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DS. Senado, Pleno, núm. 16, de 21/12/2016
 


PLENO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ

Sesión núm. 9

celebrada el miércoles, 21 de diciembre de 2016

ORDEN DEL DÍA



MOCIONES

Moción por la que se insta al Gobierno a articular todas las medidas necesarias para permitir la correcta aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 662/000034 aplicación de la ley; seguridad pública GPP


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para garantizar el desarrollo y la financiación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 662/000032 asistencia a las personas de edad avanzada; ayuda a los discapacitados; dependencia de los ancianos GPS


Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas de protección del sector citrícola europeo ante el Acuerdo de Asociación Económica entre la Unión Europea y seis países de la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADC). 662/000033 Unión Europea; acuerdo económico; agrios; África meridional GPER


PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones. 622/000001 discapacitado; juez no profesional; jurisdicción judicial; modificación de la ley GPMX


TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

CONOCIMIENTO DIRECTO

Estatutos del Banco Asiático para inversión en infraestructuras, hecho en Beijing el 29 de junio de 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000002 Asia; entidad de crédito; inversión


DECLARACIONES INSTITUCIONALES

Declaración institucional de apoyo a las víctimas del temporal de lluvias y viento acaecido en la Comunitat Valenciana y en las Comunidades Autónomas de la Región de Murcia, Andalucía y de las Illes Balears. 630/000010 GPP GPS GPPOD GPER GPV GPMX


HABILITACIONES

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. 551/000003


Comisión de Hacienda y Función Pública. 551/000004 administración pública; hacienda pública; orden del día


Comisión de Empleo y Seguridad Social. 551/000005 política de empleo; seguridad social


Comisión de Asuntos Exteriores. 551/000006 Comisión parlamentaria; Mesa del Parlamento; comparecencia parlamentaria


Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. 551/000007 agrios; ayuda a la agricultura; sector agrario


Comisión General de las Comunidades Autónomas. 551/000008 financiación nacional; lengua oficial; regiones de España


Comisión Constitucional. 551/000009 Cámara Alta; Estado laico; aplicación de la ley; cese de actividad; consignación presupuestaria; dictadura; guerra civil; institución pública; víctima de guerra


Comisión de Igualdad. 551/000010 informe de actividad; política sanitaria


Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. 551/000011 Islas Canarias; política de medio ambiente; zona catastrófica


Comisión de Educación y Deporte. 551/000012 informe de actividad; política educativa


Comisión de Defensa. 551/000013 informe de actividad; política de defensa


Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. 551/000014


Comisión de Fomento. 551/000015

Se reanuda la sesión a las nueve horas.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ARTICULAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PERMITIR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. 662/000034 GPP

El señor Pérez Lapazarán defiende la moción.

La señora Abad Giralt defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa del señor Cleries i Gonzàlez.

El señor Crisol Lafront defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, presentada por iniciativa del señor Alegre Buxeda, el propio señor Crisol Lafront y el señor Marcos Arias.

El señor Navarrete Pla defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de este senador y el señor Mulet García.

El señor González Cabaña defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.

El señor Pérez Lapazarán expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.

En turno de portavoces intervienen la señora Abad Giralt y la señora Julios Reyes, el señor Iñarritu García por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Gallastegui Altube, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Castellana Gamisans, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Mora Grande, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Gavira Moreno, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Pérez Lapazarán, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE NUESTRO ACTUAL MODELO ENERGÉTICO. (Votación). 671/000008 GPS

Se rechaza la moción, debatida el día anterior, con incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa del señor Cleries i Gonzàlez, con el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 75; en contra, 153; abstenciones, 24.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ARTICULAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PERMITIR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Votación). 662/000034 GPP

Se aprueba la moción, con el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 143; en contra, 109.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO Y LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD). 662/000032 GPS

El señor De Lara Guerrero defiende la moción.

La señora Rivero Segalàs defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa del señor Cleries i Gonzàlez.

El señor Marcos Arias defiende las dos enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa del señor Alegre Buxeda, el señor Crisol Lafront y el propio señor Marcos Arias.

El señor Navarrete Pla defiende las tres enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de este senador y el señor Mulet García.

El señor Yanguas Fernández defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada por iniciativa de este senador.

El señor Martí Deulofeu defiende la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

El señor Sánchez Torregrosa defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

El señor Bernal Lumbreras defiende la enmienda del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

El señor De Lara Guerrero expone la posición de su grupo parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando las del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa del señor Yanguas Fernández, con número de registro 12299, y por iniciativa de los señores Navarrete Pla y Mulet García, con números de registro 12303 y 12304.

En turno de portavoces intervienen la señora Rivero Segalàs, el señor Rodríguez Cejas y la señora Domínguez de Posada Puertas; por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Azamar Capdevila, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Bernal Lumbreras, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor De Lara Guerrero, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Sánchez Torregrosa, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se rechaza la moción, con incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto con números de registro 12299, 12303 y 12304, con el siguiente resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 76; en contra, 140; abstenciones, 37.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL SECTOR CITRÍCOLA EUROPEO ANTE EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SEIS PAÍSES DE LA COMUNIDAD DE DESARROLLO DEL ÁFRICA AUSTRAL (SADC). 662/000033 GPER

El señor Aubà Fleix defiende la moción.

El señor Mulet García defiende las cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto presentadas por iniciativa de este senador y el señor Navarrete Pla.

El señor Huelva Betanzos, el señor Cotillas López y la señora Angustia Gómez informan a la Cámara de que no defenderán la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, la del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y la del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, respectivamente, al haberse firmado una propuesta de modificación.

En turno de portavoces intervienen la señora Rivero Segalàs y el señor Mulet García, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Cazalis Eiguren, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Aubà Fleix, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Angustia Gómez, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Huelva Betanzos, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Cotillas López, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la propuesta de modificación, con el siguiente resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 253; abstenciones, 2.



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO, PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SIN EXCLUSIONES. 622/000001 GPMX

El señor presidente informa a la Cámara de que al no haberse presentado ninguna proposición de ley alternativa, procede someter a debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

El señor Cleries i Gonzàlez defiende la toma en consideración.

En turno de portavoces intervienen el señor Bildarratz Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor Vidal Marsal, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Comorera Estarellas, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Pérez Castilleja, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Altava Lavall, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Se aprueba la toma en consideración, con el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 250; a favor, 250.



TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

CONOCIMIENTO DIRECTO

ESTATUTOS DEL BANCO ASIÁTICO PARA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS, HECHO EN BEIJING EL 29 DE JUNIO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000002

No se han presentado propuestas a estos estatutos.

En turno de portavoces intervienen la señora Villanueva Ruiz, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Gil García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Serrano Argüello, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.

Quedan autorizados por asentimiento de la Cámara.



DECLARACIONES INSTITUCIONALES

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS Y VIENTO ACAECIDO EN LA COMUNITAT VALENCIANA Y EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, ANDALUCÍA Y DE LAS ILLES BALEARS. 630/000010 GPP GPS GPPOD GPER GPV GPMX

El señor presidente da lectura a la declaración institucional, que se aprueba por asentimiento de la Cámara.



HABILITACIONES

COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. 551/000003


COMISIÓN DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. 551/000004


COMISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 551/000005


COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES. 551/000006


COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 551/000007


COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 551/000008


COMISIÓN CONSTITUCIONAL. 551/000009


COMISIÓN DE IGUALDAD. 551/000010


COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. 551/000011


COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. 551/000012


COMISIÓN DE DEFENSA. 551/000013


COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. 551/000014


COMISIÓN DE FOMENTO. 551/000015

Se aprueban por asentimiento de la Cámara las habilitaciones para la celebración de las sesiones extraordinarias que detalla el señor presidente.

Se levanta la sesión a las trece horas y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las nueve horas.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Tomen asiento, por favor.

Se reanuda la sesión.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ARTICULAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PERMITIR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. 662/000034 GPP

El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado cuatro enmiendas: tres del Grupo Parlamentario Mixto —una a iniciativa de los senadores Navarrete y Mulet, otra, a iniciativa del senador Cleries, y otra a iniciativa de los senadores Alegre, Crisol y Marcos—, y una del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.

Me corresponde la presentación de la moción del Grupo Parlamentario Popular que hoy debatimos en la que se insta al Gobierno a seguir salvaguardando los derechos y las libertades de todos los ciudadanos, articulando todas las medidas necesarias para permitir una más impecable y correcta aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana.

En definitiva, lo que pretende el Grupo Parlamentario Popular es instar a mejorar lo que ya poseemos en materia de seguridad ciudadana y, sobre la base del diálogo, enriquecerlo y perfeccionarlo, y con ello, seguir ampliando y garantizando derechos y libertades de los ciudadanos. Consideramos que mejorando la seguridad ciudadana se protege mejor a las personas y a los bienes públicos y privados y se mantiene el orden público. Estas son y han sido las prioridades del Gobierno del Partido Popular, que coinciden con lo que se pide en esta moción: mejorar y avanzar en esta materia. Lo que queremos con esta moción tiene hoy mayor importancia, dado el actual entorno de la seguridad, que hemos visto amenazado con los acontecimientos ocurridos en los últimos días.

Señorías, haciendo un poco de historia de lo que ha sido la Ley de seguridad ciudadana de 2015, objeto de esta moción, hay que manifestar que, cuando se aprobó venía a sustituir otra ley de 1992 que se había visto desbordada y que necesitaba una revisión profunda por diversas razones, entre otras, por las exigencias sociales que reclamaban una mayor seguridad para favorecer una mejor protección de las libertades. Pero también se hizo para dar una mejor cobertura y seguridad y un adecuado marco jurídico a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado: autonómicos, del Estado y policías locales, a cada uno en el ámbito de sus competencias.

Con la ley se podría cumplir con mayor eficacia el mandato que, de manera expresa, transmite la Constitución en su artículo 104, que dice que las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Esta era la realidad que se planteaba y que se abordó y pretendió resolver con esta ley. Y la ley se aprobó deslindando perfectamente el campo de los derechos de los ciudadanos, muy en especial el relativo al derecho de reunión y manifestación para alejarlo de los hechos vandálicos y de las conductas violentas de algunos reventadores de esas manifestaciones, y se mejoró la tipificación de las infracciones con definiciones precisas para contribuir con ello a mejorar la seguridad jurídica y poder reducir el margen de discrecionalidad en la imposición de sanciones.

Por tanto, esta ley no trataba de sancionar más, sino de sancionar mejor y, por consiguiente, con mayor garantía para el ciudadano. Y se creyó que se acercaba a la realidad social, ya que abordaba las nuevas formas que amenazaban la seguridad y con ello se iba a dar tranquilidad a los ciudadanos ante las demandas sociales que había en los años pasados, y se hizo salvaguardando la compleja relación que siempre existe y sobre la que siempre se ha debatido y discutido, la relación entre libertad y seguridad en una sociedad democrática tan avanzada como la nuestra. Lo que se precisaba, y era lo importante, fue la necesidad de disponer de una legislación actualizada en materia de seguridad ciudadana, no solo demandada —reitero— por amplios sectores de la sociedad y también por las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino que también era una exigencia que provenía del ámbito supranacional, puesto que el concepto de seguridad ciudadana trasciende claramente las fronteras de los Estados.

A pesar de las críticas vertidas sobre esta ley, hay que manifestar que es una ley profundamente garantista que protege las libertades públicas, estableciendo una regulación más precisa de las potestades de intervención policial en el ámbito de la seguridad. Frente a algunas afirmaciones que hemos escuchado, sobre todo a lo largo del último año, hay que decir que esta ley no restringe el ejercicio de ningún derecho, ni modifica en modo alguno la Ley Orgánica reguladora del derecho de reunión, más bien al contrario, ya que lo protege y se sanciona por primera vez a quienes perturban una manifestación con actos violentos o coactivos.

Quisiera hacer una valoración, después de un año de vigencia de la ley y de su aplicación, y darles algunos datos que ponen de manifiesto sus efectos positivos. Fíjense que desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana se han cursado 372 000 denuncias, aunque la mayor parte de ellas no se convertirán en sanciones. Pero lo más destacable es que el 77,42 % de las denuncias tienen que ver con materias relacionadas con las drogas —se fundamentan en el artículo 36.16, es decir, consumo o tenencia ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas— y otro 7,95 %, es decir el 8 % de las denuncias, se refiere y se fundamenta en el artículo 36.10, seguridad ciudadana: portar o exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente temerario o intimidatorio. Es decir, que nueve de cada diez de las denuncias han tenido que ver con la droga, con las armas, con las amenazas a la seguridad y no con otras cuestiones que tuvieran que ver con las libertades.

El resto de las denuncias son porcentualmente muy poco significativas, y más en concreto en una cuestión que preocupa y de la que se ha hablado mucho: las manifestaciones no comunicadas, artículo 37.1. Sobre este asunto hay que decir que se han cursado 95 denuncias, lo que representa el 0,017 % del total, y de estas denuncias solo ha habido once relativas a negativa de disolución de la manifestación; y en lo que corresponde a manifestaciones ante el Congreso, el Senado o asambleas legislativas de comunidades autónomas en las que haya habido perturbaciones graves de la seguridad ciudadana, se han registrado únicamente cuatro denuncias hasta agosto de 2016.

Señorías, esto demuestra lo irrelevantes en número que han sido estas denuncias que afectaban a la libertad de reunión y de las que tanto se ha escrito. Por lo tanto, con estos datos se ha venido a callar y no dar la razón a los críticos con esta ley, que, como consecuencia, se quedan con un discurso vacío y sin contenido que difícilmente tiene que ver con los calificativos que le han dado a esta ley.

Esta es la realidad, esta ley es la única herramienta de la que disponen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer frente, en vía administrativa, a la trasgresión de las normas. Tenemos que reconocer la dificultad del trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el esfuerzo que están desplegando estos profesionales en la prevención y lucha contra actos que afectan a la seguridad.

Con esta moción instamos al Gobierno a articular todas las medidas que permitan una más impecable y mejor aplicación de esta ley que, reitero, pretende garantizar una mayor seguridad sin restringir ni derechos ni libertades. Con estos objetivos, ofrecemos igualmente diálogo, y esto no lo dice el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, es lo que manifestó el actual ministro del Interior recientemente en el Congreso de los Diputados cuando ofreció acuerdos y diálogo y negociar una auténtica política de Estado en la que incluía mejorar esta ley. Nosotros creemos que tendiendo puentes y con diálogo avanzaremos en propuestas razonables que profundicen en la salvaguarda de la sociedad y, como consecuencia, en la protección de derechos y libertades. Les aseguro que queremos construir y hacer aportaciones para solucionar problemas que mejoren la interpretación y aplicación de la ley, desde luego no queremos generar más problemas como pretenden otros. Esto es lo que ofrecemos en la moción que hoy sometemos a su consideración, que no es otra cuestión, repito, que seguir avanzando en la defensa de la seguridad, de los derechos y libertades y mejorar con la aplicación de esta Ley de seguridad ciudadana, por eso les pedimos su voto favorable.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Lapazarán.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Buenos días. Gracias, presidente. El grup del PDeCat, per coherència amb el nostre posicionament, tant a la Comissió d’Interior del Congrés com ara aquí al Senat, hem presentat una esmena de derogació de la llei perquè, entre altres motius, entenem que l’actual llei no s’aplica amb les garanties i els principis del procediment sancionador i, a més a més, cal tenir en compte que tots els instruments jurídics s’han d’aplicar amb el màxim respecte als drets fonamentals i a les garanties dels ciutadans.

Per tant, evidentment, com que això no es produeix en aquesta moció, nosaltres hem presentat una esmena de modificació en aquest sentit.

Moltes gràcies.

El Grupo PDeCat, por coherencia con nuestro posicionamiento, tanto en la Comisión de Interior del Congreso como ahora en el Senado, ha presentado una enmienda de derogación de la ley, puesto que, entre otros motivos, entendemos que la actual ley no se aplica de acuerdo con las garantías y los principios del procedimiento sancionador, y además debe tenerse en cuenta que todos los instrumentos jurídicos deben aplicarse con el máximo respeto a los derechos fundamentales y a las garantías de los ciudadanos.

Por lo tanto, evidentemente, dado que esto no se produce en esta moción, nosotros hemos presentado una enmienda de modificación en este sentido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.

Tiene la palabra, para la defensa de su enmienda, el senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Señorías, los senadores de Ciudadanos hemos presentado una enmienda de supresión en la parte resolutiva de la moción del Grupo Parlamentario Popular.

Creo que es la primera vez que una moción insta al Gobierno a cumplir una ley vigente. Señorías, en un Estado de derecho las leyes aprobadas y en vigor se cumplen y punto. Entonces, señores del Grupo Popular, ¿por qué esta moción? ¿No tendrá que ver con que recientemente el Congreso de los Diputados dio luz verde a la derogación de la Ley de protección de la seguridad ciudadana? Si es así, señorías del Grupo Popular, es una mala praxis política. Respetemos las leyes, respetemos a los ciudadanos y respetemos a esta Cámara.

La posición de Ciudadanos, con respecto a la Ley de protección de la seguridad ciudadana, es muy clara. Nosotros no somos partidarios de derogar la ley, somos partidarios de reformarla, con el fin de conseguir la mejora del marco normativo. Debemos proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad de los ciudadanos, y queremos hacerlo con el mayor consenso posible de todas las fuerzas parlamentarias. Esta es nuestra posición, señorías, la misma que acordamos con el Partido Popular no hace mucho tiempo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gràcies, president.

Senyors del PP, en algun plenari anterior ací al Senat, jo mateix els felicitava perquè semblava que s’havien incorporat a la nova política, la del diàleg, la del consens i la del pacte. Però, oh, sorpresa!, ens vam assabentar d’aquesta moció. Primer vaig pensar que havia llegit malament, però no, la vaig tornar a llegir. Demanaven el recolzament del Senat a la «Ley mordaza»? Quina barra!, vindre a demanar això quan aquesta llei ha aconseguit el gran consens de tots els actors implicats, de les forces polítiques, però el gran consens en contra. També han aconseguit ficar d’acord a totes les forces polítiques per demanar la seua inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional i fer-la derogar quan hi haja canvi de Govern.

La «Ley mordaza» ha de ser derogada. Aquesta llei de fet és un atemptat als drets i a les llibertats democràtiques i és una legalització de devolucions en calent. La Llei de la seguretat ciutadana ha significat la reforma regressiva i amb el redactat paral·lel de la reforma del Codi Penal, va vindre a canviar la consideració de la majoria d’infraccions penals. Aquesta llei situava la seguretat ciutadana en un concepte d’ordre públic paregut al de moltes dictadures, molt allunyat d’una concepció democràtica i constitucional. No en va el Consell d’Europa va qualificar altament problemàtica i dubtava que aquestes restriccions foren necessàries per a la seguretat democràtica, quan el que deuria fer és vetllar i no interferir en la llibertat.

La seguretat ciutadana ha d’estar al servei de les llibertats públiques i no coartar-les, i la democràcia al servei de la participació i de la llibertat d’expressió, per tant cal derogar aquesta llei. Senyors del PP, els instem a que tornen als camins del consens i no al ranci enfrontament. No vinguen ací a fer del Senat una Cambra d’enfrontament amb el Congrés.

Gràcies.

Gracias, presidente.

Señores del PP, en algún Pleno anterior en el Senado yo les felicitaba porque parecía que se habían incorporado a la política del diálogo, del consenso y del pacto, pero, ¡oh sorpresa!, cuando me enteré de esta moción, primero, pensé que la había leído mal, pero no, la volví a leer y vi que pedían el apoyo del Senado a la Ley mordaza. ¡Qué morro!, venir a pedir esto cuando esta ley ha conseguido el consenso de todos los actores implicados, eso sí, un gran consenso en contra. También han conseguido poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas para pedir su inconstitucionalidad y derogarla cuando haya un cambio de Gobierno.

La Ley mordaza tiene que ser derogada, es un atentado a los derechos y libertades democráticas y supone la legalización de las devoluciones en caliente. La Ley de seguridad ciudadana significa una reforma regresiva. Con el redactado paralelo de la reforma del Código penal cambió la consideración de la mayoría de infracciones penales. Esta ley situaba la seguridad ciudadana al estilo de muchas dictaduras, algo muy alejado de una Constitución democrática. No en vano, el Consejo de Europa la calificó de altamente problemática y dudaba que estas restricciones fueran necesarias para la seguridad democrática. Lo que debería hacer es velar y no interferir en la libertad.

La seguridad ciudadana tiene que estar al servicio de las libertades públicas, no coartarlas, y la democracia, al servicio de la participación y de la libertad de expresión. Por tanto, hay que derogar esta ley. Señores del PP, les instamos a que vuelvan al camino del consenso y no al del rancio enfrentamiento. No vengan aquí a hacer del Senado una Cámara de enfrentamiento con el Congreso.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador González Cabaña.

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Gracias, señor presidente.

Señorías, esta moción del Grupo Popular solamente puede entenderse de dos maneras: o bien es un intento ciertamente melancólico de homenaje al padre de la Ley mordaza, el señor Fernández Díaz, o es una clara obstrucción a lo manifestado por el actual ministro de Interior sobre las posibilidades de modificar la Ley mordaza.

El ministro lo ha manifestado en el Congreso —se refería a ello el portavoz del Partido Popular— en una interpelación de mi grupo el pasado mes de noviembre. También la semana pasada, aquí, en la sesión de control y en respuesta a una pregunta mía, afirmaba la posibilidad de cambios en la ley. Por último, ayer aparecía publicado en un periódico de tirada nacional un pedazo de titular, como decimos en mi tierra: Cambios en la Ley mordaza, el Gobierno dispuesto a modificar los aspectos más polémicos de la Ley de seguridad ciudadana. Una proposición de ley del PSOE ha hecho posible que pueda ser derogada.

Afirman ustedes en la exposición de motivos que la Ley 4/2015 nació para fortalecer las libertades. Nada más alejado de la realidad. La ley solo ha servido para debilitar esas libertades públicas. Igualmente afirman en esa exposición de motivos que no coarta el ejercicio de libertades y derechos fundamentales cuando es bien conocido el rosario de hechos y acontecimientos que vienen a confirmar que eso no ha sido así. Por lo tanto, su pretendida mejora de la seguridad jurídica ha quedado reducida a papel mojado por la fuerza de los hechos; se ha cambiado la tutela judicial efectiva de nuestros derechos y libertades por la arbitrariedad de los responsables gubernativos.

No se trata, como ustedes pretenden, de sancionar mejor, sino de garantizar una seguridad más libre y un mayor respeto de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Somos millones de españoles, aquellos que sustentamos la mayoría parlamentaria actual en el Congreso, los que no queremos que el Gobierno del Partido Popular nos siga salvaguardando de este modo, reduciendo de manera drástica el ámbito de nuestros derechos y de nuestras libertades.

Con la propuesta de acuerdo que ustedes nos presentan, al pedir la correcta aplicación de la Ley 4/2015, insisten en situarnos ante la falacia del nirvana, eso que formulaba Voltaire en su tiempo y que viene a afirmar que lo mejor es enemigo de lo bueno. Ustedes parten de un error lógico, de comparar cosas reales con cosas irreales o alternativas idealizadas. Pero nosotros queremos bajarles de esa falacia. Para ello proponemos una enmienda de sustitución de su propuesta de acuerdo, en coherencia con el recurso que en su día, tras la aprobación de la ley, presentamos ante el Tribunal Constitucional.

Les instamos, en nombre de la mayoría parlamentaria reflejada sobre este tema en el Congreso de los Diputados, a derogar la Ley mordaza y al mismo tiempo a promover una nueva normativa legal más respetuosa con nuestros derechos y libertades fundamentales; una normativa que asegure de manera real y efectiva más garantías y, también, más proporcionalidad en las sanciones a aquellas conductas que realmente atenten contra la seguridad ciudadana. Nuestra enmienda refleja el espíritu de la proposición de ley registrada en el Congreso el pasado día 1 de diciembre por nuestro grupo parlamentario, tanto en el sentido de derogar la ley como en el de modificar aquello que ya la ley actual modificaba en relación con la Ley de extranjería para permitir las devoluciones de inmigrantes en caliente en Ceuta y Melilla.

Señorías del Grupo Popular, habemus Gobierno, ya tenemos Gobierno. No sigan con la vieja estrategia de querer ganar en los despachos del Senado lo que democráticamente han perdido en el terreno de juego del Congreso. No sean ustedes más papistas que el papa. Asuman la imperiosa necesidad de modificar la Ley 4/2015. Acepten nuestra enmienda. Liquiden su deuda con la democracia en materia de protección de la seguridad ciudadana. Sean conscientes de que los esfuerzos inútiles solo conducen a la melancolía.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González Cabaña.

Tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán para indicar si acepta o no las enmiendas.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer la presentación de estas enmiendas a la moción, que veo que ha tenido una buena acogida.

Respecto al Grupo Mixto, Compromís pide derogar la ley y paralizar sanciones. Señorías, con la presentación de esta moción, no estamos por derogar esta ley ni, por supuesto, por paralizar sanciones. Creemos que las sanciones llevan otra vía. En cuanto a que si la ley es antidemocrática, procuraré contestarle al final.

Por su parte, Ciudadanos pide la supresión del texto. Es evidente que si suprimimos el texto no tenemos moción y, por lo tanto, no vamos a votar. Nosotros creemos en la moción y la respaldamos, como respaldamos al Gobierno y a la ley. Por lo tanto, no les vamos a admitir su enmienda.

El Partido Demócrata Catalán, también del Grupo Mixto, pide derogar aquellos artículos de la ley que atentan contra los derechos y libertades fundamentales. Nosotros creemos que esta ley es constitucional, que se respetan los derechos y las libertades, más aún cuando el propio Consejo de Estado en su informe vino a decir —y leo textualmente—: ... entre los valores de libertad y seguridad, cuestión que a juicio del Consejo merece una respuesta positiva. Es decir, nosotros creemos que sí es constitucional y que se respetan derechos y libertades, por lo que no vamos a admitirles esta enmienda, pues creemos que implícitamente está contenida en la propia ley. Quiero recordarle al Partido Demócrata Catalán la moción que presentaron en el Congreso de los Diputados en el año 2012, en la que precisamente pedían la modificación de la ley del 92 en el sentido de ofrecer una mejor respuesta a los supuestos de violencia urbana y actualizar el catálogo de infracciones. Es decir, nosotros hicimos lo que ustedes nos pidieron en el año 2012 en el Congreso de los Diputados.

