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DS. Senado, Pleno, núm. 92, de 12/12/2018
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 49

celebrada el miércoles, 12 de diciembre de 2018

ORDEN DEL DÍA



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de reconocimiento de la labor y protección de los Jueces, Fiscales y trabajadores del Ministerio de Justicia. 671/000103 Cataluña; Estado de Derecho; autonomía; jurisdicción superior; profesión jurídica GPP


MOCIONES

Moción por la que el Senado ratifica su compromiso con la defensa de la Constitución en el 40 aniversario de su aprobación y con la defensa de la unidad de España e insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con el orden constitucional. 662/000140 Constitución; conmemoración GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la conexión a Internet de alta velocidad, con especial incidencia en zonas rurales, pequeñas poblaciones y áreas de baja densidad demográfica. 662/000141 Internet; región rural GPP


Moción por la que se manifiesta la posición del Senado sobre la Jefatura del Estado y se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas en relación con la misma. 662/000139 jefe de Estado; política gubernamental GPMX


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (Alicante/Alacant) y Pueblos de su Marco. 622/000027 Derecho consuetudinario; Orihuela (Alicante/Alacant); gestión del agua; jurisdicción judicial; protección del patrimonio GPMX


Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Tribunal del Comuner o del Rollet de l'Horta de Aldaia (Valencia/València). 622/000028 Aldaia (Valencia/València); Derecho consuetudinario; gestión del agua; jurisdicción judicial; protección del patrimonio GPMX


DICTÁMENES DE COMISIONES

Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género. 624/000011 consenso político; ley orgánica; modificación de la ley; poder judicial; violencia doméstica Justicia


Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 624/000012 ley orgánica; modificación de la ley; poder judicial Justicia

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE RECONOCIMIENTO DE LA LABOR Y PROTECCIÓN DE LOS JUECES, FISCALES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. 671/000103 GPP

La señora Muñoz de la Iglesia defiende la moción.

El señor Navarrete Pla defiende las seis enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa del señor Mulet García y del propio señor Navarrete Pla.

El señor Comorera Estarellas defiende las cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Muñoz de la Iglesia expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen el señor Alegre Buxeda, el señor Navarrete Pla y la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Estradé Palau, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Comorera Estarellas, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Muñoz de la Iglesia, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 243; a favor, 148; en contra, 20; abstenciones, 75.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO RATIFICA SU COMPROMISO CON LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN EN EL 40 ANIVERSARIO DE SU APROBACIÓN Y CON LA DEFENSA DE LA UNIDAD DE ESPAÑA E INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL ORDEN CONSTITUCIONAL. 662/000140 GPP

El señor Pérez Pastor defiende la moción.

El señor Mulet García defiende las veintiséis enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por iniciativa de este senador y del señor Navarrete Pla.

La señora Julios Reyes defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

El señor Antich Oliver defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Pérez Pastor expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen el señor Mulet García y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Pascal Capdevila y el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Castel Fort, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Espinar Merino, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Antich Oliver, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Pérez Pastor, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 244; a favor, 144; en contra, 42; abstenciones, 58.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA CONEXIÓN A INTERNET DE ALTA VELOCIDAD, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN ZONAS RURALES, PEQUEÑAS POBLACIONES Y ÁREAS DE BAJA DENSIDAD DEMOGRÁFICA. 662/000141 GPP

La señora Clemente Muñoz defiende la moción.

El señor Navarrete Pla defiende las seis enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa del señor Mulet García y del propio señor Navarrete Pla.

El señor Arrieta Arrieta defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora Nasarre Oliva defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Clemente Muñoz expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la número 2 del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por iniciativa del señor Mulet García y el señor Navarrete Pla.

En turno de portavoces intervienen el señor Navarrete Pla y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Azamar Capdevila, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Arrieta Arrieta, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Nasarre Oliva, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Serrano Argüello, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con la incorporación de la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por iniciativa del señor Mulet García y el señor Navarrete Pla, con el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 246; a favor, 149; en contra, 88; abstenciones, 9.



MOCIÓN POR LA QUE SE MANIFIESTA LA POSICIÓN DEL SENADO SOBRE LA JEFATURA DEL ESTADO Y SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA MISMA. 662/000139 GPMX

El señor presidente informa a la Cámara de que han sido inadmitidas las enmiendas 2 a 17, del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por iniciativa del señor Navarrete Pla y el señor Mulet García.

El señor Iñarritu García defiende la moción.

El señor Mulet García defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de este senador y del señor Navarrete Pla.

La señora Domínguez de Posada Puertas defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de esta senadora.

El señor Iñarritu García expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa del señor Navarrete Pla y el señor Mulet García.

En turno de portavoces intervienen el señor Mulet García, la señora Domínguez de Posada Puertas y el señor Iñarritu García, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Ayats i Bartrina, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Mora Grande, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Lima Cid, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Lucas Giménez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 41; en contra, 202; abstenciones, 5.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA (ALICANTE/ALACANT) Y PUEBLOS DE SU MARCO. 622/000027 GPMX


PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL TRIBUNAL DEL COMUNER O DEL ROLLET DE L'HORTA DE ALDAIA (VALENCIA/VALÈNCIA). 622/000028 GPMX

Por acuerdo de la Junta de Portavoces, se procede a un debate conjunto.

El señor Navarrete Pla defiende la toma en consideración de las dos proposiciones de ley.

En turno de portavoces intervienen el señor Navarrete Pla, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Picornell Grenzner, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Jiménez García, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Lerma Blasco, por el Grupo Parlamentario Socialista, y las señoras Pedrosa Roldán y Torrado de Castro, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, SOBRE MEDIDAS URGENTES EN APLICACIÓN DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 624/000011 Justicia

El señor Altava Lavall, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate del articulado.

El señor Navarrete Pla defiende las enmiendas 1 a 4, presentadas por el señor Mulet García y el propio señor Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Comorera Estarellas defiende las enmiendas 5, 7 a 11 y 20, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno en contra interviene la señora Lima Cid, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno a favor hace uso de la palabra la señora Camarero Benítez.

En turno de portavoces intervienen el señor Navarrete Pla y la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura y el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Etxano Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Pérez Esteve, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Freixanet Mateo, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Berja Vega, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Tortonda Gordillo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. 624/000012 Justicia

El señor Altava Lavall, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

En turno a favor, hace uso de la palabra la señora Ayala Santamaría.

En turno de portavoces interviene la señora Fernández Muñoz, por el Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza el debate del articulado.

El señor Navarrete Pla defiende las enmiendas 3 a 6, 8 a 11, 13 a 16 y 18, presentadas por este senador y el señor Mulet García, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Marcos Arias defiende las enmiendas 70 a 96, 99 y 102 a 109, de este senador, el señor Alegre Buxeda, el señor Crisol Lafront y la señora Roldán Suárez, del Grupo Parlamentario Mixto.

La señora Julios Reyes defiende las enmiendas 21 a 24, 27, 28, 30 y 31, de esta senadora y el señor Rodríguez Cejas, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

El señor Bagué Roura defiende las enmiendas 33 a 42, del señor Cleries i Gonzàlez y el propio señor Bagué Roura, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

El señor Estradé Palau defiende las enmiendas 43 a 45, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

El señor Comorera Estarellas defiende las enmiendas 46, 49, 51 a 53, 55, 56 y 68, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora Fernández Muñoz defiende la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 112 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y por la incorporación de una nueva disposición transitoria relativa al proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Rodríguez Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Navarrete Pla, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Estradé Palau, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Comorera Estarellas, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Fernández Muñoz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Ayala Santamaría, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA (ALICANTE/ALACANT) Y PUEBLOS DE SU MARCO. (Votación). 622/000027 GPMX

El señor presidente informa a la Cámara de que ha sido autorizado para votar telemáticamente el senador Mateos Yuste, que ha emitido su voto en sentido favorable.

Se procede a votar.

Se aprueba la toma en consideración, con el siguiente resultado: presentes, 247 más 1 voto telemático, 248; votos emitidos, 247 más 1 voto telemático, 248; a favor, 247 más 1 voto telemático, 248.



PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL TRIBUNAL DEL COMUNER O DEL ROLLET DE L'HORTA DE ALDAIA (VALENCIA/VALÈNCIA). (Votación). 622/000028 GPMX

El señor presidente informa a la Cámara de que ha sido autorizado para votar telemáticamente el senador Mateos Yuste, que ha emitido su voto en sentido favorable.

Se procede a votar.

Se aprueba la toma en consideración, con el siguiente resultado: presentes, 248 más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a favor, 248 más 1 voto telemático, 249.



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, SOBRE MEDIDAS URGENTES EN APLICACIÓN DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Votación). 624/000011 Justicia

Se procede a votar.

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes de la proposición de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto de la proposición de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Votación). 624/000012 Justicia

Se procede a votar.

Se aprueban las enmiendas 84 y 102 a 104, del Marcos Arias, el señor Alegre Buxeda, el señor Crisol Lafront y la señora Roldán Suárez, del Grupo Parlamentario Mixto.

Se aprueba la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 112 del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y por la incorporación de una nueva disposición transitoria relativa al proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Se aprueba la propuesta de modificación con número de registro número 137551.

Se aprueban, en un solo acto, aquellas partes de la proposición de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Se aprueba, en un solo acto, el resto de la proposición de ley.

El señor presidente informa de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas y veinte minutos.

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE RECONOCIMIENTO DE LA LABOR Y PROTECCIÓN DE LOS JUECES, FISCALES Y TRABAJADORES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA. 671/000103 GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado once enmiendas: seis del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete, cuatro del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y una del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra por tiempo de cinco minutos la senadora Muñoz.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, señor presidente.

Como sus señorías saben, este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, está horrorizado por cómo se está tratando por parte del Gobierno a la justicia y a los profesionales que trabajan en ella, pero, sobre todo, por parte de la que es, incomprensiblemente todavía, ministra de Justicia, Dolores Delgado. Porque, fíjense, señorías, ¿saben ustedes quién es la única ministra que todavía no ha comparecido en esta Cámara de los diecisiete ministros que hay? La ministra de Justicia. Fíjense, la triplemente reprobada ministra de Justicia, la ministra que más ha mentido, la ministra que más explicaciones tiene que dar es la única ministra que todavía no ha comparecido en esta Cámara.

Nosotros no entendemos ni compartimos, y desde luego llevamos meses denunciándolo, las presiones que se hacen a jueces y fiscales por parte del Gobierno cuando se pone en tela de juicio su trabajo o la dejación de funciones de este Gobierno, que no protege a los jueces y fiscales en Cataluña de las amenazas, coacciones, ataques y señalamientos por parte de los radicales nacionalindependentistas. Estamos denunciando la utilización de la Abogacía del Estado con fines partidistas; estamos denunciando las coacciones y amenazas a jueces y fiscales si osan protestar contra una ministra que lleva cinco meses en el cargo; estamos denunciando la inacción de una ministra que se niega, y no entendemos por qué, a pagar los siete millones de euros contemplados en los Presupuestos Generales del Estado para pagar a jueces, fiscales y letrados.

Hemos presentado preguntas orales, preguntas escritas, hemos preguntado al secretario de Estado y hemos interpelado a la ministra, y nunca contestan nada. Al secretario de Estado, que hace unas semanas compareció en la Comisión de Justicia, le pregunté por las medidas que pensaba tomar el Gobierno socialista para evitar la huida de jueces y fiscales de Cataluña —en lo que va de año se han ido más de 50—, y lo que me contestó el secretario de Estado es que el Gobierno no considera que haya una huida de jueces y fiscales, pero que sí tienen pensada y programada alguna visita a Cataluña para que vean que el Gobierno está en Cataluña. ¡Hombre, señorías! Me imagino a la ministra de Justicia cogiendo el AVE, yendo a Cataluña, les da una palmadita en la espalda y para Madrid otra vez. Pero los que se quedan allí siendo señalados, y viendo cómo son señaladas sus familias, son los jueces y fiscales.

En la interpelación de hace unas semanas, de la que es consecuencia esta moción, le hablé a la ministra de todo esto. De todo esto le hablé a la ministra: le traje frases y citas textuales del Gobierno presionando a jueces y fiscales, le traje pruebas de sus reiteradas mentiras en esta Cámara y también en los medios de comunicación; traje comunicados de asociaciones de jueces y fiscales denunciando la dejación de funciones del Gobierno, traje comunicados de asociaciones de jueces y fiscales que denunciaban las amenazas por haber ido a la huelga. ¿Y saben lo que me contestó? Por el fragor del debate no me acordaba exactamente de qué es lo que me había dicho, por lo que me fui al Diario de Sesiones para ver exactamente, de todo lo que yo le hablé, qué me contestó. ¿Y saben sus señorías qué me contestó la ministra de Justicia? Me habló de la supuesta descomposición del PP —claro, esto unos días antes de ver lo que pasó en las elecciones de Andalucía—; me habló de los mensajes que nos mandamos en el PP, de la corrupción, de las propuestas que el PP lleva al Congreso de los Diputados, que parece que no le gustan a la señora ministra; nos habló de Rajoy, nos habló de Casado, nos habló de los grupos de comunicación que tenemos en el PP; me llamó frívola y me dijo que yo no tenía fundamento. Tengo que reconocerles que ya estoy acostumbrada a que la señora ministra me insulte cada vez que no tiene argumentos o que afloran sus inseguridades.

Pero de todo lo que yo le dije en los diez minutos de exposición, no me comentó nada. En cuanto a las mentiras, entiendo que no venga a decir: Sí, mentí. Entiendo que no diga nada, pero de pagar los siete millones de euros a jueces, fiscales y letrados no habló nada; de las coacciones que está emitiendo el Gobierno con sus declaraciones no dijo nada; de pagar a la abogacía el turno de oficio como hacía el Partido Popular mes a mes no habló. No habló de nada de eso, no habló de nada, y es muy difícil que esta señora se dedique a lo suyo si se dedica solamente a pensar en el PP. Parece que sueña con el PP, y la ministra tiene que trabajar por la justicia de este país, no por el PP.

Por eso presentamos esta moción, señorías. Una moción que tiene peticiones más que razonables para todos aquellos que defiendan un poder judicial independiente y que no esté coaccionado por los radicalnacionalistas en Cataluña; una moción que viene a decir que hay que abonar los siete millones de euros que se destinaron en los Presupuestos Generales del Estado, que se cumpla con pagar mes a mes a la Abogacía del Estado, proteger con eficacia a jueces y fiscales destinados en Cataluña y respetar los derechos laborales de los trabajadores de Justicia que se han visto amenazados por intentar ir a una huelga.

Nadie que quiera una justicia independiente puede decir que no a esta moción. Por lo tanto, vamos a ver qué pasa, señorías.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Senyories, des de Compromís hem presentat sis esmenes. Ja que el grup proponent fa una barreja de conceptes en l’exposició de motius i en les propostes posteriors, nosaltres també ho fem, i esperem que aquesta vegada no ens diguen aquella cosa tan sofrida de «no va con el tema de la Moción». Perquè, senyories del Partit Popular, vostés barregen, per exemple, protecció de jutges i fiscals davant de les pressions amb drets laborals dels funcionaris de justícia. Per tant, això és un totum revolutum, que nosaltres també hem aprofitat per a presentar esmenes que siguen també una mica totum revolotum.

En l’exposició de motius diuen vostés coses com que es posa en dubte el treball dels jutges i fiscals quan es parla d’indults als presos del Procés. Vostés, el Partit Popular, de veritat diuen coses com les que veiem consultant l’hemeroteca? Coses com: «El PP arremete contra el juez de la Audiencia Nacional y contra el PSOE», «El Partido Popular lanza dudas sobre la parcialidad de un magistrado por dictar el auto sobre Pedro Antonio Sánchez» o «El PP critica al juez por tomar decisiones basándose en prejuicios». Qué mala es la hemeroteca. Resulta curiós que vostés ara acusen a la resta de pressions.

Diuen també, en la seua exposició de motius, el canvi de criteri de l’advocacia de l’estat o les pressions als jutges de Catalunya davant del Procés, o la falta de recolzament al Magistrat Llarena davant dels atacs rebuts.

Fins aquí, no tindrien res a dir, perquè seria una moció més del Partit Popular que ens té habituats, plenari sí i plenari també, a parlar-nos de la unitat d’Espanya, de Catalunya, de Veneçuela, de Cuba, etcètera. Tot molt interessant, però no sé si el que els espanyols voldrien com a debat en aquesta cambra de representació territorial. Però en un quiebro que ni Messi faria també, intercalen en l’exposició de motius la vaga dels jutges i fiscals i els incompliments del Govern dels seus compromisos amb els jutges i fiscals.

Per tot això, nosaltres també hem aprofitat per a fer esmenes que vagen en un totum revolotum. La primera esmena demana estudiar i obrir un procés de negociació amb les organitzacions sindicals del sector, en el marc d’un procés de millora de les retribucions dels cossos al servei de l’administració de justícia, en set punts, els quals diuen el que demanem. Tots ells estan consensuats amb algunes centrals sindicals que ens van vindre a demanar expressament que aprofitéssem que el Pisuerga pasa por Valladolid i féssem aquestes esmenes en aquesta moció.

La segona esmena demana harmonitzar les retribucions dels cossos al servei de l’administració de justícia a les comunitats autònomes i els cossos funcionarials administrats pel Ministeri, perquè hi ha un desequilibri força evident.

La tercera esmena demana establir uns mecanismes d’especialització i formació en els jutjats de violència sobre la dona amb complements retributius específics que incentiven la permanència d’aquest personal en aquests jutjats.

La quarta demana incrementar el complement retributiu d’insularitat a les Illes Balears fins a igualar-lo al de les Illes Canàries.

La cinquena demana estudiar les problemàtiques que tenen els jutges i magistrats de totes les comunitats autònomes, no en Catalunya, els seus requeriments de trasllats, i activar, si és necessari, una coordinació en un pla integral de prevenció i millora dels jutges i magistrats, perquè així sàpiguen que tenen un suport de l’administració i sapiguem quins problemes tenen i per què volen demanar el trasllat, com deia abans, no només a la Comunitat Autònoma de Catalunya, sinó a altres comunitats autònomes.

La sisena demana iniciar —perquè creiem que fa falta— un procés de diàleg sincer, obert i clar amb les forces socials i polítiques de Catalunya per a tractar de normalitzar la situació actual, perquè el «y tú más» i «jo ho faig millor» i «jo no em moc d’aquesta posició» no soluciona absolutament res. Per tant, caldria fer un procés obert, sincer i que no tanqués les portes a cap tipus d’expectativa ni de mesura.

Totes aquestes esmenes esperem que siguen acceptades pel grup proponent, tant les de caràcter laboral, perquè aprofitem que vostés en demanen de caràcter laboral, com les de caràcter social, que és la negociació amb la gent de Catalunya, perquè resulta evident que alguna cosa s’ha de fer. Si vostés comproven que cada vegada que fan la mateixa acció, provoquen la mateixa reacció, tal volta hauríem de fer altres coses. Per tant, esperem que accepten aquestes esmenes, tot i que sóc bastant escèptic, perquè ja vam tindre una xerrada ahir i crec que no l’hauré convençut en aquest petit discurs que he fet avui. Però a l’espera estem. Espero que no se situen en la posició d’enrocament, que dialoguen una miqueta més i que ens les accepten.

Moltes gràcies.

Señorías, Compromís ha presentado seis enmiendas. Ya que el grupo proponente hace una mezcla de conceptos en la exposición de motivos y en las propuestas posteriores, nosotros también lo hemos hecho, y esperemos que esta vez no nos digan eso tan sufrido de que no va con el tema de esta moción.

Señorías del Partido Popular, ustedes mezclan protección a los jueces y fiscales ante las presiones con derechos laborales de los funcionarios de Justicia. Esto es un totum revolutum que hemos aprovechado para, también, presentar nuestras enmiendas.

En la exposición de motivos dicen cosas como que se pone en duda el trabajo de jueces y fiscales cuando se habla de indultos a los presos del proceso y ustedes, en el Partido Popular, dicen cosas —hemos consultado la hemeroteca— como que el PP arremete contra el juez de la Audiencia Nacional y contra el PSOE, que el Partido Popular lanza dudas sobre la parcialidad de un magistrado por dictar un auto sobre Pedro Antonio Sánchez o que el PP critica al juez por tomar decisiones basándose en prejuicios, etcétera. ¡Qué mala es la hemeroteca! Resulta curioso que ustedes ahora acusen de presiones al resto.

Hablan también en su exposición de motivos sobre el cambio de criterio de la Abogacía del Estado, sobre las presiones a los jueces de Cataluña ante el proceso o de la falta de apoyo al magistrado Llarena por los ataques recibidos.

Hasta aquí no tendríamos nada que decir porque es una moción más del PP, a las que nos tienen habituados Pleno sí y Pleno también, para hablar sobre la unidad de España, de Cataluña, de Venezuela, etcétera. Esto es muy interesante, pero no sé si los españoles lo que más quieren es que hablemos de esto en esta Cámara de representación territorial. Pero en un quiebro que ni Messi haría tan bien, intercalan en la exposición de motivos la huelga de jueces y fiscales y los incumplimientos del Gobierno en sus compromisos con estos.

Nosotros también hemos aprovechado para presentar unas enmiendas que suponen un totum revolutum. La primera es para abrir un proceso de negociación con las organizaciones sindicales del sector en el marco de un proceso de mejora de las retribuciones de todos los cuerpos de la Administración de Justicia. (Pausa en la interpretación). Todo ello concentrado en unas centrales sindicales.

La segunda enmienda pide armonizar la retribución de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia en las comunidades autónomas y de los cuerpos funcionariales del ministerio, pues resulta que hay un desequilibrio muy evidente. (Pausa en la interpretación).

En la cuarta solicitamos incrementar el complemento retributivo de insularidad en las islas hasta igualarlo con el de las Islas Canarias.

En la quinta proponemos estudiar las problemáticas de los jueces y magistrados en todas las comunidades autónomas, no solo en Cataluña, así como sus requerimientos de traslado y, si fuera necesario, activar una coordinación en un plan integral de prevención y mejora de jueces y magistrados para que sepan que cuentan con el apoyo de la Administración y conocer de este modo qué problemas tienen y por qué quieren pedir estos traslados no solo en Cataluña, insisto, sino también en otras comunidades.

En la sexta enmienda se propone iniciar un diálogo —pues creemos que es necesario— sincero, abierto y claro con las fuerzas sociales y políticas de Cataluña para intentar normalizar la situación actual, porque el tú más y yo lo hago mejor y no me muevo de esta posición no soluciona absolutamente nada. Por tanto, deberíamos iniciar un diálogo sincero, pues lo demás no nos lleva a ningún lado ni a tomar ninguna medida.

Esperamos que todas estas enmiendas que hemos presentado sean aceptadas por el grupo proponente, tanto las de carácter laboral —puesto que ustedes hablan de temas laborales— como las de carácter social y de negociación con Cataluña, pues resulta evidente que hay que hacer algo. Si ustedes comprueban que cada vez que hacen lo mismo provocan la misma reacción, seguramente deberían hacer otras cosas. Por lo tanto, esperamos que acepten estas enmiendas, aunque soy bastante escéptico, porque en la charla que mantuvimos ayer no pudimos convencerles con nuestro discurso. No obstante, estamos a la espera. Confiamos en que no se queden en esta posición de enrocamiento y que dialoguen un poco más para que así podamos avanzar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navarrete.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.

Bon dia. Una moción sobre justicia del Partido Popular y el senador portavoz del wasap, el de controlar la sala segunda por detrás, sigue sin dimitir. Esa es su credibilidad para hablar sobre la justicia.

La interpelación de la que trae causa esta moción decía así: Interpelación sobre las declaraciones de los miembros del Gobierno que intentan influir en el tribunal de la causa del proceso independentista y, sin embargo, en su moción nos traen cuatro puntos que no tienen ninguna relación con el título de la interpelación, lo que por sí mismo debería haber supuesto, en nuestra opinión, la inadmisión a trámite de la moción, conforme a lo dispuesto en el apartado segundo de la norma supletoria, de fecha de 30 de noviembre de 1993, sobre tramitación de mociones consecuencia de interpelación.

Como es habitual en el grupo proponente, vuelven a mezclar Cataluña con compromisos retributivos para así instrumentalizarlos, en este caso, en relación con los operadores jurídicos, igual que ya hicieron con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; unos compromisos retributivos a los que dedican cinco líneas en la exposición de motivos. Lo demás, que si indultos, que si la calificación de la Abogacía del Estado, los ataques a jueces y fiscales en Cataluña, si el Ministerio de Justicia defendió o no defendió lo suficiente al juez Llarena, es decir, la cantinela que nos traen cada Pleno.

Ustedes utilizan de relleno lo que sea en sus mociones para acabar hablando de Cataluña, de la causa del procés y de los independentistas; lo hacen en cada Pleno para seguir con la crispación, para que no se apague, porque, por lo visto, les va bien para sus cálculos electorales. Y ya les anticipo, para que no vayan por ahí, que nuestro grupo condena y rechaza cualquier amenaza, pintada o ataques personales contra jueces y fiscales que ejercen dignamente su labor, sea en Cataluña, en el Campo de Gibraltar o en la Audiencia Nacional. Pero no dibujen escenarios catastrofistas que no se corresponden con la realidad, haciendo creer que en Cataluña los jueces se enfrentan en su día a día a una situación insoportable de coacciones y amenazas.

Como ustedes han convertido en otra cosa una moción que, en teoría, hablaba de la intención del Gobierno de influir en el tribunal de la causa del proceso independentista, la mayoría de nuestras enmiendas inciden en hablar de las reclamaciones de los operadores jurídicos. Porque si hablamos de condiciones difíciles para ejercer su función, la principal es la que tienen que sufrir jueces y fiscales por la carga de trabajo que sufren, algo a lo que, por cierto, su partido no para de contribuir con casos de corrupción.

Por ello, nuestra primera enmienda de sustitución del punto tres reclama mejorar esas condiciones para que puedan ejercer sus funciones modernizando la Administración de Justicia, y ello debido a la falta de medios personales y materiales fruto de años de recortes y de desinterés por dotar convenientemente a la Administración de Justicia, el patito feo de los poderes del Estado, el que a ningún Gobierno le ha interesado que funcione como debiera. Además, solicitamos que se refuerce la independencia judicial y la autonomía del Ministerio Fiscal.

La enmienda número dos sustituye al punto cuatro eliminando lo de las coacciones y amenazas a los trabajadores del Ministerio de Justicia. No sabemos a qué viene eso de las coacciones y amenazas a los trabajadores del Ministerio de Justicia, pero si existen y ustedes lo saben, les recomiendo que vayan ahora mismo al juzgado de guardia a denunciarlas en vez de escribirlo en una moción.

La tercera enmienda es para instar a la inmediata derogación de los plazos máximos de instrucción de las causas penales del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata de una reclamación prácticamente unánime de todos los operadores jurídicos.

El pasado 6 de diciembre no solo celebramos el 40 aniversario de la Constitución, sino también el inicio de la vía de impunidad de graves delitos, particularmente los de corrupción, al vencer el plazo máximo de vencimiento de las prórrogas de las causas complejas para instruir las causas incoadas antes de su entrada en vigor. Y todo ello gracias a esa inútil reforma del Partido Popular, cuya derogación detiene en bloque, junto a sus socios naranjas, en el Congreso de los Diputados, por la vía de la fijación y ampliación de los plazos de enmiendas —54 veces para una reforma que tiene doce palabras—.

A los jueces y fiscales hay que permitirles y no impedirles perseguir los delitos con medios adecuados y sin medidas legales que puedan favorecer la impunidad de los presuntos delincuentes. Esa es la mejor manera de protegerlos con eficacia.

Y, finalmente, dejen de trasladar al sistema judicial conflictos que deben resolverse desde la política. Si ustedes creen que trayendo a cada Pleno del Senado una moción instando al Gobierno a emprender acciones relativas a Cataluña, y así piensan que van a convencer a los dos millones de personas que ya han desconectado de España y a apaciguar el conflicto catalán, están muy equivocados. Pero está claro que eso no les interesa.

Les pedimos que dejen de canalizar por la vía policial o judicial un conflicto que es político, irresoluble policial o judicialmente. Hoy se lo repetimos. Dejen la confrontación, la bronca, el ruido...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Termino.

Desinflamemos ya de una vez y busquemos una salida constructiva, responsable y democrática al conflicto, que para eso estamos los políticos. Esa debería ser nuestra función.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. El Grupo Socialista presenta una enmienda de modificación a su punto número 3 porque consideramos que hacer política con los tribunales, hacer política desde los tribunales, solo crea más problemas. Son el Ministerio del Interior y la consellería, señorías, los que tienen que llevar a cabo las actuaciones y las labores necesarias para garantizar la seguridad no solo de los edificios judiciales, sino también de los jueces, magistrados, fiscales y del resto del personal de la Administración de Justicia para que puedan desempeñar sus funciones con dignidad, tranquilidad y libertad. Pero nos gustaría dejar clara una cosa. Este Gobierno comenzó su andadura hace poco más de seis meses. Durante los últimos siete años han gobernado ustedes, que yo sepa, y tenemos la impresión de que la situación planteada en su iniciativa viene produciéndose bastante antes de que tuviera lugar la moción de censura. Esto no lo digo yo, lo dicen también el Consejo General del Poder Judicial y el propio Tribunal Superior de Justicia de Cataluña al indicar que las actitudes de acoso y los escenarios no propicios se vienen dando desde hace unos años. Sin embargo, yo a ustedes no les he oído nunca poner de manifiesto esta situación, y mucho menos tomar ninguna de las medidas que ahora exigen al Gobierno de Pedro Sánchez. No les he oído nunca decir eso.

Los socialistas, señorías, deslegitimamos los discursos que arremeten contra los jueces de Cataluña y sus familias; los socialistas condenamos los ataques que se han realizado contra algunas sedes judiciales; los socialistas condenamos el acoso y el menosprecio a la justicia en Cataluña, pero también les pedimos que dejen a los jueces hacer su trabajo, que no les pongan en el ojo del huracán para hacer su política o por un puñado de votos. Dejen que los conflictos políticos se resuelvan políticamente, y a los jueces déjenles fuera del debate político, que los problemas de seguridad se resuelvan por quien tiene la obligación y tiene la competencia para resolverlos.

¿O que ustedes están hablando de otra cosa?, ¿están hablando de otros estímulos?, ¿están hablando de un régimen retributivo?, ¿están hablando de equiparar a los jueces de Cataluña con los colectivos vascos en Euskadi o en Navarra cuando vivíamos bajo el terrorismo de ETA? ¿Están hablando de eso, verdad?

Yo llevo varios días oyendo a su nuevo jefe hablando de la kale borroka catalana y de la aplicación del 155 de la Constitución. Señorías, solo les puedo decir que con esto no se frivoliza, y se lo dice un senador vasco que ha vivido doce años escoltado. En el último periodo, entre los años noventa y el 2011, el cuerpo de la Ertzaintza, por ejemplo, y sus familias sufrieron 23 atentados directos y 1335 acciones de violencia callejera, de kale borroka en Euskadi. Comercios, entidades bancarias, empresas, oficinas de correos, estaciones de tren, batzokis o casas del pueblo sufrían ataques cada tres días por la kale borroka. Jueces, fiscales, periodistas, empresarios o políticos sufríamos en Euskadi la presión de la kale borroka, nosotros y nuestras familias. Por eso, les pido que no banalicen con la violencia callejera. Una cosa es levantar barreras de la autopista o tirar estiércol en los juzgados y otra son los cócteles molotov y las bombonas de camping gas en las puertas de los domicilios.

Ahora que en Euskadi los jueces han recuperado la normalidad, no predispongan a Cataluña a una situación similar, porque una cosa es meter miedo y otra la guerrilla urbana. De ahí nuestra enmienda para que el Ministerio del Interior, las fuerzas de seguridad en Cataluña y las fuerzas de seguridad del Estado sigan haciendo su trabajo; para que el Gobierno y el propio Ministerio de Justicia sigan reconociendo la encomiable labor que realizan los jueces y fiscales ante la tensión existente; para que se mantengan los escenarios propicios y los jueces desarrollen su labor con la serenidad necesaria, como ha pedido el propio presidente del Tribunal de Justicia en Cataluña.

Señorías, es indecente apelar a Eslovenia a estas alturas, pero también es indecente y poco procedente crear una alarma social con la kale borroka y la batalla urbana actuando sobre la judicatura. Bastante agitada está la situación por el desafío soberanista para que incluyan a los jueces en un debate que no traería nada bueno.

Señorías del Partido Popular, se lo digo por experiencia: la mecha se enciende muy rápido, pero en apagar el incendio se tarda mucho.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Tiene la palabra la senadora Muñoz para indicar si acepta o no las enmiendas.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Señor Navarrete, sabíamos perfectamente cuál iba a ser la posición de su grupo porque hablé ayer con usted. Hay algunas de las enmiendas, por ejemplo la tres, la cuatro y la cinco que ya le dije que podrían ser fruto de otra moción y que, en ese caso, podríamos trabajar y hablar sobre ellas.

En la enmienda número 6 ustedes hablan de iniciar un proceso de diálogo, proceso que lleva mucho tiempo abierto pero que no está recogiendo sus frutos porque algunos no quieren dialogar, algunos quieren simplemente hacer lo que ellos quieren hacer, lo que creen que están destinados a conseguir. Por lo tanto, como le avanzaba ayer, vamos a votar en contra de todas las enmiendas.

Señor Comorera, que Podemos hable de cinismo al Partido Popular, ustedes que son los del chalet, los que pagan en B a la gente que trabaja en casa, ustedes que son los que azotarían hasta hacer sangrar a la gente, que ustedes hablen de cinismo..., a mí me parece increíble; de verdad, señor Comorera, de verdad. (Aplausos).

Yo entiendo su posición. Ustedes siempre están ahí en la equidistancia, siempre más hacia un ladito que hacia otro. Bueno, pues ustedes sabrán lo que hacen, ustedes sabrán cuál es su postura.

En su última enmienda hablan de no trasladar al sistema judicial los conflictos, ese mantra que repite Podemos continuamente de que se está judicializando la política. En España la política no está judicializada, en España hay políticos que tienen problemas judiciales, que es diferente. Es lo que tiene intentar dar un golpe al Estado, que luego tienes problemas judiciales. Es que claro, usted está hablando de unas cosas...

Señor Rodríguez Esquerdo, precisamente usted, por todo lo que aquí nos ha relatado y que todos conocemos, es el que debería estar alertando al Gobierno socialista sobre lo que está empezando a pasar en Cataluña (El señor Rodríguez Esquerdo: ¡Cuidado!). ¿Cuidado? Claro que sí, mucho cuidado. Por eso usted debería empezar a hablar con el Gobierno socialista.

¿Ustedes han visto los vídeos de este fin de semana, de vecinos aterrorizados gritando desde los balcones porque las calles estaban tomadas por radicales nacionalindependentistas y su Gobierno estaba exigiendo a las fuerzas de seguridad que no hiciesen absolutamente nada? ¿Usted ha visto eso? A usted igual no le da miedo, pero a mí sí, a mí me da miedo que eso pase en territorio español.

Ustedes nos plantean una enmienda que dice: seguir protegiendo, pero para seguir protegiendo a jueces y fiscales ustedes deberían estar haciéndolo, y no lo están haciendo. Yo no culpo al Gobierno socialista de que los jueces huyan de Cataluña, les culpo de inacción, de no hacer nada para evitarlo, pero lo hacemos yo y el Consejo General del Poder Judicial. No solo es el Partido Popular, es el Consejo General del Poder Judicial el que ha emitido un comunicado el 7 de diciembre reclamando a su Gobierno y al Gobierno de la Generalitat que les protejan. No es el Partido Popular, el Partido Popular hace de altavoz del Poder Judicial porque ustedes no le escuchan.

Por lo tanto, señor Esquerdo, no venga aquí a hacer un discurso poniendo al Partido Popular a la altura de los radicales. No fuimos nosotros los que este fin de semana cortábamos las autopistas y poníamos en riesgo la seguridad de los ciudadanos. No sea usted de los equidistantes que ponen a unos y a otros en el mismo lugar porque no es cierto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Senadora Muñoz, a mí me hubiera gustado, y se lo digo sinceramente, que esta moción hubiera llevado en su argumentación un solo punto, el tercero. Me hubiera gustado que se hubiera limitado a ese punto y no hubiera mezclado, porque creo que la situación que se está viviendo en mi tierra no es nueva, no es de esta semana pasada. No hay que olvidar que el año pasado el propio presidente del TSJ, como consecuencia de la aprobación de las leyes de desconexión por los señores golpistas que gobiernan en Cataluña —y digo golpistas—, tuvo que pedir auxilio a la Policía Nacional porque se sentían desprotegidos con los Mossos d’Esquadra. Y se cambió la guardia del Palacio de Justicia, de los Mossos a la Policía Nacional, porque no sentían garantizada su seguridad con las instrucciones que había dictado el Gobierno golpista.

Me sabe mal que usted hoy haya intentado mezclar las cosas, porque la situación que se está viviendo en Cataluña —y perdone, senador Rodríguez Esquerdo— yo no digo que sea igual que la que ustedes vivieron en el País Vasco, pero se está aproximando excesivamente. (Protestas). Sí, excesivamente, porque hay unos señores que instan permanentemente desde las instituciones a la celebración de un golpe de Estado, y eso es muy grave.

Nosotros votaremos a favor de la moción, pero le voy a dar un consejo, senadora, y también a su grupo, y es que esto está muy bien, pero lo que está mal es que luego intenten hacer cambalaches para repartirse las sillas del Consejo General del Poder Judicial con los señores del PSOE, a los que critican, y con los señores de Podemos, a los que critican. Dejemos ya de meter las zarpas en el Consejo General del Poder Judicial.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gràcies, senyor president.

Llàstima que novament no hagen acceptat les nostres esmenes.

Continue en castellà.

Gracias, señor presidente.

Lástima que de nuevo no hayan aceptado nuestras enmiendas.

Voy a continuar en castellano.

Me ha hecho mucha gracia que en su intervención haya hablado de Cataluña, Cataluña y Cataluña porque, ¿dónde están los derechos laborales que se piden en la moción? Tanto defender que no van a aceptar nuestras enmiendas ni las del resto de grupos, pero resulta que de temas laborales, de los que sí hablan nuestras enmiendas —y que recogen literalmente lo han pedido los sindicatos de la Administración de Justicia— no hemos hablado. ¿Casualidades de la vida? Quizá no.

Como les decía, ustedes hacen un totum revolutum y nos piden que no presionemos a los jueces ni a los fiscales, que expresemos nuestra repulsa sobre las presiones que reciben en Cataluña esos jueces, que se van, etcétera, pero son ustedes mismos los que, cuando les conviene, presionan a los jueces. Cuando les conviene, dicen que lo hacen muy mal los que juzgan la trama Gürtel o acusan en vano de que son un ente, llamémosle mafioso, etcétera. Por tanto, no utilicen una doble vara de medir: o presionan a todo el mundo o no presionan a nadie.

Me hace gracia también que su concepto de la ley del embudo: ancho para ustedes, estrecho para los demás. Resulta que se puede presionar cuando les conviene y que tenemos que enfadarnos cuando ustedes lo consideran conveniente.

Compromís rechaza y condena cualquier tipo de ataque y presión al estamento judicial, pero también respetamos el resto de derechos fundamentales: la libertad de expresión y la libertad de manifestación. En este sentido, les pregunto: ¿Es libertad de expresión o es presión cuando algunos políticos ponen en tela de juicio la imparcialidad de los jueces? ¿Es presión o es derecho de manifestación cuando la ciudadanía sale a la calle para protestar contra sentencias judiciales que la mayoría de la población no entiende o que resultan incomprensibles? Vayamos con cuidado al pedir que no se presione a la justicia porque quizá nos pasaremos tres pueblos y no podremos ni expresar que no estamos de acuerdo con esas sentencias por no ser acordes con nuestras posiciones.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Tiene la palabra la senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Leyendo la parte dispositiva de la moción, me asaltan una serie de dudas, tal y como han comentado algunos compañeros que me han precedido en el uso de la palabra. Por un lado, mezclamos un conflicto político con la independencia, la objetividad y el trabajo del Poder Judicial; este tercer sector tan importante. Creo en la separación de poderes, en que debemos trabajar para lograrla y, desde luego, si no creemos nosotros, los ciudadanos tampoco van a creer. Por tanto, espero que entre todos hagamos efectiva esa separación de poderes, tal y como señaló Montesquieu.

Por otro lado, también tengo dudas en lo que se refiere a la huelga de funcionarios que se ha producido recientemente. Es evidente que faltan muchos medios materiales y recursos humanos, pero no podemos ser hipócritas y pensar que es propio del Gobierno socialista porque también pasaba con el Gobierno del Partido Popular; da igual el color político. Soy abogada, ejercí como abogada durante la etapa del Partido Popular y vi a diario que en los juzgados había carencia de medios materiales, que todo el personal de la Administración de Justicia estaba sobrecargado —no solo los jueces, también el personal de auxilio procesal— y, al fin y al cabo, esto afecta no solo al desempeño profesional de su labor sino también a sus vidas personales, que también tenemos que proteger, y afecta también a todos los ciudadanos porque no olvidemos que tenemos que garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de todos y cada uno.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CASTILLA HERRERA: Voy terminando, señor presidente.

Por todo ello, y porque estoy de acuerdo con la parte dispositiva de la moción en el sentido de que tenemos que apoyar al Poder Judicial, la Agrupación Socialista Gomera votará a favor de su moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president. Bon dia.

Aquesta moció que presenta el Partit Popular, una vegada més, en aquest cas la senadora Muñoz, ha perdut una ocasió magnífica de tenir un to assossegat i un to tranquil en l’exposició d’una moció. De fet, ja s’ha dit, barreja qüestions laborals i reivindicacions sindicals del món de la justícia amb el comodí de Catalunya que és el punt assegurat que tenim sempre.

Després d’escoltar-la, un podria pensar que estem a la Franja de Gaza o que estem a Beirut, o que estem en una situació molt complexa a Catalunya i, feliçment, li puc desmentir que hi hagi cap situació ni de violència, ni cap situació tremendista com la que vostè està pintant. De tot el que vostès estan parlant, hi ha un cas que un jutge —i aprofito l’ocasió com ja hem fet des del Partit Demòcrata per condemnar-ho amb rotunditat— li van pintar amb pintura groga la porta del seu domicili. Això, que ho condemnem —i aprofitem l’avinentesa per condemnar-ho amb rotunditat— és el que cas que fa que vostès aprofitin per dir tot aquest reguitzell de coses.

I crec que si els polítics volem ser responsables hem de tendir a asserenar el clima i no a comparar-ho amb el País Basc. Amb una mica de respecte, la situació dramàtica que va viure el País Basc fa 15, 20, o 25 anys enrere, doncs no és de rebut voler-la comparar ni amb Kale borroka ni amb cap situació de violència física perquè no s’ha produït ni es produirà. La societat catalana és intrínsecament pacífica, els valors cívics estan arreladíssims i, per tant, això no passarà.

El que passa és que el PP fa el que sol fer sempre; amb altres casos també ho fa. Amb els temes de la llengua també ho fa. S’inventen una mentida, la van repetint tothora, la tècnica Goebbels, i al final aconsegueixen que una bona part de la població se l’acabi creient simplement per reiteració. Vostès, com a PP —i de vegades amb cert seguidisme del PSOE, de vegades sí, de vegades no, perquè la posició del PSOE de vegades és una mica acomplexada— diuen una falsedat i la van repetint. Vostès es deuen pensar que acaba sent certa.

Però el delírium màxim és que després facin iniciatives legislatives sobre la mentida. És a dir, que algú digui una mentida i que la repeteixi, doncs mira, és la seva responsabilitat, però que després tiri endavant iniciatives legislatives és una mica delirant perquè fan iniciatives legislatives sobre una mentida. A Catalunya, per més que vostès vagin repetint, no hi ha situació de violència. S’



ha produït un cas, aquest que ara he esmentat, i que torno a aprofitar per condemnar, en què s’han fet unes pintades a la façana del domicili d’un jutge, això és l’únic que ha passat.

I va haver una altra situació: l’estiu passat el jutge Llarena, molt conegut pels catalans i també per la resta d’Espanya, va sopar amb un polític que es diu Fernández Díaz de cognom, en un restaurant de la Costa Brava, i hi va haver uns assistents en aquell sopar, unes taules més enllà, que el van xiular. El van xiular! Aquesta és tota l’agressió i tota la kale borroka que es va produir, aquest estiu, a la Costa Brava, a Palafrugell, això és el que va passar. Aquesta és tota la situació abertzale que vostès volen comparar amb el que estem dient.

Barregen, com hem dit, i manipulen i distorsionen la realitat. I jo els faig una pregunta que és molt senzilla de respondre. Durant vuit anys que s’han produït manifestacions multitudinàries amb motiu, per exemple, de la Diada nacional de Catalunya, de l’11 de setembre, quina violència hi ha hagut? Quins problemes hem tingut? Vuit anys consecutius amb manifestacions milionàries, un milió i mig, un milió dos-cents, depèn de l’any, quin problema hi ha hagut? Quan ha començat la violència a Catalunya? Va començar quan hi havia uns elements que eren policies de dia i civils de nit, que desplegaven porres, i que tenien activitats, dirien, estranyes. Quan hi hagut violència del 2000 al 2018 per part dels catalans? Quantes ocasions hi hagut perquè es produïssin situacions de violència? Ni una.

Gracias, señor presidente. Buenos días.

Una vez más, el PP —en este caso, la senadora Muñoz—, ha perdido una ocasión magnífica para exponer su moción con un tono sosegado y tranquilo; de hecho, ya se ha dicho, mezcla cuestiones laborales y reivindicaciones sindicales con el mundo de la justicia, con el comodín de Cataluña, que siempre es un punto asegurado.

Después de escucharla, uno podría pensar que estamos en la Franja de Gaza, en Beirut o en una situación muy compleja en Cataluña y, felizmente, le puedo desmentir que haya ninguna violencia, crispación, ni ninguna situación tremendista como la que usted está pintando. De todo lo que ustedes están hablando, hay un caso, el de un juez —y aprovecho la ocasión, como ha hecho el Partido Demócrata, para condenarlo con rotundidad—, al que le pintaron con pintura amarilla la puerta de su domicilio. Este hecho que condenamos —e insisto en hacerlo con rotundidad— es el caso que ustedes aprovechan para decir toda esta ristra de cosas.

Si los políticos queremos ser responsables, debemos tender a serenar el clima y no a compararlo con el País Vasco. Debemos mostrar un poco de respeto a la situación dramática que vivió el País Vasco quince, veinte o veinticinco años atrás. No es de recibo que se pueda comparar ni con la kale borroka ni con ninguna situación de violencia física, porque no se ha producido ni se producirá. La sociedad catalana es intrínsecamente pacífica, los valores cívicos están muy enraizados y, por tanto, eso no pasará.

Sin embargo, el PP insiste en lo que suele hacer —también en otras ocasiones, por ejemplo, con la lengua—, se inventan una mentira, la repiten, la repiten sin cesar y, al final, consiguen que una buena parte de la población se lo acabe creyendo, simplemente por reiteración. El PP, y a veces el PSOE, en unas ocasiones sí y en otras no —con una posición un poco acomplejada a veces del PSOE—, dicen una falsedad, la repiten y, al final, ustedes se deben pensar que acaba siendo cierta.

El delirio máximo es que después presenten iniciativas legislativas sobre la mentira. Es decir, que alguien diga una mentira y la repita, es su responsabilidad, pero que después saquen adelante iniciativas legislativas es un poco delirante porque lo hacen sobre una mentira. En Cataluña, por mucho que ustedes repitan, no hay una situación de violencia. Se ha producido un caso, el que acabo de citar —aprovecho, de nuevo, para condenarlo—, en el que se hicieron unas pintadas en la fachada del domicilio de un juez. Es lo único que ha sucedido.

El verano pasado, se produjo otra situación. El juez Llarena, muy conocido por los catalanes y también por el resto de España, cenó con Fernández Díaz en un restaurante de la Costa Brava, y unos asistentes a ese restaurante, que estaban unas mesas más allá, le silbaron. Esa fue toda la agresión y toda la kale borroka que se produjo este verano en la Costa Brava, en Palafrugell. Esta es toda la situación abertzale que ustedes quieren comparar con lo que estamos diciendo.

Como he dicho, mezclan, manipulan y distorsionan la realidad; y yo les hago una pregunta muy sencilla de responder: durante los ocho años que se han producido manifestaciones multitudinarias con motivo, por ejemplo, de la Diada nacional de Cataluña, el 11 de septiembre, ¿qué violencia ha habido? ¿Qué problemas ha habido? Ocho años consecutivos, con manifestaciones de millones de personas —millón y medio, millón doscientos, dependiendo del año—, ¿qué problema ha habido? ¿Cuándo ha empezado la violencia en Cataluña? Cuando unos elementos ejercían de policías de día y civiles de noche, que desplegaban porras y digamos que tenían actividades extrañas. ¿Cuándo ha habido violencia entre 2000 y 2008, por parte de los catalanes? ¿Cuántas situaciones de violencia ha habido? Ni una.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BAGUÉ ROURA: I per més que vagin insistint, com els he dit, la societat catalana és cívica i és profundament pacífica. Per tant, no aconseguiran que arreli aquest missatge.

Moltes gràcies. (Aplaudiments)

Termino.

Por mucho que insistan, como he dicho, la sociedad catalana es cívica y profundamente pacífica. Por tanto, no conseguirán encarnizarse con eso.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Egun on, mahaiburu jauna.

Egia esan, mozio honetaz eztabaidatzea ez da erraza. Ez da erraza, zeren gauza bat da mozio honek proposatzen duena, baina beste gauza guztiz ezberdina da zertaz eztabaidatu den.

Nik ohar garrantzitsu bat adierazi nahiko nioke Ciudadanosi, eta aldi berean, hemen zaudeten guztioi. Izugarrizko arduragabekeria iruditzen zait Euskadi eta Katalunia alderatzea, izugarrizkoa, eta zentzu horretan, erabat ados nago Tontxo Rodriguezekin —gainera, elkarrekin egin dugu lana alkate guztiekin, Euskadiko alkate guztiekin—, eta esaten baldin badizuet benetan izugarrizko arduragabekeria dela Euskadi eta Katalunia konparatzea da Euskadin zortziehun eta berrogeita hamabi pertsona, zortziehun eta berrogeita hamabi pertsona hildako eman direlako, zortziehun eta berrogeita hamabi, ehunka zauritu, bahituak, milaka kaltetu. Benetan iruditzen al zaizue bi egoera horiek guztiz konparagarriak direla?

Muñoz anderea, aipatu duzu beldurra ematen dizula Katalunian gertatzen ari dena Euskadin gertatu zenarekin bihurtzea edo horrantz joatea. Bada, zuek ere zeregina baduzue, baita ere. Hausnarketa hori bada, nik ez dudana partekatzen, nire ustez, zeregina baduzue. Azken finean, zuen ardura handia da egun gauden egoera. Eta ez dugu egingo azkeneko urteetan, 2006. urteaz geroztik gertatu denaren inguruan, ez dugu egingo ibilbide hori, baina zuek ardura handia duzue, eta horren beldurra baldin badago, benetan merezi du lan bat egitea, eta merezi du bai alderdi sozialistarekin gehi beste indar politiko guztiekin lan bat egitea, nahi ez ditugun egoerak eman ez daitezen.

Aipatzen baldin badugu mozioa bera, nire ustez, entsalada bat da, eta aipatzen denean mozio horretan presioa, eremu judizialari presioa, bueno, nik aipatzen dudanean edo ikusten dudanean presioa eta Alderdi Popularra benetan iruditzen zait izugarrizko kontraesana, zeren hemen norbait egon baldin bada epaileak presionatzen hori Alderdi Popularra izan da. Eta ikusi besterik ez dago zer gertatu den Kontseiluarekin, eta Marchena epailearekin, alegia, bertako Kontseiluak, edo bai Senatuak, bai Kongresuak Kontseiluko kideak aukeratu aurretik jada Marchena epailea presidentea edo burua izango zela bagenekien. Beraz, hori al da Alderdi Popularrak aipatzen duen independentzia?

Bigarrena, Audientzia Nazionalak erabaki zuenean Rajoy jauna Gurtelarekin auzitegietara eramatea, ez al zen izugarrizko presioa egon Alderdi Popularraren aldetik? Hori ez al da epaileak edo justizia presionatzea? Hau da, nire ustez, benetan presioa egon baldin bada justiziarekiko, hori izan da Alderdi Popularrak urte askotan egin duenarengatik.

Esaten da baita ere, badaudela epaileak eta Kataluniatik alde egin nahi dutenak. Badaude, baina orain, eta esaten denez, baita ere, aurreko urteetan, baina ez bakarrik epaileak, baita Ogasun Ministerioko langileak.

Buenos días, señor presidente.

La verdad es que no es fácil debatir sobre esta moción porque una cosa es lo que propone esta moción y otra totalmente diferente es sobre qué se ha debatido.

A mí me gustaría hacer un comentario bastante importante a Ciudadanos y, a su vez, a todos los que están presentes y es que me parece una irresponsabilidad enorme comparar Euskadi y Cataluña; me parece una irresponsabilidad enorme. En ese sentido, estoy totalmente de acuerdo con Tontxu Rodríguez y, además, hemos trabajado junto con todos los alcaldes de Euskadi. Si les digo que es una irresponsabilidad enorme comparar Euskadi y Cataluña es porque en Euskadi se ha asesinado a 852 personas, repito, 852 personas, ha habido cientos de heridos y secuestrados, y miles de perjudicados. ¿Realmente les parece que se pueden comparar esas dos situaciones?

Señora Muñoz, ha mencionado que le da miedo que lo que está ocurriendo en Cataluña pueda convertirse en lo que ocurrió en Euskadi y, en este sentido, ustedes tendrán ya algo que hacer al respecto. Si usted plantea esa reflexión, que yo no comparto, creo que ustedes también tendrían que hacerla porque, al fin y al cabo, la situación que vivimos hoy en día es también responsabilidad suya. No vamos a hacer el recorrido de lo que ha ocurrido desde 2006, pero ustedes también tienen una gran responsabilidad sobre ello. Si reconocen esa responsabilidad, merece la pena que trabajen, junto con el Partido Socialista y el resto de los partidos políticos, para que no se produzcan situaciones que no queremos que se den.

Si hablamos sobre la propia moción, creo que es una ensalada, es un totum revolutum. En este sentido, cuando oigo hablar al Partido Popular de que se está ejerciendo presión sobre el estamento judicial, me parece una gran contradicción porque si aquí ha habido alguien presionando a los jueces ese ha sido el Partido Popular y solo hay que ver lo que ha ocurrido con el Consejo y con el juez Marchena porque antes de que el Congreso y el Senado eligieran a los miembros del Consejo, ya sabíamos que el juez Marchena iba a ser nombrado. Esa es una muestra de la independencia de la judicatura.

Por otro lado, cuando la Audiencia Nacional decidió llevar al señor Rajoy a los tribunales por el caso Gürtel, ¿no hubo gran presión del Partido Popular? ¿Eso no es presionar a los jueces o a la justicia? Si realmente ha habido presión a la justicia ha sido por la labor que ha desarrollado el Partido Popular durante muchos años.

También se ha dicho que ha habido jueces que querían huir de Cataluña. Sí, los hay hoy y también los ha habido en años anteriores, y no solo jueces, sino funcionarios del departamento de Hacienda.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Bi, justiziak arazo bat dauka, justiziaren benetako arazoa zein da?: baliabideak, baina arazo hori orain eta lehen ere bazegoen, aipatu besterik ez dago Europako Kontseiluak atera duen txostena Espainiarekiko,

Hay muchos funcionarios del departamento de Hacienda que quieren huir, y esa es una reflexión que viene haciéndose desde hace muchos años. ¿Y qué es lo que hace el Partido Popular al respecto con esta moción? Si hay un problema en Cataluña que hay que resolver, como hemos dicho muchas veces, hay que dialogar.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, señor presidente.

Bi, justiziak arazo bat dauka, justiziaren benetako arazoa zein da?: baliabideak, baina arazo hori orain eta lehen ere bazegoen, aipatu besterik ez dago Europako Kontseiluak atera duen txostena Espainiarekiko,

¿Cuál es el problema real de la justicia? Los medios, pero ese problema existe hoy y existía antes también. En este sentido, hay que mencionar el informe que ha publicado el Consejo de Europa sobre España.

El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, señor presidente.

Eta horrek esan nahi du, bataz bestekoa alderatuz, ez garela ezta ere Europan gertatzen denaren erdira iristen, eta hori da benetako arazoa.

Eskerrik asko

No llegamos ni a la mitad de las medidas que plantea Europa y ese es el problema real.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Senyor, president, senyories, bon dia.

Ja és significatiu que un senador feixista i espanyolista de Ciutadans titlli de colpista a un partit que va estar durant 40 anys perseguit pels únic colpistes que hi ha hagut en aquest país i que, a més, mai no ha condemnat el seu partit. (Aplaudiments). Això només pot passar a l’Estat espanyol.

