educación Secundaria Obligatoria y de
Bachillerato.
A su vez, el Congreso de los Diputados manifiesta su voluntad de
constituir una Subcomisión parlamentaria, mediante el procedimiento
correspondiente y en el plazo más breve posible, que permita sentar las
bases de un Pacto Nacional por la Educación en el plazo de seis meses."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Marta
Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
162/000102
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la
siguiente Proposición no de Ley para que el Gobierno en funciones apruebe
por Decreto-ley, en caso de prorroga presupuestaria, el incremento de las
pensiones públicas y de las retribuciones de los empleados públicos, para
su debate en Pleno.
El apartado 3 del artículo 134 de la Constitución establece que "el
Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los
Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la
expiración de los del año anterior". El apartado 4 del mismo artículo
dispone que "si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer
día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán
automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta
la aprobación de los nuevos".
El fracaso de la propuesta de investidura de don Mariano Rajoy, tanto en
la primera votación como en la segunda, en la que solo precisaba de
mayoría simple, va a impedir probablemente el cumplimiento del plazo
ordinario para la presentación del Proyecto de Ley de Presupuestos y a
dificultar por tanto el cumplimiento del previsto para su aprobación.
No obstante, como se ha señalado, la Constitución contempla expresamente
en estos supuestos la prórroga de los presupuestos vigentes, arbitrando
así un mecanismo automático que impide la paralización de la actividad
estatal.
Tras la aprobación de la Constitución, esta prórroga presupuestaria se ha
producido en cuatro ocasiones: en 1983, 1990, 1996 y 2012. En todas
ellas, la prórroga vino acompañada de otros tantos decretos-leyes sobre
medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera (Real
Decreto-ley 24/1982, de 29 de diciembre, Real Decreto-ley 7/1989, de 29
de diciembre, Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre y Real
Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre). Mediante estos decretos-Ieyes
se actualizaron previsiones presupuestarias que la simple prórroga
automática no hubiera contemplado.
Así ocurre, por ejemplo, con las retribuciones de los funcionarios o las
pensiones de jubilación, que hubiesen permanecido congeladas hasta la
aprobación de los nuevos Presupuestos de no haberse acordado un
incremento inmediato, así como diferentes previsiones de la ley de
Presupuestos, como las relativas a las autorizaciones para emitir Deuda
Pública o la prestación de avales públicos, entre otros aspectos.
El incremento de las pensiones públicas es una medida de incuestionable
interés general, especialmente tras los cambios introducidos por la Ley
23/2013 en el mecanismo de revalorización, que se desvincula de la
garantía del poder adquisitivo y condena a los pensionistas a un
progresivo empobrecimiento, y cuya situación se ha visto agravada por las
medidas adoptadas por el Gobierno en menoscabo de sus derechos como el
copago farmacéutico. Lo mismo cabe decir de las retribuciones de los
empleados públicos, colectivo que se ha visto particularmente afectado
por la crisis económica y cuyos salarios han perdido poder adquisitivo de
forma muy acusada en los últimos años.
La situación del Gobierno en funciones no le impide adoptar medidas para
incrementar las pensiones públicas y las retribuciones de los
funcionarios y demás empleados públicos. Entre las limitaciones a las
facultades del Gobierno en funciones no se encuentra la prohibición de
dictar decretos-leyes. Todo lo contrario, las razones de urgencia e
interés general inherentes y habilitadores de esta facultad del Gobierno
son también las que permiten que el Gobierno en funciones pueda adoptar
medidas que excedan del despacho ordinario de los asuntos públicos.
Por ello, en el tiempo transcurrido desde la aprobación de la
Constitución, se han aprobado decretos-leyes por gobiernos en funciones
sin que se haya cuestionado su capacidad para hacerlo. Así, sin ánimo de
ser exhaustivos, se aprobaron por gobiernos en funciones:
- el Real Decreto-ley 6/1989, de 1 de diciembre, por el que se adoptan
medidas urgentes para reparar los daños causados por lluvias
torrenciales;
- el Real Decreto-ley 10/1993, de 18 de junio, sobre concesión de un
crédito extraordinario, por importe de 222.441.315.588 pesetas, para
atender insuficiencias producidas durante 1991 en el Instituto Nacional
de Empleo, en materia de gestación de prestaciones por desempleo;
- el Real Decreto-ley 11/1993, de 18 de junio, sobre medidas reguladoras
del contrato de adquisición de la colección Thyssen-Bornemisza;
- el Real Decreto-ley 12/1993, de 2 de julio, por el que se concede un
crédito extraordinario por importe de 31.804.000.000 pesetas y se
autoriza a concertar operaciones de crédito al Ente Público RTVE y sus
sociedades estatales;
- el Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el
Programa de Activación para el Empleo.
Además, en la mayoría de estos casos, los diferentes gobiernos
-recordemos, en funciones- incluyeron disposiciones por las que se
modificaban los créditos presupuestarios vigentes.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la
siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a que, en el
caso de que se vaya a producir la prórroga automática de los Presupuestos
Generales del Estado prevista en el 134.4 de la Constitución, apruebe un
Decreto-ley para su convalidación por esta Cámara que contemple el
incremento de las pensiones públicas y de las retribuciones del personal
al servicio de las administraciones públicas y del sector público, al
concurrir tanto las circunstancias constitucionalmente previstas para la
utilización de este instrumento normativo como las razones de urgencia e
interés general exigidas por la Ley 50/1997 para que el Gobierno en
funciones pueda adoptar medidas que excedan del despacho ordinario de los
asuntos públicos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Antonio
Hernando Vera, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a las medidas y
decisiones a adoptar para posibilitar que las Comunidades Autónomas
puedan elaborar sus presupuestos para el ejercicio 2017, para su debate
en el Pleno.
Exposición de motivos
Los objetivos de déficit de las CC.AA. para 2016 y 2017 se fijaron en el
-0,3% y -0,1% de su PIB, respectivamente, el 11 de septiembre de 2015
(para las CC.AA. de régimen común) y el 12 de febrero de 2016 (para las
CC.AA. de régimen foral), de acuerdo con el procedimiento previsto en la
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Sin embargo, a finales de abril del presente año, el Gobierno aprobó y
remitió a Bruselas la Actualización del Programa de Estabilidad (APE),
que incorpora una nueva senda de reducción del déficit público del -3,6,
-2,9 y -2,2 para el conjunto de las Administraciones Públicas en el
periodo 2016-2018. Un día antes, el Consejo de Política Fiscal y
Financiera aprobó la propuesta del Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas en funciones, que fijaba un nuevo objetivo de
déficit para las CC.AA., que sería del -0,7% del PIB para este año y del
-0,5% para 2017, compatible con los objetivos de reducción del déficit
del conjunto de administraciones públicas mencionados anteriormente.
Siguiendo instrucciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas, las CC.AA. han elaborado y presentado Planes Económicos y
Financieros que se ajustan, con carácter general, a la senda 2016-2017
propuesta por el Gobierno en la APE, pese a que no son los objetivos que
están legalmente vigentes.
Posteriormente, en julio, el Consejo Europeo aprobó la Recomendación de la
Comisión Europea que, como parte del proceso sancionador contra España
por el incumplimiento del déficit, incorpora una nueva senda trianual de
reducción del déficit para el conjunto de las administraciones públicas.
En concreto, el objetivo de déficit aprobado por el Consejo Europeo es
del -4,6% para este año y -3,1% para 2017, es decir menos exigente que el
incorporado en la APE. Sin embargo, el Gobierno en Funciones no ha dado
traslado a nivel nacional de los nuevos objetivos de déficit aprobados
por el Consejo Europeo para 2016 y 2017 Y su distribución vertical entre
administraciones públicas. Esta situación, en la que se dan varios
objetivos diferentes de déficit para el conjunto de las administraciones
públicas y para las CC.AA. en particular, supone una incertidumbre que
dificulta la elaboración de los presupuestos autonómicos.