Luego está la enmienda de derogación del Grupo Socialista, en la que piden derogar y promover una normativa más respetuosa con los derechos y libertades fundamentales previstos en la Constitución. Es ilógico que presenten ustedes una enmienda de derogación cuando fueron los autores de la ley de 1992, ley de patada en la puerta, ley inconstitucional. Cuando están en la oposición presentan este tipo de iniciativas y cuando están en el Gobierno hacen todo lo contrario. En definitiva, he ahí el contraste en un partido que en estos momentos, a mi juicio, deriva en un camino bastante peligroso como es el de aproximarse a los populismos y al mundo de la extrema izquierda. Yo les pediría que volvieran al diálogo, a consensuar una política de Estado en materia de seguridad. Hagan menos demagogia y súmense al diálogo, súmense a esta política con el Partido Popular porque esto es lo que procede en estos momentos.

Para contestar al senador del Grupo Mixto, que hablaba de que era una ley antidemocrática, he de decir que no lo es, es una ley que admitió ochenta enmiendas en su proceso de tramitación.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Termino.

También quiero que sepa que una ley que asumió las recomendaciones del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo de la Abogacía, de la Fiscalía, de Amnistía Internacional, de Greenpeace, de la Agencia de Protección de Datos o del Consejo Fiscal, se supone que es democrática; en ese sentido, se tuvieron en cuenta muchas de las recomendaciones que se hicieron en aquel momento.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Lapazarán.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gràcies, president.

És una tradició, certament, sempre parlar del binomi seguretat i llibertat. Certament, el nostre posicionament sempre ha estat garantir la llibertat dels nostres ciutadans i, per a això, cal tenir en compte que la regulació d’aquesta matèria, la de la seguretat, sempre ha de garantir, en primera instància, la llibertat dels nostres ciutadans i les llibertats públiques. Certament, com ha comentat el senador del Partit Popular, el nostre grup parlamentari el 2012 sí que va demanar una modificació d’aquesta llei, atès que estàvem parlant d’una llei de 1992. Evidentment aquesta llei havia de garantir, en primera i única instància, com he dit anteriorment, una seguretat, però encaminada a garantir la llibertat i els drets fonamentals de les persones, cosa que la llei actual no fa, i és per això que en el nostre cas hem presentat, com bé s’ha dit, una esmena de modificació d’aquesta llei.

D’altra banda, també cal tenir en compte que el cos de Mossos d’Esquadra, és a dir, la policia de Catalunya, al llarg d’aquests anys, des de 1992 fins a data d’avui, ha adquirit experiències i coneixements que també s’han de tenir en compte per un tema de congruència, oportunitat i proporcionalitat, que l’actual llei tampoc fa.

Queda dir, a més, que l’actual llei, aquesta actual Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana, si bé és veritat que amplia el catàleg d’infraccions, com va demanar el nostre grup en el seu moment, aquest catàleg s’ha d’aplicar, insisteixo, amb garanties i els principis de procediment sancionador i, en cap cas, mai aquests principis de procediment sancionador poden atemptar contra els drets fonamentals de les persones. Per això, nosaltres entenem que, malauradament, l’actual llei no ho fa i veiem, també malauradament, que aquesta moció és más de lo mismo, amb la qual cosa nosaltres votarem, insistim, en contra d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Es una tradición, es verdad, hablar siempre del binomio seguridad y libertad. Es cierto que nuestro posicionamiento siempre ha sido garantizar la libertad de nuestros ciudadanos y, por ello, debemos tener en cuenta que la regulación de esta materia, la seguridad, siempre debe garantizar en primera instancia la libertad de nuestros ciudadanos y las libertades públicas. También es cierto, como ha comentado el senador del Partido Popular, que nuestro grupo parlamentario, en 2012, solicitó una modificación de esta ley, dado que estábamos hablando de una ley de 1992. Evidentemente, esa ley debía garantizar en primera y única instancia, como ya he dicho anteriormente, una seguridad encauzada a garantizar la libertad y los derechos fundamentales de las personas, algo que la ley actual no cumple y, por ello, nosotros hemos presentado, como ya se ha dicho, una enmienda de modificación de esta ley.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el cuerpo de Mossos d’Esquadra, la policía de Cataluña, a lo largo de estos años, desde 1992 hasta hoy, ha adquirido experiencias y conocimientos que también deben tenerse en cuenta por congruencia, oportunidad y proporcionalidad, algo que la actual ley tampoco cumple.

¿Qué más podemos decir? La actual Ley de protección de los derechos y la seguridad ciudadana amplía el catálogo de infracciones, como solicitó nuestro grupo en su día. Pero este catálogo debe aplicarse, insisto, de acuerdo con las garantías y los principios del procedimiento sancionador y, en ningún caso, estos principios pueden atentar contra los derechos fundamentales de las personas. Nosotros entendemos que, desagraciadamente, la actual ley no lo cumple. Vemos que esta moción es más de lo mismo y por este motivo vamos a votarla en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.

Senadora Julios, tiene la palabra.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Hoy discutimos una moción que pretende que apoyemos una ley que no tuvo diálogo, nació sin consenso y generó el rechazo de una gran parte de las fuerzas políticas y, también, de la sociedad. Significó un gran retroceso en las libertades y en los derechos esenciales individuales y colectivos y utilizó, como suele hacer una determinada ideología cuando pretende recortar derechos, un falso dilema: decirle a la sociedad que tiene que escoger entre seguridad y libertad, y eso no es cierto; hay otras opciones para no tener que escoger entre seguridad y libertad.

Pero permítanme, señorías, que haga una reflexión. Coalición Canaria votó en contra de la llamada Ley mordaza en su momento y no me voy a extender ahora en ese tema, pero sí quiero plantear una cuestión. ¿Por qué se trae hoy esta moción de apoyo a esta ley? Porque es producto de la reacción del Grupo Popular a un debate y a una votación que perdieron en el Congreso de los Diputados, donde se decidió que había que derogar esta ley. Habría que cumplir con esa decisión democráticamente tomada en el Congreso de los Diputados.

Y, señorías, me preocupa sinceramente —en el sentido de cuál va a ser el papel del Senado en esta legislatura— que el Grupo Popular tenga la tentación de utilizar el Senado, no ya como Cámara de segunda lectura, sino como Cámara de confrontación de las decisiones que democráticamente se tomen en el Congreso de los Diputados y pretenda ganar aquí las votaciones que allí pierde. Señorías, utilizar al Senado como una Cámara para vetar las decisiones que se tomen en el Congreso de los Diputados es herir de muerte la imagen del Senado ante la ciudadanía. Evitemos ese error, señorías. No a esta ley. Es necesario que se derogue; y, desde luego, volveremos a estar perdiendo una importante oportunidad si no damos contenido al Senado, si no lo convertimos en una verdadera Cámara territorial, algo que necesita ahora más que nunca, y volvemos a generar aquí debates estériles, como el que hoy nos ha traído el Partido Popular. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

¿Alguien más desea intervenir por el Grupo Mixto? (El señor Iñarritu García pide la palabra).

Senador Iñarritu, tiene la palabra.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Presidente jauna, jaun-andreok, mozal legea indarrean sartu baino lehen, alarma guztiak piztu ziren, eta ez EH Bilduk esaten zuelako; Nazio Batuek, OSCEek eta Europako Kontseiluek esan zuten lege hori arriskutsua zela. Eta egia esan, lege hori aurreikusten zena baino txarragoa izan da. Isunak jarri dira behin eta berriro, eta ez Pérez Lapazarán jaunak esaten zuen moduan, drogengatik, edo armengatik, baizik eta manifestazioetan egoteagatik Euskal Herrian. Milaka eta milaka isun jarri dira; milaka. Gainera, batzuk, legalak. Eta gainera, kazetariak zigortu dituzte beren lanean aritzeagatik.

Atzo, barne ministroak esan zuen ganbera honetan Euskal Herrian garai berrietan bizi garela, askoz hobeto bizi garela, eta egia da. Eta horretaz hitz egingo dugu. Baina zergatik jartzen dira isunak manifestazioetan parte hartzeagatik? Bada, lege hau libertizida delako. Eta horregatik, Nafarroako Parlamentuak eskatu zuen moduan, eta Gasteizko Legebiltzarrak eskatu zuen moduan, lege hau bertan behera uztea eskatzen dugu. Eta ez bakarrik hori, Kongresuan ere gauza bera eskatu dute. Lege hau ez dugu nahi Euskal Herrian, baina ez dute nahi Espainian ere. Horregatik, EH Bilduk mozio honen aurka bozkatuko du.

Eskerrik asko presidente jauna.

Señor presidente, señorías, antes de que entrara en vigor la Ley mordaza se despertaron todas las alarmas, y no porque lo dijera EH Bildu, sino porque incluso a nivel europeo se decía que esta ley era peligrosa. Y la verdad es que esta ley es peor de lo que se preveía. Se han puesto multas una y otra vez, no, como decía el señor Pérez Lapazarán, por drogas o por armas, sino incluso por participar en manifestaciones en Euskal Herria, además, algunas han sido legales. Se han puesto miles de multas. Incluso se ha castigado a los periodistas por realizar su trabajo.

Ayer, el ministro del Interior decía en esta Cámara que en Euskal Herria vivimos en una época nueva, que vivimos mucho mejor. Es cierto, ya hablaremos de eso. Pero ¿por qué se ponen multas por participar en manifestaciones? Esta ley es liberticida y por eso, tal y como solicitaron los Parlamentos de Navarra y Vitoria, pedimos su derogación. En el Congreso también han pedido lo mismo. En Euskal Herria no queremos esta ley, pero tampoco la quieren en España. Por eso, insisto, vamos a votar en contra.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna intervención más del Grupo Mixto? (Denegaciones).

Muchas gracias.

Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco.

Tiene la palabra el senador Gallastegui.

El señor GALLASTEGUI ALTUBE: Señor presidente, señorías, egun on guztiei. Buenos días a todos.

Señores del PP, en su momento valoramos la cuestión de no sobrepasar los límites competenciales establecidos por el estatuto, si bien es cierto que también era solo cuestión de cumplir con la legalidad, porque debo recordar que las competencias de las fuerzas de seguridad del Estado en la comunidad autónoma de Euskadi están limitadas en el Estatuto de Gernika. Sin embargo, el hecho de haber salvado aquella cuestión a base de negociaciones no fue suficiente para que nosotros no votáramos en contra, porque la ley, en toda su extensión, nos parece una aberración.

La Ley Orgánica 4/2015 cambia por completo el concepto de seguridad ciudadana conocido hasta el momento, cambia el régimen constitucional de los derechos fundamentales, anticipando dicho concepto a otros muchos derechos tan básicos en una democracia.

Han establecido ustedes que en la vía pública solo se pueda ver aquello que está permitido, retrotrayéndonos a otros tiempos que creíamos que estaban superados. Ustedes han decidido que el concepto de seguridad ciudadana haya dejado de ser instrumento para el cabal ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas previstos en la Constitución. Ustedes han decidido que la seguridad ciudadana pase a ser un derecho de naturaleza autónoma y de identidad ontológica superior a los derechos y libertades fundamentales. Ustedes han cambiado el mismo sistema constitucional establecido en otras situaciones utilizadas como justificación para acallar a una gran parte de la ciudadanía en determinados lugares.

También han cambiado ustedes el sistema punitivo del Estado. Ustedes han eliminado las faltas penales y las han sustituido, entre otras, por sanciones administrativas. Ustedes han hecho que sea posible la imposición de sanciones —lo digo entre comillas— de hasta 600 000 euros para casos jurídicamente indeterminados, dejando la principal fuerza probatoria a las fuerzas de seguridad. Porque —recuerden— ustedes han hecho que ante un mismo caso la policía pueda grabar al ciudadano, pero el ciudadano a la policía, no. ¿Dónde queda el derecho a la defensa y a utilizar los medios de pruebas pertinentes?

Me quedan muchas dudas sobre si estos preceptos son admisibles con respecto al artículo 24 de la Constitución. Esa Constitución que, como ya he dicho, utilizan como cerrojo cuando se les pide abrir otras puertas. Ustedes han hecho que la seguridad ciudadana limite el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía, obviando que este concepto de seguridad ciudadana, según la interpretación constitucional y de la gran mayoría de la doctrina, es el centro de tranquilidad que permite el libre y pacífico disfrute de aquellos. Y todo esto lo han hecho, señorías, haciendo caso omiso de la oposición presente en ambas Cámaras legislativas estatales. También tienen en contra a muchísimas personas de la sociedad civil. ¿Cómo quieren que aprobemos esta moción, señorías, tras haber pasado por el rodillo, por encima de todos los que no piensan como ustedes? ¿Cómo quieren que apoyemos su moción cuando siempre hemos estado en contra de ella? ¿Cómo quieren que apoyemos su moción cuando jurídicamente pensamos que es un despropósito? Así pues, es evidente que votaremos que no. En definitiva, pedimos la derogación de la ley tal cual está redactada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gallastegui.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Castellana.

El señor CASTELLANA GAMISANS President, senyories, n’hem parlat molt, de la Llei mordassa, però ara, afortunadament, s’acosta l’hora de la seva derogació. Des del Grup Popular ens demanaven què és el que volen que canviem d’aquesta llei. La volem canviar tota, però aprofitarem per passar ni que sigui per sobre per coses de gravetat capital. Aquesta llei empara les devolucions en calent, contràries a la legislació internacional en matèria de drets humans. Aquesta llei converteix la policia en jutge, com han explicat alguns dels que m’han precedit en aquest faristol.

Aquesta llei, impedint la gravació de les actuacions judicials, fomenta la impunitat en els casos d’abusos i de brutalitat policial, que existeixen. N’hi ha pocs, però existeixen, i sempre que n’



hi hagi un és massa. Senyories, Esquerra Republicana de Catalunya considerem que, sense seguretat, no hi ha llibertat, però és molt greu que qui ha de garantir aquesta seguretat sigui qui provoqui inseguretat i vulneració de drets. La Llei mordassa va en la línia d’erdoganització. Sí, per si a la traducció simultània li costa, d’Erdogan, Turquia, que, en nom de la democràcia i en nom de les llibertats —perquè ho fa en nom de la democràcia i les llibertats— va construint un estat policial on es nega el debat.

Per tant, la derogació d’aquesta llei pot suposar un bri d’esperança per a les llibertats democràtiques, però si de debò volen conèixer un país impecable en el tractament de les llibertats democràtiques dels seus ciutadans, esperin ben aviat al naixement de la republicana catalana.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Presidente, señorías, hemos hablado mucho de la Ley mordaza, pero ahora, afortunadamente, se acerca el momento de su derogación. El Grupo Popular nos preguntaba qué queremos cambiar de esta ley. Pues queremos cambiarla toda. Pero vamos a aprovechar para hablar, aunque sea por encima, de cosas que son de gravedad capital. Esta ley ampara las devoluciones en caliente, que son contrarias a la legislación internacional en materia de derechos humanos, y esta ley convierte a la policía en juez, como se ha explicado por parte de algunos de los que ya han intervenido en este atril.

Esta ley, impidiendo la grabación de las actuaciones policiales fomenta la impunidad en los casos de abusos y brutalidad policial, que existen; son pocos, pero existen, y aunque exista uno ya es demasiado. Señorías, Esquerra Republicana de Catalunya considera que sin seguridad no hay libertad, pero es muy grave que aquel que debe garantizar esa libertad sea quien provoque inseguridad y vulneración de derechos. La Ley mordaza va en la línea de la erdoganización. Por si a la traducción simultánea le cuesta, les diré que viene de Erdogan, de Turquía, que, en nombre de la democracia y de las libertades —porque lo hace en nombre de la democracia y las libertades—, va construyendo un Estado policial en el que se niega el debate.

Así pues, la derogación de esta ley puede suponer un rayo de esperanza para las libertades democráticas, pero si realmente quieren conocer un país impecable en el tratamiento de las libertades democráticas de sus ciudadanos, esperen un poco al nacimiento de la república catalana.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Castellana.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Pérez, en Unidos Podemos apreciamos mucho el sentido del humor, pero, tras leer esta moción, o ustedes están sobradísimos de sentido del humor o tienen escaso pudor, desde luego. El que el Partido Popular se presente aquí como adalid de las libertades y para convencernos de que la aprobación de la Ley de seguridad ciudadana fue para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, no se lo traga la gente.

En España, en los últimos años de nuestra historia reciente nos hemos convertido en la época oscura de los derechos y libertades y en un agujero negro de las libertades en Europa. Eso nos queda clarísimo, y el principal ejemplo es esta ley.

Señor Pérez, el rechazo a esta ley fue absoluto; sin embargo, ustedes siguieron adelante, independientemente de lo que nos ha dicho hoy. Y los primeros que se manifestaron en contra de manera masiva fueron los ciudadanos. No hubo nadie, nadie que se manifestara a favor de esta ley, por mucho que ustedes lo intenten decir. De hecho, una encuesta de Metroscopia indica que actualmente el 82 % de los españoles se muestran favorables a pedir la retirada o modificación de la ley. No sé de lo que nos está hablando.

Durante su tramitación, cuatro relatores de Naciones Unidas nos exhortaron a retirar la ley, porque esta, y la del Código Penal, que ustedes archivaron en paralelo —y leo textualmente—, amenazan con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos.

Después, cuando se tramitó la ley, todos los grupos en las Cámaras, menos ustedes y sus filiales, presentaron enmiendas de devolución. Y a pesar de lo que nos ha dicho, los informes del Consejo Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial fueron tan duros, que antes de mandar el proyecto de ley al Consejo de Estado hubo que cambiar bastantes cosas. Posteriormente, todos los partidos, excepto ustedes y sus filiales, llevaron en el programa electoral la derogación de esta ley. ¿Por qué se opusieron todos? ¿Por qué? Porque después de nuestro pasado político los españoles no quieren un retroceso en la democracia. Por eso.

¿Cuál fue el objetivo de esta ley? Obviamente, limitar el derecho a la protesta. ¿Por qué y para qué? Para continuar devaluando los derechos laborales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, sin que la gente pudiera luchar contra ello. Así de claro. Ustedes intentaron amordazar los derechos de libertad de expresión y de manifestación porque, aprovechando la crisis, su hoja de ruta era asalvajar el capitalismo y llevarlo a la época anterior al Estado del bienestar. Esa era su hoja de ruta, y para eso necesitaban laminar la contestación social. Eso es lo que explica esta ley y no otra cosa.

¿Qué es lo que ustedes hicieron? Sacaron del Código Penal determinadas conductas y, a pesar de que nos intentan vender que eso es bueno, se despenalizaron las faltas. La realidad es que muchas de esas faltas pasaron a ser delitos leves, con lo cual se aumentó su pena, por ejemplo, en el caso de los hurtos, lesiones, coacción, amenazas, daños o faltas de respeto a la autoridad. Y otras faltas pasaron a ser sanciones administrativas. Y no nos venda que eso es mucho mejor para poder sancionar —como nos ha dicho, señor Pérez—, porque la realidad es que muchas de esas faltas, ahora administrativas, tienen unas sanciones enormes, mucho mayores que antes. Le pondré un ejemplo. En el Código Penal, la anterior falta de perturbación leve del orden en reuniones numerosas tenía una condena de entre diez y treinta días/multa, lo que podía suponer para alguien que no tuviera recursos un máximo de 600 euros. Pues bien, actualmente la multa administrativa es de 601 a 30 000 euros. Obviamente, la diferencia es bastante grande. Lo que ustedes hicieron fue aumentar las infracciones y agravar las sanciones, por supuesto, provocando la ira del control judicial de la justicia penal, que es mucho más garantista. Además, los tribunales de lo Penal no les estaban dando razón respecto de la mano dura que ustedes estaban pidiendo. Y provocaron que hubiera que acudir a la vía administrativa, que es más costosa, menos garantista y en la que hay que tumbar la presunción de veracidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

¿Qué sentido tiene todo esto? Obviamente, amedrentar la protesta, cuando precisamente los que protestan son las personas con menos recursos. Ese es el sentido. Además, ustedes condenan formas de protesta pacífica que antes no eran sancionadas, como el cierre o corte de vías públicas, los escraches, las pancartas o su despliegue en edificios públicos. Repito: ¿qué sentido tiene esto? No se puede entender la Constitución sin los derechos fundamentales de reunión, libertad de expresión, manifestación o huelga, y ustedes se los están cargando. Antes los periodistas podían hacer su trabajo y contar a la sociedad lo que ocurría en una manifestación.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MORA GRANDE: Ya acabo.

Ahora, la policía puede, si quiere, ocultar algo, intervenir cámaras y sancionar a los periodistas por hacer su trabajo. Reporteros sin Fronteras considera, desde luego, que esta ley es coactiva. Esto es lo que ustedes entienden por defender las libertades.

Con respecto a lo que insta su moción, claro que estamos de acuerdo en salvaguardar los derechos y libertades de todos los ciudadanos: derogando la Ley mordaza.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gavira.

El señor GAVIRA MORENO: Gracias, presidente. Buenos días a todos.

El Grupo Socialista considera que presentar esta moción en estos momentos viene a justificar lo que otros compañeros ya han dicho aquí y lo que ya ha ocurrido en el Congreso con la propuesta de proposición de ley que presentó el Grupo Socialista.

Señores del Partido Popular, esta ley surge como consecuencia de las manifestaciones y la desesperanza de muchos ciudadanos ante las iniciativas que ustedes estaban tomando. Todos los datos estadísticos indican que España es uno de los países más seguros de su entorno, por tanto, esta ley surge como consecuencia de lo ya dicho. Desde el primer momento pedimos que se derogase; y había que hacerlo, porque en el binomio libertad-seguridad esta ley no protegía a los más débiles, sino todo lo contrario. Los sancionaba. Sancionaba a los que tenían la necesidad de manifestarse, de reivindicar que no les quitaran su vivienda por desahucio. Desde el primer momento se ha podido comprobar la arbitrariedad de esta ley, que no concreta cuestiones fundamentales a la hora de establecer los procedimientos, donde la autoridad solo la tiene la policía. Se pueden poner multitud de ejemplos de esa importante discriminación, y por eso esta ley no puede mantenerse más tiempo.

El señor Pérez se preguntaba cómo los socialistas podemos venir aquí a dar ejemplo cuando fuimos los responsables de la Ley del 1992, la de la patada en la puerta. Pues, señor Pérez, estuvo mal, pero le recuerdo que por aquel entonces cada día un guardiacivil, un policía o cualquier ciudadano moría como consecuencia del terrorismo de ETA. Eso no ocurre en estos momentos en España. La única amenaza que tenemos es la que tienen la mayoría de los países europeos: el terrorismo islamista y el crimen organizado. No podemos dejar de cambiar esta ley, porque hoy las necesidades de nuestra población son otras y los ciudadanos se tienen que sentir seguros y no más inseguros todavía, como ocurre con esta ley. Les voy a poner un ejemplo. En mayo de 2016, un pescadero del barrio de La Viña, de Cádiz, estaba vendiendo pescado y le explicaba a la policía local lo que tenía para dar de comer a sus hijos ese mes; y alguien que lo grabó con un vídeo fue sancionado con 601 euros de multa. Como decimos en Andalucía, señor Pérez, esta ley está machacando a los más débiles. Repito que es necesario derogarla cuanto antes, porque España hoy es uno de los países más seguros de nuestro entorno. En ese sentido, ya dijo el ministro que estaba dispuesto a colaborar y a trabajar en una nueva redacción. Se pueden poner muchos ejemplos de periodistas que por hacer un reportaje sobre un desahucio han sido sancionados, etcétera, pero España hoy no tiene que dar ejemplo de esa represión precisamente a los que han sufrido la crisis, no la crearon y realmente tienen la necesidad de manifestarse y reivindicar que no les quiten su vivienda y, desde luego, no ser sancionados. Y es que si a alguien le quitan su vivienda y encima lo sancionan con una multa entre 600 o 30 000 euros, como decimos en mi tierra, para ese viaje no necesita esas alforjas, señorías.

Por tanto, vamos a ser coherentes y a tratar la seguridad atendiendo a la realidad y las necesidades que hoy tiene este país, que fundamentalmente son, como ya he dicho, el terrorismo islamista y el crimen organizado. Y hagamos una ley realmente necesaria para los ciudadanos que más la necesitan.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor GAVIRA MORENO: Voy terminando, señor presidente.

Repito que lo que hay que hacer es derogar esta ley. Y el Partido Socialista está aquí para buscar el consenso, desde luego, y para que los ciudadanos estén cada vez mucho más seguros.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gavira.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición de nuestro grupo con respecto a esta moción. Como ya he manifestado, creemos necesario articular medidas para permitir una impecable, más rigurosa, más amplia y mejor aplicación de la ley para salvaguardar los derechos de la ciudadanía y proteger las libertades de todos. Como es evidente, votaremos a favor de esta moción.

Quisiera comenzar diciendo que creemos firmemente que vivimos en un país, como es España, en el que los derechos y las libertades están garantizados. No lo duden, señorías. Vivimos en un país seguro, en un país donde se respetan y se garantizan las libertades; en definitiva, vivimos en un gran país.

Voy a referirme a alguno de los discursos que hemos escuchado aquí, que creo que no se corresponden ni con la realidad ni con la legalidad ni con el sentido común. Algunos han utilizado argumentos aterradores y conmovedores que rayan en lo esperpéntico y quizá en el detalle, no en lo genérico. Creo que lo que se ha pretendido con algunos de los discursos es generar una alarma social, pero no lo van a conseguir porque la realidad es muy diferente.

