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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 9, de 18/10/2016
cve: DSCD-12-PL-9
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 9
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 8
celebrada el martes,
18 de octubre de 2016


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página6)

Modificación del orden del día ... (Página6)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 47-1, de 7 de octubre de 2016. (Número de expediente 122/000036) ... (Página7)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de elecciones en virtud de lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 99 de la Constitución. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 48-1, de 7 de octubre de 2016. (Número de expediente 122/000037) ... (Página23)

- Del Grupo Parlamentario Mixto, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para reducir la duración de las campañas electorales en los casos de disolución automática de la Cámaras, por aplicación del artículo 99.5 de la Constitución española. (Número de expediente 122/000019) ... (Página23)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 47-1, de 7 de octubre de 2016. (Número de expediente 122/000036) ... (Página35)


Página 2




- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de elecciones en virtud de lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 99 de la Constitución. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 48-1, de 7 de octubre de 2016. (Número de expediente 122/000037) ... (Página35)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el inicio del procedimiento para la reforma del sistema de financiación autonómica. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 11, de 12 de septiembre de 2016. (Número de expediente 162/000055) ... (Página36)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reforma integral del sistema de permisos y prestaciones de paternidad y maternidad para el cuidado y atención de menores en casos de nacimiento, adopción o acogida. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 25, de 30 de septiembre de 2016. (Número de expediente 162/000147) ... (Página43)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación) ... (Página52)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página52)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página53)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación). (Continuación) ... (Página53)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación). (Continuación) ... (Página53)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página54)

SUMARIO

Página

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página6)

La señora doña María Sandra Julià Julià y don Javier Maroto Aranzábal adquieren la condición plena de diputados al prestar acatamiento a la Constitución.

Modificación del orden del día ... (Página6)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de incluir como nuevo punto la toma en consideración de la proposición de ley orgánica del Grupo Parlamentario Mixto de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para reducir la duración de las campañas electorales en los casos de disolución automática de las Cámaras por la aplicación del artículo 99.5 de la Constitución española, que se debatirá acumuladamente con la proposición de ley orgánica que figura como punto 2 del orden del día; y, en su caso, su tramitación directa y en lectura única, lo que se aprueba por asentimiento.


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Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página7)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ... (Página7)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Asian González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno en contra intervienen los señores Garzón Espinosa, Vendrell Gardeñes y Montero Soler, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Replica la señora Asian González y duplica el señor Garzón Espinosa.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, la señora Oramas González-Moro, los señores Martínez Oblanca y Alli Martínez, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y los señores Candela Serna y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y los señores Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de elecciones en virtud de lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 99 de la Constitución ... (Página23)

Del Grupo Parlamentario Mixto, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para reducir la duración de las campañas electorales en los casos de disolución automática de las Cámaras por la aplicación del artículo 99.5 de la Constitución española ... (Página23)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto el señor Salvador Armendáriz.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, la señora Oramas González-Moro, los señores Martínez Oblanca, Matute García de Jalón, Bataller i Ruiz, Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto.

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor Vera Pro.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Prendes Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Bescansa Hernández, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Cámara Villar, del Grupo Parlamentario Socialista.


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Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página35)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera... (Página35)

La Presidencia propone que este punto se someta a votación sin debate previo, lo cual se aprueba por asentimiento.

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de elecciones en virtud de lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 99 de la Constitución ... (Página35)

La Presidencia propone que este punto se someta a votación sin debate previo, lo cual se aprueba por asentimiento.

Proposiciones no de ley ... (Página36)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el inicio del procedimiento para la reforma del sistema de financiación autonómica ... (Página36)

Defiende la proposición no de ley el señor López Milla, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto, así como en turno de fijación de posiciones el señor Quevedo Iturbe, las señoras Oramas González-Moro y Beitialarrangoitia Lizarralde y el señor Baldoví Roda, del mismo grupo; y los señores De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Díez Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Nieto Ballesteros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones interviene la señora Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene el señor López Milla.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reforma integral del sistema de permisos y prestaciones de paternidad y maternidad para el cuidado y atención de menores en casos de nacimiento, adopción o acogida ... (Página43)

Defiende la proposición no de ley la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Faba de la Encarnación, del Grupo Parlamentario


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Ciudadanos; Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista, y España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y las señoras Sorlí Fresquet y Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora Fernández Castañón.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Continuación) ... (Página52)

La Presidencia informa de que se ha retirado la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para reducir la duración de las campañas electorales en los casos de disolución automática de las Cámaras por la aplicación del artículo 99.5 de la Constitución española, por lo que no se someterá a votación.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página52)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se aprueba por 258 votos a favor, 18 en contra y 65 abstenciones más 1 voto telemático, 66.