Al mismo tiempo, el Gobierno en Funciones aún no ha comunicado a las
CC.AA. de régimen común la cuantía de las transferencias por las entregas
a cuenta contempladas en el Sistema de Financiación
Autonómica (SFA) para el año 2017, ni la previsión de la liquidación
definitiva de los recursos del año 2015. Tradicionalmente, en julio de
cada año, una vez aprobado el techo de gasto y los objetivos de
estabilidad, el Gobierno informa a las CC.AA. de régimen común de la
cuantía de dichas transferencias para el año siguiente. La falta de esta
información, que solo el Gobierno puede estimar con precisión, dificulta
la elaboración de los diferentes presupuestos autonómicos, pues las
transferencias del Estado procedentes del SFA suponen más del 75% de los
ingresos de las CC.AA.
El Gobierno esgrime que la falta de aprobación del techo de gasto y los
objetivos de estabilidad y del consiguiente anteproyecto de presupuestos
le impiden comunicar a las CC.AA. dicha información. El propio Presidente
del Gobierno en funciones, en su discurso en el debate de investidura
celebrado el pasado 30 de agosto señaló que de los Presupuestos Generales
del Estado depende la financiación de las Comunidades Autónomas.
Sin embargo, la financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común
está perfectamente establecida en la Ley 22/2009, por la que se regula el
sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y
Ciudades con Estatuto de Autonomía. Con base en esta Ley, más del 75 por
ciento de los recursos del SFA no dependen ni de la aprobación de los
PGE, ni del techo de gasto. Algunas partidas del SFA, tales como la
aportación del Estado al Fondo de Garantía de servicios fundamentales, la
cuantía del Fondo de Suficiencia o la liquidación de los Fondos de
Convergencia sí que requieren de su correspondiente dotación en los PGE.
Pero las cuantías de estas partidas no son discrecionales, ni están
incluidas en el techo de gasto, sino que se derivan directamente de las
previsiones de ingresos y de otros criterios establecidos en el SFA, cuya
estimación es conocida por el Ministerio de Hacienda.
En consecuencia, un mínimo de lealtad institucional del Gobierno en
funciones con el resto de administraciones del Estado, incluidas las
CC.AA., exige que el primero comunique en tiempo y forma a las segundas,
las previsiones de los montos de las transferencias correspondientes a
las entregas a cuenta del SFA para 2017, así como la provisión de la
liquidación definitiva de los recursos del año 2015. De no hacerlo así,
se pondría en riesgo el cumplimiento de los compromisos adquiridos por
España con la Unión Europea en el ámbito de ejecución que corresponde a
las CC.AA.
Por todo lo anterior, resulta claro que, en la actual situación
excepcional, deben adoptarse cuantas medidas sean necesarias para
facilitar a las CC.AA. los datos que precisen para la elaboración de sus
presupuestos para el ejercicio 2017, así como posibilitar, a través del
órgano de coordinación del Estado y las Comunidades Autónomas en materia
fiscal y financiera (Consejo de Política Fiscal y Financiera de las
Comunidades Autónomas), que puedan acordarse los criterios y reglas, que
deberán seguirse para dicha elaboración en particular el objetivo de
déficit para las CC.AA. para el año 2017.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Comunicar a la mayor celeridad posible la información que precisen las
Comunidades Autónomas para la elaboración de sus presupuestos para el
ejercicio 2017, en particular la estimación de las cuantías
correspondientes por entregas a cuenta según establece la Ley 22/2009 en
base a la información actualmente disponible sobre estimaciones de
recaudación, revisiones del fondo de suficiencia global, índices de
distribución territorial de los impuestos cedidos y las variables
poblacionales establecidas para el cálculo de la transferencia del Fondo
de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales y las cuantías
correspondientes, y por la liquidación del ejercicio 2015.
- Proceder a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera
de las Comunidades Autónomas al objeto de acordar los objetivos de
estabilidad actualizados para el ejercicio 2017, así como cualesquiera
otras reglas, criterios y decisiones necesarias para facilitar la
elaboración de sus presupuestos para el ejercicio 2017."
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de septiembre de 2016.-Pedro
Saura García y Antonio Pradas Torres, Diputados.-Antonio Hernando Vera,
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a
iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, y a través de su
portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, de conformidad con lo
establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Pleno, relativa a la
denegación por el CNI de la Habilitación Personal de Seguridad de un
trabajador de la empresa pública Navantia Ferrol y sobre la vulneración
de derechos políticos.
Exposición de motivos
La dirección de la empresa Navantia, S.A., ha impedido a un empleado el
acceso a salas con documentación clasificada, tras la denegación de la
preceptiva habilitación personal de seguridad (HPS) impidiendo la
prestación de sus servicios. Las razones aducidas por la empresa para la
denegación y entrada en dichas dependencias se deben a que estamos ante
un "trabajador peligroso para la seguridad nacional.
El referido trabajador entabló acciones judiciales en defensa de sus
derechos laborales, dictando Sentencia la Sección Séptima de la Sala de
lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. En el cuarto de
los fundamentos de Derecho, la Audiencia Nacional hace un repaso
exhaustivo de los requisitos de fondo dimanantes de la norma NS/02 sobre
los criterios para valorar la idoneidad de las personas relativas a la
habilitación de seguridad de personal y resuelve que dichos requisitos no
resultan de aplicación a este caso.
En el sexto de los fundamentos de Derecho, la resolución señala que es
necesario motivar dicha prohibición al trabajador para acceder a la
referida Sala con documentación clasificada para no caer en
arbitrariedades prohibidas por el ordenamiento jurídico.
Finalmente, la resolución dictada por la Audiencia Nacional estima el
recurso de apelación interpuesto por el trabajador y señala que la
prohibición de acceso del empleado adolece de falta de motivación. A
pesar de la Resolución dictada por la Audiencia Nacional y con el ánimo
de "motivar dicha prohibición", en fecha 3 de noviembre del pasado año,
el Secretario de Estado, Director del Centro Nacional de Inteligencia,
don Félix Sanz Roldán reconoce mediante escrito las verdaderas razones
por las que se niega al trabajador la habilitación de seguridad que no
son otras que políticas.
Citamos literalmente: "[ ... ] El Sr. Sinde ha demostrado una continuada
participación en organizaciones y grupos cuyos ideales defienden una
estrategia revolucionaria: de clase, anticapitalista e
internacionalista... Si bien esta participación es lícita, se considera
discordante con la protección clasificada que el Ministerio de Defensa
cede a la industria para sus desarrollos armamentísticos'~ Este
trabajador, informático, viene prestando servicios para la empresa
Navantia Ferrol desde hace muchos años, siempre desempeñó sus funciones
sin problema alguno y, al amparo a sus derechos constitucionales milita y
desarrolla su compromiso sindical en CCOO. Las afirmaciones vertidas por
el Director del CNI son graves en un Estado Social y Democrático de
Derecho, no hacen más que recordar las prácticas macartistas, pero no hay
ninguna razón que avale la posición discriminatoria del Gobierno en esta
cuestión.
No podemos olvidar que si este trabajador prestara sus servicios en una
empresa auxiliar de Navantia, esta práctica discriminatoria, supondría su
despido. Esta flagrante discriminación fue denunciada ante la Xunta de
Galicia quien se limitó a señalar que no puede actuar porque estamos
"ante una competencia estatal ajena a las competencias del Gobierno
gallego."
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que realice las
gestiones oportunas que conduzcan a garantizar los derechos
constitucionales que en la actualidad se vulneran con la segunda negativa
a autorizar la habilitación personal de seguridad al referido empleado de
Navantia Ferrol y, conceda la HPS para poder prestar las funciones
propias de su cargo en condiciones de igualdad al resto de sus compañeros
de trabajo.
- El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que remueva los
obstáculos que pesan en la decisión del CNI para discriminar a un
trabajador por estrictos motivos políticos."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Yolanda
Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a
trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes
Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las
iniciativas ante el Pleno de la Cámara, entendiendo que en el caso de su
eventual aprobación, estarían dirigidas al Gobierno que se constituya,
disponer su conocimiento por este, dando traslado al Gobierno y publicar
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 12 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000100
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, Izquierda Unida
a través del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la desmilitarización de
la zona de Malpaso, en la isla de El Hierro y su declaración como bien de
interés cultural, para su debate en Pleno.
