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DS. Senado, Pleno, núm. 34, de 14/06/2017
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 18

celebrada el miércoles, 14 de junio de 2017

ORDEN DEL DÍA



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DEBATE DE TOTALIDAD

Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 148.1 DEL REGLAMENTO DEL SENADO. 621/000002 presupuesto del Estado; proyecto de ley Presupuestos


TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

CONOCIMIENTO DIRECTO

Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos para evitar la doble imposición en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio y prevenir el fraude y la evasión fiscal y su Protocolo, hecho en Madrid el 24 de julio de 1992, que fue hecho en Madrid el 17 de diciembre de 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000032 relación bilateral; evasión fiscal; México


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 624/000004 asistencia judicial; modificación de la ley Justicia


Proposición de Ley de modificación de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. 624/000003 ayuda a los discapacitados; política social; jurisdicción; juez; interés legítimo para las Políticas Integrales de la Discapacidad

Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DEBATE DE TOTALIDAD

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 148.1 DEL REGLAMENTO DEL SENADO. 621/000002 Presupuestos

Comienza el debate de las impugnaciones de las secciones, que se tramitan como propuestas de veto.

Sección 01.

La señora Gorrochategui Azurmendi defiende la impugnación número 42, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora Cortès Gès defiende la impugnación número 60, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Altava Lavall, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 03.

La señora Palencia García defiende la impugnación número 43, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández González, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 04.

La señora Castel Fort defiende la impugnación número 61, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Ramírez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 06.

El señor Ayats i Bartrina defiende la impugnación número 62, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Angulo Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 08.

La señora Cánovas Essard defiende la impugnación número 44, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Ayala Santamaría, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 12.

El señor Gil García defiende la impugnación número 23, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Villanueva Ruiz defiende la impugnación número 45, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Martí Deulofeu defiende la impugnación número 63, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

El señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la impugnación número 2.

En turno en contra hacen uso de la palabra la señora Lucio Gómez y la señora Sánchez Zaplana, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 13.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la impugnación número 24, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Comorera Estarellas defiende la impugnación número 46, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Estradé Palau defiende la impugnación número 64, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

La señora Abad Giralt defiende la impugnación número 8, presentada por esta senadora y el señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hace uso de la palabra la señora Muñoz de la Iglesia, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 14.

El señor Álvarez Villazán defiende la impugnación número 25, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Vilà Galán defiende la impugnación número 47, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Castellana Gamisans defiende la impugnación número 65, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

La señora Abad Giralt defiende la impugnación número 9, presentada por esta senadora y el señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Rodríguez Comendador Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 15 y sección 36.

El señor Rubio Ruiz defiende la impugnación número 26, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Martínez Ruiz defiende la impugnación número 48, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora Pérez Esteve defiende la impugnación número 66, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

El señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las impugnaciones números 3 y 7.

En turno en contra hacen uso de la palabra el señor Martínez Arcas y el señor Valverde Menchero, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 16.

La señora Iglesias Parra defiende la impugnación número 27, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Mora Grande defiende la impugnación número 49, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Masih Nahar defiende la impugnación número 67, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

La señora Abad Giralt defiende la impugnación número 10, presentada por esta senadora y el señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hacen uso de la palabra el señor Represa Fernández y el señor Pérez Lapazarán, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 17.

El señor Delgado Jiménez defiende la impugnación número 28, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Garrido Gutiérrez defiende la impugnación número 50, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora Castel Fort defiende la impugnación número 68, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

El señor Bagué Roura defiende la Impugnación número 13, presentada por este senador y el señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Sánchez Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 18

El señor Menacho Villalba y el señor Montes Jort defienden la impugnación número 29, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Arrieta Arrieta defiende la impugnación número 51, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Picornell Grenzner defiende la impugnación número 69, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

El señor Bagué Roura defiende la impugnación número 14, presentada por este senador y el señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hacen uso de la palabra el señor Soler-Espiauba Gallo, la señora Torrado de Castro y la señora Mallol Gil, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 19 y Sección 60.

El señor Oñate Marín y el señor Varela Sánchez defienden las impugnaciones números 30 y 36, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Mesón Miguel defiende las impugnaciones números 52 y 57, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Rufà Gràcia defiende las impugnaciones números 70 y 76, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

La señora Rivero Segalàs defiende las impugnaciones números 15 y 19, presentadas por el señor Cleries i Gonzàlez y la propia señora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hacen uso de la palabra la señora Rodríguez Rueda y la señora Soto Rico, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 20.

La señora Delgado Oval defiende la impugnación número 31, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Jiménez García defiende la impugnación número 53, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Castellana Gamisans defiende la impugnación número 71, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

La señora Abad Giralt defiende la impugnación número 11, presentada por esta senadora y el señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hacen uso de la palabra el señor Pascual Madina, el señor Almodóbar Barceló y el señor Ramis Socías, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 23.

La señora Víboras Jiménez y el señor Palomo García defienden la impugnación número 32, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Angustia Gómez defiende la impugnación número 54, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Aubà Fleix defiende la impugnación número 72, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

La señora Rivero Segalàs defiende la impugnación número 16, presentada por el señor Cleries i Gonzàlez y la propia señora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hacen uso de la palabra el señor Cotillas López y la señora Pons Vila, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 25.

El señor Rodríguez Esquerdo defiende la impugnación número 33, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Cortès Gès defiende la impugnación número 73, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

El señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la impugnación número 4.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández González, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 26.

El señor Martínez Olmos defiende la impugnación número 34, del Grupo Parlamentario Socialista.

La señora Freixanet Mateo y la señora Palencia García defienden la impugnación número 55, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora Azamar Capdevila defiende la impugnación número 74, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

La señora Rivero Segalàs defiende la impugnación número 17, del señor Cleries i Gonzàlez y la propia señora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hacen uso de la palabra la señora Sánchez Torregrosa, la señora González López y el señor Alarcó Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 27.

El señor Caballos Mojeda defiende la impugnación número 35, del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Martínez Ruiz defiende la impugnación número 56, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor Rufà Gràcia defiende la impugnación número 75, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

La señora Rivero Segalàs defiende la impugnación número 18, presentada por el señor Cleries i Gonzàlez y la propia señora Rivero Segalàs, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno en contra hacen uso de la palabra la señora Contreras Olmedo y la señora Serrano Argüello, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 31.

El señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la impugnación número 5.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Fernández González, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Sección 32.

El señor Cleries i Gonzàlez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la impugnación número 6.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Valverde Menchero, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen el señor Alegre Buxeda y el señor Bagué Roura, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Cortès Gès, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Martínez Ruiz, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Vázquez García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor De las Heras Muela, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para el senador señor Pérez Pastor, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en sentido contrario a las impugnaciones de las secciones.

Se procede a votar. ...................................................................................

Se rechazan todas las impugnaciones de las secciones.



TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

CONOCIMIENTO DIRECTO

PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y PREVENIR EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL Y SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 1992, QUE FUE HECHO EN MADRID EL 17 DE DICIEMBRE DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000032

No se han presentado propuestas a este protocolo.

El señor Martí Deulofeu manifiesta que el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana se abstendrá en la votación.

El señor presidente informa a la Cámara de que la votación telemática ha sido autorizada para el senador señor Pérez Pastor, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, que ha emitido su voto en sentido favorable.

Se autoriza este protocolo, con el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 240 más 1 voto telemático, 241; abstenciones, 15.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/1996, DE 10 DE ENERO, DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 624/000004 Justicia

El señor Altava Lavall, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de totalidad.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Comorera Estarellas, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de portavoces intervienen el señor Estradé Palau, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Comorera Estarellas, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Represa Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Comienza el debate de los votos particulares.

La señora Abad Giralt defiende las enmiendas 6 a 11, presentadas por el señor Cleries i Gonzàlez y la propia señora Abad Giralt, del Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Navarrete Pla defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 1 a 5, inicialmente presentadas por el señor Mulet García y el propio señor Navarrete Pla.

El señor Bildarratz Sorron defiende las enmiendas 27 y 28, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

El señor Estradé Palau defiende las enmiendas 12 a 26, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

El señor Comorera Estarellas defiende las enmiendas 29 a 37, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno en contra hace uso de la palabra el señor Rodríguez Comendador Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

En turno de portavoces intervienen la señora Abad Giralt, el señor Rodríguez Cejas, la señora Domínguez de Posada Puertas y la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Estradé Palau, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Cánovas Essard, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Rodríguez Esquerdo, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Represa Fernández, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar.

Se rechazan todas las enmiendas.

El señor presidente informa a la Cámara de que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales la proposición de ley.



PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 15/2015, DE 2 DE JULIO, DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. 624/000003 para las Políticas Integrales de la Discapacidad

El señor Goñi Merino, presidente de la comisión, presenta el dictamen.

Comienza el debate de los votos particulares.

El señor Martí Deulofeu defiende las enmiendas 13 a 17, presentadas por el señor Estradé Palau y el propio señor Martí Deulofeu, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

La señora Rivero Segalàs defiende las enmiendas 1 a 4, del Grupo Parlamentario Mixto, inicialmente presentadas por el señor Cleries i Gonzàlez y la propia señora Rivero Segalàs.

La señora Ahedo Ceza defiende las enmiendas 7 y 18 a 20, del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).

En turno en contra hace uso de la palabra la señora González López, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Anuncia la presentación de la propuesta de modificación del dictamen.

En turno de portavoces intervienen la señora Rivero Segalàs y la señora Domínguez de Posada Puertas, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Martí Deulofeu, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Gorrochategui Azurmendi, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor De Lara Guerrero, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Acedo Reyes, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se procede a votar.

Se rechazan todas las enmiendas.

Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 47319.

Se aprueban aquellas partes de la proposición de ley enmendadas en comisión y no comprendidas en las votaciones anteriores.

El señor presidente informa a la Cámara de que, tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el senado al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Se levanta la sesión a las veinte horas y veinte minutos.

Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DEBATE DE TOTALIDAD

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2017. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DEL ARTÍCULO 148.1 DEL REGLAMENTO DEL SENADO. 621/000002 Presupuestos

El señor PRESIDENTE: Entramos en el debate de las impugnaciones que se tramitan como propuesta de veto. En primer lugar, sección 01.

Para la defensa de la impugnación número 42, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Gorrochategui. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

La señora GORROCHATEGUI AZURMENDI: Gracias, presidente.

Buenos días, senadoras y senadores. Disminución del gasto público y reducción en gastos sociales.

Estos presupuestos siguen la tendencia a la baja, implacable, que se inició ya en los presupuestos del año 2010. Y no es porque la crisis económica se esté superando, como dice el Gobierno, en el sentido de que las desigualdades sociales no necesiten ser equilibradas por medio del gasto público. No lo es, porque el 28 % de la ciudadanía vive en riesgo de pobreza y exclusión social. Además, desde el inicio de la crisis, España es uno de los países de Europa en los que más ha aumentado la desigualdad. Así que, si no es por eso, ¿por qué no utilizar el gasto público para reducir la fractura social? El ministro Montoro nos explicó ayer que era porque no había suficientes ingresos.

A pesar de que ha habido una espectacular subida del empleo, los ingresos por rentas de trabajo no han sido suficientes para paliar esa falta de ingresos públicos. Podríamos hablar de por qué no hay suficientes ingresos, pero no es el momento. Es el momento de decir que, ante esa falta de ingresos suficientes para reducir la fractura social, el Gobierno ha creído, sin embargo, que sí había dinero para aumentar la asignación a la Casa Real. Son 40 millones de euros de aumento para la Casa Real. Y ello a pesar de que la Corona no es, en teoría, una institución de poder político. Sin embargo, a pesar de no tener poder político y de no cumplir funciones de poder político, el rey, el titular de la Corona, merece un aumento sustancial en sus ingresos que le coloca en una posición asalariada, a costa del dinero público, mejor que la del presidente del Gobierno.

¿Por qué el rey necesita tanto dinero? El rey es una persona rica. Era rico ya con el dinero público a cargo de los presupuestos; era rico. ¿Por qué necesita dinero? No es porque no pueda encender la calefacción algunos días en invierno. No es porque su cesta de la compra no esté llena de alimentos de calidad. No es porque le falten metros cuadrados de techo. No es porque la escuela de sus hijas carezca de recursos materiales o de personal suficientemente preparado. No es porque tenga que elegir entre trabajar o cuidar de su familia. No es porque no tenga quien cuide a sus ancianos padres, por ejemplo, o a quien tenga una dependencia importante. No es porque tenga que planificar cuándo va a ir al dentista, si es que va, al margen de la necesidad que tenga. No le faltan las vacaciones ni la práctica de los deportes que le gustan, todos ellos. No tiene dificultades para acceder a la cultura ni al ocio. Es rico. Lo tiene todo a costa del dinero público. Entonces, ¿por qué el Gobierno ha creído que el rey merece aumentar sus ingresos mientras la ciudadanía no merece que se le aumente el gasto social? (Aplausos).

Senadoras y senadores, estamos en el siglo XXI, en una democracia constitucional; 1789 queda demasiado lejos como para estar pensando en reyes y reinas que viven a costa de la cosecha del pueblo.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora GORROCHATEGUI AZURMENDI: Termino, presidente.

Es tiempo de que el Estado garantice una sociedad igualitaria en la que sus ciudadanos vivan de forma libre y con todas sus necesidades materiales suficientemente cubiertas.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señoría.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para defender la impugnación número 60, tiene la palabra la senadora Cortès.

La señora CORTÈS GÈS: Buenos días, presidente, señorías.

Año tras año, Esquerra Republicana presenta una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado cuestionando la asignación que recibe la Casa Real. Año tras año, gobierne el Partido Popular o gobierne el Partido Socialista, el grupo parlamentario del Gobierno zanja el debate afirmando y reafirmando que la cantidad asignada es la que se le ha asignado siempre, actualizada, claro está, porque el coste de la vida sube también para los reyes y para los príncipes, y que no hay motivos para no modificarla.

Con esta actitud lo que hace el Gobierno es negar el debate, cuando el debate de hoy es precisamente cuánto dinero cobra el jefe del Estado. Lo cierto es que a nosotros, a nuestro grupo parlamentario, nos parece algo excesivo que el jefe del Estado cobre 21 419 euros al día, 7 818 000 euros al año, y que en este presupuesto se le haya incrementado el sueldo en 43 850 euros, cantidad que muchas familias no cobran al año, ni mucho menos. ¡No está mal el sueldo! Más aun teniendo en cuenta que ni paga el Palacio de la Zarzuela, ni ninguno de los frecuentes viajes, ni sus convites, ni sus cenas, ni los actos a los que asiste. Repito: 21 419 euros al día o, lo que es lo mismo: Felipe de Borbón cobra en un día tanto como la media de ingresos netos de las familias de España en todo el año. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Mentira!). ¡Verdad! (Aplausos). Aunque el Partido Popular exprese desde su bancada que estamos diciendo una mentira, no es ninguna mentira, es verdad. Este es el precio que tienen que pagar por votar a favor de sus presupuestos. En cinco días, cobra más que el presidente del Gobierno en todo el año. Sí, señores, sí, y todo ello sabiendo que palacios, jardines y castillos —de uso exclusivo de la familia real— son pagados y mantenidos por toda la ciudadanía, al margen de los 8 millones de euros que tiene asignada la Casa Real. Para ello, ya está la partida de más de 6 millones de euros de apoyo a la gestión administrativa de la Jefatura del Estado del Ministerio de Presidencia —la que votan la bancada de los populares—, de la misma manera que para los viajes oficiales también existe una partida en el Ministerio de Asuntos Exteriores y que la Guardia Real la paga el Ministerio de Defensa, o que sus palacios de El Pardo, Marivent o La Mareta los paga Patrimonio Nacional, y sin tener en cuenta tampoco que el rey no paga impuestos. Qué bien, ¿no? Su riqueza, gracias al Gobierno, se incrementa con este presupuesto. No obstante, como ustedes están tan en desacuerdo, les vamos a proponer una transacción: restamos de la partida de Casa Real de los presupuestos del Estado los casi 300 000 euros que cobran Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia y les asignamos una pensión por jubilación, eso sí, si es que han cotizado. Si no han cotizado, que cobren la pensión no contributiva. ¿Qué les parece, se conformarían los dos con 400 euros al mes? ¿Subimos un poco más y lo dejamos en 700 euros al mes en catorce pagas, es decir, 9800 euros al año? Esto es lo que cobran la mayoría de los pensionistas, y algunos no llegan ni a cobrar esto. Por lo tanto, en vez de decir tantas mentiras, nosotros les decimos: ¡menuda poca vergüenza tienen ustedes!

En conclusión, vamos a mantener la enmienda a los presupuestos de la Casa Real.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (San Alonso): Gracias, senadora Cortès.

Para el turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

En primer lugar, en nombre de mi grupo parlamentario, quiero desear la pronta recuperación del senador Antich. Esperamos verle muy pronto entre nosotros. (Aplausos).

Señorías, año tras año —any rere any, como diría alguno de nosotros—, nos encontramos con los mismos argumentos para el rechazo; y nosotros, desde luego, con los mismos argumentos —y alguno más— para su defensa.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2017, como puso ayer de manifiesto el señor ministro y todos los portavoces que intervinieron, pretenden afianzar la consolidación del crecimiento económico, la creación de empleo, garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Unión Europea. Y al cumplimiento de esos objetivos, señorías, contribuye también el presupuesto de la Casa Real.

No es cierto lo que se dice en la enmienda 43, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y tampoco lo que dice la enmienda 65, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, respecto a las propuestas de veto.

Señorías, la Casa de Su Majestad el Rey no es ajena a la realidad de España. En momentos de crisis, se congeló su presupuesto, en 2010; en 2011 se recortó un 5,2 %; en 2012, un 2 %; en 2013, un 4 %; en 2014 —añadido a todo lo anterior—, un 2 %; y se volvió a congelar en 2015 y en 2016. Ahora, solo ahora, en 2017, tiene un incremento del 0,5 %, 43 000 euros más. No como dice la enmienda del Grupo Parlamentario Podemos, en su propuesta de veto, en la que figura un incremento de más de 40 millones de euros. No es verdad, señorías. Hay que leer bien el presupuesto, desde luego, de manera bien intencionada. No se aumenta en más de 40 millones de euros, solo en 43 000, un 0,5 %.

El rey, señorías, es la cabeza de la Casa Real, y el presupuesto no lo recibe personalmente sino de manera global para la Casa Real, tal y como establece el artículo 65.1 de la Constitución. Y el, como jefe de esa casa, lo distribuye libremente. Por tanto, no es solo el sueldo del rey, es la asignación anual a la casa del rey y, por tanto, contra ese presupuesto van los salarios, retribuciones, gastos y prestaciones sociales de todo el personal, incluyendo altos cargos, funcionarios y personal laboral, así como gastos corrientes, no solamente los de protocolo o de viajes sino de mantenimiento, reparaciones y otros. En otras palabras, como cualquier otra institución del Estado tienen su propio presupuesto autónomo. La enmienda 43, de Podemos, pretende dejar a la Casa Real con un 25 % de su actual presupuesto. Y la propuesta de veto de Esquerra Republicana propone dejar a la Casa Real con un 1 % del actual presupuesto.

La Casa Real, señorías, desarrolla la labor reconocida en el Título II de la Constitución, como bien conocen, artículos 56 a 65, asumiendo la más alta representación del Estado, y eso se puede comprobar porque la actuación del rey es ejemplar en todo el mundo, según se reconoce en foros internacionales, y cumple con sus obligaciones constitucionales dadas por todos en la Constitución como jefe de Estado. Además, señorías, la Casa de Su Majestad el Rey actúa con total transparencia. Podría no tener, pero tiene, desde el año 2014 —ustedes reconocen la transparencia en su propuesta de veto—, una auditoría anual a través de la Intervención General de la Administración del Estado. En la propia página web, que es pública, a la cual pueden acceder, hay una pestaña que se llama: transparencia que, si se abre, aparece la información organizativa y de aplicación, la normativa que rige la Casa de Su Majestad el Rey, y la información económica, presupuestaria y estadística, con una subpestaña de solicitud de información abierta para cualquier ciudadano que tenga interés en alguna partida en concreto; por cierto, todo eso aprobado con la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, firmada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sancionada por el rey emérito Juan Carlos I.

Señorías, en el primer informe que ha elaborado el Consejo de Transparencia y buen Gobierno, la Casa de Su Majestad el Rey ha conseguido 9,42 puntos sobre 10, siendo así la cuarta institución del Estado en transparencia detrás del Tribunal de Cuentas, el Consejo General del Poder Judicial y del Banco de España. Sería deseable que todas las instituciones tuviéramos esa misma obligación y transparencia que tiene la Casa Real.

En resumen, señorías, la Casa de Su Majestad el Rey es una institución recogida constitucionalmente, que tiene su presupuesto, que se ha visto reducido y congelado durante los últimos siete años, y que después obtiene un ligero incremento del 0,56 % para realizar una labor de Estado propia de la posición institucional que ocupa, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales que tiene asignadas. La Casa de Su Majestad el Rey tiene un presupuesto cuya finalidad es que el jefe del Estado pueda ejercer, con la independencia que le corresponde, su labor constitucional y, además, en cumplimiento de la legislación vigente, es una institución transparente, como ustedes mismos también reconocen, y consecuente con la realidad social y económica del país.

Por eso, señorías, señor presidente, el presupuesto de la Casa de Su Majestad el Rey contribuye también a alcanzar esos compromisos de consolidación de la recuperación económica, de empleo y de reducción del déficit público, que he puesto de manifiesto, y, por ello, vamos a rechazar las dos propuestas de veto presentadas a la sección 01. Tampoco vamos a aceptar la transaccional sorpresiva que hoy mismo se nos acaba de plantear.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Altava.

Pasamos a la sección 03.

Para la defensa de la impugnación número 43, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Palencia.

La señora PALENCIA GARCÍA: Muchas gracias.

Señorías, antes de comenzar, quiero mandar un afectuoso saludo y todos los ánimos al senador Antich de parte de nuestro grupo, Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Nosotros hemos presentado una enmienda a esta sección, una sección que se ocupa del Tribunal de Cuentas, porque creemos que es un órgano fundamental para la lucha contra la corrupción. Un órgano fundamental para la lucha contra la corrupción no puede sufrir una merma en su presupuesto. La ley define al Tribunal de Cuentas como el órgano supremo fiscalizador de las cuentas del Estado, así como fiscalizador de la actividad económica de los partidos políticos.

Pues bien, el panorama actual de corrupción política y falta de transparencia, principalmente por los casos de corrupción que abandera el Partido Popular, hace, si cabe, más necesario reforzar la acción de los organismos que fiscalicen las cuentas públicas y mejoren la calidad democrática de nuestro sistema. En este punto, el Tribunal de Cuentas debe jugar un papel fundamental con recursos suficientes, que devuelva la credibilidad a nuestro sistema democrático. Destinar escasos recursos a un órgano vital para nuestro sistema democrático podría entenderse como una forma de evitar o impedir la detección de irregularidades, tanto del propio Tribunal de Cuentas como de aquellos partidos que, precisamente, apoyan esta escasez de recursos y, a su vez, están incursos en procesos de corrupción.

Es evidente que el gasto fijado para el Tribunal de Cuentas es insuficiente y, además, hay que añadirle las numerosas quejas de cómo se gestiona este insuficiente presupuesto. Estas quejas se centran, en primer lugar, en la gestión arbitraria y opaca de las gratificaciones y, además, denuncian el abuso de los procedimientos de contratación por libre designación. Esto último no lo decimos nosotros, lo dicen diferentes sentencias de diferentes tribunales de justicia. En segundo lugar, resulta incomprensible el incremento de gastos superfluos como aquellos destinados a algunas publicaciones o prensa y, en cambio, otros gastos de mayor importancia para el personal, como puede ser el de formación, se han reducido drásticamente en los últimos años. Un funcionario insuficientemente formado y sin recursos dificulta seriamente el trabajo de fiscalización, tanto de las cuentas del Estado como de la fiscalización efectiva de la actividad económica de los partidos. Si bien es cierto que la partida presupuestaria destinada a personal aumenta, es cierto también que la destinada a la Seguridad Social no. En consecuencia, aunque se actualizan los salarios de personal, dicha partida no destina recursos a la contratación de nuevo personal, con lo que se garantizaría una mejor fiscalización de las cuentas públicas.

Nosotros creemos que es necesaria y prioritaria la regeneración de la institución. El Tribunal de Cuentas tiene que dejar de ser un instrumento politizado, infrafinanciado y con una gestión puesta en duda por los tribunales de justicia, que ha propiciado un campo de cultivo ideal para que la corrupción campe a sus anchas por las filas del Partido Popular.

En definitiva, apostar por la transparencia, eficacia y honradez en las instituciones, no es romper discos duros a martillazos para destruir pruebas y obstruir la acción de la justicia, ni utilizar de forma partidista las instituciones del Estado. Apostar por la transparencia, eficacia y honradez en las instituciones es dotar de recursos suficientes a los órganos fiscalizadores y gestionar estos recursos de una manera eficaz y transparente.

Muchísimas gracias.(Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Palencia.

Para el turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Fernández González.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. Por supuesto, nos sumamos a los deseos de pronta recuperación del senador Antich.

Paso ahora a analizar y a señalar nuestra oposición a este veto de la sección 03.

La sección 03 del presupuesto se refiere, como aquí se ha indicado, al Tribunal de Cuentas que gestiona el programa relativo al control externo del sector público, a través del cual el Tribunal de Cuentas desarrolla sus actividades y sus funciones. Con este presupuesto, al igual que en años anteriores, se garantiza que el funcionamiento del Tribunal de Cuentas sea plenamente satisfactorio —así lo está siendo hasta la fecha y, de hecho, en el funcionamiento del Tribunal de Cuentas no se ha planteado ningún problema de insuficiencia presupuestaria—.

Por lo que se refiere a su labor de fiscalización externa de la actividad económica financiera del sector público, es cierto que el Tribunal de Cuentas viene realizando su labor fiscalizadora de forma cada vez más intensa y que cada vez abarca más ámbitos de dicha actividad y además, se va poniendo al día y va actualizando sus informes de fiscalización. Esta misma semana el presidente del Tribunal de Cuentas tuvo ocasión de explicarnos en la comisión mixta los informes relativos a las elecciones autonómicas de 2015, y eran informes que ya se hicieron en el año 2015, es decir, se ha puesto de manifiesto que el Tribunal ya aprueba sus informes en un plazo de tiempo muy razonable, y eso es porque cuenta con medios personales y materiales para ello.

Por lo que se refiere a la función de enjuiciamiento, los datos relativos a la tramitación de los asuntos relativos a la función jurisdiccional hablan por sí solos. Durante 2016 han ingresado en la Sección de Enjuiciamiento un total de 1236 asuntos y se han resuelto 1338; es decir, con un presupuesto similar a este, el Tribunal de Cuentas es capaz de resolver más asuntos de los que entran. Por tanto, entendemos que el presupuesto correspondiente a esta sección garantiza el correcto funcionamiento de una institución tan importante como la del Tribunal de Cuentas.

Pero, por otro lado, hay que decir que este veto no ofrece ningún argumento serio por el cual debería vetarse el presupuesto de esta sección. Se limitan ustedes a afirmar que les parece extremadamente insuficiente. A todos nos gustaría que en todos los programas hubiese más fondos, pero precisamente para eso están los presupuestos, para repartir esos fondos de forma equilibrada y eficiente. Lo cierto es que la única razón que ofrece Podemos para sostener esta extrema insuficiencia es que, según ustedes, no se piensa destinar más recursos para la contratación de personal para dotar al Tribunal de Cuentas de los recursos humanos necesarios para luchar contra la corrupción y el despilfarro en las administraciones. Pues mire, señoría, esta razón es pura y llanamente falsa. Precisamente durante los tres últimos años, con presupuestos similares a este, el Tribunal de Cuentas ha sacado adelante convocatorias para cubrir plazas en esa institución. Les voy a dar cifras y no meras frases de propaganda como las suyas: en el año 2014, el Tribunal de Cuentas convocó las siguientes plazas del Grupo A: 5 de letrados, 5 del Cuerpo superior de auditores y 15 plazas del Cuerpo técnico de auditores. En 2015 se convocaron 2 plazas de letrados, 10 del Cuerpo superior de auditores y 15 del Cuerpo técnico de auditores. En 2016 —porque por primera vez se hicieron convocatorias tres años seguidos— se convocaron 5 de letrados, 5 del Cuerpo superior de auditores y 20 del Cuerpo técnico de auditores. En 2017 la propuesta de empleo —que ya se elevó al pleno del Tribunal, solo está pendiente de la aprobación de estos presupuestos— prevé 8 plazas del Cuerpo superior de auditores y 15 del Cuerpo técnico de auditores. ¿Y sabe por qué ya no convocan plazas de letrados? Porque se ha llegado al número máximo que la Ley de funcionamiento del tribunal establece para los letrados. Es decir, ya no puede haber más plazas de letrados.

Por tanto, señoría, la realidad y los hechos demuestran que nada más lejos de la verdad que lo que ustedes arguyen para fundamentar el veto en esta sección. El Tribunal de Cuentas ha destinado todos los recursos necesarios para cumplir su función.

Pero lo más llamativo del veto es que ustedes se basan en quejas sobre cómo se gestiona el presupuesto. Ustedes se quejan porque creen —y aquí lo han puesto de manifiesto— que hay una asignación opaca, una asignación insuficiente y un abuso de procedimientos de contratación; dicen incluso que hay gastos superfluos como los libros, las publicaciones y las revistas —que no son revistas de entretenimiento, son revistas técnicas—. Si ustedes no entienden que hay que gastar dinero en libros para que una institución como el Tribunal de Cuentas cumpla su función, no voy a venir yo a explicarles lo importantes que son los libros en esta materia.

Son temas sobre cómo se ejecuta el presupuesto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Como se ejecuta mal el presupuesto, ¿lo que hay que hacer es no aprobarlo? No, señoría, hay que ser coherente. Ustedes podrán estar en desacuerdo con una sección, con un presupuesto por su contenido, no por cómo se va a ejecutar después. Es como si ustedes dijeran que no están de acuerdo con una ley porque no están conformes en cómo se va a desarrollar después el reglamento que la ejecuta, o que no están de acuerdo con el Tribunal de Cuentas porque no les gusta sus informes. Ustedes tendrán que cuestionar por el contenido del presupuesto y no por cómo se ejecuta.

En cualquier caso, me alegra que ustedes finalicen diciendo...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Termino, señor presidente.

Me alegro de que terminen diciendo que es una institución fundamental para el Estado de derecho y que necesita unos presupuestos acordes con su relevancia. Y me alegro que digan esto porque yo tuve que oírles decir en la Comisión Mixta que proponer al Tribunal de Cuentas fiscalizar al sector público era como poner al zorro a cuidar de las gallinas. Desde luego, ahora me alegro de que cambien esa forma de entender el Tribunal de Cuentas y muten considerando que es lo que realmente es: una institución fundamental para el Estado de derecho.

Como estamos convencidos de que con estos presupuestos el Tribunal de Cuentas va a poder seguir funcionando a pleno rendimiento, por ello nos oponemos al veto de esta sección —03— del presupuesto. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Fernández González.

Pasamos a la sección 04.

Para la defensa de la impugnación número 61, de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Castel.

La señora CASTEL FORT: Buenos días.

Los y las senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presentamos enmienda a la totalidad a la sección 04, correspondiente al Tribunal Constitucional, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año 2017 y solicitamos su devolución al Gobierno español.

Estos presupuestos refuerzan la instrumentalización política de un tribunal que debería ser pulcramente independiente. Sin embargo, se trata de un tribunal que, tras las reformas introducidas por el Ejecutivo español, inadmite el 99 % de los recursos presentados. Se trata de un tribunal que, tras las reformas introducidas por el Ejecutivo español, provoca que la propia Comisión de Venecia, del Consejo de Europa, dictamine que tiene dañada su independencia —repito, la Comisión de Venecia dictaminó que el Tribunal Constitucional, tras la última reforma, tiene dañada su independencia— porque se trata de un tribunal que tiene la capacidad de hacer ejecutar sus propias sentencias. Se trata de una fórmula que en Derecho Comparado es una auténtica excepción. La Comisión de Venecia rechaza asimismo que el Tribunal Constitucional pueda suspender cargos públicos porque atenta contra la neutralidad de la que debería estar imbuido. Se trata de un tribunal que refuerza la represión política, que refuerza la represión judicial del debate independentista de Cataluña —repito, del debate, de debatir, de razonar, de hablar, de intercambiar ideas—. Se trata de un tribunal que ha vuelto ordinaria la convocatoria extraordinaria de plenos. Se trata de un tribunal que admite recursos judiciales contra actuaciones políticas. Se trata de un tribunal que suspende leyes aprobadas por el Parlament de Catalunya —donde reside la soberanía del pueblo catalán— con el único objetivo de reprimir a los adversarios políticos del Ejecutivo español. Se trata, en definitiva, de un tribunal que se ha erigido en el brazo ejecutor de la represión política. De manera que el Gobierno de Mariano Rajoy intenta ganar con sentencias lo que es incapaz de ganar con las urnas, porque se trata, en conclusión, de un Gobierno demofóbico y demoescéptico, que teme las urnas y prefiere manipular las instituciones para callar y hacer enmudecer las ideas políticas diferentes a las suyas. Pero los catalanes, señorías, no enmudeceremos, no callaremos; les aseguro que nos escucharán alto y claro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Castel.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para el turno en contra, tiene la palabra el senador Ramírez Rodríguez.

El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.

La actual enmienda, la número 61, de los Presupuestos Generales del Estado, es una impugnación que eleva Esquerra Republicana de Cataluña a la sección 04 sobre los presupuestos del Tribunal Constitucional.

Señorías, el Tribunal Constitucional cuenta con autonomía presupuestaria y su presupuesto constituye la sección 04 de gastos de los Presupuestos Generales del Estado.

Con arreglo a lo previsto en el artículo 10, apartado 3, de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, el Tribunal en pleno, en ejercicio de su autonomía como órgano constitucional, elabora su presupuesto, que se integra como una sección independiente dentro de los Presupuestos Generales del Estado. En consecuencia, el pleno del Tribunal procede a la aprobación del proyecto de presupuestos de cada ejercicio para su incorporación a los Presupuestos Generales del Estado, remitiéndose a tal fin el proyecto a las Cortes Generales para su aprobación a través del Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Cuando en su momento se dieron a conocer las conclusiones de la Comisión de Venecia, del Consejo de Europa, que emitió un informe sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del año 2015, ustedes, los miembros de Junts pel Sí, se apresuraron a trasladar la imagen de que dicho informe suponía un varapalo a la reforma y que desautorizaba la instrumentalización del Tribunal Constitucional, que, según ustedes, además también se pretendía. Cuando se pudo disponer del texto completo del informe, se comprobó que lo que dice la Comisión de Venecia no se correspondía con lo que ustedes deseaban, con lo que a ustedes les convenía, lo que vendría a ser acorde con el mensaje que ustedes envían en su impugnación. Al revés, el informe es un alegato contundente a favor del necesario cumplimiento de las decisiones del Tribunal Constitucional, y si se desautoriza a alguien es a quienes pretenden situarse por encima de ellas y no acatarlas. La impresión que se saca es que se trata de uno de los textos más lúcidos que se han producido sobre la espinosa cuestión de la ejecución de las sentencias del Tribunal Constitucional.

A nadie le cabe duda de que el efectivo cumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional ha planteado dificultades de cierto calado. Sin embargo, la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional del año 2015 intentó dotar al alto tribunal de nuevos instrumentos para la ejecución de sus resoluciones. Las dudas que, sin embargo, algunos planteaban a la reforma acabaron materializándose en una petición por parte de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para que la Comisión de Venecia examinara la adecuación a la reforma. La conclusión del informe es que la reforma no contradice ningún estándar europeo y, en ese sentido, avala la modificación efectuada.

Esta sería, de alguna manera, la emisión de la música y de la letra de un disco rayado. Por mucho que ustedes se empeñen en el texto de su impugnación en hablar de un tribunal político, en hablar de que este es una especie de tribunal ad hoc, eso no se compadece en absoluto con la realidad, como puede desprenderse del estudio de cualquiera de las sentencias del Tribunal Constitucional, que no solamente le quita la razón a un grupo, que no solamente se dedica a quitarles la razón a los que van contra la ley —en este caso, los nacionalistas independentistas catalanes—, sino a aquellos que no están cumpliendo las leyes y la Constitución.

El Tribunal Constitucional es independiente y, en su función como intérprete supremo de la Constitución, está sometido a la propia Constitución y a dicha ley, a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, atendiendo siempre a los principios de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político.

Por tanto, señorías, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta impugnación, como hacemos cada año y se podría decir que ya es tradición.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Ramírez.

Pasamos a la sección 06.

Para la defensa de la impugnación número 62, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Ayats.

El señor AYATS I BARTRINA: Gracias, señor presidente.

Señorías, mi grupo parlamentario presenta este veto a la deuda pública teniendo en cuenta que hace tiempo que ya supera el billón de euros y se sitúa en torno al cien por cien del PIB, una deuda que se ha reducido levemente por la caída de los tipos de interés gracias al Banco Central Europeo —es cierto— y que también es verdad, se ha cronificado.

Según el Gobierno, el endeudamiento conjunto de las administraciones públicas será del 99 % del PIB este 2017. Se producirá, pues, el segundo año de una leve disminución de la deuda pública después de siete años de aumento debido a la crisis económica. En este periodo, la deuda ha pasado del 35,6 % del PIB en 2008 hasta el 101 % en el primer trimestre de 2016. Insisto, se producirá este leve descenso si se cumplen las previsiones, previsiones sobre las que tenemos nuestras dudas, igual que ha manifestado la Airef o el gobernador central respecto del optimismo hacia los ingresos. En cualquier caso, una deuda que incluye la producida por el rescate bancario —cerca de 90 000 millones de euros—; la deuda del sector eléctrico, de más de 30 000 millones de euros; la deuda producida por la construcción del AVE, de más de 24 000 millones de euros; o la deuda militar producida por la compra de armamento obsoleto, que supera los 30 000 millones de euros. Es decir, un conjunto de deudas que el Estado no ha permitido —y es una de las razones básicas de este veto— que fueran auditadas públicamente por autoridades independientes para conocer el detalle y la profundidad de las mismas.

Como decía, y gracias a la balsámica intervención del Banco Central Europeo, el tipo medio que paga España por la deuda ha caído en picado en los últimos años. Como consecuencia, el Estado se gastará 32 171 millones de euros en intereses —un 3,9 % menos y lejos de los casi 37 000 millones destinados a esta partida en 2014; cierto—, pero, eso sí, la cifra duplica más de los 16 000 millones de euros que España pagaba en intereses al inicio de la crisis en 2008. Y a esto se deben añadir posibles nuevos retos. Identificamos de momento dos: demográficos —las generaciones futuras serán menos, por tanto, serán menos a pagar— y porque algún día, más pronto que tarde, van a subir los tipos de interés, y cuando suban los tipos de interés, este problema se va a multiplicar.

En resumen, para ir terminando, no conocemos los detalles y el alcance de nuestra deuda, ya que nunca se han permitido auditorías. Sobre todo quiero insistir en que estos presupuestos no responden a estos retos y desafíos que existen en la actualidad y que perpetúan un mismo modelo de Estado que no compartimos, y así lo expresaremos democráticamente en las urnas el próximo 1 de octubre.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señoría.

Turno en contra.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Angulo.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.

¡Qué desparpajo hace falta, señor Ayats, para ser uno de Esquerra Republicana y venir aquí a cuestionar la deuda del presupuesto de 2017! Hace falta, no ya valor, desparpajo (Aplausos); porque, claro, con lo que tienen ustedes en Cataluña,... Una deuda que los gobiernos en los que siempre ha estado Esquerra Republicana han hecho que pase del 12,7 % al 35,4 % del PIB. Ustedes tienen credibilidad cero en materia de deuda, deuda que no solo no reducen sino que siguen aumentando. Una deuda que tiene la calificación 4 escalones por debajo del bono basura, señorías. Una deuda que no compra ni el Banco Central Europeo —la deuda catalana—. Y ustedes han estado siempre en esos gobiernos que han dejado todo a deber y que han confiado en ese Estado español y en los mecanismos de liquidez que ha puesto a disposición de las administraciones territoriales el Gobierno del Partido Popular para que puedan pagar los gastos de las medicinas de los catalanes, los gastos de los hospitales de los catalanes, los gastos de las escuelas de los catalanes y los gastos de las prestaciones en dependencia de los catalanes. (Aplausos). Y ha merecido la pena, señorías, pero ustedes tienen que decir la verdad.

Yo entiendo que es mucho más fácil ir con esos discursos, generar esos debates políticos para tapar la realidad del desastre de unas cuentas en las que ustedes, los de Esquerra, siempre han sido indiscutibles protagonistas. Lo principal que ha aumentado la deuda han sido los mecanismos de liquidez, que han supuesto que las comunidades autónomas hayan recibido en estos años —desde el 2012— 236 000 millones de euros. Pero, fíjese, de esos doscientos y pico mil millones de euros, 67 000 millones de euros han ido a pagar los servicios públicos fundamentales de los catalanes, porque mientras el Gobierno catalán gasta en propaganda independentista, otros tienen que ir a pagar las facturas que ustedes han dejado a deber de forma sistemática. El Gobierno catalán se ha ahorrado en intereses 9000 millones de euros. Ojalá para ustedes fueran una prioridad, como lo es para el Gobierno de España, la sanidad, la educación, la atención a las personas, ojalá lo fueran, señorías. Porque tienen ustedes mucho que aprender de deuda y no venir aquí a vetar la sección de deuda de los Presupuestos Generales del Estado.

No entiendo muy bien qué es lo que quieren vetar. Ustedes dicen en su veto que el Gobierno español está reduciendo la deuda. Claro, con sus antecedentes, es eso lo que les parece mal;



como ustedes la quieren subir indefinidamente, eso les parece mal. Pero, fíjense, nosotros tenemos un horizonte. Está bajando la deuda —lo dicen ustedes en su papel— hasta el 98,8 en 2017 y hasta el 92,2 en el año 2020.

Ustedes están en contra de la deuda porque, de hecho, presentan enmiendas que plantean otra vez un gasto incontrolado —como han hecho siempre— que no se sustenta en ingresos existentes. Eso es lo que ustedes saben hacer. No nos han dicho tampoco que la deuda, con su aplauso a aquellos gobiernos del señor Zapatero, subió entre 2007 y 2011, la duplicaron, y que, aun así, no sirvió para nada, porque con una mala política económica dejaban todo a deber, y nos dejaron al borde del rescate. Aun así, los titulares decían que España era incapaz de ajustar el déficit —que estaba en más de un 9 %, en 90 000 millones de euros—, y ni siquiera decían la verdad sobre él ya que dejaron 40 000 millones a deber en Fomento, 17 000 millones a deber en Sanidad. Y ustedes esas políticas socialistas, como no puede ser de otra forma, las aplaudían y las jaleaban. Cómplices también de todo eso.

Hoy ustedes plantean un veto. ¿Para qué? ¿Para que no baje la deuda? Creo que fue más sincera ayer su portavoz, la senadora Cortès. Ella decía que iban a vetar este presupuesto porque tenían otras prioridades, y es verdad. La prioridad del Partido Popular es la creación de empleo, más de medio millón de puestos de trabajo cada año —que es lo que estamos haciendo porque es en lo que creemos—, esa es la prioridad del Partido Popular, y por eso, porque lo hemos hecho, hoy vemos cómo el Banco de España nos anuncia ya un crecimiento del 3,1 % —6 décimas superior a lo que aparece en los presupuestos generales—. Pero parece que a ustedes que vaya bien España —Cataluña incluida, porque es parte de España— les molesta; les molesta porque, como dice hoy el diario El País, la creación de empleo marca récords; la demanda interna apenas pierde fuelle; las exportaciones están en máximos históricos; se reduce la deuda privada y mejora la competitividad de la economía española; y el crecimiento se asienta sobre fundamentos sólidos y no sobre aquellos brotes verdes que ustedes aplaudían y jaleaban con tanto entusiasmo.

Para terminar, señorías, les diré que la deuda la estamos bajando y que estamos mejorando todas las variables económicas. ¿Saben por qué? Es cuestión de credibilidad y de confianza; de una credibilidad y de una confianza que está llegando de la mano de las reformas, de la mejora de la competitividad y de las políticas económicas del Gobierno. ¿Eso no les parece importante? Pues debería parecérselo, porque hoy pagamos 7000 millones menos en intereses de esa deuda porque hay confianza, porque tenemos acceso a los mercados —no como el bono basura de la deuda catalana—, porque pagamos menos intereses y tenemos mejores condiciones de financiación. Y así podemos dedicar al gasto social 50 000 millones más de lo que en 2007. Yo creo que ustedes también en el fondo confían en las políticas económicas del Gobierno español…

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: Termino, señor presidente.

Ustedes han oído hablar del informe Junqueras, ¿no? Lo que ustedes mandan a los inversores internacionales en un informe remitido por un departamento que depende del señor Junqueras, de la Generalidad de Cataluña, es que confíen en que la Generalitat devolverá, que la Generalitat responde, porque hay un mecanismo en España que se llama fondo de liquidez autonómico. Lo que no les han dicho a los inversores es que ese fondo de liquidez…

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

La señora ANGULO MARTÍNEZ: ... lo pone a disposición y responde de él el Gobierno de España del Partido Popular.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Angulo.

Pasamos a la sección 08.

Para la defensa de la impugnación número 44, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Cánovas.

La señora CÁNOVAS ESSARD: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

Vamos a impugnar en concreto esta sección, la relativa al Consejo General del Poder Judicial, porque el presupuesto que nos presenta el Gobierno es aparentemente beneficioso pero engañoso en realidad. Uno de los argumentos que defiende el actual modelo del consejo, diseñado, como bien saben, por los señores Ruiz-Gallardón, Carlos Lesmes, Díez-Picazo, es que supone un enorme ahorro para los contribuyentes, y atribuyen este ahorro al diferente estatuto de los vocales, al esfuerzo de austeridad de sus administradores, argumento que es absolutamente demagógico.

Si miramos más lejos, las cantidades globales de presupuesto para el Consejo General del Poder Judicial en la época anterior a su reforma —es decir, antes de la Ley 4/2013— rondaban unos 77 millones de euros frente a los 56,5 millones que se presupuestan para este ejercicio. Desde una perspectiva cuantitativa poco se puede decir al respecto —¡menudo ahorro para los contribuyentes!—. Pero no es así, porque, no en vano, una de las críticas que más firmemente se esgrimen respecto a este nuevo consejo es la falta de autonomía presupuestaria. Y hay que traer a colación varias cuestiones: que dicha autonomía financiera incluye la capacidad de aprobar su propia presupuesto, sus modificaciones, sus normas anuales de ejecución presupuestaria, además de llevar un programa concreto de rendición de cuentas.

El informe que elaboró el Consejo General del Poder Judicial anterior a la reforma del 2013 nos decía que «Resulta de difícil comprensión que el consejo general, órgano que mejor conoce las auténticas necesidades de la justicia y su situación, ya no solo no tenga competencias, sino que no tenga ni siquiera posibilidad de confeccionar el presupuesto de la Administración de justicia y no pueda, por tanto, dar ningún tipo de respuesta a la urgencia necesaria a veces de sobrecarga de trabajo de ciertos juzgados y tribunales, con las consecuencias que ello deriva para la Administración de justicia.» Además, desde el año 2013, el control previo del gasto del Consejo General del Poder Judicial se lleva a cabo por la Intervención General del Estado y el control externo, por el Tribunal de Cuentas.

Debe destacarse que la Intervención General del Estado es un órgano integrado en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y la función que desempeña este órgano perteneciente al Ejecutivo en sí mismo afecta a la independencia necesaria que debe ostentar este órgano del Consejo General del Poder Judicial. No lo decimos nosotros, lo dice la asociación de jueces Foro Judicial Independiente —y no se trata de una asociación precisamente de izquierdas sino más bien de derechas—, y está haciendo un llamamiento a la huelga de jueces, exponiendo como primer punto reivindicativo que el Consejo General del Poder Judicial recupere su autonomía presupuestaria. No son pocos los jueces de toda ideología que reivindican que a ello se añada la inclusión de una partida que afronte el pago de los sueldos de jueces y magistrados, para asegurarse realmente la independencia del ministerio. También existen argumentos que dicen que se contribuye al ahorro, según afirma el propio consejo, porque se paga menos cantidad de sueldos.

Bueno, seamos sinceros; de los 20 consejeros, solamente 13 no son permanentes, con lo cual no tienen derecho a cobrar ningún sueldo ni a ningún coche oficial ni a gastos de ningún tipo. Por tanto, este argumento es engañoso. Tenemos menos consejeros permanentes, y, naturalmente, menos gasto.

Y, para añadir más realidad a lo que estamos diciendo, que le falta independencia a este máximo órgano judicial, lo último que ha hecho es crear los juzgados para las cláusulas suelo. Y lo ha hecho de la mano del Ministerio de Justicia, a espaldas de las asociaciones de jueces, de fiscales, y, como siempre, a espaldas de la ciudadanía y de los derechos del consumidor.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora CÁNOVAS ESSARD: Por tanto, impugnamos expresamente esta sección 08 de los presupuestos generales presentados por este Gobierno.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Cánovas.

Para turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Ayala.

La señora AYALA SANTAMARÍA: Buenos días, señorías.

Senadora Cánovas, no entiendo cómo se puede empezar diciendo que un presupuesto es aparentemente beneficioso cuando en realidad lo es. Usted intenta generar la polémica diciendo que es aparentemente beneficioso para que parezca perjudicial. Y no lo es. Además, habla usted de la autonomía. Me parece muy interesante que hable del tema, porque yo, cuando he tenido que acudir a los responsables de realizar esta sección, a quien he acudido no ha sido al Ministerio de Justicia; he acudido, o mejor, me ha proporcionado los datos directamente el Consejo General del Poder Judicial; o sea, que le niego la mayor. No es verdad. Por otro lado, estoy absolutamente segura de que usted estará de acuerdo, por mucho que una o varias asociaciones de jueces digan en un momento determinado algunas cosas, en que tienen que tener, como órganos constitucionales que son, un cierto control del Estado. Lo que no podemos permitir es que no tengan ningún control presupuestario, porque todos los órganos constitucionales lo tienen. Me parece que eso va de suyo.

Decía Séneca que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Y ustedes, lo que nos dicen en distintos momentos —y lo manifiestan así en su escrito de impugnación a esta sección— es que no tenemos rumbo. Hablan también de la selección y de la formación de jueces, y dicen que la cuantía destinada para ello disminuye un 30 %. Es curioso que no se lo haya oído decir aquí, cuando se lo oí decir en el Congreso y cuando, además, va en su escrito de impugnación. Claro que es verdad que a veces uno baja aquí y no le da tiempo a todo. Pero, ciertamente, no he encontrado ese dato en ningún lugar, porque en todos los sitios donde he mirado para documentarme sobre el tema de la selección y formación de jueces, lo que he visto es que las transferencias corrientes de este año aumentan en un 10,31 %; con lo cual, no puedo entender que este sea uno de los motivos de impugnación de su veto. Creo que sus datos son equivocados.

Ustedes utilizan dos acusaciones absolutamente contradictorias, porque, por un lado, dicen que no tenemos rumbo, pero, por otro, hablan de continuidad. Nosotros estamos orgullosos de que hablen de continuidad, porque el ministro Catalá, en su tercer presupuesto, tiene un 17 % incrementado el presupuesto de Justicia. Y este esfuerzo deja muy a las claras lo que queremos en el Ministerio de Justicia. Porque sabe usted que el 80 % va dedicado a personal. ¿Dónde queremos ir? Tenemos, desde luego, una hoja de ruta. Creemos que hay un viento favorable cuando se sabe dónde ir; y nosotros sabemos dónde ir. Y el Consejo General del Poder Judicial sí sabe, por lo que nos cuenta cuando nos habla de los presupuestos, dónde ir. Porque tiene unos objetivos clarísimos, que están en la memoria que usted habrá podido consultar sin ninguna duda. Habla de transparencia, habla de la web y de formación a los jueces en materia de transparencia. Seguro que sabe que España es uno de los países modelo y que hay 5840 resoluciones judiciales públicas a disposición de cualquiera que las quiera consultar. Y esto nos coloca en un lugar de referencia entre los países de nuestro entorno. Además, la estadística judicial es fundamental para la transparencia. Si no hay medios, entre otros, tecnológicos —y usted sabe a la perfección que la apuesta de este año son, precisamente, las nuevas tecnologías—, la estadística judicial no puede funcionar adecuadamente. La austeridad es otro de los obligados. Porque para controlar el déficit tenemos que tener, obligatoriamente, un control del gasto y gastar mejor. Y, en ese caso, el gasto corriente baja. La independencia, la responsabilidad y la profesionalidad son la única garantía de que, efectivamente, la justicia funciona.

Ustedes, y otros grupos parlamentarios representados en esta Cámara, se han limitado a repetir una y otra vez un mantra que no se corresponde con la realidad, y es el de que la justicia no es independiente. Pero le voy a ser sincera, sí que hay un problema de percepción, sí se percibe que eso es así, porque se está repitiendo tantas veces que, al final, ese mantra acaba empapando. Y, por eso, tenemos que trabajar conjuntamente, por lo que los esfuerzos de todos los grupos serán bienvenidos.

Entre los objetivos está la cooperación internacional, entendida como auxilio judicial, para evitar la impunidad en temas penales, pero también para cooperar en los civiles, por ejemplo, que es absolutamente necesario, y también con los países de nuestro entorno. Hay que generar esa cultura de occidente que se fundamenta en que la justicia es algo respetado y un valor absolutamente independiente. El Consejo General del Poder Judicial contribuye al desarrollo legislativo; digamos que antes del prelegislador tiene informes para procurar una mejora legislativa.

Ustedes utilizan como filosofía mantras constantes que, con sinceridad se lo digo, no corresponden a la realidad, porque de los números hablan poco y, cuando lo hacen, se equivocan en su interpretación, porque hablan de la generalidad y de cosas que son una mala ayuda para nuestro sistema, para lo que significa.

Ustedes hablan también de que no hay un correcto diagnóstico de los problemas de la Administración de Justicia y no es cierto, porque el ministro, cuando vino aquí, expuso un programa en el que casi todos estuvimos de acuerdo. Lo que necesitamos es el pulso de todos. Y le miro a usted también, señor Esquerdo; miro a todos los grupos que están representados en esta Cámara, porque lo que necesitamos es el impulso conjunto para trabajar y modernizar la justicia.

Y modernizar la justicia —voy terminando ya— es lo que va a hacer este presupuesto. En nuevos ordenadores se van a invertir 24 734 millones de pesetas —lo traduzco a pesetas, porque creo que es importante—; y no solo en nuevos ordenadores, sino en nuevas salas de grabación, en el expediente judicial, en conseguir una gestión única procesal...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

La señora AYALA SANTAMARÍA: Termino.

Tenemos claros los objetivos y el viento nos tiene que ser favorable, porque tenemos clara esa hoja de ruta: mejorar medios materiales, mejorar en personal, mejorar en tecnología.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Ayala.

Pasamos a la sección 12.

Para la defensa de la impugnación número 23, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el senador Gil.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, solo tengo cinco minutos, por lo tanto, la parte de elogios al Gobierno me la voy a saltar.

Voy a comentar una cuestión previa y cinco razones que justifican la presentación de este veto a la sección de Exteriores y Cooperación al Desarrollo.

En mi grupo queremos primeramente solidarizarnos con la situación que viven muchos trabajadores y trabajadoras del Servicio Exterior. La semana pasada, el día 29, trabajadores y trabajadoras del Servicio Exterior en Argentina iniciaban una huelga motivada por la situación de inestabilidad que sufren a causa de la pérdida de poder adquisitivo; una huelga secundada también en otras embajadas del mundo, de Canadá, Finlandia y Australia, por ejemplo; además, no hace mucho tiempo también los trabajadores y trabajadoras del Instituto Cervantes en Brasil se movilizaban por la misma cuestión. Por eso, quiero instar al Gobierno a que resuelva esta cuestión cuanto antes, porque no podemos ir dando lecciones por el mundo si no empezamos a tratar mejor a nuestros trabajadores, a aquellos que dan la cara por nosotros en distintos países.

Señorías, hemos presentado este veto a la sección 12, porque, esencialmente, estos presupuestos son un remedo de los anteriores, porque son reincidentes en un error y, en definitiva, porque no sirven para atender con solvencia las necesidades y retos de España en el exterior. Y no lo son porque no abordan la precariedad de los trabajadores del Servicio Exterior de España que citaba; porque no soportan una estrategia global que sirva para afrontar los grandes desafíos de nuestra política internacional; porque no ofrecen ni asignan recursos para que nuestro país tenga capacidad de maniobra ante los reordenamientos geoestratégicos que ocurren a nuestro alrededor; porque no revierten los enormes recortes acumulados durante los últimos años en una de nuestras banderas de la política exterior, que no es otra que la Ayuda a la Cooperación al Desarrollo, que ha soportado, señorías, un 70 % de recortes acumulados desde el año 2011; y porque, señorías, no apuntalan aquellos asuntos de actualidad en los que España debe tener una presencia fuerte y, sobre todo, capacidad de anticipación, como pueden ser nuestra influencia en la Unión Europea ante el desafío del brexit, la nueva administración Trump, el terrorismo internacional, el drama de los refugiados —poco estamos oyendo hablar al Grupo Popular del drama de los refugiados en estos presupuestos y en este debate—, el inicio incipiente de un proceso de diálogo y de paz entre Israel y Palestina, la defensa de los derechos humanos en todo el mundo y, en particular, los derechos de las mujeres allí donde se han vulnerado.

Por si esto fuera poco, la peor política exterior y el peor espectáculo en la escena internacional que está dando este país son los innumerables casos de corrupción que está protagonizando este Gobierno y que, junto a la declaración del presidente del Gobierno ante un tribunal —eso sí, como testigo, como presidente de un partido imputado por corrupción—, están haciendo un daño tremendo a la imagen exterior de España que no habrá presupuestos que lo soporten.

La cooperación al desarrollo, para la que ahora han decidido congelar los hachazos, tiene una importancia estratégica que este Gobierno no sabe o no quiere ver. Estos presupuestos están consolidando los brutales recortes anteriores en las partidas destinadas a instrumentos de gestión de fondos como el FONPRODE o a la propia Aecid. El FONPRODE, por ejemplo, baja considerablemente, un 46,87 %. Por su parte, la Aecid, aunque es verdad que incrementa sus recursos en 31,68 millones de euros, suma un total de 587,71 millones de euros menos desde el año 2011.

En definitiva, señorías, estos presupuestos, en el mejor de los casos, congelan sobre lo recortado y, en el peor, recortan sobre lo necesario. Por todo ello, no podemos y no vamos a darles nuestro apoyo. Con estos presupuestos y estas cuentas en las manos, nadie en el Ministerio de Asuntos Exteriores podrá decir que España ha vuelto, como escuchábamos hace poco. Aquí lo único que ha vuelto son los recortes, los hachazos y la insolidaridad internacional del Gobierno de Mariano Rajoy. Por todo ello, el Grupo Socialista no dará su apoyo a esta sección número 12 de los Presupuestos Generales del Estado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Gil.

Para la defensa de la impugnación número 45, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Villanueva.

La señora VILLANUEVA RUIZ: Buenos días. Egun on.

Los presupuestos que hoy tenemos aquí no dejan de ser una constatación, con sus propios datos, de que el Partido Popular carece de proyecto en política exterior. Hay una ausencia total de planificación estratégica que solo profundiza en una subalternidad a otros intereses ajenos a la ciudadanía de nuestro país. Profundiza también en el intento de seguidismo a otras potencias sin ningún tipo de rumbo. No hacemos más que caer en los rankings de presencia global.

Estos presupuestos distan muchísimo de estar a la altura de las necesidades y desafíos geopolíticos globales que tenemos. No contemplan ni la adaptación ni la reorientación de las políticas seguidas hasta ahora a los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos y representan la continuidad de la línea de actuación que se ha revelado ineficaz y fallida.

Nuestro país se enfrenta a la mayor ola de transformaciones geopolíticas de la última década, a desafíos múltiples, que abarcan desde la urgencia de reorientar nuestro modelo productivo para paliar el cambio climático a la necesidad de frenar la espiral de guerras y amenazas que desafía el derecho internacional y la pervivencia del multilateralismo democrático. Nos encontramos también ante una oportunidad histórica para reforzar y reorientar nuestra política exterior y erigirnos así como un actor político que abandere una nueva agenda en la defensa de la paz, los derechos humanos, la igualdad y el desarrollo sostenible. Por un lado, tenemos a millones de compatriotas viviendo fuera de nuestras fronteras expulsados por la crisis, por las políticas de recortes, por la falta de oportunidades en el mercado laboral. Sin embargo, estos presupuestos vuelven a dejar a todos estos millones de personas fuera. Siguen ustedes negando su existencia y, mediante esta exclusión, siguen negándoles sus derechos fundamentales económicos, políticos y sociales. Es necesario reforzar el sistema de atención consular y de servicios consulares.