Hemos escuchado a algunos portavoces pintar una España siniestra en la que poco menos que hay un Estado policial que persigue al pobrecito. Miren, señorías, esa no es la realidad. Se persigue al delincuente, se persigue al que restringe la seguridad y, en definitiva, atenta contra la libertad. Han hablado de que en España hay ausencia del disfrute de libertades, pero en estos momentos eso no se lo cree absolutamente nadie. Frente a lo que han manifestado, les invito a que digan qué libertades se restringen. No se restringe ninguna libertad, no han hablado absolutamente de ninguna, solamente han dado algún detalle. Decir, como han hecho algunos de ustedes, que se restringe y se sanciona la libertad de expresión, tampoco es cierto. Y parece una broma contar a los españoles que se restringe también la libertad de manifestación. Les he dicho que a lo largo del año de aplicación de esta ley solamente ha habido noventa y cinco denuncias por manifestaciones. Creo que promulgan un discurso que no es cierto, y los datos que les he transmitido no se corresponden con lo que ustedes manifiestan.

Me refiero ahora al mundo de la izquierda. Ustedes han hablado de Turquía, pero podían haberlo hecho de Cuba o Venezuela, donde algunos han asesorado, entre otras cosas, en cuestión de libertades. Creo que mal ejemplo pueden dar en ese sentido. Me imagino que el modelo que pretenden implantar no es el que más defiende las libertades.

Y me ha preocupado algo que ha dicho la representante de Coalición Canaria: que esta es una Cámara de confrontación. Creo que eso es una falta de respeto a la autonomía del Senado y pretende devaluar la acción del Senado. Nosotros no estamos por estas cuestiones; estamos por defender la autonomía del Senado, por utilizar al Senado y darle la máxima capacidad, no solamente de legislar, colegislar o de segunda lectura, sino también de autonomía propia.

En cuanto al Partido Socialista, su discurso es ambiguo o más bien contradictorio, porque cuando está en el Gobierno hace unas cosas y cuando está en la oposición hace totalmente lo contrario. Yo invitaría al Partido Socialista a sumarse a lo que ha propuesto el ministro del Interior: políticas de Estado, políticas que de alguna manera defiendan el interés general, políticas que garanticen la seguridad y profundicen en la libertad. Eso es lo más importante

Termino, reiterando que con esta moción queremos profundizar en una más clara aplicación de la Ley de seguridad ciudadana, en una aplicación que salvaguarde esos derechos. Y les invitamos al diálogo, tal como hizo el ministro, un ministro que no solamente ha propuesto participar en seguridad ciudadana, sino incluso mejorar la redacción de este proyecto de ley, en definitiva, salvaguardar la seguridad de los españoles en unos momentos muy complicados en toda Europa en materia de seguridad ciudadana, y eso sí que puede afectar a las libertades. Creo que si votasen a favor de esta moción harían un favor no solamente al Partido Popular, sino a todos los ciudadanos de España.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Lapazarán.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.



MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE NUESTRO ACTUAL MODELO ENERGÉTICO. (Votación). 671/000008 GPS

El señor PRESIDENTE: Señorías, en primer lugar, sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación, que se debatió ayer a última hora, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la transformación de nuestro actual modelo energético, con la incorporación de la enmienda aceptada del senador Cleries, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 75; en contra, 153; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



MOCIONES

MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ARTICULAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PERMITIR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Votación). 662/000034 GPP

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la moción que se acaba de debatir, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la que se insta al Gobierno a articular todas las medidas necesarias para permitir la correcta aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 143; en contra, 109.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO Y LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA (SAAD). 662/000032 GPS

El señor presidente da lectura al punto 4.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 10 enmiendas: 7 del Grupo Parlamentario Mixto: 1 a iniciativa del senador Yanguas,  3 a iniciativa de los senadores Navarrete y Mulet, 1 a iniciativa del senador Cleries y 2 a iniciativa de los senadores Alegre, Crisol y Marcos. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Hay 1 enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; 1 enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y otra enmienda del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor; abandonen el hemiciclo en silencio.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador De Lara, que no va a comenzar su intervención hasta que no haya silencio en el hemiciclo. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, señoría.

El señor DE LARA GUERRERO: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.

El 14 de diciembre pasado se han cumplido diez años desde la aprobación de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Dicha ley fue concebida y alumbrada de forma consensuada: comunidades autónomas, entidades locales y movimientos asociativos estuvieron de acuerdo con una ley que era buena y necesaria. El cuarto pilar del Estado del bienestar empezaba a cimentarse, garantizando desde lo público la atención y cuidado de los más débiles, de los más perjudicados por la vida o por la naturaleza. Se reconocía el derecho subjetivo y universal, garantizado desde lo público, de la atención a las personas que no pueden valerse por sí mismas. Existía un calendario de implantación, que se fue aplicando en su justo cumplimiento. La beneficencia empezaba a arrumbarse en el cajón del olvido y todas las administraciones se aplicaban y se implicaban en tan loable decisión.

El calendario se fue cumpliendo a rajatabla, tal como estaba previsto en la ley, y con la llegada del Gobierno del PP, terminando ya 2011, se quebró todo lo planificado, y lo que es peor, se sembró el desasosiego en beneficiarios y familias. Fueron muchos los perjudicados, entre ellos podemos subrayar la situación de desamparo en que quedaron aquellos que ya en diciembre de 2011 no pudieron acceder a los derechos y servicios que la propia ley ya contemplaba. Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 eliminaron la partida correspondiente al nivel acordado, que ascendía a 283 millones de euros y, tal como ocurrió en los presupuestos de los años sucesivos, este nivel de financiación ya previsto en la ley volvió a ser insistentemente suprimido año tras año, hasta el actual 2016, que ahora acaba.

El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, denominado, eufemísticamente, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, modificó 14 artículos, cercenando nuevos derechos incorporados al sistema. A saber, por ejemplo: la supresión de los dos niveles en que se dividía cada grado; la reducción en un 13 % de la aportación de la Administración General del Estado; la reducción de un 15 % de la prestación económica por los cuidados en el entorno familiar; la revisión del convenio especial de la Seguridad Social para las cuidadoras no profesionales, cuyas cotizaciones pasaban a ser a su cargo; la incorporación de un plazo suspensivo de dos años de las nuevas prestaciones por el cuidado del entorno familiar; el retraso de entrada de dependientes moderados; la introducción de un régimen de incompatibilidades en las prestaciones; la exclusión del silencio positivo en el reconocimiento de prestaciones para los cuidados familiares. El incremento de los copagos, por ejemplo, devino en medida lacerante —añadida, por cierto—, que sufrieron y aún sufren miles de personas en situación de dependencia. La supresión del nivel concertado de financiación —para mí es de lo más grave y más relevante, aunque lo más grave son los problemas de las personas dependientes— ha supuesto que la responsabilidad de las comunidades autónomas no se haya visto correspondida con la solidaridad del Gobierno central.

Vergonzoso es el adjetivo más moderado que se puede aplicar a la situación actual, en la que la Administración General del Estado aporta el 18 % para financiar la dependencia y las comunidades autónomas el 82 %, como tantas veces se ha dicho ya. O sea, el gasto público por beneficiario es de 8500 euros año, de los que 7000 euros los aportan las comunidades autónomas y el Gobierno de España solamente 1500 euros. Los datos no están inventados, están extraídos del informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales a partir de las certificaciones entregadas al Observatorio Estatal para la Dependencia por las propias comunidades autónomas, excepción hecha del País Vasco y de Navarra. En el informe no computan gastos, que a mi modo de ver son también significativos e importantes, a cuenta de las entidades locales ni los copagos; si se consideraran, harían aún más raquítica la aportación de la Administración General del Estado.

Es radicalmente cierto que la dejación de responsabilidad del Gobierno del PP reducida a cifras y acumulada desde la entrada en vigor del malhadado Real Decreto Ley 20/2012 asciende ya a más de 2865 millones de euros. No me lo invento, se reconoce en el plan de estabilidad y en los planes de reforma remitidos a Bruselas. Cerca de 400 000 personas, con grado 1 de dependencia moderada que deberían haber sido atendidas entre 2012 y 2014 vieron postergados sus derechos hasta 2015 y en torno a 178 000 personas, casi todas mujeres —como todos sabemos, históricamente encargadas de atender y cuidar a sus familiares dependientes e imposibilitadas de integrarse por esa causa al mercado laboral—, que encontraron la espita de poder cotizar a la Seguridad Social y de asegurarse una pensión futura, vieron sus esperanzas nítida y netamente tronchadas. Aunque el calendario está implantado desde julio de 2015, la lista de espera asciende a más de 363 000 personas; hoy hay menos y peores servicios y prestaciones.

La verdad es que cuesta mucho trabajo hacer un resumen, pero no resulta difícil exponer que el Gobierno del Partido Popular se ha cebado con los que menos capacidad tienen para sobrevivir y para defenderse, podándoles prestaciones y reduciendo impúdicamente un presupuesto mínimamente digno para sostener las existentes, aplazando por tres veces el calendario de implantación de la ley.

El Grupo Socialista presenta esta moción e insta al Gobierno para que dé un radical golpe de timón, promoviendo un gran pacto con las comunidades autónomas que garantice la financiación y desarrollo normalizado de la Ley de promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. Asimismo, exigimos: Reincorporar al régimen general de la Seguridad Social a los cuidadores familiares, como ha quedado expuesto en la introducción, rehabilitándolos en los derechos de cotización retirados y restituyéndoles el 15 % de prestación económica detraída. Encomendar a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios la realización de un estudio serio del estado de aplicación de esta ley a fin de detectar las carencias existentes; dicho diagnóstico permitirá, estamos convencidos, urdir y aplicar las mejoras que fueran menester. Presentar un proyecto de ley que incluya la supresión de las restricciones en materia de incompatibilidades y de cuidados familiares, garantizando el acceso universal y equitativo. Eliminar el incremento de los copagos incorporados en 2012 sería otra de las acciones que se añaden. Potenciar la gestión pública del sistema y garantizar en cualquier caso, rotundamente, el carácter público de las tareas de valoración, seguimiento e inspección. Desplegar, asimismo, un esfuerzo presupuestario para dependencia, no solo suficiente sino proporcional a la balanza competencial existente con las comunidades autónomas. Añadir mecanismos de financiación adicionales a la atención a la dependencia, vinculados en sentido concreto a la reducción de listas de espera. Incorporar en el sistema a todas las personas en situación de dependencia moderada. Mejorar la calidad de los servicios prestados y del necesario nuevo empleo que se cree; y finalmente —lo expresa la moción—, priorizar los servicios sobre las prestaciones económicas vinculadas a ellos y potenciar en tal sentido la red de centros y servicios que generan empleo estable y garantizan por encima de todo, ya que es lo más importante, la atención de calidad que las personas dependientes indudablemente merecen.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De Lara.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Senyories, com bé saben, al ple passat vam tenir també l’oportunitat de parlar de dependència, de la mal anomenada Llei de Dependència. Des del Partit Demòcrata vam deixar negre sobre blanc, claríssim, quines eren les exigències a nivell de poder donar resposta als dependents, en aquest catalans, però de tots els territoris. Estem d’acord amb l’esperit de la moció. De fer, si s’aconseguís tot allò que diu seria un gran què.

Però nosaltres hem fet una esmena, en primer lloc, en el sentit de complir allò que està pactat. Perquè està molt bé promoure pactes, però primer, abans de tornar a revisar i promoure pactes, el que s’ha de fer és acomplir allò que està pactat. Altrament no es pot explorar el camí dels pactes si aquells que ja estan fets no s’acompleixen. En aquest sentit, demanàvem un bon finançament de la llei; tal com està pactat, el 50 % per part de l’Estat, igualant allò que aporten les comunitats autònomes.

També per a nosaltres és molt important que hi hagi concertació a l’hora de desenvolupar activitats, especialment en el tercer sector; concertació amb el sector privat. I també és molt important per a nosaltres que es tingui en compte el cost real del serveis en cada comunitat autònoma. No estem d’acord amb l’homogeneïtzació, perquè no és el mateix assumir el servei i el cost d’una residència en una comunitat autònoma que en una altra, i amb aquest mínim que s’aporta no està en igualtat de condicions cada Comunitat Autònoma per donar les prestacions. Volem prestacions iguals, les mateixes prestacions en tots els territoris, però atenent a aquestes diferències de costos.

Moltíssimes gràcies.

Gracias, presidente.

Señorías, como bien saben, en el Pleno anterior tuvimos la oportunidad también de hablar de dependencia, de la mal llamada Ley de dependencia, y el Partido Demócrata dejó negro sobre blanco, clarísimo, cuáles eran las exigencias para poder dar respuesta a los dependientes, en este caso catalanes, pero de todos los territorios. Estamos de acuerdo con el espíritu de la moción; de hecho, si se consiguiera todo lo que dice sería muy significativo.

Nosotros hemos presentado una enmienda para, en primer lugar, cumplir lo que está pactado; porque está muy bien promover pactos, pero antes de volver a revisar y promover pactos hay que cumplir lo que está pactado; no se puede explorar el camino de los pactos si los que ya se han hecho no se cumplen. En ese sentido, pedimos una buena financiación de la ley, como está pactado, el 50 % por parte del Estado, igualando lo que aportan las comunidades autónomas.

También es muy importante para nosotros que haya concertación con el sector privado a la hora de desarrollar actividades, sobre todo con el tercer sector. También lo es que se tenga en cuenta el coste real de los servicios en cada comunidad autónoma. No estamos de acuerdo con la homogeneización porque no es lo mismo asumir el coste de una residencia en una comunidad autónoma que en otra, y con ese mínimo que se aporta, las comunidades autónomas no están en igualdad de condiciones para dar las prestaciones. Queremos prestaciones iguales, las mismas en todos los territorios, pero teniendo en cuenta estas diferencias de costes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Senador Marcos, tiene la palabra.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.

Antes de comenzar, quiero mencionar dos hitos que ya ha comentado el proponente, al senador del Grupo Socialista: el 14 de diciembre de 2006 entró en vigor la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia; diez años después —y lo traigo aquí porque creo que es pertinente— se acuerda un impulso para un pacto de Estado por el sistema de autonomía y atención a la dependencia, que firman todos los partidos políticos en el Congreso de los Diputados excepto el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco.

Menciono esto porque creo que es donde tenemos que poner el acento, sobre todo reconociendo la gran labor que realiza el Observatorio Estatal para la Dependencia a través de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que en Ciudadanos seguimos muy de cerca y nos parece un instrumento muy loable para que la Ley de dependencia se cumpla.

Usted ha apuntado tres cosas que nos parecen muy importantes: incumplimientos sistemáticos por parte del Partido Popular de la Ley de dependencia en cuanto a su implementación; falta de financiación, que hay que retomar, y conflictos de competencias en las comunidades autónomas.

La letra y el fondo de su propuesta nos parecen bastante bien traídos por algo que se ha producido hace escasas fechas, el 14 de diciembre de 2016, después de diez años de la entrada en vigor de la ley, porque nuestro grupo parlamentario cree que las leyes deben ser cumplidas y porque no solamente estamos hablando de una ley, en frío, sino de personas en situación de dependencia —vulnerables somos absolutamente todos los ciudadanos y ciudadanas de este país— y están en juego la dignidad y la calidad de 1,2 millones de personas en todo el Estado español. Por eso, aunque hemos presentado a la moción del Grupo Socialista un par de enmiendas, que son de matiz, creemos que esta propuesta está muy bien traída a la Cámara.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.

Senador Navarrete, tiene la palabra.

El señor NAVARRETE PLA: Gràcies, senyor president.

La llei coneguda com a Llei de dependència va ser aprovada per un ampli consens polític, de comunitats autònomes, entitats locals, agents socials, etcètera. La llei reconeix el dret de les persones que no es poden valer per sí soles de ser ateses pels poders públics; un dret universal i una garantia jurídica.

A l’Estat espanyol hi ha més de 2 milions de persones en situació de dependència reconeguda. Això significa 2,5 % dels ciutadans espanyols necessita ajut bàsic per les seves activitats en la vida quotidiana. Una de cada tres persones encara no està rebent cap prestació. La llista d’espera a l’Estat espanyol és de més de 400 000 persones.

Amb el famós Decret 20/2012 i l’eliminació de la dotació pressupostària en aquests temes en els últims 5 anys, el PP ha aconseguit posar en risc la sostenibilitat del sistema. Ha posat a moltes comunitats autònomes inpedint-les seguir el camí de la dependència. La intenció era desfer la llei a l’empara d’un reial decret.

És fonamental desenvolupar i finançar el sistema que garantisca la igualtat i una vida digna. Per això, estem d’acord amb aquesta moció tot i haver-hi presentat esmenes, que creiem que haurien d’acceptar perquè pràcticament són iguals que les que es van presentar el passat 14 de desembre al Congrés dels Diputats i que van ser consensuades.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

La ley conocida como Ley de dependencia se aprobó con un amplio consenso político de comunidades autónomas, entidades locales, agentes sociales, etcétera. La ley reconoce el derecho de las personas que no se valen por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos; es un derecho universal y una garantía jurídica.

En el Estado español hay más de 2 millones de personas en situación de dependencia reconocida. Eso significa que el 2,5 % de los ciudadanos españoles necesitan ayuda para las actividades básicas de su vida cotidiana, pero 1 de cada 3 personas no está recibiendo ninguna prestación. La lista de espera en el Estado español es de más de 400 000 personas.

Con el famoso Decreto 20/2012 y la eliminación de la dotación presupuestaria para esta materia, en los últimos cinco años el PP ha conseguido poner en peligro la sostenibilidad del sistema, lo que ha supuesto que muchas comunidades autónomas no puedan seguir el camino de la dependencia. La intención era deshacer la Ley de la dependencia al amparo del decreto.

Es fundamental desarrollar y financiar un sistema que garantice la igualdad y la vida digna. Por eso, aunque hayamos presentado enmiendas, estamos de acuerdo, pero creemos que deberían aceptarlas ya que el 14 de diciembre en el Congreso de los Diputados se aceptaron y fueron consensuadas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Senador Yanguas, tiene la palabra.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros, Unión del Pueblo Navarro, hemos presentado una enmienda de adición con la que pretendemos dejar más claro en la moción la financiación de esta ley de promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. Solicitamos que se recupere la financiación que estaba prevista y que se llevó por delante el Real Decreto Ley 20/2012, del que ya se ha hablado aquí.

En la Comunidad Foral de Navarra, de donde yo vengo, el Gobierno liderado por UPN, mi partido, mantuvo las cuantías y los servicios de la anterior ley. No quisimos dejar a nadie en la estacada y fue un compromiso total con los más vulnerables, que, además, propició después un informe de la Cámara de Comptos Foral que decía que el 100 % de las ayudas se repartía de la siguiente manera: el 9 % lo aportaba el Estado, el 22 % siguiente lo aportaban los usuarios y el 69 % lo pagaba la Hacienda Foral. Por eso digo que fue una decisión comprometida para no dejar a nadie en la estacada.

Voy terminando, señor presidente. Así las cosas, en el Congreso de los Diputados hemos presentado una iniciativa para que se retome aquella financiación acordada. Y respecto a la enmienda que hoy presento aquí, como no hablaré en el turno de portavoces y ya ha adelantado el senador De Lara que la ven con buenos ojos, quiero agradecer al Grupo Socialista y al citado senador que la acepten.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gràcies, president. Senyories.

Ens tornem a trobar per parlar una vegada més sobre temes relacionats amb la Llei de la Dependència. El parer del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana és que compartim parcialment el contingut de la moció, i l’esmena que presentem fa referència al punt 1. Nosaltres demanaríem que es canviés en el sentit d’incrementar els recursos destinats al finançament i desplegament de la Llei de Promoció de l’Autonomia i Atenció a les Persones en Situació de Dependència. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

Si fem una mica de memòria, recordarem que la competència en matèria de serveis socials és exclusiva de la Generalitat de Catalunya, i per tant la Llei de la Dependència representa una invasió competencial. Si bé és veritat que en el seu moment, l’any 2006, Esquerra Republicana de Catalunya va votar-hi a favor, per coherència nosaltres no ens oposarem a la proposta del Grup Parlamentari Socialista.

També m’agradaria recordar, tal com han fet també altres grups parlamentaris, que l’aportació de les Comunitats Autònomes els darrers anys supera el 80 % i que, en concret, fins i tot en alguns casos l’aportació dels particulars acaba superant l’aportació que fa l’Estat per aquesta matèria. Així mateix, també m’agradaria recordar que, en el cas de Catalunya, en el període 2012-2015, el càlcul dels diners no rebuts per part de l’Estat espanyol arriba a 336 milions d’euros. En aquest sentit, la meva companya senadora del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Anna Azamar, en el torn de portaveus, acabarà de completar aquesta intervenció.

Moltíssimes gràcies, senyores i senyors senadors.

Presidente. Señorías.

Volvemos a encontrarnos para hablar una vez más sobre temas relacionados con la Ley de la dependencia. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana comparte parcialmente el contenido de la moción, y la enmienda que presentamos hace referencia al punto 1. Pedimos que se cambie en el sentido de incrementar los recursos destinados a la financiación y para el despliegue de la Ley de promoción de la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que la competencia en materia de servicios sociales es exclusiva de la Generalitat de Cataluña y que, por lo tanto, la Ley de la dependencia representa una invasión competencial. Si bien es cierto que en su momento, en 2006, Esquerra Republicana de Cataluña votó a favor, por coherencia, no nos vamos a oponer a la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.

Me gustaría también recordar, tal como han hecho otros grupos parlamentarios, que la aportación de las comunidades autónomas en los últimos años supera el 80 % y que incluso en algunos casos la aportación de los particulares acaba superando la del Estado en esta materia. Asimismo, me gustaría también recordar que en el caso de Cataluña en el periodo 2012-2015 el cálculo del dinero no recibido por parte del Estado español alcanza los 336 millones de euros. En ese sentido, mi compañera, la senadora del Grupo Parlamentario de Esquerra, Anna Azamar, en el turno de portavoces acabará de completar esta intervención.

Muchísimas gracias, señoras y señores senadores.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Martí.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Sánchez Torregrosa.

La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Después de analizar la moción que el Grupo Socialista presenta en esta Cámara y tras escuchar la intervención del señor De Lara, intervención que, me tiene que disculpar, deja mucho que desear, no tengo intención en entrar en el «y tú más» ni en el enfrentamiento. Mi grupo pretende encontrar puntos de unión con los que podamos comenzar a trabajar.

Así, en un intento por llegar a un acuerdo y con esa voluntad de consenso, el Grupo Popular ha presentado una enmienda de sustitución, cuyo primer punto habla de promover un pacto de Estado por los servicios sociales, sobre todo para el fortalecimiento del sistema de dependencia, sobre la base del diálogo, la participación y la transparencia, con la apertura de diferentes mesas de diálogo. ¿Por qué? Porque la propuesta que trae el Grupo Socialista en su moción limita el impacto a las comunidades autónomas y nosotros creemos que debemos ser mucho más ambiciosos. Por eso consideramos imprescindible hablar de estos asuntos, que tan directamente afectan a las personas, en ese gran pacto de Estado al que esta enmienda hace referencia.

El segundo punto de la enmienda pretende priorizar los servicios sobre las prestaciones económicas y quedaría transcrito tal cual lo trae el Grupo Socialista. ¿Por qué? Porque esto ya se viene haciendo, señorías, desde el año 2012, hasta el punto en que hoy los servicios representan el 66 % del total de las prestaciones reconocidas, es decir 11 puntos porcentuales más que en el año 2011. Esto ha contribuido en gran medida a la generación de muchos puestos de trabajo y hoy hay 382 000 trabajadores en el sistema de dependencia, la mayor parte de los cuales son mujeres.

Paso a hacer un análisis del resto de propuestas del Grupo Socialista y explicar por qué no estamos a favor. Por ejemplo, hablan de incorporar el Régimen General de la Seguridad Social a los cuidadores familiares de las personas en situación de dependencia, y creo que no es necesario recordar a sus señorías que cuando se comprometió el abono de la cotización por parte del Estado, este pago no llegó nunca a realizarse por el Gobierno socialista y dejaron una deuda de más de 1034 millones a la Seguridad Social. Además, debemos tener en cuenta que volver al sistema de financiación de las cuotas de los cuidadores familiares por parte del Estado supondría una discriminación para el resto de asalariados y autónomos que tienen que soportar el pago de sus cotizaciones.

La Ley de dependencia, señorías, quiere generar empleo, a la vez que respeta, eso sí, las decisiones de los usuarios y sus familias. Por todo ello, se reformó esta prestación a favor de los servicios de atención a la dependencia para que se prestase por profesionales adecuadamente cualificados y así generar empleo.

Hablan de que la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios realice una evaluación de la aplicación de la ley. Por supuesto, el Grupo Popular está a favor de hacer evaluaciones, ya que con ellas podemos buscar la mejora del sistema, pero consideramos que es el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia quien debe realizar dichas evaluaciones, tal y como dice la ley y tal y como se acordó en julio de 2012 con las comunidades autónomas. En caso de estimarse conveniente una evaluación por un órgano externo al sistema, como puede ser Aeval, debe ser el propio Consejo Territorial el que así lo acuerde.

Hablan de la eliminación del incremento del copago introducido en el año 2012. Mire, no ha habido ningún incremento del copago en el año 2012, sino que ha sido la propia ley de 14 de diciembre la que establece un modelo de financiación en el que participan las diferentes administraciones públicas, y, señorías, la ley habla de las personas beneficiarias del sistema, es decir, de los usuarios. Hay que dejar constancia de que actualmente las cuantías de las aportaciones que realizan los beneficiarios son inferiores a las que preveía la memoria económica elaborada por ustedes.

Señorías, si nos centrarnos en buscar puntos de acuerdo, entre ellos podemos trabajar en presupuestos suficientes y acordes con la distribución de competencias de las comunidades autónomas. Podríamos hablar de financiación; claro que hay que mejorar la financiación, pero el mejor marco para hacerlo es dentro de ese gran pacto de Estado por los servicios sociales y la dependencia.

