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DS. Senado, Comisiones, núm. 386, de 04/12/2018
 


COMISIÓN DE JUSTICIA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. MANUEL GUILLERMO ALTAVA LAVALL

Sesión celebrada el martes, 4 de diciembre de 2018

ORDEN DEL DÍA



Ratificación de la Ponencia

Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género. 624/000011 consenso político; ley orgánica; modificación de la ley; poder judicial; violencia doméstica CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


Dictaminar

Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género. 624/000011 consenso político; ley orgánica; modificación de la ley; poder judicial; violencia doméstica CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


Ratificación de la Ponencia

Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 624/000012 ley orgánica; modificación de la ley; poder judicial CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


Dictaminar

Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. 624/000012 ley orgánica; modificación de la ley; poder judicial CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.

El señor letrado va a proceder a comprobar las asistencias.

El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores presentes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Conocen sus señorías el acta de la sesión anterior, celebrada el día 26 de noviembre de 2018.

¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento).

Muchas gracias. Queda aprobada.



RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, SOBRE MEDIDAS URGENTES EN APLICACIÓN DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 624/000011 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El señor PRESIDENTE: Primer punto del orden del día: ratificación de la Ponencia de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

De conformidad con el acuerdo de la Mesa del Senado de 30 de octubre de 2018, procede ratificar la ponencia de esta proposición de ley, con la siguiente composición: dos ponentes por el Grupo Parlamentario Popular, dos ponentes por el Grupo Parlamentario Socialista, y un ponente por cada uno del resto de grupos parlamentarios. Así, se propuso a don Joan Bagué Roura, del Grupo Parlamentario Nacionalista; doña Laura Berja Vega, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Susana Camarero Benítez, del Grupo Parlamentario Popular; don Joan Comorera Estarellas, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos; don Miquel Àngel Estradé Palau, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; doña María Dolores Etxano Varela, del Grupo Parlamentario Vasco; doña Fuensanta Lima Cid, del Grupo Parlamentario Socialista; don Jordi Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario Mixto; y doña María Teresa Tortonda Gordillo, del Grupo Parlamentario Popular.

¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento).

Muchas gracias. Queda aprobado por asentimiento.



DICTAMINAR

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, SOBRE MEDIDAS URGENTES EN APLICACIÓN DEL PACTO DE ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. 624/000011 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El señor PRESIDENTE: El siguiente punto del orden del día es el dictamen de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

A esta proposición de ley se presentaron veintiséis enmiendas. En relación con las enmiendas, debo comunicar a sus señorías que la Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite las enmiendas 12 a 19 y 21, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y 26, del Grupo Popular, por considerar que dichas enmiendas carecen de manera evidente y manifiesta de conexión con el objeto de la proposición de ley que se tramita.

La ponencia designada en relación con esta proposición de ley ha emitido un informe en el que se refleja, en el preámbulo, apartado primero, introducir, después de «septiembre de 2017», el siguiente texto: «…así como el informe de la Ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género aprobado por el Pleno del Senado de 13 de septiembre de 2017 y posteriormente.»

Se aprueban las enmiendas números 6 y 22, de idéntico tenor, con una modificación consistente en intercalar «y menores víctimas» entre «todas las mujeres» y «sin excepción».

En el apartado 2 se aprueba la enmienda 23, corrigiendo su redacción en el sentido sugerido en el informe del letrado.

En consonancia con lo anterior, se aprueba la incorporación de una disposición adicional nueva por la que se encomienda al Gobierno a adoptar las medidas necesarias en el ámbito de la Comisión de Estadística Judicial, para que los boletines estadísticos elaborados en relación con los delitos de violencia sobre la mujer incluyan el indicador de discapacidad.

En el apartado 3 se incorpora al artículo 87 quater, apartado 2, la exigencia de que el informe a que se refiere sea también remitido a la Comisión especial de seguimiento y evaluación de los acuerdos a que hace referencia el informe del Senado sobre las estrategias contra la violencia de género aprobadas en el marco del Pacto de Estado.

En el apartado 5 se modifica la redacción del párrafo segundo, nuevo, del artículo 310. Se incorpora la mejora de redacción del informe del letrado, con la precisión de la enmienda número 24, que se acepta.

Y en el apartado 10 se incorpora la enmienda número 25.

A continuación, se abrirá un turno para la defensa de las enmiendas, salvo las que hayan quedado incorporadas al informe de la ponencia. Defendidas todas las enmiendas, cabrá un único turno en contra, si se solicitara, por tiempo máximo de diez minutos. Si fueran varios los que solicitaran dicho turno en contra, el tiempo se dividirá entre todos ellos. Concluido el turno en contra, se abrirá un turno de portavoces para la fijación de posición para cada grupo parlamentario.

Pasamos, pues, a la defensa de las enmiendas, sabiendo que hay tres minutos para la defensa de cada enmienda.

Enmiendas 1 a 4, de los señores Mulet García y Navarrete Pla, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Intervendré muy brevemente —ya en la ponencia hemos debatido sobre si las enmiendas iban a ser aceptadas o no y las motivaciones para que no se aceptaran en este caso— para decir que hemos presentado cuatro enmiendas con el fin de concretar las atribuciones y competencias de determinados juzgados; para añadir concreciones en los textos de algunos artículos que nos parecían de poca concreción y claridad; para especificar claramente, a pesar de que pudiera ser alguna vez reiterativo, la formación de los jueces y de todo el personal adscrito a los juzgados sobre violencia machista; y para tener muy claro que todos los trabajadores de dichos juzgados deben tener un conocimiento continuado que pueda ser contrastado y fácilmente demostrable.

Ese es el sentido de nuestras enmiendas. Como he dicho, según la opinión de algunos eran demasiado reiterativas o incluso no estaban del todo bien redactadas. Pero como no van a ser aceptadas, las vamos a mantener para su debate en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de las enmiendas 5, 7 a 11 y 20, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Muchas gracias, presidente.

Nuestras enmiendas, además de algunas mejoras en el texto, se basan básicamente en dos puntos: todas las violencias contra la mujer y juzgados específicos.

La primera enmienda, la número 5, muy parecida a la enmienda número 1, de Compromís, propone adicionar al apartado primero del artículo 87 ter una nueva letra h), añadiendo entre las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer en el orden penal la instrucción de las causas relacionadas con las violencias sexuales. Hay que impregnar nuestro ordenamiento del Convenio de Estambul firmado en el año 2011 y ratificado por España en 2014. No solamente podemos hablar de violencia de género en el ámbito de la pareja o la expareja. Hay que recordar que el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Judicial habla de violencia sobre la mujer. Cualquier tipo de violencia contra la mujer, aun cuando no se produzca en el marco de relaciones afectivas o sentimentales, ha de quedar encuadrada en el marco de la instrucción penal de los juzgados de violencia contra la mujer. En concreto, cualquier tipo de delito con contenido de violencia sexual, haya tenido o no la víctima vínculos afectivos o sentimentales con el agresor, o incluso siendo un perfecto desconocido, ha de ser instruido por los juzgados de violencia contra la mujer, toda vez que es evidente que la violencia sexual es ejercida contra la mujer precisamente por el mero hecho de serlo.

En nuestra opinión, excluir este tipo de delitos del marco instructor de los juzgados de violencia contra la mujer es excluir precisamente un tipo de agresiones claramente marcadas por el género y padecidas por las mujeres precisamente por su condición de tal. Si formamos solamente en violencia en el ámbito de la pareja nos estaremos dejando muchísimas cuestiones por el camino.

La enmienda número 6, similar a la enmienda 22, del Grupo Popular, ya ha sido aceptada.

Las enmiendas 7 y 8 proponen mejoras técnicas pues creemos que de esta forma queda mucho más claro su redactado.

Por su parte, la enmienda número 9 da un nuevo redactado al apartado 5 del artículo 433 bis, y ello porque se hace necesario garantizar por ley la periodicidad anual de los cursos de formación específicos de la Escuela Judicial, así como que la perspectiva de género sea una formación que atraviese todos y cada uno de los ámbitos formativos de los operadores jurisdiccionales. Estamos por ser más contundentes a la hora de dar cumplimiento al Pacto de Estado contra la violencia de género y afianzar el compromiso en su cumplimiento.

La enmienda número 10 se refiere a la comisión de selección para el acceso a la carrera judicial y fiscal. Sin perjuicio de las competencias de la comisión de selección para proponer el temario de acceso, creemos que es necesario especificar que obligatoriamente dicha propuesta debe contener materias concretas que se refieran a la formación jurídica integral sobre violencia contra la mujer y especialmente sobre la perspectiva de género en la interpretación y aplicación de la legislación y el derecho.

Con la enmienda número 11 se modifica apartado 5 del artículo 307, a fin de que al menos un mes de las prácticas tuteladas de los jueces en prácticas deba prestarse en un juzgado especializado en violencia sobre la mujer. Y ello, porque uno de los principales objetivos del Pacto de Estado contra la violencia de género es proporcionar a los operadores jurisdiccionales una formación transversal obligatoria y continua en todo lo relacionado con la normativa reguladora de la lucha contra la violencia machista; y es necesario, no solo una formación en el plano teórico, sino también en la formación práctica.

La enmienda número 20 se presenta a la disposición adicional relativa a la revisión de la planta judicial para garantizar por ley la creación de juzgados destinados al enjuiciamiento de delitos de violencia de género y violencia sexual. Su número hoy es absolutamente insuficiente, siendo imprescindible que la red judicial de enjuiciamiento especializado en delitos relacionados con la violencia contra la mujer abarque todo el territorio del Estado. A día de hoy, de los 345 juzgados de lo penal existentes solo 26 se encuentra especializados, y no existen en todas las comunidades autónomas, situación que debe cambiar. De ahí nuestra enmienda. Es cierto que ello implicaría posiblemente un esfuerzo económico, pero creemos que es un esfuerzo necesario.