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página53)

Sometido a votación el acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se aprueba por 268 votos a favor, 16 en contra y 53 abstenciones, más 1 voto telemático, 54.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación). (Continuación) ... (Página53)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de elecciones en virtud de lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 99 de la Constitución, se aprueba por 339 votos a favor más 1 voto telemático, 340.

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación). (Continuación) ... (Página53)

Sometido a votación el acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de elecciones en virtud de lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 99 de la Constitución, se aprueba por 331 votos a favor más 1 voto telemático, 332, y 7 abstenciones.


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Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página54)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el inicio del procedimiento para la reforma del sistema de financiación autonómica, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos al punto 2 y la enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea al punto 4, se aprueba por 319 votos a favor y 17 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reforma integral del sistema de permisos y prestaciones de paternidad y maternidad para el cuidado y atención de menores en casos de nacimiento, adopción o acogida, se aprueba por 173 votos a favor, 2 en contra y 164 abstenciones.

Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

Señorías, con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.

En sustitución de don Domingo Lorenzo Rodríguez, pregunto a doña María Sandra Julià Julià si jura o promete.

La señora JULIÀ JULIÀ: Sí, juro.

La señora PRESIDENTA: En sustitución de don Alfonso Alonso Aranegui, pregunto a don Javier Maroto Aranzábal si jura o promete acatar la Constitución.

El señor MAROTO ARANZÁBAL: Sí, prometo.

La señora PRESIDENTA: Doña María Sandra Julià Julià y don Javier Maroto Aranzábal han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena, señorías. (Aplausos).

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día de la presente sesión en el sentido de incluir como nuevo punto la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para reducir la duración de las campañas electorales en los casos de disolución automática de las Cámaras, por la aplicación del artículo 99.5 de la Constitución española, que se debatirá acumuladamente con la proposición de ley orgánica que figura como punto 2 del orden del día; en su caso, su tramitación es directa y en lectura única. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).

En consecuencia, queda aprobada la inclusión en el orden del día del punto de referencia.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 122/000036).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos, por tanto, con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley. En primer término, corresponde debatir la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Para presentar la iniciativa, tiene la palabra la señora Asian González.

La señora ASIAN GONZÁLEZ: Señora presidenta, señorías, antes de nada quiero manifestar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, nuestra más enérgica condena y rechazo por la brutal agresión sufrida por dos guardias civiles y sus respectivas parejas en la localidad de Alsasua. Asimismo quiero mostrar, en nombre de mi grupo, nuestro explícito apoyo a la Guardia Civil y a la encomiable labor que realiza en protección de los derechos y garantías de todos los ciudadanos. (Aplausos).

Defiendo en esta tribuna la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular para modificar la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y lo hago en el convencimiento de que hoy en esta Cámara vamos a llegar a un acuerdo por la finalidad de la reforma de la ley, que no es otra que evitar perjuicios a los españoles. En estos momentos tenemos que adoptar medidas -no se pueden hacer Presupuestos Generales del Estado, ligado a la interinidad del Gobierno de España- en esta Cámara para impedir que este sobrecoste se traslade a los ciudadanos en forma de perjuicios. Los ciudadanos no tienen por qué soportar el coste derivado de no tener un Gobierno en plazo. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria fue aprobada en un momento muy crítico para nuestro país, 2012. Estábamos al borde del abismo, con un riesgo elevado de intervención. Para evitar la quiebra fue necesario fortalecer la estabilidad en nuestra economía y garantizar presupuestariamente a las administraciones públicas. Pero la Ley Orgánica de Estabilidad cuya reforma hoy nos ocupa no es solo una ley económica, no es solo una ley fiscal. Es una ley con un marcado carácter social, porque la finalidad de la ley no es solo poner las cuentas públicas en orden, la finalidad de la ley no es solo arreglar la cifras macroeconómicas. La finalidad de la ley fue dar una garantía de futuro a nueve millones de pensionistas, a cinco millones de parados, a los beneficiarios de la sanidad pública y en definitiva a todos los beneficiarios de nuestro sistema de bienestar, que estaban seriamente amenazados. Por ello, insisto, nunca una ley fiscal ha tenido mayor impacto social.