Senyora Muñoz de la Iglesia, quan llegeixo la seva moció i la comparo amb l’actuació que té el seu partit cada dia i que ha tingut durant anys, només puc concloure que constitueix un exercici de cinisme polític colossal. Li diré una cosa: si vostè de veritat creu en la imparcialitat dels jutges i en la divisió de poders, ha de fer dues coses de forma immediata. La primera, demanar la dimissió del senyor Cosidó. (Aplaudiments). Això és el que ha de fer de forma immediata, perquè un senyor que, mitjançant un missatge de whatsapp, diu que el seu objectiu i el del seu partit és controlar el Tribunal Suprem, aquest senyor no es mereix formar part d’aquesta Cambra i aquest senyor no es mereix poder tenir aquestes responsabilitats. Això és el que ha de fer. Però encara ha de fer una altra cosa, senadora. Ha de demanar la dimissió dels dos membres del seu partit que estan designats com a vocals del Consell General del Poder Judicial perquè, tenint carnet de partit i havent tingut càrrecs tan significats, és impossible que aquests vocals no traslladin a la justícia espanyola les consignes de partit.

Vostès no creuen en la divisió de poders. Vostès no creuen en la imparcialitat dels jutges. I ho demostren cada dia amb les seves declaracions. I ho van demostrar quan a Catalunya, la Junta de Fiscals, va recomanar que no es procedís contra les persones que havien organitzar les consultes del 9 de novembre i, malgrat tot, vostès en van fer cas omís i van rellevar un dels fiscals, i van fer tot el contrari del que els fiscals que coneixien la realitat catalana els recomanaven.

I vostès no creuen en la imparcialitat de la justícia ni en la separació de poders, vostès creuen en el repartiment del poder per posar-lo al servei d’un projecte d’Estat molt ideologitzat, per posar-lo al servei dels seus interessos partidistes, per tapar la corrupció, això és que vostès fan. Doncs quan vostès van rellevar el Fiscal General de Múrcia perquè no investigués un cas de corrupció relacionat amb el seu partit van tornar a demostrar que no creuen en la divisió de poders. I això és el que han estat fent dia sí i dia també. Per això, els jutges i els fiscals s’han hagut de manifestar, protestant per les lamentables condicions laborals i retributives a les quals vostès els han condemnat, protestant pel poc respecte que els tenen, per les interferències contínues en les seves decisions, en les seves interlocutòries, protestant per la forma com han fet els nomenaments, com han traslladat fiscals, protestant contra tot això.

Mirin, a Catalunya no n’hi ha cap de problema amb els jutges i els fiscals. La immensa majoria de jutges i fiscals a Catalunya poden fer la seva tasca amb total tranquil·litat i tenen el respecte de la societat, i tenen el respecte dels partits independentistes. El que hi ha a Catalunya és un estat d’indignació davant d’algunes interlocutòries i decisions de la cúpula del poder judicial, de l’alta jerarquia, d’aquesta cúpula instrumentalitzada per vostès, manipulada per vostès, a la qual vostès pensen encarregar la solució d’un problema que és d’arrel política. Contra aquesta minoria sí que hi ha protesta, i en seguirà havent. Pacífiques. Al menys, és el que nosaltres demanarem. Pacífiques i utilitzant la lliberta d’expressió.

Nosaltres tampoc compartim que es tiri pintura contra ningú que s’envaeixi el domicili o la propietat privada de ningú, però ja li avanço que, malgrat que no compartim aquest tipus d’accions, no acatarem les decisions del Tribunal Suprem si estan dictades amb criteris ideològics i polítics, no les acatarem, protestarem de forma pacífica i democràtica, ja ho poden tenir segur.

Bon dia. (Aplaudiments.— Protestes).

Señor presidente, señorías, buenos días.

Ya es significativo que un senador fascista y españolista de Ciudadanos llame golpista a un partido que durante cuarenta años fue perseguido por los únicos golpistas que ha habido en este país y que, además, nunca han sido condenados por su partido. (Aplausos). Esto solo puede pasar en el Estado español.

Señora Muñoz de la Iglesia, cuando leo su moción y la comparo con la actuación de su partido cada día, que ha mantenido durante años, solo puedo concluir que constituye un ejercicio de cinismo político colosal. Le tengo que decir que si usted de verdad cree en la imparcialidad de los jueces y en la división de poderes debe hacer dos cosas de forma inmediata: la primera, pedir la dimisión del señor Cosidó. (Aplausos). Eso es lo que debe hacer de forma inmediata, porque un señor que mediante un wasap dice que su objetivo y el de su partido es controlar el Tribunal Supremo no se merece formar parte de esta Cámara ni tener estas responsabilidades; esto es lo que debe hacer. Y, la segunda, senadora, debe pedir la dimisión de los dos miembros de su partido que hoy están designados como vocales del Consejo General del Poder Judicial porque, teniendo carnet de partido y habiendo tenido cargos tan significados, es imposible que no trasladen a la justicia española las consignas de partido.

Ustedes no creen en la división de poderes, ustedes no creen en la imparcialidad de los jueces y lo demuestran cada día; lo demuestran con sus declaraciones, y lo demostraron cuando, en Cataluña, la Junta de Fiscales recomendó que no se procediera contra las personas que habían organizado las consultas del 9 de noviembre y, a pesar de ello, hicieron caso omiso y relevaron a uno de los fiscales e hicieron todo lo contrario de lo que ellos, que conocen la realidad catalana, aconsejaron.

Ustedes no creen en la imparcialidad de la justicia ni en la separación de poderes; creen en el reparto del poder al servicio de un proyecto de Estado muy ideologizado, al servicio de sus interesen partidistas y para tapar la corrupción. Eso es lo que ustedes hacen. Así, cuando relevaron al fiscal de Murcia para que no investigara un caso de su partido, demostraron una vez más que no creen en esa división de poderes, y eso es lo que están haciendo día sí y día también. Por eso los jueces y los fiscales se han tenido que manifestar, protestando por esas lamentables condiciones laborales y retributivas a las que ustedes les han condenado, protestando por el poco respeto que les tienen, protestando por las continuas interferencias en sus decisiones, en sus interlocutorias, protestando por la forma en la que han hecho los nombramientos y por el traslado de fiscales; protestando contra todo eso.

En Cataluña no hay ningún problema con los jueces y los fiscales. La inmensa mayoría de jueces y fiscales en Cataluña pueden hacer su trabajo con total tranquilidad y cuentan con el respeto de la sociedad y de los partidos independentistas. Lo que hay en Cataluña es un estado de indignación ante algunas interlocutorias y decisiones de la cúpula del Poder Judicial, de la alta jerarquía, de esta cúpula instrumentalizada por ustedes, manipulada por ustedes y a la que ustedes piensan encargar la solución de un problema que es de raíz política. Contra esta minoría sí hay protestas, y seguirá habiéndolas, pero protestas pacíficas; al menos eso es lo que nosotros pediremos, que sean pacíficas y utilizando la libertad de expresión.

Nosotros tampoco compartimos que se tire pintura contra nadie ni que se invada ningún domicilio ni la propiedad privada de nadie, pero ya le avanzo que, a pesar de que no compartimos este tipo de acciones, no acataremos las decisiones de un Tribunal Supremo si están marcadas por criterios ideológicos y políticos. No las acataremos y protestaremos de forma pacífica y democrática. Esto ténganlo por seguro.

Buenos días. (Aplausos.— Protestas).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Estradé.

Señorías, guarden silencio.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, señor presidente.

Tengo que reconocer que estuve viendo el video de la interpelación a la ministra de Justicia detenidamente, y que sentí mucha vergüenza por el tono y el contenido; me dio mucha tristeza ver el daño que el bipartidismo ha hecho a la independencia judicial. Más que interpelar a la ministra sobre las declaraciones de los miembros del Gobierno que intentan influir en el tribunal de la causa del proceso soberanista, lo que hizo la senadora Muñoz fue una especie de causa general contra la ministra de Justicia.

Ya les digo que no seré yo quien vaya a defenderla, pero hoy nos traen una moción que, como he dicho antes, poco tiene que ver con la interpelación inicial en relación con las declaraciones de los miembros del Gobierno. Hubiera tenido más sentido una moción centrada en la independencia judicial, en la autonomía de la Fiscalía o en la separación de poderes, y no lo que ustedes nos han traído.

Respecto a los dos primeros puntos de la moción: abonar las mejoras retributivas de los jueces y fiscales y el cumplimiento del compromiso en cuanto al pago mensual de las actuaciones de los abogados de oficio, no hay nada que decir. Evidentemente nuestro grupo lo apoya. Sin embargo, como ya he dicho en el turno de enmiendas, son ustedes un poco trileros al incluir estas reclamaciones en esta moción. Y no solo eso, porque por más que diga, senadora Muñoz, son ustedes los campeones del cinismo. En este sentido, manda narices que nos hablen ustedes de pagos en B. (Aplausos.— Protestas). Ustedes, además, han estado gobernando durante los últimos siete años y han estado maltratando durante años al turno de oficio con unas remuneraciones indignas y prácticamente nunca les han pagado mensualmente, sino que han ido acumulando meses y meses de retraso; y no solo en el territorio ministerio, sino también en comunidades donde llevan años gobernando, como en Madrid. Me parece excelente que ahora reclamen esos pagos mensuales, pero sabemos de dónde venimos, y que tenga la desfachatez de decir en el último Pleno, desde esta tribuna, que con el Partido Popular los abogados estaban cobrando mensualmente, creo que va a provocar que a muchos les dé la risa. Hay que tener valor para decir según qué cosas en esta tribuna.

Les recuerdo que en recursos económicos invertidos en justicia y en capital humano nos encontramos bastante por debajo de la media de la Unión Europea. El gasto público destinado a los tribunales en España es de 27 euros por persona, frente a una media en la Unión Europea de 50,4 euros.

Y vamos con el tercer punto: proteger con eficacia a los jueces y fiscales destinados en Cataluña que están ejerciendo su labor en condiciones muy difíciles debido a la tensión provocada por el desafío soberanista catalán. La tensión existe, pero la provocan unos y otros. Lo primero que podrían hacer ustedes para rebajar esa tensión sería dejar de convertir cada Pleno en un ataque a Cataluña, o que el señor Casado deje de pedir, día sí y día también, como un disco rayado, que se aplique otro 155 más duro. I al president de la Generalitat que deixi de parlar de víes eslovenes i deixi de estar desconectat de la realitat del país i de la majoría de les necesitats de la gent.

Respecto a la protección, si hablamos de asignación de escoltas, les diré que es una medida que se está aplicando desde el pasado mes de marzo. En todo caso, será el Ministerio del Interior y, sobre todo, la conselleria de Interior los que deberán determinar —porque esa es su responsabilidad— si es preciso aumentar esa protección a tenor de los últimos hechos y no con mociones que solo buscan inflamar una vez más. Si lo que se solicita es una protección más institucional o simbólica por parte del Ejecutivo, es evidente que no procede más allá de reiterar el absoluto y escrupuloso respeto a la división de poderes.

Y si hablamos de presiones al Poder Judicial, saque usted la libreta, señora Muñoz, y apunte que si alguien ha criticado y presionado a los jueces ha sido su partido. Hace unos días un diputado del PP insultaba en sede parlamentaria al juez De Prada, el juez de la Gürtel, diciendo que es bueno para la justicia española que deje de hacer lo que estaba haciendo, que deje de poner sentencias; frase que, además, se repetía en el wasap del señor Cosidó. En el Congreso, hace unos meses, pedían que el Consejo General del Poder Judicial vigilase a los jueces que llevan sus casos Gürtel y Bárcenas. Además, calificaron en un comunicado de abuso de derecho la citación de Mariano Rajoy para declarar en el caso Gürtel. La secretaria de Estado de Justicia de su Gobierno llamó a la jueza del caso Máster para saber si iba a pedir la imputación de Casado. El también reprobado ministro de Justicia Catalá cargaba contra los fiscales del caso Púnica. Son unos cuantos ejemplos de esta misma legislatura, y ustedes vienen aquí a darnos lecciones.

Un último deseo, dejen de utilizar ese lenguaje bélico de traiciones y traidores, de hablar todo el día de golpistas sin respetar la presunción de inocencia.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Acabo, señor presidente.

¿No es eso también presionar a los jueces sobre una determinada condena?

Traigan mociones constructivas sobre lo que necesita la justicia y tendrán nuestro apoyo, pero para seguir su juego de cada Pleno, una excusa para cargar contra Cataluña y seguir inflamando el conflicto, no cuenten con nosotros. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el pasado 20 de noviembre vivimos en esta Cámara una interpelación a la señora ministra de Justicia que fue un totum revolutum, por calificarlo de alguna manera. Una interpelación cargada de teatralidad, infundios, enredos, improperios y agravios y, en la intervención de hoy, demagogia y populismo popular. ¿Yo equidistante, señora Muñoz? ¡Que yo no lo he vivido desde un balcón! ¡Que lo he vivido yo! Y no le voy a permitir ni una lección con esto, ni una tontería con esto. No se lo permito yo ni ningún socialista vasco, señora Muñoz. No se lo permitimos. (Aplausos).

Una interpelación, señorías, que cuestionaba no ya a la ministra de Justicia sino a medio Gobierno, incluso al Partido Socialista Obrero Español como organización política. Tenga muy claro que no les vamos a consentir a ustedes que hablen de ningún partido político porque no están legitimados para ello. En su mochila tienen tanta degradación y tanta falta de honradez, que sus palabras lo único que producen es sonrojo y vergüenza a la sociedad española.

En su interpelación ustedes hablan de traición al Poder Judicial, a los jueces, a los fiscales y a todos los españoles. Ustedes, los del wasap para controlar la Sala Segunda del Tribunal Supremo. (Aplausos). Ustedes, los que durante su estancia en la calle San Bernardo relevaron y destituyeron a fiscales. Hoy ha dicho usted que son portavoces del Consejo General del Poder Judicial pero se ha confundido, eran la mano que mecía la cuna a los jueces y a los fiscales. Eso es lo que eran, no portavoces. (Aplausos). Ustedes daban instrucciones directas a la Fiscalía y se quitaron de encima al fiscal jefe de Murcia. ¡Ustedes, los de la Púnica y la Gürtel nos vienen a dar lecciones de lealtad!; lecciones de injerencia, de intromisión, de mangoneo, de hipocresía, de manipulación de la justicia española, de todo eso sí, pero de otra cosa no pueden dar ni una lección.

Presentan una moción con una exposición de motivos que refleja bien a las claras lo que es. Pretenden imputar al Gobierno el indulto de unos presos, ignorando a las claras la independencia judicial, e intentan mediatizar a los jueces encargados de juzgar la causa, cuando, dicho sea de paso, todavía no se ha producido ni sentencia para que haya indulto; recargan contra el Gobierno las huelgas de funcionarios de justicia, de los jueces y de los fiscales, pero ¿han olvidado ustedes que han malgobernado este país en siete años? ¿Que el señor Catalá fue, por desgracia, ministro de Justicia? ¿Saben cuál es la herencia recibida en Justicia? Un solar, señora Muñoz. Hoy la justicia está politizada más que nunca; para muestra ahí tienen el wasap del señor Cosidó, que sigue sentado en su escaño, aunque ahora no esté.

Hablan de compromisos presupuestarios y aprovechan nuevamente la ocasión para utilizar al juez Llarena. Dejen de manipular ya, señorías. Para que les quede muy claro de una vez, a los socialistas no nos gustan los frentes y no vamos a jugar a su apuesta de desgaste. Y si hasta ahora he hablado de su tétrica exposición de motivos ha sido por sus cuatro propuestas. Vamos a verlas. Sobre la primera, las mejoras retributivas a las jueces por 7 millones, debieran saber mejor que nadie que esta partida está en el capítulo 1, que se recoge en una enmienda transaccional de los socialistas vinculada a programas de modernización y que la propia ministra en esta Cámara dijo que se iba a abonar de forma lineal antes de fin de año, pero no escuchan. El segundo trampantojo de su propuesta es que ustedes conocen mejor que nadie el origen del problema con la justicia gratuita y el turno de oficio. El señor Catalá tuvo que ampliar un convenio con el Colegio de Abogados de Madrid para pagar a los abogados de oficio de la Gürtel. Hoy, las cantidades han sido devueltas, las subvenciones pendientes se han desbloqueado, ya se han pagado los meses de julio, agosto y septiembre, y en estos momentos se está tramitando el mes de octubre, y por primera vez, señorías, en 15 años, con las actualizaciones y revisiones incluidas, con un aumento del 24 %. En su cuarta propuesta —como ya antes se habló de los ataques a los jueces no voy a volver a ello— hablan de derechos laborales. ¿A qué se refieren con amenazas y coacciones? ¿Por qué no han acudido a la vía penal para la denuncia? ¿Hablan ustedes de los trabajadores que hicieron la huelga hace unos días? ¿Les tenemos que recordar que las modificaciones en las condiciones laborales eran una ilusión del señor Catalá? ¿Les tenemos que recordar que ha sido el Partido Socialista quien ha tenido que presentar una enmienda que veremos luego, para modificar el apartado 3 del artículo 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ante el ataque sin precedentes que ustedes planteaban a las condiciones laborales de los trabajadores? No lo dude, señora Muñoz, el Ministerio de Justicia vela por la protección y por la garantía de los derechos laborales de los trabajadores.

Para terminar, el pasado día 26, usted, señora Muñoz, dijo en la comisión de Justicia que esta Cámara le estaba haciendo bullying. Supongo que se refería a mobbing, porque el bullying es un acoso físico en el ámbito escolar, y esto no es colegio, que yo sepa, ni un instituto; esto son las Cortes Generales, aunque es verdad que a veces parece un patio de colegio.

El señor PRESIDENTE:



Vaya terminando, señoría.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Termino.

Si usted, señora Muñoz, se ha sentido así, de verdad que lo lamento mucho. Pero para mobbing, señora Muñoz, lo que le están haciendo a la ministra de Justicia, a la ministra Delgado, acosándola, descalificándola, hostigándola, denostándola y censurándola. ¿Saben lo que están consiguiendo con esto? Que la ministra tenga más ilusión que nunca, más fuerza y más ánimo para garantizar la separación de poderes, la independencia judicial y el acatamiento...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: ... a nuestra Constitución —termino, señor presidente—, y para hacer de la justicia de verdad un servicio público. Mi grupo se abstendrá ante su iniciativa, porque, aunque podemos coincidir en algunos elementos, estos desaparecen tan pronto como se aprecian sus intenciones espurias, señora Muñoz.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Muñoz.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, señor presidente.

Senador Alegre, me decía usted que me daba un consejo y que cumplir la ley y la Constitución para reformar el Consejo General del Poder Judicial, que era lo que pretendía el Partido Popular, es pasteleo. Le voy a devolver el consejo: pasteleo es repartirse TV3 con Esquerra Republicana, como ha hecho Ciudadanos en Cataluña.

Senador Bagué, como me hablaba usted de serenar el clima, yo le pregunto: ¿lo que hace el señor presidente de la Generalitat, cuando habla de la vía eslovena para alcanzar la independencia, es serenar el clima? Dígame exactamente qué es eso para usted, porque creo que usted vive en una realidad paralela.

Señor Estradé, ¿se acuerda usted, ya que ha dicho que el Partido Popular no cree ni en la división de poderes ni en el poder judicial, del portavoz que tenía aquí al inicio de la legislatura, del señor Santiago Vidal, que se vanagloriaba porque iban a elegir ustedes a los jueces independentistas cuando fuesen una república? ¿Pero usted se acuerda de eso? Además, viene aquí y dice que no van a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo. Señor Estradé, ¿pero esto qué ha sido? De verdad, no entiendo nada. (Rumores).

Señor Comorera, le voy a dejar bien claro lo que se dice en esta moción porque creo que no lo ha entendido. Esta moción no carga contra Cataluña. El Partido Popular jamás carga contra Cataluña. (Protestas). No, no, no. Les pasa a ustedes como a Susana, la de Andalucía, que se piensa que cuando nos metemos con su gestión, nos metemos con los andaluces, y no es verdad. No lo es. (Aplausos). No es verdad. (Aplausos). Criticar al Gobierno de la Generalitat, criticarles a ustedes por lo que están haciendo que es enfrentar a Cataluña, no es criticar a los catalanes. (Varios señores senadores: ¡Nooooo!). Al revés, es defenderlos. (Protestas.— Aplausos). Estamos haciendo lo contrario, señorías, lo contrario. (Protestas.— Aplausos).

Señor Rodríguez Esquerdo, usted ha traído aquí un tema personal, pero le voy a contestar porque ya sabe que yo voy de frente. Yo no dije que esta Cámara estuviese haciéndome bullying; si quiere usted saber lo que estaba pasando pregúntele a la portavoz de su partido en la Comisión de Igualdad. Jamás pensé que el mayor ataque que yo recibiría políticamente vendría de mujeres, jamás. Pregúntele y sabrá a qué me refería.

Dice usted, también, que no acepta lecciones del Partido Popular, pues yo le voy a dar una, una lección de lealtad. Se la voy a explicar; fíjese qué rápido se la voy explicar. ¿Sabe lo que es lealtad, la que le debe el Gobierno a la oposición? Pactar un 155 teniendo mayoría absoluta con los grupos de la oposición. (Rumores). ¿Sabe lo que es lealtad? Mantener informado continuamente al portavoz de la oposición de todo lo que se está haciendo en Cataluña. (Rumores). ¿Cuántas veces ha llamado el señor Pedro Sánchez a Pablo Casado? Cero (Aplausos); cero. (Rumores). ¡Lealtad! (Protestas.— Aplausos). Lealtad, señor Rodríguez Esquerdo.

Señorías, nuestro país está viviendo un momento histórico. Nuestra democracia, nuestra convivencia y nuestro Estado de derecho es algo que debemos proteger y preservar por encima de las diferencias ideológicas, por encima de lo que pensemos unos y otros. Porque el ataque frontal a los cuarenta años que llevamos construyendo democracia y libertad nos exige, señorías, responsabilidad, rigor, coraje y determinación, porque la generación de políticos que vivió la Transición estuvo a la altura de lo que se esperaba de ellos, y la generación de políticos que nos metió en el proyecto europeo también; y la gente en la calle, señores socialistas, lo que se pregunta es si nosotros vamos a estar a la altura del desafío secesionista que tenemos planteado ahora mismo.

Nunca, señorías, nunca, nunca en cuarenta años, un representante del Estado en ninguna comunidad autónoma, como es el señor Torra, nunca jamás, alentó el enfrentamiento civil; nunca en cuarenta años un representante del Estado había hablado de una solución bélica para alcanzar sus objetivos políticos; nunca, señorías, en cuarenta años. La situación es muy grave y el Gobierno de la Generalitat está fuera de control. Y lo más grave, está poniendo en grave riesgo la seguridad y la libertad de los ciudadanos en Cataluña.

Señorías del PNV, les voy a ser muy sincera, este no es un momento para mantenerse de perfil; no lo es. Ni yo ni el Partido Popular hemos dicho que la situación en Cataluña sea como la que vivió el País Vasco, pero comienza a parecerse. Ustedes saben lo que es tener miedo a opinar; ustedes han vivido lo que es tener miedo a expresarse, a salir a la calle y decir tus ideas políticas. Ustedes lo han vivido, y en los peores momentos de ETA las instituciones se mantuvieron leales a la ley y al Estado de derecho, es decir, leales a los ciudadanos.

Esta moción no va de competencias, ni va de lo que opinen ustedes del Estado ni de lo que opinamos nosotros; esta moción va de proteger y dar seguridad a los que tienen que defender las libertades y los derechos de los ciudadanos; y ahí, señores del PNV, tenemos que estar todos. Yo les he escuchado muchas veces decir —cuando algún dirigente europeo habla de que el nacionalismo acaba como acaba— que todos los nacionalismos son iguales; hoy es un buen momento para demostrar que no todos son iguales, señores del PNV.

Termino, señor presidente.

Señores socialistas, ustedes se abstienen. Esta es una muestra muy clara de cuál es su posición. Se quedan en tierra de nadie...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: ... porque tienen miedo de perder el Gobierno y no pueden no contentar a sus socios.

He oído decir que esta moción es un totum revolutum, pero lo que exige esta moción es que se pague a estos jueces lo que se les debe, que se los proteja de los ataques que están sufriendo y que no se los amenace si quieren ir a la huelga. Es muy sencillo; aquí todos nos vamos a retratar.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Ustedes sabrán dónde quieren estar, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 243; a favor, 148; en contra, 20; abstenciones, 75.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO RATIFICA SU COMPROMISO CON LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN EN EL 40 ANIVERSARIO DE SU APROBACIÓN Y CON LA DEFENSA DE LA UNIDAD DE ESPAÑA E INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON EL ORDEN CONSTITUCIONAL. 662/000140 GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado veintiocho enmiendas: veintiséis del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete; una del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC) - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC) y una del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Abandonen el hemiciclo en silencio y con rapidez, por favor. (Continúan los rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de esta moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Pérez Pastor.

El señor PÉREZ PASTOR: Presidente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado trae a esta sesión plenaria una moción que dado su enfoque y planteamiento generalista resulta oportuna, pertinente y necesaria, (Rumores) necesaria como el pan de cada día...

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Pérez Pastor.

Señorías, guarden silencio, por favor. Si quieren hacer tertulia, salgan al pasillo. (Continúan los rumores).

No me gustaría tener que llamar la atención a los senadores por su nombre, porque luego queda constancia en el Diario de Sesiones, pero no me va a quedar más remedio que hacerlo. (Pausa).

Continúe.

El señor PÉREZ PASTOR: Como les decía, esta es una moción que resulta necesaria como el pan de cada día, que dejó escrito Celaya, más que nunca.

En la vida no hay que olvidarse de los cumpleaños de los seres queridos ni de las efemérides de las cosas que se aman. Yo sé cuándo nacieron mis padres y mi mujer, sé cuándo nacieron mis hijas. Y sé también que este mes se cumplen cuarenta años de la ratificación de la Constitución española, una Constitución que ha dado lugar al periodo de mayor estabilidad política y prosperidad económica de nuestro país. La Constitución española es fruto de la madurez política de aquellos partidos que tuvieron altura de miras para dejar atrás viejos rencores y alcanzar un gran consenso. Este consenso alcanzado por la Constitución, que consolidó la transición, siempre ha sido visto desde fuera con admiración, y ha sido utilizado como modelo por otros países en la elaboración de sus propios textos.

Nuestro país ya sabía algo de eso. La maravillosa aventura que iniciaron las Cortes de Cádiz en la isla de León tuvo gran repercusión por todo el Mediterráneo. Los españoles somos históricamente constitucionalistas y no tenemos que dejar que nadie nos haga creer lo contrario. Por su parte, la transición, en lo que a los verdaderos demócratas de refiere, fue pacífica y ejemplar. En ella los españoles, los españolitos de Machado, se dieron la mano para aprender de un pasado difícil, para cerrar heridas y para volver a albergar un futuro de concordia, de paz y de libertad; para que ninguna de las dos Españas les volviese a helar el corazón; es más, para que no hubiese dos Españas, sino comunidades autónomas cercanas a la gente y garantes de sus particularidades.

La concordia, señorías, fue posible. La concordia nos ha traído el periodo de paz más largo que se ha disfrutado en esta piel de toro desde los tiempos de Atapuerca. La Constitución española es consenso y democracia, es igualdad y libertad, es defensa de la unidad y respeto de la diversidad, es solidaridad entre regiones. La Constitución de 1978 fue un texto en el que todos los españoles pudieron verse representados.

En un momento en el que algunos están cuestionando qué significó aquel 6 de diciembre de 1978 y todo el proceso constitucionalista, en un momento en el que afloran revisionismos desmemoriados e interesados, y en el que algunos tratan de quebrantar los pilares del orden democrático y constitucional, es necesario reivindicar que ese espíritu de concordia, que presidió la aprobación de nuestra Constitución, sigue vigente. La Constitución tiene todavía mucho desarrollo por delante para seguir prestando servicios a España y a los españoles.

Por tanto, lo que esta moción propone es que el Senado de España ratifique su compromiso con la defensa de la Constitución en el cuarenta aniversario de su aprobación y con la defensa de la unidad de España, de la libertad y de la igualdad de todos los españoles. Mediante esta moción se quiere, igualmente, reivindicar la transición democrática en España, basada en los principios de concordia, diálogo y búsqueda de consensos básicos, principios que hoy siguen siendo imprescindibles para garantizar nuestra convivencia en libertad, aún más, que vuelven a ser lo imprescindible para seguir adelante.

A la par, es importante, ya que estamos en la Cámara Alta, rendir homenaje a los senadores de las Cortes Constituyentes nacidas de las elecciones de 1977, que volcaron su trabajo en el objetivo común de la democracia. Todo nuestro agradecimiento a una serie de grandes políticos, con diferentes procedencias ideológicas, algunas de ellas en las antípodas de las otras, que fueron capaces de articular ese gran abrazo que pintó Juan Genovés.

Debemos instar al Gobierno a garantizar la defensa de la Constitución y de sus libertades, a defender el respeto a las leyes y a exigir las responsabilidades necesarias por su cumplimiento. La mera observancia del marco legal existente sería la solución a muchos de los retos que plantea el presente. Yo no sé si todo está en los libros, pero estoy seguro de que en este hay mucho de contenido útil. En el marco constitucional vigente hay mucho de solución y poco de problema.

Debemos instar al Gobierno a defender que los símbolos que nos representan como nación y como españoles ocupen sin complejos el espacio que la Constitución y las leyes les otorgan. Debemos instar al Gobierno a impulsar las medidas necesarias para mantener el orden constitucional ante el actual desafío de quienes cuestionan la Constitución y el Estado de Derecho. Por desgracia, las noticias de estos días no dejan lugar a dudas de la pertinencia de esto último.

El 22 de diciembre de 1978, día de la lotería —mi cumpleaños, por cierto— la Junta Electoral Central publicó en el Boletín Oficial del Estado los resultados del referéndum sobre el proyecto de Constitución. Ese día puede decirse que tocó el gordo de la lotería a todos y cada uno de los españoles presentes y futuros y voy a decir que pasados, porque yo también he sentido el influjo de tantos esfuerzos y de la entrega de tantas vidas en pos de la libertad. Ningún premio como la libertad, ninguna meta como la convivencia.

Ayúdenme —me dirijo a todos los grupos parlamentarios— con su apoyo a esta moción a dejar bien claro varias cosas: la primera, que viva la Constitución, sin ambages; la segunda, que no hay nada por encima de la ley, ante la cual todos somos iguales; y la tercera, que es importante que el Gobierno, cualquier Gobierno, pero en este caso el que tenemos, cumpla con sus responsabilidades a este respecto.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Pastor.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Bon dia. Felicitem al senador del Partit Popular avançadament pel seu aniversari.

La millor manera de defensar la Constitució seria complint-la

Els textos sagrats són més propis de les religions. Són textos mitològics, en teoria dictats per les divinitats, que marquen dogmes i són inqüestionables. Les lleis, saben perfectament que no són textos sagrats, sinó que són els acords del nostre ordenament jurídic que s’aproven per majoria. Són normes dictades per a ser complides, interpretades i adaptar-les a la realitat de cada moment.

La Constitució del 78 va ser producte d’una època, de les seues pors després de 40 anys d’una dictadura genocida. Va ser un text de renúncies, tot i que també va suposar, efectivament, avanços importants.

Han passat 40 anys. La majoria de la població avui activa en Espanya no van poder votar-la. Per tant, és un text que demana a totes llums una modificació.

Els que no van fer campanya obertament a favor del Sí a aquesta Constitució va ser l’extrema parlamentària representada en Alianza Popular. Els que van votar en contra d’aquesta Constitució que hui s’omplin la boca de parlar-ne va ser l’extrema dreta parlamentària d’Alianza Popular. Els diputats que es van abstindre de votar a favor d’aquesta Constitució va ser l’extrema dreta parlamentària d’Alianza Popular. Sempre han sigut l’avantguarda, els antidivorci, els anti dret a decidir de les dones sobre el seu cos, els anti matrimoni homosexual. Per tant, poques lliçons ens pot donar a nosaltres l’extrema dreta parlamentària.

L’Estat espanyol ha canviat molt, moltíssim, com tot el món. Toca, per tant, i venint reclamant, una modificació a fons d’aquest text, no solament per a salvar bancs, com vostès van aprovar amb nocturnitat i traïdoria amb el Partit Socialista, sinó per als nous reptes que té la societat de l’Estat espanyol. Per a vostès, els que van votar en contra, els seus avantpassats polítics i segurament familiars, s’omplen ara la boca de constitucionalisme i són els primers que la incompleixen sempre que poden, la Constitució i, en molts casos també, el Codi Penal.

Vostés incompleixen, per exemple, l’article 3 de la Constitució que parla de la protecció de totes les modalitats lingüístiques espanyoles. Vostés són els primers que incompleixen l’article 6, de garantir una estructura i un funcionament democràtic dels partits polítics. Vostés, els dels discos durs a martellades. Vostés són els primers que incompleixen sistemàticament els articles 10 i 13 de la Constitució espanyola, quan parlem de Drets Humans. Vostés són els de les concertines i els dispars als immigrants. Vostés són els que incompleixen l’article 14 de la Constitució, el de garantir la igualtat davant la llei de totes les persones. Després parlarem de com han vetat aquelles esmenes que els molesten sobre la Corona. Vostés són els que incompleixen l’article 15 de la Constitució, el dret a la vida de totes les persones sota possibles casos de tortura o tractes inhumans. No ho dic jo, ho diu Amnistia Internacional. L’Article 16, garantir el caràcter no estatal de cap confessió religiosa. L’article 18, garantir la intimitat de les persones, sobretot referent a les noves tecnologies i xarxes socials. Què li hem de dir si no al Sr. Cosidó dels Whatsapps. L’article 20, garantir la llibertat d’expressió i acabar amb la persecució de còmics, tuiters o altres persones afectades. L’article 30, garantir la contribució a les arques de manera igualitària i progressiva, i intentar acabar amb el frau fiscal. L’article 35, garantir la igualtat en l’ocupació i l’accés entre homes i dones. L’article 40, garantir l’equitat, la plena ocupació i els drets laborals per a posar fi a la desigualtat i a la precarietat laboral. Incompleixen vostés també l’article 42 així garantir la tornada dels joves i les joves que vostés han enviat a l’exili forçat a l’estranger. L’article 44, garantir l’accés a la cultura en igualtat. L’article 45, garantir el dret al medi ambient. L’article 47, garantir un habitatge digne i adequat a les persones.

Tenim una Constitució que cal canviar. Per exemple, l’article 49 parla encara de «disminuïts físics, sensorials i psíquics». És un text profundament insultant.

L’article 50, vostés l’incompleixen quan han buidat la caixa de les pensions. L’article 57 també l’incompleixen quan estan impedint garantir l’elecció democràtica del Cap d’Estat. L’article 69, garantir el caràcter del Senat com a Cambra territorial i no el que és ara. L’article 92, garantir la celebració de referèndums. L’article 103, garantir la descentralització i desconcentració de les competències de l’Administració Pública. L’article 119, garantir la gratuïtat de la justícia. L’article 128, garantir els serveis bàsics de la ciutadania a través del control dels recursos públics.

Tinc més punts, però no tinc més temps, per tant.

Le deseo felicidades al senador del Partido Popular por su cumpleaños. La mejor manera de defender la Constitución sería cumpliéndola. Los textos sagrados son más propios de las religiones, son textos mitológicos dictados por las divinidades que son incuestionables. Las leyes saben perfectamente que no son textos sagrados, que son acuerdos de nuestro ordenamiento jurídico, que se aprueban por mayoría, que son normas que son dictadas para ser cumplidas, interpretadas y adaptarse a la realidad de cada momento.

La Constitución de 1978 fue producto de una época, de sus miedos después de cuarenta años de una dictadura genocida; fue un texto de renuncias, pero también supuso avances importantes.

Han pasado cuarenta años y la mayoría de la población de España no pudo votarla. Por lo tanto, es un texto que pide a todas luces una modificación. Los que no hicieron campaña abiertamente por el sí fueron los de la extrema derecha parlamentaria con Alianza Popular. Los que votaron en contra de esta Constitución, que hoy se llenan la boca de constitucionalismo, fueron los de la extrema derecha. Los diputados que se abstuvieron de votar la Constitución eran de la extrema derecha parlamentaria de Alianza Popular. Siempre han sido la vanguardia, los anti divorcio, los anti derechos a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, los anti matrimonio homosexual. Por lo tanto, pocas lecciones nos pueden dar a nosotros.

El Estado español ha cambiado mucho, como todo el mundo, y, por lo tanto, toca reclamar una modificación a fondo de este texto, y no solo para salvar a los bancos, aquella que ustedes aprobaron con nocturnidad y alevosía, sino para afrontar los nuevos retos que tiene la sociedad del Estado español. Pero ustedes, los que votaron en contra, se llenan la boca de constitucionalismo y son los primeros que incumplen la Constitución y también, en muchos casos, el Código Penal. Por ejemplo, ustedes incumplen el artículo 3 de la Constitución que habla de la protección de todas las modalidades lingüísticas del Estado español. Ustedes son los primeros que incumplen al artículo 6 que garantiza una estructura y un funcionamiento democrático de los partidos políticos, porque son, por cierto, los de los discos duros a martillazos. Incumplen los artículos 10 y 13 de la Constitución española, porque son ustedes los de las concertinas y los de los disparos a los inmigrantes. Incumplen el artículo 14 de la Constitución, el de garantizar la igualdad ante la ley de todas las personas —ya hablaremos de las enmiendas que tanto les molestan sobre la Corona—. Incumplen también el artículo 15 de la Constitución, que defiende el derecho a la vida de todas las personas bajo posibles casos de tortura o tratos inhumanos —no lo digo yo; lo dice Amnistía Internacional—. Incumplen el artículo 16, que dice que hay que garantizar el carácter no estatal de ninguna confesión religiosa. Y el artículo 18, que igualmente dice que hay que garantizar la intimidad de las personas, sobre todo, en lo referente a las nuevas tecnologías y redes sociales. Incumplen el artículo 20, que garantiza la libertad de expresión, para acabar con la persecución de cómicos, tuiteros y otras personas afectadas. Y el artículo 31, que garantiza la contribución a las arcas de forma igual y progresiva e intenta acabar con el fraude fiscal. Y el 35, que dice que hay que garantizar la igualdad de la ocupación entre hombres y mujeres. Incumplen el artículo 40, que garantiza la equidad, la plena ocupación y los derechos laborales. También incumplen el artículo 42, para garantizar la vuelta de los jóvenes que ustedes han enviado al exilio forzoso al extranjero. Y el artículo 44, que garantiza el acceso a la cultura en igualdad. Y el 45, que garantiza el derecho al medioambiente. Y el artículo 47, que garantiza una vivienda digna y adecuada a todas las personas. Tenemos, en fin, una Constitución que hay que cambiar. Hay que cambiar, por ejemplo, el texto del artículo 49, que habla de disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, y que es muy insultante. Asimismo, incumplen el artículo 50, porque han vaciado la caja de las pensiones y el artículo 57 cuando impiden garantizar la elección democrática del jefe del Estado. Y el 69, y el 92, que garantiza la celebración de referéndums cuando hay que tomar decisiones importantes sobre el Estado. Incumplen, igualmente, el artículo 103, y el 119, que habla de garantizar la gratuidad real de la justicia; y el 128, que pretende garantizar los servicios básicos. Tengo muchos más artículos...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MULET GARCÍA: Vostés, que incompleixen sistemàticament la Constitució, poques lliçons ens han de donar a la resta.

... por lo que ustedes pocas lecciones pueden dar al Estado.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías.

Coalición Canaria ha presentado una enmienda con texto alternativo al que nos ha propuesto hoy el Grupo Popular y somos conscientes de que no va a prosperar. Normalmente no presentamos enmiendas de este tipo, pero hoy lo hemos hecho por varias razones, principalmente, por la profunda preocupación que tenemos ante la oscura deriva política en la que ha entrado, desde hace ya tiempo, la política estatal española, sumergida, paralizada, en la continua confrontación de un bipartidismo descarnado que está debilitando nuestra democracia. Presentamos también esta enmienda, en coherencia con una moción que defendió Coalición Canaria en esta legislatura en la Comisión Constitucional, presentada en legislaturas anteriores, para reclamar la puesta en marcha de un proceso para reformar algunos aspectos de la Constitución, pero nunca han prosperado estas iniciativas, normalmente por el voto en contra del Grupo Popular. No obstante, la hemos presentado porque el texto que hoy nos presenta el Grupo Popular no nos parece una propuesta responsable para avanzar, para recuperar el diálogo y el consenso. Sí es, por el contrario, una propuesta que no tiene esa vocación y que, si no me equivoco, no va a contar, aunque prospere, con la mayoría de este hemiciclo, por lo tanto de poco va a servir.

Esta iniciativa se hace solo para consumo interno del Partido Popular y por el miedo a perder a los posibles votantes del Partido Popular tras la aparición de nuevos partidos de ultraderecha. Este tipo de iniciativa será buena para ustedes, no lo sé, no lo sé, pero desde luego lo que sí tengo claro es que no es nada buena para la sociedad; no busca caminos que nos permitan, con responsabilidad, salir de la muy difícil situación en la que estamos, del peligroso agujero negro en el que hemos caído a causa de la actual crisis política que estamos viviendo en España. Si de verdad queremos hacer un reconocimiento y un homenaje a los que fraguaron la Constitución, tendríamos, como mínimo, que estar a la altura de la generosidad y de la altura de miras que tuvieron en aquella época los responsables políticos, los grupos políticos y las organizaciones sociales, que con su buen hacer y, repito, su generosidad antepusieron los intereses generales de una ciudadanía, que en aquel entonces estaba deseosa de vivir en una España democrática en paz y con prosperidad, a los intereses políticos, personales o partidistas.

En 1978 hubo capacidad política y voluntad política. Hoy no las hay. Hoy no se traen propuestas con esa voluntad, con ese interés. Además, es urgente desde hace tiempo una voluntad política para pactar, dialogar, consensuar y no una voluntad de confrontar, como estamos viendo hoy con esta iniciativa que se presenta en esta Cámara. Lo que espera la ciudadanía es que tengamos voluntad política para el diálogo y el consenso. Eso es lo que espera la ciudadanía de nosotros y de esta Cámara, que es la Cámara territorial. Y es que, además, es el único camino para superar la profunda crisis de valores, la profunda crisis política y de credibilidad que se está instaurando en la vida política en España y a la que nos arrastran en todos los territorios y en todas las comunidades autónomas. Y debemos hacerlo antes de que sea tarde, señorías, antes incluso de que el daño a nuestra democracia pueda ser irreparable.

Nuestra Constitución es la octava, si empezamos a contar desde la de 1812 aprobada en las Cortes de Cádiz, y es bueno recordar que en estos dos siglos de constitucionalismo en España ninguna se reformó siguiendo los procedimientos previstos en sus propios textos, todas fueron cambiadas en situaciones extremas, en situaciones excepcionales, incluso con levantamientos. Señorías, ¿no creen que debemos aprender de nuestra propia historia? No se trata de entrar en un nuevo proceso constituyente, sino de reformar para renovar, para modernizar, para adaptarnos a las nuevas necesidades, como hace el resto de Estados de Europa.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora JULIOS REYES: Termino, señor presidente.

Nuestra Constitución prevé procedimientos para realizar las reformas y hemos de utilizarlos de una forma natural, normalizada, como una sociedad madura que ya somos pero que está esperando que sus representantes políticos también lo seamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la enmienda de sustitución que hemos presentado desde nuestro punto de vista muestra una visión más completa del contenido de la Constitución, así como de los sujetos impelidos a su defensa, que son todos los poderes públicos; creemos humildemente que es más adecuada y responsable en su 40 aniversario. Una enmienda en la que compartimos el compromiso con los principios y valores estructurales de la Constitución, entre ellos la libertad, la justicia y el pluralismo político y en la que valoramos la tolerancia, la generosidad y la apuesta por el entendimiento de la Transición y el trabajo de los constituyentes.

La enmienda insta a la protección del Estado de derecho democrático y social, de manera que se preserven la separación de poderes, el cumplimiento de las leyes, el principio democrático como principio vertebrador y no excluyente de todas las decisiones de los poderes públicos, incluida la reforma constitucional, y se promueva la igualdad y una efectiva política social. Además, la enmienda aclara que la Constitución reconoce el principio de unidad pero también el de autonomía política como elementos ambos esenciales de nuestro sistema; principios hoy cuestionados por distintos actores políticos y respecto de los que estamos firmemente comprometidos en su defensa.

La autonomía constituye la respuesta democrática a la diversidad que caracteriza España, acerca la democracia a la gente y propicia pesos y contrapesos políticos que refuerzan la normal separación de poderes. Como dice nuestro Tribunal Constitucional, la importancia de nuestro Estado autonómico es tal que no cabe una conceptualización del interés general que no tome en consideración el respeto a las comunidades autónomas.

La enmienda recuerda también que la Constitución hace un amplísimo reconocimiento de derechos fundamentales, erigiendo la dignidad humana en fundamento del orden político. En palabras de Adela Cortina, la calidad de una sociedad democrática se mide por el nivel alcanzado en el reconocimiento y el respeto mutuo de la dignidad. Ella convierte a la protección de la dignidad en el principal objetivo de los poderes públicos, de manera que estos deben proteger la igualdad de dignidad de toda persona frente a todo tipo de ataque y discriminación, algunos de ellos especialmente preocupantes en estos momentos, como la xenofobia, el odio al extranjero, o la violencia machista, considerada por el Tribunal Constitucional la forma más grave de minusvaloración, defendiendo el avance de sus garantías, como señala el propio tribunal, algo que ocurre cuando el legislador amplía el derecho individual a contraer matrimonio, integrando en el mismo respeto a la propia orientación sexual. Una igualdad de dignidad que implica la obligación de los poderes públicos de promover la igualdad real de los ciudadanos mediante el adecuado desarrollo de los derechos sociales que la Constitución española contiene; ello para conseguir una sociedad más justa y cohesionada y como antídoto a la insatisfacción y desazón social que produce su inexistencia, que son caldo de cultivo de populismos y posiciones extremas. Unas ideas que están poniendo en cuestión el proyecto europeo, debilitando la defensa de los derechos humanos y la propia democracia; unas amenazas que necesitan del compromiso y respuesta de todos los demócratas.

Por último, la enmienda insta a las instituciones a reflexionar sobre la reforma de la Constitución española como forma de defensa de la misma. Si las normas quedan desfasadas, corren el riesgo de terminar por no aplicarse. Es, por tanto, necesario adecuar las normas constitucionales a la realidad actual, incorporando a la carta magna todo lo aprendido en estos cuarenta años de experiencia constitucional. En este sentido, los socialistas hemos planteado reformas para profundizar y fortalecer el sistema territorial, pero también para reforzar el Estado social y democrático de derecho. La renovación del pacto de convivencia es la mejora del proyecto común y una forma de contrarrestar crispación con ilusión.

Para concluir, la Constitución no es solo un acervo de símbolos y de respuestas a los desafíos de los que cuestionan nuestros principios y valores o incumplen las leyes, cuestiones, sin duda, muy importantes. La Constitución es mucho más, es la democracia basada en valores, es dignidad humana, es buscar las razones de las desavenencias y enfados sociales; es una voluntad de convivencia que debe construirse día a día con tolerancia y diálogo, tal y como se hizo en la Transición.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ANTICH OLIVER: Ya termino, presidente.

Se trata de un proyecto que nos implica a todos y que exige una gran dosis de generosidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.

Tiene la palabra el senador Pérez Pastor para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor PÉREZ PASTOR: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. Debo dar las gracias a los grupos parlamentarios, tanto a los que han presentado enmiendas como a los que no. Entiendo que en un contexto básico, como el que he planteado, los grupos que no han presentado enmiendas es porque están de acuerdo con el texto de la moción o porque están interesados en otros asuntos particulares, que bien les retratan.

En cuanto a los grupos que han presentado enmiendas, a la vista de las mismas, debe entenderse que también estarán de acuerdo con la proposición que les hacemos. El Grupo Socialista —el último en hablar— debe estar de acuerdo, ya que plantea una enmienda de sustitución que no es más que una reformulación, una paráfrasis de lo que se ha presentado y ha explicado nuestro grupo. Lógicamente, no podemos aceptarla, en la medida en que supone un cambio completo de texto para acabar diciendo esencialmente lo mismo. Yo les animo a algo más fácil: apoyen lo presentado.

Coalición Canaria, por su parte, plantea unas disquisiciones sobre la reforma constitucional que se están volviendo un mantra, al que volveré en el turno de portavoces, pero que no tienen que ver con lo que se está tratando aquí, salvo que se refieren a la Constitución. Pero muchas cosas pueden referirse a la Constitución sin pertenecer estrictamente al presente debate. Yo les diría que estén tranquilos, que las reformas constitucionales son posibles, que han sido posibles dentro de esta Constitución, y que el propio texto establece, como ha señalado muy bien la senadora Julios, los mecanismos para ello. Por tanto, para plantear la reforma de nuestra carta magna no hay mejor camino que reafirmarse en ella y en sus resortes.

Por último, Compromís plantea poner el foco en artículos concretos del texto constitucional para instar a su cumplimiento. Obviamente, estos artículos están escogidos con intención sobre aspectos en los que se interpreta que hay alguna carencia y sobre los que se quiere construir un discurso propio. Quiero tranquilizar a este grupo señalándole que la moción pide respetar el orden constitucional, lo cual incluye toda la Constitución y, por tanto, todos esos artículos que no necesitan singularizarse.

Me gustaría plantear la idea del establecimiento, en un discurso, de las relaciones genéticas, tan peligrosas, entre AP y PP. Hay una diferencia de siglas, hay una diferencia de partidos. ¿Quiénes éramos los del PP en aquel asunto de los Trastámara? Aquí se nos hace herederos de una historia y de todas las decisiones anteriores. Estamos tomando decisiones día a día y es lo que tiene que caracterizar a los partidos, las decisiones que se toman todos los días y, también, las que se toman ahora. Señor Mulet, creo que puede apoyar la moción que se ha presentado sin ningún problema porque esos artículos están reflejados.

Luego, entiendo que cada uno tendrá que hacer su discurso, eso es normal. El ambiente electoral hace que se retomen posiciones, se acendren las intervenciones de cada uno, pero en lo propuesto, sin desvirtuarlo, si los grupos que han planteado enmiendas quieren dejar su miguita, la mejor manera de hacerlo es en forma de voto positivo a lo que se ha presentado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Pastor.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, senador Mulet, tiene la palabra.

El señor MULET GARCÍA: Gracias.

Preguntaba el senador del Partido Popular que quiénes eran AP o PP en los Trastámara. No sé, en la Transición y ahora continúan siendo los mismos: la derecha más extremista que ha existido en este Parlamento.

Sobre lo que veníamos diciendo nosotros, obviamente, escogíamos puntos concretos de la Constitución que pensábamos que ustedes estaban sistemáticamente incumpliendo. Ustedes hablan mucho de la unidad inquebrantable de España, pero en materia social y de derechos y libertades la incumplen de manera sistemática. Por tanto, la mejor manera de defender la Constitución es cumpliéndola y ustedes son los primeros que la incumplen.

Explicaba el senador del Partido Popular el nerviosismo o la precampaña electoral en la que estamos y, por esto, siempre presentan mociones para marcar territorio. Ustedes están muy nerviosos porque hay una escisión moderada de su partido que les está comiendo el terreno y solo les queda ya el espacio electoral de la extrema derecha, que es el que alimentan con mociones identitarias como esta. Entiendo su nerviosismo, pero esto de la fragmentación de la derecha está bien que por fin aparezca por vía parlamentaria.

Al igual que pasa con la Constitución, pasa con el Código penal; nos gustaría que fueran los primeros que la cumplieran con el ejemplo. Cuando vemos que la Policía reconoce ante el juez que durante el Gobierno de Rajoy se pagó para informar y espiar a la familia Bárcenas, cuando se reconoce que Interior pagó 10 000 euros de fondos reservados para asaltar la vivienda del cantante del grupo Taburete, que se dedican a asaltar, secuestrar, retener y robar, obviamente, nos preocupa que den lecciones de constitucionalismo a nadie. Solo cumplan con el ejemplo, que ya es mucho.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, estamos celebrando los 40 años de nuestra carta magna.



En 1978 tuve la suerte de que mi primera vez ante las urnas fuera para dar el sí a la Constitución, nacida del consenso entre todas las fuerzas políticas de la época: las de la derecha, representadas por don Manuel Fraga, y las de la izquierda, representadas por don Santiago Carrillo. Aquellos hombres fueron capaces de dejar a un lado puntos de vista radicalmente opuestos en beneficio de todos los españoles para protagonizar una transición modélica de la dictadura a la democracia. El 6 de diciembre de 1978 el 88,54 % del censo electoral votaba sí a la Constitución elaborada por los siete padres constitucionales. Algunos se olvidan de mencionar que en aquella época había veintisiete mujeres diputadas y seis senadoras y una de aquellas diputadas era nada menos que Dolores Ibárruri, la Pasionaria, con lo cual, creo que estaban bastante bien representadas todas las fuerzas políticas que había. El texto se aprobó en todas las provincias españolas, aunque en Álava, Guipúzcoa, Vizcaya, Orense y Lugo ganara la abstención. Y hay que destacar que en las cuatro provincias catalanas se superó el 90 % de voto afirmativo, detalle que olvidan los independentistas catalanes y los populistas, empeñados en dinamitar un ordenamiento jurídico abierto y flexible que les permite ejercitar su actividad republicana. Tenemos una de las constituciones más jóvenes de Europa y es una gran Constitución para la inmensa mayoría de los españoles.

Vivimos tiempos convulsos para el Estado de derecho, donde el respeto a los valores garantes de la igualdad y la solidaridad flaquean, dando alas a los enemigos de la Constitución y a los partidarios de su reforma radical, cuya culpa recae en los gobernantes que ni la defienden ni la aplican ni la respetan. Bastaría con perfeccionar el artículo 138 de la Constitución para que el Estado haga efectivo el principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y para garantizar que las decisiones de los gobernantes no pueden implicar en ningún caso privilegios económicos o sociales. Sin embargo, como bien decía el pasado 6 de diciembre la presidenta del Congreso de los Diputados en la celebración de los 40 años, la Constitución no ha de modificarse con menos consenso que el que la creó, y ello en aras de la defensa de la unidad de España, de la libertad y de la igualdad de todos los españoles. Por tanto, Foro va a votar a favor de esta moción del Grupo Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

¿Alguna otra intervención? (Denegaciones).

Pasamos, pues, al Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria.

En primer lugar tiene la palabra la senadora Pascal.

La señora PASCAL CAPDEVILA: Gràcies, senyor president.

Parlaré molt breument perquè ens repartirem el temps amb els companys de Canàries.

Molt francament, una vegada més, vostès fan un acte propagandístic sobre la Constitució espanyola. Ja els avanço que nosaltres hi votarem en contra. Crec que és interessant, per apaivagar una mica els ànims, que ens preguntem exactament què és una Constitució. Una Constitució són uns principis generals, un marc general, un perímetre, un camp de joc. I a fe de Déu que l’any 78 ens vam dotar tots plegats d’aquest marc general. Però jo em temo que 40 anys després aquest marc general ja no és vàlid. I no és vàlid després els diré perquè —perquè deixa enrere molts reptes—, però sobretot no és vàlid perquè vostès —i no només vostès, també els senyors de Ciutadans, i també amb la col·laboració de Vox— han potinejat, han utilitzat, han polititzat una Constitució que havia de ser un marc general. Aquesta Constitució està caducada de fa temps, i li puc posar exemples. Un exemple comparat: altres països europeus tenen marcs generals que estan defensant drets que ara mateix la Constitució espanyola no defensa. Per tant, des d’una perspectiva europea, aquest és un marc legal que no ens serveix.

Des del punt de vista generacional; la meva generació no va votar aquesta Constitució i no se la sent seva perquè no els representa, perquè no resol els temes més fonamentals, com per exemple l’economia circular, el canvi climàtic o tot allò que faci referència a la digitalització. I, evidentment, tampoc no ens la sentim nostra des de Catalunya. Amb aquesta Constitució vostès han avalat el 155, vostès han avalat el conflicte territorial, vostès han avalat que no es pugui votar, vostès han avalat una presó preventiva absolutament inacceptable per a home i dones de pau com són els nostres presos polítics. Per tant, vostès han avalat que aquest marc general no ens permeti ser ciutadans lliures.

Fa 40 anys, pràcticament el 90 % de la població a Catalunya va votar aquesta Constitució. Avui no arriben ni al 30 % les persones que la voldrien votar. S’han preguntat per què? Vostès s’han preguntat per què ha passat una cosa així? Doncs segurament perquè han fet moltes coses malament. La sentència contra l’Estatut de l’any 2010, la prohibició del 9 de novembre, la prohibició de l’1 d’octubre, aquestes presons preventives absolutament inacceptables. Facin-me cas: és bo vanagloriar-se del passat, és bo acceptat allò que s’ha fet ben fet, però el que no és acceptable és que davant d’un conflicte polític com el que tenim a Catalunya s’utilitzi el text constitucional per tergiversar i no es deixi fer el que tocaria, que és deixar votar la ciutadania de Catalunya.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente. Intervendré muy brevemente porque vamos a repartir el tiempo con los compañeros de Canarias.

Muy sinceramente les digo que este es un acto propagandístico sobre la Constitución española y ya les avanzo que nosotros vamos a votar en contra. Creo que es interesante, para aplacar un poco los ánimos, que nos preguntemos exactamente qué es una constitución. Es un marco general de principios, unos principios generales, un campo de juego, un perímetro, y es cierto que en 1978 todos nos dotamos de este marco general, pero me temo que 40 años después este ya no es válido, y no lo es porque deja atrás muchos retos, pero, sobre todo, porque ustedes, y no solo ustedes, sino también los señores de Ciudadanos con la colaboración de Vox, han trasteado, han politizado una Constitución que debía ser un marco general. Esta Constitución está caducada desde hace tiempo y les puedo dar ejemplos. Un ejemplo comparado es que en otros países europeos tiene marcos generales que están defendiendo derechos que ahora mismo la Constitución española no defiende. Por tanto, desde una perspectiva europea, este es un marco legal que no nos sirve.