Para acabar, solo me queda añadir que vamos a mantener estas enmiendas para el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

En turno en contra, ¿algún grupo parlamentario solicita intervenir? Hay un único turno, de diez minutos. (Pausa).

En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Berja.

La señora BERJA VEGA: Gracias, presidente. Seré muy breve.

Vamos a votar en contra de algunas de las enmiendas de Podemos y el Grupo Mixto porque, como ya explicamos en el Congreso, entendemos que ya están recogidas en el articulado de la ley. Y votaremos en contra de otras por motivos meramente conceptuales, porque hablan de conceptos que no están recogidos en el ordenamiento jurídico y que entendemos que generan mucha confusión.

En el turno de portavoces comentaremos el proceso en el que hemos participado para transaccionar algunas enmiendas que se han incorporado al informe de la ponencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Berja.

Tiene la palabra, senadora Camarero.

La señora CAMARERO BENÍTEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular se ha manifestado en contra de las enmiendas de Podemos y del Grupo Mixto, y vamos a intentar explicar el porqué. De las ocho enmiendas de Podemos, siete quedan vivas porque una de ellas ha sido transaccionada junto a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Y hay cuatro del Grupo Mixto. Las podemos agrupar, como ha dicho el senador Comorera, en varios apartados.

Hay algunas enmiendas que pretenden cambios terminológicos y/o conceptuales, como ha dicho la senadora Berja, cambiando la denominación de violencia sobre la mujer o violencias de género por violencias machistas, como la enmienda 2, del Grupo Mixto, o la enmienda 9, de Podemos. Son enmiendas que no vamos a apoyar porque consideramos que este cambio es absolutamente innecesario. Es verdad que coloquialmente muchos de nosotros utilizamos los términos: terrorismo machista, violencias machistas, violencias de género o violencias contra la mujer, pero la denominación está clara en las leyes que la regulan, especialmente en la Ley 1/2004, la ley integral que regula toda la violencia sobre la mujer o la violencia de género, que en su artículo 1 especifica qué es la violencia de género, que es aquella que se ejerce sobre la mujer por la pareja o expareja. Creemos que esta es una definición aceptada, consolidada, interiorizada por la sociedad, que no genera confusión y, por tanto, la que se tiene que mantener en los textos legales.

En segundo lugar, hay un grupo de enmiendas que, como también se ha explicado, intentan incorporar la denominación violencia sexual en la competencia de los juzgados de violencia de la mujer y la instrucción. Son la enmienda 1, del Grupo Mixto, literal a la 5, de Podemos, o la 4, del Grupo Mixto, igual a la 20, de Podemos.

Los juzgados de violencia sobre la mujer, como todos ustedes saben, fueron creados por la Ley 1/2004. Sus competencias están reguladas en el artículo 44 de dicha ley, y entienden, como he comentado, respecto a la denominación de violencia de género aquella descrita en el artículo 1 de la ley integral: la violencia ejercida por la pareja o expareja.

Las enmiendas no son inocuas, sino que pretenden ampliar la instrucción de las causas. No se trata, señor Comorera, de que excluyamos determinadas violencias, sino de que no incluyamos unas violencias no reconocidas hasta el momento en la Ley 1/2004 a través de una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ustedes pretenden añadir una letra h) en el artículo 87 ter, aunque no se sabe muy bien en qué punto de ese artículo, porque correspondería al punto 2, que habla del orden civil; por lo tanto, creo que ni siquiera la enmienda está bien formulada. A través de una letra pretenden cambiar el punto 1 de dicho artículo, que define cuáles son las violencias que se ejercen sobre la mujer, es decir, el artículo 1 de la ley integral. No es un cambio menor, sino un cambio que intenta modificar el concepto de violencia de género. Además, es un cambio que reabre un debate que tuvimos largamente en la ponencia que trabajó para elaborar el informe que aportamos al Pacto de Estado, cambio y debate que se reprodujeron en el Pleno con los votos particulares que el Grupo Parlamentario de Podemos llevó y que también tuvo lugar en el Congreso en el debate de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esta fue una de las cuestiones más debatidas, y entre todos los grupos, pensamos que, en aras de ese consenso, de esa unidad que presidió los trabajos del pacto, la decisión final fuese que el artículo 1 de la ley integral quedase tal y como estaba, reflejando que las otras violencias, esas que no estaban reconocidas en ese artículo, las que aparecen el Convenio de Estambul, que hemos firmado como Estado, esas otras violencias, que además hemos reconocido en la Estrategia nacional aprobada en 2014 y en todas las leyes posteriores que se han ido elaborando, todas esas violencias, insisto, debían tener consideración en cuanto a la sensibilización y prevención. Así, hay una serie de medidas establecidas en el propio Pacto de Estado incluso en la formación. Esta ley, cuando habla de formación, incorpora todas las violencias del convenio; la propia reforma, en cuanto a formación, ya las incorpora. Lo que dijimos fue: todo lo que tenga que ver con el resto de los órganos judiciales o de las competencias de los órganos judiciales quedará para una futura regulación específica de esas leyes. Hablábamos de una regulación específica con una ley de trata o de una regulación específica con una ley de violencia sexual. Por lo tanto, por coherencia y por lógica, lo normal es que cuando se aprueben esas leyes se incorpore, y se deje para esa aprobación, la modificación de la competencia de los juzgados de violencia, que ustedes pretenden hacer en estas enmiendas que presentan.

Un tercer bloque de enmiendas va destinado a reproducir debates que ya se han dado en el Congreso. Incluso muchas de las enmiendas que ustedes presentan se incorporaron como transaccionales en los debates del Congreso. Hablo, por ejemplo, de la enmienda 3, del Grupo Mixto, que es igual a la 10, de Podemos, que pretende marcar el contenido del temario de la Comisión de selección, al que se refiere el artículo 305 al hablar de sus competencias. Creemos que este no es el sitio, que se produce una reiteración, y además que se reabre un debate que, como he dicho, ya tuvo lugar en el Congreso. Usted mismo reconocía, señor Comorera, que podía ser una reiteración porque ya está recogido en el artículo 310, en el artículo 307.2, y en los artículos que tienen que ver con el plan de formación continuada de la carrera judicial.

También la enmienda 7, de Podemos, hace referencia a la naturaleza de los juzgados de violencia sobre la mujer. Ustedes entienden que es un orden jurisdiccional, pero pretenden cambiar la propia naturaleza del juzgado, porque no es un nuevo orden jurisdiccional, sino una especialización dentro del orden penal. Por lo tanto, hay una confusión, y no la vamos a apoyar.

La enmienda 9, de Podemos, habla de los cursos de formación de la Escuela Judicial y de derecho antidiscriminatorio, algo que ya se trabajó. No existe como disciplina, y en el debate en el Congreso se dijo que era mejor mantener la redacción actual.

Y en cuanto a la enmienda 11, de Podemos, relativa a establecer las prácticas de un mes en los juzgados de violencia sobre la mujer, coincidimos en la importancia de que, además de la teoría, se den prácticas en juzgados, pero creemos —lo hemos comentado en el debate de la ponencia— que es especificar demasiado en la ley. Quizás podríamos dejar estos temas tan concretos al futuro reglamento que desarrolle esta ley.

Y quiero aprovechar —y termino ya, señor presidente— para agradecer a todos los grupos el apoyo a las enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Popular y que han sido incorporadas al dictamen, porque enriquecen el texto y porque tienen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres con discapacidad que padecen violencia de género.

Durante el pacto pusimos especial hincapié en que hubiese un apartado específico para las mujeres con discapacidad, por esa múltiple discriminación que sufren, y estas enmiendas mejoran el texto que nos viene del Congreso, al pedir que las dependencias judiciales sean accesibles, utilizables y practicables para todo tipo de mujer, y con una transaccional a la enmienda de Podemos y con la transaccional ofrecida por el Grupo Socialista, hemos incorporado a los menores. También hemos pedido que en los temarios de ingreso y promoción se tenga en especial consideración las situaciones de discriminación múltiple o que, en la línea de los mandatos del pacto de Estado, se facilite una información estadística desagregada de mujeres y menores víctimas con discapacidad. Por lo tanto, agradecemos a los grupos parlamentarios el apoyo a estas enmiendas porque, de verdad, mejoran una situación de discapacidad múltiple que sufren estas mujeres.

También hemos mejorado el dictamen al incorporar y al reconocer el trabajo que realizó el Senado en la ponencia de estudio para elaborar el informe sobre el pacto de Estado. Creíamos que era de justicia que el trabajo del Senado no se olvidase y quedase reflejado en la enmienda, y va a aparecer tanto en el preámbulo como en el artículo 87 quater para que aquel informe que remita la Comisión del Consejo Anual del Poder Judicial a la Comisión Especial de Seguimiento del Congreso también venga a esta comisión. Por tanto, el Grupo Popular está agradecido por las incorporaciones de las enmiendas porque creemos, sinceramente, que han mejorado el texto que nos ha remitido el Congreso.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Camarero.

Pasamos al turno de portavoces, por un tiempo de cinco minutos cada grupo.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente. No utilizaremos los cinco minutos.