Desde 1986 el Ministerio de Defensa ha mantenido el proyecto de instalar
en el Pico de Malpaso (El Hierro, Canarias) un radar de uso militar
pretendiendo inicialmente la ocupación "de una parcela de 35.000 m2 de
terrenos de la propiedad de este Ayuntamiento en Pico de Malpaso, para
llevar a cabo el programa de potenciación de la defensa aérea del
archipiélago canario, instalaciones a efectuar por el Ejercito del Aire
(Ministerio de Defensa)".
Dicha pretensión fue inicialmente rechazada por el pleno extraordinario
del Ayuntamiento de La Frontera (El Hierro), concitando el rechazo del
conjunto de la sociedad herreña no solo por su reiterada apuesta por la
paz y la neutralidad del archipiélago sino también por ser un sitio
histórico de gran valor cultural y una zona de espacios naturales a
proteger, incluidos en el avance de las normas subsidiarias, ya que la
construcción de dicha instalación contradice el Proyecto de Ley de
Espacios Naturales del Archipiélago Canario, aprobado por el Gobierno
Autónomo y pendiente de la aprobación del Parlamento de Canarias.
El 24 de noviembre de 1987, a propuesta de dos de los tres diputados de la
isla, el Pleno del Parlamento de Canarias aprobó la siguiente Proposición
no de Ley: "El Parlamento de Canarias acuerda: Instar al Gobierno de
Canarias para que en defensa de la tradición cultural, histórica y
religiosa y de los valores ecológicos de la zona de Malpaso de la isla de
El Hierro, solicite del Ministerio de Defensa la no ubicación en ella de
instalaciones militares".
La amenaza de militarización de una isla ' que, por sus características
geográficas y sociales, presenta una gran fragilidad que se vería
gravemente alterada con una instalación de este tipo, ha generado un
amplio movimiento social que abarca a la práctica totalidad de las
fuerzas políticas y sectores sociales de El Hierro.
En febrero de 2002 el Gobierno de España, con absoluto desprecio a lo
manifestado por el conjunto de la sociedad y Parlamento de Canarias,
procedió a la declaración de la zona como "Zona de Interés para la
defensa nacional" mediante el Real Decreto 192/2002, de 15 de febrero,
decreto que no ha sido revocado por los sucesivos Gobiernos,
manteniéndose como una amenaza permanente sobre la isla, sin que se haya
llegado a ejecutar el proyecto durante estos casi 30 años, muestra más
que evidente que el
mismo carece de la urgencia y necesidad que se argumentaba por la "sombra"
producida por el Teide en el control de la aviación civil.
Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
- Derogar el Real Decreto 192/2002, de 15 de febrero, por el que se
declara zona de interés para la defensa nacional el asentamiento de la
estación de vigilancia aérea número 23 del Ejército del Aire y el acceso
a la misma.
- Declarar la zona de Malpaso de la isla de El Hierro, debido a su interés
arqueológico, histórico y cultural, como bien de interés cultural (BIC) a
partir de lo regulado por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, lo que impedirá en el futuro las instalaciones
militares en ella."
Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de septiembre de 2016.-Eva García
Sempere y Miguel Bustamante Martín, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa,
Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
162/000103
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el
artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los
Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar
que los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año
2012 tributen efectivamente al tipo del 10%, para su debate en el Pleno
del Congreso.
Exposición de motivos
En 2012, el anterior Gobierno aprobó en el Real Decreto-ley 12/2012
diversas medidas dirigidas a la reducción del déficit público entre ellas
la posibilidad a los obligados tributariamente de ponerse voluntariamente
al corriente de sus obligaciones estableciendo un gravamen especial del
10%. Esta polémica regularización fiscal -más y mejor conocida como
amnistía fiscal- asestó un golpe fatal a la ya frágil conciencia fiscal
de nuestra sociedad y supuso un enorme fracaso que ha sido objeto de
repetidas críticas e iniciativas en sede parlamentaria.
En aquel momento el gobierno previó recaudar unos 2.500 millones. Sin
embargo, según datos de la AEAT se afloraron 40.000 millones -y
escasamente se recaudaron 1.193 millones-, lo que supone un tipo efectivo
inferior al 3% y no del 10% como establecía el Real Decreto Ley. El
anterior gobierno, a través de la Dirección General de Tributos de 27 de
junio de 2012, suavizó, aún más, las condiciones de la regularización
fiscal permitiendo, ilegalmente en opinión de los inspectores de Hacienda
y del Congreso de la XI Legislatura, que los defraudadores pagasen el 3%
en lugar del 10% legalmente previsto. Además, el citado informe señalaba
textualmente, y contra lo previsto en la normativa tributaria que las
declaraciones por las que los contribuyentes se acogieron a la
regularización "no eran comprobables".
Con el objetivo de paliar el daño causado por esta de facto amnistía
fiscal, el acuerdo de investidura firmado el 28 de agosto de 2016 entre
el Grupo Parlamentario Popular y el de Ciudadanos recogía en su punto
seis: "Realizar una revisión para garantizar que los sujetos pasivos
beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el
tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de
los límites de la normativa tributaria."
No obstante, dado que el plazo para la presentación de las declaraciones y
el ingreso de esta regularización extraordinaria venció el 30 de
noviembre de 2012, esto supone que, cuatro años más tarde, el 30 de
noviembre de 2016 prescribirán las posibles responsabilidades fiscales
administrativas pendientes.
Hay que recordar también que esta regularización fue recurrida ante el
Tribunal Constitucional, que admitió a trámite el recurso, pero todavía
no lo ha resuelto. Para asegurar la efectividad de la decisión del
Tribunal Constitucional es preciso que las situaciones jurídicas no hayan
adquirido firmeza. Esto solo
ocurrirá si se inician las correspondientes comprobaciones antes de que
prescriban las obligaciones tributarias de los defraudadores.
De este modo, urge instar al Gobierno, antes de que prescriban las
obligaciones defraudadas, a que ponga a la Agencia Tributaria a comprobar
y liquidar a estos defraudadores para recaudar los 2.800 millones de
euros que se dejaron de ingresar.
Considerando fundamental mantener por un lado el compromiso con la
estabilidad presupuestaria, habida cuenta de los desvíos de déficit,
deuda y gasto devengados hasta la fecha, incumpliendo los objetivos
marcados por la Unión Europea y por otro lado, la necesidad de recursos
para potenciar las políticas sociales y de bienestar dada la alta tasa de
desempleo y precariedad laboral, más que nunca son necesarios esos 2.800
millones de euros dejados de ingresar por los defraudadores fiscales
acogidos a esta amnistía fiscal, dinero público de todos los españoles y
no de unos pocos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:
1. Realice con carácter urgente una revisión para garantizar que los
sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012
tributen según el tipo del 10% por las cantidades afloradas previsto en
la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, de 30 de
marzo, dentro de los límites de la normativa tributaria.
2. En ejecución de lo anterior, anule las instrucciones internas de la
Agencia Tributaria que hicieron obligatorio el Informe de la Dirección
General de Tributos de 27 de junio de 2012.
3. Ordene a la Dirección General de la Agencia Tributaria la realización
urgente de las comprobaciones inspectoras de los contribuyentes acogidos
a la regularización de 2012, y a que estas se inicien en todo caso antes
del 30 de noviembre de 2016, para garantizar que los contribuyentes
acogidos a la misma tributen de acuerdo con lo previsto en la disposición
adicional primera del Real Decreto-ley 12/2012, es decir, pagando el 10%
de las cuantías afloradas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Francisco
de la Torre Díaz, Diputado.-Juan Carlos Girauta Vidal, Portavoz del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
162/000106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, y a través de
su portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, de conformidad con lo
establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Pleno, relativa a las
previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones de las subastas
para el servicio de interrumpibilidad del suministro eléctrico y
definición de un modelo energético gallego social y sostenible.
