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DS. Senado, Pleno, núm. 52, de 29/11/2017
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 28

celebrada el miércoles, 29 de noviembre de 2017

ORDEN DEL DÍA



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

Moción por la que se insta al Gobierno a desarrollar determinadas medidas en relación con la contratación y relación laboral del personal investigador. 671/000050 contratación de personal; personal de investigación GPS


Moción por la que se insta al Gobierno a encabezar un gran acuerdo nacional para la consecución de un pacto de rentas. 671/000052 política de empleo GPS


MOCIONES

Moción por la que el Senado manifiesta la necesidad de apoyar todos los productos, incluidos los catalanes, de la marca España. 662/000085 marca comercial; producto originario GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a la puesta en marcha de las medidas necesarias para mejorar la colaboración en materia de ciberseguridad. 662/000086 Internet; protección de datos GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a regular adecuadamente la figura del consumidor vulnerable. 662/000084 protección del consumidor GPS


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

CONOCIMIENTO DIRECTO

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones. 622/000001 discapacitado; juez no profesional; jurisdicción judicial; modificación de la ley


COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

SOLICITUDES DE CREACIÓN

Comisión de Investigación sobre la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña el día 1 de octubre de 2017. 650/000006 Cataluña; fuerza de naturaleza militar; policía RAMÓN MARÍA ESPINAR MERINO (GPPOD)


DECLARACIONES INSTITUCIONALES

Declaración institucional por la que el Senado manifiesta la necesidad de seguir analizando las solicitudes que se presenten para el ejercicio de quintas libertades aeronáuticas en las Islas Canarias. 630/000027 GPP GPS GPPOD GPER GPV GPN GPMX


INCOMPATIBILIDADES

DICTÁMENES DE COMISIÓN

Dictamen de la Comisión de Incompatibilidades, emitido en su sesión del día 22 de noviembre de 2017, en relación con los Senadores D. Jaime González Taboada y D. Antonio Martín Iglesias. 503/000007 incompatibilidad de altos cargos; parlamentario

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DESARROLLAR DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN Y RELACIÓN LABORAL DEL PERSONAL INVESTIGADOR. 671/000050 GPS

El señor Zelaya Castro defiende la moción.

El señor Navarrete Pla defiende las cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, presentadas por iniciativa del señor Mulet García y él mismo.

La señora ÇRivero Segalàs defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

El señor Zelaya Castro expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen el señor Yanguas Fernández, la señora Castilla Herrera y la señora Julios Reyes, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Etxano Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Cortès Gès, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Mesón Miguel, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Zelaya Castro, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Contreras Olmedo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 243; a favor, 231; abstenciones, 12.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ENCABEZAR UN GRAN ACUERDO NACIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE UN PACTO DE RENTAS. 671/000052 GPS

El señor presidente informa a la Cámara de que, como consecuencia de la presentación de una propuesta de modificación, tan solo quedan vivas las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Varela Sánchez defiende la moción.

El señor Marcos Arias defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa del señor Alegre Buxeda, el señor Crisol Lafront y el propio señor Marcos Arias.

El señor Navarrete Pla defiende las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa del señor Mulet García y él mismo.

El señor Varela Sánchez expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Rivero Segalàs y el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Rufà Gràcia, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Guardingo Martínez, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Varela Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Soto Rico, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación, con el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 235; a favor, 228; abstenciones, 7.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE APOYAR TODOS LOS PRODUCTOS, INCLUIDOS LOS CATALANES, DE LA MARCA ESPAÑA. 662/000085 GPP

El señor Aroca Sáez defiende la moción.

El señor Mulet García defiende las cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de este senador y el señor Navarrete Pla.

La señora Vilà Gañán defiende la enmeinda del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora Borao Aguirre defiende la nemienda del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Rivero Segalàs defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

La señora Riolobos Regadera expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen el señor Crisol Lafront, el señor Mulet García y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Julios Reyes y la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Etxano Varela, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Ayats i Bartrina, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Vilà Galan, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Borao Aguirre, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Riolobos Regadera, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 204; en contra, 26; abstenciones, 21.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PUESTA EN MARCHA DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA COLABORACIÓN EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD. 662/000086 GPP

El señor presidente informa a la Cámara de que, como consecuencia de la presentación de una propuesta de modificación, tan solo quedan vivas las seis enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentas por iniciativa del señor Mulet García y el señor Navarrete Pla y las dos del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Arias Navia defiende la moción.

El señor Comorera Estarellas defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Cosidó Gutiérrez expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen el señor Alegre Buxeda, el señor Yanguas Fernández y la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Abad Giralt y el señor Rodríguez Cejas, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Castellana Gamisans, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Comorera Estarellas, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Raffo Camarillo, por el Grupo Parlamentario Socialista y el señor Cosidó Gutiérrez, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación, con el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 238; a favor, 210; abstenciones, 28.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REGULAR ADECUADAMENTE LA FIGURA DEL CONSUMIDOR VULNERABLE. 662/000084 GPS

El señor De Lara Guerrero defiende la moción.

El señor Marcos Arias defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa del señor Alegre Buxeda, el señor Crisol Lafront y el propio señor Marcos Arias.

El señor Navarrete Pla defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa del señor Mulet García y el señor Navarrete Pla.

El señor Arrieta Arriega defiende las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora Rivero Segalàs defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

El señor De Lara Guerrero expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen el señor Navarrete Pla y la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Rodríguez Cejas y la señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); la señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Azamar Capdevila, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Arrieta Arrieta, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor De Lara Guerrero, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Martín Iglesias, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 246; a favor, 100; en contra, 139; abstenciones, 7.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

CONOCIMIENTO DIRECTO

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO, PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SIN EXCLUSIONES. 622/000001

El señor presidente informa a la Cámara de que se han retirado las enmiendas presentadas a esta proposición de ley.

En turno a favor intervienen el señor Altava Lavall, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; la señora Cánovas Essard, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Cleries i González, del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC).

En turno de portavoces intervienen la señora Domínguez de Posada Puertas y la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Rodríguez Cejas y el señor Cleries i Gonzàlez, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Cánovas Essard, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Fernández Muñoz, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Guijarro Carrillo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

SOLICITUDES DE CREACIÓN

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2017. 650/000006 RAMÓN MARÍA ESPINAR MERINO (GPPOD)

En turno a favor hace uso de la palabra el señor Comorera Estarellas, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Castel Fort, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Abad Giralt, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC), y el señor Mulet García, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de portavoces intervienen el señor Alegre Buxeda, el señor Mulet García, la señora Domínguez de Posada Puertas y el señor Iñarritu García, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Abad Giralt, por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata (PDeCAT-CDC)-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (AHI/CC-PNC); el señor Gallastegui Altube, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Picornell Grenzner, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Comorera Estarellas, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor García Mañá, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Oyarzábal de Miguel, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se pospone la votación.



DECLARACIONES INSTITUCIONALES

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE SEGUIR ANALIZANDO LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN PARA EL EJERCICIO DE QUINTAS LIBERTADES AERONÁUTICAS EN LAS ISLAS CANARIAS. 630/000027 GPP GPS GPPOD GPER GPV GPN GPMX

El señor presidente lee la declaración institucional, que se aprueba por asentimiento de la Cámara.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

CONOCIMIENTO DIRECTO

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO, PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SIN EXCLUSIONES. (Votación). 622/000001

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Jurado Fernández de Córdoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha votado a favor.

Se aprueba la proposición de ley orgánica con el siguiente resultado: presentes, 246 más 1 voto telemático, 247; votos emitidos, 246 más 1 voto telemático, 247; a favor, 246 más 1 voto telemático, 247.



COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

SOLICITUDES DE CREACIÓN

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2017. (Votación). 650/000006 RAMÓN MARÍA ESPINAR MERINO (GPPOD)

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para la señora Jurado Fernández de Córdoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha votado en contra.

Se rechaza la solicitud, con el siguiente resultado: presentes, 246 más 1 voto telemático, 247; votos emitidos, 246 más 1 voto telemático, 247; a favor, 45; en contra, 200 más 1 voto telemático, 201; abstenciones, 1.



INCOMPATIBILIDADES

DICTÁMENES DE COMISIÓN

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES, EMITIDO EN SU SESIÓN DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN RELACIÓN CON LOS SENADORES D. JAIME GONZÁLEZ TABOADA Y D. ANTONIO MARTÍN IGLESIAS. 503/000007

La señora López Gabarro, presidenta de la comisión, presenta el dictamen.

Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara.

Se levanta la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DESARROLLAR DETERMINADAS MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA CONTRATACIÓN Y RELACIÓN LABORAL DEL PERSONAL INVESTIGADOR. 671/000050 GPS

El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se han presentado cinco enmiendas: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto —por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete—, y una del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el senador Zelaya.

El señor ZELAYA CASTRO: Gracias, señor presidente.

Señorías, el saber que con solo cinco indicadores de salud —cuya medición podríamos realizar en este mismo hemiciclo, sobre todo hoy, que hay tan poca gente—, como son: la presión arterial, la actividad física, el índice de masa corporal, el consumo de fruta y verduras y el consumo de tabaco es suficiente para predecir el riesgo cardiovascular en individuos sanos —es decir, que pueden predecir, por ejemplo, el riesgo de padecer un infarto—, es un conocimiento que proviene de la investigación de nuestros centros nacionales. Este ejemplo que he dado son las conclusiones de un estudio realizado en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, publicado en la más prestigiosa revista científica mundial del área y llamado el índice de Fuster-Bewat.

Lo nuevo es que no hace falta ninguna prueba de laboratorio de glucosa y colesterol para calcularlo. Porque, señorías, cuando hablamos de investigación estamos hablando de avances como estos. La investigación no es un gasto, es una inversión, que no se nos olvide que la investigación sanitaria mejora la salud de las personas y reduce los costes.

Hemos repetido hasta el cansancio que el cambio de modelo productivo pasa por una mayor inversión en I+D+i y en España debe ser una de las prioridades de las políticas públicas. En este sentido, es imprescindible disponer de personal altamente cualificado, que cuente con estabilidad laboral, con una adecuada retribución y el reconocimiento de una carrera profesional.

Mi compañero, el senador Martínez Olmos, en la interpelación al ministro de Economía, Industria y Competitividad hizo una descripción completa y bastante exacta de la situación actual, caracterizada por las altas tasas de precariedad y temporalidad laboral, que han producido una auténtica diáspora del talento investigador. Creo que todos tenemos casos concretos en la mente ahora mismo y es que durante la crisis este Gobierno ha aplicado una política de recortes indiscriminados y actualmente los recursos dedicados no han recuperado su nivel anterior. Así, en el año 2015 el gasto interno de investigación y desarrollo representó el 1,22 % del PIB frente al 1,24 del 2014 o al 1,4 del año 2010 y el bajo nivel de gasto privado en I+D por debajo de la media europea, 0,65 del PIB frente al 1,3.

A nivel del personal investigador, esta situación se ha visto agravada a partir de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2017 y es lo que nos trae aquí, ya que en su disposición adicional trigésima cuarta se responsabiliza personalmente a los gerentes de los centros públicos de las irregularidades existentes en la contratación del personal investigador en el caso de formalización de contratos temporales durante más de tres años continuados o concatenar contratos, lo cual hace inevitable el despido de muchos investigadores.

Aunque a principios de octubre se han adoptado medidas correctoras para poder concatenar contratos, creemos que estas medidas son insuficientes y por ello se requiere la adopción de acciones definitivas, que eviten despidos y desmotivación, como lo han puesto de manifiesto en una carta firmada los jefes de grupo y responsables de dirigir equipos humanos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, alertando de esta grave situación, que puede llevar a la pérdida de plantillas en un 15 % y en un 7 % a finales de año y que si no se ponen medidas correctoras oportunas durante el 2018, se llegaría a porcentajes del 17 y 13 % respectivamente, lo que pondría en serias dificultades el desarrollo del trabajo habitual en estos centros y, sobre todo, el drama humano que esta situación representa para todos los afectados, no se nos olvide, trabajadores y trabajadoras altamente cualificados, y estamos hablando de estas dos áreas, que son de los principales problemas de nuestro país y del mundo, aunque hay muchos más centros afectados.

Señorías, hemos traído esta moción consecuencia de interpelación para lograr el máximo apoyo de esta Cámara hacia el personal de los centros de investigación de todas las categorías, desde técnicos de laboratorio a investigadores, personal de administración y cargos de responsabilidad, jefes de unidad o directores de departamento, quienes nos han hecho saber la gravedad de esta situación. Las medidas propuestas en esta moción apuntan directamente a la situación de muchos trabajadores...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ZELAYA CASTRO: Sí, ya termino, presidente.

... y buscan tres objetivos, que queremos que con los presupuestos adecuados sienten la base de una verdadera recuperación en el sector de la investigación. Las tres medidas que proponemos son: evitar el despido de los investigadores, estabilizar la plantilla y establecer un sistema para la evaluación y promoción.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zelaya.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Senadoras, senadores, los pocos presentes, no son buenos tiempos para la investigación, el desarrollo o la innovación, no son buenos tiempos para los que dedican su vida al estudio o a la investigación, no son buenos tiempos para casi nadie, pero menos aún para los que no tienen como último fin enriquecerse a costa del resto. Estamos en mínimos de inversión global en I+D+i, la I+D+i no interesa, la debilidad financiera, las inversiones crecen en porcentajes irrisorios que solo sirven para justificar su función en el Gobierno. El Gobierno, ¿a quién quiere engañar? ¿Engaña a alguien? Creo que no. Pero existen otros problemas aparte de este. Es necesario reflexionar sobre los problemas estructurales de concepción del propio sistema que representan graves obstáculos tanto para la realización de la I+D+i, como para que la sociedad española pueda beneficiarse de esos avances. ¿Qué problemas encuentra Compromís? Los problemas parten de un marco administrativo y de una carga regulatoria que lastran el funcionamiento de la actividad científica, ya que nos pone en clara desventaja frente a otros Estados, no solo por lo farragoso del procedimiento, sino porque los profesores e investigadores pierden un tiempo valiosísimo haciendo trámites simplemente administrativos. Parece que cumplimos con Europa cuando nos conviene, uno de los objetivos de la Unión Europea era dedicar el 3 % del PIB de cada uno de esos Estados en el año 2010 a I+D+i. ¿En qué porcentaje estamos nosotros? Poco más del 1,2. El déficit y la deuda, sí, I+D+i, no. ¿Por qué? Ustedes, señoras y señores del PP con el Gobierno de M. Rajoy a la cabeza, no cumplen o cumplen cuando les conviene, una muestra más de su falsedad, de su incompetencia (Rumores), y recordando las declaraciones de compañeros suyos de bancada, disuelvan el PP o refúndenlo con gente normal.

Esta falta de inversión y de implicación trae consecuencias desastrosas, miles de proyectos han sido abandonados. ¿Estaría detrás de alguno de ellos la cura contra el cáncer, contra la ELA? ¿Estaría detrás de alguno de ellos el avance para terminar con el padecimiento de millones de enfermos? Quién sabe. Tal vez esos investigadores encuentren debido a su espíritu aventurero, calificativo desafortunado de una ministra dada a desafortunadas afirmaciones, y su solicitud de ayuda a la Virgen, algún sitio en otro país que valore su trabajo y les deje investigar. Pero, claro, ustedes quieren mejor beneficios al instante, reducir porcentajes para que la señora Merkel no les dé un tirón de orejas, para que su presidente del Gobierno no haga el ridículo. Esto es lo que da un beneficio rápido, ¿para qué apoyar a la investigación? Y lo vuelvo a decir, digan que apuestan por la investigación, digan que apoyan a los investigadores, digan que han aumentado el presupuesto, digan lo que quieran, pero sean conscientes de que ya pocos les creen. Vamos a describir su juego con los porcentajes. Ese ridículo crecimiento que vienen anunciado viene dado por la disminución de los fondos financieros, que son sustituidos por fondos no financieros; es decir, hay aumento de inversión real en ciencia pero a costa de innovación. Utilizan ustedes el viejo truco de inflar los créditos a devolver para tapar el descenso de subvenciones en I+D+i.

Nosotros presentamos unas enmiendas a la consideración de esta Cámara para mejorar la moción del Grupo Socialista. Dignificar y estabilizar los programas avanzados, así como las etapas predoctorales, incluyendo cotización de salarios acordes con su formación; suspender el bloqueo de convocatorias de plazas estables, de funcionarios o no, varios años estancadas; crear una bolsa de movilidad de investigadores en los centros de investigación, universidades, con el fin de favorecer la transferencia de personal entre entidades y limitar la endogamia entre centros universitarios; crear un programa de captación de talentos, con independencia de su origen, para así facilitar el retorno de los investigadores que han abandonado el país de forma forzada. Esperamos que se tengan en cuenta estas enmiendas y sean aceptadas por el grupo proponente.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Molt ràpidament. Nosaltres hem fet una esmena que elimina els punts 2 i 3 de la moció perquè hi veiem una certa contradicció. Així com estem plenament d’acord amb el punt 1 i pensem que és factible, els punts 2 i 3 es contraposen amb el primer, perquè el primer parla del model de recerca basat en projectes específics. A més a més, aquest model es basa en la mobilitat.

Per tant, entenem que aquesta tasca per l’estabilització del treball als centres de recerca, així com l’avaluació i la promoció del personal incloses en aquests punts 2 i 3, es contradiu amb el primer punt. Pensem que caldria un estudi més complet per veure com es dona solució a aquests dos punts de la proposta, que a nivell general podríem compartir, però que veiem que es contradiuen amb el que és factible d’aconseguir, que és el número 1.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Muy rápidamente. Nosotros hemos presentado una enmienda que elimina los puntos 2 y 3 de la moción porque vemos una cierta contradicción. Estamos plenamente de acuerdo con el punto 1 y pensamos que es factible, pero los puntos 2 y 3 se contradicen con el 1, porque el 1 habla del modelo de investigación basado en proyectos específicos y además ese modelo se basa en la movilidad.

Entendemos que el trabajo por la estabilización de la labor en los centros de investigación, así como el desarrollo y la promoción del personal, incluidos en los puntos 2 y 3 se contradicen con el 1. Creemos que sería necesario un estudio más completo para ver cómo se da solución a esos dos puntos de la propuesta que, a nivel general, podríamos compartir, pero que se contradicen con el que es factible de conseguir, el número 1.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Tiene la palabra el senador Zelaya para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor ZELAYA CASTRO: Gracias, señor presidente.

Agradezco las enmiendas que han presentado el Grupo Mixto, Compromís, y el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herrera Independiente-Coalición Canaria.

Respecto a las enmiendas presentadas por Compromís, las números 1 y 2 redundan en lo que ya planteamos en el núcleo de la moción, que es la estabilidad laboral de la plantilla. Creemos que es la manera en que se dignifica el trabajo de los investigadores.

En cuanto a la enmienda número 3, obedece a centros con diferentes estatutos. Creemos que esto se podría abordar en otra moción. En la nuestra planteamos medidas inmediatas.

En la última enmienda de Compromís, la número 4, creemos que mientras no haya estabilidad laboral, no haya retribuciones adecuadas y no se plantee una carrera profesional no se va a producir ningún llamamiento al talento, tanto el que se haya perdido como al nuevo investigador. Por lo tanto, no vamos a aceptar las cuatro enmiendas. Les invitamos a que presenten otra moción si lo consideran oportuno.

En cuanto a la redacción que propone el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata, ya ha habido bastante movilidad del personal investigador todos estos años. Es verdad que la investigación tiene una naturaleza peculiar, pero también lo es que la investigación va a continuar y, actualmente, las plantillas son muy precarias; además, hay impedimentos legales, como comenté en los Presupuestos de 2017. Por lo tanto, tampoco vamos a aceptar la redacción que propone.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zelaya.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra senador Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

Esta iniciativa que hoy presenta el Grupo Socialista coincide con una reunión que recientemente he mantenido con la dirección del Centro de Investigación Médica Aplicada, el CIMA, de la Universidad de Navarra, en la que, entre otros temas, sacaron a colación las dificultades para investigar en entornos con equipos estables, un problema muy generalizado, como ha puesto de manifiesto el portavoz del Grupo Socialista señor Zelaya.

En la investigación médica y en otras investigaciones que se realizan a largo plazo se necesita, como no puede ser de otro modo, estabilidad en los profesionales que investigan —no se le oculta a nadie— porque los resultados de una investigación no se conocen rápidamente, son fruto de estudios y concienzudas pruebas. No vale invertir mucho dinero hoy y mañana dejar de invertir, dejarlo a cero. Se trata, como en la política de un país, de intentar crear entornos que atraigan talentos, entornos amigables para la investigación y los investigadores, y eso, me temo, no está ocurriendo actualmente en España, por lo menos en algunos campos. Ahora mismo la legislación laboral y administrativa de concesión de ayudas públicas, en vez de estar engranadas como un reloj, están totalmente oxidadas y muchas veces, además, son incluso contradictorias. Por eso para los centros de investigación resulta poco menos que imposible mantener sus equipos investigadores pues en muchos casos un contrato indefinido impide acceder a tal o cual subvención, cosa que sí ocurre con la legislación administrativa y laboral en otros países de nuestro entorno europeo.

Mi partido, Unión del Pueblo Navarro, no está proponiendo que nadie se salte la ley, lo que nosotros pensamos es que sería bueno estudiar qué está pasando en la actualidad con los equipos de investigación y, con base a criterios objetivos de concurrencia competitiva, poder mantener esos equipos estables, nada más y nada menos. Es decir, UPN está a favor de hacer ese procedimiento extraordinario que ustedes proponen y también ir un paso más allá y convertirlo en un proceso incluso ordinario de atracción de talento.

En resumen, nosotros —yo en representación de mi grupo— vamos a votar sí a la moción. Incluso debemos ir más allá en un momento de expansión de la economía porque en España —a nadie se nos oculta— hay un potencial investigador muy importante. Somos referencia mundial —aquí se ha dicho ya— en muchos campos, y más que lo podríamos ser si la ley permitiera, desde la objetividad desde luego más absoluta, mantener equipos cohesionados en el tiempo y atraer el talento que, desgraciadamente, tuvo que salir en tiempos de la crisis.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Senadora Castilla, tiene la palabra.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías.

Éxodo de jóvenes y fuga de cerebros es lo que me viene a la cabeza cuando veo la moción que nos ha presentado el senador Zelaya. Lo llamemos como lo llamemos retrata la triste realidad de miles y miles de jóvenes que buscan un futuro lejos de nuestra tierra, huyendo de la precariedad laboral y de la falta de oportunidades de empleo, un futuro que no encuentran, desgraciadamente, en nuestro país. Eso sí, los que tienen medios económicos o bien los que lo hacen a costa de un gran esfuerzo de sus familias que creen que fuera pueden encontrar un futuro mejor.

Esta huida de jóvenes en busca de empleo no es un hecho aislado y en Canarias también la padecemos. En mi archipiélago se cifra en más de 10 000 los jóvenes que se han visto obligados a abandonar sus familias, su tierra y su casa por la imposibilidad de encontrar una oportunidad laboral, una previsión laboral que merecen al finalizar sus carreras, sus estudios de posgrado, grado y másteres o cursos de especialización específicos. Y todo a cambio de un futuro incierto.

Señorías, la única certeza que tienen es que de momento no tienen una oportunidad, y esta realidad la tenemos que cambiar entre todos. No es solo cuestión de dar una oportunidad por supuesto a la nueva generación de investigadores, sino también que las que ya existen —las que están en nuestro país— se mantengan, mejorando y garantizando sus condiciones laborales de cara al futuro como se señalaba en la defensa de esta moción.

Señorías, estamos ante el futuro de la ciencia de España sin I+D+i y sin investigadores, y sin ellos no habrá desarrollo ni oportunidad para nuestra tierra ni para todas las personas que viven en nuestro país. Por todo ello vamos a votar a favor, porque sin ciencia no hay desarrollo ni esperanza, y sin investigadores no hay futuro para la ciencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

En Coalición Canaria pensamos que si España no invierte en I+D+i, no invierte en futuro, no invierte en desarrollo su economía será cada vez menos competitiva y más dependiente.

En estos años de crisis los recortes han afectado drástica, y yo diría que dramáticamente, a la I+D+i y a la ciencia en España que ya era débil de por sí. Débil porque es histórica la poca inversión pública debido a la escasa visión estratégica para convertirla en un sector prioritario y dejar de entender que es solo un sector de gasto. Y también —hay que decirlo— débil por la escasa implicación del sector privado en España en I+D+i.

No podemos, no debemos seguir comprando boletos para aumentar nuestra dependencia tecnológica del exterior, convirtiéndonos en un país de servicios. Los que damos servicios a la Europa del norte desarrollada que sí apuesta por la I+D+i. Recientemente, además de los ejemplos expuestos en el ámbito de la sanidad, ha ocurrido en un sector como en el de las energías renovables: éramos punteros en innovación y desarrollo, exportábamos tecnología, ahora no somos nadie y todo lo que tenemos lo tenemos que comprar.

Coincidimos con esta moción en la urgencia de que no podemos seguir perdiendo recursos humanos científicos formados en España pero obligados a buscar trabajo fuera. No porque vayan a enriquecer su currículum o su experiencia, sino por ausencia de centros donde trabajar, por ausencia de estabilidad laboral, por ausencia de carrera profesional y por ausencia de un salario digno que les permita llevar a cabo su actividad profesional con dignidad, pero también su vida personal. No se puede seguir despidiendo y desmotivando al personal investigador. Y esto es lo que está pasando. En España les tratamos como tratan las multinacionales de comida rápida a los trabajadores no cualificados que contratan temporalmente de seis en seis meses y ya veremos. Tenemos que acabar con esta absurda situación. Es una actitud suicida. Nuestros científicos e investigadores mejor formados son jóvenes, se van, hacen su proyecto de vida fuera y no vuelven. En estos momentos, en que la situación económica está mejorando, es imperdonable que el Legislativo no pueda resolver el disparatado proceso administrativo que tenemos para la contratación del personal investigador, en el que administraciones o fundaciones del sector público, teniendo en ocasiones el dinero, teniendo la financiación, tienen que despedir a los investigadores por no poder contratarlos. Y, desde luego, las leyes y las normas están para que cumplan su objetivo. Y si no se cumplen, como es el caso de este tema del que estamos hablando, simplemente hay que cambiarlas.

Vamos a apoyar esta moción. Pero quiero hacer tan solo una reflexión. Apreciamos también una contradicción entre el punto 2 y el punto 3 en el sentido de que si apostamos por una carrera profesional —y yo comparto que hay que apostar por ello— hay que matizar el punto 2, puesto que darle estabilidad y convertir en personal fijo directamente al personal becario sin un proceso selectivo, dentro del contexto de una carrera profesional, nos parece que puede ser algo contradictorio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

El Partit Demòcrata s’abstindrà davant d’aquesta iniciativa amb una certa incomoditat. Pensem que si realment el que es vol és tenir mesures immediates i que tinguin un efecte immediatament, en el punt 1 segurament ens haguéssim pogut posar d’acord tots. Els programes competitius de recerca es financen amb recursos específics del projectes de recerca pels anys que dura la recerca. Quan acaba el projecte s’acaba el fons i, per tant, no hi ha diners per pagar al personal. Els projectes de recerca són molt específics. Si els fa el personal fix, pot resultat que al següent projecte de recerca el perfil d’aquests professionals no encaixi amb les necessitats. És un model que es basa en la mobilitat. El punt 1, com ha hem dit, es contradiu amb el 2 i el 3 perquè el punt 1 recull un model de recerca basat en projectes específics: modalidades de contrato de trabajo específicas del personal investigador establecidas en la sección 2.ª de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y en la Movilidad.

Es per això, per aquesta contradicció, que pensem que els punts 2 i 3 no es poden abordar directament, i que l’1 sí que es podia haver abordat. Per tant, amb tota la pena, i amb aquesta incomoditat, els direm que nosaltres ens abstindrem davant d’aquest plantejament.

Gràcies.

Gracias, presidente.

El Partido Demócrata se va a abstener en esta iniciativa con una cierta incomodidad, porque creemos que si lo que se quiere realmente es disponer de medidas inmediatas que surtan un efecto inmediato, en el punto 1 seguramente nos podríamos haber puesto todos de acuerdo. Los programas competitivos de investigación se financian con recursos específicos de los proyectos de investigación durante los años que dura esta última. Cuando se acaba el proyecto, se acaba el fondo y, por lo tanto, no hay dinero para pagar al personal. Los proyectos de investigación son muy específicos. Si los hace personal fijo, puede resultar que en el siguiente proyecto de investigación el perfil profesional de esa persona no encaje con las necesidades. Es un modelo que se basa en la movilidad. El punto 1, como hemos dicho, se contradice con el 2 y el 3. Porque el punto 1 recoge un modelo de investigación basado en proyectos específicos, modalidades de contrato de trabajo específicas del personal investigador establecidas en la Sección 2.ª de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y en la movilidad.

Por esa contradicción creemos que los puntos 2 y 3 no se pueden abordar directamente y el 1 sí se podía haber abordado. Por lo tanto, con toda la pena y con esta incomodidad que tenemos, les digo que nosotros nos vamos a abstener ante este planteamiento.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Buenos días, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado hoy para su debate en esta Cámara una moción consecuencia de interpelación por la que se insta al Gobierno a desarrollar políticas de I+D+i para el fortalecimiento de las instituciones públicas de investigación. Antes de argumentar nuestro voto he de decirles algo que conocen y es que en Euskadi tenemos competencia en este ámbito, en materia de investigación científica y técnica en coordinación con el Estado. Por tanto, algunos de los temas que se plantean corresponderían a Euskadi en nuestro caso.

Como comentó en la interpelación el portavoz del Grupo Socialista, se debe buscar una solución a la contradicción que supone la disposición adicional trigésimo cuarta de los presupuestos de 2017, que hace responsables a los gerentes de fundaciones y consorcios por las irregularidades que pudieran existir en la contratación de personal en casos de contratos de más de tres años; contratos que, por otra parte, sí permite la Ley de ciencia. Parece que en parte se ha debido de solventar —digo se debe porque hay dos centros que no lo entienden así— por el Real Decreto 14/2017, de 6 de octubre, que viene a decir que estos contratos por obra en un proyecto específico de investigación científica y técnica, suscritos por las administraciones públicas y que estén vigentes en el momento de la entrada en vigor de la modificación por este real decreto, quedarán acogidos a lo que dice la Ley de ciencia. Por lo tanto, en principio, parece que con esta disposición transitoria se solventaba. Pero esto no lo entienden así ni el CNIO ni el CNIC, que parece que no lo ven suficiente, de forma que en este momento existen contratos de investigadores en riesgo. Por tanto, el primer punto de esta moción parece completamente razonable: evitar el despido de investigadores con contratos temporales. Creo que en esto coincidimos todos, incluso parece que el propio ministerio ya lo está abordando.

El tercer punto de la moción también es razonable: cumplir con lo previsto en la Ley de ciencia. Con el punto segundo tenemos alguna duda, en relación con su aplicación a la red de ciencia, tecnología e innovación del País Vasco, pues este tema también se está abordando en nuestras instituciones. De todas formas conviene hacer un pequeño apunte en cuanto a la estabilización del empleo, y es que habría que relacionarlo, a nuestro entender, con un aumento necesario de la investigación, un compromiso necesario de incrementar la inversión destinada a los programas de I+D+i, más concretamente, a los de investigación y ciencia. Está bien estabilizar el empleo a través de contratos indefinidos a las personas investigadoras, pero es necesaria una mayor inversión porque, no nos engañemos, estos contratos seguirán estando relacionados con proyectos de investigación concretos, por lo que son necesarios el aumento y la estabilización de las dotaciones de recursos para investigación para que estos programas sigan existiendo y tengan sentido estos contratos, indefinidos o su mantenimiento. Se precisa incrementar los fondos destinados a programas de I+D+i, incentivar la inversión privada con nuevas herramientas de financiación y favorecer, de esta forma, la incorporación de doctores y personal de alta cualificación. Un país competitivo en un mundo globalizado necesita un mayor esfuerzo inversor en ciencia, sostenido en el tiempo y que involucre tanto al sector público como al privado.

Por todo lo anterior, entendiendo lo necesario de esta iniciativa al disponer de un sistema diferenciado, un sistema que se ha ido desarrollando en las últimas décadas con un modelo de colaboración y sinergias entre los centros, grupos de investigación e instituciones a través de la red vasca de ciencia, tecnología e investigación, siendo, además, como les digo, un asunto que se está analizando y que creemos que necesitaría de un estudio más amplio que el abordado a través de una moción, nos abstendremos en la votación de esta iniciativa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Etxano.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Cortès.

La señora CORTÈS GÈS: Buenos días, presidente y señorías.

El sistema català de recerca el formen 69 centres de recerca, 12 universitats, 250 spin-offs, 15 instituts de recerca hospitalària, 22 centres tecnològics, 22 parcs científics i tecnològics, tres grans infraestructures de suport i 8.600 empreses innovadores. Poca cosa no és, això. De totes aquestes infraestructures que he anomenat, el Gobierno español està compromès única i exclusivament (verdaderament, podríem dir) només amb les tres grans infraestructures. Això ens dona una idea del concepte que té l’Estat, del concepte que té el Gobierno de l’R+D+i, és a dir, recerca, desenvolupament i innovació. La recerca, doncs, no és pas una de les seves fites, perquè la recerca és pròpia de països i Estats moderns, i l’Estat espanyol no és pas un exemple de tot això, sinó el contrari.

Malgrat tot, un estudi recent sobre el sistema català de recerca i innovació indica que, l’any 2015, per cada 100 euros de despesa pública al sistema català públic d’universitats i ciències, es va produir un retorn social de 402 euros al PIB de Catalunya. No és poca cosa, això, oi? Doncs fixin-se: no en va, segons l’últim informe COTEC, que des del 1996 indica la situació d’R+D+i a Espanya, la Unió Europea inverteix avui un 25 % més en R+D que abans de l’inici de la crisi econòmica. Doncs mirin, Espanya inverteix un 10 % menys. És a dir, que mentre els països avançats inverteixen en R+D per a la sortida de la crisi, el Gobierno español retalla la inversió. I a qui perjudiquen aquestes retallades? Doncs, òbviament, a tots aquells territoris que, com Catalunya, havien apostat per la recerca, el desenvolupament i la innovació.

Malgrat això, Catalunya se situa a la segona posició en els projectes d’excel·lència del Consell Europeu de Recerca. Contràriament, el Gobierno español està castigant les societats més innovadores i més competitives; no només perquè no inverteixen en R+D, sinó perquè tampoc no incentiven la inversió privada. I l’única inversió que incentiven és en l’R+D militar. Això és un trist oxímoron; doncs és així. Sense cap inversió i amb una pràctica nepotista en la contractació pública que beneficia les grans empreses amigues, i d’aquesta manera no hi ha cap incentiu per a la inversió en competitivitat. I, de fet, les empreses que més inverteixen en R+D+i són les pimes, que s’han de buscar la vida en nous filons competitius, en tant que són la ventafocs de la contractació pública estatal. Per tant, el Gobierno español té una visió productiva i empresarial que perjudica l’R+D+i, i la inversió en aquest sentit està perdent pes a Espanya.

Però aquest model no és només el model del PP, sinó que també és el model del PSOE i de l’IBEX-35; de tot aquest entorn que vostès, senyors del Partit Socialista, fomenten amb el suport incondicional al seus amics del Partit Popular. I a sobre, ara, han animat les empreses a traslladar les seves seus fora de Catalunya. I ja s’han sentit algunes veus del Partit Popular que diuen que dins de poc les incentivaran econòmicament perquè tornin. Perquè, desenganyem-nos: les empreses que han tret la seu social de Catalunya són les empreses de l’IBEX, no són les pimes. Però no parlen vostès de la inversió que continua a Catalunya. No, avui no; avui vostès no en parlen, d’això. Només parlen de la qüestió negativa. Però, afortunadament, a Catalunya encara tenim molta positivitat, i avui encara s’ha parlat de la inversió de la Seat a Catalunya, però d’això vostès no en parlen. Això és el que vostès mateixos, entre el Partit Popular, el Partit Socialista i Ciudadanos estan propiciant a Catalunya; aquesta és la seva manera de fer política. Però ja ho veuen: malgrat la repressió, malgrat el seu esforç per fer marxar les empreses, malgrat tot el que ens volen fer patir, els hem de dir que estem convençuts que amb l’Estat espanyol no ens en sortirem; impossible.

I acabo. Sortosament, Catalunya és un país emprenedor, compromès amb les empreses i amb la recerca. Perquè Catalunya és un país modern i avançat.

El sistema catalán de investigación lo forman 69 centros de investigación, 12 universidades, 250 spin-off, 15 institutos de investigación hospitalaria, 22 centros tecnológicos, 22 parques científicos y tecnológicos, 3 grandes infraestructuras de apoyo y 8600 empresas innovadoras. Casi nada. De todas esas infraestructuras que he nombrado, el Gobierno español está comprometido, única y verdaderamente, podríamos decir, con las tres grandes infraestructuras. Eso nos da una idea del concepto que tiene el Estado, del concepto que tiene el Gobierno de la I+D+i, investigación, desarrollo e innovación. Es decir, la investigación no es uno de sus hitos porque la investigación es propia de países y Estados modernos y el Estado español no es un ejemplo de todo eso, sino más bien lo contrario.

A pesar de todo, un estudio reciente sobre el sistema catalán de investigación e innovación indica que en 2015, por cada 100 euros de gasto público en el sistema catalán público de universidades y ciencia, se produjo un retorno social de 402 euros al PIB de Cataluña. Eso no es poco, ¿verdad? No en vano, según el último informe Cotec, que desde 1996 indica la situación de la I+D+i en España, la Unión Europea invierte hoy un 25 % más en I+D que antes del inicio de la crisis económica. Pero en el último periodo España ha invertido un 10 % menos. Es decir, que mientras los países avanzados invierten en I+D para la salida de la crisis, el Gobierno español recorta la inversión. ¿Y a quiénes perjudican estos recortes? Obviamente, a todos aquellos territorios que, como Cataluña, habían apostado por la investigación, el desarrollo y la innovación.

A pesar de eso, Cataluña se sitúa en la segunda posición en los proyectos de excelencia del Consejo Europeo de Investigación. Contrariamente, el Gobierno español está castigando a las sociedades más innovadoras y más competitivas, no solo porque no invierte en I+D, sino porque tampoco incentiva la inversión privada y la única inversión que incentiva es la I+D militar. Es un triste oxímoron, pero es así. Sin inversión y con una práctica nepotista en la contratación pública que beneficia a las grandes empresas amigas, no hay ningún incentivo para la inversión en competitividad. De hecho, las empresas que más invierten en I+D son las pymes, que se tienen que buscar la vida en nuevos filones competitivos en tanto que son la cenicienta de la contratación pública estatal. Por tanto, el Gobierno español tiene una visión productiva y empresarial que perjudica la I+D+i, y la inversión en ese sentido está perdiendo peso en España.

Pero ese modelo no es solo el modelo del PP, sino que es también el del PSOE y el del IBEX 35, de todo ese entorno que ustedes, señores del Partido Socialista, fomentan con el apoyo incondicional a sus amigos del Partido Popular. Pero encima ahora han animado a las empresas a trasladar sus sedes fuera de Cataluña, y ya se han oído algunas voces en el Partido Popular que dicen que las van a incentivar económicamente para que vuelvan, porque, no nos engañemos, las empresas que han sacado su sede social de Cataluña son las del IBEX, no las pymes. Pero ustedes no hablan de la inversión que sigue en Cataluña. Hoy no hablan de esto, solo de la cuestión negativa, pero afortunadamente en Cataluña todavía tenemos mucha positividad, y hoy todavía se ha hablado de la inversión de SEAT en Cataluña. Pero ustedes de eso no hablan. Esto es lo que ustedes, entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, están propiciando en Cataluña.



Esta es su manera de hacer política. Pero ya lo ven, a pesar de la represión, a pesar de su esfuerzo por hacer que las empresas se vayan, a pesar de todo lo que nos quieren hacer sufrir, les tenemos que decir que estamos convencidos de que con el Estado español no vamos a ningún lado. Imposible.

Y termino. Por suerte, Cataluña es un país emprendedor, comprometido con las empresas y con la investigación, porque Cataluña es un país moderno y avanzado.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora CORTÈS GÈS: Termino, presidente. Gracias.

Per això, l’única manera que Catalunya tingui un Estat a l’alçada de la seva R+D+i és amb la construcció de la República catalana. Aquesta és la república que volem: moderna, emprenedora i que opti per la recerca.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Por eso la única manera de que Cataluña tenga un Estado a la altura de su I+D+i es con la construcción de la república catalana. Esa es la república que queremos: moderna, emprendedora y que opte por la investigación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cortès.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Mesón.

El señor MESÓN MIGUEL: Buenos días.

El personal investigador es un valor insustituible en la sociedad del conocimiento. Cada persona investigadora acumula una experiencia y conocimientos que no son reproducibles. Hemos visto cómo la gestión de la crisis ha detraído recursos para investigación, desarrollo e innovación y cómo programas importantes de investigación científica han tenido que echar el cierre ante la falta de apoyo. Muchas de estas personas han seguido trabajando con contratos intermitentes. Cantidades ingentes de esfuerzo voluntario y altruista asumiendo como principio el amor a la ciencia. Sin embargo, esta situación se hace insostenible con el tiempo y miles de personas formadas en nuestro país han visto en la emigración la única salida para continuar vinculadas a la investigación científica. Otros muchos no han tenido más remedio que abandonar una vocación para la que han estado preparándose.

Esto se refleja en los datos de producción científica, que se ven resentidos en los últimos años. En el año 2014, por primera vez, descendieron los datos Scopus de los documentos de las instituciones españolas. Esto es aún más notorio en las solicitudes de patentes nacionales de origen español que, pese al incremento realizado hasta el 2010, este año han ido descendiendo progresivamente.

La Ley 14/2011, de la ciencia, la tecnología y la innovación, vino a regular en su artículo 21 determinadas figuras contractuales en el ámbito de la investigación, viniéndose a dar cierta seguridad jurídica a una situación de auténtica irregularidad. Pero estas figuras contractuales deben ser consideradas con la misma intensidad que el resto de modalidades de contratación en la normativa laboral o estatutaria a la hora de abordar la grave situación estructural instaurada en el seno de la Administración pública de abuso en la contratación temporal. Es más, el artículo 20.2 de la Ley de ciencia contempla la posibilidad de contratar personal investigador a través de las modalidades de contrato de trabajo establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, y ello a pesar de la evidente dificultad de casar esta figura contractual con la actual regulación de las modalidades de contratación existente en nuestro ordenamiento laboral.

Otro ejemplo que nos trae hoy la moción presentada por el Grupo Socialista es el relativo a la continuidad en la contratación del personal investigador en organismos públicos de investigación. Es necesario que encontremos una regulación de dichas actividades investigadoras de carácter netamente laboral que evite el enorme perjuicio que se viene ocasionando para nuestros jóvenes, y no tan jóvenes, científicos que no vienen sino a precarizar y limitar aún más la investigación en nuestro país. La situación de precariedad de estos investigadores se prolonga en el tiempo. La Ley de ciencia se aprobó en el año 2011, habiendo ya transcurrido tiempo suficiente para que el legislador y el Gobierno hubiesen encontrado un encaje suficiente y ajustado para dichas formas de contratación, para terminar con la desprotección y aún mayor precariedad de quienes deberían ser un valor esencial en nuestra sociedad.

La Confederación de Sociedades Científicas de España, que agrupa a más de 40 000 investigadores e investigadoras, en un estudio publicado recientemente denuncia la ausencia de voluntad política, con mayúsculas, que incentive e impulse la investigación. Afirman, asimismo, que no apostar por la ciencia implica la pérdida de mano de obra cualificada y pone a España en una posición periférica a pesar de su potencial científico investigador.

Esperamos que con esta moción se contribuya a que el Gobierno siga desarrollando el contenido de la Ley de la ciencia, tecnología e innovación y convierta en realidad lo manifestado tanto por el ministro de Economía, Industria y Competitividad en el último Pleno del Senado como por el ministro de Educación, Cultura y Deporte en el Pleno del Congreso del pasado 8 de marzo. Por todo ello anunciamos nuestro voto favorable a la moción.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mesón.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Zelaya.

El señor ZELAYA CASTRO: Gracias, presidente.

Señorías, como ya mencioné en la defensa de la moción, el Grupo Parlamentario Socialista, al presentar en el Pleno esta moción, que aspiramos a que sea aprobada, lo que pretende no es otra cosa que recuperar el tiempo perdido en investigación. Creemos que es necesario desarrollar de forma inmediata las medidas que hemos planteado, de las que ya se han hecho eco otros grupos.

Se trata, en primer lugar, de evitar el despido de los investigadores, invocando la sección 2, de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y en segundo lugar, de establecer un procedimiento extraordinario para la estabilización del empleo temporal de los investigadores, haciendo que a la mayor brevedad se reconviertan en indefinidos todos los contratos temporales vigentes de los investigadores con más de tres años en las OPI, consorcios y fundaciones de investigación del sector público. Este modelo ya funciona en la sanidad pública y en educación, por eso creemos que no encontraremos ninguna dificultad a la hora de hacer indefinidas las plantillas de investigadores. Además, los presupuestos ya están allí, por lo que tampoco tendría un mayor coste agregado. Ello va a permitir —eso creemos nosotros— convocar nuevas plazas en un futuro mediato.

No tiene sentido la precariedad cuando la investigación en los centros se va a seguir realizando, y aspiramos a que esta se incremente. Cuando hablo de plantilla precaria que no se nos olvide nunca que estamos hablando de plantillas mínimas en los centros de investigación. Debido a los recortes presupuestarios, las plantillas son las justas, aquí no sobra ningún personal investigador. Y no solo eso, estamos hablando de personal altamente cualificado. Creemos que con la estabilización de las plantillas se van a enriquecer los centros, porque va a permitir, por ejemplo, el intercambio de personal investigador, el movimiento internacional del personal investigador, que ya sabemos que enriquece los centros y las experiencias de investigación. Me refiero, obviamente, a la buena movilidad de los investigadores y no, como se ha comentado aquí, a la fuga de talentos, que es precisamente lo que queremos corregir. Solo una plantilla estable se puede enriquecer con la buena movilidad de los investigadores. También tengo que decir que en este mundo globalizado no tiene sentido poner fronteras a los lugares de investigación.