Por otro lado, el mundo vive actualmente una espiral bélica, una inestabilidad fruto de la geopolítica del desastre, alimentada por las anteriores administraciones norteamericanas, de la que nosotros hemos sido cómplices muchas veces con nuestra injerencia en diversos países; una inestabilidad constitutiva de las nuevas luchas por el reparto de posiciones globales que supone amenazas enormes para la seguridad del planeta y la paz de los pueblos. No hay ni una, ni una sola medida, ni un solo programa, ni una sola iniciativa para fomentar la estabilización de la gobernanza internacional y su democratización. Necesitamos una agenda y una diplomacia de paz dotada de los recursos necesarios; tenemos que favorecer las distintas resoluciones de conflictos en Colombia, Oriente Medio y liderar la defensa de la paz y los derechos humanos.

Señorías, las desigualdades no dejan de aumentar a lo largo y ancho del globo y, como las mujeres las sufren, queremos hacer referencia a sus derechos, porque las mujeres son la principal fuente de desigualdad y necesitan de una estrategia urgente en política exterior. Es un escándalo, un escándalo que únicamente sean mujeres el 24 % del cuerpo diplomático, el 12 % de los embajadores y el 9 % de los cónsules. Es una vergüenza y totalmente inaceptable.

Y qué decir de la cooperación internacional, que es una de las más destacadas víctimas de las políticas del Gobierno. Estos presupuestos no revierten en modo alguno los recortes, que acumulan ya el 70 % durante los últimos seis años. ¿Y qué significa esto, señorías? Que forma parte de una realidad: la de no atajar la creciente desigualdad internacional. Esto es un lastre para el desarrollo y la paz mundial, además de un peligro medioambiental de dimensiones incalculables. Y así lo afirman tanto las organizaciones internacionales como todos los actores de la sociedad civil que trabajan en el sector. Por otra parte, últimamente se hace algo muy peligroso, se mezcla el concepto de seguridad con el de defensa, y no es lo mismo, señorías. La seguridad es un concepto mucho más amplio que la defensa; la seguridad también pasa por cómo se comporta uno, por cómo trata a los demás, por atajar la desigualdad, y por cumplir con los compromisos adquiridos; y hablando de compromisos adquiridos, es una indignidad que España, en los últimos dos años, solo haya reubicado a 886 personas refugiadas. Esta es una mancha oscura en nuestra historia; es indigno y alguien tendrá que asumir la responsabilidad de ello. Y como es indigno hemos propuesto incrementar las partidas de asilo y refugio para garantizar el cumplimiento de nuestras obligaciones internacionales.

Pero nos dicen que no a todas las medidas y enmiendas que este grupo propone, y propondrá, porque no hay dinero. Sin embargo, los compromisos que implican estas medidas, y otras dieciséis más que proponemos, cuestan poco más de 30 millones de euros; y 30 millones de euros es un tercio de lo que estos presupuestos destinan a pagar los intereses de la deuda cada día. Por tanto, la cuestión es de voluntad política; de voluntad y de tener estrategia en política exterior. No nos digan que no hay dinero. Este país merece otros presupuestos, merece otro Gobierno, otra política exterior; y todo ello estamos seguros de que llegará pronto; espero que no demasiado tarde.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Villanueva.

Para la defensa de la impugnación número 63, por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha presentado un total de 17 enmiendas a la sección 12, que fundamentan el veto a dicha sección, correspondiente al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

En materia de acción exterior y de cooperación al desarrollo ha habido un incremento del 3,2 % respecto a los presupuestos de 2016, debido, fundamentalmente, al aumento de la dotación de las cuotas para la participación en organismos internacionales y no a un aumento real de los recursos para hacer una verdadera política española de acción exterior y de cooperación para el desarrollo. La ayuda oficial al desarrollo neta, sobre la renta nacional bruta, es de un 0,21 %; está lejos del compromiso internacional de alcanzar el objetivo del 0,7 % reafirmado por España el 16 de julio de 2015 y de la senda de convergencia con los socios europeos. La media europea de AOD ejecutada es del 0,51 %.

Comparativamente, debe tenerse en cuenta que los recortes acumulados en AOD desde 2008 hasta 2015 fueron de un 73,5 %, con un mínimo histórico de 0,12 % de la renta nacional bruta. Los datos ponen de relieve la falta de interés del Gobierno por una verdadera política de cooperación española y su marginalidad, consecuencia del aumento de las obligaciones de la cooperación multilateral y de los compromisos internacionales irrenunciables. Las personas más vulnerables deben situarse en el centro de las políticas de cooperación.

Del total del presupuesto para 2017 del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, unos 1500 millones de euros, sólo un 37 % es AOD. La principal ejecutora, la Agencia Española de Cooperación Internacional, Aecid, dispondrá de solo 284 millones de euros más que en 2016, aunque el recorte presupuestario en el Fondo para la promoción al desarrollo, FONPRODE, fondo gestionado por la propia Aecid, supone una reducción general de la partida de cooperación para el desarrollo de, prácticamente, un 1 %. En conclusión, desde 2011, ha habido una disminución de más del 70 % de los fondos del Ministerio de Asuntos Exteriores destinados a este objetivo.

Señorías, parece razonable pensar que, con más de 20 millones de personas en la actualidad en riesgo de hambrunas y con más de 65 millones de personas desplazadas huyendo de la pobreza y de conflictos a escala mundial, el acento debería ponerse más en cuestiones vinculadas directamente con la preservación de los derechos humanos, que están en entredicho como consecuencia de una crisis global hasta ahora no resuelta que ha puesto en jaque los valores fundacionales de la Unión Europea, que en un tipo de acción exterior excesivamente basada en la diplomacia económica y en lo que comúnmente se conoce como marca España, a través del Alto Comisionado del Gobierno para la marca España.

Reclamamos, por tanto, una acción exterior que, en todo caso, mejore y refuerce la imagen del Estado mediante la promoción de los derechos humanos, la ayuda humanitaria y el fomento de la paz. Debemos hacer especial hincapié en la ayuda a los refugiados, diluida en diferentes ministerios.

Se echa en falta, pues, una hoja de ruta de acción exterior española, sustentada en una indiscutible diplomacia que persiga la protección de los derechos humanos allá donde sea, con especial interés en la equidad del género. Porque las políticas de igualdad y de promoción de la igualdad se encuentran difuminadas en diferentes capítulos y líneas que van desde los derechos humanos hasta la promoción de desarrollo o desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, por tanto, también merecerían una atención más detallada o específica en estos presupuestos, una apuesta más decidida y valiente en la consecuencia de estos objetivos. La cooperación internacional decrece hasta los 500 millones de euros. Se trata, por tanto, de unos presupuestos que se alejan de la lucha contra la pobreza, utilizando palabras de la coordinadora de organizaciones de cooperación para el desarrollo. Tampoco parecen prioritarias en plena crisis humanitaria las actuaciones de mantenimiento y mejora del patrimonio en el exterior. Nos referimos, por poner un ejemplo que sea fácil de comprender, a los gastos para la adquisición de obras de arte por valor de 150 000 euros. Según nuestro humilde parecer, este tipo de gastos son difícilmente justificables.

Por otro lado, aumenta la dotación en cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior hasta los 131 millones de euros, de los cuales, 121 los gestiona el Instituto Cervantes para desarrollar su acción exterior mediante 63 centros y 11 aulas. El Gobierno apuesta, pues, por el impulso de la lengua castellana, sin atender al carácter plurinacional y plurilingüe del Estado español. La necesaria colaboración con el Instituto Ramon Llull merecería una aportación económica que siguiera la senda de la proporcionalidad de la población que representa.

Para finalizar, la dotación del programa de protección de españoles en el extranjero, asistencia social, evacuación, hospitalización y repatriaciones, con 2,3 millones de euros, se mantiene, pero parece insuficiente, así como la dotación para la asistencia jurídica a la ciudadanía...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor MARTÍ DEULOFEU: ... que afronta —voy acabando— condenas de muerte con unos escasos 30 000 euros.

Muchas gracias, señoras y señores senadores. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Martí.

Para la defensa de la impugnación número 2, del señor Cleries i González, tiene la palabra el senador.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Buenos días.

El Partit Demòcrata presenta esta enmienda a la totalidad, este veto a la partida del Ministerio de Asuntos Exteriores porque el conjunto de Presupuestos Generales del Estado da la espalda a Cataluña, a los catalanes y catalanas. El Gobierno ignora las demandas democráticas de los ciudadanos de Cataluña. Tenemos un Ministerio de Exteriores que trabaja en contra de la proyección internacional de Cataluña. Decía ayer el ministro que estos presupuestos son para el conjunto del Estado español; pues no es verdad porque la experiencia —nos lo ha dicho incluso un exministro— demuestra que en el Ministerio de Exteriores se pagan favores a otros países para hablar en contra del proceso que vive Cataluña, lo decía el ministro Margallo textualmente. Y en este ministerio se han contraprogramado y boicoteado actos de la Generalitat de Cataluña; se paga con dinero de Cataluña para ir contra Cataluña y su Gobierno democrático. Un ejemplo de los muchos que podría citar es el convenio firmado entre España y Rusia, que impide vuelos entre Barcelona y Tokio porque solamente se puede volar encima de Siberia si el vuelo sale o llega a Madrid-Barajas; si sale de un aeropuerto que el Estado español considera secundario, como el de Barcelona-El Prat, no se puede ir a Tokio directamente. Este es el trabajo que hace un ministerio que dice que trabaja para el conjunto del Estado español. Y si nos fijamos, por ejemplo, en la política de cooperación, que tiene un presupuesto del 0,12 % de la renta estatal bruta, vemos que se encuentra en mínimos históricos y a la cola de Europa. A pesar de la recuperación, del crecimiento económico, de los acuerdos que se hicieron en la X legislatura aquí mismo, en el Senado, sobre temas de cooperación internacional para el desarrollo, el Ministerio de Exteriores no cumple de ninguna de las maneras y no se han revertido los recortes que se iniciaron en el momento de la crisis económica.

Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 tampoco responden a los retos globales para la acción humanitaria. Fijémonos, hay un incumplimiento de los compromisos contraídos para acoger refugiados. Aquí mismo, en el Senado, hemos tenido varios debates sobre los refugiados y el Gobierno ha dicho que se cumplirían los acuerdos con Europa, pero se incumplen totalmente. Hay incumplimiento también de los acuerdos de incrementar, como decía antes, la ayuda oficial para el desarrollo; y de los compromisos del Gobierno para hacer lo que le corresponde en ayuda humanitaria; y, por tanto, vemos que el Ministerio de Asuntos Exteriores hace suya la actitud insolidaria de un Gobierno que se abstrae de la situación internacional que se están viviendo en estos momentos.

Por tanto, el Partit Demòcrata, con toda la contundencia, presenta esta enmienda a la totalidad, este veto a la sección del Ministerio de Asuntos Exteriores porque solo nos faltaría en Cataluña dar un sí a unos presupuestos que utiliza el dinero de los catalanes y catalanas en contra de Cataluña.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Cleries.

Para el turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, en primer lugar, la senadora Lucio.

La señora LUCIO GÓMEZ: Presidente, señorías, bos días, buenos días.

Como bien ha dicho el presidente, este turno en contra de los vetos a la sección 12, relativos al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, nos lo repartiremos la senadora Sánchez Zaplana, que se referirá a los temas de cooperación, y la senadora que les habla, que me ocuparé del resto. Por ello, intentaré ser lo más rápida posible en mi intervención, razón por la cual voy a adelantarles ya que nuestro voto va a ser en contra de los vetos que ustedes han presentado.

Señor Cleries, ¿qué decirles? Más de lo mismo. Un corta y pega para todas las secciones. Vetan los presupuestos —y abro comillas— por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado español y, en particular, a las necesidades de Cataluña.

¿Saben ustedes realmente cuáles son las necesidades de España, de los españoles, de los catalanes? Yo creo que no, pero aun así, y si lo creyeran, ¿por qué no nos traen propuestas, metas, objetivos? Claro, ustedes están a lo suyo, como siempre.

Señores de Esquerra, para mí, personalmente, hay demagogia en general y falta de propuestas en particular. Me gustaría destacar tres cuestiones a las que ustedes hacen referencia en sus vetos: la dotación de las cuotas a organismos internacionales, el Instituto Cervantes y la marca España.

En cuanto a las cuotas a organismos internacionales, su cuantía aumenta 34 millones de euros, pero, como muy bien dicen ustedes, son obligatorias. ¿Qué quieren? ¿Que dejemos de pagar? ¿Que no cumplamos con nuestros compromisos? Se les olvidó decir también en este caso que dicha cuantía se destina a mantenimiento o para operaciones de paz. ¿Debemos reflejar el gasto real de nuestro presupuesto, cumplir con nuestros compromisos internacionales y garantizar la imagen de país fiable y cumplidor de nuestras obligaciones para con la comunidad internacional, o dedicarnos a otra cosa, como, por ejemplo, gastar el dinero de todos y de todas, como ustedes, para un referéndum ilegal?



En relación con el Instituto Cervantes, incrementa su presupuesto en 5,2 millones de euros y asciende a los 120 millones, pero con una cuota de autofinanciación —usted no lo ha dicho, pero yo sí lo hago— del 46 % del presupuesto. ¿Qué creen ustedes? ¿No deberíamos invertir en diplomacia cultural y promocionar la enseñanza de la lengua española y de las lenguas cooficiales, como la mía y como la suya? ¿O es que el problema radica en que no se enseña solo el catalán?

En cuanto a la marca España, nosotros, tanto el Gobierno como el Grupo Popular en este caso, apostamos por seguir apoyando la internacionalización de nuestras empresas y la defensa de los intereses de España en los foros multilaterales económicos y comerciales.

Y, señores de Podemos, les voy a felicitar porque ustedes sí proponen medidas para la acción exterior, algunas de las cuales compartimos y otras no, eso es cierto. Pero, como siempre, parece que este país, España, no ha hecho nada hasta que ustedes han llegado. Critican supuestas políticas fallidas de los distintos gobiernos de España, pero para llegar aquí, señorías, otros como ustedes han tenido que acertar y cometer errores para que hoy España esté tan considerada como lo está fuera. Porque España sí que cuenta, y los hechos lo avalan.

También quiero pararme en dos cuestiones que ustedes citan: las políticas de derechos de las mujeres en la esfera internacional y las políticas de igualdad en el seno del ministerio que nos ocupa, el de Exteriores, así como las condiciones de vida de nuestras y nuestros compatriotas en el extranjero.

En cuanto a las políticas de derechos de la mujer en la esfera internacional, quiero recordarle que mientras España presidió el Consejo de Seguridad en 2015 y 2016 se preocupó en profundidad de los derechos de las mujeres. Y le voy a poner un ejemplo: el propio presidente, Rajoy, presidió dos reuniones para mí de vital importancia en esta cuestión. Por un lado, la reunión sobre mujer, paz y seguridad, y por otro, la relativa al tráfico de seres humanos en situaciones de conflicto, que, por desgracia, son las mujeres y los niños quienes lo sufren.

En relación con las políticas de igualdad en el ministerio, yo creo que progresivamente se va aumentando...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Tiene que ir terminando, señoría. No le va a dejar tiempo a su compañera.

La señora LUCIO GÓMEZ: Voy terminando.

Lo siento, me gustaría haberles comentado algunas cuestiones más, pero tengo que responder también al portavoz del Grupo Socialista.

Quiero decirle al Grupo Socialista —iba a decir a mi querido y buen amigo Ander— que el que en su veto nos ponga como ejemplo de buen gobierno el periodo de Zapatero, donde supuestamente todas las partidas llevaban más dinero, da como mínimo para reflexionar, porque dejar un país en bancarrota y gastar el dinero que no tenemos… Es difícil.

El Grupo Socialista habla en este caso de oportunidades perdidas, de año en blanco, del debilitamiento de nuestra posición geoestratégica. Creo que en este caso hay cierta irrealidad, porque hay dos cuestiones ahora importantes para España: por un lado, la candidatura de España para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, por otro, la experiencia tan importante que ha tenido presidiendo el Consejo de Seguridad de la ONU.

Me gustaría hacer referencia a más cuestiones, pero debo dejarle tiempo a mi compañera.

Voy a terminar como lo hice el otro día en la Comisión de Presupuestos, con unas palabras del ministro Dastis, que quiero hacer mías y de todo el grupo. Decía: Siendo unos presupuestos ajustados los del Ministerio de Exteriores, nos van a permitir afrontar, tanto nuestros objetivos tradicionales de política exterior, como los nuevos retos que nos hemos marcado, con una ambición realista, porque España sí que es necesaria.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Lucio.

A continuación, tiene la palabra la senadora Sánchez Zaplana.

La señora SÁNCHEZ ZAPLANA: Muchas gracias.

Me queda poco más de un minuto, con lo cual voy a reforzar la intervención de mi compañera y referirme simplemente a dos ideas básicas, de las que hablé en comisión y voy a repetir aquí, en el plenario. Hay que reconocer que la cooperación internacional y la ayuda oficial al desarrollo es un tema que nos preocupa y ocupa a todos, a quienes han presentado vetos y a quienes no lo han hecho. Y en esta Cámara, en el Senado, tenemos una oportunidad. Y voy a hablar de oportunidades, porque creo que es importante hacerlo y también reconocer el prestigio de la cooperación española en el mundo, en todo el mundo. Y en eso tenemos que trabajar. (El señor presidente ocupa la Presidencia). La oportunidad es la ponencia de estudio que hemos creado en esta Cámara para trabajar en la implantación de la Agenda 2030 para los objetivos de desarrollo sostenible. Les invito a sumarse a esa ponencia, en la que están todos los grupos parlamentarios y que se aprobó por unanimidad, y a conseguir objetivos. Nuestro grupo parlamentario no renuncia a que en el año 2018 el presupuesto de la ayuda oficial al desarrollo esté establecido en el 0,25 %. Y es que ustedes han hablado de 505 millones del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, pero son 2200 millones de euros los que el Estado español dedica a la ayuda oficial al desarrollo, porque son muchos ministerios los que trabajan en colaboración con todos los países y también en la crisis de refugiados.

Apoyen la candidatura de España para presidir el Consejo de Naciones Unidas de Derechos Humanos 2018-2020, otra oportunidad para crecer y para defender el prestigio de la cooperación española en el mundo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sánchez Zaplana.

Pasamos a la sección 13.

Para la defensa de la impugnación número 24, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la sección 13 del presupuesto, que corresponde al Ministerio de Justicia y a sus organismos autónomos y adscritos, en el ejercicio de 2017 alcanza 1726 millones de euros. Es cierto, se incrementa un 7,7 %, pero con eso ustedes están ya plenamente satisfechos; han cumplido y están encantados de la vida. Pues miren, no. Los ciudadanos no lo están, los operadores jurídicos, tampoco, ni los profesionales de la justicia; y el Grupo Socialista mucho menos, porque estas cifras no van a garantizar lo que el ministro define como una justicia ágil, eficiente, segura, transparente y rápida. Al contrario, vuelven a poner de manifiesto que la justicia en España no funciona o lo hace gracias al esfuerzo de los profesionales de la justicia y no al reprobado ministro de Justicia, que, dicho sea de paso, hace ya dos meses que se tendría que haber ido a casa por vergüenza torera o haber sido cesado por el propio presidente del Gobierno.

Señorías, para 2017, en plena regeneración económica, como alardean ustedes, presentan unos números que no llegan a las cifras de 2010 y 2011, con el señor Rodríguez Zapatero de presidente del Gobierno. Le voy a citar yo, porque seguramente ustedes dentro de un momentito lo desacreditarán. El señor Zapatero, en el torbellino de la crisis, tenía 110 millones de euros presupuestados más para la justicia española.

España necesita una justicia de primera magnitud con vocación de futuro, una justicia independiente y no politizada. Pero no va a ser así, porque a ustedes no les interesa la justicia o, mejor dicho, les interesa solo como paraguas y escudo ante su corrupción. Sus propuestas, señorías, no refuerzan la Administración de Justicia, no hacen de la justicia un servicio público, no la mejoran, no la transforman, no favorecen la creación de plazas de jueces o de fiscales ni perfeccionan su trabajo ni el de los letrados de la Administración de Justicia. Sus propuestas no mejoran la organización; siguen siendo deficientes los medios tecnológicos y son escasos para la formación del personal. Son incapaces incluso de cumplir con sus propias promesas. Dijeron: habrá 5000 nuevos funcionarios, disminuiremos la litigiosidad. Pues suspenso absoluto para sus predicciones. Como Rappel no tienen ustedes futuro. ¿Y saben por qué? Porque al final les falta creer en la justicia, no tienen ninguna ilusión por la justicia en España, no la quieren prestigiar como un servicio público. Ante la falta de medios, de organización, de efectivos y de voluntad, lo único que ustedes ponen encima de la mesa es politización, purgas e injerencias. Si ya de por sí los presupuestos generales se aíslan de la realidad española, los de justicia mucho más, excepto cuando abren la puerta a los lobbies con privatizaciones y encomiendas.

Tienen a un ministro que ha sido reprobado en funciones y no se va. Tienen a un fiscal general del Estado reprobado, que tampoco se va. Nombran a Concha —siempre será Concha— y no pasa nada. Y, además de esto, a pesar de que basan su propuesta en el papel cero, miles de papeles se acumulan en los juzgados, los sistemas informáticos se caen de manera habitual, las conexiones informáticas no son compatibles, la distribución de trabajo es ilógica y ficticia, no se proveen las vacantes, no se solucionan los problemas de los ciudadanos. La justicia no es rápida ni eficiente ni fiable. Y ustedes, con estos números, con estas cuentas, siguen llevando a la justicia al borde del abismo y al descrédito del propio sistema judicial español.

Señorías, lo mínimo que se le puede pedir a un Gobierno es que, más allá del ejercicio del poder, realice un análisis político y una propuesta presupuestaria eficaz, eficiente y de calidad. Y ustedes alardean de un incremento presupuestario falto de recursos administrativos, falto de nuevas tecnologías, falto de inmediatez, falto de formación, falto de independencia, falto de compromisos y falto de realidad.

Señorías, ayer, en esta tribuna, el señor Montoro dijo que la crisis había terminado. Pues si esto es así, debería ser el momento de redoblar esfuerzos para mejorar un servicio público que adolece de enormes carencias. España necesita un presupuesto en justicia cuya piedra filosofal sea la seguridad jurídica, la rapidez y la tutela judicial efectiva; y los suyos, sus piedras filosofales, son la desconfianza y el perjuicio. Por tanto, vótenlo ustedes, señorías. Los socialistas no lo vamos a hacer, ya que no podemos apoyar una simulación de progreso cuando lo cierto es un engaño más. Señorías, así los ciudadanos van a seguir sin confiar en su justicia, los operadores jurídicos tampoco van a poder confiar en su justicia, y los socialistas, por supuesto, no confiamos en su justicia.

Por todo ello, el Grupo Socialista presenta este veto a la sección 13. Apoyaremos los vetos presentados por el resto de grupos políticos, porque hoy tenemos que decir —y termino señor presidente— que su propuesta económica para justicia carece de cualquier mérito y cualquier virtud para la justicia española y para los ciudadanos españoles. Por ello, solicitaremos su devolución.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Para la defensa de la impugnación número 46, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.

Señorías, se nos ha anunciado a bombo y platillo para este ejercicio 2017 un aumento del 7,6 % de dotación presupuestaria para el Ministerio de Justicia respecto del presupuesto de 2016, pero lo que no se dice es que arrastramos una importante reducción acumulada. Para tener los números claros, el presupuesto de justicia para este ejercicio es inferior al que se destinó en el año 2010, y eso cuando hablamos de uno de los tres poderes del Estado, al que ustedes, con estos presupuestos, siguen maltratando. Nos dicen que desarrollan seis líneas estratégicas: una justicia más ágil y eficaz, más dotada y mejor organizada, digital, que crea en sus profesionales, impartida para las personas, fuerte en su independencia, e implacable en la lucha contra la corrupción. Como eslogan queda muy bien, pero siento decirles que con estos presupuestos difícilmente se va a conseguir ninguno de esos objetivos. Y no es que lo digamos mi grupo o yo, sino que es lo mismo que piensa la mayoría de operadores jurídicos.

La profunda renovación que necesita la justicia no pasa por adquirir solo unos cuantos equipos informáticos. La justicia necesita políticas públicas y una transformación estructural; necesita una específica dotación de recursos para la investigación y el enjuiciamiento de delitos relacionados con la corrupción. Ya conocen el último barómetro del CIS y cómo la corrupción es la segunda preocupación para los españoles. La alarma social que provoca la incesante aparición de nuevos casos de corrupción, principalmente en el seno del partido del Gobierno, convierte en exigencia apremiante la creación y dotación de un cuerpo técnico forense de adscripción judicial que se convierta en el apoyo imprescindible para los juzgados que tramitan los delitos más directamente relacionados con la corrupción: prevaricación, cohecho, malversación, así como todos aquellos delitos de instrucción compleja, como, por ejemplo, delitos contra la Hacienda pública y la Seguridad Social o delitos contra los derechos de los trabajadores, cuya instrucción a día de hoy suele resultar lenta e incompleta por falta de medios personales.

Dejar a su suerte los ya colapsados juzgados de instrucción con el regalo del artículo 324 de la Ley de enjuiciamiento criminal para que, además de sacar adelante el trabajo cotidiano, lidien sin apoyo técnico con los miles de folios que integran las diligencias de cualquier caso de corrupción y con su complejidad técnica es continuar apostando por la impunidad y para coartar las investigaciones. Como dice un compañero abogado: dime lo que inviertes en justicia y te diré cuánto luchas contra la corrupción.

Constatamos que la lucha contra la corrupción, revisando su proyecto de presupuestos, no es una preferencia. Creemos que las políticas presupuestarias en justicia son ineficaces y no van de la mano de las reformas legales. Queda muy bien sobre el papel decir: hemos acortado los plazos, queremos que el fiscal instruya. Pero no dotamos de medios a los jueces, no conferimos al Ministerio Fiscal una independencia económica; solo incrementamos con 25 fiscales su plantilla para 2017. ¿Cómo vamos a creer en una Fiscalía independiente, cuando ni siquiera ello lo reflejan en sus presupuestos?

Se necesita, por otra parte, una mayor dotación para justicia gratuita. La partida para justicia gratuita es idéntica a la de los Presupuestos Generales del Estado para 2016: 37 millones de euros y, por tanto, insuficiente para garantizar adecuadamente el acceso a la justicia a quienes carecen de medios suficientes para litigar y para retribuir dignamente a abogados y procuradores. Estoy acostumbrado a oír al ministro de Justicia loar el trabajo realizado por los profesionales de la justicia dedicados las veinticuatro horas de los 365 días del año al turno de oficio, pero el compromiso con ellos no puede quedarse año tras año solo en palabras. Este presupuesto demuestra cuál es su compromiso con ellos: otra vez ninguneados. Y les recuerdo que aún estamos esperando el dinero de las tasas judiciales que prometieron iría a justicia gratuita. A pesar de que se prevé la creación de 5000 plazas para la Administración de Justicia, eso no es, una vez más, lo que parece, ya que no conlleva un real aumento de personal, sino que, tras años de recortes y graves dificultades para cubrir las plazas vacantes, trata de consolidar el empleo público ya existente en todos los grupos y niveles de la Administración de Justicia. No tendremos esa justicia más ágil y eficaz que dicen perseguir sin un decidido esfuerzo presupuestario en personal.

Así las cosas, la ecuación: justicia más justa y más rápida sin más medios, es, además de demagógica, irresoluble. Es alarmante que se prevea incrementar la plantilla con solo 25 fiscales y unos 65 jueces, ello sin olvidar a los 549 aprobados de 2015 que siguen sin plaza en la justicia y cuya situación sigue sin resolverse. Tampoco existe el mínimo impulso a los presupuestos para justicia restaurativa o infraestructuras o formación de funcionarios. Y sobre todo echamos en falta una asistencia jurídica obligatoria para las víctimas de violencia machista, así como un acompañamiento psicológico. No vemos un reflejo en los presupuestos de justicia a la altura del problema. No se lucha contra esta lacra con minutos de silencio, sino con presupuesto.

La secretaria de Estado de Justicia, el otro día, en su comparecencia, nos emplazaba a dejar de quejarnos sobre la independencia y la falta de medios y nos instaba a aplaudir este presupuesto.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Termino, presidente.

Pues, ya les digo que no; ni lo vamos a aplaudir ni vamos a dejar de quejarnos hasta que tengamos una justicia con medios, independiente y digna de una verdadera separación de poderes.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Para la defensa de la impugnación número 64, del Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Señor presidente, señorías, bon dia.

Antes de entrar a explicar nuestra enmienda a la totalidad del presupuesto del departamento de Justicia, tengo la necesidad de hacer una pequeña réplica a la senadora que antes ha defendido la partida destinada al Instituto Cervantes —como no lo puede hacer el señor Martí, lo haré yo—. Y es que resulta que defiende que se destinen 120 millones de euros al Instituto Cervantes y, en cambio, solamente 700 000 euros al Instituto Ramón Llull, que tiene la misma misión (Aplausos), que es promover el conocimiento de la lengua catalana, una lengua que hablan más de 10 millones de ciudadanos españoles que pertenecen a tres comunidades, la mallorquina, la valenciana y la catalana, que aportan una tercera parte de los ingresos del Estado. Esa es su concepción del Estado español: una única lengua, una única nación; y los demás, que se conformen con las migajas. (Aplausos).

Bien, hablando del presupuesto del departamento de Justicia, diré que no nos convence porque, a pesar de que hay un incremento presupuestario, la justicia española es vista, es percibida por la sociedad catalana como una justicia lenta, por lo tanto, injusta; como una justicia poco operativa; como una justicia absolutamente politizada y al servicio de un proyecto ideológico y de Estado autoritario y rancio; y como una justicia reacia al fomento y el uso de las lenguas cooficiales, porque, a pesar de que en más de la mitad de los pleitos las partes tienen la lengua catalana como lengua habitual, solamente se redactan en catalán un 8 % de las sentencias.

Es verdad que en el presupuesto se prevé una recaudación de 134 millones de euros en tasas judiciales, pero no se explica cómo se van a redistribuir. No se establece que Cataluña pueda quedarse con el 15 % de esas tasas para destinarlas a la asistencia jurídica gratuita y a formación.

También prevén reformar la Ley de enjuiciamiento criminal para otorgar la instrucción al Ministerio Fiscal. Les aseguro que en este tema batallaremos para que no puedan sacar adelante esa reforma, porque todos sabemos cómo están utilizando la Fiscalía. La están utilizando para perseguir la disidencia política, para perseguir a los dirigentes independentistas —es así— y para tapar los casos de corrupción que afectan a la Corona y al Partido Popular. La están utilizando de forma partidista. Por lo tanto, no vamos a caer en su juego.

Asimismo, proporcionan pocos recursos para formar a los mediadores y los conciliadores. Y es que si queremos favorecer la mediación para evitar tantos litigios tenemos que formar al personal, pero yo no he visto ninguna partida que tenga esa finalidad, como no he visto ninguna partida destinada a la Escuela Judicial de Barcelona para formar al personal. Y tampoco hemos visto una dotación suficiente para el fomento y la utilización de la lengua catalana en los juzgados.

Nos parece también insuficiente la partida que destinan a combatir la violencia doméstica, cuando ustedes saben que, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo, para atajar de verdad este fenómeno se necesitan más recursos, se necesita más dinero, se necesita mayor voluntad política.

Y hablando de insuficiencias de estos presupuestos, les quiero hacer constar que no se prevé una transferencia a la Generalitat de la parte proporcional de las tasas judiciales, de las consignaciones judiciales y de las multas, que en el caso de Cataluña representan, más o menos, el 15 % de los ingresos. Por tanto, tendría que quedar claro que el 15 % de lo que se ingresa por estos conceptos debería transferirse a la Generalitat de Catalunya.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ESTRADÉ PALAU: Acabo, presidente.

No vamos a apoyar el presupuesto del departamento de Justicia porque no va a conseguir que tengamos una justicia rápida, una justicia eficiente, una justicia transparente, una justicia que no esté politizada y una justicia concebida como un verdadero servicio público, porque ustedes trabajan para todo lo contrario.

Por tanto, tendrán nuestro veto y nuestra firme oposición.

Muchas gracias y buenos días. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Estradé.

Para la defensa de la impugnación número 8, de los senadores Abad y Cleries, tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente.

El PDCAT presenta este veto porque, como ha dicho el senador Cleries, estos presupuestos incumplen con Cataluña y los catalanes y las catalanas. Estos presupuestos suponen un recorte, un 2,5 % menos que los de 2016. Son unos presupuestos que no cumplen ni con las comunidades autónomas, como Cataluña, ni con las corporaciones locales. No suponen un nuevo sistema de financiación y suponen nuevamente una regresión para los intereses, el bienestar y el progreso de Cataluña y sus ciudadanos. Y en el ámbito de la justicia no es diferente.

Hace años que se habla de la modernización y agilización de la justicia. Hace años que reivindicamos como tema fundamental destinar más recursos para las personas y no solo para lo material. De nuevo, una gran decepción. De nuevo, se premia lo accesorio y no lo importante. De nuevo, se destinan más recursos, más presupuestos a las inversiones y menos para el personal, para la modernización y la agilización de la justicia. De nuevo, es un presupuesto obsoleto y continuista.

El PDCAT vuelve a reivindicarlo una vez más. ¿Cuándo la apuesta por el personal, la modernización y la actualización de la Administración de Justicia será una prioridad para el Gobierno? ¿Cuándo se tratará como un servicio público de primera magnitud? El presupuesto de la sección 13 es un agravio importante para los ciudadanos, para las personas. No genera confianza, sino todo lo contrario. Son los presupuestos de la desconfianza, del desespero. Y ello, ¿hasta cuándo? Porque, ¿qué prevé este presupuesto como medidas presupuestarias específicas para arreglar el problema de las cláusulas suelo? Por no hablar de la justicia gratuita, el colapso permanente de los juzgados, la falta de presupuesto para programas de mediación y arbitraje y, por supuesto, programas para el fomento de la lengua catalana para el personal de nuestros juzgados.

Y si realmente hablamos de políticas sociales, si estamos en un Estado social, democrático y de derecho, como dicen que estamos, la justicia, la mediación o evitar el colapso en los juzgados deben ser financiados, pero no veo ningún incremento en estos presupuestos para garantizar este modelo de justicia. Y tampoco veo transferencias específicas a la Generalitat de Catalunya de los recursos necesarios para la prestación de un servicio digno y de calidad.

Para terminar, señorías, estos presupuestos se alejan de lo social. Para nosotros lo primero son las personas y no la politización de la justicia, y para nosotros lo primero también son aquellos proyectos que garanticen el uso adecuado y correcto del sistema judicial, y estos presupuestos, en su sección 13, los ignoran. Por ello, presentamos este veto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.

Turno en contra.

Tiene la palabra la senadora Muñoz de la Iglesia.

La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, señor presidente.

Señorías, España necesita que aprobemos estos presupuestos. Se van a cansar de oírlo esta mañana, y es cierto. Concretamente, la justicia en nuestro país no se puede permitir que estos presupuestos no salgan adelante.

El incremento del 7,7 %, que todos los portavoces han confirmado, supone 121 millones de euros más, supone una continuidad al alza de los últimos 3 presupuestos. Esto es un reflejo de la situación económica española, que pasada la crisis avanza firme y decididamente hacia la recuperación de las cuotas de bienestar que tenían los españoles antes de la crisis.

Lejos de lo que aquí han expuesto algunos portavoces, si algo pone en evidencia estos presupuestos es que el Ministerio de Justicia tiene un objetivo claro: una justicia más ágil y más eficaz, que viene presupuestada con más de 1300 millones de euros destinados a personal y más de 180 millones de euros destinados a tecnología, transformación digital y construcción de nuevas sedes. Asimismo, que el Gobierno quiere una justicia de calidad para todos los españoles, con más de 80 millones destinados a asistencia jurídica gratuita y a medidas contra la violencia de género, que, como todos ustedes saben, supone una piedra angular en la gestión transversal de todo el Gobierno. En definitiva, señorías, unos presupuestos reales para seguir subiendo peldaños hacia esa justicia que los españoles se merecen.

Con respecto a los vetos totales que hemos escuchado esta mañana en relación con Justicia, me gustaría hacer algunos comentarios. Señores del PDECAT, ustedes nos han presentado un veto que dice textualmente: Vetamos esta sección de Justicia por no adecuarse a las necesidades sociales y económicas del Estado español y, en particular, a lo que necesita Cataluña. ¿Esto es todo lo que tienen que decir ustedes sobre la sección 13, de Justicia? Señorías, cuando alguien presenta un veto lo mínimo que puede hacer es explicar por qué lo veta y si tiene alguna alternativa, y si no la tiene, entonces absténganse y dejen que los que sí la tenemos mejoremos las cosas en justicia.

Tampoco podemos compartir con ustedes que estos presupuestos no se adecúan a las necesidades de Cataluña y del resto de España. Si ustedes en lugar de dedicarse a crear problemas donde no los hay, como hacen en Cataluña, se dedicasen a resolverlos, se darían cuenta de que estos presupuestos sí inciden directamente en los problemas de todos los españoles.

Señores de Esquerra Republica, con respecto a sus dudas sobre la modificación de la Lecrim, tengo que decirles y recordarles que en países de nuestro entorno, como Alemania, Italia, Portugal o Francia, incluso al otro lado del charco, en Estados Unidos, la figura de la instrucción penal la llevan los fiscales. Tengo que entender —y comprendo su miedo, teniendo en cuenta las perlas que se le escapaban a su antiguo portavoz de grupo, al señor Vidal, que decía que en ese Estado utópico catalán iban a tener controlados a los jueces y los fiscales— que pueden ustedes pensar que nosotros podemos querer hacer lo mismo. Pero, señorías, pueden ustedes dormir tranquilos, porque no es esa la intención que tiene el Gobierno con esta modificación. Lo que queremos es tener una justicia más eficaz, más eficiente y al servicio de todos los españoles. (Aplausos).

Señorías, el resto de su veto se puede resumir en más dinero para Cataluña. Resumiendo, aunque no se lo crean, hay vida más allá del independentismo, aunque no se lo crean.

Señorías de Podemos, se lo dije el otro día en comisión y se lo tengo que repetir. Utilizan ustedes la táctica del embudo: o se hace lo que yo digo o voto en contra de todo. Señorías, tienen ustedes más soberbia que votos en las urnas, soberbia como la que reflejaron ayer en la moción de censura fracasada que hicieron en el Congreso. (Aplausos). Una censura que reflejan en cada una de sus actitudes porque censuran a quienes no piensan como ustedes, censuran a quienes no les votan a ustedes, censuran las instituciones que no gobiernan y censuran los presupuestos que no hacen. ¡Pero si nos censuran hasta lo que tenemos que beber, señorías, no digan que no! (Aplausos).

Su única propuesta es más dinero. Eso es lo único que nos proponen, más dinero para cada una de las partidas. Reconocen el carácter continuista al alza de los presupuestos, pero solo piden más dinero. Todo les parece poco. ¿Saben por qué, señorías? Porque podríamos traer aquí más de 1000 millones de euros de inversión y también les parecería poco, porque para ustedes lo de menos es modernizar la justicia, lo de menos es que haya más medios, técnicos y humanos. Para ustedes lo importante es votar en contra del Partido Popular. Señorías, malamente puede avanzar nuestra justicia con esa actitud. Recapaciten, porque nadie sobra y todos podemos aportar mucho. Creo que es más constructivo dialogar y llegar a acuerdos que censurar a todos los que no pensamos como ustedes.

Finalmente, señorías del Partido Socialista, déjenme que les recuerde el mandato que nos dieron los ciudadanos hace prácticamente un año: diálogo y entendimiento. Construyamos entre todos nuestro país. Algunos partidos lo hemos entendido y estos presupuestos son claramente la prueba de ello, porque otros 6 partidos, junto con el Partido Popular, han entendido que hacía falta una actitud patriótica, que tuviésemos por encima de los intereses electorales el interés de España y de los españoles.

Y quiero aprovechar para dar las gracias a Ciudadanos, a Foro Asturias, a UPN, a Coalición Canaria, a Nueva Canarias y al Partido Nacionalista Vasco, porque es así como las naciones avanzan, y España lo hace gracias a ustedes.

Señores socialistas, como ven, se han quedado solos, vetando junto a los que no respetan nada y junto a los que quieren romper nuestro país. Ese es el servicio que los socialistas hacen a los españoles.

Más dinero, como el resto de las quejas, pero les quiero decir una cosa, señorías: igual de importante es invertir que saber gestionar bien los recursos, porque el dinero con el que presupuestamos todos estos gastos se hace con el esfuerzo y trabajo de los españoles, que con su tributación consiguen que tengamos un Estado del bienestar gratis, universal y de calidad para todos. La primera lección que hay en economía, ya sea micro, macro o familiar, es que los recursos son escasos, y ante la escasez de recursos los socialistas siempre nos proponen las mismas recetas: presupuestar para luego no ejecutar, como hacían en esos presupuestos de los que tanto han presumido aquí; y la otra opción que también suelen tener, que es pedir prestado y endeudar más a los ciudadanos, que ya vendrán luego otros y pagarán. Señorías, intentando resolver el problema de la financiación lo que hacen es agravar más la situación y endeudar a las futuras generaciones fruto de su incompetencia para gestionar los recursos.

Señorías del Grupo Socialista, tendrán que explicar ustedes por qué van a votar hoy en contra de los más de 1300 millones de euros destinados a personal; van ustedes a tener que explicar a los ciudadanos por qué van a votar en contra de los más de 80 millones para mejorar los recursos técnicos y por qué van a votar en contra de los más de 80 millones de euros destinados a justicia gratuita; van a tener que explicar ustedes muchas cosas a los ciudadanos, que no entienden ninguna parte de ese no es no, en el que están ustedes instalados, a ninguna política que mejore España.

Yo no quiero acabar mi intervención sin ser constructiva. Aún están a tiempo. Todavía pueden apostar por mejorar la justicia en España y ayudar a dotarla de más medios, porque, piénsenlo, señorías, merece la pena; mejorar la vida de los españoles, siempre, siempre merece la pena.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz de la Iglesia.

Pasamos a la sección 14, Ministerio de Defensa.

Para la defensa de la impugnación número 25, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Álvarez Villazán.

El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, no tengan ustedes la menor duda de que al Grupo Socialista le hubiera gustado apoyar lo presupuestado para la sección 14, en unos tiempos convulsos en los que están creciendo las amenazas a nuestra seguridad, pero creemos sinceramente que estos presupuestos no responden a las necesidades que tienen planteadas hoy nuestras Fuerzas Armadas para cumplir las misiones que tienen encomendadas y para garantizar la seguridad nacional.

La principal novedad, señorías, es la incorporación de 1824 millones que se van a destinar a pagar los programas especiales de armamento, pero como consecuencia de las sentencias del Tribunal Constitucional que impiden utilizar un real decreto para aprobar un crédito extraordinario para pagar estos programas. Aquí radica el grueso del incremento. Pero con lo presupuestado en la mayoría de las demás partidas no se podrán cumplir los objetivos señalados, y creemos que a final de año puede que en algunas partidas se produzcan desfases de entre 800 y 900 millones de euros.

Somos conscientes de que es el momento de abordar la modernización de nuestras Fuerzas Armadas, sometidas a sucesivos recortes a lo largo de los años. Necesitamos, es verdad, un plan de modernización a medio y largo plazo. Pero este plan no puede estar basado, señorías, exclusivamente en los planes especiales de armamento, porque la modernización también se basa en disponer del número de efectivos necesario, en garantizar su formación y su seguridad, en mejorar las instalaciones, en facilitar medidas de apoyo al entorno familiar y a la movilidad geográfica, y ese plan de modernización dudamos que se pueda conseguir con una disminución de un 24 % respecto a 2016 en los programas de modernización, con una disminución del 2 % en gastos operativos o con una disminución de un 0,6 % en apoyo logístico.

El presupuesto, señorías, no está equilibrado —es evidente—, porque si bien los programas especiales de armamento son básicos, estas otras capacidades a las que me he referido son también fundamentales para esta modernización. Por ejemplo, en los efectivos de personal, que han ido descendiendo en estos últimos años en torno al 9 %, dudamos de que lo contemplado en gastos para personal sea lo que realmente se necesita, sino que más bien sea lo que hay presupuestado, se cumpla o no se cumpla.

Creemos que las disminuciones que se contemplan en gastos de personal, en material y hasta en combustible pueden afectar a la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas. ¿Creen ustedes que se garantizan las prácticas de tiro o las horas de vuelo de los pilotos o las horas de prácticas en el mar de nuestros marinos? Les recuerdo que el Jemad, en su comparecencia en el Congreso, reconocía que hay un 40 % de los vehículos pesados paralizados por razones presupuestarias.

El incremento de las partidas para la formación del personal en casi un 4 % es insuficiente para paliar los efectos de los recortes continuados que se han aplicado desde 2011. Y no vemos ningún indicio de que en estos programas de formación se vaya a tener en cuenta también a la tropa y marinería. Como tampoco vemos qué cantidades se van a destinar para incrementar ese 12,5 % de participación actual de las mujeres, que está estancado desde hace ya años.

Por otra parte, la disminución de la partida destinada a la sanidad militar en un 24 % respecto a 2011 nos hace temer que pueda haber problemas en la adecuada prestación de este importantísimo servicio. Y nos preocupa mucho más que en la prestación vinculada a operaciones en el exterior se hable de garantizar el imprescindible apoyo logístico sanitario. Podemos entender que se refiere al mínimo apoyo.

Señorías, en un tiempo en que las amenazas terroristas se han ampliado y diversificado, nos parece gravísimo que haya muy poco presupuestado para infraestructuras y equipamiento de ciberdefensa. Y no vemos en el Gobierno una decisión firme de aprobar una ley de programación plurianual de la defensa nacional.

Así pues, porque pensamos que con la distribución —no con la cantidad, sino con la distribución— de lo presupuestado para Defensa no se garantiza la operatividad de las Fuerzas Armadas, y que lo único que se pretende es mantener las capacidades operativas mínimas e imprescindibles sin afrontar las necesidades reales, y dejando de nuevo que se base la operatividad en el esfuerzo y en el sacrificio de nuestros militares, por todo ello, señorías, presentamos un veto a la sección 14 de estos presupuestos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Álvarez Villazán.

Para la defensa de la impugnación número 47, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Vilà.

La señora VILÀ GALÁN: Muchas gracias.

Bueno, parece que los presupuestos de Defensa sí son de los que más aumentan, pero habrá que ver por qué, cuáles son las razones, porque, además, lo hacen de forma desmesurada, cosa que llama bastante la atención.

En 2016 se aumentó el presupuesto en 1395 millones de euros. El presupuesto inicial era de 5788 millones. Un presupuesto que se engordó, y ya nos gustaría que las partidas para empleo, para sanidad, para educación o para cooperación internacional engordaran tanto y tan sustanciosamente como lo han hecho los presupuestos de Defensa.

En 2017, siguiendo las instrucciones del xenófobo, del populista Donald Trump, los presupuestos de Defensa aumentan hasta un 0,2 % oficialmente. Eso oficialmente, porque en realidad el aumento es muy superior y vamos a ver por qué. En concreto, el aumento es del 32 % respecto al ejercicio anterior, y esto se debe a una deuda generada en los conocidos programas especiales de armamento. La realidad es que el paso por el ministerio del ministro Morenés no solo arrasó con el presupuesto, sino que generó una deuda para los próximos veinte años. El crédito extraordinario destinado a programas especiales de armamento fue puesto en duda por el Tribunal Constitucional con el veto del decreto ley para aprobar créditos extraordinarios del año pasado. De este modo, se tuvo que aplazar el pago de 717 millones de euros, destinados a sufragar esos programas de modernización de las Fuerzas Armadas.

La sentencia del Tribunal Constitucional de 2016 responde a un recurso impuesto por los grupos políticos contra el crédito de 2014. Esa sentencia del Tribunal Constitucional pone de manifiesto la falta de transparencia y la opacidad en el gasto del presupuesto militar. Tenemos una grave falta de transparencia el en presupuesto militar. Ustedes, en realidad, son los veritables antisistema, porque acumulan ustedes más sentencias del Tribunal Constitucional que el propio proceso catalán, y no es porque no se empeñen en ello, no es porque no se empeñen en perseguir el proceso catalán, pero son ustedes los que más sentencias del Tribunal Constitucional acumulan. Son los verdaderos antisistema. Por eso, nosotros pedimos una auditoría del ministerio, justamente porque sus presupuestos solo han servido para engordar las empresas armamentísticas, para saciar los beneficios de las empresas que dirigió el señor Morenés. En su paso por el ministerio se adjudicaron hasta 115 millones de euros a empresas como Segur Ibérica, Instalaza o MBDA.

El ministerio no solo compra armas a sus empresas o a las empresas de sus amigos, sino que también compra armas a países que vulneran los derechos humanos, como es el caso de Israel. Compra armas con un sello de tested in combat, testadas en combate. Están probadas para poder vulnerar los derechos humanos del pueblo palestino. Sabemos cuántas masacres ha provocado Israel en la población de Gaza, y ese armamento que precisamente prueba Israel contra el pueblo palestino es el que después compra España. Vergüenza, señores, vergüenza.

Los presupuestos de Defensa ni siquiera sirven para defender a la gente. Son ustedes los que se llenan la boca de respeto al Ejército y a nuestras Fuerzas Armadas cuando les pedimos que no haya presencia de armas en la ferias de educación para así cumplir con la Ley de fomento de paz y educación.



Pero ustedes no respetan al Ejército ni a la tropa ni a la marinería; solo respetan a sus bolsillos. Si respetaran a la tropa y a la marinería, aceptarían nuestras enmiendas y dejarían de jubilar y dejar tirados a los soldados después de los 45 años. Si respetaran a la tropa, contemplarían aumentos de personal, contemplarían salidas dignas para los más desprotegidos, proporcionarían la formación prometida para una posible incorporación a la vida civil. Si respetaran al Ejército, destinarían más presupuesto a las instalaciones denostadas, que se caen a cachos, y destinarían también más presupuesto a compensar a los municipios que soportan las servidumbres militares.

Señorías, podemos tener flamantes tanques, fragatas y aviones, pero a la tropa, que es la parte más vulnerable del escalafón del Ejército, hay que tenerla de forma digna, en acuartelamientos y en unidades que estén en condiciones. De nada sirve tanto armamento si no hay quién sepa usarlo. Pero a ustedes les da igual, porque el fin, para ustedes, no es defender a la gente, sino a sus empresas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vilà.

Para la defensa de la impugnación número 65, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Castellana.

El señor CASTELLANA GAMISANS: Muchas gracias, presidente.

Defensa debe ser un instrumento al servicio de la seguridad, y la seguridad un bien al servicio de las libertades públicas. Pero ¿saben que sucede? Que ayer se nos volvió a acusar de golpistas y se nos recordó que el referéndum del próximo 1 de octubre es ilegal. ¡Qué sorpresa! ¡Ilegal! Pues, obviamente, ¡claro que es ilegal! Porque la legalidad del Reino de España se ha construido para que este referéndum no pueda existir, para excluir la propuesta independentista del debate democrático.

Ayer, también el compañero del Grupo Popular habló de la indisoluble unidad de España. Solamente faltaba recuperar la palabra sacrosanta para recuperar esa época de la unidad de destino en lo universal.

¿Qué pasa? ¿No podemos hacer nada? ¿El debate solamente sirve para hablar y no para poder aplicar proyectos políticos? Permítanme que aproveche para responder la obviedad expresada por una compañera —ahora no la veo— cuando nos ha dicho que hay vida más allá del independentismo. Pues sí, obviamente, hay vida más allá del independentismo. Si quieren, les contaré un secreto ahora que no nos escucha nadie: la parte que dedicamos a conseguir la independencia es la pequeña; la grande es la que dedicamos a diseñar y construir las estructuras que permitirán mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía en la futura república catalana. (Aplausos).

Recuperando el hilo, permítanme que les dirija tres preguntas y, por favor, les pido que se pongan en el lugar de su interlocutor. ¿Considerarían democrática una legalidad que les excluyese? ¿Aceptarían ustedes una legalidad que les excluyese, que excluyese su proyecto político? España tiene su proyecto político. Permitan que una república catalana también lo tenga. ¿Eso no es exclusión? Son 2 proyectos y los 2 tienen derecho a existir.

Les haré otra pregunta. ¿Dejarían ustedes su defensa en manos de alguien que les acusa de golpistas? ¿A que no les gustaría? Pero, por favor, no interpreten esto como que tenemos miedo al uso de la fuerza contra un proyecto político democrático. No es así, porque creemos que eso no puede ser. Además, resulta que las clases dirigentes del Reino de España también son súbditas del gran capital. Y eso no es un brindis al sol, porque cuando el gran capital pide que se reforme la Constitución española en veinticuatro horas, las clases dirigentes del Reino de España lo hacen sin rechistar. Permítanme que adjetive eso con palabras del presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, que encontrarán en el Diario de Sesiones de la última sesión de control, quien calificó a los países que hacen reformas constitucionales en veinticuatro horas como las peores de las dictaduras.

Por lo tanto, ¿por qué nosotros presentamos este veto? Porque, por decencia democrática, les pedimos que retiren su lenguaje provocador e incendiario. La paz y la concordia se construyen comprendiendo y poniéndose en el lugar de su interlocutor. Esto es necesario. Cuando se den esas ocasiones, hablaremos de seguridad y de defensa porque, como muy bien saben, mucha falta nos hace hablar también de ese tema.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Castellana.

Para la defensa de la impugnación número 9, de los senadores Abad y Cleries, tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente.

Yo no soy golpista. Ustedes nos han llamado golpistas. La ministra nos llamó golpistas porque no pensamos como ustedes o porque intentamos poner urnas o porque queremos votar en referéndum —que votaremos—. En mi partido, el PDECAT, apostamos por un modelo de defensa en favor de la promoción de la paz y por una política propia que sea capaz de armonizar nuestros valores, los propios de la sociedad catalana, que quiere votar y que no es golpista.

Por ello, entre otras muchas, una de nuestras reivindicaciones históricas ha sido y es la cesión de las infraestructuras militares a las instituciones de Cataluña, y estos presupuestos no tienen previsto en ningún lado cumplir con estas reivindicaciones y ceder, por ejemplo, la Caserna del Bruc, u otros equipamientos que están en desuso, a la ciudadanía catalana. Esta reivindicación, como he dicho, no está en los presupuestos generales de 2017, en la sección 14, pues se trata de presupuestos continuistas que no resuelven ni atienden los problemas reales ni las aspiraciones reales de los catalanes y las catalanas.

Además, cuando se aprueban —como era de esperar y es práctica habitual en el presupuesto de Defensa—, estos presupuestos no son los reales, pues cada año se realizan ampliaciones durante la legislatura a través de crédito extraordinario, y 2017 no será una excepción. Por tanto, ¿asume de una vez por todas la ministra que ha de consignar el presupuesto real en materia de defensa, o será de nuevo una burla?

Estos presupuestos vienen acompañados de una falta de rigor, de compromiso y de respeto para el pueblo catalán, y estoy aquí para defender los intereses de los ciudadanos de Cataluña. Por ello presentamos nuestro veto a la sección 14, porque no entendemos ni aceptamos que no contemplen y respeten los intereses legítimos y propios de Cataluña.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.

Pasamos al turno en contra.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Comendador.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Con la venia, señor presidente. Muy buenos días.

Creía yo esta mañana que veníamos a tratar de la sección 14 y a hablar del presupuesto de Defensa, pero, por lo visto, sus señorías, en uso de su libertad de expresión, han hablado de lo que les ha interesado, excepto de lo que venimos a tratar, que es el presupuesto de Defensa, de la sección 14. Dicho lo cual, hay que señalar, primero, que la coyuntura económica actual ha condicionado de forma muy relevante la disponibilidad de recursos del ministerio para este Proyecto de presupuestos, un proyecto para los seis meses de año que nos quedan. El doble criterio de gasto, señorías, ha sido proteger la operatividad de las Fuerzas Armadas y garantizar la seguridad de nuestro personal dentro de los límites lógicos que esta actividad permite. En colaboración con el Estado Mayor de la Defensa y los ejércitos, se han establecido las prioridades para que este presupuesto se pueda cumplir al cien por cien.

¿Cuáles son los objetivos que persigue este presupuesto? Son dos, básicamente. Por un lado, dotar a los Ejércitos y a la Armada de las capacidades y recursos que permitan garantizar la defensa nacional, la soberanía de nuestro país, su integridad e independencia, las libertades individuales y colectivas de los españoles y cumplir nuestros compromisos internacionales. En segundo lugar, contribuir con políticas de austeridad y racionalización del gasto al esfuerzo que la totalidad del Gobierno y la nación en su conjunto están realizando para sostener el impulso que nos está permitiendo abandonar poco a poco la senda de la crisis.

En cualquier caso, señorías, es compromiso del ministerio realizar un mejor aprovechamiento de los recursos mediante la obtención de economías de escala y sinergias, estrategias de racionalización de las capacidades disponibles e implantación de reformas importantes en la gestión.

En relación con las operaciones de mantenimiento de la paz y la autorización de participación de las Fuerzas Armadas en operaciones en el exterior, que se ha criticado que no estén incluidas en el presupuesto, en realidad a través del Fondo de contingencia tienen absoluta transparencia. Este no es un presupuesto opaco ni con falta de transparencia, en absoluto. En esta medida es preceptiva la autorización para la participación de las Fuerzas Armadas en operaciones en el exterior y se realiza en las fechas en que se realiza, puesto que muchas veces resulta imposible incluir la previsión de gasto de las misiones en el exterior que se van a desarrollar en el futuro porque a lo mejor participamos en alguna en la que ahora no participamos y, lógicamente, hay que incluirlo a posteriori. Eso se hace a través del Fondo de contingencia, pero con absoluta claridad y nitidez.

En cuanto a los profesionales de las Fuerzas Armadas, señorías, se ha dignificado la función y misión del militar profesional. Hoy día, ser soldado profesional es una profesión dignificada y muy respetada, y las condiciones en que se presta no solo están protegidas, sino que cada día lo están más. Los esfuerzos que se están haciendo para dar mayor protección y estabilidad a las condiciones de trabajo de las Fuerzas Armadas son dignos de alabanza y no de crítica. Es verdad que todavía quedan cosas por mejorar, por supuesto, nadie lo discute, pero estamos en esa senda. Ese es el camino que tenemos que seguir, y esta sección debería haber sido apoyada por el conjunto de la Cámara al completo.

Con todo respeto a las intervenciones de todos los que me han precedido en el uso de la palabra, hay cosas que no se pueden compartir. Señorías, no se puede venir aquí a hacer apología de independencia, porque es lo que han hecho ustedes, entre otras cosas porque hay muchas, muchas razones que impiden esa ilusión que tienen algunos de ustedes. Hay razones jurídicas: la Constitución, que es nuestra Carta magna, no permite un referéndum consultivo si no es de todos sus ciudadanos —léanse los artículos correspondientes—. Hay razones políticas: más de cinco siglos juntos. El demos español incluye al demos catalán desde hace muchos siglos, por lo que no puede haber una decisión democrática del demos catalán que no afecte y condicione al demos español, que debe ser consultado —demos, griego, pueden ustedes acudir al diccionario—. Hay razones sociológicas, más de cinco siglos de convivencia unidos; con el intercambio y la mezcla que tenemos de todos, de todas las regiones de España, al final nos hacen a todos ser españoles por encima de todo. Hay razones de moralidad pública, señorías, porque negar a una parte de los españoles el derecho a decidir sobre el futuro del Estado que llevamos construyendo cientos de años es inmoral. España es un proindiviso en el que todos formamos parte y todos tenemos una parte de él. Yo quiero votar también si pasa algo en Cataluña. Queremos votar todos los españoles lo que nos afecta a todos, no solo una parte de España. (Aplausos.— Rumores). ¿Existe el derecho a decidir? ¿Cómo que no existe el derecho a decidir? Claro que existe, lo que pasa es que el derecho a decidir no es fraccionable, es del conjunto del Estado, es del conjunto de los españoles, que tenemos que decidir sobre el futuro de todos.

Señorías, al igual que la sanidad y la educación son servicios públicos, la seguridad y la defensa constituyen la base indispensable desde la que promover nuestra prosperidad como nación. No hay posibilidad del ejercicio de nuestros derechos y de nuestras libertades públicas si no vivimos en una nación segura, señorías. ¡Y España lo es gracias a nuestras Fuerzas Armadas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado! (Aplausos).