Desde el punto de vista generacional, mi generación no votó esta Constitución y no la siente suya porque no la representa, porque no resuelve los temas más fundamentales, como, por ejemplo, la economía circular, el cambio climático o todo lo que haga referencia a la digitalización. Y evidentemente tampoco la sentimos nuestra en Cataluña. Con esta Constitución ustedes han avalado el 155, han avalado el conflicto territorial, han avalado que no se pueda votar, y han avalado una prisión preventiva absolutamente inaceptable para hombres y mujeres de paz, como son nuestros presos políticos. Y por tanto, ustedes han avalado que este marco general no nos permita ser ciudadanos libres.

Hace 40 años prácticamente el 90 % de la población de Cataluña votó esta Constitución, hoy no llega ni al 30 % el número de personas que la votaría. ¿Y se han preguntado el porqué? ¿Se han preguntado ustedes por qué ha pasado algo así? Pues seguramente porque han hecho muchas cosas mal: la sentencia contra el Estatuto del año 2010, la prohibición del 9 de noviembre, la prohibición del 1 de octubre, esas prisiones preventivas absolutamente inaceptables... Háganme caso, es bueno vanagloriarse del pasado, es bueno aceptar lo que se ha hecho bien, pero lo que no es aceptable es que, ante un conflicto político como el que tenemos en Cataluña, se utilice el texto constitucional para tergiversar y no se deje hacer lo que habría que hacer, que es dejar votar a la ciudadanía de Cataluña.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pascal.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero expresar mi respeto y admiración hacia quienes lograron aparcar las diferencias y gestar la Constitución que nos ha garantizado el mayor periodo de prosperidad y paz de nuestra historia. En cambio, señorías del PP, respecto a esta moción tienen credibilidad cero. Nos traen hoy aquí una vez más una moción carente de propuestas, que se contradice con lo que ustedes han ido demostrando como partido a lo largo de la historia reciente de este país y que responde, sin ningún tipo de dudas, a intereses meramente partidistas y electoralistas. Y les explico estos razonamientos en el poco tiempo que tengo.

Con esta moción, ustedes no nos traen ninguna propuesta nueva, ni siquiera contemplan, a corto plazo, la reforma constitucional. Les recuerdo que más del 70 % de la población actual nació, como yo, con posterioridad al último referéndum constitucional, población a la que nadie le ha preguntado qué modelo de país quiere construir. Y retos por abordar hay muchos, como la revisión del modelo territorial de este país, la supresión de los privilegios políticos, el papel que debe jugar la Corona en este nuevo tiempo, la inclusión de derechos como la vivienda, la sanidad o la igualdad de género o, por qué no, el reconocimiento de la ultraperificidad de Canarias y la doble insularidad de islas como El Hierro o La Gomera, tal y como nos reconoce la Unión Europea y el recién aprobado estatuto de autonomía.

Por otra parte, ustedes han bloqueado durante todos estos años la necesaria reforma del Senado para que estar sentados en esta Cámara sea útil, para que el Senado no sea un retiro dorado a costa del dinero público. Eso también es defender la Constitución y ustedes lo han impedido.

Y, por último, una vez más, en cuanto a la defensa de los símbolos nacionales: ¿dónde estaba la bandera española cuando en este país se recortaba en educación, en sanidad y en políticas sociales? ¿Dónde estaba el himno nacional cuando en este país se recortaba en dependencia y se dejaba morir a la gente sin recibir la prestación a la que tenían derecho por ley? ¿Por qué no sacan la bandera cuando en este país se sigue desahuciando, día sí y día también, a familias sin recursos que no pueden hacer frente a su hipoteca y se tira por la borda un derecho fundamental? Pero no, la bandera nacional la sacamos ahora, como si enrollándonos en la bandera española se fueran a solucionar los problemas que tiene este país, entre ellos, el conflicto territorial. Y si la bandera es más grande que la de Vox, pues mejor. Por cierto, partido con el que ustedes están dispuestos a pactar...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: ... y que tira a la basura media Constitución española. Háganselo mirar. Señorías del Partido Popular, no se han enterado todavía: dejen de pujar por la derecha, y tanto que invocan el espíritu de la Transición hagamos política de una vez por todas, en mayúsculas, y dejemos los símbolos nacionales para cuando haya algo que celebrar.

Por supuesto, no cuenten con la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria para este juego irresponsable...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Termino, señor presidente.

... e irrespetuoso con la ciudadanía de este país.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías del Partido Popular, nunca hubiera dicho que, en un tema como este del debate sobre la Constitución, en algo pudiéramos estar de acuerdo ustedes y nosotros, el Partido Nacionalista Vasco. Y es que, extrañamente, le han dado una importancia singular a los datos de participación tanto en Cataluña como en Euskadi. Y yo me digo que eso algo quiere decir para ustedes, es decir, algo quiere decir que, en el referéndum sobre la Constitución, los datos de participación en Euskadi y en Cataluña sean importantes. Entonces, los voy a tratar yo también.

En Euskadi, de un censo de 1 552 737 personas, votaron afirmativamente a la Constitución 479 205, es decir, algo menos del 31 %. El 30,80 % dijo sí. El resto no apoyó la Constitución.

Eso algo les tiene que dar que pensar, porque ustedes han subrayado el dato de Euskadi; yo les subrayo el dato de Euskadi. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hay detrás de ese dato? Porque ustedes dicen en la moción que todos los españoles se sienten representados por la Constitución. Primero, utilizando su lenguaje, ustedes no son quienes para hablar por todos los españoles y ya le digo yo que todos los españoles no se sienten representados por esta Constitución.

Segundo dato, Cataluña, una de las comunidades autónomas en las que la participación fue más elevada el día 6 de diciembre de 1978. ¿No les da que pensar que si obtuvieron ese dato hoy haya algo más de 2 millones de personas o por lo menos 2 millones de personas que se sienten fuera de esta Constitución. ¿Qué ha pasado para que nos encontremos en esta situación? ¿Está siendo la Constitución capaz de responder a los dilemas que hay dentro del Estado español? ¿Son ustedes capaces de leer, de interpretar lo que hay dentro del Estado español, que es plurinacional? Es decir, hay realidades nacionales que tenemos que reconocer y en tanto en cuanto no se dé esa situación no van a solventar ni van a superar los dos datos a los que ustedes han hecho referencia. Hablan de que es una Constitución que respeta la diversidad; ustedes mismos la rompieron aprobando la LOAPA, una ley orgánica de armonización declarada inconstitucional, ustedes rompieron esa filosofía.

Hablan de concordia, diálogo y búsqueda de consensos básicos. ¿Hay algo más cínico que utilizar esta frase con el clima que estamos viviendo hoy? ¿Ustedes de verdad creen que nosotros trasladamos este mensaje del Partido Popular a la ciudadanía? ¿Se creen este mensaje de concordia, de diálogo y de búsqueda del consenso? Es falso, porque no lo quieren y no se lo creen, porque no son capaces de aceptar cuál es la realidad dentro del Estado.

Instan al Gobierno a exigir responsabilidades por su incumplimiento. Al menos cuando han estado ustedes en el Gobierno, señores del Partido Popular, han sido los primeros en incumplir las sentencias del Tribunal Constitucional: transferencias, competencias, han incumplido la Ley Orgánica del Estatuto de Gernika. ¿Qué es eso? Ustedes únicamente cumplen la ley cuando les conviene; cuando no les conviene, no. Ayer vimos una intervención de un senador vasco diciendo que no había que transferir la competencia de prisiones cuando es literal el texto que viene en el Estatuto de Gernika. ¿Cómo quieren que nosotros les creamos?

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino, señor presidente.

¿Cómo quieren que la ciudadanía les crea a ustedes, cuando ustedes son un partido de cumplir la ley a conveniencia? Para que no se confundan, miembros del Partido Popular, nosotros, el Partido Nacionalista Vasco, el grupo de nacionalistas vascos, acatamos la Constitución, pero no es la nuestra, nosotros no la votamos. ¿Saben cuál es la duda que tengo?

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Es si ustedes, los miembros del Partido Popular, acatan la Constitución.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Castel.

La señora CASTEL FORT: Gràcies, president.

Quan se’ns planteja una moció per al text constitucional em ve al cap immediatament l’article 96. Aquest article assenyala que els tractats internacionals vàlidament celebrats, i un cop publicats oficialment a Espanya, formaran part de l’ordenament intern. Les seves disposicions només podran ser derogades, modificades o suspeses en la forma prevista en els propis tractats, o d’acord amb les normes generals del dret internacional. Llavors em venen a la memòria uns quatre tractats ratificats per Espanya, com per exemple la Carta de les Nacions Unides, exactament l’article 1.2; i nombroses resolucions de l’Assemblea General de les Nacions Unides. O el Pacte de Drets Civils i Polítics de les Nacions Unides del 1966; o l’acta final de Helsinki del 1975; o la Carta de París per a una Nova Europa de l’OSCE, del 1990. En aquests tractats internacionals es recull una sèrie de drets humans considerats ius cogens, és a dir, normes de dret imperatiu, que no admeten ni la seva exclusió ni l’alteració del seu contingut, de manera que qualsevol acte en contra serà considerat nul. Amb les normes de ius cogens es pretén emparar els interessos col·lectius fonamentals, la qual cosa explica perquè aquesta classe de normes es troben en una disposició jeràrquica superior respecte de la resta de disposicions de l’ordenament, inclosa qualsevol Constitució estatal. Com deia, en aquests tractats signats per Espanya i que per la via de l’article 96 de la Constitució formen part de l’ordenament intern, contenen articles on es troba reconegut i emparat el dret a l’autodeterminació dels pobles. Es tracta del dret de qualsevol poble a decidir les seves pròpies formes de govern per seguir el seu desenvolupament econòmic, social i cultural, i estructurar-se lliurement sense ingerències externes. És un principi fonamental del dret internacional públic, i un dret dels pobles, que té caràcter inalienable, i genera obligacions erga omnes per als Estats, per a tothom; és a dir, obligacions respecte a tots i en front de tothom. I diré més. El Comitè de Drets Humans ha posat de manifest la seva naturalesa fonamental en assenyalar que és un requisit necessari per a la plena efectivitat dels drets humans individuals.

Quan demanin defensar la Constitució i les seves llibertats, i exigir responsabilitats pel seu incompliment, recordin aquest article, aquests tractats i aquest dret universal fonamental. Només vostès són responsables del seu incompliment erga omnes.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, presidente.

Cuando se nos plantea una moción de apoyo al texto constitucional me viene a la cabeza inmediatamente el artículo 96. Este artículo señala que los tratados internacionales válidamente celebrados y una vez publicados oficialmente en España formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del derecho internacional. Me vienen a la memoria cuatro tratados ratificados por España, como, por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas, exactamente el artículo 1.2, así como numerosas resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas; o el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, de 1966, o el Acta Final de Helsinki, de 1975, o la Carta de París para una Nueva Europa, de la OSCE, de 1990. En estos tratados internacionales se recoge una serie de derechos humanos considerados ius cogens, es decir, normas de derecho imperativo que no admiten ni su exclusión ni la alteración de su contenido, de forma que cualquier acto en contra será considerado nulo. Con las normas de ius cogens se pretende amparar los derechos colectivos fundamentales, lo cual explica por qué esta clase de normas se encuentran en una disposición jerárquica superior respecto al resto de disposiciones del ordenamiento, incluida cualquier constitución estatal. Como decía, en estos tratados firmados por España y que, por la vía del artículo 96 de la Constitución, forman parte del ordenamiento interno, entre estos artículos, se encuentra reconocido y amparado el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Se trata del derecho de cualquier pueblo a decidir sus propias formas de Gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente sin injerencias externas. Es un principio fundamental del derecho internacional público y un derecho de los pueblos que tiene carácter inalienable y que genera obligaciones erga omnes para los Estados, para todos; es decir, obligaciones respecto a todos y frente a todo el mundo. Y diré más, el Comité de Derechos Humanos ha puesto de manifiesto su naturaleza fundamental al señalar que es un requisito necesario para la plena efectividad de los derechos humanos individuales.

Cuando pidan defender la Constitución y sus libertades y exigir responsabilidades por su incumplimiento, recuerden este artículo, estos tratados y este derecho universal fundamental. Solo ustedes son responsables de su incumplimiento erga omnes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castel.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Espinar.

El señor ESPINAR MERINO: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

El Grupo Popular nos trae una moción sobre la Constitución española de 1978. Como tengo poco tiempo, voy a tratar de ser breve y de hacer tres cosas: un recorrido, una valoración de presente y una valoración de futuro.

El pasado 6 de diciembre celebrábamos los 40 años de la Constitución española y celebrábamos un hito histórico, relevante en nuestra historia reciente, que trajo avances a nuestro país: nuestro país pasó a ser una democracia representativa. La Constitución española de 1978 representó un pacto territorial y de clases para nuestro país y representó para la mayoría de la población, para la ciudadanía de nuestro país la conquista de derechos civiles, políticos y sociales. Si esto sucedió y si el balance histórico de la Constitución es positivo es porque veníamos de una situación anterior. España vivía bajo una dictadura. Es sorprendente que todavía hoy, en los homenajes a la Constitución española, solo aparezcan los que, para las élites actuales, son los grandes prohombres de aquel proceso. Por cierto, no hay ninguna mujer; siempre que hablamos de los padres y de los artífices de la Constitución no hay ninguna mujer que se ponga de relieve en los análisis. Pero es que hay un fundamento ausente en las celebraciones de nuestra Constitución que es el pueblo. Cuando los franceses celebran su república o cuando los americanos celebran su declaración de independencia, se celebra en la calles y lo celebra el pueblo. En España se hace una celebración cerrada en el recinto del Congreso de los Diputados, al que van los reyes, los reyes eméritos y los parlamentarios, y nada más. Eso tiene que ver con un relato sobre nuestra Transición y con una construcción de una narrativa sobre nuestro sistema político que también tiene que ver con cómo se ha configurado nuestra democracia. Hay avances. En los últimos cuarenta años nuestro país ha consolidado un sistema público de sanidad fantástico, ha consolidado una clase media que no existía con anterioridad, ha consolidado un sistema público de pensiones, ha consolidado una educación pública universal y ha consolidado una serie de derechos para nuestro pueblo. Pero en el proceso de transición a la democracia también hay algunos elementos que tienen que ver con los problemas que tenemos hoy. Se hizo énfasis en la representación que ha consolidado un sistema de élites políticas que no deja paso a la participación popular, se hizo énfasis en los padres de la Constitución del 78 y nunca se habló del papel de las mujeres, y se hizo demasiado énfasis en la centralidad de los partidos en nuestro sistema político. Y hoy, de esa centralidad de los partidos en nuestro sistema político, se deriva la poca participación política, la politización de la justicia o la politización de Radiotelevisión Española. Cuando se hace un balance de cuarenta años hay que ponerlo todo en la balanza.

Pero el problema no está en cómo accede nuestro país a la democracia o en cómo se hace la transición, el problema está, señorías, en que desde el 78 en adelante lo que debía ser un punto de encuentro se ha convertido para la derecha de nuestro país en una trinchera. Ustedes han convertido la Constitución española en un parapeto para utilizarla contra los que no piensan como ustedes. Para ustedes —seamos claros—, la moción que presentan hoy no es un punto de encuentro y de concordia para los españoles; lo que ustedes traen hoy aquí es una Constitución arrojadiza contra quienes no pensamos como ustedes. Nosotros pensamos que la Constitución fue un avance histórico para nuestro país, pero de eso hace cuarenta años, y que hoy hay una división —lo he expresado en esta tribuna en otras ocasiones— entre la Constitución formal y la Constitución material, entre lo que dice el texto constitucional y lo que ha pasado en los últimos años en nuestro país. Hoy hay una crisis de representación en España; hoy hay una crisis social en nuestro país que ha consolidado a un 25 % de nuestros compatriotas en riesgo de pobreza, deteriorando el acceso a las clases medias de la mayoría social de nuestro país que se consolidó en los años ochenta y noventa; y hoy hay una crisis territorial en nuestro país con un modelo autonómico que está agotado, señorías. Y eso hay que afrontarlo, como hay que afrontar el hecho de que nuestra Constitución se ha reformado solo dos veces en los últimos cuarenta años y ninguna de las dos veces se ha reformado con el concurso de un referéndum y con la participación de la ciudadanía.

En el año 1996 —y de ahí se deriva la moción que ustedes presentan hoy— el Partido Popular asume —me van a permitir que les diga que lo asume de boquilla— como doctrina el llamado patriotismo constitucional de Jürgen Habermas. En realidad, lo que ustedes asumen es una suerte de patriotismo de lo que hay. A ustedes les gusta...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ESPINAR MERINO: Termino.

El senador del Grupo Popular que ha presentado esta moción citaba a Celaya; a mí me gusta más, señor senador, Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez decía: Raíces y alas, pero que las raíces vuelen y las alas arraiguen. Ustedes, cuando hablan de España y cuando hablan de la Constitución, solo hablan de raíces porque solo hablan de lo que fuimos, y solo hablan de lo que se hizo para no hablar de lo que se puede hacer. Nosotros no creemos en España porque creemos en don Pelayo y en determinado...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora ESPINAR MERINO: ... creemos en España porque creemos en los españoles, creemos en lo que somos y creemos en lo que podemos hacer. Creemos que la Constitución se puede reformar para blindar los derechos sociales, para hacer una reforma del sistema electoral, para despolitizar la justicia y Radiotelevisión Española, para hacer una reforma parlamentaria que reforme esta Cámara y reforme leyes injustas...

El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, senador Espinar.

El señor ESPINAR MERINO: Nosotros creemos que nuestro pueblo se merece un patriotismo constituyente, un patriotismo de lo que podemos ser y no un patriotismo de lo que fuimos. Ya les digo: raíces sí, pero no para cortar las alas a un pueblo que es mejor que su derecha.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Gracias, presidente.

Señorías, en primer lugar, lamento que no se haya aceptado nuestra enmienda. Creíamos que en el cumplimiento del 40 aniversario de la Constitución le daba a la moción una amplitud que no tiene.

La defensa de la Constitución es tarea de todos los poderes públicos y una visión muy parcial, como la que hace la moción, puede resultar engañosa respecto al significado del conjunto.

Los socialistas estamos orgullosos como partido de haber participado activamente en la redacción y aprobación de la Constitución en una época difícil, en la que se tenían que reconciliar posturas políticas diferentes y a veces enfrentadas; una Constitución que nos ha dado estabilidad política y progreso. Los socialistas estamos muy orgullosos de ello y nos ratificamos en el compromiso con los principios y valores que la estructuran. Desde esta estima, compromiso y participación directa en su redacción y aprobación, creemos que no hay mejor forma de respetarla y darle continuidad que reformándola y adecuándola a los nuevos retos. Ello, claro está, desde el consenso y por los procedimientos que pactamos en su día y, por lo tanto, nadie puede pretender forzar atajos que contravengan estos o el cumplimiento de las leyes sin encontrarse frente a los poderes del Estado. Al igual que es lógico que los demócratas no demos juego a aquellos que defienden ideas que van en contra de la dignidad humana, centro neurálgico de nuestro ordenamiento político, y en contra de los derechos humanos, como lo que representa la eliminación de la Ley de violencia de género, la xenofobia y el odio al extranjero, por ejemplo. En palabras de Avishai Margalit, una sociedad decente no lesiona el honor cívico de sus miembros y, por consiguiente, en ella no existen ciudadanos de segunda clase.

Para una verdadera defensa de la Constitución es imprescindible el trabajo comprometido de los partidos políticos. Un trabajo desde la lealtad institucional y la responsabilidad, que se debe mantener tanto cuando uno está en el Gobierno como cuando pasa a la oposición; que implica que si uno pide el obvio cumplimiento de las leyes, debe procurar cumplir con ello —cosa que no ocurrió durante muchos años con la Ley de memoria histórica y que son derechos humanos—; que no debiera llevarnos a lecturas parciales de la Constitución, por ejemplo, manteniendo posturas implacables contra quienes cuestionan la unidad de España y posturas muy condescendientes con los que defienden la eliminación o restricción del Estado autonómico, cuando ambos principios son esenciales, dando la impresión a veces de que algunos consideran que el Estado es solo el Gobierno de España y que las autonomías —empleando términos futbolísticos— son de tercera regional preferente. Un trabajo que, siguiendo las enseñanzas de los constituyentes, nos obliga a que, desde la política, busquemos la raíz de los problemas y no nos dediquemos solamente a responder a sus efectos, muchas veces después de dejar que se pudran; nos obliga a que hagamos uso del diálogo y de la voluntad de entendimiento no solo para hacer discursos sobre la Transición, como da la sensación que hace la moción, que empieza loando los esfuerzos de aquella en este sentido y acaba exigiendo, únicamente al Gobierno actual, que aplique orden constitucional a los desafíos, exija responsabilidades e ice banderas, olvidándose por completo del diálogo y de la voluntad de entendimiento.

Defender la Constitución es incompatible con pulverizar las reglas no escritas que exigen sentido de Estado y respeto a las reglas de juego, así como pervertir el funcionamiento y objetivo de las instituciones. Defender verdaderamente la Constitución es garantizar la dignidad humana y los derechos sociales, y ello implica darle prioridad como desafío, para luchar de forma efectiva contra la desigualdad y la precariedad social que afectan a muchas personas, una materia de gran entidad constitucional y poco visible en esta moción; una materia —la desigualdad y la precariedad social— que es campo abonado para el nacimiento de posiciones extremas.

Defender verdaderamente la Constitución es apostar por más democracia, es apostar por la política y, por tanto, luchar contra todo aquello que la restrinja, debilite o crispe. En este sentido, quizá habría sido muy oportuno que una iniciativa que trata de la Constitución, ¡nada menos que de la Constitución!, hubiera dado lugar a que el Grupo Popular...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ANTICH OLIVER: ... hubiera hablado con los demás grupos, hubiera intentando un consenso.

Voy terminando.

Estamos hablando de la Constitución y ustedes han presentado una iniciativa que no busca aquello que loan en su moción sobre la Transición, el entendimiento y el diálogo. Ustedes siguen con la polarización. Siguen marcando diferencias. Ustedes ni siquiera se han dirigido a nosotros para intentar llegar a un acuerdo.

El señor PRESIDENTE:



Termine, señoría.

El señor ANTICH OLIVER: Esta es la voluntad de acuerdo que tienen ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pérez Pastor.

El señor PÉREZ PASTOR: Gracias, presidente.

Señorías, se ha hablado de una moción de consumo interno. Yo pienso que no. Esta moción la vamos a aprobar entre todos, hasta por los que voten en contra. Porque en una democracia todos somos hijos de lo que se vote. Y, senador Bildarratz, de lo que vote la mayoría que vota; es decir, no se puede interpretar el dato de los que no votan como un dato contrario. Simplemente, no votan. No podemos pervertir esa franja de gente que no votó. En cualquier caso, estamos hablando de un momento del pasado y ahora estamos debatiendo una moción que está ahí, en esa pantalla, y hay que tratarla en su inmanencia, es decir, en los términos en los que está, y lo digo para todos los partidos políticos a los que les gusta utilizar al Partido Popular de sparring más que otra cosa.

Cuando uno se desayuna leyendo noticias como que los CDR han paralizado tal o cual circulación. Cuando se lee que un CDR interrumpe a Josep Borrell en Bruselas diciendo no sé qué barbaridades sobre la Constitución, en lo que antes algún que otro diletante llamó jarabe democrático de los de abajo, que a todas luces es, cuando menos, una falta de educación, cuando no una agresión directa. Cuando Quim Torra habla de Eslovenia a chorro libre y nos tiene pendientes de si en dos horas se ha tomado o no un bollo. Cuando se habla de que esto es un camp de joc, pues no, esto no es un juego, esto es algo muy serio. Cuando la propia ministra Calvo señala que se han cruzado líneas literalmente inaceptables —y cito con comillas— por parte de este último señor, Quim Torra. Cuando sucede todo esto, esta moción, la presente el Grupo Popular o la presente quien la presente, general en sus planteamientos y ligada a un aniversario —que es el momento de presentarla; esto no se presentó el año pasado, se presenta ahora—, cuando se lee todo esto, esta moción toma cuerpo, se sustancia y se hace necesaria.

Como ya he dicho, servidor nació con la democracia. Mi generación no le debe nada al pasado anterior, por más que interese —no sé a quién— seguir avivando no sé qué rescoldos extraños. La Constitución es el marco en el que hemos crecido, nos hemos formado y ejercemos nuestras profesiones. Y, créanme, estamos razonablemente satisfechos con ello. Como a determinados partidos les interesa el río revuelto, se van diseminando mantras que no están bien planteados. El primero, que no votamos la Constitución. Algunos de esos partidos olvidan que tampoco votamos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre o la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que tanto suelen citar para dar barniz académico a sus postulados, y que no por ello pasan a ser textos inválidos. Tampoco descubrimos la penicilina, ya estaba descubierta. No nacemos por primera vez. Cuando uno nace, nace en unas coordenadas concretas del tiempo y el espacio y es hijo de ellas. Por supuesto, esto no implica conformismo.

Pero una Constitución como la nuestra tiene mecanismos de reforma. Y apunten, que les voy a dar la receta a todos esos partidos que hablan de la reforma constitucional: solo hay que articularlo de la forma correcta. Primero, concretando qué se va a dejar del texto, concretando qué se quiere cambiar —que poco se habla de esto y hay que concretar— y plasmando todo eso —y aquí viene la madre del cordero— en un programa electoral que obtenga la mayoría suficiente para un proceso que, como no se ha ido incorporando en ninguno de los programas ni se ha votado en estos términos que estoy diciendo, no es una urgencia prácticamente para nadie. A mí, por lo menos, cuando me paran por la calle, y me paran para muchas cosas que le preocupan a la ciudadanía, casi nadie lo hace para decirme: Oye, por favor, la reforma constitucional, lo primero. Al contrario, mi generación clama por seguir apuntalando la paz, la concordia —no exenta de alas, señor Espinar, claro que no— y el entendimiento en esta delicada taracea de autonomías en las que se fundamenta el equilibrio territorial del que esta Cámara es foro y que constituye una de las grandes fortalezas de este país.

Esta moción gira en torno a tres ejes fundamentales, que es lo que se va a votar, y nada de lo demás que se ha dicho: Uno, reivindicar nuestra transición democrática, basada en los principios —sí— de concordia, diálogo y consenso. Dos, rendir homenaje a los senadores constituyentes. Y, tres, instar al Gobierno a que garantice, como es su deber, la defensa del orden constitucional y el respeto a las leyes. Estas tres cosas son las que se van a votar. Es muy fácil: o se está a favor de todo ello o se está en contra. Los partidos en momentos así deben retratarse en pares mínimos: o sí o no, es decir, se está a favor del orden constitucional o se está en contra; la abstención ya sería de traca, visto cómo han ido las enmiendas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Pastor.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 244; a favor, 144; en contra, 42; abstenciones, 58.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA CONEXIÓN A INTERNET DE ALTA VELOCIDAD, CON ESPECIAL INCIDENCIA EN ZONAS RURALES, PEQUEÑAS POBLACIONES Y ÁREAS DE BAJA DENSIDAD DEMOGRÁFICA. 662/000141 GPP

El señor presidente da lectura al punto 5.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado diez enmiendas: seis del Grupo Parlamentario Mixto, por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete; dos del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; una del Grupo Parlamentario Socialista; y una del Grupo Parlamentario Nacionalista, que ha sido retirada.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Clemente. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

La señora CLEMENTE MUÑOZ: Gracias, presidente.

Cualquiera que conozca la realidad del medio rural de un pequeño municipio del interior de España puede comprender perfectamente la importancia de la moción que debatimos hoy.

Todos nosotros entendemos la vida conectada a internet: términos como ciudades inteligentes, televisión a la carta, redes sociales, administración electrónica, todo a un clic cogestionado desde nuestros propios teléfonos móviles. Muchos de nosotros no podríamos entender el día a día sin esta tecnología, pero la realidad es que hay muchos municipios donde no conocen estos términos.

Internet acorta las distancias, es un instrumento extraordinario para romper la brecha de la distancia y para romper la brecha de la diferencia entre vivir en una ciudad o en un pequeño municipio. Por eso es preciso ganar la batalla a la brecha digital, que todavía distancia y diferencia el medio rural y el medio urbano. (Rumores). Porque es cierto que España dispone de una de las mejores redes fijas del mundo, que cubren a cerca del 80 % de la población, y eso es más de lo que suma Alemania, Reino Unido...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Guarden silencio, señorías, por favor.

La señora CLEMENTE MUÑOZ: Pero no significa que esa cobertura llegue a todo el territorio (Rumores), es preciso hacer un esfuerzo especial en aquellas zonas con menos población...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, señoría. Si no guardan silencio, no se puede continuar el Pleno.

Continúe, señoría.

La señora CLEMENTE MUÑOZ: Como decía, es preciso hacer un esfuerzo especial en aquellas zonas con menos población o con población más dispersa, como es mi provincia, Teruel, porque tiene derecho y porque es un derecho, porque sirve para acortar distancias y para multiplicar las opciones, para avanzar realmente hacia una verdadera igualdad de oportunidades.

¿Cómo puede una casa de turismo rural sin internet gestionar las reservas? ¿Cómo puede un ayuntamiento como el mío ofrecer administración electrónica o comunicarse electrónicamente si no dispone de internet? ¿Cómo se puede automatizar una explotación ganadera sin internet? ¿Cómo se puede convencer a un niño de ir a un pueblo si no va a poder utilizar su tablet? ¿Cómo puede un médico consultar un expediente de un paciente sin internet? Creo que muchos de nosotros, alcaldes de pequeños pueblos de diferentes puntos de nuestro país, sabemos las puertas que nos puede abrir, pero, sobre todo, sabemos también las puertas que se nos cierran por carecer de una conexión en condiciones. La conectividad ayuda a la actividad y favorece el crecimiento y la creación de empleo en unas zonas que necesitan, que demandan, que urgen la fijación y atracción de población hacia nuestros pueblos. Por eso, internet es también un instrumento para romper la brecha de la despoblación que a todos nos preocupa y a todos nos debe ocupar. Y prueba de ello es que la demanda de conectividad digital es, sin lugar a dudas, una de las más claras en todos los foros de reflexión y actuación frente a la despoblación. Por eso, era preciso tomar nota de esta demanda y tomar cartas en el asunto, y es lo que se ha hecho en los últimos años, es lo que hizo el Gobierno del Partido Popular. Desde la puesta en marcha del Programa de extensión de la banda ancha de nueva generación se han venido aportando ayudas, desde el año 2013, para acelerar la extensión de la cobertura de las redes de banda ancha, para que llegase a las zonas más alejadas de la rentabilidad, a zonas con población escasa o dispersa. Pero, conscientes de la necesidad de un esfuerzo adicional y asumiendo la lucha contra la despoblación como una prioridad esencial en la agenda nacional, en 2017 se dio un importante impulso a este programa. De hecho, en el periodo 2013-2017 este programa concedió 216 millones de euros de ayudas públicas en proyectos para llevar la fibra óptica a 3,5 millones de viviendas y empresas y sirvió para extender la red de banda ancha ultrarrápida a 4064 núcleos de población que antes no tenían cobertura. Pero también poniendo en marcha las ayudas a la contratación de servicios de banda ancha donde autónomos, pymes, empresas y ayuntamientos con una población inferior a 5000 habitantes no tendrán que asumir el pago de la conectividad; unas ayudas que, por cierto, siguen o deberían seguir vigentes hasta el 31 de diciembre de 2020.

El Gobierno de Mariano Rajoy fue muy consciente de que era necesario acometer un esfuerzo adicional y asumir un impulso definitivo a la conectividad en las zonas rurales y poco pobladas. Este es el motivo por el que en marzo de 2018 se presentó el Plan 300x100, para incrementar los recursos destinados a financiar la extensión de la banda ancha y para fijar unos objetivos y plazos concretos que asegurasen este fin. La meta es la conexión con redes de fibra óptica de 300 megas por segundo del cien por cien de los núcleos de población con el horizonte temporal de 2021. Para ello, se incrementaron de nuevo los recursos destinados a las ayudas a los aforadores, se reservaron fondos hasta 2021 por un total de 525 millones de euros y se estableció esta fecha como objetivo para completar la extensión de la banda ancha. Este esfuerzo en la extensión de redes de muy alta velocidad fue acompañado de otros no menos importantes en el marco de la lucha contra la despoblación. Hablamos, por ejemplo, del proyecto de territorios inteligentes, dotado con 50 millones de euros, para la extensión de las aplicaciones de las nuevas tecnologías a los servicios públicos. También hablamos de los proyectos de servicios públicos 4.0 en el mundo rural con otros 10 millones de euros. Porque no se trata solo de dar herramientas, sino también facilidades, y facilidad es que los nuevos emprendedores que decidan instalarse en los municipios de menos de 5000 habitantes tengan también más ayudas, por eso decidimos rebajar la cuota de autónomos a todos ellos. Facilidad también para el acceso a la vivienda, con ayudas de hasta 11 000 euros para los que compren una casa en estos municipios de menos de 5000 habitantes en el marco del Plan de vivienda, dotado de más de 1400 millones de euros.

Hablamos de compromisos que son realidades, con financiación comprometida y con medidas en marcha a día de hoy. Porque se intentaron priorizar las medidas eficaces con implantación inmediata a las promesas vacías sin financiación asociada. Basta recordar en el tema que nos ocupa que el Plan 300x100 se puso en marcha de forma inmediata: en apenas unas semanas desde su presentación se aprobó la primera convocatoria de ayudas, dotada de 150 millones de euros. Esa convocatoria se acaba de resolver en los pasados días y por eso es más preciso que nunca que traigamos aquí esta moción.

Porque hay elementos, actitudes y actuaciones del Gobierno del Partido Socialista que nos generan dudas. Por eso queremos que se comprometan aquí a seguir impulsando, implantando y garantizando la conectividad digital, a asegurar la disposición de fondos y la implantación de ayudas y a garantizar que lleguen donde tienen que llegar para que internet llegue a nuestros pueblos. Porque tenemos serios motivos por los que dudar de su voluntad y de su compromiso con este objetivo y tenemos motivos igual de serios para desconfiar de su compromiso con el medio rural. Los tuvimos ya muy pronto: en cuanto llegaron al Gobierno, en esta Cámara se aprobó una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado del año 2018 para mejorar la dotación presupuestaria del Plan 300x100, pero en el Congreso de los Diputados decidieron tumbarla, decidieron que más fondos para internet no eran necesarios. Podríamos decir que lo único que han hecho hasta el momento en su impulso de la agenda digital es resolver la convocatoria que el Gobierno del PP dejó convocada; en definitiva, reparten los fondos que dejamos consignados.

Se han otorgado 185 proyectos y se reparten ayudas por valor de 122 millones de euros —por cierto, tenían margen hasta los 150 que les dejamos presupuestados—. Lo mismo han hecho con otras ayudas para la despoblación, porque el anterior Gobierno también dejó consignados 100 millones de euros para ayudas al emprendimiento y al empleo en los municipios despoblados. ¿Saben lo que ha hecho el Gobierno actual? Pues ha hecho una convocatoria por valor de 80 millones; no sabemos qué habrán hecho con los otros 20. Diferencias aparte, eso es lo único que han hecho: repartir los fondos que el anterior Gobierno dejó presupuestados. Bueno, eso y algo más, porque cuando han tenido la oportunidad de fijar a las operadoras las condiciones para cumplir con sus obligaciones de extensión de la cobertura a 300 megas por segundo en los pequeños municipios, ¿qué han hecho? Pues rebajar las obligaciones. En la orden que ha publicado el Ministerio de Economía y Empresa exigen a las operadoras una cobertura menos potente que la que se planteaba en un principio; la velocidad de 30 megas será solo nominal, de forma que bajará en la medida en que se vaya conectando la gente. Las redes solo deberán dar servicio ahora al 10 % de la población y se reduce el número de antenas exigidas para dar cobertura a los usuarios. ¿Saben lo que han hecho, señoras y señores socialistas? Que a la hora de decidir se han puesto del lado de las operadoras. En cualquier caso, esta obligación de cobertura no significa que no siga siendo necesario el Plan 300x100, que es un plan voluntario, abierto a todos y para desplegar fibra con ayudas públicas, mientras que el plan de 800 megahercios es una obligación contraída por las tres operadoras que ganaron las frecuencias —y solo por ellas, sin ayudas públicas— y que establece una cobertura mínima por cualquier tecnología. Ambos son necesarios, porque el objetivo de facilitar la cobertura de internet en las zonas rurales y poco pobladas está por encima de todo.

El problema está claro: el actual Gobierno no apuesta por el medio rural, no lo hace cuando, en lugar de plantearse incentivos para mejorar su situación, lo que pretende es abrasarlo a impuestos, subiendo el diésel o las cuotas de autónomos. Pero, señorías, hemos alcanzando en los últimos tiempos un consenso que no cabe olvidar, y es la conciencia compartida de que la despoblación es un problema también compartido y que la lucha por nuestros pueblos es una cuestión de Estado.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora CLEMENTE MUÑOZ: Ya termino, presidente.

Afirmar este compromiso, asegurar las ayudas al medio rural y favorecer su conectividad es una necesidad irrenunciable, una responsabilidad que esperamos que hoy se quede fuera de duda con la votación de esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Clemente.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor Presidente.

Compromís ha presentat sis esmenes, totes d’addició, a la moció original, perquè creiem que milloren l’original. Per un costat, per l’ampliació de l’espectre d’aplicació, per fer-la més específica tècnicament parlant. L’esmena número 3, per exemple, parla de modificar les bases del Programa 300x100, perquè el percentatge que se subvenciona dels projectes aprovats no estiguin en funció de la comunitat autònoma a on es realitza l’esmentat projecte, sinó en funció de factors més concrets com la densitat poblacional, la llunyania, l’orografia, les vies de comunicacions, etc. Els criteris han de ser consensuats en les administracions, com el Ministeri, les comunitats autònomes i els representants dels municipis. Per què ho fem això? Perquè d’aquesta manera creiem que seria un sistema més just i equitatiu, ja que no es tenen les mateixes condicions d’accessibilitat als accessos d’internet, en la mateixa comunitat autònoma o en la mateixa província, com per exemple, la província a la qual represento, Castelló, en un municipi de prop de la costa com pot ser La Jana o en un d’interior com Benassal. Els dos projectes estarien subvencionats en el mateix percentatge, tot i que l’accessibilitat i el cost no seria el mateix. Per això presentem aquesta esmena.

L’esmena número 4 demana ampliar l’espectre d’aplicació del Programa 300x100, perquè arribe al 100 % de la població i no a l’actual 95 %, que pretén el programa, ja que som conscients que aquest 5 % és el que tindrà més dificultat per a accedir a una velocitat. Per tant, no demanem l’aplicació al màxim d’aquest programa, sinó que com a mínim aquest 5 % arribe a 30 Mbps, perquè si no deixarem despenjada a aquest 5 % de la població.

La cinquena esmena demana modificar també les bases del programa 300x100 en les seues especificacions tècniques. Com sabran vostés, en les especificacions tècniques diu que hi ha tres línies d’actuació: la A, la B i la C. En la A, originalment diu 100 Mbps; nosaltres en proposem 300. En la B diu que entre 30 i 100 Mbps; nosaltres diem que entre 30 i 300 Mpbs, i en la C diu 30 Mbps, i nosaltres diem que 100. Per tant, és una millora simplement tècnica i que creiem que és bàsicament per millorar les especificacions tècniques, com dic, però també per a complir amb l’anunci que va fer l’ex President Rajoy quan va anunciar el Programa 300x100, en el qual va dir que l’ordre ministerial reflectiria una velocitat de 300 Mbps. Després, mirem les especificacions tècniques i en cap lloc, en cap de les tres línies, obliga les operadores a posar eixos 300 Mbps. Com a màxim els demana 100 Mbps o superior, però la condició mínima són 100 Mbps. Per tant, en primer lloc, per la coherència de complir amb les promeses, i, en segon lloc, perquè creiem que és necessari tindre eixa ultra alta velocitat, presentem aquesta esmena.

La sisena esmena demana modificar també les bases del Programa 300x100 per afavorir d’alguna manera els nuclis poblacionals pels quals, tot i estar dintre les característiques necessàries i exigides per entrar dintre del programa, les operadores han optat per no presentar-hi un projecte, perquè no tenen un retorn econòmic suficient o perquè consideren que no està suficientment subvencionat. Creiem que s’ha de fer algun tipus d’estudi, alguna manera, perquè les operadores no només es queden dintre dels projectes en les poblacions que els produeix un retorn més immediat; cal mirar per què no han optat per aquestes poblacions, i com fer-ho perquè sí que hi opten.

Per últim, hem presentat la primera i la segona esmena, que són per a assegurar la reducció de l’escletxa que hi ha entre zones urbanes i rurals, com pretenia la moció original, però molt més concretament, i també posar el focus sobre una cosa que ens han reflectit tant les operadores com els municipis: moltes operadores es queixen actualment que quan han de realitzar projectes, els falten professionals qualificats per a fer aquestes instal·lacions. El que hem de fer, a més d’intentar aconseguir la connexió del món rural amb aquestes línies d’alta velocitat d’internet, és tindre professionals preparats. Per tant, en conjunció amb les comunitats autònomes, intentarem fer uns itineraris educatius per aconseguir tindre professionals el més ràpidament possible, perquè no ens quedem endarrerits en els projectes d’execució d’aquestes instal·lacions no perquè no tinguem subvencions o diners per a fer-ho, sinó perquè no tinguem tècnics i els haguem de portar d’un altre lloc.

Bàsicament, aquestes són les nostres esmenes, que creiem que amplien l’espectre de la moció original i la milloren. Per tant, creiem que serien raonablement acceptables pel grup proposant.

Compromís ha presentado seis enmiendas, todas de adición, a la moción original porque creemos que la mejoran y, por otro lado, amplían el espectro de aplicación. La enmienda número 3 dice: Modificar las bases del programa 300x100 para que el porcentaje que se subvenciona de los proyectos aprobados no esté en función de la comunidad autónoma donde se realicen, sino en función de factores más concretos, como la densidad poblacional, los medios de comunicación, etcétera. Los criterios deben ser consensuados entre las administraciones, como el ministerio, las comunidades autónomas y los representantes de los municipios, porque creemos que de esta manera el sistema es más justo y equitativo, ya que no se dan las mismas condiciones de accesibilidad a internet dentro de una misma comunidad autónoma o provincia. Por ejemplo, de donde procedo yo, Castellón, en un municipio cerca de la costa, como La Jana, o en uno de interior, como Benasal, los dos proyectos estarían subvencionados en el mismo porcentaje, pero el coste no sería el mismo. Por lo tanto, presentamos esta enmienda.

La número 4 pide ampliar el espectro de aplicación del programa 300x100 para que llegue al cien por cien de la población y no al actual 95 %, ya que somos conscientes de que este 5 % es el que tendrá más dificultad para acceder a la velocidad mínima. Pedimos que este 5 % llegue a 30 megas/segundo como mínimo, porque si no dejaremos descolgado a este 5 % de la población. Por tanto, la enmienda pide modificar las bases del programa en sus especificaciones técnicas.

En la enmienda 5 se especifica que hay tres líneas de actuación: la A, la B y la C. En la A dice originalmente 100 megas, y nosotros proponemos 300; en la B dice que entre 30 y 100 megas, y nosotros decimos que entre 30 y 300; en la C dice 30 megas, y nosotros decimos 100. Por lo tanto, es una mejora simplemente técnica, que creemos que mejorará las especificaciones técnicas. También incidiremos en el anuncio que hizo Rajoy del programa 300x100, en el que dijo que la orden ministerial reflejaría la velocidad de 300 mesas/segundo, pero en ningún lugar obliga a las operadoras a esos 300 megas; como máximo, les pide 100 megas o superior, pero la condición mínima son 100 megas. Por lo tanto, por coherencia de cumplir las promesas y porque creemos que es necesario, presentamos esta enmienda.

La enmienda 6 pide modificar también las bases del programa 300x100 para favorecer a los núcleos poblaciones que, a pesar de tener las características exigidas para entrar dentro del programa, las operadoras no han presentado ningún proyecto por no tener un rendimiento económico o porque no están suficientemente subvencionadas. Creemos que hay que hacer algún tipo de estudio para que las operadoras no solo se queden dentro de los proyectos que presentan en las poblaciones que les generen un retorno más inmediato. Queremos que lo hagan para que opten por ellas.

La primera y la segunda enmienda pretenden asegurar la reducción de la brecha que existe entre las zonas urbanas y rurales, y también poner el foco sobre algo que nos han trasladado tanto las operadoras como los municipios: muchas operadoras se quejan de que cuando tienen que realizar proyectos faltan profesionales cualificados para hacer estas instalaciones. Lo que debemos hacer, además de intentar la conexión de todo el mundo rural en estas líneas de alta velocidad de internet, es tener profesionales preparados. Por lo tanto, en conjunción con las comunidades autónomas, hacer unos itinerarios educativos para conseguir tener profesionales lo más rápidamente posible para que no nos quedemos atrás en los proyectos de ejecución de estas instalaciones, no solo porque no tengamos subvenciones o dinero para hacerlo, sino porque no tengamos personal.

Básicamente, estas son nuestras enmiendas. Como amplían el espectro del proyecto original y lo mejoran, creemos que podrían ser razonablemente aceptadas por el grupo proponente.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Arrieta.

El señor ARRIETA ARRIETA: Gracias, señor presidente.

Ha llovido mucho, sobre todo políticamente hablando, desde que el anterior presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunciara en Teruel un plan para extender la banda ancha, plan que no contaba cuando lo presentó con la opinión del resto de las administraciones. Entonces ya, diferentes formaciones políticas planteamos que eso del 300x100 y los 300 megas de velocidad se iban a quedar en 100, pero la mayor crítica que se hacía al plan presentado por el señor Rajoy se centraba en que subvencionar a las operadoras, tal y como se establecía, supondría que estas invirtieran fundamentalmente donde les resultara más rentable para sus intereses de empresa. Por otra parte, tampoco se entendían muy bien los criterios que se habían seguido, porque en esos momentos se entendía que en esta faceta, como en otras, fundamentalmente había que plantear medidas de acción positiva o de discriminación positiva para aquellos municipios más pequeños, y esto, a nuestro juicio, no lo garantizaba el plan.

Hoy se nos presenta una moción que, de alguna manera, sí intenta mejorar lo que hace unos meses se planteaba pero, a nuestro juicio, en algunos aspectos había que puntualizar algo más y por ello presentamos dos enmiendas muy concretas, enmiendas que van dirigidas fundamentalmente a garantizar la cohesión territorial y la cohesión social. Por una parte, planteamos impulsar las reformas necesarias para que Red.es actúe como operador de comunicaciones de titularidad pública, al amparo de lo establecido en el artículo 9 de la Ley general de telecomunicaciones, y que se encargue también de ejecutar y operar en las condiciones que se determinen conforme a la legislación vigente.

Una segunda enmienda plantea aplicar, a través de Red.es, una planificación vinculante, una red de comunicaciones que proporcione servicios de comunicación de banda ancha, conforme a lo establecido en la disposición adicional decimoctava de la Ley general de telecomunicaciones, a poblaciones menores de 50 000 habitantes, debido a la ausencia o insuficiencia de inversión privada, y que la inversión pública se ajuste al principio de necesidad con la finalidad, como decíamos, de garantizar la necesaria cohesión social y la necesaria cohesión territorial.

Eskerrik asko. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Arrieta.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Nasarre.

La señora NASARRE OLIVA: Muchas gracias, señor presidente.

Señora Clemente, después de oír su exposición, no sé qué estamos haciendo aquí; si todo lo hizo tan bien el señor Rajoy, no sé lo que estamos debatiendo.

Coincidimos en que el tema de esta moción es fundamental para el desarrollo actual. Efectivamente, la conexión a internet de alta velocidad, acabar con la brecha digital y la accesibilidad, sí, son condiciones básicas, demandas generales, pero, señorías, se quedan en titulares grandilocuentes, se quedan en un plan caduco. Ahora, la obsolescencia política es muy rápida, los grandes titulares no solucionan problemas, se solucionan con gestión, coordinación e impulso político, que es lo que ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez, un Gobierno del Partido Socialista. Ya que si profundizamos en la línea de la moción planteada, vemos que ese plan al que ustedes se refieren, de su Gobierno, tenía limitaciones. Cuando profundizamos en la ejecución, en la cobertura, cuando vamos a ver sus objetivos concretos y comprobamos cómo el primer punto, la orden que piden modificar, no tiene que ver con el tema al que nos referimos. Su plan 300x100 fue una huida hacia delante, sin dirección, sin planificación, no aseguraba la implementación. Hay que ser responsables y apoyarnos en la colaboración de las entidades locales para cumplir los objetivos de cobertura de banda ancha marcados desde la Secretaría de Estado para el avance digital.

Por eso, nuestro grupo presenta esta enmienda de cuatro puntos, donde, en primer lugar —y fundamental—, mostramos nuestro compromiso con la implantación, y además con plena eficacia, del Plan de extensión de banda ancha de nueva generación. Consideramos que la actuación del actual Gobierno de Pedro Sánchez, a través de su secretaría de Estado, ha efectuado un impulso decisivo. Coincidimos en incidir en determinadas zonas, como las rurales —que, señorías, conozco muy bien—, en pequeñas poblaciones y áreas con especiales condiciones. No podemos consentir que existan localidades donde en un negocio deba llevar al cliente a 10 kilómetros para poder cobrarle con tarjeta de crédito. Y eso no es ocasional: en mi provincia, Huesca, se repite; en determinadas zonas se repite y ante estos hechos no lo vamos a consentir. Nuestras instituciones tienen claro perfectamente cómo se debe actuar: de forma eficaz para dar soluciones y de forma coordinada entre todas las instituciones; hay que realizar las gestiones oportunas para las convocatorias, para las iniciativas de conectividad.

Señorías del Grupo Popular, llevaban siete años gobernando, y si comparamos su plan, su ejecución y su viabilidad —no su nombre— con nuestra gestión e impulso en tan poco tiempo, la comparación es clarificadora. Por cierto, sí, se respetan los fondos que dejaron consignados; sí, claro, pero con diferencias de nuestro Gobierno, señoría: es que se ejecutan de forma real y eficaz, no como otros.

Nuestro Gobierno socialista de Pedro Sánchez ha actuado y lo va a seguir haciendo de forma coordinada, colaboradora y realizando las gestiones oportunas para llevar las infraestructuras del siglo XXI a todos los lugares de difícil accesibilidad, y poder así garantizar a toda la ciudadanía una conexión eficaz para todos, ya que esa conexión es garantía y compromiso de futuro e igualdad de oportunidades.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Nasarre.

Para manifestar si se aceptan o no las enmiendas, tiene la palabra la senadora Clemente.

La señora CLEMENTE MUÑOZ: Gracias, presidente.

Señor Navarrete, ha presentado seis enmiendas, la mayoría de ellas sobre cuestiones técnicas que en realidad vendrían a desvirtuar el sentido del Plan 300x100, pero hay una que sí podemos aceptar, la número 2, pues enriquece nuestro texto, pidiendo fomentar el apoyo a la educación digital. Nosotros vemos necesario seguir apoyando el plan de formación en competencias digitales, dotado con 60 millones de euros, que a comienzos de este mismo año presentó el Gobierno anterior.

Señor Arrieta, lo que pide en nombre de Podemos dista mucho de nosotros. Lo que pretende es la intervención del sector de telecomunicaciones a través de Red.es, que no es una operadora, sino una empresa pública para el desarrollo de programas de impulso digital, y mucho menos puede funcionar como una operadora en régimen de monopolio público. Además, no podemos aceptar la utilización de Red.es como una planificadora de financiación, que ya existe; lo que precisamente se pide en esta moción es que se cumpla, que se ejecute.

Señora Nasarre, sin implementación, poco serios y eficaces... Así nos ha llamado. La respuesta es fácil: podría preguntar a las 4064 poblaciones y a los 3,5 millones de viviendas que de 2013 a 2017, gracias a la gestión, han llegado a la red. A ellos les podría hablar de cómo ha sido de eficiente el Gobierno de Rajoy durante estos cuatro años. (Aplausos). Y como ejemplo de coordinación podríamos poner nuestra comunidad, esa que gobiernan ustedes, esa en la que han dejado a las provincias sin ningún tipo de coordinación y encima culpando a los que no les llega porque no lo han hecho. O sea, lecciones las justas aquí.

Señora Nasarre, el Grupo Socialista lo que ha venido a hacer aquí es sustituir nuestra moción para eliminar toda la acción del Gobierno anterior, eliminando la referencia al Plan 300x100; es decir, se trata de hacer lo mismo, pero que no se note lo que había hecho el Partido Popular. Y también pretenden obviar la acción de su Gobierno en la rebaja de las condiciones a las operadoras —de esto nos olvidamos—. Entenderán que hay que seguir ampliando la banda ancha en nuestro país, pero sin omitir que el Gobierno anterior fue el que más trabajó en ello y que su Gobierno tiene ahora que mantener ese compromiso, porque, insisto, defender el medio rural y luchar contra la despoblación es una tarea de todos.

Por lo tanto, señorías, dejaremos nuestra moción tal y como está, añadiendo como un nuevo punto la enmienda número 2 de Compromís.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Clemente.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete. ¿Alguien más del Grupo Mixto va a intervenir? (Asentimiento de la senadora Domínguez de Posada Puertas).

Gracias.

El señor NAVARRETE PLA: Intervengo brevemente, primero para agradecer la aceptación de nuestra enmienda y también para decir que me ha sorprendido que, cuando nos han explicado por qué no aceptaban las otras, dijeran que era porque tenían una especificidad técnica muy contundente. Provengo del mundo de la ingeniería y, por lo tanto, sé de lo que estoy hablando, de ahí que les hayamos hecho esa precisión tan técnica. Era importante para nosotros ser muy precisos porque la orden ministerial lo dejaba de tal manera que las operadoras podían tomarse la cobertura mínima a la mínima característica y, por lo tanto, no llegábamos a cumplir la palabra del propio expresidente del Gobierno, señor Rajoy, que decía que en zonas de España llegaría la ultra alta velocidad, a 300 megas/segundo. Entonces, creíamos que era necesario y, por tanto, era importante reflejarlo ahí técnicamente. Nos sorprende que nos digan que no se aceptan cosas por motivos técnicos, que precisamos mucho, etcétera.

Paso a la otra valoración que quería hacer. Yo provengo de un pueblo en el cual actualmente viven cinco personas, que no tenemos el problema de la cobertura de internet porque la velocidad que tiene actualmente la línea fija es de 3 megas, ni más ni menos, es que no tiene ni cobertura de móvil. Sabemos en qué posición del pueblo puede llamar un abonado de cierta operadora y en qué posición del pueblo puede llamar el de otra operadora. Por lo tanto, cuando viene un visitante, de los varios turistas que tiene, y nos dice: Es que no tengo cobertura, ¿cómo puedo llamar? Le digo: ¿Ves aquel pino de allí? Si eres de Telefónica, allí; si eres de Orange, allá.

Por lo tanto, venirnos aquí con que hay que mejorarlo, evidente, pero hay que pisar el terreno y saber qué situaciones tiene cada vecino. Por eso pedíamos esas mejoras técnicas, que iban encaminadas a esas poblaciones tan concretas que cuando nos oyen aquí hablar de mejorar la velocidad, de tener más datos o de poder acceder rápidamente al streaming, a la televisión online..., les parece fantástico, pero a ellos les suena raro poderse bajar un archivo PDF de un correo electrónico. Repito, por eso pedíamos todas esas mejoras técnicas, que creíamos que eran fundamentales.

Nada más, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Navarrete.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, Asturias sigue sin un plan de conectividad a internet por el incumplimiento del Gobierno socialista del mandato de las Cortes Generales, algo que es muy preocupante cuando se trata de una necesidad real para el mundo rural, que clama a gritos por poder tener una buena conexión a internet tanto para fijar población como para desarrollar empresas. La desidia socialista mantiene abandonados a vecinos y empresarios de la zona rural asturiana. Pese a los anuncios grandilocuentes, lo que hay es nula gestión, senadora Nasarre.

Para generar empleo y frenar el éxodo rural, internet es una necesidad de primer orden. Asturias necesita ser puntera en conectividad en todo su territorio, lo que llevan prometiendo los socialistas desde los tiempos del presidente Areces, hoy senador. Empresas de turismo rural, agrarias, ganaderas, forestales y agroalimentarias, entre otras, necesitan con urgencia conexión con los mínimos de calidad exigibles hoy. En un estudio publicado por el portal de redes Asturmix se deja patente que en los setenta y ocho municipios de Asturias existen zonas con deficiente conexión, algo que, sin duda, es un inconveniente grande para poder vivir en la actualidad. Estamos ante una falta de conectividad que lastra el desarrollo económico, pues para generar empleo y frenar el éxodo rural la conexión es una necesidad de primer orden, ya que se está creando una barrera de progreso entre la Asturias urbana y la Asturias rural, cuyos resultados se miden por el drama de los flujos migratorios que empobrecen y despueblan nuestras zonas rurales. Por ello es incomprensible que el Ministerio de Economía y Empresa haya rebajado el listón a los operadores, permitiéndoles dar una cobertura menos potente y con menos capacidad que la prevista inicialmente, y me estoy refiriendo a la Orden Ministerial 1166/2018, de 29 de octubre.