Con respecto al resto de propuestas de su moción, no tiene ningún sentido revocar aquello que se está haciendo bien, como las medidas que han garantizado la sostenibilidad presente y futura del sistema de atención y autonomía de dependencia y han garantizado el derecho subjetivo de la ciudadanía en situación de dependencia.

El Grupo Popular, buscando puntos de unión y un escenario de consenso, ha presentado esta enmienda de sustitución que engloba principalmente ese gran pacto de Estado por los servicios sociales y para el fortalecimiento del sistema de dependencia. Aquí es donde debemos obrar la mejora de la financiación, entre otros asuntos de interés. Vamos, pues, a empezar a trabajar sobre aquellos puntos que nos unen.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, vaya terminando.

La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: Ahora mismo termino, presidente.

Vamos a centrarnos en trabajar en los puntos que nos unen y esta enmienda, señoría, es un buen punto de partida. Trabajemos en nuestros puntos fuertes y, a partir de ahí, sigamos trabajando todos juntos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Sánchez Torregrosa.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Bernal.

El señor BERNAL LUMBRERAS: Gracias, presidente.

Señorías, el Grupo Unidos Podemos va a continuar apoyando las propuestas de PNV y Democracia y Libertad. En consecuencia, vamos a solicitar la derogación del artículo 135 de la Constitución española y del Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, y la apertura de un nuevo proceso constituyente que, entre otros temas, permita blindar la atención a la dependencia como un derecho subjetivo.

Consideramos que si no se desmonta el sistema legal que sostiene las políticas de austericidio del Partido Popular, es imposible que se atienda a las políticas sociales.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Bernal.

Para manifestar si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra el senador De Lara.

El señor DE LARA GUERRERO: Señorías, voy a comentar las enmiendas en función de su orden de presentación en el registro, por su propio número.

Aceptamos la enmienda de UPN, señor Yanguas, como le he comentado. Lo que plantea viene expresado con otras palabras en nuestra moción, pero tampoco rompe el sentido de la moción, concretamente de nuestro punto número 1, al decir que se incremente paulatinamente la financiación prevista.

En el caso de Coalició Compromís, señor Navarrete, han presentado tres enmiendas. La primera, que tiene cinco puntos, la rechazamos. Lo que plantean ustedes coincide con lo que proponen otros grupos, hay una identidad de pareceres, pero también coincide con el propio texto de la moción, aunque con otro tipo de redacción. Por tanto, no es que las rechacemos, es que si se incorporaran harían el texto retórico, ampuloso.

De los cinco puntos que proponen en la primera enmienda hay uno que nos interesa destacadamente: poner en marcha la figura del asistente personal, pero al ir incluido en una enmienda de mayor dimensión, no podemos fraccionarla. Aunque, repito, comulgamos con ese planteamiento, no podemos aceptarlo, aun cuando formaba parte de las líneas incluidas en el programa electoral del Partido Socialista.

Decimos sí a su enmienda 12 303, en la que apuestan por hacer más ágil la gestión e incrementar políticas de prevención y control. Estamos de acuerdo, aunque nosotros también hablamos de control en el punto 5.

Sí a la enmienda 12 304, en la que, respetando casi todo el texto de nuestro punto 6, abogan por la financiación equitativa de todas las administraciones públicas responsables. Estamos de acuerdo.

Señor Marcos, portavoz de Ciudadanos, gracias por sus amables palabras durante su exposición. En la enmienda 12 477, que no vamos a aceptar, proponen garantizar la libertad de los dependientes para elegir la prestación y el servicio correspondiente. Estamos de acuerdo con la filosofía, pero podría ser un caos la unilateralidad en la decisión del dependiente para que él decida —que es lo que se desprende de la enmienda, aunque no hayan querido decir eso— qué tipo de servicios o prestaciones requeriría. La ley ya contempla la opinión del dependiente, pero la que vale es la del profesional, que tiene que valorar, que contrastar qué alternativas de servicios y prestaciones benefician a ese dependiente.

En cuanto a la otra enmienda, ustedes proponen la palabra abordar donde nosotros decimos incorporar con carácter inmediato al régimen de la Seguridad Social a los cuidadores familiares. Es cuestión de semántica, pero nos parece más radical, más exigente, más necesario que se recoja incorporar ya.

El señor Martí, de Esquerra Republicana, propone sustituir nuestra apuesta por un pacto con las comunidades autónomas por un texto genérico que apuesta por incrementar los recursos que ya aparecen en el punto 6 de nuestra moción. Estamos de acuerdo, pero hay un solapamiento, una reiteración y podría parecer redundante.

En cuanto al Partido Demócrata Catalán, señora Rivero, ya se lo he comentado «pasilleando».

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor DE LARA GUERRERO: Estamos en el debate del otro día: apostamos por la igualdad y la equidad y no financiar prestaciones, subvenciones, en función del valor de los servicios prestados.

Termino, señor vicepresidente.

Señora Sánchez Torregrosa, creo que usted ha dicho exactamente que ha dejado mucho que desear lo que yo he dicho. Sé que son frases hechas, pero yo ahora podría contestarle a usted, como frase hecha, que si le hubiera gustado lo que he dicho yo me habría preocupado, evidentemente. Por tanto, me ha dejado tan feliz como estaba antes.

Salvo en el punto 2, que calca literalmente nuestro punto 7, se carga nuestra moción. Su compañero en la anterior moción ha dicho...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, tiene que terminar.

El señor DE LARA GUERRERO: Son muchas enmiendas, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Lo sé, pero se pasa usted ya un minuto de su tiempo.

El señor DE LARA GUERRERO: Estamos en desacuerdo porque rompe nuestra moción.

En cuanto a Unidos Podemos, proponen derogar el artículo 135 y abrir un nuevo debate constituyente. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de dependientes y de sus derechos con carácter inmediato. No es momento para el debate constitucional una moción que es radicalmente exigente aquí y ahora para salvaguardar derechos de dependientes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador De Lara.

Señorías, pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿cuántos van a intervenir? (Pausa).

Tiene la palabra, en primer lugar, la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president, senyories.

Nosaltres estem també per l’equitat. Equitat, si ho busquen, no vol dir res més que a cadascú el que li pertoca. Per tant, nosaltres estem evidentment per l’equitat: a cadascú el que li pertoca. Això no està passant en aquests moments.

Nosaltres volem que el finançament que està pactat s’acompleixi, no volem parlar d’implementar partides sinó d’acomplir aquelles partides que ja estaven compromeses i que no s’han acomplert. En aquest sentit, nosaltres no posarem pals a les rodes a una moció que pretén buscar solucions per a la dependència, però sí els diré que davant l’actitud de la ministra en el seu discurs, que contraposa al discurs del diàleg, referint-se, entre altres coses, a temes nacionals de Catalunya, i també al FLA, nosaltres volem gestos i volem veure solucions, més que no pas mocions o brindis al sol.

Ahir es va parlar aquí de posar catifes vermelles pel tema del FLA. Nosaltres, la catifa vermella la posarem si entre tots som capaços d’acomplir els compromisos de la Llei de Dependència per donar justament autonomia a les persones, la qual cosa no estem fent, i atenció a la dependència, la qual cosa no estem assolint. Per tant, nosaltres compartim l’esperit d’aquesta moció, estem a favor de buscar solucions a aquest tema que està clar que no està resolt, però nosaltres ens abstindrem.

Moltíssimes gràcies.

Gracias, presidente, señorías.

Nosotros estamos también por la equidad. Si lo buscan, equidad no quiere decir más que a cada uno lo suyo. Por tanto, nosotros, evidentemente, estamos a favor de la equidad: a cada uno lo suyo. Esto es algo que no está pasando en estos momentos.

Nosotros queremos que la financiación que está pactada se cumpla; no queremos hablar de implantar partidas, sino de cumplir aquellas que ya estaban comprometidas y que no se han cumplido. En ese sentido, nosotros no vamos a poner palos en las ruedas a una moción que pretende buscar soluciones para la dependencia, pero sí debo decirles que hemos visto una actitud de la ministra con un discurso que se contrapone al discurso del diálogo, cuando se ha referido, entre otros, a temas nacionales de Cataluña y al FLA. Nosotros queremos gestos y queremos ver soluciones más que mociones o brindis al sol.

Ayer se habló aquí de poner alfombras rojas por el tema del FLA. Nosotros la alfombra roja la pondremos si, entre todos, somos capaces de cumplir los compromisos de la Ley de dependencia para dar autonomía a las personas, lo cual no estamos haciendo, y atención a la dependencia, algo que no estamos alcanzando. Por tanto, nosotros compartimos el espíritu de la moción, estamos a favor de buscar soluciones a este tema, que está claro que no está resuelto, pero nos vamos a abstener.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señora Rivero.

Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Buenos días, señorías. Gracias, señor presidente.

Con la dependencia hemos topado —



y seré muy breve porque no tengo mucho tiempo, soy del Mixto—. Pero sí quiero mencionar algunos puntos por respeto a todas esas personas que esperan cada día, por respeto a esas 356 000 personas, lo que supone el 29 % del 1,2 millones de personas que tienen algún grado de dependencia reconocido, pero que aún no reciben ninguna ayuda; también en Canarias, también en la isla de El Hierro. Y eso no lo digo yo, lo reflejan los últimos datos que ha hecho públicos la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales con motivo del décimo aniversario de la ley hace muy pocos días. Un organismo que, por cierto, instó a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para la firma de un documento en el que se comprometían a revertir los recortes que han sufrido las prestaciones del servicio en atención a personas en situación de dependencia desde 2012, y lo firmaron todos los grupos parlamentarios menos uno. Si lo piensan, seguro que aciertan.

Y ustedes se preguntarán, ¿qué barbaridades se proponían en ese documento? Pues nada menos que recuperar el nivel de inversión por parte del Gobierno central de antes de la crisis, lo que supondría una aportación extra de 450 millones. Pero, claro, hay otros intereses.

Se proponía también que los cuidadores —por cierto, más del 90 % mujeres— vuelvan a cotizar, porque muchas veces tienen que dejar su puesto de trabajo para hacerse cargo de su familiar.

Se blindaba el servicio, obligando a que cualquier cambio en las prestaciones sean aprobadas por el Parlamento y no el Gobierno mediante decretos, como ha sucedido.

Se pedía también que el Consejo de Política Fiscal y Financiera establezca un nuevo sistema de financiación autonómica que permita a las autonomías cubrir estos servicios.

Y, por supuesto, se pedía transparencia en el sistema de información de dependencia, porque con recortes no se reducen las listas de espera, sino que las personas mueren antes de recibir las ayudas: 125 000 personas han fallecido en los últimos cuatro años según el Observatorio de la Dependencia —y no lo digo yo— sin llegar a recibir las prestaciones o servicios que les habían sido reconocidos por su situación.

La atención a la dependencia no es un dato, no es una simple ley, es un derecho y una conquista, una conquista social que genera justicia, igualdad, que reduce el gasto sanitario y genera empleo. En definitiva, una conquista que debemos proteger y cuidar como se protegen y se cuidan a las personas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez Cejas.

¿Alguna intervención más del Grupo Mixto? (Pausa).

Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

El pasado día 14 se cumplían diez años de la Ley de dependencia, que venía a cubrir un vacío en el sistema de protección social, una ley cargada de buenas intenciones, pero mal concebida, mal ejecutada e infradotada desde el punto de vista financiero. Así que menos conmemoraciones, señorías, porque el coche que ustedes regalaron a los españoles tenía trampa: la carrocería era preciosa, un gran Maserati, pero no tenía motor.

No se puede negar que esta ley coloca a las personas con discapacidad en el centro de la agenda política, pero es una ley idílica porque es imposible completarla con una financiación adecuada, que no ha casado en estos últimos años con la realidad económica de España ni con las limitaciones de gasto de las comunidades autónomas. El ajuste de las cuentas públicas ha cercenado una ley notablemente menguada desde su nacimiento. El sistema público de dependencia exige una revisión a fondo para armonizar la política en esta materia entre el Ejecutivo y las comunidades autónomas y dotar de la financiación adecuada a un sistema ya considerado como el cuarto pilar del Estado del bienestar, tras la educación, la sanidad y las pensiones.

Hay que ser realistas, tener en cuenta la disponibilidad de recursos y hacerlo de manera coordinada entre el Estado y las comunidades autónomas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Domínguez de Posada.

¿Alguien más del Grupo Mixto quiere intervenir? (Pausa).

Pasamos, pues, al Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra la senadora Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Egun on guztioi.

Hoy hablamos de la Ley de dependencia, pero también lo hicimos la semana pasada e igualmente hace un mes. En lo que va de legislatura es un tema que hemos abordado aquí, si no me equivoco, cuatro veces. Y si quieren que les diga la verdad, parece el día de la marmota: sabemos claramente cuál va a ser el discurso de cada uno de los grupos; sabemos en qué sentido van a ir las enmiendas; los datos los tenemos todos y sabemos que es muy importante. No digo esto porque el tema nos parezca aburrido, ni mucho menos, pero creo que estamos hablando mucho y haciendo muy poco, y yo no sé si se avanza. A lo mejor es que hablando conseguimos no pillarnos los dedos, y esto me parece preocupante.

Pues bien, como suele pasar cada vez que hay un tema sensible y de no fácil solución, aquí se plantea un pacto de Estado. Lo ha planteado el Partido Popular, pero es que plantean siempre los pactos de Estado como si fuesen la panacea, cuando mi sensación es que no curan y, que lo único que hacen, es posponer soluciones. Lo mismo que ese pacto al que se refería el senador Marcos y que el Partido Nacionalista Vasco, evidentemente, no lo ha firmado por coherencia. Por coherencia, porque nosotros votamos no a esa ley, porque nosotros tenemos competencia exclusiva —exclusiva— en servicios sociales y porque la mejor manera de no tener que hacer un pacto para solucionar problemas es cumplir con la ley desde el principio. Curiosamente, la única comunidad autónoma del Estado que ha cumplido con esta ley y la ha desarrollado completamente, tanto en plazos como en coberturas, ha sido Euskadi.

La mayoría de los grupos estaremos de acuerdo en que hay un problema serio de financiación y que las comunidades autónomas están prestando unos servicios que les corresponden, pero que no tienen recursos suficientes. Creo que también estaremos de acuerdo en que es terrible que, en estos momentos, se destine a servicios sociales menos de lo que se destinaba hace quince años. No hay acceso a servicios y prestaciones de todos aquellos que según la ley tienen derecho y les corresponde por derecho ese acceso. Y la mayoría de los grupos de esta Cámara creemos que el Real Decreto Ley 20/2016 es el gran responsable de este problema del que hablamos ahora y de otros muchos, pero, curiosamente, nadie viene aquí a decir que se derogue.

Desde nuestro punto de vista, la Ley de dependencia, aparte de una clara invasión competencial, es claramente inconstitucional. No sé cómo el señor De Lara dice que fue consensuada; se consensuaría pero, desde luego, hubo quienes fueron muy críticos. Es una ley que tiene pecado original, porque no incluyó previsión de financiación; nació coja, sin planificación económica, y por eso estamos así ahora. Reconoce un derecho y nadie se preocupó de saber cuánto iba a costar poder ejercerlo. Es una ley que no se ha desarrollado en su totalidad —excepto en Euskadi— y que no se ha cumplido. Por eso, a mí me extrañó bastante ver cómo antes de ayer el Partido Socialista celebraba en el Congreso su décimo aniversario. ¿Qué celebraban? ¿Que hay un derecho que muchos no pueden ejercer? ¿Qué celebraban? ¿Que hay una ley que no se ha cumplido desde el minuto uno? Sería tan extraño como que nosotros celebrásemos el aniversario del Estatuto de Gernika, otra sin cumplir.

Por tanto, no se ha cumplido la ley y no se ha cumplido el compromiso de financiación. Además, a quienes la tenemos plenamente desarrollada, no solo es que se nos deba la diferencia del 20 % al 50 % pactado, es que se nos debe lo que nos correspondería por reducción de la cuantía financiada y por moratoria en el calendario. (Pausa).

Espero que me disculpen, pero tengo un picor de garganta que no puedo. Termino rápido.

Ahora lo que toca es desfacer el entuerto. Hemos visto diferentes propuestas, las hemos apoyado, esta también la vamos a apoyar, y lo único que nos gustaría es que esto no se quede en una mera declaración de intenciones y que se empiece a trabajar de verdad en este asunto.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias por el esfuerzo, senadora Ahedo.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la senadora Azamar.

La señora AZAMAR CAPDEVILA: Gràcies, president. Bon dia senadores i senadors.

Tornem a parlar de dependència. Segurament tot el que es pugui dir sobre el tema ja està dit, però en canvi no està fet, ni molt menys. No han complert amb els compromisos, no han complert amb el finançament, no han acabar de desplegar la llei. Per això és rellevant que aquest tema sigui tan recurrent, tant en aquesta Cambra com al Congrés, ja que posa de manifest l’absoluta manca d’interès del Govern del Partit Popular per desenvolupar la Llei 39/2006 de la Promoció de l’Autonomia Personal i l’Atenció a les Persones amb Dependència. Una llei inspirada en els principis de caràcter públic de les prestacions del sistema de protecció social, que juntament amb el sistema de salut, el sistema d’educació i altres actuacions públiques dirigides a l’ocupació i l’habitatge, conformen el sistema de l’Estat del benestar; un Estat del benestar que en els últims anys ha anat minvant gràcies a les polítiques aplicades per part del Govern amb l’excusa de la crisi.

Aquesta Llei de Dependència ha resultat ser una trampa dissimulada per a les autonomies. Es tracta d’una invasió competencial i una recentralització d’una competència exclusiva de les Comunitats Autònomes, però l’ambigua previsió de finançament a l’hora de la veritat no s’ha complert; no s’ha complert l’objectiu de finançament, la qual cosa ha provocat un desequilibri econòmic en moltes Comunitats, sobretot les que, com Catalunya, han mantingut el seu compromís per complir el calendari de desplegament previst. Des que va entrar en vigor la Llei de Dependència, el Govern de la Generalitat ha aportat un 82,5 % al finançament d’aquesta llei, mentre que l’Estat només ha aportat el 17,4 %, arribant a ser més elevada l’aportació dels usuaris a través del copagament en el període 2013-2015 que l’aportació de l’Estat. Si la Generalitat de Catalunya hagués destinat la mateixa aportació que l’Estat, l’any 2014 un 65 % de les persones ateses haurien quedat al marge d’aquesta atenció. Serveis públics tan bàsics com aquests no poden prestar-se en tota la seva plenitud perquè l’Estat no atén les seves obligacions.

La persona dependent ho és per patir una malaltia o un succés incapacitant o per arribar a la vellesa. La dependència personal és la incapacitat funcional per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària, i requereix ajuda per a la seva realització; una ajuda que és un dret universal, i s’ha de garantir l’accés de totes aquestes persones en aquesta situació, en condicions d’igualtat i no discriminació, a les prestacions del sistema de protecció social, així com la seva atenció integral i integrada. Aquestes persones i els seus cuidadors, molt sovint el propis familiars, han de ser el centre d’aquest sistema. És especialment preocupant la situació dels cuidadors no professionals, que han quedat fora del sistema de prestacions. No es pot permetre que hi hagi tantes persones en situació de dependència esperant a accedir a les prestacions de la Llei de Dependència, mentre l’Estat no fa res per posar-hi remei.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, presidente. Buenos días, senadoras y senadores.

Volvemos a hablar de dependencia. Seguramente, todo lo que se pueda decir sobre el tema ya está dicho, pero, en cambio, no está hecho, ni mucho menos. No han cumplido con los compromisos, no han cumplido con la financiación, no han acabado de desplegar la ley. Por eso este asunto es tan recurrente, tanto en esta Cámara como en el Congreso, ya que pone de manifiesto la absoluta falta de interés del Gobierno del Partido Popular para desarrollar la Ley 39/2006, de la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas con dependencia.

Una ley inspirada en los principios del carácter público de las prestaciones del sistema de protección social que, junto con el sistema de salud, el sistema de educación y otras actuaciones públicas dirigidas al empleo y la vivienda, conforman el sistema del Estado del bienestar. Un estado del bienestar que en los últimos años ha ido mermando gracias a las políticas aplicadas por parte del Gobierno con la excusa de la crisis. Esta Ley de dependencia ha resultado ser una trampa disimulada para las autonomías. Se trata de una invasión competencial y una recentralización de una competencia exclusiva de las comunidades autónomas, pero la ambigua previsión de financiación, que a la hora de la verdad no se ha cumplido, no ha llegado al objetivo de financiación, lo que ha provocado un desequilibrio económico en muchas comunidades, sobre todo las que, como Cataluña, han manteniendo su compromiso para cumplir el calendario de despliegue previsto. Desde que entró en vigor la Ley de dependencia, el Gobierno de la Generalitat ha aportado un 82,5 % a la financiación de esta ley, mientras que el Estado solo ha aportado el 17,4 %, llegando a ser más elevada la aportación de los usuarios a través del copago en el periodo 2013-2015 que la aportación del Estado. Si la Generalitat de Catalunya hubiera destinado la misma aportación que el Estado en el año 2014, un 65 % de las personas atendidas se habrían quedado al margen de esta atención. Servicios públicos tan básicos como estos no pueden prestarse en toda su plenitud porque el Estado no atiende a sus obligaciones.

La persona dependiente lo es por padecer una enfermedad o un suceso incapacitante o por llegar a la vejez. La dependencia personal es la incapacidad funcional para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria y requiere ayuda para su realización, una ayuda que es un derecho universal y debe garantizarse el acceso de todas estas personas en esta situación en condiciones de igualdad y no discriminación a las prestaciones del sistema de percepción social, así como su atención integral e integrada. Estas personas y sus cuidadores, y muy a menudo los propios familiares, deben ser el centro de este sistema. Es especialmente preocupante la situación de los cuidadores no profesionales, que han quedado fuera del sistema de prestaciones. No se puede permitir que haya tantas personas en situación de dependencia esperando a acceder a las prestaciones de la Ley de dependencia mientas el Estado no hace nada para poner remedio.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Azamar.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Bernal.

El señor BERNAL LUMBRERAS: Gracias, presidente.

Señorías, quiero empezar recordando que ayer estuvo aquí el ministro de Economía, el señor Montoro, y dijo que el objetivo del déficit había sido la mayor medida social de los últimos años. A mí me dieron ganas de suicidarme, claro.

Vamos a los datos objetivos. En España —y esto va al portavoz del Grupo Socialista— todos hemos bebido de la misma fuente: los datos del Observatorio de la Dependencia, de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, nos dicen que en la anterior legislatura había en España 1 200 000 personas dependientes reconocidas, de las cuales 400 000 no recibieron ningún tipo de ayuda y, de esas, 100 000 eran grandes dependientes. Se ha creado lo que se conoce como el limbo de la dependencia, es decir, tener derecho a la atención y no recibirla. En los últimos cuatro años ha habido 100 000 personas fallecidas sin asistencia teniendo el derecho reconocido.

Desde la aprobación del Real Decreto Ley 20/2012, ha habido 2865 millones de euros de recortes en atención a la dependencia —sí es el momento de acabar con esta con esta ley, señor portavoz del Grupo Socialista—. Esto significa la insolidaridad del Partido Popular con las personas dependientes, con las personas que las cuidan y con las comunidades autónomas. Desde el año 2015, hay 368 000 personas en lista de espera y su atención generaría 100 000 empleos directos. No se cumple con la financiación de la ley, el famoso 50 % del Estado y 50 % de las comunidades autónomas. Se falsean los datos: las personas que han fallecido se presentan como una reducción de la lista de espera.

Señores del Grupo Socialista, estos son los datos de la anterior legislatura, con el Partido Popular en el Gobierno. Estos son los datos de la mayor medida social en los últimos años y estas son las propuestas que apoyaron ustedes ayer con la aprobación del techo de gasto y con el apoyo a los presupuestos del año 2017. (Aplausos).

La postura de ustedes ante nuestras enmiendas ha sido la misma que hicieron el Partido Nacionalista Vasco y Democracia y Libertad ante las enmiendas que presentamos: cambiar el artículo 135 de la Constitución española y abrir un nuevo proceso constituyente. Les vamos a preguntar qué tienen en común el Partido Nacionalista Vasco, el partido nacionalista catalán y el partido nacionalista español por excelencia, que es el Partido Popular. ¿Qué pueden tener en común? Pues lo que tienen en común es el modelo económico, el abrazo al capitalismo y al modelo neoliberal de la política del recorte. Ustedes están en ese mismo bando. Cuando hablamos del eje derecha-izquierda, ustedes sabrán dónde se están colocando apoyando este tipo de iniciativas como las que apoyan con el Partido Popular.

Señor Yanguas —no lo veo, parece que no está por ahí—, el relato que cuenta UPN sobre la atención a la dependencia en Navarra es bastante diferente al que comentó ayer el vicepresidente de derechos sociales del Gobierno de Navarra, en el que comunicó que en Navarra, de cada tres euros que se quitaron de la Ley de dependencia en la legislatura en la que gobernaba UPN, se han recuperado dos mediante una política fiscal progresiva. Eso significa que se han aumentado 20,5 millones de euros en atención a la dependencia en Navarra; significa que en el año 2014 se atendían a 8400 personas y en el año 2016 se atienden a 14 220, más de un 50 %. Señores del Grupo Socialista —les vuelvo a recordar—, en Navarra, en esa legislatura gobernaba UPN con su apoyo. Luego debe de ser que en Navarra, hasta que no se ha echado a UPN del gobierno de las instituciones, no ha sido posible crear políticas sociales que atiendan a la mayoría social y trabajadora de este país. Poco a poco, en este país ustedes también pasarán a dejar de ser necesarios para conformar una mayoría progresista que permita hacer este tipo de leyes y atender a las personas más necesitadas.