Señorías, siguen ustedes con la ilusión —algunos, no todos, evidentemente— de la independencia. No les vaya a pasar a ustedes lo que al príncipe Segismundo en La vida es sueño: «Sueña el rey que es rey, y vive en ese engaño mandando, dirigiendo y gobernando». Porque, al final, señorías, «... la vida es sueño, y los sueños, sueños son». (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Comendador.

Pasamos a las secciones 15 y 36. Para la defensa de la impugnación número 26, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rubio.

El señor RUBIO RUIZ: Gracias, presidente.

Señorías, el Grupo Socialista considera que estos presupuestos —y se ha reiterado ante esta Cámara— son continuistas y alejados de la realidad social que vive el país. La política de agresivos recortes de gasto público del Gobierno del Partido Popular no ha permitido cumplir cada año los objetivos de déficit y, por el contrario, ha generado un círculo pernicioso para la economía del país, que ya hace tiempo apuntaban los informes del propio Fondo Monetario Internacional: a más recortes, más recesión, con pérdida de la capacidad de ahorro y del consumo y, por lo tanto, menos demanda de bienes y servicios, menos producción, más desempleo, menor recaudación de recursos. Por eso en España tardamos más en iniciar la recuperación, y bienvenida sea.

Los presupuestos nos deberían dar la ocasión para abordar, en este momento, la reversión de los sacrificios de quienes más han sufrido la crisis, en primer lugar, por pura justicia y, en segundo lugar, por estrategia económica. Una sociedad con un 20 % de riesgo de pobreza, una reducción de la renta media familiar desde un 10 % a un 28 % en los salarios más bajos, con una todavía elevada tasa de paro, más dramática en los casos de larga duración y en el empleo juvenil, y un crecimiento galopante de la desigualdad, esta sociedad, repito, se encuentra lastrada para empujar y consolidar la recuperación económica. Porque un crecimiento duradero está vinculado al nivel de bienestar y a la productividad, hay que conjugar crecimiento con un reparto justo de ese crecimiento.

Y vayamos al sistema tributario. El Gobierno sigue en la obediencia incondicional al ajuste y al recorte del gasto, cuando la verdadera clave está en haber hecho un esfuerzo en los ingresos, ingresos que la Airef ha calificado, respetuosamente, de optimistas porque calcula la recaudación tributaria en un mantenimiento del crecimiento que no tenemos garantizado. Además, siguen haciendo recaer todo el peso de la recaudación fiscal en los asalariados y en los autónomos: el 84 % lo soportan las rentas familiares. Hemos perdido, de nuevo, la oportunidad de redefinir la recaudación fiscal, de manera que las rentas del capital contribuyan en mayor medida, así como las grandes fortunas y las grandes empresas. No es de recibo que las grandes corporaciones tributen un 5 % o menos.

Tampoco se refleja en estos presupuestos un esfuerzo especial en combatir el fraude y la evasión en paraísos fiscales. Nuestro grupo ha apostado por un drástico incremento del número de inspectores de la Agencia Tributaria que trabajan en la lucha contra el fraude. Y el fraude no está en los autónomos, dejen de marear la perdiz, la chicha está en otros lugares; el fraude y el delito están en la evasión a paraísos fiscales, en cuya lucha hace falta empeño, compromiso y promover las necesarias alianzas internacionales que lleven a la desaparición del secreto bancario. Pero mal camino hemos empezado cuando hemos promovido a la más alta magistratura de la Presidencia de la Comisión Europea, al señor Juncker, que convirtió a su país, Luxemburgo, en un paraíso fiscal dentro de la Unión. Son, pues, los ingresos, especialmente los tributarios, sobre los que el Gobierno ha pasado de puntillas.

En otro orden dentro de esta misma sección, la Secretaría de Estado de Función Pública, los servicios públicos también se han resentido durante los años de Gobierno del Partido Popular. Mantener la tasa de reposición de efectivos a cero ha provocado el cierre de plantas de hospitales, la masificación del número de alumnos en las aulas y la desaparición de algunos servicios, ya que entre 2012 y 2016 se han perdido más de 200 000 empleos públicos, la mayor parte en los ámbitos sanitarios, docentes, de seguridad y servicios sociales. Paralelamente, la valoración de la calidad de los servicios públicos ha descendido en 20 puntos en el mismo periodo.

Tras muchas presiones...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RUBIO RUIZ: Termino, presidente.

Tras muchas presiones, el Gobierno acabó publicando el Real Decreto Ley 2/2017, desbloqueando las convocatorias de empleo público para los servicios esenciales, que al menos ha servido para paliar el colapso pero el problema sigue ahí. Solicitamos que la tasa de reposición se estableciera en el 150 % para revertir la línea de pérdida de empleo público, pues no, el Gobierno ha optado por el 50 % y solo el cien por cien en casos muy especiales.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor RUBIO RUIZ: Y otra oportunidad que hemos perdido ha sido la de restituir de alguna manera a los trabajadores públicos su nivel retributivo, su capacidad adquisitiva perdida durante la crisis.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rubio.

Para la defensa de la impugnación número 48, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Buenos días, señorías.

La verdad es que da un poco igual si vemos la sección de Defensa, de Hacienda o de Exteriores: el discurso del Grupo Popular siempre es igualmente rancio y casposo. (Protestas). Pero en la anterior sección, de Defensa, se han coronado ustedes.

En las intervenciones de ayer ya adelantamos que algunos de los motivos fundamentales que nos llevan a rechazar estos Presupuestos Generales del Estado para 2017 tienen que ver directamente con la sección de Hacienda y con las Administraciones Territoriales. En primer lugar, porque estos presupuestos generales se basan en una previsión no realista de los ingresos públicos. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen el Banco de España y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que han mostrado públicamente serias dudas sobre las previsiones de ingresos, y en particular sobre los impuestos directos y el IRPF.

El Gobierno trata de conjugar una reducción acelerada del déficit con sus contrarreformas fiscales, y por supuesto el resultado no puede ser otro que este. Las reformas regresivas de 2015 han supuesto una pérdida de 12 300 millones de euros de recaudación, y los cambios en la distribución de la renta provocados por la mayor desigualdad y la devaluación salarial han erosionado la recaudación tanto del IRPF como del impuesto sobre sociedades. Por eso los ingresos vienen creciendo muy por debajo de lo que deberían como consecuencia del crecimiento del PIB, un hecho inédito en al menos las últimas dos décadas. Fíjense en el contraste, señorías. Los tributos indirectos como el IVA, que se pagan independientemente de la renta del contribuyente, han ganado cerca de 10 puntos porcentuales de peso en la recaudación del Estado en la última década, mientras que los tributos directos como el IRPF o el impuesto sobre sociedades han cedido casi 4 puntos.

La pérdida de peso en los impuestos directos se ve agravada, además, por el fraude fiscal. En este país, al tiempo que se asfixia a la mayor parte de la gente que trabaja y paga sus impuestos, los privilegiados se lo llevan crudo. Los resultados logrados por la Agencia Tributaria apenas representan un 21,7 % de la evasión total estimada entre 2012 y 2016. En estos presupuestos la Agencia Tributaria contará con un presupuesto un 5,2 % menor que en el ejercicio 2010 y con una plantilla un 10,7 % inferior que en el mismo ejercicio. Este es el interés que ustedes tienen en perseguir el fraude fiscal. Pero claro, no se puede esperar otra cosa de un ministro de Hacienda que pone la alfombra roja a los defraudadores con una amnistía fiscal declarada ya inconstitucional y tampoco se puede esperar otra cosa de un partido hasta el cuello de corrupción, como el Partido Popular. ¿Cómo van a perseguir ustedes la evasión fiscal si los defraudadores están entre sus filas, entre sus dirigentes? (Protestas). Los niveles de corrupción y fraude que se dan en España serían completamente inaceptables en el resto de países de nuestro entorno. Al Partido Popular le encanta hacer gala de un discurso europeísta, pero solo para lo que les interesa, solo cuando se trata de realizar recortes y ajustes, solo cuando se trata de maltratar a nuestra gente.

La renuncia a abordar una reforma fiscal en profundidad para asegurar la financiación de las políticas públicas provoca que el aumento de los ingresos sea básicamente el que se deriva del propio crecimiento nominal de la economía y esto, señorías, nos impide converger con Europa en presión fiscal y hace que nos encontremos 8 puntos por debajo de la eurozona.

El atraso de España en materia de fiscalidad se ve claramente en el desarrollo de los impuestos medioambientales. Fíjense, en el último informe de la OCDE para España se dice que los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales han disminuido en términos reales desde el año 2000. El informe de la Comisión Europea publicado este mes de mayo dice que los ingresos procedentes de los impuestos medioambientales se sitúan entre los más bajos de Europa.

Además, las carencias en materia de política fiscal no repercuten igualmente en el conjunto de las administraciones públicas. Los presupuestos siguen la misma lógica antimunicipalista y antiautonómica de los presupuestos anteriores, porque sus principales disposiciones se basan en la reforma del artículo 135 de la Constitución, en la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y en La ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, un modelo de financiación que no garantiza ni la suficiencia ni la autonomía financiera.

Voy terminando. Además, este año ustedes han elaborado unos presupuestos generales que reducen el conjunto de las inversiones territorializadas en un 22,1 % y en algunas comunidades autónomas, como Andalucía, Asturias o Valencia, se baja hasta un 30 %.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Sí, señor presidente, acabo.

Todo ello caracteriza a estos Presupuestos Generales del Estado en términos fiscales como regresivos, antieuropeos y recentralizadores, y todo ello justifica tanto este veto como nuestra oposición frontal a estos Presupuestos Generales del Estado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.

Para la defensa de la impugnación número 66, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Pérez Esteve.

La señora PÉREZ ESTEVE: Gracias, presidente. Señorías, buenos días.

Voy a empezar respondiendo, si me permiten, al senador del Grupo Popular que ha dicho una verdad: «... la vida es sueño, y los sueños, sueños son». Pues mire, tiene toda la razón, los sueños, sueños son, pero se ha olvidado decir que al pobre Segismundo le hicieron creer que la realidad que había vivido era un sueño, cuando era real. Nosotros, los catalanes y las catalanas, hace años que soñamos, pero también tenemos claro, y también lo tendrían que tener ustedes, que el próximo 1 de octubre vamos a votar y vamos a ganar. (Aplausos.— Protestas).

Siguiendo con mi intervención, nuestro veto a la sección presupuestaria 15, que corresponde al Ministerio de Hacienda y Función Pública, es evidente: es el ministerio responsable y principal de la elaboración de estos invotables presupuestos generales, y más después de lo que tuvimos que escuchar ayer por parte del ministro y de dos de los portavoces. Estos presupuestos consolidan su modelo de Estado que se caracteriza por un nivel de impuestos tributados principalmente por las rentas de trabajo de las clases medias y bajas y no por las que tendrían que ser, las del capital, o dicho de otra manera, las de sus amigos. El esfuerzo fiscal persigue a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, al verdadero motor, pero a las grandes empresas les permite pagar un tipo efectivo mucho menor —muy lógico todo—.

Si analizamos estos presupuestos nos damos cuentas de que se ha falseado el nivel de ingresos, y no lo decimos nosotros, lo ha señalado la Airef, y en ningún caso visualiza el esfuerzo que se tendría que hacer en la lucha contra el fraude, la evasión y la elusión fiscal. Se lava la cara de las cuentas públicas para disimular la realidad: que es un nuevo año de recortes. El techo de gasto es menor que en 2016. ¿Y por qué? Por los reiterados incumplimientos por parte del Gobierno español; eso sí, se reparte de manera que el Estado tiene mayor capacidad de generar déficit en lugar de tenerlo las administraciones que llevan a cabo el gasto social.

El esfuerzo en este gasto público solo va a suponer un 41,3 % del PIB, cuando en 2016 fue el 42,1 %. ¿Y quién se va a comer este gasto? Pues va a ser la inflación, situada por consenso por encima del 2 %. Casi todas las partidas experimentan recortes o subidas inferiores al crecimiento nominal de la economía, lo que les permite reducir el peso de los gastos sobre el total del PIB. Siguen manteniendo buena parte de los ajustes aprobados el año pasado, cuando avanzaron el cierre de los ministerios en septiembre y aprobaron la no disponibilidad de gasto en julio, lo que igualmente provocó que no se pudiera gastar en 2016 lo que no estaba comprometido en esa fecha. La consecuencia fue del todo desastrosa y aún la estamos sufriendo.

La mayor de las injusticias se la llevan las comunidades autónomas y las corporaciones locales, que son las únicas administraciones que cumplen los objetivos de estabilidad presupuestaria y son a las que se les aplica más restricciones: tienen más obligaciones de gasto social y tienen menos capacidad impositiva y de ajuste; los límites de deuda para las comunidades autónomas no son equitativos y no guardan ningún tipo de proporcionalidad. Si nos fijamos en las administraciones más próximas a la ciudadanía, los ayuntamientos, la cosa se pone más complicada todavía. Son las administraciones que mejor han hecho los deberes, a diferencia de la Administración central, y siguen ofreciendo todos y cada uno de los servicios que tienen que ofrecer y más; aun así, las siguen ahogando. La evidencia de que los ayuntamientos no solo han salido de la crisis, sino que la tienen más que superada, es su superávit. Llevan más de cinco años acumulando superávit y en 2016 la cifra llegó a los 7083 millones de euros, los cuales —y gracias a sus políticas— solo pueden destinar a pagar deuda pública, se lo quedan los bancos, sin poder destinarlo a sus propietarios reales, que son los ciudadanos y ciudadanas.

Sabemos que la regla de gasto no va directamente ligada a los presupuestos, pero sí indirectamente, no se engañen. Cuanto mejor vayan los ayuntamientos, cuanto mejor vayan sus cuentas, más ayudarán a reducir su deuda pública; deuda pública que aun con su ayuda seguirá sin cumplir los parámetros que marque la Unión Europea. Entonces, ¿cómo se entiende? Les respondemos: no se entiende, sus políticas no se entienden, su presupuesto, desde el punto de vista lógico, no se entiende. Así que, por todo ello, el Grupo de Esquerra Republicana presenta el veto a esta sección.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pérez Esteve.

Para la defensa de las impugnaciones números 3 y 7, del senador Cleries, tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidente.

Nos encontramos ante esta sección del Ministerio de Hacienda y me ha sorprendido que antes uno de los portavoces del Grupo Popular dijera: ¿Qué propuestas tienen ustedes? El Partit Demòcrata ha presentado a estos presupuestos 858 enmiendas y hay un total de 6119 enmiendas del conjunto de la oposición. ¿Y saben lo que sabemos? Que no se va a aprobar ninguna de estas enmiendas, que aquí en el Senado no se va a mover ni una coma. Estaremos hoy discutiendo mucho —en comisión también discutimos mucho—, estaremos en el próximo Pleno y no se va a mover ni una coma. ¿Por qué? Porque ayer el ministro nos decía que tiene un acuerdo tan sólido con distintas formaciones políticas sobre estos presupuestos que le da miedo que se apruebe una coma en el Senado porque tendrían que ir de nuevo al Congreso: le da miedo —en catalán decimos que els tornin a passar el platet— que les vuelvan a pasar el cepillo las formaciones políticas, que no son el Partido Popular, que dan soporte a estos presupuestos y que la factura sea mucho más alta. Una factura más alta que no contribuye a la igualdad de la que ustedes siempre hablan entre españoles, sino que estos presupuestos consolidan más la desigualdad entre territorios y el trato discriminatorio especialmente hacia algunos territorios.

Precisamente, les quiero recordar que desde el año 2014 está caducado el sistema de financiación autonómica y ustedes no han hecho nada para ponerlo al día, y mientras las comunidades que están en el régimen ordinario están saliendo gravemente perjudicadas. Tanto es así en el caso de Cataluña, que tenemos un déficit fiscal de entre 15 000 y 16 000 millones de euros cada año, y yo cada semana cuando cojo el AVE, pienso: Cada mañana sale un AVE —no sé cuál es— desde Barcelona hacia Madrid con más de 41 000 000 de euros que se van hacia el Estado español y que no vuelven ninguno de estos millones a Cataluña para nada de nada, para ningún servicio. Este es el gran servicio del Estado español a Cataluña: un déficit fiscal de más de 16 000 millones de euros, y no pueden decir que no porque incluso sus grandes expertos lo han calculado. Y ustedes se extrañan de que la Generalitat no envíe ningún experto a calcular el sistema de financiación. ¡Si ya está todo calculado, lo único que hace falta es aplicarlo!

Pero no se preocupen, porque en Cataluña vemos la acumulación de déficit que tenemos y que incluso nos engañan con las inversiones, porque nos dicen que se van a invertir unos 1000 millones cada año y después el mismo Ministerio de Hacienda dice que, por ejemplo, en el año 2016 solo se han ejecutado —salieron las cifras hace quince días— un 35,6 %, que quiere decir que en lugar de invertir en Cataluña menos del 10 %, se ha invertido menos del 3,5 % del conjunto de inversiones del Estado español. Una auténtica vergüenza. Y encima estamos hartos —se lo digo así de claro— de escuchar que los servicios públicos en Cataluña se pagan gracias al Estado español. Oiga, lo que se paga en Cataluña en servicios públicos es gracias al esfuerzo fiscal de los catalanes y catalanas, porque el Estado español sí que es responsabilidad de un expolio fiscal, pero en ningún caso de regalarnos nada de nada. Esto está bien claro.

Además, no se preocupen: como somos tanto estorbo, nosotros ya nos vamos. ¿Pero saben lo que ocurre? Que lo que les da miedo es cómo les van a salir los números sin Cataluña; este es el gran problema que tiene el señor Montoro sin Cataluña, porque los números le salen muy mal. Este es el problema del Estado español, pero no se preocupen, nos vamos con tranquilidad y tendrán unos buenos vecinos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Martínez Arcas.

El señor MARTÍNEZ ARCAS: Muchas gracias, señor presidente.

Comparto el turno en contra con el senador Valverde, quien profundizará en los temas de financiación autonómica y territorial. Yo me voy a centrar en el ámbito específico de lo que concierne al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Empezaré diciendo que, al margen de la interesante y certera clasificación que hizo ayer nuestro portavoz sobre la concepción de la política que tenemos los miembros de esta Cámara —unos que nos basamos en la construcción y en la estabilidad y otros que lo hacen sobre la base de la inestabilidad y de la destrucción—, este servidor también quiere humildemente clasificar a las formaciones políticas del Senado en dos modelos políticos y de gestión pública distintos. Ambos modelos son antiguos y con acreditada trayectoria: en unos casos acreditada trayectoria de éxito y en otros casos de rotundo fracaso. Y digo bien cuando digo antiguos, señor Martínez, porque algunos de la izquierda populista se quieren arrogar la invención de un nuevo modelo, fruto sin duda de esa efebocracia, que diría Ortega, de la que ustedes hacen gala, pero en el fondo no son más de lo mismo: son antiliberales disfrazados de folclóricos.

Por lo tanto, dos modelos radicalmente distintos: el suyo, el de la izquierda, basado en un incremento descontrolado del gasto público bajo el principio de «si no hay quien lo pague, ya habrá quien lo deba»; una subida indiscriminada de impuestos, principalmente a la clase media, a la que ustedes quieren masacrar; en definitiva, intervenir en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, restringir su capacidad de iniciativa privada, más impuestos, menor capacidad de gastos e inversión, más dependencia del poder público y, en consecuencia, lo que a ustedes les gusta: clientelismo. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia). Un modelo que sin necesidad de ir más allá de nuestras fronteras, aunque también hay ejemplos que podríamos poner encima de la mesa, aboca al crecimiento económico negativo, a la destrucción masiva de empleo, a la bancarrota del sistema administrativo, al impago y a la quiebra del Estado del Bienestar social.

Son ustedes los del Plan E, los de las facturas sin pagar por falta de liquidez; los del incremento exponencial de los empleados públicos; los del actual sistema de financiación autonómica; los del café para todos; los de, como diría Pedro Sánchez, la nación de naciones, o como diría Pablo Iglesias, el país de países; los que generaron 3,5 millones de parados nuevos; los que defienden un modelo ineficiente, ineficaz y peligroso para España.

En el Partido Popular defendemos un proyecto que ha revertido completamente la situación que nos dejaron en 2011. Un modelo que —no nos escondemos— considera imprescindible la consolidación fiscal y el cumplimiento del déficit.



Y lo hace porque eso nos permite acreditar que somos un país solvente, que pagamos lo que debemos, que tenemos capacidad para pagar nuestras deudas. Y eso genera confianza, y esa confianza hace que los inversores inviertan en nuestro país, lo que ha generado el crecimiento económico que hemos tenido, el doble de la media comunitaria. Y ese crecimiento económico genera a su vez empleo, a razón de medio millón de puestos de trabajo al año. Consideramos también importante cumplir los objetivos de déficit porque, obviamente, implica una aminoración del endeudamiento; si somos capaces de cubrir los gastos con los ingresos ordinarios, indudablemente no tendremos que recurrir a ingresos financieros externos.

En consecuencia, el crecimiento económico con empleo y el menor endeudamiento implican más ingresos tributarios, mayor recaudación en la Seguridad Social, menos gastos en intereses y en prestaciones por desempleo, y en su virtud, lógicamente, más posibilidad de gastar en las personas que más lo necesitan y en garantizar el Estado de bienestar social. Para muestra, los presupuestos de este año 2017, en los que el gasto social, en términos absolutos y relativos, es mayor que ningún presupuesto de la historia de la democracia.

Además, entendemos que esa consolidación fiscal se puede hacer, y así lo hemos acreditado, rebajando los impuestos. En los últimos dos ejercicios, las rebajas fiscales adoptadas por el Gobierno de España han supuesto poner 12 300 millones de euros en los bolsillos de los contribuyentes. Y eso no se produce por el milagro de los panes y los peces, es fruto de una política basada en varios argumentos sólidos. En primer lugar, un crecimiento económico fiable y prudente —lo decían el otro día el gobernador del Banco de España y el presidente de la Airef—, basado en una demanda interna solvente y en una balanza de pagos muy favorable, en una ligera inflación y también en un incremento de los salarios. ¿O acaso el incremento del 8 % del salario mínimo interprofesional no va a repercutir necesariamente en una mayor recaudación tributaria? Se basa igualmente en la implementación de nuevas medidas tributarias, como las que se adoptaron al final del ejercicio 2016, en concreto, en el ámbito del IBEX sociedades, así como en el incremento de la eficacia en la lucha contra el fraude: más de 60 000 millones de incremento en la recaudación en la lucha contra el fraude en los cuatro últimos ejercicios, y 100 millones de euros más que se van a dotar en este presupuesto de 2017, un 10 % más para luchar contra el fraude fiscal.

Y, por último, reduciendo el gasto superfluo y gestionando de manera más eficiente los recursos públicos. Y aquí me van a permitir un inciso, señores de Podemos. Ustedes están continuamente diciendo que hay que poner las instituciones al servicio de los ciudadanos. Me parece correcto, pero no hay que manipular las instituciones, como hicieron ustedes ayer y hoy en el Congreso de los Diputados presentando una moción de censura absolutamente infundada y absolutamente injustificada. (Aplausos). Una moción de censura que para lo único que ha servido es para hacerles propaganda y publicidad gratuita, pero a costa de todos los españoles. Eso es poner las instituciones exclusivamente a su servicio. (Aplausos).

En definitiva, señorías, y voy terminando, tenemos una situación económica que nos ha permitido también alcanzar un acuerdo histórico con las centrales sindicales para incrementar un 1 % el sueldo de los empleados públicos, para crear en este ejercicio de 2017 más de 65 000 nuevos funcionarios y consolidar durante los próximos tres años a 250 000 interinos.

Son dos modelos antagónicos, claramente distintos. Ustedes son de subir impuestos, de incrementar el gasto público, de no cumplir el objetivo de déficit, de llevarnos al desastre, de llevarnos a la quiebra y a la bancarrota. Nosotros, de fomentar la actividad pública, pero como elemento que garantice el Estado de bienestar y estimule el desarrollo económico. Somos partidarios de bajar los impuestos y controlar el gasto público para eliminar el déficit y reducir la deuda. Se trata de gastar mejor, no de gastar más.

Y, por último, señorías, para que ustedes lo entiendan, esto es la fábula de la cigarra y la hormiga: mientras nosotros recogemos provisiones para el invierno, ustedes siguen riendo y cantando.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Valverde.

El señor VALVERDE MENCHERO: Muchas gracias, señor presidente.

La verdad es que tengo poco tiempo, pero debo contestar a la impugnación a la sección 36, que solo hace el PDECAT.

Primero, quiero decirles que es muy simple esa impugnación, porque dice que no se adecúa a las necesidades del Estado español y, en particular, a las que necesita Cataluña. La financiación de las comunidades autónomas y de las entidades locales forma parte de un sincero diálogo del Estado con estas entidades territoriales; sincero diálogo que se va a plasmar en esas comisiones de expertos que, fruto de esa reunión de la Conferencia de Presidentes, deben dar lugar a un nuevo marco de financiación autonómica y local. Pero hay que significar algunas cosas: 5400 millones de euros más para comunidades autónomas, y no solo por un proceso automático de aplicación de la ley, sino por una gestión eficiente y eficaz de un gobierno, el Gobierno del Partido Popular, que está permitiendo el crecimiento y el desarrollo económico para que puedan disponer ahora de ese dinero para la financiación de sus gastos todas las comunidades autónomas, incluso aquellas gobernadas por partidos políticos que no van a aprobar estos presupuestos.

En concreto, de los 94 355 millones de euros que percibieron las comunidades autónomas el año pasado, 17 400 fueron para Cataluña, el 18,51 % —fue la que más financiación recibió— y en este año 2017 está previsto nuevamente que sea el 18,60 %, es decir, 18 575 millones de euros. Más de 100 millones de euros de aportación para la Ley de dependencia; 2000 millones de euros, un incremento del 12,7 %, para las políticas activas de empleo; acuerdos históricos para la consolidación del empleo. En definitiva, una apuesta decidida por las entidades territoriales, por las comunidades autónomas y también por los ayuntamientos.

Señorías del PDECAT, los fondos de liquidez puestos a disposición de las comunidades autónomas han permitido pagar gran parte de los servicios públicos de las comunidades autónomas. En concreto, Cataluña ha recibido desde el año 2012 62 952 millones de euros, es decir, el 33 % de la cantidad dispuesta para las comunidades autónomas y entidades locales, y esto ha significado ahorros que van a llegar a los 16 000 euros...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, lo siento, pero tiene que ir terminando.

El señor VALVERDE MENCHERO: Termino.

El Estado no roba tanto, señorías del PDECAT y de Esquerra Republicana, el Estado más bien se convierte en muchas ocasiones en el ángel salvador de muchas comunidades autónomas, como la de ustedes. En definitiva, señorías, compromisos cumplidos, fruto del diálogo, y todo ello dentro del marco de sostenibilidad financiera y estabilidad.

Señorías, estos presupuestos son los que ahora necesita España, unos presupuestos que siguen garantizando el crecimiento y el desarrollo de nuestro país y el empleo, y ofrecen la estabilidad y la certidumbre que todos necesitamos.

Nuestro grupo va a rechazar este veto a las secciones 36 y 15 del presupuesto presentadas por los diferentes grupos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señoría.

Pasamos a la sección 16.

Para la defensa de la impugnación número 27, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Iglesias.

La señora IGLESIAS PARRA: Gracias, señor presidente.

Señorías, diferentes representantes del Partido Popular, a lo largo de su tramitación, han calificado estos presupuestos de continuistas. Al Grupo Socialista le parece que es una calificación muy benevolente, pensamos que en muchas políticas vamos para atrás. Con la sola excepción del programa 131N, de formación, que aumenta en un 31 %, el resto de los programas o se quedan igual o disminuyen, como ocurre con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con seguridad vial, con protección civil y con instituciones penitenciarias. Y esto ocurre en un escenario de crecimiento económico que ustedes sitúan en el 3,2 % y, además, para un servicio considerado básico. No quiero ni imaginar qué presupuesto habrían hecho si no tuviera esta consideración.

Se entiende que un servicio básico debe tener un tratamiento prioritario, sin embargo ustedes no lo han entendido así. De todos los servicios básicos, Justicia, Defensa, seguridad ciudadana, instituciones penitenciarias y política exterior, este ha sido el peor tratado. Justicia sube más de un 7 %, de lo cual nos alegramos porque efectivamente ya tocaba; Defensa sube un falaz 0,4 %; política exterior, un 3 % y la sección que nos ocupa, Interior, solo un 0,1 %. Por tanto, el crecimiento de los presupuestos de estos servicios básicos se ha distribuido de forma muy desigual, y no será porque nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad no tengan graves problemas, o no los tenga instituciones penitenciarias o no tengamos necesidades acuciantes, por ejemplo, en materia de asilo.

Los presupuestos son la foto de sus intenciones, o más bien la foto de lo que ustedes quieren que creamos que son sus intenciones, porque como ya ocurrió el año pasado, seguramente estos presupuestos tengan poco de reales, ya lo está advirtiendo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En cualquier caso, estos presupuestos consagran el espíritu de recortes iniciado en 2012 en políticas de seguridad —un 6 % en seis años—, y que tiene su cara más visible posiblemente en la reducción de plantillas. Ustedes han tratado de darle un poco de lustre a estos tristes presupuestos con una medida que se supone estrella y una medida que ustedes dirían en diferido porque va a tener efectos dos años después, y es la oferta pública de empleo para la Policía Nacional y la Guardia Civil. En un primer momento dijeron que suponía la reposición del 100 % de las vacantes que se iban a producir en este año; ahora nos dicen que va a ser un poco más, que va a ser un 20 % más. Si hacemos un acto de fe y nos creemos que efectivamente esto va a ser así, que se va a superar en un 20 % la tasa de reposición, nos harían falta veinticuatro años para cubrir las vacantes que existen según el catálogo, no tres años, como dijo el ministro, señor Zoido, hace pocos días.

Sacan pecho también con la subida salarial del 1 %, una subida que ni siquiera alcanzará el IPC, con lo cual se está consagrando que se siga perdiendo poder adquisitivo. Y hablando de retribuciones, siguen sin abordar la equiparación salarial entre la Guardia Civil y la Policía Nacional. Ya sabemos que lo están estudiando, ya sabemos que hay una mesa constituida, ya sabemos que no saben cuánto cuesta esta medida, pero entenderán que les reprochemos la calma con que se toman este asunto, porque ya lo prometieron en 2011. No sé qué han hecho en todo este tiempo. Y ese retraso, además, legitima cualquier sospecha de que no tengan ninguna intención de abordar este tema.

Siguen sin dar a los suicidios la importancia que tienen en el seno de la Guardia Civil. Ahora sabemos por qué, porque ustedes piensan que la Guardia Civil tiene más problemas de pareja y más problemas psicológicos que el resto de la sociedad y que los problemas laborales no tienen nada que ver con este asunto.

Se ha recortado en protección civil, nada menos que un 1,8 %; se ha recortado en seguridad vial —mientras vuelven a aumentar las muertes en carretera después de trece años, recortan el presupuesto en 14 millones de euros—; y donde han recortado sin complejos, de manera más sangrante, es en el capítulo de inversiones reales, que ha visto reducido su presupuesto en un 4,6 %, 12 millones de euros menos; 12 millones de euros menos para las cárceles, para los centros penitenciarios, para los CIE, que ya sabemos cómo están.

Ya sabemos —y me lo van a decir, con toda seguridad— que el Partido Socialista es el último responsable de estos presupuestos, pero, como les dijo ayer mi compañero Juan María Vázquez, ya está bien; empiecen a hacerse responsables de lo que son responsables, que es de seis años de Gobierno y de una subida de la deuda pública de más del 30 %. Y admítannos una recomendación, pongan fin al nepotismo y a la corrupción, porque el nepotismo y la corrupción salen muy caros y además condicionan los presupuestos.

Respecto a las políticas de asilo y apátridas, se ha aumentado el presupuesto en 100 000 euros, con lo cual ya nos podemos hacer idea de adónde va a ir el compromiso que contrajimos con Europa y los 15 000 refugiados que están esperando.

Instituciones penitenciarias se ha recortado un 0,4 %, y tenemos las cárceles con módulos cerrados, cárceles cerradas... Por cierto, hay un protocolo también para evitar agresiones, cero euros…

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora IGLESIAS PARRA: Termino, señor presidente.

Eso sí, se consignan para estudios y trabajos técnicos 9 millones de euros, y el secretario no supo decirnos para qué eran.

Les decía, no hay dinero para el protocolo de prevención de agresiones, no hay 3 millones de euros para paliar la falta de examinadores de tráfico, pero ya verán cómo no tenemos ningún problema en encontrar 2000 millones de euros para pagar el rescate de las autopistas. A ustedes les falla la voluntad de querer arreglar determinados asuntos y les sobra voluntad para arreglar otros.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Iglesias.

Para la defensa de la impugnación número 49 del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Muchas gracias.

Presentamos veto a la sección 16 del presupuesto destinada al Ministerio del Interior. El ministerio presenta como objetivos la mejora de la seguridad, la reducción de la criminalidad, la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo. Sin embargo, estudiando el presupuesto, vemos dos medidas para esto. Por un lado, se precarizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, por otro, determinadas partidas que tienen que ver con reinserción y alternativas a la prisión, se reducen muy drásticamente.

En cuanto a la precarización de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo primero que se hace es reducir partidas de cuerpos de lucha contra la corrupción, como la UCO y la UDEC. No lo entendemos. Pensamos que tiene bastante que ver con la idea que tiene el Gobierno de la lucha contra la corrupción. Y en cuanto a las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se mantiene en la precariedad absoluta en la que están, con una reducción del 9 % desde 2011. Y con lo poquísimo que se les aumenta este año en el presupuesto y la escasez en la tasa de reposición, como es obvio, van a seguir absolutamente mermados. Si a esto se le suma que la partida 483, destinada a medidas que tienen que ver con alternativas a la prisión, intervención social y medidas de reinserción, se reduce en un 40 %, parece que los objetivos que se marca el Ministerio del Interior tienen más que ver con un milagro divino que con los presupuestos.

Respecto a las partidas destinadas a instituciones penitenciarias, sabemos que el ministerio se marcaba como objetivo para este año la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Además, pretende hacerlo dándoles a las comunidades autónomas el dinero que tiene en el presupuesto para asistencia sanitaria. Sin embargo, analizamos el presupuesto y lo que se ha hecho para este 2017 es vaciar las partidas en materia de asistencia sanitaria. Se reduce un 13 % en medicamentos, un 32 % en conciertos de asistencia sanitaria y un 2 % en alimentación. Eso sí, se mantiene la misma partida en protocolo. ¿Qué va a pasar aquí? Pues, obviamente, que con esta miseria en que se deja a la asistencia sanitaria en prisión, las comunidades autónomas no van a querer asumir esta competencia. ¿Y quién va a sufrir las consecuencias? Pues las personas presas, que tienen una sobrepresentación de enfermedades y cientos de muertes por enfermedades graves en las prisiones durante los últimos años. Lógicamente, habrá que preguntarse si este presupuesto no va a provocar más muertes. Desde luego, no lo podemos admitir.

Eso sí, hay una partida nueva este año de 1 000 000 de euros destinado a material coercitivo. Sin embargo, no se destina absolutamente nada —cosa que exigía la Defensoría del Pueblo— a formación en materia de resolución pacífica de conflictos y 0 euros en materia de mediación. Lo que se deduce del presupuesto es que se sigue consolidando una política que tiene que ver con el castigo, con la retribución, con la represión, y que se abandonan las posibilidades de reinserción de las personas presas.

En materia migratoria se mantiene un sistema ineficaz, inhumano, y que produce sufrimiento. En cuanto a los CIE, se mantiene el modelo, con el que saben que nosotros estamos absolutamente en desacuerdo. De hecho, ni siquiera el 42 % de las personas que ingresan en los CIE pueden ser expulsadas, y tenemos una media de habitabilidad de los CIE del 40 %. Sin embargo, el ministerio se empeña en crear nuevos CIE. Pero si después analizamos el presupuesto, no hay partidas para que este año estén los nuevos CIE. Mientras tanto, como saben perfectamente, hay varios CIE que se caen a pedazos y que no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad. Y las partidas destinadas a rehabilitación, desde luego, no prevén que esto se pueda solucionar. Además, estas condiciones indignas no solo las sufren los internos, sino también los funcionarios. Esto supone vulneración de derechos humanos y está dentro del presupuesto.

En cuanto al sistema de asilo, tenemos un país que recibe un índice muy bajo de solicitudes con respecto a otros países. Sin embargo, lo tenemos absolutamente colapsado. Tenemos más de 20 000 expedientes en stock. Y la partida que se aumenta es tan pírrica —ni 10 000 euros— que es como si nada. Vamos a seguir sin poder acoger a los más de 15 000 refugiados, algo a lo que nos comprometimos, porque, desde luego, los números no dan. Está claro que no vamos a llegar ni por asomo, y más nos valdría destinar dinero, en vez de a vuelos de deportación, a programas de inclusión.

Presentamos este veto porque lo que se deduce es que sigue manteniendo un modelo ineficaz, que consolida medidas policiales y represivas que producen sufrimiento y que no se apuesta en absoluto ni por la educación ni por la prevención ni por la reinserción ni por la igualdad de oportunidades ni por el cumplimiento de los derechos humanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Mora.

Para la defensa de la impugnación número 67, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Masih.

El señor MASIH NAHAR: Gracias, presidente.

Señorías, en Esquerra Republicana no estamos de acuerdo con los presupuestos del Ministerio del Interior. Hemos presentado impugnación a la sección 16, Ministerio del Interior, según el artículo 107, del Reglamento del Senado. No estamos de acuerdo con el presupuesto no justificable, con el dinero que se gasta innecesariamente en espiar a otros partidos políticos. ¿Cuántos agentes de policía están destinados a vigilar e investigar a políticos del Gobierno de Cataluña? Asimismo, se han destinado más de 6 millones de euros a actividades no justificables.

No estamos de acuerdo con el presupuesto destinado a encerrar en los centros de internamiento a los pobres inmigrantes que han venido a Europa para encontrar una vida mejor, para luchar contra la hambruna y otras dificultades diarias.

Rechazamos esos presupuestos del Ministerio del Interior, que destina más de 6 millones de euros a gastos reservados, sobre los que no hay control efectivo en un contexto de utilización de fondos reservados para usos legítimos.

Asimismo, rechazamos unos presupuestos que destinan el doble a gastos y atenciones protocolarias y representativas y actos institucionales —669 410 euros—, que a contribuciones a Acnur —270 000 euros—. Y ello sin tener presente que mientras destinan esos más de 600 000 euros a gastos superfluos, solo gastan 10 000 euros en atención a la inmigración, partidas que recortan en dos terceras partes.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha presentado enmienda de devolución de la sección 16.

Muchísimas gracias.

Si me permite, le quería comentar algo al senador del Partido Popular que ha dicho antes que aquí no se podía hablar de independencia. Le recuerdo que hace unos días el presidente de su propio Gobierno invitó al presidente Puigdemont para declarar y para explicar la independencia en el Congreso de los Diputados. El presidente Puigdemot no aceptó, pero dijo que vendría a explicarlo si no tenía que cuestionar y votar. Hoy ha perdido la memoria y ha dicho que aquí no se puede hablar de independencia. Yo creo que están muy confundidos.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, céntrese en el tema. No cambiemos de tema; estamos en presupuestos.

El señor MASIH NAHAR: Solo me queda una palabra. Están muy confundidos y no saben qué hacer. Se equivocan entre palabras: mejor-peor y peor-mejor. No saben qué hacer.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señoría.

Para la defensa de la impugnación número 10, del Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gracias.

El PDECAT plantea el veto a la sección 16 porque entendemos que estos presupuestos incumplen con Cataluña y con los catalanes y no responden a nuestros intereses, prioridades y necesidades. Cuando el nivel de alerta antiterrorista es de 4 sobre 5, la seguridad es necesaria y con ella no se juega.

Llevamos desde el año 2009 pidiendo por activa y por pasiva, por carta, en comisión y con preguntas en el Pleno, la convocatoria de la Junta de Seguridad y el acceso a las bases de datos policiales. Y, hasta la fecha, no se nos ha hecho ni caso y estos presupuestos son una prueba más de ello.

Como he tenido ocasión de reivindicar en su momento, estamos viviendo un momento importante de alerta antiterrorista en nuestro país. En Cataluña, tanto el de Mossos d’Esquadra como el de la Policía Local son cuerpos de policía de primera categoría. En concreto, el cuerpo de Mossos d’Esquadra está integrado por profesionales de primer orden formados y especializados en todas sus disciplinas. Es un cuerpo altamente preparado para garantizar la seguridad de la sociedad catalana y la lucha contra la amenaza terrorista. A pesar de ello, estos presupuestos en esta sección 16 no dan respuesta alguna a nuestras necesidades y reivindicaciones.

No se ha reunido aún la Junta de Seguridad y, por eso, tampoco se han podido revisar, actualizar y liquidar las aportaciones pendientes al cos de Mossos d’Esquadra, lo que hace que lleguemos a niveles de deuda que imposibilitan dar respuesta a objetivos tan importantes como es el de la seguridad. ¿Hasta cuándo esta situación? No tenemos respuesta del Ministerio del Interior ni tampoco en estos presupuestos.

Ustedes solo saben interponer recursos de inconstitucionalidad. Ustedes solo saben utilizar recursos contra dirigentes independentistas de mi país. Ustedes solo saben debilitar aquello que funciona. Ustedes solo saben cerrar el grifo y poner en peligro la seguridad de mi país, Cataluña. Nosotros pedimos lo que es propio. Pedimos tener recursos para hacer frente a la amenaza. Pedimos la convocatoria de la Junta de Seguridad. Pedimos recursos propios para garantizar la paz y la seguridad de nuestros ciudadanos. Pedimos que se invierta en paz, en libertad y en democracia. En cambio, nos encontramos con unos presupuestos que ponen en riesgo la seguridad de Cataluña, porque, si bien es cierto que el presupuesto de Interior es uno de los pocos que se ha incrementado, también lo es la ineficacia con que el sectarismo obsoleto hace desaprovechar los medios del Ministerio de Interior.

Por todo ello, presentamos este veto a la sección 16, un veto que responde a más seguridad, más libertad, porque sin seguridad no hay libertad y sin libertad no hay democracia.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Abad.

Para turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Represa.

El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Buenos días, señorías. Muchas gracias, presidente. Voy a utilizar dos minutos nada más.

No he oído ningún argumento de peso presupuestario de ningún portavoz enmendante para sostener mínimamente estos vetos; ni uno solo, ni de Esquerra Republicana ni del PDECAT.

El Grupo Parlamentario Podemos dice que rechazan estos presupuestos por continuistas. Y nosotros, precisamente por esa razón, vamos a rechazar sus vetos, porque vamos por el buen camino y estamos consiguiendo los objetivos que España necesita alcanzar. Son continuistas, sí, pero también rigurosos y realistas.

En el texto de su veto, ustedes dicen: Nuestro grupo parlamentario defiende la necesidad de un nuevo modelo de Policía. Y yo les pregunto: ¿a qué se refieren ustedes? ¿A que puedan seguir emocionándose cuando un encapuchado agrede a un policía nacional? Esa es la pregunta. ¿Ese es el modelo que defienden ustedes? Nosotros, no. Nosotros queremos una Policía Nacional como la que tenemos, que es una de las mejores del mundo y de las mejor formadas.

En estos momentos, creo que a ustedes les importan muy poco los Presupuestos Generales del Estado, la protección y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos, la lucha contra la delincuencia organizada y la lucha contra el terrorismo, la formación y la especialización de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Permítanme que les diga que ahora ustedes están engolfados en otros asuntos diferentes, como las mociones de censura que les den titulares mediáticos. Eso es lo que buscan. Por tanto, menos demagogia y más seriedad.

Señores del Partido Socialista, no hablen ustedes de oferta pública de empleo, pues ustedes no solo no reponían ni un solo empleo, sino que, además, bajaban los salarios. En este sentido, se han convocado para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado 5197 plazas —la mayor convocatoria desde hace muchos años—: casi 3400 para la Policía Nacional y más de 1800 para la Guardia Civil, además de la convocatoria de plazas para Instituciones Penitenciarias —y vendrán más—, todo ello, con una subida salarial de un 1 %. Otra cosa que hacían ustedes era contraer deudas y más deudas que nunca pagaban. Pues bien, con el Partido Popular eso se ha terminado y no volverá a ocurrir.

Por último —y concluyo—, habrá más y mejores infraestructuras, mejores equipos humanos, más vehículos, mejores equipamientos y también chalecos antibalas, tanto para la Policía Nacional como para la Guardia Civil, demandados por el cuerpo desde hace tiempo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señoría.

A continuación, tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

En este turno en contra voy a intentar responder brevemente a los grupos que han presentado estos vetos que pretenden impugnar el presupuesto de Interior, y decirles que no podemos coincidir ni en sus críticas ni en sus argumentaciones.

Para el Grupo Parlamentario Popular y para el Gobierno, el Ministerio de Interior es un ministerio importante y la política de seguridad nacional es básica y prioritaria, una política de Estado fundamental que nos va a permitir ser uno de los países más libres y más seguros. El objetivo que pretende el Gobierno con su acción política y con este presupuesto es prevenir y erradicar aquellas situaciones que pudieran enturbiar la normal convivencia de los ciudadanos en su vida diaria y hacerlo desde la prevención hasta la intervención, desde la detención hasta la redención de penas. Con este presupuesto, y con el oportuno uso que se haga de él y de todos los medios del ministerio, se podrá dar cobertura a los servicios tan importantes que tiene encomendada tanto la Policía Nacional, como la Guardia Civil, como Instituciones Penitenciarias o el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado.

Mi grupo considera que este presupuesto y el Gobierno dan y darán las mejores y más eficaces soluciones a materias como las que aquí se han mencionado: seguridad ciudadana, violencia de género, sistema penitenciario, policía judicial, protección civil, derecho de asilo e inmigración o seguridad vial, además de prevenir algo tan preocupante como el terrorismo. Y hablando de terrorismo, quiero decir alto y claro a las víctimas del terror, y muy especialmente a las víctimas de ETA y a sus familias, que siempre estarán presentes en nuestra memoria, así como reconocer, después del atentado de Londres, el heroísmo de Ignacio Echeverría y trasladar a su familia nuestras condolencias. (Aplausos).

Con referencia a los vetos del PSOE y de Podemos, ambos criticaban la escasa dotación presupuestaria. En el PSOE hablaban de un escuálido incremento y, como consecuencia de ello, ponían en duda la calidad de la seguridad ciudadana. Al menos, reconocen un incremento. Sin embargo, nosotros consideramos que vivimos en un país con altos estándares de seguridad y atención a la ciudadanía. Por eso, a pesar de las críticas, quiero decirles que lo presupuestado no va a afectar negativamente al normal funcionamiento de los servicios policiales, penitenciarios y todos aquellos que atiende el ministerio. Y ya que hablamos de servicios policiales, yo quisiera manifestar nuestro agradecimiento a estos colectivos por su trabajo, por su eficacia, por su esfuerzo y su sacrificio.

En cuanto a las enmiendas presentadas por los senadores de Esquerra Republicana y el Grupo Parlamentario Mixto, quiero decirles que votaremos en contra, por entender que sus críticas están fuera de lugar y centradas en aspectos muy puntuales que nada tienen que ver con las acciones desarrolladas por este ministerio, sino que siguen la línea de la demagogia.

En lo referente al veto del PSOE, quiero decir algo que considero fundamental, y es lo que ha dicho el senador Represa: prioridad absoluta de los presupuestos de Interior a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a Instituciones Penitenciarias y a otros cuerpos, con la mayor oferta de empleo público que se haya realizado en los últimos ocho años, y esto se viene produciendo así desde hace tres años, con un crecimiento progresivo de plantillas y un incremento que se producirá en el futuro.

En cuanto al gasto de seguridad, he de decir que, a pesar de su crítica, con la adecuada gestión de efectivos disponibles, podemos permitirnos un país más seguro y más libre, frente a aquellos que pretenden alterar la seguridad y la legalidad. Estas afirmaciones que les hago se demuestran con cifras, ya que vivimos en un momento en el que tenemos un mínimo histórico en materia de delincuencia —lo que quiere decir eficacia policial— y una importante reducción de personal recluso y, como consecuencia de ello, un gasto más ajustado en esta secretaría.

Respecto a la enmienda de Podemos, he de decir que admiro su capacidad de crítica destructiva y demagógica. Descalifican todo y se alimentan de las malas noticias. Transmiten con su veto una imagen de país en el que no funciona nada, y esto no es así. La verdad es que nos gustaría saber cuáles son sus modelos de seguridad policiales y ver de dónde se puede aprender, pero no queremos que nos traigan aquellos a los cuales han asesorado sus dirigentes en el pasado.

Señorías, termino diciendo que estos presupuestos ajustados son los que van a dar solución a los problemas de seguridad ciudadana. Y por todos estos motivos mi grupo votará en contra de los vetos presentados al Ministerio de Interior.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Pérez Lapazarán.

Pasamos a la sección 17. Para la defensa de la impugnación número 28, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Delgado.

El señor DELGADO JIMÉNEZ: Gracias, presidente.

Señorías, seguramente hay otros ministerios en los que quizá la falta de inversión afecte menos, pero la realidad es que Fomento es el ministerio más inversor y, por tanto, aquí mandan los números, y da la casualidad de que los números del presente presupuesto no acompañan. Con respecto a lo presupuestado en 2016, les diré, señorías, que hay un recorte del 3,76 %, y en cuanto a las sociedades dependientes de Fomento, el recorte es de más del 19 %. En otros ministerios, como he dicho, esa falta de inversión seguramente se puede suplir con mayor eficiencia y gestión o quizá con más imaginación. Pero en Fomento no podemos hacer eso; bueno, sí, podemos imaginarnos los puentes, las carreteras o las vías de tren. Ahora bien, todo eso que imaginamos hay que hacerlo efectivo y materializarlo, y aquí, sin inversión, poco uso podemos hacer de esa imaginación. Son unos malos presupuestos que recortan la inversión pública más que nunca en los últimos años. Comparan lo presupuestado con lo ejecutado el año pasado para decir que invierten más, pero no nos tomen por tontos y no mezclen cosas diferentes para no decir la verdad. Justifican la falta de inversión diciendo que son unos presupuestos realistas y continuistas; con lo único que continúan es con los recortes y la única realidad es la falta de inversión.

La semana pasada escuché en las comparecencias que la falta de inversión en Fomento es porque se invierte más en políticas sociales. Tampoco eso es cierto. Señorías, aquí estamos hablando del Ministerio de Fomento y de inversión en infraestructuras. Con esa falta de inversión, están renunciando a la reactivación económica de nuestro país, desoyendo, como he dicho, a organismos internacionales que dicen que en momentos como el que atraviesa nuestro país, en los que hay liquidez y los intereses son bajos, es necesaria esa inversión pública para la reactivación económica; y lo peor de todo, que al mismo tiempo están renunciando a la generación de miles de puestos de trabajo. Y yo me pregunto, ¿qué hay más social que generar puestos de trabajo?

Pero vamos más allá y vemos que esa falta de inversión va en contra del principio de igualdad de oportunidades y de cohesión social. El Ministerio de Fomento debe propiciar con su inversión la igualdad de oportunidades de la gente, viva en el territorio que viva. Propiciar el desarrollo social y económico de los territorios es lo que se consigue con la inversión pública, y que los presupuestos no inviertan lo suficiente fue el motivo por el cual todas las comunidades autónomas los calificaron de decepcionantes.

Otro de los motivos por los cuales estamos en contra de estos presupuestos es por la falta de objetividad y planificación a la hora de confeccionarlos. Y como muestra, un botón. Hemos visto lo ocurrido en el Congreso: el Gobierno realiza concesiones particulares a determinadas regiones para poder sacarlos adelante. Señorías, de verdad que en este grupo parlamentario nos alegramos por las inversiones hechas en esas regiones y, sobre todo, por las hechas en Canarias, pero lo mismo que han conseguido esas regiones lo queremos para el resto del país. El Gobierno del Partido Popular ha utilizado el dinero público, el dinero de todas y de todos para premiar a unas pocas regiones en detrimento de la gran mayoría. Con esa falta de inversión en infraestructuras, cerca del 20 % con respecto al ejercicio anterior, no van a ser capaces de hacer nuevas carreteras, pero tampoco van a ser capaces de mantener las que tenemos. No van a cumplir con los compromisos, con los corredores ferroviarios ni con la llegada del AVE a Galicia, Asturias, Murcia, Almería o Granada, y se olvidan por completo del tren convencional. Dejan a Renfe y a Renfe Mercancías a su suerte cuando tenían que estar invirtiendo y fortaleciéndola para el futuro inminente del sector, que no es otro que su liberalización.

En vivienda, con la inversión que realizan, no son capaces de hacer frente al mayor problema habitacional que hemos tenido durante los últimos años, que no es otro que el de los desahucios y, además, con la cantidad que invierten no creo que sean capaces de hacer efectivo el derecho de todos y todas al acceso a una vivienda digna.

Un problema latente, que aparecerá más pronto que tarde y que únicamente está esperando esos tiempos judiciales, es el rescate de las autopistas de peaje, que ustedes ni siquiera prevén.

Por último, no abandonen a Correos a su suerte. Recortan la inversión de 180 millones de euros a menos de 60 millones. Acepten las enmiendas presentadas por el Grupo Socialista, den tranquilidad a esos trabajadores y aseguren el futuro de la sociedad.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista no puede dar su apoyo a estos presupuestos y presenta el presente veto a la sección 17 del Ministerio de Fomento.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Delgado.

Para la defensa de la impugnación número 50, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Garrido.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.

Como ya explicábamos en el veto que hemos planteado a la sección 17, la clave de una buena política de infraestructuras y de transportes parte de un análisis detallado de los costes y de los beneficios que tenga en cuenta el verdadero impacto económico, social y ambiental sobre el territorio y también sobre las personas que lo habitan, que piense en el desarrollo equitativo y sostenible de los distintos territorios, así como en los derechos de los ciudadanos. Pero, curiosamente, este enfoque ha sido totalmente obviado en estos presupuestos. No se entiende, ¿o sí? Si cambiamos el enfoque, entonces sí se entiende; si entendemos las infraestructuras como sinónimo de negocio lucrativo, entonces sí. Ustedes ven las infraestructuras y los transportes como un negocio y no como un instrumento de cohesión social, como un mecanismo para conseguir equidad, solidaridad e igualdad de oportunidades. Para ustedes, estos conceptos no existen.

Conclusión, nos encontramos con dos modelos distintos:



uno es el que reflejan los Presupuestos Generales del Estado, el de la rentabilidad económica, el del negocio lucrativo y el de la falta de planificación; y otro es el que defiende mi grupo, basado en la cohesión territorial, en el servicio público y en los derechos de los ciudadanos. Su modelo, por lo tanto, se basa, como siempre, en que lo prioritario son las grandes infraestructuras, lo que significa apostar por la alta velocidad en detrimento del tren de proximidad, ese que utilizan millones de ciudadanos y ciudadanas en España. Voy a poner un ejemplo sobre esta cuestión y me voy a referir a la Y vasca. En un estudio presentado en marzo de este mismo año, realizado por investigadores de la Universidad del País Vasco, junto con investigadores de la Universidad de Barcelona, se concluye que esta construcción es contraria al interés social y advierte que esta inversión va a ser irrecuperable y la posibilidad de lograr beneficios con su explotación es prácticamente imposible. Este estudio también afirma que la Y vasca tendrá un efecto regresivo sobre la distribución de la renta en nuestra comunidad. Por otro lado, y como contrapunto, en Euskadi existen más de 200 pasos a nivel y alrededor de 100 de ellos están sin barrera. Eso hace que en municipios como Hernani, Andoain o Areta haya cada año accidentes mortales.

Si hablamos de carreteras, más de lo mismo: mala gestión y cero planificación. Podemos poner como ejemplo la construcción de la A-57 en Pontevedra: 68 millones para 6 kilómetros. Todo un despropósito. Podríamos hablar también del gran impacto ambiental, que tampoco tienen en cuenta, y además, por si fuera poco, esta vía corre paralela a la AP-9, que por otro lado no acaban de liberalizar. Esa es su política de carreteras.

Por último, hablemos de vivienda. Ni el estallido de la burbuja inmobiliaria ni la gran crisis que estamos sufriendo han hecho que el Partido Popular cambie su política de vivienda. El PP apostó en su momento por un modelo productivo basado, como todos sabemos, en el ladrillo, en la promoción y en la construcción de vivienda. Era su única estrategia para que España estuviera en el pelotón de los países desarrollados: construir, construir y construir. Ustedes, el Partido Popular, en connivencia con las élites políticas y económicas, es decir, con los bancos, con los constructores, con los promotores y también con sus políticos corruptos han arrasado económica y medioambientalmente este país. Construyeron a destajo y lo hicieron en unos pocos años más que en los últimos cincuenta años de nuestra historia, y por tanto, se cargaron gran parte del patrimonio natural de nuestros hijos y de nuestras hijas, y permitieron que las familias trabajadoras y honradas de este país se sobrendeudaran, asumieran un riesgo que desconocían y firmaran créditos con cláusulas abusivas. ¿Y cuál ha sido su respuesta? Pues ninguna; o más bien una: rescatar las entidades financieras que fueron colaboradoras necesarias en esto de llevarnos a la bancarrota.

Si analizamos cómo estamos en política de vivienda, podríamos hablar de tres datos: por un lado, tenemos un 2 % de vivienda pública en alquiler, mientras que los países de nuestro entorno llegan al 20 %. Tenemos un alquiler privado inexistente y muy caro. Tenemos el 30 % de las viviendas vacías, es decir, 3,5 millones de viviendas, mientras que las familias españolas sufren problemas de emergencia habitacional. Mientras esto sucede, los fondos buitre van comprando a precio de saldo nuestros edificios y nuestras viviendas, y ustedes invierten 470 millones para solucionar todo esto. Se podría hacer un chiste si la cosa no fuera tan seria. Por tanto, espero que después del plan estatal...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Sí, acabo.

Espero que después del plan estatal que vamos a prorrogar con esos 470 millones hagan una evaluación de políticas públicas, porque verán el gran fracaso de ese plan estatal, y eso quizá les lleve a pensar que por fin ya es necesaria otra política de vivienda en España.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Garrido.

Para la defensa de la impugnación número 68, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Castel.

La señora CASTEL FORT: Gracias, presidente.

Señorías, Rajoy anunció en Barcelona una inversión en infraestructuras por valor de 6630 millones de euros, de los cuales dijo que en esta legislatura se gastarían 4200, pero la realidad es que la inversión en Cataluña, según los Presupuestos Generales del Estado de este año, cae un 3 %, es decir, 30 millones de euros menos. El Estado destina en Cataluña un 13 % de las inversiones mientras el porcentaje de población es del 16 % y el del PIB es casi del 20 %, al tiempo que se incrementa el presupuesto de la Corona y el de Defensa, aquello que interesa a la gente.

Pero analicemos Fomento. Corredor del Mediterráneo. El corredor ha presentado tres desafíos que se resisten ustedes a solucionar: el estrangulamiento de la capacidad con cuellos de botella, falta de enlaces, pasos a nivel urbanos o saturación; el problema de la interoperabilidad con diferentes anchos, tensiones eléctricas, cargas de ejes, sistemas de señalización y poca disponibilidad de material móvil adaptado; y el problema de la intermodalidad: los accesos a las terminales así como a los puertos son o deficientes o inexistentes.

Los puertos mediterráneos solo captan el 25 % del tránsito de Asia por el Canal de Suez porque, debido a las deficiencias del corredor, las navieras prefieren invertir cuatro días más de viaje y utilizar los puertos atlánticos europeos. Si se analizan las partidas históricas de gasto de los presupuestos en el corredor, vemos que el dedicado al litoral es un 12 %, el 61 % va al tramo de Algeciras-Madrid y el 27 % a la implantación del tercer carril.

En referencia al tercer carril, Fomento lo introduce con la voluntad de hacer pasar mercancías, viajeros, cercanías, alta velocidad, ancho ibérico y ancho internacional, todo, por la misma vía. Además, solo en una vía, en vía única, siendo una solución cara, compleja y transitoria que creará congestión, saturación e inoperancia. La propuesta razonable es, por tanto, el cambio de ancho integral, segregando el tránsito de mercancías del de viajeros.

Otro dato ilustrativo es que la partida presupuestaria destinada al corredor para el año en curso es de 715 millones de euros y la partida para el CNI es de 261 millones de euros, es decir, un 37 % de lo que piensan invertir en el corredor. Por lo tanto, el CNI ha incrementado, además, la partida en un 8 %, que es el incremento más grande de todos los organismos públicos, porque el Gobierno del Partido Popular prefiere espiar más y mejor en lugar de conectar España y fomentar la competitividad de empresas y puertos españoles.