Exposición de motivos
La dejadez de los Gobiernos del PP al desatender las condiciones en las
que las empresas industriales que consumen grandes cantidades de energía
puedan acceder a ella con precios idóneos y la estrategia de Alcoa a
nivel global para desarrollar otras líneas de negocio y no realizar las
inversiones acomodadas en la planta de A Coruña suponen una peligrosa
amenaza para el empleo y la continuidad de la actividad industrial en la
capital herculina, al igual que el progresivo retraso en la celebración
de la subasta por los incentivos para las grandes empresas consumidoras
de energía.
El fantasma de la deslocalización planea cada año sobre esta actividad
económica sin que el Gobierno del PP defina un sistema de precios que
entregue estabilidad a esta actividad industrial y al empleo asociado
tanto directo como indirecto.
Para el inmediato, hace falta modificar el sistema de subasta en el que
alcanza a su ámbito temporal y a la oferta de megavatios porque las
subastas con una periodicidad anual no son el período idóneo para
definir inversiones, también de la necesaria garantía -que no tenemos-
acerca de la oferta suficiente de bloques de manera que ninguna fábrica
quede excluida.
Preservar la industria -segmento productivo definidor de productos de
mayor valor añadido y generador de empleos de mayor cualificación- exige
que las administraciones públicas definan e implementen un nuevo modelo
energético, caracterizado por su condición de sostenible y social, y que
responda con un retorno adecuado a la contribución que realiza Galicia en
el campo energético, con una producción que supone impactos ambientales
severos y una exportación de alrededor del 40% del total de energía
producida en nuestro país.
La administración tiene que acordar una política de precios que garantice
el mantenimiento de esta actividad industrial en nuestro país con una
exigencia a la multinacional de un plan de inversiones que rebaje el
consumo de energía, las emisiones y fomente el empleo.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea presenta la siguiente
Proposición no de Ley
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Continuar impulsando medidas que favorezcan el empleo, especialmente en
las plantas de Alcoa, de A Coruña, San Ciprián y Avilés.
2. Impulsar todas aquellas reformas necesarias para estudiar el
restablecimiento de un nuevo sistema de suministro eléctrico a precio
competitivo, estable y predecible que permita disponer de unos costes
energéticos asumibles para la industria eléctrica española, y en
particular para las grandes industrias consumidoras de energía eléctrica
del país. Este posible nuevo sistema debe basarse en la transición a las
renovables, eficiencia energética y en la revisión de costes fiscales, y
que supondrían un gran beneficio reduciendo los costes productivos como
en el caso de Alcoa, y otras grandes consumidoras de energía eléctrica.
3. Emprender las medidas que procedan para fomentar la implementación por
parte de estas grandes industrias consumidoras de energía de un plan de
inversiones que favorezcan la eficiencia energética, la rebaja de
emisiones contaminantes y la innovación y creación de valor añadido en su
producción; todo ello teniendo en cuenta el importante peso que estas
industrias poseen en la economía y el empleo de las zonas en las que
desarrolla su actividad.
4. Promover un Pacto de Estado de la Energía, a partir del diálogo con
todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, para dotar a la
política energética de la estabilidad en el tiempo y facilitar la
transición energética hacia un modelo más competitivo, más transparente y
más sostenible. Un modelo basado en las energías renovables, la
eficiencia y la gestión inteligente de la demanda.
5. Solicitar a la Unión Europea que exija que los productos procedentes de
China cumplan los compromisos adquiridos en el Protocolo de Adhesión con
China de la OMC."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Yolanda
Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
162/000107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a iniciativa de su Diputada doña Yolanda Díaz Pérez, y a través de
su portavoz doña Alexandra Fernández Gómez, de conformidad con lo
establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en Pleno, relativa a las
previsiones del Gobierno para garantizar las condiciones y el calendario
de las subastas de adjudicación del servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad del suministro eléctrico.
La Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo regula el servicio de gestión de la demanda de
interrumpibilidad como una herramienta para flexibilizar la operación del
sistema eléctrico y dar respuestas rápidas y eficientes ante situaciones
de emergencia, minimizando el impacto en la seguridad del sistema,
mediante la prestación de un servicio retribuido al operador del sistema
"Red Eléctrica de España, S.A.", por parte de consumidores debidamente
cualificados para dicha prestación.
Los ingresos obtenidos por la prestación de este servicio constituyen,
para empresas con procesos de producción electrointensivos, un componente
muy importante de su estructura de precios y por lo tanto de su
competitividad e incluso su viabilidad en mercados de productos, como el
aluminio primario que, en general, son objeto de contratos a medio o
largo plazo.
En estas condiciones y considerando que, de acuerdo con el artículo 4.2 de
la IET/2013/2013 modificado por la IET/1752/2014, de 26 de septiembre,
desde el 29 de julio pasado debe de obrar en la Secretaría de Estado de
Energía del Ministerio de Industria, Energía y Turismo la propuesta del
operador del sistema, informada por la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, con el requerimiento de potencia interrumpible para la
temporada eléctrica 2017, una propuesta de fechas para la realización de
las subastas y un calendario de los hitos a realizar de cara a la
celebración de las mismas.
Por otra parte, el pasado 12 de agosto se publicó la Resolución de la
Secretaría de Estado de Energía, de 5 de agosto, por la que se aprueban
las reglas del procedimiento competitivo de subastas para la asignación
del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y el modelo de
adhesión al marco legal establecido para la participación en las
subastas.
En consecuencia, desde el pasado 12 de agosto, están disponibles todos los
elementos técnicos y regulatorios para que la Secretaría de Estado de
Energía de cumplimiento a lo establecido en el artículo 3.5 de la
resolución de 5 de agosto, antes citada, y publique la resolución con el
detalle de las subastas, cantidades y precios, así como las fechas de
realización de las mismas.
Si se toma como referencia la temporada eléctrica 2016, el 10 de julio de
2015 ya se había publicado el calendario de subastas y el 4 de setiembre
de 2015, ya habían tenido lugar las mismas y los consumidores
interrumpibles estaban en disposición de planificar su producción para el
año 2016.
Por lo tanto resulta de todo punto incomprensible que todavía no se
disponga del calendario de las subastas, la potencia interrumpible a
subastar y los precios de salida de los productos. Una situación que de
prolongarse, puede causar daños irreversibles a la producción de muchas
empresas y por consiguiente poner en peligro miles de puestos de trabajo.
Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea presenta, con carácter de urgencia, la siguiente
Proposición no de Ley
"a) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a explicar
las razones por las cuales, de acuerdo con la regulación vigente, la
Secretaría de Estado de Energía no ha hecho público las condiciones y el
calendario de las subastas de adjudicación del servicio de gestión de la
demanda de interrumpibilidad
b) Considerando las repercusiones de la situación actual para la
viabilidad y el empleo de muchas industrias y en particular las
electrointensivas, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno en
funciones a tomar alguna medida para remediar esta situación.
c) El Congreso de los Diputados insta al Gobierno en funciones a publicar,
de forma urgente, la información necesaria para proceder a la realización
de las subastas."
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-Yolanda
Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, a instancias de la Diputada doña Alexandra Fernández Gómez, y del
Diputado don Antón Gómez-Reyno, al amparo de lo dispuesto en el artículo
193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la
siguiente Proposición no de Ley, para su debate en el Pleno, relativa a
la situación del sector lácteo y medidas para atajar la crisis por los
bajos precios de la leche.
Exposición de motivos
Aunque ha disminuido la atención mediática sobre el tema, lo cierto es que
la crisis del sector lácteo gallego sigue sin resolverse. Es más, desde
la finalización del sistema de cuotas lácteas hace ya un año, la
situación no ha hecho más que agravarse. El panorama se resume con
brevedad: los precios de la leche en origen siguen cayendo, son ya los
más bajos de la década, y las explotaciones ganaderas continúan cerrando
de manera galopante. De hecho, en estos meses han cerrado en Galicia 323
explotaciones ganaderas, 51 de ellas en el mes de julio.