En los Presupuestos Generales del Estado de 2018 el PEBA-NGA está dotado con 150 millones y la disposición adicional centésimo quincuagésimo sexta de la Ley de Presupuestos Generales tiene un programa de ayudas para la extensión de la banda ancha de nueva generación que destina 4 073 417 euros con carácter preferente a financiar actuaciones en el Principado de Asturias. A día de hoy no existe resolución sobre los proyectos presentados a la convocatoria, por lo que Asturias sigue sin un plan de conectividad por el incumplimiento del Gobierno socialista de los presupuestos. Es lamentable tener un gobierno de espaldas a la necesidad de conectar Asturias a la mayor brevedad y con la mejor tecnología, por lo que deberá explicar cómo va a garantizar que los más de 4 millones que Foro consiguió vía enmiendas para dotar de conexión a Asturias se gasten con la mejor tecnología en los escasos días que quedan del mes de diciembre.

Por ello, votaremos sí a la moción del Grupo Popular.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Moltes gràcies, president.

Bé, ens trobem davant d’una moció que ens presenta el Partit Popular amb la finalitat de la qual podem coincidir tots perquè és una moció que apel·la a l’adopció de determinades mesures en relació a la connexió a Internet de l’Alta Velocitat especialment en zones rurals, però ara desgranaré els problemes que veiem i els punts febles en aquesta moció.

El problema, a l’entendre del Partit el tenim amb l’eina que ens proposen. El Programa de Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación en primer lloc no pot arribar arreu, no si es fa de la manera que proposa el Partit Popular, a partir d’una consulta pública als operadors de telecomunicacions. No hi ha garanties d’execució i algunes zones poden quedar excloses d’ajuts per falta d’un pla per part de l’operador.

En segon lloc, hi ha un menysteniment a la competència efectiva. La intervenció pública passa per subvencionar una xarxa d’un operador finalista, però no es regula l’accés a la resta d’operadors. Això, a la pràctica, serveix per potenciar més el pes de Telefónica en el mercat de la banda ampla que, segons dades recents del ministeri, rep un 70 % dels ajuts concedits, com deia, a l’empresa Telefónica.

Estem a favor de les mesures que permeten ampliar el nivell de cobertura i de competència efectiva de xarxes i mòbils de 4G i futures 5G. És obvi que s’esperen i estem esperant tots infraestructures tecnològiques, però ens pot passar com en les físiques, que encara esperem que l’



Eix Pirinenc ens vertebri, i té un índex de sinistralitat molt important. O que passi com amb l’Eix Pirinenc, que està pendent l’N-230 des de l’Alta Ribargorça a la Vall d’Aran. Hem d’evitar que ens passi el que ens ha passat amb les infraestructures físiques.

On som? Quines fites tenim? Què fem? Únicament 27 municipis catalans que representen el 95 % de la població disposes de cobertura plena de xarxes fixes de nova generació. Pel que fa al nivell de competència, hi ha un 1 % dels municipis, un 43 % de la població, on hi ha competència efectiva entre xarxes fixes de nova generació.

El nivell de competència elevat, que hi hagi quatre operadors que disposen de xarxa, representen una quota de mercat superior al 10 %. I cap d’aquestes operadores supera el 30 % del total. Quines fites tenim? Els objectius que marca la Unió Europea: unes xarxes de nova generació fixes, amb existència almenys de dos operadors amb capacitat d’ús de la infraestructura física d’accés als usuaris, i xarxes mòbils de nova generació amb cobertura també d’almenys dues xarxes mòbils.

I què estem fent? El Pla 2019-2020, un desplegament de fibra òptica a totes les capitals de comarca i municipis de fins a 50 habitants. Però amb xarxa pública. Aquesta és la diferència i això és l’important. A partir d’aquest desplegament públic, els operadors podran desplegar-se a nivell local i contribuir també a crear riquesa i activitat econòmica. Aquest és, al nostre entendre, en opinió del Partit Demòcrata, el model correcte, tenir un desplegament de fibra òptica de titularitat pública que permeti la connexió a tots els operadors privats que ho vulguin, i que això generi competència entre els diferents operadors. Aquest és el model de vertebració de territori, d’equilibri, d’igualtat d’oportunitats.

Fomentem la sostenibilitat i, així, intentem fer des de la intervenció pública el que sabem que no faran en zones despoblades els operadors privats. No siguem ingenus. No podem demanar que grans empreses que busquen, lògicament, benefici econòmic, si no es garanteix des de l’administració pública que la xarxa tingui titularitat pública i que es fomenti la competència entre els operadors, no siguem ingenus perquè acabarem amb monopolis i afavorirem només grans empreses que no tindran cap interès a continuar amb aquest desplegament.

Per tots aquests motius, creiem que el model és equivocat i que el correcte és el que hem dit, compartint, això sí, la finalitat anunciada per aquesta moció.

Moltes gràcies.

Gracias, señor presidente.

Nos encontramos ante una moción que nos presenta el Grupo Popular con una finalidad con la que podemos coincidir todos, porque se trata de una moción que apela a la adopción de ciertas medidas en cuanto a internet y la alta velocidad, especialmente en zonas rurales. Pero ahora voy a desgranar los puntos débiles o los problemas que nosotros vemos en esta moción.

El problema, al entender del Partit Demòcrata, lo tenemos con la herramienta que nos propone el programa de extensión de banda ancha de nueva generación. ¿Por qué? En primer lugar, no puede garantizar llegar a todas partes, no si se hace como propone el Partido Popular: a partir de una consulta pública a los operadores de telecomunicaciones. No hay garantías de ejecución y algunas zonas pueden quedar excluidas de ayudas por falta de un plan por parte del operador.

En segundo lugar, se desprecia la competencia, y esto es importante. Se menosprecia la competencia efectiva, la intervención pública pasa por subvencionar una red de un operador finalista, pero no se regula el acceso a los demás operadores. Esto en la práctica sirve para potenciar más el peso de Telefónica en el mercado de la banda ancha, que, según datos recientes del ministerio, recibe un 70 % de las ayudas concedidas.

Estamos a favor de las medidas que permiten ampliar el modelo de cobertura efectiva de redes y móviles 4G y futuras 5G. Es obvio que estamos esperando todos infraestructuras tecnológicas, pero nos puede pasar como con las físicas: estamos esperando todavía que el eje pirenaico, que tiene un índice de siniestralidad muy importante, nos vertebre; o, como en el eje pirenaico, estamos esperando la N-230 desde l’Alta Ribagorça a la Val d’Aran. Por tanto, tenemos que evitar que pase como con las infraestructuras físicas.

¿Dónde estamos y qué objetivos tenemos? Solo 27 municipios catalanes, que representan el 95 % de la población, tienen unas redes fijas de alta generación. Que haya un alto nivel de competencia: solo hay un 1 % de los municipios, un 43 % de la población, en los que hay competencia efectiva entre redes fijas de nueva generación. El nivel de competencia elevado, es decir, que haya cuatro operadores que dispongan de red, representa una cuota de mercado superior al 10 % y ninguna de estas operadoras supera el 30 % del total.

¿Qué objetivos tenemos? Los objetivos que marca la Unión Europea: una red de nueva generación fija, con existencia al menos de dos operadores con capacidad de uso de la infraestructura física de acceso a los usuarios y redes móviles de nueva generación con cobertura de al menos dos redes móviles.

¿Y qué estamos haciendo? El Plan 2019-2020, un despliegue de fibra óptica en todas las capitales de comarca y municipios de hasta 50 habitantes, pero con red pública —esta es la diferencia—, y esto es importante. A partir de este despliegue público, los operadores podrán desplegarse a nivel local y contribuir a crear riqueza y actividad económica. En opinión del Partido Demócrata, este es el modelo correcto: tener un despliegue de fibra óptica de titularidad pública que permita la conexión a todos los operadores privados que así lo quieran y que genere competencia entre los distintos operadores. Este es el modelo de vertebración del territorio, de equilibrio y de igualdad de oportunidades.

Fomentamos la sostenibilidad e intentamos que la intervención pública haga lo que sabemos que no harán los operadores privados en zonas despobladas. No seamos ingenuos, estas grandes empresas, lógicamente, buscan un beneficio económico. Si la Administración pública no garantiza que la red sea de titularidad pública y que se fomente la competencia entre los operadores, no seamos ingenuos, acabaremos con monopolios y solo vamos a favorecer a grandes empresas que no van a tener ningún interés en continuar con este despliegue.

Por todos estos motivos, creemos que el modelo es equivocado y que lo correcto sería lo que hemos dicho. Compartimos, eso sí, la finalidad anunciada por esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Si me lo permite, voy a intervenir desde el escaño.

Senadora Clemente, en 2004 se diseñó ya el PEBA, Programa de extensión de banda ancha, precisamente porque se identificó el problema del que estamos hablando y se intentó poner solución. Por lo tanto, ya en 2004 sabíamos lo que sucedía y cuál era el problema. Estamos en 2018, diez años más tarde, después de un Gobierno del señor Zapatero, de un Gobierno del señor Rajoy y del max mix que tenemos en esta legislatura; por lo tanto, tiempo ha habido, ha habido mucho tiempo. Lo que creo que no ha habido es demasiado interés.

Hablan ustedes ahora de la cobertura más o menos potente de las operadoras. El País Vasco es un territorio pequeño y podemos considerar que desde el punto de vista de las conexiones de las telecomunicaciones es un territorio bien desarrollado. Un territorio como otros muchos del Estado, en el que todas las operadoras invierten y tienen sus proyectos estrella. Pero la orografía vasca es muy complicada, como en otros muchos territorios del Estado, por eso siguen quedando zonas blancas que, de forma natural —hablemos de la presión de las empresas— nunca van a ser cubiertas, por más que queramos que sea así. Garantizar esa cobertura solo se puede hacer con el impulso de la Administración pública, con un compromiso directo de recursos públicos suficientes para engrasar la inversión privada. Es la única manera de dar cobertura a esas zonas blancas, porque los intereses empresariales tarde o temprano terminan no siendo suficientes y las empresas acaban —si lo queremos decir de manera coloquial— escaqueándose de sus compromisos. No se trata solo de ver qué porcentaje de población tenemos cubierto, sino de dar cobertura a ese porcentaje imposible de cubrir de manera natural; de eso es de lo que tenemos que hablar. Que tengamos el 95 % de la población cubierta cuando estamos hablando de zonas urbanas está muy bien, el problema son los porcentajes residuales que no podemos cubrir. De eso es de lo que estamos hablando y de lo que llevamos hablando desde hace muchísimo tiempo. En esta Cámara llevamos hablando de este tema, que yo sepa, dos legislaturas en distintas iniciativas, en este momento también en la de demografía.

En 2016 el Gobierno vasco diseñó la nueva agenda digital 2020. Como segunda fase de aquel programa PEBA, en 2017 las diputaciones y el Gobierno vasco van a invertir 12 millones de euros en tres ejercicios para ampliar la cobertura en estas zonas blancas, en polígonos industriales y en empresas —evidentemente empresas industriales, pero también turísticas— y poder cubrir esas zonas que no se cubren de manera natural en un territorio como el vasco, que es pequeño y en el que, por suerte o por desgracia —más por suerte que por desgracia—, la despoblación no es precisamente un gran problema; en todo caso, lo contrario. Por lo tanto, se podía haber hecho en general; solamente hacía falta priorizar y haber tenido claro que este no es un problema de discusión entre los dos partidos, sino un problema en el que hay que llegar a un consenso y darle continuidad desde el PEBA de 2004 hasta hoy 2018.

Sinceramente, si esta moción tuviera esa solución y sirviera para llegar al consenso, nosotros votaríamos favorablemente. Pero nos da la sensación de que no, de que volvemos a estar otra vez en la eterna discusión y en la eterna intención de meter el dedo en el ojo el uno al otro cuando el uno está y el otro no está, cuando ya llevamos —vuelvo a repetir— un Gobierno del Partido Socialista, un Gobierno del Partido Popular y el max mix de esta legislatura, y evidentemente ni unos ni otros han conseguido, no ya solucionarlo, sino ni dirigir el problema hacia la solución, y por eso estamos hablando de ello.

Si consideráramos que esta iniciativa iba a ser la solución, votaríamos a favor. Como nos da la sensación de que no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de otra cosa, nosotros nos vamos a abstener. Cuando quieran hablar en serio, cuando quieran que nos sentemos —y nos hemos sentado siempre—, nos sentaremos a discutir y pondremos las mejores prácticas de las que disponemos a disposición de aquel que las quiera escuchar. Mientras sea: yo te meto el dedo en el ojo cuanto estás y tú me metes el dedo en el ojo cuando no estás, en eso no vamos a entrar.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, tiene la palabra la senadora Azamar.

La señora AZAMAR CAPDEVILA: Gràcies, president. Bon dia, senadores i senadors.

Avui el grup popular ens presenta una moció en què demana l’adopció de mesures en relació amb la connexió a internet d’alta velocitat, i amb especial incidència en zones rurals i en àrees de baixa densitat de població, i només amb el títol ja hi estaríem d’acord. Però aquesta moció destapa, un cop més, la hipocresia del Partit Popular que després de set anys al govern i la seva inacció en certs àmbits, ara ens presenten iniciatives com aquesta, aparentment, carregada de bones intencions. Així que ja els avanço que no els donarem suport.

Per què evidentment, compartim la importància de garantir una connexió a internet d’alta velocitat «per afavorir l’accessibilitat a bens, serveis i productes». Avui en dia és imprescindible, per al desenvolupament de les activitats personals i professionals així com per als comerços, que puguin desenvolupar amb plenes garanties la seva activitat econòmica. I, precisament per això, no podem deixar de banda a una part de la població que ja de per si es marginada en molts àmbits, com les infraestructures viaries, pel sol fet de viure en zones rurals. Per exemple a l’Alt Pirineu i Aran les infraestructures viaries, on el tram de carretera més nou és de fa 26 anys i la resta de fa 80 anys, són penoses, però les infraestructures de telecomunicacions no en queden lluny, tenim zones on ni tant sols hi ha cobertura de telefonia mòbil encara menys d’internet d’alta velocitat.

En els últims anys ens hem trobat amb episodis d’averies importants en pobles, amb conseqüències nefastes per al turisme, del qual molts viuen i en moltes ocasions no poden ni arribar a fer un cobrament amb targeta de crèdit. Alguns exemples: a la Val d’Aran és habitual la inestabilitat de la cobertura i els talls que es produeixen de forma reiterada en l’accés a internet, perjudicant al sector turístic, que és el principal motor econòmic de la comarca, a banda, evidentment, dels veïns. Al municipi de la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà, van estar quatre dies sense cobertura de mòbil ni internet, i un cop més perjudicant als establiments turístics, un dels motors econòmics del municipi, a banda, evidentment, dels veïns. Al municipi de la Vansa i Fórnols van passar tres dies sense cobertura de mòbil i que també va afectar a la telefonia fixa, ja que la gran majoria són telèfons que funcionen a través telefonia mòbil. I és que són habituals les apagades digitals, és a dir de telefonia mòbil i d’internet, en aquest territori rural i de baixa densitat de població. On la majoria d’elles està gestionada per Telefónica.

Per tant, per tot això, som plenament conscients d’aquesta problemàtica, les seves conseqüències i la necessitat d’aportar solucions. Garantir la cobertura d’internet d’alta velocitat, la cobertura de telefonia fixa i mòbil, juntament amb unes infraestructures viàries segures i dignes, són clau per ajudar a fixar població als territoris rurals i de baixa població, són clau per mantenir i tirar endavant aquests territoris.

En la moció que ara debatem el Grup Popular aposta per desenvolupar el Programa d’Extensió de Banda Ampla de Nova Generació, impulsat pel govern del senyor Rajoy, però des del meu grup no creiem ni que sigui l’instrument adequat per assolir aquest objectiu. Cal recordar que el Programa d’Extensió de Banda Ampla de Nova Generació se sustenta en els resultats d’una consulta pública a les operadores de telecomunicacions i, a més, no disposa de garanties efectives d’execució dels plans anunciats per part de les operadores. Això pot suposar que determinades zones quedin finalment excloses de les ajudes per l’existència de plans de desplegament que al final no es materialitzaran.

Això és el que ens plantegem des del principi: com garantim una competència efectiva per a què realment aquestes ajudes es materialitzin en una cobertura efectiva en la totalitat del territori? De fet, aquest programa només potència el rol de Telefónica com a operadora amb un pes significatiu en el mercat de banda ampla, en ser la principal beneficiària de les ajudes. Sense anar més lluny, i com ja s’ha dit, un estudi del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme per als exercicis 2015-2017 demostra que Telefónica ha estat la beneficiària del 70 % de les ajudes atorgades, així com també és significatiu que la Comissió Nacional de Mercats i Competència hagi obert un expedient sancionador a Telefónica per la presumpta discriminació respecte a les seves competidores, empitjorant els temps de provisió i resolució d’avaries en alguns serveis majoristes. Així, aquestes dades ajuden a visualitzar el poder de mercat d’aquesta companyia i per això creiem necessària l’aplicació de programes que realment garanteixin la implementació dels serveis d’internet d’alta velocitat en la totalitat dels territoris; i així evitar que l’operadora que disposi de gran poder en el mercat incompleixi els plans establerts.

Gràcies.

Gracias, presidente. Buenos días, senadoras y senadores.

Hoy el Grupo Popular nos presenta una moción que pide la adopción de medidas en relación con la conexión a internet de alta velocidad, con especial incidencia en zonas rurales y en áreas de baja densidad de población. Solo con el título ya estaríamos de acuerdo, pero esta moción destapa una vez más la hipocresía del Partido Popular, que después de siete años en el Gobierno y de su inacción en ciertos ámbitos, ahora nos presenta iniciativas como esta aparentemente cargada de buenas intenciones. Así que les avanzo que no les brindaremos nuestro apoyo.

Evidentemente, compartimos la importancia de garantizar una conexión a internet de alta velocidad para favorecer la accesibilidad a bienes, servicios y productos. Hoy es imprescindible para el desarrollo de las actividades personales y profesionales y para que los comercios puedan desarrollar con plenas garantías su actividad económica. Y precisamente por ello no podemos dejar de lado a una parte de la población que ya de por sí está marginada en muchos ámbitos, como las infraestructuras viarias, o por el solo hecho de vivir en zonas rurales. Por ejemplo, en el Alto Pirineo y Arán —donde el tramo de carretera más nuevo es de hace veintiséis años y los demás de ochenta años— las infraestructuras viarias son penosas, pero las infraestructuras de telecomunicaciones no se quedan lejos. Tenemos zonas en las que ni siquiera hay cobertura de telefonía móvil y todavía menos de internet de alta velocidad.

En los últimos años hemos encontrado episodios de averías importantes en pueblos, con consecuencias nefastas para el turismo, del que muchos viven. En muchas ocasiones no se puede llegar ni a hacer un cobro con tarjeta de crédito. Y pongo algunos ejemplos: en el valle de Arán es habitual la inestabilidad de la cobertura y los cortes se producen de forma reiterada en el acceso a internet, perjudicando al sector turístico, que es el principal motor económico de la comarca, además de a los vecinos. En el municipio de Torre de Capdella, en Pallars Jussà, estuvieron cuatro días sin cobertura de móvil ni internet, y una vez más perjudicando a establecimientos turísticos, uno de los motores económicos del municipio, aparte, evidentemente, de los vecinos; en el municipio de La Vansa i Fórnols pasaron tres días sin cobertura de móvil, que también afectó a la telefonía fija, ya que la mayoría son teléfonos que funcionan con telefonía móvil. Y es que son también habituales los cortes digitales, es decir, de telefonía móvil y de internet en este territorio rural y de baja densidad de población, donde la mayoría está gestionada por Telefónica.

Somos plenamente conscientes de esta problemática, de sus consecuencias y de la necesidad de aportar soluciones. Garantizar la cobertura de internet de alta velocidad, la cobertura de telefonía fija y móvil, juntamente con unas infraestructuras seguras y dignas son clave para ayudar a fijar población en los territorios rurales y de baja población, son clave para mantener y sacar adelante estos territorios.

En la moción que ahora debatimos, el Grupo Parlamentario Popular apuesta por desarrollar el programa de extensión de banda ancha de nueva generación impulsado por el Gobierno del señor Rajoy, pero no creemos que sea el instrumento adecuado para alcanzar este objetivo. Hay que recordar que el Programa de extensión de banda ancha de nueva generación se sustenta en los resultados de una consulta pública a los operadores de telecomunicaciones y además no dispone de garantías efectivas de ejecución de los planes anunciados por parte de las operadoras. Esto puede suponer que determinadas zonas queden finalmente excluidas de las ayudas por la existencia de planes de despliegue que al final no se materializan.

Esto es lo que planteamos desde el principio: ¿Cómo garantizamos la competencia efectiva para que realmente estas ayudas se materialicen en una cobertura efectiva para la totalidad del territorio? De hecho, este programa solo potencia el rol de Telefónica como operadora con un peso específico en los mercados de banda ancha, al ser la principal beneficiaria de las ayudas. Sin ir más lejos, y como ya se ha dicho, un estudio del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para los ejercicios 2015-2017 muestra que Telefónica ha sido la beneficiaria del 70 % de las ayudas otorgadas, así como también es significativo que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia haya abierto un expediente sancionador a Telefónica por la presunta discriminación respecto a sus competidoras, empeorando los tiempos de previsión y resolución de averías en algunos servicios mayoristas, con lo que se refuerza el poder de mercado de esta compañía. Por eso creemos que es importante disponer de programas que realmente permitan la competencia en todo el territorio y evitar que esta operadora incumpla los planes establecidos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Arrieta.

El señor ARRIETA ARRIETA: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy nadie duda de que las nuevas tecnologías de la información, el conocimiento y la comunicación puedan ser un instrumento eficaz para generar crecimiento económico, crear empleos y mejorar la educación y la sanidad, así como para promover y acercar el diálogo entre personas, entre pueblos, entre naciones y entre Estados. Algunos definen esta nueva época posindustrial como de revolución social, económica, política y cultural, y esto es importantísimo, pero reconozcamos que hoy el acceso en desigualdad de las tecnologías de la información y la comunicación del Estado ha ocasionado una ruptura entre los diferentes territorios, también denominada brecha digital.

La ausencia de una estrategia sobre la cobertura de banda ancha ultrarrápida que conozca la situación de provisión de los servicios de comunicaciones electrónicas de banda ancha y que permita identificar aquellas zonas donde existen brechas de mercado es, sin duda, el principal problema para que todavía en 2018 siga sin garantizarse en el Estado el acceso en igualdad de condiciones para todas las personas. Las políticas comunitarias de desarrollo del mundo rural establecen unos criterios de cohesión para afrontar el cambio demográfico, una dirección que ya marca el propio tratado de funcionamiento de la Unión Europea, en concreto respecto de la implementación de oportunidades de vida para fijar población joven en todo el territorio e incentivar el equilibrio territorial entre zonas urbanas y aquellas con baja demografía. En este sentido, tanto la Red europea de regiones afectadas por el cambio demográfico, como el Foro de comunidades afectadas por el cambio demográfico —por ejemplo: Galicia, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja y Extremadura— coinciden en que la Unión Europea carece de instrumentos de aplicación directa para una intervención apropiada. Por ello, en el desarrollo de la universalización de la banda ancha es el Estado quien debe comprometerse y debiera atenerse en todo caso a la normativa y orientaciones de la Unión Europea a este respecto.

En la actualidad, la Ley de telecomunicaciones no está siendo cumplida en todos sus términos, entre otros, el mandato por el cual, al menos una vez al año el ministerio del ramo informará al Parlamento sobre la adopción y cumplimiento de la Estrategia nacional de redes ultrarrápidas y en especial sobre la evolución del despliegue de las redes ultrarrápidas y el cumplimiento de los objetivos de universalización de este servicio, así como la obligación de que el Gobierno establecerá una estrategia nacional de redes ultrarrápidas que tenga como objetivo impulsar el despliegue de redes de acceso ultrarrápido a la banda ancha, tanto fijo como móvil, de cara a lograr su universalización, fomentando su adopción por ciudadanos, empresas y administraciones para garantizar la cohesión social y territorial. Una estrategia actualmente insuficiente que debería enunciar certeramente los objetivos para toda la ciudadanía y territorios, con especial incidencia en las comarcas a las que hace expresa referencia la mencionada ley en numerosas ocasiones.

El acceso a las nuevas tecnologías tiene carácter de necesario, porque el entorno social actual afecta en todos sus órdenes a la ciudadanía. La búsqueda de trabajo, las actividades económicas vinculadas al E-commerce que pongan en valor los territorios más despoblados, el acceso a contenidos, a la educación y un largo etcétera pueden llegar a producir la cronificación y la acentuación de las desigualdades sociales que padece nuestra sociedad, en concreto, aquellas que distancian al mundo rural de las grandes ciudades. Y deberían también, por qué no, incorporar la perspectiva de género, dada la especial significación del papel de las mujeres en la fijación de la población en el territorio, especialmente en las zonas rurales. A nuestro entender, hasta ahora los gobiernos han hecho un nulo esfuerzo en los Presupuestos Generales del Estado. Nosotros hemos presentado enmiendas para ayudar a garantizar el acceso universal a la banda ancha en las zonas rurales.

Y para finalizar, hay que considerar que el papel de las administraciones públicas en la lucha contra la desigualdad es ineludible para lograr combatir un problema de máxima urgencia.

Eskerrik asko. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Arrieta.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Nasarre.

La señora NASARRE OLIVA: Muchas gracias, señor presidente.

Efectivamente, hoy el mundo digital es fundamental. En política debemos marcar objetivos, pero reales, con hechos. El objetivo de dotar de cobertura móvil al 90 % de la población es positivo. Por eso no solo lo apoyamos sino que lo intentamos cumplir. Sepan que este compromiso no lo ejecutó el Gobierno Popular. Ha sido este Gobierno el que lo ha impulsado decididamente, ya que ustedes mostraron falta de coordinación —no me hagan recordarles algún plan paralizado en la provincia de Teruel—. La conexión de desarrollo es un compromiso para todas las zonas, pero para las zonas despobladas e inaccesibles además es igualdad de oportunidades y, sobre todo, es una herramienta eficaz para superar el reto demográfico que a todos nos preocupa y nos ocupa.

Está claro que después de años de retraso o se restablecían las condiciones o no se podían cumplir los objetivos. Por tanto, las instituciones y el actual Gobierno han tenido que solventar los problemas de cobertura móvil en el medio rural, de lo contrario, no se afrontarían con plena eficacia y se volvería otra vez a los titulares, a las promesas y no a la realidad. Que el 70 % de la población tenga acceso a la banda ancha no implica que el territorio esté cubierto, máxime conociendo los problemas de población existentes actualmente en España. Buscando un símil, su plan es como si dijéramos que ya que todas las capitales de provincia están conectadas con autovías, en cuatro años todas las localidades de España estarán conectadas por autovías. Como imaginarán, esto es inviable. Por tanto, hay que trabajar para mejorar infraestructuras con un objetivo real, no con promesas que confunden e intentan engañar a la opinión pública y a la ciudadanía.

El Gobierno socialista quiere actuar en cualquier lugar de España con la máxima eficacia, pero desde la realidad, no haciendo marketing banal que no soluciona los problemas reales de conectividad que sufren muchos ciudadanos en este país. Probablemente las inversiones eran y son insuficientes, pero se está trabajando arduamente en planes de extensión de banda ancha de nueva generación. A pesar de ello, el Gobierno va a continuar impulsando el acceso a la banda ancha de nueva generación con sucesivos planes, que, tal cual se indica, serán coordinados con planes del resto de entidades públicas: gobiernos autonómicos, diputaciones provinciales y municipios, generando sinergias fundamentales con distintas administraciones para una mejor cobertura y planteamientos específicos dentro de las múltiples necesidades.

Con respecto a este último punto, resulta curiosa ahora su solicitud de colaborar con otras entidades locales. Nos habría gustado que hubieran sido igual de ágiles anteriormente.

Permítanme poner un ejemplo de compromiso territorial con el medio rural: el Plan de extensión de banda ancha de la Diputación provincial de Huesca, un plan pionero que da acceso de banda ancha a 321 localidades de esta provincia antes de finalizar 2020, con la solvencia de dar servicio a los ciudadanos y que puedan contratar las conexiones a internet a las velocidades ofertadas realmente. Un plan similar estuvo durante el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Rajoy, en un cajón durante un año y tuvo que ser el actual Gobierno el que desbloqueara la situación. Esto sí es compromiso con el territorio y con la lucha contra la despoblación. Si de verdad por su parte hubiese existido un compromiso real de cooperación institucional, quizás la situación actual sería mejor.

Por parte del Gobierno Socialista actual, desde cualquier institución existirá un compromiso para apoyar proyectos de las entidades locales que cumplan con la legislación vigente y que se coordinen con los planes estatales.

La conexión de banda ancha, la conexión real para todos es fomentar impacto en la igualdad de oportunidades, no solo en el mundo rural, sino estableciendo un modelo territorial en conexión vanguardista que hoy necesitamos para nuestro desarrollo, ya que las conexiones digitales, señorías, son las infraestructuras del siglo XXI. Seamos serios.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Nasarre.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Serrano.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Gracias, presidente.

Señorías, alarma en el mundo rural ante este ataque del Gobierno Socialista. (Rumores); alarma en el mundo rural ante otro ataque del Gobierno Socialista. Esa es la razón por la cual nosotros presentamos esta moción, una moción que es justa y es muy sencilla.

Es justa porque los de los pueblos tenemos los mismos derechos que los de las ciudades absolutamente en todo. Se lo hemos explicado mil veces los del Partido Popular: los derechos los tenemos las personas, no los territorios. Se lo hemos explicado mil veces con el tema de Cataluña: los mismos derechos en Gerona que en Valladolid, los mismos derechos los de los pueblos que los de las ciudades. Además, es muy sencillo, porque es mantener lo que ya teníamos con el Gobierno Popular, el Plan 300 %, 300 megabits de banda ancha ultrarrápida en el 100 % de los pueblos y dotado, que no es baladí, con 525 millones.

Por lo tanto, esta moción es justa y es muy sencilla. Y digo ataque —ante lo que se revolvían ustedes, señorías socialistas— porque ataque es la Orden 1166 del Ministerio de Economía de la señora Calviño, donde, como muy bien ha explicado la senadora Clemente, baja el listón a las operadoras; incluso cuando hay incumplimiento no se le quita la licencia, se cambia el que se le quita la licencia por el que se le podrá quitar la licencia, y no se cubre el total de la población.

Y yo me pregunto ¿qué le habremos hecho los de los pueblos a la señora Calviño? Nos quita la banda ultrarrápida con la Orden del 29 de octubre. Cuando estaba de eurofuncionaria en la Dirección General de Presupuestos, desde su despacho salió una reducción de la PAC del 30 %. ¿Qué le hemos hecho los de los pueblos a la señora Calviño? (Rumores).

Señorías, ante los despropósitos, desfachateces —bueno, por decoro parlamentario, si le parece, no digo desfachateces, sino insensateces—, insensateces (Rumores), sí, sí, del Gobierno; no me digan que no es una insensatez, por ejemplo, lo del otro día de la ministra cuando dijo que le gustaban los animales vivos, atacando una vez más al mundo rural. (Rumores). Yo me pregunto, si le gustan los animales vivos, ¿cómo se comerá las merluzas y los pollos? ¿Cómo se los come? (Rumores.— Risas.— Aplausos). ¿Sabe a dónde la voy a llevar? A un matadero de pollos para que vea que no les cantan La Traviata antes de matarlos para que nos los comamos. Es una insensatez, porque supone 187 000 puestos de trabajo en el mundo rural. Es un ataque más al mundo rural. Y también la ministra Calviño, en la última orden que hizo, el decreto ley para los actos jurídicos documentados, ¿saben de lo que se le olvidó? Como lo hicieron tan deprisa para que lo pagasen los bancos, se olvidaron de las cajas rurales. Otra vez otro ataque al mundo rural, creando confusión e inseguridad jurídica.

Además, en los fondos de reindustrialización, otro ataque al mundo rural. Había 811 millones y lo dejan en 400, 200 iban a las zonas deprimidas, este es otro ataque al mundo rural. Otro ataque al mundo rural es la política agraria común. Estamos en un momento clave y, señorías de la izquierda, aunque los agricultores voten al centroderecha, con la política agraria común no solo se defiende la renta de los agricultores, que no es poco; con la política agraria común estamos defendiendo alimentos sanos, seguros y a precios asequibles, que los agricultores están produciendo por encima del coste, al que después fijan el precio, precio que además ellos no pueden fijar. Por lo tanto, cuando tomamos una tapita de queso con vinito estamos todos beneficiándonos de la política agraria común. La política agraria común es muchísimo más que la renta de los agricultores.

Pero también ha habido otro ataque al mundo rural con la subida del impuesto del diésel. ¡Hombre, por favor! Y encima nos intenta rectificar diciendo:



No, los agricultores usan gasóleo, se han confundido los del PP. ¡Hombre, por favor! Sube el 11 % el precio del barril de petróleo y el gasóleo en los cuatro meses que ustedes llevan gobernando sube el 60 %, pero los agricultores tienen furgonetas y la calefacción no es de gas natural, es de gasoil. Otro ataque al mundo rural: el Ministerio de Trabajo cuando a los municipios de menos de 5000 habitantes les quita la cuota reducida de los autónomos.

Y el gran ataque al mundo rural —el de innovación ni lo menciono, que esperábamos que hiciera algo en el mundo rural, pero como dice que no es cosa suya... Pues, bueno, vale—. El mayor ataque al mundo rural: el presidente del Gobierno (Protestas.). ¿Dónde está la financiación local? ¿Dónde está la financiación local para la prestación de bienes y servicios dentro del mundo rural? Señorías, es un ataque furibundo al mundo rural. Lo tacharía incluso casi de desprecio.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Voy terminando.

Tienen que decirle a la ministra Celaá, que lo ha dicho como portavoz, que gobernar es atender a la población, no agarrarse al sillón, porque cuando ha hablado de resistir, de que están aquí para resistir y no para gobernar, tienen ustedes que resistir el gran terremoto de Andalucía y van a tener que resistir mucho más las réplicas (Rumores), van a tener que agarrarse bien.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Sí, señor presidente, termino con esto.

Les pido que apoyen esta moción (Protestas), porque es una cuestión de solidaridad con nuestros pueblos, a donde vamos a tener que ir todos a respirar como siga Carmena gobernando. (Aplausos.) Es una cuestión de solidaridad y de igualdad, y solo digitalizando nuestros pueblos seguirá el gran avance de España.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Serrano.

Llamen a votación. (Pausa.— El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular con la incorporación de la enmienda aceptada, la número 2, de los senadores de Compromís, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 246; a favor, 149; en contra, 88; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE MANIFIESTA LA POSICIÓN DEL SENADO SOBRE LA JEFATURA DEL ESTADO Y SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA MISMA. 662/000139 GPMX

El señor presidente da lectura al punto 5.3.

El señor PRESIDENTE: La Mesa del Senado, en su reunión del día 4 de diciembre de 2018, no admitió a trámite los puntos 3 y 4 del primer bloque, así como los puntos 4 y 6 del segundo bloque de la parte dispositiva de esta moción.

A esta moción se han presentado dieciocho enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto: diecisiete por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete, de las que han sido inadmitidas las números 2 a 17, y una por iniciativa de la senadora Domínguez de Posada. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. Y abandonen el hemiciclo con rapidez. (Continúan los rumores).

Señorías, abandonen el hemiciclo con rapidez. Y guarden silencio. (Continúan los rumores).

Señorías, yo no tengo ninguna prisa. Y me imagino que el senador Iñarritu, tampoco. (Pausa).

Muchas gracias.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

Con su venia, antes de comenzar, y en relación con el atentado que hubo ayer en Estrasburgo, je voudrais exprimer ma douleur et je voudrais exprimer aussi mon soutien, ma solidarité et mon support à toutes les victimes, à leurs familles et à leurs proches. (Aplausos).

Traigo hoy aquí un asunto que no es nuevo, que tiene que ver con el modelo de Estado y con la actual Jefatura del Estado. Como ustedes conocen, España es uno de los pocos Estados en el mundo que mantiene este residuo del Antiguo Régimen que son las monarquías. Es cierto que es una monarquía parlamentaria la que está en la Jefatura del Estado, como hay otras en la Unión Europea; pocas, pero hay otras. Y algunos de ustedes me dirán: Es cierto, es una antigualla, es una institución antidemocrática. Pero en países muy avanzados de Europa también hay monarquías parlamentarias, y todos los conocemos. Dicho esto, y teniendo en cuenta que cada Estado tiene que gestionar sus contradicciones, la monarquía española, la Jefatura del Estado, se diferencia en algo del resto de monarquías.

En primer lugar, no existe en Occidente ninguna monarquía que tenga un nexo directo o una relación directa con los regímenes totalitarios que hubo en la Unión Europea, cosa que sí tiene la monarquía española. Está contaminada en origen. La restauración o la instauración borbónica —en eso hay debate— fue decisión del dictador Francisco Franco.

En segundo lugar, esta falta de legitimidad directa de la Jefatura del Estado choca con lo que ocurrió en Italia, donde primeramente hubo un referéndum para decidir si querían república o monarquía y posteriormente se hizo la Constitución italiana. ¿Y por qué? Porque esta monarquía viene con tocomocho, viene con trampa, controlada desde atrás. Como decía el propio Adolfo Suárez, como en las encuestas le daba que no iba a salir esta monarquía, decidieron introducirla directamente en la Constitución para que fuera aprobada por la puerta de atrás.

Y algo que también diferencia a la monarquía española del resto de monarquías es que está en cuestión, y no solamente en territorios como Euskal Herria o Cataluña, donde esta institución se ve como algo ajeno y fuera de lugar, sino también en la sociedad española. Vemos que se están celebrando cada vez más consultas y referéndums en diferentes lugares porque cada vez hay más gente que no ve esta institución útil y mucho menos ejemplar. Y de ahí que se estén celebrando consultas y de ahí que el CIS, desde 2015, haya decidido retirar la pregunta directa y clara sobre la Jefatura del Estado.

Si hablamos de ejemplaridad, que es algo que se presupone a la monarquía —recordemos que antes era también sagrada—, al último rey no le echaron tanto por rey como por ladrón. Esta era la cita que hacía Valle-Inclán sobre Alfonso XIII, un rey que fue un sinvergüenza, que estas mismas Cortes Generales condenaron. Fíjense ustedes qué ejemplar era, que apoyó un golpe de Estado, apoyó la dictadura de Primo de Rivera. Tenía sus negocios oscuros, y por eso, además, se le abrió un proceso judicial que paró posteriormente el franquismo. Tenía también cuentas en Suiza, fíjense ustedes. Y varios hijos ilegítimos, como se llamaban entonces, que no eran reconocidos por este monarca, que, como digo, aparte de chorizo, era bastante sinvergüenza. (Rumores).

Pero imagínense ustedes qué ocurriría a día de hoy si ocurriera lo mismo. Imagínense —Dios no lo quiera— que hubiera un monarca que estuviera implicado en golpes de Estado, cuentas en Suiza, negocios oscuros, e hijos ilegítimos. ¿Qué ocurriría? Pues nada, porque es inviolable. Por tanto, ¿no les parece contradictorio que una familia que se presupone ejemplar sea inviolable? Si es ejemplar, ¿para qué necesita esa inviolabilidad? ¿Pero acaso, si no es tan ejemplar, esa inviolabilidad no se convierte en impunidad? ¿Qué dirían ustedes si hubiera la mala suerte de tener un monarca involucrado en asuntos tan turbios? ¿No dirían nada? ¿Dirían que no se puede hablar de esto? ¿Dirían, como ha dicho la Mesa, que hay temas que son tabú, de los que no se puede hablar en este Parlamento de un Estado miembro de la Unión Europea en pleno siglo XXI?

Pues el asunto es que quedan muchos asuntos turbios, empezando por la representación, que es una de las labores principales de la Casa Real, ¿verdad? Y a mí que un representante del Estado vaya a una reunión de mandatarios internacionales y le diga a otro mandatario ¿por qué no te callas? me parece poco diplomático, poco protocolario y un poco impresentable, hablando en términos diplomáticos. Y que se dé un saludo con un serial killer como es el príncipe heredero de Arabia Saudí creo que tampoco es de recibo. O el papel que debe cumplir una monarquía. Pero en ese papel que le guarda la Constitución, de arbitraje y mediación, discursos de macarrismo real, como el del 3 de octubre, me parece que no se pueden aceptar. Y, claro, me decía la Mesa: No, esto se retira porque, como no es una labor de control de Gobierno, no podemos reprobarlo. ¿Cómo que no? Si en esta Cámara se ha reprobado a Venezuela, a la que tampoco podemos controlar parlamentariamente. Incluso el Partido Popular ha presentado una moción para reprobar a un senador. No hay problema para presentar ese tipo de mociones. Eso sí, cuando se trata de la monarquía, sigue habiendo tabúes.

Pero hablemos más a fondo. Quedan asuntos, como ese mito, esa leyenda de que el rey salvó del 23 F a España. Pero yo creo que la sociedad ya es adulta y que cuarenta años después no tiene sentido que haya papeles que estén clasificados o sean secretos, para que la sociedad pueda saber verdaderamente cuál fue el papel de ese monarca. O cuáles son esos negocios o esas comisiones de las que se habla tanto y la gente da por seguro. O incluso que el Partido Socialista, hoy en día monárquico, haya cambiado de opinión y no quiere hacer pública la lista de amnistiados fiscales porque parece que hay un rey en esa lista, y como hay un rey es mejor no hacer pública esa lista.

Hablamos ahora de que hay una acusación de que un rey ha hecho una labor también de macarrismo real, como es presionar a empresas para que salgan de un territorio, como en Cataluña. Eso no es de recibo. Se debe poder investigar, se tiene que aclarar, porque, si eso fuera verdad, tendría que abdicar hoy mismo. Pero como no se puede investigar porque la figura del rey es inviolable, nos encontramos en pleno siglo XXI con que, ante acusaciones muy graves, este Parlamento tiene que mirar para otro lado. Y además de mirar para otro lado, tiene una Mesa que vela por los intereses supremos y veta asuntos como pueden ser una reprobación a un acto fuera de lugar, como fue ese discurso de macarrismo real del 3 de octubre, que no se pueda llamar a comparecer en un Parlamento a un representante del Estado o que no se puedan aclarar sus cuentas. Porque uno de esos mitos sobre los que se ha construido la monarquía española es que es una Jefatura de Estado muy barata, que solo vale 8 o 9 millones de euros, mucho más barata que cualquier república europea. Mentira; mentira de libro. Lo que pasa es que cuando uno de los reyes se va a navegar o a comer marisco a Vigo, el avión lo pone el Ministerio de Defensa, los jardineros se los pone Fomento, las cocineras o los cocineros se los pone el Ministerio de Sanidad, y así, como decía un antiguo miembro de esta Cámara que todos ustedes conocen bien, el señor Anasagasti, se podría estimar —porque en este Parlamento no se pueden hacer cálculos de verdad— que el coste de la monarquía en el Estado español a día de hoy ronda los 40 millones de euros.

Aparte de eso, hay una monarquía que es una de las grandes fortunas del mundo, como dicen varios medios. Pero tampoco se puede investigar dónde está el origen de esa gran fortuna, porque, claro, la monarquía es una institución ejemplar y —en ese mito, en ese relato que se ha construido— ha hecho magníficas cosas por España de las que todos y todas las españolas deben estar orgullosísimas. Ya digo: es una monarquía contaminada en origen por un régimen totalitario. Por cierto, el monarca anterior juró ante las Cortes Generales cumplir los principios del Movimiento y además hizo alusión a 1936. ¿Qué ocurre? O cumplió ese juramento y estamos en una monarquía continuista de ese régimen o no cumplió su juramento. Ahí habría un problema también: que no cumplió su palabra.

Pero, dicho esto, falta esa legitimación popular, que es que la ciudadanía pueda elegir libremente quién es su jefe del Estado, que no sea una cuestión de fecundación sino una cuestión de elección. Y se está protegiendo desde grandes instituciones del Estado para que no se pueda debatir a fondo sobre este asunto. Y yo creo que ya ha llegado la hora, porque hay una sociedad adulta que debe elegir entre monarquía y república o repúblicas.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.

Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra, en primer lugar, el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies, senyor president.

El senyor Iñarritu sap perfectament que compartim l’esperit de la totalitat de la moció i també de la seua intervenció. Curiosament, sabíem perfectament que aquesta moció no seria aprovada per aquesta Cambra. Faig un exercici de clarividència. Ací s’aproven un altre tipus de coses. De nou, hem vist com la Mesa censura aquells textos que no li agraden de manera arbitrària, amb la desvergonyia de dir que les esmenes presentades no tenen res a veure amb la moció. Total, si hi votaran en contra, què més els té, que es puguen presentar o no? Ha de ser el portaveu que ha presentat aquesta moció qui diga si accepta o no les nostres esmenes, i després poden vostés votar, com no pot ser d’una altra manera.

Censuren part de la moció i part les esmenes. Veten, per exemple, que el senyor Iñarritu puga acceptar l’esmena per a instar a reconèixer la legitimitat de la II República i la il·legalitat del franquisme, dels seus tribunals, de les seues sentències i de les seues decisions, com la de declarar hereu del règim a l’anterior monarca. Veten que el senyor Iñarritu puga acceptar o no demanar la derogació, encara que siga de manera simbòlica, del Decret de Nova Planta, que tant al Regne de València com a altres regnes de l’Estat espanyol, va promulgar el primer Borbó, Felip V. Diuen que això no té cap tipus de rigor hui en dia. Això és mentida. Efectivament, encara estem patint els efectes del Decret de Nova Planta. Veten que es puga sol·licitar als Borbons demanar perdó, encara que siga simbòlic, pels excessos i abusos comesos en els pobles i ciutats i sobre la ciutadania del País Valencià i altres països i nacions de l’Estat espanyol, des de 1707 fins avui Veten que el Senat puga instar o no a desclassificar tota la informació relativa als possibles pagaments o desviaments de fons reservats per a pagar eixos presumptes favors sexuals d’amistats femenines que s’han publicat en la premsa, o comprar silencis en l’entorn de Juan Carlos I. Per exemple, s’ha pagat o no s’ha pagat dels fons reservats a la vedet Bárbara Rey? Seria interessant saber-ho.

Veten que el senyor Iñarritu puga acceptar o no una esmena en la qual es demana investigar els negocis presumptament il·lícits o èticament reprotxables practicats per Juan Carlos I o les seues amigues especials, aprofitant-se presumptament del seu càrrec, com les gestions fetes amb el règim d’Aràbia Saudita, com hem vist tots en les fotos.

Solament n’accepten una, que és que el Senat inste al Govern a iniciar els tràmits per a la reforma de la Constitució espanyola referent al Títol II, per a consensuar un model d’Estat democràtic. Això haurà de ser el senyor Iñarritu qui l’accepte o no. Ja sé que vostés hi votaran en contra.

Per tant, a Espanya tenim una monarquia anacrònica i històricament corrupta. Es veu que a vostés no els preocupa gaire que la gent puga votar si vol o no vol eixe tipus de representació al Cap de l’Estat.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

El señor Iñarritu sabe que compartimos el espíritu y la totalidad de la moción y de su intervención. Curiosamente, sabía perfectamente que esta moción no iba a ser aprobada por esta Cámara. Es un ejercicio de clarividencia. De nuevo hemos visto cómo la Mesa censura aquellos textos que no le gustan de manera arbitraria, con la desvergüenza de decir que estas enmiendas presentadas no tienen nada que ver con el objeto de la moción. Total, si votarán en contra, ¿qué más les da que se puedan presentar o no? Tiene que ser el portavoz que ha presentado la moción quien diga si las acepta o no.

Censuran parte de la moción y de las enmiendas. Vetan, por ejemplo, que el señor Iñarritu pueda aceptar la enmienda para instar a reconocer la legitimidad de la Segunda República y la ilegalidad del franquismo, de sus tribunales, de sus sentencias y de sus decisiones —como la declaración del régimen del monarca anterior—. Vetan hacer posible la derogación, aunque sea de manera simbólica, del decreto de nueva planta del Reino de Valencia, que aprobó Felipe V; dicen que esto no tiene rigor hoy en día, pero, efectivamente, esto todavía afecta. Vetan que se pueda instar a los Borbones a pedir perdón por todos los excesos y abusos cometidos sobre pueblos y ciudades, y sobre la ciudadanía del País Valenciano desde 1707 hasta hoy. Vetan que el Senado pueda instar a desclasificar toda la información relativa a los posibles pagos y desviaciones de fondos reservados para pagar esos presuntos favores sexuales que ha publicado la prensa —amistades femeninas— o comprar silencios en el entorno de Juan Carlos I.

Se ha hablado de fondos reservados. Vetan que el señor Iñarritu pueda aceptar una enmienda para investigar los negocios presuntamente ilícitos o éticamente reprochables practicados por Juan Carlos I aprovechándose de su cargo, como, por ejemplo, las gestiones hechas con Arabia Saudita —han visto las fotos—.

Solamente aceptan una, que es que el Senado inste al Gobierno a iniciar los trámites para la reforma de la Constitución española relativa al Título II para consensuar un modelo de Estado democrático. Deberá ser el señor Iñarritu quien la acepte o no.

En España tenemos una monarquía anacrónica e históricamente corrupta, y parece que no les preocupe si quieren votar o no este tipo de representación en el Estado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, Foro ha presentado una enmienda de sustitución a la moción de Bildu. No soy ninguna ingenua: evidentemente no la va a aceptar, pero me da pie a tener algo de tiempo para aclararle algunas cuestiones.

Para empezar, la monarquía parlamentaria y la figura del rey han sido refrendadas democráticamente por el pueblo español en dos ocasiones: el referéndum para la Ley de la reforma política de 1976 y el referéndum de la Constitución del 78.

Para seguir, la inviolabilidad de la Jefatura del Estado, si se llegara a un acuerdo parlamentario, tendría que ser sometida a referéndum, como establece la propia Constitución. Y no quiero dejar de manifestar nuestra disconformidad con las palabras del presidente Sánchez sobre este asunto. En cualquier caso, ese será su parecer.

Senador Iñarritu, ¿cómo se atreve a hablar de represión salvaje en el referéndum del 1-O alguien que representa a una fuerza política que fue portavoz de una banda terrorista que trató de imponer su régimen a través del terror? (Fuertes aplausos). Señor Iñarritu, cobra usted como senador. ¿Por qué lo hace, si reprueba el régimen jurídico constitucional que ampara sus derechos y su salario? El ordenamiento jurídico español es tan abierto y flexible que hace posible que formaciones como la suya y otras, que llaman a salir a la calle ante el resultado de unas elecciones plenamente libres y democráticas, puedan presentar iniciativas en esta Cámara, tengan derecho a debatir y puedan vivir del espíritu antisistema con la contribución de todos los españoles, incluidos los que ustedes denostan, señalan o señalaron con un dedo acusador durante muchos años violentos.

Ustedes quieren eliminar la monarquía porque así se cargarán la Constitución, pero, por fortuna, las cuentas no les salen, y me atrevo a vaticinar que no les saldrán. En tanto no logren una mayoría cualificada para modificarla, consensuada y ratificada por la inmensa mayoría de los españoles, seguirá cumpliendo muchos años. Y muchos seguiremos gritando ¡Viva el rey! Como asturiana, me siento orgullosa de que la familia real elija una foto en el paradisiaco Parque nacional de Picos de Europa, en este año de su centenario, para felicitar las Navidades a todos los españoles; por cierto, una costumbre muy constitucional.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Tiene la palabra el senador Iñarritu, para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

No he podido seguir a la senadora de Foro Asturias porque yo, cuando alguien lee todo el rato todo, me aburro enseguida; no sigo, no continúo. Pero... (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado). ¿Qué les pasa, señores hooligans? ¿Están nerviosos? ¿Tienen hambre?

El señor PRESIDENTE: Guarden silencio.

Senador Iñarritu...

El señor IÑARRITU GARCÍA: ¿Qué les pasa hooligans? Ultras, ¿qué les pasa? (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado).

El señor PRESIDENTE: Senador Iñarritu, guarde también las formas un poquito. Ellos van a guardar silencio. Y usted guarde un poquito las formas.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Hay un grupo de hooligans que me está interpelando. (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Senador Iñarritu, se lo repito. No quiero llamarle al orden. Ellos no guardan silencio y les llamo la atención. Y a usted también para que guarde las formas.

El señor IÑARRITU GARCÍA: La Presidencia, además de serlo, debe parecerlo, debe mantener ese nivel de neutralidad. (Rumores). Dicho esto...

El señor PRESIDENTE: Me gustaría saber lo que opinan el resto de los senadores sobre lo que acaba de decir. (Aplausos).

El señor IÑARRITU GARCÍA: En respeto al uso de la palabra, que me lo están interrumpiendo constantemente.

El señor PRESIDENTE: Continúe, senador Iñarritu.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Lo mitos que crean normalmente las monarquías... Los Reyes Magos son una leyenda, un mito, por si no lo sabía. Don Pelayo también es un mito, una leyenda. Y que hay reyes que son campechanos y preparados también es una leyenda, es un mito, como esa leyenda que dice que gracias a la monarquía llegó la democracia a España. No, mentira. La democracia o la cuasidemocracia llegó porque millones de trabajadores, trabajadoras, pensionistas y estudiantes salieron a la calle pidiendo libertad y que se acabara con el régimen. Y si esta democracia es de esta calidad es precisamente porque quedan esos restos del régimen anterior, ese espíritu de Franco instalado en la monarquía y en otras instituciones que dan sus últimos coletazos.

Pero lo que parece mentira, y lo decía anteriormente, es que en pleno siglo XXI se censuren asuntos que se traen a una Cámara diciendo que no son asuntos parlamentarios. A mí me han vetado cuatro de esas propuestas, y al senador Mulet le han retirado dieciséis de diecisiete enmiendas que había realizado. Yo creo que no tiene sentido, señores de la Mesa. Se han convertido en el grupo del teto: tú lo propones y yo te lo veto. Es que, constantemente, en cuanto hablamos de monarquía, veto, veto continuo.

Señorías, la monarquía, a día de hoy, además de ilegítima, de una antigualla, está puesta en cuestión. Es el momento de que sea la ciudadanía la que decida. Por eso no aceptaré la enmienda que ha realizado la señora de Foro Asturias y sí aceptaré, aunque sea simbólicamente, todas las enmiendas realizadas por Compromís, teniendo en cuenta que lo primero debe ser dar la palabra a todas y todos los senadores y aceptar todas aquellas enmiendas o asuntos de los que se quiera tratar. Somos personas adultas, señores mayores, y se puede hablar de cualquier cosa si se hace con respeto a todos y a cada uno de los senadores y senadoras. Por eso, como digo, aceptaré la enmienda que queda viva y el resto, aunque sea simbólicamente, de las enmiendas de Compromís.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.

Que le quede muy claro, y no acostumbro a hablar ni a interferir en los debates: la Mesa lo que ha hecho simplemente, a la vista de su moción y de las enmiendas que ha presentado el senador Mulet, es aplicar la Constitución, el Reglamento del Senado, las sentencias que hay del Tribunal Constitucional y la legislación vigente. ¿Que no está usted de acuerdo? Esa es otra cuestión, pero la Mesa cumple con su labor. (Aplausos).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Obviamente, también estoy completamente en desacuerdo con la interpretación que hace la Mesa de la legalidad. Son interpretaciones, y desde mi punto de vista también completamente arbitrarias.

El problema, como comentaba el señor Iñarritu, es que cuando se plagia de Google, en Google hay mucha barbaridad suelta, y a veces se sueltan auténticas barbaridades también aquí, en esta Cámara.

La Mesa ha vetat les meues esmenes perquè deien que són irrespectuoses, indecoroses, que «ofendían al sentido de la educación, a la mínima lògica racional, que no eran ontológicamente acceptables». A mi el que em sembla indecorós, irrespectuós, que ofén el sentit de l’educació i la lògica mínima és, per exemple, el que s’està publicant aquests dies sobre el que s’ha practicat des de les clavegueres de l’Estat, quan al front del Ministeri de l’Interior i al front de la Policia Nacional estava el senyor Cosidó. I aquest senyor encara continua ocupant ací el càrrec de portaveu del Grup Parlamentari Popular. A mi el que em sembla irrespectuós, indecorós, contra el sentit de l’educació i contra la lògica racional és que estiguem pagant una persona perquè vaja pel món a matar elefants. Viva el Rey, no? Em sembla indecorós, irrespectuós i que atempta ontològicament contra els principis que paguem una persona perquè es dedique a assassinar ossos emborratxats. Viva el Rey, també. Em pareix indecorós i irrespectuós que paguem una persona perquè faça negocis amb dictadures sanguinàries. Viva el Rey, también. Em pareix indecorós que paguem amb fons reservats de tots els espanyols la presumpta incontinència sexual d’un monarca. Això em pareix indecorós i irrespectuós.