Básicamente, intervengo para agradecer a los servicios de la Cámara las recomendaciones que nos han hecho en algunos puntos en los que faltaba concreción. Y, como no podía ser de otra manera, para anunciar que apoyaremos la modificación de este texto porque, a pesar de no haber aceptado nuestras enmiendas, creemos que es de juzgado de guardia —y nunca mejor dicho— no hacerlo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Navarrete.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demócrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, presidente. Buenos días.

Intervendré muy brevemente para fijar la posición del Partit Demòcrata y decir que vamos a apoyar esta proposición de ley.

El señor PRESIDENTE: Gracias senador Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente.

Tratamos hoy esta proposición de Ley Orgánica, de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre medidas urgentes en la aplicación del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Habría que poner en valor —lo ha hecho la presidenta de la Comisión de Igualdad, Susana Camarero— que se trata de unas medidas del Pacto de Estado en materia de violencia de género aprobado tras varios meses de trabajo tanto en el Congreso como en el Senado, algo que con la enmienda incorporada en el dictamen se subsana, porque no se había tenido en cuenta todo el trabajo que se había hecho en esta cámara.

Me refiero a las medidas que en el texto conjunto serían el eje cinco: el impulso de la formación que garantice la mejor respuesta asistencial y, en concreto, la 226 y la 225; medidas para ampliar la formación especializada que reciben los y las profesionales y, en este caso, los referidos a la Administración de Justicia en lo relativo a la prevención de la violencia contra las mujeres, ampliando estos contenidos también a juezas y jueces de familia y de menores, además de los juzgados de violencia de género. Esto último, además, resulta especialmente necesario para la coordinación de los distintos procedimientos que se ven en los diferentes juzgados, que a veces suelen presentar incompatibilidades. También se incorpora la necesidad de introducir la capacitación en derecho antidiscriminatorio, así como incluir la perspectiva de género y transversalidad en la oposición a esa escuela judicial y la formación continua; materias que con la incorporación de esta ley, por fin, pasan a ser obligatorias y evaluables.

Y, finalmente, también se han introducido materias específicas en las pruebas de selección, formación especializada en la escuela judicial, en la formación continua de las carreras fiscal y judicial, así como en el establecimiento de pruebas de especialización para acceder a órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer, y el impulso de la especialización de lo penal, ampliándose su número e implantación a todas las provincias de manera exclusiva o compartida.

La modificación de esta ley ha venido precedida de un gran acuerdo en la Cámara Baja, donde obtuvo el apoyo mayoritario de todos los grupos parlamentarios, sin votos en contra. En el trámite en esta Cámara se han incorporado varias enmiendas. Hemos manifestado en la ponencia que con alguna teníamos dudas. En cuanto a la transaccional a la 622 a la que han llegado el Grupo Socialista, Podemos y el Partido Popular, seguimos pensando que serían competencias de las comunidades autónomas y de las administraciones de justicia, no del Consejo General del Poder Judicial, que solo tiene funciones gubernamentales. En cualquier caso, no sería suficiente para cambiar el sentido de nuestro voto al dictamen. Porque entendemos que uno de los retos más importantes a los que nos enfrentamos las democracias en el siglo XXI es el de acabar con la desigualdad entre mujeres y hombres, cuya manifestación más brutal es la violencia estructural que se ejerce contra nosotras. En esto creo que estaremos todas y todos de acuerdo, y así lo hemos acordado en el Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Dejaré para el pleno muchas opiniones más concretas sobre la ley. Y en cuanto a manifestar la orientación de nuestro voto, diré que entendemos que se podría haber ido algo más lejos en la aplicación de otras medidas del Pacto de Estado atinentes a la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero también consideramos necesario adoptar sin demora cualquier medida que incida en la mejora de las respuestas en el ámbito jurisdiccional que reclaman las víctimas de violencia de género, mujeres y menores.

Por tanto, entendemos que se trata de un avance, aunque no es suficiente. De lo que se trata es de seguir dando pasos para conseguir el objetivo principal, que sería el logro de la igualdad real entre mujeres y hombres y la eliminación de esta violencia estructural contra las mujeres.

Apoyaremos la iniciativa, mantendremos la coherencia con los acuerdos alcanzados, con las enmiendas que se mantengan vivas y votaremos a favor del dictamen.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Etxano.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Gracias, presidente.

Nosotros también vamos a votar a favor del dictamen, porque entendemos que la violencia de género, la violencia que se perpetra continuamente contra las mujeres constituye una auténtica epidemia que está causando muchas víctimas y un malestar muy profundo.

Tenemos que vencer inercias muy poderosas, inercias sociales, inercias culturales, inercias económicas, inercias legales y judiciales. Por lo tanto, el trabajo que se abre y que nos espera es inmenso.

Para combatir esas inercias era necesario el Pacto de Estado contra la violencia; es necesaria esta reforma —aunque creo que nos hemos quedado cortos—; es necesario dotar a los Presupuestos del Estado de mayores partidas para afrontar la erradicación de esta violencia, y son necesarias políticas públicas mucho más contundentes.

Pero, bueno, el camino se hace andando. Se han introducido mejoras importantes que pueden conseguir que toda la Administración de Justicia esté mucho más preparada, mucho más mentalizada, mucho más formada para afrontar con toda su complejidad esa epidemia a la que me refería antes.

Nosotros votamos a favor en el Congreso e introdujimos también algunas mejoras referentes a la preservación de las competencias de las comunidades autónomas, que tienen aquí un importante papel a realizar. Por lo tanto —repito—, aunque creo que nos hemos quedado cortos, es un buen principio para intentar profundizar en futuras ocasiones y ser un poco más ambiciosos. Por eso, votaremos a favor.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Estradé.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente. Con esta proposición de ley tratamos de asegurar perspectiva de género al mundo judicial. Debemos ser conscientes de que con ello solo tratamos de reparar agujeros del sistema, la sistemática revictimización que hoy existe. Lo que cambiamos hoy ya debería ser así. No solo esto ya debería ser así, sino que además solo estamos dando cabida a una muy mínima parte de lo acordado por el pacto de Estado.

Urge también todo lo demás, y no comprendemos por qué no se está priorizando, por ejemplo, lo educativo, que es el camino para que la violencia no se produzca; quizá donde más trabajo hay que hacer, y más teniendo en cuenta los alarmantes datos de violencia contra la mujer entre los más jóvenes. Para empezar a erradicar la violencia contra la mujer con garantías de éxito es más necesario que nunca dirigir programas de prevención hacia los jóvenes. La educación en las escuelas bajo los valores de igualdad, así como identificar los problemas, inquietudes o necesidades que afectan a los colectivos más vulnerables son pilares imprescindibles.

Además, todas las violencias. Para nosotros es fundamental que toda víctima de violencia machista sea atendida por operadores jurídicos especializados. Nos da igual si te viola tu novio o un desconocido. Quien atiende debe comprender qué es el machismo y su violencia, y los derechos de la víctima deben ser exactamente los mismos. Nunca más un juez preguntándose si cerraste bien las piernas. Esta proposición de ley sigue centrada en la pareja o expareja, y nos parece un error y una desprotección, pues todo es violencia machista; de ahí nuestras enmiendas en ese sentido.

Por otra parte, queremos más juzgados dedicados a la violencia machista. Los tiempos cambian, y las necesidades, también. A la justicia le toca adaptarse, aunque, como casi siempre, sea despacio. Queremos que el sistema judicial sea un servicio de primer orden, con recursos, con tiempo para atender y con formación en género. Si la justicia es ciega al género, es injusticia, y si es precaria, también. Y llevamos demasiado tiempo con una justicia precaria.

No deja de ser curioso que se exija especialización a quienes conocen en primera instancia o instruyen las causas, y no a quienes juzgan o resuelven sus recursos. En definitiva, da la sensación de que la especialidad, por poca que sea, va cediendo conforme se ascienden escalones, algo difícilmente explicable y a lo que hay que poner remedio. Se puede discutir si tocan o no tocan aquí estas enmiendas que nosotros proponemos, pero nos parece imprescindible una llamada de atención a ese debate que necesariamente debemos tener.

Nuestro grupo parlamentario va a votar favorablemente el dictamen, aunque no se hayan aceptado la mayoría de las enmiendas que hemos presentado, porque a nosotros nos van a encontrar en cualquier medida que signifique mejorar la respuesta de la jurisdicción en materia de violencias machistas, aunque va a ser un sí crítico, porque el resultado es algo decepcionante para nuestro grupo, ya que algunas cuestiones van a volver a quedar fuera. Y añado, como ya he anticipado antes, que vamos a mantener las enmiendas para el Pleno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

El Grupo Parlamentario Socialista va a compartir su tiempo entre las senadoras Lima y Berja.

Tiene la palabra, senadora Lima.

La señora LIMA CID: Gracias, señor presidente.

Señorías, nuestra utilidad en esta Cámara será siempre valorada cuando los temas a debatir y luego a aprobar signifiquen, como es el caso de hoy, implementar nuestro sistema judicial para proteger a quienes sufren la peor de las lacras de nuestra sociedad, la violencia machista; en definitiva, ser útiles.

Representar a un país donde en el año 2018 han asesinado a 45 mujeres; desde que contamos con datos oficiales, desde el año 2003, 977; y 33 menores huérfanos y 27 menores asesinados desde 2013 nos hace responsables de cambiar nuestro sistema, dando pasos certeros para que un día podamos proclamar que logramos, entre todas y todos, erradicarla.