Ustedes han apoyan el techo de gasto, que implica un recorte de 5000 millones de euros, y estamos todos a la expectativa de qué van a hacer con los presupuestos. ¿Van a priorizar un aumento del 30 % en el gasto militar en vez de atender a las personas con dependencia? ¿Van a priorizar el rescate de las autopistas con 5000 millones en vez de atender a las personas con dependencia? ¿Van a priorizar el pago de la deuda de unas entidades bancarias que han arruinado y han mandado a la calle a muchas personas que han tenido que perder su vivienda, en vez de atender a las personas con dependencia?

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando, señoría.

El señor BERNAL LUMBRERAS: Sí, termino. Gracias.

Les recuerdo señorías, hubo un momento en que el capitalismo permitía hacer políticas sociales y lo que denominaron ustedes Estado del bienestar. Ahora mismo hay que elegir entre una cosa u otra y no se puede vivir en la dualidad que representa el PSOE: o se prioriza el rescate a la mayoría social y trabajadora de este país o se prioriza el dogma económico neoliberal del recorte y la desatención a las personas más vulnerables. Ustedes tienen que decidir. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Bernal.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador De Lara.

El señor DE LARA GUERRERO: Gracias.

Cuánto me apetece contestarle, señor Bernal, pero tengo cosas más importantes que decir.

Los beneficiarios de la Ley de dependencia no son un factor improductivo que solo genera gastos o disfunciones presupuestarias, incomodidad a la postre. En un país donde la desigualdad ha crecido hasta extremos aberrantes, donde la cuerda de la crisis se ha roto por donde se rompe siempre, por el lado del más débil, los cuadro macroeconómicos tienen que apuntar necesariamente en otra dirección más humana y humanizadora. Hablar de dependencia no es hablar de carreteras, ni de defensa, ni de trasvases, ni de energía nuclear; es hablar de personas, de seres humanos, de proyectos vitales individuales, únicos, irrepetibles, de dignidades esenciales que no pueden, no deben ser pisoteadas ni mercantilizadas.

Un amigo mío, Manolo Serrano, me decía hace poco: me siento fuera del mercado, como ser humano me siento descatalogado. Y en cierta ocasión leí a Martine Aubry que decía que el primer afán de cualquier buen político debería ser apostar por una sociedad con un Estado que cuidara de todos y de cada uno de nosotros con mimo y desde la cercanía. Esto puede sonar utópico, tan utópico y tan inalcanzable como que aquellos y aquellas por los que nadie en la vida había cotizado pudieran acceder al sistema sanitario público sin que dispusieran de una cartilla de la Seguridad Social, y eso lo consiguió la Ley general de sanidad, de abril de 1986; tan utópico, como que aquella persona que llegaba a la edad de 65 años sin que tampoco nadie hubiera cotizado por ella y, por tanto, sin tener derecho a ningún tipo de pensión, se consiguiera en la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, de prestaciones no contributivas. Política es priorizar; en eso nos diferenciamos los partidos políticos representados en esta Cámara, porque tenemos maneras diferentes de priorizar, de ver las cosas. Para unos, el sálvese quien pueda es catón irrenunciable; para otros, salvar a quien no puede salvarse por sí mismo también es catón irrenunciable. Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que nadie te puede quitar.

En 2012, todo resultó más grave y más trágico para muchas familias: se suprimieron derechos otorgados con carácter previo. Las consecuencias de los recortes son generalizadas, pero por poner un ejemplo, señores del PP, ¿se ha reflexionado lo suficiente sobre cómo se han feminizado los efectos perversos de la retirada de las cotizaciones a los cuidadores familiares? ¿Cuántas mujeres hay en España que sufren el llamado síndrome de Antígona, que dedican un tiempo importantísimo de sus vidas a atender a sus padres en la etapa final de mayor deterioro físico y psíquico, y que marca en ellas acusadas señales, muchas veces irreversibles, vinculadas al ámbito laboral, familiar y social? De las decenas de miles de personas que dejaron de cotizar tras el Real Decreto de julio de 2012 el 94 % eran mujeres, mujeres cotizantes. Por cierto, ¿saben cuál era la prestación máxima que recibían? 420 euros por 24 horas de trabajo al día, durante 365 días al año. El problema ha derivado en la subcontratación de mujeres en trabajos a domicilio cuyas condiciones laborales en muchísimos casos, si se conocieran, nos darían pavor.

Estoy en total desacuerdo, al igual que mi grupo y mi partido político, con los adalides de la insostenibilidad del sistema de dependencia, cuestión a la que se ha referido una senadora esta mañana. Más allá de lo indecoroso que puede resultar esgrimir criterios de sostenibilidad o, según los casos, insostenibilidad, cuando hablamos de derechos de ciudadanía tan básicos, los retornos producidos son siempre evidentes: impuestos, cotizaciones, etcétera. Se regenera, se mejora la economía. Todos llegaremos a ser dependientes un día. Todos necesitaremos de alguien que nos cuide. Recordar la expresión de Lorca, «hacia mañana», nos puede condicionar al enfrentarnos a un asunto como el que hoy nos trae aquí. Por favor, señores senadores, señoras senadoras, recordemos la expresión «hacia mañana» y pensemos en algo tan importante, tan esencial, que es cómo nos gustaría conservar nuestra propia dignidad hasta el final de nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos conseguir? Garantizando la dignidad de los que ya están necesitando que apoyemos su dignidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador De Lara.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Sánchez Torregrosa.

La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: Gracias, presidente.

Señor De Lara, usted ha dicho que le preocuparía que yo estuviera de acuerdo con usted. ¡Qué tristeza da oír sus palabras en este hemiciclo! ¿Sabe lo que me preocupa a mí? Que no lleguemos a puntos de acuerdo y de unión, que no nos centremos en el consenso y en el diálogo. (Aplausos). Eso es lo que le preocupa a mi grupo.

A mi grupo los ciudadanos le dieron una mayoría absoluta relevante. Aun así, he venido aquí y he transcrito mi discurso tendiendo la mano, viendo de dónde podíamos partir, partiendo de ese pacto de Estado, partiendo de la base, ofreciendo diálogo, sentándonos. ¿Y usted, qué ha hecho? Decir que menos mal que no estoy de acuerdo con su discurso. Eso es muy triste para la ciudadanía. Ahí deja mucho que desear y con ello demuestra que hay dos formas de hacer política: una, la que hace mi grupo, buscando consenso, buscando diálogo, que es lo que la ciudadanía nos está pidiendo a gritos y otra, y usted lo ha manifestado en su intervención, buscando confrontación, porque yo creo que ustedes matemáticas sí saben y sabrán el número de senadores que están en esta sala. Es dramático y es triste para la sociedad que nos ha puesto aquí. (Aplausos.— Rumores). A los hechos me remito. Es una pena que no lleguemos a esos puntos de acuerdo, porque las personas que más nos necesitan merecen que los legisladores trabajemos con rigor y analicemos el proceso tal y como se ha producido desde su inicio. Sí, con la vista puesta en la mejora. Es mejorable el sistema, es mejorable la financiación, no tenemos ningún problema en entrar en eso, señoría.

Mi intención esta mañana, como bien he dicho, era tender la mano, pero lo que no voy a admitir nunca es la falta a la verdad que el señor De Lara ha manifestado en este hemiciclo. Señorías, han cruzado la línea y ahí tengo que centrarme. La Ley 39 de 2016 nació con muy buenas intenciones, con un gran consenso. Eso nadie lo cuestiona, pero fue una ley que nació también sin una dotación económica concreta, sin contar con las administraciones que debían dar el servicio y, lo que es mucho peor, creando grandes expectativas a unas personas que estaban en una situación muy difícil. El Partido Socialista no planificó bien, no cuantificó las necesidades económicas y nos llevó a un auténtico colapso.

Señor De Lara, usted dijo textualmente: un radical golpe de timón es el que tiene que dar el Gobierno del Partido Popular a sus políticas. Ese golpe de timón, gracias a la seriedad de este partido, se dio en el año 2011, cuando este partido llegó al Gobierno (Rumores.— Aplausos). Y gracias a eso, levantó un sistema que estaba, según decía el Tribunal de Cuentas, totalmente colapsado y que era complejo y desigual, con un elevado número de deficiencias. Y eso no es que lo diga yo, es que está transcrito en el Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de la Ley de dependencia entre los años 2007 y 2011, años de su Gobierno.

Señorías, no tienen autoridad moral para decirnos que hemos desmantelado el sistema de dependencia, no la tienen. (Rumores.— Aplausos). Señorías del PSOE, no tienen credibilidad porque fueron ustedes con su gestión quienes dieron lugar a un sistema que les voy a recordar: tenían 12 055 personas fallecidas que cobraban y figuraban como beneficiarias del sistema; es decir, se estaban tirando 29 millones de euros. Había 1363 expedientes duplicados; por ahí se estaban tirando otros 5 millones de euros. (Rumores). Los plazos de reconocimiento del derecho de la prestación eran escandalosos, con más de 300 000 personas en lista de espera. Estaban llevando la dependencia a un sistema de subsidio. En eso es en lo que ustedes convirtieron el sistema de dependencia. Ustedes hablan de recortes, señorías, y ustedes fueron los primeros que le pegaron un recorte a la Ley de dependencia de 234 millones en el año 2011, bajo su Gobierno. (Aplausos).

Señorías, ustedes no pueden pensar una cosa u otra sobre una misma ley dependiendo de si están en el Gobierno o si están en la oposición. Sean sensatos, sean serios. Por ejemplo, el copago. Ustedes dicen que hay que eliminar el copago. Señorías, ustedes lo escribieron en la ley. Fue su ministro, el señor Caldera, el que la semana pasada, precisamente en las jornadas que organizó el Cermi, dijo textualmente que el copago era un asunto de justicia social, que tenían que contribuir con el sistema las personas que más tenían. Nunca se le va a pedir a un beneficiario que no tenga que pague nada, señoría, nunca.

Con todo esto, si comparamos la situación actual con el escenario del 31 de diciembre de 2011, vemos que hoy, gracias al Partido Popular, tenemos más beneficiarios incorporados al sistema, menos personas pendientes de recibir prestación, más servicios profesionales, más empleo, más cobertura y, lo que es más importante, la garantía de que están atendidos quienes más lo necesitan. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Eso no lo digo yo, eso está en los informes del Tribunal de Cuentas, señorías (Aplausos).

Y termino. Hace unas semanas se cumplían los diez años de la entrada en vigor de la Ley de dependencia…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: Ahora mismo, presidente.

... pero el modelo no se discute, sino que hay que mejorarlo, y la mejor forma es a través de ese profundo diálogo social.

Señorías, queremos, de verdad, seguir mejorando un sistema que es vital para muchas personas, vital para las personas más vulnerables. ¿Quieren sentarse con nosotros a trabajar? ¿Quieren que lleguemos a un consenso?



Pues, adelante. Hoy, con su posición, no han aprovechado la oportunidad, ustedes se han vuelto a centrar en los puntos que nos separan en lugar de centrarse en los puntos de unión.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: Aun así, señorías, aquí nos encontrarán; el Grupo Popular les tiende la mano para mejorar la Ley de la dependencia y su financiación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sánchez Torregrosa.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Socialista con la incorporación de las enmiendas aceptadas: 12299 del senador Yanguas y 12303 y 12304 de los senadores Navarrete y Mulet.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253; votos emitidos, 253; a favor, 76; en contra, 140; abstenciones, 37.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL SECTOR CITRÍCOLA EUROPEO ANTE EL ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y SEIS PAÍSES DE LA COMUNIDAD DE DESARROLLO DEL ÁFRICA AUSTRAL (SADC). 662/000033 GPER

El señor presidente da lectura al punto 4.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado siete enmiendas: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete; una del Grupo Parlamentario Socialista; una del Grupo Parlamentario Popular; y una del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Rumores).

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el senador Aubà, cuando haya silencio en el hemiciclo. (Pausa.— Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, senador Aubà.

El señor AUBÀ FLEIX: Gracias, señor presidente, señorías. Els productors de cítrics europeus i, més concretament, els productors catalans i valencians estan molt preocupats per les conseqüències que es poden derivar de l’acord econòmic entre la Unió Europea i la Comunitat d’Estats Africans del Sud, aprovat el passat mes de setembre. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

Aquest acord posa en perill la supervivència de moltes famílies que es dediquen a la mandarina i a la taronja, per exemple. Recordem que, segons les dades del Ministeri d’Agricultura, l’any 2015 Estava comptava amb la superfície citrícola de quasi 300.000 hectàrees, de les quals 148.000 eren de tarongers, de 110.000 de mandariners, 105.000 d’arangers i 38.000 de llimoners.

L’amenaça que els nostres productors i pagesos haurien d’afrontar arran d’aquest acord és doble. D’una banda, tenim l’amenaça econòmica i de viabilitat de les explotacions per la seva competència de preus baixos que portarien els cítrics europeus. De l’altra, tenim l’amenaça fitosanitària per la possible contaminació de les nostres plantacions. És per tot això que, en competència deslleial fonamentada en costos de mà d’obra barata i en producció molt més barats. També la traçabilitat dels cítrics hauria de sotmetre’s a un control més rigorós.

Les majors importacions de taronges sud-africanes a Espanya es realitzin els mesos d’estiu i finalitzin el mes d’octubre, data a partir de la qual comença la màxima producció dels cítrics, en concret, de les taronges. Arran de l’acord, s’amplia el període d’implantació dels cítrics procedents de Sud-àfrica fins al 30 de novembre. Per tant, autoritzen l’entrada d’alts volums de cítrics sud-africans durant més d’un mes i mig més. Això comporta la presència als nostres mercats de grans volums de cítrics sud-africans fins a finals de desembre, fet que incentivarà la pressió de preus a la baixa en origen, augmentaran l’oferta i, en definitiva, afectaran negativament els nostres pagesos i productors.

Recordem que les explotacions de cítrics sud-africans a la Unió Europea oscil·len entre 600.000 i 680.000 tones, de les quals 400.000 i 455.000 tones corresponen a diferents varietats de taronges.

L’altre risc i amenaça que cal afrontar és la temuda plaga de la taca negra dels cítrics, molt present a l’Àfrica del Sud. Aquesta és, en principi, una malaltia fungicida dels cítrics a nivell mundial i que, una vegada s’ha introduït i propagat en les noves zones, n’és impossible l’eradicació. De moment, les produccions europees estan lliures d’aquesta plaga, però la seva infestació suposaria un impacte ambiental molt negatiu i es calcula que incrementaria d’un 20 % els costos de producció. La preocupació entre els productors europeus és màxima, perquè els productes fitosanitaris que són eficaços per lluitar contra aquesta plaga no estan autoritzats a la Unió Europea.

Per tant, per qüestions de seguretat alimentària i per evitar la competència deslleial, cal exigir la màxima garantia que totes les importacions de cítrics procedents de Sud-àfrica compleixin els mateixos requisits fitosanitaris que els que s’exigeixen als produïts a Europa.

Des d’Esquerra hem portat aquesta moció reclamant afrontar i assegurar la viabilitat del futur dels nostres citricultors. Ens hi juguem molt i, per tant, cal des d’Europa defensar els nostres productors i pagesos.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Los productores de cítricos europeos, y concretamente los productores catalanes y valencianos, están muy preocupados por las consecuencias que pueden derivarse del acuerdo económico entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Africanos del Sur, aprobado el pasado mes de septiembre. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

Este acuerdo pone en peligro la supervivencia de muchas familias que se dedican a la mandarina y a la naranja, por ejemplo. Recordemos que, según los datos del Ministerio de Agricultura, en 2015 España contaba con una superficie citrícola de casi 300 000 hectáreas, de las que 148 000 eran de naranjos, 110 000 de mandarinos, 105 000 de pomelos y 38 000 de limoneros.

La amenaza que nuestros productores y campesinos deberían afrontar debido a este acuerdo es de doble naturaleza. Por un lado, tenemos la amenaza económica y de debilidad de las explotaciones por la competencia en precios bajos que afectaría a los cítricos europeos y, por otro, la amenaza fitosanitaria por la posible contaminación de nuestras plantaciones; es decir, se daría una competencia desleal fundamentada en costes de mano de obra baratos y en una producción mucho más barata. También la trazabilidad debería ser sometida a un control más riguroso.

Las importaciones de naranjas sudafricanas a España se producen durante los meses de verano y hasta finales de octubre, fecha a partir de la cual empieza la máxima producción de nuestros cítricos, concretamente de los naranjos. Debido a este acuerdo se amplía el periodo de importación de los cítricos procedentes de Sudáfrica hasta el 30 de noviembre. Por lo tanto, se autoriza la entrada de altos volúmenes de cítricos sudafricanos durante mes y medio más. Esto conlleva la presencia en nuestros mercados de grandes volúmenes de cítricos sudafricanos que, hasta finales de diciembre, incentivarán la presión de precios a la baja en origen, aumentarán la oferta y, en definitiva, afectarán negativamente a nuestros campesinos y a nuestros productores.

Recordemos que las explotaciones de cítricos sudafricanos en la Unión Europea oscilan entre 600 000 y 680 000 toneladas, de las que entre 400 000 y 455 000 toneladas corresponden a diversas variedades de naranjas.

El otro riesgo y amenaza al que debemos dar respuesta es a la temida plaga de la mancha negra de los cítricos, muy presente en el sur de África. Es una enfermedad fúngica de los cítricos a nivel mundial que es imposible erradicar una vez introducida y propagada en zonas nuevas. De momento, las producciones europeas están libres de esa plaga, pero su infestación podría suponer un impacto medioambiental muy negativo. Se calcula que incrementaría en un 20 % los costes de producción. La preocupación entre los productores europeos es máxima puesto que los productos fitosanitarios que son eficaces para luchar contra esta plaga no están autorizados en la Unión Europea.

Por lo tanto, por cuestiones de seguridad alimentaria y para evitar la competencia desleal debemos exigir la máxima garantía de todas las importaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica para que cumplan los mismos requisitos fitosanitarios que los que se exigen a los producidos en Europa.

Esquerra presenta esta moción para garantizar la viabilidad del futuro de nuestros citricultores. Nos jugamos mucho; es importante la defensa en Europa de nuestros productores y campesinos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Aubà.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias.

En mi país, como saben, no sabe llover, y hemos de lamentar de nuevo los estragos de la lluvia con cuatro personas muertas, lamentablemente, y también con destrozos de todo tipo, entre ellos, al campo valenciano. Y como estamos hablando de cítricos, sepan, por ejemplo, que la cosecha de Clemenules, una variedad potente que ahora se está recogiendo, está completamente perdida. Se han anulado todos los pedidos justamente en estas semanas previas a Navidad, lo que supone la importación del 40 % de todo el año. Estamos hablando de miles de millones de euros y de centenares de puestos de trabajo. De nuevo el campo valenciano, los agricultores valencianos, en este caso por las inclemencias, castigados, pero también castigados por las políticas europeas y por la insensibilidad del Gobierno central.

Comprenderán ustedes que como valencianos lo que más nos identifica es este símbolo. (Mostrando una naranja). La naranja es un símbolo que identifica claramente a los valencianos allá donde vamos. Comprenderán que para los valencianos lo que más identifica al Estado español es esto. (Mostrando un exprimidor). Y convendrán también que los valencianos tenemos por costumbre ser solidarios y aportamos al Estado español una caja llena de naranjas. ¿Y saben ustedes qué es lo que nos devuelven a los valencianos de esa caja de naranjas que ponemos sobre la mesa para compartir? Pues se nos devuelve esto. (Mostrando una cáscara de naranja). Y ello no pasa únicamente con el pueblo valenciano, sino también con los cítricos. En agricultura, aquí hablamos mucho de lácteos, de pesca, del olivar, pero nunca de los cítricos.

La proposta transaccional que presenten els companys d’Esquerra Repúblicana accepta bona part de les esmenes presentades, però malauradamente les nostres no entren en el fons. Per a nosaltres això és de nou un brindis al sol. Propostes abstractes, que no comprometen a res, esperant bones voluntats de qui fins ara no n’ha tigunt cap. Ja estem farts de bones paraules i de bones voluntats i el que volem són solucions definitives. Hi ha propostes de mínims, de màxims i hi ha propostes que es queden en declaracions de bones intencions. Nosaltres exigim i volem que Espanya no ratifique el tractat. Òbviament, és un tractat que té parts positives per a altres sectors, però no pot ser de nou a costa dels valencians que es firmen este tipus de tractats. Sabem que en el seu dia no van saber negociar bé i sabem que de nou els valencians hem sigut moneda de canvi. Per tant, nosaltres volem que s’arregle, si en el seu dia no es va negociar bé, i que no peguem la cabotà de nou. Que el tractat encara que no estiga ratificat està en vigor? Ens dóna igual, almenys com a mostra de bones intencions volem que no es ratifique. Si l’acord de la UE amb estos sis països africans es va aprovar el 10 de juny pel Consell de Ministres, segons la normativa europea cal que els 28 Estats de la Unió el ratifiquen. I Espanya de moment no l’ha ratificat.

Decisions i acords amb Botswana, Moçambic o Sud-àfrica, com els secundats per Espanya a Europa, no passarien amb el sector lacti a Galícia, ni els cereals o la vinya en la resta de l’Estat, per ficar un exemple. Dins de l’Estat espanyol és el País Valencià el que genera el 65 % de la producció de cítrics, seguit de Múrcia amb un 21 %. El 15 % restant és el que produïxen Catalunya i Andalusia.

Les exportacions de cítrics sud-africanes permetrà que una de cada vuit taronges del mercat siga d’este continent. Sembla poc una de cada vuit taronges, però amb una de cada vuit taronges es distorsiona el preu dels llauradors valencians, murcians, catalans i andalusos. Una de cada vuit competirà en situació de desigualtat, al no disposar dels mateixos estàndards de qualitat fitosanitaris. Per tant, per a nosaltres són propostes buides. Mentre que a l’Estat espanyol es controlen els vectors i malalties, de forma insuficient però real, a tercers països no existeixen eixos controls, ni disposen de la formació necessària, ni compten amb els protocols necessaris. Cap proposta que garantisca la sanitat vegetal dels nostres cítrics ni que siguen una clara competència comercial. Fan menció a l’article 34, com hem vist, i ningú ens garantix que això s’aplique.

Com estem acabant el temps i després tenim un temps de portaveus, acabaré la meua exposició en el torn de portaveus per a que no se’m talle.

Gràcies.

En la propuesta transaccional que plantean los compañeros de Esquerra Republicana se acepta buena parte de las enmiendas presentadas, pero las nuestras no entran. Para nosotros es un brindis al sol. Propuestas abstractas que no comprometen a nada, esperando buenas voluntades de las que no tienen ninguna. Ya estamos hartos de buenas palabras, lo que queremos son soluciones definitivas. Hay propuestas de mínimos, de máximos y propuestas que se quedan en declaraciones de buenas intenciones. Nosotros exigimos que España no ratifique el tratado. Es un tratado que tiene partes positivas, pero no se pueden firmar ese tipo de tratados a costa de los valencianos. Creemos que el Estado español no supo negociar bien y que los valencianos fueron moneda de cambio. Por lo tanto, queremos que se arregle este tratado, puesto que no se negoció bien, y no tener que asentir de nuevo. Lo que queremos es una muestra de buenas intenciones, que no se ratifique. El acuerdo de la Unión Europea con estos seis países africanos, que se aprobó el 10 de junio en el Consejo de Ministros, precisa que los 28 Estados de la Unión lo ratifiquen y España de momento no lo ha hecho.

Acuerdos con Botsuana, Mozambique o Sudáfrica, como los secundados por España en Europa, no tendrían lugar en Galicia con el sector lácteo, ni con los cereales o la viña en otros lugares del Estado. En el Estado español es el País Valenciano el que genera el 65 % de la producción de cítricos, seguido de Murcia con un 21 %. El 15 % restante es el que producen Cataluña y Andalucía.

Las exportaciones de cítricos sudafricanos permitirán que una de cada ocho naranjas del mercado sea de este continente. Parece poco una de cada ocho, pero una de cada ocho naranjas distorsiona el precio de los agricultores valencianos, murcianos, catalanes y andaluces. Una de cada ocho competirá en situación de desigualdad y con los estándares de calidad fitosanitaria. Todas ellas son propuestas vacías. Mientras en el Estado español se controlan los vectores de enfermedades, en los otros países no existen estos controles ni disponen de formación necesaria para ello. No hay ninguna propuesta que garantice la sanidad vegetal de los cítricos, ni que sean una clara competencia comercial. En el artículo 34, como hemos visto, nadie nos garantiza que eso se aplique.

Como se está agotando el tiempo, acabaré la exposición en el turno de portavoces.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): tiene la palabra el senador Huelva, por el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor HUELVA BETANZOS: Presidente, comunico que no vamos a hacer uso del turno de defensa de las enmiendas ya que hemos llegado a un acuerdo de transaccional.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Huelva.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, presidente.

Al igual que el Grupo Socialista, comunico que tampoco haremos uso de este turno porque hemos llegado a un acuerdo de transaccional.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador Cotillas.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Angustia.

La señora ANGUSTIA GÓMEZ: Grazas, presidente. Chegamos a un acordo transaccional, así que non faremos uso da quenda de emendas.

Gracias, presidente. Hemos llegado a un acuerdo de transaccional, así que no haremos uso del turno de enmiendas.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora Angustia.

Para manifestar si se aceptan o no las enmiendas, tiene la palabra el proponente de la moción, el señor Aubà.

El señor AUBÀ FLEIX: Gracias, presidente.

Ahora haré entrega de la transaccional por la que todos los grupos hemos llegado a un acuerdo y, por tanto, por nuestra parte no hay nada más que añadir.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Aubà.

Señorías, pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Senyories, des del Partit Demòcrata, en primer lloc volem manifestar la nostra solidaritat amb tots els territoris mediterranis que han patit la llevantada i fer una especial menció a aquells on, desgraciadament, s’han hagut de lamentar víctimes mortals.