Los precios se sitúan en Galicia por debajo de los 24 céntimos, son los
más bajos del Estado, lo cual no cubre ni mínimamente los costes de
producción que están se sitúan por encima de los 30 céntimos. Las
pérdidas económicas para los ganaderos son enormes, mientras se les
añaden problemas como los créditos y la falta de liquidez para poder
sacar adelante su explotación ganadera.
El principal problema está en los bajos precios de la leche que bajo
nuestro punto de vista y el de las organizaciones del sector, se
solventaría con el establecimiento de precios de referencia. Varias son
las demandas de los ganaderos que nunca se han tenido en cuenta.
Por mucha propaganda que el Gobierno hizo del Acuerdo Lácteo firmado en
septiembre del pasado año 2015 entre la industria del sector, las
empresas de distribución y solo una parte de los productores, es más que
evidente su estrepitoso fracaso dadas las ambiguas e insuficientes
medidas. Conviene recordar que no participaron en su firma las
principales organizaciones lácteas que representan a la mayoría del
sector lácteo del estado. Ya advertían entonces que era papel mojado, y
que no garantizaría la resolución de la crisis de los precios, entre
otras cosas, por la negativa a recoger un precio mínimo y justo, además
de la necesidad de contemplar garantías para su cumplimiento por parte de
las industrias de modo que se impusiesen sanciones en caso de
incumplimiento. Eran las principales demandas del sector: precios de
referencia de la leche, y ante los continuos incumplimientos de pactos
anteriores con industrias y distribución, la necesidad de contemplar
sanciones.
El contenido del Acuerdo de septiembre de 2015 es abstracto y ambiguo, no
obliga a las industrias a pagar precios sostenibles a los ganaderos. Todo
son vanas recomendaciones y su efectividad ha sido escasa. El sistema
implantado de abuso de poder por parte de las grandes industrias lácteas
sigue vigente.
El Gobierno del PP prefirió alinearse con los intereses de las grandes
industrias lácteas y cadenas de distribución antes de defender al eslabón
más débil de la cadena: los productores. No nos valen los reiterados
argumentos centrados en la normativa comunitaria sobre competencia porque
países como Francia han aprobado Acuerdos Lácteos que incluyen los
precios de referencia. Por tanto, el Estado español podría haber hecho
exactamente lo mismo. Es una cuestión de voluntad política.
Los problemas continúan pendientes de resolución. Además de las demandas
mencionadas, los ganaderos llevan tiempo pidiendo sin éxito que no se
utilice la leche como producto de reclamo para atraer compradores en las
áreas comerciales. Demandan que se indique la procedencia de la leche
puesto que solo uno de cada tres cartones informa sobre el origen, o las
medidas para que se prioricen los productos autóctonos sobre los
lineales. El etiquetado del origen de la leche en los cartones
posibilitaría una revalorización del producto autóctono.
Dado que todos los paquetes lácteos o acuerdos no contemplaron medidas de
penalización, los contratos homologados entre industrias y ganaderos
nunca se han cumplido. El problema principal reside en la escasa o nula
capacidad que tienen los productores para negociar los contratos con las
industrias que son las que establecen las condiciones y solo ofrecen a
los ganaderos la posibilidad de firmar o no, pero ningún margen para la
negociación: De ahí la necesidad de una figura intermedia, de un mediador
para este tipo de negociaciones.
Cuando se cumple ya un año de la finalización del sistema de cuotas
lácteas, el balance no podría ser peor. Cada día cierran dos
explotaciones lácteas en Galicia cuyo número se sitúa ya por debajo de
las 9.000 explotaciones ganaderas.
A la pasividad del Gobierno central, se une la ineficacia interesada de la
Unión Europea que no ha aportado soluciones ni previsto medidas para
solucionar la grave crisis a nivel europeo del sector lácteo. No ha
aceptado aumentar los precios de intervención, y se ha decantado por
permitir una reducción unilateral y voluntaria de la producción en cada
estado miembro en lugar de una conjunta que a priori podría ser más
efectiva.
La ausencia de medidas de la UE ha frustrado al sector que llevaba cinco
años preparándose para la eliminación de las cuotas lácteas, el conocido
como "aterrizaje suave".
Otro de los graves problemas que hemos citado es la delicada situación
financiera en la que se hallan muchas explotaciones. La crisis láctea ha
llevado a muchas granjas gallegas a una situación financiera crítica. El
nivel de endeudamiento en el último año se ha elevado a unos 75 millones
de euros. Más de la mitad de las granjas están perdiendo capacidad
económica mientras el volumen de sus deudas sigue creciendo entre dos y
cinco céntimos con cada litro de leche que producen. Algunos cálculos
indican que el montante pasivo de las explotaciones llegaría a superar
los 125 millones de euros. Las deudas de los ganaderos repercuten en toda
la cadena de servicios dada la incapacidad para poder costearlos.
Las entidades financieras y bancarias son reacias a dar préstamos o
créditos al sector, que acusa así la falta de liquidez como otro de sus
grandes problemas.
El sector lácteo en Galicia tiene un peso muy importante, y de hecho es el
principal productor a nivel estatal. El sector primario junto con el mar,
ha sido uno de las fuentes de creación de empleo en el territorio gallego
en muchas comarcas del interior. Pero la difícil situación del sector ha
llevado a una enorme pérdida de empleo en los últimos ejercicios. Hace
solo dos años, un tercio del empleo en localidades como Meira, Os Ancares
o A Fonsagrada procedía del campo. Actualmente ese porcentaje no lo
alcanza ninguna comarca del territorio gallego. Tan solo en Poi,
Pastoriza y Paradela (en Lugo) y, Rodeiro (Pontevedra), el ámbito de la
agricultura genera más empleo que otros sectores, lo cual da muestra de
la importante destrucción de empleo agrario que se ha producido en
Galicia.
Con todas estas cuestiones sobre la mesa, consideramos vital que se
adopten medidas urgentes, esta vez eficientes, útiles y que aporten
soluciones reales y concretas.
"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Adoptar medidas concretas y útiles para solucionar la grave crisis del
sector lácteo:
1. Introducir en la Ley 12/2013, de la cadena alimentaria, el concepto de
precio de referencia, que será fijada en función de los costes de
producción, con el objetivo de que los productores lácteos perciban un
precio justo y digno.
2. Contemplar un régimen sancionador o de penalización como instrumento
necesario para garantizar el cumplimiento por parte de las industrias de
las condiciones establecidas en los pactos y en los contratos
homologados.
3. Prohibir que se utilice la leche como producto de reclamo para atraer
consumidores en las áreas comerciales.
4. Obligar a etiquetar fielmente la procedencia de la leche en los
cartones, informando adecuadamente sobre su origen e incentivando así los
productos autóctonos sobre los lineales.
5. Aprobar la figura del mediador lácteo o intermediario con capacidad
normativa suficiente para desempeñar el papel de negociador en los
contratos entre las industrias y los productores, siempre que una de las
dos partes lo demande.
6. Habilitar líneas de crédito o de financiación públicas destinadas a
aliviar el enorme endeudamiento al que se ha visto obligado el sector
ganadero debido a la pérdida de capacidad económica por la situación de
aguda crisis."
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de septiembre de 2016.-Antonio
Gómez-Reino Varela, Diputado.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Serrano Jiménez, María Jesús (GS).
Hurtado Zurera, Antonio (GS).
Grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de Fomento previstas
para la provincia de Córdoba en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016, así como repercusión sobre dichas inversiones si se
produce el adelanto del cierre del presupuesto.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la corrección de error remitida mediante escrito número
de registro 2345, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los
Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña María Jesús Serrano Jiménez y don Antonio Hurtado Zurera, Diputados
por Córdoba, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista del
Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del
vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan las
siguientes preguntas para que sean contestadas por escrito.
- ¿Cuál es el grado de ejecución de las inversiones del Ministerio de
Fomento previstas para la provincia de Córdoba en los PGE (Presupuestos
Generales del Estado) para el año 2016?
- ¿Cuál sería la repercusión sobre esas inversiones previstas si se
produce el adelanto del cierre del presupuesto?