Son 214 medidas, fruto del trabajo de la subcomisión del Congreso y la ponencia del Senado, con las aportaciones de representantes de la sociedad civil, expertos y expertas y grupos políticos, en definitiva, todos y todas las comparecientes que ayudaron a marcar las medidas más importantes, entre ellas, la formación tanto para la judicatura como para la carrera fiscal, como intervinientes en el devenir de los procedimientos en materia de violencia de género. Era una de las medidas que por unanimidad se consideraba más urgente, además de aumentar los juzgados especializados, ya que en la actualidad contamos con 345, de los cuales 26 están especializados, y no todas las comunidades autónomas cuentan con ellos.

El texto que nos remite el Congreso, tras la presentación de enmiendas, algunas de ellas aceptadas en temas tan esenciales como que las dependencias judiciales no deben de servir como espacio de confrontación de víctima y agresor, la revisión de medidas en los procedimientos de violencia de género, proponiendo que le correspondiese a la jueza o juez que dictó las iniciales, o mejorar la información mediante estadísticas que se aporten con respecto a los casos tratados tanto en los juzgados especializados como en aquellos que no, tienen como finalidad modificar la Ley del Poder Judicial en aspectos fundamentales como son la acreditación en materia de formación previa a ejercer como profesionales, la formación continua posterior y, sobre todo, la ampliación de los juzgados especializados.

En definitiva, nuestro cometido es legislar para actualizar, mejorar la vida de las personas y, máxime, cuando de lo que hablamos es de mujeres que son maltratadas por el hecho de serlo, algo inadmisible en una sociedad justa e igualitaria.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Lima.

Tiene la palabra, senadora Berja.

La señora BERJA VEGA: Gracias, señor presidente.

El texto que el Congreso remitió a esta Cámara llegaba con un amplio consenso que en el Partido Socialista hemos querido respetar. Aun así, tras analizar las enmiendas del resto de los grupos, el Grupo Socialista ha considerado que era interesante incorporar algunas de ellas. Por eso hemos participado del proceso de acuerdo con las modificaciones, que han sido, además, altamente consensuadas. Quiero agradecer al resto de los grupos esta predisposición.

Señorías, el Pacto de Estado contra la violencia de género consiguió, en esta cámara, el respaldo unánime de todos los grupos políticos. Con las diferencias ideológicas manifiestas, supimos entendernos con un lenguaje común, un lenguaje con dos premisas fundamentales, una era la denuncia de la violencia machista, y otra, la protección a las víctimas. Hoy apelo también a ese lenguaje común aquí en esta comisión, en la Comisión de Justicia, porque esa filosofía nos ha dado un gran acuerdo y una buena dinámica de trabajo.

Frente a propuestas como las que proponen partidos como Vox, de derogar la Ley de violencia de género, los partidos del pacto de Estado tenemos que reivindicar más aplicación de la ley, incluso más recursos para su aplicación. El Partido Socialista en el Gobierno está cumplimentado el pacto de Estado con las prioridades que nos detallaron los comparecientes y las comparecientes de la ponencia. Nos dijeron una y otra vez que el problema fundamental y el más grave del sistema se encontraba en los juzgados. El sistema judicial en muchas ocasiones revictimiza a las mujeres, las cuestiona, no las cree y las desprotege. Todos los comparecientes, absolutamente todos, insistieron en la necesidad de formar a los operadores jurídicos en violencia de género e igualdad ?y voy terminando?.

Es imprescindible que la justicia, con una estructura patriarcal, incorpore la perspectiva de género. Es fundamental que los juzgados sean una fuente de protección para las mujeres y no, como en ocasiones ocurre, el infierno donde no se las entiende. El PSOE en el Gobierno ha priorizado lo que también priorizaron los expertos y expertas y la sociedad civil, así que sigamos en este camino.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Berja.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Tortonda.

La señora TORTONDA GORDILLO: Gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario Popular también quiere agradecer a los servicios de la Cámara todas y cada una de esas recomendaciones; indudablemente, como no podía ser de otra manera, vamos a votar a favor del dictamen.

Sin embargo, sí que nos gustaría hacer una serie de aclaraciones, incluso, si se nos permite, de recomendaciones. Fíjense, 268 medidas fueron aprobadas en esta Cámara, además por unanimidad, y 214 fueron aprobadas por los grupos, excepto por Podemos, en el Congreso, pero al Grupo Socialista, que no al Gobierno —y hay una gran diferencia porque ustedes ya son Gobierno— no le ha interesado someterse a los diferentes informes del Consejo General del Poder Judicial, como bien establece el artículo 561 de la Ley Orgánica que queremos reformar, la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se establece que todo lo atinente a este texto tiene que ser sometido a los informes de dicho consejo. Nos presentan, después de seis meses de gobierno de Sánchez, su primera y única iniciativa. Nos presentan una Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial sobre medidas urgentes —y subrayo lo de medidas urgentes porque después haré alusión a ello— para la aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, cuyo objetivo no es otro que la formación especializada y también específica en esta materia en todos los ámbitos institucionales, quizá con mayor incidencia en el Poder Judicial.

Y hasta ahí, señorías, yo creo que estamos todos totalmente de acuerdo, porque forma parte de ese informe que presenta el Senado, que concretamente hace referencia al área séptima de propuestas de reforma legislativa y mejora de la respuesta judicial. Por lo tanto, ahí no tiene nada que decir el Grupo Parlamentario Popular. Pero sí tenemos que empezar a decir algo. Y no lo tomen como una crítica negativa o destructiva, sino como una llamada de atención a todos los Grupos Parlamentarios e indudablemente también, como no puede ser de otra manera, al Partido Socialista.

En lo que ya no podemos estar tan de acuerdo, señoría, es en la lentitud en la que está instalado el Gobierno feminista de Sánchez. Y también el silencio más absoluto de los diferentes grupos que sustentan a dicho Gobierno. Mire, señoría, son ya ustedes el Gobierno, como les repetí anteriormente; llevan seis meses ocupándolo, llevan seis meses ocupando dicho Gobierno. Además, hemos visto y comprobado que los temas que les interesan los tramitan con muchísima urgencia y con muchísima celeridad, para que entren en vigor anteayer. Sin embargo, en el tema que nos ocupa esta mañana, que son las diferentes reformas que se tienen que poner en marcha, por un lado, para cumplir con ese Pacto de Estado de violencia de género y, por otro, para que las mujeres y sus hijos tengan una red de servicios y prestaciones lo suficientemente consolidados y fuertes, en definitiva, seguros, pues aquí ustedes, el Gobierno, se ha relajado. Ya no hay prisas; ya no hay prisas, señorías.

Yo le pregunto: ¿ya no es urgente esta cuestión? ¿Ya no son necesarias las medidas? ¿Ya no mueren mujeres víctimas de violencia de género? ¿Ya ha dejado de ser un tema crucial y de relevancia nacional? El Grupo Parlamentario Popular, señorías, sigue estando en el mismo sitio, es decir, en julio del 2017. ¿Se acuerdan? Estábamos todos de acuerdo en que, más pronto que tarde, había que ejecutar el pacto.

Por lo tanto, señoría, ¿qué es lo que ha cambiado de entonces a ahora? No queremos pensar que fue todo fruto de la palabrería, del postureo o de un paripé, y mucho menos aún que todas esas reivindicaciones y ese interés se debían a que en el Gobierno estaba el Partido Popular y el presidente Rajoy. Por cierto, es verdad que el pacto no es de nadie; es de la sociedad española. Pero si somos sinceros y somos agradecidos, precisamente hoy estamos hablando de los cambios legislativos que hay que hacer en la Ley Orgánica del Poder Judicial porque hubo un partido y hubo un presidente que vio la necesidad de sentar a todos los partidos, a todas las fuerzas políticas, en una misma mesa para llegar a un acuerdo en este tema. Y no solamente hubo un presidente que puso en marcha este pacto, sino que fue también el presidente que puso negro sobre blanco unos presupuestos que, por injusticias de la vida, los que votaron en contra, que precisamente fueron ustedes, hoy son los responsables de ponerlos en marcha y de gestionarlos; unos presupuestos que, además, ustedes calificaron de antisociales y raquíticos. Sin embargo, el Gobierno del Partido Socialista ha dispuesto de la mayor cantidad jamás destinada a la lucha contra la violencia de género. Entenderán, señorías, que en la oposición en que se encuentra este Grupo, a través de esa comisión de seguimiento, controlaremos y fiscalizaremos la ejecución de dichas partidas.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, senadora.

La señora TORTONDA GORDILLO: Termino, presidente.

Yo también les pregunto, señorías, ¿ha cambiado algo en este país desde que Sánchez es presidente? Y me refiero única y exclusivamente, como comprenderán, a este tema. ¿Se acabó el tiempo de la muerte? ¿Se acabó el tiempo de los asesinatos? ¿Se ha acabado el miedo que tienen las mujeres que sufren violencia de género? ¿Se ha acabado con el machismo? ¿Hoy las mujeres son más libres y más alegres que hace seis meses? Estas no son palabras mías, señorías, son las palabras de la diputada Díaz Pérez, del Grupo de Podemos, concretamente el 12 de junio.

Por lo tanto, señorías, sí a esta reforma, teniendo en cuenta que ustedes la presentan al calor que produce la sentencia de La Manada. ¿Por qué no se han presentado otras reformas? ¿Cuáles han sido esos criterios? Porque este Grupo todavía no sabe por qué han prevalecido una reformas frente a otras.

Señorías, tenemos que decirles en el Grupo Popular que el Gobierno actual adolece de un proyecto de país y, por lo tanto, también de un proyecto continuo y sensato para conseguir las mayores cotas de igualdad entre hombres y mujeres, que es lo que verdaderamente se quiere y es el objetivo. Presentan esta modificación de cambio legislativo a trozos, de manera parcial, para parar esa sublevación en las calles. Indudablemente, el Grupo Parlamentario Popular —y ya termino, señor presidente— siempre estará donde estuvimos desde el principio, que no es otro sitio que la defensa de las mujeres y de los menores. Es de justicia social e indudablemente no es un debate ideológico.

Gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Tortonda.

Pasamos a votar el texto propuesto por la ponencia en su informe, con las enmiendas incorporadas.

Efectuada la votación fue aprobado por 26 votos a favor.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.

Ha sido dictaminada por la Comisión de Justicia la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género.

Procede designar al miembro de la comisión que llevará cabo la presentación del dictamen ante el Pleno del Senado. ¿Alguna propuesta, señorías?

La señora CAMARERO BENÍTEZ: El presidente de la comisión.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Así se hará.



RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. 624/000012 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la Proposición de Ley Orgánica de reforma de Ley Orgánica 6/1985 de 1 de julio del Poder Judicial. En primer lugar hay que ratificar la ponencia.

De conformidad con el acuerdo de la Mesa del Senado, de 30 de octubre de 2018, procede ratificar la ponencia de esa proposición de ley con la siguiente composición: dos ponentes por el Grupo Parlamentario Popular, dos ponentes por el Grupo Parlamentario Socialista y un ponente por cada uno del resto de grupos parlamentarios.

Así pues, fueron doña Cristina Ayala Santamaría, del Grupo Parlamentario Popular; don Joan Bagué Roura, del Grupo Parlamentario Nacionalista; don Joan Comorera Estarellas, del Grupo Parlamentario Podemos; don Miquel Àngel Estradé Palau, Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; doña María Dolores Etxano Varela, del Grupo Parlamentario Vasco; doña María José Fernández Muñoz, del Grupo Parlamentario Socialista; don Antonio Morales Lázaro, del Grupo Parlamentario Socialista; don Jordi Navarrete Pla, del Grupo Parlamentario Mixto, y don Jorge Alberto Rodríguez Pérez, Grupo Parlamentario Popular.

¿Está de acuerdo la comisión? (Asentimiento).

Se aprueba la ponencia.



DICTAMINAR

PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. 624/000012 CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El señor PRESIDENTE: Quinto punto del orden del día, dictamen de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

A esta proposición de ley se presentaron ciento catorce enmiendas, de las cuales la enmienda número 63, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, fue posteriormente retirada.

Debo comunicar a sus señorías que la Presidencia del Senado, en ejercicio de la delegación conferida por la Mesa de la Cámara, ha acordado no admitir a trámite las enmiendas 58 a 62 y 64 a 66, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, por considerar que dichas enmiendas carecen, de manera evidente y manifiesta, de conexión con el objeto de la proposición de ley que se tramita.

La ponencia designada en relación con esta proposición de ley ha emitido informe, en el que se incorporan las modificaciones propuestas por las enmiendas números 1, 2, 7, 12, 17, 19 —solamente en cuanto al nuevo texto del párrafo tercero, pero dejando sin modificación el segundo del texto remitido—, 29, 50, 54, 98, 100 y 101. Igualmente a las enmiendas 110, 111, 112, 113 y 114.

Se recoge el espíritu de la enmienda 67 con la nueva redacción, en la que se establece que las modificaciones a que se refieren los apartados que indica la disposición transitoria tercera no serán de aplicación al Consejo General del Poder Judicial hasta la constitución del primero que tenga lugar bajo la vigencia de esta ley.

El espíritu de la enmienda 90 se acepta pero mediante la incorporación de los textos idénticos a los propuestos en el Congreso de los Diputados por las enmiendas números 57, 93 y 96. En relación con las enmiendas al artículo 484, se acoge el espíritu de las mismas mediante un texto por el que el acceso a los cuerpos generales y especiales del personal al servicio de la Administración de Justicia se efectuará a través de los sistemas y en los términos establecidos en el texto refundido del Estatuto básico del empleado público.

Dada la incorporación de la enmienda 112 y concordantes, se estima necesario introducir una disposición transitoria nueva por la que se establece que, a la entrada en vigor de la ley, se entenderá caducado el proceso de renovación del Consejo General del Poder Judicial y procedimientos de designación que forman parte del mismo, quedando sin efecto.

Por último, se introducen en el preámbulo los oportunos párrafos explicativos del contenido de la ley, tal y como resulta del informe de la ponencia.

A continuación se abrirá un turno para la defensa de las enmiendas, salvo las que hayan quedado incorporadas al informe de la ponencia. Defendidas todas las enmiendas, cabrá un único turno en contra si se solicitara por varios grupos parlamentarios, y si fueran varios, se repartirá el tiempo de veinte minutos. Concluido el turno en contra, se abrirá el turno de portavoces para la fijación de la oposición por cada grupo parlamentario.

Pasamos pues a la defensa de las enmiendas sabiendo que hay tres minutos como máximo por enmienda.

Enmiendas 3 a 6, 8 a 11, 13 a 16, 18 a 20 de los señores Mulet García y Navarrete Pla, ambos del Grupo Parlamentario Mixto.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente. Muy brevemente porque, como he dicho anteriormente, lo hemos debatido en ponencia y no hace falta ahondar mucho más.

Quiero agradecer, y me sorprendo, que nos hayan aceptado siete enmiendas de veinte, para Compromís todo un récord, por lo tanto, estoy muy contento por ello.

Doy por defendidas el resto de las enmiendas, porque ya las debatiremos en el plenario.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Enmiendas 21 a 28, 30 y 31 de la señora Julios Reyes y el señor Rodríguez Cejas, ambos del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria.

Tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Sí, gracias, señor presidente.

Intervengo para dar por defendidas las enmiendas que ha mencionado, correspondientes a los compañeros de Coalición Canaria, y por mantenidas vivas para el debate en el plenario.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Enmiendas 32 a 42 de los señores Bagué Roura y Cleries i Gonzàlez, ambos de Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria.

Tiene la palabra, senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Sí, gracias, señor presidente. Telegráficamente.

La enmienda 32 hacía referencia a la administración que es competente; simplemente dejaba claro que si una comunidad autónoma tiene competencia en una materia, pues que deba atenderse a esa responsabilidad.

La número 33 es de supresión, porque entendemos que el partido judicial como demarcación es más cercano al administrado, al ciudadano.

La enmienda 34 es de modificación, por cuanto hace referencia al refuerzo al órgano judicial.

La número enmienda 35 es de adición, porque entendemos que, según volumen de trabajo, sería interesante que hubiese flexibilidad a la hora de aplicar mayores recursos.

La número 36 es de modificación. Plantea la opción de que exista la figura de un segundo secretario coordinador en aquellas demarcaciones que por volumen de trabajo pues sea necesario. Es evidente que es muy distinta una demarcación u otra. En ese sentido entendemos que abrir la opción a que exista un segundo secretario coordinador podría ser interesante y eficaz.

Las enmiendas números 37 y 38 son también de supresión. Entendemos que el redactado actual es mejor al que se propone.

La enmienda número 39 es de modificación. Entendemos que limitar el periodo a seis meses es muy reducido por cuanto la sustitución era de un año. Entendemos que seis meses, cuando estamos hablando de una sustitución de un año, es poco efectivo.

La enmienda número 40 es de supresión también, porque entendemos que el redactado original era mejor que el propuesto.

La enmienda 41 es muy técnica y la enmienda 42 hace referencia a la movilidad.

En todo caso todas las enmiendas, de la 32 a la 42, ambas inclusive, pues, las damos por defendidas y las mantenemos vivas para poder debatirlas en el Pleno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Para la defensa de las enmiendas 70 a 89, 91 a 97, 99 y 102 a 109, de la señora Roldán Suárez y de los señores Alegre Buxeda, Crisol Lafront y Marcos Arias, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Sí, señor presidente.

Me han pedido que las dé por definidas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senador Navarrete.

Enmiendas 43 a 45, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Tiene la palabra, senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Sí, señor presidente, gracias.

Nosotros en el Congreso mantuvimos vivas una serie de enmiendas, de la 35 a la 39, relativas a la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, porque entendemos que esta cuestión necesita una reforma a fondo, como hemos podido ver estas últimas semanas. No las hemos mantenido aquí porque entendíamos que no había ninguna posibilidad de que prosperasen, aunque en nuestra intervención en el Pleno vamos a hacer referencia a ello. No lo hemos querido votar otra vez, porque además sabíamos que no tenía ninguna posibilidad de prosperar. Y lo mismo nos ha pasado con las enmiendas 47 y 48 del Congreso que hacían referencia a un consell de justicia de Catalunya, con las que entendemos que se ha perdido una oportunidad para recuperar algunos de los artículos del Estatuto de Cataluña que tuvieron un gran apoyo en el Parlamento catalán. Y tampoco lo hemos mantenido aquí un poco por la misma razón, aunque en el Pleno haremos referencia a esas enmiendas porque constituyen uno de los motivos por los cuales no vamos a votar a favor de la reforma que ahora estamos debatiendo.

En cambio hemos añadido tres enmiendas: la enmienda 43, que hace referencia a que el Consejo General del Poder Judicial no pueda crear juzgados sin una vigencia temporal limitada, porque entendemos que esa competencia no corresponde al consejo, sino al legislador. Entendíamos que, eliminando que la designación de nuevos juzgados se haga de manera excepcional y por el tiempo que se determine, se otorgaba unas competencias al Consejo General del Poder Judicial que podían ser utilizadas de forma negativa para el funcionamiento de la justicia.

La enmienda 44 va también en la misma línea, en el sentido de que jamás el Consejo General del Poder Judicial puede modificar la planta ni la demarcación, pues esta es una competencia reservada al legislador. Por eso hemos introducido esa enmienda.