Quiero aprovechar esta intervención para diferenciar que el rigor presupuestario que se contiene en las normas de la Ley de Estabilidad no significa austeridad. De hecho, nosotros estamos mejorando nuestras cifras de déficit, y no lo hacemos reduciendo el gasto porque la recuperación económica lo permite. En los tres últimos años de recuperación económica no hemos reducido el gasto, lo hemos incrementado, sobre todo el social. Para comparar cifras, en 2007, año de bonanza económica, el gasto público en España era de 420.000 millones de euros, 38,9 del producto interior bruto, y ahora, en 2015, se ha cerrado el presupuesto con 468.000 millones, 43,3 del producto interior bruto. Por tanto, insisto, nunca una ley fiscal ha tenido mayor impacto social. La Ley de Estabilidad ha sido modificada solo una vez, y se hizo precisamente para mejorar la financiación de los servicios públicos esenciales y para ampliar el concepto de deuda pública y que fuera deuda pública de las administraciones no solo la financiera sino también la comercial. De esta manera quedó amparado y garantizado el cobro de 58.000 millones de deuda comercial de las administraciones públicas. Pero ahora es el momento de tomar medidas, de minimizar los daños, y una de las medidas más importantes que tenemos que adoptar para minimizar los daños es precisamente dar una habilitación legal para que el Gobierno pueda trasladar la flexibilidad que hemos obtenido en Europa a todas las administraciones públicas españolas. No tendría sentido luchar en Europa por una mayor flexibilidad y que luego legalmente en España tuviéramos un sistema jurídico que nos impidiera que las administraciones lo utilizaran para financiar los servicios públicos esenciales que tienen atribuidos.

Señorías, sabemos que en España se nos abrió un expediente de déficit excesivo en 2009. Los españoles hemos hecho muchos esfuerzos, pero a pesar de ello en marzo se nos hizo una recomendación autónoma por parte de la Unión Europea para que redobláramos los esfuerzos, para que hiciéramos medidas preventivas y coercitivas previstas en la Ley de Estabilidad, y España hizo muchos esfuerzos:


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adoptó un acuerdo de no disponibilidad por importe de 2.000 millones, pero a pesar de los esfuerzos realizados, en julio el Ecofin acordó la certificación de falta de acción efectiva. ¿Qué supone esta falta de acción efectiva? Supone la posibilidad de que nos impongan una multa, supone la posibilidad de que no podamos participar en los fondos estructurales. Lógicamente, España, el Gobierno en funciones, ha formulado alegaciones y afortunadamente la multa ha sido cancelada, pero hemos adquirido compromisos: un mínimo en el pago del impuesto sobre sociedades, que veremos en esta Cámara, y adelanto del cierre presupuestario a julio de 2016, que supone un ahorro adicional de 1.000 millones; y finalmente, en agosto Europa nos comunica una nueva senda de consolidación fiscal. ¿Cuál es esta senda? Es la del 4,8 de objetivo de déficit para 2016, 3,1 para 2017 y 2,2 para 2018. Teníamos que enviar una información justificativa para esta nueva flexibilización con la fecha máxima de 15 de octubre y lo hemos hecho; lo hemos hecho in extremis, pero la hemos enviado. ¿Qué hemos enviado? Hemos enviado un presupuesto prorrogado con una cifra del 3,6 de déficit cuando hemos adquirido el compromiso del 3,1, medio punto por encima, y hemos enviado un informe de acción efectiva. Ahora el incumplimiento será más grave porque la sanción ya no será del 2 % sino del 5 % y no se admiten alegaciones. Pero tenemos razones para el optimismo en España. Nuestra economía funciona bien: seguimos con el dinamismo económico, con un crecimiento del 3,2, el doble que la media europea; el empleo crece, no al ritmo que a todos nos gustaría, pero crece; y se fortalece el sector exterior: estamos próximos al superávit del 2 % en la balanza por cuenta corriente con el exterior. Pero no nos engañemos, la incertidumbre doméstica que tenemos no nos beneficia, nos perjudica, por eso tenemos que adoptar medidas como esta: modificar la Ley de Estabilidad. La Ley de Estabilidad no pudo prever en abril circunstancias extraordinarias como la modificación de la senda de consolidación, un Gobierno en funciones y, por tanto, la imposibilidad de hacer un presupuesto.