Vostés tenen por a les urnes, això ho sabem, i tenen por que la gent puga triar si volen monarquia, corrupta o no, o si volen una altra forma de cap d’Estat. Que vote la gent lliurement. Jo, i la majoria d’espanyols, no vam poder votar ni monarquia ni república. El problema d’aquesta monarquia és que, en primer lloc, la monarquia en sí, ja com a concepte, és un anacronisme; no és una forma democràtica que el cap de l’Estat no es puga triar. I, especialment, aquesta monarquia, els Borbons, des de 1707 fins ara, han donat mostres més que suficients que, des de Felip V fins a Undargarin, és una monarquia corrupta, la monarquia més corrupta, segurament, del món, i mira que n’hi ha moltes. Per tant, volem que la gent puga votar. Sabem que vostés tenen por a les urnes, però nosaltres no la tenim. Evidentment, aquesta moció no eixirà endavant, però nosaltres continuarem batallant per demanar eleccions i demanar que es puga votar.

Gràcies.

La Mesa ha vetado mis enmiendas porque decía que eran irrespetuosas, indecorosas y que ofendían el sentido de la educación y la mínima lógica racional, y que no eran ontológicamente aceptables. A mí lo que me parece indecoroso, irrespetuoso y que ofende a la lógica mínima es, por ejemplo, lo que se está publicando estos días sobre lo que se ha practicado desde las cloacas del Estado cuando al frente del Ministerio del Interior y al frente de la Policía Nacional estaba el señor Cosidó, y que este señor todavía ostente la portavocía del Grupo Popular. Lo que me parece irrespetuoso y contra la lógica racional es que estemos pagando a una persona para que vaya por el mundo a matar elefantes. Me parece indecoroso, irrespetuoso y que atenta contra los principios que paguemos a una persona que se dedique a asesinar a osos emborrachados. Me parece indecoroso e irrespetuoso que paguemos a una persona para que haga negocios con dictaduras. Me parece indecoroso que paguemos con fondos reservados de todos los españoles la presunta incontinencia sexual del monarca. Me parece indecoroso e irrespetuoso todo esto.

Ustedes tienen miedo a las urnas, eso lo sabemos. Tienen miedo a que la gente pueda elegir si quiere una monarquía u otra forma de Jefatura del Estado, que pueda elegir libremente. Hoy la mayoría de los españoles no pueden votar eso. El problema de la monarquía es que como concepto es un anacronismo, no es una forma democrática que el jefe del Estado no se pueda elegir. Y especialmente esta monarquía de los Borbones, desde 1700 hasta hoy, desde Felipe V hasta Urdangarín, ha dado muestras de que es una monarquía corrupta. Por lo tanto, que la gente pueda votar en las urnas. Nosotros no tenemos miedo a las urnas. Seguiremos batallando para pedir elecciones y que se pueda votar.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

¿Alguna intervención más? (La señora Domínguez de Posada pide la palabra).

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Senador Iñarritu, con todo lo que le he dicho, usted únicamente se ha dedicado a hacer la gracieta de que le aburre que alguien lea. Pues mire, siga aburriéndose, porque yo me alegro enormemente. Le he dicho cosas muy duras que no ha sido capaz de rebatir.

Muchas gracias.



(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

¿Alguna intervención más? (El señor Iñarritu García pide la palabra).

Senador Iñarritu, tiene la palabra.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quería dejar claro que yo no tengo ningún problema con esta Mesa; además, creo que usted hace una buena labor de presidencia. Lo que denunciaba es que cuando llega cierto asunto a esta Cámara, como es el asunto de la monarquía, enseguida la gente se pone nerviosa. Y no es solamente una cuestión de esta institución; también en este momento el presidente del Gobierno parece que está nervioso porque va a salir un escándalo —parece— del señor Villarejo que pondría en riesgo una institución del Estado. Lo que ocurre es que se ha convertido en un tabú, en un tótem sagrado.

Recientemente, a un cronista real que yo creía que no iba a nombrar nunca en esta Cámara, el señor Peñafiel, le preguntaban en una entrevista en el diario El Mundo si él era monárquico, y él contestaba: No, no, imposible. ¿Cómo voy a ser yo monárquico? Le dijeron: ¿Por qué? Y respondió: Es que yo les conozco.

El asunto es ese. Es que la monarquía tampoco es ejemplar, todo responde a un mito. Hay una expresión en castellano: vivir como un rey o vivir a cuerpo de rey. En España se dice borbonear. Y eso responde a reyes como Alfonso XIII, del que hablábamos antes, y quizás también a otros. El asunto es que, a día de hoy, hay una jefatura de Estado contaminada en origen por un régimen franquista, no legitimada democráticamente en las urnas —por eso se hizo el tocomocho de meterla en la Constitución por la puerta de atrás— y que en este momento está cuestionada. Es hora ya de que la ciudadanía elija qué modelo de Estado quiere, si quiere monarquía o repúblicas, o república, que sea la ciudadanía, que es mayor de edad, y que haya control, transparencia y se pueda hablar tanto en esta Cámara como en cualquier otro lugar de lo que tiene que ver con esa institución o con cualquiera.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.

¿Hay alguna intervención más en el Grupo Mixto? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Moltes gràcies, president.

En primer lloc, també volem mostrar la solidaritat amb el poble francès per l’atemptat d’ahir. Hem de ser solidaris quan també nosaltres ho hem patit i el poble francès ha estat amb nosaltres. (Aplaudiments.)

D’altra banda, mentre aquí estem parlant, sembla que en una democràcia hi ha quatre persones en vaga de fam i nou presos polítics i exiliats polítics. I ja que al Gobierno del senyor Sánchez li preocupa la dejación de funciones, doncs per la dejación de funciones del Tribunal Constitucional està passant això. Perquè porten més d’un any per resoldre un recurs d’empara a persones que estan en presó preventiva fa més d’un any. Si ets un feixista violent que fas un recurs d’empara tenint una sentència de quatre anys de presó, en quatre dies et contesten i t’envien a casa. Aquesta és la diferència entre ser català o ser feixista; i aquesta és la situació que es viu en aquesta anomenada democràcia.

A nosaltres també ens ha sorprès que aquesta moció no es pugui veure sencera, i es fa —i ho deia el president i ho respectem, però no ho compartim— en nom de la Constitució. Quan l’any 78 es va votar la Constitució es va fer en nom de la llibertat, no per reprimir la llibertat. I quan una Constitució, en lloc de ser un espai de llibertat, passa a ser una gàbia que t’empresona, de poc serveix com a instrument democràtic.

Hi ha dos punts als quals vull fer referència breument. Un és el que reprovava el discurs del Cap de l’Estat del passat 3 d’octubre, i diuen que això no es pot tractar. Quan un Cap d’Estat deixa de ser àrbitre i es posa de part de la repressió, de part del «a por ellos, per què no en podem parlar? Si aquest senyor s’ha mullat d’una banda, si ell ha volgut intervenir, si el Cap de l’Estat ha baixat al que se’n diu l’arena política, doncs ha de sotmetre’s a l’arena política, i que no sigui immune i pensi «jo puc dir el que vulgui perquè soc inviolable i ningú no em pot dir res». Doncs no, si ell ataca el poble de Catalunya, la majoria del poble de Catalunya, nosaltres el podem reprovar. I encara que no ho pugui votar, el Partit Demòcrata reprova l’actuació del Cap de l’Estat en aquell discurs del 3 d’octubre tan desgraciat. A més a més, també val a dir que la monarquia a l’Estat espanyol està en una situació de crisi. Abans ho deia el senador Iñarritu. Avui la monarquia viu pendent del senyor Villarejo. Quan un viu pendent del senyor Villarejo, per alguna cosa deu ser.

Després diu: «aclarar cuáles fueron las gestiones y presiones presuntamente realizadas por el Jefe del Estado el pasado año en Cataluña». Diferents mitjans de comunicació han informat que el rei va fer trucades a empreses perquè marxessin de Catalunya. Aquesta pressió és indigna d’un Cap de l’Estat, un Cap de l’Estat que vulgui ser també Cap de l’Estat de Catalunya. Que sàpiga que a nosaltres no ens representa un Cap de l’Estat que va contra l’economia catalana i contra les empreses que estan a Catalunya.

Avui, per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció —tot i que lamentem que no tingui tots el punts—, i ho fem amb la convicció que avui aquesta monarquia ha quedat desfasada, i que aquesta monarquia no està servint els interessos ni de Catalunya ni del conjunt de l’Estat espanyol. És una monarquia que no ha sabut mantenir-se en el lloc que es va prometre en el primer moment. Però és cert que jo mateix he volgut mirar les imatges de quan es va produir la promesa de «tenim un nou Cap d’Estat quan desaparegui el dictador Franco». Quan es van aixecar les Corts Generals va ser quan el senyor Juan Carlos va dir —i acabo senyor president—: seré fidel al 18 de julio de del 1936. Allà va demostrar que també era el rei d’una part i que no volia ser el rei de tots.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, quiero mostrar nuestra solidaridad con el pueblo francés por el atentado de ayer. Tenemos que ser solidarios cuando nosotros también lo hemos sufrido y el pueblo francés ha estado con nosotros. (Aplausos).

Por otro lado, mientras aquí estamos hablando, parece que en una democracia, hay cuatro personas en huelga de hambre y nueve presos políticos y exiliados políticos. Al Gobierno del señor Sánchez le preocupa la dejación de funciones, pues por la dejación de funciones del Tribunal Constitucional está pasando esto, porque llevan más de un año para resolver un recurso de amparo a personas que están en prisión preventiva desde hace más de un año. Si eres un fascista violento que presentas un recurso de amparo teniendo una sentencia de cuatro años de prisión, en cuatro días te contestan y te envían a casa. Esa es la diferencia entre ser catalán o ser fascista; esa es la situación que se vive en esta llamada democracia.

También nos ha sorprendido que esta moción no se pueda ver entera. Y esto se hace —lo decía el presidente y lo respetamos, aunque no lo compartimos— en nombre de la Constitución. Cuando en el año 1978 se votó la Constitución se hizo en nombre de la libertad, no para reprimir la libertad y cuando una Constitución, en lugar de ser un espacio de libertad, pasa a ser una jaula que te aprisiona, de poco sirve como instrumento democrático.

Hay dos puntos a los que quiero hacer referencia brevemente. Uno de ellos es el que reprobaba el discurso del jefe de Estado del pasado 3 de octubre. Decían: No, esto no se puede tratar. Escuchen, cuando un jefe de Estado deja de ser árbitro y se pone de parte de la represión, de parte del «a por ellos», ¿por qué no vamos a poder hablar de ello? Si este señor se ha mojado por un bando, si ha querido intervenir, si el jefe de Estado ha bajado a la arena política, tiene que someterse a la arena política, no puede ser inmune; si no, yo puedo decir lo que quiera porque soy inviolable y nadie me puede decir nada. Pues no, si él ataca al pueblo de Cataluña, a la mayoría del pueblo de Cataluña, nosotros podemos reprobarlo. Y aunque no lo pueda votar, el Partido Demócrata reprueba la actuación del jefe de Estado en aquel discurso del 3 de octubre tan desgraciado. Además, también hay que decir que la monarquía en el Estado español está en situación de crisis. Antes lo decía el senador Iñarritu: hoy, la monarquía vive pendiente del señor Villarejo. Pues cuando alguien vive pendiente del señor Villarejo por algo será.

En otro punto de la moción se dice: aclarar cuáles fueron las gestiones y presiones presuntamente realizadas por el jefe del Estado el pasado año en Cataluña. Distintos medios de comunicación han informado de que el rey hizo llamadas a empresas para que se fueran de Cataluña. Esa presión es indigna de un jefe de Estado, de un jefe de Estado que quiera serlo de Cataluña también. Pues que sepa que a nosotros no nos representa un jefe de Estado que va contra la economía catalana y contra las empresas que están en Cataluña.

Hoy, por tanto, vamos a votar a favor de esta moción —lamentamos que no tenga todos los puntos— y lo hacemos con la convicción de que hoy esta monarquía ha quedado desfasada y no está sirviendo a los intereses ni de Cataluña ni del conjunto del Estado español. Es una monarquía que no ha sabido mantenerse en el lugar que se prometió en un primer momento. Yo mismo he querido ver las imágenes de cuando se produjo esa promesa: tendremos un nuevo jefe de Estado cuando desaparezca el dictador Franco. Cuando se constituyeron las Cortes Generales, el señor Juan Carlos dijo —y acabo, señor presidente—: seré fiel al 18 de julio de 1936. Allí también demostró que era el rey de una parte y no quería ser el rey de todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente.

Vaya por delante que yo no soy monárquica, no creo en el derecho divino, menos cuando fue un derecho muchísimo más prosaico el que trajo a los Borbones a España: una guerra de nada porque el último Austria no podía procrear. Y divino tampoco es porque un dictador nombró sucesor y se restauró la monarquía en España. Les recuerdo que no preguntaron a nadie —ya lo han dicho—, debe ser costumbre la de no consultar, y esa costumbre viene de largo, formará parte de la idiosincrasia española.

Pero no estamos hablando de monarquía en general, así que me voy a centrar en la moción concreta que rebatimos. Señor Iñarritu, respecto al primer punto, me voy a remitir a una transaccional que aprobó mi partido, entre otros, hace menos de quince días en el Parlamento vasco y que un en su punto quinto —leo literal— dice: En una sociedad democrática todo cargo público de representación de la ciudadanía debe ser elegido y renovado periódicamente a través de elecciones. Este principio y valor debe hacerse extensivo a la jefatura del Estado. Con lo cual, creo que sobre ese punto no tenemos nada más que decir.

Respecto a la inviolabilidad de la figura del rey, nuestra postura es clara también. El pasado 18 de septiembre se debatió en el Congreso de los Diputados una iniciativa de Ciudadanos referente a los aforamientos y el Grupo Vasco, el PNV, presentó una enmienda que pedía la supresión de los aforamientos sin excepción y, además, la modificación del artículo 56.3 de la Constitución a fin de suprimir la inviolabilidad del rey en su actividad institucional. Por supuesto, no se aceptó, pero la verdad es que no debería haber tenido problema cuando los dos reyes, porque este país no se priva de nada, han proclamado que todos los españoles son iguales ante la ley.

Pero esta moción creo que habla fundamentalmente de transparencia, y si vamos a la Ley de transparencia, la Ley 19/2013, veremos que en su preámbulo dice: solo cuando la acción de los responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones, podremos hablar del inicio de un proceso en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, exigente y que demanda participación. La lectura del preámbulo de la Ley de transparencia me genera una duda —o más de una— porque la jefatura del Estado, o sea, el más alto representante del Estado, ese teórico árbitro y mediador del funcionamiento regular de las instituciones —por cierto, ya hemos visto muchas veces que es un árbitro no sé si casero o comprado—, resulta que —al menos así parece— no es un poder público porque no tiene que hacer todo ese tipo de acciones. Y, claro, al preparar la moción me surgió una segunda duda, pues pensé: cuando una entidad de utilidad o interés público recibe una subvención, obligatoriamente tiene que justificar no solo hasta el último céntimo, sino también la actividad. Así que si la monarquía no tiene que justificar absolutamente nada, la lógica me dice que, según la ley, no parece que sea de utilidad o interés público.

Volviendo a la Ley de transparencia, el preámbulo también dice: Permitiendo una mejor fiscalización de la actividad pública se contribuye a la necesaria regeneración democrática, se promueve la eficiencia y eficacia del Estado y se favorece el crecimiento económico. Ahí lo dejo, creo que no hay que decir nada más.

Finalmente, voy a hablar de la desclasificación de la información a la que se refiere la moción. En noviembre de 2016 mi grupo presentó en el Congreso una propuesta de modificación de la Ley de secretos oficiales para, entre otras cuestiones, fijar plazos máximos para el mantenimiento del secreto y la reserva. Sin embargo, dos años después, duerme en el limbo de los justos. Y no solo hemos intentando desbloquearlo nosotros en el Congreso, sino que ya se intentó en la tramitación de la Ley de memoria histórica y de transparencia. Pero todavía no ha habido un Gobierno valiente en España, porque si no, treinta y siete años después, la información sobre el 23-F sería pública hace ya muchos años.

Por último, quiero volver al preámbulo de la Ley de transparencia, que dice que en el ordenamiento jurídico español ya existen normas sectoriales, pero que, sin embargo, esta regulación resulta insuficiente en la actualidad y no satisface las exigencias sociales y políticas del momento; ni de aquel momento, en 2013, ni de este momento, en 2018; ahora, tampoco. Y realmente creo que la más interesada en obrar con transparencia debiera ser la propia Casa Real. Primero, por ejemplaridad, pero, sobre todo, al ver cómo baja su índice de popularidad, aunque, claro, como el CIS no les pasa este dato, a lo mejor no se han enterado todavía.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora AHEDO CEZA: Nada más.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Ayats.

El señor AYATS I BARTRINA: President, senyories, la monarquia està qüestionada, per tractar-se d’una institució medieval, per tenir privilegis com la inviolabilitat, per un sou de gairebé de vuit milions d’euros anual —aquesta és la part que sabem, perquè com es deia, l’opacitat que s’ha practicat sempre ens ha deixat sense conèixer exactament quines altres partides es destinaven a la monarquia— i, sobretot, perquè mai la ciutadania l’ha votat; sobretot per això. Per tot això, tal com indica aquesta moció, són moltes les institucions que rebutgen la monarquia, i cada vegada en són més i cada vegada en seran més. Aquesta mateixa setmana el ple de l’Ajuntament de Girona —de la meva ciutat—, un ajuntament escollit democràticament, revocava l’acord d’adhesió a la monarquia i al rei emèrit; un acord subscrit el 1975 per un ajuntament no democràtic. I no és una anècdota. Fa poques setmanes, el Parlament de Catalunya —insisteixo, un parlament escollit democràticament— votava la reprovació de Felip de Borbó.

Aquesta moció parla sobretot del rebuig d’Euskadi i Catalunya, però ja apunta que això va molt més enllà. Per això, des del 2015, el CIS no pregunta sobre la monarquia; però no ho podran amagar. Ahir llegíem com el segon diari alemany amb més lectors assenyalava el rei com el més impopular d’Europa, i feia un repàs exhaustiu dels escàndols: comissions per mediar a l’AVE, la presó d’Undargarín, etcètera, etcètera. Molts d’aquests escàndols tenen a veure amb l’opacitat, i amb la transparència que demana aquesta moció per tal de deixar-los al descobert. Parla també de l’error històric del discurs del 3 d’octubre —després m’hi referiré— i el final d’aquest article és el principi. Perquè ataca la legitimitat de la monarquia des del minut zero, perquè és el dictador el qui nomena el rei. Si volien democràcia, havien d’acceptar el rei Joan Carles I; textualment l’article que els deia en aquests moments. Que ningú ho oblidi: el rei d’Espanya accepta la Constitució, sí, després de jurar fidelitat a Franco i a los principios del Movimiento.

Però parlem de la monarquia avui, i durant el procés que vivim a Catalunya. Ja s’han referit a les pressions abans de l’1 d’octubre, de la compareixença, la greu compareixença, del 3 d’octubre, on legitimava tota l’acció repressiva. Aquesta compareixença va tenir detalls brutals, com el quadre de Carles III que tenia al darrere; un quadre de Carles III amb un bastó; Carles III, fill de Felip V, també molt estimat pels catalans, i espero que entenguin el que els vull dir. Felip de Borbó, a més a més, no va demostrar la més mínima empatia per tots els ciutadans que van ser víctimes dels cops i de la repressió quan, senzillament, anaven a votar.

Ara ens demanen, a més a més, que aplaudim, que fe cega en la monarquia i que no preguntem, i que això de la transparència, ja en parlarem un altre dia. Doncs mirin, la nostra resposta és república, i la nostra resposta són valors republicans. I un dels principals valors republicans és la igualtat, sense excepcions. De reis, ni el pare, ni el fill ni l’esperit de Franco, que està en tots dos.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Presidente, señorías, la monarquía está cuestionada, por tratarse de una institución medieval, por tener privilegios como la inviolabilidad o por recibir un sueldo de casi 8 millones de euros anuales. Esta es la parte que sabemos, porque, como ya se ha dicho, la opacidad que se ha practicado siempre nos ha dejado sin saber exactamente qué otras partidas se destinaban a la monarquía. Pero, sobre todo, lo está porque la ciudadanía nunca la ha votado. Por todo eso, tal y como indica esta moción, son muchas las instituciones que rechazan la monarquía y cada vez son y serán más. Esta misma semana, el Pleno del Ayuntamiento de Girona, mi ciudad, un ayuntamiento elegido democráticamente, revocaba el acuerdo de adhesión a la monarquía y al rey emérito, un acuerdo suscrito en 1975 por un ayuntamiento no democrático, y no es una anécdota. Hace pocas semanas, el Parlamento de Cataluña —insisto, un Parlamento escogido democráticamente— votaba la reprobación de Felipe de Borbón.

Esta moción habla sobre todo del rechazo en Euskadi y Cataluña, pero apunta que va mucho más allá. Por eso, desde 2015 el CIS ya no pregunta sobre la monarquía, aunque no lo van a poder esconder. Ayer leíamos que el segundo diario alemán con más lectores señalaba al rey como el más impopular de Europa y hacía un repaso exhaustivo de escándalos: comisiones por mediar en el AVE de la Meca, la prisión de Urdangarín, etcétera. Muchos de esos escándalos son parte de la opacidad para la que esta moción pide transparencia, y debería quedar al descubierto. El artículo también habla del error histórico del discurso del 3 de octubre —al que luego me referiré— y, al final, se refiere al principio, pues ataca la legitimidad de la monarquía desde el minuto cero, ya que fue el dictador quien nombró al rey. Si querían democracia, debían aceptar al rey Juan Carlos I, decía textualmente este artículo que acabo de citar. Que nadie lo olvide: el rey de España acepta la Constitución, sí, después de jurar fidelidad a Franco y a los principios del Movimiento.

Pero vamos a hablar de la monarquía de hoy y durante el proceso que vivimos en Cataluña, al que ya se han referido. Hablemos de las presiones antes el 1 de octubre o de la grave comparecencia del 3 de octubre en la que legitimaba toda la acción represiva. Una comparecencia con detalles brutales, como el cuadro que tenía detrás, de Carlos III con un bastón —Carlos III, hijo de Felipe V, muy querido también por los catalanes—. Espero que entiendan lo que quiero decirles. Una comparecencia en la que Felipe de Borbón, además, no mostró la más mínima empatía por todos los ciudadanos que fueron víctimas de los golpes de la represión cuando, sencillamente, iban a votar.

Y ahora nos piden que aplaudamos, fe ciega en la monarquía y que no preguntemos;



que esto de la transparencia, ya lo hablaremos otro día. Pues bien, nuestra respuesta es: república y valores republicanos. Y uno de los principales valores republicanos es la igualdad, sin excepciones. Reyes, ni el padre ni el hijo ni el espíritu de Franco, que está en los dos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ayats.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Muchas gracias, señor presidente.

Tratamos una moción sobre la monarquía, sobre si transitamos o no a una república, porque tenemos una institución, la jefatura del Estado, que puede ser antidemocrática, poco transparente o una anomalía democrática poco transparente y no sujeta a control.

La base de nuestra democracia, según la Constitución, reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado —artículo 1 de la Constitución española—. Sin embargo, sí tenemos anomalías y a veces la jefatura del Estado se escapa de este principio fundamental de legitimidad en una democracia. Por ejemplo, en teoría, una de las funciones del jefe del Estado es ser un alto representante en las relaciones internacionales. Pero ¿qué pasa si en esas relaciones internacionales hace un viaje, por ejemplo, a Arabia Saudí y se dedica, como jefe del Estado, a defender intereses privados en vez de intereses públicos? ¿Qué pasaría? Pues resulta que nada, porque no lo podemos investigar ni preguntar. La soberanía popular, representada en las Cortes Generales, no puede investigarlo ni preguntarlo, ni siquiera manifestar que nos parece o nos deja de parecer. Es difícil, por tanto, sentirse representado por una institución a la que ni siquiera podemos dirigirnos ni podemos controlar, y donde hay una falta de transparencia y una opacidad absoluta.

¿Qué pasa cuando fuera de sus funciones constitucionales hace declaraciones políticas de gran calado, como la del 3 de octubre, sin refrendo? Nada. Porque no podemos preguntar ni controlar ni decir absolutamente nada. No podemos saber ni investigar si el rey emérito se llevó comisiones millonarias del AVE a la Meca. No podemos saber ni preguntar ni investigar si su presunta amante hacía funciones de comisionista en Arabia Saudí. Tampoco podemos saberlo. ¿Tiene dinero en paraísos fiscales? ¿Tiene fortuna en el extranjero? ¿Paga impuestos? Según el New York Times, en 2012 tenía una fortuna de más de 1700 millones de euros. ¿De dónde sale esto? No lo podemos investigar. ¿Tributa? ¿Se le hacen inspecciones fiscales? Sabemos más de lo que tienen, de lo que no tienen o del armario de la familia real, por las revistas del corazón de toda la vida que por lo que en la sede de la soberanía popular podamos averiguar para saber cuál es su patrimonio, cuál es su dinero —nuestro dinero, con el que pagamos— y qué hacen con él. Es imposible que nos podamos sentir representados por una institución así.

De seguir así, nos vamos a encontrar además con situaciones absolutamente incompatibles con la democracia. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando el rey emérito falte porque le llegue su momento? ¿Qué va a pasar con su fortuna si la tiene en paraísos fiscales? ¿El rey actual la va a aceptar sin más?, ¿la va a declarar?, ¿va a pagar? ¿Vamos a poder averiguarlo? ¿Vamos a poder investigarlo? Para colmo, cuando se regula en la Constitución esta figura, se hace contra el principio de igualdad entre hombres y mujeres, como todos sabemos. Ya está tan obsoleta su regulación que incluso el artículo 58, cuando habla del rey o reina consorte, impide textualmente que el rey o reina consorte provengan de una pareja homosexual. Absolutamente obsoleto. ¿Qué pasaría si la heredera actual al trono tuviera una pareja mujer? Pues resulta que, según la Constitución, no podría ser nombrada reina consorte de la reina. Obsoleto ya es poco. Sé que van a decir que fue aprobado por los españoles en el referéndum de la Constitución de 1978, pero esa Constitución fruto de la transición se votó en bloque y sabemos perfectamente por Adolfo Suárez, precisamente, que se hurtó a la ciudadanía poder votar en referéndum el modelo de Estado, porque se sabía que mayoritariamente la población española quería una república. A todo esto, también dijo Adolfo Suárez que en ese momento Felipe González presionaba a los países extranjeros para que hubiera un referéndum. ¡Anda que no han cambiado nada desde entonces!

La sociedad actual quiere a un jefe del Estado que se le pueda votar. En las universidades españolas está habiendo numerosos referéndums. El CIS deja de hablar —eso es culpa del PP y PSOE— de la monarquía cuando hay una gran desafección. Queremos un jefe del Estado que nos represente y que cuando represente sus intereses privados y haga cosas que no debe hacer se le pueda controlar; que pueda ser fiscalizado, que sea trasparente, que se le vote en las urnas, que no se decida por inseminación y que esté sometido al único poder legítimo que existe, que es la soberanía popular, las Cortes Generales, y eso solo y exclusivamente puede hacerse con una república.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Lima.

La señora LIMA CID: Gracias, señor presidente.

Señor Iñarritu, nos presenta una soflama. A esto no se le puede llamar moción. ¿A qué viene tantísima preocupación por la jefatura de un Estado al cual usted no quiere pertenecer? Ustedes atacan la monarquía, no por valores republicanos, de lo que poco hablan en su iniciativa; esa que fue aprobada en nuestra Constitución, refrendada por la mayoría de españoles y españolas en 1978, esa que ustedes no reconocen cuando toman su acta de senadores y senadoras.

Nos presenta un compendio de acusaciones y medias verdades, y se valen de ellas para fundar el rechazo social a la monarquía con un mecanismo único: para debilitar al Estado, independientemente de que este fuese monárquico o republicano. ¿De verdad creen que en cualquier tipo de modelo de Estado ustedes estarían en otra posición?

Señoría, cuando afirma que la monarquía es una institución arcaica y antidemocrática, además de impuesta, debo recordarle que el hecho de que la forma de Gobierno de nuestro Estado sea una monarquía parlamentaria es una decisión constitucional aprobada por un pueblo y no del régimen franquista. ¿O acaso me está diciendo que democracias europeas como la de Suecia, Bélgica, Gran Bretaña, Noruega, Dinamarca u Holanda también son arcaicas? Además, le recuerdo algo. Se refiere al rey como un cargo público de representación de la ciudadanía, pero este no lo es, es una institución constitucional que, además, no es electa. Electos y electas somos nosotros y nosotras, que somos quienes tenemos la responsabilidad de mejorar la vida de las personas, señor Iñarritu. (Aplausos).

Tras aclarar estas cuestiones que premeditadamente promueven, me gustaría, señorías, pedir de una vez por todas que nos ocupemos y preocupemos de los problemas reales de las personas a las que representamos. Como representantes políticos de este país, debemos ser rigurosos, responsables, dejar de jugar con discursos imprecisos y populistas que se encajan en la sociedad con el único propósito de buscar o rédito político o enmarañar más la situación. No todo vale. Debemos ser útiles para quienes esperan mucho más de nosotros y no una carga. Parémonos un momento a pensar en quienes nos ven desde sus casas, ¿qué creen que les importará más? ¿Un empleo digno? ¿Pensiones justas? ¿Contar con un techo? ¿Que los jóvenes tengan presente y futuro? ¿Que se practique una política decente? ¿O que hablemos del modelo de Estado?

Pero mi grupo no elude aquello que considera muy necesario, y es que cuando hablamos de reforma de nuestra Constitución hablamos de prioridades: modelo de nuestro Estado social blindando derechos. Hablamos de fortalecer y ampliar los derechos fundamentales. De eso es de lo que queremos hablar, de una sociedad y de un Estado más democrático. Y cuando hablamos de territorio, pretendemos que todas personas tengan las mismas oportunidades vivan donde vivan. Y hablamos también de una vocación europeísta e iberoamericana. Ahora, eso sí, para llegar ahí hacen falta dos elementos fundamentales: uno, cumplir con nuestra Carta Magna, que es la Constitución, y no hay más; y dos, ser generosos por encima de todo. Porque, señorías, una cosa es que cambiemos la Constitución en un determinado sentido, y otra hacer propuestas cuya realización supondría atentar contra ella. En la sesión del Congreso del 11 de julio del año 2014, en la que se debatió sobre la abdicación del rey Juan Carlos I, el compañero Alfredo Pérez Rubalcaba nombró a Luis Gómez Llorente, que dijo algo que hoy, casi cuarenta años después, sería muy actual. Voy a citarle: Si en la actualidad el PSOE no se empeña, como causa central y prioritaria de su hacer, en cambiar la forma de Gobierno, es en tanto en cuanto puede albergar razonables esperanzas en que sean compatibles la Corona y la democracia, en que la monarquía se asiente y se imbrique como una pieza de una Constitución.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora LIMA CID: Los socialistas no ocultamos nuestra preferencia republicana, incluso aquí y ahora, pero sobrados ejemplos hay de que el socialismo en la oposición y en el poder no es incompatible con la monarquía cuando esta institución cumple con el más escrupuloso respeto a la soberanía popular.

Señorías, la prioridad era la convivencia en un Estado democrático, que los ciudadanos y ciudadanas no fuésemos súbditos, sino ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora LIMA CID: Termino, señor presidente.

Porque los pactos no te obligan a cambiar tus valores y preferencias; los pactos, señoría, solo te obligan a mantener la palabra.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lima.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Lucas.

El señor LUCAS GIMÉNEZ: Señor presidente, señorías, intervengo, en nombre de mi grupo parlamentario, en el debate de esta moción con la intención, en primer lugar, de defender nuestra posición en relación con nuestra monarquía, y es que el planteamiento de esta moción nos obliga a mantener dicha posición, por otro lado clara y conocida; y lo hacemos con más fuerza, si cabe, porque no podemos concordar con quienes quieren poner en cuestión una de las instituciones más importantes, mejor valoradas y más generosas del consenso de nuestra democracia.

En definitiva, más allá de las ideologías absolutamente respetables de unos y otros, la monarquía constituyó y sigue suponiendo para nuestro país un indudable elemento de cohesión, unidad y consenso. El inmenso valor inmaterial de la labor del rey, manifestado en su inmejorable prestigio internacional que no hace más que aumentar el de nuestro país, es su auctoritas como interlocutor privilegiado con las autoridades públicas extranjeras.

En cuanto a abanderar ideales republicanos, veía una nota hace unos días, que decía: ¿Sería mejor una república? Pues no lo sé. La última no fue un lecho de rosas. En los cinco años que duró se declararon veintiún estados de prevención, veintitrés estados de alarma y dieciocho estados de guerra, causados por todo el espectro político, aunque fundamentalmente por el anarquismo.

Abanderar ideales republicanos para atacar a la monarquía y considerarlo un producto, como indica el texto de la moción, propuesto, impuesto, arcaico y antidemocrático es de todo punto inaceptable. Es inaceptable, sobre todo, porque, en el mejor de los casos, parte de la absoluta ignorancia de que si bien el artículo 1.3 de la Constitución establece que la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, los apartados 1 y 2 del mismo artículo configuran a España como un Estado social y democrático de derecho, en el que la soberanía reside en el pueblo, del que emanan todos —subrayo— todos los poderes.

Lo arcaico y regresivo ante la historia y en la política democrática es pretender socavar los derechos y libertades de todos. Lo arcaico y regresivo es pretender quebrantar la legitimidad de las instituciones democráticas, constitucionales y estatutarias. Lo arcaico y lo regresivo es pretender fracturar y dividir una sociedad. Y lo arcaico y regresivo es descalificar, como se ha hecho aquí, al adversario y, no digamos, perseguir su desaparición.

Señor Iñarritu, defiende usted en su moción la adopción de algunas medidas que nos generan el más absoluto desacuerdo, como eliminar la inviolabilidad del rey; otras sobre las que se podría debatir, como la inclusión de una pregunta sobre la monarquía en el CIS, aunque creo que después del éxito andaluz esto ya no le importa a nadie, porque no sirve para nada este organismo; y otras que ya ha puesto en marcha la propia monarquía, como la de implementar la transparencia de su gestión económico administrativa.

No tengo tiempo, pero voy a hacer un ruego al señor Iñarritu. Retire usted la moción. Retírela, porque su tenor sonroja no ya a un estudiante medianamente avezado de primero de Derecho, sino a cualquier persona con unas mínimas convicciones democráticas. Todo ello es así, señoría, no porque usted sea republicano y no esté de acuerdo con la monarquía, lo cual es completamente respetable, sino porque para defender sus ideas realiza afirmaciones que solo se sostienen desde una ignorancia supina o desde un malintencionado intento de manipulación demagógica.

Especialmente sangrante, lacerante incluso, es además, señor Iñarritu, que usted nos quiera dar lecciones de democracia en este hemiciclo. Ustedes, cuando su formación es heredera de aquella que realizó los ataques más infamantes, vergonzosos, cobardes y repugnantes de todos nuestros valores. (Aplausos). Los que hicieron su historia volando coches. Los que presumen de democracia, aunque en el fondo buscan una forma de vivir, aunque sea al estilo de Stalin.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor LUCAS GIMÉNEZ: Termino, presidente.

Si ustedes, y quienes integran la formación que representan se han pasado al bando democrático y han abandonado el de la imposición de las ideas totalitarias, bienvenidos sean. Usted debe retirar esta moción por razones históricas, por razones jurídicas, por razones políticas, por razones constitucionales, pero también por razones personales porque, si usted meditara un poco, sabría que este hombre que usted ahora censura, acompañado por otros hombres, socialistas, comunistas, populares y nacionalistas —cuando eran nacionalistas y no otra cosa— todos ellos lograron que usted pueda sentarse en ese escaño...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor LUCAS GIMÉNEZ: ... y pueda usted presentar hoy aquí esta moción, con faltas de ortografía, en la que no participamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Lucas.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del senador Iñarritu, del Grupo Parlamentario Mixto, con la incorporación de la enmienda aceptada de los senadores Mulet y Navarrete.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 41; en contra, 202; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada. (Fuertes y prolongados aplausos).

Señorías, vamos a continuar con el orden del día, pero les anuncio ya que votaremos a partir de las cuatro de la tarde. (Rumores).

Señorías, guarden silencio. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, guarden silencio para continuar el Pleno. (Rumores).

Salgan en silencio, por favor. Si no, no podremos continuar.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA (ALICANTE/ALACANT) Y PUEBLOS DE SU MARCO. 622/000027 GPMX


PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL TRIBUNAL DEL COMUNER O DEL ROLLET DE L'HORTA DE ALDAIA (VALENCIA/VALÈNCIA). 622/000028 GPMX

El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura a los puntos 6., 6.1., 6.1.1. y 6.1.2.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vamos a hacer un debate agrupado de las dos tomas en consideración de las proposiciones de ley. (Rumores).

Para intervenir en la defensa de estos dos proyectos de ley, tiene la palabra el senador Navarrete cuando ustedes guarden silencio. (Pausa).

Cuando quiera, señor Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, Compromís trae hoy la toma en consideración de un tema que creemos que es de justicia: el reconocimiento de nuestra historia y la eliminación de un agravio comparativo entre tribunales consuetudinarios que están reconocidos por ley y otros que no lo están. Según la RAE, consuetudinario significa derecho consentido e introducido por costumbre, basado en tradiciones, valores y convencionalismos típicos de sociedades premodernas. Los tribunales de este tipo están reconocidos por la Constitución española en el artículo 125, que introduce la posibilidad de que los ciudadanos puedan ejercer acción popular y participar en la Administración de Justicia en dichos tribunales.

Desde hace muchos años, estos tipos de tribunales tienen reflejo en nuestro ordenamiento jurídico. (Rumores). En el artículo 247 de la Ley de aguas de...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, senador Navarrete. (Pausa).

Continúe.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias.

Como decía, en el artículo 247 de la Ley de aguas, de 1879, se decía que existían antiguos juzgados de riego que continuarían con su actual organización mientras las respectivas comunidades no la reformaran. En la actualidad, estos tipos de tribunales están recogidos en diferentes artículos de la Ley de aguas y en sus diversas reformas: en el artículo 82.2, en el 84.6 y en el 245, entre otros. Así, la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, reconoce el carácter de tribunal de este tipo al Tribunal de Aguas de Valencia y al Consejo de los Buenos Hombres de Murcia en la actualidad.

En primer lugar, les voy a hablar del Tribunal del Rollet de l?Horta de Aldaia que, quizás, es el menos conocido de los dos que traemos hoy a debate. Su origen se pierde en el tiempo. Hay distintos historiadores que no se ponen de acuerdo sobre su antigüedad, pero sí lo hacen en reconocer el primer texto donde se reconoce su existencia, que es a través de una Orden de 10 de abril de 1262, del rey Jaume I, donde le otorga el privilegio de Tribunal de Aguas. Del propio texto se deduce que este tribunal ya existía con anterioridad porque, si traducimos del latín —y cito literalmente la traducción del latín—: «Lo tenéis tal como era costumbre hacer desde tiempos antiguos», en tiempo de los sarracenos. Por lo tanto, deducimos que es anterior a esta fecha de la que tenemos documentación escrita.

Este tribunal ha evolucionado a lo largo del tiempo. Hay referencias múltiples. Por ejemplo, en el Capítulo 13 de las ordenanzas de 1589, encontramos una referencia a su juez principal, sequier o buen hombre, como se le llamaba por aquel entonces. Ya en 1747 hay documentos de reuniones de este tribunal en la plaza del pueblo; hay documentos también en los siguientes siglos, en el XVIII y en el XIX, y sus últimas ordenanzas son del año 1960, elaboradas de acuerdo con las leyes que estaban entonces en vigor.

Este tribunal tiene derecho y obligación de controlar el sistema de riego, la limpieza de acequias y todos los conflictos que puedan existir entre los diferentes regantes y usuarios de esa acequia. Este tribunal, como he dicho, ha estado mucho tiempo paralizado. Desde 1960 no había habido reuniones hasta 2014, cuando se volvió a reunir para reactivarlo. Por tanto, quizá por ese motivo no es tan conocido como el otro tribunal que traemos hoy, que es el Tribunal de Aguas de Orihuela y de los pueblos de su marco.

Así pues, también tenemos que hablar del Tribunal de Aguas de Orihuela, quizá, como he dicho, el más conocido de los dos. El Regadío de la Vega Baja lo conocemos desde tiempos de los romanos y se consolidó en tiempo de los musulmanes. Este tribunal, tal y como lo conocemos en la actualidad, fue creado en el siglo XIII por el rey Alfonso X, El Sabio, que lo segregó en los tribunales de aguas de Almoradí, Callosa de Segura y Guardamar. Sus ordenanzas provienen de 1625; se adoptaron y aprobaron en 1836 por la reina regente, María Cristina, y la última aprobación es de la Confederación Hidrográfica del Segura en 2014. Tanto las ordenanzas del Juzgado Privativo de Orihuela como del Tribunal de Rollet de l’Horta de Aldaia tienen una serie de potestades administrativas y jurisdiccionales sobre el cumplimiento gubernativo y económico de las aguas de su jurisdicción para poder resolver pleitos entre regantes, herederos y otros que conciernan siempre al riego y a sus aguas. Por tanto, sus jefes, sus jueces principales, que son el teniente sobresequier, en el caso de Orihuela, o el sequier en el de Aldaia, son los máximos responsables de estos juzgados.

Con estos comentarios, en Compromís hemos pretendido demostrar que, con antigüedad documental y por tradición, son dos tribunales que tienen derecho a ser considerados consuetudinarios y, por tanto, decimos que es necesario reconocerlos y abrir la posibilidad de tomar en consideración que se les incluya en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero no solo lo dice Compromís o la gente del territorio, sino también, por ejemplo, el Informe Dobris de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que dice que solo existen cinco tribunales de este tipo en Europa: el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, el Tribunal de las Aguas de Valencia, el de Aguas de Orihuela, el de Rollet de Aldaia y uno más. Por tanto, creemos que es injusto tener reconocido por ley el de los Buenos Hombres en Murcia y el de las Aguas de Valencia, pero no el de Rollet y el de Orihuela.

El pasado 29 de septiembre de 2018, en la Comisión de Justicia se debatieron dos mociones traídas por Compromís y presentadas por mí mismo en las que se pedía al Gobierno iniciar el proceso para que estos dos tribunales fueran reconocidos por la Unesco como bienes inmateriales de la humanidad, así como para modificar el artículo 19 de la Ley 6/1985, del Poder Judicial, para añadir dos apartados nuevos en los que se reconociesen a estos dos tribunales como de este tipo.

En el debate y presentación de las mociones se mencionaron diversas cosas sobre el Tribunal de Aldaia, y se recordó que, para reconocerlo como bien de interés inmaterial de la humanidad por la Unesco, faltaban una serie de cuestiones de coordinación entre administraciones; faltaba la documentación de las administraciones más cercanas al juzgado. Como no tuve tiempo en esa intervención de contestar a la compañera del Partido Socialista, que me decía que hacía falta eso, le diré que ya se estaba haciendo, y para que estén informados, porque se puede seguir con esa tramitación, el Ayuntamiento de Aldaia y la Diputación de Valencia, el 30 de octubre —casualmente los dos el mismo día—, aprobaron por unanimidad, a propuesta de Compromís, la solicitud de que se considere bien inmaterial de la humanidad. Por tanto, se reconocía esa voluntad.

El Grupo Popular también me exigía en esa moción que reconociera que el Tribunal del Rollet de Aldaia había sido agilizado y vuelto a reactivar por José Bonet Navarro, presidente de dicho tribunal, y por la por entonces alcaldesa de Aldaia, Carmen Jávega, del Partido Popular. En Compromís no tenemos ningún problema en reconocer quién tiene sensibilidad y quién apuesta fuerte por esos temas y, por tanto, se lo reconocemos a quien me lo pidió, y a quien no tuve oportunidad de contestar. También me recordaron que a instancias de ayuntamientos, diputaciones y de las Corts Valencianes, hubo diferentes declaraciones para reconocer al Tribunal Privativo de Aguas de Orihuela, y que eran acuerdos previos al 5 de marzo de 2014, en que fueron aprobadas, esa última en las Corts Valencianes, a iniciativa del Partido Popular y con gobiernos también del Partido Popular. Pues bien, tienen todo mi reconocimiento. Se lo digo aquí y cuando quieran.

Y nos preguntaban también ese día dónde estábamos nosotros. Pues apoyando esas declaraciones institucionales en todas las instituciones en las que estamos representados. Miren ustedes los Diarios de Sesiones y verán cómo intervenimos, apoyamos y votamos a favor. Por tanto, ahí estábamos.

También quiero hacer un poco de memoria histórica y lanzar una pregunta al viento, una pregunta que me plantearon los vecinos de Orihuela cuando les fui a visitar para explicarles cómo estaba la situación y los trámites parlamentarios. Me preguntaron, cuando salí a la calle, por qué los representantes de la Comunitat Valenciana en el Congreso y en el Senado, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que tenían declaraciones institucionales aprobadas por unanimidad, sencillas de ejecutar y de amplio consenso, estando en el Gobierno, se olvidaban de plantearlas en el Congreso y en el Senado, y por qué había tenido que ser Compromís el que llevase esta reivindicación territorial a la Cámara. No les supe contestar, cada uno con sus tiempos y sus velocidades.

En Compromís estamos de acuerdo, como se dijo en aquella comisión, en no caer en el: y tú más; no quiero caer en eso. Por lo tanto, solo quiero recordarles unos hitos históricos. Creo que nadie va a estar en contra de tomar en consideración esta proposición de modificación de la ley, porque es de dignidad y de justicia, de reivindicación y reconocimiento del territorio valenciano. Creemos que es el momento de darle un último empujón en el Senado para que el Congreso de los Diputados tenga a bien modificar esa ley —algo que creo que es bastante sencillo de hacer, se podría incluso considerar una modificación técnica— y la admitan a trámite.

Por último, espero el apoyo unánime de la Cámara porque creemos que es de dignidad y de justicia.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Navarrete.

¿Alguien va a hacer uso de turno a favor o en contra? (Pausa).

Pasamos al turno de portavoces.

Señor Navarrete, tiene la palabra de nuevo.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias.

Como supongo que votarán unánimemente a favor, aunque no sé qué opina el resto de grupos porque la dinámica y mecánica del debate funciona así, simplemente quiero dar las gracias a los pocos que están en este momento escuchándome. Espero que salga adelante por unanimidad.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Navarrete.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.

En nombre del Partit Demòcrata, anuncio que vamos a dar apoyo a la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el reconocimiento del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Alicante, y pueblos de su marco, y también a la proposición para la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para el reconocimiento Tribunal del Comuner o Rollet de l’Horta de Aldaia, Valencia.

Hemos estudiado la proposición de ley que presenta Compromís. En primer lugar, queremos felicitar al senador Navarrete de Compromís por esta iniciativa. Creemos que es muy interesante que se traigan iniciativas como esta. El Juzgado Privativo de Orihuela obtendrá el reconocimiento como tribunal consuetudinario que tienen otros tribunales, como el de las Aguas de la Vega de Valencia o el Consell d’Homes Bons de l’Horta de Murcia. Esta entidad imparte justicia desde hace más de mil años; administra los riegos al sur de la provincia de Alicante, y reclama obtener el rango de tribunal tradicional. Es una entidad que ha resuelto, durante muchísimos años, conflictos entre regantes aplicando el derecho no escrito. Queremos, por tanto, felicitar a los senadores de Compromís y al senador Navarrete por la propuesta que traen hoy a este Pleno del Senado.

El Tribunal del Comuner o del Rollet de l’Horta de Aldaia, como dije, es similar al Consell d’Homes Bons de l’Horta de Murcia. Son órganos tradicionales, consuetudinarios y de origen inmemorial. En julio de 2018, en el salón de plenos del Ayuntamiento de Aldaia, se celebró una jornada titulada: El Tribunal del Comuner del Rollet Gràcia de Aldaia, tradició i costum jurídica de l’horta. Fue la primera jornada técnica que permitió profundizar en el conocimiento del Tribunal del Comuner.

Por estos motivos que he expuesto, vamos a votar a favor de ambas proposiciones de ley.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Bagué

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Tal como nos pronunciamos en la Comisión de Justicia celebrada el 27 de septiembre sobre la misma cuestión, entonces en forma de moción, nos posicionaremos favorablemente al reconocimiento de carácter del tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y pueblos de su marco, al igual que al Tribunal consuetudinario y tradicional del Comuner del Rollet de l’Horta de Aldaia. Entendemos que estas instituciones, con una tradición inveterada, no merecen más que nuestro respeto, nuestro apoyo y, evidentemente, el voto favorable a su toma en consideración.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Picornell.

El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias, presidente.

Muy rápidamente quiero también añadir nuestro apoyo al reconocimiento como tribunal consuetudinario al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y el Tribunal del Comuner o del Rollet de l’Horta de Aldaia. Nosotros valoramos muy positivamente la importancia de dichos tribunales, que son producto, como dijimos ya en la Comisión de Justicia, de la sabiduría, del trabajo y del buen hacer dels llauradors valencians.

Estas instituciones de justicia, con muchísima historia detrás, con muchísimo peso, muchísima importancia, creemos que es nuestro deber preservarlas, cuidarlas, protegerlas, estar a su lado, estar al lado del legado histórico de nuestro país. Para nosotros refuerza la identidad local. De hecho, ya conocemos dos ejemplos muy claros que fueron reconocidos como patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco, el caso del Tribunal de les Aigües de València y el Consell d`Hòmens Bons de Mùrcia.

Por lo tanto, una vez más solo podemos añadir que estamos de acuerdo con esta propuesta, con esta proposición, y esperemos que se pueda añadir al artículo 19 de la Ley 6/1985, del Poder Judicial, el reconocimiento a dichos tribunales.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Picornell.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Jiménez.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, presidente.

Señorías, el agua siempre ha sido un bien preciado y, desgraciadamente, no siempre abundante en tierras valencianas. Por ello desde la antigüedad fue necesario regular y ordenar el riego para administrar y aprovechar ese bien tan valioso y tan necesario como es el agua. Con esta iniciativa que ya les adelanto que mi grupo apoyará, se pretende el reconocimiento oficial de dos destacables tribunales de regantes que desde tiempo inmemorial sirven al interés dels llauradors de la huerta valenciana y de sus comunidades: el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y el Tribunal del Comuner o del Rollet de l’Horta de Aldaia. Ambos comparten la condición de ser tradicionales y consuetudianarios.

Señorías, al igual que el Tribunal de Aguas de Valencia y el Consejo de Hombres Buenos de Murcia, ambos ya reconocidos en la legislación española en su momento, estos tribunales presentan rasgos comunes que los caracterizan y convierten en verdaderos tesoros de nuestro patrimonio cultural e histórico: su origen ancestral, su función y capacidad de resolver conflictos de manera oral, rápida y pública, la elección democrática de sus miembros y sobre todo que sus decisiones están basadas en una costumbre que se ha convertido en derecho. Por eso creemos que es justo y positivo que nuestro ordenamiento jurídico reconozca estos tribunales, porque las normas consuetudinarias son normas básicas, culturales e históricas y, además, como ustedes saben, una de las fuentes del derecho.

Por lo tanto, como ya se ha dicho, este tipo de tribunales tan antiguos, que forman parte de nuestro patrimonio cultural y jurídico, tanto el del Comuner como el de Orihuela, tienen un papel de símbolos visibles de sus comunidades. Para el País Valencià ha sido muy relevante la existencia de estos tribunales y de estas prácticas ancestrales, que son resultado del buen hacer dels llauradors valencians, que supieron ordenar y regular un tema siempre conflictivo, como es la distribución de un bien escaso como el agua. Por lo tanto, cumplen un importante servicio como instrumento necesario para ordenar la pacífica y equitativa distribución de las aguas entre los usuarios y para prevenir infracciones. Su existencia y reconocimiento oficial merece valorarse como la recuperación de un valioso patrimonio cultural y jurídico.

El Tribunal del Rollet de l’Horta de Aldaia, documentado desde 1200, pero cuyo origen se pierde en el tiempo, además de desempeñar funciones jurídicas es transmisor oral de conocimientos ancestrales, contribuye activamente a la cohesión de las comunidades de regantes e incluso, señorías, aporta al acervo lingüístico la riqueza de un vocabulario especializado propio, salpicado de palabras de origen árabe. En definitiva, el Tribunal del Comuner es depositario ancestral de una identidad local, a la vez que brinda un servicio de gran importancia para la población y para su entorno territorial.

Por su parte, el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, como también se ha dicho, dirige en la vega baja la gestión del agua que se emplea para el riego tradicional, el llamado a manta o por inundación. También tiene como función administrar la distribución de los recursos hídricos desde las presas del río Segura, a través de las acequias, hasta los huertos. Además de impartir justicia en la huerta del Segura, esta institución ancestral tiene un valor ecológico y patrimonial, pues contribuye a poner en valor y salvaguardar un sistema de regadío tradicional milenario; un sistema complejo, y a la vez sencillo, de acequias, norias y azarbes con el que se consigue un máximo aprovechamiento del agua, ya que posibilita que los sobrantes de este recurso, tan valioso como escaso, se reutilicen una y otra vez.

En conclusión, señorías, este tipo de tribunales tan antiguos forman parte de nuestro patrimonio cultural y jurídico y debemos protegerlo y salvaguardarlo. Además, son tribunales de participación ciudadana, a la vez que depositarios ancestrales de una identidad local y regional. Por consiguiente, tanto por su labor como por su valor simbólico, merecen ser reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico.

Por todos estos motivos, nosotros vamos a apoyar esta toma en consideración.

Nada más. Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Jiménez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Lerma.

El señor LERMA BLASCO: Gracias, presidente.

Da la impresión de que estemos debatiendo algo relativo al pasado, una cosa tradicional, cuando realmente no es así. Estamos discutiendo sobre un tema que es actual, y el contenido de lo que aprobemos va a tener, aunque sea solo una toma en consideración, una influencia muy directa sobre la vida de los ciudadanos.

No estamos hablando de la historia y del folclore, sino de la posibilidad de que algunos tribunales consuetudinarios, es decir, asociaciones de regantes en realidad, tengan funciones jurisdiccionales igual que tienen los tribunales ordinarios. Por tanto, insisto, no estamos hablando del pasado, sino del presente y del futuro. Estamos hablando de dos tribunales consuetudinarios a los que la toma en consideración insta a reconocer como tales y, por tanto, a darles funciones judiciales. Fundamentalmente van a poder juzgar cosas relativas al agua como si fueran un tribunal más. Repito, no estamos hablando de folclore, sino, básicamente, de administración de justicia; por tanto, es importante.

No hace falta —no voy a insistir mucho— señalar el carácter histórico y consuetudinario de los dos organismos sobre los que estamos hablando, si bien con diferencias. El Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela hace referencia a una zona muy extensa, aproximadamente de 7000 hectáreas, creo recordar, y a un número de regantes que supera los 1500; por tanto, estamos hablando de algo que supera de manera muy amplia el término municipal de Orihuela para hacer referencia a otros muchos municipios de alrededor de la comarca. Inicialmente se incluían muchos municipios que luego se segregaron como, por ejemplo, Almoradí, Callosa de Segura o el propio Guardamar. Por cierto, las Cortes Valencianas olvidaron referirse concretamente a Guardamar en la moción que aprobó declarando el carácter consuetudinario de este tribunal.

En este caso concreto estamos hablando de unas ordenanzas que se aprobaron probablemente en tiempos de Alfonso X el Sabio, es decir, a mediados del siglo XIII aproximadamente, y, por tanto, tienen un nivel claramente histórico, pero al mismo tiempo hay que recordar que siguieron funcionando regularmente hasta la actualidad. No se interrumpió en ningún momento su papel jurisdiccional.

Estamos hablando también del Tribunal del Comuner o del Rollet de l’Horta de Aldaia, que, aunque podamos referirnos también en su creación al siglo XIII, en este caso concreto fue el rey Jaume I quien lo reconquistó, y no el de Orihuela, que lo reconquistó, como ustedes saben, Alfonso X el Sabio. Por lo tanto, nos estamos refiriendo a un tribunal que no tiene tan claramente acreditada su continuidad en el tiempo, aunque es verdad que sus miembros quieren recuperar actualmente esa actividad.

Estamos hablando de realidades diferentes, aunque, insisto, en un caso se trata de Alfonso X el Sabio y en el otro de Jaime I. Posteriormente, el tribunal se cita en las ordenanzas de 1589, pero no se cita en las de 1574. Por tanto, es evidente que tiene ya el mismo nivel organizativo, es decir, administrativo, y no de tribunal, que todas las demás comunidades de regantes, porque así se expresaba en la ordenanza de 1845. Por otra parte, este tribunal tampoco tiene la petición expresa de las Cortes Valencianas como el anterior.

En todo caso, insisto, se trata de dos instituciones que tienen probada su antigüedad. Quiero decir que de lo que estamos hablando en este caso concreto es de actualidad, y que el reconocimiento de los tribunales consuetudinarios es un medio para facilitar la participación de los ciudadanos en la administración de justicia, que es, no cabe duda, nuestra finalidad. Por tanto, la referencia expresa que se hace al Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia o al Consejo de Hombres Buenos de Murcia no tiene por qué ser exhaustiva en nuestra legislación. Puede perfectamente extenderse a otros muchos tribunales consuetudinarios, y hay que tener en cuenta que la Ley Orgánica del Poder Judicial los podría reconocer.