Red viaria estatal en Cataluña. N-340, arteria de comunicación del corredor del Mediterráneo que registra la mayor siniestralidad de Cataluña; la alternativa razonable sería la finalización de la conversión en A-7 o, mejor aún, el rescate de los peajes de la AP-7. N-240, vía de altísima siniestralidad, o se liberaliza la concesión de la AP-2 que discurre paralela o se desdobla la vía. Nosotros preferimos el rescate de los peajes: disponibilidad inmediata de la infraestructura, menor impacto medioambiental y económicamente más ventajoso. N-2, otro punto negro negrísimo de la red viaria a la cual Fomento le da la espalda. N-260, una de las más peligrosas del Estado, eje pirenaico que se debería desdoblar y convertirse en A-26; la inversión ha sido inexistente o, peor, insultante. A-27, de los 6 tramos previstos solo están en funcionamiento 3. El túnel del Coll de Lilla, que debería propiciar el tránsito de mercancías ADR, todavía se encuentra en fase de estudio técnico o, mejor, en fase de hibernación, no lo sabemos. N-420, carretera que ha sufrido una falta de ejecución de partidas presupuestarias desde el año 2008; año tras año se sigue el patrón de comportamiento del Gobierno ante las infraestructuras territorializadas en Cataluña: movimiento cero. N-230, enlaza Lleida con la Val d’Aran: 65 kilómetros con tramos de riesgo muy elevado; debería convertirse en la A-14, pero solo dispone de 6,5 kilómetros.

Los catalanes estamos hartos de comprobar cómo año tras año las propuestas de licitación de proyectos y obras de infraestructuras acaban en el agujero negro de las inversiones no ejecutadas, en concreto el 56 %. Es la estrategia del trilero.

Cercanías. Entre 2012 y 2016, 1600 incidencias con 45 400 trenes implicados y 5,5 millones de personas afectadas. La estación de clasificación de Tarragona ha sufrido 13 descarrilamientos con la activación de las alarmas del Plan Plaseqcat de seguridad química; más de 90 puntos de limitación de velocidad porque no se han hecho las inversiones necesarias —y añado— ni piensan hacerse. La R-13 goza de trenes de una antigüedad de veinticinco años; la R-12 también veinticinco años y déficit de mantenimiento; la R-15 y la R-16 múltiples limitaciones de velocidad y trenes de cuarenta y tres años de antigüedad.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora CASTEL FORT: Sí, voy terminando. Son trayectos de 176 kilómetros que se hacen en tres horas.

En resumen, desinversión en recursos técnicos y humanos y en mantenimiento y revisión de las instalaciones en perjuicio de la seguridad y la regularidad de la circulación. Falta de tirafondos, traviesas en mal estado, rotura de carriles, sobreancho de los carriles, rotura de bridas...; es decir, un panorama desolador.

Finalizo con un apunte en referencia a los aeropuertos. El inexplicable acuerdo entre España y Rusia para impedir vuelos internacionales directos entre Barcelona y Tokio; la falta de servicios de vuelos hospital en el aeropuerto de Reus; o la falta de efectivos policiales para el control de pasaportes que provocan centenares de viajeros secuestrados e inmovilizados, que lo dejo para el ministro del Interior.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Castel.

Para la defensa de la impugnación número 13, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president. Bon dia. Muchas gracias. Buenos días.

La presentación del veto a la sección 17, que corresponde al Ministerio de Fomento, está razonada por los argumentos que expusimos en buena parte de nuestra intervención al veto general como representantes del Partit Demòcrata. La intervención ahora mismo de la senadora Castel me ahorra bajar al detalle y dar la relación de todo lo que tenemos pendiente en Cataluña, que es muchísimo.

Estos presupuestos son continuistas, no resuelven ni atienden los problemas reales de los catalanes. En Cataluña somos el 16 % de la población, llegamos casi al 20 % del producto interior bruto; representamos el 25 % de las exportaciones, pero se programan inversiones sobre el 9 o 10 %; y, lo peor de todo, se ejecuta un 4 % como media anual. Y respecto al año 2016, se produce un descenso de 2,7 puntos, descenso al que se refería la senadora Castel. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

Estamos ante unos presupuestos que no ofrecen ningún tipo de credibilidad precisamente porque el porcentaje de ejecución que realizan año tras año es escandaloso. Por tanto, presentamos veto a esta sección. El mejor resumen de lo que podemos entender como corredor mediterráneo es que en la partida para el corredor mediterráneo se cuadruplican vías entre Torrejón de Velasco y Atocha, por ejemplo, mientras que entre Tarragona y Vandellós seguimos con una vía única. Es una desfachatez atribuir y asignar recursos públicos, en este caso de la Unión Europea, para cuadruplicar vías en el entorno de Madrid. Como dije ayer en la presentación del veto general, hay una concepción antieconómica, anticuada, obsoleta que, a nuestro entender, al entender del Partit Demòcrata, es puro siglo XIX: todo empieza, todo transcurre y todo acaba en Madrid. No entienden otro modelo que no sea este.

Muchas gracias por su atención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

¿Turno en contra?

Tiene la palabra el senador Sánchez.

El señor SÁNCHEZ DÍAZ: Gracias, presidente.

Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a los vetos a la sección 17. Nosotros vamos a votar en contra. No creo que les haya sorprendido mi declaración. Y votamos en contra por varias razones. Una la dijo el ministro ayer: estos son unos presupuestos elaborados con mucha dificultad, entre mucha gente y muchos grupos. Son unos presupuestos que cuentan con la mayoría de la Cámara y sería muy difícil ahora que una sección particular pudiese echarlos atrás. Por lo tanto, por sentido común, votaremos en contra. Pero votaremos en contra también por convicción, porque cuando el Partido Socialista y su buen portavoz nos dicen que los presupuestos son un desastre, que no hay inversiones y que no son solidarios, uno se queda pasmado cuando recuerda el año 2010, en que se paralizaron todas las inversiones con el Gobierno de Zapatero, y el año 2011, en el que se paralizaron hasta las pensiones. ¿Qué decían ustedes entonces? ¿Salían a decirle a Zapatero: oiga, cómo nos para todas las obras? ¿Por qué no llega el AVE? Se callaban la boca, aplaudían y decían que eran los mejores presupuestos que se podían hacer. Posiblemente era verdad porque no había dinero. Y aquello provocaba que unas 3000 o 4000 personas diarias se fueran al paro, y ustedes son igual. (La señora Víboras Jiménez: Igual que ahora.). No, igual que ahora, no; porque ahora hay 500 000 trabajadores más cada año.

Usted no lo cree porque usted siempre estuvo trabajando, pero hay muchos chavales que sí lo creen, porque están trabajando ahora, después de diez años de esperar un empleo. (Aplausos). Yo sé que no les gusta creerlo, porque acaba con su discurso. Dicen que España va fatal y que esto es muy malo. Pero los datos son otros: que se está creando empleo, que hay empleo y que hay solidaridad.

Respecto al debate, dicen: es que se está invirtiendo en el AVE; no hay solidaridad en España. ¿Hay mayor solidaridad que el hecho de que llegue el AVE a todas las provincias españolas? ¿O es que quieren que no llegue? ¿Por qué no dicen en sus provincias que quieren que no llegue? Y se lo digo a los de Podemos, que dicen: Es que invierten en el AVE. Vayan a Asturias y digan que no quieren el AVE; vayan a Granada y digan lo mismo; vayan a Galicia y digan que no lo quieren, que ustedes quieren el tren tradicional; vayan a Almería; vayan a esas regiones y digan: el AVE es un desastre. No lo dicen porque saben que es un éxito el AVE para toda España, para la solidaridad española.

Contraponen dos conceptos que yo no entiendo. Dicen que en el tren convencional van 400 millones —muy bien— y que hay que mejorar el tren convencional. En el AVE van 38. Pero es que los que van en el AVE también van en el tren convencional. ¿O es que aquí hay dos Españas, unos solo viajan en el AVE y otros solo en el convencional? Eso no es así. España es una unidad en la que se utilizan todos los recursos que tiene. Por lo tanto, creemos que son unos muy buenos presupuestos, y si alguien no los puede criticar, son ustedes.

Ustedes dicen de Podemos: Es que pactaron con otros partidos. ¿Ustedes qué hacían cuando no tenían mayoría absoluta? ¿No pactaban con el PNV? ¿Y en el País Vasco qué hacen? ¿Y no pactaban con Convergencia? Antes estaba bien y ahora está mal ¿no? Cuando lo hace el PP está mal y cuando lo hacen ustedes está bien. Pactamos porque tenemos capacidad de diálogo. (Rumores.— Aplausos).

Cuando teníamos mayoría absoluta, decían que no nos entendíamos con nadie, que estábamos solos. Es verdad, éramos 186, estábamos solos en el Congreso, pero contentos. (Aplausos). Ahora pactamos con 7 grupos, y también estamos solos. No hay quien les entienda. Va a ser muy difícil que vuelvan al Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sánchez.

Pasamos a la sección 18, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Para la defensa de la impugnación número 29, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Menacho.

El señor MENACHO VILLALBA: Gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario Socialista presenta un veto a la sección 18 porque es un presupuesto que, primero, no responde a la demanda de la comunidad educativa y, segundo, continúa en la línea de recortes que se inició en el año 2012 con el peor decreto que se ha hecho en la historia de la educación en España, que fue el 14/2012. Se decía en la introducción de ese real decreto que la coyuntura económica de aquel momento obligaba a tomar esas decisiones, que serían reversibles en el momento en que la situación económica lo permitiera.

Escuchamos ayer al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, señor Montoro, decir que la crisis ha acabado. La economía en España está creciendo alrededor del 3 %. Por lo tanto, no tiene sentido que cuando la situación económica se ha revertido, no se reviertan también los derechos a los profesores, a las familias y a los alumnos y el presupuesto aumente solamente un 1,7 %.

El secretario de Estado de Educación decía el otro día en la comisión que el presupuesto, de 2523 millones, sube un 9,78 % respecto a 2013. Pero en 2013 estaba gobernando el Partido Popular. Compárenlo con el último proyecto del Partido Socialista que fue en el año 2011.

Este presupuesto supone 421 millones menos, en total un 14 %, y esto incide en algo tan importante como es el derecho efectivo a la educación, con recortes presupuestarios en las partidas de educación compensatoria para los que menos tienen, que ha pasado a 4 millones, de 65 millones que había en 2011, y sobre todo en las becas. Por tanto, este presupuesto va en contra de los que menos tienen, en contra de las familias.

Es un presupuesto que no arregla la cuestión de las tasas universitarias, por mucho que hable de precios públicos. Por mucho que diga el ministerio que este año se ha solucionado, sigue habiendo una diferencia abismal entre lo que paga un alumno en Andalucía o Galicia y lo que paga un alumno en Cataluña o en Madrid. Es un presupuesto que va en contra de los universitarios.

En materia deportiva este presupuesto no soluciona los problemas que viene demandando el mundo del deporte. Es una partida que ha disminuido un 50 % desde 2011, disminuye un 70 % para el comité paralímpico y disminuye en el deporte escolar, fundamental para el futuro de la salud de nuestros niños, en más de 500 000 euros respecto al año pasado, y disminuye también en proyectos —de los que ha hablado mucho el ministro y con cuya filosofía estamos de acuerdo— para acabar con el sedentarismo y la obesidad de los chavales y chavalas en los colegios. Pero para ello hace falta presupuesto, que, sin embargo, no ponen.

Por tanto, es un presupuesto que va en contra de las familias y que no revierte los recortes que se hicieron en 2012. Por eso vetamos este presupuesto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Menacho.

Tiene la palabra el senador Montes.

El señor MONTES JORT: Gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en defensa de la enmienda de devolución presentada por el Grupo Socialista a los presupuestos referidos a Cultura. Unos presupuestos que, un año más, siguen siendo tremendamente injustos y negativos, y es que con el Gobierno del Partido Popular no hay recuperación para la cultura, que con una dotación para 2017 de 801 millones de euros disminuye cerca del 1 % respecto a 2016 y supone 250 millones de euros menos que en 2011.

Se trata de una enmienda absolutamente justificada y obligada, aún más, si cabe, después de escuchar al secretario de Estado de Cultura decir que está conforme y contento con estos presupuestos; conformismo que no tenía ni su antecesor en el cargo, el señor Lassalle, que reconoció que los presupuestos que nos presentaba no eran los adecuados para Cultura. ¿Cómo se puede estar conforme y contento con 250 millones de euros menos que en 2011, año en que, con un Gobierno socialista, fueron 1050 los millones de euros destinados a Cultura? ¿Cómo se puede estar conforme cuando a esa disminución de la cuarta parte en términos relativos ha pasado de representar el 0,3 % del total presupuestado al 0,2 %?

Es una enmienda a los presupuestos porque impedirán desarrollar el Plan cultura 2020 que han presentado el secretario de Estado y el ministro y que será, como el anterior Plan 2012-2017, otro fracaso. Es una enmienda a unos presupuestos que no responden al derecho constitucional de los ciudadanos de acceso a la cultura. Es una enmienda a unos presupuestos que renuncian al valor educativo, vertebrador y cohesionador de nuestra cultura, renuncian a la cultura como motor de nuestra economía y generadora de empleo.

Ya no vale —y se ha oído a lo largo de otras intervenciones— la coartada de la crisis, ya no pueden escudarse en ella. Sus decisiones no se justifican por economía, se justifican por ideología.

Estos presupuestos son una muestra más del maltrato del Gobierno del Partido Popular a la cultura, que oscila entre el castigo y el olvido. El Gobierno del señor Rajoy y el señor Montoro venden recuperación pero bajan la inversión en cultura, que sigue desaparecida y sin defensa en el Consejo de Ministros. Baja la inversión pero no el IVA para el cine.

Señorías —me dirijo al Grupo Popular—, evalúen las negativas consecuencias de su política cultural.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor MONTES JORT: Termino, señor presidente.

Sean conscientes del efecto multiplicador de invertir en cultura y rectifiquen. No hablamos ni de un gasto ni de un lujo, hablamos de una inversión en el presente y para el futuro; un futuro que con más cultura, más formación y más educación será, sin duda, más sostenible y solidario. Hablamos de la cultura como derecho, como valor y como recurso.

En definitiva, rectifiquen, porque hablamos de justicia y de igualdad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Montes.

Para la defensa de la impugnación número 51, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Arrieta.

El señor ARRIETA ARRIETA: Señor presidente, señorías, un senador del Grupo Popular hace unos minutos decía que el Estado no roba tanto. Entonces, robar, roban, aunque no tanto, aunque sea un poco.

Señoría, soy de lo que ustedes llaman izquierda populista, esa izquierda que ayer demostró con la moción de censura que otro país, otra España es posible. (Aplausos).

Señorías, si estos presupuesto tuvieran rostro, sería de mujer. Si a las secciones de este presupuesto les llamáramos Marina, Loli o espartanas, seguramente serían diferentes, serían progresistas y responderían a las necesidades de la ciudadanía, porque los más de doscientos días de huelga que llevan las trabajadoras de las residencias de Vizcaya o la lucha de las espartanas de Coca-Cola tiene un común denominador: luchar por la dignidad, luchar por unas condiciones de vida y trabajo que posibiliten que ellas y sus hijas puedan desarrollar proyectos de vida que nadie trunque, porque ellas forman parte también de esa comunidad educativa que lleva muchos años hablando alto y claro de la educación que quieren. Estos no son los presupuestos que ellas desean, no son los presupuestos que la ciudadanía necesita.

Señorías, el presupuesto en Educación es de 2523 millones, muy lejos de la financiación que manejaba el Ministerio de Educación en 2010, que era de 3100 millones. Señorías, el 20 % de los chicos y chicas de 18 a 24 años en España ha dejado de estudiar tras la educación obligatoria. Del 40 % más pobre de la población, el 68 % no tiene ninguna formación posobligatoria. Entre 2009-2010 y 2013-2014 el alumnado en centros públicos aumentó un 7,09 % y el profesorado se redujo un 2,91 %. La distribución del alumnado extranjero en educación primaria en el curso 2013-2014 fue del 87 % en centros públicos y un 13 % en centros concertados. Señorías, hoy no puede estudiar quien lo desea. Hay muchas piedras en el camino: una política de becas insuficiente; la eliminación de la financiación para la subvención de plazas públicas en la educación 0-3; descensos presupuestarios en formación del profesorado, en educación especial y en compensatoria. Sí, en educación compensatoria, porque ustedes hicieron un recorte brutal en la educación compensatoria, que promueve la equidad junto a la calidad. Les voy a facilitar algunas cifras: en 2012 se presupuestaron 170 millones de euros; en 2016 fueron 5,1 millones, y en 2017 —señorías, agárrense—, 4,6 millones.

Ese no es el camino. Hay que aumentar el gasto público en becas y ayudas al estudio; hay que definir un plan de política educativa en la lucha contra la segregación escolar; hay que erradicar la violencia machista trabajando en normas de respeto e igualdad desde la escuela; hay que erradicar el acoso escolar; hay que garantizar la equidad, y para ello la educación debe ser cien por cien pública; hay que primar las inversiones y los presupuestos para la escuela pública.

Decía Eduardo Galeano que en la escuela son obligatorias las clases de impotencia, amnesia y resignación. Ustedes esperan que la impotencia nos amilane, que la amnesia se inculque en el imaginario de nuestra sociedad y que la resignación nos aboque a la pasividad y nos durmamos en la desesperanza. Estos son los presupuestos de la tristeza, la tristeza de ver que nada cambia; presupuestos liberales, neoliberales que arrastran los pilares del Estado de bienestar. Señorías, queremos recuperar un sistema educativo que siente las bases de las generaciones futuras. Ustedes no dicen la verdad a la ciudanía, hablan de ajustes, que son recortes; no dicen la verdad a la comunidad educativa; no dicen la verdad a los niños y las niñas. Ustedes no quieren mejorar el sistema educativo, ustedes no tienen intención de que España deje de estar en la cola de Europa por inversión educativa, ni siquiera les avergüenza los niveles de corrupción. Ustedes no tienen vergüenza.

Es un presupuesto que no avanza y no hace mejor al país. Por todo ello, decimos que son unos presupuestos que consolidan la desigualdad, recortan partidas importantes y desmantelan los servicios públicos. Son unos presupuestos tristes, muy tristes para el país y sus mayorías sociales. Por favor, no se ofendan.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrieta.

Para la defensa de la impugnación número 69, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Picornell.

El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias, presidente.

Señorías, Esquerra Republicana presenta una impugnación a la sección de uno de los ministerios que a priori no debería servir para nada. Se quejan de que la Generalitat derrocha dinero pero ustedes traspasan las competencias y no reducen gasto alguno; es más, no solo no reducen el gasto, sino que, en vez de ayudar a las comunidades autónomas, se quedan lejos de ello. Estamos delante de uno de aquellos colosales ministerios que tiene como objetivo hacer más grande la educación y la cultura, eso sí, la educación españolizadora y la cultura solo española. Por cierto, ayer un senador aún se empeñaba en lo que dijo el ministro Wert, y dijo: No hace falta españolizar a los niños catalanes porque ya lo son. Pues les invito a venir a Cataluña a conocer nuestra educación y nuestra cultura, verán lo españolizados que están. Es una educación que, como decía, no ayuda a las comunidades autónomas, unas políticas educativas centralizadas y que no quieren dejar espacio en la gestión de sus recursos. Eso nos pasa, por ejemplo, con el traspaso de la gestión de becas, que su Tribunal Constitucional ya ha reconocido que la Generalitat debe gestionar. Ustedes, que hacen tanto caso a ese tribunal, ¿por qué no le hacen caso esta vez?

Entro en materia cultural.



¿El ministerio hace las políticas teniendo en cuenta de igual manera todas las culturas existentes en el Estado? ¿Son unas políticas que ayudan a desarrollar todas las instituciones culturales? ¿Acaso son unas políticas que enorgullecen a los consumidores? Nada de esto, señorías. Ni son unas políticas iguales para todos, ni ayudan a instituciones culturales, ni, mucho menos, son unas políticas que puedan enorgullecer a los consumidores. Todo lo contrario.

Poner grandes nombres a proyectos vende mucho de cara a la galería; que tengamos un plan llamado Cultura 2020 suena a maravilla y alguien puede pensar: el Estado español tiene visión de futuro, mira más allá. Pero ¿más allá, dónde? ¿Para seguir haciendo lo mismo? Ustedes dirán, Esquerra Republicana no puede esta vez hacer demagogia con este presupuesto; este año la inversión para Cataluña en cultura está muy bien, hemos hecho un gran esfuerzo. Pero ¿de dónde venimos? Si venimos de una situación de total injusticia, ¿cómo pueden vendernos que ahora hemos mejorado? No. Deberían reconocer que es un escándalo lo que pasa con los grandes equipamientos del Estado. El secretario de Estado de Cultura dijo en una comparecencia que el ministerio se sentía cómodo con estos presupuestos. Pues nosotros no. Esquerra Republicana no se siente cómoda, en absoluto.

Nos sorprende que expliquen las grandes inversiones. Pero quiero recordar que la diferencia entre los grandes museos del Estado —el Prado y el Reina Sofía— y todos los otros es, como mínimo, aberrante. Se destinan más de 84 millones de euros, frente a los cerca, aún no, de 4 millones de euros en todos los museos de Cataluña; insisto, 84 frente a 4. Si el Gobierno español se siente cómodo con este presupuesto, nosotros no.

En el Congreso de los Diputados ya les explicamos nuestra receta para revertir la situación. Teniendo en cuenta que las comunidades autónomas tienen plena competencia en el ámbito cultural, una manera de equilibrar y, por tanto, de enriquecer el modelo cultural del Estado sería transferir proporcionalmente a la población de cada comunidad autónoma un porcentaje del presupuesto. Pero el problema va más allá de una cuestión presupuestaria, es una cuestión de ideología, de primar una cultura y no primar otra, y no solo de primar, también de dar acceso óptimo a todos los consumidores. Y esto, señores del Grupo Popular, no se hace solo desde Madrid, ni tampoco con una diferencia del 95 % entre la inversión madrileña y la inversión catalana. Radial, centralizadora, en fin, ya nos han oído decir muchas veces estos adjetivos, y si están cansados de escucharlos tienen en su mano cambiarlos. Por cierto, si hablamos de acceso a los deportes, podemos hablar del IVA en los servicios deportivos prestados por particulares y empresas, que hemos pedido que se baje.

Respecto a los impuestos, nosotros pedimos la exención del impuesto sobre sociedades prevista para entidades sin ánimo de lucro. Tampoco recogen esta propuesta. Lo que sí han hecho es bajar el IVA cultural para los espectáculos en directo. No lo han hecho como pedíamos nosotros, pero un paso es un paso. De acuerdo. Pero no digan que han bajado la totalidad del IVA cultural, como intentaron colar a la prensa. Queda mucho trabajo en este sentido. ¿Y saben qué es lo peor? Que el Gobierno no explica sus planes en materia cultural. Sí, Plan cultura 2020, pero ¿qué hay detrás? Señorías, nosotros no vemos nada, y si lo hay, que nos lo cuenten.

Y termino, presidente. Según ustedes, el presupuesto en materia cultural es un buen presupuesto. Si quieren, les damos otra oportunidad. Les lanzo la pregunta: ¿Qué garantía tiene el ministerio de que otro ministerio, el de Hacienda, deje cumplir los compromisos adquiridos? Es decir, ¿el ministro Montoro dejará pagar al ministro de Cultura?

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor PICORNELL GRENZNER: Termino ya, presidente.

¿O pasará como el año pasado, que cerró la caja y ya no pagó a algunos organismos, que quedaron con el agua al cuello? Si ustedes me pueden garantizar esto hoy aquí, será un breve alivio para el sector.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Picornell.

Para la defensa de la impugnación número 14, de los senadores Bagué y Cleries, tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president. Bon dia.

La posición de los senadores del Partit Demòcrata en lo relativo a la sección 18 continua siendo, lógicamente, la presentación de este veto, que ayer ya explicamos de manera resumida en la presentación al veto global a los presupuestos.

En Educación estos presupuestos son continuistas y no resuelven ni atienden los problemas reales de los catalanes. Esta frase la hemos repetido como un mantra, pero es la verdad, es lo que creemos. Son unos presupuestos continuistas que, en ningún caso, van a resolver los problemas reales de los catalanes.

La LOMCE creó una grave distorsión entre los docentes y sus equipos directivos. Ante esta situación, el Gobierno del PP plantea para 2017 un aumento del 1,7 % más en educación. Es decir, plantea un aumento por debajo de la inflación prevista, según los propios cálculos del Gobierno. Valiente forma tenemos de dar importancia a la educación si la previsión de aumento es inferior a la previsión de inflación.

Con respecto a las becas, siguen sin dar cumplimiento a 13 sentencias, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional; la primera, de 1994. Son sentencias que dan la razón a la Generalitat en cuanto a que es esta la que tiene que gestionar las becas para los estudiantes. En becas, España se sitúa en un 0,11 %, a un tercio de la media de los países de la Unión Europea, donde está en un 0,31 %. España se encuentra en un 0,11 %. Y en este punto concreto, se plantea el aumento en los presupuestos para 2017 de un irrisorio 1,4 %. Por lo tanto, muy lejos de la mitad del objetivo que marca la Unión Europea.

Hay una segunda cuestión, a la que se refería el senador Picornell: la frase del portavoz del Grupo Popular de españolizar a los alumnos catalanes. Esto lo expresó, en su día, el ministro Wert. Y queremos destacar dos cosas. Primero, que una frase así desprende un tono de actitud colonialista absolutamente impresentable. Y, segundo, que si tienen que españolizar a los alumnos catalanes, pregúntense qué han estado haciendo mal durante estos cuarenta años de democracia restablecida para que en Cataluña nos sintamos tan poco españoles. Seamos valientes y llamemos a las cosas por su nombre.

En Cultura estamos un 44 % por debajo respecto a 2011, primer año en que se produjeron ajustes en las partidas de Cultura.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor BAGUÉ ROURA: Sí.

La desproporción entre las cantidades asignadas a los grandes equipamientos culturales de Barcelona respecto a los de Madrid es absolutamente impresentable. Les recuerdo la proporción que ya dije ayer: dos tercios del presupuesto total de Cultura se destinan a los equipamientos culturales de Madrid y al Instituto Cervantes; un tercio, al resto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Turno en contra.

Senador Soler, tiene la palabra.

El señor SOLER-ESPIAUBA GALLO: Gracias, señor presidente.

A nadie le va a sorprender que anunciemos nuestra oposición a los vetos que se han presentado aquí esta mañana. Y ya que es un debate presupuestario, pediría a todos los grupos que fuéramos un poco respetuosos con los datos, las cifras y los hechos exactos.

Se ha puesto varias veces como referencia que 2011 era el presupuesto al que teníamos que hacer referencia y hay que recordar que el presupuesto de 2011 no era realista, porque no se compadecía con los ingresos que iba a haber, ni era real. Con ese presupuesto de 2011 se dejaron los cajones llenos de facturas sin pagar. Por eso nos encontramos con lo que nos encontramos y las reformas, reestructuraciones y ajustes de 2012 y 2013 tuvieron que ser lo fuertes que fueron.

Por lo tanto, hoy es importante saber que en referencia a 2013, que es el año en que termina la crisis, hemos tomado una dirección diferente, una dirección mucho mejor para los intereses de la educación, porque podemos invertir más, mejor y con un conocimiento superior al que se tuvo cuando se elaboraron los presupuestos de 2011, a los que tanto hacen referencia.

En segundo lugar, y por llamar la atención a la cuestión relacionada con datos, hechos y cifras, señorías, les quiero recordar que tanto en cultura como en educación, el 95 % de lo que se gasta depende de competencias transferidas a las comunidades autónomas. Además, tengo que recordar que cuando las transferencias, por ejemplo, en tasas universitarias, se han hecho a las comunidades autónomas salvando los ajustes que se hicieron en presupuestos anteriores, algunas comunidades autónomas —¿verdad, señor Menacho?— no han aplicado los reajustes positivos.

Por lo tanto, señorías, nos oponemos al veto, sobre todo por la falta de rigor al explicar por qué se presenta el veto y por la falta de claridad al exponerlo, porque se toma solamente una parte de los hechos reales para explicar situaciones anteriores.

Señorías, me van a seguir en el uso de la palabra otros senadores que, dentro de esa misma sección, defienden asuntos diferentes referidos a cultura y a deporte. No me quiero ir sin recordar tanto al senador de Esquerra Republicana como al senador del PDECAT, del Grupo Mixto, que no quieran imponer al PP la imagen de que no nos interesa la cultura catalana. Falso. A mí no me van a enseñar ustedes quién es Josep Pla, Salvador Espriu, Mercè Rodoreda, Montserrat Roig ni ninguno de los grandes aportes que supone Cataluña para el conjunto de la cultura española. Y no digan que queremos españolizar a los niños catalanes, porque, como muy bien dijo ayer el portavoz de presupuestos, los niños catalanes no tienen que españolizarse, son españoles y hablan en español tanto cuando hablan castellano como cuando hablan catalán (Aplausos). Y, desde luego, piensan en español.

Señorías, muchas gracias. Me sigue en el turno la portavoz de cultura.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Soler.

Tiene la palabra la senadora Torrado.

La señora TORRADO DE CASTRO: Gracias, presidente. Bon dia.

Creo que no estamos hablando de los mismos presupuestos. Señorías hay que leerlos bien, porque los presupuestos en el ámbito de la cultura incorporan importantes partidas y acentúan el compromiso por el potencial creativo de nuestro país y por sus creadores.

En estos presupuestos se reafirma el apoyo a la industria cultural y, en particular, a los creadores y sus derechos, porque eso implica contribuir al crecimiento económico. Si se gestiona bien, como está haciendo este Gobierno, se produce un efecto multiplicador y se van creando empleos y empresas culturales, que es el mayor termómetro de la eficiencia a la hora de gestionar. Lo importante es que este presupuesto respalda la hoja de ruta plasmada a través de las 150 medidas previstas en el Plan cultura 2020, que podrían ser el inicio de un gran pacto de Estado por la cultura.

El presupuesto cultural para el ejercicio 2017 se ha incrementado hasta los casi 543 millones de euros, un 1,44 % más con respecto al año pasado. De ellos, más de 84 millones, un 10 % más que el año anterior, se van a destinar al cine. El mayor incremento se produce en el fondo de protección de la cinematografía, que llega a 70 millones de euros, lo que supone un compromiso con el cine español; y, además, atiende a su petición de sustituir el anterior sistema.

Por su parte, las artes escénicas incrementan su presupuesto en 152 millones de euros, un 1,65 % más. En este punto destaca la cuantía destinada al programa de música y danza, que supone el 66 % del presupuesto, con una apuesta muy importante por las actuaciones sociales, como el programa Platea de artes escénicas, que celebra ya su cuarta edición y cuenta con una financiación de 5 millones de euros. Se trata de un programa específico para acercar la cultura a toda la ciudadanía y que se está desarrollando con gran éxito. Destaca también la gran labor social que realizan diferentes instituciones culturales, como es el caso del Teatro Real.

Además, se ha bajado el IVA del 21 % al 10 % en los espectáculos en directo. Y la partida para la promoción del libro cuenta con más de 8 millones de euros.

Este Gobierno y el Grupo Popular estarán siempre al lado de los creadores y de los artistas españoles, porque sabemos que la gran amenaza para el mundo del libro, del cine y de la música es la piratería. Por eso se han incrementado los medios del Registro General de la Propiedad Intelectual.

Termino mencionando el presupuesto de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio Cultural, que superará los 100 millones de euros.

Por todo esto, pensamos que la cultura española atraviesa un buen momento. Creemos de verdad que los presupuestos de cultura son los que este país necesita y que van a dar respuesta a muchas reivindicaciones del sector cultural. Por eso, vamos a rechazar su veto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Torrado.

Senadora Mallol, tiene la palabra.

La señora MALLOL GIL: Gracias, presidente.

Señorías, voy a intentar rebatir las propuestas de veto presentadas por los diferentes partidos en materia de deporte.

Ustedes dicen que el deporte ha sufrido un recorte considerable, pero yo digo que no. Señorías, para intentar desvirtuar los presupuestos en materia de deporte e intentar hacer ver que no se han incrementado, se remontan a 2011; sin embargo, señorías, la comparativa presupuestaria debe realizarse con el año inmediatamente anterior y no con 2011. El ejercicio anterior, 2016, fue además año olímpico y paralímpico y, por tanto, con dotaciones excepcionales. En este contexto, se debe poner en valor el esfuerzo presupuestario de mantener en un año posolímpico, el 2017, los mismos niveles de inversión que en 2016. El presupuesto para 2017 —hay que decirlo bien alto y claro—, en las partidas para el deporte español ha aumentado un 1,2 %, 1 millón de euros, les guste o no.

Ustedes dicen que la partida que mayor recorte ha sufrido es la destinada al Comité Olímpico Español. La cantidad reflejada para el Comité Olímpico Español debe compararse con la de 2015, año anterior a los Juegos Olímpicos, y se puede comprobar que se produce un incremento de más del 53 %. Por lo tanto, es falso que se haya reducido en estas partidas presupuestarias.

Por último —porque no tengo más tiempo—, ustedes dicen que hay infrafinanciación del deporte escolar y universitario, pero la promoción del deporte en edad escolar y universitaria no es una competencia ni mucho menos exclusiva del Consejo Superior de Deportes.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MALLOL GIL: Acabo, señor presidente.

La Ley del deporte establece que el Consejo Superior de Deportes debe coordinar con las comunidades autónomas la programación del deporte escolar y universitario y, para esa coordinación se ha previsto una partida presupuestaria de 1 108 000 euros, superior a 2016 y a 2015.

Por lo tanto, pido el voto en contra de estos vetos porque, reitero, el presupuesto para 2017 en el ámbito del deporte se incrementa un 1,2 % respecto a 2016, a pesar de haber sido un año olímpico, lo que demuestra que el Gobierno ha hecho una apuesta clara por el deporte español.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mallol.

Señorías, para su información, no vamos a detener el Pleno para el almuerzo. Seguiremos con el debate de las impugnaciones a las secciones, con el tratado internacional y con los dictámenes de proyectos y proposiciones de ley. En cualquier caso, no se votará nada antes de las cuatro.

Pasamos al debate de las impugnaciones a las secciones 19 y 60: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Seguridad Social.

Para la defensa de las impugnaciones números 30 y 36 del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Oñate.

El señor OÑATE MARÍN: Gracias, señor presidente. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

Me corresponde explicar el destino de 1000 millones de euros por segundo y, por lo tanto, tendré que recordar que este presupuesto tenía dos grandes objetivos: corregir el déficit y pensiones dignas; y que fracasaremos en ambos. El año 2106, el quinto de la legislatura de Rajoy, fue el peor de todos; el déficit aumentó hasta cerca de 19 000 millones de euros, pero los datos propios de los que ya disponemos en 2017, los informes de la Airef y otros organismos, nos dicen que este año aún será peor. Pronto, la Seguridad Social se convertirá en el único motivo de déficit público y en el mayor centro creador de deuda pública. Si hasta ahora estábamos debilitados para el debate interno, el Partido Popular coloca una diana en el pecho a la Seguridad Social, para que fijen su atención los organismos internacionales; y esto es así por la mala calidad de las cotizaciones. Presumían ayer y presumen hoy, pero les daré un dato: 600 000 cotizantes más que en 2011; eso sí, 1800 millones menos de ingresos que en 2011. La afiliación de mayo ha sido récord, como ya se ha señalado, pero no se ha dicho que también hemos batido el récord en un solo día, el último, de caída de afiliación: 155 000 bajas en un día.

En cuanto al empleo, vivimos en una gran mentira estadística. Báñez se ha convertido en la ministra de la posverdad. La reforma laboral sigue haciendo estragos y su derogación es urgente también por lo que respecta a las pensiones.

Los presupuestos para 2017 no contemplan medidas que compensen este déficit. Solo se va a agotar el Fondo de reserva y un préstamo del Estado a la Seguridad Social de 10 000 millones de euros, a devolver en diez años. ¡Más madera para el déficit de la Seguridad Social! Así, se convertirá en una asignatura crónica.

Es verdad que este escenario —y con esto termino— favorece lo que ya sabíamos, que mantener la Ley de 2013 llevará a unas pensiones pobres, como ya dijimos. Además, los datos que acompañan al presupuesto —el informe de la Airef y el propio Programa de estabilidad del Gobierno— nos desvelan obscenamente las cifras: en treinta años, y con datos de IPC de 2016, los pensionistas habrán perdido un 55 % de capacidad adquisitiva en sus pensiones. Sé que Báñez tiene hechos alternativos, lo que nosotros tenemos es un veto para que este presupuesto no prospere.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Oñate.

Senador Varela, tiene la palabra.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Señor presidente, señorías, intentaré reflejar en dos minutos nuestro veto en relación con el primer problema de los ciudadanos de este país: el paro.

Decía ayer el portavoz del Partido Popular, el señor Barreiro, que el PP había pilotado un proceso de recuperación para los españoles. Sin embargo, esto es intrínsecamente falso; no es cierto, señorías.

Desde el primer momento, la opción del Partido Popular fue distinta. Puso en marcha un proceso de segregación social, de exclusión social, de apartheid de una parte muy importante de los españoles. No resolvieron el problema, señorías, lo que hicieron fue invisibilizarlo. Ustedes no han resuelto la vía de agua del barco, lo que han hecho es tirar por la borda el peso muerto, soltar lastre. No existen, están excluidos, no aparecen en los presupuestos y, por tanto, no hay problema y hemos resuelto la crisis.

Señorías del Partido Popular, Gobierno del Partido Popular, han apostado por el país de los tres tercios, engordando y empobreciendo más el tercio de los abandonados, de los auténticos parias, de los invisibles de nuestro país. Han materializado y diseñado un modelo de exclusión social que sitúa a personas y grupos en un limbo que no permite que sean considerados como miembros de pleno derecho de la sociedad. La exclusión, señorías, va mucho más allá de la pobreza y mucho más allá de la desigualdad.

Y digo esto, señorías, porque ustedes han situado a más de 7 millones de españoles en la exclusión social, y en estos presupuestos consolidan esa situación: más de 4,5 millones de parados, 3 millones sin protección; más de 2 millones de parados de larga duración sin expectativa ni esperanza, a los que estos presupuestos no dan una solución; 2,7 millones de españoles con trabajo a tiempo parcial que quieren trabajar a tiempo completo, que ingresan menos de 400 euros mensuales, a los que estos presupuestos no dan una solución; 600 000 jóvenes menores de 25 años sin empleo, sin formación y sin esperanza, a los que estos presupuestos no dan una solución; 850 000 jóvenes se fueron de nuestro país, y estos presupuestos no plantean nada para que puedan volver; 2 700 000 mujeres paradas, sin esperanzas, sin oportunidades de empleo, a las que estos presupuestos no dan una solución; y 600 000 hogares sin ningún ingreso, donde viven más de 1 300 000 personas sin oportunidades, y estos presupuestos no les dan solución.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.

No han resuelto el problema de esas capas de nuestra población que estás castigadas, simplemente, las han apartado, las han hecho desaparecer de los presupuestos.

Por tanto, señorías, consideramos justo y adecuado vetar estos presupuestos, porque son profundamente injustos e insolidarios.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Varela.

Para la defensa de las impugnaciones números 52 y 57, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Mesón.

El señor MESÓN MIGUEL: Gracias, presidente. Buenas tardes.

En materia de empleo, la política presupuestaria que nos presenta esta ley es continuista con la línea marcada por el Gobierno del Partido Popular desde 2012, caracterizada por una subordinación del gasto social en políticas de empleo a las políticas económicas de austeridad.

Entre la Ley de presupuestos del año 2011 y la que ahora se presenta, sin considerar la partida correspondiente al préstamo a la Seguridad Social, la cuantía del total consolidado de la sección 19 destinado a la financiación de políticas públicas de empleo se ha desmoronado, con un descenso del 35,81 % de la inversión. Hay que señalar que la línea política de contención del gasto en políticas públicas de empleo ha ido acompañada de una política legislativa de desregulación de las relaciones laborales, marcada por las reformas laborales adoptadas en nuestro país en los últimos años por los sucesivos gobiernos.

Las políticas de ajuste adoptadas por el Gobierno en materia de empleo se enmarcan en la peor situación posible, caracterizada por el aumento de la pobreza estructural, el incremento de la desigualdad social, una tasa de paro juvenil superior al 40 % y el incremento, sin precedentes, de trabajadores pobres, de modo que se puede hablar de quiebra del Estado social. Según la encuesta de condiciones de vida del INE, de 2016, existen 13,3 millones de personas en España en riesgo de pobreza o exclusión social; 1,3 millones de personas sobreviven en unidades familiares sin ningún ingreso regular, y 10,2 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. Para mantener y mejorar los servicios públicos esenciales se necesitan más ingresos, pero este Gobierno, en vez de tomar medidas en ese sentido, realizó una amnistía fiscal declarada ilegal recientemente por el Tribunal Constitucional.

La apuesta decidida por la regulación laboral ha generado un crecimiento del empleo sobre la base de la precariedad y la temporalidad. El modelo protagonizado por la política de recortes y las sucesivas reformas laborales, junto con el desmontaje de las políticas de atención a la dependencia, han perjudicado en mayor medida a las mujeres trabajadoras que, en parte, ni tan siquiera computan como activas para el cálculo de la tasa de paro por haber retornado a la ocupación de atención y de cuidados a niños y a personas dependientes.

El presupuesto para la protección del desempleo que nos presenta el Gobierno continúa por la senda de la promoción de la pobreza estructural iniciada en 2012. Según la EPA del primer trimestre de este año, hay 4 255 000 personas en paro en España con disposición para trabajar, muchas de las cuales se encuentran en situación de desempleo de larga duración.

Mi grupo parlamentario no puede sino rechazar un proyecto de ley que insiste en castigar al colectivo más vulnerable de la población. Si tenemos en cuenta que, en la actualidad, casi 2 millones de trabajadores activos se encuentran en situación de desempleo de larga duración, no encontramos explicación que justifique la inaplicación del presupuesto previsto en 2016 —es decir, que no se han gastado muchas partidas—, así como la reducción del programa para este año. Contrariamente a las indicaciones de la OIT, el 46,3 % de la inversión pública para el fomento de la inserción y estabilidad laboral se destina a la financiación de cuotas, subvenciones y bonificaciones a la Seguridad Social, en lugar de priorizar estrategias de orientación y cualificación de personas desempleadas y en el fortalecimiento de los servicios públicos de empleo.

El Proyecto de Ley de presupuestos presenta un levísimo incremento de la dotación de acciones a favor de los inmigrantes, pero solo en un 0,2 % con respecto a 2016. Entendemos que es necesario no solo cumplir con la financiación presupuestaria, sino además incrementar la dotación para este año en 50 millones de euros, con el fin de cumplir con los acuerdos para la acogida y garantía de los derechos de personas inmigrantes y refugiadas llegadas a España.

La principal partida del programa 231B, sobre acciones a favor de los inmigrantes, es la destinada a prestaciones por razón de necesidad a emigrantes españoles en el extranjero pero, desde el año 2009, esta partida se ha reducido un 57 %. Además, desde el año 2009 en adelante, la partida destinada a la vigilancia y control del fraude de las relaciones laborales no ha dejado de descender. Aunque este proyecto de ley presenta un leve incremento del presupuesto para la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social respecto a la de 2016, lo cierto es que, con respecto al año 2009, la dotación se ha reducido en 164 millones.

Por todo ello, presentamos esta propuesta de veto a las secciones 19 y 60 del Proyecto de Ley de presupuestos, toda vez que consideramos que manifiestan la continuidad de políticas públicas de empleo regresivas y antisociales, subordinadas a programas de ajuste económico ineficaces, que condenan a los colectivos más vulnerables de la sociedad y no cumplen con los mínimos en materia de salvaguarda de los derechos humanos de las personas refugiadas.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

El señor MESÓN MIGUEL: Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mesón.

Para la defensa de las impugnaciones números 70 y 76, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Rufà.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Gracias, presidente.

Agradezco al senador Soler-Espiauba que conozca a varios autores catalanes de literatura, pero quisiera que me indicara en cuántas universidades españolas, fuera de los països catalans, se enseña literatura catalana, porque yo le podría decir que en muchas menos que en Francia o Alemania. Este es un ejemplo de cómo la cultura se extiende por este país. (Aplausos).

En cualquier caso, me voy a centrar en los presupuestos de Trabajo y Seguridad Social. Los Presupuestos Generales del Estado para 2017, relativos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, exigen a los ciudadanos un acto de fe en relación con la previsión del Gobierno vinculada a la recuperación del empleo; por ello, la disminución de esta sección se puede reducir sin discusión, dado que no habrá que hacer frente a tantas prestaciones por desempleo. Pese a todo, respecto al dinero que supuestamente ya no hay que dedicar a los desempleados, más de 2500 millones de euros, solo se incrementa la partida de pensiones no contributivas y para protección familiar en 42 millones. Se incrementa solo un 5,5 % el presupuesto para fomentar el empleo y solo se incrementan las pensiones un 0,5 %, lo que supone una pérdida. Además, se reduce el presupuesto para los subsidios de discapacidad en un 13,9 %. En nuestra opinión este dato no es bueno, aunque los Presupuestos Generales del Estado para este año prevean mantener el agujero de la Seguridad Social, porque los gastos superarán a los ingresos en 2017, con un diferencial de más de 32 000 millones de euros.

Este año, como los seis anteriores, no tendrán suficiente con la recaudación para hacer frente a las prestaciones, así que, como en años anteriores, tendrán que recurrir a fuentes de financiación extraordinarias, hasta ahora cubiertas por el Fondo de reserva. Sin embargo, este año el Ejecutivo ha renunciado a gastar todos los ahorros de la hucha de las pensiones y ha preparado un préstamo de más de 10 000 millones entre las administraciones de Hacienda y Seguridad Social. Después del vaciado del Fondo de reserva, y ante la previsión de su segura liquidación, el Ejecutivo ha decidido optar por la fórmula del crédito, aunque ni tan siquiera con el crédito podrá afrontar el instituto previsor todas sus obligaciones, y por tanto, los presupuestos contemplan que los gastos superen en 16 650 millones a los ingresos. No es la primera vez que el instituto previsor recibe dinero de presupuestos para equilibrar sus cuentas; sucedió ya entre 1994 y 1997, pero con una diferencia sustancial: entonces la Seguridad Social, también en números rojos como ahora, se hacía cargo de las pensiones no contributivas, de los gastos de servicios sociales, de la dependencia y de la sanidad. Ahora, en cambio, el dinero de este crédito de equilibrio —nombre técnico—, será para pensiones contributivas.

El Gobierno está liquidando con su gestión el sistema de la Seguridad Social española y, por tanto, abriendo la brecha entre las clases trabajadoras y las grandes fortunas, por lo que seguimos preocupados por estos presupuestos. Se debe medio millón de euros a los afiliados, a los cotizantes de la Seguridad Social, que con nuestro salario diferido hemos financiado durante décadas partidas presupuestarias que nada tienen que ver ni con las pensiones ni con la Seguridad Social. Es decir, que son transferencias directas de los cotizantes a los presupuestos del Estado; esas sí que eran directas y, en cambio, las que se hacen ahora, nos las devuelve el Ministerio de Hacienda en forma de préstamo.

La Constitución concede a las organizaciones sindicales una relevancia fundamental dentro del Estado social y democrático, concediéndoles un papel básico en el desarrollo de las políticas económicas. Sin embargo, hoy las aportaciones públicas son insuficientes para cubrir lo que los sindicatos aportan solo en partidas de representación a todos los trabajadores, afiliados o no a los diferentes sindicatos. La financiación sindical en España es un 30 % inferior a la de los países de la Unión Europea que tienen el mismo modelo. En 2012, la aportación pública a los sindicatos se rebajó en un 50 %. Por ello pedimos a los grupos parlamentarios que voten a favor de nuestras enmiendas, con el fin de recuperar la financiación sindical para el año 2017 en cuantías, como mínimo, iguales a las del año 2012.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta enmienda a la totalidad de las secciones 19 y 60, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y Seguridad Social, del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017, solicitando su devolución al Gobierno.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rufà.

Para la defensa de las impugnaciones números 15 y 19, de los senadores Cleries y Rivero, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

El Partit Demòcrata ha presentado el veto a las secciones 19 y 60 por algunos de los motivos que ya avanzamos cuando sustanciamos el veto a la totalidad.

En nuestra opinión, estos presupuestos no dan respuesta a los problemas de los catalanes; son continuistas y, como en los últimos cinco años, no van a cumplir objetivos de déficit en la Seguridad Social. Además, no cumplen con empleo: menor inversión en políticas de empleo; la garantía juvenil falla, y ustedes lo saben porque la Comisión Europea se lo ha recordado; el modelo de formación de empleo falla, los interlocutores sociales nos lo dicen cada día; asilo y refugio fallan, porque no cumplen con los compromisos de la Unión Europea; la Comisión Europea indica que están gastando mal los recursos del FAMI, y ustedes lo saben; y respecto a las pensiones y a la Seguridad Social, también fallan porque las pensiones no aumentan al nivel del IPC, con un 0,5 %, que está llevando al empobrecimiento de los pensionistas.

Señorías, según el Partido Popular en Cataluña, la independencia te quita la pensión y, añaden: Valientes para decir la verdad... No entraré a debatir su verdad porque ya hemos hablado de Segismundos; pero, respecto a su valentía, sí que diré que hay que ser valiente para sacar estos eslóganes, justamente ustedes que han vaciado el cajón de la solidaridad entre generaciones, y han dejado los 66 000 millones de euros en 8 748 000 euros, y con préstamos a 10 años.

Hemos tenido que oír en este Pleno que nos gastamos dinero en propaganda independentista, pero debe ser poco porque ustedes no han entendido nada. Ustedes niegan la realidad; ayer dijeron que no habría proceso, pero el proceso al que usted se refería se ha terminado y culminará con una votación el 1 de octubre. Nosotros estamos en otro proceso, estamos haciendo campaña por el sí; sí a poder votar. En cambio, el Partido Popular en Cataluña hace campaña contra la independencia y nos manda dos mensajes: primero, que es posible y, segundo, un mensaje de miedo. Nos dicen que, con la independencia, 3 de cada 10 jubilados en Cataluña no van a cobrar. No será que han hecho ustedes sus cuentas y no les salen, por eso apelan al miedo y no a los argumentos. Pues vayan haciendo campaña porque nosotros vamos a votar. No somos golpistas, somos demócratas, vamos a poner las urnas y les invitamos a que hagan su campaña con argumentos.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Rivero.

En el turno en contra, tiene la palabra la senadora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ RUEDA: Gracias, señor presidente.

Señorías, un año más las pensiones son la principal partida de los presupuestos, con 139 647 millones de euros; un 12 % del PIB. Estamos ante unos presupuestos en los que se consolida la separación de las fuentes de financiación del sistema de la Seguridad Social, de manera que el Estado aporta más de 13 000 millones de euros para dar cobertura a todo el ámbito no contributivo, así como a los complementos a mínimos, que tienen una dotación superior a los 7000 millones de euros.

Además, se incrementa la partida de atención a la dependencia en más de un 8 %, y esto es importante porque les recuerdo que el Gobierno del Partido Popular y, por ende, el presupuesto de todos los españoles, tuvo que hacer frente en los momentos de mayor dificultad económica a los más de 1000 millones de euros que el anterior Gobierno Socialista dejó sin pagar en relación con las cotizaciones sociales de los cuidadores no profesionales de la dependencia. Pero, señorías, como siempre, solucionar los problemas es el trabajo del Gobierno del Partido Popular.

Para poder sufragar los gastos sociales que derivan de los presupuestos es importante que todos sepamos cuáles son nuestras obligaciones y derechos, porque la caja de la Seguridad Social se nutre de las cotizaciones y las pensiones dependen de ellas. De manera que cuando se emplea a un trabajador, como parte de sus derechos esenciales, procede darle de alta en la Seguridad Social para que cotice, señorías del Grupo de Podemos. La economía sumergida atenta contra nuestro sistema público de pensiones. No sé si están de acuerdo con esta afirmación o, como algunos de los miembros de su partido, olvidan lo que predican o predican con el ejemplo —que también puede ser—, pero en ese caso no vengan a darnos lecciones sociales.

Por otra parte, el Grupo Socialista nos ha ilustrado con su teoría del déficit. Es curioso, porque parece que no se acuerda de que el déficit del sistema de la Seguridad Social se inicia en el año 2009.



En un año se pierden más de un millón de afiliados y hay un desplome de los ingresos por las cotizaciones sociales. A pesar de que los datos de la existencia de la crisis eran tozudos, el entonces Gobierno Socialista adoptó medidas económicas que se demostraron erróneas por cuanto que llevaron a millones de ciudadanos al paro y a los pensionistas a ver congeladas las pensiones. Ese es el origen del déficit: el desempleo. Saben ustedes que la caja de la Seguridad Social se nutre del empleo y de la afiliación —lo saben—, pero saben, y lo digo una vez más, que solucionar los problemas es el trabajo del Gobierno del Partido Popular.

Ustedes no han explicado todavía por qué los excedentes del sistema de la Seguridad Social correspondientes a los años 2008, 2009 y 2010 no se incorporaron en su totalidad al Fondo de reserva. No han explicado cuál ha sido el destino de los 14 000 millones de euros de excedentes que nunca se ingresaron en el Fondo de reserva. Dotaron al Fondo de reserva por debajo de lo que debería haberse hecho, y si hubieran cumplido con la ley hoy el fondo dispondría de esos 14 000 millones de euros cuya finalidad, única y exclusiva, es el pago de las pensiones contributivas.

También se ha hablado del préstamo del Estado a la Seguridad Social y, señorías, no entiendo por qué se rasgan las vestiduras con esto. No es la primera vez que se tiene que pedir un préstamo, y les pongo en antecedentes. Cuando gobernaba el señor González hubo que pedir préstamos para poder pagar las pensiones y en el año 1996 cuando el Partido Popular llega al Gobierno tiene que pedir un préstamo de más de 3000 millones de las antiguas pesetas porque, como siempre, el Partido Socialista había dejado la Seguridad Social en números rojos. Gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos, y con las reformas llevadas a cabo en estos años de Gobierno del Partido Popular, se está creando empleo: más de 600 000 empleos en el último año; se están incrementando los recursos del sistema, se ha mejorado el nivel de protección se han ampliado las prestaciones, y con estos presupuestos las pensiones están aseguradas, con las cotizaciones sociales y con el Gobierno de España.

Señorías, hay que decirlo claramente. Estos presupuestos mejoran las pensiones y demuestran el compromiso del Gobierno con la defensa y el respaldo de nuestro sistema público de reparto contributivo y de solidaridad intergeneracional; por lo tanto, los presupuestos son, aunque no lo quieran reconocer, los presupuestos de la recuperación económica, de la creación de empleo y del gasto social.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Rodríguez.

Senadora Soto, tiene la palabra.

La señora SOTO RICO: Gracias, señor presidente.

Señorías, ustedes insisten en negar lo obvio y es que en España hoy se crea empleo, y se crea empleo a un ritmo del 3 % anual. También ustedes niegan que en el año 2014 nuestro mercado laboral comenzó una andadura de crecimiento y de creación de empleo que se intensificó en 2015 y en 2016, en los que se llegaron a crear 1,5 millones de puestos de trabajo gracias al esfuerzo, al trabajo y al sacrificio de toda la sociedad española y gracias a la gestión del Gobierno de España, gracias a la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy.

Ustedes hablan de la calidad en el empleo y yo les voy a hacer una afirmación que ha hecho en muchísimas ocasiones la ministra Báñez: la calidad del empleo empieza por un empleo. Además, ustedes saben que desde el Gobierno de España se ha estado trabajando para impulsar el trabajo indefinido y que hoy en nuestro país 3 de cada 4 personas que trabajan lo hacen con un contrato indefinido. ¿Que hay que seguir trabajando? Hay que seguir trabajando. Por eso cobran todo el sentido precisamente las secciones 19 y 60 del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para este año.

¿Cuáles son los dos grandes bloques del presupuesto en materia de empleo? Uno, las políticas activas de empleo, y el otro, las políticas pasivas. En cuestión de políticas activas, ¿qué hacen las secciones 19 y 60? Incrementar un 5 % todos los programas que han demostrado que están funcionando bien y que están generando la creación de empleo en España. Además, se incrementa un 6,36 % si incluimos el plan de garantía juvenil y hasta un 16 % si incluimos los programas de trabajo autónomo. ¿Qué se hace en el otro gran bloque, el de las políticas pasivas? Se presupuesta un partida de 18 000 millones de euros para no dejar a nadie atrás, para las prestaciones por desempleo. Y aquí voy a pararme un segundo para rogarle, por favor, al señor Varela que no llame de forma despectiva parias a las personas que lamentablemente lo están pasando tan mal en nuestro país y que tienen que acudir a las prestaciones por desempleo y a los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos. (Aplausos). Por favor, no llame usted parias a las personas y no estigmatice a las personas que tan mal lo están pasando. Me parece que no es justo. Señorías, nosotros vamos a seguir trabajando.

También hay algo que quiero decirle a Podemos: me parece que son ustedes demasiado desahogados hablando y criticando la gestión que ha hecho el Gobierno de España en materia de Inspección de Trabajo. Me parece que hay que ser desahogados, cuando, gracias al impulso de la Inspección de Trabajo, más de 450 000 empleos que no estaban dados de alta a la Seguridad Social han aflorado, uno de ellos el de su líder Echenique con la grave contratación irregular de su asistente. (Aplausos). Hay que ser desahogado. Solamente faltaría que lo propusieran como ministro de Empleo; solamente faltaría eso.

Señoría, el Gobierno de España con este presupuesto está haciendo lo que tiene que hacer: impulsar, incentivar e incrementar todos los programas de política activas de empleo para seguir creando empleo en España, que es lo que estamos haciendo hasta ahora, y también, señorías, proteger a las personas que todavía no han encontrado un puesto de trabajo.

Yo les pido responsabilidad y altura de miras; si no quieren ustedes apoyar este presupuesto para que se siga creando empleo en España, por lo menos no obstruyan el trabajo del Gobierno de España.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Soto.

Pasamos a la sección número 20.

Para la defensa de la impugnación número 31 del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Delgado.

La señora DELGADO OVAL: Muchísimas gracias, buenas tardes.

El Grupo Socialista veta el presupuesto referido a la sección 20, porque considera que no recoge la transformación energética, el impulso digital y la renovación del sector turístico que este país necesita.

Son unos presupuestos poco ambiciosos para afrontar los retos en política energética. Estamos inmersos en un proceso de transición ligado a la protección del planeta, en el que hemos adquirido una serie de compromisos que no están reflejados en estos presupuestos.

Con este presupuesto vamos a tener muy difícil cumplir con nuestros objetivos de reducción de emisiones en un 40 % en el año 2030 y aprovechar la lucha contra el cambio climático para crear empleo, crecimiento económico y, subrayo, garantizar un precio asequible para este suministro básico. No presentan ni un solo cambio en el modelo de financiación ni destinan ingresos para la fiscalidad ambiental y tampoco promueven una política energética más sostenible. Reflejan la escasa voluntad del Gobierno para continuar estimulando los procesos de I+D+i en el sector energético y, además, no cumplen con los compromisos establecidos en el marco de actuación para la minería del carbón en las comarcas mineras.

El Gobierno, además, parece que no tiene las ideas claras con la agenda digital y presenta unos presupuestos con recortes en esta materia, que ampliarán la brecha digital en las zonas rurales y nos seguirán alejando de Europa. La realidad, según los indicadores, es que estamos por debajo de la media europea en competencias digitales básicas: conectividad, uso de Internet y confianza digital. El acceso a Internet debería ser un derecho fundamental, y ustedes repiten, una y otra vez, que este país está experimentando una recuperación económica y que las cuentas mejoran. Precisamente este es un sector primordial para el desarrollo de nuestra economía para potenciar el cambio del modelo productivo, para generar empleo de calidad y de futuro.

En definitiva, esta falta de impulso en materia digital reduce la capacidad de España para incorporarse a una economía moderna como sí desarrollan otros países del norte de Europa, y podríamos ser líderes, pues tenemos excelentes profesionales en el sector, que son reconocidos mundialmente, pero sus políticas les obligan a abandonar este país.

Los vientos de cola, a los que ustedes siempre se refieren, no van a impulsar ni el cambio del modelo energético ni la agenda digital que este país necesita. Esto requiere de planes, compromiso e inversión.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Delgado.

Tiene la palabra el senador Mármol.

El señor MÁRMOL SERVIÁN: Gracias, señor presidente.

Voy a ser muy breve. Continuamos con el veto a la sección de Turismo, aunque en estos momentos el hemiciclo está prácticamente vacío.