Vagi per endavant que nosaltres no som contraris a l’esperit de les concessions comunitàries cap als estats, en aquest cas, de l’Àfrica del sud, que pretenen no altra cosa que permetre el creixement econòmic d’aquestes zones. Volem, com no pot ser d’una altra manera, per a ells allò que volem per a nosaltres: que avancin en mesures laborals, ambientals, de seguretat alimentària i de cohesió social. Tampoc no eren contràries a aquest esperit les organitzacions del sector que, al seu moment, reclamaven la no-ratificació de l’acord. Però també és cert que tot això cal fer-ho respectant el dret del sector a créixer i a ser viable, a defensar legítimament els seus interessos.

En l’acord no hi ha hagut transparència, no hi ha hagut estudi d’impacte, no es van tenir en compte mesures compensatòries. Per a nosaltres, totes les signatures d’acords en matèria agroalimentària, no només per als cítrics, en aquest cas, sinó per a tot el sector agroalimentari de la Unió Europea, han de complir com a mínim dues premisses. En primer lloc, l’exigència dels mateixos requisits sanitaris per als productes importats que per a aquells que es produeixen a Europa. En segon lloc, sempre un estudi de les mesures compensatòries als sectors afectats.

Cal ajudar, senyories, però cal ajudar sense desajudar-nos. Nosaltres, des del Partit Demòcrata, donarem suport a aquesta proposta, tal com ja vam fer-ho amb la proposta en el mateix sentit que va presentar el Grup de Compromís al Congrés. Pensem que, en aquell cas, era potser més concreta, però nosaltres estem d’acord amb tot el que pal·lïi aquesta posada en escena d’unes mesures que pensem que no poden anar en detriment dels sectors que fan un esforç per sobreviure cada dia.

Moltíssimes gràcies.

Gracias, presidente.

Señorías, en primer lugar, el Partido Demócrata desea manifestar su solidaridad con todos los territorios mediterráneos que han sufrido el viento fuerte de levante y nos gustaría hacer una mención especial a los casos en los que se han tenido que lamentar víctimas mortales.

Vaya por delante que nosotros no estamos en contra del espíritu de las concesiones comunitarias hacia los Estados, en este caso, del África del sur, ya que lo único que pretenden es permitir el crecimiento económico de estas zonas. Como no puede ser de otra forma, lo que queremos para nosotros lo queremos para ellos, es decir, que avancen en medidas laborales, medioambientales, de seguridad alimentaria y de cohesión social. Tampoco se mostraban en contra de este espíritu las organizaciones del sector que, en su momento, reclamaban la no ratificación del acuerdo, pero también es cierto que todo esto debe realizarse respetando el derecho del sector a crecer y a ser viable, a defender de forma legítima sus intereses.

En el acuerdo no ha habido transparencia, no ha habido un estudio de impacto ni se contemplaron medidas compensatorias. Para nosotros, todas las firmas de acuerdos en materia agroalimentaria, no solo en el caso de los cítricos, sino en todo el sector agroalimentario de la Unión Europea, deben cumplir, cuando menos, dos premisas: en primer lugar, la exigencia de los mismos requisitos sanitarios, tanto para los productos importados como para aquellos que se producen en Europa; en segundo lugar, un estudio, en todos los casos, de las medidas compensatorias para los sectores afectados.

Debemos ayudar, señorías, pero tenemos que hacerlo sin desayudarnos a nosotros mismos. Nosotros, el Partido Demócrata, vamos a apoyar esta propuesta, como ya lo hicimos en el mismo sentido con la propuesta presentada por Compromís en el Congreso. Pensamos que en aquel caso quizá era una propuesta más concreta, pero estamos de acuerdo con todo lo que mitigue la puesta en escena de unas medidas que no pueden ir en detrimento de los sectores que hacen un esfuerzo para sobrevivir cada día.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Rivero.

Senador Mulet, tiene la palabra.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies. Continue on havia deixat la intervenció.

Vostés veuen amb seguretat l’article 34 del Tractat, que això dóna una sèrie de garanties. Nosaltres pensem que eixe tipus de garanties malauradament mai s’acaben donant. Podem posar com exemple qualsevol tipus de tractat internacional. A vore quan es posen estos tipus de garanties o controls com es complixen. De fet, no s’estan complint. Qui garantirà complir eixe article? No ens ho garantix ningú. Qui dirà quan està entrant competència deslleial o s’ultrapassen els límits de l’acord? Tampoc tenim cap garantia. Recordem que els Estats Units obliga a les nostres clementines, als nostres cítrics a entrar pel port de Filadèlfia únicament, i que la Unió Europea deixa entrar per qualsevol port les importacions de cítrics d’altres països. I això acaba sent un colador.

Durant 2015 es van detectar a la Unió Europea 45 enviaments de cítrics procedents de Sud-àfrica amb presència d’agents nocius, setze dels quals eren vectors que provoquen malalties greus als cítrics. De fet nosaltres proposem a la nostra esmena, que vostés no han acceptat, ubicar un únic port d’entrada autoritzat per als cítrics procedents de Sud-àfrica i, concretament, diem que siga el de Castelló. No ho diem per proximitat geogràfica nostra, sinó perquè pensem que és el que més preparat està per a rebre i inspeccionar enviaments, en comptar amb molta experiència a través d’empreses implantades en ell, i ser de fet el port des d’on parteixen tots els cítrics valencians en direcció als Estats Units, i recordem que els Estats Units és un lloc on se’ns exigix molt de control sanitari a nosaltres. Per tant, hi ha una experiència contrastada en inspecció i control.

Nosaltres volem que siga el port de Castelló perquè és l’idoni per estar prop de les empreses que han de manipular i reexportar estos cítrics als mercats comunitaris. D’aquesta manera s’evitaria la deslocalització dels punts de reexpedició a altres països de la Unió Europea. Es troba prop de la principal zona de producció de l’Estat i, per proximitat, molt a prop de la zona de Catalunya on més es produeix, que és a Tarragona.

A més, reclamem que s’hauria d’implantar en el port de Castelló una dotació d’inspectors fitosanitaris especialitzats en plagues i malalties de quarantena com el citrus black.

Nosaltes volem que hi haja un únic port, com als Estats Units a Filadèlfia, perquè si no s’acabarà deslocalitzant i perquè si no acabaran entrant tots els cítrics per tercers països com Holanda, amb menys preocupació pel control de plagues com hem vist, perquè a ells no els afecta. I afectaria negativament també al sector del transport de les nostres comarques. I per això, vostés d’Esquerra Republicana, on suposadament diuen que baix o dalt de l’Ebre som el mateix, els donarà igual que es puga importar des de Tarragona o des del port de Castelló perquè som el mateix.

Nosaltres ja vam advertir a la Comissió d’Agricultura passada, que fallaven els protocols de control, concretament quan denunciavem el cas de la Xylella fastidiosa. Van dir que no fallava res i ara estem lamentant que en les Illes Balears s’ha donat el primer cas.

Per tant, la seua proposta és positiva però es queda pràcticament en no res, en cap tipus de mesura concreta, sinó en declaracions de bones intencions. I pensem que els llauradors valencias ja han patit prou com perquè continuem amb propostes abstractes. Per tant, ens anem a abstindre perquè té punts positius però és una proposta ja no de mínims, sinó una proposta de bones intencions. Ens haguera agradat una proposta molt més ambiciosa, no han acceptat les nostres esmenes, encara així ens abstindrem i en la pròxima Comissió d’Agricultura ja presentarem la nostra.

Gràcies.

Gracias. Continuo donde dejé la intervención.

Ustedes verán, con seguridad, que en el artículo 34 del Tratado se dan una serie de garantías. Nosotros creemos que esas garantías nunca se darán. Podemos poner como ejemplo cualquier tipo de tratado internacional. Cuando se ponen estos controles nunca se cumplen. ¿Quién garantiza que se cumplirá ese artículo? Nadie lo garantiza. ¿Quién dirá cuándo se comete competencia desleal o se traspasan los límites del acuerdo? Nadie. Recordamos que Estados Unidos obliga a nuestras clementinas, a nuestros cítricos, a entrar por el puerto de Filadelfia únicamente y la Unión Europa deja que entren las importaciones por cualquiera de sus puertos, y eso acaba siendo un colador.

En la Unión Europea se detectaron 45 envíos de cítricos de Sudáfrica con presencia de agentes nocivos, dieciséis de los cuales provocan enfermedades a los cítricos. De hecho, la propuesta que figura en nuestra enmienda, que no han aceptado, era ubicar un único puerto para la entrada de cítricos de Sudáfrica, concretamente el de Castellón, no solo por proximidad geográfica sino porque es el mejor preparado para inspeccionar esta mercancía dado que tiene mucha experiencia y es desde donde los cítricos salen hacia Estados Unidos donde se exigen muchos controles sanitarios. Por lo tanto, tienen una experiencia contrastada en inspección y control.

Queremos que sea el puerto de Castellón pues es el idóneo al estar cerca de empresas que han de manipular y transportar estos cítricos a los mercados comunitarios. Con esto se evitaría la deslocalización de los puntos de expedición a otros países de la Unión Europea. Asimismo, está cerca de la zona de producción del Estado y de Tarragona, es decir, de Cataluña.

Además, reclamamos la implantación de una dotación de inspectores fitosanitarios especializados en plagas y enfermedades de cuarentena, como la citrus black spot. Queremos utilizar un único puerto, como en Estados Unidos, para que no se deslocalice y no entren todos los cítricos por terceros países como Holanda. De esta manera, la preocupación por el control de plagas sería menor, lo que —como hemos visto—, afectaría negativamente a nuestro sector. Como creo que pensamos lo mismo, suponemos que a Esquerra Republicana le dará igual de dónde salgan, si del puerto de Tarragona o de Castellón.

Nosotros advertimos a la Comisión de Agricultura que fallaban los protocolos de control, como denunciamos en relación con la Xylella fastidiosa. Así, lamentamos que en las islas Baleares se haya producido algún caso.

Por tanto, su propuesta es positiva, pero al no contemplar medidas concretas se queda en nada; es una declaración de intenciones. Los agricultores valencianos ya han sufrido bastante como para que se les continúe maltratando. Tiene objetivos positivos, pero es una propuesta de mínimos; y nos gustaría una propuesta más seria.

A pesar de que no han aceptado nuestras enmiendas, aun así nos vamos abstener.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Mulet.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.

Si me lo permite intervendré desde el escaño para agilizar el debate.

Este es un tema recurrente en esta Cámara. En este caso estamos hablando de cítricos, pero hemos hablado de otros muchos productos que están a veces en las mismas condiciones. Nos alegramos del acuerdo y del éxito del Grupo de Esquerra Republicana con su moción. Esperemos que las bases del acuerdo al que se ha llegado hoy se puedan aplicar cuando hablemos del tomate canario frente a las importaciones marroquíes o, en el caso de la pesca, de las importaciones de conservas procedentes de Asia, etcétera.



Esto es importante porque, al final, se compite de manera muchas veces desleal e incontrolada; por ejemplo, en el caso de las conservas o de los lomos de atún, aunque no todo el mundo esté de acuerdo aquí.

Entendemos que la Unión Europea acuerde intercambios comerciales con otros países. Esto es bueno para Europa, es bueno para esos países y, además, es un instrumento para favorecer las mejoras sociolaborales de los países que aspiran a vender en Europa sin aranceles o con reducciones arancelarias, mejorando y homologando las condiciones de trabajo, las condiciones sanitarias y fitosanitarias que se deben cumplir en Europa, en los países de origen. Eso es muy importante dentro de este esquema, no solo que Europa reciba productos que, a lo mejor, pueden ser de la misma calidad o más baratos sino que, además, eso repercuta en los países de origen. Sin embargo, no siempre es así; incluso podríamos preguntarnos si alguna vez es así. Por ejemplo, el 80 % de las conservas de atún procedentes de Asia no cumplen con alguna normativa europea. Y aquí podríamos empezar a hablar de pesca ilegal, de trabajo forzado, de esclavitud, etcétera, que parece que son palabras mayores, pero en esta misma Cámara celebramos una comisión especial para hablar del trabajo forzado y este asunto apareció en el informe de la comisión. Y si nos ponemos a hablar de cacao y de café, en algunos casos más vale que nos amarremos muy bien las vestiduras.

Si los objetivos marcados son los que se van a cumplir, estaremos totalmente de acuerdo porque el incumplimiento o la competencia tramposa, evidentemente, no solamente son malas para nuestros productores sino también para terceros países que sí cumplen, porque al final acaban todos en el mismo saco.

También nos gustaría incidir en algo que se recoge en esta moción: la vigilancia estricta de lo acordado y la capacidad de finalizar el convenio en caso de que no se cumpa, porque esto es esencial. En el caso de la pesca empiezan con tarjetas amarillas, como en el fútbol; pero no se acaba nunca. Y mientras tanto siguen entrando productos en Europa que no deberían hacerlo. No se trata de proteccionismo sino de coherencia y de respeto a nuestros productores y, sobre todo, de preservar nuestra seguridad alimentaria porque, al final, muchas veces sí que está en juego.

Por eso, vamos a votar a favor y nos alegramos de esta transaccional. Esperemos que este espíritu se reproduzca también cuando hablemos de otros productos que puedan estar afectados por el mismo caso.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Aubà.

El señor AUBÀ FLEIX: Gracias, presidente.

Señorías, para mi grupo es muy importante, y creo que para todos, que hayamos alcanzado esta transaccional, dado que coincidíamos prácticamente todos los grupos en que había dos preocupaciones muy presentes en este debate: la seguridad alimentaria y la seguridad de que no entre la plaga de la mancha negra.

Mi grupo y yo les agradecemos muchísimo el esfuerzo que hemos hecho todos los grupos para recoger propuestas, que cabe señalar que no eran tan diferentes. Creo que ha sido un buen acuerdo.

Senador Mulet, en el moment que presentis una moció diferent, que has anunciat, la valorarem i hi donarem suport, però el que hem buscat en esta moció és un començament per parlar del tema important.

Ens agrada molt transaccionar, perquè com a mínim tots els grups a partir d’ara tenim una posició conforme.

A partir d’aquí, pot haver-hi, evidentment, altres mocions i nosaltres ens hi sumarem, perquè al nostre territori —concretament el meu, que és la part del sud de Tarragona que toca amb la zona valenciana— també som productors, i alcaldes i companys meus de partit estan molt preocupats. Per tant, compartirem tot allò que serveixi per avançar, però en este moment el que hem aconseguit és que se’n parli, que ho posem al debat.

Com deia el senador Cazalis, estarem molt pendents perquè si hi ha risc en les produccions agràries foranes o les locals, haurem d’actuar amb la clàusula que té el tractat establerta per tal de garantir que els nostres productors tinguin la seguretat que podran tirar endavant les seves explotacions.

Una vegada més, vull reiterar l’agraïment a tots els grups, a Podemos, al Grup del Partit Popular, al Grup Socialista, al Grup Mixt, per l’esforç que heu fet per donar llum verda a esta moció i els emplaço que ens puguem trobar treballant per a un sector, l’agrari, perquè Unión de Uniones —que representa els sindicats territorials, per dir-ho d’alguna manera— estan d’acord amb este argumentari que avui presentem. Penso que és un gran dia per al sector agrari.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Senador Mulet, cuando presenten una moción distinta, como ha anunciado, la valoraremos y le daremos apoyo. Pero lo que hemos buscado con esta moción es un principio para hablar de un tema tan importante.

Nos gusta mucho transaccionar porque todos los grupos, a partir de este momento, tenemos una posición conjunta.

Evidentemente, se podrán presentar otras mociones, y nosotros nos sumaremos a ellas porque en nuestro territorio —concretamente en el mío, el sur de Tarragona, que linda con la zona valenciana—, también somos productores. En este sentido, alcaldes y compañeros de mi partido están muy preocupados por ese tema, por lo que vamos a compartir todo aquello que sirva para avanzar. En este momento lo que hemos logrado es que al menos este problema se ponga sobre el tapete y se hable de él.

Esperamos, como decía el senador Cazalis —y estaremos muy pendientes— que si se ponen en riesgo las producciones agrarias locales actuemos mediante la cláusula recogida en el tratado, para garantizar que nuestros productores tengan la seguridad de que van a poder seguir adelante con sus explotaciones.

Una vez más reiteramos el agradecimiento a todos los grupos, a Podemos, al Grupo Popular, al Grupo Socialista y al Grupo Mixto por el esfuerzo realizado para dar luz verde a esta moción. Y les emplazo para que trabajemos juntos por un sector, el agrario, porque la Unión de Uniones —que representa a los sindicatos territoriales, por llamarlo de alguna forma—, está de acuerdo con la moción presentada. Me parece que hoy es un gran día para el sector agrario.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Aubà.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Angustia.

La señora ANGUSTIA GÓMEZ: Grazas, Presidente.

Bo día, señorías. Desde o Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea estamos radicalmente en contra á ratificación dun acordo á asociación económica entre a Unión Europea e os países de África do Sur sen os estudos de impacto previos á ratificación definitiva do acordo e poden, polo tanto, hoxe contar co noso voto a favor da súa moción.

Dixemos non á ratificación do acordo a fondo perdido en Europa, dixemos non á ratificación do acordo a fondo perdido no País Valenciano e diremos non á ratificación a fondo perdido do acordo hoxe. Non todos os grupos aquí presentes poden facer gala de esta coherencia, xa que o Partido Popular e o Partido Socialista dixeron non en País Valenciano pero, sen embargo, portando como pavillón o seu pacto neoliberal dixeron si xuntos facendo de bos servos ao amo capital no Europarlamento.

Consideramos que o acordo vai en contra dun produto emblemático a nivel social e económico, e parécenos imprescindible que o goberno defenda os intereses deste sector na Unión Europea. Hai varias razóns que nos levan a situarnos de partida en contra deste acordo da Unión Europea cos países de África do Sur. Atopamos primeiro razóns socio-económicas. Sospeitamos que este acordo non dará resposta ás necesidades do campesiñado africano pois só responderá aos intereses das grandes corporacións que acaparan terras e cesións dos propios gobernos africanos e que beneficiará á mesma agricultura industrial que expulsa das súas terras e condena á miseria e á pobreza ao campesiñado africano.

Acordos de libre comercio coma este, xestionados de costas á cidadanía ameazan ademais á agricultura familiar e á produción de proximidade, de defensa imprescindible para nós. Afectará tamén aos produtores de cítricos dentro das fronteiras da Unión Europea de forma negativa economicamente, entendemos. Haberá un maior custo para facer fronte a un produto que accederá dentro das nosas fronteiras por un tratado de libre comercio e haberá maiores controis fito-sanitarios fronte á posibilidade de infeccións fúnxicas externas de infeccións que aínda non chegaron á Unión Europea pero que este produto africano si fai que a nosa produción corra risco de verse afectada. A laranxa surafricana competirá coa navelina, coa variedade máis importante do País Valencià que na campaña pasada produciu 620 000 toneladas e que en anteriores superou incluso as 800 000.

Sudáfrica neste momento exporta anualmente 430 000 toneladas de cítricos a países comunitarios e, polo tanto, afectará ás produtoras españolas de cítrico para favorecer a estes países do sur de África, segundo exportador neste momento, por detrás de España.

En Sudáfrica, ademais, atopamos que hai motivos fito-sanitarios para opoñernos a este tratado. En Sudáfrica está presente esa temida praga, Black Spot, que aínda non chegou a Europa e está causada por un fungo que agora mesmo supón que é a primeira enfermidade fúnxica nos agros a nivel mundial. A Unión Europea suavizou as condicións de control fito-sanitario aos cítricos procedentes de Sudáfrica precisamente sen ter en conta as advertencias, por exemplo, da Axencia Europea de Seguridade Alimentaria que continuamente está a alertar deste risco.

Sudáfrica incumpre sistematicamente as normas de seguridade fito-sanitaria europeas o que me leva á derradeira proposta. A derradeira proposta que algúns grupos fan que é falar dun único porto de entrada dos cítricos procedentes de Sudáfrica á Unión Europea. E aquí hai unha cousa importante que son as recomendacións que fai o Departamento de Agricultura de Estados Unidos a este respecto que, sen vergonza ningunha das súas alianzas, dos seus tratados de libre comercio coa Unión Europea, atenta contra a soberanía de forma directa recomendando que o único porto autorizado para a descarga de cítricos procedentes de Sudáfrica sexa Rotterdam, porto coñecido por todos pola súa laxitude para cumprir a lei.

Defendemos polo tanto, señorías, a soberanía dos pobos, defendemos as nosas produtoras, defendemos a calidade do noso agro e defendemos aos nosos traballadores e traballadoras.

Por iso hoxe seguimos dicindo non aos pactos institucionais, aos pactos fóra dos parlamentos, aos pactos das multinacionais, que agriden directamente á cidadanía, que se fan en contra dos sectores afectados e, polo tanto, realizados en todo momento sen medir o impacto real para as persoas, para os millóns de persoas que cada día viven dos nosos agros.

Grazas. (Aplausos).

Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. En el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea estamos radicalmente en contra de la ratificación definitiva de un acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y los países de África del sur, sin los estudios de impacto previos. Por lo tanto, hoy pueden contar con nuestro voto a favor de su moción.

Hemos dicho que no a la ratificación del acuerdo a fondo perdido en Europa, que no la ratificación del acuerdo a fondo perdido en el País Valenciano y hoy diremos que no a la ratificación a fondo perdido al acuerdo. Otros grupos aquí presentes no pueden hacer gala de esta coherencia, ya que el Partido Popular y el Partido Socialista han dicho que no en el País Valenciano y, sin embargo, portando como pabellón su pacto neoliberal, han dicho que sí, juntos, haciendo de buenos siervos al amo capital en el Europarlamento.

Consideramos que el acuerdo va en contra de un producto emblemático en el ámbito socioeconómico y nos parece imprescindible que el Gobierno defienda los intereses de este sector en la Unión Europea. Hay varias razones que nos llevan a posicionarnos de partida en contra de este acuerdo de la Unión Europea con los países de África del sur. Por una parte, las razones socioeconómicas; sospechamos que este acuerdo no dará respuesta a las necesidades de los campesinos africanos, pues solo responde a los intereses de las grandes corporaciones que acaparan tierras y cesiones de los propios Gobiernos africanos y que beneficiarán incluso a la agricultura industrial, que expulsa de sus tierras y condena a la miseria y a la pobreza a los campesinos.

Acuerdos de libre comercio como estos, gestionados de espalda a la ciudadanía, amenazan además a la agricultura familiar y a la producción de proximidad, que siempre defendemos. Por otro lado, afectarán económicamente a los productores de cítricos dentro de las fronteras de la Unión Europea de forma negativa: habrá un mayor coste para hacer frente a un producto que creará excedentes dentro de nuestras fronteras por un tratado de libre comercio, y habrá mayores controles fitosanitarios ante la posibilidad de infecciones fúngicas externas porque, aunque todavía no han llegado a la Unión Europea, este producto africano provocará que nuestra producción corra el riesgo de verse afectada. Además, la naranja sudafricana competirá con la navelina, la variedad más importante del País Valenciano, que produjo 620 000 toneladas en la campaña pasada y, en anteriores, llegó incluso a las 800 000 toneladas.

Sudáfrica, en este momento, exporta anualmente 430 000 toneladas de cítricos a países comunitarios —y, por lo tanto, afecta a las productoras españolas de cítricos— lo que favorece a estos países del sur de África, segundo exportador en este momento, tras España.

Por otro lado, hay motivos fitosanitarios para oponernos a este tratado con Sudáfrica. Allí está presente esa terrible plaga, la citrus black spot, que todavía no ha llegado a Europa; está causada por un hongo que ahora mismo constituye la primera enfermedad fúngica en los campos a nivel mundial. Se supone que los cítricos procedentes de Sudáfrica ya están afectados y no se han tenido en cuenta las advertencias, por ejemplo, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que está alertando continuamente de este riesgo.

Sudáfrica incumple sistemáticamente las normas de seguridad fitosanitarias europeas, lo que me lleva a mi última propuesta, que también hace algún otro grupo: la existencia de un único punto de entrada a la Unión Europea de los cítricos procedentes de Sudáfrica. Es necesario destacar la recomendación del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos a este respecto que, sin vergüenza ninguna de sus alianzas y tratados de libre comercio con la Unión Europea, atenta contra la soberanía de forma directa, recomendando que el único puerto autorizado para la descarga de cítricos procedentes de Sudáfrica sea Róterdam, puerto conocido por todos por su laxitud a la hora de cumplir con la ley.

Por lo tanto, señorías, defendemos la soberanía de los pueblos; defendemos a nuestras productoras; defendemos la calidad de nuestro campo; y defendemos a nuestros trabajadores y trabajadoras.

Por eso, hoy seguimos diciendo que no a los pactos institucionales, a los pactos fuera de los parlamentos, a los pactos de las multinacionales que agreden directamente a la ciudadanía, que se firman en contra de los sectores afectados y, por tanto, sin medir el impacto real para los millones de personas que cada día viven de nuestros campos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Huelva.

El señor HUELVA BETANZOS: Gracias, presidente.

Antes de nada quiero agradecer especialmente el trabajo del senador Aubà en pro de materializar un consenso entre todos los grupos políticos de la Cámara y su disposición por conseguir siempre lo mejor para todos y para sacar adelante este proyecto.

Además, he de expresar también la solidaridad del Grupo Parlamentario Socialista con los agricultores y citricultores de Murcia, Valencia y Almería, por los graves daños que han sufrido y por las pérdidas que ello va a suponer en el mercado de cítricos. En este sentido, manifiesto la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista de ponernos a disposición de los compañeros de Murcia, Valencia y Almería, para ayudarles en lo que podamos.

Señorías, intervengo no solo en la defensa de esta moción, sino —y lo que es más importante— en la defensa del sector cítrico en el territorio nacional; y, sobre todo, en defensa de la economía y de los puestos de trabajo que genera. El Grupo Parlamentario Socialista —al que represento aquí— considera que actuaciones de la Unión Europea como esta ponen en serio riesgo la producción, el empleo y la estabilidad de nuestro sector agrícola en su conjunto.

El día 10 de junio, la Unión Europea firmó un acuerdo de asociación económica con la comunidad de Estados de África del sur, que fue ratificado por el Parlamento el 17 de septiembre. Esta situación ha provocado que el sector citrícola español esté francamente preocupado por lo que este acuerdo pueda afectar al conjunto de su propia economía.