Vamos a hablar de una toma en consideración y vamos a ver, por tanto, cómo puede ser ese reconocimiento y qué requisitos tienen que cumplir para que así sea, pero hay que ser conscientes en este caso de que pueden ser muchos los tribunales que se puedan reconocer tanto en los regadíos de la Comunidad Valenciana como en los regadíos de Murcia, y seguramente en muchos sitios más, porque a poco que se investiguen las comunidades de regantes nos daremos cuenta de que muchas de las que actualmente existen tienen esa posibilidad de ser tribunales consuetudinarios, pero, eso sí, ser reconocidos no es algo exhaustivo, como se cita actualmente, pero sí que hay que tener en cuenta unas características. Y estas características son, naturalmente, que no se regulen por normas escritas y que ejerzan una función judicial y no meramente arbitral, como también se especifica respecto a otra institución tradicional valenciana en un auto del Tribunal Constitucional, de 8 de enero de 1986, que negó la condición de tribunal consuetudinario al Consulado de la Lonja de Valencia. Estos son los requisitos.

Otra cuestión importante es que, como se solicita el reconocimiento de la Unesco, y tal y como la propia Unesco reconoce en los otros casos, la trascendencia de las instituciones históricas de las que estamos hablando va más allá de funciones jurídicas. Nos referimos ahora a otra cuestión diferente a la anterior, y es que son símbolos de las comunidades, contribuyen a la cohesión de las comunidades de regantes y, sobre todo, velan por oficios tradicionales y transmiten conocimientos orales que de otra forma se perderían. Por tanto, creo que estamos en el buen camino para reconocerlos como tribunales constitucionales, pero, insisto, siempre que se rijan por normas no escritas y ejerzan una función judicial y no meramente arbitral.

Nosotros apoyaremos —como ya hicimos con otra parte de la cuestión en las Cortes valencianas— la toma en consideración de la proposición de ley que ha presentado Compromís.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Lerma.

Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Pedrosa.

La señora PEDROSA ROLDÁN: Gracias, presidente.

Como ya saben, la postura del Partido Popular en cuanto al reconocimiento del carácter consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco es inequívoca y contundente, pero no es de ahora, sino de siempre. Nuestro apoyo, respaldo y ayuda a los regantes agricultores de la Vega Baja, el vergel de mi provincia, Alicante, ha sido una constante del Partido Popular en todas las instituciones a lo largo de los últimos años. De hecho, ha sido el Partido Popular el que siempre ha tomado la iniciativa de poner en valor ese tribunal, un ejemplo de la tradición y la justicia social impartida por hombres justos y buenos desde hace más de mil años.

Hoy es un día para congratularse, pues por lo que hemos podido escuchar aquí vamos a estar todos de acuerdo y es previsible el consenso en este tema. Este es el momento de hacer un gesto de reconocimiento y admiración a todos los que tradicionalmente han utilizado el Juzgado de Aguas de Orihuela, jueces y usuarios que, dando un ejemplo de lealtad y compromiso, han acatado las sentencias de este órgano. Se trata, pues, de hacer justicia —nunca mejor dicho— con aquellos que han avalado durante siglos este tribunal, mostrando y demostrando el más profundo respeto a la legalidad y a la palabra dada sin necesidad de alargar litigios amparándose en la debilidad de su forma jurídica y legal.

El Partido Popular no solo se ha mostrado a favor de apoyar la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela y Pueblos de su Marco, sino que, además, nuestro grupo incluyó una enmienda a la propuesta inicial en la Comisión de Justicia, con el fin de enriquecerla y ajustarla a lo que piden los regantes, denominando a este tribunal como lo que realmente es, un elemento esencial de un sistema de regadío tradicional, milenario, de vital importancia para el desarrollo de la huerta de la Vega Baja del Segura, al que contribuye a poner en valor y salvaguardar, como ya explicó en la comisión nuestra compañera, la senadora Guijarro Carrillo.

Hemos de tener en cuenta que estamos ante la institución más antigua de la Vega Baja. Por lo tanto, lo que se busca es un reconocimiento expreso y poner en valor la importancia que para el regadío de la Vega Baja ha tenido y tiene este tribunal. Pero el apoyo del Partido Popular al Juzgado de Aguas de Orihuela no se ciñe exclusivamente a esta Cámara. Debo reconocer y recordar el apoyo de las instituciones alicantinas a este juzgado. El más reciente, el pasado mes de noviembre, con la concesión por parte de la Diputación Provincial de Alicante de una subvención de 355 000 euros, que permitirá llevar a cabo tres importantes actuaciones para mejorar la eficiencia y el uso del agua. El trabajo de la diputación y de su responsable de ciclo hídrico, nuestro compañero oriolano, Paco Sáez, le hizo merecedor recientemente del escudo de oro del Juzgado de Aguas de Orihuela, impuesto por el presidente de esta institución en un acto al que también asistió el alcalde de la ciudad, Emilio Bascuñana, un alcalde volcado en el apoyo a sus regantes, como lo demuestran acciones como la firma de un convenio que regula la cesión de las norias gemelas al Ayuntamiento de Orihuela por parte del Juzgado Privativo de Aguas con la finalidad de aprovechar el espacio, ya que Emilio Bascuñana siempre ha insistido en poner en valor el sistema de regadío, al que tanto le debemos y que es un símbolo de nuestra agricultura.

Muestra de este apoyo constante es que el propio juez de Aguas hizo entrega al alcalde de Orihuela de una insignia del Juzgado Privativo de Aguas. Este gesto es un reconocimiento al apoyo institucional que el Ayuntamiento de Orihuela mantiene con todos los miembros del Juzgado Privativo de Aguas y con los regantes que lo conforman. Además, incluyó la firma de Bascuñana en el libro de honores y distinciones de esta institución, lo que demuestra que nuestros compañeros del Partido Popular realizan su trabajo en beneficio de sus ciudadanos. Un trabajo bien hecho y una responsabilidad que, en este caso, se ve reconocida por los implicados en su propia tierra.

Pero, además, un mes antes de todo esto, a finales del pasado septiembre, el propio presidente de la diputación, César Sánchez, participó en un acto de reconocimiento jurisdiccional del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela. Quisiera expresar unas palabras del propio César Sánchez, el responsable provincial, cuando avalaba que esta entidad jurisdiccional formaba parte del patrimonio cultural e histórico de los alicantinos y de sus señas de identidad, ya que durante años ha permitido solventar conflictos entre regantes aplicando el derecho no escrito.

En la actualidad, el salón de actos de la sede acoge una media de cinco juicios a la semana, lo que se traduce en un centenar de sentencias anuales. El juez, junto a ocho vocales que representan a cada una de las ocho acequias de las que se abastecen —son 8000 regantes—, deliberan y emiten una resolución después de escuchar a las partes. Pese a que actualmente no son un tribunal consuetudinario, la parte declarada culpable no recurre a otras instancias, por lo que queda en evidencia el respeto que los regantes siguen teniendo al Tribunal de Aguas de Orihuela. El hecho de que este tribunal sea reconocido como consuetudinario tiene una doble trascendencia para estas tierras. Por un lado, significaría el reconocimiento moral al situarlo en la misma categoría que otros tribunales de aguas. Y, por otro lado, desde el punto de vista jurídico, avalaría sus resoluciones o sentencias, que solo podrían ser recurridas ante el Tribunal Constitucional.

Y ya, para finalizar, les recuerdo, señorías del PSOE y de Compromís, socios de Gobierno en la Generalitat Valenciana, su deber moral de defender y atender las todavía pendientes reivindicaciones del Juzgado de Aguas de Orihuela. Está en su mano formalizar las ayudas necesarias para mejorar la dignidad y el valor de estas instituciones, que es una de las joyas históricas de nuestra provincia, Alicante; de la Comunidad Valenciana, y, sin duda, de España.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Pedrosa.

Tiene la palabra la senadora Torrado.

La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, señor presidente.

Señorías, todos los valencianos conocemos el Tribunal de las Aguas de Valencia, sin duda alguna la más antigua de las instituciones de justicia existentes en Europa. Su semanal reunión todos los jueves del año en la gótica Puerta de los Apóstoles, de la Catedral de Valencia, constituye cita obligada para turistas, visitas escolares o simples viandantes que se congregan a su alrededor a la espera de que las vecinas campanas del Micalet de la seu den las doce horas para contemplar su funcionamiento. No debemos llegar a la errónea conclusión de que se trata de un organismo folclórico e inoperante que la tradición nos ha legado, pues tras esa sencillez y simplicidad de funcionamiento, carente de complicados protocolos y fórmulas jurídicas, se esconde un modelo de justicia que todas las personas que trabajan en la huerta han respetado, siendo una milenaria institución que ha sobrevivido a todas las reformas legislativas.

También quiero recordar que en nuestro país hay otro órgano similar, más al sur de mi comunidad, de mi tierra, de la Comunidad Valenciana, concretamente el llamado Consejo de Hombres Buenos de la Huerta de Murcia. Efectivamente, estos dos tribunales son los más importantes, pero en modo alguno los únicos destacables entre los tribunales de regantes del Mediterráneo español. Entre ellos, merece una mención especial el Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, como muy bien ha explicado mi compañera, la senadora Pedrosa. Y también otro tribunal, el del Comuner o Rollet de l’Horta de Aldaia, ese gran desconocido fuera del término municipal de Aldaia, en la provincia de Valencia.

Y si merecen una especial atención es porque todos estos órganos comparten la condición de ser tradicionales y consuetudinarios. El Tribunal del Comuner también aspira a que se reconozca lo que es, con todas sus particularidades, un órgano tradicional y consuetudinario. Su ámbito territorial es relativamente pequeño, aunque muy importante, pues se trata de una parte del terreno de huerta del municipio valenciano de Aldaia.

Todo ello ha sido posible gracias a la iniciativa del Partido Popular, concretamente del gobierno municipal popular del Ayuntamiento de Aldaia, porque el 5 de agosto del año 2014, en la plaza de la Constitución, en un acto muy emotivo e institucional, se recuperó, después de siglos, el tradicional Tribunal del Comuner, un hecho de enorme trascendencia histórica, donde Aldaia escribió en la historia, con esta recuperación, una joya del patrimonio cultural de este municipio valenciano que hasta ese momento no estaba en funcionamiento. Esto fue así, como les decía, gracias al impulso dado por el Partido Popular y por su alcaldesa, Carmen Jávega, que, como presidenta de honor y durante su mandato, recuperó la extensión más importante de la huerta de Aldaia, integrada por una comunidad muy antigua conocida tradicionalmente como el Rollet de Gràcia o Comuner, documentado en un privilegio otorgado el 10 de abril de 1268 por el rey Jaume I. Así, Aldaia contó nuevamente, después de siglos, con un organismo para solventar las disputas generadas entre el Rollet de regantes o entre los mismos regantes de la zona. Para facilitar así la resolución de los conflictos, el procedimiento de actuación es público y verbal y se caracteriza por la inmediación, es decir, los miembros del tribunal escuchan a las partes y emiten el fallo bajo los criterios de rectitud e imparcialidad. Además, este verano, también en el salón de plenos del Ayuntamiento de Aldaia, se celebró una jornada técnica, que fue una magnífica oportunidad para profundizar en el conocimiento de lo que es este tribunal.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora TORRADO DE CASTRO: Termino ya.

Por todo ello, tenemos hoy aquí, en el Senado, una oportunidad inmejorable para poder conocer y, por tanto, valorar el importante patrimonio con el que contamos, relevante no solamente para el municipio de Aldaia, sino también para la Comunidad Valenciana. No en vano, en el artículo 36 de nuestro estatuto de autonomía se habla de que la Generalitat debe coadyuvar en la organización de estos tribunales. También es relevante para España como corporación de carácter público, y esperemos todos que en un futuro próximo como órgano jurisdiccional reconocido por la Ley Orgánica del Poder Judicial y hasta, incluso, para toda la humanidad como patrimonio inmaterial.

Por todo eso, el Grupo Popular votará a favor, porque es bueno que se conozca,...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

La señora TORRADO DE CASTRO: ... es bueno que se divulgue y, por tanto, que se valore el mucho patrimonio que tenemos los valencianos y también los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Torrado.



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, SOBRE MEDIDAS URGENTES EN APLICACIÓN DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 624/000011 Justicia

El señor presidente da lectura al punto 6.2. y 6.2.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la comisión, senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

Paso a la presentación del dictamen de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

La proposición de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, y que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 2 de noviembre de 2018, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba, inicialmente, el día 15 de noviembre, fue ampliado hasta el día 21 de noviembre de 2018.

A esta proposición de ley se presentaron veintiséis enmiendas.

El día 4 de diciembre la comisión ratificó la ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: don Joan Bagué Roura, del Grupo Parlamentario Nacionalista; doña Laura Berja Vega, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular; don Joan Comorera Estarellas, del Grupo Parlamentario Podemos; don Miquel Àngel Estradé Palau, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana; doña María Dolores Etxano Varela, del Grupo Parlamentario Vasco; doña Fuensanta Lima Cid, del Grupo Parlamentario Socialista; don Jordi Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario Mixto, y doña María Teresa Tortonda Gordillo, del Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia se reunión el día 4 de diciembre para emitir su informe, en el que se introducían modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 4 y emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia. Han presentado votos particulares a este dictamen los señores Navarrete Pla y Mulet García, del Grupo Parlamentario Mixto, y el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Altava.

No se va a utilizar el turno de debate a la totalidad y vamos a pasar al debate de las enmiendas.

En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Compromís ha decidido mantener las cuatro enmiendas que fueron debatidas y rechazadas tanto en ponencia como en comisión. Nuestras enmiendas pretendían mejorar el texto básicamente en conceptos de formación específica para el personal de la Administración de Justicia en violencia contra las mujeres y algunas cositas más. Aunque no las aceptaron entonces, y supongo que tampoco en esta ocasión, les voy a explicar su contenido.

La primera enmienda proponía adicionar un punto h) en el punto 1.º del artículo 87 de la ley orgánica, añadiendo, entre las competencias del juzgado de violencia sobre las mujeres en el orden penal, la instrucción de las causas relacionadas con las violencias sexuales.

Las enmiendas 2 y 3 incidían en la necesidad de que tanto los fiscales como los jueces tengan conocimientos mediante temarios específicos sobre este tipo de violencia y acreditar esos conocimientos mediante pruebas selectivas que tuviesen preguntas específicas sobre ese tema.

Y la enmienda 4 concretaba conceptos y añadía un párrafo final que pretendía conocer las necesidades exactas de los juzgados especializados de violencia de género y de violencia sexual y, una vez conocidas, actuar de manera urgente y de manera eficaz para crear nuevos juzgados especializados donde hicieran falta.

En Compromís somos conscientes, y así nos lo hicieron saber el resto de grupos en el debate de ponencia y en el debate de comisión, de que no quieren cambiar violencia sobre la mujer por violencia machista, o en algunas enmiendas por violencia sexual. Pero voy a hacerles la siguiente reflexión, y espero convencerles.

La Ley 1/2004, la ley integral que regula toda la violencia sobre la mujer, en su artículo 1 especifica que la violencia sobre la mujer es aquella que se ejerce sobre la mujer por la pareja o expareja. Pero el Convenio de Estambul expresa otras condiciones en la violencia sobre la mujer y pone el foco en todos los tipos de violencia, la violencia machista y la violencia sexual. Por lo tanto, creemos que han de quedar encuadradas en un marco total, no la podemos circunscribir solo a la pareja o a la expareja, sino a cualquier tipo de violencia.

Hemos tenido hace poco una conversación con otros senadores sobre que quizás este no sea el camino correcto y que sería necesario modificar la Ley de 2004, pero nosotros creemos que, como estamos hablando de este tema y de la aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de género, podría aceptarse y enmarcarse también en esta ley.

Espero que acepten las enmiendas y que hayan sido capaces de recapacitar y cambiar de opinión por lo que les he planteado, aunque lo dudo, pero la esperanza es lo último que se pierde.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Navarrete.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.

Nuestras enmiendas, como ya dijimos en la Comisión de Justicia, además de algunas mejoras en el texto se basan en dos puntos: todas las violencias contra la mujer y juzgados específicos.

La primera enmienda es para adicionar al apartado primero del artículo 87 ter) una nueva letra h), añadiendo entre las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer en el orden penal la instrucción de las causas relacionadas con las violencias sexuales. Efectivamente, como ya se nos dijo en comisión, no es un cambio menor sino un intento de modificar el concepto de violencia de género; pues claro, así lo hemos defendido y lo seguiremos defendiendo en cada iniciativa legislativa. Además, reabriremos el debate cada vez que sea necesario porque hay que trasladar a nuestro ordenamiento jurídico el Convenio de Estambul, un tratado internacional suscrito por España hace ya cuatro años y que apenas ha entrado en vigor.

No solamente podemos hablar de violencia de género en el ámbito de la pareja o la expareja. No podemos conformarnos con tener consideración en cuanto a la sensibilización y prevención sobre estas otras violencias, no. Queremos que se juzguen por juzgados específicos todas las violencias contra la mujer y no podemos esperar a una futura ley de trata o a una ley de violencia sexual cuando con esta ley teníamos la oportunidad de que todas las causas relacionadas con las violencias sexuales fueran instruidas por los juzgados de violencia sobre la mujer.

Cualquier tipo de violencia contra la mujer, aun cuando no se produzca dentro del marco de relaciones afectivas o sentimentales, ha de quedar encuadrada en el marco de la instrucción penal de los juzgados de violencia contra la mujer. En concreto, cualquier tipo de delito con contenido de violencia sexual, haya tenido o no la víctima vínculos afectivos o sentimentales con el agresor, incluso siendo un perfecto desconocido, ha de ser instruido por los juzgados de violencia contra la mujer, toda vez que es evidente que la violencia sexual es ejercida contra la mujer, precisamente por el mero hecho de serlo, porque la incorporación como añadido y no de forma estructural comporta un riesgo, que sigamos teniendo víctimas de primer y segundo orden, y ese, desde luego, no es el espíritu del Convenio de Estambul. Por otro lado, es ahora, más que nunca, cuando debemos combatir ese mensaje tan perverso de la extrema derecha, con la que algunos se están planteando pactar, que quiere derogar la Ley de violencia de género y que cargó contra el pacto de Estado.

Las enmiendas números 7 y 8 son mejoras técnicas con las que creemos que queda mucho más claro el redactado.

La enmienda número 9 da un nuevo redactado al apartado 5 del artículo 433 bis porque se hace necesario garantizar por la ley la periodicidad anual de los cursos de formación específicos de la escuela judicial, así como que la perspectiva de género sea una formación que atraviese todos y cada uno de los ámbitos formativos de los operadores jurisdiccionales.

En la enmienda número 10, relativa a la comisión de selección para el acceso a la carrera judicial y fiscal, y sin perjuicio de las competencias de la comisión de selección para proponer el temario de acceso, consideramos necesario especificar que obligatoriamente dicha propuesta ha de contener materias concretas que se refieran a la formación jurídica integral sobre violencia contra la mujer, y especialmente sobre la perspectiva de género en la interpretación y aplicación de la legislación y el derecho.

En la enmienda número 11 se modifica el apartado 5 del artículo 307 a fin de que al menos un mes de las prácticas tuteladas de los jueces en prácticas deba prestarse en un juzgado especializado de violencia contra la mujer. Se nos dice al respecto que es especificar demasiado en la ley y que es mejor dejar estos temas tan concretos al futuro reglamento que la desarrolle. Efectivamente, se puede hacer así, pero si todos estamos de acuerdo en que no es suficiente con la teoría y que son necesarias las prácticas, no vemos cuál es el inconveniente en establecer un mínimo en la ley, que luego pueda ser desarrollado en ese futuro reglamento.

La enmienda número 20, respecto a la disposición adicional de revisión de plantas judiciales, pretende garantizar por ley la creación de juzgados destinados al enjuiciamiento de delitos de violencia de género y violencias sexuales, hoy absolutamente insuficientes, siendo imprescindible que la red judicial de enjuiciamiento especializado en los delitos relacionados con la violencia contra la mujer abarque todo el territorio del Estado. A día de hoy, de los 345 juzgados de lo penal existentes, solo 26 se encuentran especializados y no existen en todas las comunidades autónomas, situación que entendemos debe cambiar, y de ahí nuestra enmienda. Es cierto que ello implicaría un esfuerzo económico, pero creemos que es un esfuerzo necesario e imprescindible. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

No quiero acabar sin dar las gracias por el tono y por el espíritu de búsqueda de consensos entre los miembros de la Ponencia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Lima.

La señora LIMA CID: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hoy estamos ante un nuevo impulso al cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género; digo un nuevo impulso porque ya son muchos y porque desde que el Partido Socialista llegara al Gobierno, este pacto ha tenido un carácter urgente y prioritario en su agenda política, y con esta proposición de ley, lo prioritario es incorporar la formación especializada en igualdad de género y violencia en las carreras judiciales y fiscales; cuestión que ha defendido este grupo, que exigen las expertas, y más importante aún, que demandan las víctimas.

El texto que el Congreso remitió a esta Cámara llegaba con un amplio consenso que el Partido Socialista ha querido respetar; por ello es por lo que decidimos no presentar enmiendas. Aun así, el Grupo Socialista, durante la ponencia, ha participado del proceso de acuerdo para que las modificaciones sean altamente consensuadas.

Las enmiendas incorporadas sobre las propuestas del Cermi y la enmienda número 11 de Podemos han contado con nuestro apoyo; sin embargo, hemos considerado que el resto de enmiendas quedaban fuera del marco regulativo que debe contemplar esta proposición de ley.

Hemos debatido ampliamente cómo deben regularse las violencias sexuales en el marco del pacto de Estado, y consensuamos que fuera a través de una ley específica. Es en el marco de esta futura ley donde debemos articular la estructura judicial especializada. Este posicionamiento ya lo defendió mi grupo en el Congreso, y hoy lo reiteramos en el Senado. El Partido Socialista en el Gobierno está cumplimentando el pacto de Estado con las prioridades que nos detallaron las comparecientes de la ponencia. La dotación económica es, por fin, una realidad; y lo es porque ya cuentan con financiación para ponerlo en marcha nuestras comunidades autónomas. En seis meses, este Gobierno ha dado pasos firmes y veloces para cumplir con las víctimas y con el pacto de Estado. He dicho por fin porque, después de los movimientos engañosos y falaces del Partido Popular sobre la financiación del pacto, es una gran noticia que las comunidades autónomas cuenten hoy con fondos para desarrollar las medidas.

El texto del pacto que aprobamos hoy articula también otros temas esenciales que tienen como filosofía cuestiones tan importantes como que las dependencias judiciales no deban ser espacio de confrontación entre víctima y agresor, como la revisión de las medidas en los procedimientos de violencia de género, proponiendo que le corresponda a la jueza o al juez que dictó las iniciales o como mejorar la información. Este es un paso más, necesario pero no suficiente. El despliegue de esfuerzos para erradicar la violencia de género ha de ser máximo.

Por tanto, no queremos un discurso complaciente. El nuestro, el discurso socialista, seguirá siendo reivindicativo en esta materia; reivindicativo, exigente y responsable.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lima.

Senadora Camarero.

La señora CAMARERO BENÍTEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, con esta reforma de la Ley Orgánica del poder judicial aprobamos la primera y única de las medidas legislativas del pacto de Estado y que incide sobre una de las materias en las que, desde el primer momento, nos pusimos de acuerdo todos los que trabajamos en aquel pacto: la mejora de la formación de los operadores jurídicos.

Por tanto, hoy todos deberíamos estar de enhorabuena por el avance conseguido y, sin embargo, algunos tenemos un sabor agridulce porque creemos que no todos estamos siendo igual de leales con el pacto. En este sentido, algunos lo impulsamos, lo trabajamos, lo defendimos y nos comprometimos con él, convencidos de que era un elemento fundamental en la lucha contra la violencia de género. Algunos lo estábamos haciendo en el Gobierno, y seguimos con el mismo compromiso, la misma responsabilidad y la misma voluntad de que todas y cada una de las 268 medidas aprobadas en esta Cámara vean la luz. Señora Lima, hemos dejado el dinero para poner en marcha estas medidas, un dinero que aprobó el Grupo Parlamentario Popular con sus votos y con los votos en contra del Grupo Socialista. Nosotros dejamos el dinero y esperemos que ustedes se lo gasten. (Aplausos).

Decía que estamos tan de acuerdo con las medidas y con el pacto de Estado que aprobaremos esta reforma de la Ley Orgánica del poder judicial, que entró como entró en el Congreso y salió, gracias a las enmiendas del Grupo Popular, muchísimo mejor y con más claridad. Por eso, nos preocupan también algunas de las enmiendas que han presentado tanto Podemos como Compromís porque, señorías, reabren debates ya superados, que pueden confundir a la ciudadanía en ese mensaje de unidad que intentamos trasladar con la aprobación del pacto; un pacto que aprobaron todas sus señorías en esta Cámara.

Tanto las enmiendas de Compromís como las de Podemos se pueden agrupar en dos grandes bloques. Como se repiten muchas de ellas, las vamos a valorar de manera conjunta. Como se ha dicho, las que pretenden modificar la denominación y el concepto de violencia de género no las vamos a apoyar porque creemos que hay un concepto perfectamente interiorizado, consensuado y no genera ningún tipo de confusión ni de problema. Además, durante los debates del pacto ya decidimos cuál era el concepto y se trataba, como ha dicho el señor Navarrete, del que figura en el artículo 1 de la Ley integral 1/2004. En aquel pacto decidimos dejar el artículo 1 tal y como estaba, de manera que la definición fuese la siguiente: aquella violencia que se produce sobre la mujer por su pareja o su expareja; y, también, señor Navarrete, se le ha olvidado mencionar la que se ejerce sobre los hijos e hijas menores de las víctimas, algo que introdujo el Gobierno del Partido Popular, también con la abstención del Partido Socialista. Dejemos esa denominación y sigamos trabajando en el resto de las violencias que regula el Convenio de Estambul.

Hagámoslo mejorando la educación. Por cierto, al Partido Socialista se le ha olvidado la reeducación y, en los seis meses que llevan en el Gobierno, no han traído ni una sola medida para mejorar la educación destinada a las víctimas y a la sensibilización de las víctimas de violencia de género. Trabajemos en las medidas de sensibilización, de concienciación, de prevención, entre otras, a través de campañas como las que el Gobierno del Partido Popular lleva años poniendo en marcha y trabajemos en la formación, porque de eso trata esta reforma de la Ley Orgánica del poder judicial. Así se ha establecido en la propia ley, a través del artículo 307, del artículo 310 o del artículo 433 bis de la Ley Orgánica del poder judicial, que dicen, específicamente, que se formará a los operadores jurídicos en todas violencias, también en aquellas que regulan los convenios y acuerdos internacionales.

En el Grupo Parlamentario Popular y en el Partido Popular tenemos tan claro que hay que trabajar en todas las violencias que establece el Convenio de Estambul que fuimos nosotros, y no otros, quienes ratificamos el Convenio de Estambul en 2014; y fuimos nosotros, y no otros, los que aprobamos una estrategia nacional donde, por primera vez, se reconocían como violencia de género la trata, la violencia sexual, la mutilación genital femenina o los matrimonios forzados. Por tanto, no decimos que no haya que mejorar y trabajar en otras violencias, sino que hay que hacerlo con rigor.

Algo parecido pasa con el bloque de enmiendas destinado a modificar la instrucción y las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer. Nuestra respuesta es: Así, no. ¿Hay que reforzar los juzgados? Evidentemente, con más medios materiales y personales; entre otros, con unidades forenses de valoración. ¿Hay que mejorar la especialización de los juzgados de lo penal? Tanto que hay una enmienda del Partido Popular aprobada en el Congreso que así lo regula en el punto IV del Preámbulo de esta ley. ¿La violencia sexual es una prioridad para el Partido Popular? Sí. ¿Nos preocupa mucho el incremento de los delitos y, también, su forma y su gravedad? Sin duda. Pero de esto hablamos en el pacto de Estado y, ¿qué acordamos? Que todo lo que tuviésemos que regular en la parte penal lo dejásemos para una futura ley específica de trata o de violencia sexual, donde se regularían las competencias de los órganos judiciales.

El señor Comorera dice que no podemos esperar y yo le aconsejo que hable con sus socios del Partido Socialista y les diga que traigan ya, de forma inmediata, una ley de violencia sexual donde se regulen todas las modificaciones necesarias de forma transversal, coherente y articulada, de manera que se modifiquen tanto las leyes específicas, la Ley de violencia de género, como las leyes sustantivas, el Código penal, la Ley de enjuiciamiento criminal y, también, la Ley Orgánica del poder judicial. No empecemos la casa por el tejado y no hagamos chapuzas ni pongamos parches que puedan provocar descoordinación e inseguridad.

Termino ya, señor presidente, pero quiero aprovechar los últimos segundos que me quedan para agradecer a los grupos parlamentarios el apoyo a las enmiendas presentadas por el Partido Popular y que han sido incorporadas al dictamen: todas las que hacen referencia a las necesidades específicas de las mujeres y menores con discapacidad, tanto la mejora de los espacios físicos para que sean accesibles, como de los temarios, reconociendo la múltiple discapacidad, y también su reconocimiento en las estadísticas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CAMARERO BENÍTEZ: Termino ya.

También quiero destacar el apoyo a las enmiendas que propusimos en la ponencia para poner en valor el trabajo que ha hecho esta Casa, el Senado, en cuanto al pacto de Estado, con la aprobación de 268 medidas por unanimidad en esta Cámara, y el trabajo que tendrá que seguir realizando la comisión de seguimiento que velará por el cumplimiento de dichas medidas, reforzando con ello el papel del Senado y demostrando que esta segunda vuelta a lo que viene del Congreso puede mejorar, y mucho, las leyes que nos llegan de aquella Cámara.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Camarero.

Pasamos al turno de portavoces. El tiempo de este turno será de 10 minutos por intervención, según lo acordado.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

A pesar de disponer esta vez de mucho tiempo, no me voy a explayar mucho.

Antes de nada quiero agradecer a los servicios de la Cámara que nos hayan hecho un poco menos complicada la tramitación de esta modificación y, en especial, al secretario sus aportaciones y aclaraciones sobre ciertas cuestiones que no teníamos muy claras en algunos momentos del debate.

También quiero agradecer al resto de formaciones su buena voluntad para alcanzar acuerdos y de explicarnos el porqué no aceptaban nuestras enmiendas y cómo sería el planteamiento alternativo para hacerlo y reflejarlo de otra manera en nuestra normativa legal.

La modificación de la Ley Orgánica del poder judicial que estamos intentando llevar a cabo para encajar el Pacto de Estado contra la violencia de género, en nuestra opinión, es un intento de tapar fisuras de nuestro sistema judicial, en lugar de arreglarlo de forma definitiva. En Compromís creemos que estamos encajando el citado pacto en nuestro ordenamiento, pero no en toda su amplitud. Hay que educar a nuestras futuras generaciones, observar los datos preocupantes que arrojan nuestras encuestas y hacer hincapié, sobre todo, en la formación de nuestros jóvenes, pero también de nuestros letrados y de nuestros jueces. Y esa era la idea en alguna de nuestras enmiendas.

Como decía, hay que educar en las escuelas en igualdad, pero también tenemos que ser capaces de identificar los problemas y las necesidades de las más vulnerables y esforzarnos. Por cierto, me han dicho que no me había acordado de los niños, también víctimas de la violencia, y ha sido simplemente por falta de tiempo. Ahora que tengo más tiempo, por supuesto que me acuerdo de ellos.

Tenemos que romper las inercias sociales, económicas, legales, culturales y judiciales sobre este tema porque es necesario.

Entiendo el posicionamiento de los grupos mayoritarios cuando dicen que no podemos encajar el Convenio de Estambul de esta manera y que quizá tendríamos que intentar algo distinto, como a través de otra modificación de la ley. Como digo, les comprendo, pero no lo comparto. Creo que podemos intentar hacerlo aquí porque en otro tipo de leyes, y como se suele decir, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, sí se han introducido cuestiones que no iban literalmente con el enunciado. Por tanto, también podríamos haber actuado del mismo modo.

Con esta modificación empezamos a conseguir que las víctimas de violencia machista sean atendidas por un personal especializado, que empatice con su problemática.

En Compromís creemos que es un grave error focalizarlo solo en parejas y ex parejas, pero es lo que hay porque nos dicen que en esta modificación no corresponde.

Evidentemente Compromís va a votar a favor de esta modificación, aun cuando no se haya aceptado ninguna de nuestras enmiendas, porque cualquier paso que se dé en contra de la violencia machista, por pequeño que sea, es positivo. Por tanto, repito, vamos a votar a favor de esta modificación.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

¿Desea intervenir algún otro portavoz del Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).

Tiene la palabra la senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Vaya por delante que hoy estamos de celebración porque, desde luego, estamos dando un paso muy importante en la lucha contra la violencia de género. Por ejemplo, hemos implementado medidas para mejorar la formación de jueces y fiscales, algo en lo que trabajamos en la ponencia en el Senado de forma muy minuciosa. Repito que hay que celebrarlo y hay que tirar para adelante.

Desgraciadamente, en los últimos tiempos, todos hemos conocido sentencias en las que, precisamente por falta de formación de los jueces a los que ha tocado enjuiciar la cuestión, se han incluido algunos votos particulares muy desagradables, por no llamarlos de otra manera, y con los debidos respetos al poder judicial.

Aparte de la celebración, me gustaría también ser un poco crítica con esta proposición porque, aunque es verdad que damos un paso muy importante, todavía queda muchísimo por hacer. En primer lugar, considero que no estamos aplicando completamente el Convenio de Estambul. De hecho, en la primera sesión que celebramos de la ponencia de estudio en el Senado, el primer debate que se planteó entre los grupos parlamentarios fue el relativo al ámbito de aplicación del artículo 1, y no todos entendían que el artículo 1 debía quedar tal cual estaba, sino que se tenía que aplicar a todo tipo de violencia contra la mujer. Se dejó de lado porque consideramos que lo importante era volcarnos en la unanimidad y en las víctimas para mandarles un mensaje definitivo y contundente; pero me gustaría poner de relieve esta salvedad, en el sentido de que este documento no cumple del todo el Convenio de Estambul.

En segundo lugar, se ha hablado de que ha faltado un poco de lealtad en el debate de esta materia, y a mí me gustaría también mencionar la falta de lealtad hacia nosotros mismos porque en una de las medidas del documento del Senado se habló de la creación de una comisión mixta de diputados y senadores para el seguimiento del pacto de Estado. Sin embargo, no se ha creado y lo que más me sorprende de todo es que en el texto de la norma —es que me indigna muchísimo— se ningunea una vez más al Senado. En concreto, en el artículo tres, en el que se añade un nuevo artículo 87 quater con la siguiente redacción en su apartado 2.: «Anualmente se elaborará un informe sobre los datos relativos a violencia de género y violencia sexual, que será publicado y remitido a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto del Estado contra la Violencia de Género —¡ojo!— del Congreso de los Diputados.» El Senado aquí no está. (Denegaciones de la señora Tortonda Gordillo). Yo no lo vi. Si está, luego me dicen dónde, pero yo no lo he visto. A mi juicio, se ningunea una vez más al Senado como Cámara de representación territorial y, además, a las comunidades autónomas en esta materia.

Por último, simplemente quiero decir que entendemos que este documento es positivo y, por tanto, lo vamos a apoyar, desde luego, porque la materia es de consenso. Creo que no debe tener ningún tinte político ni debemos sacar el «y tú más» en este debate. Por tanto, contará con el voto favorable de la Agrupación Socialista Gomera.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

¿Alguna intervención más? (Pausa). No hay más intervenciones del Grupo Mixto.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente.

Intervengo para fijar posición en nombre del Partit Demòcrata. Vamos a apoyar esta proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Como ya ha comentado algún otro portavoz, estamos ante una aplicación del Convenio de Estambul, que se firmó en 2011 y que fue ratificado por el Reino de España en 2014. Por lo tanto, nos inspiramos en este Convenio de Estambul que he mencionado.

Ha habido varios meses de trabajo, tanto en el Congreso como en el Senado. A modo de resumen de esta ley, podría mencionar que se impulsa la formación especializada de los profesionales, que garantiza la mejor respuesta asistencial, ampliando estos contenidos a jueces y jueces de familia y de menores, además de los juzgados de violencia de género. También se ha introducido la capacitación en derecho antidiscriminatorio, así como la inclusión de la perspectiva de género y la transversalidad en la oposición a la escuela judicial y la formación continua. Todas estas materias pasan, por fin, a ser obligatorias y evaluables. Estas mejoras, a nuestro entender, son importantes porque resultaban muy necesarias.

También se han introducido materias específicas en las pruebas de selección, de formación especializada en la escuela judicial, en la formación continua de fiscales y jueces, así como pruebas de especialización para acceder a juzgados de violencia sobre las mujeres.

La violencia de género constituye una lacra vergonzosa y este pacto de Estado es un paso necesario, y en la buena dirección; pero sin mayor determinación política y, sobre todo, sin mayor presupuesto para su erradicación, vamos a quedarnos a medio camino. Un dato muy lacerante es que, solo en 2018, 45 mujeres han sido asesinadas.

La modificación de esta ley viene precedida de un gran acuerdo en la Cámara Baja, en el Congreso de los Diputados, donde obtuvo un amplio apoyo parlamentario, sin contar con ningún voto en contra.

En cuanto a las enmiendas introducidas en la tramitación en el Senado, pensamos en la enmienda transaccional 622, que recoge un acuerdo entre PSOE, PP y Unidos Podemos, pero entendemos —como señaló una senadora del PNV en comisión— que son competencias de las comunidades autónomas y de las administraciones de justicia y no tanto del Consejo General del Poder Judicial, cuyas funciones deben ser únicamente gubernamentales.

En resumen, como dije al inicio de la intervención, para el Partit Demòcrata la vía del consenso es la única que tiene sentido en una cuestión tan acuciante y tan sensible como esta. Por lo tanto, anunciamos nuestro voto favorable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente para manifestar nuestro posicionamiento. En esta materia no se pueden poner trabas ni piedras en el camino. Por lo tanto, vamos a avalar esa unanimidad de la que ha gozado el dictamen de la ponencia, pero también vamos a dar nuestro voto favorable a las enmiendas planteadas; y vamos a hacerlo porque van en concordancia con las diferentes iniciativas que la Agrupación Herreña Independiente y Coalición Canaria han registrado al respecto.

Por ejemplo, hemos defendido siempre que en el sistema judicial se debe incorporar la perspectiva de género, que se debe dotar al sistema judicial de los recursos suficientes, contemplando en sus sentencias todas las formas de violencia. También hemos reivindicado en diferentes ocasiones que los órganos judiciales cuenten con equipos psicosociales cualificados e independientes, para prestar una correcta y adecuada atención a las víctimas menores. Además, consideramos necesarias otras muchas medidas como, por ejemplo, la incorporación de la educación en igualdad y dotar de los recursos necesarios para facilitar y promover, también por qué no, la formación del personal sanitario en materia de prevención. También consideramos que la prestación de los servicios no debe depender solamente de la voluntad de las víctimas de denunciar ni de emprender acciones legales contra cualquier autor de delito porque consideramos que estamos cargando una vez más toda la responsabilidad sobre las víctimas.

Consideramos que la violencia machista es un problema totalmente estructural que requiere de soluciones desde todas las esferas y no nos podemos limitar simplemente a poner parches porque lo que debemos perseguir es combatir desde la raíz estos tipos de violencias. Todas estas demandas no las inventamos nosotros, son medidas acordes con la aplicación del Convenio de Estambul; un convenio que, por cierto, España ha aplicado, si se puede decir así, de forma muy insuficiente.

Por lo tanto, estamos de acuerdo con el dictamen de la ponencia, votaremos a favor, y también apoyaremos las diferentes enmiendas, porque consideramos que si no se incorporan, el resultado quedará un tanto descafeinado o incompleto, y tenemos que ir a lo máximo. En consecuencia, apoyaremos las enmiendas y el dictamen.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente. Arratsalde on guztioi.

Tratamos hoy la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en la aplicación del pacto de Estado en materia de violencia de género. Con esta reforma, se trata de aplicar algunas de las medidas que contiene el pacto de Estado sobre violencia de género; en este caso serían las medidas del eje 5: el impulso de la formación para garantizar la mejor respuesta asistencial. Se aplican las medidas 225 y 226 del documento de trabajo, el consolidado, y se trata de aplicar diez medidas aprobadas en la ponencia en el Senado y en la subcomisión del Congreso.

Lo primero que quiero hacer —lo han hecho el resto de portavoces— es poner en valor el trabajo realizado tanto en el Senado, en la ponencia de estudio para la elaboración de la estrategia contra la violencia de género, como en el Congreso, en la subcomisión del pacto de Estado en materia de Violencia de Género. Durante los meses de trabajo, se recuperó —este era uno de los objetivos— el compromiso político firme para la erradicación de la violencia contra las mujeres. Con esta reforma, se aprueban medidas para ampliar la formación especializada que reciben las y los profesionales de la Administración de Justicia en lo relativo a la prevención de la violencia contra las mujeres, ampliando estos contenidos también a jueces y juezas de familia y de menores, además de a los juzgados de violencia de género. Esto último resulta especialmente necesario para la coordinación de los distintos procedimientos que se ven en distintos juzgados. También se incorpora en esta reforma la necesidad de introducir la capacitación en derecho antidiscriminatorio, así como de incluir la perspectiva de género y la transversalidad en oposiciones, Escuela Judicial y en la formación continua que imparte el Consejo General del Poder Judicial, materias que con la incorporación de esta ley pasan a ser obligatorias y evaluables. Se incluyen materias específicas en las pruebas de selección y formación especializada en la Escuela Judicial y la formación continua de las carreras fiscal y judicial, y también el establecimiento de pruebas de especialización para acceder a órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer y en el impulso de la especialización de los juzgados de lo penal, ampliándose su número e implantación a todas las provincias de manera exclusiva o compartida.

La modificación de esta ley ha venido precedida de un gran acuerdo en la Cámara Baja, donde obtuvo el apoyo mayoritario de todos los grupos parlamentarios, sin votos en contra. En el trámite de esta Cámara se han incorporado al dictamen varias enmiendas. Hemos manifestado en la ponencia nuestras dudas sobre la transaccional a la que llegaron el Grupo Socialista, Podemos y el Grupo Popular. Seguimos pensado —así lo ha manifestado también el compañero del Partido Demócrata de Cataluña— que estaríamos hablando de competencias de las comunidades autónomas y de la Administración de Justicia, no del Consejo General del Poder Judicial, que solo tiene funciones gubernamentales. El resto de las enmiendas, como la que propone incorporar indicadores de discapacidad en mujeres y menores, o la que alude al artículo 87 quáter, apartado 2, en la referencia a la ponencia de estudio de esta Cámara tanto en lo que se refiere a la aprobación del informe como a los informes que deben ser enviados por el Consejo General del Poder Judicial, nos parecen también acertadas. En cualquier caso, la duda sobre la transaccional incorporada, como ya comentamos en comisión, no sería suficiente para cambiar el sentido de nuestro voto, ya que entendemos que uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos las democracias en el siglo XXI es el de acabar con la desigualdad entre mujeres y hombres, cuya manifestación más brutal es la violencia estructural que se ejerce contra nosotras. En esto creo que estaremos todos y todas de acuerdo. Así lo hemos acordado en el pacto de Estado en materia de violencia de género y así lo vienen recogiendo organismos internacionales como la ONU, el Consejo de Europa, la Unión Europea y también el Estado y las distintas comunidades autónomas.

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Cedaw, obliga a los Estados que la hayan ratificado —y España la ha ratificado— a condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas y a seguir por todos los medios apropiados y sin dilaciones una política encaminada a eliminar las discriminaciones contra las mujeres. Asimismo, la Asamblea General, en su resolución 48/104, de 20 de diciembre de 1993, reconoció que la violencia sobre las mujeres es un obstáculo para el logro de objetivos de igualdad, desarrollo y paz, manifestando también que esa violencia viola y menoscaba el disfrute de las mujeres que la sufren de sus derechos humanos y libertades fundamentales, reconociendo que la violencia contra la mujer constituye una manifestación consecuencia de las relaciones de poder, históricamente desiguales, entre la mujer y el hombre que se manifiesta en tres ámbitos: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso y discriminación en el medio laboral. En el artículo 4.i de esta resolución ya instaban en 1993 a adoptar medidas para que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley y los funcionarios y las funcionarias que han de aplicar las políticas de prevención, investigación y castigo de la violencia contra la mujer recibieran formación especializada.

Posteriormente, dos años después —todavía estamos en 1995—, la Conferencia Mundial sobre la Mujer, en Beijing, marcó un importante punto de inflexión para la Agenda Mundial de Igualdad de Género. En ella se reivindicaban los derechos de la mujer como derechos humanos y se adquirían compromisos y objetivos estratégicos para llevar a cabo acciones específicas para asegurar el respeto de estos derechos. Y ya más recientemente —esto es muy importante— contamos con el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer del 11 de mayo de 2011, el Convenio de Estambul, que es la primera herramienta verdaderamente vinculante que aborda de forma integral la violencia género, ratificado por el Estado español en el año 2014. El Convenio de Estambul considera cualquier violencia contra las mujeres, con los agravantes que ello podría implicar, una grave vulneración de derechos humanos y una forma de discriminación arraigada en la desigualdad entre mujeres y hombres. El acuerdo no solo aborda la prevención y la protección de las víctimas, sino también la persecución y el castigo para los agresores, convirtiéndose en una herramienta vital en la lucha contra el machismo. La violencia contra la mujer se reconoce como una violación de los derechos humanos y como una forma de discriminación. Esto significa que considera responsables a los Estados si no responden de manera adecuada a este tipo de violencia. Estamos, por tanto, hablando de derechos humanos, de libertades fundamentales y de que la violencia ejercida contra las mujeres es consecuencia de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres y de las obligaciones de los Estados.

Los poderes públicos no podemos ser ajenos a esta violencia. Por tanto, estamos obligados a remover obstáculos que impidan el disfrute en plenitud por las mujeres de sus derechos fundamentales, tales como la libertad, la igualad en la vida, la seguridad y la no discriminación. En el Estado también se han dado pasos: la Ley Orgánica 11/2003, que recoge medidas referidas a la violencia de género; la Ley 27/2003, reguladora de la orden de protección; la ley 1/2004, de la que ya hemos hablado todas las «portavozas»; la Ley Orgánica 3/2007, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Hay que añadir también en cada caso los pasos dados por todas y cada una de las comunidades autónomas. En Euskadi, la comunidad que más conozco, tenemos la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de mujeres y hombres; la Ley 12/2008, de servicios sociales, que incorpora la información a las mujeres víctimas de violencia y la atención, así como los mecanismos de coordinación interinstitucionales de atención a las víctimas de violencia de género o regulaciones de recursos de acogida a las mujeres. Pero aunque los poderes públicos, la misma sociedad y especialmente el movimiento feminista están respondiendo de manera creciente y constante, su respuesta todavía es insuficiente, ya que la violencia contra las mujeres se sigue produciendo en el seno de nuestra sociedad y, por tanto, sigue siendo una tarea pendiente.

Las leyes y políticas constituyen la base de un enfoque integral y coordinado para erradicar la violencia contra las mujeres y, como vemos, en la actualidad existe un número elevado de leyes y políticas para erradicarla. Pero tan necesario como las leyes deben ser las medidas para fortalecer la implementación eficaz, que deben incluir la capacitación de funcionarios y funcionarias que se ocupan de los casos de violencia contra las mujeres, la aplicación de mecanismos de monitoreo, la evaluación del impacto, así como la rendición de cuentas, y una mejor coordinación. También es esencial que se asignen recursos humanos y financieros suficientes.

A la hora de adecuarlas a las normas relativas a los derechos humanos, las leyes y políticas pueden desempeñar una función muy positiva para lograr un cambio de comportamientos y actitudes a largo plazo, especialmente cuando están acompañadas por estrategias complementarias, tales como la concienciación sobre la erradicación de la violencia. Una vez que las leyes entran en vigor transmiten un mensaje firme: que la violencia contra las mujeres no es tolerada y que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia.

Finalizo. La iniciativa legislativa que ahora se toma en consideración, pretende cumplir alguna de las medidas del pacto de Estado en materia de violencia contra las mujeres. En concreto, las que conciernen a la formación especializada que garantice una mejor respuesta de la Administración de Justicia. Este es, por tanto, un paso más que viene a sumarse a otros pasos que se han ido dando en la lucha para erradicar las distintas violencias que se ejercen contra las mujeres. Podríamos decir que se podría haber ido más lejos en la aplicación de otras medidas del pacto de Estado, como la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero también consideramos necesario adoptar sin demora cualquier medida que incida en la mejora de la respuesta en el ámbito jurisdiccional que reclaman las víctimas de violencia de género, mujeres y menores. Por tanto, se trata de un avance más, aunque no suficiente. De lo que se trata es de seguir dando pasos para conseguir el objetivo principal, que es el logro de la libertad de las mujeres, de la igualdad real entre mujeres y hombres.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ETXANO VARELA: Termino, presidente.

Apoyaremos la iniciativa, y, en coherencia con los acuerdos alcanzados, votaremos también a favor de las enmiendas.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Etxano.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Pérez Esteve.

La señora PÉREZ ESTEVE: Gracias, presidente.

Senadoras, senadores, estamos debatiendo esta proposición de ley, consecuencia directa de la aprobación por unanimidad del informe de la Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género con 267 medidas. Entre ellas, esta, para avanzar hacia una efectiva formación y especialización en violencia de género de los profesionales que trabajan en el ámbito del Poder Judicial, por ser un elemento imprescindible para dar una adecuada respuesta judicial y que va a recibir el apoyo de nuestro grupo.

Esta semana he recibido un paquete que me ha dejado perpleja. Seguramente, algunos de los presentes también lo habréis recibido. Una pequeña caja con una piedra dentro; esta que les muestro; hecha por Amnistía Internacional, que tiene grabado un hashtag: No más piedras. ¿Qué significa esto? Pues lo significa todo. Las víctimas de violencia se encuentran cada día con piedras en su camino que le dificultan todo; una de estas piedras es la Justicia. Durante las más de 50 comparecencias que recibimos en la Ponencia de estudio del Senado, uno de los temas más reiterativos ha sido la poca formación judicial en casos de violencia machista. ¿Cómo una víctima de esta lacra puede recibir Justicia justa si el propio juzgado es machista? Tenemos muchísimos ejemplos sobre la poca sensibilidad y formación de algunos de los profesionales juristas, pero voy a nombrar dos. El despreciable —repito— despreciable voto particular que emitió el juez de La Manada. La absolución de los cinco violadores, injustificable desde todos los puntos de vista. O los casos del juez Francisco Javier Martínez Derqui, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 7, aquí, en Madrid, que ha humillado, que ha insultado y que se ha mofado de las víctimas de violencia machista, incluso, de las propias letradas.

Las víctimas de violencia machista tienen derecho a un proceso con todas las garantías. Tienen derecho a no ser cuestionadas. Tienen derecho a que no se les quite relevancia a sus declaraciones. Todas las víctimas tienen todos estos derechos y más. Y nosotros, desde aquí, tenemos la obligación de hacerlo posible. Los jueces y magistrados deben tener una sensibilidad especial hacia este tema, y una formación específica que asegure que las víctimas vean garantizados y protegidos sus derechos. Porque la única manera de erradicar para siempre esta lacra es que todos y todas seamos conscientes no solo ya de que existe, sino de que tenemos el deber de hacer lo que esté en nuestras manos, y más, para acabar con ella. Y en esto no valen según qué discursos políticos. En esto no vale amañar declaraciones de unos y otros para usarlas en favor de nadie o de modo partidista. Seamos responsables y démosles la importancia que tienen, apartando los colores políticos. No nos maltratan por ser de derechas o de izquierdas. No nos agreden por nuestra cultura. No nos matan por nuestras ideas. Lo hacen, única y exclusivamente, porque somos mujeres.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pérez Esteve.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Freixanet.

La señora FREIXANET MATEO:



Senadoras, senadores, yo quiero empezar hablando del momento que estamos viviendo de auge de las mujeres en lucha por su libertad de género y de la reacción machista que está existiendo como consecuencia de ese avance. Por eso, quiero dirigirme al Partido Popular y a la senadora Camarero para hablar con responsabilidad sobre esta cuestión. Usted sabe bien que su partido se encuentra actualmente en una encrucijada: o se dejan arrastrar por la reacción machista, por aquellos que hablan de ideología de género, buscando mantener el privilegio, por quienes arropan la idea de que las mujeres sistemáticamente mienten en los juzgados, aunque los datos lo desmientan, o se dejan llevar por quienes minimizan la violencia. Esa pulsión está ahí; es eso o asentarse en el respeto a la ley, en el respeto al sentido común, en el respeto al pacto de Estado, a los acuerdos, y en la responsabilidad de terminar con el hecho ineludible de que no pasan las semanas sin que en este país un hombre asesine a una mujer, en que no pasan ocho horas en este país sin que un hombre viole a una mujer. Por eso, sencillamente, les pedimos responsabilidad, que sé que usted la tiene, pero se la pido a su partido, porque todos y todas debemos tenerla y para ello hemos trabajado de forma intensa.

Me gustaría pasar a leerles la página 67 del documento del Senado para el pacto de Estado, documento que escribimos, trabajamos, consensuamos y aprobamos aquí. Dice así: La violencia de género es la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo y tiene su raíz en el machismo. Constituye un atentado contra la integridad, la dignidad y la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca. La violencia de género, también llamada violencia machista o violencia contra las mujeres, designará, como establece la ONU, todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para las mujeres, inclusive la amenaza, coacción o privación de libertad tanto como si se produce en la vida privada como en la vida pública; todo acto de violencia basado en el género que dañe a las mujeres, independientemente del ámbito en el que se produzca en la vida pública o en la vida privada.

Partiendo de ahí, voy al tema: lo que este Senado aprueba hoy es tan imprescindible como insuficiente. Votaremos a favor de lo que se propone, obviamente, e insistimos en la urgencia de abarcar la inmensidad que falta. Y en ese sentido le tomo la palabra, senadora Camarero: espero el voto favorable del PP a nuestra propuesta de ley por la libertad sexual contra las violencias sexuales.

Hoy reformamos una pequeña pieza del engranaje, que es el sistema de lucha contra la violencia machista, formación en género a los operadores jurídicos para no repetir violencia institucional. Todas las senadoras aquí presentes que trabajamos en el pacto de Estado, todas, sabemos de forma específica y contrastada lo que todo el mundo conoce de forma mediática, general y cotidiana, que existe una problemática grave en la respuesta judicial que todavía reproduce machismo. Las comparecencias de las expertas fueron claras y dieron alertas muy preocupantes: demasiadas veces las mujeres no somos creídas, demasiadas veces se ignora cómo funciona esa violencia, cómo reacciona la víctima, la dependencia, el miedo o el sometimiento como forma de sobrevivir; demasiadas veces se subestima el riesgo; demasiadas veces se minimiza la violencia, y demasiadas veces seguimos siendo nosotras las juzgadas. Lo que tratamos de atacar aquí es, al final, la revictimización.

Así pues, formar en materia de género es crucial y lo mismo piden las expertas, la calle, las asociaciones de profesionales y hasta el comité Cedaw de Naciones Unidas, que sigue suspendiendo a España en respuesta judicial, que exigen y exigimos una formación seria, continuada, estructural, especializada en materia de género a todos los operadores jurídicos. Así, que salga adelante la reforma de ley orgánica del poder judicial que trabajamos hoy es positivo y significa que compartimos parte del diagnóstico y parte de la urgencia. La reforma busca la adquisición de conocimientos sobre igualdad, no discriminación y violencia de género en las instituciones a la carrera judicial, en los cursos de la escuela judicial y en la formación continuada impartida por el Consejo. Aprobado este texto, pasará a estar en manos del Gobierno. Señorías del PSOE, hay que trabajar para hacer real lo que el papel aguanta. A lo formativo se añaden cuestiones materiales elementales, como dependencias judiciales que impidan la confrontación de víctima y agresor, y vía enmiendas solicitamos todo aquello relacionado con la accesibilidad, que nos parece fundamental; evidentemente, estamos a favor, lo increíble es que esto no sea ya así.

Dicho esto, entendemos que esta reforma se queda corta y pido que se reconsideren nuestras enmiendas. La reforma se queda corta en lo tocante a la cobertura de todas las violencias machistas, que es algo que la España de 2018 ya debería tener perfectamente atajado. Entendemos que esta reforma debería abarcar todas las violencias machistas, porque es ya evidente que los juzgados especializados no pueden centrarse, otra vez, solo en la violencia que se da en el marco de la pareja o la expareja. Fundamental es ya que todas las víctimas de violencia machista sean atendidas en juzgados especializados y levantar para todas esas víctimas el mismo nivel de protección y acceso a recursos. Esta reforma se queda corta también a la hora de cumplir nuestros compromisos internacionales, empezando por el Convenio de Estambul, firmado y ratificado por España, que exige dar cobertura a todas las violencias machistas. Esta reforma se queda además corta por lo poco que abarca. Hoy enfocamos la formación en género de jueces y fiscales, que es capital, pero también lo es asegurar juzgados especializados suficientes, disponer de tiempo y medios humanos y materiales que permitan impartir una justicia que pueda llamarse así y la revisión del circuito entero: los protocolos policiales, el acompañamiento a las víctimas, la efectividad de los sistemas de protección y los recursos económicos y habitacionales para poder salir del riesgo. Claro que eso vale dinero, señorías, vale dinero, pero esto lo merece. Y, finalmente, se queda corta entendida como aplicación del pacto del Estado, porque ha pasado un año tras su firma y estamos dando cabida a una muy mínima parte de lo acordado en ese pacto de Estado, a unos pocos artículos de los más de 200 que contiene el pacto, que ya era de mínimos. Urge, pues, todo lo demás y no comprendemos por qué no se está priorizando, por ejemplo, el aspecto educativo, que es el camino para que la violencia no se produzca. Seguimos en lo reactivo, cuando la violencia ya se ha producido. La transformación, obviamente, está en nuestro lado, está en la construcción de identidades y de relaciones libres de machismo.