Y la última, la enmienda 45 hace referencia a la uniformación. Ya explicaremos en el Pleno su contenido y por qué la hemos presentado.

Pedimos por tanto que se mantengan vivas para poderlas votar y debatir en el Pleno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senador Estradé.

Y las enmiendas 46 a 49, 51 a 53, 55 a 57, 68 y 69, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Tiene la palabra, señor Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Muchas gracias, presidente.

Lo primero que quiero es pues agradecer las enmiendas que han sido aceptadas, algunas de ellas directamente, otras a través de otras enmiendas similares a las nuestras de otros grupos parlamentarios.

Doy por defendidas nuestras enmiendas, que no han sido aceptadas y que mantendremos vivas en el Pleno.

Y únicamente me gustaría hacer una reflexión. A nuestro grupo se nos han inadmitido, tanto en esta proposición de ley como en la anterior, diversas enmiendas que efectivamente estaban cruzadas por carecer de manera evidente y manifiesta de conexión con el objeto de la proposición de ley que se tramita, y es verdad, pero también me quiero preguntar qué tienen que ver las enmiendas sobre los centros de destino, sobre la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, con una proposición de ley que versa sobre la recuperación de derechos en materia de permisos y licencias. Y no es la primera vez y lamentablemente creo que no será la última, pero como legislativo nos tendríamos que preguntar quizás si esta técnica legislativa es la más idónea. Y ahí lo dejo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias senador Comorera.

¿Algún grupo parlamentario desea utilizar el turno en contra?

Grupo Parlamentario Socialista.

¿Alguien más? ¿Sí o no? ¿Lo desea utilizar o no? (Asentimiento).

Se reparten los diez minutos.

Tiene la palabra, senadora.

La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: Tengo que intervenir para agradecer a los servicios de la Cámara la forma en la que nos han proporcionado y nos han facilitado la tarea que hemos tenido que realizar en referencia al estudio de esta proposición de ley.

En segundo lugar quiero agradecer que se hayan incorporado las dos únicas enmiendas que ha presentado el Partido Socialista a esta proposición de ley. Una no menor, importante también, que es de modificación del artículo 1, apartado 4. Proponemos modificar el artículo 230 en su apartado 30: «que las actuaciones orales y vistas grabadas y documentadas en soporte digital no puedan transcribirse salvo en casos excepcionalmente o expresamente previstos por la ley». Y la que para nosotros es vital y fundamental, que es una enmienda técnica, al artículo 1, apartado 37, en la que planteamos modificar el artículo 521 en su apartado 33.

¿Qué pretende esta enmienda que, como digo, para nosotros es fundamental, y agradecemos enormemente que se haya incorporado en la ponencia? Significa, yo creo, volver al espíritu que tuvo esta ponencia y esta proposición de ley cuando en octubre de 2017 se planteó en la Cámara, que no es otra que los trabajadores de la Administración de Justicia recuperaran derechos perdidos en la etapa de la crisis, recuperaran derechos laborales, igual que había sucedido en otras administraciones del Estado. Por tanto esta enmienda que nosotros planteamos de modificación del artículo 521 pretende dar respuesta al compromiso asumido por este grupo con el conjunto de trabajadores de esta Administración de Justicia, con el conjunto de los 50.000 funcionarios que prestan cada día su servicio, una prestación básica, a la Administración de Justicia, en referencia a sus centros de destino, en referencia a los puestos de trabajo, a la calificación de sus puestos de trabajo, a la provisión de esos puestos de trabajo y en qué cuerpos se adscriben los distintos funcionarios.

Damos respuesta a una reivindicación de estos trabajadores, espíritu de esta proposición, que la hemos olvidado en el camino, creo que muy alegremente, por el Partido Popular, grupo proponente de la enmienda que ya en el Congreso le planteó 50 enmiendas y que ahora introduce enmiendas in voce aquí, sobre la marcha, de aspectos que nada tienen que ver ni con el título ni con la exposición de motivos de esta proposición de ley que hoy se plantea.

Creo que es de justicia, con esos derechos que, de manera poco transparente, se colaron en el trámite del Congreso —razones habría para atacar esos derechos laborales y constitucionales del conjunto de los funcionarios de Justicia—, y tenemos una oportunidad, aquí, en el Senado, retrotraernos a esa decisión y, desde luego, considerar la petición que unánimemente, como digo, todos los funcionarios nos han hecho.

Para nosotros esta enmienda es vital y mejorará enormemente el texto de la proposición de ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández Muñoz.

Tiene la palabra la senadora Ayala Santamaría.

La señora AYALA SANTAMARÍA: Gracias, presidente.

Lo primero es el turno de agradecimientos, y especialmente al letrado, porque la verdad es que es una ley bastante compleja. Hay que decir que es cierto que no nos ha dado tiempo, como es lógico, a leer esa parte que ha preparado en este tiempo. Así que le pido que nos deje ese margen para poder comprobar que, efectivamente, todo se ha ajustado a lo que hemos comentado en la ponencia, que con toda seguridad es así, pero sí que le pido tiempo para esa comprobación posterior.

Queremos comentar, compañeros, en relación con el tema de las enmiendas, que lo que ha hecho el grupo mayoritario ha sido ser consciente de que, tras el período de crisis, ha venido una época en la que las cosas han ido sensiblemente mejor, primero, porque ha habido un esfuerzo, que se les ha pedido a los funcionarios —y eso, desde luego, hay que agradecérselo— muy por encima del que se ha exigido a otros colectivos. Hemos de agradecer, por tanto, al colectivo funcionarial que haya estado más que a la altura y haya sido muy generoso a este respecto, pero también —y por qué no decirlo— se debe a un Gobierno que ha hecho lo que tenía que hacer y que ha puesto en orden otra vez todas las cuentas del país, ya que eso ha sido lo que ha permitido volver a todas esas cuestiones que se habían cambiado en el momento de la crisis.

Es verdad que ahí todos hemos hecho un esfuerzo importante respecto a parte de las enmiendas que se llevaban. Por ejemplo, cabe comentar, respecto a lo que decía mi compañera del Partido Socialista, el 521. Si no recuerdo mal, este tema del centro de destino lo aprobamos todos en el Congreso. Creo que echar la culpa al Partido Popular, cuando fue una cuestión que todos aprobamos, dejémoslo en que no lo compartimos.

Dicho lo cual, vista la enmienda, hemos estado hablando con distintos colectivos y la verdad es que hemos entendido que, en este momento, procede dejar el 521 como estaba en un momento anterior, y creo que han sido todos los grupos políticos los que han estado de acuerdo en esta cuestión.

Creo que hemos hecho el esfuerzo de devolver a los funcionarios esos esfuerzos que les pedimos en su momento respecto a temas relacionados con las bajas de enfermedad, respecto a la carrera profesional, respecto a la limitación de seis meses de los interinos, sobre lo cual el compañero Estradé comentaba que no se habrá recogido su enmienda, pero, como hemos comentado en ponencia, se ha recogido otra con un sentido similar, y el tema de los tres días de permiso pendiente de los años 2017 y 2018.

Por tanto, creo que, con el esfuerzo de la ponencia, queda una propuesta de Ley Orgánica de Poder Judicial mejor que la que entró, que al final, para eso es para lo que estamos en esta Cámara.

Por tanto, poco más que decir. Agradecemos el trabajo de todos los que han contribuido a que esto mejore.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Ayala.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente para decirles que Compromís tiene una sensación encontrada cuando debatimos este tema. Es claro y evidente que esta reforma enriquece la relación de utilización de medios electrónicos, la transparencia, la provisión de plazas, el recuperar algunos derechos de los trabajadores de la Administración de la Justicia, igualmente interesante la equiparación paridad entre los vocales, etcétera, pero nos produce, como decía, unos sentimientos encontrados. Por eso, quizás cambiaremos el voto que teníamos en el Congreso, que era a favor, por una abstención o por un... No lo sé exactamente aún, no lo he acabado de decidir, por esa cuestión de que, cuando un grupo parlamentario presenta enmiendas, se le pide una justificación muy densa y contundente para aceptárselas y a otros se les deja con una mejora técnica o con mejorar el medio judicial, etcétera. Primero, es sorprendente, y después, aquello de aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, o sea, aprovechando que la ley pasa por el Senado, voy a introducir una modificación de la ley que, al paréntesis del título, no le parece ir muy adecuada.

Por eso les decía que teníamos un sentimiento encontrado y que aún, en este minuto, no sé exactamente qué vamos a votar.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

¿Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra? (Denegaciones)

Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente. Brevemente.

Este es un texto que viene del Congreso, después de haber llegado a un acuerdo amplio. Nada tiene que ver la ley que entró en el Congreso con la que salió después de un trabajo de acuerdo y de consenso. No entendemos ni compartimos estos cambios tan importantes en aspectos tan relevantes en este trámite ahora del Senado. No entendemos y nos oponemos a esta manera de elegir el Consejo General del Poder Judicial.

Nuestro grupo continuará en el pacto inicial en el que intervino y se opondrá al dictamen de la comisión en coherencia con el acuerdo inicial.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Etxano.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador Estradé.

El señor ESTRADÉ PALAU: Gracias, presidente.

Nosotros no vamos a dar apoyo tampoco al dictamen, no vamos a votarlo a favor, porque entendemos que, a pesar de que en el título da la impresión de que solamente se quería abordar la reforma del régimen de permisos y licencias, se ha utilizado para muchas otras cosas, según los grupos mayoritarios lo han considerado conveniente. A los grupos más pequeños nos han exigido una coherencia con el enunciado de la propuesta de reforma, con la proposición, que no se han aplicado a ellos mismos.