En estos presupuestos hay una reducción para el área de Turismo de más de 11 millones de euros que el Gobierno de España justifica diciendo que sube un 2,4 % porque el año pasado no se gastó el dinero que estaba presupuestado. Nos referimos a un sector que está tirando de la economía en este país, con un récord de turistas, pero con un modelo turístico que el Partido Popular sigue exprimiendo sin tomar ningún tipo de medidas, un modelo obsoleto que lleva años dando muestras de un agotamiento y sobre el que es necesario actuar.

Acaba de hablar la senadora Soto de la calidad del empleo. Es necesario abordar el empleo en el sector turístico teniendo en cuenta que en la mayoría de las ocasiones los contratos son de un día, y muchas veces incluso de una sola hora. Si eso es calidad en el empleo, calidad en el sector turístico, y es un orgullo para el Partido Popular, no estamos nada de acuerdo.

¿Qué propone el Partido Socialista? El Partido Socialista propone un plan de promoción del turismo nacional, también un plan de reactivación del turismo rural, especialmente una dotación muchísimo mayor para el área de Paradores, teniendo en cuenta su importancia como dinamizador del turismo y que fomenta la cohesión territorial, que es tan importante. Por supuesto, un plan de rehabilitación y reconversión integral de destinos de primera generación. Hay que tener en cuenta que tenemos un turismo prestado, entre 6 y 8 millones de turistas, que ha dejado de ir a los países mediterráneos, que tenemos que trabajar para fidelizarlo y para que siga viniendo a nuestro país; estamos hablando de un gasto en torno a 6000 millones de euros, pero el Partido Popular sigue mirando hacia otro lado porque piensa que el turismo es la gallina de los huevos de oro que puede seguir exprimiendo sin tomar ningún tipo de medida. Y, por supuesto, proponemos un plan específico que fomente el turismo para todos y el turismo senior, medidas que el Gobierno del Partido Popular no tiene en cuenta y sigue maximizando los niveles de llegada de turistas. Pero tenemos un modelo turístico que no es de calidad ni supone un modelo sustentable que fomente la gobernanza turística, un empleo de calidad y también la desestacionalización.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mármol.

Para la defensa de la impugnación número 53, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Jiménez.

La señora JIMÉNEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, los presupuestos que nos presenta el Gobierno en materia de Energía, Turismo y Agenda Digital son unos presupuestos continuistas, cuyo objetivo es apuntalar el patrón caduco, insostenible e irresponsable de los últimos años, y que, además, vienen con recortes. Estos presupuestos suponen un nuevo golpe a la política energética y un nuevo freno a las posibilidades de un sector que podría liderar el cambio de modelo productivo de nuestra economía y nos permitiría pasar a un motor de desarrollo económico no basado ni en la precariedad laboral ni en la especulación.

Estos presupuestos suponen un paso atrás en el cumplimiento de los objetivos internacionales de España en materia de cambio climático, objetivos con los que el Gobierno afirmó comprometerse; un compromiso que resulta poco creíble a la vista de las cifras que nos presentan. El Gobierno destina la mayor partida en energía a fortalecer y ahondar en las medidas correctoras del déficit garantizando, eso sí, los beneficios del oligopolio eléctrico, en lugar de auditar para saber los costes reales del sistema y potenciar un sistema eléctrico verdaderamente competitivo.

En estos presupuestos hay una ausencia total de planes para impulsar la sostenibilidad y la rápida reducción de emisiones en nuestro tejido productivo. Nuestro planeta y nuestro futuro necesitan que reduzcamos las emisiones de CO2 pero esa reducción solo se conseguirá si un Gobierno responsable le dedica programas, partidas y dotación suficientes. Dicen apoyar la descarbonización, pero las partidas destinadas a reconvertir y reindustrializar las zonas mineras se reducen un 32 %. ¿Cómo piensa este Gobierno que las comarcas mineras van a poder abordar ese desarrollo alternativo?

En lugar de apostar por un plan nacional de transición energética, que impulse un nuevo modelo energético y reduzca el peso de aquellos sectores insostenibles y con mayor emisión de CO2, sus presupuestos nos indican con claridad que la transición para el cierre de las plantas nucleares no entra en los planes del Gobierno, que no van a fomentar el autoconsumo y que no apuestan por la generación distribuida.

Señorías, estos presupuestos no conducen a España hacia un nuevo modelo descarbonizado, sino que nos dejan a la cola de nuevo y consolidan el desmantelamiento del autoconsumo y las renovables. Tampoco son unos presupuestos que nos permitan afrontar nuestros retos como país ante las crecientes desigualdades sociales. Ni una partida han asignado ustedes a erradicar la pobreza energética.

En materia de agenda digital, también hay recorte. Estos presupuestos, con las cantidades que ustedes asignan, no van a solucionar el problema de la brecha digital y tenemos un tercio de nuestra población que está desasistida en materia digital. Esa brecha digital determina que haya ciudadanos de primera y de segunda. Se necesita una intervención directa del sector público para garantizar el acceso a Internet a toda la ciudadanía, viva donde viva y aunque no sea rentable.

Finalmente, en materia turística la dotación presupuestaria vuelve a descender un año más. No se asignan partidas suficientes para incentivar la calidad ni la formación, ni se proponen medidas para mejorar la calidad del empleo en el sector turístico. Este punto nos preocupa especialmente, pues el sector, como saben, denuncia condiciones laborales en muchos casos alarmantes. El modelo turístico que reflejan estos presupuestos carece de un plan de sostenibilidad del turismo, que fomente un turismo responsable y sostenible.

En definitiva, estos presupuestos son un paso atrás y una ocasión perdida. Recortan partidas, no garantizan la cobertura necesaria para cumplir realmente con aquello que dice el Gobierno que son sus objetivos de desarrollo para el sector. Por el contrario, ahondan en el modelo existente, no permiten el desarrollo alternativo de un nuevo modelo de futuro y, por tanto, demuestran que el Gobierno tiene escaso interés por trabajar para que el futuro energético, turístico y tecnológico de nuestro país sea limpio, sostenible y motor de un nuevo y necesario modelo productivo de crecimiento.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha presentado una enmienda de totalidad a la sección presupuestaria 20, del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Jiménez.

Para la defensa de la impugnación número 71, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Castellana.

El señor CASTELLANA GAMISANS: Gracias, presidente.

Señorías, después de las intervenciones de los grupos Socialista y de Unidos Podemos, que comparto en su práctica totalidad, seré breve y simplemente apuntaré los temas clave y que no volveré a explicar.

De los tres bloques, en energía tenemos lo de siempre, ya que se mantiene un modelo energético que tiene uno de los costes energéticos para las pymes más elevados de nuestro entorno, con el lastre que significa eso para la competitividad. No existe el contrato estacional para potenciar a las pymes, no hay nada de las redes cerradas y la rebaja de tarifas de media tensión no es una cuestión que afecte a todo el territorio, sino a alguno que ha negociado mejor que otros. Es un modelo basado otra vez en las energías fósiles, aun en el tiempo que estamos. No hay nada en relación a trabajar en la reducción de la dependencia nuclear y sabemos que el tiempo corre. Finalmente —afectando no solo a la cuestión energética, sino también a la humana— se reducen las partidas destinadas a la reconversión y reindustrialización de las zonas mineras.

Tenemos más reducciones, como la reducción a la protección a la propiedad industrial. En relación con la sociedad de la información y de la agenda digital, hay reducción en la innovación tecnológica, en el gasto en telecomunicaciones, en I+D, en la sociedad de la información y en los créditos destinados a las empresas.

Finalmente, un apunte sobre turismo. No me extenderé en lo que ya han comentado mis compañeros, simplemente quiero constatar —y estamos de suerte— que el cambio de un modelo turístico de mayor valor añadido no depende exclusivamente del Gobierno; si no, mal iríamos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Castellana.

Para la impugnación número 11, de los senadores Abad y Cleries, tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gracias.

¿Por qué nuestro veto? Porque estos presupuestos no tienen en cuenta ni nuestros intereses ni nuestras propuestas ni nuestra voluntad de transformación del modelo energético con la mirada puesta en 2020. Pero no es solo eso, es más, estos presupuestos son un agravio flagrante a las empresas y a los usuarios de Cataluña. Por ejemplo, en materia de energías renovables hay una interrupción de la retribución y una inseguridad jurídica. La política de renovables del Gobierno, con el paro de las pymes a las renovables y la modificación de las retribuciones vigentes, ha paralizado la implantación de las nuevas instalaciones y ha generado inseguridad jurídica en el sector. La reforma eléctrica que ha llevado a cabo el Gobierno español no sigue la misma dirección que la política energética de Cataluña. Como ustedes saben, el Estado invade constantemente las competencias de la Generalitat en lo relativo a la regulación y ejecución de las actividades de transporte y distribución de energía.

Gestión estatal del Fondo nacional de eficiencia energética. La imposibilidad de participar las comunidades autónomas en este fondo supone el inicio de un proceso recentralizador, donde las comunidades autónomas no juegan ningún papel y se rompe, una vez, más la recuperación de la democracia en nuestro país.

El caso Castor —terrible, mala gestión, por decirlo de alguna manera— ha supuesto el encarecimiento de la factura de consumo de gas como consecuencia del reconocimiento de los costes de la inversión fallida. Seguimos defendiendo que no se puede imputar a los ciudadanos el coste de 1350 millones de euros de indemnización; los costes no deben repercutir en los ciudadanos y en las empresas consumidoras de gas a través de un aumento de las tarifas de este servicio. Esto es una vergüenza, y por ello hemos solicitado una comisión de investigación con el fin de depurar responsabilidades, como también lo es, para finalizar, el pacto entre el Partido Nacionalista Vasco y el PP que elimina la tarifa intermedia en el País Vasco. Esta medida, por supuesto, no tendrá efecto en las 5800 empresas de toda España, la mitad de ellas en Cataluña.

Hablamos, pues, de desigualdad y agravio, hablamos de unos presupuestos generales que no ayudan a las personas, a los usuarios del sistema, hablamos de un modelo que no es el nuestro, nuestro modelo es el de la energía como factor clave para la competitividad de nuestra economía, como también lo es para la sostenibilidad ambiental de Cataluña. Nuestro modelo mira al futuro: defendemos las energías renovables, el vehículo eléctrico, la rehabilitación energética de los edificios y el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico. Estos presupuestos castigan a nuestro país, a nuestra gente y nuestros nobles valores, y por ello nuestro veto y votaremos sí el 1 de octubre.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Abad.

Turno en contra.

Senador Pascual, tiene la palabra.

El señor PASCUAL MADINA: Gracias, señor presidente.

Intervendré yo en la parte de Energía y en la de Turismo y Agenda Digital intervendrán otros portavoces.

Este presupuesto en la parte de Energía viene a ser una continuidad de las políticas energéticas del Partido Popular en gobiernos anteriores, que son políticas que han funcionado y que, evidentemente, no podemos cambiar por otras que no van a funcionar con toda seguridad, y por eso nuestro voto va a ser en contra.

La parte de Energía tiene tres áreas básicas. Primera, continuar con el control del déficit y la reducción de la deuda del sistema eléctrico, lo cual redunda en beneficio del ciudadano, sobre todo del ciudadano más vulnerable, de las pymes y de las empresas, y eso, señorías, es hablar de recuperación económica y de creación de empleo. Hacen ustedes referencia en sus argumentos de impugnación a que el conjunto del presupuesto baja en un 2,52 %, 139 millones de euros. Les voy a dar un dato, las partidas destinadas a la financiación del sistema eléctrico, esas partidas únicamente, ya se reducen en 149 millones de euros. Es decir, en un contexto en el que la demanda de la energía eléctrica está aumentando, la excelente gestión del Gobierno del Partido Popular ha conseguido reducir las partidas de financiación del sistema eléctrico en 149 millones de euros, que ya es más que esos 139 millones de euros del conjunto del presupuesto. Segunda, cumplir con el marco de actuaciones 2013-2018 del sector del carbón, donde podemos destacar la partida de medidas sociales de 247 millones de euros y donde, evidentemente, hay más partidas. Y, tercera: Apoyo al ahorro, a la eficiencia energética y a las energías renovables. 207 millones de euros en el Fondo nacional de eficiencia energética; 59 millones de euros en el Programa de ayudas para la rehabilitación energética; partidas para la movilidad eficiente; planes para el aprovechamiento de energías renovables y uso eficiente de la energía; planes Renove para la hostelería; pymes; etcétera.

Hacen ustedes referencia constante en su veto al escaso compromiso del Gobierno con las energías renovables. Vamos a ver, señorías, una vez ordenado el caos que se encontró el Gobierno anterior en el año 2011, con un déficit anual de casi 6000 millones de euros y una deuda de 27 000 millones de euros que vamos a pagar todos los españoles durante décadas y de la que no tuvieron la culpa el despliegue y las primas a las renovables —que había que hacer—, sino la falta de rigor y de control sobre su despliegue, ahora sí podemos pensar en una implantación lógica y sensata, al máximo ritmo que nos permita la tecnología en cada momento, y, desde luego, siguiendo las directrices de la Unión Europea en cuanto a coste-eficiencia. La prueba la tienen en los 3000 megavatios subastados con enorme éxito y en la próxima subasta de otros 3000 megavatios. Aquí el Grupo Socialista ha sido el más prudente cuando ha dicho que este Gobierno no va llegar a 2040 en sus objetivos, porque sabe que en el año 2020, que es el primer hito a pasar, vamos a cumplir perfectamente. El resto de grupos parlamentarios, o no lo saben, o no se lo han estudiado, o lo han obviado, o no han querido decir la verdad.

Esto, señorías, viene reflejado en los presupuestos. Y, como ve, no vamos a apoyar su veto, pero sí vamos a apoyar e impulsar la implantación de energías renovables.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Pascual.

Tiene la palabra el senador Almodóbar.

El señor ALMODÓBAR BARCELÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2017 en materia turística amparan unas políticas que siguen promoviendo y acentuando el éxito turístico permanente de España. Porque, señorías, al final, los hechos, que son muy tozudos, las cifras, las estadísticas, también la percepción que tienen la mayoría de los españoles, dinamitan todos los discursos que hacen otros grupos políticos, fundamentalmente, el Partido Socialista. Esos discursos derrotistas, como el de hoy, de poner peros a las políticas del Gobierno y a sus presupuestos, sin ser capaces de reconocer los esfuerzos que se han hecho y que nos han llevado a obtener los mejores resultados de nuestra historia con unos presupuestos más contenidos. Eso se llama eficiencia.

Señores, lo que hace daño a nuestro turismo no son nuestras políticas. Todo lo contrario. Lo que hace daño es que mientras se trabaja intensamente por lograr que vengan más turistas, que gasten más, que seamos un destino más competitivo y que nuestras empresas puedan invertir, mejorar o crear empleo, otros pretendan imponer tasas, promuevan moratorias a la inversión o pretendan demonizar al sector ahuyentando a nuestros turistas, poniendo en riesgo la competitividad del sector y afectando negativamente al empleo turístico, a las inversiones y al turismo en general.

Como saben, el turismo es una actividad tremendamente transversal, donde, prácticamente, todos los departamentos ministeriales tienen su incidencia. Hablamos de formación, de seguridad ciudadana —esta semana se ha presentado el Plan Turismo Seguro, por el que este año se van a duplicar los efectivos en materia de seguridad para proteger a los turistas que nos visitan en nuestros destinos—, de política de visados, de las conexiones aéreas —de esos incentivos a las tasas para que podamos tener más conexiones—, etcétera. Como ven, la inversión en otros departamentos también afecta al turismo y tiene sus consecuencias.

Decía el portavoz socialista que no le prestábamos especial atención al turismo, que estaba obsoleto. Pues menos mal. Señorías, hace solo cinco años éramos el octavo país más competitivo del mundo en materia turística. Hoy somos el primero por segunda vez consecutiva. Por algo será. En estos años hemos favorecido el impulso a la inversión en el sector. En lo que llevamos de año hemos recibido más de un 12 % de turistas que en el anterior. El gasto ha aumentado un 15 % y las previsiones de este año son espectaculares debido a la apuesta del Gobierno por este sector, convirtiéndolo, además, en una auténtica prioridad.

Señorías, de Paradores no hablaré porque tengo que terminar para dejarle tiempo al compañero. No hablaré, aunque, cuando quieran, lo hacemos. Pero creo que ustedes no quedarían en muy buen lugar.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Almodóbar.

Tiene la palabra el senador Ramis.

El señor RAMIS SOCÍAS: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos aquí para defender el veto a la sección 20. Yo creo que hay dos bloques de vetos: El del Grupo Socialista, que ha tratado de argumentar diciendo que en temas de agenda digital teníamos poco interés, que se había disminuido un 17 % el presupuesto de la sección, o que dentro de los índices europeos estábamos en una posición intermedia, la 14.

Quiero decirles que saben ustedes perfectamente que ese 17 % está en el Ministerio de Economía, en la iniciativa empresarial, y que dentro del ranking europeo estamos por encima de la media y estamos subiendo. Yo puedo entender sus argumentos, pero no puedo compartirlos. Sí que quiero compartir con ustedes que las estrategias digitales deben redefinirse siempre.

Paso al bloque de vetos a la totalidad de Podemos, Esquerra Republicana y el PDECAT. ¿Qué quieren que les diga? Tenemos modelos diferentes, es verdad. El modelo de Podemos es un modelo bolivariano, diferente del que tenemos en España, es diferente, y el modelo de Esquerra Republicana o del PDECAT es el de la independencia frente al modelo de la solidaridad. Es lo que hay. La portavoz del PDECAT lo ha dicho muy claro, sus intereses y su modelo. Nosotros tenemos un modelo diferente, tenemos un modelo que está fundamentado en la tecnología digital, que es la que marca toda la Agenda Digital. Y conforme vaya avanzando la tecnología digital, tendremos que replantearnos siempre la estrategia digital, y nunca estaremos satisfechos, nunca habrá acabado la tendencia a mejorar, a tratar de llegar.

Señores de la oposición, el Partido Popular está trabajando en la Agenda Digital con estrategias de futuro, replanteándolas siempre. Para ustedes, señores de la oposición, dejamos la pancarta, el titular mediático, la vacuidad de aportaciones e ideas. Nosotros seguiremos trabajando.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Ramis.

Pasamos a la sección 23.

Para la defensa de la impugnación número 32, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Víboras.

La señora VÍBORAS JIMÉNEZ: Señor presidente, señorías, el Grupo Socialista formula la siguiente impugnación a la sección 23, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, y esta última, como he comentado al señor presidente, la defenderá otro de mis compañeros.

El presupuesto del ministerio para 2017 es claramente insuficiente, señorías, por mucho desparpajo que pongan ustedes en la defensa de estos presupuestos. El recorte en el presupuesto del Partido Popular vuelve a castigar al sector alimentario en lugar de apostar por un sector que hemos de cuidar, mimar y apoyar —es el segundo ministerio que más ve recortado su presupuesto—, el otro, sorprendentemente, el de empleo y la economía.

El gasto del ministerio supone un 1,1 % del total del presupuesto, muy alejado del 2,7 % que llegó a alcanzar en el último presupuesto socialista. El gasto del ministerio para 2017 supone un recorte de 151,9 millones de euros respecto al presupuesto de 2016. Lo dicho, un recorte de un 8,1 %. Tal es así que de los 20 programas que conforman el presupuesto, solamente 3 han sufrido un ligero cambio. El resto, todos, o se han mantenido o han bajado.

Por tanto, la recuperación de la que alardea o vocea el Partido Popular tampoco ha sido reflejada en el sector de nuestra agricultura, ganadería y pesca. Mal presupuesto, señorías, para la totalidad de las comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, se reduce un —37,4 % respecto a lo presupuestado en el ejercicio 2016, aunque ustedes dicen que mantienen los compromisos con las comunidades autónomas. Mentira. Mal por no apoyar la competitividad y la calidad de la producción y los mercados, donde se les olvida, una vez más, la financiación y apoyo a la modernización de la maquinaria agrícola. Mal en el programa de competitividad y calidad de la sanidad, y, ojo, está ahí acechando tanto la Xylella fastidiosa como la tuberculosis bovina. Cuidado con esto. Mal por la apuesta floja no, muy floja del fomento de la industrialización y de la comercialización. Ahora vendrá el Partido Popular y nos dirá que, a cambio, han subido las exportaciones y la renta agraria. Es obvio, porque los empresarios, ante la crisis, se han tenido que espabilar y buscar mercado en un mundo globalizado. Por tanto, no ha sido por el fomento del Partido Popular, sino porque el propio empresario se ha tenido que buscar la vida. Como el incremento del 15 % de la renta agraria, del que yo me alegro, que se lo han quedado fundamentalmente la industria y la distribución, poco ha llegado al sector y al eslabón más débil, que es nuestra agricultura. Por eso, señorías, les digo: mal, muy mal presupuesto.

En pesca no hay nada nuevo y nada bueno, todo ello a pesar de que, desde 2015, los Presupuestos Generales del Estado incluyen como fondos estructurales fondos europeos, que antes se gestionaban directamente. Nula apuesta por 2 programas de pesca que disminuyen un 13,55 %. Este sector tan nuestro y tan importante, ¿tan poco han sabido ustedes defenderlo? No se ría, señor Cotillas. Nada. Si lo comparamos con lo que invertía el Grupo Socialista, hay un 50 % menos en este presupuesto.

Por todo ello, señorías, solicitamos que devuelvan estos presupuestos. La agricultura, la ganadería y la pesca necesitan apoyo, mimo y, sobre todo, sobre todo, sensibilidad, algo que ustedes no han demostrado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Víboras.

Tiene la palabra el senador Palomo.

El señor PALOMO GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Intervengo en este turno para hablar de la sección referida al medioambiente y, naturalmente, para ratificar el veto que hemos propuesto a estos presupuestos, que, para el año 2017, implican unas bajadas muy significativas respecto a los presupuestos del año 2016. En concreto, hay un descenso de más de 256 millones de euros, un 13 % menos que los presupuestos para el año 2016. Este descenso presupuestario continúa la dinámica del Gobierno, que, año tras año, ha ido recortando los presupuestos destinados a medioambiente y al combate contra el cambio climático, de tal manera que, en este momento, hemos llegado a la siguiente situación: hay recortes en gestión e infraestructuras del agua; en ordenación territorial de los recursos hídricos —en este caso, del 67,9 %—; en el programa de calidad del agua; en programas de protección y mejora del medioambiente; en protección y mejora del medio natural —del 12,8 %—; en actuación en la costa y en actuaciones para la prevención de la contaminación y del cambio climático, recorte del 45,6 % con respecto al presupuesto del año 2016, a su vez recortado con respecto al del año 2015.

En el caso de la lucha contra el cambio climático y la contaminación, el descenso de 23,21 millones respecto al año pasado lleva a los presupuestos al nivel del año 2007 y suponen un auténtico hachazo y una señal política muy negativa de falta de compromiso en el cumplimiento del Acuerdo de París. Sin embargo, este mismo Gobierno reconoce que España es un país muy vulnerable a los impactos del cambio climático y que estos se agravarán. Así lo dice el informe del Mapama.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Tiene que ir terminando, señoría.

El señor PALOMO GARCÍA: Sí, acabo ahora mismo. Gracias, señor presidente.

Todo lo que aparece en los Presupuestos Generales del Estado para cambio climático son dos transferencias de 3 y de 2,5 millones de euros a comunidades autónomas, sin más especificación.

En resumen, ya sabíamos que la protección del medioambiente y la lucha contra el cambio climático no eran las prioridades de Rajoy y Montoro, pero, una vez más, han vuelto a sorprendernos con sus recortes. El optimismo macroeconómico que sistemáticamente se utiliza en esta tribuna no tiene ningún reflejo presupuestario, tampoco en materia de medioambiente y cambio climático. Por eso reiteramos nuestro veto.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señor Palomo.

Para la defensa de la impugnación número 54, de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Angustia.

La señora ANGUSTIA GÓMEZ: Gracias, presidente. Boas tardes, señorías.

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta enmienda a la sección 23, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Se trata de un presupuesto en el que, de los 20 programas del ministerio, 16 ven reducidas sus partidas presupuestarias para este 2017.

La sección 23, siguiendo la deriva de estos años, sufre un nuevo recorte, en este caso, del 3,16 %, con respecto a los presupuestos del año 2016. Grave, pero mucho más grave si tenemos en cuenta que la ejecución del capítulo 6 del presupuesto de 2016, inversiones reales, fue de solamente del 62,4 %. Es el presupuesto más bajo de su historia reciente y es vergonzoso este esfuerzo en un ministerio en el que el 80 % de los gastos operativos se nutre de recursos exteriores. Por tanto, impugnamos la ausencia total de una política de Estado para nuestro medio rural, para el sector primario y para nuestras políticas medioambientales. Grave de nuevo, pues la población agraria tiene una renta de partida un 45 % más baja que la media del resto de sectores productivos. En relación con el Programa de prevención de riesgos para las producciones agrarias y pesqueras, y dado que el Programa nacional de seguros es la única política agraria de Estado, es inaceptable que su dotación siga estancada en 200 millones de euros y que, por lo tanto, siga un 14,3 % más baja de lo previsto en el año 2012. No presupuestan, pero también rechazan el incremento de 34 millones que proponíamos, imprescindible para productores agrarios y ganaderos que cumplen tareas esenciales de cuidado de nuestro entorno rural. Bloquean todas las enmiendas de apoyo a la mujer rural, de incorporación de jóvenes o relativas a la innovación y diversificación productiva. No presupuestan y rechazan todas las propuestas que permiten el desarrollo rural y la aplicación de la Ley 45/2007. Reactivar la Ley de desarrollo sostenible es imprescindible para revertir la situación económica de muchas comarcas. Dotamos de partidas un fondo de contingencia especial para el sector lácteo que frene la destrucción de los últimos años. Señorías, en Galicia, principal productor del Estado, cada día se cierra una explotación. Entenderán, por supuesto, entonces, que impugnemos su sección.

Vamos con la pesca. El único esfuerzo reseñable de la señora Tejerina y su gabinete en materia de pesca fue haber devuelto la P al acrónimo en el nombre del ministerio. Este es el único esfuerzo que ha hecho la señora Tejerina. Todos los programas de pesca ven reducido su presupuesto. Sin embargo, pesca y marisqueo son esenciales para la franja cantábrica, mediterránea y atlántica. El mar es fuente de riqueza natural, pero también de riqueza económica y social. Frente a su nuevo recorte del 18 % en políticas pesqueras, nosotros proponemos un plan de apoyo a la pesca artesanal;



proponemos apoyos a los paros biológicos de embarcaciones de menos de 12 metros; proponemos 20 millones para un plan de seguros en pesca y 10 millones para un programa de reservas marinas.

Galicia, señorías, que representa el 46 % de la flota estatal y que realiza de media anual más del 54 % de los desembarcos en puertos españoles, ha visto mermada desde 2008 su capacidad pesquera un 23 %. ¿Por qué no se recoge en los presupuestos un plan de apoyo a las comarcas pesqueras de Galicia? ¿Por qué los pescadores españoles deben seguir esperando las compensaciones por el reparto de caballa? ¿Por qué no tenemos un plan integral de aprovechamiento de las rías gallegas? ¿Por qué descartan un plan de saneamiento integral de las rías?

Miren, señorías, ustedes no sanean las rías gallegas, pero su Gobierno en funciones prorroga sesenta años Ence en la ría de Pontevedra. Señorías del Partido Popular, colocar en el consejo de administración —a Isabel Tocino, ex ministra de Medio Ambiente, y a Carlos del Álamo, exconselleiro de Medio Ambiente en la Xunta de Galicia—, esto, señorías, además de favorecer la contaminación de Ence, es corrupción; eso es lo que es.

Sus políticas no solo no conservan nuestras rías sino que, además, impiden la biodiversidad y la racionalización del aprovechamiento pesquero.

¿Por qué los paros biológicos no están contemplados en sus presupuestos? Miren, pocos espacios hay tan ricos como las rías, es cierto, pero tenemos muchas más preocupaciones que los saneamientos integrales. Nos preocupa que el contexto de cambio climático requiera de una reconsideración de nuestro modelo productivo, nos preocupa que necesitamos coherencia con los compromisos internacionales adquiridos. Y lo que ustedes nos ofrecen a cambio es un recorte en calidad de aguas del 12 %; un recorte en protección y mejora del medioambiente del 11 %; un programa de actuación para la prevención de la contaminación del cambio climático, con menos de un 45,64 % del presupuesto; un recorte al organismo autónomo de Parques Naturales; un recorte a la Oficina española de cambio climático, que no tiene siquiera el presupuesto necesario para desarrollar la ley de cambio climático y transición energética.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

La señora ANGUSTIA GÓMEZ: Voy terminando, presidente.

No presupuestan, pero tampoco debaten ni incluyen ninguna propuesta fuera de su marco ideológico. El Gobierno del Partido Popular y ustedes, señorías del Partido Popular, el grupo parlamentario que sostiene este Gobierno, quieren institucionalizar el recorte cubriéndolo de austeridad en sus presupuestos y en su día a día gobernando. Esto es lo que enfrenta nuestras propuestas, señorías.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Angustia.

Para la defensa e impugnación número 72, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Aubà.

El señor AUBÀ FLEIX: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta el veto a la sección 23, Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, del Proyecto de Ley de presupuestos de 2017. Supone un engranaje más de la concepción del Partido Popular del medioambiente al servicio de la economía y de la producción frente a la que tendría que ser una visión más integrada del medio natural de nuestra sociedad.

El proyecto de ley no contempla una serie de partidas presupuestarias que Esquerra Republicana considera imprescindibles para el desarrollo de la política del medioambiente en Cataluña, así como tampoco incluye un conjunto de actuaciones de protección y mejora del medio rural y natural. Se trata, pues, de unos presupuestos que pretenden incentivar la inversión económica mediante la suspensión de derechos conseguidos a nivel ambiental.

Se argumenta que la Ley de unidad del mercado elimina trabas burocráticas y marañas institucionales, olvidando que las trabas burocráticas son derechos conseguidos y las marañas institucionales, el Estado descentralizado. Buena parte de este olvido es la falta de planificación estratégica en lo que respecta a la lucha contra la regresión del litoral mediterráneo, que, año tras año, queda expuesto a merced de la meteorología sin una planificación estratégica ni una dotación presupuestaria que termine de una vez por todas con la actual política de parches. A este efecto pongo un ejemplo: el camí de guarda dels Alfacs —sobre el que tuve la ocasión de discutir en la comisión— se dota con 800 000 euros para el año 2017. Si calculamos que vale 15 millones de euros, vamos a estar más de 15 años para la consecución de un cordón que evite la regresión del delta. Creo que no vamos a llegar, pues dentro de 15 años ya no existirá parte del delta. Y como decía en la sesión anterior, el turismo es muy importante. El delta del Ebro se considera una zona húmeda de gran importancia turística. Si no actuamos de una vez por todas, y rápido, este medio lo vamos a perder.

Del mismo modo hay un olvido evidente en todo lo que se refiere a conservación del medio rural y medioambiente, con una falta de inversiones y transferencias económicas a los entes locales y las comunidades autónomas para la conservación y mantenimiento de diferentes caminos rurales o vías verdes. Este presupuesto lleva consigo un recorte de un 3,16 % en relación con el del año 2016, pero, a lo largo de los años, desde 2009 hasta ahora, se ha recortado un 28,31 %. Es importante que un sector agrario como el primario no tenga estos recortes. La situación que ustedes plantean en estos presupuestos es que, gracias al mayor aumento de la inversión, existen partidas que se pueden mejorar. Pues bien, la agraria es una de ellas.

Tampoco recogen ni han tenido en cuenta las demandas de los sindicatos —especialmente, las de uno que tiene un 32 % de representación— incluidas en las diferentes enmiendas.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta una enmienda a la totalidad en la sección presupuestaria de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señor Aubà.

Para la defensa de la impugnación número 16, de los senadores Cleries y Rivero, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, senyor president. Gracias, señorías.

Hemos presentado veto a esta sección. Estamos en una legislatura donde ha habido muchas iniciativas aprobadas en este Parlamento, tanto en la Cámara alta como en la Cámara baja, así como declaraciones institucionales que dan apoyo al sector primario. No vemos que estas iniciativas, estos mandatos parlamentarios estén reflejados en estos presupuestos. Es cierto que el presupuesto para el sector primario ha ido perdiendo peso progresivamente en los Presupuestos Generales del Estado hasta estar en este momento en un 2,14 %.

Tenemos muchas razones y poco tiempo para exponerlas. Me voy a referir a tres incumplimientos, a tres pactos, a tres cosas que están pactadas que no vemos reflejadas en estos presupuestos. En primer lugar hubo un compromiso referente al Plan anual de seguros agrarios, que no ha sido atendido. En segundo lugar, compromisos de la Confederación Hidrográfica del Ebro para mantener caminos y traspasarlos, caminos de su titularidad en Suchs, Raimat, Alcarràs, Almacelles y Gimenells que están robando oportunidad a estas zonas agrarias. En tercer lugar, compromisos de las obras de compensación por el embalse de Rialb, compromisos que vienen de 1995. Se ha hecho alguna cosa, pero, en estos momentos, todos estos compromisos deberían ser atendidos; no vemos en este presupuesto que puedan serlo.

También ustedes han tomado decisiones como la reforma catastral. Hemos intentado enmendar en este sentido porque esto está creando dificultad a este sector, está creando daños en cuanto a los IBI, a las becas de los hijos de las agrarias, a las granjas prioritarias, a las transmisiones patrimoniales. Señorías, no vemos que den respuesta a este sector.

Tampoco vemos el tema de medioambiente, sobre el que está muy de moda hablar y todos parecemos muy sensibles a él —seguramente lo somos—, habrá que traducirlo a presupuesto para tomar medidas. Ustedes bajan el presupuesto en un 10 %. ¿Me van a decir cómo van a reducir la emisión de CO2 para el año que viene? Les recuerdo que en España han crecido los gases de efecto invernadero desde 1990 a 2015 y somos 1 de los 5 únicos países de la Unión Europea que está en esa situación. ¿Vamos a atenderlo con menos presupuesto? Nosotros no lo vemos. Si los presupuestos son la expresión de la voluntad política, nosotros aquí no la vemos. Si, además, la ejecución es la prueba de esfuerzo de esta voluntad política, nosotros ya no confiamos.

Señorías, por eso nosotros presentamos este veto a la sección correspondiente a Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Rivero

Para el turno en contra tiene la palabra el senador Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Compartiré este turno con la señora Pons.

Señorías, se han presentado 4 vetos. A los senadores Rivero y Cleries les daré una respuesta tan larga como los motivos de su veto. Nosotros sí creemos adecuado el presupuesto a las necesidades sociales y económicas de España, por tanto, de Cataluña y de todas y cada una de las demás comunidades autónomas, porque en todas hay territorio rural y personas con iguales derechos que también quieren tener las mismas oportunidades.

Esquerra Republicana de Catalunya no ha presentado veto a nada que tenga que ver con agricultura y alimentación, por lo tanto, entiendo que les gusta este presupuesto.

Señorías de Podemos, les diré sobre la deriva que nosotros entendemos que va en la buena dirección. Y señora Víboras, del Partido Socialista, apoyo, mimo y sensibilidad, pero también resultados porque, con sus políticas, la renta agraria siempre baja, y si baja la renta agraria, baja la capacidad adquisitiva de los agricultores y su capacidad de crecer económicamente y de crear empleo. Para el Grupo Popular el presupuesto del Estado es la herramienta política que consolida la recuperación económica, impulsa el crecimiento económico y el empleo, protege y mejora las políticas sociales, y todo ello saneando las cuentas y el déficit público, y lo hace también en la sección 23, Mapama. Con estos presupuestos se garantiza el aumento de renta de nuestros agricultores y ganaderos. Lo hacemos tras una buena negociación de la PAC, con 5633 millones de euros en ayudas directas este año. Lo hacemos con las políticas de desarrollo rural transfiriendo a las comunidades autónomas 1062 millones de euros —y esperemos que sepan usarlo y que no lo tengan que devolver, como ha ocurrido, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, donde se perdieron más de 150 millones de euros con el Gobierno del señor García-Page, del Partido Socialista—. Lo hacemos también impulsando la política de seguros agrarios, financiada desde el Estado con 211 millones de euros en una partida, además, ampliable. Y lo hacemos impulsando políticas de apoyo al sector, a su competitividad, a su capacidad de generar productos de calidad y ganar mercado y precio. Se apuesta por la competitividad de la industria con 25 millones de euros; por la internacionalización y la búsqueda de mercados con 39 millones de euros; por el incremento y mejora de los regadíos con 55 millones de euros; por la incorporación de jóvenes y mujeres al sector agroalimentario con más de 8 millones de euros, además de las ayudas directas y el segundo pilar de la PAC. Se apuesta por potenciar el turismo agroalimentario y la difusión de la dieta mediterránea; por la solidaridad con los más vulnerables con 102 millones de euros en ayuda alimentaria distribuida por las ONG. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Se mantienen, señorías, las partidas económicas destinadas a sanidad animal y vegetal, y el control de enfermedades y plagas, con casi 36 millones de euros, política clave para apoyar la comercialización en el exterior, la salubridad y la calidad de nuestros productos. Apostamos por la integración cooperativa con 4 millones de euros; apostamos por el crecimiento de la AICA con un 6 % más de presupuesto hasta los 6174 000 euros para ayudar a mejorar la transparencia, el buen funcionamiento de la cadena alimentaria y el equilibrio entre todos sus eslabones —son políticas que ha hecho el Gobierno del Partido Popular—; y seguimos apostando por la lucha contra los incendios forestales con más de 112 millones de euros.

Pero no solo se trata de poner números en el papel, sino de gestionar y hacerlo eficazmente y con éxito. Las políticas del PP gobiernan, y cuando gobierna el PP funcionan. La renta agraria crece un 15 %. Con ustedes, que se ríen, señora Víboras, desciende un 16 %. Crecer un 15 % es mejor que descender un 16 %, lo ponga como lo ponga. Se incrementa el peso del sector agrario en el PIB; tenemos récord histórico en exportaciones con más de 45 000 millones de euros el año pasado; récord histórico en capital asegurado en la política de seguros. Eso es trabajar por los agricultores y ganaderos, y también por la pesca, donde hay 55,4 millones de euros, que consideramos que son fondos para poder llegar a cumplir los objetivos. Parte de ellos se dedica a la protección de los recursos pesqueros y el desarrollo sostenible, y a potenciar la investigación y la conservación de los recursos marinos. Se prevé la ejecución de proyectos enfocados a la reducción de descartes; se dota con más de 17 millones de euros para apoyar la paralización temporal y definitiva de la actividad pesquera, y también se apoya la acuicultura, a las organizaciones de productores y el mecanismo de almacenamiento. Por eso nosotros vamos a votar en contra de sus vetos y a favor del presupuesto.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cotillas.

Tiene la palabra la senadora Pons.

La señora PONS VILA: Gracias, señor presidente.

Voy a referirme muy brevemente a algunas de las cosas que se han dicho en cada uno de los vetos.

En el caso del Grupo Socialista quisiera decir al señor Palomo que no es cierto. Sí, el presupuesto se reduce y lo reconocemos, pero no en la cuantía que usted dice, sino en un 5,70 %. Reducimos el presupuesto de medioambiente porque se reduce la llegada de fondos europeos y evidentemente porque hay una reducción en el conjunto de la política de inversión, ya que dedicamos el 70 % del presupuesto al gasto social. Con lo cual sí admitimos la reducción, pero no con las cifras que usted ha dicho, seamos sinceros.

Dice usted que el presupuesto de la Oficina de cambio climático disminuye, pero no es debido a que nosotros hagamos menos, sino a que el crédito lo dirigimos a las direcciones generales, que es donde se van a realizar las inversiones. Con lo cual, mantenemos el presupuesto para la lucha contra el cambio climático, aunque mejoramos a nuestro juicio su operatividad y su transparencia. Es el mismo dinero que simplemente cambia de partida, señor Palomo.

Le diré al Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en cuanto a la bajada en Parques Nacionales que usted nos achaca en el presupuesto —que tenemos que reconocer que es así, no hay ningún problema en decirlo— que se debe a que no hay disponibilidad en fondos europeos y a que se ha conseguido una reducción en partidas. Además, y no sé si usted lo sabe o no lo ha querido comentar, en el debate del Congreso se ha aprobado una enmienda de 3 millones más en Parques Nacionales, con lo cual algo más hemos mejorado en el trámite de enmiendas.

Le diré respecto a ese comentario de que no hay financiación para la ley del cambio climático que ya expliqué en las comparecencias que esa ley todavía no existe; es un proyecto en el que estamos trabajando.

Si todavía no sabemos de qué va a ir la ley difícilmente vamos a poder poner una partida en estos presupuestos que solo tienen una vigencia de seis meses. Primero vamos a hacer la ley y cuando esa ley esté consensuada y aprobada hablaremos de la financiación. El Grupo de Esquerra Republicana nos dice que no hacemos nada en el litoral de Cataluña, pero el presupuesto sí que recoge, para abordar la regresión de la costa de Cataluña, un incremento de inversión para el control de la regresión en Barcelona. Además, está previsto que se inicien las obras siguiendo la estrategia de producción de El Maresme, que era una obra largamente esperada.

El PDCAT, del Grupo Mixto, nos dice que no invertimos nada en Cataluña y este año tenemos 26,7 millones para agua y, como he dicho antes, se va ya a poner en marcha la estrategia de protección de la costa de El Maresme y la estrategia de protección del Delta del Ebro.

Para finalizar, quiero decirles que este Gobierno sí tiene una política medioambiental que implementa y logra resultados, y que cumplimos nuestros compromisos internacionales y asumimos cada vez mayores retos. No me cansaré de contarles que cumplimos el protocolo de Kioto y que hemos firmado el acuerdo de París, y que cuando otros países se están saliendo, nosotros, evidentemente, implementamos políticas para cumplirlos. Cosa distinta es que a algunos grupos políticos no les guste nuestra política medioambiental y, por eso, ni siquiera quieren reconocer que tiene algunos efectos positivos.

Además, como ya les dije en la comparecencia de la comisión, en respuesta a ese qué hay de lo mío que todos reclamamos, que, evidentemente, todos representamos territorios, que todos querríamos tener inversiones en ellos y que nuestros problemas fueran los primeros de la lista, pero nosotros tenemos un proyecto global de país y priorizamos, porque gobernar es priorizar. Estamos dedicando al medioambiente la disponibilidad presupuestaria que podemos, y, evidentemente, por esos motivos y porque pensamos que la línea política es buena, aunque a ustedes no les parezca así, vamos a rechazar los vetos presentados y vamos a seguir implementando las políticas medioambientales en beneficio de todos y cada uno de los españoles, residan donde residan.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pons.

Vamos con la sección 25, Ministerio de la Presidencia y Administraciones Territoriales. Para la defensa de la impugnación número 33 del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Socialista y, fundamentalmente, en nombre del senador Antich Oliver que, como ustedes saben, se encuentra hospitalizado desde ayer. Acabo de hablar con él, le están haciendo pruebas y está con ánimo, y me ha pedido que les agradezca expresamente el apoyo que todos los grupos le han dado esta mañana. (Aplausos). Tengan en cuenta que él es un balear curtido en mil batallas; nació en Venezuela así que fíjense, y estamos seguros de que esta también la va a superar. (Risas).

Señorías, con respecto a la sección 25 hemos presentado una enmienda de devolución porque entendemos que no responde a los objetivos y prioridades que han de regir este departamento. Desde 2011, y también con estos presupuestos, se ha producido una importante reducción de las cuentas dedicadas al programa que se refiere a la organización territorial del Estado y al desarrollo del sistema de colaboración. Esto es absolutamente ilógico en un país descentralizado como el nuestro en el que se necesita reforzar los instrumentos que facilitan la gestión y el funcionamiento de la descentralización y, por lo tanto, la cooperación de las instituciones. No nos parece muy serio. No lo es en este momento en el que, además, padecemos una problemática territorial importante que afecta a Cataluña y que ustedes en sus presupuestos, en sus cuentas, no han tratado con la atención que merece.

Señorías, con su actitud presupuestaria en vez de reforzar un funcionamiento más federal han ido por la senda de la recentralización, fijando objetivos de déficit más duros a las comunidades autónomas si los comparamos con el Estado, reduciendo las transferencias para servicios básicos, incumpliendo las denominadas inversiones estatutarias o alargando un sistema de financiación a pesar de su insuficiencia, cuya fecha de reforma era 2014; cuestiones que se mantienen, casi todas, en las cuentas que estamos debatiendo.

Respecto del sistema de financiación autonómica, existe un pacto fruto de la reciente Conferencia de presidentes que se celebró en este Senado para reformar el sistema este año, pero este presupuesto no prevé ningún fondo especial para la mejora de este sistema y nosotros no sabemos cómo lo van a hacer. Es cierto que la mayor recaudación hará que el sistema vigente reparta más dinero, pero no es menos cierto que en este momento se ha compensado con una reducción equivalente de las inversiones territorializadas del Estado en las comunidades autónomas.

Tampoco estamos de acuerdo con el trato que se les da a las entidades locales, reduciendo su participación en los tributos del Estado con la aplicación de una regla para el superávit que ha perjudicado a las administraciones más cumplidoras, por lo que esperamos una solución. Es incomprensible el desinterés que tienen por las entidades locales, reduciendo la cooperación económica local y manteniéndola lejos de lo que se invertía en el año 2011. Han desaparecido dos programas: los planes insulares y provinciales de cooperación y el fondo especial para la financiación de los municipios más pequeños y con menos recursos, predominantemente en el mundo rural, que antes se destinaba a los municipios menores de 20 000 habitantes y que ustedes eliminaron en 2012.

Señorías, mantienen la aportación a la Federación Española de Municipios y Provincias de dos millones de euros —la misma que el pasado año—, muy por debajo de la que se recibía en 2011, que era de 3 200 000 euros, bajo la Presidencia de su presidente favorito en la democracia española José Luis Rodríguez Zapatero.

Por último —tengo que hacer referencia a ello—, no estamos de acuerdo con que hayan eliminado la memoria histórica de este ministerio. Una cuestión importante y transversal como esta se merece estar en el ministerio que coordina la acción de Gobierno porque la aplicación de la ley necesita la implicación de distintos ministerios. Por eso, una vez más, traemos a debate esta sección presupuestaria. Pero, además, no solamente la han eliminado del ministerio, sino que han eliminado la partida del ministerio de la Presidencia y no la han creado en ningún otro sitio, incumpliendo absolutamente lo que dice la Ley de 2012. Se limitan simplemente a que el Ministerio de Justicia mantenga una página web, y poco más. Para colmo, el reprobado ministro de Justicia reconoce también en esta Cámara que no tiene partida asignada para la aplicación de la ley.

Señorías, en vez de estar mejorando la acción de Gobierno y la legislación, tal y como nos piden los informes de la ONU, para crear comisiones de la verdad, bancos de ADN, facilitar el acceso a los archivos o ayudar a las víctimas, están incumpliendo la legislación vigente negando, por ejemplo, la resignificación del Valle de los Caídos o las ayudas a las exhumaciones en uno de los países con más desapariciones forzadas que existen en el mundo; lo que contrasta sin duda con el esfuerzo que están haciendo las asociaciones de víctimas y muchas comunidades autónomas y ayuntamientos. Su postura, señorías, es absolutamente ideológica. Pasan ustedes —si me permiten la expresión— de las políticas de reconciliación; su forma de actuar sigue siendo absolutamente distante de la de los países europeos que han tenido situaciones similares, y nos dejan en muy mal lugar a la hora de defender los derechos humanos.

Por todo esto, señorías, el Grupo Socialista solicita la devolución de esta sección y apoyaremos todos los vetos que se presentan.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Para la defensa de la impugnación número 73, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Cortès.

La señora CORTÈS GÈS: Señorías, en este presupuesto el Partido Popular aumenta en más de 20 millones de euros la partida presupuestaria del CNI, la de los agentes secretos que persiguen a políticos de diferente ideología a la suya, sobre todo si son independentistas y que actúan a las órdenes del partido que tiene el mayor número de delincuentes o procesados por presunta delincuencia en toda Europa. Aquellos implicados en una auténtica trama de corrupción que lleva años robando ponen a los agentes secretos a inventar pruebas fraudulentas contra otros partidos y a pagar con fondos reservados los silencios de quien chantajea con explicar las eméritas juergas monárquicas.

La prensa española, en concreto EcoDiario.es, el día 30 de enero de 2017 publicó el siguiente titular y la correspondiente noticia: «La policía acusa al CNI de negociar con Pujol para que no desvele un supuesto vínculo del rey Juan Carlos con Gürtel». Ustedes sabrán. Ustedes lo sabrán mejor que nosotros, porque nosotros no sabemos nada. Utilizan fondos reservados para pagar a los espías de las cloacas del Estado con la intención de frenar la democracia. Ustedes están formando una democracia de baratija con toda esta flota de espías que no necesitamos para nada. En vez de invertir en cultura, en educación, en sanidad, utilizan los fondos reservados para cepillarse la sanidad catalana, por ejemplo. ¿Les suena de algo esto? ¿Les suena la Operación Cataluña? ¿Les suena? En vez de gastar en políticas de vivienda, ustedes gastan en defenderse de las urnas.

No necesitamos ni tantos espías ni tantos micros ni tantas brigadas patrióticas. Necesitamos más libros, más hospitales, más becas y más urnas para que el pueblo pueda decidir su futuro. Pero ustedes destinan 20 millones de euros para salvaguardar la soberanía y la unidad de la patria ante el mayor acto de la democracia, que es poner las urnas para que el pueblo pueda decidir. Y mientras que la Generalitat de Cataluña compra urnas a plena luz del día para servir a la democracia, ustedes siguen alimentando las cloacas del Estado para intentar frenar la democracia. Un Estado que necesita a tantos mortadelos y filemones para defenderse de las urnas, perdonen, pero es un Estado de pacotilla.

Por todo ello, por esta guerra sucia contra la democracia nos oponemos a un incremento de cerca del 10 % de los presupuestos del CNI y, por extensión, de los presupuestos de toda esta sección.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cortès.

Para la defensa de la impugnación número 4 del senador Cleries, tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidente.

En referencia al veto a esta sección —esto sucedió ayer o anteayer—, la vicepresidenta del Gobierno y titular de este ministerio dijo que lo que estaba sucediendo en Cataluña era un rollo. Este es el interés que tiene el Gobierno del Estado por lo que sucede en Cataluña, el que tiene la responsable de Administraciones Territoriales. Porque fíjense cuál es la preocupación de un Estado que está recentralizando, que Cataluña es la única comunidad que, habiendo reformado su estatuto de autonomía, tiene un estatuto que quedó modificado por una sentencia del Tribunal Constitucional hace siete años. En el Estado español nadie, en siete años, ha respirado para dar una solución a este tema. Y después nos preguntan que por qué queremos irnos. Pues nos queremos ir porque nos sentimos expulsados del sistema constitucional español, en el cual ya no nos sentíamos cómodos. Cuando se hacen estas preguntas es bueno comprarse un espejo y mirarse.

Nos queremos ir porque sufrimos el mal servicio de la Administración del Estado en todo lo que depende de la delegación del Gobierno en Cataluña; porque padecemos los problemas en el aeropuerto de Barcelona, El Prat; y las largas colas y el caos que hay a menudo cuando llegan vuelos internacionales, por ejemplo, de Estados Unidos; y el tiempo de espera para renovar el carnet de identidad o el pasaporte, que es tanto que tiene que haber personas durmiendo en la calle o en las oficinas en las que se han de renovar el carnet de identidad; sin olvidar la falta de examinadores del carnet de conducir. Todo esto es lo que depende del Estado que funciona tan bien en Cataluña. Estas son las poquitas cosas que les quedan a ustedes en Cataluña y ya ven cómo funcionan. Pero hay más: el trato que se da al aeropuerto de Barcelona, El Prat, como aeropuerto secundario, en el que se bloquean los vuelos internacionales; o todos los recursos que ha planteado Administraciones Territoriales contra todas las iniciativas del Govern de Cataluña y del Parlament para dar respuesta a las necesidades reales de los catalanes y catalanas, por ejemplo, la lucha contra la pobreza energética, la emergencia habitacional o los programas de igualdad de hombre-mujer, también impugnados en el Tribunal Constitucional; o las no reuniones de la junta de seguridad, poniendo en peligro a los ciudadanos de Cataluña porque los Mossos d?Esquadra, que es la policía ordinaria en Cataluña, no tienen toda la información sobre temas terroristas. Este es el trato que dan ustedes a los catalanes y catalanas, su manera de darles seguridad. También he de mencionar la falta de reuniones de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. Ustedes, con su recurso en el Tribunal Constitucional de hace más de siete años, porque hace siete años de la sentencia, nos expulsaron del sistema constitucional español, y nosotros, ejerciendo nuestra libertad, el 1 de octubre votaremos para irnos de este Estado del que nos expulsaron, y se lo agradecemos mucho, porque gracias al Tribunal Constitucional todo empezó allí mismo.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.

Turno en contra. Tiene la palabra el senador Fernández González.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por la mejora del senador Antich, que espero se vaya confirmando en días sucesivos.

El Grupo Parlamentario Popular se opone a los tres vetos a la sección 25 de los presupuestos relativa al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas. En el caso del Grupo Parlamentario Mixto, el veto se fundamenta exclusivamente, como suele ser habitual, en que esta sección 25 no se adecúa a las necesidades sociales y económicas del Estado español, y, en particular, a las que necesita Cataluña. A lo largo de la mañana hemos podido comprobar que este mismo argumento se utiliza para vetar varias secciones, aunque, obviamente, se refieran a cuestiones distintas. En definitiva, se trata de una fundamentación que igual les vale para un roto que para un descosido y evidencia la ausencia de motivación real para formular estos vetos.

En el caso del Grupo Parlamentario Socialista, el veto se fundamenta en que la sección 25 no responde, a su juicio, a los objetivos y prioridades que han de regir la actividad de este departamento ministerial. Hay que preguntarse entonces cuáles deberían ser entonces, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, los objetivos y prioridades que han de regir la actividad en este departamento ministerial que justifican la presentación del veto. Y de ahí nuestra sorpresa a la hora de comprobar los reproches que se hacen a esta sección y en los que se basa el veto.

En primer lugar, porque el veto se basa en la desaparición de todo tipo de partida llamada a financiar la implementación y aplicación de la Ley de la memoria histórica. Y digo que es sorprendente este reproche a la sección 25, esto es, a la sección correspondiente al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas porque, como bien sabe el Grupo Parlamentario Socialista, y ya se explicó reiteradamente en la tramitación parlamentaria de los presupuestos en el Congreso de los Diputados, la memoria histórica es una cuestión que pasa a ser competencia exclusiva del Ministerio de Justicia en ejecución de las medidas propuestas por la Comisión para la reforma de las administraciones públicas.

Por tanto, señorías, han ido ustedes a llamar a la puerta que no corresponde, pues difícilmente en esta sección se podrían haber incluido partidas para aplicar y desarrollar la Ley de la memoria histórica cuando la competencia no corresponde a este Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Públicas sino al Ministerio de Justicia. Ustedes ya lo saben y, sin embargo, siguen insistiendo. Allá ustedes, pero no esperen que les demos ahora una respuesta distinta de la que le hemos venido dando.

En segundo lugar, porque el veto se basa en que dentro de la sección 25 se echa en falta la existencia de partidas presupuestarias que fueron eliminadas a partir del año 2012 por el Gobierno de Rajoy y que son de gran valor para las entidades locales; se trata de programas de cooperación económica local del Estado que han quedado sin dotación. Tampoco en este caso tiene fundamento el veto socialista porque la cooperación económica local del Estado se mantiene con el programa 942A, que recoge actuaciones dirigidas básicamente a mejorar el sistema de financiación para las infraestructuras y equipamientos de las corporaciones locales y a mejorar los servicios públicos locales en todas las pequeñas poblaciones; se trata de que todos los habitantes y todos los ciudadanos de estas pequeñas poblaciones tengan acceso a todos los servicios, y, en particular, a los servicios mínimos obligatorios que recoge el artículo 26 de la Ley de bases de régimen local. Esta cooperación no ha desaparecido, sino que se mantiene con planteamientos distintos y se estructura en torno a actividades distintas: el seguimiento de los programas operativos comunitarios, las inversiones de carácter inmaterial y los fondos estructurales de inversiones europeos, las subvenciones por los daños producidos por catástrofes naturales o la aportación a la Federación Española de Municipios y Provincias. Hay que tener en cuenta que la mayor partida que gestiona el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales es precisamente el reparto de fondos europeos entre entidades locales destinados a financiar inversiones de dichas entidades.

Ha llegado el momento de reconocer, señorías, que las fórmulas socialistas para impulsar la cooperación económica local supusieron inversiones que se caracterizaron por resultar improvisadas, ineficaces e improductivas, y que solo nos sumergieron más en esa terrible crisis económica que ustedes nos dejaron en el año 2011. Y en este punto, el resultado de sus actividades en esta materia se condensó en una idea tremendamente amarga y dura, pero que hizo fortuna en su momento y que venía a poner de manifiesto que su sistema de cooperación económica local lo único que consiguió es que millones de nuevos parados españoles pudiesen pasear su enorme frustración por aceras recién renovadas. Hoy, por fortuna, hay unas nuevas políticas económicas que están consiguiendo reducir drásticamente el número de parados. Y entre esas nuevas políticas económicas, las formas de cooperación económica local del Estado que recoge la sección 25 contribuyen a alcanzar estos objetivos y estos logros. Por eso, entenderán que nos opongamos a su veto en relación con esta sección.

En el caso de Esquerra Republicana, el veto se basa en que consideran que el incremento de 20 millones de euros del presupuesto del CNI les parece inadmisible por perjudicar los intereses nacionales catalanes. Creo que estamos ante un veto que podíamos llamar de ciencia ficción, que nada tiene que ver con la realidad. Hoy lo ha explicado aquí. A juicio de Esquerra Republicana, el incremento del presupuesto del CNI nada tiene que ver ni con las amenazas del terrorismo yihadista ni con los peligros de los ciberataques informáticos, con la ciberseguridad. A su juicio, el único problema de seguridad que nos preocupa a los españoles es el procés. Señoría, cuando en la memoria del programa se dice que la misión del CNI es proporcionar al Gobierno la información e inteligencia necesarias para prevenir cualquier amenaza que afecte a la independencia e integridad de España, la memoria no está pensando en lo que hoy ocurre en Cataluña, sino que se limita a transcribir lo que dice la ley que regula el CNI, una ley aprobada hace ya 15 años. Claro que en su delirio ustedes pueden llegar a pensar que hace quince años se creó el CNI precisamente para perjudicar a los intereses catalanes quince años después.

Este veto lo que demuestra es una absoluta desconexión, eso que les gusta tanto, pero no una desconexión con el Estado, sino una desconexión con la realidad. Creo que viven ustedes en un universo paralelo y, por eso, nos separa todo un universo intelectual. Ustedes viven ajenos a la realidad y la sustituyen por su propia versión de la realidad, y eso les lleva a vetar una sección como esta con el argumento ciertamente surrealista de que se incrementan los fondos del CNI para perjudicar los intereses nacionales catalanes. Dado que ustedes parten de estos planteamientos, considero absolutamente inútil tratar de explicarles las bondades presupuestarias de la sección 25. Ustedes seguirán a lo suyo, con sus obsesiones, con una manía persecutoria realmente preocupante, que demuestran con la presentación de este veto y nosotros seguiremos a lo nuestro, que en este caso consiste en dotar presupuestariamente al CNI, fundamentalmente para que destine esos 16 millones, la mayor parte del incremento de los 20 millones, a inversiones en el ámbito de la renovación tecnológica. Seguiremos, por otro lado, aumentando y mejorando la seguridad de los ciudadanos españoles frente a nuevos retos en materia de seguridad, como son el terrorismo yihadista y la ciberseguridad; en definitiva, seguiremos a lo nuestro para sacar adelante el presupuesto de esta sección 25, que permitirá al Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales alcanzar los importantes objetivos recogidos en dicho presupuesto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández González.

Impugnaciones a la sección 26, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

En primer lugar, para la defensa de la impugnación número 34, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Martínez Olmos.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, señor presidente.

Permítanme que haga, primeramente, por el hecho de ser senador por la provincia de Granada, mención al asesinato machista que ayer ocurrió en mi provincia, en Las Gabias —sé que represento a la opinión del conjunto de la Cámara—, para mostrar nuestro rechazo y nuestra mayor repulsa por unos hechos que nos recuerdan que hemos de seguir profundizando en las políticas de prevención de la violencia de género. (Aplausos).