Y nuestra tercera propuesta consiste en establecer un sistema objetivo para la evaluación y promoción del personal investigador de los organismos públicos de investigación que armonice el régimen de retribuciones, como prevé la mencionada Ley 14/2011, de 1 junio, de la ciencia, la tecnología y la innovación. Nosotros creemos que el transcurso del tiempo y el aumento de la experiencia del personal investigador se tienen que ver necesariamente reflejados en la carrera profesional. No puede ser que un investigador cambie de centro y se lleve con él toda su experiencia y todo su trabajo, simplemente, en un currículum. Esto debe tener algún tipo de traducción, algún tipo de equivalencia en su retribución y en su categoría profesional.

Es verdad que el ministro de Economía, Industria y Competitividad ha manifestado la voluntad del Gobierno para afrontar este grave problema del personal de investigación, pero nosotros queremos que se cristalicen estas medidas, que no caigan en buenas intenciones ni se queden en papel mojado, porque urge dar una solución a corto plazo que vuelva a sentar las bases de la investigación en el país. Se lo debemos a nuestros investigadores y al personal de los centros. No olvidemos que la investigación trae desarrollo y progreso. Como mencioné antes, no hay cambio de modelo productivo si no se apuesta por la inversión en I+D+i. La investigación es todo lo contrario a un lastre, porque bien llevada es un impulso a la economía, pero para ello hay que tener una visión a largo plazo. Señorías, la investigación nunca es un gasto, siempre es una inversión.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zelaya.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Contreras.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Gracias, presidente. Buenos días.

Comenzaré mi intervención hoy aquí en relación con esta moción consecuencia de interpelación planteada por el Grupo Parlamentario Socialista anunciando nuestro apoyo a la misma. Ustedes saben que su presentación viene motivada por las circunstancias sobrevenidas —ya se ha explicado aquí— tras la aplicación de la disposición adicional vigésimo tercera de la Ley de la ciencia, los presupuestos y la concatenación de contratos que afectaba a nuestros investigadores, que se movían en un limbo jurídico. Es una situación que, como también dijo el señor De Guindos, el Gobierno quiere arreglar, y se está trabajando para ello.

Por eso apoyamos esta moción, porque el Gobierno ya está trabajando en ello. El pasado 6 de octubre se aprobó en el Consejo de Ministros un real decreto ley, dentro del plan Prepara, con una modificación para que las fundaciones del sector público gocen de las mismas condiciones laborales que el resto de los centros de investigación. Esta es la realidad en la que nos movemos, este es el terreno de juego. Vamos a centrar el debate. No enfanguen con otros argumentos falsos y con demagogias. Es una nueva oportunidad que nos brinda el Partido Socialista de colaborar y de trabajar, mediante el consenso, por la ciencia, por nuestros científicos, por nuestros investigadores y, en definitiva, por nuestro talento. Así ha sido hasta ahora.

Le puedo avanzar que tenemos un horizonte más próximo y otra ocasión de apoyar a nuestros investigadores y a nuestros científicos para que tengan la estabilidad laboral, la flexibilidad y la movilidad que demandan, y no es otro que la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018. Vamos a seguir avanzando y respondiendo a las diversas situaciones en las que se encuentra este colectivo dentro del sistema de la ciencia, así como el personal no investigador que realiza funciones estructurales. En ese un momento clave —y me dirijo al Partido Socialista— les invito a apoyar a nuestros investigadores como hacemos los parlamentarios, con el voto, y no solo con palabras. Porque, a propuesta de la Secretaría de Estado de I+D+i, dentro del Ministerio de Economía —ya lo anunció el señor De Guindos el pasado martes 21 de noviembre—, se ha previsto incluir en el anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado una iniciativa para mejorar la estabilidad laboral de los investigadores con contrato temporal en los denominados OPI, organismos públicos de investigación, así como en consorcios, fundaciones, universidades, etcétera. En concreto —también lo ha manifestado el senador Zelaya—, se trata de una tasa de estabilización del empleo temporal de hasta el 90 % de las plazas, que ya están dotadas presupuestariamente. Estamos hablando de en torno a unos 2500 trabajadores. Es una medida similar a la que ya se ha aplicado a los interinos de la sanidad y la educación. Como se le comentó al señor Martínez Olmos, estas plazas están ya dotadas y financiadas con fondos propios o externos.

Podría detenerme a desmotar la mayor parte de los discursos negativos vertidos hoy aquí, pero no es mi intención polemizar. Mi intención es acordar la estabilidad, la carrera investigadora, el talento, la formación, la evaluación, el rendimiento, la movilidad y la internalización de equipos. Se trata de que nuestros centros de investigación sean semejantes a los más avanzados del mundo.

Me gustaría finalizar la intervención con un talante positivo y tranquilizador para la sociedad científica de nuestro país, para esos cientos de investigadores de elite, los del Centro Nacional de Investigación Cardiovascular, los del Centro Nacional de Investigación Oncológica y otros tantos que estaban, lógicamente, preocupados por su futuro laboral por lo que ellos denominaban una chapuza legal, que eran más bien unas circunstancias sobrevenidas con esas disposiciones adicionales. Quiero tranquilizarles porque en los temas de ciencia, que el Partido Popular califica como política de Estado, se antepone el consenso a otras consideraciones. Así lo hemos hecho siempre con la Ley de la ciencia, con ponencias celebradas en esta Cámara y con la tramitación de distintas iniciativas, bien en comisión o en Pleno.

Es tremendamente positivo el consenso para favorecer el potencial de crecimiento económico dentro de la investigación básica, el desarrollo y la innovación.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Termino, señor presidente.

Por eso esperamos contar con su apoyo con ocasión del anteproyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018. Como ya he adelantado, apoyaremos la moción presentada por el Grupo Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Contreras.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Socialista, tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247; votos emitidos, 243; a favor, 231; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ENCABEZAR UN GRAN ACUERDO NACIONAL PARA LA CONSECUCIÓN DE UN PACTO DE RENTAS. 671/000052 GPS

El señor presidente da lectura al punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación se habían presentado en principio siete enmiendas: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto —tres por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete, y una por iniciativa de los senadores Alegre, Crisol y Marcos—; una del Grupo Parlamentario Popular; una del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y otra del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria. Posteriormente, se ha presentado una propuesta de modificación firmada por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Parlamentario Nacionalista. Por tanto, quedan vivas únicamente las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, la desigualdad y los bajos salarios amenazan la recuperación. No hay tiempo para quedarse quietos. Este aldabonazo lo da el Fondo Monetario Internacional. En Bruselas, la Comisión Europea sitúa a España a la cabeza de la desigualdad por rentas en la Unión Europea. El Ejecutivo europeo llama la atención sobre el hecho de que en España no se hayan restablecido los niveles de igualdad por rentas anteriores a la crisis; y esto es de antes de ayer, de noviembre del año 2017. Además, la Comisión Europea añade lo siguiente: Las recientes ganancias en empleo no han sido distribuidas de forma uniforme en los distintos grupos de población. La Comisión señala que nuestra economía ha logrado recuperar este año las cotas de actividad previas a la gran recesión, pero que no afecta a todos por igual. En este sentido, dice que la desigualdad es un problema y en su tabla de indicadores sociales coloca a España en una situación crítica dentro del apartado de la igualdad y la recuperación salarial. Y en la pérdida, primero, y en la no recuperación de los salarios, después, señorías, está el origen de este problema de rentas en nuestro país.

Sin embargo, no solo son el Fondo Monetario Internacional o la Comisión Europea los que llaman la atención sobre el problema que se cierne sobre nuestro país respecto a los salarios y a la distribución de las rentas sino también el Banco Central Europeo, la OCDE, la Organización Internacional de Trabajadores y las organizaciones sindicales; todos ellos son los que nos están diciendo que tenemos un problema. Todos reclaman lo mismo; todos reclaman a España que suba los salarios para consolidar —y añado yo— y hacer efectiva la recuperación porque, señorías, la crisis en nuestro país no se habrá acabado mientras la recuperación no alcance a todos. La recuperación no se producirá mientras no llegue a aquellos que sufrieron la crisis con más intensidad.

Señorías, el crecimiento por sí solo no es el final de la crisis; repito, el crecimiento por sí solo no es el final de la crisis. Por eso es tan importante llegar hoy a un acuerdo ampliamente mayoritario en esta Cámara, por la necesidad de la recuperación salarial; es algo muy importante.

Quiero aprovechar este momento para agradecer a los grupos que apoyan esta transacción y reconocen la necesidad de llevar a cabo una recuperación salarial: al Grupo Nacionalista Vasco, al PDeCAT, a Esquerra Republicana, a Podemos y, lógicamente, al grupo mayoritario y a su portavoz, porque estoy seguro de que hizo un intenso trabajo con el Gobierno y en el seno de su grupo para que se pudiera aprobar esta iniciativa. También quiero aprovechar este momento para manifestar que este acuerdo del conjunto del Estado para tratar de mejorar los salarios de los trabajadores no es incompatible y no colisiona en absoluto con los acuerdos que se puedan alcanzar en marcos de negociación colectiva de distinto ámbito, como pueden ser las comunidades; no solo no es incompatible y no colisiona sino que, en mi opinión, deberían ser complementarios. En este sentido, las comunidades deberían poner en marcha acuerdos de recuperación salarial, y el ejemplo más claro es lo que pasó en el marco colectivo de negociación de la Comunidad Autónoma de Baleares recientemente celebrado, donde acordaron una recuperación salarial en el sector de hostelería, el más importante de la comunidad, para cuatro años, con un incremento del 17 %, repartido de la siguiente manera: 5 %, 5 %, 3,5 % y 3,5 %, en los próximos años. Por lo tanto, es un acuerdo que da la salida a un marco más amplio de negociación, pero que no restringe en absoluto sino que debe impulsar marcos de otros ámbitos territoriales.

Por eso, señorías, es tan importante un acuerdo aquí, porque con ello reconocemos un problema existente. Solo se puede recuperar aquello que se ha perdido; es necesario reconocer el mal para luchar contra él, reconocer el problema para combatirlo. Por ejemplo, reconocer que existe la violencia de género es un paso imprescindible para combatirla; reconocer que existe el cambio climático es imprescindible para atajarlo; y reconocer que tenemos un problema grave, un problema muy grave con el empobrecimiento salarial es imprescindible para empezar a ponerle remedio.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.

Señorías, hoy, en el Senado —pongamos en valor esta Cámara—, nace el primer amplio consenso sobre la necesidad de la recuperación salarial en nuestro país, España; una recuperación que debe ser el eje, el núcleo de un pacto de rentas, que dé respuesta a las advertencias que nos llegan de todos los ámbitos y que debemos atender.

Señorías, hasta ahora los grandes perdedores de esa crisis han sido los trabajadores, y hoy tenemos delante de nosotros un acuerdo que debe hacer posible el comienzo de la recuperación de los salarios y para los trabajadores en nuestro país.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Hay mucho que desbrozar todavía pero, señorías, créanme, hoy es un buen día para esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Varela.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el senador Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.

Qué diferencia entre la moción de ayer, sobre desigualdad, y la moción de hoy, que habla de precariedad laboral.

Ciudadanos quiere manifestar que en este caso sí ha habido consenso y que se insta a un acuerdo nacional por el empleo y la negociación colectiva firmado por el conjunto de la Cámara.

Es verdad que habíamos presentado una enmienda, pero creemos que esta transaccional recoge el espíritu de lo que aquí ha dicho el senador proponente. Este ámbito de consenso nos parece muy interesante, pues facilita la recuperación salarial. Además, partiendo de ese acuerdo se puede conseguir la revisión del salario mínimo, la revisión de la situación de los empleados públicos y la puesta en marcha de un plan de choque para los jóvenes, tal y como recogía el espíritu de la moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.

También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Senadoras, senadores, hoy se ha conseguido una transaccional, que no ha firmado el Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de los cinco senadores que proponíamos enmiendas, ya que no las hemos visto reflejadas al cien por cien en esa transacción.

Voy a explicar las tres enmiendas que había presentado Compromís. La primera de ellas proponía simplemente un cambio técnico en cuanto a la denominación, para que en vez de «nacional» se dijera «estatal» porque, evidentemente, España es un Estado.

La segunda enmienda proponía añadir el texto siguiente al primer párrafo: «Encabezar un gran acuerdo estatal que involucre a partidos políticos, organizaciones sindicales y empresariales...» que era el término que faltaba originalmente y que se ha adjuntado en la transaccional.

Por último, habíamos presentado otra enmienda en la que pedíamos acabar con las diferencias entre las percepciones recibidas por los empleados públicos, pues los de la Administración General del Estado en las diferentes comunidades autónomas cobran menos que algunos funcionarios de las administraciones autonómicas, a pesar de ser de la misma categoría y atribuyéndoles las mismas funciones. Por lo tanto, creíamos que era interesante introducir estos aspectos en la moción.

Esas eran nuestras tres ideas para mejorar la moción presentada por el Partido Socialista. Sin embargo, no han sido aceptadas al existir una transaccional con el grupo mayoritario de la Cámara y con el resto de grupos, exceptuando el Grupo Mixto y Esquerra Republicana. Creemos que el que no las acepten impide que se pueda llegar a un consenso más amplio y estamos decepcionados porque de ese modo el texto transaccionado podría haber sido un poco mejor. En este sentido, podían haber intentado ser más flexibles y aceptar ciertas partes de nuestras enmiendas.

Por otro lado, también estamos decepcionados por observar que al redactar la transaccional han incluido a las organizaciones empresariales, pero de la original a la transaccionada se olvidan de las administraciones locales, autonómicas y de los partidos políticos. Al ser una transaccional tan light y tan poco profunda, se podrían haber intentado incluir, como mínimo, esos conceptos.

Creemos que será prácticamente imposible que nadie vote en contra de una moción tan claramente positiva para la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y de la mejora de la sociedad española.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Tiene la palabra el senador Varela, para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Sí, señor presidente.

Como ya ha comentado el señor Navarrete, al haber una transacción del conjunto de los grupos sobre un texto común, difícilmente podemos aceptar enmiendas, entre otras cosas porque una transacción deja de ser propiedad del proponente y pasa a ser propiedad del conjunto.

En cualquier caso, quiero trasladarle que comparto plenamente con usted la necesidad de homogeneizar los salarios de los funcionarios de nuestro país. Eso es algo en lo que se debería trabajar y, seguramente, que en otra ocasión tendremos oportunidad de llegar a acuerdos en el ámbito que usted plantea en sus enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

La Agrupación Socialista Gomera va a votar a favor de esta moción. Estamos de acuerdo con que es necesaria la recuperación laboral, que se acabe con la pobreza, que se recuperen los derechos laborales perdidos, que se modifiquen y se implanten nuevos como consecuencia de las variaciones de las circunstancias actuales y, cómo no, me gustaría destacar de esta iniciativa la solicitud de eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres. En este sentido, no es admisible que en el año 2016 los hombres cobren 5982 euros más que las mujeres; estamos hablando de una diferencia de más del 23 %. Tampoco es admisible, como consecuencia de lo anterior, que esta desigualdad exista y aumente en el caso de las pensiones de jubilación, donde el porcentaje aumenta al 37 %. Señorías, es intolerable que la pensión media de jubilación para las mujeres se sitúe en 742 euros, mientras que la de los hombres es de 1197 euros, lo que refleja, como mínimo, una diferencia de más de 454 euros. Repito, esa diferencia es injustificable.

Señorías, es intolerable que, aun siendo mayor el número de mujeres que de hombres en España, esta desigualdad siga existiendo en pleno siglo XXI. No podemos permitir que ante un mismo puesto de trabajo, ante una misma formación y ante un mismo horario los salarios sean desiguales entre hombres y mujeres, alcanzando una diferencia, por lo menos, del 15 %.

Por último, estamos de acuerdo con mejorar las condiciones salariales de los empleados públicos y, cómo no, con mejorar el empleo y las condiciones de los jóvenes, muy importante para el presente y el futuro de nuestro país. Por lo tanto, cuente con el voto de la Agrupación Socialista Gomera.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

¿Desea intervenir algún portavoz más del Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

No hay más intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Rivera.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies president. Intervindré molt breument.

Agrair al senador Varela que hagi portat aquesta iniciativa aquí al Senat, així com el seu esperit de trobar consens i de parlar les iniciatives.

Des del nostre partit, des del Partit Demòcrata, vostè ho sap, s’ha treballat molt en molts del temes que vostè proposava en la moció inicial, que de fet li haguéssim pogut aprovar tal com estava presentada, però és cert que li varen portar una esmena que feia referència dos temes que per nosaltres, en un som molt tossuts, que parlava de les nacions i les nacionalitats, del article 8 de la Constitució, per nosaltres era un tema que volíem que es recollís i després el tema de que es tingués en compte el nivell de vida en els diferents territoris, en les diferents comunitats.

Ens hem sentit reflectits en el seu discurs, quan parlava de la transaccional. És cert que continuem recollint en aquesta transaccional això de l’acord nacional, ens hagués agradat un acord, senzillament un acord per part de l’Estat i de la resta d’Estat autonòmic, en aquest cas, això també per aquells que en aquest moment puguin parlar d’Estats autonòmics plenament, que ja sap que no és el nostre cas.

En qualsevol cas, sense entrar en més consideracions, per el treball que hem fet nosaltres també en la reclamació del salari mínim interprofessional, vostè ho sap que al Congrés dels Diputats, vàrem aconseguir fins i tot que s’aprovessin algunes iniciatives que desprès, per la inestabilitat que hi havia a Espanya, no van poder prosperar. També vàrem aprovar una calendarització d’aquest increment del salari mínim interprofessional, que tampoc sabem si s’està acomplint o no.

Estem absolutament d’acord en que ha d’haver-hi acord per recuperar l’estabilitat salarial, per recuperar també sobre tot la igualtat en el salari dels homes i les dones, en aquests moments no hauríem d’estar parlant d’això, hauria de ser un tema que tinguéssim superat i això ens demostra que hi ha molta feina per fer i que segurament no som una societat tant moderna com moltes vegades ens pensem que som.

Gràcies.

Gracias, presidente. Intervendré muy brevemente.

Agradezco al senador Varela que haya traído esta iniciativa al Senado, así como su espíritu para encontrar un consenso y hablar sobre las iniciativas.

Como usted sabe, el Partido Demócrata, ha trabajado mucho en algunos de los temas que usted proponía en la moción inicial que, de hecho, hubiésemos podido aprobar tal y como estaba presentada. Sin embargo, presentamos una enmienda que hacía referencia a dos temas que son muy importantes para nosotros: el primero, sobre el que somos muy tozudos, el de las naciones y nacionalidades que recoge el artículo 8 de la Constitución, sobre el que queríamos hacer hincapié y también que se tuviera en cuenta el nivel de vida en los diferentes territorios o en las diferentes comunidades.

Nos hemos visto reflejados en su discurso cuando hablaba de la transaccional, aunque nos hubiera gustado un acuerdo entre el Estado y el resto del Estado autonómico en este caso; me refiero a aquellos que en este momento pueden hablar plenamente de Estados autonómicos, que ya sabe que no es nuestro caso.

En cualquier caso, y sin entrar en más consideraciones, diré que han hecho un trabajo interesante —también nosotros— en cuanto a la reclamación del salario mínimo interprofesional. En este sentido, usted sabe que en el Congreso de los Diputados conseguimos incluso que se aprobasen algunas iniciativas que, después, debido a la inestabilidad que había en España, no pudieron prosperar. Además, también aprobamos la calendarización de este incremento del salario mínimo interprofesional, aunque tampoco sabemos si se está cumpliendo o no.

Estamos totalmente a favor de la existencia un acuerdo para recuperar la estabilidad salarial y para recuperar sobre todo la igualdad en el salario de los hombres y las mujeres. En este sentido, en este momento no deberíamos estar hablando de ello sino que debería ser un tema superado ya, y esto nos demuestra que todavía queda mucho trabajo por hacer y que, seguramente, no somos una sociedad tan moderna como creemos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Airam es un joven canario diplomado en Relaciones Laborales, trabaja en una paquetería durante cinco horas al día y gana 640 euros al mes. Vive con sus padres y, por lo pronto, no tiene posibilidades de independizarse y mucho menos de adquirir una vivienda propia. Por otro lado, Nuria es una joven herreña que gana 700 euros al mes, y lo hace gracias a que compagina dos trabajos a tiempo parcial, de lunes a viernes, cuidando a un niño de 7 años durante tres horas y limpiando unos apartamentos durante otras dos horas. Nuria es abogada y llega a fin de mes compartiendo piso y controlando mucho sus gastos. Conozco a muchos chicos y chicas de mi tierra en esta situación, señorías, por eso me duele tanto este asunto y en cada una de las palabras que pronuncio durante mi discurso tengo en mi mente muchos nombres y apellidos de personas a las que el sistema aún no les ha dado una oportunidad digna de futuro.

Antes de la crisis económica, percibir 1000 euros de salario era considerado un sueldo bajo e, incluso, en muchas ocasiones inaceptable, pero fíjense ustedes qué paradoja: en el año 2017, percibir 1000 euros de salario es la meta a alcanzar por millones de ciudadanos en este país, dejándonos por el camino el derecho a un trabajo digno para satisfacer las necesidades de los trabajadores y de sus familias, a una vivienda propia o a tener garantizadas unas rentas dignas tras la jubilación.

Por todo eso, sin duda apoyaremos esta moción, sobre todo porque consideramos que todo ello viene a satisfacer lo que recoge nuestra Constitución; una Constitución que tanto se ha invocado en esta Cámara cada vez que ha interesado.

La Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria ha dicho por activa y por pasiva que el empleo en España crece, sí, pero lo hace a base de contratos temporales y parciales, y con peores salarios. Fíjense, según la encuesta de estructura salarial publicada por el Instituto Nacional de Estadística, 4 de cada 10 trabajadores en España ganaron menos de 1297 euros al mes en 2015.

Por tanto, esperamos que se apruebe esta moción y que se aborden todos estos puntos de forma seria y sin demagogia porque que es un tema que afecta de verdad a miles y miles de personas y que está acarreando efectos perversos en nuestra gente.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Termino, señor presidente.

Como siempre digo, unos pocos se llevan las ganancias y, otros, las consecuencias o las cargas. Y eso, señorías, no lo podemos seguir permitiendo,

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y a todas.

Antes de entrar en la moción en sí, quiero aclarar que mi grupo ha firmado la transaccional como mero trámite para que pudiera ser presentada y debatida, sin que necesariamente nos sintamos totalmente identificados con ella. Ahora me explico.

Estamos en total sintonía con la exposición de motivos. Efectivamente, la crisis y, sobre todo, las recetas para salir de ella han tenido un gran impacto en las condiciones de trabajo. Las medidas para aumentar la competitividad se han basado sobre todo en la devaluación de los salarios, que han llevado a deflaciones que pueden estar en torno al 17 %. Se trata de medidas probablemente al gusto del Banco Central Europeo pero que, desde nuestro punto de vista, ni hacen país ni cohesionan a la sociedad; son medidas que han llevado a que personas que están trabajando no lleguen a cubrir sus necesidades básicas y que han hecho que en este momento haya trabajadores en riesgo de pobreza y exclusión. Los datos macroeconómicos indican que la economía se está estabilizando, que está mejorando, pero aunque la economía crece y tira del mercado de trabajo, en este momento el empleo que se genera sigue siendo precario y temporal. Es decir, que el aumento de la competitividad de las empresas o la mejora económica no se está reflejando en mejoras en las condiciones laborales ni en mejoras salariales.

Mi grupo parlamentario defiende la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores. De hecho, les pongo como ejemplo que diferentes instituciones, como por ejemplo el Gobierno vasco, concretamente el consejero Azpiazu o el diputado general de Vizcaya, el señor Rementeria, han trasladado que la recuperación debe llevar aparejada directamente una subida de sueldos en las empresas que están creciendo y, evidentemente, también en la administración. Es una cuestión de justicia social, pero tampoco podemos olvidar la simple regla económica y, en este sentido, también advierten de la oportunidad de hacer esa subida salarial antes de que el Banco Central Europeo eleve los tipos de interés, con el claro riesgo de frenazo en el consumo. Por ilustrar lo que estoy diciendo, ayer mismo el Gobierno vasco aprobó en consejo un plan estratégico de empleo cuyo objetivo es generar más empleo y, además, mejor. Cuando hablamos de mejor, basta con mirar alguno de los indicadores que este plan estratégico plantea: la tasa de temporalidad, la tasa de tiempo parcial, el salario medio o el grado de cobertura de la negociación colectiva. No voy a hacer referencia a todos los demás, que también son muy interesantes. Hasta aquí queda claro que compartimos el espíritu de la propuesta.

En cuanto al texto transaccionado, lo primero que dice es: Impulsar, en el marco del diálogo social, con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas. Pues bien, creo que cuando se habla de más representativas, no nos referimos a las mismas. Ustedes saben que siempre hemos defendido, y seguimos defendiendo, el marco y el ámbito vasco de relaciones laborales pero, con toda seguridad, en nuestro marco de diálogo social no coinciden los agentes o faltan elementos claves con los que, si están dispuestos, nos corresponde hablar en Euskadi. No coinciden los agentes, pero tampoco coinciden la situación laboral, los sectores, las condiciones; es decir, que se trata de realidades diferentes. En este sentido, entendemos que la propuesta no garantiza ese marco vasco. Hemos oído al señor Varela y algo nos gusta su música, lo que pasa es que, al final, vemos la letra.

Quieren proponer —y leo literalmente— un acuerdo nacional por el empleo y la negociación colectiva. ¿De verdad creen que es posible con el marco actual, con un marco que constriñe? La reforma laboral dinamitó la negociación colectiva, así que lo que proponen implica necesariamente una reforma profunda de la legislación vigente, una especie de contrarreforma laboral. Y si eso no se produce, de poco valdrá la aprobación de este texto.

No sé si se ha producido —y es una duda que tenemos en este sentido— un cambio tan sustancial en el PP en las últimas semanas. Solo tenemos que leer el Diario de Sesiones del Pleno pasado y ver la respuesta de la ministra Báñez a la interpelación del senador Varela. ¿Ha habido un cambio tan radical que nos haga suponer que esto, de verdad, se va a producir?

Ustedes creen que esta propuesta supone una mejora en el ámbito español, y probablemente así sea. Nosotros estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de recuperar el diálogo social, la negociación colectiva y un empleo de calidad pero, lógicamente, eso supone una remuneración acorde. El diálogo y la negociación tienen que dar fruto, pero no tenemos claro que la aprobación de esta propuesta garantice de alguna manera esos frutos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora AHEDO CEZA: Creo que en mi exposición quedan suficientemente claras las razones por las que mi grupo se va a abstener.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Rufà.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Gràcies, senyor president.

Senador Varela, no volem entrar en una guerra de dades, ni entrar en motius de l’argumentari del seu grup. El nostre grup, el que sí pot dir es que Catalunya durant aquests dos anys i gràcies al Govern legítim en mans de la consellera Dolors Bassa, s’han creat grups de treball amb partits, organitzacions sindicals i locals entre altres, per tal de marcar una línia de treball, per tal de reduir l’atur i dignificar el sou de molts ciutadans, que es demostren en vàries dades: reducció de l’atur, el tancament del tercer trimestre del 2017, per exemple, la data que es tradueix és un 0,4 % sobre el valor corresponent al mateix trimestre de l’any anterior. La taxa d’activitat es situa al 61,85 %. Pel que fa a l’ocupació, hi ha 3.300 milers menys de persones ocupades, un 2,9 % més que el tercer trimestre del 2016. Pel que fa a l’atur, la població desocupada és de 475 000 persones, quantitat que reflecteix una variació interanual de menys 13,9 %. La taxa d’atur és del 12,54 %. Per sexes, el dels homes un 11,07 % i el de les dones un 13,49 %. Per grups d’edat, la taxa d’atur més elevada és la dels 16 als 24 anys: un 30,26 %. A Espanya la taxa d’activitat és del 58,92 %, diferent al 61 % de Catalunya, la ocupació del 49,27 % i la de l’atur un 16,38 %.

Així com la reducció de la població segons la dificultat per arribar a finals de mes i per això no és tot un salari digne de 1000 euros. És el nostre objectiu. Tal i com ho demanen per exemple alguns sindicats i l’associació «Anem a mil». És una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir un salari digne per totes les persones que treballen al nostre país, el que pot significar molts salaris vers el treball. No podem deixar d’anomenar que l’actual Govern de la Generalitat ha aprovat la Llei de Renda garantida, que durant aquest any es posa en funcionament.

En conclusió: el que plantegen en el debat és de nou una moció poc treballada, encara que s’ha modificat ara una transaccional que nosaltres hem signat i li donem les gràcies per fer-ho. El que cal ara és fer una planificació, per la recuperació de sous i recuperació del mateix sou entre persones. És clau per tenir una millora econòmica per la gent, tant del sector públic com del privat.

És fals, creiem nosaltres, indicar que no té cap cost econòmic, quan indiquen la recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos, això vol dir que el Govern de l’Estat haurà de pujar el sous, per tant tindrà un cost real. I un plan de choque para el empleo juvenil y la consecución de retribucions justes para este colectivo. Només cal fer una campanya i té un cost. Per això li preguntem si no tindrà un cost real, jo crec que sí, i suposo que en els futurs pressupostos ens explicarà vostè si té un cost o no.

Bé, per respecte als treballadors públics i privats, Esquerra ha signat la transacció amb la resta dels Partits, per millorar, esperem que això es converteixi en una realitat en la que tots puguem participar, ja que volem solucionar i volem millores per la gent i per a tots els treballadors.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, señor presidente.

Senador Varela, no queremos entrar en una guerra de datos ni tampoco en los motivos del argumentario de su grupo. Lo que mi grupo sí puede decir es que en Cataluña, durante estos años, y gracias al Gobierno legítimo en manos de la consellera Dolors Bassa, se han creado grupos de trabajo en partidos, organizaciones sindicales y locales, entre otros, para marcar una línea de trabajo, para reducir el paro y dignificar el sueldo de muchos ciudadanos, lo que se demuestran con varios datos: la reducción del paro al cierre del tercer trimestre de 2017, por ejemplo, que se traduce en un 0,4 % sobre el valor correspondiente al mismo trimestre del año anterior; el índice de actividad se sitúa en el 61,85 %; y, por lo que respecta a la ocupación, hay 3300 miles de personas ocupadas menos, un 2 % más que el tercer trimestre de 2016. Por lo que respecta al paro, la población desocupada es de 475 000 personas, cantidad que refleja una variación interanual del +13,9 %; el índice de paro es del 12,54 %; y, por sexos, los hombres suponen un 11,7 % y las mujeres un 13,49 %. En cuanto a los grupos de edad, el índice de paro más elevado es de los 16 a los 24 años, con un 30,26 %. En España el índice de actividad es del 58,92 % frente al 61 % de Cataluña, la ocupación del 49,27 % y el paro del 16,38 %.

En cuanto a la población, según la dificultad para llegar a final de mes, nuestro objetivo es un salario digno de 1000 euros, tal y como lo piden, por ejemplo, algunos sindicatos y la asociación Vamos a mil. Es una iniciativa ciudadana que tiene como objetivo consolidar un salario mínimo para todas las personas que trabajan en nuestro país. No puedo dejar de decir que el actual Gobierno de la Generalitat ha aprobado la Ley de renta garantizada, que se pone en funcionamiento este año.

En conclusión, lo que pone de manifiesto el debate de nuevo es una moción poco trabajada, aunque se ha modificado ahora con la transaccional que hemos firmado, y le damos las gracias por hacerlo. Es necesario establecer una planificación, hablar de recuperación de sueldos y del mismo sueldo entre las personas, que es clave para alcanzar una mejora económica tanto para la gente del sector público como del privado.

Desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, es falso indicar que no hay ningún coste económico cuando se habla de la recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos. Nos consta que el Gobierno del Estado les tendrá que elevar el sueldo; y, por lo tanto, tendrá un coste real, así como cuando se dice que para el empleo juvenil y la consecución de retribuciones justas solo hay que hacer una campaña, y tiene un coste. Por eso le preguntamos si no tendrá un coste real. Creo que sí lo tendrá, y supongo que en los futuros presupuestos usted nos explicará si es así o no.

Por respeto a los trabajadores públicos y privados, Esquerra ha firmado la transacción con el resto de grupos, para mejorar. Esperamos que esto se convierta en una realidad en la que todos podamos participar, ya que queremos soluciones y mejoras para la gente y para todos los trabajadores.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rufà.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Guardingo.

El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Gracias, presidente.

Buenos días. Esta es una moción transaccionada por bastantes grupos parlamentarios, una moción que iba en una línea un poco parecida a la primera moción consecuencia de interpelación que discutíamos ayer, también del Grupo Socialista, pero con una mayor concreción. Yo creo, incluso, que en esta transaccional se podría resaltar con uno de estos marcadores fosforescentes la siguiente frase: Posibilitar la recuperación salarial. Si algo es clave es que el Senado pueda instar hoy a esta recuperación salarial, que es la pata más coja de la recuperación económica y, por lo tanto, mi grupo, y yo como su portavoz de Empleo en esta Cámara, agradecemos tanto al proponente como al Grupo Popular el trabajo hecho para poder llegar a que hoy el Senado pueda instar al Gobierno, primero, a reconocer que es necesario recuperar salarios, porque algo habrá pasado con esos salarios para que se tengan que recuperar, y, segundo, a que se ponga este objetivo donde se tiene que poner, en la mesa de diálogo y en la negociación colectiva, porque, aunque no está escrito, también se está reconociendo que hay que mejorar la articulación de la negociación colectiva.

La semana pasada conocíamos un estudio de la Comisión Europea, al que ha hecho referencia el senador Varela, que desnudaba el discurso eufórico del Gobierno sobre el fin de la crisis, porque de esta crisis estamos saliendo más desiguales que entramos, y se constata esa fatalidad que se oye mucho últimamente en las calles de que aquí siempre pagan los mismos. La Comisión Europea constata que en España vamos entre regular y mal. Pero en cuestiones de igualdad y de rentas, muy mal, los peores después de Rumanía y de Bulgaria. Para nosotros esto tiene una causa clarísima: la reforma laboral de 2012, fundamentalmente —aunque también las del Partido Socialista—, que debilitó a la parte trabajadora en la negociación colectiva con la prevalencia de convenios de empresas sobre el sector, en la externalización, favorecía la subcontratación, el descuelgue patronal de los salarios pactados y otras medidas que han supuesto una devaluación salarial brutal en España, porque, como todos sabemos, no podíamos devaluar la moneda porque no es nuestra moneda, sino que la compartimos con otros Estados. Y como tampoco se quería perseguir el fraude fiscal de las grandes empresas y poner la carga fiscal en las grandes fortunas para poder tener más recursos, al final se apostó por lo único que quedaba, la devaluación de salarios. Y aquí siempre acaban pagando los mismos. Lo dicen en las calles y hay que reconocer que la calle, para esto, es sabia.

En la interpelación que tuvo el senador Varela me llamó muchísimo la atención que la ministra pidiera respeto por los 300 000 representantes legales de los trabajadores que pactan los salarios. Y yo creo que respeto a la representación de los trabajadores, todo. Nosotros presentamos en el Congreso una proposición de ley para mejorar la negociación colectiva, que ha sido vetada en su trámite, y hoy vamos a apoyar también esta moción porque queremos fortalecer a estos representantes de los trabajadores en la negociación colectiva y devolver a la clase trabajadora el poder negociador que ha perdido durante la crisis, porque no va a haber recuperación de salarios por decreto ni escribiéndolo en el BOE, sino en las mesas de negociación.

Con la política laboral del Partido Popular, el empleo que se crea, gracias a la mejora de la coyuntura económica europea y mundial, es de peor calidad que el que se creaba antes de la crisis. El empleo actual cuenta con unos salarios de entrada inferiores en un 25 %. Y quien perdió su trabajo durante la crisis y vuelve a trabajar hoy, lo puede ver en sus nóminas. Cobra menos que antes. Y si trabaja, señores del Partido Popular, es gracias, sobre todo, a la evolución de la economía en Europa y al cambio de rumbo del Banco Central Europeo mucho más que a sus políticas económicas. Sus políticas han dañado los salarios, han dañado la demanda interna y han aumentado la desigualdad. Hoy, la distancia entre el 20 % que cobra más y el 20 % que ingresa menos es más amplia que antes de la crisis. Hoy conocemos un fenómeno nuevo en España: trabajadores con nómina y pobres a la vez. Demasiada temporalidad, demasiada parcialidad no deseada, demasiada precariedad que castiga, especialmente, a mujeres y jóvenes.

En el Congreso de los Diputados hemos llevado propuestas para aumentar el salario mínimo hasta los 1000 euros al mes, en la línea marcada por la Carta Social Europea. Hemos llevado una proposición de ley, como he comentado, que el Gobierno ha vetado, para poder recuperar la negociación colectiva. Se está tramitando una proposición de ley de rentas que llegó en forma de ILP de los sindicatos. Hoy se quiere hacer creer que no hay alternativas al modelo económico neoliberal, en el que pagan siempre los mismos, pero nosotros creemos que sí hay alternativas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guardingo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme que comience mi intervención por lo que me parece básico, lo importante, no lo accesorio. He oído hablar en algunas intervenciones de alguna cuestión accesoria, y yo creo que lo que tenemos que hacer aquí, en esta Cámara, si queremos contribuir, si queremos empujar, si queremos colaborar en mejorar la situación, es ir a lo básico.

Comenzaba mi intervención diciendo que la desigualdad y los bajos salarios amenazan la recuperación. No hay tiempo para quedarse quietos. Esto lo decía el Fondo Monetario Internacional, nos lo dice la Unión Europea, el Banco Central Europeo, la Organización Internacional del Trabajo, las organizaciones sindicales. No hay tiempo para quedarse quietos. Si no somos capaces de enganchar en la recuperación económica la recuperación de las personas y los salarios, esa recuperación no será efectiva, será una recuperación fraudulenta. Por lo tanto, tenemos la necesidad de hacer un esfuerzo en el consenso y en el acuerdo para conseguir que esta Cámara, esta denostada Cámara, alcance un consenso amplio sobre la necesidad de la recuperación salarial en nuestro país. Esta Cámara y no otra, señorías. No podemos quedarnos quietos.

Los representantes de los grupos hacían algunas consideraciones que me gustaría aclarar. Se preguntaba el representante de Esquerra, cuando nosotros decimos que esta moción no tiene coste económico, si eso es así porque, indudablemente, estamos hablando también de salarios de funcionarios. Señorías, nosotros decimos que esta moción no tiene coste económico porque consideramos que todo el mundo nos está diciendo, las organizaciones internacionales también, que si conseguimos incardinar las mejoras salariales en el crecimiento económico, eso potenciará que ese crecimiento sea sólido y estable.



Y el crecimiento sólido y estable genera más contribuciones por parte de los ciudadanos y los trabajadores a la hacienda pública y genera más contribución de los trabajadores a los fondos de la Seguridad Social. Por lo tanto, no tendría coste si, tal como nos dicen, el crecimiento económico se consolida con el crecimiento salarial. Al revés, sería una aportación mayor a las arcas de la Administración, cosa que hasta ahora el Gobierno no había entendido. Preguntaban si había habido una modificación respecto a la interpelación a la ministra de la semana pasada sobre la situación en la que nos encontramos hoy. Pues sí, hay una modificación. El grupo mayoritario, entiendo que con el consentimiento del Gobierno, reconoce que hay que afrontar la recuperación de los salarios en nuestro país, y eso es muy importante.

Ámbito nacional de negociación. Hacía una consideración la representante del Partido Nacionalista Vasco acerca de las competencias y de los ámbitos de actuación. Señoría, yo creo que esta moción es absolutamente respetuosa con los ámbitos de actuación de cada uno. Yo creo que usted podría decirnos algo si nosotros estuviéramos determinando cómo deberían ser la negociación y la actuación en los ámbitos autonómicos, pero no lo estamos diciendo. Esta es una Cámara nacional, esta es una Cámara del Estado, y hablamos de acuerdos nacionales, porque esto no solo incumbe al Estado y a sus administraciones, sino a entes como organizaciones sindicales y empresarios. Yo entiendo que usted podría tener una queja si nosotros intentáramos condicionar la negociación colectiva o la negociación de la recuperación salarial en los ámbitos autonómicos, pero no es así. Es exactamente al contrario.

Señorías, yo creo que lo importante es, como diría mi admirado Manquiña, el concepto, y el concepto es que estamos hablando por primera vez con el grupo mayoritario, el que sustenta al Gobierno, de la necesidad de recuperar salarios en nuestro país, y esta no es una cuestión menor. Como decía el señor Guardingo, cuando hablamos de recuperar salarios es porque todos entendemos que hemos perdido salarios. Que eso se reconozca, que se reconozca que hay que resolverlo porque se han perdido y porque, como decía el secretario general de Comisiones Obreras, es de justicia social; que hay que resolverlo, como dicen muchas organizaciones y organismos internacionales, porque es necesario para el crecimiento y la estabilidad económica, porque es necesario para las personas y es necesario para el conjunto del país, y que esta Cámara sea capaz de llegar a un acuerdo muy mayoritario...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.

Que esta Cámara, como digo, sea capaz de llegar a un acuerdo muy mayoritario para decirle al Gobierno que tiene que pilotar con las organizaciones sindicales y empresariales un gran acuerdo nacional para la recuperación salarial, del que yo espero que cuelguen también acuerdos de otros ámbitos territoriales, es algo muy bueno, señorías.

Por eso nos felicitamos y por eso quiero dar las gracias y felicitar a todos los grupos, porque hoy es un buen día y este es un acuerdo muy importante para todos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Soto.

La señora SOTO RICO: Gracias, señor presidente.

Señorías, yo he escuchado con atención a todos los grupos parlamentarios y agradezco la intervención de muchos de ellos, pero también es cierto que no coincido con el diagnóstico de muchos respecto a la recuperación del empleo en nuestro país. Muchos de ustedes lo ven negro; yo lo veo blanco. Quizá las cosas no sean ni blancas ni negras, quizá sean grises. En todo caso, he de recordarles que el Gobierno de España está trabajando de una forma intensa para recuperar el empleo destruido durante la crisis, que es su prioridad esencial, y a partir de ahí mejorar las condiciones del empleo en nuestro país.

Ustedes saben, y me veo obligada a recordarlo, que desde febrero de 2013 se ha recuperado cerca del 70 % de los más de 3 300 000 empleos que se destruyeron durante la crisis. Usted debe recordarlo, señor Varela, porque entiendo que lo sufrió como consejero de Trabajo. Y también saben ustedes que para la recuperación del empleo ha sido necesaria la puesta en marcha de una serie de medidas que no cabe recordar esta mañana por cuestiones de tiempo, pero sí quiero recordar que todas las que se han puesto en marcha han sido siempre pensando, además, en las personas más vulnerables: los jóvenes, los parados de larga duración, las personas con discapacidad, las mujeres. Y saben, además, que una gran parte de las medidas puestas en marcha han sido fruto del diálogo social y del diálogo con los distintos partidos políticos. Cabe como ejemplo, señor Varela, el acuerdo entre su grupo y el nuestro sobre el salario mínimo interprofesional, que se incrementó el 8 %, la subida más alta en los últimos 30 años.

Por tanto, señorías, el Gobierno de España ha fijado como prioridad la recuperación del empleo, pero a partir de ahí también se ha abierto el debate sobre su calidad. Ese debate lo abrió la ministra Báñez, y aquí quiero pararme para, como ha hecho el señor Varela, agradecer a todos los grupos la negociación y el acuerdo que ha habido, pero especialmente al Gobierno de España, a la ministra Báñez —una ministra sensible y con una vocación bastante social, y esta es la muestra—, así como al secretario de Estado, que también ha estado apoyando este acuerdo desde el primer minuto. Y esto quiero recordarlo.

Señorías, en los últimos años las consecuencias de la recuperación económica, y espero que ustedes no lo nieguen, como ya negaron otras cuestiones, es que se han incrementado los salarios vía negociación colectiva, se han creado 500 000 empleos de media al año y el incremento de la productividad y de la competitividad de las empresas ha sido una realidad.

A pesar de que no coincidamos en el diagnóstico, señor Varela y señorías portavoces de los distintos grupos, como he dicho al principio de mi intervención, sí que es verdad que vamos a admitir la mayor, porque el objetivo de cualquier gobierno, como el del Gobierno de España, el del Gobierno de Mariano Rajoy, debe ser la consecución del bienestar socioeconómico de sus ciudadanos, de todos, de las personas que ya han encontrado esa oportunidad, ese puesto de trabajo, de las personas que estaban trabajando, y también de aquellos que todavía no han conseguido ese puesto de trabajo.

Por ello hemos alcanzado este acuerdo, porque la prioridad de mi grupo es el bienestar social. Un acuerdo, además, que yo creo que, podría decir, tiene un plus de positivismo, porque aquí no se adoptan los acuerdos, señor Varela, por obligación o por necesidad, como puede ocurrir en el Congreso de los Diputados, sino que aquí se adoptan por vocación, y así lo hemos luchado y conseguido entre todos.

A pesar de la transacción, tengo que manifestar que, como he dicho, no coincido en el diagnóstico de algunos de ustedes, porque entiendo que es erróneo; no coincido en las afirmaciones que han hecho algunos de ustedes respecto al papel del Gobierno en la negociación colectiva, porque entiendo que el Gobierno no debe interferir en este sentido; y tampoco coincido con algunos de ustedes respecto a la interpretación que hacen de la reforma laboral, porque a toda vista funciona y está siendo un instrumento esencial para la creación de empleo, a pesar de que pueda mejorarse, cosa que no voy a cuestionar.