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de agosto de 2016.-María Jesús
Serrano Jiménez y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.
184/000220
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Jordà i Roura, Teresa (GER).
Aportación del Gobierno a la financiación de la Ley de Dependencia en cada
Comunidad Autónoma.
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Teresa Jordà i Roura, en su calidad de Diputada del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana y al amparo de lo establecido en el
artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formula al
Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por
escrito.
La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal
y Atención a las Personas con Dependencia, más conocida como Ley de
Dependencia, tiene como principal objetivo el reconocimiento de un nuevo
derecho subjetivo de ciudadanía en el ámbito estatal: el derecho a la
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación
de dependencia. Una ley inspirada bajo los principios del carácter
público de las prestaciones del sistema, la universalidad en el acceso de
todas las personas en situación de dependencia en condiciones de igualdad
y no discriminación, la atención a las personas de forma integral e
integrada así como la cooperación interadministrativa dado el carácter
autonómico de la competencias en materia de asistencia social como
determina el punto 20 del artículo 148 de la Constitución Española.
Es la misma Ley 39/2006, en el artículo 10, establece el Consejo
Territorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
como el organismo de cooperación interadministrativa entre la
Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas (CC.AA.) y
sucesivamente, en el artículo 11, los diferentes mecanismos y medidas de
cooperación entre administraciones.
Sin embargo, la financiación por parte del Estado hacía la CC.AA. para la
aplicación de esta ley no ha sido la esperada, poniendo en una situación
de estrechez económica a muchas comunidades autónomas. En el caso de
Catalunya, los continuos incumplimientos de financiación de la Ley de
Dependencia, por parte del Estado han supuesto una pérdida de 240
millones de euros por la desinversión de estatal en el ámbito de la
dependencia, suponiendo también un sobreesfuerzo del Govern de la
Generalitat con tal de mantener los servicios y las prestaciones de la
Ley de Dependencia, pese a los incumplimientos del Estado.
Desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en 2007, el Govern de
la Generalitat ha destinado (a fecha de octubre de 2015) 7.796,46
millones de euros, mientras que el Estado ha aportado 1.708,54 millones
de euros. Unos porcentajes del 82,5% y del 17,4% respectivamente, siendo
incluso la aportación de los usuarios a través del copago más elevada que
la aportación que ha realizado el Estado.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
- ¿Cuál es el porcentaje y cantidad de financiación para la Ley de
Dependencia que aporta el Gobierno del Estado a cada Comunidad Autónoma
anualmente desde su inicio?
- ¿Cuál es la cantidad por persona beneficiaria de la Ley de Dependencia
que aporta el Gobierno del Estado a cada Comunidad Autónoma anualmente
desde su inicio?
- ¿Tiene previsto el Gobierno del Estado aumentar las transferencias a las
Comunidades Autónomas para las personas beneficiarias de la Ley de
Dependencia?
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de julio de 2016.-Teresa Jordà i
Roura, Diputada.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Ábalos Meco, José Luis (GS).
Botella Gómez, Ana María (GS).
Such Palomares, María (GS).
Blanquer Alcaraz, Patricia (GS).
López Milla, Julián (GS).
Rallo Lombarte, Artemi (GS).
Cierre de empresas públicas municipales deficitarias en la Comunitat
Valenciana,
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la subsanación de firma contenida en el escrito número
de registro 2122, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos
de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el
Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los
Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don José Luis Ábalos Meco, doña Ana María Botella Gómez y doña María Such
Palomares, Diputados por Valencia; doña Patricia Blanquer Alcaraz y don
Julián López Millá, Diputados por Alicante, y don Artemi Vicent Rallo
Lombarte, Diputado por Castellón, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista del Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y
siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,
presentan las siguientes preguntas para que les sean contestadas por
escrito:
Recientemente el Ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha remitido
cartas a numerosos Ayuntamientos valencianos con empresas públicas
deficitarias en las que exige el cierre inmediato de estas entidades. En
estas misivas se recuerda a los Alcaldes que la Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración local contempla la disolución
automática de las entidades públicas deficitarias y que la propia norma
detalla que aquellas empresas que el 1 de diciembre de 2015 no hayan
saneado su situación financiera no podrán realizar otra actuación que no
sea la de su desaparición. El Ministerio no solo recuerda este extremo,
sino que da un ultimátum de 15 días a las instituciones municipales para
adoptar estas medidas. Todo ello, sin tener en cuenta las consecuencias
que una decisión así puede suponer para las corporaciones locales y sin
ofrecer ningún plan alternativo para la prestación de servicios ni para
los empleados que en ellas trabajan.
Por ello estos Diputados plantean las siguientes preguntas:
Tras el anuncio del cierre de las empresas públicas municipales en la
Comunitat Valenciana:
1. ¿Cuántas entidades piensa el Gobierno que se verán afectadas por esta
medida?
2. ¿Cuáles son las entidades que según el Gobierno se deben liquidar?
3. ¿Ha calculado el Gobierno el impacto económico que va a suponer el
cierre?
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de agosto de 2016.-José Luis
Ábalos Meco, Ana María Botella Gómez, María Such Palomares, Patricia
Blanquer Alcaraz, Julián López Milla y Artemi Rallo Lombarte, Diputados.
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Martín Llaguno, Marta (GCs).
Creación de una zona franca en el puerto de Alicante.
Acuerdo:
1. En cuanto a la petición de que se facilite el estudio al que se refiere
el punto 2.a de la presente pregunta, admitir a trámite como solicitud de
informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y
109 de la Constitución, y trasladar a la Administración Pública
correspondiente, solicitando no obstante a la Sra. Diputada que haga
constar el previo conocimiento de su Grupo Parlamentario, según establece
el citado artículo 7 del Reglamento.
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Marta Martín Llaguno, Diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes, del vigente
Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que se
solicita respuesta por escrito sobre la creación de una zona franca en el
puerto de Alicante.
Exposición de motivos
Desde hace meses existe el debate sobre la necesidad de crear una zona
franca en el puerto de Alicante que permita mejorar la competitividad del
mismo y atraer mayor tráfico de mercancías a este. De hecho, existen
estudios de INECA que detalla con cifras el impacto social y económico
que tendría esta iniciativa.
En relación a lo anterior, se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Se ha evaluado desde el Gobierno la posibilidad de crear una zona
franca para el puerto de Alicante?
2. ¿Existe algún estudio de viabilidad e impacto elaborado desde algún
departamento ministerial al respecto?
a. [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de agosto de 2016.-Marta Martín
Llaguno, Diputada.
184/001182
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
Aislamiento ferroviario de la provincia de Granada.
Acuerdo:
1. En cuanto al último punto de la presente pregunta, admitir a trámite
como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento
de la Cámara y 109 de la Constitución, y trasladar a la Administración
Pública correspondiente, solicitando no obstante a la Sra. Diputada que
haga constar el previo conocimiento de su Grupo Parlamentario, según
establece el citado artículo 7 del Reglamento.
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo previsto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento
del Congreso de los Diputados, doña Ana Belén Terrón Berbel, Diputada del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
plantea al Gobierno la siguiente pregunta con ruego de respuesta por
escrito.
Exposición de motivos
El aislamiento ferroviario al que está sometida la provincia de Granada
desde hace más de 500 días es producto de una mala planificación, de una
descoordinación entre el Ministerio de Fomento y su organismo adscrito
ADIF que ha provocado una desconexión absoluta vía ferroviaria entre
Granada y el resto de provincias de España. No solo afecta al transporte
de pasajeros sino que también se ve afectado el transporte de mercancías
de empresas y comercios granadinos, de sus polígonos industriales y del
Puerto de Motril, puerto de interés general del Estado.
Granada es una ciudad con una historia, un paisaje y un patrimonio únicos
que la han convertido en uno de los destinos turísticos más solicitados a
nivel nacional e internacional. La llegada de la alta velocidad a nuestra
ciudad debía dar por fin solución a los problemas que durante más de un
siglo lleva sufriendo su ciudadanía.