Dicho esto, entro ya en el asunto, en el veto del Grupo Parlamentario Socialista a esta sección. Lógicamente, señoras y señores del Grupo Popular, nosotros tenemos que plantear un veto a este presupuesto porque no responde a las necesidades de cohesión que tiene que representar y defender el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. No podemos, por ejemplo, dar apoyo, en el ámbito de los servicios sociales, a un presupuesto que continúa careciendo de políticas eficaces de prevención o de actuación en casos de dependencia. Tenemos, aproximadamente, 300 000 personas esperando todavía ser admitidas para recibir la prestación que requieren. Las cuidadoras, fundamentalmente mujeres, siguen sin tener respuesta a una decisión que adoptó unilateralmente el Gobierno: excluirlas de la cobertura de la Seguridad Social; tampoco tienen una respuesta adecuada en este presupuesto todas las organizaciones no gubernamentales que previenen la pobreza, y especialmente la pobreza infantil. Estos son algunos de los argumentos que nos avalan cuando hablamos de los servicios sociales, porque hoy tienen un 33 % menos de presupuesto que en el año 2011.

En materia de igualdad se pueden decir muchas cosas, pero todas ellas pueden concretarse en la exigencia de políticas mucho más eficaces, precisamente cuando la actualidad nos golpea todos los días y nos echa en cara que la prevención de la violencia de género es vital; de ahí que nuestro grupo reproche a este presupuesto su contención, puesto que se disminuye la capacidad de gestión de los ayuntamientos y, por tanto, las posibilidades que tienen los municipios de recibir apoyo del Gobierno y prevenir la violencia de género; se disminuye, por ejemplo, la partida 232B. Hay una enorme reivindicación social para incrementar los esfuerzos y prevenir la violencia de género. El manifiesto de impacto de género lo apoyan más de 100 asociaciones o grupos que quieren luchar contra de la violencia de género. Pero serían necesarios más de 120 millones de euros para luchar contra esta violencia de una manera mucho más eficaz.

¿Y qué les voy a decir de las responsabilidades que tiene el Ministerio de Sanidad en el ámbito del Sistema Nacional de Salud? El ministerio invierte hoy, si nos referimos a las competencias más relevantes del Ministerio de Sanidad, si aludimos a la equidad, a la cohesión y a la coordinación del conjunto del Sistema Nacional de Salud, un 30 % menos que hace seis años. Especialmente relevante es la ausencia de recursos, aunque hayan rectificado al crear un Fondo de cohesión sanitaria que habían eliminado injustamente en el año 2012, que estaba dotado con alrededor de 100 millones de euros, y que ahora vinculan a este presupuesto dándole 3 millones de euros. No obstante, es absolutamente insuficiente para responder a las necesidades que tiene el Sistema Nacional de Salud y para hacer frente a las competencias del Ministerio de Sanidad. Aquí no se trata de hablar de si el sistema es mejor o peor, porque su gestión, en la medida en que haya cosas positivas, depende fundamentalmente de las comunidades autónomas, pero lo que tiene que ver con la equidad, con la cohesión, con las dificultades que tienen los pacientes para moverse en el entorno del conjunto del Sistema Nacional de Salud, compete al ministerio; es el ministerio el que tiene que dar respuestas, y, para estos objetivos, es absolutamente insuficiente este presupuesto.

Estas son las razones, estos son los argumentos que nos hacen no plantear otra cosa que un veto a esta sección, porque el Gobierno del Partido Popular sigue, desde el punto de vista ideológico, sin creer en algunos elementos que nos unen a todos en las declaraciones globales pero que en la práctica están desmantelando algunos elementos fundamentales del Sistema Nacional de Salud.



Por lo tanto, mi grupo parlamentario plantea el veto a esta sección y pide el apoyo de los grupos parlamentarios a estos planteamientos.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Olmos.

Para la defensa de la impugnación número 55, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Freixanet.

La señora FREIXANET MATEO: Señorías, en materia de lucha contra la violencia machista estos presupuestos son de suelo presupuestario, y ello tras presentar enmiendas en una Cámara donde ustedes ya han perdido el rodillo. Si violencia es de mínimos, igualdad es para llorar: 20 millones; en 2006 eran 51; y ahí, en igualdad, malvive el Instituto de la Mujer, vaciado y olvidado. Mientras no inviertan en igualdad, habrá violencia, señorías. Nos dirán que invierten en igualdad desde otros ministerios, pero repásenlos: no encontrarán presupuesto ni para cumplir la ley.

¿Dónde está la formación curricular en igualdad en todas las etapas educativas? ¿Dónde está la formación permanente al personal docente, social y sanitario? ¿Y la investigación y las grandes campañas comunicativas? ¿Dónde está el dinero para lo estructural? Con estos presupuestos ustedes ni siquiera van a cumplir la ley, ni la de igualdad ni la de violencia. Con estos presupuestos no van a poder desplegar Estambul, pese a ser obligatorio. ¿Cómo van a atender todas esas violencias machistas que ahora no caben: la violación en la calle, la prostitución forzada, la mutilación genital, el acoso laboral? ¿Cómo van a ampliar cobertura si no hay dinero? Es imposible. Obviamente, con estos presupuestos ustedes amputan el pacto de Estado. ¿Cómo van a dotar el sistema judicial y policial de los recursos, el personal y la formación que requieren? ¿Cómo van a dar techo y ayudas dignas a mujeres y menores supervivientes? ¿Qué sentido tiene que estemos diciendo que el asesoramiento legal, psicológico y de traducción debe acompañar sí o sí a todas las víctimas, hayan denunciado o no, si luego en el presupuesto que ustedes nos proponen hay cifras vergonzosas que no lograrían cubrir ni a un 5 % de las víctimas que hay en España? ¿Qué sentido tiene que hablemos de aumentar la protección, la atención, la recuperación, si no va a haber dinero para ello?

Estamos ahora negociando el pacto de Estado, tras meses de trabajo conjunto y constructivo, y estos presupuestos insultan ese pacto, a las senadoras y también a las diputadas que trabajamos en ese pacto, incluso a las del Partido Popular. Pero sobre todo insultan a las entidades, juezas, policías, abogadas, educadoras, trabajadoras sociales y de salud expertas y organizaciones feministas que han comparecido, que han venido aquí con su conocimiento, su tiempo y su esperanza. Y sobre todo insultan a las mujeres y a los menores víctimas y a sus entornos. Es una falta de respeto al conjunto de las mujeres y de la sociedad, a las que se les ha prometido que un solo asesinato es demasiado y que tienen derecho a vivir de forma libre de sexismo. Les pido que enmienden este presupuesto y traigan aquí unos números para igualdad acordes con la prioridad que dicen darle a la vida.

Dejo el turno a mi compañera Conchi, para que hable de sanidad. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Freixanet.

Tiene la palabra la senadora Palencia.

La señora PALENCIA GARCÍA: Muchísimas gracias, presidente.

Brevísimamente, voy a explicar la parte del veto a esta sección que mi grupo ha presentado en lo correspondiente a sanidad, servicios sociales y consumo. En materia de sanidad, estos Presupuestos Generales del Estado perpetúan un Sistema Nacional de Salud excluyente, que deja fuera a parte de la población por razón de nacionalidad, e incluso a algunos nacionales cuando salen al extranjero. Y no garantizan la equidad. Están muy lejos de garantizarla porque, si bien se recupera el fondo de cohesión, que llevaba unos años sin dotar, sufre una bajada —desde la última— de un 95 % y pasa a tener 3,7 millones, cuando en 2011 tenía 87 millones. Es francamente insuficiente. Además, este Gobierno tiene una nula voluntad en el abordaje de género en investigación, aspecto este que debe ser un eje fundamental en nuestra sanidad. Este presupuesto nos aboca a un sistema sanitario y de investigación que sigue manteniendo y aumentando el sesgo de género.

En materia de consumo, se olvidan ustedes de que los consumidores son la parte más débil del mercado y que los poderes públicos deben habilitar medidas y aprobar regulaciones tendentes a equilibrar posiciones y no para acrecentar la desigualdad.

En materia de servicios sociales, estos presupuestos dejan a cientos de miles de personas dependientes en la lista de espera y muestran un desprecio enorme a la hora de dotar presupuestariamente la atención a la dependencia. Muchas de esas personas van a morir en esa lista de espera, esperando a que les prestemos los cuidados que necesiten. (Rumores). Sí, van a morir, señor Alarcó; muchas de ellas, miles, cientos de miles van a morir.

También dejan de lado el abordaje de la pobreza infantil. Infancia y pobreza, justo donde presupuestariamente tendríamos que estar más presentes, justo ese lugar. Frente a su visión caritativa de los servicios sociales, nosotros hacemos una apuesta clara por la defensa de un sistema público, universal y de calidad de servicios sociales. En cambio, el Gobierno del PP ha implantado un modelo de fiscalidad tan débil y regresivo, que el 85 % del esfuerzo fiscal recae sobre las familias, y con esos mimbres resulta muy complicado sufragar un Estado que vele por los derechos sociales de las personas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora PALENCIA GARCÍA: Porque en un Estado que proteja y mire a su ciudadanía los presupuestos deberían servir para revertir las desigualdades sociales y modelar una sociedad más justa y equitativa. Para ello, las políticas de sanidad, servicios sociales, igualdad y consumo deberían ser fundamentales. Pero estos presupuestos no solo no sirven para mejorar la vida de las personas, sino para perpetuar un sistema que produce desigualdades graves.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora PALENCIA GARCÍA: En resumen, estos son unos presupuestos de muerte, pobreza y desigualdad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Palencia.

Para defensa de la impugnación número 74, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Azamar.

La señora AZAMAR CAPDEVILA: Gracias, presidente.

Senadoras, senadores, llevamos varios días escuchando que los Presupuestos Generales del Estado para el 2017 son los de mayor gasto social que jamás se haya visto. Esquerra Republicana no lo cree, y por eso presentamos este veto. ¿Cómo pueden decir que son los presupuestos de mayor gasto social, cuando el aumento del gasto militar es del 32 % y el social, solo del 1,7 %?

La aportación más significativa de los Presupuestos Generales y que evidencia la verdadera orientación de estos es el gasto militar. Toda una declaración de intenciones. Resulta sorprendente y, a la vez, escandaloso que se destinen más de 1800 millones de euros a programas especiales de armamento, en muchos casos a la fabricación de tanques, submarinos, barcos y aviones completamente desfasados y tecnológicamente obsoletos. Un auténtico sinsentido, teniendo en cuenta que el Estados sigue sin financiar adecuadamente, como es su responsabilidad legal, la Ley de dependencia. Solo destinan 1355 millones de euros al sistema de autonomía y atención a la dependencia. Pueden justificar el aumento en el gasto militar en la necesidad de defender España, pero de las banderas no se come, y muchas personas en este país están en situación de dependencia o discapacidad y necesitan atención sanitaria y social; y muchas personas, niños también, están en situación de pobreza.

Según estudios elaborados por distintas comunidades autónomas presentes en la Comisión de estudio para el análisis de la Ley de dependencia, serían necesarios unos 2000 millones de euros más para poder financiar correctamente la Ley de dependencia en todo el Estado. Pero con el presupuesto para dependencia que presentan no se pueden cubrir necesidades ni tampoco el 50 % al que se comprometieron para financiar la ley. Y tampoco hay, ni mucho menos, una partida que pueda reducir sensiblemente la lista de espera.

Mientras el porcentaje de pobreza infantil supera el 30 % en todo el Estado, el Gobierno español tiene previsto destinar en 2017 solo 200 millones a la lucha contra la pobreza infantil, cuando, por otro lado, tiene previsto gastar más del triple en la adquisición de aviones de combate.

En materia de lucha contra la violencia de género el crecimiento presupuestario es simbólico. Y en igualdad queda congelado. Nos presentan una nueva partida, dotada con algo menos de 4 millones euros, para la equidad en la compensación para la asistencia sanitaria por enfermedades raras a pacientes derivados a otras comunidades para su atención, lo que vendría a ser el fondo de cohesión, que se eliminó de los presupuestos en 2012, pero con mucha menos financiación. Y presentan otra partida para reasentamiento y reubicación de refugiados, dotada con tan solo 1 750 000 euros.

Como ya dijeron mis compañeros en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular tiene la concepción centralista de ver los servicios públicos como algo que han de prestar las comunidades autónomas, a las que transfieren menos recursos de los necesarios y menos de los que tiene comprometidos, convirtiendo estas obligaciones en deuda a través del FLA. Es decir, presta lo que tendría que haber transferido. Las autonomías reciben menos de lo que necesitan para tener una buena sanidad y buenos servicios sociales. Por eso hemos presentado medio centenar de enmiendas a esta sección, reclamando todo aquello que el Estado ha dejado de aportar a las autonomías.

En resumen, ni se financian aquellos viejos programas que funcionaban y desaparecieron ni se hace nada nuevo; solo se mueven partidas de años anteriores de aquí para allá. En conclusión, presentamos este veto a esta sección presupuestaria porque esta implica una regresión en lo que supone el gasto social del Estado, ya que entre 2009 y 2016 la inversión pública se ha reducido en un 58 %, situándose en el 2,2 del PIB, el de menor peso desde finales del siglo XX.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Azamar.

Para la defensa de la impugnación número 17, de los senadores Cleries y Rivero, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Hemos presentado veto a esta sección, como hemos manifestado en nuestro veto a la totalidad y a las demás secciones, porque estos presupuestos no dan respuesta a los problemas de los catalanes y son continuistas. En la OMS se reconoce a Cataluña como un referente internacional en políticas de salud pública. Podríamos decir que a pesar de ustedes; y podríamos decirlo, porque algunos de sus ministros nos acusan de ser malos gestores, mientras otros se jactaron de querer reventar nuestro sistema sanitario. Eso, aparte de estar muy mal, nos legitima para ser desconfiados, señorías. Ustedes tampoco van a cumplir el objetivo de déficit, como no lo han hecho durante estos últimos cinco años, a pesar de hacerlo descansar en las comunidades autónomas, que son las que llevan el peso del Estado del bienestar.

Los Presupuestos Generales del Estado deberían incorporar una aportación de recursos al Sistema Nacional de Salud para compensar el déficit estructural de la sanidad, que no prevén. ¿Dónde está el fondo de cohesión sanitaria con recursos suficientes para cubrir la asistencia sanitaria a pacientes desplazados de comunidades autónomas y pacientes extranjeros en estancia temporal pertenecientes a la Unión Europea o a países con acuerdos bilaterales de asistencia?

Son demasiadas las decisiones que se adoptan en el Estado y que pagan las comunidades autónomas. Se ha modificado la Ley del IVA, incrementando los tipos para los productos sanitarios. Lo ha hecho el Estado y lo pagan las comunidades autónomas. Se aprueban nuevos medicamentos y tratamientos, como el de la hepatitis C, y lo pagan las comunidades autónomas. ¿Cómo va a compensar el Estado a las comunidades autónomas las decisiones de gasto que les afectan? Nosotros no lo vemos reflejado.

En cuanto a la financiación de la dependencia, según su redacción inicial debía ser al 50 %. El PP se cargó la financiación del nivel acordado, y hoy, en Cataluña, el Estado tiene que cubrir el 80 % del coste. ¿Para cuándo el restablecimiento del nivel de financiación convenido? ¿Para cuándo el aumento del nivel de financiación mínimo? ¿Para cuándo el restablecimiento de la cotización a la Seguridad Social de cuidadores no profesionales?

Y les hablo ahora de pobreza infantil. Aquí se han dado datos: más del 30 %, 2,5 millones de menores, están por debajo del umbral de la pobreza, pero no vemos partidas que puedan dar una solución a esto. Los datos, señorías, son alarmantes. No tengo más tiempo, pero lo que les he dicho nos sobra para presentar el veto a esta sección.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Sánchez Torregrosa.

La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: Gracias, señor presidente.

Señorías, no mientan más. Los cuatro vetos que se han presentado se refieren a la sección del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y con datos del ministerio en la mano —como los que aquí tengo—, no con los que me ha elaborado ningún asesor de mi partido político, de Génova, con datos del Ministerio de Hacienda, digo, a los que ustedes tienen acceso, se comprueba que el presupuesto del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales es el que más se incrementa de todos los ministerios: un 8 %. La senadora de Esquerra Republicana decía que el de Defensa aumentaba el 32 %. Haga bien las cuentas, senadora: un 0,6 %. Por tanto, no mientan.

Señorías, se ha hablado aquí de pobreza infantil y de dependencia, y yo lo voy a hacer también. En cuanto a la pobreza infantil, es muy fácil subir aquí, hablar de pobreza infantil y darse golpes de pecho. La diferencia con mi grupo parlamentario es que nosotros lo hemos demostrado con hechos, con cifras, con dinero. En el año 2014 se creó un fondo dedicado a las familias con hijos que atraviesan más dificultades, con 17 millones de euros. En 2015 se incrementó hasta los 32 millones de euros. En 2016, hasta 48 millones de euros. En 2017, hasta 60 millones de euros. Esto, unido a la promoción de los servicios sociales básicos, supone 100 millones de euros. Aun así, el Grupo Popular ha presentado, junto con Ciudadanos, una enmienda en el Congreso para contar con 10,7 millones de euros más. Nosotros le estamos dedicando dinero a la pobreza infantil. Es una prioridad para este Gobierno.

Y en los veinte segundos que me quedan voy a hablar de dependencia. En los vetos del Grupo Socialista se decía que desde que está el Partido Popular tenemos un sistema desmantelado. No, señorías; un sistema colapsado, complejo y desigual es el que ustedes dejaron en el año 2011, y así lo reflejó el Tribunal de Cuentas. El Partido Popular, desde el año 2012, junto con las comunidades autónomas, que hicieron un esfuerzo grandísimo, ha conseguido un sistema justo y solidario en el que tenemos más beneficiarios con prestación —más de 143 500 que en 2011—; más beneficiarios incorporados al sistema —731 600 dependientes—; más servicios profesionales —11 puntos más que en 2011—; y más empleo —56 600 nuevas afiliaciones desde 2011—. Y lo más importante, señorías —y acabo—: la garantía de que están atendidos los que más lo necesitan, los mayores dependientes, con una tasa de cobertura de 14 puntos más que en 2011. Eso se hace con dinero, con compromiso y con un Gobierno del Partido Popular que está comprometido con los que más lo necesitan.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sánchez Torregrosa.

Senadora González López, tiene la palabra.

La señora GONZÁLEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el papel lo aguanta todo. ¿Y por qué digo esto? Pues, precisamente, porque en el veto registrado por el Grupo Parlamentario Socialista, en su afán de reconciliarse con los ayuntamientos, se destaca que el presupuesto de este ejercicio, 2017, ataca con virulencia las políticas de igualdad ejercidas desde el ámbito local. Sin acritud, señorías: si atacar con virulencia las políticas llevadas a cabo en materia de igualdad por los ayuntamientos es transferir adicionalmente 5300 millones de euros a las comunidades autónomas para que estas, a su vez, las ordenen, las transfieran a los ayuntamientos para atender los servicios de proximidad, las políticas más necesarias de los ciudadanos —sanidad, educación y servicio sociales—, ¿qué significa entonces lo que ustedes hicieron con los ayuntamientos, cuando los dejaron al borde de la quiebra, y no solamente a ellos, sino también a sus proveedores? Ese modelo de gestión, señorías, es la diferencia entre ustedes y nosotros.

En sus argumentos de veto, señorías, también han hablado —aquí, esta tarde, también se ha dicho— de que este presupuesto en materia de violencia de género es un insulto y un obstáculo al trabajo parlamentario. Como sabrán ustedes, muchas de las señorías presentes aquí están trabajando codo con codo con la senadora que les está hablando, y para nada es un obstáculo ni un insulto al trabajo parlamentario. Porque si el Estado invirtiera solo 31,7 millones de euros —es lo que se presupuesta en el ejercicio para 2017— para luchar contra la violencia de género, mi grupo parlamentario y yo en primer persona entenderíamos que les pareciese, igual que a nosotros, insuficiente, poco serio, un insulto y un obstáculo al trabajo parlamentario. Pero ustedes saben —como yo sé que saben, y también saben que yo lo sé, señorías— que las políticas en materia de violencia de género son transversales —se pongan como se pongan, son transversales—, y no solamente se presupuestan en el programa 232, sobre violencia de género. Son transversales, porque se presupuestan en el Ministerio de Sanidad, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Justicia… En todos, señorías. Son más de 266 millones de euros, y eso es lo que ustedes no cuentan. Focalizar el veto y sus impugnaciones a esta sección por rédito político y por estrategia política solamente en la acción del Gobierno dirigida solamente a ese programa, señorías, no es veraz, como les he dicho. Y además es una irresponsabilidad.

La violencia de género no es una cuestión de siglas, lo dije en la comisión y lo repito ahora. No voy a dar estadísticas, porque no es mi forma de ser ni mi estilo. Es cuestión de Estado y estamos trabajando en ello, señorías. Es cuestión de Estado. Fíjense: estamos trabajando alejados de las cámaras, de los micrófonos y del espectáculo político. Y así es como se trabaja, señorías, dentro del Pacto de Estado. Así lo estamos haciendo. Cuento con la predisposición de todas sus señorías, también de mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular. Vamos a llegar a un acuerdo unánime que refuerce el trabajo que todos, sin excepción, han hecho en la lucha contra la violencia de género en los últimos años. Ese es el mensaje —ese, y no otro— de esperanza que debemos dar a las víctimas: el de la unidad y el del consenso. En ese camino siempre encontrarán a mi grupo y a mí personalmente.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora González López.

Senador Alarcó, tiene la palabra.

El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Me he quedado sin tiempo, pero ha merecido la pena, porque nuestras compañeras han hablado de lo social de forma importante. Yo me siento profundamente orgulloso de estar en un país y en una Cámara Alta que va a aprobar unos presupuestos que son sociales en un 63 %. Me siento orgulloso de ser español y de estar en un país que tiene un Estado del bienestar que es de los mejores del mundo. Me siento orgulloso de tener una sanidad que es una historia de éxito permanente, que pertenece al acervo de todos nosotros y que es de las mejores del mundo. Me siento orgulloso de estar en un país con una Cámara Alta que apuesta por unos presupuestos que permiten que haya más de 105 000 ciudadanos que, independientemente de su ideología, tienen un órgano trasplantado y más de 500 000 españoles que tienen alguna célula donada por algún otro ciudadano, por un acto de generosidad.

Me siento profundamente orgulloso, y se me ha acabado el tiempo, pero no me puedo ir sin decir algo. Senadora Palencia, usted tiene que retirar, porque creo que ha tenido un mal día, lo de que en España mueren cientos de españoles, cientos de miles de españoles en lista de espera. Eso es falso, y no se lo merecen los miles de profesionales de la sanidad pública que tenemos. (Aplausos).

En definitiva, me siento profundamente orgulloso de pertenecer a un partido como el Partido Popular, que ha presentado unos presupuestos, con siete partidos más, que van a hacer que este Estado del bienestar siga siendo de los mejores del mundo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alarcó.

Pasamos a la sección 27, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Para la defensa de la impugnación número 35, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Caballos.

El señor CABALLOS MOJEDA: Gracias, señor presidente.

Estamos en la sección 27, Ministerio de Economía. Como sabemos todos, en términos generales, la economía y el empleo en España están ligados al ciclo económico y a factores externos, como viene reconociendo en sus informes el Banco de España, así como prácticamente todos los organismos internacionales. Y el consenso de los expertos nacionales e internacionales atribuye a los llamados vientos de cola entre la mitad y dos tercios del crecimiento y el empleo en los últimos años. Es en ese mismo sentido en el que a los socialistas nos preocupa tanto la vulnerabilidad como la sostenibilidad de un crecimiento que se ha basado, en buena parte, en la depreciación del euro, la política expansiva del Banco Central Europeo, el aumento del turismo, el crecimiento de la economía mundial por encima de las previsiones, el precio del petróleo o la devaluación salarial en la que se ha basado gran parte de la competitividad y, por tanto, de la mejora de las exportaciones, entre otras causas.

Nos preocupan también, a futuro, uno: el escasísimo aumento de la productividad aparente del factor trabajo, en particular, y en general de todos los factores; dos: las escasas inversiones en I+D+i, ciencia y tecnología, así como para potenciar la industria; y tres: la inversión pública, que está por los suelos, según palabras textuales del gobernador del Banco de España. Nos preocupa, en fin, no solo la vulnerabilidad y sostenibilidad del crecimiento en la economía española que estamos viendo en los últimos años, sino que este crecimiento sea inclusivo, esto es, que llegue hasta abajo y, en concreto, que ese crecimiento se reparta con equidad, justicia social e igualdad de oportunidades, pues crecer y repartir al mismo tiempo se ha conseguido otras veces en España. Nada de esto vemos ni en los Presupuestos Generales del Estado para 2017 en general ni tampoco en la sección 27, Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

No lo vemos, señorías, primero, en lo que se destina al tejido industrial y pymes, que se reduce 118 millones de euros sobre el año pasado. Si lo comparamos con los presupuestos para 2011, la reducción es de 723 millones de euros. Incluso en relación con el primer presupuesto del Gobierno Rajoy, en 2012, la reducción alcanza los 245 millones de euros. Segundo: no lo vemos en cuanto a la I+D+i. Durante 2016 solo se ejecutó el 38 % de lo presupuestado. Tercero: nos parecen claramente insuficientes las dotaciones consignadas para apoyo al emprendimiento, la internacionalización de la economía o las transferencias al Instituto de Comercio Exterior para operaciones de capital que fomenten la presencia internacional de nuestras empresas, entre otras partidas. Y cuarto, y último: hay un escaso apoyo a la ciencia y la tecnología, por lo que a este ritmo, señorías, no se cumplirá el objetivo de alcanzar el 2 % del PIB en 2020, a lo que se comprometió a bombo y platillo el ministro de Economía, señor De Guindos.

Por ello, y por muchas razones más que no me da tiempo a exponer, presentamos este veto a la sección 27, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Caballos.

Para la defensa de la impugnación número 56, del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, los presupuestos generales para este año son una prueba más de que la política industrial de este Gobierno es puro postureo. Esto no puede sorprendernos, porque no viene de nuevas. La ejecución de los presupuestos para 2016 del Ministerio de Industria, Energía y Turismo se situó en un 75 %, mientras que el Ministerio de Economía y Competitividad apenas llegó al 50 %, dos de los porcentajes más bajos del conjunto de las secciones de los Presupuestos Generales del Estado. Cito estos dos ministerios, porque hasta 2016 la cartera de Industria estuvo en manos de un personaje tan cuestionable y oscuro como Manuel Soria, y desde su salida no solo ha desaparecido el Ministerio de Industria, sino que ni siquiera existe una Secretaría de Estado.

Como reflejo de los grandes éxitos del Partido Popular en política industrial, me gustaría leerles dos citas del informe de la OCDE de este año para España. La primera: España lleva tiempo padeciendo un crecimiento muy bajo de la productividad, lo cual ha limitado el aumento de los niveles de vida. La asignación del capital hacia empresas de baja productividad y la escasez de inversión en innovación han lastrado la productividad. Segunda: el insuficiente nivel de inversión destinado al capital basado en el conocimiento frena el crecimiento de la productividad. El gasto de las empresas en investigación y desarrollo es bajo y existe una elevada fuga de investigadores cualificados.

Estas, señores del Partido Popular, son las consecuencias de un Gobierno que reniega de la necesidad de un cambio de modelo productivo que no nos reduzca al papel de periferia en la economía europea.

Les daré tres datos que explican estas afirmaciones de la OCDE. Primero: a pesar de la caída de los tipos de interés, la formación bruta de capital fijo continúa en un nivel un 30 % más bajo que antes de la crisis. Segundo: el índice de producción industrial es un 25 % inferior al anterior a la crisis. Y tercero: el gasto en I+D+i se ha reducido en 3141 millones de euros desde el año 2009.

Señorías del Partido Popular, estos presupuestos generales dedican a industria apenas 1500 millones de euros, reducen las inversiones del Estado casi un 20 % y aplican recortes de un 15 % en los programas de apoyo a la pequeña y mediana empresa y de un 14 % en la promoción comercial e internacionalización de la empresa. Estos datos demuestran que ustedes no tienen proyecto de país, que no tienen ninguna estrategia para el desarrollo económico de este país.

Nosotros tenemos propuestas que poner encima de la mesa, aunque sepamos de antemano que van a rechazarlas. Se trata de 3 medidas urgentes para avanzar en el cambio de modelo productivo: primero, un pacto de Estado por la industria que, entre otras cuestiones, promueva el desarrollo de clústeres, permitiendo comenzar a revertir el proceso de desindustrialización de nuestra economía; segundo, un plan de rescate de la ciencia que impulse las actividades de I+D+i, fomentando la innovación; y, tercero, una mejora del sistema de financiación pública del aparato productivo que fortalezca, entre otras empresas, a las pymes y a aquellas de la economía social.

Señorías, los objetivos de la Unión Europea para España establecen que para 2020 la industria pese en el conjunto de la economía un 20 %; ahora mismo estamos en un 16 % y, previsiblemente, no alcanzaremos el objetivo. Así que, por favor, déjense de poses y afronten una política industrial a la que merezca la pena dar ese nombre. Este país lo necesita y lo demanda.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez.

Para la defensa de la impugnación número 75, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Rufà.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Gràcies, president. Bona tarda.

Los presupuestos para 2017, en lugar de fomentar la economía productiva basada en las pymes como fundamento para impulsar la innovación y la internacionalización de la industria y el turismo de valor añadido, continúan construyendo un modelo productivo basado en la especulación financiera, en el comercio, en el turismo low cost y en el apoyo a las grandes corporaciones empresariales y grandes instituciones financieras.

El proyecto de estos presupuestos consolida un modelo productivo que prioriza el fomento de un comercio mayorista y destructor del modelo de proximidad, con las consecuencias económicas, sociales, urbanísticas y laborales que todo ello conlleva. Además, todas las partidas de los programas de comercio, turismo y pymes disminuyen, en conjunto, más de un 13 %.

Los presupuestos siguen sin tener presente que las competencias en el ámbito comercial corresponde desarrollarlas a las diferentes comunidades autónomas. Las actividades de promoción comercial e internacionalización de la empresa se reducen en un 13,75 %, cuando deberían potenciar al máximo la capacidad de exportación del sector industrial.

Las actividades de ordenación comercial también se reducen un 66 %, especialmente las ayudas al comercio minorista; en cambio, se activa un plan integral de apoyo a la competitividad del comercio minorista a través de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, una entidad que no solo no representa al territorio, sino que, además, lleva implícita la promoción de grandes distribuidores comerciales en contra del comercio minorista. También se reduce la aportación al programa de apoyo a la pequeña y mediana empresa, mostrando así la voluntad inequívoca de potenciar solamente a las grandes corporaciones.

Los presupuestos presentan los números de forma engañosa. Si bien es cierto que nominalmente la inversión crece, en la práctica no será así. Lo que sube es la partida de dotación de créditos, que aumenta un 9,2 %, pero la de las subvenciones directas baja un 2,6 %. En 2016 solo se ejecutó la tercera parte, y se ha quedado sin gastar cerca de la mitad de algunos apartados, lo que en la práctica se convierte en un recorte de I+D+i.

Además, el CSIC verá disminuido su presupuesto un 0,9 %, algo relevante teniendo en cuenta que se encarga, a través de sus 131 centros y sus 17 grandes instalaciones, del desarrollo de la ciencia y de la formación del personal científico. Además, el Instituto Carlos III, que financia toda la investigación de salud, reducirá su presupuesto un 0,8 %, y este no será el único organismo público de investigación que vea mermado sus fondos, pues el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria recibirá un 32 % menos; el Instituto Español de Oceanografía, un 7 % menos; el Instituto Geológico y Minero de España, un 4,2 % menos; el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, un 4,2 %; y el Instituto de Salud Carlos III sufrirá una reducción de 270 millones de euros.

Estos presupuestos, para nosotros, tampoco son capaces de implementar una estrategia a largo plazo que permita desarrollar la I+D+i, independientemente de las agendas políticas.

Finalmente, los presupuestos suponen un año más de precariedad también en la ciencia. No tienen presente la calidad de los recursos humanos para garantizar el éxito de la investigación. Para ello son necesarios sueldos competitivos, continuos. Se necesita crear plazas con empleo estable en investigación, atrayendo y reteniendo investigadores y dando perspectivas futuras de estabilidad.

En resumen, el esfuerzo en I+D+i aumenta solo un 1 %, pero por debajo del incremento previsto del IPC. Además, burocratiza y precariza la investigación y la hace depender de la financiación externa en lugar de aumentar los fondos públicos. Es complejo oponerse al discurso del Gobierno si uno atiende a la literalidad de sus deseos, difíciles de no compartir en tanto que son deseos, pero, una vez realizada la lectura atenta, nos lleva a sostener que los presupuestos continúan construyendo un modelo productivo basado en la especulación financiera, el comercio y el turismo low cost, como he dicho anteriormente.

Hay 3 argumentos esenciales para definir nuestro voto:



en primer lugar, una dotación presupuestaria que se reduce en un 5 % con respecto a lo presupuestado en 2016, lo cual se suma a los recortes producidos anteriormente. En segundo lugar, la incapacidad de su ministerio para invertir lo que se presupuesta.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Ahora acabo, presidente.

Y, en tercer lugar, la contradicción que se produce cuando hablamos de la retórica de la importancia de la industria.

Por esos tres motivos, nuestro grupo parlamentario votará en contra de esta sección.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rufà.

Para la defensa de la impugnación número 18, de los senadores Cleries y Rivero, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, presidente.

El Partit Demòcrata presenta el veto a esta sección. Suscribo y comparto el discurso del senador que me ha precedido respecto de aquellas partidas que tienen menos financiación, porque con el tiempo que tengo no se las voy a comentar todas.

Para nosotros, estos presupuestos no cumplen con el sector productivo, especialmente con las pymes. Los programas de apoyo a las pymes descienden un 14,6 %, la promoción comercial internacional un 13,8 %, los programas de coordinación y modernización del turismo un 3,1 %, de los autónomos no vemos ni rastro en este presupuesto y en cuanto a I+D+i creemos, a pesar de haber aumentado un 1 %, que es insuficiente. Si tenemos en cuenta que en plena época de crisis, y para salir de ella, mientras en Europa se implementaban partidas en I+D+i para cambiar el modelo productivo, aquí lo llegamos a disminuir hasta un 24 %. Modelos como el Castor a nosotros no nos gustan. Estos modelos no son de éxito, están confrontados con el territorio y, además, después de su fracaso nos van a costar 15,7 millones de euros a todos los contribuyentes, a los que queremos votar y a los que no también.

Como reguladores del sector energético, aquí también tenemos que hacer una mención. Ustedes se permiten pactos de unificación de tarifas que, a nuestro entender, van a causar un agravio comparativo para con algunas empresas catalanas por el hecho de trabajar con 25 kilovatios y no con 30. Nosotros hemos dicho que, aparte de poder vulnerar la competitividad de estas empresas, también pensamos que puede repercutir en el sistema eléctrico general y afectar a empresas y ciudadanos. Como no tengo más tiempo, faltaría a la verdad si no dijera que el señor Montoro, en una visita a Cataluña, nos dijo que no íbamos a notar el pacto de la unificación tarifaria y no iba a ser negativo en Cataluña. Esperamos que así sea. Estamos acostumbrados a anuncios y que detrás de estos anuncios no lleguen las soluciones. Esperemos que esta vez sea verdad. Si es así, lo celebraremos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

En turno en contra, tiene la palabra la senadora Contreras.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Gracias, presidente. Buenas tardes.

Subo a la tribuna para posicionarme en el turno en contra de los vetos que se han planteado a la sección 27. Voy a compartir el tiempo con mi compañera, la senadora Serrano.

Respecto a la secretaría de Estado y a la sección sobre investigación científica, innovación y desarrollo tecnológico se han vertido una serie de falacias, como decir que se ha disminuido el presupuesto en esta legislatura. No es verdad. Ha habido un incremento de un 1 % y, además, deberían ustedes saber que desde el año pasado está en funcionamiento la Agencia Estatal de Investigación, lo que supone una derivación de los fondos de ese 67 % que se ha mencionado aquí.

Desde que entró en funcionamiento la Agencia Estatal de Investigación no se han visto más que ventajas en este campo: el modelo de mejora de la planificación de las actuaciones, tener una estabilidad en las convocatorias, que haya una potenciación de la cofinanciación público-privada de los proyectos está dando unos resultados magníficos a nuestra investigación y desarrollo. Sin ir más lejos, nos deberíamos sentir orgullosos de lo que está haciendo España en estos momentos.

El incremento de los retornos supone que nuestro país es ahora mismo el cuarto de la Unión Europea por investigación, desarrollo e innovación; insisto, es el cuarto y pisando los talones al tercero, que es Francia, siendo en primer lugar Alemania y en segundo lugar el Reino Unido los que encabezan estos retornos. Así que, señorías, deberíamos tener un poco más de apoyo a nuestro mundo de la ciencia, a nuestro mundo de los investigadores, y sentirnos orgullosos de lo que significan.

Con estos presupuestos, señor Caballos, hacia los que usted era un poquito escéptico, vamos a conseguir lo que el otro día se planteó aquí, ese acuerdo para llegar a ese pacto de Estado de alcanzar la cifra del 2 % del PIB en inversión en I+D+i. Con estos presupuestos es posible porque estamos consolidando esa recuperación económica, nos estamos consolidando y afianzando en esa materia de fiscalidad para poder contribuir al crecimiento de nuestro país. Proyectos que a nuestros investigadores, a nuestros científicos les están llevando a unas cotas de verdadera significación dentro de la comunidad científica.

Quiero decir, simplemente, que en la época de la ministra Cristina Garmendia quedaron, por ejemplo, 1000 millones de euros por gastar en este campo de investigación y desarrollo. No es cuestión de presupuestar, es cuestión de gastar lo justo, de gastar bien —se ha dicho a lo largo de esta mañana—; no se trata de gastar más, sino de gastar correctamente, de hacer más con menos.

Y cedo la palabra a mi compañera Arenales.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Contreras.

Tiene la palabra la senadora Serrano.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Gracias, presidente. Buenas tardes.

Utilizo este turno del Grupo Parlamentario Popular para decirles nítida y claramente que no a sus vetos. Y le digo que no al veto presentado por la antigua Convergència i Unió porque ellos entienden que estos presupuestos no responden a las necesidades del territorio. Señora Rivero, ¿cuándo lo van a entender? Los territorios no tienen necesidades, los territorios no tienen derechos, los derechos los tenemos las personas. Pero le voy a decir más: su territorio no es mejor que el mío. (Aplausos).

Y le decimos también que no al veto presentado por Esquerra Republicana porque lo argumenta en su exposición hablando de especulación y de precariedad. ¿Le parece poca especulación a Esquerra Republicana querer construir un país con independencia del resto de España? ¿Le parece poca precariedad a los miembros de Esquerra Republicana a lo que están conduciendo con eso a los catalanes? Señorías de la izquierda republicana, si no han sido capaces de gestionar una región, una comunidad autónoma, ¿cómo van a gestionar un país? Por lo tanto, eso sería no solamente una especulación, sino, como decía mi compañero esta mañana, una clarísima ensoñación.

Les decimos también que no al veto que nos presenta Podemos, y a las señorías de Podemos les quiero decir tres cositas, si me permiten. La primera, que hablan de productividad, y para hablar de productividad hay que trabajar. (Aplausos). La segunda cosa que les quiero decir es que ustedes hablan ahí de que el Gobierno del Partido Popular quiere volver a un modelo basado en el ladrillo y que tiene que haber un cambio de modelo productivo. Pues bien, señorías de Podemos, si aún no se han enterado, y creo que ha habido bastantes comparecencias de miembros del Gobierno y hay muchos informes que lo avalan, a los que ustedes pueden acceder desde su iPad, nos están diciendo que el modelo de crecimiento español está basado en las exportaciones, que estamos en el 33 %; que, además, el primer sector de las exportaciones es el de bienes de equipo; que el modelo basado en el ladrillo, es decir, el del sector de la construcción, ha bajado 5 puntos porcentuales sobre nuestra riqueza nacional; y que, además, estamos recuperando el peso del sector industrial y ya estamos en el 16 %. Tienen ustedes los datos tan trasnochados como su propia ideología, del siglo XIX. Revísenla, por favor. (Aplausos).

Les decía que les quería decir tres cositas. La primera es que tienen que trabajar, la segunda es que tienen que trabajar en serio y la tercera —que me enseñó mi madre en casa— es que si no trabajas, por lo menos no gastes, porque ¡la que han montado los Iglesias ayer! ¿Cuántas decenas de miles de euros nos ha costado a los españoles solo para que hablen, y hablen, y hablen los Iglesias? Inadmisible, absolutamente inadmisible. Se trata de dedicarnos a los problemas de los españoles.

En cuarto y último lugar, quiero decirles que no al veto presentado por el señor Caballos, del Grupo Socialista, porque ellos nos hablan sistemáticamente de desigualdad, y les sorprende que después de crecer 13 trimestres consecutivos, que son 39 meses, señorías, todavía haya gente a la que le afecta la crisis. ¿Sabe por qué hay gente a la que todavía le afecta la crisis, señor Caballos? Porque ustedes gastaron, y gastaron, y gastaron, y en vez de un agujero eso es un socavón. Por eso, todavía hay gente que, desafortunadamente, está sufriendo la crisis.

Además, hablan ustedes de contrato precario, pero ¿saben lo que es mucho más precario? No tener contrato. Además, ustedes están hablando aquí de sueldos bajos, pero ¿saben lo que es mucho más bajo que un sueldo? No tener el propio sueldo. ¿Y saben ustedes cuál es el mayor factor de la desigualdad? No tener empleo, el paro.

Por lo tanto, señorías, —y con esto voy ya terminando— gracias a los 6 partidos políticos que nos están apoyando.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Sí, presidente.

Además, como decía Churchill, el precio de la grandeza es la responsabilidad, por eso les pido a los cuaatro partidos de la izquierda, a la izquierda radical de Podemos; a la izquierda menos radical, espero, del Partido Socialista; a la izquierda independentista de Esquerra Republicana, y a los independistas, que ya no sé si de izquierda, de la antigua Convergència, que entre todos hagamos un número redondo de 10 partidos políticos apoyando estos presupuestos, como las 10 victorias del domingo de Nadal y que, con la misma responsabilidad y el mismo esfuerzo, lo hagamos por la grandeza de España. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Serrano.

Pasamos a la sección 31. Para la defensa de la impugnación número 5, del senador Cleries, tiene la palabra su señoría.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidente.

Señorías, me quedo sorprendido con algunas intervenciones, como la que acabamos de escuchar. Somos el Partit Demòcrata de Cataluña, yo no soy la antigua Convergència i Unió. Yo también les podría llamar a ustedes la antigua Alianza Popular (Aplausos). Y si me remito a más antigüedades, tal vez les saldrían todos los colores, porque si hablamos de antigüedades, a algunos su historia se remonta…, se remonta. (Risas). Por tanto, según qué, les pido que respeten a las formaciones políticas, porque no se puede venir aquí y faltar al respeto a la nación catalana (Rumores). Hay naciones milenarias y naciones inventadas. (Aplausos). Y les recuerdo también que las víctimas de los golpes de Estado siempre son las urnas y la democracia, y cuando ustedes tachan de golpe de Estado lo que está sucediendo en Cataluña, ustedes son aquellos del mundo al revés, porque con urnas y democracia no se hacen golpes de Estado, sino que se construye un Estado soberano, que será la futura Cataluña. Esto es lo que vamos a hacer.

Fíjense, señorías. En estos presupuestos —lo sabemos por el Banco de España y la Airef— han exagerado la previsión de ingresos. Hacen una previsión de ingresos tributarios un 7,9 % superior a 2016, mientras el crecimiento previsto de la economía es del 2,5 %, con una inflación del 1,6 %.

Quiero destacar en este punto, porque no lo he podido hacer antes, la persecución tributaria contra las pequeñas y medianas empresas que está practicando el Gobierno del Partido Popular. Han incrementado los pagos a cuenta a las empresas que facturaban más de diez millones de euros y han prohibido el aplazamiento de impuestos a las pequeñas y medianas empresas; además, a partir del 1 de julio, un elevado número de pequeñas y medianas empresas deberán declarar el IVA en tiempo real, lo que conlleva costes elevados.

Les pediría que, igual que nosotros criticamos estos presupuestos —y lo hemos hecho en todas las intervenciones— con el máximo respeto, ustedes también respetaran a todas las formaciones políticas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.

Turno en contra.

Tiene la palabra el senador Fernández González.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el veto del Grupo Parlamentario Mixto a esta sección 31 se fundamenta, una vez más, en entender que esta sección no se adecúa a las necesidades sociales y económicas del Estado español y, en particular, a lo que necesita Cataluña. Como ya se ha visto a lo largo de la mañana, este mismo argumento se utiliza por el Partido Demócrata de Cataluña para vetar varias secciones, aunque se refieren, obviamente, a cuestiones distintas.

En cualquier caso, y dado que ustedes vetan esta y otras secciones del presupuesto porque según ustedes no se adecúan a las necesidades sociales y económicas del Estado español, déjenme que, por supuesto con el máximo respeto, les agradezca de forma expresa su enorme y sincera preocupación por las necesidades sociales y económicas de esta gran nación que es España. Ciertamente, resulta conmovedora esta renovada preocupación de España por su parte, y dado que están tan preocupados por lo que necesita España, les preguntaría: ¿creen que de verdad lo que España necesita es un referéndum ilegal e inconstitucional? (Aplausos). ¿Eso es lo que ustedes creen que necesita España ahora? Porque nosotros, señoría, creemos que no, y sinceramente es lo que considero que piensa la inmensa mayoría de los españoles.

Pero volvamos al veto a la sección 31. La sección 31 es, como ya va siendo conocido, la que se refiere a gastos de diversos ministerios, y en ella, dentro del programa 929M, existe una partida, la de otros imprevistos, a la que, aunque contiene únicamente 15 millones de euros, se pretende imputar un total de hasta 47 000 millones de euros.

De este modo, durante la tramitación parlamentaria parece que entre todos están empeñados en convertir la sección 31 en una especie de área 51, es decir, igual que en esa mítica base americana, donde según la imaginación de algunos en ella cabe de todo. Pero al final, como ocurre siempre con la realidad, ahí cabe lo que cabe y hay lo que hay. Curiosamente, para añadir más morbo, la partida mágica de la sección 31 es la partida 51, que es la relativa a otros imprevistos. Está dotada con 15 millones y, sin embargo, se le pretenden imputar hasta 47 000 millones.

Lo que no podemos hacer, señoría, es convertir a la sección 31, y en particular a la partida de otros imprevistos, en una especie de bolso de Mary Poppins, donde puedes meter y sacar a conveniencia todo lo que se nos ocurra. El problema es que aquí no se trata de entretener a la gente ni con un cuento infantil ni con una historia de misterios, sino que lo que se está haciendo es algo más grave, se está engañando a la gente al decirle que se pueden incluir enmiendas irreales con cargo a una partida, sabiendo que en realidad no se puede hacer porque la partida no está prevista para eso.

Creo que es razonable dejar esa partida como está y destinarla para lo que fue creada, y no para convertirla en una especie de genio que te concede todo lo que pides, porque por desgracia, señorías, esto no es un cuento, esto son las cuentas…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Ya termino, señoría.

Esto va de cuentas, no de cuentos.

En conclusión, a diferencia de lo que opinan ustedes, creo que esta sección sí se adecúa a las necesidades sociales y económicas del Estado español y sí va a permitir cumplir las finalidades de su objeto. Por eso, nos oponemos a su veto a la sección 31.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Fernández González.

Pasamos a la sección 32.

Para la defensa de la impugnación número 6, del senador Cleries, tiene la palabra su señoría.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidente.

Tal como hemos venido recordando, y creo que es bueno hacerlo también en esta partida, desde el año 2014 el sistema de la financiación autonómica está caducado, y quiere decir que el Gobierno del Estado ha incumplido, una vez más, una ley. Lo que pasa es que cuando el Gobierno del Estado incumple leyes no pasa nada; en cambio, si no eres del Gobierno del Estado español e incumples una ley, te persiguen los tribunales. Incluso para aumentar la persecución a una consejera del gobierno de la Generalitat, si el domingo acudió a un acto del referéndum es un agravante. Esta es la democracia que hay hoy en el Estado español.

También le quiero recordar al portavoz del Partido Popular que ahora ha intervenido, que el proceso de Cataluña y el referéndum que vamos a celebrar es un mandato democrático del pueblo de Cataluña. El 27 de septiembre, en las últimas elecciones que hubo en Cataluña, este fue el mandato democrático que nos dio el pueblo de Cataluña. Ya sé que a ustedes esto les importa poco porque no están acostumbrados a cumplir los programas electorales, pero a nosotros nos parece lo más lógico. Por tanto, estamos respondiendo con fidelidad a lo que nos pidió el pueblo de Cataluña, y así lo vamos a hacer el 1 de octubre.

El portavoz que ha intervenido nos decía que siempre decimos lo mismo. Claro, porque el conjunto de estos Presupuestos Generales del Estado no responde a las necesidades reales de los catalanes y catalanas y creemos que tampoco al conjunto del pueblo del Estado español. ¿Por qué? Porque en políticas sociales, en políticas de ocupación, en políticas de atención a las personas dependientes, en el conjunto de políticas del Ministerio del Interior o de Defensa, no se prioriza poner a las personas por delante. Ustedes ponen la bandera por delante y con esta bandera no dejan ver a las personas. Lo que importa son las personas.

También quiero decir que cada uno de los territorios, contrariamente a lo que se ha dicho, sí que tienen necesidades; necesidades en inversiones que facilitan la vida de los ciudadanos y, por tanto, esta también es nuestra prioridad.

Evidentemente, en nuestro servicio a Cataluña nosotros también tenemos un compromiso conciudadano, con todos los ciudadanos del Estado español y con los ciudadanos de Europa, es un compromiso con todo el mundo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.

Turno en contra.

Senador Valverde, tiene la palabra.

El señor VALVERDE MENCHERO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

Señor Cleries, señores del PDECAT, yo creo que técnicamente se podría decir que ustedes viven en un solipsismo, es decir, solo están seguros de su propia realidad, pero no son capaces de reconocer la realidad que les rodea, porque su intervención ha sido machaconamente repetitiva.

Y me quedo con lo último: ustedes dicen que los señores del Partido Popular, que el Gobierno no ha puesto por delante a las personas. Yo creo que eso se lo podrían aplicar ustedes, porque han puesto esas ansias secesionistas precisamente para justificar que no han estado al lado de las personas, que eso es lo que está pasando en Cataluña (Aplausos).

Señorías, este veto a esta enmienda dice poco más, porque siempre dice lo mismo: que no se cumple con el conjunto del Estado español ni tampoco con la comunidad autónoma. Por tanto, como es una sección que hace referencia también a la financiación de entidades territoriales, yo voy a repetir parte de lo que he dicho esta mañana.

Sí que se ha cumplido y ha habido medidas: se mantienen las transferencias a las entidades locales y no solo se mantienen las transferencias a las comunidades autónomas, sino que se aumentan en 5386 millones de euros, y de eso van a disfrutar todas las comunidades autónomas, también Cataluña, gracias a las políticas del Gobierno del Partido Popular que han dado como consecuencia una mayor crecimiento, un mayor empleo y, por tanto, una mayor recaudación que ahora se puede repartir entre todos los territorios. Más de 100 millones de euros más de ayudas a la dependencia. Otras medidas que van en el camino de garantizar la liquidez y la solvencia a las entidades locales y también a las comunidades autónomas; particularmente interesante es la medida que va a permitir a las entidades locales reinvertir el superávit que se ha obtenido en el año 2016: 7000 millones. No para el Estado, como se decía esta mañana —creo que era una senadora de Esquerra Republicana—, para el Estado no, para que se invierta en todos los territorios de España, en los más de 8000 municipios de España.

Más medidas. El Fondo de liquidez autonómico, que desde el año 2012 ha inyectado más de 189 000 millones a las comunidades autónomas, en Cataluña, en concreto, 62 952 millones, el 33 %, para pagar servicios públicos, sí, para pagar servicios públicos —¿qué hubiera sido de estas comunidades si no se hubiera podido inyectar esta cantidad de dinero?—, con unos ahorros que en la Comunidad Autónoma de Cataluña van a llegar a los 16 300 millones de euros. Reducción sensible del periodo medio de pago y reformas en el sistema de financiación autonómico y local —sí, está caducado, pero hay un compromiso de llegar a un acuerdo para un nuevo modelo de financiación autonómica y también local—.

En definitiva, muchas medidas que favorecen y que demuestran la apuesta seria del Gobierno de España por todas las entidades territoriales. Un control del déficit que ha hecho que se reduzca a la mitad el de las comunidades autónomas y que haya pasado a ser un superávit el de los ayuntamientos, olvidando esas políticas…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor VALVERDE MENCHERO: Termino ya, señor presidente.

Decía, olvidando esas políticas de desenfreno del gasto público que nos condujeron a tener que perder hasta 3 500 000 empleos.

Señorías, la aprobación de estos presupuestos supone afianzar la estabilidad y la certidumbre para seguir avanzando en la recuperación, el crecimiento y el empleo. Ser hoy responsable como parlamentario que representa al pueblo español es ofrecer estabilidad, certidumbre y confianza a todos los españoles, y eso ahora se hace votando a favor de estos presupuestos.

Por todo ello, nuestro grupo, que va a favor de estos presupuestos, va a votar en contra de este veto a esta sección.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Valverde.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, presidente.

Llegamos al final de este largo debate del día de hoy, en el que ha habido 14 vetos del Grupo Socialista; 16 del Grupo Podemos; 16 también del Grupo de Esquerra; 17 de Convergència; 1 de Compromís y otro de Bildu.

Me gustaría empezar diciendo qué consecuencias tendríamos si aceptáramos los vetos que hoy se han planteado aquí. Hay dos tipos de vetos: los de los grupos que abanderan el postureo, como el caso de Podemos o la antigua Convergència, ahora PDECAT, y el del Grupo Socialista, debatiéndose en una extraña situación para encontrar su camino en un futuro, espero no muy lejano. Pero la realidad es que si no tenemos presupuesto, si no hay este nuevo presupuesto, las comunidades autónomas dejarán de recibir 5583 millones de euros. Si no hay presupuestos, necesariamente habrá recortes en las plantillas en el sector público —el Gobierno ha llegado a un acuerdo con los agentes sociales, Comisiones, UGT y CSIF, para una consolidación del empleo público—. Si no tenemos presupuesto, la Seguridad Social no podrá pagar las pensiones en los últimos meses de este año.

Por lo tanto, necesitamos —lo dije ayer— tener unas cuentas, necesitamos habilidad a la hora de negociar unos presupuestos. Unos presupuestos que Ciudadanos ha intentado mejorar con respecto a la primera presentación que hizo el Ministerio de Hacienda. Lo hemos desglosado en 2 frentes. Por un lado, hemos introducido mejoras en los presupuestos que inicialmente manejaba el Ministerio de Hacienda en un paquete para la recuperación de la clase media trabajadora, destinando 500 millones como complemento salarial para jóvenes menores de 30 años; extendiendo la tarifa plana para nuestros autónomos; un plan de lucha contra la pobreza infantil, con 342 millones de euros; 258 millones de euros para parados de larga duración; 235 para los permisos de paternidad y 100 para revertir los recortes en atención a la dependencia, lo que representa un monto de 1945 millones.

Por otro lado, 2142 millones de euros para lo que nosotros llamamos innovación y economía del futuro; 1200 millones más para la formación para el empleo; 30 millones para el plan contra el fracaso escolar; 50 millones de euros para un plan de gratuidad de los libros de texto; 100 millones para el plan de modernización de la justicia; 500 millones para la Red Cervera de transferencia tecnológica; 100 millones para al plan de lucha contra el fraude fiscal; 97 millones para el impulso de la economía digital; 45 millones para…

El señor PRESIDENTE: Senador Alegre, perdone, el senador Bagué también ha pedido intervenir.

El señor ALEGRE BUXEDA: ¿Sí, ahora también? (Risas). No estaba previsto. (Risas). Perdón, no lo sabía. Pido disculpas, porque en un principio no intervenía el senador Bagué.

En todo caso, esta es la realidad de los vetos a la ley de presupuestos. Lo único que lamento, y con esto termino, señor presidente, es la cantinela permanente de algunos grupos, como el caso de la antigua Convergència, ahora PDECAT, todo el día con el monotema de la independencia de Cataluña cuando estamos hablando de presupuestos, así como algunas afirmaciones que se han hecho en esta tribuna acusando al Gobierno de recortar en dependencia, en discapacidad. Y lo hace el señor Cleries, que es la persona que más ha recortado en este país cuando fue consejero de bienestar y familia, que se llevó por delante la discapacidad (Aplausos) y viene hoy a criticarlo. (Aplausos). Me resulta incomprensible. Uno es prisionero de sus actos, señores del PDECAT, uno es prisionero de sus actos.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre.

Senador Bagué, tiene la palabra.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president. Bona tarda. Buenas tardes.

A modo de conclusión, en el turno último de portavoces, quiero hacer tres consideraciones. En primer lugar, en toda la exposición del veto en ningún momento hablé de independencia, en ningún momento, señor Alegre, en ningún momento hablé de independencia porque estaba hablando de presupuestos

En segundo lugar, Cataluña representa el 16 % de la población, el 19 % del PIB, el 25 % de las exportaciones y recibe una inversión pública en infraestructuras cercana al 10 %, de la cual se ejecuta en el mejor de los casos un 4 %. Esta es la ficha resumen, es la fotografía resumen de la situación. Los presupuestos, aunque hay algún portavoz que pretenda darles un toque naranja, yo más bien pensaría que son unos presupuestos del PP, continuistas puramente, con una pincelada vasca y canaria, pero en ningún caso unos presupuestos naranja; en todo caso, calabaza, pero naranja seguro que no.

En tercer lugar, cuando hablan de la LOFCA, senadores del Grupo Popular y de Ciutadans, no hablen como si graciosamente se diese un dinero que generosamente el PP da a las autonomías, es la aplicación de una ley que hace cuatro años que está caducada y sobre cuya aplicación, dos años después del ejercicio, se liquida a las autonomías. Por lo tanto, no den explicaciones respecto a la liquidación ordinaria entre administraciones como si fuese una dádiva graciosa que se está dando por el Gobierno magnánimo de Mariano Rajoy. Eso no es así.

Según criterio del Partit Demòcrata, estos presupuestos no responden a las necesidades reales y además pecan de un extraordinario triunfalismo cuando no tienen en cuenta que 8,5 millones de personas, como recordé en mi primera intervención, han sido atendidas en 2016 por los servicios sociales municipales. Ojo con el dato: 8,5 millones de españoles atendidos por los servicios sociales municipales del conjunto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, ¿desean intervenir? (Denegaciones). No hay intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Cortès.

La señora CORTÈS GÈS: Señorías, entre ayer y hoy el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha presentado sus vetos a los Presupuestos Generales del Estado del Partido Popular, que demuestran sin lugar a dudas la falta de inversión en infraestructuras en cada una de las comarcas de Cataluña, del País Valencià y de les Illes por parte del Estado español.

No es suficiente que el ministro de Fomento y Mariano Rajoy desembarquen en Cataluña para hacerse una foto con algunos empresarios y alardeen de falsas verdades y de falsas inversiones en Cataluña para sacarse solo una foto propagandística. Con cifras: prometió una inversión en infraestructuras por valor de 6630 millones de euros, de los cuales dijo que en esta legislatura se gastaría 4200 millones de euros. El primero en desmentir esto fue el ministro Montoro y la realidad es que la inversión en Cataluña, según los presupuestos del Estado de este año, cae en un 3 %: 30 millones de euros menos. El Estado, pues, destina a Cataluña un 13 % de las inversiones, mientras que el porcentaje de la población es del 16 % y el porcentaje del producto interior bruto en torno al 20 %.

Ustedes consolidan su modelo de Estado de derecho manteniendo una España radial, centralizadora e, incluso, recentralizadora del poder del Gobierno de España en detrimento de los gobiernos autonómicos, con un déficit extraordinario en las inversiones en carreteras y en trenes de Rodalies, enquistados en la defensa de un corredor mediterráneo que pase por Madrid, con un aumento del presupuesto destinado al mantenimiento de la Corona y a Defensa, que promueve una justicia politizada que utiliza a la fiscalía para perseguir al independentismo y tapar la corrupción del PP y de la Corona, manteniendo, en general, una estructura estatal gigantesca, despilfarradora y centralista.