Como entendemos que el acuerdo es positivo, quiero decir que es esencial que los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores debe seguir incrementándose todos los años en el marco de la negociación colectiva, respetando la autonomía y la voluntad de los agentes sociales y siempre acompañados del objetivo prioritario del Gobierno de España, que es el crecimiento económico y del empleo en nuestro país.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Soto.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la propuesta de modificación a la moción consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que está firmada por todos los grupos, menos el Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 235; a favor, 228; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE APOYAR TODOS LOS PRODUCTOS, INCLUIDOS LOS CATALANES, DE LA MARCA ESPAÑA. 662/000085 GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado siete enmiendas: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto —por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete—; una del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; una del Grupo Parlamentario Socialista; y una del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. Abandonen el hemiciclo en silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el senador Aroca. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

El señor AROCA SÁEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

Señorías, me corresponden, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, hacer uso de la palabra para defender la moción que nuestro grupo ha presentado con el propósito de apoyar y defender nuestros productos marca España, incluidos, como no podía ser de otro modo, los productos catalanes, con el fin de evitar que se ejerza discriminación o boicot hacia ellos.

De todos es sabido que el Gobierno, recientemente, ha rebajado en 3 décimas su previsión económica por el impacto negativo de la actual situación política de Cataluña, quedándose dicha previsión en el 2,3 % para 2018. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor AROCA SÁEZ: El propio Banco de España estima que el coste para nuestra economía en los próximos años sería de 2,5 puntos de nuestro producto interior bruto en caso de persistir dicha inestabilidad. Esta incertidumbre supondría una menor confianza de los consumidores y empresarios. Señorías, Cataluña, no hace muchas semanas, lideraba el crecimiento económico de las diferentes comunidades autónomas. El PIB catalán avanzaba frente a la media nacional y el empleo y la afiliación a la Seguridad Social también eran superiores a la media nacional.

Como consecuencia de la incertidumbre social y política en Cataluña, se está deteriorando el entorno económico y se está perjudicando la recuperación económica de este territorio español, lo que les dejaría en una clara desventaja frente a otras comunidades autónomas. Los principales organismos económicos están revisando a la baja las previsiones de crecimiento en Cataluña. Dichas revisiones se ven respaldadas por el descenso en la matriculación de automóviles, el frenazo en el mercado inmobiliario, una disminución en las ventas en el comercio minorista o la paralización de importantes proyectos de inversión. También se están viendo gravemente perjudicadas las reservas hoteleras o el deterioro de la imagen que se produce como consecuencia de las huelgas y cortes de carreteras que, recientemente, han tenido lugar y que a todos nos perjudican. Todo este escenario produce un impacto negativo en el empleo. La fuga de empresas del territorio catalán afecta gravemente a los trabajadores catalanes, ofreciendo una mala imagen de incertidumbre e inestabilidad en esta comunidad autónoma.

Señorías, la prosperidad y el crecimiento están directamente relacionados con la seguridad jurídica y el respeto a las leyes, que se hubieran visto, sin duda, quebrantadas en el proceso secesionista que se pretendía imponer. Las inversiones se frenan en Cataluña, entre otras causas, como consecuencia del cambio de muchas empresas de su domicilio social y fiscal. Han sido ya más de 2500 empresas, según los datos del Colegio de Registradores Mercantiles de España, las que han decidido cambiar su razón social, aparte de las que han cambiado el fiscal. Ello hará que se merme la recaudación de los ingresos impositivos en esta comunidad.

Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular confiamos en el pueblo catalán, en sus capacidades y fortalezas para superar la actual situación y en su pronto retorno a la senda del crecimiento económico y creación de empleo. Uno de los problemas más graves es el boicot comercial que empresas y productos catalanes están sufriendo en el resto de España por parte de algunos o de muchos consumidores. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado está radicalmente en contra de ello. Estas son consecuencias negativas para todos. Por ello, estamos en contra de estas prácticas y decisiones erróneas del consumidor. Este boicot a los productos catalanes carece de todo sentido en un mundo globalizado como en el que vivimos. Desde el punto de vista social, tampoco es acertado. No podemos abandonar a su suerte, con estas prácticas, al pueblo catalán. Tenemos que saber diferenciar entre los ciudadanos catalanes y sus gobernantes. España necesita a Cataluña como Cataluña necesita a España.

Cataluña es una gran región, que sumada al resto de comunidades autónomas formamos un gran país: España. Nuestras diversidades y nuestras igualdades nos hacen ser uno de los mejores países del mundo. Tenemos una tremenda riqueza cultural, gastronómica o paisajística, entre otras muchas virtudes, y contamos con un tremendo empuje turístico. Nuestra unidad nos hace más fuertes. Pongamos en valor y en común nuestras fortalezas. España es una gran potencia para producir, elaborar, fabricar y comercializar nuestros productos, haciéndolos de calidad y excelentes, y convirtiéndolos en embajadores, dentro y fuera de nuestras fronteras, bajo el título marca España.

Señorías, hace tan solo unas semanas esta Cámara, de forma mayoritaria, aprobó la aplicación del artículo 155 de nuestra Constitución. Con ello estamos devolviendo a Cataluña la legalidad y normalidad y al constitucionalismo. Es tarea de todos los españoles contribuir a la normalización económica y social. Tenemos que ser capaces de cerrar las heridas que el independentismo ha creado fuera y dentro de Cataluña. Hay que cerrarlas con la unidad de las fuerzas políticas constitucionalistas y del conjunto de los españoles.

Rechazamos cualquier práctica de boicot a los productos catalanes. Boicotearlos sería alejarnos del proyecto común que es España. La inmensa mayoría de los ciudadanos catalanes no se merece cargar con las irresponsabilidades de unos pocos. Cataluña es una gran potencia exportadora. Sus ventas, al margen de tener como destino otras comunidades autónomas españolas, tienen una especial incidencia en otros países comunitarios. Su economía tiene un alto grado de dependencia del sector exterior; es uno de sus grandes pilares.

Señorías, para finalizar, les invito a mostrar su apoyo a esta moción. Boicotear los productos catalanes es boicotearnos a nosotros mismos. Los daños son múltiples, ya que afectan a muchos trabajadores y a otros sectores de otras comunidades autónomas que envían sus productos a Cataluña para que allí sean finalmente producidos y comercializados. Debemos ser optimistas y desear que la vuelta al orden constitucional y estatutario con las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre permita una normalización de la vida política, económica y social del pueblo catalán. Esto será así por el bien de todos. Veremos, de este modo, cómo nuestra economía será capaz de mantener en 2018 un ritmo de crecimiento fuerte y equilibrado. Cataluña y los catalanes serán capaces de regresar al camino del que nunca deberían haber salido, y su economía volverá a ser líder en crecimiento, de tal modo que contribuirá a la buena marcha del conjunto del país, como así ha ocurrido a lo largo de los últimos años.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Aroca.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, si hoy no se me interrumpe, intentaré explicar nuestras enmiendas.

Vemos que esta moción no sirve absolutamente para nada. Ya sabemos para qué sirven las mociones, son declaraciones de buenas intenciones. Esta es un nuevo intento de cinismo e hipocresía, porque con mociones como esta no arreglan ustedes el desastre, no enmiendan sus excesos y tampoco vemos en el texto ninguna propuesta de enmendar lo que han hecho,

El que empezó propagando el odio hacia todo lo catalán, por tanto, hacia los productos catalanes fue el Partido Popular. ¿A qué ha jugado la radiotelevisión pública española y sus medios afines? A justificar su posicionamiento cerril y de confrontación, imagino que esa es la televisión de gente normal que querían también para Cataluña. ¿Para qué ha servido el decreto ley urgente para facilitar la salida de empresas de Cataluña? Para deslocalizar, para meter miedo y para señalar a aquellas empresas que optaron por quedarse.

Los nacionalistas radicales españoles llevan alentando el odio hacia Cataluña desde mucho antes de que comenzara el proceso independentista. Ya lo iniciaron ustedes, la gente del Partido Popular, recogiendo firmas contra el Estatut. Desde entonces se ha producido un boicot a los productos catalanes, que ustedes iniciaron de manera irresponsable porque pensaban que así, alimentado al enemigo interno, la fobia, podrían sacar rédito electoral en el resto de España.

¿Se acuerdan ustedes de su vergonzosa campaña contra la supuesta hispanofobia en Cataluña? Eso, obviamente, ha ayudado mucho a sembrar el odio hacia lo catalán. ¿Para qué ha servido el artículo 155? También lo saben. Han utilizado de nuevo todas las armas posibles para desestabilizar la economía catalana. Las fuerzas independentistas seguramente tomaron decisiones temerarias, que en muchos casos no compartimos, pero los nacionalistas radicales españoles utilizaron este escenario, y en lugar de poner cordura, sentido de Estado, e intentar reconducir la situación, optaron por la confrontación y por la crispación; optaron muchos de sus dirigentes locales por posicionarse en el «a por ellos» mientras se jaleaba a los guardias civiles; optaron por el despliegue policial y por hacer el ridículo.

Se pasaron de frenada y han visto que el boicot a los productos catalanes acaba afectando al resto de comunidades autónomas. Un ejemplo gráfico ha sido el cava, ese cava que desde 2004-2005 está sufriendo la campaña de boicot. El corcho del cava catalán se produce en Andalucía, en Extremadura o en el País Valencià; las botellas se producen en Aragón o en León; las cajas en el País Valencià, etcétera. Por tanto, si hay boicot al cava catalán, acabamos pagándolo todos. Cualquier empresa de alimentos catalanes utiliza materias primas de cualquier parte del Estado español y, repito, el boicot a los productos catalanes acaba pasando factura a empresas de cualquier parte del territorio español.

El Gobierno catalán y los partidos que le dan apoyo, el Gobierno al que ustedes han inhabilitado, seguramente erró, pero los desmanes del Gobierno en la crisis territorial han trasladado a toda Europa, a todo el mundo, una imagen nefasta de la marca España. Eso seguramente ha perjudicado gravemente a nuestra credibilidad como Estado, y la marca España se devalúa, convirtiéndonos en un país de pandereta. El esperpento del Gobierno español durante el referéndum nos sitúa en los niveles de una monarquía bananera. No he visto todavía una rectificación ni una disculpa ni una reflexión en su campaña de represión y odio hacia todo lo catalán.

Por todo ello, en nuestras enmiendas pedimos que igual que critican la para ustedes actitud irresponsable del Gobierno catalán, hagan lo mismo con la actitud irresponsable del Gobierno español. Pedimos que se protejan las marcas de calidad y denominaciones como la IGP, las marcas de calidad, las denominaciones de origen, y que se rechacen los tratados que alegremente votaron ustedes, como el TTIP y el CETA, que afectan gravemente a estos productos de la marca España. Y pedimos también que rectifiquen el decreto ley para deslocalizar empresas de Cataluña, que se deje de devaluar con sus políticas la marca España.

Esta moción vuelve a desprender un desprecio absoluto hacia lo catalán en su redacción; no propone soluciones, simplemente busca culpables, responsables, y solo apunta a una parte y no a todas.

Voy terminando, señorías. Entendemos perfectamente esta moción, es simplemente un gesto, sin recorrido, porque estamos en campaña electoral, para intentar dulcificar su imagen en Cataluña, pero la imagen ultra y extremista de personajes como Albiol no se limpia tan fácilmente como él quería limpiar Badalona, aunque luego supimos que eso de limpiar era cosa de mujeres y no de hombres.

Reiteramos que la única vía para salir del atolladero es el diálogo, y por eso hemos presentado estas enmiendas a su moción, aunque sabemos que es una moción que no va a ningún sitio, y lamentamos el tono burdo de su texto.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mulet.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Vilà.

La señora VILÀ GALÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Al principio, al leer esta moción, pensábamos que al Partido Popular le había inundado un repentino espíritu navideño, que realmente quería hacer algo bonito para Cataluña y quería dar un mensaje en el Senado de que era malo, que era nocivo, boicotear los productos catalanes. Es verdad, lo es; es muy nocivo boicotear los productos catalanes. Pero ustedes han aprovechado esta moción, otra vez, para ahondar un poco más en la herida y no hacer ningún tipo de autocrítica. Lo que está pasando hoy en Cataluña, lo que está pasando hoy en España, tiene mucho que ver con lo que no ha hecho el PP, el Partido Popular, con lo que no ha hecho el Gobierno hasta ahora, que es dar una solución política a lo que está pidiendo la mayoría de los catalanes; un 80 % de los catalanes piden poder votar en un referéndum vinculante, piden una solución pactada, piden una solución dialogada. El Gobierno del Partido Popular ha estado constantemente haciendo oídos sordos a esta petición, y hoy nos viene aquí con una moción diciendo que es malo boicotear los productos catalanes —y lo es, claro que sí—, pero que todo es culpa del independentismo catalán, que el independentismo catalán está llevando a la ruina no solo a Cataluña sino también a España, sin hacer ningún tipo de autocrítica, tampoco de sus políticas económicas.

No seremos nosotros los que vayamos a defender lo que se ha aprobó en el Parlamento de Cataluña en el mes de septiembre, la ley de referéndum y la ley de transitoriedad. Nosotros dejamos claro que no dábamos apoyo a esas dos leyes, que nos parecían una fatalidad, ciertamente. También dejamos muy claro que no dábamos apoyo a la declaración unilateral de independencia. Ciertamente, eso no ayuda a ningún tipo de estabilidad económica, pero no podemos, de ninguna manera, dar apoyo a esta moción si el Partido Popular por su parte no hace autocrítica.

En esta enmienda lo que decimos es justamente esto, que el Senado tiene que reconocer que la crisis territorial del conflicto con Cataluña, agravada por la declaración unilateral de independencia, pero también por la falta de soluciones por parte del Gobierno del Estado, así como los partidos que dan apoyo a la aplicación del 155, está afectando a la economía catalana y, a su vez, a la española. Por ello, decíamos que el Senado tendría que manifestar la necesidad de apoyar a todos los productos del Estado español, independientemente de dónde vinieran, evidentemente. Pero suponemos que esta enmienda no va a ser aceptada.

Hemos perdido una oportunidad con esta moción. Realmente, pensábamos que teníamos una oportunidad para solucionar el conflicto, para mirarnos a los ojos, reconciliarnos y empezar a decir: basta ya, dejemos de autoboicotearnos, y pongamos soluciones. Vamos a hacer algo bonito para Cataluña. Pues no. Esta moción, de nuevo, lo que intenta es meter el dedo en la llaga, ahondar en la herida, y volver a hacer daño a los catalanes y las catalanas que durante todos estos años, desde 2010 concretamente, desde esa gran manifestación de 2010, han salido a la calle, una y otra vez, para reclamar un derecho a decidir, una solución pactada y una solución dialogada. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Vilà.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Borao.

La señora BORAO AGUIRRE: Gracias, presidente. Señorías, buenos días.

La moción que hoy nos trae a esta Cámara el Partido Popular trata de preservar los productos de marca España, incluidos los productos catalanes, evitando de esta manera el boicot a dichos productos. Evidentemente, hay signos y síntomas suficientes para pensar que el proceso independentista y los acontecimientos acaecidos en los últimos tiempos han producido importantes consecuencias sociales, económicas y, evidentemente, políticas. Esto se ha manifestado fuera de Cataluña con reacciones en forma de rechazo a los productos de origen catalán, lo que ha ayudado a agravar la situación económica y, evidentemente, también ha tenido consecuencias en el empleo.

Señorías, hasta aquí podemos compartir con ustedes esta reflexión, pero la redacción de su exposición de motivos desprende posturas de confrontación que no compartimos, porque con ese talante no contribuiremos a restañar heridas ni al cambio de actitud de los consumidores españoles. Estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión planteada en el segundo punto de su moción, pero no en la forma. No vemos necesario que con su mayoría en esta Cámara tengan que reafirmarse en su ideología para sacar adelante esta moción. Ustedes no se conforman con parar el boicot de los productos catalanes —algo indiscutiblemente insolidario y contraproducente para Cataluña y para el resto de España—, sino que pretenden sutilmente que el Senado, que ya votó a favor de la aplicación del artículo 155, apoye una acusación que ya estaba implícita en el texto y en los acuerdos del Pleno extraordinario. Es, por tanto, cuando menos, redundante e innecesario.

En el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que, desde el punto de vista de los consumidores, a quienes se refiere esta moción, la crudeza y la carga ideológica que contiene este texto —que invita a abrir un debate bronco— no mejorará la actitud de los consumidores y no conseguirá su objetivo, que es evitar y parar la campaña de boicot a los productos catalanes.

Por lo tanto, señorías del Grupo Popular, adoptemos posturas proactivas, contribuyamos con nuestro buen tono parlamentario a rebajar la indignación y la reactividad de las personas ante estos desafíos separatistas. Y consideramos que la mejor manera de frenar este problema, de detener cualquier intento de boicot a los productos catalanes —que igualmente conforman la globalidad de la marca España— sería promover en las instituciones implicadas una campaña de información y concienciación a la ciudadanía sobre los beneficios mutuos del comercio e intercambio de productos y los perjuicios directos e indirectos, sociales y económicos, de los comportamientos de boicot, apelando a su responsabilidad como consumidores y a la solidaridad con el conjunto de los españoles.

Por eso, proponemos un nuevo texto retirando este primer punto de la moción, que espero que sus señorías acepten, en aras de conseguir una mejor efectividad para frenar el boicot a los productos catalanes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Borao.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra, en primer lugar, la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, senyories.

Senyora Vilà, això és tot menys bonic, aquesta proposta és tot menys bonica, ni per a Catalunya ni per a ningú.

Nosaltres presentem una esmena que vol ser una proposta de veritat contra la seva post-veritat. El contingut d’aquesta proposta que vostès han fet, sobretot en la part expositiva (també en la dispositiva), és vexant, incerta, irresponsable i absolutament innecessària. Per això els proposem un nou text; si els preocupen els productes catalans, és clar, perquè entenem que vostès fan la proposta per això.

Nosaltres els instem a que vostès, aquí, deplorin la perversa política econòmica que ha impulsat el Govern contra Catalunya, intervenint els comptes de la Generalitat, gens bo per als productes catalans; paralitzant l’activitat econòmica de moltes societats, de moltes entitats també socials, de moltes entitats culturals i de molts centres de recerca; també molt dolent per als productes catalans. A través de bloquejar subvencions contemplades als pressupostos de la Generalitat mitjançant ordres del seu Govern. A més a més, vostès han impulsat una campanya de deslocalització de seus socials de les empreses, amenaçant amb les set plagues perquè marxin moltes empreses. En realitat, és una pura orquestració de màrqueting, perquè no és cert que marxin ni l’activitat ni el treball de moltes d’aquestes empreses. El que sí és cert (perquè ja hi estan acostumades i això ve de lluny, i ens podríem remuntar al 2005 si vol) és que cada cop que volem fer política a Catalunya i no estem d’acord amb les seves polítiques, tenim càstigs; i ves per on, apareixen boicots. I aquestes empreses marxen, perfectament convidades per vostès, perquè marxant fan una profilaxi contra possibles boicots; ja hi estan acostumades. Per això els diem això.

Instem també el Govern a fer una autocrítica sobre la lamentable política econòmica, perquè si una cosa hi ha certa en aquesta iniciativa és que les previsions econòmiques per a Espanya són dolentes. I no és culpa dels catalans, i molt menys dels independentistes, perquè els informes que hi ha al respecte (i ja abundarem en això) eren previs a que vostès arribessin amb els seus Piolins a Catalunya i hi paressin l’activitat econòmica, i donessin aquesta imatge de violència al món. Això també és molt dolent per als productes catalans: la violència al carrer que tot el món va poder veure. I això no és culpa dels independentistes, que ens peguessin per les nostres idees. Tampoc no és bo, amb el present 155, aturin tots els comptes de la Generalitat i ara vinguin aquí a dir que érem la primera potència, que lideràvem el creixement... Justament al tercer trimestre tots els informes diuen que estem creixent i, de cop i volta, s’atura. Potser hi tindrà alguna cosa a veure.

Al senyor Montoro li vam deixar de la següent manera: el PIB al tercer trimestre estava creixent un 3,5 % interanual; a Espanya, un 3,1 %. El volum del turisme estranger va augmentar un 7.8 % interanual ens els nou primers mesos de l’any, i la despesa turística, un 13,2 % fins a l’agost. A l’octubre i al novembre baixa el turisme, sí senyor; no sé si coneix el nostre territori. L’acumulat de les exportacions de béns en els vuit primers mesos de l’any mostra un creixement interanual del 8,8 %. I així podríem anar continuant. Per tant, no diguin mentides i assumeixin les seves responsabilitats.

Vostès tenen un problema, un problema molt greu; i els productes catalans també, i els de tots els territoris. I aquest problema seu no es diu Catalunya, aquest problema seu és el deute que vostès tenen, que ja veurem com hi faran front quan al gener els rebaixin la compra de deute substancialment. Aquest és el problema que vostès tenen. No enganyin ningú i no vinguin a dir aquí que els preocupen els productes catalans. I si els preocupen de veritat, acceptin i facin autocrítica del que suposen aquestes polítiques per a aquests productes.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, señorías.

Señora Vilà, esta propuesta es del todo menos bonita, ni para Cataluña ni para nadie.

Nosotros presentamos una enmienda que quiere ser una propuesta de verdad contra su posverdad. El contenido de esta propuesta que han hecho ustedes, sobre todo en la parte expositiva, aunque también en la dispositiva, es vejatoria, falsa, irresponsable y totalmente innecesaria. Por eso, si les preocupan los productos catalanes —pues entendemos que ustedes hacen la propuesta por eso—, les proponemos un nuevo texto.

Nosotros instamos a que ustedes aquí deploren la perversa política económica que ha impulsado el Gobierno contra Cataluña interviniendo las cuentas de la Generalitat —algo nada bueno para los productos catalanes—, paralizando la actividad económica de muchas sociedades, de muchas entidades, también sociales, de muchas entidades culturales y de muchos centros de investigación —algo muy malo para los productos catalanes—, a través del bloqueo de subvenciones contempladas en los presupuestos de la Generalitat mediante órdenes de su Gobierno. Y, además, ustedes han impulsado una campaña de deslocalización de sedes sociales de las empresas, amenazando con las siete plagas para que se vayan muchas empresas. En realidad es una pura orquestación de marketing, porque no es cierto que se vaya ni la actividad ni el trabajo de muchas de esas empresas. Lo que sí es cierto —porque ya están acostumbrados y esto viene de lejos, nos podemos remontar a 2005 si quiere— es que cada vez que queremos hacer política en Cataluña y no estamos de acuerdo con sus políticas, tenemos castigos y, mire usted por dónde, aparecen boicots y estas empresas se van, perfectamente invitadas por ustedes, porque al irse hacen una profilaxis contra posibles boicots. Ya están acostumbradas. Por eso les digo esto.

Instamos también al Gobierno a hacer una autocrítica sobre la lamentable política económica, porque si algo hay de cierto en esta iniciativa es que las previsiones económicas para España son malas, y no es culpa de los catalanes, y mucho menos de los independentistas, porque los informes que hay a ese respecto —y abundaremos en ello— eran previos a que ustedes llegaran con sus piolines a Cataluña, parasen la actividad económica y diesen esta imagen de violencia al mundo. Eso también es muy malo para los productos catalanes —la violencia en las calles que todo el mundo pudo ver— y eso no es culpa de los independentistas, que nos pegaron por nuestras ideas. Tampoco es bueno que ustedes, con el presente 155, paralicen todas las cuentas de la Generalitat y ahora vengan aquí a decir que éramos la primera potencia, que liderábamos el crecimiento. Justamente en el tercer trimestre todos los informes dan que estamos creciendo y, de repente, se para, quizás tenga algo que ver.

Al señor Montoro se lo dejamos del siguiente modo: el PIB del tercer trimestre crecía un 3,5 % interanual y en España un 3,1 %; el volumen de turismo extranjero aumentó un 7,8 % interanual en los nueve primeros meses del año y el gasto turístico un 13,2 % hasta agosto. En octubre y noviembre baja el turismo, sí señor, no sé si conoce nuestro territorio. El acumulado de exportaciones de bienes en los ocho primeros meses del año muestra un crecimiento interanual del 8,8 %, y así podríamos seguir. Así que no digamos mentiras y asuman sus responsabilidades.

Ustedes tienen un problema muy grave, los productos catalanes también y los de todos los territorios. Y ese problema suyo no se llama Cataluña, ese problema suyo es la deuda que tienen ustedes, y veamos cómo le van a hacer frente cuando en enero les rebajen la compra de deuda sustancialmente. Ese es el problema que tienen ustedes. No engañen a nadie y no vengan a decir aquí que les preocupan los productos catalanes, y si les preocupan de verdad, acepten y hagan autocrítica de lo que suponen estas políticas para esos productos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Rivero.

Para manifestar si acepta o no las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, creo que todos los senadores que formamos parte de este gran Senado de España estamos de acuerdo en que es bueno para la economía española y también para la economía catalana apoyar a todos los productos de la marca España, y también estamos todos de acuerdo en que sería bueno que el Gobierno de España promoviera una campaña para potenciar precisamente este consumo y evitar cualquier tipo de boicot.

En relación con esta propuesta de enmienda transaccional, tengo que decir que habíamos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, que proponía que se hiciera esta campaña. Lamentablemente, por falta de cortesía parlamentaria, no ha habido dos grupos parlamentarios que hayan querido firmarla con nosotros para que, aparte de apoyar los productos de la marca España y, por lo tanto, de la marca catalana, también se apoyara y se exigiera al Gobierno poner en marcha esa campaña, que nos parecía bien a todos, del Grupo Parlamentario Socialista. No había pasado nunca, pero esta vez sí ha pasado.

Nosotros queremos agradecer al Grupo Parlamentario Socialista esta enmienda, nos parece muy buena, y queremos tranquilizar a la senadora Borao porque el Gobierno de España ha tomado nota y estoy convencida de que lo va a hacer. En segundo lugar, tenemos que agradecer la capacidad de diálogo que tiene la senadora Borao y el Grupo Parlamentario Socialista y lamentar que otros grupos no hayan querido hacer lo mismo, con esa falta cortesía que les decía.

Senador Mulet, no podemos apoyar sus enmiendas, y se lo digo realmente con afecto y con pena. La agresividad que usted utiliza en el texto que ha escrito y en lo que ha dicho aquí en esta Cámara va en contradicción con todo lo que dice después, que culpa al Gobierno de España y a los partidos que no estamos de acuerdo con los independentistas de todos los males que ocurren en la economía española y también en la economía catalana. No se las podemos aprobar. No ha habido ninguna campaña de odio contra nadie, quizás al revés, y luego en mi segunda intervención se lo voy a explicar. Creo sinceramente que el Gobierno de España y todos los partidos que con el 80 % de los votos apoyamos en esta Cámara la aplicación del 155 hemos llevado a la sociedad catalana y a la sociedad española una tranquilidad que está generando confianza, y es todo lo contrario de lo que usted plantea en sus cuatro enmiendas, que son realmente brutales en su contenido y en las formas.

Tampoco podemos aprobar la enmienda de tres puntos que plantea el Partit Demòcrata y que ha defendido la senadora Rivero. Mire usted, el Gobierno de España y todos los españoles estamos siendo muy solidarios con los catalanes, con todos los catalanes, independientemente de sus genes y de su ideología. Y le voy a dar solamente dos argumentos: el primero, el Gobierno de España ha inyectado 82 700 millones de euros, 15 000 en inversiones y 67 300 en apoyo al Gobierno de Cataluña para apoyar la economía catalana.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminado, señoría.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Voy terminando.

Por lo tanto, no estamos de acuerdo con su enmienda y no la vamos a aprobar.

Y tampoco vamos a aprobar la enmienda de Podemos, porque estando de acuerdo en el petitum definitivo, que es apoyar los productos de la marca España, creemos que la equidistancia que ustedes practican no beneficia ni a ustedes, ni a los catalanes, ni a los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Riolobos.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Señorías, los senadores de Ciudadanos estamos totalmente de acuerdo con la moción del Grupo Parlamentario Popular. El boicot a los productos catalanes no es bueno ni para Cataluña ni para el resto de las comunidades de España. A esta situación nos han llevado los visionarios del procés que han mentido y engañado a los catalanes. Entre otras cosas, decían que no se produciría la huida de empresas de Cataluña. Cuando las empresas comenzaron a abandonar Cataluña dijeron que este hecho no tendría impacto económico, que la economía catalana es infinitamente más que algunas empresas emblemáticas y, finalmente, que las que se han ido, dentro de poco volverán. Mentira.

No les voy a hablar del grave impacto económico que ha tenido la fuga de empresas, pero sí les voy a decir que el boicot a los productos catalanes no es positivo y no tiene sentido ni para los catalanes ni para el resto de los españoles.

Señorías, hay empresas emblemáticas catalanas que sufren un doble boicot, en el propio territorio de Cataluña y en el resto del Estado; en Cataluña porque han manifestado su intención de abandonar o han abandonado esa comunidad y en España porque son empresas catalanas. Recientemente, el presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet decía que Barcelona nunca había perdido un concurso internacional, en referencia a la Agencia Europea del Medicamento; ahora la marca Barcelona está muerta. Esto es lo que han conseguido los Puigdemont, los Junqueras, las Colau, y lo peor es que siguen y siguen con la misma cantinela.

Como europeo, español, andaluz y valenciano de adopción, deseo que a partir del 21 de diciembre Cataluña vuelva a la senda de la legalidad y vuelva a ser una de las regiones más ricas, más dinámicas y más prósperas de Europa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Crisol.

¿Por el Grupo Mixto cuántos más van a intervenir? (Pausa).

Tienen ustedes tres minutos y medio.

Senador Mulet, tiene la palabra.

El señor MULET GARCÍA: Gracias. Intentaré ser breve, porque no tengo mucho tiempo.

Falta de cortesía es, si quiere que le aprueben una transaccional, no informar a los que hemos presentado enmiendas; no tiene usted carta blanca para hacer lo que quiera aquí, aunque tenga mayoría absoluta. Si quiere una transaccional, si quiere nuestro voto positivo, lo que tiene que hacer es venir y dialogar con nosotros. Cuando hay voluntad de diálogo, como la semana pasada con la moción de los cítricos, se dialoga y se llega a acuerdos. Así se demuestra la cortesía parlamentaria. La cortesía parlamentaria no es pisotear a los pequeños, como hacen ustedes reiteradamente. Si quería nuestra firma, tendría que haber venido aquí a solicitarla e intentar conseguirla.

Aparte de la cortesía parlamentaria, también hay una cuestión ideológica, si no estamos de acuerdo en un texto, obviamente no tenemos por qué aceptarlo, como ustedes nunca aceptan nada de lo que nosotros proponemos.

¿Agresividad y brutalidad en mis enmiendas? Le recomiendo que las lea: «El Senado insta al Gobierno a derogar el Decreto-Ley aprobado recientemente por la vía de urgencia para favorecer la salida de empresas de Catalunya...» «El apoyo a los productos de “marca España” debe hacerse colaborando con las comunidades autónomas y demás administraciones para la promoción de las marcas de calidad, denominaciones de origen, IGP...»

¿Es eso brutalidad? Brutalidad es su texto; brutalidad es lo que desprende su idea. Me parece muy bien que no las acepte, pero no se exceda en sus palabras, que luego somos nosotros los que nos excedemos simplemente por exponer puntos de vista diferentes. Le recomendaría que, antes de prepararse su argumentario, leyera lo que proponemos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Mulet.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Señorías, una parte de los catalanes, que no todos, una minoría independentista, ha generado una grave situación con la DUI y los hechos que todos conocemos.

El presidente de la Cámara de Comercio de España ha dicho que la marca Cataluña está muerta, pero eso no es cierto. Si estuviera muerta, no habría nada que hacer, y nosotros nos negamos a perder la esperanza. Cataluña está herida gravemente, pero boicotear sus productos es ahondar en una crisis de un territorio español que no es de los catalanes, es nuestro, es de todos los españoles. No podemos dejarnos llevar por el empacho o el enfado ante una situación que ha creado una minoría independentista ante la pasividad y sufrimiento de la mayoría silenciada.

Lamentamos profundamente que no haya podido salir adelante la transaccional con el Grupo Socialista, porque este es un momento para sumar y multiplicar, no de dividir ni restar.



En Foro reivindicamos la solidaridad frente a la venganza y la desigualdad. Sentimos España y Europa como algo consustancial a nuestra identidad. Nuestro objetivo es el progreso político, económico y social de una España sin privilegios ni discriminación por razones de historia, población o riqueza. Por ello pensamos que cualquier intento de romper nuestro país ha de combatirse con las leyes. No podemos aplaudir un boicot que solo nos genera daño a todos. Todas las comunidades autónomas producen más bienes y servicios para vendérselos al resto de los españoles que para enajenarlos entre la población de esa autonomía. Por tanto, no solo perjudicamos a Cataluña, sino a todo el país.

Es evidente que quienes han causado este grave daño a toda España serán juzgados por los tribunales. A nosotros nos queda la tarea de coser las heridas, potenciando, como bien dice la moción que hoy debatimos, la marca España, que incluye a todos los productos españoles, incluidos los catalanes, porque, a pesar de unos pocos, Cataluña ha sido, es y seguirá siendo España.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Coalición Canaria claro que apoya el consumo de los productos catalanes y que combatamos a quienes lo boicotean, pero no va a apoyar esta iniciativa porque entendemos que está cargada de un profundo sentido electoralista. En ella se nos pide que condenemos a determinados partidos políticos en medio de una campaña electoral. No es papel del Senado intervenir en campañas electorales. Esta corresponde hacerla en Cataluña y no aquí, y el papel del Senado debería ser ayudar a buscar soluciones al grave conflicto territorial que existe. Si queremos aportar normalidad y tranquilidad a la vida política en Cataluña y en España este no es el camino, señorías. Por eso no vamos a apoyar la moción. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Julios.

Senadora Rivero, tiene la palabra.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Cortesia parlamentària cap. Amb nosaltres cap de vostès no s’ha posat en contacte per parlar de cap transaccional. Aquesta moció és més pròpia de les aventures del baró de Münchhausen, conegudes per ser distretes, i també incertes i, en aquest cas, una distracció. Una distracció perquè, mentre contaminen un i un altre cop, i culpen i tensionen Catalunya, han de deixar de parlar de les previsions econòmiques que tenen per a Espanya.

Els he parlat de l’informe del Fons Monetari Internacional, que així ho recull, i a més a més consta en el propi informe, que està fet abans d’allò que vostès anomenen la situació política de Catalunya, que no sé perquè l’anomenen situació política si mai no han fet política per afrontar-la. Aquest informe el situen, però, després de la violència de l’1 d’octubre i de la intervenció dels comptes de la Generalitat per aquest 155, constitucional en el seu article però inconstitucional en la seva aplicació. Espanya no va bé gràcies a vostès, i Catalunya anava molt bé a pesar de vostès. Els informes així ho demostren. Per tant, una distracció, perquè ja els he dit que vostès no tenen un problema amb Catalunya; vostès tenen un problema amb la crisi del deute. També és incerta.

Aquí venen preocupats pels productes catalans, però aquí vostès també tenen un Münchhausen; no el baró, la patologia traslladada. Vostès ens emmalalteixen i després ens porten el guariment. Vostès afirmen que la majoria de ciutadans de Catalunya (i ho posen vostès en aquesta iniciativa) són gent de bona fe; la qual cosa ens tranquil·litza, perquè vol dir que, a banda del 8 % que els vota a vostès a Catalunya, hi ha gent de bona fe, i per tant alguns independentistes no devem ser culpables. Tampoc no ho són els talls a les carreteres. De talls a les carreteres n’hi ha molts, però el veritable boicot a les carreteres és que haguem d’esperar 20 anys per tenir 9 quilòmetres de corredor mediterrani; això és un boicot als productes. Tampoc les vagues; les vagues són un dret, no un problema, senyories.

Diuen que el boicot el fan alguns consumidors que, segons diuen vostès a la iniciativa, saben el que pensen. Doncs si saben el que pensen i els coneixen, vagin i els convencen que així no es fan les coses. Atribueixen els boicots als independentistes o al procés; i jo els diré que com expliquen aleshores això, del 2005:...

Gracias, presidente.

Cortesía parlamentaria, ninguna. Ninguno de ustedes se ha puesto en contacto con nosotros para hablar de ninguna transaccional. Esta moción es más propia de las aventuras del barón de Münchhausen, conocidas por ser distraídas e inciertas, y en este caso distrayentes. Distrayentes porque mientras contaminan una y otra vez y tensionan Cataluña y la culpan, tienen que dejar de hablar de las previsiones económicas para España.

Les he hablado del informe del Fondo Monetario Internacional, que así lo recoge; consta en el propio informe —que está hecho antes de lo que ustedes denominan «la situación política de Cataluña», que no sé por qué la llaman situación política si nunca han hecho política para afrontarla—. Este informe se sitúa después de la violencia del 1 de octubre y de la intervención de las cuentas de la Generalitat por el 155, constitucional en su artículo pero inconstitucional en su aplicación. España no va bien gracias a ustedes y Cataluña iba muy bien a pesar de ustedes. Los informes así lo demuestran. Por tanto, distrayente, distractor, porque ustedes no tienen un problema con Cataluña, tienen un problema con la crisis de la deuda, incierta.

Están preocupados por los productos catalanes, pero aquí también tienen ustedes un Münchhausen; no el barón, sino la patología trasladada. Ustedes nos enferman y luego nos traen la cura; ustedes afirman que la mayoría de ciudadanos de Cataluña —y lo ponen ustedes en esta iniciativa— son gente de buena fe, lo cual nos tranquiliza, porque quiere decir que aparte del 8 % que les vota a ustedes en Cataluña, hay gente de buena fe en Cataluña; por lo tanto, algunos independentistas no debemos de ser culpables. Tampoco lo son los cortes en las carreteras —hay muchos cortes en las carreteras—. El verdadero boicot en las carreteras es que tengamos que esperar veinte años para tener 9 kilómetros de corredor mediterráneo. Eso es un boicot a los productos. Tampoco las huelgas. Las huelgas son derechos, no son problemas, señorías.

Dicen que el boicot lo hacen algunos consumidores, que ustedes —según dicen en la iniciativa— saben lo que piensan. Si saben lo que piensan y los conocen, vayan y convénzales de que así no se hacen las cosas. Atribuyen el boicot a los independentistas o al proceso. Yo les pregunto entonces: ¿cómo explican esto del 2005?:...

... un correo electrónico enviado por la secretaria personal del vocal del Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial pidiendo boicot a los productos catalanes vuelve a lanzar a los medios la campaña que se ha convocado desde hace unos días contra Cataluña y los productos catalanes. Esto no viene de ayer, y le puedo hablar también de El Confidencial y de El Mundo. Mariano Rajoy declaró que su responsabilidad frente a este tema era no trasladar una disputa de los políticos a la ciudadanía. También dijo que batallaría tanto contra el Estatut de Cataluña como contra la gente que quiera realizar boicot. Pues ¡Menudo fracaso! Porque solo ha conseguido luchar contra el estatut de autonomía, que aún no lo cumplen, porque los boicots no se paran. Esta iniciativa es la prueba. Y llevar la disputa política a la ciudadanía es lo que está haciendo el PP en Cataluña cada día rompiendo la convivencia. Eso sí que es romper la convivencia. Por tanto, señorías, no nos vengan con milongas. Hagan política, si saben hacer política. Explíquennos sus bondades y sus propuestas si las tienen, y si no, limítense a dejar libre al Govern de la Generalitat que tienen encarcelado; devuélvannos nuestras instituciones, y ya verán como así el crecimiento vuelve a Cataluña. Y cuando seamos independientes, entonces veremos quién crece más y de qué manera.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Egun on, señor presidente.

Señorías, hoy tratamos la moción que presenta el Grupo Parlamentario Popular, con cuyo contenido, les adelanto que nuestro grupo no puede estar de acuerdo. La exposición de la moción está trufada de aseveraciones que no podemos compartir. Nos piden que apoyemos una moción y que reconozcamos la actitud irresponsable de los partidos independentistas. Hablan del desprecio a la legalidad, del odio al resto de España demostrado por el nacionalismo, para argumentar que la inestabilidad e incertidumbre, así como los riesgos que podrían —digo podrían— afectar a la economía catalana y también a la española son todos y cada uno de ellos achacables única y exclusivamente a la irresponsabilidad de los partidos independentistas. No lo podemos compartir de ninguna manera. Señorías, lo que está sucediendo en Cataluña en estos últimos años tiene mucho más que ver con la política que con la economía, aun cuando las consecuencias económicas puedan verse afectadas.

Por centrarnos en datos económicos —puesto que todos y todas leemos los mismos informes—, y sin poner en duda lo que dicen y de lo que alertan la Airef y el Banco de España, quizás se deban leer con matices. El informe de la Airef dice que las tensiones políticas en Cataluña podrían afectar eventualmente a la confianza de los agentes y a sus decisiones de gasto y condiciones de financiación. Tensiones que podrían —e insisto en el podrían— producir una revisión de las decisiones de consumo, inversión y financiación de los agentes económicos con efectos potencialmente —e insisto en lo de potencialmente o, dicho de otra manera, eventualmente— significativos sobre el crecimiento económico y la estabilidad financiera. Pero este escenario central de la Airef dice que el shock político e institucional tendrá una resolución a corto plazo. El Banco de España dice que sus estimaciones deben tomarse con cautela e interpretarse a título meramente ilustrativo y que las previsiones dependen de los supuestos que hayan utilizado a la hora de construir distintos escenarios. No solo lo dicen el Banco de España y la Airef. La consultora británica Oxford Economics valora que la crisis catalana está teniendo un impacto en la economía similar al que se produjo en la primera mitad de 2016, cuando el país estuvo sin Gobierno por falta de acuerdo. Advierte que la crisis catalana puede tener un impacto mucho más grande si se prolonga. Sin embargo —matizan—, este no es su escenario central. Con lo cual, son datos, desde septiembre, que no son los que consideran sus escenarios centrales.

El ministro de Economía decía el 27 de julio —abro comillas—: «Las perspectivas de Cataluña son brillantísimas, porque además de ser una economía competitiva que ha aprovechado la reducción del coste de la financiación, va a continuar creciendo entre el 2,5 y el 3 % en los próximos años» —cierro comillas—. ¿Qué ha pasado en estos últimos meses? Me gustaría que nos explicaran en qué han contribuido a mejorar la certidumbre y la estabilidad las decisiones que ha adoptado el Gobierno español. Una comunidad autónoma de la que, recuerdo, el ministro De Guindos un mes y medio antes decía que tenía unas perspectivas brillantísimas, gestionada por esos —como ustedes les llaman— irresponsables independentistas, que parece que desde septiembre hasta entonces gestionaban de forma brillante, pero que han llevado al debacle a la economía catalana. Por eso, les preguntamos: ¿En qué han ayudado a la certidumbre las medidas adoptadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos al intervenir las cuentas de la Generalitat catalana, según ustedes para evitar el referéndum del 1 de octubre? La intervención de las cuentas parece una decisión de raíz política que no creo que facilite la confianza de los inversores que dicen defender.

¿En qué contribuye a la certidumbre económica la desproporcionada actuación policial del 1 de octubre, con imágenes de cargas policiales que recorrieron todo el mundo? Querían evitar la foto de personas votando y la cambiaron por personas agredidas por votar. Deberían explicarnos también cómo ayuda a la certidumbre y a la seguridad la tramitación del Decreto Ley del 6 de octubre, que facilita el cambio de domicilio social de las empresas. ¿No creen que han contribuido con este decreto a la fuga de empresas? ¿No creen que el Gobierno ha lanzado un mensaje a las empresas para que salgan de Cataluña? ¿Y en qué mejora la certidumbre de la economía catalana la aplicación del 155 y la intervención de una comunidad autónoma? Porque en una cosa coinciden todos los expertos económicos: que hasta septiembre la economía catalana iba muy bien. Nadie hablaba de inestabilidad.

Termino. Creo que esta moción no pretende hablar de la marca España; pretende, frente a las inestabilidades que se perciben y la posible ralentización del crecimiento de la economía española, buscar un culpable. Eso sí es marca España, buscar un culpable.

Me gustaría traer unas palabras del catedrático de Derecho Internacional, Juanjo Álvarez, que cito textualmente: «Es cierto que la legalidad y la seguridad jurídica deben presidir el ejercicio de la convivencia en democracia, pero la apelación recurrente a la misma para impedir el desarrollo de otros valores y principios democráticos merece, cuando menos, una reflexión. Por lo tanto, ante situaciones nuevas, entendemos que se debe adaptar y adecuar la legalidad y el derecho a la realidad social atendiendo también a lo que la ciudadanía nos reclama».

Por tanto, como he dicho al principio de mi intervención, no vamos a apoyar esta moción, no vamos a apoyar la transaccional, no por cortesía, sino porque no mejora la moción. No creemos que aporte nada a la mejora de la convivencia y de la economía.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora ETXANO VARELA: Termino enseguida, señor presidente.

Ni siquiera creo que busque realmente ni que pretenda frenar una supuesta campaña de boicot a los productos catalanes. Les recomiendo que escuchen lo que realmente les pide la ciudadanía, en especial la catalana y la vasca.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Etxano.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Ayats.

El señor AYATS I BARTRINA: President, senadors, no compartim com ho enfoquen, no compartim la part expositiva, no compartim el relat. El que potser haguéssim compartit, el que ens hagués agradat, senzillament, era: no boicots. Així de senzill. Sense que calgui donar suport ni a la marca Espanya ni a la marca Catalunya ni a cap marca. Simplement no fer boicots perquè n té sentit. I perquè mesos que insistim que les economies i les reputacions són creuades. Critica l’economia catalana, com tantes i tantes vegades han fet, perjudica la catalana i perjudica l’espanyola i l’europea. I les mesures que han pres fins al dia d’avui, encara més. Prendre mesures com la intervenció de comptes o el tancament d’oficines a l’exterior ‒de fet, oficines comercials‒ té danys greus; molt greus. I no estava justificat. Ahir sabíem que el mateix Montoro va intervenir les finances amb el pretext de l’estabilitat econòmica. Aquell mateix setembre Catalunya va registrar un superàvit de 140 milions d’euros. Absolutament injustificat. I amb les oficines de l’exterior incloses. Precisament, també cal recordar els rècords històrics en exportacions i l’atracció d’inversió estrangera. Podríem fer servir dades de molts altres anys: 2015, 2016, 1017...