Seguimos insistiendo en que el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial impide que verdaderamente en el Estado español haya una auténtica división de poderes; impide también que la justicia sea imparcial; instrumentaliza la cúpula judicial y la deja en manos de los grandes partidos; intenta blindar el bipartidismo y reduce a las minorías, del tipo que sean, territoriales o nacionales, a un papel testimonial, por no decir que las deja totalmente al margen de poder intervenir en la justicia; y, en definitiva, aunque se introducen mejoras que son beneficiosas para los funcionarios —y esas las vamos a votar a favor—, para los trabajadores públicos y sobre todo para muchos jueces que realmente no participan de todas las maniobras que se están haciendo en la cúpula judicial y en el Consejo General, en cambio, la proposición introduce otros aspectos que tienen un marcado carácter político que no podemos compartir.

Nosotros insistimos en que lo que existe en este momento no es una división de poderes, sino una trama de poder que comparte un modelo de Estado con el cual no comulgamos. Insistimos también en que el Consell de Justicia de Catalunya suscita un amplio apoyo en Cataluña y que no hay división entre unos catalanes y otros, porque este Consell de Justicia recibió el apoyo del 90 % del Parlamento catalán, incluido el Partido Socialista catalán.

Por lo tanto, esas cuestiones las plantearemos en el pleno, insistiremos en ello, porque no podemos aceptar un modelo de justicia centralizado al servicio de unos partidos, de unos intereses, de unos privilegios y totalmente politizado, que, además, no tiene en cuenta las diferentes realidades políticas que existen en el Estado, no tiene en cuenta las nacionalidades históricas, no tiene en cuenta, en definitiva, el pluralismo político real que existe en el Estado y en la sociedad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Estradé.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Muchas gracias, presidente.

La idea inicial de esta proposición de ley a revertir los recortes del Gobierno del Partido Popular de los derechos laborales de trabajadores y funcionarios a cuenta de la excusa de la crisis económica, como así consta en la exposición de motivos, esa recuperación de derechos evidentemente la apoyamos. Es imprescindible también revertir la reforma del artículo 521, pues posiblemente no se midieron las consecuencias de la reforma de este artículo, que, además, nada tiene que ver con el espíritu inicial de la proposición de ley, y no se puede hacer una reforma así, pasando por encima de la negociación con los representantes sindicales al ser una sustancial modificación de las condiciones de trabajo, por lo que nos alegramos de que, de alguna forma, en el dictamen de la comisión se haya incluido la enmienda correspondiente a este artículo.

No obstante, aquí también se introdujo, por razones evidentes de urgencia, al finalizar el mandato del actual Consejo General del Poder Judicial, el cambio de modelo, un mandato que precisamente expira hoy, y se llegó a un acuerdo, aunque a nuestro Grupo no le acaba de convencer, ni otra ley que le hubiera gustado, que al menos suponía el certificado de defunción de la Ley 4/2013 del ministro Gallardón, que deriva en un funcionamiento del consejo cuyo presidencialismo y falta de transparencia nos ha llevado a una situación ciertamente caótica, y que era urgente reponer de una u otra forma hasta que no hubiera un claro acuerdo entre las fuerzas políticas sobre cuál es el mejor, o al menos el menos malo, de los modelos de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Se llegó a un consenso básico, con 20 vocales en exclusiva, que al menos evitaba el palo y la zanahoria del señor Lesmes, y los nombramientos a dedo, pasando por encima de los méritos y capacidad.

Esta semana pasada, por ejemplo, aprovechando la coyuntura, se decidió el nombramiento del presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, y ahí, una vez más, se impuso al candidato Lesmes, un juez a quien se apartó del caso Gürtel por su excesiva cercanía con el Partido Popular y con la Fundación FAES, por encima de una magistrada con mejor puntuación en todos los baremos que marcaban para el puesto, con más años de servicio, incluso en órganos colegiados, y con un puesto muy superior en el escalafón judicial. No es la primera vez que sucede, otros dos jueces apartados también de procesos judiciales por sus vínculos con el Partido Popular también han sido ascendidos por el Poder Judicial.

Es más, la reforma que nos vino del Congreso incorporaba de una vez por todas la paridad para tratar de que no se reprodujeran esas fotos de togas negras de señores en una carrera judicial con una mayoría de mujeres, medidas anticorrupción y transparencia. El Partido Popular y el Partido Socialista llegan a un acuerdo sobre la composición de los vocales del consejo, e incluso aparece en la prensa quién será el futuro presidente antes de ser designados los vocales que deberían elegirlo, todo un desaguisado, fruto de los acuerdos de despacho del bipartidismo, que es lo que ha desfigurado cualquier forma de elección del consejo, que sobre el papel podía ser un buen sistema.

Todo más o menos controlado hasta que aparece el famoso wasap de Cosidó, y el Partido Popular se da cuenta de que lo han pillado con el carrito de los helados. A partir de ahí, la escenografía: la ruptura del pacto y el señor Casado defendiendo un cambio en el sistema de renovación del consejo. Nos hacen un cortaypega a toda prisa de la Ley orgánica de 1980, con las audiencias territoriales y los juzgados de partido y distrito incluidos, y nos motivan o justifican todo esto en la enmienda 112 como una mejora técnica. De verdad, ¡manda narices! Es preocupante la deriva del Partido Popular, que ha realizado un giro espectacular, de defender el sistema existente, del que se ha beneficiado ampliamente, a deslegitimarlo con su actuación en la negociación partidista de un consejo y de manera unilateral y sorpresiva mediante una enmienda de última hora en este Senado, donde tiene mayoría absoluta.

No menos preocupante ha sido también la actuación del Gobierno socialista, que ha asumido, nada menos que por medio de la ministra de Justicia, una negociación no pública con resultados desastrosos, en la que se ha obviado absolutamente el papel constitucional y legal de las cámaras en la participación para la composición del órgano.

La reforma del sistema de elección del consejo necesita un debate sosegado y hay un amplio consenso para buscar un sistema que despeje de una vez la politización de la justicia y que sea respetuoso con lo que establece el artículo 117 de la Constitución y que algunos parecen olvidar: la justicia emana del pueblo.

El problema del consejo no es la participación del Parlamento, sino la partidocracia y la perversión del sistema por el bipartidismo. El problema es que el sistema de selección del Partido Popular y el Partido Socialista ha sido pagar favores o hacer favores para que sean debidos.

Nosotros creemos que el sistema de elección debe tener sobre todo una base democrática y, por eso, no defendemos un sistema únicamente basado en la designación corporativa. Hoy el fiscal José María Mena planteaba esta reflexión: ¿El consejo ha de representar a la pluralidad de la judicatura o a la pluralidad de la sociedad?

Entendemos que debería ser un proceso abierto y trasparente, en el que se elija a personas que van a desempeñar su cargo, con independencia de interferencias partidarias, aunque obviamente el consejo ha de recoger el pluralismo político social. Por todo ello, no podemos apoyar esa enmienda 112 del Grupo Popular incluida en el dictamen, y eso nos va a llevar a abstenernos en la reforma planteada.

Y para acabar, quería expresar nuestra preocupación por el insólito fenómeno al que asistimos de descrédito general de la justicia. Nunca como hasta ahora la Administración de Justicia había estado cotidianamente en boca de toda la ciudadanía, de la ciudadanía de a pie. Ya no hay conversación que mantengamos en la que no se nos interpele sobre lo mal que está la justicia. La pérdida de fe en otro de los poderes del Estado es evidente, y el Poder Judicial se ha sumado a la lista de cadáveres en el ámbito de confianza de la sociedad. Ya no somos solo la clase política, el Legislativo, los que generamos ese desapego, otro de los poderes está cayendo en picado y los dos partidos mayoritarios han sido los responsables de esta caída. La fortísima abstención en las elecciones andaluzas y la irrupción de la ultraderecha nos debería hacer pensar en que no podemos permitir ese divorció cada vez mayor entre la política y la gente, entre la justicia y la gente, y deberíamos hacerlo antes de que sea demasiado tarde.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora Fernández Muñoz.

La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: Muchas gracias, presidente.

Pasamos de una reforma que pretendía devolver a jueces, magistrados, al personal del Ministerio de Justicia, aquellos derechos, permisos y licencias suprimidos en el año 2012 para, por el camino, aprovechar para hacer una reforma en nuestro sistema judicial introduciendo cambios de calado que afectaban a cuestiones de tanta trascendencia como las facultades judiciales, la organización de la oficina judicial, el proceso de digitalización de la justicia, la reorganización y modificación parcial del Consejo General del Poder Judicial y cuestiones, a mi modo de ver, de un amplísimo calado. Dicha proposición de ley fue aprobada por el Congreso los Diputados el pasado 24 de octubre con una amplia mayoría: contó con 262 votos a favor y ninguno en contra. Por tanto, venía con todo el acuerdo y el consenso de las distintas fuerzas políticas tras un arduo trabajo. Esta proposición de ley en su trámite de Congreso fue enmendada por el grupo proponente, el Grupo Popular, con más de 50 enmiendas, algunas de las cuales cuentan con la total oposición de los funcionarios, los trabajadores de la justicia.