Con todo, este cambio legal busca la especialización en género de operadores jurídicos que están tratando con violencia de género, así que nuestro sí, nuestro sí, siendo crítico, es mayúsculo. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Freixanet.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Berja.

La señora BERJA VEGA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, senadores y senadoras.

Señorías, desde que el Grupo Parlamentario Socialista presentara esta proposición de ley en el Congreso de los Diputados en abril de este año, se han sucedido muchos acontecimientos, pero hay uno que ha marcado tanto esta iniciativa como el resto de iniciativas vinculadas al pacto de Estado, y ese hito es la llegada al Gobierno del Partido Socialista. Frente al inmovilismo del Partido Popular en el Gobierno, los socialistas y las socialistas hemos impulsado el pacto de Estado en un tiempo récord; en tan solo seis meses se han producido modificaciones legislativas muy relevantes para el pacto, como esta, pero también se han recuperado órganos garantes de la igualdad, e incluso el presupuesto del pacto de Estado ha llegado a las comunidades autónomas. Señora Camarero, no estaban en sus presupuestos, se incorporaron con una enmienda del Grupo Socialista porque en sus presupuestos no estaban (Rumores.— Aplausos). ¿Y qué hizo el PP de Rajoy a partir de la aprobación del pacto? Hicieron una sola cosa: ralentizar la puesta en marcha de las medidas, frenar su cumplimiento.

La proposición de ley que hoy nos ocupa hace alusión a un tema muy trabajado en esta Cámara, concretamente en la ponencia de estudio de estrategias contra la violencia de género. Recordarán ustedes, las ponentes, que el denominador común en todas las comparecencias de las expertas de la sociedad civil y de los y las representantes institucionales era precisamente la ausencia de formación especializada en género en todos los operadores jurídicos que intervenían directamente con las víctimas de violencia machista. He rescatado algunas de las expresiones de las comparecientes. Doña María Luisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres nos decía en su comparecencia que el principal problema de la ejecución de la ley —se refería a la Ley Orgánica 1/2004— reside en la administración de justicia. Y ello —nos decía la señora Soleto— porque en no pocas ocasiones el propio proceso judicial tiende a agudizar el problema, generando una victimización secundaria. Una posible explicación a este fenómeno es que la legislación sobre violencia de género todavía sigue resultando extraña a toda la arquitectura judicial.

Doña Virginia Álvarez Salina, responsable de investigación y política interior de Amnistía Internacional, nos insistió en la falta de perspectiva de género en la Administración de Justicia. La especialización a la que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004 no es una realidad en el mundo jurídico, nos decía doña Virginia Álvarez Salina, que hablaba también del déficit de formación en género de toda la judicatura y de la Fiscalía.

Para terminar, doña Marta del Pozo Pérez, profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Salamanca, nos explicaba que el problema no es el órgano judicial, el juzgado, sino el titular del mismo, el magistrado o la magistrada que adolece de falta de perspectiva de género. Y así, como ustedes saben, todas las comparecientes.

Pues bien, como era imprescindible dar forma a todas estas manifestaciones, el Grupo Socialista en el Congreso impulsó esta proposición de ley que hoy, gracias al trabajo de todos los grupos políticos y a la defensa vehemente que mi grupo ha hecho de esta cuestión, hay un texto que espero saldrá aprobado por unanimidad.

Señorías, el Pacto de Estado contra la violencia de género consiguió en esta Cámara un respaldo unánime de todos los grupos políticos. Me gustaría que esta dinámica de acuerdo, de consenso y predisposición en la lucha contra la violencia de género continuara. Pero tengo que confesarles que me preocupan, y mucho, algunas manifestaciones del Partido Popular en esta Cámara y fuera de ella sobre la violencia machista, que voy a concretar en dos. La primera de estas manifestaciones tuvo lugar en el debate de la Comisión de Justicia de hace casi un mes, donde el Partido Popular expresó muy desafortunadamente su visión sobre el consentimiento en las relaciones sexuales, aludiendo a una situación personal y haciendo un comentario jocoso sobre el tema. La violencia sexual es una grave agresión dirigida hacia las mujeres: es una violencia que merece de esta Cámara un rechazo rotundo y sin vacilación. No se puede permitir que esta Cámara banalice la situación por la que pasan las víctimas de violaciones. No se puede consentir en esta Cámara un discurso que atenta contra el consenso del pacto de Estado. Pero claro que se puede diferir en el modo de posicionarnos sobre cómo regular las agresiones sexuales; lo que no es de ningún modo permisible, porque es totalmente reprobable, es utilizar el humor y la relativización para hablar de la situación de una mujer víctima de una agresión. Y la segunda manifestación preocupante del Partido Popular es su reiterado uso de la expresión «ideología de género», expresión que el líder popular, Pablo Casado, ha abrazado con efusividad y que comparte con los líderes de la extrema derecha y de Vox.

Señorías del Partido Popular, deambulan ustedes por un terreno muy peligroso. La única ideología de género, la única ideología de parte, es la que conocemos, y muy bien, las feministas. La única ideología de género que existe es el machismo. (Aplausos). No caigan en la trampa patriarcal de utilizar expresiones que son cómplices con el machismo.

Es una triste noticia que el Partido Popular haya cambiado su discurso en materia de igualdad entre mujeres y hombres, sobre todo porque el discurso parlamentario de las ponentes que trabajaron en el desarrollo del documento del pacto creaba espacio para el diálogo y el acuerdo, pilares sobre los que hemos diseñado un documento muy válido. Solo espero que este discurso nuevo que nos ha tocado escuchar últimamente solo sea una anécdota, una triste anécdota que quedará reflejada en el Diario de Sesiones.

Señorías, frente a las propuestas de la extrema derecha y de Vox de derogar la Ley de violencia de género, los partidos del pacto de Estado tenemos que reivindicar más recursos para su aplicación. No contribuyan ustedes con sus posibles pactos en Andalucía a blanquear una marca que se desmarca del histórico momento de conquista de derechos de las mujeres de este país; una marca que se desmarca contribuyendo a la misoginia y al machismo más recalcitrante. ¿Quieren PP y Ciudadanos ser el suavizante de la extrema derecha en este país? Pues, señorías, sus posibles aliados de Vox ni lavados con Perlan quedan limpios de xenofobia, de homofobia y misoginia. Piensen bien dónde quedarían ustedes de apoyarse en ellos.

Señorías, el sistema judicial revictimiza a las mujeres, las cuestiona, no las cree y en muchas ocasiones las desprotege. Es imprescindible que la justicia patriarcal para que deje de serlo incorpore la perspectiva de género. Sí, que incorpore la perspectiva de género, señora Tortonda, tal y como dice la Ley de igualdad y la Ley contra la violencia de género. Es fundamental que los juzgados sean una fuente de protección para las mujeres y no el infierno donde no se las entiende. Con esta ley, contribuimos a irrigar todo el sistema judicial de conocimiento igualitario.

Señorías, voy terminando. Hoy llevo colgado un árbol de la vida, un detalle de una asociación de mujeres víctimas de violencia de género de Priego, en Córdoba. Espero que ellas y todas, a partir de ahora, noten el cambio en sus difíciles procesos por los juzgados, porque de eso se trata, señoría, de transformar para facilitar lo que ya en sí es tremendamente duro.

Por último, quiero decir que esta mañana se ha hecho alusión a mi grupo y a mi portavocía en un debate anterior, sobre el que solo voy a decir una cosa. Este grupo, el Grupo Socialista, tiene incorporada la sororidad en su comportamiento. Es una filosofía de vida para nosotras y para muchas mujeres de esta Cámara: practicar la hermandad entre las mujeres, lo que nos permite libre y vehementemente denunciar los discursos que van en contra de la libertad, la seguridad y la igualdad de las mujeres, lo diga quien lo diga, porque, señorías, el machismo, a veces, utiliza altavoces muy engañosos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Berja.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Tortonda.

La señora TORTONDA GORDILLO: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Señora Berja, ¿y el pacto de Estado, para cuándo? (Aplausos). ¿Para cuándo las 268 medidas que fueron aprobadas aquí, en el Senado? ¿Para cuándo las 214 medidas que fueron aprobadas en el Congreso? Seis meses ocupando el Gobierno, señorías, seis meses de incumplimiento, seis meses de confusión, y seis meses faltando a la verdad.

Ustedes dicen que practican la sororidad, pues más vale que se la hubiesen aplicado ya, porque pretenden callar a las mujeres, a todas aquellas mujeres que no comulgan, señorías, con su forma de pensar y de ver las cosas. (Aplausos). Podrán gustar más o menos las maneras de decirlo, pero nunca prohibir lo que podemos llegar a pensar, eso era en otra época, donde teníamos que tener la firma del marido para sacar dinero, y ustedes, con su comportamiento, quieren volver otra vez a esa forma de vivir.

Nadie banaliza la violencia de género en el Partido Popular, señoría. ¿Qué han hecho ustedes en esos seis meses? Esta es la primera y única ley que han traído aquí, señorías, que lo único que pretende —que es muy importante, y no vamos a decir lo contrario, porque, entre otras cosas, este grupo estuvo de acuerdo en firmar ese pacto de Estado— es la profesionalización de los jueces y que tuviésemos más juzgados especializados en violencia de género. Nada más, señoría. ¿Sabe lo que decía la ministra, la vicepresidenta del Gobierno? «Nos hemos autoimpuesto un calendario y llegar a final de año con las modificaciones legales cerradas». ¿Dónde están? De 268 medidas, el 22 %, señorías, necesitan una modificación legal. Escuchen, porque luego no lo hacen y no lo aplican, y tenemos que estar escuchando aquí las barbaridades que nos han dicho, entre otras cosas, que somos mentirosos y falaces. ¿Así se habla en un pacto de Estado, señorías?

Yo le preguntaba hace mucho tiempo qué había cambiado. Claro que han cambiado muchas cosas. Ustedes ahora están en el Gobierno, y tienen que aplicar el pacto de Estado. Sí, señoría, 200 millones de euros, 1000 millones de euros, el mayor presupuesto que ha tenido en este país la violencia de género, y ahora ustedes tienen la responsabilidad de situaciones muy injustas que han pasado en este país.

¿Dónde están? ¿En qué se ha priorizado? ¿Qué han hecho las comunidades autónomas? Entre otras cosas, de los 20 millones de euros que había para las entidades locales —ahora hablaremos de las entidades locales—, no han recibido ni un céntimo de euro, señorías. (Aplausos). No han recibido ni un céntimo de euro y hoy es 12 de diciembre. No han recibido esa cantidad, señorías, porque ustedes no lo han querido. ¿Para qué hablar de la importancia de las entidades locales y tener que volverles a dar esas competencias? Si no les dan el dinero, es imposible que lleguen a cumplir con las funciones y competencias que les hemos vuelto a dar entre todos, no solo el Partido Socialista. Por cierto, se las hemos vuelto a dar entre todos porque hubo una persona, un presidente, el presidente Rajoy, que impulsó este pacto de Estado y ustedes se sumaron para que nos pusiésemos de acuerdo y no tener estos debates para ver quién hace más y quién hace menos, para que no nos tuviésemos que escuchar que somos unos mentirosos y unos falaces, como aquí se nos ha dicho hoy. ¿Para qué les han devuelto ustedes las competencias a las comunidades autónomas, señorías, si no pueden cumplir con ellas?

Les hablaba de la lentitud y la desidia del Gobierno feminista de Sánchez, pero también les hablaba del silencio absoluto y cómplice de la oposición. Como bien dicen en mi tierra, la misma culpa tiene el que la mata que el que agarra la pata. ¿Se acuerdan ustedes cuando nos decían que es necesario tener voluntad política? Esa era una expresión muy suya, señora Berja. ¿Qué ha sido de esa voluntad política ahora? ¿Qué ha sido de esa reivindicación, señora Freixanet, de un cronograma y un calendario para controlar al entonces Gobierno de Mariano Rajoy y para controlar al PP? (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia). ¿Dónde están esas reivindicaciones, señorías? ¿Dónde está la reivindicación, como usted bien decía, de una metodología seria del trabajo? ¿Dónde está la reivindicación del presupuesto? Aquí no he oído absolutamente nada, ni una crítica, aunque fuese una crítica positiva y constructiva.

Ninguna medida en prevención. Bueno, sí, para ser verdaderos, en prevención han hecho ahora tres campañas, que las acaban de presentar una detrás de otra porque no les da tiempo, se les pasa el tiempo, señorías. Por cierto, estas tres campañas las dejó cerradas y, también, presupuestadas el anterior Gobierno. (Aplausos). Claro que sí.

Ninguna medida en educación. ¿Dónde están las medidas en educación? Sobre todas esas medidas que ustedes han puesto en marcha, usted no las ha dicho aquí porque, si las hubiesen hecho, ya le digo que nos lo hubiesen vendido porque, al final, en ustedes todo es marketing; hay poca seriedad y poca contundencia, pero mucho marketing.

No han tomado ninguna medida en sanidad y, sobre todo, ni una nueva ley. Había doce nuevas leyes recogidas en ese pacto de Estado. ¿Dónde y para cuándo estará lista la ley integral contra la trata de seres humanos? ¿Para cuándo la ley de violencias sexuales? Señora Berja, dígaselo al Gobierno, entre otras cosas, porque la ministra todavía no ha comparecido en esta Cámara, comparece mañana. Después de seis meses, ya nos tendrá que decir todas esas medidas y acciones que han ido poniendo en marcha sobre el tema de violencia de género.

¿Qué ha cambiado en violencia de género desde que la izquierda de Sánchez ha llegado a la Presidencia? ¿Sabe qué ha cambiado? Que ya no hay reivindicaciones, ya no se pide nada, ya no llamamos al alboroto en las calles porque el PP ya se fue, porque la derecha rancia, casposa y montaraz ya se ha ido. Entonces, ya estamos todos tan bien. (Aplausos). Eso es lo que ha cambiado, señorías. ¿Saben por qué nos presentan esta proposición de ley? Lo hacen al calor de lo que produjo la sentencia de La Manada y la presentan para acallar la sublevación en las calles, pero ustedes no tienen un programa de consenso, ustedes no tienen un proyecto de país, y muchísimo menos un proyecto para poder alcanzar las mayores cotas de igualdad de oportunidades entre los hombres y las mujeres de este país.

Decía la señora Calvo —y voy terminando, señor presidente—: Hemos llegado al Gobierno para hacer políticas de mujeres y para mujeres. Error, señorías. Error. Aquí nosotros venimos a legislar, pero cualquier Gobierno que se precie de ser un Gobierno democrático tiene que hacer políticas de igualdad entre hombres y mujeres. (Aplausos). No queremos que se nos trate como si fuésemos un sector, el sector de las mujeres. ¡Pero dónde vamos a parar, señorías? No queremos que se nos trate como a un gueto; no, señorías. Queremos contribuir a la riqueza de este país, queremos ser personas que contribuyen a la riqueza, al crecimiento y a la grandeza de este país por nuestra valía, señoría, que esa es otra. (Aplausos). Queremos que sea por nuestra valía, y además, con todos nuestros derechos y con todos nuestros deberes reconocidos en esa Constitución, por mucho que algunos aún no se hayan enterado que desde hace 40 años en este país no existen diferencias por razón de sexo. Eso es lo que quiere el Partido Popular. ¿Y saben dónde va a estar el Partido Popular? Donde siempre ha estado: en el cumplimiento estricto del pacto de Estado, y ustedes lo saben. Pero ahora les toca a ustedes gestionar, y ni saben ni quieren.

Gracias, presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Tortonda.



PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. 624/000012 Justicia

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, pasamos a la siguiente Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Para la presentación del dictamen tiene la palabra el presidente de la comisión, el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

Presentación del dictamen de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

La proposición de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, y que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo su entrada en esta Cámara el día 7 de noviembre de 2018, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 20 de noviembre de 2018. A esta proposición de ley se prestaron 114 enmiendas.

El día 4 de diciembre la comisión ratificó la ponencia, que quedó integrada de la siguiente manera: doña Cristina Ayala Santamaría, Grupo Parlamentario Popular; don Joan Bagué Roura, Grupo Parlamentario Nacionalista; don Joan Comorera Estarellas, Grupo Parlamentario Podemos; don Miquel Àngel Estradé Palau, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; doña María Dolores Etxano Varela, Grupo Parlamentario Vasco; doña María José Fernández Muñoz, Grupo Parlamentario Socialista; don Antonio Morales Lázaro, Grupo Parlamentario Socialista; don Jordi Navarrete Pla, Grupo Parlamentario Mixto, y don Jorge Alberto Rodríguez Pérez, Grupo Parlamentario Popular.

La ponencia se reunió el día 4 de diciembre para emitir su informe, en el que introducía modificaciones al texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 4 y emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia.

A este dictamen han presentado votos particulares los señores Navarrete Pla, Mulet García, Marcos Arias, Alegre Buxeda, Crisol Lafront y la señora Roldán Suárez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Julios Reyes y los señores Rodríguez Cejas, Cleries i Gonzàlez y Bagué Roura, del Grupo Parlamentario Nacionalista, y los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Socialista.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Altava.

¿Alguien quiere intervenir en el debate a la totalidad? (La señora Ayala Santamaría: En el turno a favor). ¿Alguien más quiere intervenir en turno a favor? (Pausa).

En turno a favor, tiene la palabra la senadora Ayala.

La señora AYALA SANTAMARÍA: Gracias, señor vicepresidente.

La verdad es que subir aquí y tener un desahogo de diez minutos, cuando normalmente las intervenciones van tan justas, le da ganas a una de consumir los diez minutos, aunque no caeré en esa tentación.

Lo primero que quería es agradecer el trabajo que todas las personas han desarrollado durante la tramitación de esta ley. Creo que han participado prácticamente todos los grupos en una compleja modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La primera persona en la que quiero encarnar el agradecimiento tiene que ser en el letrado, el señor Javier Ballarín. Su ayuda ha sido imprescindible. Nos ha ayudado a hacer un mejor texto; nos ha hecho propuestas cuando, en un momento determinado, estábamos atascados. Con lo cual, quiero que conste mi agradecimiento, en primer lugar, a su persona. También quería agradecer, como no puede ser de otra forma, a mi compañero de ponencia Jorge Rodríguez Pérez y también el trabajo que ha realizado Luis Rogelio Rodríguez Comendador, que también ha hecho distintas propuestas. Por último, quiero dar las gracias a todos los compañeros de ponencia porque, así como hoy ha sido bastante menos agradable, he de reconocer que el trabajo en ponencia fue muy satisfactorio y el ejemplo de lo que debe ser un debate en un Parlamento: distintos grupos políticos que hacen distintas propuestas y, sin ningún tipo de traba ni prejuicio, se debate sobre lo que cada uno propone y se llega a bastantes acuerdos.

Vamos a comenzar por decir que esta ley comenzó siendo una propuesta que hacía el Partido Popular, entonces el grupo de apoyo al Gobierno, hace bastantes meses en el Congreso de los Diputados. Comenzó siendo una modificación de ley bastante sectorial, porque solo iba a hacer referencia a permisos y licencias para después ir añadiendo temas bastante más complejos, casi todos relativos al personal de la Administración de Justicia. Y aquí les voy a solicitar que me permitan hacer una digresión, porque creo que es importante saber cuáles son las circunstancias que en su momento llevaron a la aprobación del Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio.

En mi impresión, señorías, lo que nos pasa a veces —y creo que nos pasa a todos— es que olvidamos demasiado deprisa. Hemos olvidado demasiado deprisa lo que pasó hace apenas ocho años, y creo que recordarlo puede ser una vacuna para no volver a cometer los mismos errores que cometimos en su momento. Por lo menos, que conste que el Grupo Popular advierte de que esos errores pueden volver a ser cometidos, en este caso, por el Gobierno del Partido Socialista. Nos parece nuestra obligación y nuestra responsabilidad advertir sobre ello. Lo digo porque el señor Sánchez, en su discurso de investidura, ya nos informó de que su modelo a seguir era el presidente Zapatero, y lamentablemente parece que sigue el mismo camino al desastre que el señor Zapatero. Ya que se les ha olvidado, permítanme recordarles que el Gobierno de Zapatero es uno de los gobiernos que pasará a la historia por hacer una de las peores gestiones económicas de nuestro pasado reciente. ZP fue el presidente que dejó a nuestro país al borde de la pérdida de la soberanía económica; el presidente que dejó más de 5 millones de desempleados en nuestro país; el presidente que generó un agujero presupuestario de dimensiones monumentales. (Rumores). Veo que al Partido Socialista le molesta que hablemos de estas cosas, y lo entiendo, entiendo que les moleste, (Aplausos) pero permítannos que les recordemos que esto fue lo que dejó el señor Zapatero, que ahora es el modelo del Partido Socialista.

Eso sí, he de reconocerles un mérito: han repetido tantas veces lo de los recortes de Rajoy que parece que ha calado. E, insisto, se les ha olvidado lo que hizo el Gobierno de ZP que, primero, fue el que generó, con su gasto desbocado y electoralista, el agujero económico, es decir, él lo provoco. Segundo, fue el protagonista del mayor recorte de gasto social hasta mayo de 2010, exactamente por importe de 15 000 millones de euros. Tercero, fue el presidente que protagonizó la mayor subida de impuestos de la historia reciente en los presupuestos generales del 2010.Cuarto, ni siquiera le sirvieron esas medidas de ajuste. Después de gastar y pedir sacrificios a los españoles ni siquiera les sirvió porque perdónenme, en nuestra impresión, son tan malos gestionando la materia económica que ni siquiera subiendo los impuestos, ni siquiera con todas esas medidas de recorte les bastó para encauzar la economía. Tras unos meses de una cierta apariencia de mejoría, nuestro país cayó en una profunda y larguísima recesión. Quinto, el señor Zapatero ni siquiera hizo los presupuestos de 2011 porque sabía que si hacía los presupuestos de 2011 iba a tener que contemplar nuevos ajustes, ni siquiera los presentó y pasó la patata caliente al siguiente Gobierno, que fue el Gobierno de Rajoy.

A partir de ahí, el Gobierno de Rajoy pidió un esfuerzo importante, que fue lo que se gestó en ese real decreto ley del que hablábamos. Les pidió un esfuerzo especial a los funcionarios y también a los funcionarios de justicia, porque entendió que todavía tenían los funcionarios la suerte, que no tuvieron 5 millones de españoles, de conservar un empleo. Se les pidió un esfuerzo especial y hoy es día de agradecérselo, hoy es día de agradecer el esfuerzo de todos esos funcionarios. (Aplausos). Así que creo que es de ley que efectivamente lo hagamos con ellos, porque gracias a su esfuerzo y a la nada fácil gestión del Gobierno de Rajoy esos esfuerzos hoy pueden revertirse. Gracias a todo ese inmenso trabajo y a ese esfuerzo es por lo que hoy podemos decir que se revierten todos esos permisos y licencias que en su momento quedaron atrás. A partir de ahí, creo que era necesario hacer esta digresión para saber que hoy a lo que nos enfrentamos es a una modificación legal que lo que hace es devolver derechos a los funcionarios. Son los temas cruciales de los que hablamos en esta modificación legal.

Otro de los temas cruciales de los que hablamos en esta modificación legal es adaptar las exigencias del informe Greco del Consejo de Europa, que vienen siendo algo que nuestro país tiene que hacer, porque queremos seguir estando en el club de los países mejores, en el club de los veinte países que tienen una democracia plena. Por tanto, una de las cosas que nos pedía el Greco, de las cuales hablaremos en el siguiente turno, será del tema de la elección de los jueces por sus propios pares, que es una propuesta que hace el Partido Popular en la reforma que hoy traemos. Otra de las más importantes era objetivar, cuando hay nombramientos por parte de los jueces, el mérito y la capacidad para ocupar los puestos. También hemos abordado la limitación de mandatos y la igualdad y la paridad a la hora de nombrar miembros del Consejo General del Poder Judicial. También hemos presentado enmiendas que tienen que ver con la mejora de la transparencia, introduciendo, por ejemplo, la declaración de intereses para distintos cargos del Poder Judicial y también la mejora del acceso a la transferencia, a la información y a la estadística judicial por parte de los ciudadanos.

En lo tocante a la Cámara alta, han sido 113 enmiendas las que hemos estudiado. Mientras hemos estado en ponencia, creo que de verdad ha sido un ejemplo el trabajo que ha realizado esta Cámara. Incluso mi compañero de Compromís que está ahí arriba se sorprendía y nos decía en ponencia lo contento que estaba de que se le hubieran aprobado tantas enmiendas. No hizo como otros compañeros que se sientan a su lado, como, por ejemplo, el senador de Bildu, que en este momento no está, que ni siquiera participa en este tipo de debates. Para tirar la monarquía, todo lo que sea necesario, pero para mejorar la Ley Orgánica del Poder Judicial, para eso nunca podemos contar con ellos, y ya lo sabemos. Efectivamente, en esta ponencia se quiso decir que tratábamos de sumar, que tratábamos de mejorar. Eso es lo que hemos hecho como, por ejemplo, el complemento de carrera profesional de los cuerpos de la Administración de Justicia, con la regulación de las bajas por enfermedad, con una de las propuestas que nos hacía Compromís en el tema de los interinos de que solo pudieran estar seis meses. Uno de los artículos que ha dado muchos quebraderos de cabeza y que todos los grupos aprobaron el pasado octubre en el Congreso ha sido el artículo 521 de la LOPJ, respecto al centro de destino. Un artículo que hemos modificado aquí entre todos.

De la parte de la elección de los jueces, ya les hemos anunciado que lo que pedimos es que efectivamente los jueces sean quienes elijan a sus propios pares. Agradeciendo todo lo que ha sido el debate en ponencia, dejo la palabra a quien siga en el turno.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Ayala.

En el debate a la totalidad, ¿alguien más quiere intervenir o podemos pasar al debate de enmiendas?

Como no hay turno en contra, en turno de portavoces, ¿desea intervenir el Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

Estamos en el debate a la totalidad. Yo quería pasar al turno de enmiendas, pero, si quieren, entramos en el debate a la totalidad.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, ¿desean invertir? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿desean hacer uso de la palabra? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ¿desean intervenir ahora o en el siguiente turno? Tiene la palabra el senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: ¿Este turno es para debatir las enmiendas?

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): No.

El señor ESTRADÉ PALAU: Perdón, le había entendido mal.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Hay un turno de totalidad, que ha utilizado el Grupo Parlamentario Popular a favor, y otro en contra. Si quieren que el turno de portavoces lo hagamos en el turno de enmiendas, avanzamos.

El señor ESTRADÉ PALAU: De acuerdo. Perdone, le había entendido mal.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): ¿Algún grupo quiere utilizar el turno de portavoces? (La senadora Fernández Muñoz pide la palabra).

Senadora Fernández, tiene la palabra.

La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Voy a intentar, señora Ayala, que estos diez minutos no supongan ningún desahogo —los desahogos prefiero hacerlos fuera de esta sala— y centrarme única y exclusivamente en lo que hoy nos trae aquí, que es un tema vital y fundamental y dejar para el mal recuerdo todo lo que usted nos ha dicho en su intervención.

Ciertamente, no queremos recordar los recortes producidos hace unos años porque fueron principalmente para la clase trabajadora y los funcionarios públicos. Por tanto, me voy a centrar en lo que creo que debe ser el tema central esta tarde, que es intentar mejorar un texto de reforma que no sea ninguna contrarreforma, sino que suponga una mejora de la justicia y que signifique lo que dice el título de la propuesta de modificación: devolver derechos a los trabajadores públicos, a los más de 50 000 trabajadores públicos del sector de la justicia. Para que nunca al Partido Socialista nos puedan decir que no cumplimos nuestra tarea, hemos hecho lo que era nuestro deber: presentar dos enmiendas al texto que nos enviaba el Congreso, dando respuesta a asuntos tan fundamentales como la modificación del artículo 521 para resolver un asunto como son los centros de destino. Asunto que afecta muy directamente a las condiciones de trabajo, que afecta a la reposición y a la redacción anterior a esta reforma, que consideran los propios trabajadores, el conjunto de funcionarios, vital para el mantenimiento actual de sus condiciones laborales.

Señorías, yo pediría a todos, también a mí misma, que demos un ejemplo de responsabilidad y rigor; que traslademos a esos funcionarios públicos la certeza de que nuestra preocupación y ocupación, la de todos sin excepción, es dar respuesta a sus inquietudes y problemas. En este caso, demos respuesta a la petición que nos hacen los más de 50 000 funcionarios públicos que prestan un servicio esencial en nuestro Estado de derecho. Señora Ayala, dejemos a un lado cualquier interés partidista, cualquier interés electoralista y retomemos el acuerdo, el consenso y el diálogo. Eso significa, en la reforma que debatimos hoy en el Senado, recuperar el espíritu del inicio de la reforma en el 2007, la que nos planteó en ese momento el Partido Popular, la que nos planteó el señor Catalá, que no era otra que, mediante la presentación de esta propuesta, restituir los derechos laborales injustamente arrebatados en el 2012 con la excusa de la crisis. Situémonos hoy en el requerimiento de la reversión de esos derechos laborales. Me atrevo a pedir a las señorías del Grupo Popular lo mismo que le han pedido de manera reiterada los representantes sindicales. Textualmente, les indicaban, nos han indicado a todos que es necesario que todos los grupos políticos abandonemos las pretensiones de introducir en este texto otras enmiendas que nada tienen que ver con el objeto de esta reforma. Enmiendas que, bien saben sus señorías del PP, en estos momentos no cuentan con el consenso mayoritario para ser aceptadas. Además, manteniendo esas enmiendas están ustedes poniendo en riesgo la recuperación de esos permisos y esas licencias y la modificación de ese artículo 521 en alusión a los centros de destino, impidiendo con su cabezonería abrir una puerta al traslado forzoso, al traslado arbitrario, despreciando de una manera fundamental la formación específica de esos empleados públicos que están despreciando la negociación colectiva.

Señorías, no insistan injustificadamente, no bloqueen esta modificación del artículo 521. Señorías, no rompan un acuerdo y un consenso que ya manifestó el Congreso en la reforma de esta proposición de ley. Permitan ustedes, señorías del PP, reparar una situación laboral dañina para el buen servicio y labor de estos empleados públicos. Desistan de esa actitud obstruccionista. Los empleados públicos no se merecen eso, merecen, señorías, que cumplamos con la palabra dada, la que le ha dado el señor Catalá a los sindicatos mayoritarios de esos 50 000 funcionarios y que entenderían —y así se lo han manifestado— como una auténtica hipocresía la actitud que el Partido Popular mantiene en este asunto, cuyas únicas víctimas serían exclusivamente los trabajadores de la justicia.

Esta misma mañana, señorías, su grupo parlamentario, el Partido Popular, pedía la adopción de determinadas medidas de reconocimiento de la labor y protección de los jueces, fiscales y trabajadores del Ministerio de Justicia y pedía en una moción mejorar las condiciones laborales y respetar a los trabajadores. Pues, señorías, permitan ustedes que esta reforma, que hoy aquí debatimos y que hoy aquí hemos mejorado con el acuerdo y el consenso de todos de modificar el artículo 521, salga adelante. No la boicoteen, no la dinamiten, retiren ustedes por responsabilidad las enmiendas planteadas, la enmienda 112. Retiren la incorporación de la nueva disposición transitoria relativa al proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial. Están cometiendo ustedes los mismos errores del pasado, es decir, meter enmiendas deprisa, sin consenso, sin diálogo, sin acuerdo, para dinamitar esa mejora de la justicia que tanto necesitamos y que tanto nos requieren los actores del mundo judicial. No modifiquen la exposición de motivos de esta reforma. No utilicen su rodillo en esta Cámara para desvirtuar el trámite legislativo. Permitan ustedes que se apruebe la reforma tal como fue planteada por el grupo proponente y mejorada en el Congreso y, recuerdo, era una Proposición de Ley Orgánica de modificación parcial del régimen de permisos y licencias. Permitan, con las mejoras que ya se aprobaron en el Congreso y las modificaciones hechas en esta Cámara, que nacen con el respaldo de todos los trabajadores públicos y que concitan el acuerdo mayoritario de esta Cámara, que esta reforma salga adelante.

Señora Ayala, otros asuntos importantes sin duda para mejorar la calidad y la independencia de nuestro sistema judicial requieren, señoría, un debate sereno, riguroso, serio, responsable y necesario, donde van a encontrar siempre al Gobierno socialista y a este grupo. No seremos nosotros los que cuestionemos esa necesidad, pero, señoría, no hagamos un tótum revolútum, no es este el momento procesal, corrijamos aquellos aspectos perjudiciales para los funcionarios públicos donde existe consenso unánime que es objeto de esta reforma. Avancemos y no encallen estas medidas con otros asuntos por interés única y exclusivamente partidista.

A mi modo de ver, señorías, la enmienda planteada no justifica el juego de unos wasaps, el dinamitar unos acuerdos. Eso, únicamente justifica la dimisión del que los provocó. La transparencia y la independencia del Poder Judicial necesitan acuerdo y consenso y espero que el Partido Popular lo favorezca en la tarde de hoy. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Fernández.

¿Por el Grupo Parlamentario Popular? (Denegaciones).

Pasamos, ahora sí, al debate de las enmiendas.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Primero, me sumo al agradecimiento al letrado de la comisión por facilitarnos el trabajo. Segundo, quiero agradecer a los compañeros de ponencia la flexibilidad para ponernos de acuerdo en muchos puntos. También quiero reconocer, como ya hice en ponencia y en comisión, mi grata sorpresa por la aceptación de ciertas enmiendas, pues en Compromís no estamos lo suficientemente acostumbrados a esto y me alegro por ello. En Compromís lo único que hemos hecho ha sido mantener las enmiendas que no nos aceptaron para poder defenderlas aquí y —llámenme iluso— para intentar convencerles en este Plenario. Quizás, con cuatro o cinco días más, han tenido la oportunidad de recoger alguna de nuestras ideas y aceptarlas.

La enmienda número 3, de modificación del artículo 301.3 y 301.4 de la ley, pretende recuperar los derechos perdidos en el apartado de promoción interna del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia. Hacemos una mejora para que exista una promoción interna que, según el punto de vista de algunos sindicatos, no es del todo correcta tal como se está haciendo ahora.

La enmienda número 4, al artículo 442.2 de la ley, pretende modificar el tanto por ciento de promoción profesional dentro de la misma carrera de la Administración de Justicia. Es una propuesta directa de ciertas centrales sindicales, solo somos una correa de transmisión.

Las enmiendas números 5, 14 y 18 van dirigidas a aclarar el concepto de carrera profesional. La enmienda número 5 modifica el punto c) del apartado 1 del artículo 495. La enmienda número 14 añade un nuevo artículo 490 bis. Y la enmienda número 18 añade un nuevo punto c) al apartado 1 del artículo 516. Todas ellas están referidas a conceptos de carrera profesional horizontal, de lo que ya hablamos en comisión y nos dijeron que no veían bien traer a trámite ese concepto aquí.

La enmienda número 6 pretende la modificación del artículo 98.2. No podemos olvidar que la medida que propone este artículo, según la actual redacción, es que debe ser aplicada de manera excepcional y limitada en el tiempo. La modificación que nosotros proponemos refleja esa situación y elimina la posible mala interpretación e inseguridad sobre si es excepcional y limitada en el tiempo,

La enmienda número 8, de modificación del artículo 347 bis, propone, en el punto 5, un cambio de redactado en el penúltimo párrafo, porque resulta evidente que un juzgado no solamente es un juez, es todo lo que rodea al juez, tanto material como personal y, por lo tanto, si creamos un juez excepcional, llamémosle un juez de sobrecarga de trabajo, pero no creamos un juzgado de sobrecarga de trabajo, tendremos un problema, porque si estamos creando un juez para la sobrecarga, los funcionarios que trabajan con él sí que estarán sobrecargados, porque no les damos más funcionarios en esa posición. Para resumir, creemos un juzgado de sobrecarga y no un juez de sobrecarga. Tenemos varios ejemplos. En el plan que creó el Consejo General del Poder Judicial para la atención de las demandas de las cláusulas abusivas de créditos hipotecarios, si aprobamos esta enmienda tal como está redactada, crearemos nuevos jueces, pero no juzgados para tramitar ese tema. Por lo tanto, crearemos un problema nuevo al apretar y sobrecargar de trabajo a cierta parte de la Administración de Justicia.

La enmienda número 9 pretende la modificación del artículo 437.2 para hacer mucho más concreto el texto. Sabemos que las unidades procesales de apoyo directo no tienen una jurisdicción, sino una sede, por lo que no pueden extenderse ni reducirse y están en un lugar concreto. En nuestro texto queda claro que la medida se limita a los juzgados del mismo partido judicial, que en el texto original no quedaba lo suficientemente delimitado.

La enmienda número 10 propone la eliminación del artículo 464.1 para que quede como está en el texto actual, que va a cambiar con la previsible reforma, porque el texto que propone el Congreso y el que propone la ponencia da la opción a que un letrado de la Administración de Justicia pueda pasar directamente desde la tercera categoría a ocupar una plaza como secretario de Gobierno de primera categoría. Creemos que esta situación queda mejor con el texto anterior: que los candidatos tengan consolidada la categoría segunda con un mínimo de diez años de antigüedad.

La enmienda número 11 elimina también el artículo 466.2 para que quede como antes de la previsible reforma, porque la propuesta del Congreso pretende cambiar la actual exigencia de tener consolidados al menos cinco años de antigüedad en la categoría número dos por un simple «haber ocupado puestos de dicha categoría, pero sin ostentarla». Creemos que es necesaria.

La enmienda número 13, de modificación del artículo 490.1 y 490.2 de la ley, la presentamos porque, según nuestro punto de vista, es más concreto y más preciso. Pero los puntos vista son subjetivos.

La enmienda número 15, de modificación del artículo 522.2, la presentamos porque el texto en vigor limita gravemente la capacidad de las comunidades autónomas para crear, diseñar y organizar sus oficinas judiciales de acuerdo con el artículo 438 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

En la enmienda número 16, de modificación de la disposición transitoria, de secciones y subsecciones, cambiamos dos palabras como mera mejora técnica y de precisión.

Por último, la enmienda número 20 simplemente es de concordancia. Si aceptan las modificaciones que nosotros planteamos, habría que modificar también esa disposición final única y por eso la presentamos.

Creemos que todas estas enmiendas que ha presentado Compromís mejoran la proposición de ley orgánica que estamos debatiendo. Espero que sean aceptadas, aunque viendo cómo se han producido los debates, supongo que no será así; pero, en fin, quizás hayan tenido tiempo de ver que es mejor el redactado y que algunas de nuestras enmiendas no iban con segundas intenciones y, por lo tanto, tengan a bien aprobarlas.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Navarrete.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el portavoz de Ciudadanos, el senador Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, antes de defender las enmiendas que mantuvimos en la ponencia los senadores de Ciudadanos, me gustaría agradecer la actitud siempre profesional de Javier Ballarín, que ha estado, sobre todo hoy, soportando muchas preguntas al respecto, y agradecer también el talante de los diferentes grupos de la ponencia.

Hoy se ha producido algo que a Ciudadanos nos parece paradójico, y es que hemos intentado transaccionar —lo sabe la senadora Ayala— una parte del texto para, desde nuestro punto de vista, enriquecer el dictamen, pero ningún grupo ha querido firmarla, excepto el Grupo Mixto, con el que implícitamente tenemos un acuerdo donde lo importante es participar, lo importante es votar. Yo entiendo que cada grupo se reserva la potestad de firmar o no firmar una transaccional, pero hoy se ha impedido precisamente ese caso.

Señorías, en julio de este año, Ciudadanos registró una proposición de ley para despolitizar el Poder Judicial y asegurar de una vez por todas su independencia y profesionalización. Nuestra intención era debatir esta reforma con más tiempo y de manera independiente, pero la indignación despertada por el pasteleo del Partido Popular, del Partido Socialista y de Podemos, que se incorpora también para repartirse el Poder Judicial, abre una ventana de oportunidad histórica para la separación de poderes en nuestro país. Por eso, estamos obligados a actuar con la mayor celeridad posible, aprovechar la ocasión y arrancar un compromiso a los dos partidos mayoritarios, el Partido Popular y el Partido Socialista, con las reformas que Ciudadanos viene defendiendo desde hace años, y que, ante ese sonrojo, quienes han manoseado a su gusto el Poder Judicial durante décadas, tomen la decisión de aprovechar esa oportunidad.

Señorías, el reparto de los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial y, lo que es peor, del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, ha resultado tan vergonzoso y tan bochornoso que no podemos permitir que esto vuelva a suceder. Por esa razón, hemos decidido transformar nuestra ley con cuarenta enmiendas que se presentaron aquí a la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que hoy debatimos. Como ustedes saben, la Constitución dispuso la creación de un órgano de autogobierno, el Consejo General del Poder Judicial, que estaría formado por el presidente del Tribunal Supremo y veinte vocales, doce entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales y ocho entre abogados y otros juristas de reconocida competencia. No cabe ninguna duda de que la voluntad del constituyente era que el Poder Judicial y, por tanto, también su órgano de gobierno, fueran independientes. Sin embargo, el bipartidismo ha optado desde siempre por capturar y quedarse la justicia. En efecto, el Partido Socialista y el Partido Popular han tratado siempre de controlar el órgano de gobierno de los jueces. A través de este, a su vez, el Partido Popular y el Partido Socialista han tratado de influir indirectamente en el nombramiento de los altos cargos del Poder Judicial. Recientemente, en un determinado wasap se hablaba de controlar la Sala de lo Penal, de influir en las renovaciones futuras o en nombramientos del Poder Judicial, vitales para el PP, para el futuro de España. Todos, señorías, lo conocen.

El poder político se inmiscuye así en la cúpula judicial, la que ha de gobernar a los jueces. Y así, el Poder Judicial queda indirectamente vinculado al Gobierno y a la división de poderes. Esa división de poderes se resiente y a esa captura, a esa apropiación de la justicia, en la que tradicionalmente también han participado los partidos nacionalistas, últimamente se ha apuntado un nuevo agente, que es Podemos. Pero es que, además, en el reparto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial existe un problema relacionado con lo anterior, que es la provisión de plazas de nombramiento discrecional en los órganos judiciales. El último Informe Greco, del Consejo de Europa, ha llamado la atención sobre la inobservancia por parte de nuestro país de la recomendación de establecer criterios objetivos de evaluación para el nombramiento de altos cargos en la carrera judicial, a fin de garantizar que el proceso de selección de los mismos no genere dudas en cuanto a su independencia, imparcialidad y transparencia. Europa, señorías, nos exige asegurarnos de que la carrera judicial esté basada en criterios de mérito y capacidad, y no de afinidad política.

Todos los problemas previamente referidos han culminado en un descrédito generalizado de la justicia, esto es, han generado una sombra de sospecha sobre la imparcialidad de los jueces. Y esta apariencia de independencia es fundamental para mantener la credibilidad de la institución. Esto lo demuestran diversos informes internacionales sobre independencia judicial que nos colocan, sistemáticamente, en los últimos puestos. España se encuentra entre los países europeos con peor percepción de la independencia judicial; repito, con peor percepción. Los datos ofrecidos por la Comisión Europea en el cuadro de indicadores de la justicia en la Unión Europea de 2017 reflejan que el 39 % de los españoles considera la independencia judicial como mala y, como muy mala, el 19 %. Y a este respecto, de los veintiocho países, solo tres se encuentran más desfavorecidos: Bulgaria, Croacia y Eslovaquia. Pese a todo ello, ninguno de los dos viejos partidos ha querido nunca que esta situación cambie. Sin embargo, el Partido Popular nos ha comunicado recientemente —quizás, no lo sabemos, por ese pacto implícito que quiere romper hoy el Partido Socialista con Podemos— que asume algunas de las tesis que Ciudadanos había implementado en su proyecto, en su modelo. Y, señorías, no podemos por menos que celebrarlo con entusiasmo, porque negarse durante años a aceptar un modelo alternativo a la despolitización del Consejo General del Poder Judicial nos parece primordial y porque no a través de un corta y pega de la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 1980 y después de aprobar las enmiendas que Ciudadanos presenta hoy para reformar el Poder Judicial creemos que esto se puede resolver. Desde luego, en Ciudadanos celebramos enormemente que se acepte este principio de modelo que venimos defendiendo desde hace años. Consideramos que es lo más conveniente para los ciudadanos en su conjunto, lo más conveniente para nuestros votantes, no lo más conveniente para el Partido Popular o para Ciudadanos ni para usted, señoría, ni para mí, sino lo más conveniente para la opinión pública, para el conjunto de los ciudadanos.

En el día de hoy, el paquete de enmiendas que hemos presentado, que mejoran la proposición, serán apoyadas por el Partido Popular, pero lo que no sabemos es qué hará el Partido Socialista o, quizá, sí lo sabemos.

Respecto al Partido Socialista, ya conocemos su tramposo argumento, y es que a los jueces los han elegido los políticos porque estos representan al pueblo español. ¿Dónde queda, señorías del Partido Socialista, la separación de poderes? No cuela ya, señorías del Partido Socialista. Algunos podrían engañarles antes del cambalache del que hemos sido víctimas estas semanas con el obsceno reparto de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, pero ahora, gracias a ustedes, sabemos perfectamente cuáles son sus intenciones. No es representar al pueblo, a los votantes, de ninguna manera; su intención es colocar a los suyos en altos cargos de la justicia para tener controlados los casos de corrupción que les atañen, para no dejar, precisamente, que los jueces hagan su trabajo. De modo que no intenten mentir a la ciudadanía y, por favor, sean responsables ya.

Señorías del Partido Socialista, se presenta para ustedes una oportunidad histórica para resarcirse de sus errores y aprobar una reforma que contribuye a la regeneración del Poder Judicial y al refuerzo de la separación de poderes, es decir, al refuerzo de la democracia.

Señorías del Partido Socialista, las cuatro asociaciones judiciales sin excepción nos han pedido que se reforme el sistema de los vocales del consejo general, las cuatro; nos han pedido que despoliticemos su órgano. Entonces, ustedes van a desoír las demandas de la carrera judicial; entonces, ustedes van a seguir manteniendo su poder clientelista. Les pido que no se queden solos en esta reforma; vuelvan al constitucionalismo de la mano de Ciudadanos, que somos la casa común de los constitucionalistas; vuelvan antes de que sea tarde. Esta reforma ha de aprobarse, evidentemente, con el consenso de los partidos constitucionalistas. Nuestra Constitución lo exige, nuestros jueces lo exigen, las asociaciones profesionales lo exigen, pero es que la opinión pública también lo exige. ¿Van ustedes otra vez a desoír a todos aquellos que siguen manteniendo su cuota de poder? Necesitamos, señorías, fortalecer nuestras instituciones ante los retos que se avecinan, ante los continuos ataques a la democracia. Elijan de qué lado están, aunque ya sabemos de qué lado están, y hagan el favor de elegir bien de una vez.

Sobre Podemos, les transmito exactamente lo mismo: esperamos que sepan entender que un Poder Judicial independiente y no controlado por el poder político es mejor, mucho mejor para la democracia y los intereses de la ciudadanía. Ustedes supuestamente entraron en política para cambiar el modo en que el bipartidismo hacía las cosas y, sin embargo, en cuanto les han dado la primera ocasión, una mínima oportunidad, han actuado del mismo modo que el Partido Popular y que el Partido Socialista, participando del cambalache de reparto de vocales del órgano de gobierno de los jueces.

Señorías, los políticos tenemos que ser valientes y reformar la justicia para que sea independiente y se pueda luchar eficazmente contra la corrupción. Tenemos una ocasión idónea para avanzar en la regeneración de nuestro país. No podemos permitir que la losa del bipartidismo o del viejo bipartidismo impida nuevamente despolitizar las instituciones. Por esta razón, en Ciudadanos consideramos que nuestras enmiendas abordan una reforma crucial para el Estado de derecho, que recogen además una demanda ciudadana y una exigencia histórica de la carrera judicial, las reformas que proponemos en nuestra ley, ahora transformadas en cuarenta enmiendas a la ley que hoy debatimos aquí: Que la elección de los doce vocales del Consejo General del Poder Judicial que proceden de la carrera judicial se lleve a cabo directamente por y entre los jueces y magistrados, como exige la Constitución, y no por el Congreso y el Senado, para garantizar la representatividad de toda la carrera en el Consejo General del Poder Judicial y no solo de los asociados. Los candidatos podrán presentarse reuniendo veinticinco avales o un aval de una asociación profesional y cada juez podrá votar a un máximo de seis candidatos, mediante listas abiertas y voto personal, libre, igual, directo y secreto. Todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial tendrán dedicación exclusiva. La supresión de los magistrados de designación autonómica en los tribunales superiores de justicia para evitar también que los políticos nombren a aquellos magistrados que, en su caso, tendrán que juzgarles. La regulación de límites a las puertas giratorias entre la política y la justicia. La limitación de mandatos: dos mandatos para el presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial, del presidente de la Audiencia Nacional, de los presidentes de los tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales. El establecimiento de una carrera judicial basada en el mérito y la capacidad. La objetivación de los criterios para ascender en la carrera profesional, que serán iguales para todos y que elegirán en un concurso de méritos público y transparente basado en tres criterios: antigüedad, especialización y evaluación continua. Por lo que respecta a los cargos esencialmente gubernativos, que los propios jueces y magistrados elijan de manera democrática los cargos de presidente de la Audiencia Nacional, de los tribunales superiores de justicia y de las audiencias provinciales por voto directo y secreto de todos los magistrados del órgano judicial.

Señorías, son estas medidas y no otras las que queremos aprobar, las que les proponemos. Creemos sinceramente que debemos llegar al consenso, y es importante que desde el consenso estemos de acuerdo con estas propuestas. Señorías, tengan en cuenta que nos jugamos mucho con esta reforma para el futuro. Insisto en lo que les he trasladado al principio: no es una reforma para ningún partido, es una reforma para el conjunto de la ciudadanía, para los profesionales.

En los años venideros la credibilidad de la justicia se va a poner en cuestión, ya lo está y se va a seguir poniendo en cuestión repetidamente, y lo mejor que podemos hacer los políticos, la representación de los ciudadanos españoles, es recuperar su fortaleza, recuperar su vitalidad, fundamentalmente a ojos de los ciudadanos, y no seguir practicando un juego trilero que no nos lleva a ninguna parte y que al final del camino nos hará daño, un daño terrible, a todos, al conjunto de la ciudadanía.

Por lo tanto, les pido que apoyen nuestras enmiendas y que no perdamos la perspectiva. Insisto, estamos hablando de regeneración, de profesionalización de la carrera judicial y estamos hablando de algo útil, de política útil para la ciudadanía.

Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Marcos.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, de nuevo, señorías.

Paso a defender las enmiendas que quedan vivas de Coalición Canaria. Hemos presentado un conjunto de enmiendas dirigidas a mejorar las condiciones de trabajo de los profesionales de la Administración de Justicia. Entendemos que son enmiendas que tienen unas particularidades muy concretas y, desde luego, no rompen ninguno de los consensos con los que vino este texto del Congreso. Después, en el turno de portavoces, daré mi opinión sobre el conjunto del dictamen tal como va a quedar.

Hay algunas enmiendas en relación con la carrera profesional, en concreto sobre los diferentes estamentos de la Administración de Justicia, que nos parecía importante que quedaran recogidas, pero entendemos que con lo que hemos corregido entre todos ya ha quedado bien. En este sentido, también quiero agradecer el trabajo del letrado de la ponencia y de la comisión.

Mantenemos viva una enmienda de modificación al apartado 16. Este apartado habla de la función de refuerzo de los jueces de adscripción territorial y nosotros proponemos que se quite el párrafo donde dice que los órganos judiciales reforzados lo harán sin que la dotación del refuerzo pueda conllevar además asignación de medios materiales o personales distintos a aquellos con los que cuenta el juzgado al que se adscribe dicha función de refuerzo. Nosotros entendemos que este último apartado hay que suprimirlo porque con frecuencia se nombran varios jueces de refuerzo para juzgados que no podrían ser atendidos con la plantilla que tiene el juzgado, y no nos parece que esto pueda ser operativo. Por ejemplo, juzgados de los denominados de cláusula suelo, donde no se podrían seguir celebrando señalamientos si no se incrementan los auxilios judiciales, o qué decir de lo que pudiera ocurrir en los juzgados de lo social, donde asignar varios magistrados haría que, de alguna manera, este esfuerzo de asignación pudiera ser baldío, puesto que si no hay más personal de apoyo los temas no se podrían resolver.

Presentamos otra enmienda al apartado 16. En este caso, en el punto seis se dice que los desplazamientos del juez de adscripción territorial darán lugar a una indemnización por razones de servicio y que se determinará reglamentariamente. Nosotros lo que decimos es que debería quedar: ... reglamentariamente —y a continuación— por la comunidad autónoma donde estén destinados. ¿Por qué decimos esto? Porque quien abona es la comunidad autónoma y lo que pretendemos, por lo menos en mi comunidad autónoma, es que no se establezcan diferencias entre los funcionarios de distintas administraciones dentro de nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, nos parece que debe ser la comunidad autónoma la que haga este desarrollo reglamentario teniendo en cuenta las necesidades y las funciones.

Otra de las enmiendas, en este caso al apartado veintiocho, plantea una modificación. Estamos hablando del artículo 466, que trata del secretario coordinador por provincia. Tal y como está recogido actualmente en la ley, establece una diferencia concreta: para las islas Baleares, que pueda haber un coordinador en las islas de Menorca e Ibiza, y en la Comunidad Autónoma de Canarias, otro en la isla de Lanzarote y la isla de La Palma. Nosotros proponemos un texto alternativo que diga: ... la isla de La Palma, Lanzarote y Fuerteventura. Porque es lógico, la isla de La Palma y la isla de Lanzarote geográficamente están muy distantes, no se puede tener presencia en la isla de Lanzarote y a su vez en la isla de La Palma; en cambio, Lanzarote y Fuerteventura sí, porque están una al lado de la otra. Por eso proponemos este pequeño cambio.

Presentamos otra enmienda al punto treinta y tres. Proponemos una modificación en la redacción del artículo 489, en el apartado que hace referencia a las circunstancias que permiten el nombramiento de funcionarios interinos, que tal como está recogido establece que pueda ser el exceso o acumulación de asuntos en los órganos judiciales por un plazo máximo de seis meses dentro de un periodo de doce meses». Nosotros planteamos una modificación que ponga un límite: hasta un plazo máximo de tres años ¿Por qué?



Porque es la indicación que hace el Tribunal Europeo para tener que estabilizar un puesto de trabajo. Es el tiempo que se supone que ya debe ser suficiente para conocer si, efectivamente, estamos hablando de una situación de eventualidad o debería abordarse no como un refuerzo, sino como un incremento de plantilla.

Hay otra enmienda al artículo 402, que es una especificidad en relación con las vacaciones, en la cual planteamos que se permita que se adapte a lo regulado en cada comunidad autónoma, o si no, en nuestro caso, lo que planteamos es que los funcionarios destinados en Canarias puedan acumular en un solo periodo las vacaciones correspondientes a dos años, porque es así como los propios letrados de la Administración de Justicia disponen reglamentariamente de este derecho.

Por último, señor presidente, presentamos dos enmiendas referidas al apartado treinta y siete, que tienen que ver con el centro gestor, concretamente el centro de destino. Nos preocupa que, tal como está recogido, se pueda forzar una movilidad —forzada, por así decir— del personal que rompa las expectativas de todos aquellos funcionarios que han concursado a un determinado puesto de trabajo, ya no solo por sus circunstancias personales, sino por los conocimientos especializados que requería y por el cual concursaron. Estas dos últimas enmiendas van dirigidas a acotar un poco estas características que están recogidas en la ley.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Julios.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, voto particular de los senadores Cleries y Bagué.

Tiene la palabra, senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.

El Grupo Nacionalista, en concreto el Partit Demòcrata, ha presentado diez enmiendas, de la 33 a la 42, y su contenido intenta mejorar y precisar la propuesta. Debo tener también unas palabras de agradecimiento para el letrado, el señor Ballarín, por su trabajo, cualitativamente muy alto y apreciable.

Primera enmienda, la número 33. Con el planteamiento que figura en la propuesta, se pasaría a hacer una regulación que permitiría al consejo general crear, a través de especialización, juzgados sin una vigencia temporal limitada y con el territorio y competencias que decidiese ese consejo. Entendemos que esto no es conveniente porque, en concreto, la segunda clave de la reforma sería el abandono de hecho del partido judicial como demarcación cercana a los ciudadanos.

La segunda enmienda, la 34, simplemente añade: «... o de la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia...» Es decir, es una mejora técnica y el informe favorable debe corresponder a la administración que ejerza las competencias en materia de justicia.

La enmienda 35 considera como adscripción territorial para hacer un refuerzo que esta deba acompañarse también de un refuerzo de medios materiales y personales, no solo con el titular del juzgado, porque si no se produce una disfunción. En cualquier caso, también previa aprobación por el Ministerio de Justicia o de la comunidad autónoma con competencia en materia de justicia, en el mismo sentido que habíamos comentado anteriormente.

La enmienda 36 es simplemente una mejora de redacción.