Ens parlen del creixement de Catalunya i del lideratge d’aquest creixement. Per fi. Fan referència al PIB entre el setembre del 2016 i el setembre del 2017. Si haguessin volgut, també podien afirmar que el 2014, el 2015 i el 2017 el creixement del PIB a Catalunya va ser més alt que al conjunt d’Espanya; malgrat que les previsions que es feien el 2016 del creixement a Catalunya (les previsions que vostès feien del creixement a Catalunya) eren catastròfiques, com estan fent a dia d’avui. I tot i que és evident que ens ho estan posant més difícil que mai, i que no és menor que empresonin el nostre Govern, corresponsable d’aquests bons resultats en aquests exercicis.

Ens parlen d’ocupació a l’octubre, però no destaquen que el 87 % dels llocs de treball creats els últims 12 mesos són indefinits; el ritme més intens del registre d’ocupació indefinida des del final de l’any 2008. I saben que és un factor clau per millorar la competitivitat i el benestar.

Ens parlen dels canvis de domicili fiscal de les empreses. No estem parlant de deslocalitzacions ni de sortides reals d’empreses. Ni l’activitat ni els treballadors es mouen i, per tant, ni el PIB de Catalunya ni els ingressos de la Generalitat es veuen afectats. És un canvi notarial. I evidentment que ens preocupa, i que no és desitjable, però sabem en quin context es produeix: pressions, coaccions, repressió... Diàleg zero. Hi ha una causa-efecte en les respostes que vostès han donat, i les mesures que han pres, com els deia. Fan un decret per facilitar que canviïn de domicili fiscal les empreses, que fan que aquestes empreses vegin decrets. I algunes reben pressions. I què fan les empreses si els fan un decret i reben pressions? Marxen. En són corresponsables, vostès, d’això. I si fan un decret a la inversa (que de moment no en tenen la voluntat) veurem el que passa.

Baixa el turisme. Cert; i no ens agrada; i ens preocupa. Per les urnes de l’1 d’octubre? No! Per les brutals imatges que van veure fora! Pels cops de porra! No facin com el ministres Dastis quan se’n va anar a la BBC, li van ensenyar les imatges i va dir que aquelles imatges eres fakes, que eren falses, que eren manipulades, i l’entrevistador li va respondre que aquelles imatges les havien gravat ells mateixos. Quina vergonya! Aquestes imatges són les que realment espanten la inversió a Catalunya. (Aplaudiments.)

Deixi’m fer-los una pregunta, en confiança. Vostès on portarien de viatge els seus fills? A un lloc que posen urnes, dels colors que vulguin, o els farien por llocs on veiessin imatges com les que estàvem dient. És evident.

Vull fer dues reflexions. No parlin d’odi. No sentim odi. No volem destruir Espanya. No ens mou res d’això. Només tenim set de justícia i de llibertat. I al mateix temps, facin una altra reflexió. Quan acomiaden els cossos de seguretat destinats a Catalunya amb aquell «a por ellos» es pot interpretar de moltes maneres, però com un acte d’amor cap als catalans segur que no; de cap manera.

I no parlin de minoria dels catalans. Van aprovar en aquesta Cambra el 155, ens deien, sí. I amb 21 dels 24 senadors catalans, tan legítims com els altres, en contra. I dels senadors escollits directament a les urnes a Catalunya, cap. Els minoritaris són vostès a Catalunya, amb un 8 % dels votants; aquests són els minoritaris.

Totes les dades macroeconòmiques mostren com a l’economia i als agents econòmics no els espanta l’agenda política compromesa amb el dret a decidir i amb la voluntat democràtica que se’n derivés, d’avançar cap a una república. Durant aquesta legislatura, el Govern ha experimentat un creixement excepcional...

Presidente, senadores, no compartimos cómo enfocan la parte expositiva, no compartimos el relato; lo que quizás hubiéramos compartido, lo que nos habría gustado es sencillamente: no boicots. Así de sencillo. Que no haya que apoyar ni la marca España ni la marca Cataluña ni ninguna marca, simplemente no hacer boicots, porque no tiene sentido y porque hace meses que insistimos en que las economías y otras reputaciones son cruzadas. Criticar la economía catalana, como tantas y tantas veces se ha hecho, perjudica a la catalana y también a la española y a la europea, y las medidas que han tomado hasta hoy, aún más. Tomar medidas como la intervención de cuentas, el cierre de oficinas en el exterior, de hecho oficinas comerciales, provoca daños graves, muy graves y no está justificado. Ayer mismo sabíamos que Montoro intervino las finanzas con el pretexto de la inestabilidad económica. En ese mismo septiembre, Cataluña registró un superávit de 140 millones de euros —absolutamente justificado—, con las oficinas exteriores incluidas.



Precisamente, también hay que recordar los récords históricos en exportaciones y la atracción de inversión extranjera. Podríamos utilizar datos de otros muchos años, como 2015, 2016 o 2017.

Nos hablan del crecimiento de Cataluña y del liderazgo de ese crecimiento. ¡Por fin! Por fin hacen referencia al PIB entre septiembre de 2016 y septiembre de 2017. Si hubieran querido, habrían podido afirmar también que en 2014, 2015 y 2016 el crecimiento del PIB en Cataluña ha sido más alto que en el conjunto de España, a pesar de que las previsiones que ustedes hacían en 2016 del crecimiento en Cataluña eran catastróficas, como están haciendo ahora, aunque es evidente que nos lo están poniendo más difícil que nunca y no es menor que encarcelen a nuestro Gobierno, corresponsable de los buenos resultados en estos ejercicios.

Nos hablan de empleo en octubre, pero no destacan que el 87 % de los puestos de trabajo creados en los últimos doce meses son indefinidos, el ritmo más intenso de registro de empleo indefinido desde finales de 2008, y saben que este es un factor clave para mejorar la competitividad y el bienestar.

Nos hablan de los cambios de domicilio fiscal de las empresas. No estamos hablando de deslocalizaciones ni de salidas reales de empresas; ni la actividad ni los trabajadores se mueven y, por lo tanto, ni el PIB de Cataluña ni los ingresos de la Generalitat se ven afectados; es un cambio notarial. Obviamente, nos preocupa y no es deseable, pero sabemos en qué contexto se produce: presiones, coacciones, represión, diálogo cero. Hay una causa-efecto en las respuestas que ustedes han dado y en las medidas que han tomado, como les decía. Hacen un decreto para facilitar que cambien de domicilio fiscal las empresas. Hacen a esas empresas ver decretos y algunas, además, reciben presiones. ¿Y qué hacen las empresas si reciben presiones y un decreto? Pues que se van, y ustedes son corresponsables de eso. Y si hacen un decreto a la inversa, que, de momento, no tienen voluntad, ya veremos qué pasa.

Baja el turismo, es cierto, y no nos gusta y nos preocupa. ¿Por las urnas del 1 de octubre? No. Por las brutales imágenes que vieron fuera, por los porrazos. No hagan como el ministro Dastis que, cuando se fue a la BBC, le enseñaron las imágenes y dijo que eran fakes, falsas, manipuladas, y el entrevistador le respondió que las imágenes las habían grabado ellos mismos. ¡Qué vergüenza! (Aplausos). Esas imágenes son las que realmente asustan a la inversión en Cataluña.

Déjenme que les haga una pregunta: En confianza, ¿dónde llevarían ustedes de viaje a sus hijos? ¿A un lugar donde ponen urnas, del color que sea, o les daría miedo un lugar donde se ven imágenes como las que estamos comentando? Es evidente.

Dos reflexiones. Una. No hablen de odio. No sentimos odio, no queremos destruir España, no nos mueve nada de eso, solo tenemos sed de justicia y de libertad. Y dos. Cuando despiden a los cuerpos de seguridad destinados a Cataluña con aquel: «A por ellos», se puede interpretar de muchas maneras, pero como un acto de amor hacia los catalanes seguro que no, de ningún modo.

Y no hablen de minoría de los catalanes. Nos decían, sí, que aprobaron en esta Cámara el 155 con 21 de los 24 senadores catalanes, tan legítimos como el resto que estaban en contra; y de los senadores escogidos directamente en las urnas en Cataluña, ninguno. Los minoritarios son ustedes en Cataluña, con un 8 % de los votantes. Ustedes son los minoritarios.

Y voy terminando. Todos los datos macroeconómicos muestran cómo a la economía y a los agentes económicos no les asusta la agenda política comprometida con el derecho a decidir y con la voluntad democrática que se derive de avanzar hacia una república. Durante esta legislatura el Gobierno ha experimentado un crecimiento excepcional...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

El señor AYATS I BARTRINA: Vaig acabant.

El que ha deixat sorprès, el que ha deixat en estat de xoc és la violència i la repressió que ha aplicat l’Estat espanyol. Són accions que ni els inversors estrangers, ni els agents econòmics ni els turistes, ningú, no veu normals ni civilitzades. La inestabilitat econòmica, segons les dades que van sortint, va començar clarament amb l’evidència d’una manca absoluta de voluntat de dialogar per part del Govern espanyol. El que segur que no ens ajudarà seran boicots de cap tipus, ni tampoc presos polítics ni tampoc intervencions de les finances.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Voy acabando.

Lo que ha dejado sorprendido, lo que ha dejado en estado de shock es la violencia y la represión que ha aplicado el Estado español. Son acciones que ni los inversores extranjeros, ni los agentes económicos, ni los turistas, nadie ve normales ni civilizadas. La inestabilidad económica, según los datos que van saliendo, empezó con la falta absoluta de diálogo por parte del Gobierno español. Lo que seguro que no nos va a ayudar son boicots de ningún tipo, ni los presos políticos ni tampoco intervenciones en las finanzas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Ayats.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Vilà.

La señora VILÀ GALÁN: Gracias, presidente.

Nos decía la senadora del Grupo Popular que aquí ha faltado cortesía parlamentaria porque no hemos querido firmar una transacción. ¿Qué tal sienta eso? Porque a mí me parecía algo normal. Muy a menudo en esta Cámara las minorías, los grupos minoritarios hemos intentado transaccionar enmiendas, y ustedes no han querido, ustedes no las han firmado. ¿Y ustedes nos hablan de cortesía parlamentaria? Por su actitud, realmente pensábamos que eso era la normalidad. Si ustedes quieren cortesía parlamentaria, empiecen por respetar las minorías de esta Cámara y serán correspondidos. Empiecen por ahí.

Nosotros nos vamos a abstener en esta moción porque, como hemos dicho, evidentemente estamos a favor de que no se boicoteen los productos catalanes, como no puede ser de otra manera. Pero no podemos estar a favor ni de la exposición de motivos de esta moción ni de su espíritu, que es echar más gasolina al fuego del conflicto catalán. No podemos apoyar esta moción del todo, porque sin ninguna autocrítica es imposible. En primer lugar, no hay autocrítica en la gestión económica del Gobierno del Partido Popular. Ustedes nos dan una serie de datos, pero todo parece ser culpa del independentismo, y ustedes no dicen nada sobre sus propias políticas económicas. No dicen, por ejemplo, que el Gobierno ha centrifugado toda la deuda a las comunidades autónomas y que ahora, en agosto de este año, España ha batido un récord histórico en deuda, con un billón ciento treinta y ocho millones, un 100,03 % del PIB. Y ustedes no dicen nada de eso. ¿Esto también es culpa del independentismo catalán? ¿En eso no tiene ninguna responsabilidad el Gobierno del Partido Popular?

Ustedes son los que han impulsado el famoso decreto ley para facilitar la huida de las empresas de Cataluña, un decreto ley que hace que se puedan tomar acuerdos de la mañana a la tarde prácticamente pasando solo por los consejos de administración y sin pasar por las juntas de accionistas. Eso es facilitar que las empresas se vayan de Cataluña. Y ahora vienen con un cinismo monumental a decir en esta moción que todo es culpa del independentismo catalán, cuando ustedes han estado constantemente echando gasolina al conflicto y perjudicando la economía de Cataluña. Y ahora se han dado cuenta de que perjudicar la economía catalana también perjudica la economía española, se han dado cuenta de que se estaban echando piedras sobre su propio tejado.

En tercer lugar, es cierto que una de las peores imágenes y la que ha provocado más inestabilidad económica en Cataluña y en España es la del 1 de octubre y las cargas policiales. Ese el detonante. A partir de ahí empieza la huida de empresas, y también con su decreto ley y con sus facilidades. Esa es la imagen que ha dado la vuelta al mundo y es la imagen que avergüenza a la ciudadanía española y catalana, pero también al resto del mundo. No lo decimos nosotros, lo ha dicho Amnistía Internacional, lo ha dicho Human Rights Watch y lo ha dicho hasta la propia Comisión Europea, que ha condenado esa violencia del 1 de octubre. Ustedes no han condenado esa violencia, ustedes no están buscando responsabilidades en quien propició esa violencia. Ustedes han aplaudido esa violencia y en esta Cámara se han reído de esa violencia que sufrieron más de 1000 personas en Cataluña, más de 1000 heridos en Cataluña. (Aplausos). Ustedes se han reído de esos heridos aquí en esta Cámara. (Denegaciones de varios señores senadores del Grupo Popular). Sí, el señor Zoido. No digan que no, el señor Zoido se ha reído y han tratado esa violencia de fake y de estar engañando a la población. Esas imágenes son reales y existen y solo hacen el ridículo no reconociendo que esa violencia existió, porque tarde o temprano también va a haber justicia con respecto a esa violencia.

Miren, si nosotros somos equidistantes por decir que no a sus políticas económicas y a su inmovilismo con respecto al conflicto catalán y por decir que no a una declaración unilateral de independencia, bienvenida sea la equidistancia. Nosotros no nos movemos por votos, no nos movemos por táctica. (Protestas).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, silencio por favor.

La señora VILÀ GALÁN: Bienvenida la equidistancia. Ha dicho la propia senadora del Grupo Popular que a lo mejor les perjudica la equidistancia.

Nosotros lo único que queremos es que haya diálogo. Hemos dicho que no a sus políticas, no a la declaración unilateral de independencia y sí al diálogo. Hay una propuesta sobre la mesa. Siéntense, dialoguen, hagan de gobernantes, gobiernen. Eso es lo que estamos pidiendo para Cataluña.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

La señora VILÀ GALÁN: Bienvenida la equidistancia de los que piden diálogo. Esto no es una moción para ayudar a la marca España ni a los productos catalanes. Esta es una moción para su propia campaña electoral, señores. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Vilà.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Borao.

La señora BORAO AGUIRRE: Gracias, presidente.

El boicot que muchos consumidores están realizando sobre los productos catalanes está afectando, obviamente, a la economía catalana y, lógicamente, a los trabajadores y a la propia ciudadanía. Con política, esta Cámara, por responsabilidad y por solidaridad, debe combatirlo e intentar neutralizarlo. Es el momento de hacer pedagogía e informar de las consecuencias nefastas que esta postura representaría no solo para Cataluña, sino también para el resto de las comunidades autónomas como proveedoras de muchas materias primas implicadas en la fabricación de productos de marchamo catalán. Solo Aragón, a través de la pequeña y la mediana empresa aragonesa, lleva a cabo un intercambio comercial anual que supera los 15 000 millones de euros. Aragón es uno de los mayores proveedores y es el mayor comprador de productos catalanes, por lo que cualquier boicot a Cataluña afectará ineludiblemente a mi comunidad autónoma y, a su vez, ese deterioro económico provocará, por efecto dominó, un deterioro en la economía del resto de las comunidades autónomas.

Ese efecto rechazo que sufren muchos ciudadanos y ciudadanas como expresión de su indignación contra este proceso queda reflejado en una encuesta realizada por el Instituto de Reputación para España y Latinoamérica, de la que se desprende que más de un 23 % de los españoles, sin incluir Cataluña, ha dejado ya de adquirir productos de origen catalán y casi el 21 % se plantea hacerlo en un futuro, lo que supondría un 44 % de pérdida de negocio. En caso de producirse la independencia, el 49,1 % de los consumidores españoles, sin contar a los catalanes, dejaría de comprar productos de esa comunidad autónoma, lo que se traduciría en una pérdida de más de 20 000 millones de euros para las empresas catalanas. También en los diferentes sectores se llama a los ciudadanos a consumir solamente productos de comunidades autónomas que respeten a España, con el falso eslogan de: «Estas navidades, consumo solidario». ¡Mucho ojo! Alentar o permitir este tipo de comportamiento de los consumidores españoles es, cuando menos, mezquino e indigno de una sociedad evolucionada, moderna y solidaria. Con la fuerza y la responsabilidad política de representar a nuestros territorios, debemos parar estas dinámicas tan contraproducentes para los intereses generales de todos y todas, seamos aragoneses, extremeños, murcianos o del resto de comunidades que conforman España.

Señorías, dado que el propósito final de esta moción es desbloquear el boicot, pese a las formas, y en aras de evitar males mayores y por responsabilidad, votaremos a favor de esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Borao.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, presidente.

Señorías, yo soy una enamorada de la marca España. Creo, sinceramente, que los productos españoles son de gran calidad. Tenemos excelentes materias primas, excelentes productos hortofrutícolas, manufacturados, alimentos procesados, servicios bancarios, energéticos, seguros, servicios jurídicos, servicios sanitarios, excelentes infraestructuras, excelentes servicios tecnológicos, un excelente turismo y, desde luego, los mejores servicios públicos en sanidad, educación, servicios sociales y pensiones. La marca España y el país España son para mí los mejores, y, sin duda, de los mejores de Europa y del mundo.

Dentro de estos productos de marca España, sin duda, los productos catalanes son muy bien apreciados por los consumidores y se han consumido y se consumen de forma masiva en nuestro país. Pero ha pasado algo en los últimos meses: hemos tenido un referéndum ilegal, hemos tenido una declaración unilateral de independencia que ha producido una gran incertidumbre y una gran desconfianza en todos, y especialmente en la economía catalana y la economía española. Sin ninguna duda, la aplicación del artículo 155, con el 80 % de los votos de esta Cámara, y las elecciones convocadas para el día 21 de diciembre han restablecido la legalidad constitucional, han restablecido la confianza y la estabilidad, y estamos convencidos de que ha frenado el deterioro de la economía de Cataluña y también, por extensión, de la economía española. Pero, sin ninguna duda, ha habido un daño importante causado por un discurso de odio que, desde luego, no se ha hecho, senador Mulet, por el partido del Gobierno y mucho menos por los partidos que apoyaron aquí el 155. Usted me ha acusado de no leerme su enmienda, pero usted ha intentado engañar a esta Cámara, porque usted, en los dos primeros puntos de las dos primeras enmiendas, que no solamente he leído, también he estudiado y subrayado, dice textualmente que nosotros hemos hecho una campaña de odio hacia los productos catalanes. Eso es absolutamente falso, falso de toda falsedad, señor Mulet, falso. (Aplausos).

Ha habido un discurso de odio, y lo ha visto todo el mundo cuando en una manifestación contra el terrorismo pudimos comprobar cómo se atacaba y se insultaba al jefe del Estado, al presidente del Gobierno, a la mayoría de los ministros, a exparlamentarios españoles y a muchísimos catalanes, ¿Saben ustedes por qué? Porque no tienen el gen independentista catalán. Y eso es lamentable. Hemos podido comprobar el discurso de odio contra nuestra Guardia Civil, contra nuestra Policía, contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, contra jueces y contra fiscales. Y hemos podido comprobar un discurso de superioridad, como les decía antes, contra aquellos españoles y catalanes que, por desgracia, no tenemos el gen independentista. Y eso sí que es verdad.

Tengo que decir a la senadora Vilà y a la senadora Rivero que no por mucho gritar tienen más razón. No tienen más razón. Nosotros defendemos todos los productos de la marca España. Yo sí que he hecho un ejercicio para intentar explicar esto. En una botella de cava catalán, el cava es catalán; la botella a lo mejor se ha producido en Andalucía; la etiqueta a lo mejor es catalana; el corcho a lo mejor es de Talavera de la Reina, Castilla-La Mancha, o de Extremadura; el tapón es de Extremadura; la máquina que envasa a lo mejor se ha fabricado en Valencia; el palé donde se colocan las cajas se ha fabricado en Aragón; las cajas, en Andalucía; las carretillas que lo transportan, en Guadalajara, Castilla-La Mancha; el camión, probablemente en Castilla y León o en Navarra; y las furgonetas, en Galicia. Los representantes son de todas las comunidades autónomas españolas; los distribuidores, de todas las comunidades autónomas españolas; y los vendedores, de todas las comunidades autónomas españolas. Es decir, en un único producto que llega a todos los españoles han participado probablemente todas las comunidades autónomas españolas. Por lo tanto, el Partido Popular rechaza cualquier actitud de boicot a cualquier producto de cualquier comunidad autónoma y, especialmente, de Cataluña. Porque, en un mundo globalizado, hacer daño a una parte, como es Cataluña, es hacer daño a todo el territorio español. Puede haber un producto de una marca catalana que se haya producido en otra comunidad autónoma y un producto de una marca de otra comunidad autónoma que se produzca en Cataluña. Por lo tanto, boicotear no va con el Partido Popular.

Nosotros hemos apoyado y hemos sido profundamente solidarios con los catalanes, y me refiero a todos los españoles. Creo sinceramente que tanto la aplicación del artículo 155, que ha traído la legalidad constitucional y la estabilidad, como la convocatoria de elecciones van a garantizar el autogobierno de Cataluña...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Voy terminando.

... y van a mejorar, sin ninguna duda, las expectativas de la economía catalana y de la española. Yo apuesto por que consumamos productos de la marca España porque así estaremos beneficiando a toda la economía, tanto española como catalana.

Buenos días y muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Riolobos.

Llamen a votación. (Pausa.— El señor presidente ocupa la Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario Popular, tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 251; a favor, 204; en contra, 26; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PUESTA EN MARCHA DE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA MEJORAR LA COLABORACIÓN EN MATERIA DE CIBERSEGURIDAD. 662/000086 GPP

El señor presidente da lectura al punto 7.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción originalmente se han presentado trece enmiendas: siete del Grupo Parlamentario Mixto —seis por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete, y una por iniciativa de los senadores Alegre, Crisol y Marcos—; dos del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y cuatro del Grupo Parlamentario Socialista. Posteriormente, se ha presentado una propuesta de modificación firmada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Vasco y Mixto.

Teniendo en cuenta que en el Grupo Parlamentario Mixto se han presentado enmiendas de senadores diferentes, mi pregunta a este grupo parlamentario, sobre todo a los senadores de Ciudadanos y a los senadores de Compromís, es: ¿Se pueden mantener vivas sus enmiendas? Si han firmado simplemente para que se pueda presentar la modificación, como saben, todas las enmiendas de los grupos que firman una propuesta de modificación decaen; en el caso del Grupo Mixto, mi obligación es preguntar al senador Alegre y al senador Navarrete si mantienen vivas las enmiendas o las consideran decaídas.

El señor ALEGRE BUXEDA: Señor presidente, nuestra enmienda decae.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre.

Tiene la palabra, senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Señor presidente, en nuestro caso mantenemos nuestras enmiendas, porque era el acuerdo al que habíamos llegado con el compañero del Grupo Popular.

El señor PRESIDENTE: Perfecto. Muchas gracias.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, como ustedes saben, España es uno de los países más seguros del mundo. Esto es un mérito de todos y es el fruto del trabajo de muchos años y de distintos gobiernos.

Para el Partido Popular libertad y seguridad es el binomio clave para el funcionamiento de una sociedad democrática o, lo que es lo mismo, para garantizar el bienestar de todos los españoles. En este sentido, uno de los problemas más complejos al que nos enfrentamos como país son las nuevas formas de delinquir a través de la red, cuestión que afecta tanto al sector público como al privado o a los propios ciudadanos, los conocidos como ciberataques. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

Todos sabemos que la seguridad plena no existe en el ciberespacio, pero también es cierto que se pueden minimizar los riesgos contra este tipo de ataques y, en el caso de que se produzcan, mitigar los daños y recuperar la normalidad. Para nosotros esto debe ser objeto de una política de Estado. Este es nuestro compromiso, como ya se viene demostrando desde la XII Legislatura: la prevención, la anticipación y la respuesta. Como responsables políticos debemos proteger a los ciudadanos y a las empresas y, en este sentido, nos encontramos con muchas posibilidades de mejora. Y cuando hablamos de ciberespacio nos referimos a un espacio global, todo lo que sucede en él tiene un efecto multiplicador y su capacidad para amplificar el daño es enorme. Por tanto, es un campo muy atractivo para la comisión de delitos y además se añade la dificultad de las investigaciones y la persecución de estos ataques.

Con el incremento de dispositivos tecnológicos con acceso a la red, todos nos hemos convertido en objetivo de los ciberdelincuentes. Además, en los últimos tiempos hemos sido testigos de la utilización del ciberespacio en lo que se ha denominado guerra híbrida que, valiéndose de diversas técnicas, persigue la desestabilización y la polarización de la sociedad de los Estados. Todos hemos conocido ejemplos de ello: noticias sobre el intento de influir en procesos electorales, como en Estados Unidos, Francia u Holanda; los últimos acontecimientos ocurridos en Cataluña para desestabilizar nuestro régimen de libertades; los ataques sufridos por algunas multinacionales; el caso de los virus wannacry o petya, que afectaron a empresas de todo el mundo y cuyos objetivos eran la obtención de un rescate y poner en jaque a los servicios esenciales, pudiendo afectar a infraestructuras gubernamentales o a la estabilidad de un país.

La Ley de seguridad nacional, aprobada en 2015 con gran consenso, recoge el terreno de la ciberseguridad como un ámbito de especial interés para la seguridad. Por ello, mi grupo considera que el Gobierno debe jugar un papel primordial. Además, la creación de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional ha supuesto un hito de transparencia y participación del Legislativo en este sentido, y la creación de la ponencia sobre ciberseguridad será, sin duda, de gran utilidad para seguir avanzando en este campo. Es necesario aumentar los umbrales de seguridad e impulsar el crecimiento y protección en materia de ciberseguridad. España debe hacer también de este ámbito una oportunidad —esto es muy importante—, la oportunidad de hacer un mercado nacional de ciberseguridad fuerte y competitivo, que contribuya al crecimiento económico y a la creación de empleo. En este sentido, la Unión Europea estima que en el sector de la ciberseguridad, de aquí a 2020 aproximadamente, quedarán vacantes unos 825 000 puestos de trabajo.

Necesitamos talentos en ciberseguridad y, además, es necesario seguir apostando por la cultura en ciberseguridad mediante la concienciación, la formación y la realización de campañas divulgativas. Por ello, ya en junio de 2017, el Grupo Popular del Congreso presentó una proposición no de ley que fue aprobada, dirigida a la sensibilización, protección y formación de ciudadanos y empresas. Y también en esta XII Legislatura, aquí, en el Senado, mi grupo ha presentado alguna iniciativa al respecto y se han formulado preguntas al Gobierno; además, me consta que la Comisión de Defensa está haciendo un buen trabajo en este sentido.

Como todos sabemos, y se pudo demostrar en la comisión mixta, se está realizando un magnífico trabajo a través de los distintos organismos, desde el Consejo Nacional de Seguridad Nacional y el Departamento de Seguridad Nacional, en el nivel estratégico-político, también en la gestión de la crisis a través de los distintos ministerios con competencias concretas, hasta en el ámbito de la defensa, a nivel militar. Quiero resaltar en este punto la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que se aprobó en el año 2013.

Por otra parte, es fundamental que sigamos avanzando en la colaboración público-privada, así como en la cooperación internacional; sin cooperación internacional no hay ciberseguridad posible. España ocupa el puesto decimonoveno del mundo en ciberseguridad —así lo ratifica la UIT, que es un organismo dependiente de la ONU— y el séptimo de la Unión Europea, por delante de Alemania o Italia, entre otros países.

Por todo ello, presentamos esta moción para que el Gobierno continúe definiendo las prioridades y los objetivos de protección en materia de ciberseguridad, colaborando en la puesta en marcha de planes de apoyo que mejoren la colaboración público-privada en esta materia. Para ello, deberá impulsar canales de cooperación, tener agilidad para adaptarse y responder a las amenazas, conocer y dar respuesta a las demandas de los actores del mundo ciber y, finalmente, desarrollar una actitud proactiva de comunicación y de coordinación y no solo reactiva ante los incidentes.

Todas estas cuestiones vienen recogidas en el programa del Partido Popular y reflejan nuestro compromiso, el de mi grupo y el de mi partido, para seguir avanzando en materia de ciberseguridad, en la protección a los ciudadanos y a las empresas y en la creación de empleo en nuestro país.

Hemos intentado llegar a un acuerdo transaccional —que espero podamos conseguir—, al que se van a incorporar enmiendas de otros grupos parlamentarios que enriquecerán la moción que presentábamos inicialmente.

Yo les invito a que voten favorablemente esta moción.

Muchísimas gracias a todos. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para la defensa de sus enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Compromís ha presentado seis enmiendas que paso a exponer a continuación. La primera, porque creemos que se deben impulsar canales de cooperación entre lo público y lo privado mediante la creación de una comisión mixta de expertos en esta materia. La segunda, porque se debe destinar una partida presupuestaria suficiente para que las distintas administraciones públicas cuenten con los medios necesarios para poder adaptarse y responder ágilmente a las distintas amenazas. Las exigencias impuestas a las administraciones públicas, como es el caso de los ayuntamientos, difieren mucho de los recursos que estas pueden destinar para adaptar sus sistemas informáticos y su flota tecnológica, que en muchos casos está tan obsoleta que no pueden hacer frente a esas amenazas cibernéticas. Y, la tercera, porque se deben conocer y responder las demandas de los diferentes actores del mundo ciber con la apertura de los canales de comunicación bidireccional correspondientes. Nada podrá conocerse si no existe una comunicación fluida entre estos agentes y el Gobierno. Este es un problema bastante enquistado en España. Mientras otros países premian a aquellos que descubren fallos en las redes públicas, en España se les criminaliza. Por otra parte, se debe incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas para la excelencia de los equipos de investigación avanzada en ciberseguridad que promueve el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, para así incentivar la investigación en este campo. A día de hoy, el programa de incentivos está dotado con 120 000 euros repartidos en diferentes premios. Pero debemos tener en cuenta que la mayoría de las veces el coste que suponen los diferentes proyectos de investigación es superior a ese importe. Por lo tanto, haría falta aumentar esa partida presupuestaria.

Señores del PP, no querría pensar que la moción está completamente vacía de contenido y que solo pretenden justificar aquí su presencia. No querría pensar que esta moción es oportunista, pero, discúlpenme, lo pienso.

¿Qué definen ustedes como ciberseguridad? ¿Que LexNet funcione perfectamente o que un tuitero que haga un chiste sea condenado? Señorías, no podemos caer en la tentación de recortar libertades en pro de una supuesta mejora de ciberseguridad. Sé que ustedes no se sienten cómodos cuando algunas personas dicen lo que piensan y no se les puede reprimir. Pero, señores, no opriman a la gente. A día de hoy, solo se han dedicado a legislar en materia de protección de datos, pero todavía debe hacerse mucho trabajo, mucho más del que hemos hecho hasta ahora. Y no estamos en contra de lo que dicen, porque no dicen gran cosa, pero tampoco podemos decir que digan nada malo. Ahora bien, si detrás de esta moción que presentan aquí hay una clara intención de restringir la libertad y el uso de internet, no cuenten con nosotros. Eso no queremos que ocurra.

Aprovechando el poco tiempo que me queda, y para dar más tiempo a mis compañeros del Grupo Mixto en el turno de portavoces, voy a manifestar cuál es el sentido de nuestro voto. Hemos leído la transaccional y somos conscientes de que han aceptado una de nuestras enmiendas y que, según ustedes, en el espíritu de la transacción están incluidas la mayoría de ellas. Podríamos estar parcialmente de acuerdo con ello, pero nuestra abstención se basará no solo en que no han aceptado la totalidad de nuestras enmiendas, sino en la negativa del Partido Popular a incrementar la partida presupuestaria destinada a ayudas para la excelencia de los equipos de investigación avanzada en ciberseguridad y no apoyar los proyectos innovadores ni apostar por los profesionales de la materia. Pero más importante aún, nos abstenemos porque el Partido Popular tampoco quiere garantizar que en el ejercicio de la ciberseguridad no se va a recortar en libertades, como la libertad de expresión o el uso de internet sin censuras. ¿Por qué tienen tanto miedo a recoger estas líneas? Sabemos que ustedes son más de otras cosas, como el ordeno y mando, pero encuentro demasiado descarado que no acepten estas simples líneas. Están constatando mediante la omisión que tienen miedo. Compromís no va a ser cómplice de esta omisión expresa a la censura en internet. Tienen demasiados temores, señores del PP, y un Gobierno que no confía en sus ciudadanos y sus ciudadanas se puede ver condenado a ser un represor.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Navarrete.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, vicepresidente. Bon dia. Buenos días.

Las dos enmiendas que presentamos enriquecen la moción que, en nuestra opinión, se queda muy corta en cuanto a lo que se pide al Gobierno, a pesar de que la transacción que nos han presentado ha mejorado algunas cosas y empeorado otras, pero seguimos considerándolo insuficiente. Así, por ejemplo, la moción destaca que el 67,7 % de los directivos encuestados consideran que sus empresas tienen una alta probabilidad de sufrir ciberdelincuencia, el 49 % reconocen que carecen de una estrategia integral de seguridad y el 53 % dice no contar con programas de formación para sus empleados. Sin embargo —y como viene siendo habitual en muchas de sus mociones—, al final no es más que un brindis al sol, ni una palabra sobre el presupuesto con el que se pretende llevar a cabo. Por ello, nuestra enmienda solicita aumentar progresivamente el presupuesto dedicado a ciberseguridad e impulsar ayudas a pymes y autónomos en protección en materia de ciberseguridad.

El pasado mes de junio, Enrique Cubeiro, jefe de operaciones del Mando Conjunto de Ciberdefensa, manifestó que se invierte más en vallas que en ciberseguridad, y preguntaba: ¿De dónde creen que vendrá el próximo ataque, de la valla o de un firewall? No, no se está respondiendo a esta amenaza ni con la agilidad ni con la contundencia que hace falta, parece que estén esperando a que pase algo más grave.

El Gobierno británico destina, aproximadamente, 2300 millones de euros para los programas de seguridad en internet; Estados Unidos, 1500 millones de dólares; España, si no tengo mal los datos, 24,3 millones de euros al Incibe y 161 millones de euros al Centro Nacional de Inteligencia para reforzar la ciberseguridad. Los especialistas en ciberseguridad reclaman más presupuestos. Las denuncias por ciberdelitos aumentan cada día y los ataques a las infraestructuras del Estado han aumentado por 7 en dos años. El 25 % de todos los usuarios ha sufrido algún tipo de ciberataque. Este porcentaje es superior a la media europea, que está en el 21 %. Lo dijo hace unos días el director general del Incibe en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional: «La ciberseguridad no es solamente un reto para la seguridad nacional, sino una verdadera oportunidad para el desarrollo industrial, económico y social de nuestro país. Tenemos la oportunidad de jugar un papel importante en el desarrollo de la industria y en la creación de puestos de trabajo en este nuevo sector profesional; y, por lo tanto, quería compartir, en primer lugar, esta doble visión de reto a la seguridad nacional y de oportunidad como país para el desarrollo de nuestra economía.» Aprovechémoslo, convirtamos a España en una potencia en ciberseguridad. Es una parte importantísima para la generación de empleo y aquí, de empleo, precisamente no vamos sobrados. Así lo decía el director general del Incibe. Hay una oportunidad de crear puestos de trabajo en nuestro país derivada de las inversiones que hagamos desde el ámbito público, pero también desde el ámbito privado, por supuesto, pero hay una mayor oportunidad en el mercado mundial. Se calcula que va a ser necesario cubrir en breve entre un millón y dos millones de puestos de trabajo en el sector y, si hablamos de pymes y autónomos, hemos de tener en cuenta que prácticamente el 99 % de las empresas españolas son pequeños negocios, por debajo de 250 trabajadores y un volumen de negocio igual o inferior a 50 millones de euros anuales, y microempresas, en su mayoría autónomos, que forman el 53 % del tejido empresarial. El pasado lunes salía un informe que indicaba que solo un 9 % de las pymes catalanas asignan un presupuesto específico a la digitalización, ya no a la ciberseguridad, sino solo a la digitalización. Aquí es donde estamos, o sea que nos falta mucho por hacer. Y a la pequeña empresa y a los autónomos, con lo que les cuesta aguantar, o les ayudamos o difícilmente vamos a poder pedirles que inviertan en ciberseguridad.

La otra enmienda que planteábamos se refiere a impulsar campañas informativas en materia de ciberseguridad y campañas publicitarias de la actividad y los instrumentos del Incibe, a día de hoy desconocidos por una gran parte de la sociedad española. Hay que informar mucho más a la sociedad sobre los peligros de la ciberdelincuencia y publicitar aquellos servicios que ya tenemos disponibles. Por ejemplo, el propio director general del Incibe nos explicaba el otro día que desde hace años tienen disponible de forma gratuita una aplicación para dispositivos móviles con el sistema operativo Android que permite al ciudadano analizar la seguridad del dispositivo móvil; es decir, qué seguridad tiene a nivel de configuración, qué aplicaciones pueden tener contenido malicioso y la posibilidad que estamos dando a aplicaciones para que accedan a datos personales. Pues yo, que soy una persona más o menos inquieta y habituada a moverme por redes sociales, no tenía ni idea, y este es un ejemplo de que esto no llega al ciudadano de a pie, ni seguramente a los autónomos ni a muchas pymes. Esto hay que solucionarlo y publicitar para que llegue a la sociedad española, de modo que realmente saquemos provecho del trabajo que se realiza en el Incibe. Como digo, este es un ejemplo de que esto no llega al ciudadano de a pie, ni seguramente a los autónomos ni a muchas pymes. Los servicios públicos que no se conocen no son suficientemente válidos.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, vaya terminando.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Voy terminando.

Hay que acercar la ciberseguridad a todos los ciudadanos en su ámbito personal y también en el contexto empresarial. Se han hecho cosas, indudablemente, pero no es suficiente; hay que lanzar campañas en todos los medios de comunicación en los próximos años para concienciar a ciudadanos y a empresas.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Comorera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para manifestar si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra el senador Cosidó.

El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidente.

Como se ha señalado, hemos llegado a un texto de consenso en el que ha habido voluntad de integrar el conjunto de enmiendas que se habían presentado, que debo decir eran todas ellas en positivo, para enriquecer y mejorar la moción. En ese sentido, quiero agradecer en nombre de mi grupo al Grupo Vasco, al Grupo Mixto y, de manera muy particular, al Grupo Socialista, y me permito singularizarlo además en el senador Juan Carlos Raffo, porque realmente sus aportaciones han servido no solamente para enriquecer o mejorar, sino también para ampliar el objeto de esta moción.

Yo creo que la ciberseguridad está casi al mismo nivel que el terrorismo como amenaza a nuestra seguridad, y eso nos indica que es un campo en el que avanzar con consenso supone una garantía para todos los ciudadanos. Lamento que no hayamos podido alcanzar la unanimidad y espero que algunos de los grupos que no han querido firmar este texto puedan suscribirlo en el desarrollo del debate. Y, si me permite, presidente, haré una única referencia a que cuando en el texto de consenso de la moción se menciona la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, se hace sin perjuicio del protagonismo que esta Cámara ha tenido y tiene que seguir teniendo en el ámbito de la ciberseguridad a través de cualquier iniciativa; se ha mencionado expresamente a la Comisión de Defensa que ha realizado un magnífico trabajo en este campo y, desde luego, cuenten con el total apoyo del Grupo Popular para cualquier iniciativa nueva que vaya en la dirección de mejorar la seguridad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Cosidó.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Rápidamente, señor presidente, gracias.

Esta es una moción que nos sitúa en el ámbito de la ciberseguridad, de la seguridad informática, uno de los grandes retos del momento —lo han dicho todos los senadores que han intervenido antes que yo—, y que afecta a grandes y pequeñas empresas, administraciones públicas, bancos, infraestructuras críticas, coches, dispositivos médicos..., pues los riesgos aumentan exponencialmente cada año.

En la era digital, todo dispositivo conectado y, consecuentemente, la información que estos dispositivos contienen son vulnerables. Las compañías han centrado la mayoría de sus recursos en prevenir ataques, pero se están dando cuenta de que es imposible prevenirlos todos. Para ello es necesario incrementar la inversión y equilibrarla entre prevención, detección y mitigación del daño, es decir, combinar tecnologías de protección clásica con sistemas de inteligencia de datos, y el establecimiento de políticas de contingencia.

Por último, con el breve tiempo de que dispongo, hemos de intentar una mayor formación en ciberseguridad; lo decía el portavoz del Grupo Popular y yo lo comparto.

Quiero agradecer el esfuerzo de integración de la enmienda que hemos presentado, que nos lleva a votar afirmativamente la transaccional que hemos acordado entre todos para tirar hacia delante en un tema de extremada complejidad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Alegre.

Senador Yanguas, tiene la palabra.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Voy a intervenir desde el escaño.

Les adelanto el voto favorable de Unión del Pueblo Navarro a esta moción.

Este tema va a ser una preocupación y, a la vez, una oportunidad para los gobiernos y para las empresas de nuestro país. Además, como todas sus señorías conocen, y aquí se ha dicho, desde hace unos meses en el seno de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional Congreso y Senado, en la que me honro de ser portavoz del Grupo Mixto, se vienen produciendo comparecencias de los expertos en ciberseguridad, que nos cuentan lo que saben. Esa comisión parece ser que va a prorrogar sus trabajos. En un primer momento, la existencia de esa ponencia me hizo no conocer el motivo final de esta moción que plantea el Grupo Popular. El senador Arias me ha aclarado mucho el texto, así como haber podido leer la transaccional, que nos ha explicado el senador Cosidó. Ahora entiendo que esta moción tiene más sentido y que nosotros, repito, vamos a apoyar.

Para terminar, señor presidente, tengo que decirles que estaremos expectantes respecto a las conclusiones de la ponencia de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional y de lo que se pueda hacer aquí en la Comisión de Defensa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Yanguas.

Senadora Castilla, tiene la palabra.

¿Alguien más va a intervenir por parte del Grupo Mixto? (Denegaciones). Gracias.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, señor presidente.

A pesar del buenismo de la moción que nos ocupa, la Agrupación Socialista Gomera se va a abstener habida cuenta de que tiene serias dudas del compromiso del Gobierno con las fuerzas y cuerpos de seguridad y, en particular, con la ciberdelincuencia, y me explico.

Tengo dudas sobre el verdadero compromiso del Estado en esta lucha. Considero que crear estrategias sobre el papel e instituciones como el Incibe, donde no se aprovechan todos los recursos que se le dan, es insuficiente. Las fuerzas y cuerpos de seguridad sufren un claro abandono y están completamente desbordadas. No tienen ni medios técnicos ni recursos humanos para hacer frente a este trabajo. Los recursos están muy por debajo de los necesarios para dar la respuesta adecuada al cibercrimen, y lo que es peor, en comparación con las policías europeas, los recursos son irrisorios. Por otro lado, existe un descontrol judicial como consecuencia de leyes ineficaces para luchar contra el cibercrimen, leyes que debemos modificar. También existe falta de confianza del ciudadano puesto que no denuncia, bien porque no sabe si puede hacerlo, bien porque no sabe cómo se debe hacer. Se deberían fomentar campañas en ese sentido. A día de hoy, no hay un proceso establecido para la comunicación del incidente, como va a exigir el Reglamento general de protección de datos cuando entre en vigor en mayo de 2018.

Antes de terminar, solo me gustaría señalar un dato para dudar del verdadero compromiso del Estado en la lucha contra el cibercrimen. La Unidad de Investigación Tecnológica ha sufrido únicamente un incremento de 20 funcionarios en los últimos años. Como convendrán, esto es alarmante e intolerable pues es imposible con este aumento de la plantilla atender el incremento desmesurado de los hechos delictivos y del despliegue de internet en los últimos años. Les recuerdo, señorías, que las fuerzas y cuerpos de seguridad son los encargados de realizar las investigaciones y de detener a los presuntos autores de estos crímenes, y con estos parámetros lo tienen muy muy muy difícil, por no decir imposible.

Por todo lo anterior, la Agrupación Socialista Gomera se va a abstener por los datos existentes que tenemos. Tenemos nuestras dudas de que se esté trabajando de forma eficaz, eficiente, coordinada y de que se cuenten y se aporten los recursos y medios técnicos y humanos necesarios.

El tenor literal de la moción que nos ocupa en particular de continuar definiendo hace pensar que se quiere seguir con la tendencia actual existente, y esta, por lo menos para la Agrupación Socialista Gomera, es insuficiente.

Señorías, dotar de los medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad también es apoyarlos y reconocerlos. Hagámoslo y comprometámonos de verdad con ellos, dándoles todo lo que se merecen y, entre todo esto, también su equiparación salarial.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Castilla.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gràcies president,

Senyories, em satisfà saber que s’hagin acceptat art de les esmenes presentades perquè d’entrada el text d’aquesta moció, el seu contingut, era molt poc atractiu i de baix perfil, i fins i tot, deixi’m dir-ho, un pèl oportunista per els moments que estem vivint a Catalunya. Amb la incorporació d’aquestes esmenes es dona un contingut certament de més calat i extensiu en tot allò que avui és important en el món de la ciberseguretat. Ara bé, una flor no fa estiu, i per nosaltres és del tot insuficient.

Com vostès saben, el ple del Parlament de Catalunya, per una gran majoria, va aprovar la creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Es va crear precisament aquesta agència per prevenir, detectar i investigar els incidents i les amenaces a les xarxes, les comunicacions electròniques i els sistemes d’informació.

Per nosaltres, el PDeCAT, i el meu Govern legítim, ara intervingut i empresonat, la ciberseguretat era i serà una aposta important, i ho és per dues raons: la primera perquè és un factor important de desenvolupament econòmic i tecnològic en el futur de les nostres empreses en un mercat global, i ho és també perquè cal prevenir i fer front als atacs que poden patir, atacs de tota índole, perquè hem de fer front als ciberincidents i també als ciberatacs. Per això la importància de donar més volada i magnitud al Cesicat, per assegurar la nostre llibertat i la nostre seguretat també.