Nosotros venimos aquí a defender la democracia, la emancipación nacional y la justicia social y a cambio recibimos insultos y abucheos por parte de la bancada del Grupo Popular. Hemos escuchado que nosotros somos unos golpistas, y llaman golpistas a los ciudadanos y ciudadanas que salen a la calle hartos de las políticas del PP para reivindicar sus derechos políticos, económicos y sociales, sin ni tan siquiera estropear una papelera —a esto le llaman golpismo—. Que creamos problemas donde no los hay; pues pónganse las gafas, porque ustedes tienen un problema gordo en Cataluña que contratacan con la fuerza bruta, la fuerza de los tribunales, escudándose en la ley, en la ley y en la ley. (Protestas). Intentan aplicar la política del miedo con sus continuas amenazas. Pues, señores, no les tenemos miedo ni a ustedes ni a sus jueces ni a los tribunales ni al presidente Mariano Rajoy ni a la vicepresidenta ni a las leyes retrógradas españolas. (Protestas).

Cuando las leyes están desfasadas, cuando sirven para ir contra la ciudadanía, es necesario cambiarlas y adecuarlas a las necesidades. En ningún momento hemos escuchado que aprobaron una amnistía fiscal declarada inconstitucional, que permite y ha permitido el fraude masivo. Tampoco hemos escuchado nada acerca de la operación Cataluña, centrada en las maniobras policiales y judiciales contra los líderes independentistas. ¿Alguien va a asumir la responsabilidad algún día? Hemos escuchado que nosotros solo pedimos dinero. Por supuesto, estamos hablando de presupuestos, pedimos dinero para reparar el grave déficit de inversión en Cataluña, les Illes Balears y el País Valencià. Nosotros hablamos de democracia y voluntad política.

Para finalizar, haré unas aclaraciones sobre la deuda y a nivel económico. En Cataluña hay un crecimiento superior al déficit y esto reduce la deuda. De las exportaciones que presumen una y otra vez, el 25 % son de Cataluña, el 25 %, y si quieren hablamos del crecimiento de la industria catalana o de la creación de empresas o del sector turístico, que el 25 % está en Cataluña, señores.

Lo que vamos a hacer nosotros es otra cosa. Pero antes, les diré que ustedes sí tienen autoridad para hablar de una cosa: de productividad. Cuando se habla de corrupción, ustedes son los campeones de Europa en corrupción; en esto sí que tienen productividad. Y lo que vamos a hacer nosotros en Cataluña el día 1 de octubre es votar, y de esta manera, si es que en las urnas gana el sí, gestionaremos, afortunadamente, nuestros propios recursos. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CORTÈS GÈS: Gracias.

Decía que no dejaremos nuestros propios recursos en manos de aquellos que trabajan en contra de Cataluña, en contra de un pueblo que reivindica sus derechos y en contra también de las clases populares españolas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cortès.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Martínez.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Hoy el Gobierno ha tenido 2 turnos de defensa: el del Partido Popular y el de Ciudadanos. (Protestas).



Dice el senador Alegre que Ciudadanos ha intentado mejorar los presupuestos. Bueno, lo han intentado y no lo han conseguido. En cualquier caso, lo importante es participar. (Risas.— Aplausos). Tampoco es nada nuevo atendiendo a que, en su corta trayectoria, jamás han cambiado nada, pero es que para eso es para lo que están, para que nada cambie. Ese es su papel.

Ante de empezar, quiero contestar brevemente a la senadora Arenales Serrano, que ha cuestionado nuestro trabajo aquí en la Cámara. Ustedes, señores del Grupo Popular, tienen 149 senadores en esta Cámara y nosotros 20. Cuando quieran, cuando quieran comparamos las iniciativas presentadas por cada grupo, en cantidad y en calidad, porque hay que ver las chapuzas que presentan ustedes tan a menudo. (Aplausos). Más de 2000 enmiendas presentadas por nuestro grupo a estos Presupuestos Generales del Estado, más de 2000 enmiendas. (Protestas). Ese es nuestro trabajo. ¿Cuál es el suyo, aparte de hacer de cancerberos del Gobierno, señores del Partido Popular? (Aplausos.— Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Ustedes, señores del Partido Popular, han usado el debate presupuestario para vender una situación idílica de la economía. Durante las comparecencias han dicho ustedes que la economía estaba boyante y que somos la envidia de toda Europa. Ayer, el ministro Montoro añadió que España es uno de los países que más crece de todo el mundo, no de toda Europa, de todo el mundo. ¿De qué mundo? ¿En qué mundo viven ustedes? (Rumores). Porque no es el mismo en el que viven el resto de los y las españolas.

Hacen ese discurso con unos datos sociales escandalosos de pobreza, precariedad y desigualdad. La tasa de paro en España, señores del Grupo Popular, casi dobla la de la media de la zona euro; la renta per cápita es un 32 % inferior; hay un 40 % de paro juvenil y el 25 % de los trabajadores jóvenes son pobres; la tasa de temporalidad en estos cinco años ha aumentado en 6 puntos. Esos los resultados de sus políticas. (Rumores).

Las líneas fundamentales de estos Presupuestos Generales del Estado se resumen básicamente en dos vías. Primero, consolidación de los recortes y ajustes adicionales maquillados. En estos presupuestos se han consolidado 5000 millones de recortes y se han tomado medidas adicionales de ajuste, entre las que quiero resaltar la reducción de las pensiones en términos reales. Decía una portavoz de su grupo que las pensiones han aumentado un 0,25 % y no es cierto; en términos reales disminuyen porque la inflación aumenta por encima del 1,5 %.

Segundo, estos presupuestos generales sirven para profundizar en un modelo económico periférico dentro de Europa basado en la devaluación salarial y en la precarización de derechos. Se reducen las inversiones del Estado en un 20 % y los recortes acumulados en I+D+i suman más de 3000 millones desde 2009.

Estos son unos presupuestos continuistas y ustedes no han dejado de repetir que son unos presupuestos continuistas, y eso lo que significa es que lo que ustedes vendían como medidas excepcionales no lo eran, no lo eran en absoluto. Sus recortes y sus ajustes no dependían de la coyuntura económica, dependía de su convicción ideológica.

Estos presupuestos generales, como les decía, marginan las políticas públicas dirigidas a transformar nuestro modelo productivo. Eso sí, luego, con su retórica, se embadurnan ustedes con un discurso sobre la innovación y el emprendedurismo; solo les falta hablar de coaching y recomendar algún libro de autoayuda. Nos dicen que nosotros defendemos políticas viejas, del siglo XIX. ¡Ustedes, el partido de los mileniales! Antes, un portavoz del Grupo Popular decía que nosotros queremos más Estado porque queremos más clientelismo. ¿De verdad? ¿De verdad van a venir ustedes a hablarnos de clientelismo? ¿De verdad quieren hablar ustedes de clientelismo? Soy valenciano, cuando quieran hablamos de clientelismo en la Diputación de Castellón, en la de Valencia, en la de Alicante; hablamos de clientelismo en Madrid; hablamos de los 900 imputados que tienen ustedes. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Sí, señor presidente.

Creo que no se lo han pensado ustedes bien.

Nosotros queremos unas instituciones que estén al servicio de la gente, que sirvan para garantizar los derechos de todas y todos. Ustedes usan las instituciones para enriquecer a los suyos y para blindarse en el poder.

Acabo. Hoy han conseguido en el Congreso bloquear la moción de censura que habíamos presentado (Rumores), y somos conscientes de que van a usar su rodillo aquí en el Senado para evitar que hagamos algún cambio a los Presupuestos Generales del Estado.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Pero lo hacen cada vez en peores condiciones. Están ustedes completamente a la defensiva. El cerco empieza a cerrarse, el tiempo se les acaba y llega el cambio.

Muchas gracias. (Aplausos.— Protestas).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez. (Rumores).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Vázquez.

Guarden silencio, señorías.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente, señorías.

El 6 de junio se publicó en el boletín de esta Cámara el presupuesto general para el año 2017. Hemos pasado una semana de comparecencias, este Pleno en el que previsiblemente se rechazarán todos los vetos, continuaremos con las enmiendas la próxima semana y volverá aquí para su votación. Previsiblemente, el 28 o el 29 el presupuesto aprobado irá directamente al Boletín Oficial del Estado.

Alguien podría pensar que hemos perdido el tiempo, yo creo que no. Las comparecencias nos permiten un contacto directo con el Gobierno. En este debate, tan amplio, no solamente se han debatido los vetos generales y la valoración general del presupuesto, sino que se ha hecho sectorialmente; en las secciones se ha permitido que haya un debate no solo sobre las cuentas de cada uno de los ministerios, sino sobre sus políticas, lo cual también nos enriquece.

Al final, ¿qué es un presupuesto? Está claro que es una relación de ingresos por un lado y de gastos por otro, pero en el fondo esconde también una ideología. Los que hemos hecho presupuestos en el ámbito local sabemos que hay una parte rígida del presupuesto que no se puede mover, pero hay otra parte de disponibilidad que la aplicamos según pensemos, con nuestro programa, con nuestra ideología. Y esto es lo que se hace aquí también.

A mí modo de ver, hay dos grandes ejes estructurales para valorar un presupuesto. Uno es el modelo de crecimiento que se impulsa, y este presupuesto —tengo que repetirlo— en este aspecto no avanza nada, se mantiene en ese modelo de crecimiento basado en la construcción, en los servicios y en el turismo, que no crea empleo de calidad y no apuesta por la investigación y la formación. Señorías, no puede ser que España ocupe el último lugar en inversión en I+D+i de toda la eurozona, no puede ser. Esto lo pagaremos en un futuro y evidencia que no hay una apuesta clara por nuevos patrones de crecimiento para un desarrollo sostenible.

El otro factor estructural importante es la política fiscal, el cómo se obtienen los recursos. Esto es importantísimo y lo hemos debatido muchas veces. ¿De dónde sacamos los ingresos? Hay un nuevo mantra que repiten constantemente con una cierta apariencia lógica, y lo utilizan peligrosamente para hablar, por ejemplo, de las pensiones: si no hay dinero para pagar las pensiones, habrá que reducirlas o habrá que incrementar los ingresos o ambas cosas. Yo digo que no, y esta es una de las cuestiones a la que, repito, no he tenido todavía respuesta ni del Grupo Popular ni del Gobierno: ¿Por qué no intentar acercarnos a la media de ingresos públicos que tienen los países de la eurozona? ¿Por qué no lograr esos 6 o 7 puntos del PIB diferenciales y tendríamos dinero para garantizar todos los servicios y todas las pensiones? Esa es la cuestión que no responden. Claro, esto necesita una nueva política fiscal, necesita también unos objetivos presupuestarios de apoyo a la lucha contra el fraude fiscal y de mayores recursos a la Agencia Tributaria.

El último portavoz del Partido Popular que ha intervenido nos hablaba del desenfreno del gasto público.

Hablaba el señor Montoro de lo de la borrachera. Señorías, si consideran que lo que hacen las comunidades autónomas con sus nuevos gobiernos al eliminar los copagos farmacéuticos a dependientes y mayores —que estableció el Gobierno de Partido Popular—, o al reabrir servicios de urgencia rurales, escuelas rurales, todo lo que cerraron cuando gobernaban ustedes, si consideran que eso es despilfarro, si consideran que es gastárselo en copas, creo que están muy equivocados.

Señorías —y termino—, al final, para poder aclararnos tenemos que compararnos con otros países, con aquellos con los que queremos estar. Así es como veremos realmente si ustedes hacen un presupuesto de apoyo a la cultura, a la educación, a la sanidad o a los servicios sociales, al comparar qué parte de su PIB dedican los países de nuestro entorno a cada una de estas materias, a cada uno de estos sectores. Así nos podríamos poner de acuerdo. Antes de perdernos en el debate de cifras —donde cada uno aporta las que considera que le vienen mejor a su posición—, es necesario hacer esa comparativa y realizar un estudio serio y riguroso para ver si, presupuestariamente, estamos en la onda de los países de nuestro entorno. El Partido Popular no lo está, se lo decía en mi anterior intervención. Es su modelo de sociedad, su modelo de poco Estado, de pocos ingresos públicos y, por tanto, de poco gasto público, lo que pretenden...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.

... no es el nuestro y creemos que España está en condiciones de tener otro modelo más avanzado, más moderno y más solidario.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador de las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Señor presidente, señorías, muchas gracias. Seré bastante breve.

En un turno inicial deseo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, una pronta recuperación al senador Antich.

Haré tres apuntes respecto de parte de las intervenciones de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, un agradecimiento y una frase para la historia. Y finalizo con ello este debate de los vetos sectoriales, porque ya está prácticamente todo dicho; todo dicho salvo algún apunte.

Senadora Cortès, yo le doy un consejo a usted y al grupo parlamentario al que representa: a este Parlamento se viene ya llorado de casa, porque si no...

Senador Picornell, no ha entendido lo que le decía la senadora Arenales. No se trata de la cantidad, sino de la calidad. Pasa como con el gasto: no se trata de gastar más, sino de gastar mejor.

Senador Vázquez, este presupuesto es manifiestamente mejorable, estoy completamente convencido, como lo es prácticamente todo en esta vida. Pero lo que de verdad echo en falta es alguna propuesta razonada, motivada y suficiente para que su grupo hubiera aportado algo a estos presupuestos. En cualquier caso, agradezco parte de sus palabras.

Finalizo fundamentalmente con el agradecimiento al resto de portavoces sectoriales del Grupo Parlamentario Popular. Datos, argumentos y razones frente a descalificaciones e insultos. ¡Vaya pedazo de grupo parlamentario que tengo el orgullo en este caso de representar! (Aplausos). Por cierto, os espero a partir del martes en la Comisión de Presupuestos para rebatir las 6120 enmiendas.

Termino, señor presidente, parafraseando a un paisano: No les digo que me lo mejoren, iguálenmelo y mayoría absoluta garantizada.

Votaremos en contra de todos los vetos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De las Heras.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a hacer la votación separada de todas las impugnaciones, de todas las propuestas de veto, a las secciones, por el orden de debate. Como saben ustedes, al igual que ayer en la votación de las propuestas de veto, para su aprobación se exige la mayoría absoluta de la Cámara: es decir, 134 votos. Si alguna de las impugnaciones fuera aprobada, se dará cuenta de dicha aprobación al Gobierno y al Congreso de los Diputados. Si ninguna fuera aprobada, se dará por concluido el debate y continuará la tramitación de este proyecto de ley en la Comisión de Presupuestos.

Igual que ayer, hace uso de la votación telemática el senador José Luis Pérez Pastor, del Grupo Parlamentario Popular, que ha votado en contra de todas las impugnaciones, por lo que añadiré su voto a cada una de las votaciones.

Comenzamos votando la impugnación número 42, del Grupo Parlamentario Unidos-Podemos, a la sección 01.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 35; en contra, 216 más 1 voto telemático, 217; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la impugnación número 60, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 34; en contra, 217 más 1 voto telemático, 218; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la impugnación número 43, a la sección 03, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 34; en contra, 217 más 1 voto telemático, 218; abstenciones, 4.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, de la sección 04, la impugnación número 61, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 19; en contra, 216 más 1 voto telemático, 217; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la sección 06, votamos la impugnación número 62, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la sección 08, votamos la impugnación número 44, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 38; en contra, 217 más 1 voto telemático, 218.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la sección 12, comenzamos votando la impugnación número 23, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 45, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253 más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 253 más 1 voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 63, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 95; en contra, 160 más 1 voto telemático, 161.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 2, del senador Cleries.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253 más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 253 más 1 voto telemático, 254; a favor, 76; en contra, 157 más 1 voto telemático, 158; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la sección 13, comenzamos votando la impugnación número 24, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 46, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253 más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 252 más 1 voto telemático, 253; a favor, 94; en contra, 158 más 1 voto telemático, 159.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 64, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253 más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 253 más 1 voto telemático, 254; a favor, 94; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 8, de los senadores Abad y Cleries.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252 más 1 voto telemático, 253; votos emitidos, 252 más 1 voto telemático, 253; a favor, 76; en contra, 157 más 1 voto telemático, 158; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la sección 14, comenzamos votando la impugnación número 25, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254 más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 47, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 65, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la impugnación número 9, de los senadores Abad y Cleries.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 76; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De las secciones 15 y 36 votamos, en primer lugar, la impugnación número 26, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la impugnación número 48, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254 más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 253 más 1 voto telemático, 254; a favor, 95; en contra, 158 más 1 voto telemático, 159.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la impugnación número 66, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254 más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 96; en contra, 158 más 1 voto telemático, 159.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la impugnación número 3, del senador Cleries.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:



presentes, 254 más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 75; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la impugnación número 7, del senador Cleries.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253 más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 253 más 1 voto telemático, 254; a favor, 76; en contra, 157 más 1 voto telemático, 158; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la sección 16, comenzamos votando la impugnación número 27, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 49, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 94; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la impugnación número 67, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 10, de los senadores Abad y Cleries.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 75; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la sección 17, comenzamos votando la impugnación número 28, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 50, del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254 más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 96; en contra, 158 más 1 voto telemático, 159.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 68, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos, a continuación, la impugnación número 13, de los senadores Bagué y Cleries.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253 más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 253 más 1 voto telemático, 254; a favor, 76; en contra, 157 más 1 voto telemático, 158; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la sección 18, comenzamos votando la impugnación número 29, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 97; en contra, 158 más 1 voto telemático, 159.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 51, del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254 más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 96; en contra, 158 más 1 voto telemático, 159.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 69, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 14, de los senadores Bagué y Cleries.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254 más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 75; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De las secciones 19 y 60, comenzamos votando la impugnación número 30, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254 más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 94; en contra, 160 más 1 voto telemático, 161.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 36, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253 más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 253 más 1 voto telemático, 254; a favor, 95; en contra, 158 más 1 voto telemático, 159.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la impugnación número 52, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la impugnación número 57, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254 más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la impugnación número 70, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254 más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la impugnación número 76, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la impugnación número 15, de los senadores Cleries y Rivero.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 76; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

A continuación, votamos la impugnación número 19, de los senadores Cleries y Rivero.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 77; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la sección 20, comenzamos votando la impugnación número 31, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 53, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253 más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 252 más 1 voto telemático, 253; a favor, 95; en contra, 157 más 1 voto telemático, 158.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 71, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253 más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 253 más 1 voto telemático, 254; a favor, 96; en contra, 157 más 1 voto telemático, 158.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 11, de los senadores Abad y Cleries.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252 más 1 voto telemático, 253; votos emitidos, 252 más 1 voto telemático, 253; a favor, 76; en contra, 156 más 1 voto telemático, 157; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la sección 23, comenzamos votando la impugnación número 32, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254 más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 54, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 72, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 16, de los senadores Cleries y Rivero.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 76; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la sección 25, comenzamos votando la impugnación número 33, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254 más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 96; en contra, 158 más 1 voto telemático, 159.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 73, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254 más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 4, del senador Cleries.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 75; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la sección 26, comenzamos votando la impugnación número 34, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 96; en contra, 158 más 1 voto telemático, 159.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 55, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252 más 1 voto telemático, 253; votos emitidos, 252 más 1 voto telemático, 253; a favor, 95; en contra, 157 más 1 voto telemático, 158.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 74, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254 más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 95; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 17, de los senadores Cleries y Rivero.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 76; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la sección 27, votamos la impugnación número 35, del Grupo Parlamentario Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 56, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 96; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 75, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 253 más 1 voto telemático, 254; a favor, 95; en contra, 158 más 1 voto telemático, 159.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la impugnación número 18, de los senadores Cleries y Rivero.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 254 más 1 voto telemático, 255; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255;



a favor, 75; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la sección 31, votamos la impugnación número 5, del senador Cleries.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253 más 1 voto telemático, 254; votos emitidos, 253 más 1 voto telemático, 254; a favor, 75; en contra, 158 más 1 voto telemático, 159; abstenciones, 20.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

De la sección 32, votamos la impugnación número 6, del senador Cleries.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 254 más 1 voto telemático, 255; a favor, 76; en contra, 159 más 1 voto telemático, 160; abstenciones, 19.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, habiendo sido rechazadas todas las impugnaciones, se da por concluido el debate y continuará la tramitación del proyecto de ley en la Comisión de Presupuestos. (Aplausos).



TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

CONOCIMIENTO DIRECTO

PROTOCOLO QUE MODIFICA EL CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y EL PATRIMONIO Y PREVENIR EL FRAUDE Y LA EVASIÓN FISCAL Y SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 24 DE JULIO DE 1992, QUE FUE HECHO EN MADRID EL 17 DE DICIEMBRE DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000032

El señor presidente da lectura a los puntos 3., 3.1. y 3.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas a este protocolo.

¿Algún grupo desea intervenir? (Denegaciones).

Llamen a votación. (Pausa).

¿Se puede aprobar por asentimiento? (El señor Martí Deulofeu pide la palabra).

Senador Martí, tiene la palabra.

El señor MARTÍ DEULOFEU: El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene intención de abstenerse.

El señor PRESIDENTE: Por eso había llamado a votación.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a someter a votación el Convenio entre el Reino de España y los Estados Unidos Mexicanos. Les aviso que ha habido también uso del voto telemático por parte del senador Pérez Pastor, del Grupo Parlamentario Popular, que ha votado afirmativamente.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255 más 1 voto telemático, 256; votos emitidos, 255 más 1 voto telemático, 256; a favor, 240 más 1 voto telemático, 241; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda autorizado el convenio. (Rumores). Señorías, guarden silencio, por favor.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

DICTÁMENES DE COMISIONES

PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/1996, DE 10 DE ENERO, DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 624/000004 Justicia

El señor presidente da lectura a los puntos 4., 4.1. y 4.1.1.

El señor PRESIDENTE: Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Justicia, senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

Presento el dictamen a la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

La proposición de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado y que se tramita por el procedimiento de urgencia tuvo su entrada en esta Cámara el día 26 de mayo de 2017, fecha asimismo de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, y el plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 1 de junio de 2017. A esta proposición de ley se presentaron 37 enmiendas. La comisión se reunió para dictaminar el día 5 de junio y emitió dictamen de conformidad con el texto remitido por el Congreso de los Diputados.

Han presentado votos particulares a este dictamen el señor Cleries i Gonzàlez y la señora Abad Giralt, ambos del Grupo Parlamentario Mixto, y los Grupos Parlamentarios Mixto, Vasco, de Esquerra Republicana y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Pasamos al debate de totalidad de la proposición de ley. Luego pasaremos al debate de las enmiendas y del articulado.

¿Algún señor senador desea intervenir en turno a favor? (Denegaciones).

¿Alguna de sus señorías desea intervenir en turno en contra? (El señor Comorera Estarellas pide la palabra).

Señor Comorera, tiene la palabra.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

El otro día, el portavoz del Grupo Popular decía en la comisión, al dirigirse a mi grupo parlamentario, que no entendía que esta proposición de ley no contara con el apoyo de todos y añadía que no habíamos entendido el objeto de la proposición de ley que hoy debatimos. Le tengo que decir que sí, que lo entendemos perfectamente, pero que para resolver el problema que ustedes mismos han creado a través de la Dirección General de Tributos, proponen una reforma de la Ley de asistencia jurídica gratuita mal planteada y con un texto que, tal como está, puede dar muchos problemas puesto que está cambiando el modelo y, si no, al tiempo. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia). Esto no solo lo decimos nosotros. Asociaciones como ALA, Altodo Cataluña, Altodo Madrid, Apaem, Red Eureka, Confederación de Abogados del Turno de Oficio o Confederación de Abogados Jóvenes de España y hasta diez asociaciones de abogados solicitan que se elimine la obligatoriedad para los profesionales y que quede muy claro que solo será obligatorio para los colegios de abogados. ¿Acaso están diciendo que ellos, que están en el día a día del turno de oficio en nuestro país, tampoco han entendido la proposición de ley? Insistimos en que el redactado es muy confuso.

Ayer mismo estas asociaciones calificaban la reforma como ambigua y chapucera, que únicamente busca la muerte del servicio para poder privatizarlo. Creemos que ha habido precipitación con esta reforma cuando el modelo español no tiene nada que ver con el modelo belga o el francés de turno de oficio, que fueron los causantes de las sentencias del Tribunal Europeo, y todo por la precipitada y errónea interpretación que hace la Dirección General de Tributos en relación con el devengo del IVA en la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita. Como dijo mi grupo en el Congreso, es generar un problema encima de otro problema, ya que se podría haber resuelto por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y no por vía de modificación legislativa del sistema en su conjunto, de la asistencia jurídica gratuita. Es una reforma que no era necesaria porque era obvio que la prestación de servicios en el turno de oficio de la justicia gratuita no debía devengar IVA, salvo para los linces de la Dirección General de Tributos, que da la impresión de que no tienen ni idea de cómo funciona la justicia gratuita en España. Lo que están haciendo con esta modificación es militarizar el turno de oficio. Desde la eliminación del servicio militar obligatorio no había ningún servicio obligatorio en este país hasta ahora. Significa regresar treinta años atrás al imponer la obligatoriedad a los abogados. Esta funcionarización del servicio no es buena y, desde luego, perderá calidad.

Hablan de consenso y diálogo, pero si realmente hubieran creído en él, se habrían preguntado por qué tantos grupos parlamentarios insistimos en modificar que la obligación del servicio es de los colegios y no de los profesionales. Su respuesta y la del Grupo Socialista ha sido rechazar todas las enmiendas. No me hablen entonces de consenso. ¿O acaso ustedes entienden el consenso simplemente como firmar sin rechistar aquello que ya tienen ustedes pactado? Para evitar la sujeción al IVA, debería haber bastado con declarar el servicio como una prestación social realizada por una entidad sin ánimo de lucro, los colegios profesionales, conforme a la Directiva 2006/112 CE, no como se ha hecho aquí. Y si, como dicen, la reforma está pensada para blindar la prestación del derecho a la asistencia jurídica gratuita como servicio esencial para la ciudadanía, este blindaje debe hacerse a través de otros cauces, declarándolo como tal en el propio articulado de la norma, cosa que no se hace; aumentando los mínimos de ingresos familiares para poder acceder a este derecho —actualmente, menos de 15 000 euros anuales por unidad familiar—; incrementando los baremos de retribución de los profesionales del turno de oficio; invirtiendo en formación de los profesionales y equiparando al alza las condiciones entre las diferentes autonomías.

Mi grupo parlamentario no va a participar en la aprobación de una modificación de la Ley de asistencia jurídica gratuita que consideramos lesiva para los profesionales del turno de oficio. Por eso, y en consonancia con la posición de mi grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, votaremos en contra si no admiten nuestras enmiendas o las similares en el mismo sentido presentadas por otros grupos parlamentarios.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señoría.

Pasamos al turno de portavoces.

¿Por el Grupo Mixto? (Denegaciones).

¿Por el Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Buenas tardes, señorías.

Mi grupo votará a favor de la propuesta, aunque discrepemos en algunos de los puntos, porque coincidimos, en este caso parcialmente, con el portavoz de Podemos, en el sentido de que se tendría que aprovechar la oportunidad para regular mucho mejor la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita. Nosotros entendemos que hay que dar mayor protagonismo a los colegios de abogados, porque han demostrado que son competentes, que son solventes, que saben prestar el servicio perfectamente y que están capacitados para resolver los recursos y todas las incidencias que se produzcan. Pero también estamos convencidos de que son los colegios los que tienen la obligación de prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita y no los colegiados. Por lo tanto, hay que dilucidar y diferenciar mejor estas cuestiones.

Es verdad que el Partido Socialista y el Partido Popular se han comprometido con posterioridad a abordar una reforma del servicio de justicia gratuita sin las prisas con las que se ha abordado esta. Pero nosotros, recogiendo muchas propuestas y sugerencias que nos han hecho llegar los colegios de abogados de Cataluña, creemos que es necesario e importante seguir insistiendo en una serie de enmiendas, que confiamos que en el caso de que no se puedan aprobar hoy se puedan aprobar en una posterior ponencia que se celebre. Porque entendemos que el servicio público fundamental del que estamos hablando necesita una serie de correcciones, de aclaraciones, de rectificaciones, de precisiones que lo hagan efectivo y que estén en consonancia con las capacidades y con el espíritu de servicio de los diferentes colegiados, pero que de ninguna manera constituyan una obligación ni una imposición.

Después, en el turno de enmiendas, concretaré mucho mejor lo que quiero decir.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Estradé.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.

No se pueden solucionar problemas creando otros mayores. Esto es lo que pasa con esta ley. Ya se ha dicho que existe una resolución de la Dirección General de Tributos —errónea, desde nuestro punto de vista— que en un momento determinado crea un problema de interpretación de la justicia gratuita. Lo crea porque la Dirección General de Tributos básicamente no tiene ni idea de cómo funciona la justicia gratuita; en realidad, ni de cómo se estaba implantando. No se diferenciaba entre el turno de oficio, la justicia gratuita, lo que son los turnos, lo que son los servicios, lo que es un cliente —entre comillas— y lo que es el derecho constitucional relacionado con la tutela judicial efectiva. Y cuando se hacen este tipo de interpretaciones tecnocráticas, ocurre lo que tiene que ocurrir, que la abogacía de repente se encuentra con un problema grave que no ha previsto de ninguna forma y que genera cierta alarma, lo que hace que tengamos que venir deprisa y corriendo con una proposición de ley de este tipo. Pues bien, si alguien se lee la exposición de motivos de esta ley, resulta que el principal problema que se explicita aquí, y que para tranquilidad de toda la profesión jurídica se dice que se va a solucionar, no aparece en dicha exposición de motivos. No se dice claramente que se va a solucionar esto. En la parquedad de esta exposición de motivos, que es casi indigna de llamarse exposición de motivos, porque no explica ni motiva absolutamente nada, lo único que se dice, en primer lugar, es que los profesionales vienen obligados a prestar asistencia con un importante compromiso vocacional. O es obligatorio o es vocacional. En segundo lugar, se dice que con esto se pretende afianzar el carácter de servicio público de esta actividad, garantizando que esté debidamente subvencionada, como si con una proposición de ley de ocho artículos estuviéramos garantizando, efectivamente, la subvención de esta ley, cuando hemos visto en los presupuestos que el incremento de la partida de justicia gratuita es exactamente cero. Así es como se garantiza propiamente la justicia gratuita; esto es, que se pueda defender a las personas que no tienen recursos para poder litigar y que puedan acceder a los tribunales. Por tanto, desde el primer momento, no se está explicitando lo que quiere decir esta ley.

Más dudas surgen cuando vamos al artículo 1, que ya augura un cambio de modelo. ¿Por qué decimos que es un cambio de modelo? Porque toda la ley navega ambiguamente entre lo tributario y el desconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando dejamos a Montoro que haga la ley para que pueda encajar en su interpretación de los tributos —esta que hace con la dirección general de las sentencias de la Unión Europea—, maneja unos términos que solucionan algunos problemas, pero que generan otros muchos mayores.

Posiblemente tengamos que ir a un modelo de justicia gratuita diferente, porque la ley es del año 1996 y ya nos cuesta mucho adaptarla a la realidad que tenemos hoy en día, pero lo que no cabe en ningún caso es generar parches de este tipo que van a ocasionar muchísimos más problemas de interpretación que van a tener que solucionar los propios colegios de abogados. Dice que será obligatorio y que se podrá organizar el servicio o dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen. Por tanto, hemos cambiado un modelo estrictamente vocacional, en el cual los colegiados se inscriben voluntariamente en una lista, por un modelo obligatorio en el cual, como excepción, los letrados o procuradores, si el colegio les dispensa por razones que no se sabe cuáles son, no formarán parte con carácter obligatorio del turno de oficio. Entonces, ¿cada colegio va a decir cuáles son las razones que dispensan a un colegiado de pertenecer al tuno de oficio? ¿Se van a generar desigualdades entre colegios en función de la interpretación que cada uno de ellos haga de este tema? ¿Cuáles van a ser las dispensas? ¿Con qué razones se van a dar? ¿Se va a garantizar el principio de igualdad? Con esta ley no sabemos la contestación a ninguna de estas preguntas.

Por estos motivos, hemos presentado enmiendas a la proposición de ley que luego explicitaremos. También podríamos no cambiarla, bastaría con introducir un pequeño párrafo diciendo que no se aplica el IVA en esta situación, porque estamos hablando de derechos fundamentales que tienen que ser defendidos de una manera obligatoria por los colegios y de forma gratuita y tan sencilla.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Comorera.

¿Grupo Parlamentario Socialista? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Represa.

El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Gracias, presidente.

Intervengo desde el escaño. Tan solo voy a hacer un par de aclaraciones.

Señor Comorera, yo tengo otras informaciones distintas a las que usted tiene. A mí me llegan de colegios de abogados, de colegios de procuradores y también de sendos consejos generales las bondades de esta proposición de ley

Quiero aclararle otra cosa y es que yo creo, de verdad, que no se enteran. La obligatoriedad no es de los colegiados, es de los colegios profesionales, de los colegios de abogados y de los colegios de procuradores, como luego intentaré explicarle en el turno de portavoces. Y creo también —y luego se lo repetiré— que tampoco se ha enterado de cuál es el objeto de la ley. Se trata de eximir del IVA las indemnizaciones que van a recibir por esa prestación de servicio público los profesionales que están en el turno de oficio en la asistencia al detenido.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señoría.

A continuación, vamos a proceder al debate del articulado. Empezamos por los votos particulares.

En primer lugar, enmiendas números 6 a 11, de los senadores Cleries y Abad.

Para su defensa, tiene la palabra la señora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente.

El PDCAT ha presentado seis enmiendas al artículo único, que modifican en cada uno de los apartados los artículos de la Ley 1/1996. En concreto, presentamos una enmienda de modificación y otra de adición en el apartado uno, que se refiere al artículo 1 de la ley; una enmienda de modificación del apartado tres, que se refiere al artículo 23; una enmienda de adición de un nuevo apartado tres bis, referido al artículo 24; un nuevo apartado seis bis, referido al artículo 36 y un nuevo apartado siete bis, relativo al artículo 38.

Básicamente, el contenido de las 6 enmiendas hace referencia a tres argumentos principales: en primer lugar, dejar constancia de para quién es obligatoria la prestación del servicio; en segundo lugar, la regulación del IVA y las costas, y finalmente, el respeto a las competencias de las comunidades autónomas que tienen competencia exclusiva, como es el caso de Cataluña.

Por ello, aparte de las enmiendas de modificación, cuyo objetivo es aclarar el redactado que queda confuso, hemos presentado propuestas de mejora a través de enmiendas de adición, con texto nuevo, como son las correspondientes a los apartados tres bis, seis bis y siete bis. Con ellas, el PDCAT pretende hacer llegar la voz de los colegios de abogados y de los procuradores de Cataluña y responder así a sus peticiones explícitas. Básicamente, nuestra voluntad es mejorar la redacción equívoca y hasta contradictoria de algunos artículos. El PDCAT entiende que los colegios profesionales son los que deben establecer cómo organizar el servicio y garantizar la prestación del servicio de obligada prestación, y no los colegiados, y así lo ha dicho el ministro en distintos foros.

Respecto al IVA, dado que la prestación de este servicio tiene que ser realizada por entidades de derecho público y de carácter social para estar exento de IVA, entendemos que los colegios profesionales son los que tienen que dar respuesta a la directiva comunitaria.

Finalmente, hemos presentado enmiendas cuyo objetivo es garantizar que las comunidades autónomas con competencias en la materia sean las que desarrollen reglamentariamente el sistema de subvención del servicio. En el caso de Cataluña, el Departament de Justícia es el competente para regular dichas competencias y, por tanto, para regular las subvenciones.

En relación con las subvenciones mencionadas en la ley, sería lógico que estén garantizadas en las partidas presupuestarias correspondientes.

Son enmiendas presentadas con la voluntad de mejorar y avanzar en la concreción del redactado. Con ellas queremos dar respuesta a las dudas de nuestros colegiados afectados.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Abad.

Para la defensa de las enmiendas números 1 a 5, presentadas por los señores Mulet y Navarrete, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a hacer una breve reseña histórica antes de empezar. Esta proposición de ley de modificación de la Ley 1/1996, del 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, es consecuencia de una resolución de la Dirección General de Tributos, que en su día, tras dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, interpretaba que se tenía que declarar el IVA derivado de la asistencia jurídica gratuita. Estamos aquí para arreglar el entuerto creado por la Dirección General de Tributos cuando sus técnicos, con su interpretación, generan un grave problema y una grave alarma entre la abogacía.

Pues bien, si alguien lee la exposición de motivos o el preámbulo de esta ley, comprobará que el problema que explicita y pretende solucionar no aparece en ningún momento en dicha exposición de motivos. Se nos dijo que la finalidad de este proyecto de ley era solucionar el problema de la imposición del IVA sobre las retribuciones de abogados y procuradores que prestan el servicio de asistencia jurídica gratuita. Para ello podían haber modificado la Ley del IVA o podían haber aceptado alguna enmienda que expresa explícitamente la exención del IVA.

Compromís siempre ha estado a favor de la justicia gratuita. También nos preocupan las libertades civiles, como el derecho de asociación, incluida su faceta negativa, o sea, el derecho a no pertenecer a ninguna asociación, derecho en el que este proyecto pretende retroceder.

El artículo 36 de la Constitución española, que se refiere a los colegios profesionales, no dice nada de la obligatoriedad de pertenecer a un colegio. En cualquier caso, esto no debe ser una excusa para que las administraciones públicas hagan dejación de sus funciones, que es precisamente lo que parece en esta proposición de ley.

Esta proposición de ley es un poco confusa e incurre en algunas contradicciones. Por ejemplo, ¿cómo puede decir el artículo 1 que los colegios profesionales serán los que organicen el servicio y los que puedan dispensar al colegiado de prestar ese servicio cuando existan razones que lo justifiquen? Por otro lado, el artículo 22 establece que los consejos generales profesionales regularán y organizarán este servicio. ¿En qué quedamos? ¿Pueden o deben? En el artículo 22 tampoco queda claro a quién se le impone, ¿a los colegios o a los colegiados? ¿Cómo se puede decir que la asistencia jurídica gratuita será obligatoria y, a renglón seguido, encargarla a los colegios? ¿Por qué no lo hace esta Administración? ¿Por qué tienen que estar los profesionales sujetos a la responsabilidad disciplinaria? ¿Juzgada y aplicada por quién? ¿Por los miembros de las juntas colegiales, que son sus iguales y competidores en el mercado laboral? ¿Cómo se va a garantizar un trato igual por el control en situaciones diferentes de distintos colegios de abogados? ¿La justicia gratuita es obligatoria o es vocacional? ¿Se impone o se le dice a alguien que puede o debe gestionar ese servicio de forma voluntaria?

Ustedes hablan de un servicio obligatorio —de esto no cabe duda—. Dicen que será obligatorio y que se dispensará del mismo cuando existan razones justificadas según el criterio del colegio. Esto supone cambiar el modelo y pasar de uno voluntario de colegiados que se inscriben, a otro obligatorio. Por lo tanto, ¿cada colegio va a decidir cuáles son las razones por las que se dispensa al colegiado? ¿Se van a generar desigualdades entre diferentes colegios? ¿Cuáles van a ser las razones que se van a dar? ¿Se va a garantizar el principio de igualdad? Y, al mismo tiempo, si un abogado o procurador se ve obligado a entrar en el turno de oficio, ¿con qué calidad va a defender a las personas? Esto es una realidad. En el turno de oficio hay muchas personas con mucha vocación y abnegación. ¿Qué hacemos, nos cargamos esto? Esto es lo que estamos interpretando y cuestionando aquí.

Otra contradicción en que incurre la ley es la relativa a la financiación. La ley dice que pretende garantizar la subvención, pero no aparece ninguna memoria económica que garantice la dotación presupuestaria, ni en los presupuestos generales de 2017 se recoge un incremento en esa partida concreta.

En resumen, consideramos que este texto plantea más preguntas que propuestas de solución. Compromís está a favor de la asistencia jurídica gratuita y por eso hemos presentado enmiendas, tanto a los Presupuestos Generales del Estado, para aumentar esa partida, como a esta ley para mejorar su eficacia y su redactado y para no cerrar la puerta a sistemas alternativos de aplicación de la asistencia jurídica gratuita. Espero que las tomen en consideración y las acepten.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de las enmiendas 27 y 28, del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Con respecto al principal asunto de debate de esta proposición de ley, creo que, más o menos, todos estamos de acuerdo en la importancia de solucionar la cuestión del IVA.

Mi grupo se posicionará a favor de esta proposición de ley que modifica la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, introduciendo dos matices definidos en dos enmiendas. La primera enmienda se refiere al objeto mismo de la ley. Proponemos la adición de un párrafo por entender que técnicamente es más adecuada la interpretación que hacemos, estableciendo que la Directiva 2006/112 nos da suficientes instrumentos para posibilitar la clarificación del problema del IVA. En ese sentido, entendemos que la consideración de esa directiva de que la prestación que establecen los colegios sea de carácter social, a través de las entidades de derecho público, ya es elemento suficiente para clarificar el problema que se nos había planteado.

A partir de ahí, pretendemos clarificar el artículo 25. El texto presentado plantea que el Ministerio de Justicia actuará de manera coordinada con las comunidades autónomas competentes en la materia. Nosotros entendemos que queda mucho más claro si decimos que tanto el Ministerio de Justicia en su ámbito, y las comunidades autónomas en el suyo propio, en materias en las que son competentes en sus ámbitos territoriales, clarificarán los requisitos generales para los mínimos de formación, especialización, etcétera.

Estas son las dos enmiendas que planteamos. Consideramos que mejoran el texto, y aunque no fueran aceptadas —tal como hemos comentado—, votaremos a favor de la proposición de ley presentada.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Bildarratz.

Para defender las enmiendas números 12 a 26, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Muchas gracias, presidente.

Señorías, lamentamos que no quieran aceptar ninguna de nuestras enmiendas porque están hechas con mucho sentido común, con muy buena fe, recogen propuestas y sugerencias de los colegios de abogados y creemos que ayudan a clarificar, a evitar confusiones y a precisar. Pero, bueno, estamos convencidos de que tarde o temprano se acabarán recogiendo; de todas maneras, las vamos a exponer rápidamente.

La primera enmienda es de modificación del artículo 1. Deja claro que el servicio de asistencia jurídica gratuita será de obligada prestación para los colegios profesionales, y estos regularán y organizarán el servicio de manera que garantice su prestación en condiciones de continuidad, universalidad y calidad; es decir, tal como han dicho otros portavoces, no es que puedan hacerlo, es que deben hacerlo.

La segunda enmienda es de adición al artículo 1 también. Incide en que los servicios prestados por los abogados a los justiciables que disfrutan de asistencia jurídica gratuita estarán exentos de IVA si se dan las condiciones exigidas por el artículo 132, apartado 1 g) de la Directiva 2006/112, que hace referencia a entidades de derecho público de carácter social.

La tercera enmienda es de modificación del artículo 23. Hace referencia a que los profesionales inscritos voluntariamente en el servicio obligatorio de justicia gratuita desarrollarán su actividad con libertad, independencia de criterio y sujeción a las normas deontológicas.

La siguiente enmienda también es de modificación del artículo 25. Hace referencia a que será requisito indispensable para prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita que el abogado y procurador se encuentre colegiado y disponga de despacho abierto en el ámbito del colegio respectivo, y en el caso de que el colegio tenga establecidas demarcaciones territoriales especiales, tiene que tener despacho en la demarcación territorial.

La siguiente enmienda es de adición al artículo 5, y se justifica en que los organismos competentes para la decisión de la concesión del servicio de justicia gratuita serán los colegios profesionales, sustituyendo a las comisiones de asistencia jurídica gratuita, en coherencia con el resto de las enmiendas.

La siguiente enmienda es de adición al artículo 9, y se justifica en que se considera imprescindible simplificar la estructura actual, que solo aporta confusión, retrasos y disfunciones en el actual sistema de justicia gratuita. La propuesta pretende simplificar totalmente este procedimiento y reconocer claramente la realidad actual legitimando a los colegios de abogados para que resuelvan las solicitudes de justicia gratuita, sin otorgarles el calificativo de provisional.

La siguiente enmienda, también de adición, es al artículo11. Pretende que el funcionamiento de las comisiones de asistencia jurídica gratuita se ajuste a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, para los órganos colegiados. Se justifica en que la obligación establecida actualmente de que los colegios de abogados pongan a disposición de las comisiones de asistencia jurídica gratuita la lista de colegiados ejercientes adscritos a los servicios, con indicación, en su caso, de especializaciones, solo aumentará la gestión burocrática.

También es de adición la enmienda al apartado quinto del artículo 12. Dice que si se acredita que la suma de los ingresos y haberes patrimoniales de alguno de los solicitantes que deban litigar bajo una sola defensa o representación superan los umbrales previstos en el apartado primero, el colegio de abogados podrá determinar cuáles de las prestaciones establecidas se otorgarán a los solicitantes. También se justifica en consonancia con la propuesta de otorgar a los colegios de abogados mayores competencias.

También es de adición la enmienda al artículo 15. Se justifica en que se propone una redacción de este artículo en consonancia con la propuesta de otorgar a los colegios de abogados el carácter de órganos de resolución de las solicitudes. Es decir, abundamos en el concepto de que los colegios de abogados pueden asumir perfectamente todas esas competencias.

También es de adición la presentada al artículo 16, sobre la suspensión del curso del proceso. Propone una redacción que esté en consonancia con la propuesta de otorgar a los colegios de abogados el carácter de órganos de resolución de las solicitudes. Se propone, además, un procedimiento automático de suspensión del curso del proceso judicial que evitará disfunciones y trámites sin ir en contra de la práctica habitual.

Igualmente es de adición la enmienda al artículo 17, que se justifica porque ahonda en una redacción que reconoce explícitamente las competencias de los colegios de abogados a la hora de recabar los documentos o datos imprescindibles para la tramitación de la solicitud. De esta manera, se clarifica una circunstancia paradójica por la que la ley no reconocía a los colegios de abogados unas competencias cuando, en realidad y por delegación, estaban necesitados y obligados a obtener estos datos.

También es de adición la enmienda al artículo 18, y se justifica en que, de nuevo, se propone una redacción que esté en consonancia con la propuesta de que las designaciones de los abogados realizadas por los colegios no tienen carácter provisional, salvo que se hayan realizado por mandato judicial.

Es de adición, asimismo, la enmienda al artículo 20, que recoge la intervención de los colegios de abogados cuando se impugnen sus resoluciones sobre la concesión o denegación del servicio de justicia gratuito.

Igualmente es de adición la enmienda al artículo 22, que se justifica en que se debe clarificar que la gestión y responsabilidad directa de la organización de los servicios de asistencia letrada y de defensa y representación gratuitas competen a los colegios de abogados en cuyo seno están los colegiados, abogados inscritos, sin perjuicio de las funciones de homogeneización que puedan tener los consejos de abogados, tanto autonómicos como estatales.

Y finalmente, es de adición la enmienda al artículo 38, que trata de garantizar que cada Administración pública con competencias en la materia sea la que, en el ejercicio de esa competencia, desarrolle reglamentariamente el propio sistema de subvención del servicio. Esta previsión garantiza además la aplicación de los mecanismos que ya se han establecido de forma eficiente en determinadas comunidades autónomas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Estradé.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera para defender las enmiendas números 29 a 37.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.

El grueso de nuestras enmiendas va dirigido a aclarar un problema que la actual redacción de la proposición de ley no distingue, como ya hemos comentado, y es la obligación de prestar el servicio respecto de los y las colegiadas o de los colegios profesionales, que son los realmente encargados, conforme al artículo 22 de esta misma ley, de regular y organizar los servicios de asistencia, representación y defensa jurídica gratuita. Tal y como está redactado, traspasa la obligatoriedad de la prestación a los profesionales. La obligatoriedad debe alcanzar a los colegios de abogados, pero para los abogados, la prestación del servicio debe seguir siendo de carácter voluntario, y el redactado del texto dice lo contrario.

En el párrafo segundo de la exposición de motivos se establece que —y leo textualmente— «Con el fin de garantizar la plena efectividad de este derecho, los profesionales vienen obligados a prestar asistencia en los términos previstos en la citada Ley 1/1996, de 10 de enero». De la literalidad se desprende que son todos los abogados los obligados a prestar este servicio. Pone: los profesionales; no pone: los colegios profesionales. Con todo el cariño, senador Represa, no sé quién es el que no se entera, después de leer la exposición de motivos. No se puede obligar a los profesionales que no quieran prestar ese servicio a realizar un trabajo que no desean, porque, obviamente, la calidad no puede ser la misma; no cabrían turnos especializados, y tal vez, siguiendo al pie de la letra la reforma que proponen, un especialista en penal podría ser obligado a llevar asuntos civiles, etcétera. ¿Es esa la justicia gratuita que proponen? La proposición de ley no refuerza el sistema, lo debilita, quién sabe si intencionadamente.

Y esta interpretación preocupante del cambio de modelo que se pretende con esta proposición de ley no es únicamente de este grupo parlamentario, sino que muchas asociaciones del turno de oficio —que no la abogacía institucional, señor Represa. Yo no he hablado en ningún momento de la abogacía institucional, sino de asociaciones del turno de oficio— han mostrado la misma inquietud que nosotros ponemos de manifiesto. No podemos dar continuamente la espalda a las preocupaciones de la sociedad civil, sobre todo cuando, como en este caso, es la que ve los problemas reales y diarios del turno de oficio en nuestro país. Para arreglar las intempestivas y desproporcionadas resoluciones interpretativas de la Dirección General de Tributos están ustedes creando un problema mayor, de ahí nuestras enmiendas números 29, 30, 31 y 32.

Siendo la asistencia jurídica gratuita un servicio público obligatorio para el acceso a la justicia —para la eficacia de los derechos fundamentales de los artículos 24 y 119 de la Constitución— de quienes acrediten insuficientes recursos para litigar o cuando la ley lo determina, es patente su carácter de asistencia social. Las subvenciones públicas a los colegios profesionales que organizan y prestan el servicio público entran en la consideración de gasto social. De ahí el último párrafo del artículo 1 que proponemos. Y eso no es una distorsión, como alega el Grupo Popular, sino todo lo contrario.

En definitiva, el servicio de justicia gratuita solo debe ser obligatorio para los colegios profesionales, como entidad de derecho público que son. Y no olvidemos siempre que estos deben ser previamente dotados de la adecuada y necesaria asignación presupuestaria, porque, en caso contrario, tampoco estarían obligados a garantizar el mantenimiento de un servicio que el propio Estado no garantice, porque los abogados del turno de oficio no son esclavos.

Nos preocupa mucho también que eliminen la mención a la aplicación de los fondos públicos puestos a disposición del artículo 22. Las enmiendas números 33 y 36 plantean que es necesario matizar que, con independencia del carácter gratuito para las personas beneficiarias del servicio de asesoramiento jurídico, los profesionales adscritos voluntariamente a este servicio deben recibir una justa y digna retribución por los servicios prestados. Los profesionales adscritos voluntariamente al servicio de asistencia jurídica realizan un servicio profesional que debe ser remunerado digna y justamente, y no mediante una indemnización que compense algún daño o gasto. Se debe garantizar el cobro de honorarios profesionales a los abogados de oficio, pero no se debe cuestionar el derecho de quienes prestan un servicio público tan importante a percibir honorarios profesionales. ¿Por qué les da tanto miedo que en la ley conste que los profesionales designados de oficio perciban una remuneración digna y justa? ¿Acaso les va bien que sigan cobrando a 2 euros la hora de trabajo? Eso parece, a la vista de los Presupuestos Generales del Estado.

La enmienda número 34 es simplemente para cubrir un vacío del texto legal vigente, que no prevé la obligación de comunicar el cobro de cualquier cantidad en concepto de costas al colegio profesional correspondiente y que, evidentemente, mejora el texto legal.

La enmienda número 35 sirve para despejar cualquier duda sobre cualquier extravagante criterio de las resoluciones de la Dirección General de Tributos o del Tribunal de Justicia de la Unión Europa, evitando que sea el profesional adscrito al servicio el que tenga que financiar la cuota tributaria.

Finalmente, la enmienda 37 introduce una reforma necesaria. A nosotros nos resulta muy curioso que para según qué, ustedes corran para reformar la ley, y otras veces no tengan ninguna prisa. Lo digo porque seguimos incumpliendo el convenio internacional de Aarhus, que forma parte de nuestro ordenamiento interno, ratificado por España el 15 de diciembre de 2004 y publicado en el BOE el 16 de febrero de 2005, que dice que las entidades jurídicas que defienden los intereses generales en materia medioambiental tienen que tener acceso a la jurisdicción, lo cual significa justicia gratuita. Por eso nuestra enmienda, y también su urgencia, porque nos jugamos una sanción. Se excusaba el Gobierno, a requerimiento del comité de cumplimiento del Convenio de Aarhus, de no reformar la Ley de asistencia jurídica gratuita por haber estado en funciones durante trescientos días. Pues bien, con esta enmienda tienen la oportunidad de arreglarlo para garantizar este derecho a las organizaciones medioambientales sin necesidad de acreditar la existencia de recursos para litigar, ni la declaración de utilidad pública. ¿O seguimos incumpliendo nuestras obligaciones internacionales?

Alegaba el otro día el portavoz del Grupo Popular en la comisión que las asociaciones declaradas de utilidad pública ya gozan del derecho de asistencia jurídica gratuita y que, por tanto, es irrelevante volver a introducirlo, porque ya está claramente definido en la legislación española. Pero veo que no ha leído el fundamento de nuestra enmienda, o no la ha entendido, porque el problema es, precisamente, que la exigencia de acreditar insuficiencia de recursos para litigar excluye, de facto, a las asociaciones de utilidad pública.

Por otro lado, en el caso de las organizaciones medioambientales más pequeñas o de ámbito local, aunque puedan acreditar que no tienen recursos suficientes para litigar normalmente, no están declaradas de utilidad pública, por lo que igualmente se ven excluidas del derecho a la asistencia jurídica gratuita. Si, según ustedes, ya está resuelto en la legislación, ¿por qué el Comité de cumplimiento del convenio de Aarhus de las Naciones Unidas ha declarado el incumplimiento de España? Crucemos los dedos para que los ciudadanos no nos tengamos que tragar una nueva sanción por su mal hacer. Esperemos que rectifiquen el desaguisado que están haciendo con esta modificación de la Ley de asistencia jurídica gratuita y acepten nuestras enmiendas, porque la urgencia no justifica que se introduzcan estas perniciosas modificaciones en el texto legal.

El turno de oficio tiene muchos problemas, como ya vienen alertando desde hace muchísimo tiempo las asociaciones de letrados y letradas del turno de oficio y los colegios profesionales, y entendemos que ello requeriría una lectura más sosegada de la situación de este servicio público, dando audiencia a las personas y entidades de la sociedad civil que conocen y padecen dichos problemas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Comorera.

Para el turno en contra, tiene la palabra el senador Rodríguez Comendador.

El señor RODRÍGUEZ COMENDADOR PÉREZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Traemos a este Pleno una proposición de ley de modificación de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita. Pero no vamos a modificar la ley entera, es una modificación puntual la que traemos. Una modificación puntual, además, señorías, que viene avalada por el Consejo General de la Abogacía y el Consejo General de Procuradores de España. Dice usted que el Consejo General de la Abogacía es la abogacía institucional; pero es que la conforman los decanos de los colegios de abogados, que son elegidos por los colegiados de cada uno de los colegios profesionales. ¿No tiene representatividad el Consejo General de la Abogacía? ¿No es representativos de lo que opinan los abogados, los 44 000 abogados que estamos colegiados en España? ¡Hombre, señoría, algo tendrá que ver, digo yo!

Entrando ya en lo concreto, que son las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos, en primer lugar hay que decir que esta modificación legal viene consensuada por tres grupos políticos: el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, la inmensa mayoría de la Cámara. Hemos intentado mejorar algo que había que mejorar y, por supuesto, buscamos que esa mejora se haga de forma rápida y urgente, por la situación que sus señorías conocen perfectamente.

Voy a intentar contestar a todas y cada una de las enmiendas presentadas.

La número 1, del Grupo Mixto, que es una mejora técnica, desde nuestro punto de vista no se considera necesaria. Respecto a la número 2, no es objeto de la presente proposición de ley determinar el criterio para la compensación del coste vía Presupuestos Generales del Estado. La número 3, también presentada por los senadores Mulet y Navarrete, del Grupo Parlamentario Mixto —por cierto el senador Navarrete parece que no está— no se considera necesaria. La número 4, del Grupo Mixto, que afecta a la competencia profesional sobre los abogados que prestan el servicio, no es necesaria y además no consideramos procedente que se elimine la mención a que dichos requisitos sean de obligado cumplimiento para todos los colegios profesionales. La número 5, también de los senadores Mulet y Navarrete, del Grupo Mixto, que afecta al artículo 37, no se considera necesaria. La número 6, de la senadora Abad y del senador Cleries, del Grupo Mixto, es redundante también, puesto que, en principio, entendemos que es necesario que la legislación reconozca el carácter gratuito y obligatorio, de acuerdo con lo previsto en la proposición de ley y la prestación del servicio, conforme al principio señalado, que deriva del propio ordenamiento constitucional sin que resulte preciso traerlo también a la ley.

En cuanto a la enmienda número 7, también del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el carácter social, entendemos que introducir elementos como la asistencia social realizada por entidades de derecho público, en relación con la asistencia jurídica gratuita prestada por colegiados, introduce un elemento de distorsión sobre los objetivos planteados por esta concreta proposición de ley.

En cuanto a la enmienda número 8, entendemos que es necesario que la legislación reconozca el carácter gratuito y obligatorio, de acuerdo con lo previsto en la proposición de ley.

No se considera necesaria la enmienda número 9.

Sobre la enmienda número 10, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, que afecta al artículo 36.1, consideramos que no es objeto de la presente proposición de ley regular el mandamiento de pago del órgano judicial correspondiente, señoría; además, los importes procedentes de la condena en costas deben tratarse, en caso de que así se considere oportuno, en el cuerpo legal correspondiente, y no en este concretamente.

La enmienda número 11, también del Grupo Parlamentario Mixto, afecta al artículo 38. Mi grupo parlamentario considera conveniente mantener la actual redacción, en el sentido de que reglamentariamente se va a establecer el sistema a través del cual se va a subvencionar con cargo a las dotaciones presupuestarias de las administraciones públicas competentes. Es que no solo se trata de los Presupuestos Generales del Estado, es que las administraciones autonómicas también aportan una cantidad importante al pago del turno de oficio.

La enmienda número 12, de Esquerra Republicana, es igual a la número 6, del Grupo Parlamentario Mixto; por tanto, doy la misma justificación para su rechazo.

Considero que ya he explicado nuestra postura en relación con la enmienda número 13, porque es igual a la enmienda número 7, del Grupo Parlamentario Mixto.

La enmienda número 14, de Esquerra Republicana, es igual a la enmienda número 8, del Grupo Parlamentario Mixto; por tanto, la considero también contestada.

La enmienda número 15, de Esquerra Republicana, que afecta a la modificación del artículo 25, no se considera necesaria.

Por lo que respecta a las enmiendas números 16 a 26, voy a dar la misma respuesta y es que no consideramos necesario ni oportuno introducir en esta proposición de ley reformas sobre la comisión de asistencia jurídica gratuita, que requieren además un análisis mucho más sosegado, mucho más asentado, mucho más racional, y en el marco de otro cuerpo normativo distinto al que estamos tratando esta tarde.

No se considera necesaria la enmienda número 27, presentada por el Grupo Vasco.

Tampoco consideramos necesaria la enmienda número 28, del Grupo Parlamentario Vasco, sobre los consejos autonómicos. Además, no vemos procedente que se elimine la mención a que dichos requisitos sean de obligatorio cumplimiento para todos los colegios profesionales.

La enmienda número 29, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que afecta al artículo único. Uno de la ley, como he comentado anteriormente, entiendo que introducir elementos como la asistencia social realizada por entidades de derecho público, referido a la asistencia jurídica gratuita por colegios, introduce un elemento de distorsión sobre los objetos planteados en esta proposición de ley.

En el caso de las enmiendas números 30, 31 y 32, es necesario que la legislación reconozca el carácter gratuito y obligatorio de acuerdo con lo previsto en la proposición de ley.

Por lo que se refiere a la enmienda número 33, consideramos que la intervención de profesionales designados de oficio para la asistencia, defensa y representación gratuita solo podrá ser indemnizada cuando exista reconocimiento expreso del derecho a la asistencia gratuita, efectuado en los términos que contempla la proposición de ley.

Respecto a la enmienda número 24, de Podemos, no es objeto de la presente proposición de ley regular el mandamiento de pago del órgano judicial correspondiente a los importes procedentes de la condena en costas, debiendo tratarse, en caso de que así se considere oportuno, en el cuerpo legal correspondiente.

No consideramos necesarias las enmiendas números 35 y 36.

En cuanto a la enmienda número 37, señoría, a la que usted ha vuelto a hacer mención, le doy la misma respuesta que le di en comisión y es que las asociaciones declaradas de utilidad pública ya gozan del derecho de asistencia jurídica gratuita, en los términos previstos en la legislación. Otra cosa será que abordemos de forma profunda una reforma de lo que significa la justicia gratuita, que no es objeto de esta proposición de ley y deberá ser objeto de consenso de todos los grupos, en una tramitación mucho más tranquila, sosegada y más amplia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, señoría.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto, ¿cuántos senadores van a intervenir? Disponen ustedes de seis minutos. (Pausa).