La enmienda 37 abre la opción a que existan dos secretarios coordinadores. Se entiende que en demarcaciones con un alto número de casos —por ejemplo, en la demarcación de Barcelona, en grandes provincias o en provincias con muchos habitantes— puede ser necesaria la figura de un segundo secretario coordinador. Entendemos que si hay un gran número de órganos judiciales puede ser interesante que, como mínimo, exista esta opción.

La enmienda 38 es simplemente de supresión, porque entendemos que es mejor el redactado actual.

Lo mismo ocurre con la enmienda número 39. Planteamos supresión por cuanto consideramos que el redactado actual es manifiestamente mejor que el propuesto.

La enmienda 40 establece que el supuesto de la acumulación de asuntos en órganos judiciales no quede limitado por plazos de carácter temporal. En concreto, el punto c) recoge el supuesto de exceso de acumulación de asuntos en órganos judiciales por un plazo máximo de seis meses dentro de un periodo de doce meses. Entendemos que es excesivo, que es poco práctico establecer un periodo de seis meses dentro de un periodo de doce porque es muy reducido y, a menudo, insuficiente.

La enmienda 41 también es de supresión, porque entendemos que es mejor el redactado actual.

La enmienda 42, que es la penúltima, establece la excepción para los juzgados de paz en la provisión de puestos de trabajo; es decir, que cuando regula la provisión de los puestos de trabajo, queden excluidos, queden aparte los juzgados de paz. Y ello porque entendemos que, tal como se plantea el artículo, se impide hacer algún tipo de reordenación de efectivos en los juzgados de paz, y si todas las plazas son ocupadas por funcionarios titulares no hay posibilidad de destinarlos a ningún otro órgano o servicio de la Administración de Justicia en el mismo municipio. Por tanto, creemos que es mejor tal como lo planteamos.

La última enmienda la presentamos porque se podría producir una paradoja o un contrasentido, y es que por decisión administrativa surgiría un nuevo órgano jurisdiccional, la sección, sin que hubiese habido ninguna decisión legislativa o gubernamental. Las secciones que contempla nuestra legislación son divisiones internas de los órganos judiciales colegiados, no órganos judiciales en sí mismos considerados. Por lo tanto, entendemos que la atribución al Ministerio de Justicia de la competencia para crear órganos judiciales contradice, de manera flagrante en este caso, la Ley 38/1988 y la propia ley orgánica. Se produciría también un contrasentido porque según la proposición, si no se limita al mismo partido judicial, podría ocurrir que todos los juzgados de un mismo orden jurisdiccional de una provincia pudieran integrarse en una sola sección, de modo que podría haber una sección civil de la provincia única o una sección penal única, teniendo en cuenta que en este caso ni siquiera se excluyen de esta medida los juzgados de instrucción.

Estas son las diez enmiendas que hemos presentado como Partit Demòcrata y, aun cuando sabemos ya la intención que tiene el grupo de la mayoría, las sometemos a su aprobación porque entendemos que mejorarían el texto propuesto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para la defensa de las enmiendas 43 a 45, tiene la palabra el senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Muchas gracias, señor presidente.

Senadora del Grupo Popular, si usted quiere tener un mínimo de autoridad moral y política para hablar de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, lo que tiene que hacer inmediatamente es pedir la dimisión del señor Cosidó. (Aplausos). Porque el señor Cosidó cree que el Consejo General del Poder Judicial es un botín del poder, un botín que hay que utilizar para hacer prevalecer el proyecto ideológico y partidista del Partido Popular, para perpetuar el bipartidismo en decadencia y para tapar su corrupción. Por lo tanto, hasta que no haga eso, para nosotros usted no tendrá ninguna autoridad ni moral ni política. Pero vayamos a las enmiendas.

Nosotros hemos presentado tres, una hace referencia a los casos de especialización y lo que nosotros decimos en nuestra enmienda es que la especialización de un juzgado para atender a necesidades puntuales solamente puede tener un carácter excepcional y temporal, porque si no correríamos el riesgo de modificar la planta y la demarcación judicial, cosa que el Consejo General del Poder Judicial no puede hacer porque esa es una atribución del legislador o del Gobierno.

La otra enmienda va en una línea parecida, porque habla de las unidades de apoyo procesal, y aquí decimos lo mismo: se pueden crear unidades de apoyo procesal, pero siempre que no conduzcan a modificar ni la planta ni la demarcación, porque esa también es una competencia reservada al legislador o, en su caso, al Gobierno, pero nunca puede ser una atribución del Consejo General del Poder Judicial.

Y la tercera y última enmienda trata también de la creación de un nuevo órgano jurisdiccional, cosa que por una vía indirecta podría producirse si no se enmienda el artículo 51, porque entendemos que encargar a más de un juzgado que se haga cargo de una serie de competencias podría conducir a la creación de un nuevo órgano jurisdiccional, es decir, de una sección, sin que hubiese habido con antelación una decisión legislativa. Por lo tanto, por esa vía tampoco podemos permitir que se modifique la planta y la demarcación judicial.

Por último, anuncio que en el próximo turno me referiré a unas enmiendas que presentamos en el Congreso y que aquí no hemos mantenido, pero que para nosotros también son importantes.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Estradé.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.

Lo primero, queremos sumarnos a la felicitación al letrado de la comisión y agradecer también al Grupo Popular que haya admitido alguna de nuestras enmiendas. Como decía el senador Navarrete, es una novedad y no estamos acostumbrados, con lo cual, muchas gracias.

La idea inicial de esta proposición de ley era revertir los recortes del Gobierno del Partido Popular de los derechos laborales de trabajadores y funcionarios a cuenta de la excusa de la crisis económica, como se había hecho ya con otros sectores de la Administración. De hecho, ese era el título de la proposición de ley cuando se presentó por parte del Grupo Popular en el Congreso: de reforma parcial del régimen de permisos y licencias; título que al llegar al Senado, curiosamente, ya había desaparecido por el de: reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial a secas.

Evidentemente, apoyamos y defendemos esa recuperación de derechos. No nos gusta —y así lo dijimos en la comisión—, aunque solo sea por técnica legislativa, difuminar propuestas legislativas introduciendo cosas que no tienen nada que ver. Tampoco nos gusta cómo en la Mesa del Congreso y en la del Senado se decide que unas enmiendas sí tienen que ver con la reforma de la ley y otras no, que son inadmitidas, según quién las presente. O que se presenten enmiendas in voce en el último momento en la misma ponencia o incluso en este Pleno, que luego van a ser aprobadas por esa mayoría absoluta que hace que aquí funcionemos a su ordeno y mando. Esta forma de legislar deja mucho que desear, la verdad.

También era imprescindible, como se ha hecho con la introducción de una enmienda en el texto de la ponencia, revertir la reforma del artículo 521, pues posiblemente no se midieron las consecuencias de la reforma de este artículo, que afecta a los centros de destino, y que es una reivindicación de prácticamente todo el funcionariado judicial. No se puede hacer una reforma así pasando por encima de la negociación con los representantes sindicales, al ser una sustancial modificación de las condiciones de trabajo. No se podía ratificar una reforma que podía dar lugar a una movilidad forzosa y arbitraria de los funcionarios, y que es contraria a la conciliación laboral.

Además, se han incluido en el dictamen otras enmiendas que valoramos muy positivamente, como la instauración de la carrera profesional, la eliminación del cese de los refuerzos a los seis meses, la eliminación de los descuentos retributivos por incapacidad transitoria para el personal de todos los ámbitos territoriales y la actualización de las retribuciones durante las licencias por enfermedad, incluidas las correspondientes a los nuevos trienios. Hasta ahí bien, pero en esta reforma también se introdujo, por razones evidentes de urgencia al finalizar el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial, el cambio de modelo. Pero de eso ya hablaré después en el turno de portavoces.

Y centrándonos en nuestras enmiendas, la 46 —que otros grupos también han presentado en forma similar— modifica el artículo 347 bis en su punto 5. Es evidente, porque es imposible que los jueces de refuerzo puedan realizar su labor sin el personal auxiliar correspondiente. Si hay necesidad de nombrar jueces de refuerzo es porque hay juzgados especialmente sobrecargados de trabajo y con la redacción aprobada en el Congreso se produciría una nueva sobrecarga insoportable para el personal con el trabajo que desarrolle el juez de refuerzo. Si no hay personal para hacer el trabajo auxiliar, poco refuerzo supondrá un juez de refuerzo. Por ejemplo, en los juzgados de cláusula suelo, donde se están asignando jueces de refuerzo dado el colapso, también se han asignado funcionarios de refuerzo. Con la redacción que se plantea esto no se podría hacer, lo cual es ridículo.

Las enmiendas 49 y 68 introducen mejoras técnicas.

Las enmiendas 51 a 53 son relativas a la promoción interna del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, a fin de revertir las restricciones que se introdujeron en la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio. Así, en la 51 se introduce la previsión de que el 50 % de las plazas que se saquen se reserven al sistema de promoción interna, acreciendo a las convocadas por oposición libre las que no se cubran por aquel. En la enmienda 52 se recoge en el apartado 1 la actual denominación del cuerpo de letrados de la Administración de Justicia. Se añade un párrafo segundo, conforme al cual la convocatoria comprenderá todas las plazas vacantes, así como un número adicional para cubrir las bajas que se prevean hasta la siguiente convocatoria. En el apartado 2 se eleva del 30 % del texto vigente al 50 % el número de plazas reservadas a promoción interna y se suprime la autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que establece la norma en vigor para dicha reserva. Además, para el caso de no existir oferta de empleo público se establece la convocatoria por el ministerio de un proceso de promoción interna del 50 % de las plazas vacantes, mientras que la norma en vigor las limita al 15 %. Se elimina para este caso la excepcionalidad que establece la norma vigente, así como la autorización previa del citado ministerio.

La enmienda 53 añade en el apartado 1 una referencia al acceso desde el cuerpo de facultativos del Instituto Nacional de Toxicología al de médicos forenses o viceversa. Y en el apartado 2 se establece que se reservarán para promoción interna el 50 % de las plazas vacantes, y se añade un párrafo segundo conforme al cual, de no existir oferta de empleo público, el ministerio convocará un proceso de promoción interna específico con el 50 % de plazas vacantes.

Las enmiendas 55 y 56 vienen a reconocer el derecho a la progresión en la carrera profesional horizontal del personal de la Administración de Justicia y, por tanto, también al concepto retributivo aplicable, como ocurre en el resto de administraciones públicas de ámbito estatal, autonómico o local, que sí lo tienen reconocido.

Agradecemos que se haya modificado la enmienda relativa al artículo 495, apartado 1, eliminando el añadido de la letra m), porque creemos que redundaba en el derecho a la carrera profesional, que ya se reconocía en la letra c) de la versión actualmente vigente.

Finalmente, quiero mostrar también nuestro apoyo a las enmiendas números 6, de Compromís, y 43, de Esquerra Republicana, sobre el artículo 98.2. Entendemos que dicha medida debe ser excepcional y por tiempo determinado, y aun así no nos gusta si se toman decisiones a su amparo, como la de la creación de los llamados juzgados de cláusula suelo, con la concentración en un solo juzgado de la capital de cada provincia de todos los litigios de esa provincia relativos a la impugnación de cláusulas de contrato de préstamos hipotecarios, con un resultado bastante desastroso y con el colapso que están sufriendo. Pero es que dejar tan abierto el artículo 98.2 es un peligro si se tienen intenciones o tentaciones de eliminar partidos judiciales de localidades pequeñas. Con la redacción que propone la reforma, eliminando la excepcionalidad y la temporalidad, se abre una puerta peligrosa a la desaparición de los juzgados de localidades pequeñas y medianas, con la que nosotros tampoco estamos de acuerdo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Comorera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ. Gracias, presidente.

Señorías, mi grupo ha solicitado voto particular para que se mantenga el texto que nos fue remitido del Congreso, en el sentido de que se supriman las enmiendas 112 del Grupo Popular y la enmienda in voce que introducía una nueva transitoria.

Señorías, en una proposición de ley que nada tiene que ver con esta materia el Grupo Popular introduce una enmienda aquí en el Senado, sin debate alguno y de forma precipitada, sobre uno de los pilares de nuestro Estado de derecho, esto es, sobre cómo elegimos el órgano del Poder Judicial. Una enmienda que cambia radicalmente el sistema de elección de los vocales del turno judicial del Consejo General del Poder Judicial; sorprendentemente, sistema que ellos mismos, con su mayoría absoluta, aprobaron en 2013, el mismo que venían defendiendo hasta 24 horas antes de que se presentara esta enmienda y de que hubieran acordado la renovación del actual Consejo General del Poder Judicial. Señoría Ayala, como usted decía ayer: ¿Dónde va? Manzanas traigo. Eso mismo. De un sistema mixto, en el que los jueces proponen y el Parlamento, como único representante directo de la ciudadanía, elige, pasan con esta enmienda a un sistema de elección puramente corporativista, en el que son los propios jueces, sin ninguna conexión con la voluntad popular representada en estas Cortes, los que eligen a sus órganos de gobierno.

Señoría, está claro que el actual sistema debe mejorarse, claro que sí, y además hacerlo de manera valiente, pero la reforma no puede realizarse a costa de que la ciudadanía española, representada en estas Cámaras, se vea excluida de participar en la elección de la mayoría de los miembros de un órgano de gobierno de un poder del Estado. (Denegaciones de la senadora Ayala Santamaría).

Señor Marcos, los socialistas somos unos constitucionalistas convencidos, defendemos desde el artículo 1 al último de la Constitución. Algunos de ustedes ponen énfasis en algunos artículos y en otros muchísimo menos. Pues en defensa de esta Constitución, en defensa del artículo 1 de la misma, que señala que todos los poderes del Estado emanan del pueblo español, representado en este voto popular, por eso hemos presentado este voto particular, y en defensa también de un mínimo de decoro a la hora de legislar, señora Ayala.

Han utilizado una buena ley —que hemos mejorado aquí, en el Senado— para garantizar los derechos de los trabajadores, para por la puerta de atrás introducir una reforma que nada tiene que ver con su objeto.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: Por ello, el Grupo Socialista presenta este voto particular. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Fernández.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Pérez.

El señor RODRÍGUEZ PÉREZ: Señor presidente, señorías.

Destaco desde el primer minuto de mi intervención que estamos ante una modificación muy relevante de una ley esencial y clave de la justicia española para adaptarla a los requerimientos del tiempo actual que vivimos, del siglo XXI. Y está siendo posible a partir de la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, en primer lugar, concebida para la recuperación de derechos económicos y derechos sociales del personal de la Administración de Justicia, jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia. Pero se ha avanzado mucho más, es verdad. Esta reforma normativa ayuda a mejorar nuestra Administración de Justicia, las condiciones laborales de sus profesionales, los instrumentos, los cauces, los procedimientos... En fin, todas aquellas vías que han de incrementar la confianza y la credibilidad de nuestra justicia.

Se han incorporado demandas profesionales, demandas de organizaciones internacionales como el Grupo Greco para alcanzar mejores niveles de percepción de la independencia judicial, establecimiento de parámetros objetivos de mérito y capacidad, condiciones para el acceso a los cargos de nombramiento discrecional, limitación de mandatos, condiciones de retorno a la jurisdicción de jueces y magistrados, plazos de caducidad para los expedientes sancionadores, instrumentos de cooperación en materia de recursos humanos entre ministerio y comunidades autónomas, fomento de la especialización material de cada jurisdicción, con ampliación competencial en lo que llamamos secciones de instancia y modificación de la organización del Consejo General del Poder Judicial, entre otros.

Repito, todo un conjunto de medidas para una progresiva adaptación y transformación imparable de la Administración de Justicia a estos tiempos actuales. Se ha hecho un gran trabajo, señorías, un gran trabajo parlamentario en el Congreso y también un gran trabajo parlamentario aquí, en esta Cámara, en el Senado y el resultado es una propuesta de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial mejor que la que inició la andadura para su modificación en el Congreso de los Diputados.

Ya nos manifestamos, señorías, en la ponencia y en la comisión respecto a las enmiendas que aquí se han vuelto a reproducir por los grupos enmendantes y nuevamente hemos de rechazarlas. Sí, sí, hemos de rechazarlas, a excepción de las enmiendas números 84, 102, 103 y 104, del Grupo Mixto, concretamente de Ciudadanos, que aceptamos en los términos en que han sido formuladas. Hay que decir, señorías, que muchas de las que ahora vamos a votar en contra podrían haber sido admitidas; sin embargo, hemos estimado que es más adecuado que sean nuevamente tenidas en cuenta en el desarrollo normativo de esta ley. Destaco, no obstante, el importante número de enmiendas que han sido aceptadas o transadas en ponencia, también en comisión; estamos hablando de alrededor de 24 o 25 enmiendas de las 114 que se habían presentado.

Miren, señorías, es un mecanismo absolutamente legítimo dentro de la vida parlamentaria este de establecer un sistema diferente de magnitudes de la discrepancia y de esa forma no querer poner encima de la mesa un compromiso. Pero creo que esta contradicción nos debe llevar a la reflexión de si en estos momentos no deberíamos todos hacer un verdadero esfuerzo para intentar alcanzar consensos duraderos en asuntos que considero que son de Estado. El debate que estamos celebrando aquí esta tarde tiene que ver, y mucho, con elementos absolutamente vitales, como el diálogo, la responsabilidad y la voluntad sincera de consolidar una arquitectura institucional sólida, funcional y operativa bajo la cual los españoles puedan desarrollar sus proyectos de vida y sus proyectos de convivencia. Es una necesidad sentida y es una necesidad requerida.

Es verdad, señorías, que hay asuntos en los que, por razones ideológicas, es muy difícil que exista acuerdo y consenso entre los distintos grupos que aquí representamos a los ciudadanos y a las comunidades autónomas. Pero estamos en presencia de una de esas leyes sobre las que, con independencia y al margen de la ideología que profesemos cada uno de nosotros, podemos y debemos ser capaces de estar a la altura de las circunstancias. Hemos demostrado haber trabajado con la fórmula del consenso en torno a las cuestiones más polémicas del proyecto. En muchas, ciertamente nos hemos entendido, y nos hemos entendido con las diferencias que manteníamos, y en otras, como en el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, no ha sido posible.

Señorías, las estructuras del Estado, del aparato productivo y de muchas de nuestras instituciones están siendo sometidas a una profunda reforma, a una profunda revisión, por la necesidad imperiosa que tiene España de dotarse de una mayor iniciativa, de más eficacia, de un dinamismo real hacia una situación de estabilidad. Tenemos que hacer las reformas necesarias para abordar los tiempos que vienen. No hay Administración que esté al margen del ejercicio de autocrítica y no hay razón por la cual el órgano administrativo y político que gobierna el Poder Judicial haya de quedar fuera de ese esfuerzo colectivo, demostrando así su capacidad de adaptarse a los cambios y de evolucionar junto a la sociedad.

Nuestra aportación, la aportación del Grupo Parlamentario Popular, ha consistido, señorías, en hacer más operativo este órgano de Gobierno, y para ello hemos contado con el más eficaz de los instrumentos, la Constitución, señorías, en cuyo artículo 122 se encuentra cuanto necesitamos para ello. Se respetan escrupulosamente las competencias atribuidas al Consejo General del Poder Judicial, que son, siguen siendo inamovibles. El artículo 122 tiene por objeto, entiéndanme bien, el consejo, no el Poder Judicial, sino el órgano de Gobierno del Poder Judicial, puesto que este no reside en nada distinto, nada más que en el pueblo y se administra por sus titulares, es decir, por cada juez y por cada magistrado cuando dicta un resolución y juzga y hace ejecutar lo juzgado, en tanto que poder queda definido en el artículo 117, que, como no puede ser de otra manera, garantiza la independencia judicial y lo preserva de toda influencia, ya sea política, mediática o de cualquier otra naturaleza desde el momento mismo en que establece que los jueces son independientes, son inamovibles, responsables y sometidos al imperio de la ley.

Señorías, la reforma de la justicia es inaplazable y el Grupo Parlamentario Popular quiere una justicia independiente, pero independiente para cada juez y autónoma para el Gobierno del Consejo General del Poder Judicial, porque el Poder Judicial por sí mismo no puede ser independiente. Independientes son los jueces, independiente es el juez que dicta su sentencia a la vista de la prueba practicada en el juicio. La autonomía sí se debe predicar del Consejo General del Poder Judicial; el órgano constitucional es el que deber ser autónomo respecto a los otros poderes del Estado, pero la independencia que ustedes tanto han alegado y tanto han invocado y predicado, también aquí esta tarde, es precisamente la de cada juez individual.

Es esta una ley no solo importante, señorías, sino también necesaria, muy necesaria, y los grupos políticos estamos aquí para ser correa de transmisión de lo que la sociedad nos pide. El Grupo Parlamentario Popular ha hecho justamente lo que tenía que hacer. Había un problema determinado y ha hecho una propuesta determinada para solucionarlo en el lugar en el que podía hacerlo, aquí, en el Senado.

No estamos modificando, señorías, una ley cualquiera, sino justamente la Ley Orgánica del Poder Judicial. Estamos convencidos de que esta va a ser una reforma útil, una reforma eficaz y ofrece, sin duda alguna, un modelo válido para afrontar las necesidades del Gobierno del Poder Judicial durante estos próximos años, durante este siglo. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Debo insistir en el objetivo principal de esta reforma, que no es otro que la modernización y la transformación de la justicia. Un objetivo, señorías, que no es nuevo, lo sé. Desde hace ya quizá más de una década se viene demandando una justicia que actúe con rapidez, con eficacia y con calidad en la que los tiempos de respuesta sean razonables y se alcancen los máximos niveles posibles de profesionalización y especialización. Esta reforma va en esa dirección.

Es el artículo 1 de la Constitución española que nos dimos en 1978, señorías, el que establece los cuatro valores superiores del ordenamiento jurídico: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. La justicia nos la dimos como valor superior del ordenamiento jurídico y es la propia Constitución y la misma Ley Orgánica del Poder Judicial las que se encargan principalmente de regular todo aquello que tiene que ver con la justicia y con la Administración de Justicia. Ahí es donde se encuentra el estatuto orgánico del Poder Judicial, que en este momento estamos reformando.

Por lo que hemos oído en las precedentes intervenciones, da la impresión de que quieren aprovechar cualquier reforma en materia de justicia para hacer un juicio a la justicia. Vale todo para juzgar a la justicia, y la documental, la pericial y la testifical que ustedes presentan siempre es la misma: ver si por fin logran que se condene a la justicia. Nosotros, por el contrario, señorías, lo que queremos es mejorar la justicia, mejorar el funcionamiento de la justicia. En lugar de criticarla y de hacer un juicio a la justicia, señorías, les pido a todos que se sumen a estar a favor de la justicia.

Repito, se ha trabajado mucho y bien en ponencia y en comisión. Lamentamos la posición del no de algunos grupos parlamentarios, pero el resultado, créanme, será una ley que desarrolla e incorpora instrumentos y mecanismos que inciden en más justicia, mejor justicia, justicia ágil y por todo ello justicia de calidad.

En fin, la discrepancia, señorías, es legítima, es saludable, ayuda a la reflexión y a alcanzar la mejor solución o respuesta. Sin embargo, el negacionismo basado en el principio y la exclusión, señorías, no sirve para nada; no sirve de nada. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Popular, va a votar en contra de las enmiendas que han sido mantenidas y defendidas por los grupos enmendantes a excepción de las que he referido anteriormente.

El Grupo Parlamentario Popular no ha retirado ni retira ninguna enmienda de las presentadas en su momento. Las presentadas por nuestra parte, señorías, a los artículos 570, 578 y 586, relativas a la elección de los jueces, ahí están y se incorporarán al texto, a excepción de las que afectan, como digo, a los artículos 567, 572, 574 y 575, y será así por la aceptación de las enmiendas 84, 102, 103 y 104 del Grupo Ciudadanos. Hemos intentado hasta el último momento transar un mejor texto junto con el Grupo Ciudadanos, pero no ha sido posible por la negativa del resto de grupos parlamentarios. Espero que en otro momento y en otra instancia pueda la redacción pulirse mejor de lo que va a salir de esta Cámara.

El Grupo Parlamentario Popular, y termino con ello, señor presidente, deja constancia, como han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra, de su agradecimiento a todos los que han contribuido al buen trabajo en la tramitación de esta ley. Al trabajo de todos, sin exclusión, señorías; sin duda también al letrado de la comisión por su siempre excepcional trabajo y, por supuesto, a mi compañera de ponencia Cristina Ayala.

Mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, está convencido de que con esta ley se va a avanzar en la mejora del servicio público de la justicia y en un mejor funcionamiento del órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Intervengo brevemente para decirles que Compromís tiene sensaciones encontradas con el tema que debatimos hoy. Es claro y evidente que la reforma enriquece la relación de utilización de medios electrónicos, la transparencia, la provisión de plazas, la recuperación de algunos derechos de los trabajadores de la Administración de Justicia, e igualmente interesante es la equiparación de paridad entre los vocales, etcétera. Pero, como les decía, nos produce una sensación encontrada.

Hoy mismo hemos debatido aquí una moción del Grupo Popular, que no ha querido aceptar nuestras enmiendas porque, según ustedes, no iban con el tema: una moción que hablaba de derechos laborales de los jueces y fiscales. También hemos debatido aquí una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para encajar el Pacto nacional de la violencia de género y no han tenido a bien aceptar ciertas enmiendas nuestras porque, según su criterio, cambiar violencia de género o contra la mujer por violencia machista no entraba en el tema del debate de esta ley, por lo que debía ir en otra modificación legislativa.

Estos dos debates nos han hecho reflexionar a la gente de Compromís. Nos han hecho pensar para poder decidir cuándo sí o cuándo no nos van a decir que un tema tiene relación con una moción o con una proposición de ley. Por eso les pregunto: ¿Incluir derechos laborales en una moción de juzgados del Grupo Popular que pedía el reconocimiento de derechos laborales pactados es coherente o no? ¿Va con el tema o no? ¿Hablar de violencia machista o sexual en una proposición de ley que habla de la violencia sobre la mujer es coherente o no? ¿Es hablar del tema o no? En cambio, ¿incluir una reforma de calado del método o sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial va con el tema o no? ¿Va con el tema hablar de derechos laborales, de transparencia, de nuevas tecnologías, de recuperar derechos perdidos de los trabajadores de la Administración de Justicia? Según ustedes, a veces sí, a veces no. Por eso les decía lo de los sentimientos encontrados.

Nos preguntamos por qué si un sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial que estaba bien diseñado, según la opinión del Partido Popular, hasta un curioso wasap de cierta persona, después, en un giro copernicano, es nefasto e inútil. Por tanto, ustedes deberían pensarlo un poquito. Senadores del PP, les pillaron con aquel wasap y, en una coreografía muy bien orquestada, han pedido la ruptura del pacto, el señor Casado ha propuesto un nuevo sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial y, como tenían poco tiempo y supongo que pocas ideas, se les ocurre hacer cortas y pegas. A Compromís le resulta sorprendente.

En Compromís no estamos en contra de cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial. Pero necesita un debate sosegado, no puede hacerse ahora, ya, rápidamente. Es necesaria la búsqueda de amplios consensos; eliminar la politización de la Justicia, por supuesto, y que respete lo establecido en la Constitución. ¿Recuerdan aquello de que la Justicia emana del pueblo? Quizás por eso el nuevo sistema tendría que basarse no únicamente en una decisión corporativa, sino que debería ser un nuevo sistema, más democrático, más representativo, de toda la sociedad, más transparente y más claro, para que las personas tuvieran la certeza de que va a ser transparente y sin interferencias políticas.

Por todo ello, como le he dicho anteriormente, tenemos sensaciones encontradas. Antes de leer las enmiendas del Grupo Popular estábamos a favor. Ahora, después de esta cacicada, no tenemos la misma sensación de apoyo.

Por último, antes de acabar, porque me queda poco tiempo, quiero hacerles una reflexión, sobre todo a la Mesa de la Cámara: cuando ciertos grupos parlamentarios o senadores presentan enmiendas se les pide que tengan relación con el tema de debate, que justifiquen el porqué de esas enmiendas y razonen los motivos para que se puedan tramitar o debatirse, mientras que otros grupos parlamentarios se permiten justificar reformas de calado con un refuerzo de la independencia judicial o pretenden cambiar algo tan polémico como el sistema de elección del Consejo del Poder Judicial con una justificación de mejora técnica. Sinceramente, hagámonoslo mirar, por favor.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, presidente. Buenas tardes.

El Partit Demòcrata va a votar en contra de las modificaciones que se introdujeron en ponencia y en comisión y nos vamos a abstener en la proposición de ley orgánica tal como venía del Congreso. Este es un texto que —ya se ha dicho— proviene del Congreso y cuya tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado, ha sido muy trabajada. Salió del Congreso con 262 votos a favor y ninguno en contra —creo que también es significativo este dato—, y en el Congreso hace pocos días se ha aprobado una moción consecuencia de interpelación, a propuesta del Partit Demòcrata, para que en el plazo máximo de seis meses se produzca la renovación del Consejo General del Poder Judicial y dejemos de dar esta imagen tan lamentable de pasteleo y de cuotas en el reparto de este órgano.

Los grupos mayoritarios quieren aferrarse a un bipartidismo ya inexistente para salvaguardar sus prebendas y sus cuotas. A nuestro entender, no existe una separación real, auténtica de poderes, y lo decimos con tristeza pero lo comprobamos cuando se producen abusos, como la prisión preventiva de más de un año para presos políticos catalanes que no han sido juzgados, y cuando vemos, con asombro, que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, para impedir la investidura de un diputado electo, en veinticuatro horas y en fin de semana se reúne con todas celeridad. Es evidente que nada puede contrastar más una situación que este ejemplo.

Se instrumentaliza claramente la cúpula judicial y se deja en manos de los grandes partidos el reparto de la cúpula. Se reduce o menoscaba el peso de las minorías, tanto territoriales como en su conjunto, queriendo hacer prevalecer un modelo de reparto bipartidista, que quizá tenía sentido en los años ochenta o noventa, pero que ahora ya no tiene sentido, tiene muy poca credibilidad y deberían tomar ejemplo del Consell de Justicia de Catalunya, que tiene un 90 % de apoyo parlamentario y que no es objeto del triste espectáculo al que nos someten el Partido Popular y el Partido Socialista.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Coalición Canaria tampoco va a apoyar las modificaciones introducidas en este texto en el proceso de la ponencia y de la comisión. Nos sorprende, además, que el Partido Popular reclame consensos, desde luego poco creíbles, cuando es él el que ha roto los consensos y especialmente en esta materia, y nos sorprende que se introduzcan, cuando estamos hablando de la modificación de una ley que el propio Partido Popular negoció y consensuó en su paso por el Congreso de los Diputados, una ley que en la exposición de motivos deja claro que lo que pretende es recuperar los derechos perdidos por los trabajadores de la Administración de Justicia, que es necesario y es urgente recuperar. Insisto, no nos parece que se persiga el consenso cuando se rompen los consensos, y no nos parece serio, parece más una decisión tomada buscando un impacto mediático y cortoplacista, pues es evidente que la mayoría absoluta que tiene el Grupo Popular en esta Cámara, en el Senado, no la va a tener en el Congreso cuando este texto vuelva a esa Cámara. Esta victoria va a ser flor de un día. Y nos preguntamos, ¿creen que vale la pena, señorías, romper el consenso por el titular de un día? Nosotros pensamos que no. Nos preocupa que no se tenga en cuenta lo que nos piden los trabajadores de la Administración de Justicia, que no mezclemos sus reivindicaciones, incluso laborales, con la politización de la Administración de Justicia.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora JULIOS REYES: En cuanto al contenido, pretender hacer modificaciones profundas sobre cómo elegir el Consejo General del Poder Judicial sin que el Partido Popular y otros grupos hayan hablado con nadie no nos parece la mejor forma de construir consensos en la Administración de Justicia, que es y debe ser un pilar fundamental en una democracia.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Arratsalde on. Buenas tardes.

Cuando el senador Cosidó comunicó a su grupo de wasap que personalmente y en primera fila participó en las —vamos a llamarlo eufemísticamente así— negociaciones —que en realidad son una serie de lavados de cara— para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se está inculpando del contubernio del actual sistema de designación de los vocales del consejo. Quizá alguna persona ingenua, inocente, pensando que el consejo no posee funciones jurisdiccionales, consideraba que la designación de los vocales del consejo era un problema de identidad menor que desde la perspectiva de los derechos y libertades solo requería una protección refleja o una protección vamos a llamarla de segundo grado, ya que esta composición y designación no influía en la actividad jurisdiccional.

El magistrado Marchena, renunciando a su condición de presidente del consejo in pectore, nombrado sin todavía haber sido elegidos siquiera los miembros del Consejo General del Poder Judicial, en su comunicado puso de manifiesto que la razón de su dimisión es su renuencia a determinar el curso y final de un proceso concreto, el procés.

La actividad parlamentaria en relación con el Consejo General del Poder Judicial consiste principalmente hoy en renovar algo de lo que escasea, que es su credibilidad, y esa es nuestra responsabilidad. Consiste en acabar con una serie de atrofias democráticas que se están produciendo, como la consistente en que, una vez volatizado el pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista, el Partido Popular imponga como condición política para la renegociación de dicho pacto, la dimisión de la ministra Delgado. Luego hablaremos del sistema de designación de vocales del Consejo General del Poder Judicial y diremos que no está politizado. Alguien se ha querido cobrar dos piezas y, lo más grave, la propia credibilidad del Consejo General del Poder Judicial: el control de la Sala Segunda, de la jurisdicción penal y el control de la Sala del 61 que, como ustedes saben, entiende sobre la ilegalización de los partidos políticos, de lo que en Euskadi algo sabemos.

Señorías, venimos de un acuerdo ampliamente trabajado. Cuando este texto entró en el Congreso de los Diputados eran unos apartados de un artículo único, dos folios. Y fue un proyecto que se desarrolló, se trabajó y se acordó, y al que creo que el Partido Nacionalista Vasco, además, algo ha aportado.

Les voy a leer el texto que hace referencia —precisamente el texto acordado— al Consejo General del Poder Judicial, que es uno de los temas que más nos preocupa y ocupa a nosotros, como Partido Nacionalista Vasco. El texto acordado entre las fuerzas políticas, entre las cuales incluyo al Partido Popular, dice lo siguiente: Los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial serán designados por las Cortes Generales del modo establecido en la Constitución —del modo establecido en la Constitución— y en la presente ley orgánica, atendiendo al principio de presencia paritaria entre hombres y mujeres.

Bien, ¿qué ha pasado para que lo que ya era un amplio acuerdo se convierta en papel mojado? Y que el Partido Popular no nos traslade la idea de que ha sido algo muy meditado y pensado, porque todos somos conocedores de cómo se introdujo la enmienda en el Senado, una enmienda que ha tenido que vivir una serie de correcciones de errores...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino.

... algo graves que hacían referencia a una terminología de los años ochenta, y que de una manera terriblemente rápida e improvisada han tenido que corregir.

Tengo muchas más reflexiones, pero lo que verdaderamente nos importa...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Termino.

... es que lo que era un acuerdo se ha roto, sin debate, sin intento de construir otro tipo de mayorías y sin respeto a lo precisamente trabajado entre todos los grupos parlamentarios.

En consecuencia, nosotros votaremos en contra de esta proposición de ley...

El señor PRESIDENTE: Debe terminar, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: ... porque nos quedamos donde estábamos antes. Y nos abstendremos en todas las enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes. La actuación del señor Cosidó es el síntoma... (Rumores). Sí, viene a cuento porque estamos hablando de la proposición de ley para reformar el Consejo General del Poder Judicial. Decía que es un síntoma de una profunda descomposición ética, política e institucional, de una profunda descomposición que va a conducir, si no hay un giro de 180 grados, a la implosión del Estado español. Porque lo que está haciendo el Partido Popular, a veces con la ayuda del Partido Socialista, desgraciadamente, porque el señor Cosidó con alguien debió pactar, supongo, el obsceno reparto del poder, indica que el proyecto que tienen los dos grandes partidos —porque aquí estamos hablando de perpetuar un bipartidismo que la sociedad española ya ha rechazado y ha puesto en cuestión— es perpetuar ese bipartidismo para favorecer unos determinados intereses económicos, sociales y políticos para que no haya cambio. Para que las fuerzas que propugnan un cambio en clave social, como puede ser, por ejemplo, Podemos, no tengan acceso a los grandes poderes del Estado. Para que las fuerzas que proponemos un cambio en clave social y territorial, como puede ser Esquerra Republicana, no tengamos acceso a los grandes poderes del Estado. Es decir, ustedes, a veces con la complicidad del Partido Socialista, quieren apropiarse, usurpar el Estado, apropiarse de la Constitución, apropiarse del Tribunal Constitucional, apropiarse de la Corona, apropiarse de los cuerpos de seguridad del Estado, utilizándolos para operaciones de Estado contra el independentismo, como se ha demostrado. Es decir, lo que están haciendo es una utilización ilegítima y una instrumentalización partidista para sus finalidades ideológicas y para tapar la corrupción de todas las instituciones del Estado.

Pues bien, vamos a votar en contra, claro que sí. Primero, porque ustedes traicionaron el consenso que se estableció en el Congreso; lo han traicionado, porque el texto llegó consensuado y, después, ustedes, de forma unilateral, han roto ese consenso. Y, segundo, porque ustedes piensan seguir controlando, instrumentalizando el Consejo General del Poder Judicial. Y mientras no haya voluntad de poner las instituciones al servicio de aquellos partidos que la ciudadanía ha votado libremente aquí habrá una dictadura encubierta. Se respetarán algunas formalidades democráticas, pero la utilización del poder se hará sin respetar el verdadero espíritu de la democracia.

Por último, voy a hablar del Consell Català de Justícia, que fue un asunto que se sometió también a debate en el Congreso y que fue rechazado. Lamento que el Partido Socialista no se comprometiese, como mínimo, a que en una futura reforma se pudiera incluir la creación de un Consell Català de Justicia, como el PSC apoyó en Cataluña cuando elaboramos el Estatuto del 30 de septiembre de 2005. Y lamento también que en Podemos, que sé que es favorable a la creación del Consell Català de Justicia, no hubiese un compromiso más claro para abordar su creación, porque al menos sus antecesores ideológicos votaron a favor de esa cuestión. Sin un Consell Català de Justícia no habrá verdaderamente un Estado plurinacional.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ESTRADÉ PALAU: Termino ahora mismo.

Porque de la misma manera que para que haya un Estado plurinacional de verdad tiene que haber un Ejecutivo y un Legislativo, tiene que haber un Poder Judicial propio. Por cierto, en el año 32 la Generalitat ya tenía la opción...

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor ESTRADÉ PALAU: ... de participar en la designación de los jueces.

Por tanto, por todas esas razones, vamos a votar que no. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Estradé.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.

En el Congreso se llegó a un acuerdo apoyado por 294 votos a favor que, aunque a nuestro grupo no le acababa de convencer ni era la ley que le hubiera gustado, al menos suponía el certificado de defunción de la Ley 4/2013 del ministro Gallardón, que deriva en un funcionamiento del consejo cuyo presidencialismo y falta de transparencia nos ha llevado a una situación ciertamente caótica y seguramente al peor momento de descrédito de la justicia en España, culminada con el bochornoso espectáculo de la Sala Tercera del Tribunal Supremo con el impuesto sobre los actos jurídicos documentados.

Además, la reforma que vino del Congreso incorporaba de una vez por todas la paridad, para tratar que no se reproduzcan esas fotos de togas negras de señores en una carrera judicial con una mayoría de mujeres, y otras medidas de anticorrupción y transparencia.

Y a partir de ahí llegamos al espectáculo radiado: PP y PSOE llegan a un acuerdo sobre la composición de los vocales del Consejo, como siempre, antes de que los candidatos ni siquiera se sometan al escrutinio de la Comisión de Nombramientos del Congreso. Es más, incluso aparece en la prensa quién será el futuro presidente antes de ser designados los vocales que deberían elegirlo. Todo un desaguisado fruto de los acuerdos de despacho del bipartidismo, que es lo que ha desfigurado cualquier forma de elección del consejo que sobre el papel podía ser un buen sistema. Pero, bueno, todo más o menos como siempre han hecho PP y PSOE, hasta que aparece el famoso wasap de Cosidó, un Cosidó que a estas horas sigue ahí —no aquí sentado, porque no está ahora mismo—, un homenaje a la independencia judicial: Obtenemos lo mismo numéricamente, pero ponemos un presidente excepcional, un gran jurista con una capacidad de liderazgo y auctoritas para que las votaciones no sean 11/10 sino próximas al 21/0 y, además, controlando la Sala Segunda desde detrás y presidiendo la Sala 61. Fenomenal, ¿no? Sigue el wasap: Ha sido una jugada estupenda que he vivido desde la primera línea. Nos jugábamos las renovaciones futuras de dos terceras partes del Tribunal Supremo y centenares de nombramientos en el Poder Judicial vitales para el PP y para el futuro de España.

A partir de ahí, se produce la escenografía, la ruptura del pacto, y el señor Casado defendiendo un cambio en el sistema de renovación del consejo. Nos hacen un corta y pega a toda prisa de la Ley Orgánica de 1980, con las audiencias territoriales y los juzgados de partido y de distrito incluidos, y nos justifican todo eso en una enmienda motivada como una mejora técnica.



Tremendo. Y no nos vengan, señorías del Partido Popular, con la cantinela de que se han dado cuenta de que había un problema con el modelo, porque ya somos mayorcitos, que sin el wasap, aquí paz y después gloria.

La reforma del sistema de elección del consejo necesita un debate sosegado y un amplio consenso para buscar un sistema que despeje de una vez la politización de la justicia y sea respetuoso con lo que establece el artículo 117 de la Constitución, que algunos parecen olvidar: que la justicia emana del pueblo. Y guste más o guste menos, nosotros somos sus representantes. Y, señor Marcos, no nos venga dando lecciones, porque lo único que han hecho ustedes en Cataluña ha sido pactar con Junts per Catalunya y Esquerra Republicana un sillón en el consejo de TV3.

El problema del consejo no es la participación del Parlamento, sino la partitocracia y la perversión del sistema por el bipartidismo. El problema es que el sistema de selección del PP y del PSOE ha sido pagar favores o hacer favores para que sean debidos. En democracia, el respeto a los procedimientos legales en la elección de cargos tan importantes no es una mera cuestión de forma, sino de principios. Nosotros creemos que el sistema de elección debe tener, sobre todo, una base democrática, y por eso no defendemos un sistema basado únicamente en la designación corporativa, como el que ahora, deprisa y corriendo, nos proponen. Pero tampoco defendemos el sistema bipartidista que se sigue desde 1985, en el que se negocia a espaldas de las Cortes entre PP y PSOE y se nombra a personas a las que se les debe algo o para que deban algo. Entendemos que debería ser un proceso abierto y transparente en el que se elija a personas que van a desempeñar su cargo con independencia de interferencias partidarias, aunque, obviamente, el consejo ha de recoger el pluralismo social.

Por todo ello, no podemos apoyar el dictamen mientras se incluyan las enmiendas del Grupo Popular cambiando la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, algunas introducidas in voce el mismo día de la ponencia. La verdad es que el daño que han hecho ustedes a la justicia en estas pocas semanas costará mucho rehabilitarlo. Y hoy seguimos con un Consejo General del Poder Judicial en funciones y sin legitimidad, pero que sigue haciendo actos y nombramientos discrecionales, sin tener en cuenta los méritos y la capacidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: Gracias, presidente.

En primer lugar, en mi último turno de intervención, me gustaría agradecer su trabajo a los servicios de la Cámara, a los miembros de la ponencia, a los miembros de la Comisión de Justicia y a todos los que han facilitado la tarea en el desarrollo y elaboración de esta proposición no de ley.

En segundo lugar, quiero manifestar que mi grupo va a votar a favor de enmiendas técnicas planteadas por el Grupo Mixto, el PDeCAT o Unidos Podemos concretamente a las enmiendas números 24, 79, 68, 49, 86, 96 y 106 por entender que vienen a mejorar el texto que nos ha remitido el Congreso.

Dicho esto, me gustaría finalizar mi intervención diciendo que la proposición de ley que hoy debatimos se circunscribía inicialmente a la modificación única y exclusivamente de cinco artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la única finalidad de superar o revertir medidas restrictivas dictadas por razones presupuestarias en los años anteriores, o así al menos nos lo transmitió el ministro Gallardón. Pasamos, de una reforma que pretendía únicamente devolver a los jueces y magistrados y al personal del Ministerio de Justicia aquellos permisos, derechos y licencias suprimidos en el 2012, a hacer, con un gran trabajo y un gran esfuerzo —desde mi punto de vista, en mi humilde opinión— de todo el arco parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado, unos cambios de calado que afectan a cuestiones de tanta trascendencia como las facultades judiciales, la organización de la Oficina Judicial, el proceso de digitalización de la justicia, la reorganización y modificación parcial del Consejo General del Poder Judicial, entre otras.

Como digo, todos estos asuntos de gran calado contaron con un gran respaldo, con un gran consenso en el Congreso, consenso que el Partido Popular se está encargando de romper y dinamitar aquí esta tarde sobre la base de la improvisación. Una improvisación que no es únicamente de esta tarde, sino la misma que han desarrollado a lo largo de toda la tramitación. Por ejemplo, a esta proposición no de ley que ustedes mismos plantearon le presentaron cincuenta enmiendas, y el trabajo serio y riguroso del resto del arco parlamentario ha hecho que la propuesta que se nos ha enviado venga enriquecida.

Sin embargo, señorías, y reconociendo todos la responsabilidad que nos toca —es bueno siempre reconocer la responsabilidad—, no nos percatamos de que esas modificaciones estaban suponiendo una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de los funcionarios. Eso justifica la enmienda que se ha planteado, y agradecemos el acuerdo al que han llegado todos los grupos, dando respuesta, como digo, a esa reivindicación.

Pues bien, a pesar de que ese debate se ha enriquecido, de que es mucho mejor el texto que hoy se concluye que aquel con el que se inició, a pesar de la enmienda al artículo 521 que ha planteado el Grupo Socialista atendiendo a las reivindicaciones del conjunto de los trabajadores, muy a nuestro pesar, vamos a abstenernos, como han hecho el resto de fuerzas políticas. Y lo hacemos ante la barbaridad que el PP de nuevo nos pretende imponer, manteniendo la enmienda 112 sin debate, habiéndose presentado de forma precipitada, sobre lo que es uno de los pilares del Estado de derecho, sobre cómo elegir al órgano de gobierno del Poder Judicial.

Señores del PP, señora Ayala, les pido que recuperen la cordura. No es de recibo que quieran imponer una reforma que nada tiene que ver con el objeto de esta proposición. La irresponsabilidad manifiesta del señor Cosidó —insisto: del señor Cosidó— con su mensaje de wasap, poniendo en jaque el sistema judicial, poniendo en jaque la independencia del sistema judicial y su credibilidad, únicamente justifica su dimisión inmediata, y no, señores del PP, como están haciendo, el incumplimiento de los acuerdos parlamentarios y de respeto a los empleados públicos, como están haciendo. En mi pueblo, como en el de usted, los acuerdos se mantienen, no se rompen unilateralmente por intereses particulares de una fuerza política.

Señorías del PP...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: ... para construir una justicia mejor, que estoy convencida que es la que ustedes, yo y el resto del arco parlamentario necesitamos, son necesarias varias cosas. Se necesita, señorías del PP, una actitud de generosidad en la negociación.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: Perdone, presidente. Termino.

Se necesita, señorías, situar el interés general por encima de los intereses partidistas. Se necesita, señora Ayala, apostar por el diálogo. Se necesita practicar el consenso. Se necesita respetar los acuerdos, algo que se echa mucho de menos en la bancada del Partido Popular en los últimos tiempos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Ayala.

La señora AYALA SANTAMARÍA: Vamos allá. Buenas tardes de nuevo.

Empezando por el principio, ya que varios portavoces han hecho referencia a ello, quiero decir que el señor Cosidó, nuestro portavoz del Grupo Popular, tiene todo nuestro apoyo. (Aplausos).

Y continuamos con otra cosa que es muy importante, porque creo que el Senado hoy es punta de lanza en proponer la independencia judicial. Y no les entiendo, señorías. Ustedes están diciendo, por un lado, que no hay separación de poderes y, por otro, que no se nos ocurra separarlo. No hay quien entienda su discurso. O lo uno o lo otro. Como decimos en mi pueblo, como usted dice, señora Fernández: sopas y sorber, no puede ser.

Lo que el PP ha hecho hoy y lo que hizo cuando introdujo esta enmienda fue realizar un diagnóstico y ofrecer una solución. Llevamos con un modelo que ha estado vigente treinta y tres años, y creo que el diagnóstico es claro. Hoy podemos afirmar, y creo que en eso va a coincidir todo el arco parlamentario, que en España hay un problema de percepción de la independencia judicial. Si tomamos como referencia el cuadro de indicadores de la Comisión Europea vemos que en 2018, aunque mejoró en 8 puntos sobre 2017, un 39 % de los españoles dicen que la independencia es buena o muy buena, pero casi la mitad está diciendo que es mala o muy mala. ¿Qué hacemos? ¿Nos cruzamos de brazos? ¿Hacemos como que no pasa nada o en un momento determinado tomamos una decisión? Lo que ha hecho el Partido Popular es, ni más ni menos, tomar decisiones, que es lo que tienen que hacer los partidos políticos. Porque, señorías, nosotros no somos tertulianos, no somos cronistas de actualidad. Lo que tenemos que hacer precisamente es intervenir en la legislación, porque para eso somos Poder Legislativo.

Quiero también hacer mención a lo que ha ocurrido esta mañana, porque me ha parecido bastante feo por parte de todos los grupos que ni siquiera nos hayan firmado la posibilidad de que pudiéramos debatir unas transaccionales. No nos han podido bloquear, por mucho que lo hayan intentado —y de verdad lo han intentado—, y hemos aceptado sin más cuatro de las propuestas que presentaba Ciudadanos sin necesidad de transaccionarlas.

Tras esta parte, creo que podemos optar por distintas cosas en este debate. Podemos optar por echarnos los trastos a la cabeza entre todos. Podemos optar por decir que Podemos ha pasado de pedir que los jueces fueran elegidos por los ciudadanos a decir que fueran designados según su compromiso y su adhesión al Gobierno saliente. O pedir cuatro puestos en el Consejo General del Poder Judicial. Es que ni San Pablo con su conversión. ¿Ustedes piden un debate sosegado? Porque han pasado por tres posturas distintas. Lo que están diciendo no tiene ningún sentido.

Podemos seguir echándonos los trastos a la cabeza y manifestar las barbaridades que dicen los grupos independentistas haciendo, por ejemplo, referencia a ese Consell de Justicía, que ha sido declarado inconstitucional, señor Estradé, por una sentencia de 2010. Podemos seguir enfangando el terreno y decir que con este fallido proceso del Consejo General del Poder Judicial la tres veces reprobada y todavía ministra filtró interesadamente el nombre del que podía ser el presidente del Consejo General del Poder Judicial porque con eso ajustaba cuentas respecto a su compañero Garzón.

Pero, sencillamente, nos parece que echarnos los trastos a la cabeza no sería una posición inteligente porque eso es lo típico del «y tú más», que es precisamente lo que nos reprochan los ciudadanos. Creemos que los partidos políticos —se lo dije en la comisión— tienen que ser la correa de transmisión de lo que sucede en la sociedad. Sabemos que ese problema existe, lo sabemos todos. Y si todos sabemos que ese problema existe, tomemos decisiones. No seamos cronistas ni tertulianos, tomemos decisiones en lo que aquí nos afecta; para eso somos el Legislativo, para proponer. Y lo que hemos hecho, en la modificación de la LOPJ, es proponer una enmienda que cambiaba la elección de los jueces, y que decide, en ese paso decidido para la independencia judicial, que sean los jueces los que elijan a sus pares.

Les pido que reconsideren su voto, porque creo que lo que podemos aprobar aquí es histórico y, sobre todo, necesario. No solo lo decimos nosotros, que al final solo somos un grupo político que en este momento tiene mayoría en el Senado y también en el Congreso, lo dicen las cuatro asociaciones judiciales. Ayer emitieron un comunicado diciendo que todos están a favor. También lo dice la opinión pública. Por cierto, señora Fernández, usted me hablaba de los trabajadores. Trabajadores son tanto los cinco mil jueces como los muchos miles que trabajan en la Administración de Justicia.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora AYALA SANTAMARÍA: Termino ya, presidente.

Protejámosles a todos.

En fin, hoy hemos hecho un diagnóstico y damos una solución. Esa es nuestra obligación.

Gracias, señorías. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ayala.

Llamen a votación. (Pausa).



TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL JUZGADO PRIVATIVO DE AGUAS DE ORIHUELA (ALICANTE/ALACANT) Y PUEBLOS DE SU MARCO. (Votación). 622/000027 GPMX

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Sometemos a votación, en primer lugar, la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Alicante, y pueblos de su marco.

Para esta toma en consideración ha utilizado el voto telemático el senador Rafael Mateos, que ha votado afirmativamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247 más 1 voto telemático 248; votos emitidos, 247 más 1 voto telemático, 248; a favor, 247 más 1 voto telemático, 248.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica de la Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, Alicante, y pueblos de su marco. (Aplausos).



PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, PARA RECONOCER EL CARÁCTER DE TRIBUNAL CONSUETUDINARIO Y TRADICIONAL AL TRIBUNAL DEL COMUNER O DEL ROLLET DE L'HORTA DE ALDAIA (VALENCIA/VALÈNCIA). (Votación). 622/000028 GPMX

El señor PRESIDENTE: A continuación, sometemos a votación la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de tribunal consuetudinario y tradicional al Tribunal del Comuner o del Rollet de l’Horta de Aldaia, Valencia.

También el senador Rafael Mateos ha hecho uso de la votación telemática y ha votado afirmativamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248 más 1 voto telemático, 249; votos emitidos, 248 más 1 voto telemático, 249; a favor, 248 más 1 voto telemático, 249.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada la toma en consideración de la Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para reconocer el carácter de Tribunal Consuetudinario y tradicional al Tribunal del Comuner o del Rollet de l’Horta de Aldaia, Valencia.



DICTÁMENES DE COMISIONES

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, SOBRE MEDIDAS URGENTES EN APLICACIÓN DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. (Votación). 624/000011 Justicia

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos las enmiendas de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Votamos, en primer lugar, las enmiendas de los senadores Mulet y Navarrete números 1 a 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 34; en contra, 209; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, votamos las números 5 y 7 a 10.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 34; en contra, 210; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda 11.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 81; en contra, 146; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 25; en contra, 208; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes de la proposición de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 248.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas. (Aplausos).

Por último, votamos en un solo acto el resto de la proposición de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 247; a favor, 247.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.



PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Votación). 624/000012 Justicia

El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación, votamos las enmiendas de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Comenzamos votando las enmiendas de los senadores Mulet y Navarrete números 3, 4, 10, 11 y 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 19; en contra, 203; abstenciones, 26.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las números 5, 6, 9, 14 a 15 y 18.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 31; en contra, 204; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas 8 y 16.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 13; en contra, 220; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De la senadora Julios y el senador Rodríguez Cejas, del Grupo Parlamentario Nacionalista, votamos las enmiendas 21 a 23 y 31.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 37; en contra, 204; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 24.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 83; en contra, 146; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 27.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 20; en contra, 221; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 28.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 247; a favor, 9; en contra, 203; abstenciones, 35.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 30.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 26; en contra, 204; abstenciones, 18.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De los senadores Bagué y Cleries, del Grupo Parlamentario Nacionalista, votamos la enmienda 33.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 17; en contra, 223; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 34 a 36 y 39 a 42.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 37; en contra, 204; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 37 y 38.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 245; a favor, 17; en contra, 203; abstenciones, 25.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

De los senadores Alegre, Roldán, Crisol y Marcos, votamos, en primer lugar, las enmiendas 70 a 75 y 80.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 246; a favor, 22; en contra, 211; abstenciones, 13.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 76, 77 y 81.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 247; a favor, 23; en contra, 201; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 78.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 5; en contra, 213; abstenciones, 30.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la enmienda número 79.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 63; en contra, 155; abstenciones, 29.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 82, 83, 85, 87 a 90, 92 a 95, 105, 107 y 108.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 6; en contra, 231; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos las enmiendas números 84 y 102 a 104.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 147; en contra, 91; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Votamos la número 86.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 247; a favor, 63; en contra, 173; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 91, 99 y 109.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 6; en contra, 220; abstenciones, 22.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 96.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 80; en contra, 157; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 106.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 62; en contra, 163; abstenciones, 23.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, votamos las enmiendas 43 a 45.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 247; a favor, 33; en contra, 203; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, votamos las enmiendas 46, 55 y 56.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 28; en contra, 204; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 49.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 75; en contra, 147; abstenciones, 26.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas 51 a 53.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 248; a favor, 18; en contra, 204; abstenciones, 26.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 68.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 89; en contra, 147; abstenciones, 11.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario Socialista, votamos la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 112 y por la incorporación de una nueva disposición transitoria relativa al proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 247; a favor, 240; en contra, 3; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Votamos, finalmente, la propuesta de modificación con número 137551, firmada por todos los grupos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 247; a favor, 148; en contra, 16; abstenciones, 83.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Señorías, votamos en un solo acto aquellas partes de la proposición de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248; votos emitidos, 247; a favor, 149; en contra, 17; abstenciones, 81.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, votamos en un solo acto el resto de la proposición de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 242; votos emitidos, 242; a favor, 208; en contra, 10; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Buenas tardes, señorías.

Se levanta la sesión.

Eran las dieciocho horas y veinte minutos.


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