Per què els exposo això? Perquè la moció que ha presentat el PP sobre aquest tema tant seriós i important és una moció poc ambiciosa, malgrat les esmenes acceptades. Em pregunto perquè les capacitats de ciberseguretat autonòmiques estan totalment marginades d’aquesta moció, poder perquè els molesta. També em pregunto com és que mai s’ha reunit des del 2013 el subcomitè on participen les comunitats autònomes, on s’estableix l’estratègia nacional de ciberseguretat, i perquè es centralitza com a autoritat a nivell de la Unió Europea només els organismes estatals, menyspreant un cop més els autonòmics capacitats. Vostès sols parlen del Incibe, CNN, nosaltres tenim el Cesicat.

Per acabar, i no menys important, és la gran preocupació que ens preocupa, i molt a nosaltres, llegir notícies relacionades amb la ciberseguretat i la seva incidència o les seves amenaces en determinats processos electorals, així com també la existència provada d’atacs a pàgines web con la d’ANC, Omnium Cultural, pàgines que tant sols informen o mostren iniciatives d’una participació democràtica. Per tot això, si bé és cert que cal ampliar, aprofundir, avançar i millorar en el desenvolupament i la col·laboració en matèria de ciberseguretat, també és cert que no podem acceptar que s’ignori i que s’ataqui de forma indiscriminada pàgines Web com les pròpies de la Generalitat de Catalunya, tant sols per contenir idees que no tenim a veure amb la seva ideologia o els seus pensaments.

I acabo, recordant que la Generalitat de Catalunya va rebre el 9-N el ciberatac més important de tota la nostre història, per això en un futur govern independent volem un Cesicat i ens agradaria poder formar part dels òrgans europeus en el mateix nivell que d’altres. I estar també en aquesta lluita europea. I el què ens passa és que a Catalunya ens trobem un cop més, que l’Estat espanyol ens veta, com sempre. Dit això, òbviament, nosaltres no hem signat aquesta transaccional, però degut a la importància que per nosaltres té el món de la ciberseguretat, ens abstindrem.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Señorías, nos satisface saber que se han aceptado parte de las enmiendas presentadas porque, de entrada, el contenido del texto de esta moción era muy poco atractivo y de un perfil muy bajo, incluso, déjenme decirlo, un poco oportunista por los momentos que estamos viviendo en Cataluña. Con la incorporación de estas enmiendas se da un contenido de más calado y extensivo a todo lo que hoy en día es importante en el mundo de la ciberseguridad. Pero una flor no hace verano y para nosotros es del todo insuficiente.

Como saben, el Pleno del Parlamento de Cataluña, por una gran mayoría, aprobó la creación de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña. Se creó precisamente esta agencia para prevenir, detectar e investigar los incidentes y las amenazas en las comunicaciones, en las redes, en las comunicaciones electrónicas y en los sistemas de información.

Para nosotros, el PDeCAT y mi Gobierno legítimo, ahora intervenido y encarcelado, la ciberseguridad era y será una apuesta importante, y lo es por dos razones: la primera porque es un factor importante de desarrollo económico y tecnológico en el futuro de nuestras empresas en un mercado global, y la segunda porque es necesario prevenir y hacer frente a los ataques de toda índole que se puedan sufrir, a los ciberincidentes y a los ciberataques. Por eso es importante dar más mando al Cesicat para asegurar nuestra libertad y también nuestra seguridad.

¿Por qué les digo esto? Porque la moción que presenta el PP sobre este tema tan serio e importante es poco ambiciosa a pesar de las enmiendas aceptadas. Me pregunto por qué las capacidades de ciberseguridad autonómicas están totalmente marginadas en esta moción —quizá porque les molesta—. También me pregunto por qué nunca se ha reunido desde 2013 el subcomité en el que participan las comunidades autónomas y que establece la estrategia nacional de ciberseguridad y asimismo por qué se centraliza la autoridad de la Unión Europea solo en los organismos estatales, despreciando una vez más a los autonómicos capacitados. Ustedes solo hablan del Incibe, del CCN; nosotros tenemos el Cesicat.

Para terminar. Lo más importante es la gran preocupación —que nos pone muy nerviosos a nosotros— que nosotros tenemos cuando leemos noticias relacionadas con la ciberseguridad y su incidencia o sus amenazas en determinados procesos electorales, así como la existencia probada de ataques a páginas web como a ANC, Òmnium Cultural, páginas que solo informan de iniciativas con una participación democrática. Por todo ello, si bien es cierto que hay que ampliar, profundizar y avanzar en el desarrollo y colaboración en materia de ciberseguridad, también es verdad que no podemos aceptar que se ignoren y se ataquen de forma indiscriminada páginas web como las de la Generalitat de Catalunya solo por contener ideas que no tienen nada que ver con su ideología o sus pensamientos.

Termino recordando que la Generalitat de Catalunya recibió el 9-N el ciberataque más importante de toda nuestra historia. Por eso, en un futuro Gobierno independiente, queremos un Cesicat, y nos gustaría poder formar parte de los órganos europeos al mismo nivel que otros y estar también en esta lucha europea. Lo que nos ocurre es que en Cataluña nos encontramos una vez más con que el Estado español nos veta, como siempre. Dicho esto, obviamente no hemos firmado esa transaccional, pero, debido a la importancia que para nosotros tiene el mundo de la ciberseguridad, nos abstendremos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, senadora Abad.

Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra. Tiene usted menos de un minuto.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Tengo poco tiempo, así que voy a aglutinar un poco las ideas que quería transmitir.

Según los datos del propio Instituto Nacional de Seguridad, las denuncias por ciberdelitos en España han aumentado más de un 22 % en el primer trimestre de 2017 respecto al mismo periodo del año pasado y los ataques a infraestructuras estratégicas del Estado se han multiplicado por siete en dos años. Además, según datos del propio organismo, tres de cada cuatro empresas han sido atacadas en los últimos cinco años. Según Eurostat, el 25 % del total de usuarios ha sufrido algún tipo de ciberataque, un porcentaje ligeramente superior a la media europea.

Por todo ello, queremos expresar nuestro asombro porque este país no invierta más en ciberseguridad. Se sigue priorizando la seguridad física, pero se continúa obviando la amenaza que nos llega desde el ciberespacio. Como todos sabemos, este tema no es baladí —un ciberataque puede bloquear de forma seria los servicios básicos de un Estado—.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Tiene que ir terminando, señoría.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Termino, señor presidente.

Y, por todo ello, aunque no estamos del todo satisfechos con el texto de esta moción que finalmente se ha aprobado, la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria votará a favor.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna, egun on, senatari jaun-andreok.

Voy a empezar analizando la forma de su propuesta, senador Arias, y tengo que reconocerle que ha tenido usted la habilidad para plantear un libro en blanco y después, entre la paella de enmiendas, ha sacado algo que podría ser incluso hasta interesante. Eso es I+D+i parlamentaria, y yo le felicito. (Risas).

En cuanto al fondo, una vez más nos encontramos ante una moción original, blanca e inmaculada. Una vez más tenemos una moción que no propone no ya medidas concretas, ni tan siquiera líneas de trabajo o plazos de cumplimiento. Y una vez más nos encontramos con una moción que se centra en una realidad parcial y que obvia cualquier otra vía, cualquier otro proyecto que no se haya desarrollado al amparo del Gobierno o en Madrid.

Hace unas semanas aparecían en prensa unas cifras que son realmente preocupantes, ya preocupaba hasta el titular que decía: «La ciberseguridad de la industria española es un sainete y los ataques se están disparando.» Tal vez los datos se hayan exagerado, porque, al fin y al cabo, era un tratamiento de prensa bastante ligero, pero, en cualquier caso, no dejan de ser preocupantes —muy preocupantes diría yo—. Según el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, que aparecía en este artículo, el año pasado se detectaron 479 incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas situadas en el Estado español, un 375 % más que el año anterior —un 375 % más que el año anterior—, y solo hablamos de infraestructuras críticas y, por tanto, solo de programas detectados por este centro, y esta cifra sale solo del análisis del 10 % de sus movimientos. Si extrapolamos esto, podríamos estar hablando de al menos 100 000 incidentes tecnológicos, y, repito, siempre según un tratamiento de prensa, pero, en cualquier caso, cifras que realmente suponen una barbaridad de incidentes potencialmente lesivos para consumidores, personas y empresas, y, repito, todo ello en operadores de servicios esenciales.

Y todo esto solo se basa en ataques a cosas visibles, ataques que provocan la caída de un servicio o un mal funcionamiento, sin tener en cuenta —y en lo que todos los expertos coinciden— que los incidentes más frecuentes son los que no dejan huella —el robo de información, la alteración del software o la modificación de un servicio—, ataques que no se descubren hasta que han pasado meses, años o probablemente nunca, algo que afecta a grandes empresas pero también a infinidad de pymes, de profesionales y a la vida privada de los ciudadanos.

Nos preocupa mucho a todos la seguridad y la integridad de la red eléctrica, el sistema gasista, el aéreo, el ferroviario, el resto de infraestructuras básicas y estratégicas del Estado. Conocemos muy bien ataques como el wannacry o cualquier otro que se ponen de moda periódicamente, pero tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de otra infinidad de cosas que individualmente no pueden ser importantes pero que, en su conjunto, suponen un riesgo y un costo enorme —un costo económico, social y personal—. Y para afrontar este riesgo no podemos quedarnos en meras declaraciones altisonantes o en propuestas etéreas y buenistas, en propuestas como la que hoy discutíamos aquí antes de que se aceptara la transaccional.

Desde luego, no me imagino a ningún hacker, a ningún ciberdelincuente que se haya puesto a temblar al leer la propuesta de esta Cámara para combatirlos, creo que ni se enterarán, pero si se enteran, desde luego, se están riendo a mandíbula batiente porque aquí no se dice prácticamente nada.

Tampoco se puede entender que trabajemos en esto dejando al margen y olvidando que hay vida más allá de la corte, que hay más operadores e instrumentos para colaborar en la lucha contra la ciberdelincuencia, delincuencia que no tiene fronteras, que es internacional. Y aquí tenemos que mencionar a la Agencia catalana de Ciberseguridad o, en nuestro caso, al BCSC, Centro Vasco de Ciberseguridad. Simplemente, para ustedes no existen, y ustedes hablan de colaboración público-privada. Pero también deberíamos añadir un compromiso de colaboración interinstitucional entre los centros de ciberseguridad ya existentes en el Estado, como los ya mencionados, centros, como todos en este ámbito, que son de reciente creación pero que ya están trabajando con el Incibe de forma importante y con total transparencia. Ustedes no los mencionan no por desconocimiento, sino porque no los quieren mencionar. También pasaban de esto en su propuesta.

En fin, nos da la impresión de que lo que ustedes traían aquí era más un tema de seguridad nacional que de ciberseguridad, hablando de todo lo que se puede llegar a hablar.

En Euskadi, el Centro Vasco de Ciberseguridad ha arrancado como una necesidad para dar respuesta a la amenaza de la digitalización, al tiempo que asume el liderazgo de aprovechar la oportunidad que abran la investigación y el conocimiento en un ámbito en el que surgen startups con vocación de servicio conjunto de la industria. Y lo ha hecho de la mano del Departamento de Desarrollo Económico, de la mano del Departamento de Seguridad y de la mano de Administración y autogobierno, residenciado en la SPRI, en la antigua Sociedad para la promoción y la reconversión industrial, la actual Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial. Por eso, creemos que no se puede obviar este centro,...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente.

... por el knowhow, por la experiencia y por la capacidad que tiene de trabajar precisamente con las grandes empresas y, sobre todo, con las pymes —con las pequeñas y medianas empresas—.

Vamos a votar a favor de la transaccional porque se ha conseguido la transaccional, lo hacemos sin ningún entusiasmo, también se lo digo; lo hacemos precisamente para introducir este ámbito empresarial dentro de lo que ustedes han discutido por ciberseguridad, que creo que solo se limitaba a la seguridad nacional, y de verdad que lo siento.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Castellana.

El señor CASTELLANA GAMISANS: Gràcies president,

Senyor president, senyories, la seguretat és un actiu a preservar i a aprofundir, també el ciberespai.

Ens trobem en aquesta moció que quan llegim l’



apartat expositiu, llegim un paràgraf que abans ha gairebé citat el company: «en los últimos meses han aparecido notícies preocupantes relacionades con la ciberseguridad: desde como se ha intentado influir en processos electorales en paises de nuestro entorno, incluyendo los últimos acontecimientos en Catalunya, intentando desestabilizar nuestro regimen de libertades...»

Podríem estar d’acord amb la literalitat d’aquest text, però el sentit segur que seria absolutament diferent, completament diferent, perquè això és una nova postveritat. Qui va practicar la ciberguerra i el ciberboicot contra l’estructura informàtica del referèndum? Qui ha atacat de manera organitzada les pàgines web, per exemple, de l’Assemblea o d’Omnium Cultural? Quan es gasta el Reino de España amb aquestes operacions?

Tots els membres del nostre grup, poden parlar amb ells, són companys nostres, també d’altres grups, independentistes al Parlament, hem experimentat a les nostres xarxes socials exemples de ciberatacs, perfils, trolls, bots, que escampen l’odi i la confusió. Els posaré un exemple, una prova: hi va haver un fet, a mitjans d’aquest mes, Vueling va expulsar dues passatgeres per parlar en català. Doncs molt bé, trobem un tuit d’un tal usuari fragoneste @fragoneste, a tuiter, diu: «aquesta notícia és falsa, no va passar així exactament, la dóna sí que li va faltar al respecte, la meva xicota, independentista, tot sigui dit, ho va presenciar, i les formes van ser del tot inapropiades per part de la clienta.» Això, si fos un missatge normal, doncs seria perfectament legítim, és una denúncia falsa i hi ha algú que ho desmenteix. El problema és quan aquest missatge, amb la mateixa literalitat i amb les mateixes faltes d’ortografia, les mateixes, apareix en un conjunt de perfils. Un conjunt de perfils que tenen la informació o la falta d’informació típica dels bots, perfils que tenen l’activitat o la falta d’activitat típica dels bots. Això és guerra híbrida i això és una prova.

Però què passa? Per què estem tant emprenyats, no sols amb aquesta possibilitat, si no amb totes, però estic fent èmfasi amb aquesta, perquè per exemple, al Congrés, a la Comissió Mixta de Seguretat Nacional, va venir la investigadora Mira Milosevich-Juaristi i va defensar la teoria de la intervenció russa per desestabilitzar Espanya i Europa, afavorint la presència de missatges independentistes a les xarxes. Li vam preguntar, no tenia ni una sola prova, quan hi ha tota una estructura d’Estat per recollir aquestes proves. En canvi, usuaris catalans, particulars, han recollit multitud de proves de xarxes de bots, que han influït precisament en sentit contrari.

Què passa amb l’Institut Elcano? Elabora l’Institut Elcano documents interessants? Sí, jo també els llegeixo. Però sap què passa quan es posen les infraestructures de l’Estat al servei de la propaganda? Perquè l’Institut Elcano, per exemple, va fer informes que van avalar l’existència d’armes de destrucció massiva, se’n recorden? D’Iraq. Doncs no tenim prou experiència de què passa quan posem els instruments de l’Estat al servei de la propaganda, o per justificar decisions injustificables del propi Govern?

En resum, la postveritat apareix quan la propaganda assassina l’evidencia científica. No podem actuar eliminant les evidencies que no ens agraden i creant-ne de noves, sols per recolzar la pròpia propaganda. Jo he fet èmfasi en aquest tema perquè a Esquerra Republicana ens preocupa la seguretat, no és que l’hagi obviat per res. Ens agrada debatre amb gent que pensa molt diferent de nosaltres, però és que estem farts, farts, de la postveritat, i que a sobre després, se’ns ataqui a nosaltres dient que som nosaltres els qui no diem la veritat.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

Señor presidente, señorías, la seguridad es también un activo para preservar también el ciberespacio.

En esta moción leemos, en su parte expositiva, un párrafo que antes ha citado el compañero y que dice: «En los últimos meses han aparecido noticias preocupantes relacionadas con la ciberseguridad. Desde cómo se ha intentado influir en procesos electorales en países de nuestro entorno, incluyendo los últimos acontecimientos en Cataluña, intentando desestabilizar nuestro régimen de libertades,...»

Podríamos estar de acuerdo en su literalidad, pero el sentido seguro que sería completamente diferente, porque esto es una nueva posverdad. ¿Quién practicó la ciberguerra y el ciberboicot contra la estructura informática del referéndum? ¿Quién ha atacado de manera organizada las páginas web, por ejemplo, de la Asamblea o de Òmnium Cultural? ¿Cuánto se gasta el reino de España en estas operaciones?

Todos los miembros de nuestro grupo —puede hablar con ellos; son compañeros— y también de otros grupos independentistas en el Parlamento hemos experimentado en las redes sociales ejemplos de ciberataques: perfiles trolls, bots que esparcen el odio y la confusión. Les pondré un ejemplo. A mediados de este mes, Vueling expulsó a dos pasajeras por hablar en catalán. Pues encontramos un tuit de un usuario denominado fragoneste@fragoneste que decía: «Esta noticia es falsa. No pasó así exactamente. La mujer sí que le faltó al respeto. Mi chica —independentista, todo sea dicho— lo presenció, y las formas fueron del todo inapropiadas por parte de la clienta.» Si esto fuera un mensaje normal sería perfectamente legítimo, pero es una denuncia falsa y alguien lo desmiente. El problema es cuando este mensaje, con la misma literalidad y con las mismas faltas de ortografía, aparece en un conjunto de perfiles que tienen la información —o la falta de información— típica de los bots, perfiles que tienen la actividad —o la falta de actividad— típica de los bots. Esto es guerra híbrida y es una prueba.

¿Pero qué ocurre, por qué estamos tan enfadados, y no solo con este caso, en el que estoy haciendo énfasis, sino con todos? Por ejemplo, vino a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional Congreso-Senado la investigadora Mira Milosevich-Juaristi y defendió la teoría de la intervención rusa para desestabilizar España y Europa, favoreciendo la presencia de mensajes independentistas en las redes. Le preguntamos, y no tenía ni una sola prueba, cuando existe toda una estructura de Estado para recoger estas pruebas, y usuarios catalanes particulares han recogido multitud de pruebas de redes de bots que han influenciado precisamente en sentido contrario.

¿Qué ocurre con el Instituto Elcano? ¿Elabora documentos interesantes? Sí, yo también los leo. ¿Pero saben qué ocurre cuando se ponen las infraestructuras del Estado al servicio de la propaganda? El Instituto Elcano, por ejemplo, realizó informes que avalaron la existencia de armas de destrucción masiva en Iraq. ¿Lo recuerdan? ¿No tenemos bastante experiencia de lo que ocurre cuando ponemos los instrumentos del Estado al servicio de la propaganda o para justificar decisiones injustificables del propio Gobierno?

En resumen, la posverdad aparece cuando la propaganda asesina la evidencia científica. No podemos actuar eliminando las evidencias que no nos gustan y creando unas nuevas solo para nuestra propia propaganda. He hecho énfasis en este tema porque en Esquerra Republicana nos preocupa la seguridad. Nos gusta debatir con gente que piensa muy distinto de nosotros, pero estamos hartos de la posverdad y de que encima después se nos ataque diciendo que somos nosotros quienes practicamos la posverdad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Castellana.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.

No cabe duda de que las cuestiones relativas a la ciberseguridad son uno de los mayores problemas de este siglo XXI y que debe ser abordado en todas sus áreas, ya que la tecnología avanza sin detenerse y los gobiernos deben actuar a la par con el momento que estamos viviendo.

Pero lo primero que debemos dejar claro es que en su moción mezclan cosas y conceptos que no tienen nada que ver, y hacen un totum revolutum sin demasiado sentido. Una cosa es la ciberseguridad, que es el conjunto de herramientas políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones, formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse para proteger los activos de la organización y a los usuarios en el ciberentorno. Es decir, define todos los conceptos que rigen la seguridad a través de internet como datos personales, información bancaria, claves, compras online, etcétera. La cantidad de información que circula por internet es enorme y los riesgos se hacen patentes cada día, mayores para las personas de a pie pero también para las empresas, instituciones e incluso los países. El ciberentorno es cada día más grande y precisamente la ciberseguridad debe garantizar la seguridad de nuestro movimiento en la red. Otra cosa es la desinformación por las redes sociales. Ustedes incluyen en la parte expositiva de la moción una frase que, como ya ha avanzado el senador Castellana, dice textualmente: «... incluyendo los últimos acontecimientos en Cataluña, intentando desestabilizar nuestro régimen de libertades.» Y lo mezclan con ataques a multinacionales como Sony, malwares wannacry o petya, y no tienen nada que ver, una cosa son hackers y otra cosa son trolls.

Peor queda aún con la enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista que habla del uso del ciberespacio con fines negativos, con las agresiones basadas en la conocida desinformación o guerra informativa. Por más que se empeñen, no hay ninguna prueba fehaciente, más que disquisiciones interesadas sobre cualquier tipo de injerencia de terceros países, por más que la señora Cospedal tuviera tantas ganas de que fuera cierto que se dejara trolear por dos humoristas rusos.

No es ninguna novedad que haya ejércitos de bots tuiteando sobre Cataluña y sobre otras noticitas porque así funciona el nuevo mercado del marketing digital, que hace ya tiempo contamina cualquier debate político. Además ustedes ya saben de qué va eso, y hace tiempo, como sale en el sumario de la Púnica y en los trabajos de las empresas del señor De Pedro para crear y difundir noticias positivas sobre la señora Ana Botella o sobre el señor Pedro Antonio Sánchez. Pero de ahí a hablar de desestabilizar nuestro régimen de libertades va un mundo. Y, cuidado, ¿quién informa y quién desinforma? ¿Las personas normales como el señor Albiol que no está hoy aquí con nosotros? ¿La libertad de expresión solo vale para que la utilicen y triunfen los míos? ¿Quién determina lo que es veraz y lo que no lo es? ¿Ustedes? Mucho cuidado con este debate que no paran de alimentar.

Se acaba de publicar el último informe trimestral del Consejo de informativos de Televisión Española en el que se denuncian 55 nuevos ejemplos de manipulación, censura y malas prácticas de Televisión Española. ¿Quién desinforma?

Centremos esta moción donde debe estar, que es en el tema de la ciberseguridad stricto sensu. Ahí sí que tenemos datos preocupantes como, por ejemplo, que la industria sanitaria sufrió el 26 % de los incidentes de seguridad producidos durante el segundo trimestre de 2017, algo preocupante dada la delicada naturaleza de los datos de pacientes y la dependencia a los sistemas informáticos para ejecutar correctamente los flujos del trabajo clínico. O el aumento del malware en los móviles. Así, por ejemplo, las infecciones a dispositivos móviles a nivel mundial aumentaron un 8 % en el segundo trimestre, con Asia nuevamente liderando la clasificación con un 18 %.

Otro dato preocupante es que han descendido los ciberataques randsomware, a pesar de wannacry, a las grandes multinacionales en 2012, y ya se ceban con pymes y hasta con autónomos con el propósito de secuestrar los datos de clientes, proveedores y facturación a los que se les exige el pago en bitcoins —le hablo, por ejemplo, de Bad Rabbit—, y algunos expertos comentan que posiblemente se continúe con usuarios particulares. Los incidentes en ciberseguridad que afectan a empresas y ciudadanos se han multiplicado por seis desde 2014 y ya superan los 113 000 en lo que va de año. La ciberamenaza es una realidad para cualquier organización sin importar su tamaño, localización o actividad.

Con esta información a modo de ejemplo se evidencia que ningún sector está libre de ataques y que, por consiguiente, es vital seguir los procedimientos de seguridad, y si no que le pregunten al ministro de Justicia en relación con Lexnet. Ahora bien, en el trato del tema de la ciberseguridad no debe faltar un elemento principal que no es otro que la salvaguarda de los derechos fundamentales sin atacar la privacidad y la confianza entre Estados, que son los únicos pilares que pueden sustraer una estrategia creíble en materia de ciberseguridad. Traigan cosas concretas con planes y presupuestos para ayudar a nuestra pymes y autónomos para que puedan enfrentarse a los riesgos de la ciberdelincuencia y tendrán nuestro voto,...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Acabo.

... pero mientras sea este tipo de mociones sin contenido y mezclando conceptos, no cuenten con nosotros. Por eso nos vamos a abstener.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Comorera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador Raffo.

El señor RAFFO CAMARILLO: Gracias, presidente.

Señorías, hoy traemos a colación un asunto que en el ámbito político solemos denominar de Estado, pero que yo personalmente prefiero llamar de interés general, y más cuando se refiere a la ciberseguridad, que significa ni más ni menos que protegernos a todos y todas de los ataques a nuestra información sensible personal, contra infraestructuras críticas en nuestro país o contra empresas, desacreditando sus productos o a la propia empresa en sí.

A mí me gustan los enfoques de tipo materialista dialéctico, y creo que en eso coincidiremos con muchos componentes del Grupo de Podemos e incluso de Esquerra Republicana. Y es que esta sala, señores de Podemos, existe, independientemente de que nosotros estemos aquí o no. Y la desinformación existe, independientemente de que nos guste o de cómo la interpretemos según las interpretaciones de otros. Y si se quiere negar que hay ataques contra personas para desacreditarlas, contra empresas para desacreditarlas, o contra productos de empresas para desacreditarlas, es algo que está todos los días en las redes: hoteles, marcas de multinacionales, etcétera. Lo que hace falta es protegerse con un buen trabajo de inteligencia y de contrainformación en interés de todos. Solo quería decir eso respecto a este tema.

Hoy deliberamos sobre un asunto que no es ficción, sino puro presente, pura realidad; de rabiosa actualidad, en términos periodísticos, y de rabiosa necesidad, en términos políticos, en el interés y bienestar de nuestra sociedad ya del siglo XXI. Con las TIC y las nuevas tecnologías la humanidad se las prometía felices en cuanto al desarrollo y mejora de las cotas de calidad de vida de la población a nivel mundial. Es un salto como el de la antigüedad al Renacimiento en lo que hoy día podemos conocer como la aldea global. Pero no todo viene acompañado de lados luminosos, sino también de un lado oscuro, como muchas de las actividades que, por desgracia, desarrolla el ser humano; delitos como el robo, el engaño, el acoso, la denegación de servicios o la desinformación debidos a su mala utilización a través de la red. Una cruda realidad.

Estamos, por tanto, frente a un asunto poliédrico, multifactorial, con lados luminosos y oscuros, como he mencionado; un asunto complejo en un contexto complejo como el que hay a nivel mundial, que cambió de cuando existía la etapa de la guerra fría, de un mundo bipolar, de lo previsible, a la incertidumbre. Su abordaje, por tanto, exige la participación de los distintos agentes o actores que están involucrados en este aspecto. Se exige fortalecer todo lo que signifique asociación y alianza entre esos actores y agentes. Si realmente la finalidad que buscamos es el éxito y una defensa sólida y fuerte, tenemos que incorporar a todas las partes involucradas en los asuntos relacionados con la ciberseguridad e incluso con la ciberdefensa. De ahí el contenido de nuestras enmiendas.

Queremos potenciar una cultura de prevención y protección de los riesgos, tanto para los ciudadanos individualmente, como dirigida a autónomos, pequeñas y medianas empresas y todos los servicios, tanto públicos como privados, que intervienen en los denominados servicios esenciales.

Hablando de cooperación y coordinación, es fundamental hablar de cooperación y coordinación supranacionales. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, por favor, guarden silencio.

El señor RAFFO CAMARILLO: Estamos en un entorno de países con los que tenemos alianzas de tipo económico, político y también de defensa, y consideramos que todavía tenemos algún flanco débil que debemos reforzar. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, senador Raffo.

Guarden silencio, por favor. No se escucha nada.

Continúe.

El señor RAFFO CAMARILLO: Gracias, presidente.

Hablo de los aspectos para seguir avanzando con la Unión Europea y a los aspectos relacionados con defensa en lo que a la OTAN se refiere, y en concreto al denominado Centro de excelencia para las estrategias de la comunicación, de la OTAN, establecido en la ciudad de Riga.

Otro aspecto importante es el de la coordinación y cooperación, que he dejado para el último lugar. En concreto, al papel que puede jugar el Senado como Cámara territorial para convertirlo en un foro de participación, planificación, debate y reflexión de las distintas administraciones públicas para que lleven a cabo una apuesta en común, donde participen el Gobierno de España, los de las comunidades autónomas y los gobiernos locales. Y la incorporación del Legislativo, a través de diputados y senadores que de alguna forma estén participando en comisiones vinculadas a temáticas relacionadas con estos aspectos.

Como Grupo Parlamentario Socialista nos gustaría que se hiciese expresa mención a un compromiso del Grupo Popular para que, efectivamente, más allá de qué comisión o comisiones o diputados o senadores participen, sea el Senado, en el desarrollo de su función, el espacio de encuentro.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor RAFFO CAMARILLO: Termino, presidente.

Me gustaría hacer mención a algo que consideramos importante: el mejor caldo de cultivo para evitar el descrédito de la política, de los políticos personalmente, de las instituciones democráticas y de una sociedad democrática es que seamos capaces de luchar por una vida digna para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que componen esa sociedad.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Raffo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cosidó.

El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidente.

Señorías, si tuviéramos que poner una nota a la seguridad española, yo le pondría un sobresaliente o una matrícula de honor. Si tuviéramos que poner nota a la ciberseguridad en España, yo le pondría un notable. Ese puesto 54 en un ranking de 193 países nos sitúa en el tercio superior de la tabla, pero también nos deja un margen para ocupar una posición de liderazgo en materia de ciberseguridad. Y ese notable en materia de ciberseguridad —y el objetivo de la moción es que lleguemos al sobresaliente— se basa en tres pilares fundamentales.

En primer lugar, tenemos una buena estrategia que define las amenazas, los objetivos, las líneas de acción y, lo que es muy importante, la coordinación entre todos los instrumentos que existen para garantizar nuestra seguridad.

En segundo lugar, tenemos unos instrumentos capaces, formados por un personal excelente. En este punto quiero hacer un reconocimiento muy especial al personal de todos los organismos que tienen que ver con la ciberseguridad en España, incluyendo los del Estado y, si me lo permite el portavoz del PNV, también los organismos de comunidades autónomas e incluso de otros ámbitos de la Administración Local que también se ocupan de la ciberseguridad.

Hablaba la senadora canaria de las graves carencias que había en las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo creo que ahí sí nos podemos poner el sobresaliente. En el ranking de Interpol en la lucha contra la pornografía infantil en Internet España está siempre entre los diez primeros países, lo cual significa que, a pesar de los medios, siempre insuficientes para abordar esta materia, tenemos un grado de excelencia en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad para afrontar este desafío que está fuera de toda duda.

Y además de una buena estrategia y unos instrumentos capaces, quiero mencionar como tercer pilar un sector privado, una industria de la ciberseguridad en España que está compuesta por más de 160 empresas, en la que se emplean más de 6500 trabajadores. Realmente es un sector muy competitivo en el ámbito internacional que hace que España haya tenido un potencial de crecimiento por encima de la media europea en los últimos años, lo que nos convierte en un país con capacidad de liderazgo. Menciono al sector financiero como un sector en el que España destaca precisamente por sus capacidades en materia de ciberseguridad. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

El reto que tenemos por delante es formidable, no se trata de ninguna complacencia. Se ha hablado de algunos datos. Es verdad que han aumentado: de los 18 000 incidentes en 2014 de empresas y ciudadanos hemos pasado a los 113 000 de este año hasta octubre, con lo cual es muy posible que terminemos en el entorno de los 150 000. Pero eso denota una confianza de los ciudadanos y las empresas a la hora de denunciar estos incidentes, lo que es un elemento clave si realmente queremos ser eficaces en la lucha contra la ciberseguridad.

También es verdad que hemos tenido más de 66 000 delitos en el último año relacionados con la ciberdelincuencia. Por primera vez, en el año 2016 se han producido en España más ciberdelitos que delitos violentos. Pero es cierto que la eficacia de las fuerzas y cuerpos de seguridad en la resolución de esos delitos se encuentra entre las más altas de la Unión Europea.

Efectivamente, se han producido incidentes que afectan a sectores estratégicos, pero precisamente la última crisis, la del wannacry, demostró que, siendo España probablemente el primer país atacado por este virus, de los 150 países que fueron atacados es uno de aquellos en los que ese virus tuvo menor incidencia.

Mi compañero Mario Arias ha explicado tan bien el contenido de la moción, que no necesito insistir en ello. Por tanto, para finalizar, señor presidente, déjenme terminar con una frase del presidente del Gobierno en esta misma Cámara, en respuesta a una pregunta del senador Álvarez Areces. Decía el presidente del Gobierno: Creo que el Senado es un buen ámbito para trabajar conjuntamente y para hacerlo de forma sensata, razonable y ordenada, porque, insisto, este tema, igual que la lucha contra el terrorismo, nos afecta a todos como seres humanos; en absoluto como dirigentes políticos, sino como españoles responsables, como ocurre en otros países.

Creo que el debate de esta moción, y espero que su aprobación, es un buen ejemplo de cómo esta Cámara trabaja por la ciberseguridad de los españoles, que es tanto como trabajar por su seguridad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cosidó.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación a la moción del Grupo Parlamentario Popular, firmada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Vasco y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249; votos emitidos, 238; a favor, 210; abstenciones, 28.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A REGULAR ADECUADAMENTE LA FIGURA DEL CONSUMIDOR VULNERABLE. 662/000084 GPS

El señor presidente da lectura al punto 7.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado seis enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Mixto —una por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete, y otra por iniciativa de los senadores Alegre, Crisol y Marcos—; tres del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y una del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. Guarden silencio o abandonen el hemiciclo en silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador De Lara por un tiempo de diez minutos.

El señor DE LARA GUERRERO: Gracias, señor presidente.

Señor presidente, señorías, según los datos que aporta Eurostat, 4,5 millones de personas en España estarían en riesgo de pobreza energética. El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para consumidores domésticos de energía eléctrica en concreto. La forma de evitar el corte de energía eléctrica a los hogares que acrediten una situación de vulnerabilidad severa es bien sencilla a juicio del real decreto mencionado: los ayuntamientos y las comunidades autónomas se encargarían de abonar un porcentaje importante de las facturas impagadas. Las compañías eléctricas remitirían —remitirán, de hecho, si eso se produce— a los clientes incapaces de pagar a los servicios sociales más próximos. Y una vez que dichos servicios sociales estudiaran y contrastaran la situación, abonarían al menos el 50 % del importe de las facturas, hecho que sería suficientemente determinante para que el corte no se produjera. O sea, serán las compañías eléctricas las que harán marcar el paso a los servicios sociales correspondientes, que a su vez aparecerían como culpables de los cortes en el caso de que estos llegaran a producirse.

Por si tal interpretación ofreciera alguna duda, la propia memoria justificativa del real decreto explicita claramente —leo literalmente—: El coste total estimado de las medidas que se proponen no tiene impacto presupuestario, pues no existen costes específicos que determinen la necesidad de una dotación o incremento en las correspondientes partidas presupuestarias.

Diferentes especialistas, varios técnicos de ayuntamientos y de comunidades autónomas y representantes del mundo asociativo —no hablo, por obvio, de los responsables institucionales, que también— han puesto el grito en el cielo ante las carencias que registra una norma de este alcance y la tenebrosa equivocidad que se esconde en gran parte de las medidas propuestas. Se hace más que evidente el impacto presupuestario que se va a producir en ayuntamientos y comunidades autónomas. De hecho, todo el mundo sabe que los Presupuestos Generales del Estado para 2017 no contemplan consignación alguna para este programa en concreto.

Por otra parte, no existe garantía de que todas las administraciones concernidas... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador de Lara.

Señorías, hagan el favor de guardar silencio. Si quieren hacer tertulia, salgan al pasillo, pero guarden silencio.

Continúe.

El señor DE LARA GUERRERO: Gracias, señor presidente.

Es lamentable que no produzca más interés el hablar del bono social eléctrico, que sirve para que muchas familias no pasen frío ni sufran en este maldito invierno. (Aplausos).

Como les decía, interpreto que no todas las administraciones concernidas van a reaccionar con el mismo rigor, en función, fundamentalmente, de sus propias disposiciones presupuestarias. Por tanto, probablemente va a haber desigualdad territorial, es decir, pobres energéticos de primera, de segunda o de enésima categoría, en función del lugar de residencia.

La toma de decisiones, de significativa magnitud, ya que afecta a un importante sector de población y de administraciones, y alto calado social y económico que se vierten en el real decreto no ha sido informada ni contrastada en el seno del órgano competente que tenía que haberlas debatido y conocido previamente. Hablo del Consejo Territorial de Servicios Sociales. En la mencionada norma no se tienen en cuenta los sistemas de protección que, responsablemente y por propia iniciativa, ya vienen funcionando y siendo asumidos por los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Estas dos últimas consideraciones por sí solas a mi entender ya evidencian una desconsideración y una falta de respeto institucional. Tampoco es baladí la sobrecarga de trabajo que se inyecta a los profesionales de los servicios sociales, ya sobrecargados por el incremento de la demanda que se inició tras la crisis y que atienden, aproximadamente, a 8 millones de personas al año. Además, están desarmados de forma significativa en cuanto a la disposición de recursos por lo recortes resultantes de la gestión del Gobierno del Partido Popular.

El real decreto registra otras deficiencias técnicas —queremos entender que no han sido premeditas, lo cual sería casi delictivo— que se podrían haber corregido en el Consejo Territorial de Servicios Sociales, al no contemplar, entre muchos ejemplos —menciono este—, situaciones de monoparentalidad o soledad y sí la situación de familias numerosas con independencia de sus ingresos. Ahora no juzgamos —no es el momento— el hecho de que las familias numerosas, con independencia de sus ingresos, tengan cobertura del bono social de manera general.

Otra deficiencia detectada viene dada por la no previsión de impedir cortes de suministro de gas, el recurso energético del que se valen muchas familias.

La moción que presenta el Grupo Socialista propone instar al Gobierno al reforzamiento del Plan concertado de prestaciones básicas por la Administración General del Estado. Como es bien notorio, el plan concertado ha venido sufriendo una reducción continua y persistente de medios, y si sobrevive dignamente —nos consta— es por la responsabilidad, la profesionalidad, el buen hacer de sus trabajadores y profesionales y, por supuesto, por el compromiso de los responsables institucionales, los dirigentes municipales y autonómicos, en suma.

Otra propuesta que plantea la moción es la reforma del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, convocando de urgencia —es rigurosamente necesario— el Consejo Territorial de Servicios Sociales.

También apuesta por incluir en los Presupuestos Generales del Estado una consignación suficiente para proteger al consumidor vulnerable y distribuirla entre las comunidades autónomas, según los criterios que se determinen o ayuden a ello en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, quienes, a su vez —me refiero a estos dos entes coordinadores y asesores que, en definitiva, apoyarían cualquier medida que lograra perfeccionar las múltiples fallas que presenta el real decreto—, deberían ser consultados de cara a la aprobación de una norma que tendiera a impedir que se produjeran cortes de suministro de gas en el caso de aquellas familias que padecen pobreza energética y que se nutren mayoritariamente de gas y no de electricidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador de Lara.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el senador Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.

Senador De Lara, antes hemos tenido la ocasión de comentar el fondo. Nuestra enmienda va más dirigida a la forma de sus peticiones concretas ante la vulnerabilidad, ante la situación social y personal de esos consumidores, que no pueden afrontar esa circunstancia por la misma vulnerabilidad social. Estamos de acuerdo en actualizar y reforzar el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales. Y también estamos a favor de aprobar, mediante el acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia, una norma que impida precisamente lo que usted ha comentado: el corte de suministro de gas a consumidores vulnerables.

Quizás nuestra línea de argumentación para presentar la enmienda estaba referida a los puntos 2 y 3. Al punto 2, por entender que la figura ya se había reformado en sentido progresivo, es decir, concediendo a quien lo necesita con respecto al papel de los servicios sociales. Eso ya se acordó, y ustedes lo apoyaron en el Congreso de los Diputados para que fueran las comunidades autónomas, cuestión en la que también estamos de acuerdo. Por otro lado, su grupo parlamentario también formó parte de la negociación para reformar el sistema del bono social eléctrico, y esa reforma introdujo el criterio de renta a la hora de conceder esa ayuda. Además, se acordó un nuevo sistema de financiación que corre a cuenta precisamente —nos parecía importante decirlo— de esas mismas empresas del sector eléctrico y gasístico, y por eso no está presente en los Presupuestos Generales del Estado. En todo caso, como he dicho, quizá sea cuestión más de forma que de fondo, ya que estamos de acuerdo con el fondo de la protección al consumidor vulnerable.

He querido traer a colación esos dos puntos, que nos parecía importante matizar. E insisto en que estamos de acuerdo con la actualización y reforzamiento de ese plan concertado y con aprobar que las personas con dependencia tengan una norma que impida el corte de suministro de gas para estos consumidores.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, Compromís coincide con el Grupo Parlamentario Socialista en la práctica integralidad del texto que hoy trae a debate a esta Cámara. Siniestros y desgracias ocurren con demasiada frecuencia, como el incendio de esta misma semana en Alcorcón. Las velas han causado un incendio que ha estado a punto de costar la vida a miembros de una familia en lo que es un caso evidente de pobreza energética. No nos hacen falta más motivos para reafirmar la necesidad y la validez de las políticas y las cláusulas sociales en los contratos de las administraciones públicas y sus normativas. Son los gobiernos autonómicos los que están dejando en clara evidencia al Estado, que parece más cómodo defendiendo a empresas energéticas que no a sus ciudadanos a la hora de propiciar normas que protejan a los más vulnerables frente a esta crisis energética.

El Gobierno del señor Rajoy quiere frenar como sea las políticas para salvar personas. Cuando un Parlamento autonómico aprueba una norma que aborda la problemática de la vulnerabilidad y de los traumáticos efectos que la actual legislación tiene sobre los más desfavorecidos y los más desprotegidos, va el Consejo de Ministros y la envía al Tribunal Constitucional.

Pedimos en nuestras enmiendas que se retiren los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por parte del Gobierno central contra las normas aprobadas por los Parlamentos de las comunidades autónomas. ¿Qué pretenden, paralizar y gobernar a base de recursos allí donde no gobiernan? En el caso de las valencianas, las leyes que han sido agraciadas con este premio de recurso de inconstitucional han sido la Ley de la función social de la vivienda, del Consell, la conocida como Ley antidesahucio, y la Ley en contra de la pobreza energética. Pero recientemente ha sido el contrato de la luz del Ayuntamiento de Valencia, que impedía cortes a familias sin recursos dentro de las cláusulas sociales del mismo contrato. El Gobierno de Joan Ribó ha decidido proteger los derechos de las familias en situación de vulnerabilidad de su ciudad con una cláusula de obligado cumplimiento para la compañía que se adjudique el contrato y la posibilidad de firmar diferentes convenios para luchar contra la pobreza energética. Esta situación surge de gobiernos honrados que han demostrado que hay otras maneras de dirigir a la ciudadanía: con principios de optimización de recursos, reducción de deuda, integridad y decencia en las relaciones con sus vecinos, vecinos como la mujer de la que hablábamos anteriormente de 32, que vivía con sus tres hijos de 5, 8 y 14 años junto a su abuelo y que han salvado la vida de milagro tras arder su casa por las velas.

Estos días, señores senadores, hace frío y no podemos seguir así. Señores del Gobierno del señor Rajoy, ustedes que pagan millones de euros a fiascos como el Castor o rescatan autopistas, actúen, es urgente, la grandeza de un país y de sus gobernantes está en pequeños e importantes gestos como este, no en indignas políticas.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Arrieta.

El señor ARRIETA ARRIETA: Presidente jauna, jaun-andreok, eguerdi on, arratsalde on.

Gure Taldeak, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aurkeztu ditugu hiru zuzenketa talde sozialistak gaur kamara honetara ekarri duen mozioari. Pentsatzen dugu hiru zuzenketa horiek osatuko dutela, eta hobestuko dutela ere bai, proposatutakoa.

Lehenengoa hauxe da.

Señor presidente, señoras y señores, muy buenas tardes a todos y todas.

Nuestro Grupo, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha presentado tres enmiendas a esta moción que presenta el Grupo Socialista hoy aquí, en esta Cámara. Pensamos que estas tres enmiendas completarán esta iniciativa y la mejorarán.

La primera de ellas se propone añadir un punto, y continúo en castellano.

Lo podríamos llamar impuesto de solidaridad a los beneficios de las centrales nucleares y de hidroeléctricas, un impuesto finalista destinado a financiar —impuesto de solidaridad— el bono social para familias vulnerables. Respecto a los beneficios dentro de las empresas, voy a poner tres ejemplos: en el año 2016, los beneficios netos de Iberdrola fueron 2700 millones; Endesa, 1400 millones; Gas Natural Fenosa, 1347 millones. Recaudar mediante un gravamen a las empresas que más se están beneficiando de este sector para distribuirlo en la financiación de un bono social es justicia social. No podemos permitir que mientras 5 millones de personas sufren pobreza energética en este país, estas empresas alcancen sus cotas más altas de tarifas en el momento que más se necesitaba la energía.

Una segunda enmienda plantea añadir en el punto de la moción el siguiente texto: «En estas modificaciones se incluirá un mínimo vital básico de suministro eléctrico garantizado cuya tarifa se fijará en función de la renta de la familia consumidora/afectada».

Las familias españolas necesitan que el Estado garantice un mínimo vital de energía para el desarrollo de su vida cotidiana. Por ello proponemos esta enmienda, en la dirección de que ninguna familia se vea en la situación de quedarse sin suministro eléctrico en la época del año que más lo necesita, por ejemplo, de octubre a marzo. Solo garantizando por ley dónde se encuentra este mínimo vital de energía, las familias quedarán protegidas de los abusos en las tarifas y de los intereses del mercado, porque hay que recordar que el sector energético, que es un sector estratégico, tiene como función social proveer a las familias y a las empresas la energía necesaria para desarrollar su vida cotidiana.

Y una tercera enmienda añade un nuevo punto, que dice: «Comenzar el proceso de recuperación para la gestión pública del sector estratégico de las energías, cuando acaben sus concesiones, con la finalidad de que no se haga negocio especulativo con una necesidad básica de las familias españolas». Y les voy a leer el artículo 128 de la Constitución española, que dice: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce a la iniciativa pública la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar el sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés general».