Esa quizás precipitación, falta de serenidad en su estudio y un cambio en lo que ha sido el gobierno de la justicia en plena tramitación, hizo que no nos percatásemos que estábamos produciendo, provocando —no culpabilizo a nadie, nosotros sabemos asumir nuestras responsabilidades— unas modificaciones sustanciales de las condiciones laborales de derechos constitucionales de más de 50 000 funcionarios públicos adscritos a este servicio esencial en nuestro Estado de derecho, empleados públicos que, a mi modo de ver, cargados de razones, nos han manifestado a todos que consideran que aspectos de esta ley abren la puerta al traslado forzoso de funcionarios, que esta reforma permite a la Administración determinar, sin haber negociado con los trabajadores, su puesto de trabajo en cada momento, sin atender a su especialización y de forma arbitraria, y nos han hecho un llamamiento contundente para frenar lo que consideran un ataque frontal a la especialización, la formación y la carrera profesional. Esa ha sido la motivación de nuestras enmiendas y agradecemos de nuevo su aceptación y que vayan incorporadas a esta ponencia.

Lo que sí quisiera decir, señorías del Grupo Popular, es que no es aceptable que hoy, que tenía que entrar en vigencia el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por intereses partidistas, electoralistas, por equilibrios orgánicos que tengáis que mantener dentro de vuestras filas, hayáis dinamitado ese acuerdo por vuestra parte y hayáis puesto en jaque una vez más a la justicia, a nuestro máximo órgano judicial. Habéis roto el consenso, los acuerdos, el diálogo. Creo que está de más jugar con mensajitos que generan desconcierto, desconfianza y desprestigio a la independencia de nuestra justicia, algo que parece que para el PP es demasiado habitual.

No es momento parlamentario, señorías, no es esta la reforma, no son las formas de afrontar un asunto de tal envergadura como el que habéis planteado en vuestras enmiendas, el de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, como se ha hecho en alguna enmienda planteada aquí hace escasos minutos. Por tanto, el Partido Socialista manifiesta desde ya que está dispuesto a volver al diálogo, a volver al acuerdo, a volver al consenso que ayude a sacar a la justicia de la confrontación, que la prestigie, que los ciudadanos crean en ella, que sea la justicia que todos demandamos, pero consideramos que no es posible esa reforma de la justicia de manera seria utilizando los atajos a los que nos tenéis acostumbrados.

Por tanto, el Grupo Socialista se va abstener en el dictamen de esta ponencia. Reivindicamos la modificación del artículo 521, pero manifestamos nuestro total rechazo a las enmiendas planteadas por el Grupo Popular, algunas de ellas, como digo, de forma presencial en esta misma sesión. Nos parece que estos asuntos requieren de mayor diálogo, diálogo que, con alevosía y también con nocturnidad, habéis roto hace escasamente unos días.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández Muñoz.

Y por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la senadora Ayala Santamaría.

La señora AYALA SANTAMARÍA: Gracias, presidente.

Voy a acompañar al PSOE: creo que lo que rompió esas negociaciones fue la cuadrilla, la cuadrilla de la ministra de Justicia, la cuadrilla que, con nocturnidad y alevosía, efectivamente —y cuadrilla—, lo que hizo fue filtrar el nombre del presidente del Consejo General del Poder Judicial porque estaba en contra de la cuadrilla de la señora ministra de Justicia.

Creo que es una ley —y creo que todos lo hemos destacado en nuestra intervención— importante, una ley necesaria, y los partidos políticos estamos aquí para ser el reflejo y la correa de transmisión de lo que en un momento determinado la sociedad nos pide. Esa es la utilidad de los partidos políticos según el artículo 6 de la Constitución Española, y creo que el Partido Popular ha hecho justo lo que tenía que hacer: había un problema determinado y ha hecho una propuesta determinada en el lugar donde podía hacerla, es decir, en el Senado, una propuesta de ámbito parlamentario dentro de una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es que no estamos modificando otra ley, estamos modificando justamente la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Cierto es que esta ley, como todos hemos destacado, empezó de forma muy diferente, empezó para restituir los permisos y licencias que, como hemos comentado antes, tras el momento de la crisis se restituían a los trabajadores de la justicia, los cuales, como sabemos, tienen un estatus diferenciado del resto de la Administración General; hablamos de un artículo único que modifica artículos y disposiciones de la LOPJ hasta en 51 apartados. Cierto es que de ese momento inicial en el que solo iban a ser permisos y licencias, se fue modificando porque así se consideró necesario por todos los grupos políticos, insisto, no solo por parte de este grupo que, modestamente, en este momento solo está en oposición, no está en Gobierno. Eran temas muy importantes, temas que se han transaccionado —lo comentaba la portavoz del Grupo Vasco— en un pacto al que habíamos llegado entre todos los grupos políticos. Y ese pacto se mantiene, incluso se mejora en ciertas cuestiones, como en el artículo 521, que una vez propuesto se cae en la cuenta de qué es lo que conlleva; es decir, una vez que nos damos cuenta lo modificamos y, efectivamente, lo hemos modificado aquí, en el Senado. Pero cuidado, en este tema del centro de destino —y esta parte se la dejo Gobierno que en este momento se ocupa, porque nosotros, insisto, en este momento somos oposición— hay que dar mayor flexibilidad al tema de los juzgados, y todos lo sabemos, porque los mecanismos existentes en este momento no son suficientes. A partir de ahí, efectivamente, insisto, nosotros solo somos oposición en este momento y es una tarea que corresponde al Gobierno de la todavía ministra de Justicia.

Además, esta ley incorpora muchas de las demandas de la organización internacional que nos sugería el informe Greco sobre la percepción de la independencia judicial en España, estableciendo de forma objetiva condiciones de mérito y capacidad para acceso a cargos directivos cuyo nombramiento es discrecional, por ejemplo, poniendo limitación a mandatos o, por ejemplo, en las condiciones para retomar el Poder Judicial.

Las enmiendas que nosotros hemos presentado —y esto lo comento un poco en relación con lo que decía tanto Podemos especialmente como el Grupo Socialista— lo que pretenden es lo que les decía al principio: dar respuesta a la situación que se ha generado en este momento en la sociedad, la situación que se ha generado y los ríos de tinta que ha habido sobre la independencia del Poder Judicial. Muchos pensamos que el problema no es tanto de independencia del Poder Judicial como de percepción de independencia del Poder Judicial. Es verdad que ese problema existe en España, existe un problema de percepción y con esta enmienda —que precisamente hemos metido el grueso de la enmienda 112, que es la que modifica el artículo 566 y siguientes— lo que pretendemos precisamente es acabar con ese momento, un momento en el que vemos que hay un problema con el modelo.

Pues bien, si el problema del modelo es que se designa por parte del Parlamento el grueso, sobre todo los doce jueces —porque, como saben, los ocho, los cuatro y los cuatro, se siguen manteniendo en la reforma—, pues si ese es uno de los problemas, que nosotros hemos percibido que lo es, lo que hacemos es proponer una reforma y que, efectivamente, sean los jueces —como largamente se venía proponiendo desde prácticamente todos los ámbitos políticos y todos los que hoy aquí están representados y en parte muchos se han manifestado en contra de esta postura—. En definitiva, hacemos nuestra propuesta política como partido político en el momento procesal oportuno, que es, en una reforma de la LOPJ, proponer que cada cinco años todas las categorías judiciales —porque creo que esto también es importante— elijan a jueces y magistrados en la parte mollar del Consejo General del Poder Judicial, que es, insisto, la de los doce jueces que van a configurar la mayoría. Además, Joan Comorera, los nombramientos posteriores de los presidentes de las audiencias vendrán de ese nuevo Consejo General del Poder Judicial, así que a lo que animamos al Grupo Podemos es a que estén de acuerdo con esta enmienda, porque está justo ofreciendo lo que usted en este momento pide que se haga a posteriori: se elegirá por parte del Consejo General del Poder Judicial, las cúpulas las elegirá el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros tendremos un control parlamentario sobre cuatro en el Senado y cuatro en el Congreso y, efectivamente, serán los jueces los que elijan al resto dentro de la independencia judicial que, insisto, absolutamente —y si no absolutamente todos, prácticamente todos— los grupos han venido reclamando durante mucho tiempo, y lo que ha hecho el Partido Popular es proponer que eso sea así a partir de ahora.

Me gustaría comentar un par de cuestiones más técnicas, señor letrado, porque...

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, senadora.

La señora AYALA SANTAMARÍA: Sí, concluyo ya.

En el papelito que les he pasado a todos constan las dos enmiendas, la 484, de los interinos, y esa transitoria nueva, pero en la nueva transitoria falta añadir un plazo de dos meses —pone un plazo máximo y falta el plazo de dos meses—.

Tenemos también el texto para la modificación del preámbulo, como nos ha solicitado con muy buen criterio el letrado, y poco más que decir. Concluyo diciendo que el Partido Popular ha hecho lo que cree que tenía que hacer como fuerza política: proponer lo que en este momento rompe con una cuestión que pide la sociedad. ¿Qué es lo que pide la sociedad? Mayor independencia judicial. ¿Cómo creemos que logramos la independencia judicial? Proponiendo que doce de los jueces sean elegidos por el propio consejo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ayala Santamaría.

Pasamos, pues, a la votación del texto propuesto por la ponencia en su informe.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 3; abstenciones, 8.

El señor PRESIDENTE: Queda dictaminado por la Comisión de Justica la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

Procede designar al miembro de la comisión que llevará a cabo la presentación del dictamen ante el Pleno. ¿Alguna propuesta, senadora Ayala?

La señora AYALA SANTAMARÍA: Nos encantaría que fuese el presidente de la comisión, si lo tiene a bien.

El señor PRESIDENTE: Así se hará. Muchas gracias.

Se levanta la sesión.

Eran las catorce horas y quince minutos.


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