Estudiando el documento que el propio Ministerio de Fomento publicó en el
año 2013 titulado "Nuevo modelo de desarrollo de los corredores de alta
velocidad" se puede comprobar fácilmente como la inversión por habitante
en Granada es de 53,35 euros mientras que en ciudades como A Coruña con
una población similar se invierte una cantidad de 119,28 euros/habitante
o Xátiva con un 90 % menos de habitantes tiene una inversión similar. La
conclusión es que Granada es una de las ciudades en las que menos se va a
invertir para la llegada de la alta velocidad actuando con prisas, con
soluciones improvisadas que no resuelven la problemática existente desde
hace más de un siglo.
El tráfico ferroviario se puede restablecer con carácter urgente e
inmediato. Las obras que actualmente se están llevando a cabo para
adecuar el trazado del ferrocarril en su llegada a la ciudad se deberían
haber planificado correctamente de manera que se hubiese trabajado en
horario nocturno sin la desconexión que está sufriendo Granada desde hace
casi año y medio ya. Según informa ADIF estas obras ya están acometidas
en un 95% por lo que la puesta en marcha del ferrocarril convencional no
se puede retrasar más. No tiene explicación el aislamiento en la vía
Linares-Baeza o la conexión con Murcia y el Levante puesto que en nada se
ve afectado su trazado por la adecuación de la vía a Antequera. El coste
de este aislamiento es muy alto, está suponiendo a la ciudadanía el
transporte por autobús desde la estación de Andaluces de Granada hasta la
estación Santa Ana de Antequera, vendiéndose los billetes a precio AVE y
no a precio del tren convencional por lo que supone un aumento y un
desencanto para la gente a la hora de elegir el ferrocarril como medio de
transporte.
Como solución a los problemas urbanísticos que supone la entrada del
ferrocarril convencional y de alta velocidad a Granada y que no se van a
resolver con las obras que se están llevando a cabo actualmente, se
propone el soterramiento de las vías de acceso a la estación de
Andaluces, de la propia estación y de la playa de vías. Al disponer de
toda esta infraestructura a una cota inferior a la actual se abre la
perspectiva a un nuevo uso del suelo en la zona en la que se encuentran
actualmente, dotando así a la ciudad de nuevos espacios abiertos y de
espacios intermodales en los que confluyan todos los medios de transporte
de la ciudad. Es una apuesta por el transporte público sostenible que
reduzca la emisión de gases de efecto invernadero haciendo de Granada una
ciudad eficiente energéticamente y sostenible, en pro de cumplir uno de
los objetivos marcados en la estrategia Europa 2020.
Por otra parte, el tramo del paso de la alta velocidad por Loja está
paralizado desde hace ya 8 meses tras haber ejecutado la UTE
adjudicataria de empresas aproximadamente el 20% del proyecto. Esta unión
temporal de empresas compuesta por Dragados-Tecsa solicitó un modificado
del proyecto al Ministerio de Fomento por una cantidad que excede del 10%
el precio de adjudicación del contrato por lo que conforme al artículo
107.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP, en
adelante), "la modificación del contrato no podrá alterar las condiciones
esenciales de la licitación y adjudicación y deberá limitarse a
introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a
la causa objetiva que la haga necesaria" y según el artículo 107.3.d) del
TRLCSP "se entenderá que se alteran las condiciones de licitación y
adjudicación del contrato cuando las modificaciones del contrato igualen
o excedan, en más o en menos, el 10 por ciento del precio de adjudicación
del contrato".
Hace unos días se ha conocido que la UTE adjudicataria ha solicitado la
rescisión del contrato por lo que en base al artículo 225.3 del TRLCSP
"cuando el contrato se resuelva por incumplimiento culpable del
contratista, éste deberá indemnizar a la Administración los daños y
perjuicios ocasionados. La indemnización se hará efectiva, en primer
término, sobre la garantía que, en su caso, se hubiese constituido, sin
perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo
que se refiere al importe que exceda del de la garantía incautada" y
asimismo el artículo 223.g) "La imposibilidad de ejecutar la prestación
en los términos inicialmente pactados o la posibilidad cierta de
producción de una lesión grave al interés público de continuarse
ejecutando la prestación en esos términos, cuando no sea posible
modificar el contrato conforme a lo dispuesto en el título V del libro I"
marca la causa de resolución del contrato. Por tanto, es responsabilidad
de la UTE de empresas adjudicataria adoptar las medidas necesarias por
razones de seguridad e indispensables para evitar un grave trastorno al
servicio público, tal y como establece el artículo 225.6 del TRLCSP. Es
por ello que el Ministerio de Fomento como órgano de contratación y
basándose en la Ley, tiene que obligar a la UTE de empresas a llevar a
cabo la reposición, adecuación y limpieza de la vía a su paso por Loja
para restablecer el tráfico ferroviario cuánto antes y así poder abrir la
línea de Granada-Antequera en fechas próximas. No tiene ningún sentido
continuar con esta desconexión absurda a la que Granada está sometida.
La reconexión inmediata es prioritaria en la búsqueda de soluciones para
el paso de la alta velocidad por el Poniente Granadino ya que la
alternativa adoptada por el Ministerio de Fomento de adecuar el trazado
actual no presenta suficientes garantías respecto a la protección de los
acuíferos existentes en la zona o la posible afección ambiental del río
Genazar de Loja que está totalmente desprotegido encontrándose sus
especies autóctonas de flora y fauna a escasos metros de los taludes y
sin ninguna medida de seguridad ambiental por el abandono de las obras.
Es necesario un consenso entre los representantes políticos para unir
fuerzas y conseguir que Granada tenga una llegada de la alta velocidad
como se merece.
Preguntas
Este Grupo Parlamentario desea conocer:
- Fecha de reconexión de las dos líneas ferroviarias que llegan a la
estación de Andaluces en Granada, una dirección Madrid y Levante español
vía Moreda y otra correspondiente a Andalucía Occidental por Antequera
que han estado funcionando durante más de un siglo.
- ¿Cuáles son los motivos concretos para la desconexión desde el 7 de
abril de 2015 del tráfico ferroviario en Granada? ¿En base a qué informes
se adoptó esta decisión?
- Si va a haber comparecencia pública por parte del Presidente de ADIF, el
representante de la UTE Dragados-Tecsa como unión de empresas
adjudicatarias del proyecto de adecuación de la vía y estación
de Loja así como del Secretario de Estado del Ministerio de Fomento
(mientras no haya Ministro/a en funciones designado/a) para dar una
explicación sobre las consecuencias de la solicitud de rescisión del
contrato por parte de la UTE.
- Fechas en las que se va a llevar a cabo la denominada fase II que
implica el soterramiento de las vías de acceso a la estación granadina y
de la propia estación de Andaluces para solucionar el problema existente
durante más de 100 años. Descripción detallada de cómo y cuándo se
ejecutarán los trabajos para mantener el tráfico ferroviario en Granada.
- Acceso a los estudios de viabilidad, informes y proyectos de ejecución
realizados en la Fase I del acceso de la alta velocidad a Granada y de la
adecuación de las vías y estación de Loja.
- [...]
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de agosto de 2016.-Ana Belén
Terrón Berbel, Diputada.
184/001702
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Rufián Romero, Gabriel (GER).
Venta de material de defensa a Arabia Saudí.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Gabriel Rufián Romero del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, formula al Gobierno español las siguientes
preguntas, solicitando su respuesta por escrito.
El 25 de marzo de 2015, una coalición de países encabezada por Arabia
Saudí y formada por Bahrein, Egipto, Jordania, Kuwait, Marruecos, Qatar,
Senegal, Sudán y los Emiratos Árabes Unidos inició una devastadora
campaña militar contra los huzíes, un agente no estatal armado yemení que
se ha hecho con el control de gran parte del territorio de Yemen,
incluida la capital, y ha derrocado al gobierno. Hay indicios crecientes
de que la coalición militar encabezada por Arabia Saudí sigue sin adoptar
todas las precauciones posibles para preservar a la población civil en
medio de los ataques aéreos que está lanzando en todo Yemen.