A ver, díganme, ¿quiénes de ustedes no están de acuerdo con esto? Quien no esté de acuerdo, que levante la mano, le cedo el 1,25 que me queda.

(Rumores). Nadie, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo, efectivamente, porque bajo este amparo constitucional se puede intervenir en el sector estratégico de la energía, alejándolo de la especulación, de los intereses del mercado y acercándolo al servicio de la mayoría social y trabajadora de este país. No podemos permitir que mientras empresas energéticas siguen ganando miles de millones de euros —sus directivos llegan a ganar 40 000 euros al día— haya 5 millones de personas que sufren pobreza energética, que tiene unas consecuencias traumáticas, muchas veces, la muerte. Pensémoslo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrieta.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Molt breument, ja els avanço que votarem a favor d’aquesta iniciativa.

Nosaltres hem presentat una esmena que fa referència al punt 2 i al punt 3. Pel que fa al punt número 2, nosaltres demanem reformar el Reial Decret Llei 7/2016, i ho fem per incorporar una situació que pensem que no hi és reflectida. El Reial Decret Llei inclou totes les famílies nombroses, amb independència dels seus recursos, i per tant, independentment de si pateixen pobresa energètica o no. En canvi, no inclou de forma específica persones amb dependència energètica que, per temes de salut, necessiten estar assistits per una màquina constantment. Per tant, és un punt que pensem que flaqueja en aquest Reial Decret Llei i que fora bo incorporar-lo. En aquest sentit, ja saben vostès que els malalts d’EPOC han fet una gran reclamació d’aquesta mesura, però no només ells, sinó també tots aquells malalts que es troben en aquesta situació.

La llei tampoc no inclou cap estudi detallat sobre quines llars estan en situació de pobresa energètica. Dins la mateixa memòria justificativa d’aquest Reial Decret Llei, sí que s’inclou una anàlisi molt genèrica en la qual s’afirma que totes les persones en pobresa energètica esta cobertes, però sense incloure-hi els càlculs que s’han fet. Per tant, és un tema tan important que s’asseguri que totes les llars en aquesta situació estiguin ateses que pensem que cal també una modificació en aquest sentit del Real Decret Llei, amb un estudi detallat que justifiqui i que digui als diferents grups parlamentaris com implementar aquests criteris; que no els fixi lliurement el Govern.

Pel que fa a l’esmena del punt 3 que, com han comentat aquí abans altres oradors, es basa en el Reial Decret Llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modificava la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, que va ser anul·lada pel Tribunal Constitucional, la coneguda Llei contra la Pobresa Energètica. El que proposa és exactament que els Serveis Socials presentin un informe sobre els consumidors d’energia elèctrica vulnerables i que, mitjançant aquest informe dels Serveis Socials, no se’ls pugui tallar l’electricitat durant els mesos de novembre a març, com a mínim, perquè són els mesos (i vostès ho saben) més freds de l’any per a la gent amb pobresa energètica, quan hi ha després problemes i hem d’assistit a incendis i a desgràcies familiars.

Volem això: aconseguir que a aquests consumidors vulnerables, senzillament, no se’ls talli la llum. Per la resta, estem absolutament d’acord amb la moció i ja els avanço que pensem que aquestes esmenes no fan més que enriquir la seva proposta, però malgrat no fossin acceptades (que pensem que seria una llàstima) nosaltres votaríem a favor de la seva proposta.

Gracias, presidente.

Muy brevemente, les avanzo que vamos a votar a favor de esta iniciativa.

Nosotros hemos presentado una enmienda que hace referencia a los puntos 2 y 3. En el punto 2 pedimos reformar el Real Decreto Ley 7/2017 para incorporar una situación que no está reflejada: el real decreto incluye a todas las familias numerosas, independientemente de sus recursos y, por lo tanto, independientemente de si sufren pobreza energética o no; en cambio, no incluye de forma específica a personas con dependencia energética que por temas de salud necesitan estar asistidos por una máquina constantemente. Creemos que es un punto que flaquea en este real decreto y que estaría bien incorporarlo. En este sentido, ya conocen ustedes que los enfermos de EPOC han reclamado fuertemente esta medida, pero no solo ellos, sino todos aquellos enfermos que se encuentran en esta situación.

La ley no incluye tampoco un estudio detallado de qué hogares están en situación de pobreza energética. Dentro de la memoria justificativa de ese real decreto se incluye un análisis muy genérico en el que se afirma que todas las personas que sufren pobreza energética están cubiertas, pero sin incluir los cálculos que se han hecho. Por lo tanto, es importante que se asegure que todos los hogares en esta situación estén atendidos y hace falta una modificación del real decreto con un estudio detallado que diga a los distintos grupos parlamentarios cómo implantar estos criterios, que no los fije libremente el Gobierno.

El punto 3 de esta enmienda, que se ha comentado aquí por otros oradores, y sobre la base del Real Decreto 6/2013, de 23 de diciembre, por el que se modificaba la Ley 22/2010, de 2 de julio, del código de consumo de Cataluña, que fue anulada por el Tribunal Constitucional, la conocida Ley contra la pobreza energética, lo que propone es exactamente que a los consumidores vulnerables de energía eléctrica que presenten un informe a los servicios sociales no se les pueda cortar la electricidad durante los meses de noviembre a marzo cuando menos, porque son los meses, como ustedes saben, más fríos del año para la gente que sufre pobreza energética y en los que hay más problemas de asistencia, por ejemplo por incendios y desgracias familiares. Queremos conseguir que a estos consumidores vulnerables sencillamente no se les corte la luz.

Por lo demás, estamos absolutamente de acuerdo con la moción y les avanzo que creemos que estas enmiendas no hacen más que enriquecer su propuesta. A pesar de que no fueran aceptadas —que pensamos que sería una lástima—, nosotros votaríamos a favor de su propuesta.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Tiene la palabra el senador De Lara para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor DE LARA GUERRERO: Gracias, señor presidente.

La mayoría de las enmiendas que se han presentado esta mañana a esta moción son loables y serían apoyables probablemente —aunque no todas ellas— en otros ámbitos y en otros momentos que no tienen que ver con el momento concreto de presentar una moción relativa a un real decreto referido a los mecanismos operativos concretos de apoyo al consumidor vulnerable y donde se marcan de manera determinada —otra cosa es que se pueda estar o no de acuerdo con lo que marca el propio real decreto— los mecanismos procedimentales a utilizar en este caso concreto.

La enmienda de Ciudadanos, que es una enmienda de modificación —lo hemos comentado con el señor Marcos—, elimina los puntos 2 y 3 de las propuestas de la moción que presenta el Partido Socialista y no los sustituye por ninguna otra alternativa de texto, respetando, aunque con una ligera modificación, los puntos 1 y 4 de la propuesta socialista. Hubiéramos estado dispuestos a aceptar la enmienda si se hubiera podido fraccionar en relación con la palabra que añade, que es «actualizar», en el punto 1, pero al no haber otra alternativa no podemos transar.

Respecto a la enmienda de Comprimís, digo algo parecido —lo ha comentado el señor Navarrete—: aunque formalmente se le otorga un carácter de enmienda a una moción muy concreta, no encaja en el objeto de esta moción. Sí puede formularse como otro tipo de iniciativa sobre la que mi grupo podría debatir y pronunciarse en un sentido o en otro llegado el caso, pero creemos que no es el contexto.

En cuanto a las tres enmiendas de Podemos, el señor Arrieta preguntaba: ¿quién está en desacuerdo o quién puede estarlo? Nadie ha levantado la mano, yo tampoco la he levantado, pero es que no se puede convertir una moción tan específica, tan concreta, tan singular, como diríamos en La Mancha, en una especie de pipirrana donde todo cabe, en una percha donde todo se puede enganchar. Este debate ya lo tuvimos entre Podemos y el PSOE cuando estaba interviniendo la compañera que está a su derecha.

¿Aumentar el gravamen fiscal a centrales nucleares o hidroeléctricas? No cabe en este debate, cabe en un debate que tiene que ver con la materia fiscal que afecta a las centrales nucleares o hidroeléctricas. Entendemos que, de una u otra manera, el mínimo vital básico de consumo eléctrico está contemplado en el tenor del real decreto que estamos comentando con esta moción. Y recuperar la gestión pública del sector estratégico de las energías es una iniciativa, señor Arrieta, totalmente respetable, absolutamente respetable, pero no tiene cabida en este ámbito, tal como respondimos, repito, a su grupo en otro momento. La situación es de urgencia, aquí y ahora, es invierno, hay personas que sufren pobreza energética y no se trata de debatir a largo o medio plazo sobre estrategias de futuro que son necesarias.

Finalmente, respecto a los comentarios de la senadora Rivero —ella misma lo ha reconocido—, no alteran los puntos 1, 3 y 4 de la propuesta socialista y en relación con el punto 2 de la propuesta socialista sí incorporan algunos apartados relativos al Real Decreto Ley 7/2016...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DE LARA GUERRERO: Sí, señor presidente.

Real decreto que hoy no estamos cuestionando, lo que estamos proponiendo son alternativas relativas al reiteradísimo Real Decreto 897/2017.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De Lara.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Navarrete tiene la palabra.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente. Intervendré desde el escaño.

Hablábamos antes del empeño del Gobierno en la lucha contra la pobreza energética, mejor dicho, la falta de empeño, la falta de iniciativas para abordar las verdaderas emergencias energéticas y las verdaderas emergencias sociales. Cuando hay compañía eléctricas, grandes empresas y bancos de por medio no hay Constitución que valga, ¿no, señores del PP? En su respeto a la Constitución no entra ni el derecho a la vivienda ni el derecho al trabajo ni a la vida. No nos engañan ya a nadie cuando dicen esas frases y actúan de otra manera. No engañan ya a nadie y, por lo tanto, como dice la Biblia: por sus obras los conoceréis. Esta fórmula bíblica es para diferenciar los verdaderos de los falsos profetas; pues en este criterio de verificación, por sus obras —y no por sus palabras— los conoceréis: los señores Dastis, Catalá, la señora de Cospedal, el señor Montoro, el señor Zoido, el señor de la Serna, el señor Méndez, la señora Báñez, el señor Nadal, la señora García Tejerina, el señor De Guindos, el señor Rajoy. Escuchen a la ciudadanía de una vez, que la gente está denunciando las injusticias y la insensibilidad. Defiendan a los vulnerables y a los ciudadanos y si no lo quieren hacer, dejen que otros lo hagamos: las instituciones más cercanas a la ciudadanía, como los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que pueden y están sabiéndolo hacer. Si no saben actuar, dejen actuar al resto.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Tiene la palabra la senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, en la recomendación del 18 de abril de 2017 de la defensora del pueblo se señala de forma literal que, tal y como ha estado regulado el bono social eléctrico hasta la fecha, los recursos económicos destinados a la protección del consumidor vulnerable no se han estado empleando adecuadamente, puesto que hay colectivos con rentas bajas que están excluidos del bono social y otros que se han estado beneficiando de esta medida al margen de todo criterio socioeconómico. También señala en otra de las recomendaciones que hay que hacer un desarrollo reglamentario del Real Decreto Ley 7/2016, donde se tiene que tener en cuenta, en primer lugar, el ámbito de aplicación, señalando la determinación de las personas que se beneficiarán de las nuevas medidas de protección, haciendo especial hincapié en los menores de edad, en los ancianos y en las personas con discapacidad; en segundo lugar, habla del establecimiento de un procedimiento eficaz para la articulación práctica de todas las medidas.

Considero que la moción que se debate aquí y que vamos a someter a votación tiene en cuenta estos aspectos, y también tiene en cuenta el hecho, compartido por la recomendación de la defensora del pueblo, de que hay que definir un concepto concreto de consumidor vulnerable, porque existen muchos criterios pero no existe un concreto concepto del mismo. Y podría estar relatando toda la mañana muchísimas recomendaciones más, pero me gustaría destacar dos puntos muy importantes de esta moción de cara a apoyarla. En primer lugar, que con la última normativa se traslada toda la responsabilidad a las administraciones más cercanas a los ciudadanos, a las administraciones territoriales —a los ayuntamientos, a los cabildos insulares— y, en segundo lugar, que se traslada toda esta responsabilidad para hacer frente a esos impagos pero sin dotación presupuestaria estatal alguna. Por lo tanto, como todos sabemos, si existe un compromiso en papel que no lleva detrás la correspondiente dotación presupuestaria económica adecuada a las necesidades del sector, queda en papel mojado.

Por tanto, la Agrupación Socialista Gomera considera que la moción que se está debatiendo aquí es muy positiva para, de una vez por todas, ayudar a todas estas personas que están padeciendo entre otras cosas el frío, que ya se empieza a notar, por lo que votaremos a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

¿Alguna intervención más? (Pausa).

No hay más intervenciones.

Pasamos al Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria. Tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

En diciembre de 2016 algunos de los principales partidos nos hablaban sobre el bono social. Concretamente, Rafael Hernando, del Partido Socialista, nos decía: «Ataca de una forma integral la pobreza energética, es el principio del fin de la pobreza energética, consiste en prohibir la interrupción del servicio de energía eléctrica a las familias muy vulnerables». Álvaro Nadal, ministro de Energía del Partido Popular, decía: «Este sistema viene a mejorar y clarificar lo que ya existe. Tenemos que felicitarnos por el éxito acordado». Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, nos decía que por fin, ocho años después del inicio de la crisis, se va a poner fin a los cortes de energía a esas familias vulnerables, y decía que era gracias a su partido.

Lo cierto es que tras todo esto, con la llegada del frío y el aumento del consumo de la energía para la calefacción de los hogares españoles, se pondrá de manifiesto una vez más, por desgracia, la realidad social de España.

Señorías, me da la impresión de que cuando hablamos aquí de temas tan sensibles como este los abordamos siempre desde una óptica fría, fijándonos solo en los datos estadísticos, en las encuestas o, incluso, en las macroencuestas. Pero cuando atravesemos las puertas del Senado y salgamos a la calle al término de este Pleno lo que aquí hablamos lo veremos reflejado en rostros de hombres y mujeres, de niños, de niñas, de personas mayores, y no quiero tener el remordimiento de, como senador, no haber sabido abordar con humanidad y sensibilidad un tema tan delicado como la pobreza, máxime la injusta y dolorosa pobreza energética, porque muchas personas mayores necesitan calentarse este invierno y simplemente no pueden encender el horno o la cocina para cocinar porque, además, con su pensión tienen que echar una mano a sus familias. Eso, señorías, es la pobreza energética. No quiero más testimonios trágicos como el de Rosa, quien falleció con 81 años —como todos recordaremos— en Reus al incendiarse su casa con una vela con la que se estaba alumbrando porque ya le habían cortado la luz. Señorías, a mí eso me avergüenza como ciudadano de este país.

La Asociación de directores, directoras y gerentes de servicios sociales en España ha sido muy clara sobre este tema: alrededor de un millón de hogares están por debajo de lo que determina el Ministerio de Industria como familias vulnerables con el nuevo bono social, es decir, 300 millones de euros que no han sido aún presupuestados. Sin duda —y no lo digo yo, lo dice este mismo organismo—, una de las mayores chapuzas como decreto que ha hecho este Gobierno.

Estamos ante un problema latente, muy latente en nuestra sociedad, que ha visto recortada la partida presupuestaria al respecto en estos últimos años, precisamente cuando la demanda ha ido en aumento por la situación económica y social tan dura que hemos vivido en estos últimos años. No quiero más titulares vergonzantes ni promesas o profecías electoralistas como las que les mencionaba al principio de mi intervención. Por lo tanto, apoyaremos sin duda esta moción con la confianza de que llegue a buen puerto.

Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Senadora Rivero, tiene la palabra.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president. Parlaré de l’escó estant.

Com ha els he dit, nosaltres som dels que busquem solucions als problemes i no posem problemes a les solucions. A Catalunya s’havia treballat en el sentit de donar resposta als casos de pobresa energètica, però com sol passar amb la majoria de lleis que fa el Parlament de Catalunya, són portades al Tribunal Constitucional i se li nega aquesta solució als ciutadans.

Ja els hem dit que estem d’acord amb aquesta proposta seva, els ho dic d’entrada. Em sap molt greu que no hagi acceptat les esmenes, perquè pensàvem sincerament que enriquien la moció. Hi fèiem esment a dos punts que per nosaltres és important tenir en comte. Però també li diré que el Reial Decret Llei 7/2016 va deixar un gran marge d’actuació al Govern central per legislar sobre el bo social, que és del que estem parlant avui. Per això, nosaltres ens vam abstenir al Congrés sobre aquesta mesura i vam votar a favor que es tramités com a projecte de llei. Si vostès, el Partit Socialista, haguessin fet el mateix, penso que aquesta moció d’avui hagués estat innecessària. No s’entén com el PSOE li va donar un marge tan ample al Govern central, entre altres coses, perquè un cop més fes pagar el 50 % de la factura dels consumidors en risc d’exclusió social als Serveis Socials dels ajuntaments o de les comunitats autònomes, i no l’assumís ell, com a Estat, quan aquest és un problema d’Estat que, entre altres coses, té molt a veure amb les polítiques energètiques que aplica aquest Govern central.

Dit tot això, estem agraïts que hagi portat aquesta moció aquí, que soluciona part d’allò que no recull aquest decret, que ho recollia amb màniga ampla. Centra allò que per a nosaltres és vital...

Gracias, presidente. Intervengo desde el escaño.

Ya les hemos dicho que nosotros somos quienes buscamos soluciones a los problemas y no ponemos problemas a las soluciones. En Cataluña se había trabajado en el sentido de dar respuesta a los casos de pobreza energética, pero como suele pasar con la mayoría de leyes que aprueba el Parlamento de Cataluña, son llevadas al Tribunal Constitucional y se les niega esa solución a los ciudadanos.

Ya les hemos dicho que estamos de acuerdo con esta propuesta suya, se lo digo de entrada. Me sabe muy mal que no haya aceptado las enmiendas porque pensábamos, sinceramente, que enriquecían la moción y contenía dos puntos que para nosotros es importante tenerlos en cuenta. Pero también les diré que el Real Decreto Ley 7/2016 dejó un gran margen de actuación al Gobierno central para legislar sobre el bono social, que es de lo que estamos hablando hoy. Por eso, nosotros nos abstuvimos en el Congreso sobre esta medida y votamos a favor de que se tramitase como proyecto de ley. Si ustedes, el Partido Socialista, hubieran hecho lo mismo creo que esta moción de hoy habría sido innecesaria. No se entiende cómo el PSOE le dio un margen tan amplio al Gobierno central, entre otras cosas para que una vez más hiciera pagar el 50 % de la factura de los consumidores en riesgo de exclusión social a los servicios sociales de los ayuntamientos o de las comunidades autónomas y no la asumiesen ellos como Estado cuando este es un problema de estado que, entre otras cosas, tiene mucho que ver con las políticas energéticas que este Gobierno central emplea.

Dicho todo esto, estamos agradecidos porque hayan traído esta moción aquí, que soluciona parte de aquello que no recoge este decreto, que lo recogía con manga ancha, centra lo que para nosotros es vital...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora RIVERO SEGALÀS: ... i per suposat que hi donarem el nostre vot a favor.

Moltes gràcies.

...y , por supuesto, vamos a votar a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días otra vez.

Esta moción habla de pobreza energética, pero no podemos olvidar que hablar de pobreza energética es simplemente hablar de una cara más de la pobreza, pobreza que tiene que ver con rentas familiares insuficientes que, sobre todo, vienen de una falta o de la precariedad en el empleo. Lo que pasa es que la pobreza energética tiene un plus, un factor más, que es el precio de la energía. No podemos olvidar que el precio de la energía no es lo mismo que el coste de la energía y que ese precio de la energía tiene un 50 % de impuestos, con lo que el Gobierno de alguna manera tiene asegurada parte de la recaudación porque todos y todas somos consumidores. Pero son unos impuestos que no son progresivos: todos pagamos lo mismo cuando encendemos la luz o cuando abrimos el gas. Y yo creo que aquí todos deberíamos hacer una reflexión.



¿Por qué ese 50 % de impuestos, qué pasa, que es más fácil recaudar así, un poco a escondidas, que subir el IRPF, por ejemplo? Habría que reflexionar.

Por desgracia, de lo que hablamos, la pobreza energética, no es un problema local, pero esto no puede ser un consuelo. Yo creo que le debemos dar una solución integral que pasa, entre otras cosas, por la regulación del sector energético, por mejorar la eficiencia energética de los hogares, por identificar y proteger a consumidores vulnerables y —nos parece muy importante— por contar con un sistema de protección social fuerte y solidario. En el caso de Euskadi, por ejemplo, tenemos una renta de garantía de ingresos, tenemos ayudas de emergencia social, que son herramientas que ayudan a que nadie se quede atrás y que nadie tenga que elegir entre comer o estar caliente en invierto.

Y en esta solución integral deberíamos pensar, además, en algo fundamental, debatirlo entre todos y llegar a un acuerdo, y es sobre el derecho —derecho— de acceso a la energía. Evidentemente, hay una necesidad de coordinación entre los diferentes niveles institucionales. En esta moción los grupos parlamentarios han hecho diferentes planteamientos desde distintos puntos de vista. Yo no voy a hablar de política energética, no voy a hablar de tarifas, no voy a hablar de gravámenes a empresas, porque además de que habría mucho que decir, creo que es otro debate que no es el de hoy; hoy estamos hablando no de empresas energéticas, no de política energética, estamos hablando de pobreza, y esto se mezcla cuando llegamos al bono social. Yo creo que de una vez por todas deberíamos ser lo suficientemente valientes para desvincular un tema social y un tema de pobreza de lo que es la política energética, porque creo que si no no vamos por el buen camino. Si el problema es social, la solución se la deberemos dar desde lo social, bono u otras herramientas, otras prestaciones u otras ayudas sociales.

En un inicio se planteó una cofinanciación —ahora también—, se planteó este tema del bono social de forma que una parte lo pagan las administraciones —en este caso se entiende, como manifiestan todos los grupos, que son las instituciones más cercanas y que no debería ser así— otra era un cargo a las operadoras. Y aquí tenemos que hacer otra reflexión: cuando se carga a las operadoras, al final se repercute y se penaliza al consumidor y los consumidores somos todos; o sea, que también estamos penalizando al consumidor vulnerable, lo que es una auténtica contradicción.

A lo que íbamos y lo que queremos remarcar. Si es un problema social, debe tener, por un lado, solución social, pero además debe ser financiado con la aportación que todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas hacemos desde la carga impositiva que nos corresponde a cada cual; es decir, sí debe estar incluido en los presupuestos, pero en los presupuestos de quien sea competente en servicios sociales, y desde luego aquí no voy a entrar en las deficiencias de la financiación autonómica.

Hablamos de servicios sociales. Como ustedes saben, Euskadi y sus territorios históricos tienen competencia exclusiva en servicios sociales —no les podía defraudar y no hablar una vez más de competencias, pero tampoco me voy a extender porque seguro que me han escuchado con atención todas las veces que he hablado de este tema—, y puesto que parte importante de la moción se refiere a esta materia, a los servicios sociales, tengo que manifestar que aunque nuestro grupo no puede votar que no porque estamos de acuerdo en la filosofía —estamos de acuerdo en la protección al consumidor vulnerable, cuestión en la que somos competentes y ya tenemos medidas implantadas, además de que estamos de acuerdo con la filosofía de su carácter presupuestario y estamos de acuerdo en algunas de las cuestiones planteadas respecto al real decreto—, tampoco podemos votar que sí por la parte de invasión competencial que supone.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Azamar.

La señora AZAMAR CAPDEVILA: Gràcies, president. Bon dia, senadores, senadors.

Entenem com a pobresa energètica la dificultat per afrontar el pagament de les factures dels subministraments bàsics, d’electricitat, aigua i gas. La pobresa energètica mata; així de dur i així de real. Per tant, l’hem d’afrontar. Aquesta és una urgència social, i el seu creixement és alarmant, i com a tal, la societat hauria de lluitar per acabar amb aquesta situació de vulnerabilitat. Societat, polítics, institucions i, sobretot, les grans beneficiàries: les companyies subministradores.

Al Parlament de Catalunya, a partir d’una iniciativa legislativa popular l’any 2015, es va aprovar la Llei 24/2015 de Mesures Urgents per a Afrontar l’Emergència en l’Àmbit de l’Habitatge i la Pobresa Energètica. Aquesta llei estableix els protocols d’aplicació per tal de donar suport a les persones en risc d’exclusió en l’àmbit de l’habitatge, i que no poden pagar factures de subministrament dels serveis bàsics d’aigua, gas i llum; una llei de la qual el Govern espanyol va impugnar gran part de les mesures d’habitatge i que el Tribunal Constitucional ha suspès. La lluita contra la pobresa energètica a Catalunya ha estat una constant de recursos, suspensions i impugnacions. L’actual llei catalana estableix diferents protocols, com que les empreses són les responsables d’avisar els Serveis Socials corresponents dels impagaments de factures, per tal de poder dirimir si s’està davant d’una situació de vulnerabilitat, ja que són elles les que disposen de les dades dels impagaments. Aquests protocols, dit sigui de pas, no sempre es compleixen per part de les empreses subministradores. Cal recordar que fins i tot la patronal de les companyies elèctriques el va portar als tribunals; tota una declaració d’intencions per part de les grans beneficiàries.

Per a nosaltres, és bàsic que tots els ciutadans visquin dignament. Les polítiques de la Generalitat volen situar les persones de manera integral al centre de les polítiques socials, és a dir, que puguin disposar d’una cartera de serveis d’accés universal i els puguin utilitzar en funció de les circumstàncies que puguin ocórrer al llarg de la seva vida pel sol fet de ser persones. Tenim molt clar que els ciutadans han de poder viure dignament, i per això han estat moltes les polítiques de mercat caràcter social que han estat aprovades pel Parlament de Catalunya i impulsades pel Govern legítim. Tot i que hi ha partits que insisteixen a fer creure que el Govern de la Generalitat només ha fet política per al procés. Alguns exemples són la renda mínima de ciutadania, l’Agència de protecció social, la universalitat de l’accés als Serveis Socials, la Llei d’Igualtat Efectiva entre Dones i Homes o la d’Emergència Habitacional, entre d’altres.

Totes aquestes polítiques han estat possibles, en gran part, gràcies a la feina feta per la conselleria encapçalada per la Dolors Bassa, qui avui està injustament empresonada. Dolors, Meritxell, Jordis, Josep, Carles, Raül, Quim, Oriol i la resta del Govern, us volem a casa.

Gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, presidente. Buenas tardes, senadores y senadoras.

Entendemos como pobreza energética la dificultad para afrontar el pago de las facturas de los suministros básicos: electricidad, agua y gas. La pobreza energética mata, así de duro y así de real. Por tanto, debemos afrontarlo. Es una urgencia social y su crecimiento es alarmante y como tal la sociedad debería luchar para acabar con esta situación de vulnerabilidad. La sociedad, los políticos e instituciones y, sobre todo, las grandes beneficiarias, es decir, las compañías suministradoras.

El Parlamento de Cataluña, a partir de una iniciativa legislativa popular en 2015, aprobó la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Esta ley establece los protocolos de aplicación para dar apoyo a las personas en riesgo en exclusión en el ámbito de la vivienda y que no pueden pagar facturas de suministros básicos de agua, gas y luz. Una ley de la que el Gobierno español impugnó gran parte de las medidas de vivienda y que el Tribunal Constitucional ha suspendido. La lucha contra la pobreza energética en Cataluña ha sido una constante de recursos, suspensiones e impugnaciones. La actual ley catalana establece distintos protocolos como que las empresas son las responsables de avisar a los servicios sociales correspondientes de los impagos de facturas para poder dirimir si se está ante una situación de vulnerabilidad, ya que son ellas las que disponen de los datos de impagos. Unos protocolos que, dicho sea de paso, no siempre se cumplen por parte de las empresas suministradoras y hay que recordar que incluso la patronal de las compañías eléctricas llevó a los tribunales. Toda una declaración de intenciones por parte de las grandes beneficiarias.

Para nosotros es básico que todos los ciudadanos vivan dignamente. Las políticas de la Generalitat quieren situar a las personas de forma integral en el centro de las políticas sociales. Es decir, que puedan disponer de una cartera de servicios de acceso universal y los puedan utilizar en función de las circunstancias que puedan acaecer a lo largo de su vida por el único hecho de ser personas. Tenemos muy claro que los ciudadanos tienen que poder vivir libremente y por eso han sido muchas las políticas de marcado carácter social las que han sido aprobadas por el Parlamento de Cataluña e impulsadas por el Gobierno legítimo, aunque hay partidos que insisten en hacer creer que el Gobierno de la Generalitat solo ha hecho política por el proceso. Algunos ejemplos son la renta mínima de ciudadanía, la protección social, la universalidad del acceso a los servicios sociales, la ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres o la de emergencia habitacional entre otras.

Todas estas políticas han sido posibles en gran parte gracias al trabajo hecho por la Conselleria encabezada por Dolors Bassa, quien hoy está injustamente encarcelada. Dolors, Meritxell, Jordis, Josep, Carles, Raul, Quim, Oriol y el resto del Gobierno os queremos en casa.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Azamar.

Por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Arrieta.

El señor ARRIETA ARRIETA: Esta mañana está siendo muy simpática. Hablando de ciberseguridad se habló de vida digna, hablando de no boicot a los productos catalanes se habló de la marca España y quiero traer a la Cámara y recordar la primera poesía que les ofrecí: nada es tan frío como el frío absoluto; alguien pide pan y le dan hambre; alguien pide casa y le dan calle; alguien pide luz y le dan noche; alguien pide calor y le dan frío. Esto, señorías, también es marca España. No digo que es la marca de España, sino una marca España. Pobreza energética, colas en los comedores sociales, paro, trabajo precario, abandono escolar, meses para que te atienda un especialista..., este tipo de cosas ocurren.

Señorías, cuando nos acostamos todas las noches de frío, que son muchas, así vestidos, (El señor Arrieta Arrieta se ha puesto un gorro de lana) tapados completamente, cuando tenemos que dormir con toda la familia junta para darnos calor... ¿Cuántos de nosotros tenemos que encender una vela cuando llega la noche? (El señor Arrieta Arrieta, enciende un mechero). Ninguno, ninguno de nosotros, señorías.

Según el estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales sobre pobreza, vulnerabilidad y desigualdades energéticas, el 11 % de los hogares españoles, es decir, 5,1 millones de personas, se declaran incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses de invierno, habiéndose producido un incremento del 22 % solo en dos años. Asimismo, el estudio también señala que un 21 % de los hogares de España está experimentado condiciones asociadas a la pobreza energética y que un 6 %, es decir, 2,6 millones de personas dedican más del 15 % de sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas. Además, este informe revela una mayor incidencia de la pobreza energética en las zonas rurales o escasamente pobladas. El estudio señala que las situaciones de pobreza energética podían estar ocasionando el 30 % de las muertes adicionales de invierno, es decir, más de 7000 personas en esa época del año. El dictamen del Comité Económico y Social europeo, de 2011, sobre la pobreza energética en el contexto de la liberalización y de la crisis económica, señala que la pobreza energética es una nueva prioridad social que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política energética y un posterior dictamen de 2013 pedía una acción europea coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética. El mismo comité manifiesta que la energía es un bien común esencial debido a su papel indispensable en todas las actividades cotidianas. Según datos de la Cruz Roja, en dos años, el gas se ha incrementado un 22 %; la luz, el 34 %; el agua, el 8,5 % y la bombona de butano, el 22 %. Según Eurostat, de 2001 a 2012, la factura de electricidad en España cuesta de media un 105 % más. La subida de los precios de la energía en plena ola de frío es un ejemplo más de la barbaridad del sistema energético español.

La reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno del Partido Popular no da respuesta real al fenómeno de la pobreza energética, mientras el denominado déficit tarifario y la reciente sentencia del Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono social amenazan con incrementar todavía más la factura energética de las familias. La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido para abaratar el precio del suministro eléctrico, sino todo lo contrario.

Nuestro grupo plantea acabar con la pobreza energética lo que pasa por la nacionalización de las eléctricas y gasísticas, y por la consideración de servicio público de ese sector. Y esto, señores, no tiene nada que ver ni con Venezuela ni con Cuba. Hablamos de que España siga el ejemplo de otros países del entorno, en que las redes de distribución eléctrica son de titularidad pública, ya sea mediante una entidad estatal, como en Francia o Italia, o municipal, al estilo de Alemania. Es necesario tomar medidas que no supongan una subvención del Estado a las compañías eléctricas, medidas, señorías, que supongan que un sector estratégico como el energético esté a disposición de la mayoría social y romper con la dinámica de las puertas giratorias, porque el sector energético es donde más visible se hace este fenómeno. La subordinación de los partidos políticos a los intereses de mercado de las compañías eléctricas supone pobreza energética para 5 millones de españoles y españolas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ARRIETA ARRIETA: Sí, señor presidente.

Señorías, para acabar, techo caliente, pan tierno, trabajo digno. ¿Quién no quiere esto? ¿Ustedes lo desean? Ustedes lo desean, nosotros lo deseamos, todo el mundo lo quiere. Señorías, hacen falta ganas, fuerza, ilusión y prioridades sociales en los presupuestos. Señorías, es posible, queremos hacerlo, podemos hacerlo. Por eso, aunque se nos queda un poco corta la moción presentada por el Grupo Socialista, la apoyaremos, porque es un pasito.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrieta.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador De Lara.

El señor DE LARA GUERRERO: Gracias, señor presidente.

El Real Decreto 897 no pasará a la historia por muchas razones. O pasará por razones que son penosas y denigrantes. Quien lo lea pasado el tiempo recordará la época en la que 900 000 familias españolas vivían en condiciones de vulnerabilidad —a la que los especialistas ponían unos adjetivos u otros diferentes, técnicos—, o sea, eran pobres de solemnidad y no tenían para pagarse los costes energéticos que les permitieran subsistir con una mínima dignidad. Hablamos de alumbrado del hogar, de calefacción, de bienestar básico en suma. Son familias de las que todos sabemos a diario: niños, enfermos y ancianos en muchos casos, en quienes casi nunca pensamos aquellos que no concedemos la menor importancia al hecho de, en nuestras casas, encender una lámpara o al de disfrutar de calefacción en nuestros confortables hogares.

Recordará a un Gobierno que no introdujo medidas eficaces ni eficientes para paliar la pobreza y evitar de este modo que los marginados de la sociedad, del sistema, tengan que recurrir al aguinaldo que les dan las compañías eléctricas o al endoso a los servicios sociales del abono de una factura que a ellos les agradaría enormemente poder pagar de manera directa. El tufo paternalista benéfico no centrado en derechos caracteriza abiertamente este tan comentado real decreto.

Recordará a un Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital haciendo de Ministerio de Asuntos Sociales sin asumir ningún riesgo ni compromiso presupuestario. Recordará la humillación que supondrá para muchas familias que se crucen datos sensibles entre compañías eléctricas y departamentos de servicios sociales relativos a su intimidad personal o familiar. Hasta el propio ministerio reconoce que la tasa de aceptación del bono social eléctrico podría frisar el 45 % de la población potencialmente acreedora de este beneficio. Si a nadie le amarga un dulce, el dulce de la gratuidad del consumo eléctrico, deberíamos pensar que en el quid de tal previsión —ese 45 % y no el 100 % que pedía el real decreto— puede estar la resignación de no consumir o consumir menos para no tener que someterse a la denigrante situación de que sus datos sean conocidos y publicitados.

Recordará que este Gobierno recortador dictó trabajo y medidas que afectaban a otras administraciones —es el caso; lo han dejado claro todos los intervinientes aquí esta mañana— sin debatir, contrastar o intentar consensuar con ellas ningún aspecto de las decisiones que unilateralmente fueron publicadas el pasado 6 de octubre. ¿Qué interventor municipal de cualquier ayuntamiento de España autorizaría el pago de una factura si no existe partida presupuestaria, si no existe consignación? ¿Qué responsabilidad penal asumiría un alcalde que no puede evitar el corte de suministro cuando es el alcalde la persona que tiene la mayor responsabilidad en un ayuntamiento al que el real decreto le exige que pague al menos el 50 % de la factura eléctrica?

Recordará que ese mismo Gobierno no consideró las iniciativas que por su propia cuenta ya han asumido muchísimos ayuntamientos y muchísimas comunidades autónomas para, en razón a esa valoración, intervenir y modelar el texto del real decreto.

En resumen: invito yo, pero pagas tú. Ese sería el resumen del malhadado Real Decreto 897/2017, que esta moción cuestiona y pretende que pueda ser rehabilitado con la ayuda de todos los grupos políticos.

Se está a tiempo de enmendar la plana para encontrar un nuevo y consensuado equilibrio de responsabilidades compartidas entre administraciones para que quienes salgan ganando, señorías, sean, en definitiva, los más vulnerables: los que encuentran más fácil apagar la luz que pagar la luz, los que no entienden de reales decretos, los que pasan frío físico cuando llega el invierno, pero, sobre todo, los que sufren permanentemente, no solo en invierno, el frío de la humillación más inhumana en cualquier momento del año.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De Lara.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Martín.

El señor MARTÍN IGLESIAS: Gracias, señor presidente.

Señor De Lara, ha mencionado usted la palabra tufo y, efectivamente, eso es lo que desprende la moción que presentan: tufo a demagogia, tufo a intento de colgarse medallas con un tema tan delicado como este y tufo a intento de airear una especie de compromiso social que se acaba quedando solamente en intento porque luego, donde ustedes gobiernan, hacen exactamente lo contrario de lo que dice la moción que hoy han traído aquí. Y quiero explicar esto, después entraré en materia.

Señorías, yo son andaluz; en su bancada se sientan insignes senadores andaluces socialistas, alguno de ellos podría haber explicado que este año doña Susana Díaz, en la comunidad más importante que gobiernan ustedes desde el punto de vista territorial, poblacional y presupuestario, se ha cargado de un plumazo y con una modificación de crédito la totalidad de la partida de suministros vitales mínimos con la que se iban a pagar los recibos de las familias andaluzas más desfavorecidas. (Aplausos). Mándenle a ella la moción o mándensela a los alcaldes andaluces —algunos aquí sentados— que tienen que mantener como pueden las políticas sociales en sus municipios por las deudas que la Junta de Andalucía no les paga desde hace años. Mándenles la moción a los alcaldes (Aplausos.— Rumores).

El origen normativo de la iniciativa que traen ustedes hoy fue el Real Decreto Ley 7/2016, que regulaba el bono social eléctrico, que se aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado 2016, donde se incluía que la cuantía correspondiente a los consumidores en exclusión social la asumirían las empresas, las comunidades autónomas y las entidades locales. Y ustedes votaron a favor. Pero es que en octubre del año pasado, Ciudadanos presentó una moción sobre pobreza energética, que incluía también una enmienda del Partido Popular que planteaba precisamente un concurso de las comunidades autónomas y de las entidades locales para la creación de fondos destinados a la protección de los consumidores más vulnerables. También votaron ustedes a favor. Es decir, ustedes votan a favor de una serie de cosas pero después presentan en esta Cámara una moción con posicionamientos absolutamente en contra. Por cierto, en la defensa de esa moción de Ciudadanos, su portavoz cifró en 200 millones de euros lo que supondría hacerse cargo de las mismas cuestiones que en la moción que nos presentan hoy suponen 300 millones; 200 millones el año pasado, 300 millones este año. No sé hasta dónde van a ser capaces de inflar la pelota si iniciativas como esta siguen rodando por ahí.

Señorías, el compromiso social no lo trae uno de fábrica por pertenecer a un determinado partido político; el compromiso social se demuestra cuando se gobierna, y este Gobierno está demostrando su compromiso social tomando como base la generación de igualdad de oportunidades para todos, defendiendo a las personas más vulnerables y defendiendo los servicios básicos.

Esa es la realidad, y el bono social viene a demostrar todo esto, porque se basa en la renta, ¿les parece una medida social? Evidentemente lo es. Para considerar a una persona vulnerable, lo razonable es que se establezca un límite de renta; por ejemplo, se han creado figuras como el consumidor vulnerable severo, que no existía, y que permite que estas personas se beneficien de hasta un 50 % de reducción en la factura; no sé si eso les parecerá importante o no.

En su exposición de motivos hablan también de otras figuras, como las familias monoparentales o las personas que sufren situación de soledad; evidentemente están incluidos en el bono social y en la figura del consumidor vulnerable pero tienen que cumplir el requisito de la renta. ¿Les parece razonable, no? Sería menos razonable que una persona por formar parte de una familia monoparental se beneficiara de la reducción, aunque tuviese ingresos millonarios.

Parece que les molesta también la cuestión de las familias numerosas. Pues bien, la familia numerosa es la única figura dentro de todo esto que se sale de la renta y que, en todo caso, se beneficiarán del bono social. ¿Por qué? No sé si es necesario explicarlo. Dado que España es el país más envejecido del mundo, que hace falta que haya más nacimientos y que las familias tengan más hijos, se acometen políticas en beneficio de las familias numerosas para que el día de mañana haya más cotizantes y se garanticen las pensiones. En mi opinión, eso es bien fácil de entender.

Señoría, en cuanto a lo que ha planteado de ayudar a las comunidades autónomas a garantizar los servicios que tienen que prestar a partir de ahora, ¿cómo le diría? ¿Cómo es aquello de: Me alegro de que me haga esta pregunta? Este año el Gobierno ha enviado a las comunidades autónomas nada menos que 5300 millones de financiación adicional, precisamente, para atender los servicios esenciales. No sé si esto le parece que son servicios esenciales o no. Le pongo otro ejemplo, se destinan 100 millones de euros para la atención a los servicios sociales en cuestiones de emergencia social. ¿Le parecen adecuados estos 100 millones para esta cuestión? Ha habido programas de prestaciones básicas de servicios sociales que se elevan ya a 200 millones de euros.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MARTÍN IGLESIAS: Termino, presidente.

Y todo ello consignado en los Presupuestos Generales del Estado de 2017, los mismos que ustedes votaron en contra. Curiosamente, este año ya han anunciado que van a votar en contra de los de 2018 sin siquiera saber cuál es su contenido.

En definitiva, esto que le cuento son medidas sociales de verdad, que tienen una plasmación presupuestaria, que se convierten en realidad. Lo que ustedes traen aquí es puro postureo, puro humo y, como le digo, pura demagogia.

Nosotros vamos a votar en contra de su moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martín Iglesias.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, nada más votar esta moción, vamos a continuar con los debates de los siguientes puntos del orden del día, pero no se realizarán las votaciones correspondientes hasta pasadas las 4 de la tarde. ¿De acuerdo? (Asentimiento).

Pues bien, entonces, votamos la moción del Grupo Parlamentario Socialista, tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246; votos emitidos, 246; a favor, 100; en contra, 139; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia.— Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, guarden silencio para continuar el Pleno. Vayan saliendo, por favor, en silencio.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

CONOCIMIENTO DIRECTO

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO, PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SIN EXCLUSIONES. 622/000001

El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura a los puntos 8., 8.1. y 8.1.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Se han retirado las enmiendas presentadas a esta proposición de ley. Por tanto, vamos a empezar con el turno a favor.

En primer lugar, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Muchas gracias, señor presidente.

Compartiré el tiempo con la senadora Cánovas y el senador Cleries, que quieren participar en este turno a favor.

Quiero empezar dando la bienvenida al don Luis Cayo, presidente del Cermi, a quien agradecemos su presencia hoy, cuando vamos a tratar de una cuestión tan importante como esta, que trae causa de la toma en consideración que debatimos en esta misma sala el día 21 de diciembre de 2010 y que es muy importante, porque si el artículo 125 reconoce la necesidad de que todas las personas podamos participar de una manera plena, real y efectiva en el jurado, es necesario también que las personas con discapacidad puedan desempeñar esas funciones y participar en la Administración de Justicia para impartir justicia dentro de esos nueve jurados.

Nosotros modificamos tres cuestiones: el artículo 8.5 y el artículo 20, además de añadir una disposición adicional tercera, en definitiva, para que las personas con discapacidad puedan realizar esa función de jurado, puedan comunicar a la Administración las dificultades que tienen para impartir esa justicia y para que, después, las administraciones de justicia acomoden distintos espacios en los tribunales de justicia para que efectivamente se pueda desarrollar esa función.

Simplemente quiero decir que esto no es nuevo y que se ha avanzado mucho, tanto por parte del Gobierno socialista como del Gobierno del Partido Popular, en el desarrollo de estas funciones a favor de las personas con discapacidad. Se han llevado a cabo avances legislativos muy importantes. El último, por ejemplo, la reforma del 31 de marzo de 2015: tanto para la garantía de la información, como para la solicitud de nuevo intérprete en el caso de las personas sordas o con discapacidad auditiva y también para que las personas con discapacidad sensorial pudieran contar con medios de apoyo de comunicación oral o, incluso, para que en la detención —recogida en el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal— puedan contar con un intérprete las personas sordas o discapacidad auditiva. Efectivamente, se ha avanzado mucho y aquí se cierra el círculo para que todos los ciudadanos, absolutamente todos, podamos ser jurado.

Por ello, señorías, simplemente anticipo el voto favorable de mi grupo parlamentario a esta proposición de ley, pues con ello se da cumplimiento a la normativa vigente, ya que garantiza realmente la participación efectiva de las personas con discapacidad, posibilita que las administraciones públicas anticipen los medios de apoyo necesarios en los tribunales de justicia para desempeñar esa función y mejora la redacción, al sustituir el término de incapacidad por el de discapacidad.

Por último, quiero felicitar al letrado de la comisión por el buen trabajo que ha hecho y por el buen informe que ha realizado, del que nos congratulamos todos y por el que le felicitamos, tal y como han puesto de manifiesto muchas de sus señorías.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Altava.

Senadora Cánovas, tiene la palabra.

La señora CÁNOVAS ESSARD: Gracias. Buenas tardes.

También me uno a la felicitación al señor letrado de la Comisión de Justicia por el magnífico informe que ha hecho. Es una lástima no haberlo podido ver con anterioridad, también lo tengo que decir.

Mi grupo, como no puede ser de otra manera, tiene que apoyar y apoyará esta proposición de modificación de la Ley del jurado, entendiendo que es fundamental, que es una reivindicación muy antigua y que favorece el derecho de participación de las personas con discapacidad. Me reservo hablar un poquito más en el turno de portavoces.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Cánovas. Tiene la palaba el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidente.