En primer lugar, tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente.

Dispongo de poco más de un minuto, así que seré breve. Mi grupo votará a favor de la proposición de ley de modificación de la Ley 1/1996, aunque no se hayan aceptado nuestras enmiendas. Desde nuestro punto de vista, es un error que no las acepten, pero votaremos a favor porque queremos creer en el compromiso futuro de tratar en profundidad esta ley, en la medida que ahora solo estamos tratando una propuesta de urgencia y la modificación de alguno de sus artículos.

Insisto, se debe tratar este asunto con mayor profundidad y no por urgencia, porque se está debatiendo en lectura única una iniciativa que pretende solucionar y superar las lagunas que han surgido desde la entrada en vigor de esta ley de 1996, y su actual redactado es confuso y se debe concretar más.

Dicho esto, y como he comentado en mi anterior intervención, el PDECAT ha presentado una batería de enmiendas con el objetivo de esclarecer y ayudar a la comprensión del redactado. No las han aceptado, pero tenemos la mano tendida para que, en un futuro, se legisle como se tiene que legislar una ley tan importante para nosotros como la de la asistencia jurídica, teniendo en cuenta nuestro compromiso con los colegiados de los colegios de abogados y procuradores de Cataluña de responder a todas sus peticiones.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso):



Gracias, señoría.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Un escritor nos regalaba esta reflexión: si la justicia existe, tiene que ser para todos. Nadie puede quedar excluido porque, de lo contrario, ya no sería justicia.

Espero que con la reforma de esta ley se logre el objetivo de permitir el acceso de todas las personas a la justicia, independientemente del lugar donde viven, de sus recursos económicos o de su situación personal. Igualmente, espero que venga a favorecer la situación y la labor que ejercen los letrados porque nos merecemos una justicia de calidad.

Como representante del pueblo herreño en esta Cámara, por la Agrupación Herreña Independiente y Coalición Canaria, no puedo dejar de reivindicar una asistencia jurídica especializada en las islas no capitalinas para asuntos relacionados con la violencia machista o las cláusulas suelo, por ejemplo. Si esta reforma del articulado de esta ley ayuda a todo ello, daremos nuestro apoyo, porque de lo contrario y haciendo alusión a la reflexión con la que iniciaba mi intervención, ya no sería justicia.

Buenas tardes y muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez Cejas.

Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

En nombre de Foro, reitero los argumentos que esgrimió en el Congreso mi compañero Isidro Martínez Oblanca, acusando recibo de la satisfacción que, entre los profesionales, han despertado los cambios legislativos que se promovieron con un fin concreto, y no con el de abrir en canal la ley para modificarla sustancialmente.

Esta proposición de ley, con nuevas medidas sobre el mandato y la garantía constitucional para la prestación de justicia y el derecho a la asistencia jurídica gratuita, consagrada en los artículos 24 y 119 de nuestra Constitución, avanza en la regulación del procedimiento para su mejor reconocimiento y mayor efectividad. Es algo muy importante, como tantas y tantas veces han advertido y reivindicado los abogados, procuradores, sus consejos generales y sus colegios oficiales, ya que estamos ante un elemento de cohesión social que es imprescindible para que las personas sin medios económicos puedan ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva y puedan acceder a ella quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Esta modificación legislativa, que Foro apoyará con su voto y el rechazo a todas las enmiendas presentadas, trata de atenuar las dificultades de los profesionales de la abogacía, casi 1000 en Asturias, que prestan asistencia jurídica gratuita y, asimismo, clarifica el concepto de subvención y precisa el de indemnización por baremo. Con ello se pone fin a la confusión generada tras considerar equívocamente como honorarios las percepciones derivadas de la asistencia jurídica y aplicarles el 21 % de IVA.

Esta modificación legislativa deberá ser parte relevante dentro de un imprescindible y urgente proceso de modificación de la justicia, que espero que se produzca con brevedad en nuestro país, por los tiempos que corren.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora.

Senadora Castilla, tiene la palabra.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

El artículo 24.1 de la Constitución española consagra el derecho a la tutela judicial efectiva y establece que todos los ciudadanos tienen derecho a obtenerla en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión. A este derecho a la tutela judicial efectiva tenemos que unir el derecho a la igualdad, que también reconoce la Constitución, lo que hace necesario la conformación de un sistema que permita garantizar estos derechos, aun en el caso de todas aquellas personas que carezcan de recursos para acceder a ellos.

En lógica coherencia con tales derechos constitucionales, en el artículo 119 de nuestra Carta Magna se dispone que la justicia será gratuita cuando así lo disponga una ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Es esencial que caminemos con el único fin de mejorar el sistema y garantizar la plena efectividad de este derecho, incrementando las garantías que nuestro ordenamiento jurídico ofrece. En materia de justicia gratuita entendemos que esta proposición de ley así lo hace, tanto para los beneficiarios como para los prestadores del servicio, esto es, para todos los letrados y letradas.

En la Agrupación Socialista Gomera estamos convencidos de que debe existir una justicia gratuita, de calidad y que permita a todos los ciudadanos el desarrollo pleno y efectivo de la tutela judicial efectiva. Todo ello pasa por dar la seguridad jurídica y la protección necesaria a todos los profesionales —los abogados y las abogadas—, que están pendientes de sus procedimientos y que directamente se ven beneficiados por esta modificación legislativa.

Por todo lo anterior, la Agrupación Socialista Gomera votará a favor de la presente proposición de ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Castilla.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, señorías.

Tal como les he avanzado en el turno de portavoces cuando he defendido las enmiendas, nos vamos a posicionar a favor de esta proposición de ley porque su objeto es muy limitado, pero sus consecuencias son muy importantes: por una parte, para las personas que necesitan utilizar este servicio; y, por otra, para aquellos profesionales que, si no ven solucionado su problema, van a ver reducidos sus ingresos un 21 %, con lo cual este es un tema muy focalizado pero a su vez muy importante y con unas consecuencias verdaderamente serias.

Nuestra base de trabajo a la hora de debatir y de reflexionar sobre esta proposición de ley ha sido, como les he dicho, focalizar el problema porque, tal como ha dicho el representante del Grupo Popular, la Ley de jurisdicción gratuita da para mucho debate y para mejorar la calidad de la justicia. Hay que abordar de una vez por todas la calidad de la justicia porque es algo muy importante y que, durante muchas legislaturas, ha quedado a la cola de las prioridades.

Un elemento imprescindible a la hora de enfocar la calidad de la justicia es su despolitización. No se puede pretender, por una parte, que la justicia sea de calidad; y, por otra, que la política y determinados grupos quieran intervenir en la justicia de una manera considerable. A modo de ejemplo citaré la sentencia que ayer conocimos del Tribunal de Derecho Humanos de Estrasburgo, que falló a favor del que fuera presidente del Parlamento vasco, Juan Mari Atutxa, y también de los miembros de la Mesa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao porque, tal como dice el Tribunal de Derechos Humanos, el Tribunal Supremo, y más tarde el Tribunal Constitucional, no dejó defenderse a las personas que antes he mencionado, provocándoles una clara indefensión. Es decir, que la Corte europea entiende que el Tribunal Supremo no fue justo al no permitirles defenderse. Ustedes sabrán que estamos hablando de la disolución del Grupo Parlamentario Sozialista Abertzaleak que, como estoy diciendo, era un grupo parlamentario dentro del Parlamento vasco, y la Mesa, su presidente y dos miembros de esta entendieron que el ámbito de la justicia no era el adecuado para resolver el conflicto que se había generado dentro del Parlamento Vasco. Así, después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco archivase hasta en dos ocasiones este conflicto, el impulso político que recibió el caso tuvo las consecuencias que ahora mismo les he comentado, y ayer el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiró de las orejas a la justicia española, evidentemente con las consecuencias que eso tiene de cara a la imagen y, sobre todo, a la credibilidad de tantos y tantos profesionales, de tantos y tantos operadores jurídicos que están trabajando con total lealtad a la justicia.

Fíjense lo que decía la sentencia del Tribunal Constitucional que, al hablar del Supremo afirmaba que ni era constitucionalmente exigible que los demandantes fueran oídos en la vista de casación ni tal omisión supuso una privación o una limitación del derecho de defensa, pues dicha audiencia ninguna incidencia podría tener en la decisión adoptada. ¿Saben ustedes quién era el ponente de esta sentencia emitida por el Tribunal Constitucional? El magistrado Enrique López. Y ¿saben ustedes quién propuso la designación de este magistrado como miembro del Tribunal Constitucional? El Partido Popular. Por tanto, si verdaderamente queremos que la justicia sea de calidad, tiene que haber una clara disociación de la justicia de la política.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor BILDARRATZ SORRON: Para eso, los grupos políticos, los grupos parlamentarios y los partidos políticos no es que seamos claves, es que somos los únicos que podemos hacer que la justicia verdaderamente sea de calidad, si es que creemos en ella.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Señor presidente, intervengo solamente para anunciar que votaremos a favor de la proposición de ley, a pesar de que no hayan aceptado ninguna de nuestras enmiendas.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Estradé.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Cánovas.

La señora CÁNOVAS ESSARD: Gracias, señor presidente.

Doy por reproducidos los argumentos que ya ha esgrimido mi compañero.

No obstante, me sorprenden algunas intervenciones, como por ejemplo la del compañero del Partido Nacionalista Vasco, que ha mencionado una serie de cuestiones absolutamente ajenas a lo que estamos debatiendo en estos momentos: la aprobación o no de una serie de artículos que modifican la Ley de asistencia jurídica gratuita.

Tampoco compartimos el argumento del Grupo Popular en el sentido de que esto no afecta a los colegiados, a los abogados —nos han recomendado que leamos la ley porque no lo hemos debido hacer bien—, sino solamente a los colegios profesionales. Sin embargo, desde mi punto de vista el que haya redactado esta modificación de la ley se ha equivocado al escribirla; o estamos ciegos o no saben escribir. Las cuestiones tienen que quedar claras, y esta ley no lo es. Hay que evitar posibles interpretaciones sobre todo aquello que pueda quedar meridianamente claro.

Para concluir, me sorprende que se hable de la justicia gratuita, de los derechos humanos y, sin embargo, se haya votado a favor de unos presupuestos que restringen la justicia y su independencia del Ejecutivo.

Por tanto, votaremos en contra de la proposición de ley por los motivos expuestos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Cánovas.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, tratamos hoy la modificación de una ley de 1996, que afecta a los artículos 24, 25 y 119 de nuestro máximo texto legal. No se trata de modificar o mejorar la Ley de justicia gratuita porque, en ese caso, los socialistas nos sumaríamos de inmediato para hacer una reforma en profundidad y, si no, miren el decreto que próximamente presentará la consejera socialista del Gobierno vasco.

Señorías, hoy tenemos que rectificar la torpeza de la Dirección General de Tributos que, sin encomendarse a nadie pero con una pérfida interpretación, entendió sobre dos sentencias, dos resoluciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Decía que la Dirección General de Tributos interpretó, pero no, lo que hizo fue malinterpretar. Así, de un plumazo, trasmutó y alteró la naturaleza jurídica de un servicio público que asegura que todas las personas tengan acceso a la tutela judicial efectiva.

En el ministerio de Hacienda se olvidaron de que la abogacía y los procuradores han de garantizar la prestación continuada de un servicio de asistencia jurídica gratuita; es decir, el derecho a la tutela judicial efectiva de quienes menos recursos tienen para litigar. Se trata de un ejercicio público, regulado por normas administrativas, y sometido a distintas disciplinas públicas. Señor Montoro, ante estas condiciones, el turno de oficio nunca puede estar sujeto a IVA porque la compensación que se satisface por la asistencia jurídica tiene una naturaleza análoga a una indemnización o subvención, pero no es una retribución. ¿O no se han dado cuenta de que el baremo que se establece para un profesional no depende y no se puede modificar por él mismo? ¿O no se dan cuenta de que los precios del mercado son diferentes a los que cobran los abogados de oficio? ¿Por qué antes de aplicar el tipo impositivo del 21 % los ministerios competentes no han estudiado las sentencias en profundidad? ¿Por qué de un plumazo el ministerio de Hacienda se cargó, si me permiten la expresión, una resolución de 1986? Seguramente estas preguntas quedarán en el olvido. Pero por eso estamos aquí, para rectificar la decisión del Gobierno de aplicar el IVA al turno de oficio, ya que afecta a los abogados y a los ciudadanos.

Si el IVA se cargara al sistema público vigente, este sistema se pondría en riesgo, se burocratizaría de manera importante la prestación del servicio y se haría peligrar una estructura que está organizada de esta manera únicamente en Europa, por lo que, a nuestro entender, todavía podría ser peor. Si se aplicara el IVA, se podría entender como un trato vejatorio para los ciudadanos que carecen de recursos para litigar porque se les incrementaría un gasto que no es necesario ni obligatorio y muchas veces inasumible.

Señorías, consideramos que, por la torpeza —vamos a dejarlo ahí— de la Dirección General de Tributos no deben pagar justos por pecadores. Los más de 40 000 abogados, los más de 10 000 procuradores y los miles y miles de ciudadanos que carecen de recursos para litigar no van a ser los perdedores, nunca mejor dicho, de este desconcierto del ministerio de Montoro.

Los datos de 2015, que son los únicos que se conocen, se expresan por sí solos. En nuestro país se han atendido 1 745 000 asuntos de asistencia jurídica gratuita. De ellos, 1 000 000 son asuntos que pertenecen al turno de oficio; 600 000 pertenecen a la asistencia letrada al detenido; y más de 64 000 al servicio de violencia de género. Señorías, esto viene a demostrar que a los miles de abogados y procuradores que trabajan los 365 días del año para atender a los ciudadanos no se les puede aplicar este desaguisado ni acabar con la calidad que pueda tener la justicia gratuita, los abogados y procuradores. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Cuando la Dirección General de Tributos se enredó y provocó este desbarajuste, el Consejo General de la Abogacía, las asociaciones de consumidores y los colegios de abogados protestaron. Hubo reacción y hoy, por fin, vamos a modificar 8 artículos y 1 disposición final.

Como decía, el sistema de asistencia jurídica gratuita no está sometido al impuesto. Señorías, al igual que muchos senadores de esta Cámara, he ejercido el turno de oficio y me van a permitir que les diga que era un honor hacer ese trabajo, ayudar a muchos ciudadanos asistiéndoles jurídicamente, haciendo, en muchos casos, más que de abogado. Por cierto, hablando de las satisfacciones que da el turno de oficio, aprovecho para solicitar que se tengan también en cuenta las satisfacciones a las que tienen derecho los abogados de oficio, y que se asuma con rigor la obligación de las administraciones públicas de abonar las indemnizaciones fijadas, sin demoras, sin morosidad y que se actualicen los baremos para todos los letrados.

Señorías, los socialistas creemos en la justicia gratuita. Es un elemento esencial para nuestro Estado de derecho y consideramos que debe estar protegida como un servicio público. Por ello, espero que el Senado devuelva hoy la cordura y el orden al turno de oficio y a la asistencia jurídica gratuita, para que ningún ciudadano deje de tener acceso a la justicia.

Por último, señor presidente, quisiera hacer dos últimas reflexiones. La primera, que exigimos más rigor en la interpretación de las resoluciones que nos vienen de Europa, sobre todo, señorías, cuando afectan a los derechos fundamentales de los españoles.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Y la segunda, que la asistencia jurídica gratuita precisa de una reforma urgente e importante para los abogados y también para los ciudadanos que la necesitan.

Querida senadora de Podemos, aquí todo el mundo viene a vender su libro, unos el caso Atutxa y otros lo que haga falta.

En cualquier caso, para solucionar el conflicto que provocó la Dirección General de Tributos, para corregir y rectificar su error, lamentablemente no apoyaremos las enmiendas presentadas y votaremos a favor de la proposición presentada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Represa.

El señor REPRESA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidente.

Quiero comenzar mi intervención haciendo un reconocimiento expreso a todos los abogados y procuradores de España que prestan el servicio público de asistencia jurídica gratuita.

Como ha dicho el señor Rodríguez Esquerdo, también he estado en el turno de asistencia durante treinta años y puedo asegurar que siempre, todos los compañeros, hemos cumplido con profesionalidad y rigor, sintiéndonos orgullosos de hacerlo sin mirar ni días ni noches ni horas ni tiempo de dedicación, al lado siempre de los más vulnerables y de las personas con menos recursos que necesitan acceder a una justicia, a una tutela judicial, para asistirles y defender sus legítimas demandas.

Actualmente, como ya se ha dicho, son casi 44 000 letrados los que se encuentran adscritos en toda España al servicio del turno de oficio, demostrando siempre su firme compromiso con ese servicio público. Sin duda, esa faceta engrandece la profesión de abogado porque ninguno de ellos vive de este servicio y lo prestan ejemplarmente los 365 días al año y las 24 horas al día.

Entrando ya en el debate de la proposición de ley, y por la importancia que creo que tiene, quiero significar el hecho de que nos hayamos puesto de acuerdo 3 de los 4 grupos mayoritarios de las Cortes Generales sobre esta proposición de ley, para modificar la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Y digo que hay que destacarlo para que los ciudadanos vean que somos capaces de ponernos de acuerdo y no oponernos por oponernos, simplemente, porque lo dice el adversario político, como en esta ocasión está haciendo el Grupo Parlamentario de Podemos.

La única argumentación que tienen —y lo dijeron el otro día en comisión— es que si no se aceptan sus enmiendas, se añade caos. O sea, o Podemos o el caos. Y yo creo que Podemos y el caos son lo mismo. (Aplausos).

No vamos, de ninguna manera, a aceptar sus infundadas exigencias, pero les pediría un poco de reflexión y que cambien el sentido del voto, porque van a ser los únicos que no van a apoyar esta proposición de ley. Yo creo que no quieren enterarse —y permítame que utilice esa palabra, yo creo que a ustedes les molesta, pero permítanmelo— del alcance de esta reforma que trata exclusivamente de afianzar el carácter de servicio público de la actividad prestacional de asistencia jurídica gratuita, de establecer la responsabilidad de los colegios profesionales de abogados y procuradores, de la obligatoriedad de prestar el servicio y la organización del mismo, de establecer el carácter indemnizatorio de las actividades del baremo para los profesionales que prestan el servicio, con las consecuencias que ello tiene desde un punto de vista tributario y la entrada en vigor, que, como conocen sus señorías, es con efectos del día 1 de enero del presente año.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el sistema fiscal belga, que nada tiene que ver con el sistema español, sembró dudas sobre la posible aplicación del IVA a nuestro sistema de asistencia jurídica gratuita. Por eso, hubo un firme compromiso del Ministerio de Justicia, del Ministerio de Hacienda, de los colegios profesionales y consejos generales, junto con el Partido Socialista y con Ciudadanos, para llevar a cabo una modificación legislativa urgente en el sentido de que las cantidades percibidas por abogados y procuradores por esos conceptos no estén sujetas al impuesto sobre el valor añadido. Esa, señorías, es la esencia de la modificación de esta proposición de ley.

Ya dije en comisión que nadie discute que existen otras cuestiones, muchas, que hay que abordar y que hay que modificar en el ámbito de la justicia. Nosotros hemos propuesto —y se ha creado— una subcomisión en el Congreso de los Diputados para ello, para hacer la gran reforma de la justicia, que el ministro Catalá ya anunció en esta Cámara anteriormente. Pero yo les digo, señorías, que cada cosa a su tiempo y cada cosa en su sitio. El próximo objetivo en esta materia va a ser mejorar y consolidar nuestro modelo de justicia gratuita, porque queremos seguir sintiéndonos orgullosos de este modelo que tenemos de asistencia jurídica gratuita y turno de oficio en España.

Agradezco —y ya concluyo, señor presidente— al Partido Socialista y a Ciudadanos que hayamos ido juntos en esta proposición de ley. También al resto de partidos que ya anunciaron en comisión su apoyo, como son el PDECAT, el PNV y Esquerra. Asimismo a Foro, que lo ha manifestado en esta tribuna y a los compañeros de las islas de El Hierro y La Gomera.

Termino, diciéndoles que votar en contra de esta proposición de ley es dar la espalda a los abogados, a los procuradores y también a los ciudadanos. Por eso, reitero la petición de reflexión y sensatez y pido que apoyemos unánimemente esta proposición de ley.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Represa.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las enmiendas. Comenzamos votando las enmiendas de los senadores Cleries y Abad.

En primer lugar, votamos la 6 y la 8.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 36; en contra, 202; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la 7 y la 9.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 243; votos emitidos, 243; a favor, 30; en contra, 201; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Finalmente, votamos la 10 y la 11.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 15; en contra, 221; abstenciones, 9.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Mixto, votamos las enmiendas número 1 y número 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 244; en contra, 202; abstenciones, 42.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la número 2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 241; votos emitidos, 241; a favor, 19; en contra, 207; abstenciones, 15.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 244; a favor, 1; en contra, 208; abstenciones, 35.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la número 5.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 245; en contra, 221; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, votamos las enmiendas números 27 y 28 del Grupo Parlamentario Vasco.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 24; en contra, 220; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Cataluña, votamos las enmiendas números 12, 14, 16 y 26.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 34; en contra, 205; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 243; a favor, 40; en contra, 201; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos las enmiendas números 17 a 25.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 244; a favor, 16; en contra, 222; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos la enmienda número 15.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 244; a favor, 16; en contra, 204; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, votamos las enmiendas números 29 y 30.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 29; en contra, 204; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Finalmente, votamos las enmiendas números 31 a 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 245; votos emitidos, 245; a favor, 21; en contra, 203; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Señorías, votamos a continuación en un solo acto el resto de la proposición de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244; votos emitidos, 244; a favor, 225; en contra, 18; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda definitivamente aprobada por las Cortes Generales la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. (Aplausos).



PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 15/2015, DE 2 DE JULIO, DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA. 624/000003 para las Políticas Integrales de la Discapacidad

El señor presidente da lectura al punto 4.1.2. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el presidente de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, el senador Goñi Merino.

El señor GOÑI MERINO: Muchas gracias, señor presidente.

La proposición de ley que se somete en este acto a la consideración del Pleno del Senado, que se tramita por el procedimiento ordinario, tuvo entrada en esta Cámara el día 3 de mayo de 2017, fecha, asimismo, de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. El plazo de presentación de enmiendas, que finalizaba inicialmente el día 16 de mayo, fue ampliado hasta el día 22 mayo de 2017.

A esta proposición de ley se presentaron 20 enmiendas, de las cuales, las números 5 y 6, del Grupo Parlamentario Vasco, fueron, posteriormente, retiradas. La enmienda número 8, del mismo grupo, no ha sido admitida por la Mesa del Senado por no resultar congruente con el contenido de la proposición de ley. La comisión se reunió el día 24 de mayo para designar una ponencia, que quedo de la siguiente manera. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor GOÑI MERINO: Doña Sofía Acedo Reyes, del Grupo Parlamentario Popular; doña Nerea Ahedo Ceza, del Grupo Parlamentario Vasco; doña Laura Berja Vega, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Severa González López, del Grupo Parlamentario Popular; doña Miren Edurne Gorrochategui Azurmendi, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; don Nemesio de Lara Guerrero, del Grupo Parlamentario Socialista; don Tomás Marcos Arias, del Grupo Parlamentario Mixto; y don Jordi Martí Deulofeu, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

La ponencia se reunió el día 30 de mayo para emitir su informe, en el que introdujo modificaciones en el texto remitido por el Congreso de los Diputados. La comisión se reunió para dictaminar el mismo día 30 de mayo, y emitió dictamen de conformidad con el informe de la ponencia.

Han presentado votos particulares a este dictamen los señores Martí Deulofeu y Estradé Palau, ambos del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y los grupos parlamentarios Mixto y Vasco.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Goñi. (Aplausos).

Pasamos al debate de totalidad.

¿Turno a favor? (Denegaciones).

¿Turno en contra? (Denegaciones).

Como no hay turno a favor ni en contra, no hay turno de portavoces. Por tanto, vamos a entrar en el debate del articulado.

En primer lugar, para la defensa de las enmiendas números 13 a 17, de los senadores Estradé y Martí, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana ha presentado 5 enmiendas, de la 13 a la 17. La primera enmienda es de modificación, y hace referencia al artículo 56, del Código Civil, en el sentido de que el lenguaje nunca es inocente. La utilización de expresiones que vinculan o asimilan deficiencia o discapacidad —términos que usa la Convención Internacional sobre derechos de las personas con discapacidad, ratificada por el Estado español— con la posibilidad de limitar la capacidad jurídica resulta discriminatoria. El artículo 12 de la Convención es claro y preciso, y la interpretación que hace Naciones Unidas ratifica lo que se argumenta. El hecho de que una persona tenga una discapacidad o una deficiencia no debe ser nunca motivo para negarle la capacidad jurídica y las normas que lo establezcan deben ser derogadas.

La enmienda número 17, de adición, hace referencia a la modificación del artículo 697, del Código Civil, y resulta precisa para eliminar restricciones y evitar cargas añadidas a determinas personas con discapacidad cuando otorgan testamento. Desde hace años, vienen produciéndose diversas denuncias y protestas de personas con discapacidad que consideran inapropiada la regulación vigente en materia testamentaria en el caso de testadores con determinadas discapacidades, visual y auditiva, a los que se obliga por la legislación civil a ser asistidos por dos testigos idóneos cuando desean otorgar testamento abierto.

La enmienda número 14, es de adición y se refiere a la modificación del artículo 708 del Código Civil. Resulta precisa para eliminar una prohibición absolutamente injustificada y discriminatoria para las personas con discapacidad visual, que hasta ahora no podían otorgar testamento cerrado, pues pueden valerse de medios mecánicos o tecnológicos para su redacción, que no tiene por qué ser manuscrita, y cumplir el resto de requisitos legalmente establecidos para la validez del testamento cerrado, tales como la firma en todas sus hojas y al final del documento.

La enmienda número 15, también es de adición y hace referencia a la modificación del artículo 709 del Código civil. Incorpora la mención expresa a las personas ciegas, algo que resulta preciso para permitir su protocolización válida.

La enmienda número 16, también es de adición y hace referencia a una propuesta de modificación de la Ley del notariado. La exigencia de dos testigos idóneos a los otorgantes con discapacidad visual para el otorgamiento de escrituras y documentos notariales, recogida en el artículo 180 del Reglamento del Notariado, de 1944, por tanto, estamos hablando de una normativa predemocrática, supone una discriminación anacrónica, que vulnera los derechos de las personas con discapacidad reconocidos en la Convención de las Naciones Unidas de derechos de las personas con discapacidad de 2006, ratificada por el Estado español en 2008.

Si se aprovecha la reforma del Código Civil en materia matrimonial para incorporar la eliminación de la obligatoriedad de testigos idóneos en el otorgamiento de testamento abierto —ante notario— por parte de las personas con discapacidad, resulta coherente hacer desaparecer esta misma condición del otorgamiento de cualquier otro documento notarial.

Dado que la reforma de este precepto corresponde al Gobierno del Estado, creemos conveniente y coherente introducir una modificación legislativa en la Ley del notariado que elimine ya estas restricciones discriminatorias y adapte nuestro derecho a la convención, habilitando al Gobierno para introducir la correspondiente reforma reglamentaria.

Muchas gracias, señorías, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Para la defensa de las enmiendas 1 a 4, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

El Partit Demòcrata ha presentado 4 enmiendas a esta proposición de ley de modificación de la Ley 15/2015, de jurisdicción voluntaria, que pretenden modificar el artículo 56 del Código civil. Hablamos de subsanar derechos recogidos en la Convención de Naciones Unidas, ratificada por el Estado español en 2008, que ya deberían haber sido recogidos en el momento de legislar en la X legislatura. Hablamos de la igualdad de oportunidades y el pleno ejercicio de los derechos civiles de las personas con discapacidad en lo relativo al matrimonio.

Pues bien, nuestras enmiendas pretenden lo mismo en aquello relativo al testamento, a la hora de disponer las últimas voluntades. Creemos que hay que reconocer esta igualdad y el derecho a la intimidad de las personas con discapacidad a la hora de disponer sus últimas voluntades. Esto se recoge en los artículos 697, 708 y 709, del Código Civil que proponemos modificar. También pretendemos modificar la Ley del notariado, justamente, para otorgar a los notarios la capacidad de garantizar el ejercicio de los derechos con igualdad de oportunidades a la hora de hacer el testamento.

En la comisión no nos fueron aceptadas porque apelaron a un debate más sereno. En la X Legislatura tuvimos pocos debates serenos y aprobamos muchas cosas, algunas, como es el caso, con algunos errores y estamos contentos de que hoy podamos subsanarlos. Nosotros creemos —las enmiendas de Esquerra Republicana y del Grupo Parlamentario Vasco también van en el mismo sentido—, que aprovechar esta ocasión para poner en concordancia con esta Convención de Naciones Unidas los derechos de las personas no está nunca de más.

Además, estos errores pesan mucho en aquellos que cada día ven cómo sus derechos quedan menguados. Nosotros continuamos apelando a que acepten estas enmiendas para que se puedan aprobar. En cualquier caso nos emplazamos para poder volver a traer al debate este tema y poder darle solución, al igual que lo vamos a hacer hoy con el tema del matrimonio. Ya saben ustedes que si no hubiéramos reaccionado este mes habría entrado en vigor la solicitud de un certificado médico de idoneidad a las personas con discapacidad visual o sensorial en general para poder casarse, y en este sentido yo agradezco las aportaciones de todos los grupos. Nos debemos felicitar por subsanar errores que vulneran derechos y les emplazo a que aprueben nuestras enmiendas para que podamos subsanar, no solo aquello que se refiere al matrimonio, sino también al testamento.

Les adelanto que vamos a votar a favor de la proposición de ley.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Para la defensa de las enmiendas números 7 y de 18 a 20, del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente.

Muy buenas tardes a todos y a todas. Debatimos la modificación de la Ley 15/2015, a la que mi grupo ha presentado 5 enmiendas; la quinta no fue admitida a trámite por considerar que carece, de manera evidente y manifiesta, de conexión con el objeto de la proposición de ley que se tramita. Un argumento curioso cuando en el Congreso sí se admitió y curioso también cuando ha sido costumbre en esta Cámara aprovechar una ley para que en sus disposiciones finales podamos cambiar otras 17 o 20 que no tienen absolutamente nada que ver. Y les podría poner como ejemplo la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que acabó modificando la del mercado de tabacos, la de sociedades de capital, etcétera. Creo que quienes son más veteranos que yo en esta Cámara saben de lo que hablo. Así pues, este procedimiento se ha utilizado de forma yo creo que abusiva por parte del Gobierno, pero resulta que no vale para cuando la oposición quiere presentar enmiendas. No entendemos este doble rasero, pero voy a ir al grano, que es a las enmiendas que sí siguen vivas.

Hemos presentado la enmienda número 7 porque entendemos que debe existir pleno ejercicio de derechos también en el ámbito testamentario, y no me voy a extender más aquí porque hago mías las intervenciones anteriores a este respecto, tanto en lo que supone que esto se reconozca, como que sea en este momento y no, como plantea el Grupo Popular, para que lo abordemos en otro momento, lo que habitualmente quiere decir que no lo abordaremos nunca o que yo no lo veré aquí.

Luego tenemos tres enmiendas iguales, las números 18, 19 y 20, en coherencia unas con otras, ya que el mismo párrafo aparece en diferentes partes de la propuesta de modificación. Aquí lo que planteamos es que, cuando se dice que el letrado, notario, encargado del registro o funcionario tramite el acta o expediente cuando sea necesario, podrá recabar de las administraciones públicas o entidades de iniciativa social, de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad, la provisión de apoyos etcétera, nosotros planteamos que el letrado, el funcionario o quien tramite el acta o expediente, podrá recabar la provisión de apoyos que la Administración tendrá habilitados. Y voy a intentar explicarlo para que puedan entender cuál es la intencionalidad de esta enmienda, que no es otra que la de que no se produzcan equívocos.

Para nosotros la inclusión de la discapacidad es un derecho universal que debe ser transversal y que es responsabilidad de todos, pero también de todo el sistema. Con la actual redacción se podría interpretar que una parte de la Administración recaba apoyos, es decir, deriva directamente al sistema de protección, cuando la provisión de los apoyos necesarios debe recaer, no exclusivamente en el sistema de protección, sino en toda la Administración. Si lo hiciésemos de esa manera o si alguien interpretase ese párrafo de esa manera no haríamos más que crear una nueva discriminación.

En segundo lugar, cuando en la enmienda proponemos que no aparezcan las entidades de discriminación social quiero dejar muy claro que no se trata en absoluto de excluirlas, pensamos que es fundamental contar con su colaboración y con su asesoría. Pero, fíjense, en la propuesta dice: «podrá recabar apoyos de la Administración o de las entidades.» Y con esa letra «o» no queda claro, en absoluto, que la responsabilidad de la promoción de apoyo corresponda en exclusiva a la Administración y, además, con esa «o», el funcionario podría recabar los apoyos directamente de una entidad, entidad que, teóricamente, estaría obligada a prestarlos por ley, sin saber en qué condiciones. Es decir, recabaría los apoyos de una entidad y no de la Administración, que es la real y única responsable,...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora AHEDO CEZA: Termino en un minuto.

... lo cual no quita para que, en esa habilitación de toda la Administración, esta convenie, colabore y asesore de las entidades de iniciativa social que están suficientemente preparadas y son suficientemente solventes.

Solo espero haber sido capaz de haber transmitido el sentido de nuestras enmiendas y poder recabar el apoyo del resto de los grupos.

Muchas gracias.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.

Para el turno en contra, tiene la palabra la senadora González López.

La señora GONZÁLEZ LÓPEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, voy a referirme en primer lugar en esta intervención a la propuesta de modificación que ha presentado mi grupo parlamentario, apoyada —y tengo que decirlo bien alto y bien claro— por todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara, una propuesta de modificación que modifica a su vez el dictamen aprobado el pasado 30 de mayo en la recién creada Comisión para las políticas integrales de discapacidad. Repito, grupos parlamentarios a quienes agradezco expresamente la voluntad de acuerdo y consenso que han demostrado en este tema.

Señorías, esta propuesta de modificación de la que les hablo recoge incluir una excepción muy concreta a la prórroga de un año, que ya acordamos en esa comisión, para la completa entrada en vigor de la Ley del Registro Civil del año 2011.

Los miembros de la comisión recordarán que en la ponencia acordamos que fuera el 30 de junio del año 2018 la fecha prevista para la completa entrada en vigor de la Ley del Registro Civil, y es precisamente a ese acuerdo al que mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, con la firma de todos los grupos parlamentarios, presenta una modificación, atendiendo sobre todo a una clara demanda social, en el sentido de hacer una excepción a 2 artículos muy concretos de la Ley del Registro Civil. Me refiero al artículo 49.2, que es el que hace referencia a la posibilidad de que los padres puedan alterar el orden de los apellidos de su recién nacido, y también a otro artículo, el artículo 53 de la Ley del Registro Civil, que es el que regula el cambio de apellidos por declaración de voluntad.

Señorías, esta propuesta de modificación que incorporamos al acuerdo de la ponencia va a hacer que estos 2 artículos entren en vigor el próximo 30 de junio del año 2017, es decir, dentro de unos días, y no tengan que esperar —como viene recogido en el mandato de la comisión— al año 2018.

Señorías, esta es la primera legislatura en la que en el Senado se constituye una comisión específica para tratar temas de discapacidad. Me consta que sus señorías han solicitado —porque así he podido comprobarlo en el registro— las comparecencias de entidades de todo orden que trabajan día a día por la promoción y la defensa y la protección de los derechos de las personas con discapacidad —me estoy refiriendo al Cermi, a la ONCE, a Feaps, etcétera—.

¿Pero saben ustedes, señorías, qué va a ser lo primero que nos van a demandar en esa comisión? Pues lo primero que nos van a demandar es lo siguiente: nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Es decir, que cualquier modificación, cualquier decisión —en este caso legislativa, como la que estamos adoptando aquí esta tarde— que les afecte directamente debe contar con su participación y, sobre todo, con su consenso.

He creído oportuno hablar de este lema —que para las personas con discapacidad es un lema— para referirme concretamente a las enmiendas que han defendido tanto el Grupo Parlamentario Mixto como el Grupo Parlamentario Vasco y de Esquerra Republicana.

Con respecto al conjunto de enmiendas que hacen referencia al otorgamiento del testamento, señorías, y que proponen modificar concretamente el Código Civil y la Ley del notariado, mi grupo mantiene la misma postura que defendimos en comisión, la postura en contra lógicamente, pero no porque no estemos de acuerdo en el fondo, que lo estamos, sino por la forma. Estamos de acuerdo en avanzar conjuntamente en la modificación de los artículos del Código Civil y de la Ley del notariado que sean necesarios para adaptar nuestra legislación —no solo en el caso concreto, como ustedes proponen, de testamentos, sino en otros muchos— a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Y también el Cermi, señorías, comparte gran parte de sus propuestas, pero, como dijimos entonces y repetimos ahora, no son objeto de este debate, que no es otro que evitar que entre en vigor una legislación injusta con las personas con discapacidad a la hora de contraer matrimonio.

Y, señorías, tal y como les avanzamos en comisión, se lo repetimos ahora aquí. Senadoras Rivero y Ahedo, les tomamos la palabra. Lo dijimos en comisión y lo decimos aquí: desde nuestro punto de vista, este debate merece ser más amplio, ya no sereno —no sé si la expresión es la acertada— porque realmente lo ha sido el que hemos llevado en la tramitación de esta modificación de ley —ha sido un debate muy sereno y muy cordial—, mucho más amplio del que se nos ofrecía y en el que también intervenga, como no puede ser de otra forma, el Cermi dando su opinión, porque —recuerden— nada para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad.

Señorías, en cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco —que acaba de defender la senadora Ahedo—, que propone concretamente la modificación del preámbulo de la ley en un apartado muy concreto, en este caso tenemos un desacuerdo en la interpretación. Yo la he entendido perfectamente, pero también quiero que usted entienda a esta senadora. Según ustedes, tal y como está redactada la parte del preámbulo que ustedes pretenden eliminar, todos los apoyos recaen según ustedes en el sistema de protección, es decir, en las entidades que trabajan día a día con las personas con discapacidad, mientras que nosotros entendemos lo mismo que dijimos en comisión: ponemos en primera línea de fuego a todas las administraciones en su conjunto y no a las entidades sociales como ustedes interpretan; interpretación la nuestra, por otra parte, senadora Ahedo, que también comparte el Cermi estatal, todo ello después —no sé si a usted le consta pero a mí sí— de numerosas reuniones mantenidas con el sector para acordar tanto el texto del preámbulo como la modificación de la Ley 15/2015, que es la que hoy estamos debatiendo.

Termino, señor presidente, sin agotar mi tiempo, como empecé, agradeciendo el consenso alcanzado por todos los grupos parlamentarios en la tramitación de esta proposición de ley; un texto normativo, señorías, que va dirigido a un colectivo prioritario para la acción del Gobierno —y no solo para la acción del Gobierno, porque he visto cómo se ha tramitado también para toda la Cámara— que no es otro que el de las personas con discapacidad o con capacidades diferentes, que también lo son, y tendiendo la mano al resto de grupos parlamentarios para continuar el camino de este acuerdo y del consenso que hoy hemos emprendido en esta Cámara.

Muchísimas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora González López.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente para manifestar de nuevo el sentido positivo del voto del Partit Demòcrata.

Agradezco al Cermi y a la Asociación catalana de personas ciegas las aportaciones para preparar nuestras enmiendas.

Lamento que no hayan aceptado estas enmiendas, y como pensamos que no solo se trata de adaptar y no contravenir la convención sino de mejorar el ejercicio de los derechos reconocidos, consideramos que hemos perdido una oportunidad no solo de arreglar una cosa que no estaba bien, sino de arreglar dos en una misma pasada.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA HUERTAS: Gracias, presidente.

Estamos ante la reforma imprescindible, urgente y necesaria de una ley para actualizar y simplificar trámites y procedimientos en aquellos asuntos para los que sí se necesita la intervención de un órgano judicial que tutele determinados derechos e intereses relativos al derecho civil y mercantil. Atañe a los derechos de las personas con determinadas discapacidades. Con esta iniciativa, se impulsa la modificación de la Ley de jurisdicción voluntaria para acomodarla a las exigencias en relación con los derechos de las personas con discapacidad y singularmente dar cabida a la convención internacional de la que España es firmante.

Esta propuesta permite que las Cortes Generales atendamos las numerosas quejas y llamadas de atención de diferentes organizaciones cívicas relacionadas con la discapacidad, que, tras analizar la reforma del Código Civil y los artículos que deberían entrar en vigor este mes de junio, detectaron que ni el Congreso ni el Senado habían caído en la cuenta de la palmaria discriminación que supone hacia personas discapacitadas la exigencia de dictamen médico para tramitar el consentimiento matrimonial en juzgados, registros civiles y notarías. Esta reforma evitará los equívocos y las interpretaciones ante la polémica suscitada. Incluso el Ministerio de Justicia hace algunas semanas trató de explicar la ley mediante una circular en la que se señalaba que la exigencia de dictamen médico solo se refería a supuestos absolutamente excepcionales de discapacidad.

Por tanto, Foro va a apoyar esta iniciativa parlamentaria porque propicia un cambio necesario en el ordenamiento jurídico español, adapta la Ley de jurisdicción voluntaria a las exigencias de la convención internacional y aplica los más elementales principios democráticos, evitando la desigualdad entre españoles y eliminando las trabas y los muros legales que impedirían a las personas con discapacidad que pudieran representarse a sí mismas y tuvieran plenitud de derechos ante determinados actos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente.

Empiezo diciendo que creo que todos compartimos que es totalmente necesario y urgente desfacer el entuerto antes de la entrada en vigor de la Ley 15/2015. Aunque lo que se pretendió —supongo o quiero suponer— era eliminar la discriminación en aplicación de la Convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad, seguramente alguien andaría con prisas —las prisas son malas— y quedó lo que quedó. Con la redacción actual del apartado nuevo de la disposición final primera de la ley se exige —por mucho que haya una circular— dictamen médico sobre la actitud para prestar consentimiento para contraer matrimonio a quien esté afectado de deficiencia mental, intelectual o sensorial, cuando nosotros entendemos que lo lógico sería partir de una visión totalmente diferente, de una visión que entendiese que a priori cualquier persona con discapacidad está en condiciones de prestar dicho consentimiento libre y pleno y que el dictamen médico de ser una exigencia debe pasar a ser una excepción en casos puntuales y concretos. Y en este sentido, y por lo que acabo de decir, la modificación que se propone nos parece adecuada, aunque —ya lo hemos manifestado en la defensa de nuestras enmiendas— pensamos que la redacción puede llevar a equívocos.

Nuestras enmiendas no han sido aceptadas, aunque parece que sí estamos de acuerdo en lo fundamental, que los mecanismos para ejercer los derechos en igualdad deben ser intrínsecos a toda la Administración y que es la Administración la que debe estar habilitada pues es la responsable de la provisión de los apoyos necesarios para esta inclusión.

Intentamos —todos lo saben— llegar a un acuerdo, no ha sido posible. Pensamos que habría sido bueno porque, repito, seguimos considerando que la actual redacción puede llevar a interpretaciones no deseadas. Sí voy a poner en valor el acuerdo que sí hemos conseguido entre todos los grupos, por ejemplo el del adelanto en la fecha de entrada en vigor.

El Grupo Vasco en comisión se abstuvo respecto al informe de esta proposición, pero consideramos que es totalmente necesario y urgente arreglar la situación que se generaría en el caso de que la ley entrase en vigor sin esta modificación. Y, como dijo Voltaire, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y en este momento preferimos algo bueno ahora y no lo óptimo —no sabemos cuándo—, por lo que, teniendo en cuenta esa inquietud manifestada, el Grupo Vasco va a votar afirmativamente a esta proposición de ley.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gracias, presidente.

Lo primero que me gustaría aclarar, en nombre del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, va en el mismo sentido que una carta que nos dirigió a los miembros de la Comisión de políticas integrales de la discapacidad el Consejo General de la Abogacía Española, que ponía de manifiesto una técnica parlamentaria: modificar 2 leyes —que en este caso serían el Código Civil y la Ley del Registro Civil— no mediante la propia modificación directa de las leyes sino a través de una modificación indirecta, con los problemas que esto puede traer de interpretación. En este sentido vale la pena hacer un poco de memoria. La ley se aprobó en la X Legislatura por el procedimiento de urgencia, sin dobles lecturas, sin pasar por el Senado. Parecía que había una cierta prisa en todo lo relacionado con la reforma de los registros civiles, con esa cierta privatización de los registros civiles. Luego creo que el propio Gobierno se dio cuenta de que necesitaba hacer una prórroga para conseguir un mayor consenso. Ese fue el motivo por el cual la entrada en vigor de la mayoría del articulado, que tenía que ser en 2017, mediante una autoenmienda del Grupo Parlamentario Popular en el dictamen de la ponencia de la comisión, se prorrogó hasta el 2019, y parece ser que un acuerdo verbal entre el Grupo Parlamentario Socialista y el ministro del Partido Popular hizo que finalmente esa prórroga fuera hasta 2018. Sea como sea, aunque no estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión —porque pensamos que la reforma de los registros civiles debería tratarse de forma más profunda en otra comisión, por ejemplo, en la Comisión de Justicia—, sí estamos de acuerdo con estos 2 artículos que van a entrar en vigor el 30 de junio de 2017 y que hacen referencia a la posibilidad de alterar el orden de los apellidos y al método que se debe usar, que es una declaración de voluntad, para que esto sea posible. De hecho, si en Cataluña esto lo pudiéramos hacer a través de nuestro Código Civil, es decir, si Cataluña ya fuera una república independiente y un Estado propio, esto nosotros ya lo habríamos hecho.

Esquerra Republicana defiende y reivindica la importancia que para todas las personas —también para las personas con discapacidad— tiene la autonomía. La independencia individual, incluida la libertad y la capacidad para poder tomar sus propias decisiones está muy en la línea de la ley de autonomía personal que se está trabajando en la Generalitat de Cataluña. El marco jurídico aún vigente establece limitaciones a esta capacidad, establece una presunción de ley en el sentido de no reconocer el respeto íntegro que concede la Convención de Naciones Unidas, si bien sería bueno que en materia de otorgamiento de escritura pública y en materia testamentaria hubiera la posibilidad de hacerlo con intimidad, sin necesidad de testigos presentes, que, en definitiva, limitan y en este caso vulneran derechos de las personas con discapacidad.

Esquerra Republicana votará a favor de esta iniciativa. Insisto de nuevo en que esto es un toque de atención a la forma de legislar, que esto no debería repetirse, porque dificulta las cosas, aunque nuestra voluntad de entendimiento sea buena, positiva y constructiva. No se debe legislar aplicando el rodillo parlamentario y acudiendo de forma habitual al procedimiento de urgencia cuando determinamos procesos y proyectos legislativos que requieren cierta serenidad y un análisis de cada una de las palabras que se incorporan en los preceptos legales que luego deberán ser aplicables. De todas formas, nuestro voto va a ser favorable a la proposición de ley porque consideramos que es un avance, quizás no todo lo significativo que a nosotros nos gustaría, pero sí importante para seguir trabajando en la buena dirección.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Gorrochategui.

La señora GORROCHATEGUI AZURMENDI: Gracias, presidente. Buenas tardes noches, senadoras y senadores.

La sociedad ha sido lenta cambiando la perspectiva desde la que afrontar el estatus de las personas con discapacidad. Nos ha costado comprender que el criterio no debía ser médico, sino que debía estar fundado en el derecho de igualdad y la no discriminación. Nos ha costado entender que no es una cosa de boticas, sino de reconocimiento y de capacitar la accesibilidad. Si la sociedad es lenta, más lo suele ser el legislativo. Un ejemplo de esa lentitud es la necesidad que tenemos hoy aquí de reformar un ley que ha sido groseramente discriminatoria. Este cambio de paradigma de la medicalización a la igualdad y no discriminación lo asumió en primer lugar la Organización de Naciones Unidas en 2006 con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ese convenio fue asumido por el Consejo de Europa, quien, siguiendo la estela de la Organización de Naciones Unidas, elaboró a su vez un plan de acción que iba a ser puesto en marcha desde el año 2006 hasta el año 2015. Recientísimamente, ahora, en marzo de 2017, el Consejo de Europa ha aprobado un plan estratégico, una estrategia para abordar la cuestión de las personas con discapacidad, para él mismo y para ayudar a los Estados a respetar los principios de la convención de Naciones unidas. En esta estrategia, uno de los campos de acción prioritarios que marca el Consejo de Europa es precisamente asegurar que la personalidad jurídica de las personas con discapacidad se trate en términos de igualdad con el resto de las personas. Con eso precisamente tiene que ver esta reforma que traemos hoy aquí.

Esta reforma es una gota en un mar de iniciativas políticas que tenemos que abordar para realmente materializar y hacer efectivo lo que supone ese cambio de paradigma al que aludía al principio. Otra gota, y con esto terminaría mi intervención, sería ese acuerdo al que ha hecho referencia la senadora del Partido Popular y al que hemos llegado por unanimidad todos los grupos parlamentarios para eliminar el sexismo en la atribución del orden de los apellidos a los recién nacidos.

Por supuesto, vamos a votar a favor del dictamen, así como de las enmiendas porque nos parece que son buenas. Sean o no oportunas, sea o no el momento, su contenido es bueno. Así que aprovechemos la ocasión y aceptémoslas.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Gorrochategui.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador De Lara.

El señor DE LARA GUERRERO: Señor presidente, señoras senadoras y señores senadores, la Ley 15/2015 modificó el artículo 56 del Código Civil exigiendo que si en un expediente matrimonial alguno de los contrayentes estuviera afectado por deficiencias mentales, el funcionario tramitador exigiría el dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimiento.

Esta ley produjo una enconadísima reacción social y política porque recortaba claramente derechos a y de las personas con discapacidad que querían contraer matrimonio. Fue una norma retrógrada, atacaba flagrantemente lo prescrito en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Meses después, el Gobierno aclaró que las exigencias planteadas —lo hizo a través de una resolución-circular— por la malhadada ley se entendían limitadas a aquellos casos extremos sustancialmente inaceptables, etcétera. Una ley enmendada por una circular. Estábamos ante una soberana chapuza. El Gobierno se enmendó la plana y la quiere enmendar ahora antes de que expire el plazo legal.

El PSOE no quiere analizar ahora otros aspectos diferentes al de salvaguardar la dignidad de las personas con discapacidad que quieren quererse y unir sus destinos por la vía del casamiento.

Se han presentado enmiendas, tantas como 13 han llegado vivas a este Pleno, 9 de las cuales se refieren a derechos de las personas con discapacidad al otorgar testamentos, escrituras, documentos públicos, etcétera. Hay una ley que creo que se ha mencionado poco en este Pleno, la 26/2011, que insta al Gobierno a elaborar un proyecto de ley de adaptación normativa de todo el ordenamiento jurídico español a lo contemplado en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Han transcurrido cinco años y no ha habido adaptación de ninguna clase.

La Comisión General de Codificación nos consta que está elaborando el borrador de una propuesta que cumpla con la mentada ley. Son muchas las normas que hay que adaptar, muchas, sin embargo, el momento legislativo ahora es otro. Ahora estamos ciñéndonos concretamente a la adecuación del derecho a contraer matrimonio a lo prescrito en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por tanto, votaremos en contra de las enmiendas que no se remitan al objeto específico de esta ley, aunque, sinceramente, coincidamos con lo reflejado en algunas.

A la señora Ahedo le diría que hay tres enmiendas en este sentido, y que creíamos que iba a traer una propuesta o una oferta de enmienda transaccional. Hasta que no tengamos claro qué es lo que se pretende, si es que el funcionario recabe o no informes de la administración o de las entidades sociales, no podemos votar a favor.

Hay una enmienda de Esquerra, la número 13, que habla de la generalización absoluta de la capacidad para contraer matrimonio de cualquier persona con discapacidad. Tenemos múltiples ejemplos para decir que esto nos parece una barbaridad, porque el angelismo o la buena voluntad no reflexionada son peligrosos. Conozco casos —soy profesional de la educación especial— de personas con discapacidad profunda que hoy quieren casarse con alguien y mañana quieren hacerlo con una persona distinta. Mención especial merece la autoenmienda del PP que asumió en la ponencia y que es consecuencia de diferentes dilaciones producidas con la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil, que es de 2011 y que tendría que haber entrado en vigor en 2014. Pero hemos llegado a 2017 y sigue sin entrar en vigor el nuevo Registro Civil, y la posibilidad de adaptarlo, de hacerlo más funcional, de permitir a cualquier ciudadano el acceso electrónico al mismo. Hasta la defensora del pueblo denunció en 2016 esta provisionalidad normativa. Por tanto, en seis años el Gobierno ha sido incapaz de cumplir con lo que debería haber asumido en los tres primeros años. Es importante la reforma del Registro Civil. Estamos ante un caos absoluto, ante una negligencia absoluta. Esto no es una vacatio legis, como se dice en clave técnica, sino que, si me permiten el término, estamos ante una aeternum legis.

En resumen —y termino—, la ley que hoy aprobaremos corrige dos garrafales errores del Gobierno, rara avis, pero es el propio PP quien asume sus propias equivocaciones, si bien es cierto que no lo hace motu proprio, sino en respuesta a la reprobación general provocada. El primer error es de 2015, y condicionaba la capacidad de las personas con discapacidad para contraer matrimonio libremente exigiendo el peaje de un certificado médico. El segundo error es de 2014.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DE LARA GUERRERO: Termino, señor presidente,

Supuso que no entrara en vigor la ley que modernizaría los registros civiles que atraviesan por una situación, yo diría que en muchas ocasiones casi decimonónica. Nunca es tarde si la dicha es buena. Esto parece una palinodia griega, un ejercicio de retractación del Gobierno que es agradecible. El PP recibe tirones de orejas y, finalmente, el propio PP se ha tirado de sus propias orejas. El Grupo Socialista está de acuerdo con el sentido de ambos tirones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador de Lara.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Acedo.

El señor ACEDO REYES: Muchas gracias, presidente.

Buenas tardes, señorías. Antes de comenzar me gustaría felicitar a las personas ciegas y sordociegas, porque hoy es el Día Nacional de la lengua de signos en nuestro país, porque lo que hoy vamos a aprobar, con un amplio consenso además de esta Cámara, les afecta. El Grupo Parlamentario Popular, y toda la Cámara, felicitan a las personas ciegas y sordociegas. La proposición de ley que traemos hoy aquí modifica la Ley 15/2015, de 2 de julio, de Jurisdicción Voluntaria. Viene a modificar, concretamente —lo han dicho los compañeros que ya han pasado por aquí—, el artículo 56 del Código Civil, relativo a los requisitos de capacidad exigidos a las personas con discapacidad, artículo que en los términos en los que se encuentra ahora mismo, entraría en vigor al finalizar el mes de junio y generaría seguramente una importante desigualdad.

También esta reforma de la Ley de Jurisdicción Voluntaria que hoy traemos viene a modificar algunos artículos del apartado 58 de la Ley 20/2011, del Registro Civil, relativos a las mismas cuestiones de las que hablaba; es decir, a la prestación del consentimiento, a los requisitos para contraer matrimonio y a los trámites para llevar a efecto dicho matrimonio. El objetivo de esta proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, y remitida por el Congreso de los Diputados por unanimidad, no es otro que favorecer la celebración de matrimonios entre personas con discapacidad en las mismas condiciones que el resto. Y para ello, en esta redacción recogemos el reconocimiento de su derecho a contraer matrimonio y fundar una familia, pero sobre la base del consentimiento libre y pleno de las personas con discapacidad...

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden un poco de silencio, por favor.

La señora ACEDO REYES: ... eliminando —gracias, señor presidente— cualquier tipo de dudas, que se estaban produciendo, en la interpretación del concepto de discapacidad en lo que a la prestación del consentimiento se refería porque podía haber, como decía, una importante desigualdad o una importante discriminación para con las personas con discapacidad. Con esta nueva redacción, en el Grupo Parlamentario Popular queremos diluir la inseguridad jurídica que podría producir para este colectivo una incorrecta o errónea interpretación de tales preceptos. También corregimos con esta reforma de la ley de jurisdicción voluntaria, que es el punto más importante para el Grupo popular, una discriminación histórica para con las personas con discapacidad; una discriminación histórica que data del siglo XIX, que se hace en nuestro Código Civil y que hasta ahora no habíamos abordado. Por otro lado, con esta reforma atendemos la justa demanda social que clamaba por la creación de un régimen legal favorecedor para la prestación del consentimiento y la posterior tramitación del matrimonio civil, si esa fuese la voluntad de las partes.

Con todo ello, lo que pretendemos es reforzar la protección de las personas con discapacidad al permitir, invitar y garantizar a la persona encargada de celebrar el matrimonio, senadora Ahedo, que pueda recabar la provisión de apoyos humanos, técnicos y materiales, poniendo en primera línea a la Administración, que intervendría en colaboración con las organizaciones sociales. Sé que planteamos la posibilidad de llegar a un acuerdo, que la voluntad existía, y que estamos de acuerdo en el fondo. Lo que todos pretendemos es que sea la Administración la principal responsable, prestándoles atención y poniendo los recursos a disposición de las personas con discapacidad, que es lo que recoge el espíritu de esta reforma. Se lo quería aclarar, senadora.

Señorías, esta es una deuda histórica y, por tanto, es nuestra obligación saldarla. Nuestro grupo está convencido de ello y, por eso, hemos propiciado esta proposición de ley, valga la redundancia.

Dicho esto, señorías, hay algunas cuestiones que sería interesante destacar en esta tribuna. Hoy todos estamos de enhorabuena, principalmente las personas con discapacidad, que son las que se van a beneficiar directamente de esta reforma legislativa. Pero también las organizaciones sociales, que han sabido llegar hasta nosotros para que recojamos en esta reforma legislativa las demandas de las personas con discapacidad. Ellos están de enhorabuena, pero también estamos de enhorabuena ambas Cámaras, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, porque vamos a conseguir aprobar por unanimidad una reforma legislativa que reconoce derechos a quienes no los tenían hasta ahora. Por tanto, estamos de enhorabuena. Es el primer proyecto que entra en esa Cámara, en la recién creada Comisión de discapacidad, y con él respondemos a las demandas de las personas con discapacidad y de los colectivos y organizaciones sociales que les representan.

En los últimos cinco años se ha llevado a cabo una importante actividad legislativa para adaptar nuestro ordenamiento jurídico, porque somos un país moderno y desarrollado, a lo que se recoge en la...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora ACEDO REYES:... Convención Internacional —termino ya, presidente— para las Personas con Discapacidad. Pero lo más importante de todo, que me gustaría destacar, es que hemos sabido incorporar de manera transversal la perspectiva de discapacidad en todas las normas que hemos aprobado en los últimos años.

No quiero terminar sin agradecer a todos los grupos parlamentarios su predisposición para llegar a un acuerdo para que hoy pueda salir de aquí esta reforma legislativa por unanimidad, así como a las organizaciones sociales que nos han ayudado a redactar esta reforma legislativa, que han colaborado plasmando la voluntad de las personas con discapacidad y sus demandas, especialmente, a Cermi.

Muchas gracias, a todos. Creo que estamos de enhorabuena.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Acedo.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Antes de proceder a la votación, informo a sus señorías de que a continuación se reunirán la Mesa y los portavoces de la Comisión de Justicia en la sala 20003.

Vamos a proceder a la votación de las enmiendas. Comenzamos votando, en primer lugar, las enmiendas, de la número 13 a la número 17, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación.



(Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 37; en contra, 194; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Votamos a continuación las enmiendas, de la 1 a la 4, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 37; en contra, 194; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.

Del Grupo Parlamentario Vasco, votamos la 7 y de la 18 a la 20.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 232; votos emitidos, 232; a favor, 36; en contra, 194; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Quedan también rechazadas.

Finalmente votamos la propuesta de modificación del dictamen con número de registro 47319 firmada por todos los grupos parlamentarios.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 230; en contra, 3.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. Todavía no hemos acabado.

Votamos a continuación, en un solo acto, aquellas partes de la proposición de ley que han sido enmendadas en comisión y no comprendidas en la votación anterior. (Rumores).

Señorías, todavía no hemos terminado. Queda otra votación.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 232; a favor, 232.

El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.

Finalmente, votamos en un solo acto el resto de la proposición de ley.

Comienza la votación. (Pausa).

No abran las puertas. (Risas.—Aplausos).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 233; votos emitidos, 233; a favor, 233.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que este se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por S.M. el Rey.

Señorías, se levanta la sesión.

Abran las puertas. (Risas).

Eran las veinte horas y veinte minutos.


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