El sector de los cítricos de la Unión Europea es muy importante, desde todos los puntos de vista; y si no se toman —o, si no tomamos— medidas serias y estrictas, estaremos poniendo en riesgo, en jaque, 600 000 hectáreas y 500 000 toneladas de producto al año.

Asimismo, la Unión Europea es un exportador neto de cítricos. Por ello, la llegada de la mancha negra a nuestro territorio podría acarrear pérdidas para nuestras exportaciones y amenazar seriamente tanto la calidad de nuestros productos como nuestra posición como exportador.

España, aunque es la primera exportadora mundial, no es la primera producción del mundo, lo que nos hace pensar que esta circunstancia se debe a que somos muy competitivos y, sin ninguna duda, nuestros productos son de una gran calidad y, por ello, muy demandados. Sin embargo, con el acuerdo firmado entre la Unión Europea y África del sur se abren nuestras fronteras a cítricos llegados desde Sudáfrica —el segundo mayor exportador mundial por detrás de España—, ampliando el periodo hasta el final de noviembre —es decir, un mes y medio más— con un descenso paulatino de aranceles, hasta llegar al 0 %. Pues bien, esta apertura —y este mes y medio de más— va a tener lugar durante el periodo de máxima actividad comercial de las naranjas españolas y, precisamente, en un momento en el que el sector está siendo objeto de medidas especiales de retirada de productos por el cierre del mercado ruso; con lo cual, el incremento del riesgo para nuestro sector citrícola, desde el punto de vista económico y financiero —y, claramente, desde el punto de vista de la competitividad—, se incrementará hasta alcanzar cotas de las que nos va a ser muy difícil regresar.

En estas circunstancias, resulta cuanto menos paradójico que se faciliten las importaciones hacia un mercado saturado y en plena producción, generando una mayor alteración de las condiciones de la oferta y una perturbación continuada del mercado, de modo que, si no se actúa, podría provocar un ajuste estructural en el sector.

Desde nuestro punto de vista, a esto se suma una decisión muy preocupante de la comisión de ejecución, que dispone que se aligeren las condiciones de control fitosanitario en la frontera de los cítricos procedentes de Sudáfrica. Esto supone un riesgo que entendemos innecesario y que se asume sin tener en cuenta las advertencias de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria; plagas como la mancha negra que, por otro lado, ya han demostrado su peligrosidad devastando grandes zonas productoras de la propia Sudáfrica, Argentina, Brasil, China, Estados Unidos, la India o México. Afortunadamente, el pasado 15 de diciembre, hace escasamente cuatro o cinco días, la Eurocámara ha aprobado una resolución en la que se rechazan las modificaciones de la Comisión Europea, advirtiéndoles que no se pueden relajar los controles fitosanitarios de los cítricos importados por terceros países cuando su destino sea la industria y no el consumo de frescos, porque ello supondría poner en serio riesgo las plantaciones de cítricos de Valencia, Andalucía, Murcia y otros territorios de la Unión Europea.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, vaya terminando.

El señor HUELVA BETANZOS: Termino, presidente.

No debemos aceptar que se implanten dos canales fitosanitarios de entrada, en función del destino del producto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Huelva.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Buenos días, señorías. Buenos días, presidente. Muchas gracias.

Antes de nada, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero solidarizarme de manera clara con todos los afectados por los fenómenos meteorológicos de los últimos días en la Comunidad Valenciana, en Andalucía, en la Comunidad de Murcia y en todo el Mediterráneo. No solo queremos solidarizarnos sino expresar nuestro convencimiento de que el Gobierno de España —en unión con las instituciones comunitarias, las regionales, autonómicas y locales—, como ya está ocurriendo, va a estar al lado de aquellos que han sufrido y que sufren y, por lo tanto, al lado de la solución a los problemas que este temporal ha generado. También, este grupo parlamentario se pone a disposición de todos y cada uno de los afectados.

Por otro lado, quiero agradecer al portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, Miguel Aubà, la presentación de esta moción que ha permitido al Grupo Parlamentario Popular, grupo mayoritario en esta Cámara, contribuir con nuestro trabajo, con el trabajo de los senadores de la Comunidad Valenciana, de la comunidad de Murcia y de la comunidad de Andalucía para hacer posible un acuerdo, que es mucho más positivo que las puestas en escena de Compromís.

Todo aquel que me conoce sabe que tengo mucho y buen sentido del humor, y está muy bien la pirotecnia para las tertulias con los amigos o para los bares, etcétera, pero lo que los ciudadanos le están pidiendo a esta Cámara es que seamos capaces de ceder, de acordar, de buscar fórmulas transaccionales y de hacer posible que, estando de acuerdo en el fondo, consigamos llegar también al acuerdo en las palabras y en las formas. Creo que hoy se ha dado esa circunstancia en esta moción, porque así lo han querido muchos, como los senadores de Esquerra Republicana de Cataluña, del Partido Socialista —y a este respecto, agradezco al senador Amaro Huelva su predisposición—, y también de otros grupos como Podemos, el PNV, el Grupo Mixto y el grupo mayoritario, que es el Grupo Popular. Así, hemos llegado a un acuerdo, que creo que es lo que interesa de verdad a todos aquellos trabajadores y propietarios de esas miles de hectáreas. (El señor presidente ocupa la Presidencia). En este sentido, el ministerio hablaba el año pasado de 299 518 hectáreas de superficie citrícola y también de todo un sector que, en torno a la producción, al esfuerzo y al trabajo de los agricultores de la naranja, la mandarina, el pomelo o el limón ayudan, evidentemente, a que la renta agraria en este país suba —como ha venido ocurriendo con el Gobierno del Partido Popular— y a que las exportaciones se incrementen de manera absolutamente de récord, como también ha sucedido con el Gobierno del Partido Popular.

Señores de Podemos, este acuerdo ha sido aprobado por los representantes de los ciudadanos en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo; pero no de espaldas a nadie ni de espaldas a la ciudadanía. Hay que tener menos miedo a la libertad y a la democracia. Hay que pensar que los acuerdos de libre comercio ayudan a crecer a todas las partes, que alcanzar acuerdos es positivo y que todos podemos salir ganando con ellos.

Nuestro Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, está vigilante, está comprometido con los productores de cítricos y está trabajando para que no se perjudique al sector sino todo lo contrario, que tenga beneficio.

Este acuerdo tiene dos partes que nos preocupan. La primera, lo que tiene que ver con el aspecto económico. Creo que este punto queda garantizado con la cláusula de salvaguarda del artículo 34, de modo que si se producen problemas de sobrepresencia de cítricos en la Unión Europea se podrá estudiar la viabilidad de medidas compensatorias. Y, la segunda, la sanidad alimentaria, que no está en este acuerdo pero figura en una directiva. Los compañeros del Partido Popular y del Partido Socialista en el Parlamento Europeo, muy recientemente, han trabajado —igual que el Gobierno— para que no se ablanden las condiciones de control sanitario sino todo lo contrario: para que vayan a más. En este sentido, este acuerdo vuelve a hablar de eso, de más y mejores controles, de la protección al sector económico y al consumidor. El sector económico y el consumidor son prioritarios en nuestra actuación y yo me alegro mucho hoy de que podamos haber llegado a ese acuerdo y felicito a todos los que han participado en él. Espero que Compromís todavía esté a tiempo de abandonar el efectismo y entre en lo que de verdad importa: que es acordar y resolver problemas.

Sin más, como estamos en la época que estamos, les deseo feliz Navidad y feliz año a todos los senadores y senadoras de esta Cámara. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cotillas.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación a la moción del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, firmada por todos los grupos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255; votos emitidos, 255; a favor, 253; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).



PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1995, DE 22 DE MAYO, DEL TRIBUNAL DEL JURADO, PARA GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SIN EXCLUSIONES. 622/000001 GPMX

El señor presidente da lectura a los puntos 5., 5.1., y 5.1.1.

El señor PRESIDENTE: Como no se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa, procede someter a debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.

Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, señor presidente. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Cleries. Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: El Partit Demòcrata ha presentado esta proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, del Tribunal del Jurado, con una finalidad: garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones.

El día 3 de este mes, que ya está acabando, celebramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, y precisamente aquel día, hace pocas semanas, hablábamos de hacer un país para todos, de hacer una sociedad inclusiva, y también de conseguir que las personas con discapacidad se sientan protagonistas con normalidad en la vida ciudadana, laboral, es decir, en todos los ámbitos. Para ello hemos de cambiar la legislación, y por eso hemos presentado esta proposición, cuyo objetivo es la modificación de esta ley, que impide la participación en los jurados de una persona con discapacidad, como veremos en su articulado.

Esta propuesta que hemos hecho ya la habíamos presentado en otras ocasiones, al igual que otros grupos, pero nunca se había acabado de concretar porque había finalizado la legislatura, etcétera. Pero en esta ocasión estamos empezando una legislatura, y si esta propuesta sigue adelante, hay tiempo para buscar un acuerdo y para que quede una redacción favorable para todas las personas con discapacidad.

El Estado español tendría que garantizar el derecho de igualdad de trato y no discriminación para todas las ciudadanas y ciudadanos con discapacidad. El artículo 14 de la Constitución así lo establece al proclamar la igualdad ante la ley de toda la ciudadanía, a la que, entre otros, le reconoce el derecho a la participación directa en los asuntos públicos y a participar en la administración de justicia mediante la institución del jurado.

El día 13 de diciembre de 2006, Naciones Unidas aprobó la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad —ahora, justamente, ha hecho diez años—. El 3 de mayo de 2008 entró en vigor en España, y en su artículo 5 habla precisamente del derecho de igualdad, pero también dice en su artículo 13: El derecho de acceso a la justicia, incluido el ajuste de los procedimientos para facilitar su desempeño en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos. Por tanto, este tratado internacional suscrito por el Estado español tiene el propósito declarado de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad.

Sin embargo, si analizamos la actual Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del tribunal del jurado, vemos cómo limita y restringe el derecho de participación a las personas con discapacidad, y no reconoce su igualdad. El artículo 8, en su apartado 5, señala los requisitos para ser jurado: No estar impedido física, psíquica o sensorialmente para el desempeño de la función de jurado. Esta previsión, que restringe de hecho exponiendo la causa de exclusión en la situación de discapacidad, no es conforme con el principio de igualdad material ni de la Constitución del Estado español ni tampoco de la convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. Por eso nosotros proponemos cambiarlo.

Esto también implica la supresión de aquellas barreras que interactúan con las deficiencias de las personas impidiendo su participación plena. Fíjense que la Ley Orgánica 5/1995, en su artículo 20, no prevé que la persona con discapacidad pueda requerir de algún tipo de adaptación y apoyo. Por esto, la proposición de ley prevé cambiar estos artículos. Por un lado, pretende modificar el apartado 5 del artículo 8, sobre requisitos para ser jurado, concretamente con un texto que dice: Contar con la aptitud suficiente para el desempeño de la función de jurado. Las personas con discapacidad no podrán ser excluidas por esta circunstancia de la función de jurado, debiéndoseles proporcionar por parte de la administración de justicia los apoyos precisos, así como efectuar los ajustes razonables para que puedan desempeñar con normalidad este cometido.

Por otro lado, en el segundo apartado de esta proposición se pretende la modificación del artículo 20, que pasa a tener la siguiente redacción: Que dentro de los cinco días siguientes a la recepción del cuestionario, los candidatos a jurados designados lo devolverán al magistrado que ha de presidir el tribunal del jurado por correo con franqueo oficial debidamente cumplimentado, haciendo constar, en su caso, aquellas circunstancias personales asociadas a situaciones de discapacidad que pudieran presentar y que fueran relevantes para el ejercicio regular de esta función. Asimismo, acompañaran las justificaciones documentales que estimen oportunas y concretarán la solicitud de los medios de apoyo y ajustes razonables que necesiten para ejercer este derecho.

Este es el cambio que proponemos. La toma en consideración de esta proposición de ley significaría hacer la ponencia que redactaría el texto que después se sometería a todo el debate parlamentario. Distintos grupos parlamentarios —entre ellos el del Partido Popular, Partido Socialista, Podemos, Grupo Vasco, Esquerra Republicana y Grupo Mixto— han manifestado la voluntad de dar apoyo a esta proposición. ¿Por qué? Porque creemos que del discurso teórico que siempre hacemos para conseguir una sociedad para todo el mundo, para poner en valor las capacidades de las personas, para hacer una sociedad inclusiva, para poner los medios para la accesibilidad de todas las personas —en este caso a la justicia pudiendo participar como miembros de un jurado—, de ese discurso hay que pasar a la acción, hay que pasar de las buenas palabras, de las buenas intenciones, a acciones y compromisos concretos. Esta proposición de ley va en esta línea y tendría que ser la primera de un conjunto de modificaciones legales y normativas para facilitar la participación y el protagonismo de las personas con discapacidad en la sociedad.

De la misma forma que antes hablábamos de la Ley de promoción de la autonomía personal, esto es lo que da autonomía a las personas. Tenemos la capacidad de modificar la legislación y buscar el conjunto de normativas, de acciones y de cambios que promuevan realmente una sociedad para todos y todas, que valore las capacidades de las personas y no quedarnos en un discurso teórico. Me parece que hoy, al igual que hace unos momentos con la última moción, si hay capacidad de acuerdo, estaríamos dando contenido a esta Cámara del Senado, que muchas veces es cuestionada. ¿Para qué sirve? Sirve como Cámara territorial, pero también para impulsar una sociedad solidaria, una sociedad con sensibilidad, que sabe mirar a su alrededor y, en lugar de quedarse solo en buenas palabras, sabe llegar al fondo del problema, sabe modificar aquellas leyes, aquellas normativas que impiden a una persona con unas capacidades determinadas que pueda formar parte, por ejemplo, como es el caso, de un jurado. Por eso les pido que den su apoyo a esta proposición de ley para hacer esta sociedad más igualitaria, una sociedad en la que pasemos de la teoría a la práctica, de manera que realmente podamos decir que estamos contribuyendo a hacer un país, una sociedad para todas las personas, una sociedad en la que todos seamos protagonistas y nuestras capacidades, sean las que sean, contribuyan a mejorarla.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.

¿Turno a favor? (Denegaciones).

¿Turno en contra? (Denegaciones).

No hay turno a favor ni turno en contra.

Pasamos al turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones).

¿Grupo Parlamentario Vasco? Tiene la palabra el senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer al grupo proponente su planteamiento, que nos hace ver que entre todos los miembros de la comunidad debemos conformar la democracia. Con el primer ejemplo me van a entender perfectamente. ¿Una democracia funciona si el 50 % de la ciudadanía es excluido? Me estoy refiriendo a la discriminación hacia la mujer. Es evidente que no, que si la mujer está excluida, si no está participando de una manera normalizada, esta comunidad no está actuando de forma democrática. En el ámbito de la discapacidad ocurre algo parecido: si hay un porcentaje de la comunidad que no está participando en condiciones de normalidad, evidentemente esto no es una democracia o, dicho de otra manera, esta democracia tiene una serie de lagunas, no funciona.

Apoyamos esta propuesta, veremos cómo se profundiza, y si es tomada en consideración, nos pondremos a trabajar porque tendrá la implicación del Grupo Parlamentario Vasco. Desde el comienzo de la legislatura se está diciendo que hay un nuevo ambiente, un nuevo clima, donde el diálogo va a ser la base de trabajo a la hora de desarrollar aquí diferentes textos, diferentes proposiciones, diferentes mociones o diferentes iniciativas. Vamos a ver, pero según me dicen es una iniciativa que puede salir por unanimidad. Si eso es posible, haremos un buen trabajo, una buena iniciativa, y entre todos y todas seremos capaces de profundizar en las lagunas que tiene la democracia para que de verdad la sociedad funcione como es debido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Vidal.

El señor VIDAL MARSAL: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Parece ser que esta va a ser una mañana satisfactoria. Acabamos de aprobar casi por unanimidad una moción de Esquerra Republicana y es para mí una satisfacción decirles a todos, especialmente al grupo proponente, el Grupo Mixto, y en concreto a su portavoz, el señor Cleries, en nombre del Partit Demòcrata Europeu Català, que Esquerra Republicana va a votar favorablemente la toma en consideración de esta proposición de reforma de la Ley Orgánica del tribunal del jurado.

Lo vamos a hacer porque, efectivamente, subsana un déficit relevante en el pleno respeto al principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Además, fíjense, lo hace precisamente en un ámbito en el que de lo que se trata es justo de aplicar la ley, es decir, en el ámbito de los tribunales de justicia.

La significativa función que la sociedad y que los ciudadanos ejercen —es decir, aportar sentido común más allá de conocimientos legales— en la difícil tarea —lo digo por motivos personales— de administrar justicia es enormemente importante que alcance a todos. Por tanto, a la hora de valorar qué personas reúnen los requisitos de idoneidad para ejercer tal responsabilidad, debemos ser flexibles al máximo. Precisamente para eso ya está el proceso de selección del jurado, en el que, como todos ustedes saben, lo que se hace, partiendo de los requisitos de capacidad, es ver cuáles son las personas más idóneas para hacer esa función. Pues muy bien, no pongamos cortapisas ni muros en fases previas, como actualmente hace el artículo 8 de la Ley Orgánica 5/1995. Seamos flexibles al máximo en esa fase preliminar —creo que es en ese sentido en el que se propone esta reforma— y ya realizaremos la correspondiente criba, siempre respetando ese principio de igualdad ante la ley, en la fase de selección del jurado.

Yo he realizado y presidido más de 30 juicios con jurado, y les puedo asegurar una cosa: es una verdadera lección de vida para los ciudadanos que participan en ellos. Cuando en la fase previa se les dice a los 46 seleccionados por el sistema de sorteo que si hay 11 que voluntariamente se presenten, podemos dar por cerrada esta fase, prácticamente nadie quiere ser jurado. Todo el mundo dice: No, no; de eso encárguense ustedes que para eso son expertos en derecho. Pero cuando ha concluido el juicio, después de una semana de celebrar pruebas y de ver la Administración de Justicia por dentro, los 11 seleccionados coinciden casi siempre en decir: Muchas gracias por haberme escogido; para mí ha sido una verdadera lección, y a partir de ahora ya no voy a tener esos estereotipos, esos prejuicios que tenía sobre el principio de presunción de inocencia, sobre la culpabilidad basada en indicios, etcétera.

Por lo tanto, es muy bueno que ese grave riesgo de asumir determinadas posiciones sin valorar con objetividad e imparcialidad las pruebas de cada caso, lo hagamos extensivo también a todas aquellas personas que tienen algún tipo de diversidad funcional. Ellas no deben quedar excluidas de tal opción.

Así pues, nos parece magnífica la iniciativa que ha tenido el Partit Demòcrata Europeu Català para reformar el apartado 5 del artículo 8 y, consiguientemente, cambiar también los requisitos del artículo 20 en cuanto a la presentación de las candidaturas. Si somos capaces de aprobar esa proposición de ley y, en su día y a través de la correspondiente comisión, de hacer el correspondiente cambio legislativo que se nos propone, habremos eliminado una de las barreras legales hoy vigentes y habremos matizado que lo relevante para no ser excluido de la función de jurado es tener la actitud y la capacidad suficiente para el desempeño de la función, es decir, sin apriorismos. Al tiempo, y es una de las cuestiones que para mí contiene el mayor acierto de esa proposición, habremos establecido la obligación de las instituciones públicas, en este caso de la propia Administración de Justicia, de facilitar a esas personas los medios de apoyo necesarios para que puedan ejecutar tal derecho con plena responsabilidad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vidal.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, señor presidente.

Quiero manifestar la posición de apoyo de mi grupo parlamentario a la toma en consideración de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley del tribunal del jurado para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones injustificadas.

El pasado 13 de diciembre se cumplieron diez años de la aprobación de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, que entró en vigor en España el 3 de mayo de 2008 y que recoge en su artículo 5 el derecho de igualdad, en su artículo 12 el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho de acceso a la justicia, incluido el ajuste a los procedimientos para facilitar su desempeño en las funciones efectivas como participantes directos e indirectos en su artículo 13, y el derecho de participación en los asuntos públicos en su artículo 29.

Con esta proposición de ley tenemos la oportunidad de mostrar el compromiso y la voluntad de esta Cámara para desarrollar y llevar a cabo lo previsto en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, pues hace ocho años que entró en vigor en España y poco se ha adelantado, a pesar de que este es un debate ya repetido en las pasadas legislaturas. Sin embargo, el artículo 8.5 de la Ley del jurado sigue ahí, con una deficiente redacción que sigue dejando fuera la posibilidad de ser jurado a una parte de la población.

Quiero ver cuál es la posición del Grupo Popular en esta legislatura. En la IX legislatura votó a favor de una proposición de ley similar y en la X votó en contra, amparándose en una supuesta normativa mucho más elaborada y amplia en la que estaba trabajando el Gobierno y que tenía muy avanzada —al menos así lo dijo la señora Torrado de Castro en el Congreso de los Diputados—, pero que aún estamos esperando. Porque, además de ser una injusticia, el hecho de excluir en el artículo 8 actual a prácticamente toda persona impedida física, psíquica o sensorialmente, puede suponer una vulneración de derechos y el incumplimiento de un convenio internacional firmado por España.

El artículo 125 de la Constitución establece el derecho de los ciudadanos a participar en la Administración de Justicia y sienta el modo más directo de hacerlo a través de la institución del jurado. Y ello, conjugado con el artículo 14 de la Constitución, que proclama la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, supone una más que posible discriminación para ejercer la función de miembro del Tribunal del Jurado.

Somos conscientes de las dificultades, incluso económicas, que pueden suponer, por ejemplo, las barreras arquitectónicas y de accesibilidad que todavía padecen la mayor parte de nuestros tribunales. Pero ya es hora de eliminar barreras a la igualdad. Los poderes públicos tienen la obligación de propiciar que la igualdad sea real y efectiva, por lo que no hay excusas para cumplir con los compromisos derivados de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Bien es cierto que habrá que valorar cada caso concreto para determinar si la persona tiene o no aptitudes para desempeñar la función que le corresponde en un jurado, y, sobre todo, garantizar las medidas adecuadas de accesibilidad y apoyo que permitan desarrollar dichas funciones en igualdad de condiciones. Esta valoración corresponderá al órgano judicial y a las partes en el proceso penal, según el sistema de selección de los jurados establecido en la ley. No obstante, esta podría facilitar más no solo en la interpretación del concepto de capacidades físicas, psíquicas y sensoriales para ejercer la función de jurado, sino prestando apoyo positivo al objeto de que la discapacidad no sea en ningún caso un impedimento.

Nosotros, por ejemplo, tenemos a dos compañeras en nuestro grupo parlamentario con diversidad funcional y, por ejemplo, si no fueran senadoras, no podrían formar parte de un jurado con la redacción actual de la ley. ¿Alguien me puede decir que cualquiera de nosotros estamos más capacitados que ellas para formar parte de un jurado?

La vigente legislación es incompatible, por tanto, con la Convención de la ONU, por lo que nuestra obligación es modificarla para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos básicos en plenitud. Con ello cumpliríamos con las observaciones del Comité sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Quizá no sea esta la única reforma que necesita la Ley del jurado, como, por ejemplo, la modificación del catálogo de delitos que son competencia de la ley, o la revisión de la instrucción para evitar trámites inútiles. Pero, señorías, ese será otro debate. El de hoy es esta pequeña reforma, que llega muy tarde, para acabar con esta evidente discriminación todavía existente.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Pérez Castilleja.

La señora PÉREZ CASTILLEJA: Gracias, presidente.

Buenas tardes a todos. Seguimos encontrándonos con discriminaciones que siempre tienen un denominador común, la injusticia, y hoy debatimos sobre ello. Debatimos la modificación de esta ley con objeto de garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones, cuya toma en consideración va a apoyar mi grupo, como no podía ser de otra manera.

Antes de argumentar el apoyo a esta proposición de ley, permítanme recordar que la modificación de esta ley ha sido históricamente reivindicada por los colectivos y organizaciones de discapacitados. Quiero aprovechar la ocasión para agradecer y reconocer el trabajo que realizan estos colectivos y organizaciones cada día contra la desigualdad y por la plena integración de las personas con sus diversas capacidades. Estos colectivos, además, nos hacen recordar a diario el camino que aún nos queda por recorrer. Gracias por su trabajo a todos ellos.

Señorías, vamos a apoyar esta toma en consideración porque creemos que lo que se plantea es de justicia —ya lo han dicho otros senadores que me han precedido—. Se trata, tal como ha expuesto su proponente, de la modificación del artículo 8, en su apartado 5, de la Ley del tribunal del jurado, que establece como requisito para participar en dicho jurado, nada más y nada menos, que no estar impedido ni física ni psíquica ni sensorialmente para ser miembro de un jurado popular. Aquí es donde está el debate. Este artículo limita y restringe el derecho de participación de las personas con discapacidad, lo que supone que, probablemente, cuatro millones de personas puedan quedar discriminadas y excluidas para ejercer este derecho. Es más, también se ha comentado, y quiero recordar el artículo 20, que las personas con discapacidad no puedan requerir algún tipo de ayuda, de adaptación o apoyo y, por tanto, pueda comunicarlo. Por ello, como he dicho anteriormente, nos encontramos con una ley que cuenta con una redacción algo confusa y ambigua y que vulnera el derecho de participación de muchas personas, casi el 9 % de la población, señorías.

Yo me atrevería a decir más. También es incompatible con algunos derechos recogidos en nuestra Constitución, tal como expresa la exposición de motivos, como es el derecho a participar en los asuntos públicos del Estado, recogido en el artículo 23, o a participar en la Administración de Justicia y ejercer la acción popular, recogido en el artículo 125. Esto, junto con lo anteriormente expuesto, creo que justifica esta modificación.