Señorías, también quiero saludar al presidente del Cermi y agradecer el trabajo que hace el Cermi y su compromiso con las personas con discapacidad, ya que esta iniciativa nació de una propuesta del Cermi. Por tanto, este trabajo que hace da sus frutos.

El 21 de diciembre del pasado año el Partit Demòcrata presentó esta iniciativa y entonces recordé que en otras legislaturas se había presentado por parte de distintas formaciones políticas, pero como no era al inicio de la legislatura, siempre se acaba sin poder consumar su aprobación. En aquel momento lo comentaba con el senador Altava y vimos la oportunidad de llevar adelante esta proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica del tribunal del jurado. Es una normalización de lo que decimos en la vida de las personas, de todas las personas, y es una manera de poner en valor la capacidad de la personas. Siempre hablamos de discapacidad, y es una mejora la definición que ha habido, pero sobre todo se trata de poner en valor la capacidad de todas las personas. Para hacer una sociedad igualitaria, una sociedad donde el protagonismo lo pueda tener todo el mundo, iniciativas como esta ayudan. En un tribunal con jurado una persona con discapacidad quedaba directamente excluida, y ahora podemos modificar esto. Además, la segunda parte que se aprobará con esta iniciativa, que es que desde justicia se den los medios para que estas personas puedan hacer su trabajo de la mejor manera posible, es también loable.

En aquel momento aquí, en el Senado, ya lo aprobamos por unanimidad y en el Congreso se ha mejorado el texto y se ha hecho un buen trabajo. Hoy, casi un año después, llega esta iniciativa de nuevo al Senado para cerrar este ciclo. También celebro —y el Cermi también lo reclamaba— que esto lo podamos hacer antes del día 3 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que siempre ha tenido este lema de construir una sociedad para todos y todas. Iniciativas como esta y que exista consenso entre las distintas formaciones políticas demuestran que en estos asuntos ha de haber un trabajo conjunto. Cuando debatimos la Ley de promoción de la autonomía personal siempre dijimos que había que poner por delante la autonomía de las personas, y una iniciativa como esta lo que hace es dar autonomía y protagonismo a todo el mundo, viva la situación personal que viva con sus capacidades.

Por tanto, quiero agradecer la suma que hemos sabido hacer a lo largo de todos estos meses en el Senado, en el Congreso y ahora de nuevo en el Senado, para construir está sociedad para todos que no discrimine a nadie.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Cleries.

¿Algún turno en contra? (Denegaciones).

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora López Santana.

La señora LÓPEZ SANTANA: Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero felicitar al Cermi y también al PDeCAT, porque en esta Cámara nos estamos acostumbrando a no felicitar a aquellos grupos que traen iniciativas que son transformadoras. Es verdad que es mérito de todos los grupos haber llegado a un acuerdo, pero creo que es importante reconocer a aquellos que impulsan iniciativas que transforman la sociedad.

La Ley del jurado es del año 1995, la Convención de los derechos de las personas con discapacidad es del año 2006, aunque entró en vigor en España en el año 2008, y aprobamos esta ley en el 2017. Pero es que además esta ley, que nació en el Senado, se aprobó en diciembre de 2016, luego hemos tardado uno año en aprobar una iniciativa legislativa que no tenía complejidad política ni técnica. Creo sinceramente que tenemos que abrir un proceso de reflexión porque los responsables públicos estamos no solo para corregir desigualdades sino también para prevenirlas, debemos acelerar los tiempos en iniciativas similares a esta para alcanzar cuanto antes una sociedad más normalizada y más justa.

Gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora López Santana.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, señor presidente.

Señorías, la proposición de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, inició su camino en esta Cámara a iniciativa del PDeCAT y, remitida al Congreso, ha superado la mayoría absoluta en la votación de conjunto que requiere la modificación de una ley orgánica. En el Pleno del Congreso no se han introducido modificaciones al dictamen que salió de la Comisión de Justicia que, a su vez, asumió por completo el informe de la ponencia incluyendo varias enmiendas de los diferentes grupos.

De esta manera, la reforma aprobada modifica varios apartados de la Ley Orgánica del tribunal del jurado. En este sentido, resulta fundamental el artículo 8.5, que establece a partir de ahora como requisito que los miembros del jurado deben contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función del jurado —ya no se habla de no estar afectados por discapacidad física o psíquica—. De este modo, las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia. Además, los candidatos a jurado con situaciones de discapacidad que sean relevantes para el ejercicio regular de esta función contarán con apoyo para desempeñar su tarea, ya que la modificación de la ley establece que las administraciones públicas proveerán a los juzgados de las medidas de apoyo necesarias.

Foro celebra esta modificación que va a garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones y que permitirá acabar con la situación de franca discriminación que suponía la previsión legal y vigente que limitaba a estas personas la posibilidad de participar en la justicia como jurado. Para Foro es un buen día, pues siempre hemos defendió la integración social y laboral de las personas con algún tipo de discapacidad y abogamos por su derecho a disfrutar de la igualdad de oportunidades.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

¿Alguna intervención más por el Grupo Mixto? (Pausa).

Senadora Castilla, tiene la palabra.

La señora CASTILLA HERRERA: Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero felicitar a Cermi y también al PDeCAT por traer esta justa y necesaria iniciativa. Celebro que se dé un paso tan importante para lograr una sociedad más justa con la integración laboral y social de todas las personas, así como ver un efectivo cumplimiento del principio de igualdad de todos los españoles. Celebramos que tenga éxito esta iniciativa y que salga adelante.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Castilla.

¿Alguien más del Grupo Mixto desea intervenir? (Denegaciones).

Pasamos al Grupo Parlamentario Nacionalista. Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Brevemente, intervengo desde mi escaño. Hace unos días una persona con discapacidad a la que tengo mucho afecto y admiración me decía: Pablo, lucha siempre por la integración porque queremos participar en igualdad de condiciones en todas las esferas de nuestra sociedad.

Hoy, ante el conocimiento directo de esta proposición de ley para garantizar la participación de las personas con discapacidad en los tribunales con jurado, manifiesto todo nuestro apoyo a esta iniciativa en nombre de la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, y no solo porque se lo deba a esta persona que citaba antes, sino porque que salga hoy adelante dignifica esta Cámara y este país por justicia social y por cumplimiento de nuestra Constitución y de las normas comunitarias que así lo amparan. Por lo tanto, felicito a la organización presente, que tanto ha luchado, y por supuesto al grupo proponente, al PDeCAT, por tener en cuenta a este colectivo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez Cejas.

Senador Cleries, tiene la palabra.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Señor presidente, brevemente voy a completar mi anterior intervención.

El Estado español ha de garantizar el derecho de igualdad de trato y no discriminación a todos los ciudadanos y ciudadanas con discapacidad. El artículo 14 de la Constitución así lo establece al proclamar la igualdad ante la ley de toda la ciudadanía, a la que, entre otros, reconoce el derecho a la participación directa en los asuntos públicos y a participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado.

El 13 de diciembre de 2006 Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y entró en vigor en España el 3 de mayo de 2008. En su artículo 5 se habla precisamente del derecho de igualdad y en su artículo 13 se recoge el derecho de acceso a la justicia, incluido el ajuste de los procedimientos para facilitar su desempeño en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos. Por tanto, este tratado internacional, suscrito por el Estado español, tiene el propósito declarado de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad.

Entre tanto, nos encontramos con que la Ley Orgánica 5/1995 limitaba y restringía el derecho de participación a las personas con discapacidad, no reconociendo su igualdad. Decía que, para ser jurado, no podías estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función del jurado. Esto queda modificado. Además, como hemos dicho, se les tendrá que proporcionar por parte de la Administración de justicia los apoyos precisos, así como efectuar los ajustes razonables para que puedan desempeñar con normalidad ese cometido. Por tanto, creo que hoy damos un paso importante. Pero es solo un paso y una aportación, porque el compromiso sigue vivo y hemos de seguir trabajando por la igualdad efectiva, por poner en valor las capacidades de todas las personas. Quiero agradecer a la institución del Senado y a todos los grupos parlamentarios que hoy lo hagamos posible.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Cleries.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Únicamente quiero trasladarles una reflexión, y es que para que una sociedad sea verdaderamente democrática lo que necesita es dotar a todos sus miembros de igualdad de oportunidades; igualdad de oportunidades en el ámbito de la justicia y en cualquier ámbito, porque esa es una de las bases de nuestra democracia. Es una sociedad que construye muchos muros y que pone muchas dificultades, y a todos los miembros de la comunidad, a todos los miembros de la sociedad nos corresponde ir derribando esos muros.

Quiero también reconocer la labor de nuestros amigos del PDeCAT, porque han conseguido algo que no es fácil en esta Cámara ni en ningún Parlamento, que es unanimidad para aprobar algo. Lo que se hace es reconocer que con voluntad, con política y cuando los objetivos están claros verdaderamente es posible.

Quiero sumarme a la reflexión que ha hecho la senadora Santana. Esta tramitación comenzó en octubre de 2016 y todavía, un año más tarde, no ha terminado, eso sí, cuando ha habido verdadera voluntad sí se ha sido capaz, por ejemplo, de modificar en quince días el artículo 135 de la Constitución. En ese sentido, quiero trasladar —ya que estamos hablando del procedimiento y del trámite— mis más sentidas felicitaciones al letrado de la comisión porque verdaderamente hizo un gran informe. Pero también he de apenarme por la retirada de las dos enmiendas que presentó mi grupo, porque a mi entender ambas beneficiaban al texto. Lo hicimos porque de manera indirecta recibimos por parte del Cermi la voluntad de que las retirásemos, pero la verdad es que al hacerlo no se ha conseguido lo que pretendía ese informe, que era una mayor calidad, si cabe todavía, del texto definitivo.

Finalizo. Para que la democracia avance, tenemos que eliminar todas las barreras que impiden que esta sociedad sea justa. A veces esas barreras se visten de género, otras veces se visten de raza, otras se visten de ámbitos infantiles, pero en este momento estas barreras se visten de discapacidad. Hoy damos un pequeño pasito más, y ahora lo que hay que hacer es vigilar, ejecutar y ver que la verdadera voluntad de esta Cámara se lleva adelante.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Bildarratz.

¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegaciones).

No interviene nadie.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Cánovas.

La señora CÁNOVAS ESSARD: Muchas gracias. Buenas tardes a todos.

Doy la bienvenida y traslado mis felicitaciones al Cermi por esta gran iniciativa, por esta necesaria reforma y por habernos iluminado a todos. En nuestro partido intentamos recibir y acoger todas las propuestas, lo que pasa es que algunos son más ágiles que otros, y en este caso tengo que felicitar al PDeCAT por haber tomado la iniciativa antes que ningún partido.

No voy a repetir la historia de esta ley. Es cierto que hemos tardado mucho tiempo: han transcurrido diez años desde la firma de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Se ratificó un año más tarde por parte del Estado español, pero han pasado diez años; es imperdonable. La situación es la que es, pero ahora estamos aquí y esperamos que este trámite concluya.

También aprovecho, como he dicho antes, para felicitar al letrado de la Comisión de Justicia por su magnífica labor, su magnífico examen y revisión de la ley que no hemos podido incorporar por razones obvias. Quiero explicar al Cermi y a las personas que nos pueden escuchar los motivos por los cuales no podemos introducir esas mejoras de técnica legislativa. No podemos porque, si introducimos ahora estas mejoras —para aprobar la modificación de dos artículos de la Ley del jurado, ya llevamos un retraso de un año—, tendríamos que devolver la ley al Congreso para que a su vez aprobase estas modificaciones. Es obvio que no queremos retrasar más la entrada en vigor de esta reforma, de ahí que demos por buena la reforma tal y como ha llegado del Congreso, que ha sido consensuada por todos los partidos políticos.

Aprovecho para decir, como han manifestado otros senadores, que el Poder Legislativo tiene una gravísima carencia, que es llegar tan tarde a las necesidades de la ciudadanía. No puede ser que se llegue diez años tarde a la regulación de un cambio, aunque esta ley es muy anterior. Es decir, estamos hablando de diez años para cambiar dos artículos; dos artículos con un objetivo bien claro y determinado, no tienen ningún secreto. Yo entono el mea culpa y espero que todos los que estamos aquí también lo hagan porque somos los culpables de que esto no cambie. Por tanto, mis disculpas a la ciudadanía, porque yo creo que las leyes se tienen que aprobar de forma paralela a los problemas, a medida que van surgiendo. Es imperdonable este retraso.

Asimismo, quiero felicitar el contenido de esta reforma, que supone que se reconozca este derecho de participación de las personas con discapacidad en la Administración de justicia al poder actuar como jurado. Pero mi agradecimiento va más allá porque para mí supone, como profesional, que se enriquezca y se democratice más aún la figura del jurado, atrayendo a personas que hasta hace poco no formaban parte de esta institución. Además, va a contribuir a que estas personas tengan otra visión diferente de lo que es administrar justicia. No es lo mismo ver un juicio de jurado por televisión que formar parte de ese jurado, de ahí que me congratule que estas personas puedan verlo de primera mano y ser copartícipes en un poder tan fundamental, o en una de sus fases, como es el Poder Judicial en el Estado de derecho.

No se me ocurren más palabras. La ley es la que hay. Solo me queda felicitar a todas las personas con discapacidad y, en especial, a los aquí presentes, así como a mis dos compañeras senadoras con discapacidad, pues seguramente sin ellas no habríamos visto muchas cosas que hemos descubierto durante este tiempo en el que hemos tenido contacto.

Muchísimas gracias y felicidades a todos y a todas.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Cánovas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Fernández.

La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: Muchas gracias, presidente.

Me van a permitir sus señorías que, en primer lugar, desee, en nombre de mi grupo y entiendo que de toda la Cámara, la pronta recuperación de todos los heridos que se han producido en la mañana de hoy en la vía ferroviaria Málaga-Sevilla, en el término municipal de Arahal.

Señorías, voy a comenzar mi intervención haciéndome eco de la última monografía publicada por el Cermi el pasado 25 de noviembre, en la que se afirma que aún no existe una inclusión efectiva de la población con discapacidad como ciudadanos de pleno derecho, entre otras cosas, porque son insuficientes los cambios normativos que lo garanticen. Y creo que esta es una buena razón para proceder en la tarde de hoy a modificar la ley del jurado. Y tras la intervención de todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, intuyo que va a ser una tarde muy satisfactoria.

Vamos a dar un paso importante. Vamos a aprobar la modificación de la Ley Orgánica 5/1995, del tribunal del jurado, para con ello garantizar la participación de las personas con discapacidad sin ningún tipo de exclusión. La Ley 5/1995, en su redacción original, establecía, y aún hoy establece, una serie de disposiciones que en la práctica suponen la exclusión en el ámbito del derecho, por razones de discapacidad, de muchos de nuestros conciudadanos y conciudadanas, aproximadamente, el 9 % de nuestro país. Pues bien, no pueden participar en un jurado popular, lo cual supone una discriminación intolerable y una indefensión absoluta, además de contravenir los mandatos constitucionales en sus artículos 14, 23 y 125, los cuales expresan claramente la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y ciudadanas, a quienes, entre otros, se les reconoce el derecho a la participación directa en los asuntos públicos y el derecho a participar en la Administración de justicia mediante la institución del jurado.

Además, a día de hoy esta ley infringe de manera clara nuestro compromiso, el compromiso del Estado español con la Convención internacional sobre los derechos de las personas con diversidad funcional; tratado que ratificó España hace ya casi diez años y que establece que tiene que haber igualdad y que todas las personas deben poder tener participación efectiva y plena en todos los asuntos de justicia. Asimismo, establece y define los principios de comunicación y accesibilidad de las personas con discapacidad. La aplicación de estos principios de comunicación y accesibilidad, en el ámbito que nos ocupa, la Administración de justicia, implica la supresión de aquellas barreras que interactúan con las deficiencias de las personas, impidiendo su participación plena.

Hoy, con esta modificación, con la aprobación de esta proposición de ley acabamos con este lastre, con este trato discriminatorio y, por contra, se protege y asegura el goce y el derecho de las personas con discapacidad a participar en el tribunal del jurado en condiciones de igualdad. Hoy, señorías, la justicia es más justa, más igualitaria. Señorías, no hay democracia plena y avanzada si no forman parte, si no están en el funcionamiento de sus instituciones, de manera integral, las personas con diversidad funcional. Supone para mi grupo, para el Grupo Socialista, una gran satisfacción la aprobación de esta reforma, cuya autoría corresponde a esta Cámara; reforma, por otro lado, que ya presentamos los socialistas en el año 2011 y que no pudo salir adelante por el adelanto de la disolución de las Cortes Generales. Hoy nos alegramos de que llegue a buen puerto, mejorada tras la incorporación de cuatro enmiendas que, a su paso por la comisión del Congreso, planteó el Partido Socialista. Hoy nos llega, tras su dictamen y aprobación por el Congreso de los Diputados, con el consenso y la unanimidad de todo el arco parlamentario.

Para finalizar, solo quería agradecer y felicitar, en nombre del Grupo Socialista, a todo el movimiento asociativo en torno a la discapacidad: al Cermi, por su trabajo constante y por su perseverancia en la defensa de las personas con discapacidad. Coincidirán conmigo, señorías, en la oportunidad de la fecha de la aprobación de esta proposición de ley. El próximo día 3 de diciembre celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una buena fecha para restituir un derecho que deberían haber disfrutado todos estos ciudadanos desde hace años. Por tanto, termino con una petición, señores del Partido Popular, si cumpliéramos, entre otras cosas, de manera diligente los tratados y los acuerdos que firmamos, no estaríamos hablando hoy de esto y los ciudadanos podrían haber estado disfrutándolo desde hace muchos años. En todo caso, estamos en el camino correcto, camino que debemos seguir andando y transitando sin pausa; es el camino para avanzar en una sociedad mejor, más inclusiva y más igualitaria.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchísimas gracias, senadora Fernández.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Guijarro.

La señora GUIJARRO CARRILLO: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes a todos. Hoy eliminamos una barrera legal, la actual Ley Orgánica 5/1995, del tribunal del jurado, cuyo artículo 8.5 señala, como requisito para participar como miembro del jurado, no estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función del jurado. Ahora se elimina la mencionada exclusión, además de prever la adopción de las necesarias medidas de accesibilidad, adaptación y apoyo para hacer efectiva dicha participación.

El objetivo, ya se ha dicho aquí esta mañana, es garantizar la participación de las personas con discapacidad y sin exclusiones. Las personas con discapacidad tienen derecho a participar de una manera activa en la Administración de justicia como miembros del jurado, y además hay que garantizarles las medidas adecuadas de accesibilidad y apoyo que permitan desarrollar dichas funciones en igualdad de condiciones. Y es que, señorías, los poderes públicos tenemos la obligación de propiciar el principio de igualdad ante la ley —una igualdad real y efectiva consagrada en la Constitución—, y de garantizar la integración de las personas con diversidad funcional. Debemos eliminar y evitar cualquier tipo de discriminación injusta e intolerable. En el Senado ha quedado patente el compromiso y la voluntad para ello, utilizando como instrumento el diálogo y el consenso que han primado desde el primer minuto de la tramitación de la presente modificación de la ley; y, esto, señorías, hay que ponerlo en valor.

Hay que reconocer desde ya, como no podía ser de otra forma y ya se ha hecho, a los distintos colectivos y organizaciones como Acime, Cermi o la propia Fundación ONCE el trabajo y la defensa incansable de los derechos de las personas con discapacidad, y de manera especial a Cermi porque de ellos nace la propuesta que ha recogido y traído a esta Cámara el PDeCAT.

Con respecto a las intervenciones de los portavoces, tengo que referirme a la del portavoz del PDeCAT, cuando en los inicios de los trámites de esta modificación decía expresamente lo siguiente: Vamos a demostrar que el Senado tiene capacidad de acuerdo. Muy bien, señorías, pues lo hemos demostrado; hemos demostrado que cuando ustedes, los miembros del PDeCAT, presentan iniciativas constructivas y que enriquecen a los ciudadanos y, en este caso, en concreto a los discapacitados, todos nos unimos para sacar adelante iniciativas por unanimidad.

Quiero hacer referencia también a la intervención de Podemos, cuyo portavoz ha venido a decir que hemos tardado mucho tiempo pero, señoría, nunca es tarde cuando de avanzar se trata; y hemos seguido trabajando a lo largo de estos años. Efectivamente, el 13 de diciembre de 2006, se celebró la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que supuso un hito muy importante en defensa de los derechos de los discapacitados y que en España entró en vigor a partir del 3 de mayo de 2008. Desde entonces, se ha estado trabajando muy duro por la eliminación de las barreras físicas, legislativas y por la inclusión social, educativa y laboral, a pesar de que todavía queda mucho por hacer, efectivamente.

Ya se ha manifestado, tanto en esta Cámara como en el Congreso, que España está por delante de la mayoría de los países de nuestro entorno en materia de derechos para las personas con discapacidad, tanto en empleo como en accesibilidad o en educación.

En cuanto al empleo, ya nuestro compañero, el señor Tremiño Gómez, decía que España era el primer país de Europa en creación de empleo para personas con discapacidad. Y me van a permitir que les facilite un dato del informe del INE emitido con fecha 19 de diciembre de 2016, en el que nos habla del índice de empleo de las personas con discapacidad a 2011. Y dice así: La tasa de empleo de las personas con discapacidad fue del 23,4 %, con un aumento de 0,8 puntos respecto al 2014. Por tanto, estamos trabajando; queda por hacer, pero se va avanzando. El 88,6 % de los ocupados eran asalariados, y de estos, el 77 % tenía contrato indefinido. En cuanto a la educación inclusiva, también España, junto a Portugal, es uno de los países pioneros respecto al resto.

Por lo que respecta a la intervención del Grupo Socialista, desde el año 2006, y a lo largo de estos años, se ha seguido trabajando desde la aprobación e integración en España —en el año 2008— de la ruta que nos marcaba la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. En este sentido, el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre; la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbana; la Ley Orgánica 1/2015, de modificación del Código Penal; la Ley Orgánica 5/2015, por la que se modifica la Ley de enjuiciamiento criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial también contemplan modificaciones legislativas para ir eliminando todas esas barreras que impedían a los discapacitados ejercitar sus derechos en plenitud.

Por lo tanto, hoy damos un paso más. Las personas con discapacidad van a participar, a partir de ahora, de una manera activa en la administración de justicia como miembros del jurado y, además, se les va a garantizar las medidas adecuadas de accesibilidad y apoyo que permitan desarrollar dichas funciones en igualdad de condiciones, sin que sus limitaciones les impidan ejercer este derecho.

Esta mañana, a lo lago de la tramitación de la presente modificación legislativa, todas las fuerzas políticas hemos demostrado que queremos un país para todos; hemos demostrado la capacidad de acuerdo de las fuerzas políticas y hemos sido capaces de modificar leyes que impiden a los discapacitados desarrollar su vida con normalidad, y todo ello por unanimidad.

Por lo tanto, señorías, debemos felicitarnos todos los grupos por el consenso y el diálogo que ha reinado durante toda la tramitación de esta modificación de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchísimas gracias, senadora Guijarro.

Damos, por tanto, por terminado el debate.

Permítanme que agradezca al presidente del Cermi, don Luis Cayo, su presencia en este debate y que me una también a esta iniciativa, que creo que es positiva por el consenso —la unanimidad— con que ha contado y para el mundo del discapacitado.



COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

SOLICITUDES DE CREACIÓN

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2017. 650/000006 RAMÓN MARÍA ESPINAR MERINO (GPPOD)

El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura a los puntos 9., 9.1. y 9.1.1.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para el turno a favor, los portavoces disponen de diez minutos.

En primer lugar, tiene la palabra el señor Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Muchas gracias.

Hoy traemos la propuesta de creación de una comisión de investigación sobre lo ocurrido el 1 de octubre en Cataluña. Me produce un poco de pena ver el hemiciclo así de vacío, teniendo en cuenta que ha sido uno de los hechos más graves ocurridos en los cuarenta años de democracia. En fin, es lo que tenemos.

No es una propuesta nuestra ni del PDeCAT ni de Compromís ni de Bildu, es una petición que ha realizado a España el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que ha pedido una investigación imparcial sobre la violencia policial el 1 de octubre. Es una investigación independiente y efectiva sobre lo ocurrido el 1 de octubre que ha pedido el comisionado de derechos humanos en el Consejo de Europa. Diferentes organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han manifestado que han podido comprobar sobre el terreno y de forma directa —repito, de forma directa—, que miembros de las Unidades de Intervención Policial de la Policía Nacional y agentes de la Guardia Civil usaron de forma excesiva y desproporcionada la fuerza contra personas que pasivamente se resistían en la calle y a la puerta de centros de votación.

Según los datos de la Consejería de Salud de la Generalitat, habrían sido asistidas por heridas, contusiones o afectaciones de la salud un total de 1066 personas en los centros de atención primaria y hospitales como resultado de la acción policial; entre ellos, dos heridos graves, uno de ellos Roger que perdió la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma disparada por la Policía, a pesar de estar prohibidas en Cataluña.

Por más que algunos se empeñen en desacreditar e intoxicar sobre lo que realmente ocurrió y todos pudimos ver —algunos de nosotros, incluso, en directo—, la realidad es la que es. El juzgado de Barcelona que investiga las cargas policiales del 1 de octubre ya ha recibido 230 denuncias por lesiones, solo por las cargas de Barcelona.

Por todo ello, se propone la creación de una comisión de investigación sobre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña el pasado 1 de octubre de 2017 con los siguientes objetivos: determinar si el uso de la fuerza en la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fue excesiva y desproporcionada; determinar quién dio la orden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de cargar contra la población que se resistía pacíficamente; determinar quién dio la contraorden a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que no siguieran cargando contra la población a primera hora de la tarde, a la vista de que todas las cadenas de televisión del mundo estaban retransmitiendo imágenes vergonzosas de represión contra electores que pretendían ejercer el derecho a voto; determinar por qué se dio la orden de acudir a los colegios electorales cuando ya estaban ocupados y no previamente; determinar cómo se realizó la elección de los colegios donde intervinieron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y por qué razones; y, en definitiva, determinar la congruencia del operativo diseñado y ejecutado por el Ministerio del Interior a los efectos de cumplir la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

No se trata, por tanto, de hurtar por nuestra parte a los tribunales de sus competencias ni de cuestionar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino, sobre todo, establecer sin ningún género de dudas si la actuación del operativo fue proporcional o no y delimitar, en su caso, las responsabilidades políticas de los que lo idearon y dieron las órdenes de ejecución y en qué mejor lugar que en esta Cámara territorial.

Entiendo que cualquier demócrata preocupado por los derechos humanos estará de acuerdo en investigar lo que ocurrió el 1 de octubre y, por eso, estoy seguro de que todos ustedes van a apoyar la creación de esta comisión de investigación.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Comorera.

Senadora Castel, tiene la palabra.

La señora CASTEL FORT: Gracias, presidente.

Dice la exposición de motivos que los derechos fundamentales a la libertad de expresión, de reunión y de manifestación deben ser protegidos en todo momento y cualquier limitación debe atender a razones de necesidad, oportunidad y proporcionalidad. El pasado 1 de octubre ni hubo necesidad ni fue oportuno ni, por supuesto, proporcional.

Hay razones en abundancia para investigar la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; en concreto, 1066 razones. El representante de pueblo reunido en sede parlamentaria debe investigar por qué el Gobierno se ha extralimitado; debe investigar si el Gobierno ha activado el estado de excepción de manera encubierta y debe investigar si el Gobierno pretende esconder, bajo el secreto de Estado, malas prácticas que, de iure, representarían la suspensión de España como miembro de la Unión Europea.

La Constitución reconoce el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, y el derecho de reunión pacífica y sin armas, así como el derecho a manifestación. Todos estos derechos se vieron no solo limitados sino violados y suspendidos con las actuaciones del 1 de octubre en Cataluña. Estos derechos solo podrán ser suspendidos, según el artículo 55 de la Constitución, cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio y la utilización injustificada o abusiva de estas facultades produce responsabilidad penal. ¿Mantiene, pues, el Gobierno un estado de excepción encubierto en Cataluña?

El 1 de octubre, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado causaron una alteración gravísima del normal funcionamiento de las instituciones democráticas y esta alteración puede activar la declaración del estado de excepción ya que, según el artículo de la Ley Orgánica 4/1981 que lo regula, el estado de excepción solo puede declararse cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y el de los servicios públicos esenciales resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fueran insuficientes para restablecerlo.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, vaya terminando.

La señora CASTEL FORT: Termino. ¿Ha activado el Gobierno, pues, el estado de excepción en Cataluña de manera encubierta, provocando alteraciones del orden público para poder actuar impunemente?

Por todas estas dudas jurídicas y por las aberrantes actuaciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado comandadas por el Gobierno del Partido Popular contra ciudadanos pacíficos y desarmados, que solo querían ejercer el derecho de voto, tenemos la obligación de dilucidar qué objetivo se ha perseguido.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Castel.

Senadora Abad, tiene la palabra.

La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente.

El PDeCAT pide la creación de esta comisión porque ha pasado un tiempo y aún no se ha pedido perdón a los afectados y afectadas e incluso alguno se ha mofado de ellos y de ellas; pedimos esta comisión porque no aceptamos que los actos violentos ocurridos el día 1 de octubre fueran obra de hechos humanos imperfectos; porque se evite cualquier responsabilidad alegando que ninguna obra humana es perfecta; o porque se dio la respuesta concreta a una situación indeseable.

Pedimos la creación de esta comisión porque no queremos esperar tres meses, como en el caso del imán de Ripoll, para saber la verdad; porque evitan responder preguntas de excelentísimos senadores alegando la Ley de secretos de Estado; y porque se atentó, cierta y claramente, contra los derechos humanos. En concreto, pedimos la creación de esta comisión para estudiar las actuaciones policiales en relación con la violencia gratuita y a la represión utilizada el 1 de octubre en Cataluña.

Intervendré más detalladamente en el turno de portavoces.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Abad.

Senador Mulet, tiene la palabra.

El señor MULET GARCÍA: Gracias.

Ante un hemiciclo vacío, quiero explicar por qué hemos firmado también esta propuesta.

Nosotros hemos presentado más de 60 preguntas parlamentarias al Gobierno para saber cosas básicas del despliegue policial que se sufrió en Cataluña. Hemos presentado preguntas sobre el coste económico de los alquileres de barcos, de hoteles, de combustible de los vehículos, de horas extras pagadas, de anulación de vacaciones, de peajes pagados, así como sobre el número de quejas y de heridos, así como sobre el número de disculpas por el despliegue policial. También hemos querido saber quién dio las órdenes o qué tipo de órdenes se dieron, pero a todo este tipo de preguntas se ha respondido con la nada, con la afirmación de que se trataba de un secreto de Estado y que no podíamos saber ni siquiera si se habían pagado peajes de autopista ni el número de personas que compartían habitación en el barco ni absolutamente nada. Hemos pedido la reprobación de los ministros competentes en Interior y otras materias, pero no hemos obtenido ninguna respuesta.

Por lo tanto, ante estas negativas y ante esta deriva turca que está sufriendo el Gobierno español, pensamos que hace falta investigar. Si la derecha piensa que no hay motivos para investigar lo que sucedió, si piensa que no hay nada que ocultar, investiguemos, y así nos quedaremos todos más tranquilos.

Desde nuestro punto de vista, sí hay motivos suficientes. Vimos las noticias y aquí mismo el Partido Popular reconoció que sí hubo heridos por las cargas policiales, aunque ridiculizaron la cuestión. Dijeron que únicamente fue un 10 %, pero un 10 % de 1000 son 100 personas, y 100 personas heridas por cargas policiales son motivo suficiente para el cese inmediato del ministro responsable y la dimisión del presidente del Gobierno. En cualquier Estado moderno europeo no hubieran existido cargas policiales y, además, con solo un herido —en este caso, para el Partido Popular son 100, pero para la gente normal son más de 1000—, sería suficiente para el cese inmediato de todo este Gobierno.

Veo que este tema tampoco interesa mucho porque está el hemiciclo prácticamente vacío pero, luego, a la hora de votar, se hará religiosamente, aunque en contra, lo sabemos —no aventuramos mucho—. El problema es que tienen miedo a la verdad. Nosotros no tenemos ningún miedo ni a las cargas policiales ni a que nos quiten la palabra cuando al presidente no le guste lo que decimos.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor MULET GARCÍA: Termino.

Por eso pensamos que hace falta que se investigue para dar luz.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mulet.

¿Algún senador desea intervenir en el turno en contra? (Denegaciones). No hay turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces. (Rumores.— El señor Estradé Palau pronuncia palabras que no se perciben).

¿Ocurre alguna cosa, senador Estradé?

El señor ESTRADÉ PALAU: ¿Me está interpelando? Si me interpela, le respondo.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): No, se lo preguntaba porque estaba usted hablando.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente.

Señorías, de entrada hay cosas que me sorprenden, pero hay afirmaciones que no solamente me sorprenden sino que, además, me duelen, sobre todo cuando los que hacen esas afirmaciones saben rotundamente que son mentira. (Rumores).

Hay una afirmación que me molesta soberanamente y que han repetido en dos ocasiones: resistencia pasiva. ¿Qué coño es la resistencia pasiva? Perdón por la expresión. La resistencia es resistencia, no existe la resistencia pasiva (Rumores). No existe la resistencia pasiva.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Por favor, señorías, guarden silencio.

El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, señor presidente.

Cuando la autoridad —en este caso, la autoridad de los tribunales— ordena determinada cosa, si uno se resiste, se resiste, y cuando se crearon las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se inventaron partiendo de los boy scouts, se inventaron partiendo de una fuerza represiva para evitar el incumplimiento de las leyes y de las órdenes judiciales.

Además, se ha dicho que ha habido más de mil heridos; pues bien, desde esta tribuna propongo que al exconsejero de Sanidad lo hagan santo porque, milagrosamente, en menos de veinticuatro horas, se curaron novecientos y pico heridos. Es que a la hora de decir —y perdónenme la expresión— incomodidades, podemos decirlas todos, no solamente ustedes.

Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estaban bajo las órdenes de los tribunales, que decidieron que el 1 de octubre no había que celebrar un pseudoreferéndum. ¿Por qué no piden ustedes aquí que se investiguen las órdenes que dio el entonces mayor Trapero de no intervenir en los colegios, cuando la autoridad judicial se lo había ordenado? ¿Por qué no deciden ustedes investigar por qué se dio fiesta a 9300 de 17 000 mozos de escuadra? ¿Para no tener efectivos suficientes? Hombre, en un día como ese, dar fiesta a 9300 de 17 000 agentes me parece una actitud insultante y vergonzante.

Sin embargo, eso no lo quieren ustedes investigar; es más, si al señor Trapero, que está siendo investigado —anteriormente se denominaba imputado— se le aplicara el artículo 13 del reglamento disciplinario tendría que estar suspendido de funciones, pero ustedes lo mantienen con su sueldo. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre.

¿Alguna intervención más? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Dice la Real Academia de la Lengua que resistir es tolerar, aguantar o sufrir; efectivamente, hubo gente que toleró, gente que aguantó y gente que sufrió las cargas policiales. La resistencia pacífica existía ya, la puso de moda un tal Gandhi, pero imagino que sus referentes culturales serán otros.

No hay nada inventado. El neofranquismo no es una invención de hoy en día; hace tiempo que está circulando ya. Por eso, en una semidemocracia como esta se permiten cualquier tipo de exclamaciones o de improperios, dependiendo de quién los diga. Si yo hubiera dicho lo que ha manifestado mi predecesor en la tribuna, seguramente me habrían quitado la palabra. Pero bueno, no pasa nada.

Nosotros continuamos reiterando nuestra petición. No tenemos ningún problema y si se quiere investigar la actuación de los Mossos d’Esquadra o del mayor Trapero, que se pida la creación de una comisión de investigación, que con mucho gusto la apoyaremos.

Investigar algo no es prejuzgar nada, simplemente es poner luz y taquígrafos para que la gente pueda saber lo que realmente existió. Si hay algún tipo de duda, que se investigue sin ningún tipo de problema.

Pensamos que en este caso hay más que serias dudas, que hay indicios serios de una acción desproporcionada, de una carga policial injustificable, de agresiones y de gente herida por querer votar, simplemente; por ello, hace falta investigar, con luz y taquígrafos.

Obviamente, los partidos del régimen de 1978 y los nuevos partidos neo lo que sea, votarán en contra. Es una lástima que prefieran ocultar la verdad, que prefieran que no se sepa absolutamente nada y que nos quedemos con la impotencia de ignorar qué es lo que realmente pasó.

En cualquier caso, continuamos pensando que, con independencia de secundar esta petición de comisión de investigación, es indigno que continúe este Gobierno; es indigno que un gobierno reconozca que, como mínimo, 100 personas fueron agredidas por sus cargas policiales simplemente por querer votar, por esa resistencia pacífica que no existe, según mi predecesor en el turno de palabra. Consideramos que ese hecho es suficiente para que se produzca la dimisión en bloque de todo este Gobierno, que se dedica a agredir a las personas y, encima, se ríe de ellas.

Ahora estamos debatiendo esta cuestión entre los pocos que estamos presentes, pero sabemos que a las cuatro vendrán todos y votarán sin haber escuchado nuestra exposición porque, realmente, les importa bien poco lo que podamos decir.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Tiene la palabra, senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Señorías, toda la sociedad ha sido testigo, a través de los medios de comunicación, del enorme clima de hostilidad y de los numerosos ataques que sufrieron, y están sufriendo, la Policía Nacional y la Guardia Civil por el simple hecho de cumplir con su labor de defender el Estado de derecho.

Se les ha insultado, agredido, destrozado sus vehículos, se les ha rodeado durante horas para bloquear sus salidas, se les ha expulsado de hoteles, y todo ello con la finalidad de impedir a los agentes el ejercicio legítimo de sus funciones. Los hombres y mujeres que integran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están comprometidos con la seguridad de España y de los españoles. Dedican su vida a salvaguardar la convivencia y la seguridad de los ciudadanos, mereciendo por ello el respeto mayoritario del conjunto de la sociedad española.

Los sucesos del 1-O se envolvieron con el uso perverso del lenguaje para manipular la realidad, como han practicado sin excepción todos los sistemas totalitarios que ha conocido Europa durante el último siglo, y que también se autodenominaban repúblicas democráticas. En Cataluña se ha pervertido el lenguaje hasta el extremo de calificar como violencia asesina el uso legítimo de la fuerza en defensa de la legalidad. El desafío independentista ha estado perfectamente planificado y dirigido desde la Generalidad, para lograr que el referéndum ilegal se convirtiera en el acto desencadenante de la obligada respuesta de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante la previsible falta de colaboración de los Mossos d’Esquadra a la hora de cumplir las decisiones judiciales de cierre de los colegios electorales, abiertos ilegalmente en medio de un movimiento orquestado de desobediencia civil planificada. Dentro de esta planificación, se promueven incidentes bochornosos de acoso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el mismo día y a la misma hora en el entorno de cuarteles, comisarías, hoteles, y se presiona para suspender partidos oficiales de fútbol, celebrándose al final a puerta cerrada, para procurar amplificar el eco del victimismo con el que se presenta el movimiento independentista como víctima de un Estado represor.

Tal vez, lo que deberían proponer sus señorías es la creación de una comisión que investigue la desleal actuación de los Mossos d’Esquadra y qué consignas se les impartieron; tal vez, lo que deberían proponer sus señorías es una comisión que investigue el adoctrinamiento en las escuelas catalanas y la persecución de la que son objeto los hijos de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por el mero hecho de la profesión de sus progenitores. (Rumores).

Tal vez su compañero, el ex-Jemad, Julio Rodríguez, sea capaz de instarles a proponer una comisión que dignifique y reconozca el sacrificio de los hombres y mujeres que conforman esas instituciones, que han padecido por el mero hecho de hacer su trabajo, y por ser fieles al juramento o promesa que en su día presentaron.

Por tanto, señorías, no cuenten con el voto de Foro para esta astracanada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Senador Iñarritu, tiene la palabra.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Ayer mismo —quiero comenzar mencionando al Consejo de Europa y a Naciones Unidas— veíamos en esta Cámara que el ministro de Exteriores, el señor Dastis, celebraba los cuarenta años de pertenencia del Estado español al Consejo de Europa; veíamos también que la ministra de Sanidad se vanagloriaba de que España estuviese en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que, por cierto, no debe ser nada del otro mundo, porque incluso Arabia Saudí está en ese consejo; veíamos, en fin, que Spain is living a celebration. (Risas). Pero resulta que el Consejo de Europa y Naciones Unidas han solicitado que se cree una comisión de investigación neutral, eficaz y rápida, y, claro, en eso no están de acuerdo; no quieren hacer caso al Consejo de Europa ni a Naciones Unidas, aunque se alegren tanto de estar en su Consejo de Derechos Humanos y de celebrar los cuarenta años de pertenencia al Consejo de Europa. ¿Por qué? Ustedes nos lo dirán. Si están tan seguros de su versión de los hechos, de que todo es una conspiración rusa bolchevique, de que todo son fake news, y de que no hay tantos heridos, ¿dónde está el problema? Ustedes nos lo dirán.

Pero si hay algo que es cierto, que es empírico, es que por primera vez en la historia moderna un hecho plebiscitario, unas elecciones, una consulta, un referéndum, ha sido reprimido violentamente, independientemente de que fuera legal, ilegal o alegal. Es la primera vez, y ese récord lo tienen. De ahí que la sorpresa en todo el mundo haya sido mayúscula. Sí, porque han conseguido otro récord, el de las portadas internacionales criticando al Estado español por la represión y la brutalidad policial del 1 de octubre. Ese no lo habían conseguido nunca. Pero a ese récord tienen que añadir otro, el que han batido al no tener ningún problema, absolutamente ninguno, en ir a manifestaciones por la unidad de España acompañados de grupúsculos neonazis, franquistas y racistas, que siempre acaban sus actos con violencia. No han tenido ni tienen ningún problema. Estas imágenes también han conseguido un récord en portadas.

Ante estos hechos, lo lógico, lo normal, lo que tendría sentido común es pedir perdón, abrir una investigación, depurar responsabilidades, pero ustedes no piensan así; ustedes achacan todo a las fake news; dicen que todo es culpa de los rusos y que no es cierto que haya 1066 heridos, como ha certificado la consellería de sanidad de la Generalitat. Pero lo lógico, insisto, si tan seguros están de su versión de los hechos, es que se abra una comisión de investigación. Así lo quiere la mayoría matemática de los catalanes y de sus representantes. Así lo quiere el Consejo de Europa y la ONU. Ustedes dirán por qué no quieren esta comisión. Ustedes sabrán qué quieren ocultar, porque se la han pedido, ya digo, la ONU y el Consejo de Europa, esos organismos que tienen una vinculación con España desde hace cuarenta años y que ustedes tanto celebran en esta Cámara.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Iñarritu.

¿Alguna intervención más? (Denegaciones). Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente.

Me parece realmente insultante y alucinante que ciertos senadores mientan y nieguen la evidencia. Me he preparado a conciencia esta intervención porque a nosotros, al PDeCAT, sí que nos preocupa, y mucho, esta investigación. Para nosotros hay una palabra que nos identifica, la palabra «diálogo», y un no, el no a la violencia; por tanto, sí al diálogo, sí; y no a la violencia.

Dicho esto, les pregunto: ¿es normal la represión por ejercer el derecho a votar en un Estado que se dice democrático y de derecho? ¿Es normal que tres meses después de los brutales atentados terroristas en Barcelona y Cambrils se supiera que el imán de Ripoll era un confidente del CNI? ¿Es normal que, para no dar información y ejercer la transparencia que ustedes defienden, se utilice una ley franquista del año 1968, actualizada por el Gobierno del señor Felipe González y pendiente de serlo de nuevo por el actual Gobierno del señor Rajoy? ¿Es normal que en un país democrático, y que no tiene nada que esconder, el Pleno del Senado solicite una comisión de investigación sobre los hechos ocurridos el 1 de octubre en Cataluña, cuando lo lógico sería conocer y tener toda la información sin recurrir a la Ley de Secretos de Estado para ocultarla?

Miren, ya no sé lo que es normal y lo que no lo es en este país. Porque los trabajadores de TV3, por hacer bien su trabajo, no son gente normal; en cambio, los antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía, por atonyinar a gente que pacíficamente fue a votar el día 1 de octubre sí lo son, y Ciudadanos pide que se les otorguen medallas por su excelente, proporcionada y profesional intervención policial. Quizá también sea normal que un ministro de exteriores le dijera al periodista de la BBC que informó de los hechos ocurridos, que las imágenes registradas por él mismo no eran ciertas, que eran fruto de manipulaciones periodísticas partidistas. Pero yo les digo que lo que no es normal es que un Estado, que alardea de ser ejemplo de Estado de derecho, democrático y defensor a ultranza del diálogo y de los derechos humanos, haya destinado más de 10 000 efectivos de los cuerpos y fuerzas de seguridad para evitar un referéndum en Cataluña con una consigna: ¡A por ellos!; les digo que no es normal que utilicen la violencia para secuestrar un derecho tan fundamental como el de decidir o participar; les digo que no es normal que, de forma inconstitucional, se emplee el artículo 155 de la Constitución para controlar e intervenir un Gobierno legítimo, cuyo presidente y Gobierno están en prisión o en el exilio; y les digo que no es normal combatir lo que se ha logrado en las urnas con la fuerza y con la violencia, que no es normal la aplicación del artículo 155.

El PDeCAT exige al Pleno del Senado saber la verdad. El día 1 de octubre se cruzó una línea roja, se golpeó de forma desproporcionada a gente que pacíficamente quería ir a votar, y ustedes aun lo niegan. Creemos esta comisión, porque tan solo queremos saber la verdad. La gente de este país tiene derecho a saber qué pasó, tiene derecho a saber que hubo más de 1000 heridos, entre ellos, Roger, que perdió un ojo. Queremos saber por qué hubo violencia gratuita en algunas o muchas escuelas de Cataluña y también por qué en unas y no en otras. Queremos saber el coste total de los desperfectos materiales innecesarios en muchos centros de votación. Queremos saber quién es el responsable o los responsables de dicha operación y queremos saber cuáles serán las consecuencias de estas violentas actuaciones contra una sociedad que pacíficamente se movilizó para ejercer un derecho democrático. Lo queremos saber porque la prensa internacional, que no es sospechosa de incidir en el proceso de forma partidista, denunció la violencia y la brutalidad que sufrieron más de dos millones de catalanes y catalanas; una violencia que también denunciaron Amnistía Internacional, diez premios Nobel, otras organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos y fundamentales, presentes ese día, y el mismo Pleno del Ayuntamiento de Barcelona.