Además de los bombardeos aéreos, también han causado muertes y heridas
entre la población civil las violaciones del derecho internacional
humanitario cometidas durante los combates terrestres entre el grupo
armado huzí y las fuerzas leales al ex presidente Ali Abdullah Saleh, por
una parte, y los Comités de Resistencia Popular contrarios a los huzíes
por otra; todas las partes del conflicto han lanzado ataques
indiscriminados con morteros, granadas propulsadas por cohetes y
artillería. Amnistía internacional y Human Rights Watch también han
documentado el uso por la coalición encabezada por Arabia Saudí de
municiones de racimo prohibidas internacionalmente.
Según datos oficiales, entre 2011 y el primer semestre de 2015, España
exportó armas a Arabia Saudí por valor de más de 1.100 millones de euros.
En el primer semestre de 2015, cuando la coalición encabezada por Arabia
Saudí ya había iniciado sus operaciones militares en Yemen, el Gobierno
español autorizó la venta a Arabia Saudí de material de defensa por valor
de más de 27 millones de euros, incluida munición por valor de 6,9
millones de euros, bombas torpedos y misiles por importe de 17,3 millones
de euros, 645.00 euros en sistemas de dirección de tiro y aviones
valorados en 2,2 millones. Además, en el primer semestre de 2015, España
exportó armas a Arabia Saudí por valor de más de 447 millones, incluidos
dos aviones de reabastecimiento en vuelo, repuestos y asistencia técnica,
munición, una estación de control remoto para armas y pistolas de uso
deportivo para una empresa particular.
Ha sido en el desarrollo de este conflicto, que un informe de la
consultora de inteligencia ARES (Armament Research Services), en su
Research Report número 6, documenta la utilización de dos armas de
fabricación española como son la arma de infantería C-90 y las granadas
de mano con espoleta de doble retardo electrónica, Alhambra. El informe
concluye a la vez que prueba con documentos gráficos que el uso de ambas
armas ha sido documentado en los enfrentamientos armados acaecidos a lo
largo de la frontera yemení y saudita. Del mismo modo que concluye que
parte de dicho armamento ha caído a manos de las fuerzas huzíes.
Pese a que la última edición del documento de Estadísticas españolas de
exportación de material de defensa, de otro material y de productos y
tecnologías de doble uso (EEEMD), que data de 2014, no contempla ningún
tipo de exportación de productos de defensa al Yemen; sí que contempla la
exportación de productos de defensa por valor de 292, millones, un 9,1 %
del total a Arabia Saudita.
Ambas armas son fabricadas por la empresa Instalaza, con sede en Zaragoza.
La compañía es conocida por la producción de bombas y lanzadores de
cohetes equipando a países de todo el mundo. Empresa en la que el
ministro de Defensa en funciones, el Sr. Pedro Morenés, desempeño las
labores de consejero entre el 26 de agosto de 2005 hasta el 30 de marzo
de 2009. La participación de empresas armamentísticas españolas en este
conflicto, supone un elemento más en la escalada bélica y contribuye, aún
más si cabe, a la imposibilidad de conseguir un cese al fuego y el inicio
de conversaciones de paz.
Es necesario recordar que el Consejo de Seguridad de la Organización de
las Naciones Unidas, en su sesión de 14 de abril de 2015 y encomendado
por el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) en la prestación de
asistencia para la transición política en el Yemen, aprobó la resolución
2216/2015 por la que se establecía un embargo de armas de todos los
Estados Miembros para impedir que de forma directa o indirecta se
suministrasen armas las fuerzas huzíes y las leales al presidente Saleh.
Así pues, el hecho de que una coalición liderada por Arabia Saudita, uno
de los principales clientes armamentísticos del Estado Español, esté
liderando una coalición internacional en el Yemen supone que existe un
riesgo manifiesto de que estas armas acaben en manos de las fuerzas
hutíes o las leales al presidente Saleh, tal como ya ha corroborado el
informe anteriormente citado de ARES.
Además es necesario recordar la aprobación de la Proposición no de Ley
161/000264 (BOCG D-60, de 25/04/2016, pág. 46) en la XI Legislatura, por
la que se pedía, entre otras cosas:
"1. Revocar las autorizaciones de transferencias de armas concedidas desde
el 25 de marzo de 2015 mientras subsista un riesgo sustancial, a tenor de
los datos disponibles, de que las armas se emplearían para cometer o
facilitar que se cometan violaciones graves del derecho internacional de
los derechos humanos y del derecho internacional humanitario o se
desviarían para dicho uso. En ese sentido, denegar las autorizaciones
para transferir armas a las partes del conflicto de Yemen, cumpliendo el
Tratado sobre Comercio de Armas y con el análisis de riesgos de la Junta
Interministerial. Esa prevención sobre el comercio de armas con las
partes en conflicto se deberá mantener mientras se siga teniendo
información de fuentes de fácil acceso y fidedignas, o mientras subsista
un riesgo sustancial a tenor de los datos disponibles, de que las armas
se emplearían para cometer o facilitar que se cometan violaciones graves
del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho
internacional humanitario o se desviarían para dicho uso.
2. Investigar si la coalición encabezada por Arabia Saudí ha utilizado
armas españolas en la comisión de presuntos crímenes de guerra y
violaciones graves del derecho internacional humanitario en los
bombardeos en Yemen.
[...]
6. Adoptar medidas para mejorar el control y la transparencia del comercio
de armas que eviten la venta de armas para cometer violaciones graves del
derecho internacional."
A la vista y tenor de los hechos publicados en el informe de ARES, resulta
evidente que las fuerzas armadas de la coalición liderada por Arabia
Saudita están usando armas de fabricación española que pueden ser usadas,
como ya lo han sido tal como documenta Amnistía Internacional, contra la
población civil y que además corren el serio riesgo de ser capturadas por
fuerzas huzíes sobre las cuales cuelga un embargo de armas del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.
Finalmente, esta transacción armamentística entre el Estado español y
Arabia Saudita, está incurriendo en una vulneración flagrante y
manifiesta del artículo 8 puntos a y d de la Ley 53/2007, de 28 de
diciembre, sobre el control del comercio exterior de material de defensa
y de doble uso, por los que se establecen que determinaran la denegación
de solicitudes de autorización, suspensión o revocación del comercio de
armas.
Por todo ello se formulan las siguientes preguntas:
1. ¿Considera el Gobierno que está cumpliendo con el artículo 8 de la Ley
53/2007, de 28 de diciembre, sobre el control del comercio exterior de
material de defensa y de doble uso?
2. ¿Tiene conocimiento el Gobierno del Estado que parte del armamento
vendido de cohetes C-90 y granadas Alhambra a Arabia Saudita corre el
riesgo de caer en manos de las fuerzas huzíes, sobre las cuales cuelga un
embargo de armas del Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas?
3. ¿Qué medidas de control piensa establecer el Gobierno del Estado para
asegurar que el armamento vendido a Arabia Saudita no será utilizado
contra la población civil ni tampoco será utilizado por las fuerzas
huzíes?
4. ¿Tiene previsto el Gobierno del Estado revisar la política
armamentística en relación a los países en conflicto y especialmente en
relación al Conflicto del Yemen?
5. ¿Va a dejar el Gobierno español de exportar armas y material de doble
uso a Arabia Saudí?
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de septiembre de 2016.-Gabriel
Rufián Romero, Diputado.
184/001738
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo
que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Ruiz Carbonell, Joan (GS).
Estación Ferroviaria de Clasificación en Tarragona.
Acuerdo:
Admitir a trámite, como pregunta al Gobierno y trasladar al mismo a los
efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en
el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al
Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con
el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 6 de septiembre de 2016.-P.D. El
Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Don Joan Ruiz i Carbonell Diputado del Grupo Parlamentario Socialista, en
cumplimiento de sus funciones parlamentarias, presenta las siguientes
preguntas:
- ¿En qué se ha invertido y cuál ha sido el coste, en cada uno de los años
2011, 2012, 2013, 2014 y 2015 en la Estación Ferroviaria de Clasificación
en Tarragona?