Por tanto, señorías, vuelvo a repetir que estamos ante una ley que, tal como está redactada, genera discriminación y exclusión y, además, es incompatible con los tratados internacionales que nuestro país ya ha suscrito. Como recordaremos —también lo ha hecho otra señoría—, hace unos días celebramos el X aniversario de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, que supuso un gran cambio en el enfoque de las políticas de discapacidad. Pues bien, el objetivo de esta Convención era, precisamente, promover y garantizar los derechos y las libertades fundamentales para todas las personas con diversidad funcional o discapacidad y, además, marcar la hoja de ruta para que los Estados hicieran los cambios normativos y legislativos necesarios. Recordaré que dicho tratado fue ratificado en abril de 2008, por lo que pasó a formar parte de nuestro ordenamiento jurídico, siendo España el segundo país en ratificarlo.

En fin, señoría, veo que se me va el tiempo, y tenía muchas cosas que decir. Estoy contenta de discutir esta ley en este estrado, aunque se ha debatido en dos ocasiones: en el año 2011, a propuesta del Partido Socialista, que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos, pero, debido al adelanto electoral, no se pudo tramitar, y en 2012, cuando el Partido Socialista vuelve a presentarla en el Congreso de los Diputados. En esta ocasión la aprueban todos los grupos a excepción del Grupo Popular, que dijo que el Gobierno tenía ya un borrador, que se estaba tramitando, que estaba muy avanzado y que tenía que contar con todos los grupos. Señoría, eso fue en diciembre de 2012.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora PÉREZ CASTILLEJA: Han pasado cuatro años y todavía no se ha hecho nada, por lo tanto, hemos perdido unos años preciosos. Espero que en esta ocasión, como se ha dicho anteriormente, no los desperdiciemos porque, además, es de justicia. Repito, mi grupo va a apoyar esta moción y felicitamos al proponente por haberla rescatado ya que es de justicia. (Aplausos).

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pérez Castilleja.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Altava.

El señor ALTAVA LAVALL: Con su venia, señor presidente.

Señorías, nos encontramos hoy, con base en el artículo 108 del Reglamento del Senado, debatiendo la toma en consideración de una proposición de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, del tribunal del jurado. Como saben, denostada por unos, amada por otros, la figura del tribunal del jurado ha sido muy cuestionada en nuestro país, con escasa tradición jurídica —es verdad— y fluctuante en la legislación. Desde luego, yo siempre me he posicionado con aquellos que amaban la institución. Además, no solo con el escabinado, sino con el sistema puro, con un sistema de jurado puro en el que fueran personas civiles, ciudadanos quienes aspiraran a esa posibilidad de participación —que es la expresión más clara— en la Administración de Justicia. Se considera como un derecho y deber, pero no solo tiene que ser una participación accesible, sino plena y efectiva.

Señorías, ustedes mismos han presentado ya en la X, XI y XII legislaturas diversas iniciativas. Se han presentado preguntas en comisión, preguntas en Pleno y mociones en comisión. Además, el Partit Demòcrata Català presenta, sustancialmente parecida a la de la pasada legislatura, esta toma en consideración con la que estamos muy de acuerdo. Ustedes plantean la modificación de dos preceptos —el artículo 8.5 y el artículo 20— de la Ley Orgánica del tribunal del jurado, para que, dentro de los requisitos para ser jurado —aunque es cierto que hoy pueden ser jurado las personas con diversidad funcional—, no puedan ser excluidos todos por esa circunstancia. Respecto al artículo 20, Devolución del cuestionario, dicen que se hagan constar las circunstancias personales que cada uno puede adolecer para ponerlas de manifiesto, justificadas documentalmente, y se puedan salvar esas posibles deficiencias.

Señorías, el artículo 3.1 del Código Civil dice que la interpretación de las normas, la interpretación de las leyes se tiene que hacer de acuerdo con el sentido propio de las palabras, el contexto, sus antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que la norma debe ser aplicada. Eso se ha hecho ya en toda la legislación. No lo digo yo, lo dice, a fortiori, el Tribunal Supremo. Dice que el ordenamiento jurídico español cumple con todas las garantías del Convenio internacional de los derechos para las personas con discapacidad, hoy con diversidad funcional. Eso lo saben ustedes.

Senador Comorera, usted ha mencionado lo que nuestra compañera senadora Marta Torrado de Castro dijo en su momento: que el Gobierno iba a decir lo que tenía que hacer. Señoría, señora senadora, portavoz del Grupo Socialista, es que el Gobierno hizo mucho. Por ejemplo, el Real Decreto legislativo 1/2013, de la Ley general de los derechos de las personas con discapacidad, aprobado en la X Legislatura —algunos de ustedes lo recordarán—, reconoce en su artículo 3 todos los principios para este colectivo y, de una manera especial, el artículo 7 que se debe dar y se debe procurar cuidar en la Administración de Justicia. La Ley Orgánica 1/2015, de modificación del Código Penal, la Ley Orgánica 10/1995, exactamente igual. Este colectivo sale notablemente reforzado, no solamente en la mejora lingüística —con otras expresiones en la manera de referirnos a la discapacidad— sino que, dada esa especial vulnerabilidad, se les concede una protección penal reforzada. Y también la Ley Orgánica 5/2015, que sus señorías tuvieron la oportunidad de aprobar en la pasada X Legislatura, donde modificábamos la Ley de enjuiciamiento criminal y la Ley Orgánica del Poder Judicial y ampliábamos la posibilidad al lenguaje de los signos y a aquellas personas con disfuncionalidad sensorial y tuvieran unas medidas de apoyo de comunicación oral. (Rumores).

Si el proceso con jurado tiene unas características propias, señorías, que afectan tanto a la condición de los jurados, a la apertura, al enjuiciamiento, y fue precursor —esto es muy importante— de la doble instancia —bastantes tirones de orejas le dio Europa a España por no tener recogida la doble instancia penal; en el proceso por jurado ya lo teníamos—... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor ALTAVA LAVALL: ..., el Tribunal Supremo ha venido a decir que esa doble instancia es la que después ha venido a reafirmarse para toda la legislación nacional. (Rumores).

Estamos, pues, señor Cleries, muy de acuerdo...

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador Altava.

Señoría, hay un rumor de fondo que hace imposible escuchar al senador Altava. Guarden silencio, por favor.

El señor ALTAVA LAVALL: Gracias, señor presidente.

Estamos muy de acuerdo en abrir el debate, estamos a favor, como siempre hemos manifestado, y el Gobierno así lo ha hecho. El Gobierno está seriamente comprometido en que las personas con diversidad funcional puedan ejercer de una manera plena y efectiva su función como miembros de un jurado puro —además, creo que es una maravilla que lo pueda realizar— y el Grupo Parlamentario Popular también. Por eso vamos a votar favorablemente, como le he dicho, la toma consideración, y esperamos que no nos equivoquemos ninguno y que veamos absolutamente el panel todo en verde.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Altava.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251; votos emitidos, 250; a favor, 250.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada la toma en consideración de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del tribunal del jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones. (Aplausos).



TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES

CONOCIMIENTO DIRECTO

ESTATUTOS DEL BANCO ASIÁTICO PARA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAS, HECHO EN BEIJING EL 29 DE JUNIO DE 2015. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. 610/000002

El señor presidente da lectura a los puntos 6., 6.1. y 6.1.1.

El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas a estos estatutos.

Vamos a dar un turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones). No hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones). No hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Esquerra Republicana? (Denegaciones). No hay intervenciones.

¿Grupo Parlamentario Unidos Podemos? Senadora Villanueva.

La señora VILLANUEVA RUIZ: Muy buenos días, egun on, a todos y a todas.

Lo que hoy parece una mera ratificación internacional es en realidad una de las columnas de una nueva arquitectura mundial emergente que está desplazando al viejo modelo del dominio estadounidense. El centro de gravedad económico se ha desplazado del eje Atlántico hacia el eje Pacífico. En ese sentido, estamos asistiendo al ocaso del dominio del hegemón norteamericano (Rumores) y al amanecer de un nuevo mundo más multipolar, en el que el dragón asiático —China— parece que marca nuevas pautas.

En los últimos sesenta años fueron Japón, Australia y Corea del Sur los que, con la alianza norteamericana, lograron posicionarse como líderes en el Asia-Pacífico. No obstante, desde los años setenta han ido llegando nuevos actores vinculados sobre todo al Grupo Asiam —Singapur, Indonesia, Vietnam, etcétera—. Las instituciones surgidas del Bretton Woods —el FMI, el Banco Mundial y, en su expresión asiática, el Banco de Desarrollo de Japón— quedaron ya en su momento parcialmente obsoletas tras la quiebra del sistema de estabilidad monetaria acordado en el año 1944, consecuencia de la Guerra de Vietnam y que en el año 1971 dio paso a un sistema de tipos de cambios totalmente fluctuantes. A partir de este momento, tanto el FMI como el Banco Mundial han intentado imponer un modelo de servicio de la gran superpotencia occidental siendo los principales abanderados de la ortodoxia neoliberal en los distintos países del sur; un modelo, señorías, que no ha estado a la altura de las circunstancias económicas de principios del siglo XXI y que sigue sin dar respuestas a los grandes desafíos que tenemos en frente, habiendo generado pobreza, desigualdad y desestabilización allí donde han intervenido.

Una de las buenas noticias es que empieza a haber nuevos instrumentos que comienzan a responder mejor a las nuevas exigencias de un mundo complejo, más interconectado, aunque queda muchísimo por hacer. Este modelo chino en torno al Banco Asiático de Inversión en Infraestructura parece prometer, de alguna forma, democratizar más los modelos de banca de desarrollo a nivel global. Es muy importante destacar el hecho de que el banco nace con un claro compromiso en la sostenibilidad medioambiental de todos los proyectos. La creación de este banco provocó distintas reacciones. Desde Estados Unidos se pidió expresamente a los distintos países occidentales que no nos uniéramos a él.

Se abre una oportunidad para la construcción de otro modelo de relaciones internacionales más descentralizado y con más capacidad así de escapar de las distintas injerencias externas. Un mundo más multipolar que permita escapar en una pequeña medida al dominio de los grandes intereses de las empresas trasnacionales occidentales e independizarse parcialmente de las fluctuaciones económicas de los Estados Unidos.

Respecto al papel que España ha jugado en el Pacífico, este ha sido nulo o escaso. Parece que los últimos de Filipinas fueron en verdad los últimos, y no ha vuelto a haber realmente una política de Estado respecto a esta región. Parece que el Gobierno español se ha sumado —por un cierto mimetismo— a lo que estaban haciendo otros países de Europa, como Alemania, Francia o Reino Unido. Está bien que el Gobierno español no pierda el paso en esta iniciativa, pero lamentamos cierto carácter gregario del Gobierno y falta de liderazgo a la hora de tomar este tipo de decisiones.

Para terminar, señorías, creemos que hay que tener en cuenta dos puntos fundamentales a la hora de negociar este tipo de acuerdos. Por un lado, los compromisos con los estándares medioambientales, que ya hemos mencionado y, por otro, lo que tiene que ver con la garantía y la defensa de los derechos humanos, en particular, con derechos laborales dignos; un papel que tendremos que liderar y velar para que así sea. No solo se trata de promover espacios como este, sino de que estas medidas o estos pasos vengan acompañados con otro tipo de iniciativas, como, por ejemplo, la que este grupo parlamentario está promoviendo: la herramienta o el instrumento vinculante de derechos humanos y transnacionales que ahora se está negociando en Ginebra.

España inaugura un escaño en el Consejo de Derechos Humanos y consideramos muy importante que nuestro país también se involucre en esta otra pata que tiene que ver con la gobernanza mundial. Necesitamos construir, desde aquí, un país que no esté al servicio ni de los poderes financieros ni de las grandes constructoras, sino de un modelo de gobernanza mundial más justo, equitativo y amigo de los pueblos.

Voy terminando, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría, sí.

La señora VILLANUEVA RUIZ: Un modelo más cercano a los países del sur, que pueda permitir un desarrollo más sostenido y equilibrado en las distintas regiones del mundo.

Por eso, hoy, aprobamos la ratificación de este convenio.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Villanueva.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Gil.

El senador GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, intervengo brevemente, para matizar algunas cuestiones que el Grupo Parlamentario Socialista considera importantes. No se trata en esta ocasión de la simple ratificación de un tratado internacional más. Estamos hablando de entrar a formar parte de una gran institución financiera promovida por la República Popular China en 2013, fundamentalmente para mejorar las conexiones entre Asia, Europa y África, o —lo que es lo mismo— crear una institución financiera dotada nada más y nada menos que con 100 000 millones de dólares, que promueva el desarrollo de grandes infraestructuras, recuperando una idea del pasado que ustedes recordarán: la famosa Ruta de la Seda. Señorías, una institución financiera que, si se quiere, resulta novedosa o innovadora en comparación con otras que han operado en la región hasta ahora —porque no nace conforme a los acuerdos de Bretton Woods, sino a iniciativa exclusiva, en esta ocasión, de China—. Se trata de una iniciativa que ya ha supuesto importantes adhesiones de países de la Unión Europea y también reticencias —aquí se han señalado algunas— provenientes de Estados Unidos, que supongo se incrementarán, teniendo en cuenta lo que anunciaba en la campaña electoral el señor Trump. No obstante, todavía está por ver cómo se desarrollará todo aquello de abandonar algunos espacios del comercio internacional. Por el contrario, España ya firmó este acuerdo en el año 2015, y formaremos parte de él como socio no regional de esta gran institución.

Por tanto, estamos hablando de una acción exterior de importante calado estratégico, en una zona del mundo que tradicionalmente —es verdad— no ha sido objeto por nuestra parte de demasiadas iniciativas de liderazgo y presencia allí. Tradicionalmente España ha estado ausente del entorno económico asiático, sin embargo, debemos ir reposicionándonos, dado que ese eje tradicional atlántico de relaciones económicas y otros ámbitos ha ido gravitando y moviéndose hacia el eje Pacífico. Pues bien, este reposicionamiento hacia nuevos entornos y nuevos mercados, en un momento de crisis en nuestro país, es algo que nuestras empresas —las grandes y las pequeñas— sí han entendido y han ido implantándose en la región. Según datos que daba la Oficina diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, recientemente, en el primer semestre de este año las exportaciones españolas a China han crecido un 12 %, superando los 3000 millones de euros —ya China es el país número once al que España exporta—. Sin embargo, en ese mismo periodo de este primer semestre del año 2016 el déficit comercial que tenemos con China supera los 12 000 millones de euros. Por tanto, creo que es una importante área de mejora en la que tenemos que trabajar.

En este momento hay unas seiscientas empresas españolas implantadas en China —cincuenta, por ejemplo, de mi provincia, de Burgos—. La mayoría, señorías, de estas empresas son pequeñas. Aunque hoy vamos hablar de grandes cifras y de grandes infraestructuras y, sobre todo, de grandes intereses, de grandes constructoras, mi grupo sí quería llamar la atención sobre la necesidad de contar con mayor presencia y mejores herramientas en España para apoyar a nuestras pequeñas empresas que están un poco solitarias en esa región del mundo. Alimentación, energía, automoción y telecomunicaciones. Señorías, somos buenos en este país, además de haciendo AVE y grandes autopistas, en estos sectores que son tractores de eso que llamamos economía del conocimiento, que ha de servir para cambiar nuestro modelo productivo. Pues bien, este instrumento que estamos apoyando hoy debe servir para reforzar a estas empresas que son tan importantes en este sector. Estando en este banco, deberíamos tener por tanto más fortaleza para respaldar financieramente a nuestras grandes y pequeñas empresas, por ejemplo, en licitaciones internacionales.

Apoyamos, por tanto, esta iniciativa y la participación española en instrumentos de gobernanza de la economía global de naturaleza multilateral, que tienen que contribuir al desarrollo, sobre todo, de un mundo más armónico, justo y sostenible desde el punto de vista ambiental. Por eso, le pedimos al Gobierno que sea especialmente exigente con las cláusulas sociales de derechos de los trabajadores y trabajadoras y que sea especialmente vigilante con el respeto de los derechos humanos y con las cláusulas ambientales de los proyectos que se financien con cargo a los fondos de este banco.

A China —y lo diré de la manera más diplomática posible—, que va a ser nuestro socio en este ámbito, aún le queda un gran camino que recorrer en esta materia.

Señorías, estamos convencidos de que es necesario apoyar esta serie de instrumentos y de que es necesario apoyar un modelo de avance no solo en la globalización de la economía, de los mercados o de los capitales. Pero aún queda globalizar algo muy importante, señorías, los derechos de las personas. Esto no lo digo porque sea Navidad, sino porque considero que ha de ser una bandera prioritaria en toda nuestra política exterior.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor GIL GARCÍA: Con esto, señor presidente, he terminado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Gil.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Serrano.

La señora SERRANO ARGÜELLO: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.

En principio, como no puede ser de otra forma, me congratulo en nombre del Grupo Parlamentario Popular por la ratificación parece ser de todos los grupos de una decisión estratégica del Gobierno Popular de Mariano Rajoy. Por lo menos quería alegrarme de que exista esa ratificación de todos los grupos de una decisión estratégica acertada, como todos hemos podido ver.

Ha habido alguna intervención aquí que me ha podido confundir un poquito, y lo quisiera aclarar. Algunas compañeras en el escaño me preguntaban de qué iba esto. Voy a intentar aclararlo. ¿Qué es esto exactamente? Es una herramienta de financiación para infraestructuras en el continente asiático, así como para unir el continente asiático con el resto de Europa. ¿Por qué? Porque en este momento hay serias dificultades para conseguir financiación en los mercados, tanto en el Banco Mundial como en el Banco Asiático de Desarrollo. ¿Para qué? Para establecer una ruta y un intercambio de mercancías. Es decir, señora Villanueva, lamento comunicarle que la gran China popular, el gran gigante asiático es un actor más del capitalismo. Cuánto lo lamento por su grupo anticapitalista. (Aplausos).

La diferencia entre el Partido Popular y la izquierda comunista está en que nosotros defendemos lo que le viene bien a los españoles, con independencia de donde venga. Yo sé que se congratulan mucho porque esta iniciativa viene de China, pero no deja de ser una iniciativa de una apuesta más de mercado de algo que en el Grupo Parlamentario Popular apoyamos sistemáticamente, como es el acercamiento de las culturas, el acercamiento de los pueblos, como es, lógicamente, todo aquello que fomente el crecimiento, porque aumentará el bienestar de los europeos y de los asiáticos. Por lo tanto nos congratulamos en ese sentido.

Quiero decirle una cosa, señora Villanueva. Si hay algo en lo que tenemos que poner todos los ojos no solamente es en que este banco o esta institución sea profesional, trasparente y ágil, sino en que se defiendan, lógicamente, los estándares medioambientales —China está bastante lejos de los que se aprobaron en la Cumbre de París—. También pongamos todos los ojos —porque es bueno para todos— en que se respeten los derechos humanos y los derechos laborales, que desafortunadamente están dejando mucho que desear todavía en su China. (Rumores). (Cuando digo su China, digo su concepto de China. Creo que me está entendiendo usted perfectamente.)

No obstante, vamos a lo positivo. Una vez más, quiero decirles que si esto es bueno para España y para los españoles —esa es la diferencia entre unos y otros—, el Grupo Popular lo apoya, lo ratifica y lo defiende —insisto, una vez más— porque es bueno para España,

Muchas gracias y feliz Navidad. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Serrano.

¿Alguna de sus señorías solicita la votación de estos estatutos, o pueden aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).

Muchas gracias. Quedan autorizados.



DECLARACIONES INSTITUCIONALES

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS VÍCTIMAS DEL TEMPORAL DE LLUVIAS Y VIENTO ACAECIDO EN LA COMUNITAT VALENCIANA Y EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE LA REGIÓN DE MURCIA, ANDALUCÍA Y DE LAS ILLES BALEARS. 630/000010 GPP GPS GPPOD GPER GPV GPMX

El señor PRESIDENTE: Voy a proceder a la lectura de una declaración institucional firmada por todos los grupos, que se acaba de presentar y que dice lo siguiente:

«Durante el pasado fin de semana se ha producido en el Levante español un fortísimo temporal de lluvias y viento que ha ocasionado gravísimas inundaciones en diferentes comarcas de la Comunidad Valencia, de la Región de Murcia, de la Comunidad Autónoma de Andalucía —especialmente el norte de Almería—, de la Comunidad Autónoma de Baleares y otras zonas afectadas, ocasionando varias pérdidas humanas y graves daños en bienes e infraestructuras. Las intensas precipitaciones, las fuertes rachas de viento han provocado graves daños a su paso por las ciudades de Valencia, Sagunto, Benidorm, Torrevieja, Dolores, Orihuela y Pilar de la Horadada, forzando el cierre de algunas de sus infraestructuras.

Se activaron los diferentes dispositivos por riesgo de inundaciones ante las fuertes lluvias caídas y el peligro de desbordamiento de las cuencas bajas del Júcar y Segura.

Las playas se han visto muy afectadas por una pérdida prácticamente completa de arena. Asimismo, se vieron afectados los municipios del norte de Almería, como Vera y Pulpí. El temporal también se ha cebado con la Región de Murcia. Las precipitaciones acumuladas desde que se iniciaron estos episodios han superado los 100 litros por metro cuadrado en amplias zonas como Murcia, Águilas y Mazarrón. En San Javier, en San Pedro del Pinatar o en Cartagena se han llegado a superar ampliamente los 200 litros por metro cuadrado y en Los Alcázares y Torre Pacheco.

Pero lo peor del temporal es la pérdida de vidas humanas. En esta ocasión, directa o indirectamente, se ha cobrado víctimas mortales.

Por todo ello, el Senado lamenta las muertes ocasionadas por este temporal, traslada su pesar y solidaridad a los familiares de las víctimas, a la vez que manifiesta la necesidad de terminar a la mayor brevedad posible y, una vez que finalice el temporal en los municipios afectados, evaluar el conjunto de los daños causados por las tormentas, que han afectado, como ya se ha dicho, a las diferentes comarcas tanto de la Comunidad Valenciana, de la Comunidad de Murcia, de la Comunidad de Andalucía, especialmente el norte de Almería, de la Comunidad de Baleares y otras zonas afectadas, a fin de que se proceda a la concesión de las ayudas y subvenciones correspondientes para reparar los perjuicios producidos.

Palacio del Senado, 21 de diciembre de 2016.» (Asentimiento).

Información para sus señorías. A continuación, se reunirán Mesa y Portavoces de la Comisión de Justicia en la sala 20 001A y la Comisión de Igualdad en la sala Enrique Salas Vila.



HABILITACIONES

COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. 551/000003


COMISIÓN DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA. 551/000004


COMISIÓN DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. 551/000005


COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES. 551/000006


COMISIÓN DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. 551/000007


COMISIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. 551/000008


COMISIÓN CONSTITUCIONAL. 551/000009


COMISIÓN DE IGUALDAD. 551/000010


COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. 551/000011


COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y DEPORTE. 551/000012


COMISIÓN DE DEFENSA. 551/000013


COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES. 551/000014


COMISIÓN DE FOMENTO. 551/000015

El señor presidente da lectura a los puntos 8., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11., 8.12. y 8.13.

El señor PRESIDENTE: Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Se solicita la habilitación para la celebración de dos sesiones extraordinarias de la mencionada comisión los días 19 y 25 de enero de 2017, con los órdenes del día que han sido comunicados con números de entrada 11146 y 12695.

Comisión de Hacienda y Función Pública. Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la mencionada comisión el día 19 de enero de 2017, con el orden del día que ha sido comunicado con número de registro de entrada 11395.

Comisión de Empleo y Seguridad Social. Se solicita la habilitación para la celebración de una reunión extraordinaria de los miembros de la Mesa y los portavoces de la mencionada comisión el día 26 de enero de 2017, así como de una sesión extraordinaria, con el orden del día que ha sido comunicado, con número de registro de entrada 11414.

Comisión de Asuntos Exteriores. Se solicita la habilitación para la celebración de una reunión extraordinaria de los miembros de la Mesa y los portavoces de la mencionada comisión el día 11 de enero 2017, así como de una sesión extraordinaria, con el orden del día que ha sido comunicado, con número de registro de entrada 12687.

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la mencionada comisión el día 25 de enero de 2017, con el orden del día que ha sido comunicado, con número de registro de entrada 12069.

Comisión General de Comunidades Autónomas. Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la mencionada comisión el día 24 de enero de 2017, con el orden del día que ha sido comunicado, con número de registro de entrada 12077.

Comisión Constitucional. Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la mencionada comisión el día 24 de enero de 2017, con el orden del día que ha sido comunicado, con número de registro de entrada 12238.

Comisión de Igualdad. Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la mencionada comisión el día 12 de enero de 2017, con el orden del día que ha sido comunicado, con número de registro de entrada 12542.

Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Se solicita la habilitación para la celebración de dos sesiones extraordinarias de la mencionada comisión los días 18 y 25 de enero de 2017, con el orden del día que ha sido comunicado, con número de registro de entrada 12517.

Comisión de Educación y Deporte. Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la mencionada comisión el día 24 de enero de 2017, con el orden del día que ha sido comunicado, con número de registro de entrada 12544.

Comisión de Defensa. Se solicita la habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la mencionada comisión el día 26 de enero de 2017, con el orden del día que ha sido comunicado, con número de registro de entrada 12580.

Y, finalmente, Comisión de Fomento. Se solicita la habilitación para la celebración de dos sesiones extraordinarias de la mencionada comisión los días 10 y 23 de enero de 2017, con el orden del día que ha sido comunicado, con número de registro de entrada 12685.

¿Se pueden aprobar dichas habilitaciones? (Asentimiento).

Muchas gracias. Quedan aprobadas.

Señorías, a las 13.30, en el Salón de Pasos Perdidos, daremos la tradicional copa de Navidad para todos aquellos que quieran quedarse y acompañar a los funcionarios de la Casa. A aquellos que no puedan, feliz Navidad a todos, que tengan unas buenas fiestas con sus familiares, y próspero Año Nuevo.

Muchas gracias.

Se levanta la sesión. (Aplausos).

Eran las trece horas y cinco minutos.


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