Yo solo sé una cosa, que este Estado, que este Gobierno apoyado por Ciudadanos y el Partido Socialista, tan democrático, utiliza la justicia de forma partidista para meter entre rejas a consellers de mi Gobierno y a dos activistas pacíficos. Yo solo sé que el mismo Tribunal Constitucional, brazo ejecutor de este Gobierno, acepta un recurso de amparo y suspende una sentencia firme contra los ultras responsables de los actos violentos ocurridos en el año 2013 en la delegación del Gobierno de Cataluña en Madrid; la razón: tener hijos pequeños y perjuicios irreparables como efecto directo de la privación de libertad. Yo solo sé que nos encontramos ante una espiral de situaciones tan variopintas que me hacen pensar que es del todo necesaria esta comisión, porque además ustedes dicen que no tienen miedo, que se han dado todas las condiciones necesarias que justifican estas actuaciones, que han sido adecuadas y proporcionadas.

Por eso, no entiendo por qué el presidente del Gobierno se aferra a una ley franquista para no informar del despliegue policial en Cataluña, a la Ley de secretos oficiales que se aprobó en el año 1968, a una ley que fue la base legal para un acuerdo de Gobierno en 1986, y que hoy ampara al Ejecutivo del señor Rajoy para declarar secreto de Estado el operativo policial, para no informar a los ciudadanos del coste de la Operación Copérnico y de todo su operativo policial, y para que no se pueda evaluar y valorar el coste que supuso atentar contra los derechos fundamentales de parte de la población catalana, que con gran ilusión, alegría y ambiente festivo, eso sí, quería votar.

En resumen y para finalizar, como he comentado, hay muchos hechos y situaciones que tienen la obligación de desvelar; hay muchos hechos sobre los que se ha de poner negro sobre blanco. Tenemos la necesidad y obligación de saber la verdad de todo lo que está sucediendo en Cataluña, de todo lo que ha sucedido desde el mes de agosto; en concreto, queremos datos sobre estos hechos: falta de efectivos policiales en el aeropuerto del Prat; imán de Ripoll como confidente del CNI; mayor Trapero, máximo responsable de la desarticulación de la célula terrorista que atentó en Barcelona y Cambrils, hoy encausado por la Audiencia Nacional y defenestrado; uso de balas de goma por los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía, prohibidas en el Parlament de Cataluña; despliegue de 10 000 efectivos reclutados en el Piolín y el Pato Lucas durante más de dos meses; despliegue de efectivos y recursos logísticos del Ministerio de Defensa en ciertas poblaciones de Cataluña; menosprecio de ciertos ministros a preguntas de ilustres diputados sobre los hechos ocurridos el 1 de octubre, etcétera.

Por esto, esta comisión de investigación es necesaria y urgente y lo es también por dignidad; lo es por respeto a todas las personas que fueron agredidas; y lo es porque ustedes, señores del PP, no tienen nada que esconder, y nosotros, los del PDeCAT, queremos saber la verdad, porque la única verdad que hoy sabemos es que las consecuencias del 1 de octubre fueron las que les cito: atentar contra los derechos fundamentales de más de dos millones de catalanes y catalanas; más de 1000 heridos; un presidente y su Gobierno legítimo en prisión o en el exilio; la aplicación inconstitucional del artículo 155 y ninguna, ninguna, responsabilidad de altos cargos de su Gobierno por todos estos hechos. Ahora bien, dejan, eso sí, a unos ultras violentos en libertad porque tienen que cuidar a sus pequeñitos.

Acabo. Para el PDeCAT, así como también para el president Puigdemont, mi president, el diálogo es el único camino a seguir. Nosotros decimos no a la violencia, decimos no al encarcelamiento, y decimos no al exilio. Nosotros queremos la libertad de nuestros presos políticos porque solo sé una cosa, que la verdad nos hace libres.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Gallastegui.

El señor GALLASTEGUI ALTUBE: Señor presidente, señorías, arratsalde on, muy buenas tardes a todas y a todos.

Me gustaría comenzar diciendo que ante problemas políticos, las soluciones ofrecidas también han de ser políticas. En cuanto a todo lo acontecido en Cataluña, no vamos a recordar la historia. El 1 de octubre estuvimos en una determinada situación porque mucha gente entiende que el modelo de Estado actual no está respondiendo a sus necesidades y reclama otras cosas. Y esas reivindicaciones tienen, en un Estado que se declara democrático, toda la legitimidad. Responder con fuerza a un problema político, con fuerza y cargas policiales, lo que genera es cuando menos una contradicción en la propia sociedad; responder con fuerza visibiliza un problema que, por otro lado, ya es evidente, y que no es nuevo, que no se crea el 1 de octubre ni tampoco el 9N. Para lo único que ha servido la actitud que los diferentes gobiernos españoles han tenido desde hace más de una década ha sido para agravar el problema, hasta el punto que se ha vuelto insostenible.

La consecuencia de estas cargas policiales han sido los 1066 heridos contabilizados por el departamento de salud de la Generalitat de Cataluña; una cifra que citan diversas fuentes periodísticas; el resultado, como digo, de hechos que no están bien, como tampoco lo está —me gustaría recordarlo también— que para llevar a cabo esas actuaciones el Gobierno de España haya violado el Estatut de Cataluña. Porque el artículo 164 del vigente Estatut elimina la posibilidad de que la Policía Nacional y la Guardia Civil actúen en cometidos de orden público en Cataluña; esa función le corresponde al cuerpo de los Mossos d’Esquadra.

Dicho esto, ¿hubo violencia en Cataluña aquel día? Nosotros estuvimos allí y pudimos ver lo que vieron todos en los medios de comunicación mundiales que estuvieron allí. Pudimos ver estas imágenes que les enseño: imagen de la CNN, imagen de The Times, imágenes de periódicos españoles, de ABC, El Mundo, Independencia, y de otros que asistieron. ¿Se lo han inventado todo los medios internacionales? Ustedes no pueden modificar la realidad, no pueden modificar lo que ha ocurrido. Si ustedes consideran que todo esto no ha sucedido están reforzando la idea que sostenemos, la de que la comisión de investigación es necesaria, porque el objetivo de la comisión va a ser aclarar qué es lo que ocurrió el 1 de octubre. Ustedes niegan la cifra oficial de heridos que ha dado el departamento de salud de la Generalitat de Cataluña, y vuelven a reforzar nuestra idea, la de la necesidad de la comisión. Si dicen que lo que ha pasado no es cierto, que es una aseveración muy grave, refuerzan, insisto, la idea de que es necesaria una comisión de investigación.

En los partidos centralistas escuchamos muchas veces que los líderes europeos apoyan la postura y la actuación del Gobierno en el procés; sin embargo, se obvia lo que esos mismos líderes dijeron sobre la actuación policial llevada a cabo aquel día; lo que dijeron, por mencionar solo algunos, Martin Schulz, ex presidente del Parlamento Europeo; Charles Michel, primer ministro belga; Boris Johnson, ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido; Angela Merkel, canciller alemana; Jean-Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea; Nicola Sturgeon, primera ministra escocesa; Jeremy Corbyn, líder laborista británico; Miro Cerar, primer ministro esloveno; Anne Hidalgo, alcaldesa de París; y Sauli Niinistö, presidente de Finlandia.

Señorías, a todos nos interesa saber qué ocurrió el día 1 de octubre. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Vasco votará a favor de esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gallastegui.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Picornell.

El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias, señor presidente.

Esquerra Republicana, senadores, senadoras, no tiene por costumbre mentir a la gente; no, señor Alegre; Esquerra Republicana no tiene por costumbre, señora Domínguez de Posada, mentir a la gente. Quizás a otros partidos políticos les sirva, de vez en cuando, la mentira para dar una patada hacia adelante, para pasar a otro tema, o para desviar la atención, pero, insisto, en Esquerra Republicana en ningún caso, nunca, jamás, recurrimos a esta práctica.

Estamos de acuerdo en que las cosas las podemos ver desde diferentes prismas, ángulos y esquinas, y en que esto va a distorsionar la discusión política; pero me sorprende muchísimo que el Gobierno del Estado ponga en cuestión el número de heridos que hubo el pasado 1 de octubre, de verdad. Mi Gobierno, pensé, del que muchos miembros de mi partido forman parte y que tienen toda mi confianza, está explicando que ha habido centenares de heridos el 1 de octubre y el Gobierno español los niega. Señores del partido que forma parte del Gobierno, ¿ustedes tienen como costumbre mentir? En general, me atrevería a decir que sí, porque claro está que con tantos casos de corrupción y algunos episodios de mentiras flagrantes, como sucedió el 11 de marzo de 2004, es difícil afirmar que nunca han mentido. Ahora bien, ustedes tienen —estoy seguro de esto— miembros absolutamente honorables y honestos que están en esto de la política para apartar la mentira de la arena política. Y a ellos me dirijo; ustedes, ¿no están de acuerdo en poner blanco sobre negro y esclarecer lo que sucedió el pasado 1 de octubre?

Ustedes tienen la mayoría absoluta y pueden hacer lo que quieran en esta comisión, lo que quieran; pueden invitar a testigos que den todas las versiones posibles, y no para poner nada en duda, sino para esclarecer, como decía, los hechos, para poner luz donde no la hay, para que se aclaren esas discrepancias.

Hace unas semanas nuestra senadora Laura Castel le contó al ministro del Interior, en la sesión de control, que un policía nacional le dio un porrazo y algunos senadores y senadoras de esta Cámara se rieron.



Pues bien, déjenme que les muestre mi vertiente más personal, que les diga que ese ha sido el momento que más vergüenza me ha dado, que más vergüenza he sentido por pertenecer a esta Cámara. Y lo digo de verdad, ¿cómo puede ser que una compañera más del Senado cuente lo que sucedió y haya gente que se ría? Confieso que ese día tuve mucha rabia y la causa fueron estas carcajadas.

Como decía antes, Esquerra Republicana no tiene por costumbre mentir nunca. Ustedes dirán que sí hemos mentido y que hemos engañado a la gente, pero ¿de verdad creen que queremos construir nuestro país con mentiras y engaños? No tiene sentido alguno.

No tenemos por costumbre hinchar informes médicos para simular más heridos como algunos han dicho. No tenemos por costumbre, como decía, mentir a la gente. Hacerlo sería faltar al respeto a todos nuestros servicios médicos y a todos los profesionales. No tenemos por costumbre sacar rédito electoral de cosas que después pueden volverse en nuestra contra. Quizá es pan para hoy, pero seguro que es hambre para mañana. Por cierto, ahora que el Gobierno del Partido Popular tiene el control sobre Cataluña, ¿por qué no piden el famoso informe de los heridos? Dijo el delegado del Gobierno, Enric Millo, que no se lo habían facilitado; cosa falsa, rotundamente falsa, porque jamás lo pidió. Pero ahora sí, ahora lo pueden tener con nombres y apellidos; lo pueden pedir. Así que les propongo que la ministra de Sanidad llame al máximo dirigente de la Consellería de Salud, que se lo pida y que después cuente qué hay en ese informe. Está en sus manos. ¿Por qué no lo han hecho? Quizá no les interese.

Nuestro grupo parlamentario pide, exige, que se cree esta comisión de investigación. Insistimos, señores de Partido Popular, no tengan miedo a investigar. Tiene el poder y la mayoría; pueden hacer lo que quieran en esta comisión. No tendrían que tener miedo. Nosotros pedimos esta comisión, pero ¿saben quién más lo pide? Lo piden las más de 130 denuncias ciudadanas que se han presentado por los hechos de aquel día, a las que hay que añadir —antes algún senador lo ha citado— las denuncias contra los Mossos d’Esquadra; que también tienen derecho a que se investiguen.

¿Por qué una cámara parlamentaria no puede investigar? Debemos hacerlo; es nuestro deber perseguir la verdad. ¿Saben quién más lo pide, además? El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que el mismo 2 de octubre pidió, por carta, al Estado español una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre los hechos ocurridos. (El señor senador muestra un documento). ¿Al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le dirán que no? ¿De verdad? ¡Pues qué compromiso tiene el Estado con las Naciones Unidas!, ¿no? También se suma a la petición el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa que pide una investigación independiente y efectiva. ¿También le dirán que no al comisario del Consejo de Europa? ¡Qué compromiso tienen ustedes también con los organismos europeos! Tiene gracia, ahora que se nos acusa de que no somos europeístas, que ustedes no hagan caso al comisario de Derechos Humanos de la Comisión Europea.

Todo parece indicar que ustedes hoy volverán a utilizar su mayoría absoluta para no tener que dar la cara políticamente y aceptar investigar los hechos policiales del domingo 1 de octubre. Evidentemente, señores del Partido Popular, están en su derecho, pero sepan que la ciudadanía de Cataluña no va a olvidar jamás lo que sucedió aquel día. Ustedes intentaron ganarnos con el miedo, pero no lo consiguieron; ustedes quisieron, pero aquel día se encontraron con mucha, mucha dignidad en las calles. La gente no quería hacer ninguna movilización; la gente quería votar y eso es lo que hicimos, pese a una actuación policial que hoy ustedes no quieren investigar. Ustedes pueden negar los hechos, ¡claro que pueden!, pueden seguir negándolos, pero lo que vio la gente aquel domingo lo vieron con sus propios ojos. Nieguen, sigan negando, porque el próximo 21 de diciembre volverán a ser lo que son en Cataluña: un mísero 8 %. (Rumores).

Dejen que antes de terminar mi intervención lea un fragmento de un relato de una escritora, Gema Díaz, de aquel domingo 1 de octubre: «Me preguntan si yo como escritora me mojo públicamente. Puedo decir que hasta ayer no; pero ayer en la calle, temblando y sentada en el suelo, fui consciente de mi ingenuidad; y no solo por eso; y no solo de eso; también de lo vulnerables que podemos ser todos. Cuando llegamos a casa ya no estoy enfadada, ya no me siento impotente. Empieza poco a poco, ahí viene, sí, sí, ya la noto, la tristeza. Las imágenes me duelen. Hay épica, orgullo y dignidad en todos nosotros. Pero yo me siento cansada y me siento triste. Nunca en mi vida había defendido nada exponiéndome físicamente, nunca hasta ayer. Tampoco creí que hiciera falta. Ayer protegimos urnas. Me da vergüenza. Empiezo a decir lo que nunca creí que diría, que no olvidaremos. En nada os pareceré a todos una adoctrinada más, pero lo que aprendí ayer no fue una lección de nadie. En estos momentos me llegan imágenes de un grupo de gente corriendo con las urnas. El relato es épico. ¡Qué voluntad!, ¡qué dignidad!, ¡qué confianza!, ¡qué gente!, ¡y cuánta, cuánta pena!».

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Picornell.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.

Vergüenza fue la expresión más utilizada por la prensa internacional para referirse a lo ocurrido el 1 de octubre. Represión brutal y desproporcionada, titulaba el diario francés Libération. La vergüenza de Europa, decía la CNN. Cientos de heridos por las cargas policiales, decía Financial Times. (Rumores). Un poquito de calma. El día de la vergüenza de España, titulaba The National. Violencia en Cataluña, voto del caos, decía el Corriere della Sera. Sería un desastroso mensaje para el mundo que el Parlamento español se negase a abrir una comisión de investigación para analizar todo lo que se hizo mal ese día. Y también sería un mensaje devastador para los ciudadanos españoles, en especial, para los ciudadanos catalanes. Por mucho que algunos se empeñen en negar la realidad, el 1 de octubre los antidisturbios golpearon a manifestantes pacíficos con porras, arrastraron a los votantes por el pelo, los lanzaron por las escaleras —alguno, incluso, ejerciendo de karateka con patadas voladoras— y se dispararon balas de goma. Asimismo, algunos periodistas, debidamente identificados como prensa, fueron agredidos por agentes de la policía. A la vista de ello, es difícil dar credibilidad a los que dicen que fue una respuesta proporcional, necesaria y legítima. Y decir que por cuatro fotografías falsas que corrieron por las redes y algunos testimonios exagerados no existió la violencia, es tratarnos a los catalanes por imbéciles.

En un Estado de Derecho es esencial garantizar que se rindan cuentas por cualquier conducta inadecuada para preservar la confianza de la opinión pública en el trabajo de las autoridades públicas. El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil traspasaron, el pasado 1 de octubre, los límites de la proporcionalidad al actuar con una fuerza desproporcionada e indiscriminada contra personas en actitud pacífica y responsable, y al desbordar, sin lugar a dudas, las instrucciones de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Mercedes Armas, que ordenó impedir el referéndum sin afectar la normal convivencia ciudadana.

El concepto que nos puede permitir entender la diferente actuación de Policía Nacional y Guardia Civil por un lado, y de Mossos y Policía Local por el otro, es el de la proporcionalidad. Para evitar un daño no se puede causar uno mayor. La exigencia de proporcionalidad en la actuación policial estatal o autonómica está prevista de manera expresa en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de fuerzas y cuerpos de seguridad, cuyo artículo 5.2 c) establece que en el ejercicio de sus funciones deberán actuar con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello dependa evitar un daño grave, inmediato e irreparable, rigiéndose al hacerlo por los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad en la utilización de los medios a su alcance. Era necesario aplicar los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad, así como actuar con contención y mediación, como cualquier policía democrática.

A pesar de que la Policía Nacional y la Guardia Civil fueron claramente obstaculizadas en el ejercicio de sus funciones en numerosos centros de votación, existe mucha información disponible que demuestra que las fuerzas y cuerpos de seguridad hicieron un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza. Y todo ello con el fracaso como resultado, porque no pudieron impedir el voto de más de dos millones de personas, y causaron numerosos heridos, algunos de gravedad, además de destrozar instalaciones públicas.

No fueron capaces de cumplir ninguna de las dos órdenes de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ni garantizar derechos. Por eso, es imprescindible una investigación rigurosa de lo que ocurrió, porque fue un desastre de operativo. Será conveniente determinar con precisión las órdenes de intervención policial dadas por el mando del operativo y si existió o no una posible extralimitación en las órdenes recibidas por parte de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Será preciso determinar si hubo un uso excesivo de la violencia para crear pánico y si se siguieron o no los protocolos establecidos en estas situaciones. Será preciso determinar si se vulneraron los derechos humanos y fundamentales, como la libertad de expresión, la integridad moral y el derecho de reunión y manifestación pacífica en contra de la legislación estatal e internacional, porque la proporcionalidad consiste en que actuaciones policiales, dirigidas al ejercicio de un deber o en defensa de derechos, no generen un daño superior al bien que pretenden tutelar. Así se ha manifestado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, en la sentencia Lashmankin y otros contra Rusia, de 7 de febrero de 2017, donde condenó al Estado demandado por las actuaciones desproporcionadas de sus fuerzas de seguridad ante concentraciones pacíficas. La condena a Rusia se produjo a pesar de que las manifestaciones habían sido declaradas contrarias a los derechos por los tribunales nacionales.

Señor Alegre y señora Domínguez de Posada, les recomiendo mucho que lean las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos; de verdad, son muy interesantes e ilustrativas, y verán lo que explican sobre la resistencia pacífica.

Por tanto, el hecho de que una concentración no sea legal, no quiere decir que se pueda disolver de manera automática y a cualquier precio. Human Rights Watch concluyó, después de realizar su propia investigación sobre lo ocurrido el 1 de octubre, que la policía española usó de manera excesiva la fuerza contra manifestantes en Cataluña, utilizando porras para golpear a personas que se resistían pasivamente y causando múltiples heridas. También concluyó que el Gobierno español tiene la obligación de garantizar una investigación efectiva sobre las denuncias del uso excesivo de la fuerza.

Miren, solo por lo que le pasó a Roger Español es necesaria esta comisión de investigación. ¿Saben ustedes quién es Roger Español? Pues la persona que ha perdido la visión de un ojo por el impacto de una pelota de goma durante la intervención de la Policía Nacional en la escuela Ramón Llull de Barcelona. (Rumores). Escuchen, escuchen, sobre todo aquellos que se ríen cada vez que hablamos de heridos por las cargas. El agente le disparó a escasos quince metros de distancia y le reventó el ojo. Desde aquel día, Roger depende de la medicación para no tener mareos y dolores, y está viviendo un duro proceso de adaptación en cuanto a nivel cognitivo para adaptarse a vivir con la visión de un solo ojo. Pero ¿qué se ha encontrado por parte del Gobierno, responsable último de las cargas policiales? La falta de reconocimiento público y social, que ha generado un silenciamiento del dolor vivido, ocasionando casos de revictimización de la persona con las palabras del ministro del Interior, con las que justificó la actuación policial, o el papel del ministro de Asuntos Exteriores en una entrevista en la BBC, justificando lo injustificable ante la cara de sorpresa del entrevistador, y diciendo que el uso de la fuerza fue provocado y que muchas de las imágenes eran falsas.

Yo le pregunté al Gobierno cuántas eran falsas, y me dieron un listado con cuatro. Sí, cuatro fotografías de las miles de imágenes y vídeos de los que fue testigo todo el mundo.

Y, para acabar, la lamentable intervención del ministro de Justicia la semana pasada en el Congreso de los Diputados, donde se burlaba de los heridos del 1 de octubre y donde achacaba todo a la manipulación. ¿Manipulan organizaciones como Amnistía Internacional o Human Rights Watch? Por favor, dejen de hacer el ridículo.

Señorías del Partido Socialista, espero que voten a favor de la creación de la comisión de investigación. Les recuerdo que su secretario general condenó las cargas policiales y que ustedes plantearon la reprobación de la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aunque después la retiraron misteriosamente, no sabemos por qué razón. El señor Ábalos dijo el mismo domingo 1 de octubre que se demostró la insuficiencia del Estado de derecho y añadió que alguna responsabilidad política tenía que haber. Sean un poco coherentes, por una vez, sean valientes y apoyen esta comisión de investigación.

Señorías del Partido Popular, me parece muy bien que no apoyen ustedes, al final, la comisión de investigación. Eso quizá sería coherente con su forma de hacer y de trabajar. Entiendo que se muevan ustedes mucho más fácilmente en un ambiente del barro y de la pelea rara que en una comisión del Parlamento español, como dijo el señor Aznar durante la proposición de su comisión de investigación. A ustedes quizá les va más eso de intoxicar y propiciar comparecencias con pseudoinformes sobre injerencias rusas que hacer una investigación rigurosa de unos hechos y una brutalidad que dieron la vuelta al mundo.

Ya se lo dije el otro día en el debate de su moción sobre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: ¿quieren intentar esclarecer ustedes qué sucedió y depurar responsabilidades políticas por un dispositivo policial que fue a todas luces desastroso?, ¿o eso no les interesa? ¿Acaso esconden algo o con su negativa a investigar están dando la razón a que la actuación policial a las órdenes de su Gobierno fue totalmente desproporcional? Con su voto me responderán.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador García Mañá.

El señor GARCÍA MAÑÁ: Señor presidente, señorías, existe un refrán gallego que dice: Auga brande am pedra dura, bate, bate até que fura, que podríamos traducir como: Agua blanda y piedra dura, pega, pega hasta que agujerea. Esto viene a cuento de los argumentos victimistas, grandilocuentes e insistentes que pretenden alcanzar una verdad falsa.

La actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña el pasado 1 de octubre se realizó, en general, con prudencia y proporcionalidad. Las falsedades que circulan, las fake news, a través de distintos medios solo pretenden hacer mella en la credibilidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y probablemente en el Estado mismo.

Les enseñaré solamente un par de cosas: «Tanques en las calles de Barcelona. España y Cataluña al borde de un desenlace violento». O esta otra imagen de una señora que hemos visto reiteradamente —y no voy a decir nombres—: «La mujer que denunció que la policía le había roto los dedos, mintió».

En fin. ¿Están seguros de que votarían en ese pseudoreferéndum tantos ciudadanos como dicen si se hubiera producido una represión auténtica en Cataluña? La persistencia en la mentira pretende un juicio y la condena de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su actuación el 1 de octubre en cumplimiento de una orden judicial legítima. Al respecto he escuchado muchas veces hoy incidir en las solicitudes de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa. Cuando Naciones Unidas y Consejo de Europa se refieren a funcionarios policiales, ¿saben cómo les denominan en cuanto al código de conducta? Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Y eso fue lo que hicieron. Si algo se ha hecho mal, dejen que lo examine la justicia y que esta haga su trabajo.

¿De qué parte están ustedes? Dicen que respetan la ley. Pues sepan que la actuación del 1 de octubre se derivó de una orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para impedir un referéndum declarado anticonstitucional por el tribunal competente. Parece que conocen la Ley Orgánica de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En esta se ordena a la Policía que actúe con adecuación al ordenamiento jurídico, es decir, a la Constitución y a las leyes, y además, deben hacerlo acatando las órdenes de jueces, tribunales y fiscales. ¿Acaso fue eso lo que hicieron los responsables de los Mossos d?Esquadra? ¿O más bien fueron desleales, permitiendo las concentraciones en los colegios electorales para dificultar justamente la acción cuando llegaran las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿No incumplieron, así, los preceptos anteriores? A ellos también les investiga la justicia por desobediencia y otros delitos.

¿Qué se pretende con la creación de una comisión de investigación sobre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿No es más razonable la solicitud de comparecencia del ministro del Interior hecha por el Grupo Socialista en esta Cámara para que informe en la Comisión de Interior sobre lo acontecido ese día con ocasión del referéndum, como he dicho, inconstitucional y promovido, por cierto, por el anterior Gobierno de la Generalitat de Cataluña?

Señoras y señores proponentes, ¿desean celebrar un juicio paralelo respecto a una difícil misión que no cumplió quien debería haberlo hecho? Fácil de enjuiciar retrospectivamente y difícil de ejecutar en todo caso. Qué difícil es el trabajo de las policías cuando en un instante tienen que decidir lo que han de hacer y luego se enjuicia y se examina tranquilamente desde un medio o con la serenidad o la tranquilidad de un despacho. Resulta difícil entender este entrometimiento en la tarea de la justicia. El legislativo es un poder distinto que debe respetar las actuaciones del Poder Judicial. Ignoran, por cierto, que el Ministerio Público se opuso ya a una investigación global sobre esta actuación. El trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se ajusta, efectivamente, a lo dispuesto en el artículo quinto de la Ley Orgánica de fuerzas y cuerpos de seguridad que exige, efectivamente, congruencia, oportunidad y proporcionalidad.

El día 1 de octubre los agentes de la autoridad, y repito, agentes de la autoridad, fueron objeto de toda clase de vejaciones, humillaciones, agresiones y actos violentos, y fueron desobedecidos, recibiendo como respuesta toda clase de improperios, atentados, violencia y resistencia. Todas ellas son figuras penales. Según el Ministerio Fiscal, la estrategia de los concentrados consistía en una acción voluntaria, concertada y coordinada por parte de quienes, agolpados y tumultuariamente —no todo el mundo—, impedían la ejecución de una orden judicial. ¿Qué otra respuesta cabía si no que la legítima defensa? Entretanto, agitadores cobardes se ocultaban entre ciudadanos normales, ancianos y niños, sin que tampoco se hubieran cumplido los preceptos de la Ley de reunión. ¿Cómo quieren que actúen los legítimos ostentadores de la vis compulsiva del Estado y de la ley luego de agotar todas las fórmulas dialécticas posibles frente a agresiones? Por cierto, ¿de verdad les parece que no hubo proporcionalidad y prudencia cuando finalmente se consumó ese pseudoreferéndum ilegal? ¿Fueron acaso más prudentes los que interpusieron a inocentes, ancianos y niños?

Algunos de ustedes, demagógicamente, parecen estar con Dios y con el diablo. Eso no es posible. Es la postura adoptada por Podemos con el bloque independentista catalán. Unos y otros quieren pescar en una pecera llena de mentira, de bulos y de manipulaciones. Pretenden desorientar y no desmentir las exageraciones y mentiras que al respecto se difundieron. Dejen que la justicia haga su trabajo. Nadie pretende ocultar una posición crítica respecto a los acontecimientos y a los desaciertos políticos que se cometieron ese día o que pudieron suceder.

Por lo tanto, no es achacable a ellos y no son las fuerzas y cuerpos de Seguridad los que deben en este momento ser investigados. Las leyes son la base de los roles de los ciudadanos. Afortunadamente, las leyes nos obligan a todos y no se pueden dejar de acatar cuando no nos interesa. En sus casas y en la mía hay normas, en la calle tenemos que seguir normas y en esta Cámara tenemos que seguir normas. Es la única forma de convivir. Los españoles, según todos los barómetros del CIS, reconocen a la Guardia Civil y a la Policía como las instituciones más valoradas de España. Es más, en Cataluña, hace muy pocos meses, en julio, incluso aparecían por delante en la valoración del propio Parlament y del Govern catalán. Eso no va a cambiar por intentar crear una comisión de investigación para confundir a la opinión pública, dudando de la solvencia y de la profesionalidad de estos cuerpos.

Señorías, España goza de una de las tasas de criminalidad más bajas del planeta. Lo saben bien nuestros emigrantes, que vienen a disfrutar de sus vacaciones en un espacio de seguridad, lo que, por cierto, no ocurre en la Venezuela de algunos amigos de quienes se sientan ahí. Y también lo saben los millones de turistas que todos los años nos visitan, por cierto, cada vez menos en Cataluña, por la inseguridad que se generó con la DUI. Esos turistas vienen a España para disfrutar de unos días seguros y sin tensiones.

Señorías, ningún Estado puede prosperar sin seguridad. Es una de las necesidades primarias que consideró Maslow. Y la seguridad ciudadana en nuestro país, España, España, la garantizan las fuerzas y cuerpos de seguridad, artículo 104 de la Constitución, que, pese a quien pese, son también los encargados de proteger los derechos y la libertades, haciendo de España uno de los países más seguros del mundo y con mayores libertades y derechos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor GARCÍA MAÑÁ: Acabo.

Por eso, votaremos en contra de la creación de una comisión de investigación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García Mañá.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Oyarzábal.

El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Popular también votará en contra de esta iniciativa, porque no pretende aclarar nada, solo pretende desviar la atención de lo que ocurrió el 1 de octubre en Cataluña, y ustedes, los firmantes de esta propuesta, lo quieren hacer dando una patada a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para desprestigiar su labor. (Rumores.— Aplausos). Sí, lo quieren hacer con esta iniciativa.

Pero, señorías, lo que ocurrió el 1 de octubre en Cataluña es que se perpetró un gravísimo ataque al orden constitucional, se dio un golpe a la democracia, un golpe que organizaron premeditadamente los grupos independentistas y en connivencia con el Govern de la Generalitat. (Aplausos). Eso es lo que pasó, impulsado por políticos irresponsables que lanzaron a la calle a mucha gente a incumplir la ley, a incumplir las instrucciones de los jueces y a enfrentarse con la policía y con la Guardia Civil. Eso fue lo que ocurrió ese día, lo que vimos todos, la irresponsabilidad de unos políticos que perdieron el juicio y lo demostraron. Todos tuvimos la oportunidad de ver esas imágenes, señorías. Asaltaron centros públicos e impidieron realizar a los funcionarios públicos su trabajo. Lo hicieron a sabiendas de que estaban provocando la división en la sociedad catalana, el enfrentamiento, para imponer su proyecto a las bravas, saltándose todas las reglas democráticas, tratando de romper nuestro país. Eso es lo que pasó allí el 1 de octubre.

El cuerpo de policía, señorías, encargado de impedir la celebración de aquel acto ilegal era la policía autonómica, los Mossos d’Esquadra, y, por eso, recibieron instrucciones de los jueces y de los tribunales, para que impidiesen la comisión de ese acto ilegal, pero no lo hicieron. Aquel día los Mossos d’Esquadra no cumplieron con su obligación y debieron ser sustituidos deprisa y corriendo, y seguramente sin los medios oportunos, por la Policía Nacional y por la Guardia Civil. Y, señorías, lo que vimos aquel día es que la Policía Nacional y la Guardia Civil fueron objeto de una emboscada, una emboscada mientras se lanzaba una campaña repugnante de manipulación (Rumores.— Aplausos). Señorías, se lanzaban imágenes falsas, informaciones falsas, datos falsos, en una campaña repulsiva para manipular a la opinión pública, una campaña organizada también por los grupos independentistas en connivencia, nuevamente, con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. (Aplausos). Eso también ocurrió.

Pero esas mentiras —lo han dicho aquí— ya quedaron al descubierto, no las tenemos que investigar. Tenemos los datos, las fotos y lo que recogen los propios medios de comunicación nacionales y, señorías, también los internacionales: falsos heridos, banderas de Photoshop, fotos de otras épocas, fotos de otros países, de otras cargas policiales, sangre falsa, —ya la han sacado—, la señora que le rompen una mano y se venda la otra. (Risas.— Aplausos). Esto es una vergüenza auténtica, una tomadura de pelo. No hay derecho a que, ante hechos tan graves, se nos quiera tomar el pelo de esta manera.

Señor Espinar, llega usted al final del punto que usted encabeza. Usted firma esta propuesta, pero no ha estado a lo largo del debate; llega ahora. (Aplausos). Señor Espinar, me da pena —y se lo digo con todo el respeto— ver a Podemos hacer seguidismo y ser plataforma de la estrategia de los independentistas una vez más en esta Cámara trayendo esta iniciativa. ¿Qué pretendían con esta iniciativa? ¿Entrar en la campaña electoral de Cataluña? Señor Espinar, ¿qué pretendían con esta iniciativa? Yo creo que lo que pretendían es seguir vertiendo mentiras sobre la actuación de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para tapar sus vergüenzas y sus contradicciones internas en relación con el discurso que están haciendo ustedes en Cataluña. (Aplausos). Eso es lo que quieren tapar.

Lo que toda España pudo ver ese día —el 1 de octubre, pero también el 2, el 3 y los días siguientes— fue ese clima de hostigamiento organizado, los ataques, las movilizaciones intimidatorias organizadas contra la Policía Nacional y los jueces. Vimos cómo se les insultaba; vimos cómo se les agredía; vimos cómo se cercaban y rodeaban edificios públicos, comisarias, sedes judiciales. Eso lo pudimos ver todos. Vimos cómo rodeaban sus casas, cómo rodeaban los hoteles donde pernoctaban. Señorías, vimos cómo se señalaba a sus familias y hasta a sus hijos en los colegios. Es una vergüenza. (Aplausos). No hay derecho. Es una indignidad democrática que este país no puede tolerar. Y todo fue instigado por algunos de los que firman esta iniciativa, señorías.

Yo soy vasco, y para mí esto no es nuevo, y algunos de ustedes lo saben. Durante muchos años se persiguió en el País Vasco a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Se les intentó estigmatizar socialmente. (Protestas). Sí, señorías, se les intentó estigmatizar. Años después, también a los políticos, a los jueces, a los periodistas, pero durante muchos años, en silencio, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. (Protestas.— Aplausos). Señorías, personalmente yo no me enteré de que alguno de mis compañeros de colegio era hijo de guardia civil hasta bien entrado el bachillerato. Lo llevaban y lo vivían en silencio para autoprotegerse. De algunos nos enteramos cuando ya habíamos salido del colegio. (Protestas). ¡Sí, sí, señorías!

El señor PRESIDENTE:



Señorías, guarden silencio.

El señor OYARZÁBAL DE MIGUEL: Eso es lo que yo he vivido y lo que han vivido tantas familias. (Protestas.— Aplausos). Sí, se señalaba a las familias y a sus hijos en los colegios con la campaña de que se vayan. Sí, de la misma manera. ¿Y sabe quién instigaba esa campaña y por qué he traído eso a colación aquí? Pues alguna de las fuerzas políticas que firman esa iniciativa con ustedes, señor Espinar. (Aplausos).

La diferencia, no sé si la única, entre usted y yo, señor Espinar, me refiero a usted personalmente, o entre ustedes y yo, señores de Podemos, para no personalizar, es que después de vivir aquello tengo la oportunidad hoy, y en el Senado de España, de reivindicar la dignidad de todos los policías nacionales, de los guardias civiles y de sus familias, que dedicaron su vida y la siguen dedicando a defender nuestros derechos y libertades, a defender la democracia en nuestro país (Aplausos). Lo hicieron en el País Vasco, lo han hecho en Cataluña y lo hacen en toda España.

Y yo reivindico aquí esa dignidad de los policías y de los guardias civiles, y me quiero acordar de sus familias y de sus hijos, por supuesto que sí. Y se lo quiero reprochar a ustedes, porque después de todo lo que hemos visto traen aquí una iniciativa para tratar de denigrar su labor. Y es una vergüenza. (Aplausos). Porque a diferencia de ustedes, los que instigaron siempre campañas contra la Policía Nacional y la Guardia Civil, firman esta iniciativa con ustedes. (Rumores). Esa es la diferencia.

Termino ya, señor presidente. Creo que España es un gran país, esta es una nación democrática, y, se lo tengo que decir, señorías, el Partido Popular va a trabajar, vamos a seguir trabajando para que nunca más en este país, ni a nosotros ni a nadie, se le tenga que helar el corazón viendo cómo se persigue y se expulsa de un pueblo de Cataluña o de cualquier rincón de España a los agentes de la ley. No queremos que eso vuelva a pasar nunca porque, señores, sin ley no hay democracia.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de los senadores del Grupo Parlamentario Popular, puestos en pie).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Oyarzábal.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.



DECLARACIONES INSTITUCIONALES

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL POR LA QUE EL SENADO MANIFIESTA LA NECESIDAD DE SEGUIR ANALIZANDO LAS SOLICITUDES QUE SE PRESENTEN PARA EL EJERCICIO DE QUINTAS LIBERTADES AERONÁUTICAS EN LAS ISLAS CANARIAS. 630/000027 GPP GPS GPPOD GPER GPV GPN GPMX

El señor PRESIDENTE: Señorías, antes de proceder a las votaciones que tenemos pendientes, voy a dar lectura a una declaración institucional que se ha presentado, firmada por todos los grupos, que dice lo siguiente: «Declaración Institucional. En el año 1944, a través del denominado Convenio sobre Aviación Civil o Convenio de Chicago, suscrito por 52 Estados, se definió a nivel internacional una serie de derechos aeronáuticos o libertades del aire, relativos a la aviación comercial. En la actualidad, se reconocen un total de 9 libertades, que se distribuyen en libertades técnicas, libertades comerciales y otras libertades; siendo la Quinta Libertad la que garantiza las aerolíneas de un estado con destino a otro territorio entrar en el espacio aéreo y realizar escalas en el aeropuerto de un tercero, con posibilidad de carga y descarga de pasajeros y mercancías, convirtiéndose este en centro de operaciones de las compañías aéreas. Estos privilegios, sujetos a acuerdos entre las naciones implicadas, se refieren tanto al tráfico de pasajeros como de correos y carga aérea, y suponen un gran interés geoestratégico, de conectividad y de desarrollo económico, en cuanto que permiten la apertura de rutas internacionales y mercados comerciales.

En España, la Quinta Libertad está implantada y en vigor con excelentes resultados desde hace décadas en aeropuertos como el de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en Madrid. Si bien su aplicación en las islas Canarias resultaría igualmente beneficiosa y permitiría convertir al archipiélago en plataforma logística y puente comercial entre Europa, África y América, aprovechando así la magnífica situación geográfica de las islas para enlazar y distribuir el tráfico aéreo entre los tres continentes, además de repercutir positivamente en la conectividad, desarrollo económico, progreso y competitividad internacional de las islas, fomentando las relaciones comerciales, las exportaciones de productos canarios, el desarrollo del sector turístico y el intercambio de experiencias empresariales.

Asimismo, la Quinta Libertad tiene reconocimiento legal en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del régimen económico y fiscal de Canarias y en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible, si bien su aplicación práctica tiene un carácter limitado y se otorga siempre bajo el principio de reciprocidad, por lo que requiere una declaración genérica para los aeropuertos de las islas, permitiendo unas instalaciones competitivas en las que se faciliten las autorizaciones y se ofrezca la garantía a las compañías aéreas de que sus peticiones van a ser aceptadas, de forma que los miles de aviones que a diario sobrevuelan el espacio aéreo canario y conectan países de Latinoamérica, África, América y Europa en vuelos de ida y vuelta, no se vean obligados a realizar escalas en otros aeropuertos con ubicaciones menos propicias, pudiendo aterrizar en Canarias y generar negocio y riqueza en las islas.

Canarias, por su condición insular de región ultraperiférica de la Unión Europea y su desarrollo pionero a nivel mundial en el sector turístico y su liderazgo como destino turístico, cuenta con una amplia y contrastada experiencia en la gestión directa e indirecta de las comunicaciones aéreas y en la recepción de pasajeros y mercancías, así como en los servicios paralelos que conllevan, con una red de instalaciones e infraestructuras aeroportuarias en todas las islas de primer nivel, que en el primer trimestre de 2017 registraron el 23,4 % del tráfico aéreo nacional, las segundas mejores cifras del Estado, solo por detrás del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y un total de 3,7 millones de pasajeros en este periodo, unas instalaciones perfectamente adecuadas y capacitadas con los medios técnicos y humanos para la aplicación exitosa de la Quinta Libertad.

Por todo ello, el Senado manifiesta la necesidad de seguir analizando las solicitudes que se presenten para el ejercicio de quintas libertades en las islas Canarias, en particular en los aeropuertos internacionales de Canarias (Aeropuerto de Gran Canaria y Aeropuerto Reina Sofía), autorizándolas cuando resulten viables y establezcan enlaces beneficiosos para España y para las islas Canarias, potenciando así el papel de las islas como centro de distribución de tráficos aéreos entre los continentes.

Palacio del Senado, 29 de noviembre de 2017». (Aplausos).



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

CONOCIMIENTO DIRECTO

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO, PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SIN EXCLUSIONES. (Votación). 622/000001

El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación de la proposición de ley orgánica de modificación de la ley orgánica 5/1195, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones.

Ha habido una solicitud de voto telemático, y se ha autorizado a la senadora doña Beatriz Jurado, del Grupo Parlamentario Popular, que ha votado que sí. Se sumará este voto al que resulte del hemiciclo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246 más 1 voto telemático, 247; votos emitidos, 246 más 1 voto telemático, 247; a favor, 246 más 1 voto telemático, 247.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda aprobada, definitivamente por las Cortes Generales la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones. (Aplausos).



COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

SOLICITUDES DE CREACIÓN

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA EL DÍA 1 DE OCTUBRE DE 2017. (Votación). 650/000006 RAMÓN MARÍA ESPINAR MERINO (GPPOD)

El señor PRESIDENTE: Señorías, a continuación —y también ha habido uso del voto telemático por parte de la misma senadora y en este caso su voto es negativo—, votamos la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la comunidad autónoma de Cataluña el día 1 de octubre de 2017.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246 más 1 voto telemático, 247; votos emitidos, 246 más 1 voto telemático, 247; a favor, 45; en contra, 200 más 1 voto telemático, 201; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: En consecuencia, queda rechazada la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la comunidad autónoma de Cataluña el día 1 de octubre de 2017.



INCOMPATIBILIDADES

DICTÁMENES DE COMISIÓN

DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INCOMPATIBILIDADES, EMITIDO EN SU SESIÓN DEL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2017, EN RELACIÓN CON LOS SENADORES D. JAIME GONZÁLEZ TABOADA Y D. ANTONIO MARTÍN IGLESIAS. 503/000007

El señor presidente da lectura a los puntos 11., 11.1 y 11.1.1.

El señor PRESIDENTE: Con fecha 22 de noviembre de 2017, la Comisión de Incompatibilidades emitió dictamen sobre la situación de los senadores don Jaime González Taboada y don Antonio Martín Iglesias, y ha considerado, por unanimidad, que de la documentación presentada y del conocimiento que posee no se deduce incompatibilidad para los citados senadores.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra la senadora López Gabarro.

La señora LÓPEZ GABARRO: Gracias, señor presidente.

Tomo la palabra para presentar ante sus señorías el dictamen aprobado por la Comisión de Incompatibilidades en su reunión del pasado 22 de noviembre de 2017 y publicado en el Boletín Oficial de la Cámara número 179, de 24 de noviembre de 2017.

Este dictamen favorable se refiere a don Jaime González Taboada y don Antonio Martín Iglesias, que se encontraban pendientes de este trámite. La comisión aprobó este dictamen favorable por unanimidad y de conformidad con la propuesta que le formulara la ponencia permanente en ella constituida. Siguiendo la práctica de la comisión, la ponencia elevó su propuesta de dictamen favorable tras un atento examen de la declaración formulada por dichos señores senadores, de los que recabó las informaciones y la documentación complementaria que resultaron necesarias. Toda vez que se trata de un dictamen favorable para la totalidad de los senadores incluidos, se formulan listas y sin motivación individual, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento.

Quiero mostrar el reconocimiento a la labor realizada por los miembros de la ponencia permanente que en su día designó la comisión: senadora Lucio Gómez, García Díaz, Cortès Gès, Cánovas Essard, Ahedo Ceza y Abad Giralt y senador Lemus Rubiales.

Bajo la vigencia del reglamento de publicidad de las actividades de los señores senadores, todo cuanto declaramos, así como la documentación que presentamos, será objeto de publicación en la sede electrónica de la Cámara para poder ser objeto de escrutinio por nuestros conciudadanos.

Concluyo, solicitando, en nombre de la Comisión de Incompatibilidades, el voto favorable de sus señorías a este dictamen favorable sobre la situación de los señores senadores citados desde el punto de vista de la normativa en materia de incompatibilidades.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora López Gabarro.

¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones).

¿Puede aprobarse el dictamen por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobado.

Les comunico que, a continuación, se reunirá la Comisión Conjunta de las Comisiones General de las Comunidades Autónomas y Constitucional en la sala Europa, y la Comisión de Asuntos Exteriores en la Sala Enrique Casas.

Señorías, se levanta la sesión.

Buenas tardes.

Eran las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.


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