Vamos a hablar de cifras concretas. ¿Cuál es el objetivo de las comunidades autónomas actualmente? El 0,3. Pero este no es solo su objetivo de déficit, también marca el nivel de su capacidad de endeudamiento, de la posibilidad de ser financiadas por el Estado. Sabemos que las comunidades van a terminar superando en 2016 esta cifra y se van a aproximar al 0,7. Necesitamos, por tanto, esta modificación legal para que las comunidades autónomas puedan cambiar del 0,3 al 0,7 su objetivo de déficit. ¿Y qué ocurre si hoy no acordamos esta modificación? Pues ocurren dos cosas fundamentales: la primera es que los servicios públicos esenciales verán resentida la calidad con que son prestados, y la segunda, que se incrementará la cola de proveedores. Volveremos a los impagos, no se podrán pagar las facturas a los farmacéuticos, no se podrán pagar las facturas a los proveedores de educación, y las insolvencias se propagarán a través de la cadena de pago con las consecuencias nefastas que eso tiene para autónomos y pymes. Y sobre todo, nosotros mismos estaríamos impulsando desde esta Cámara el incumplimiento de la Ley de Morosidad.

Nosotros sabemos la importancia que tienen los mecanismos de financiación en nuestro país: Fondo de liquidez autonómica, Facilidad financiera o el recientemente aprobado Fondo social, exclusivamente para los servicios sociales. Ya se ha producido en los tres primeros trimestres de 2016 una inyección de 20.000 millones y en el último Consejo de la Comisión delegada para Asuntos Económicos se aprobó la distribución de 10.489 millones, pero sigue siendo insuficiente. Esto se corresponde con el 0,3, pero necesitamos 4.000 millones más para llegar hasta el 0,7 que necesitan las comunidades autónomas. Pero además, esto no es solo para que en 2016 las comunidades autónomas puedan prestar los servicios de sanidad, de enseñanza, de dependencia, es también para que las comunidades autónomas y las entidades locales puedan empezar a hacer sus presupuestos. Es que si no modificamos esta ley orgánica, las comunidades autónomas tendrán que hacer sus presupuestos con el 0,1, que es la cifra que actualmente está en vigor; cifra muy estrecha que no les va a permitir financiar la sanidad, la educación, los servicios sociales. No queremos que eso se produzca y por eso venimos aquí a presentar esta reforma, que lo que pretende es que la holgura que se ha negociado en Europa, 20.000 millones de holgura que se han obtenido, puedan transferirse a las administraciones territoriales; que el Ministerio de Hacienda se reúna donde se tiene que reunir con las comunidades autónomas, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con las entidades locales, en el Consejo Nacional de la Administración Local, que estudien estos 20.000 millones, esta mayor flexibilidad, que adopten un acuerdo, que el Consejo de Ministros lo apruebe y que lo traigan a esta Cámara, y aquí aprobaremos esa mejor senda de consolidación fiscal para todos. Además... (Rumores).


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La señora PRESIDENTA: Señoría, un momento.

Señorías, por favor, hay tal ruido en esta Cámara que impide escuchar con claridad a la oradora.

Continúe, señoría.

La señora ASIAN GONZÁLEZ: Además, la reforma que hoy se propone no es un parche. No es decir: mire, como las comunidades autónomas han gastado mucho, nosotros ahora vamos a hacer precipitadamente una modificación legal para darles más fondos. No, no, no; no se trata en modo alguno de esto, se trata de dar una solución legal para que nunca más vuelva a existir este problema jurídico que fue imprevisible cuando se dictó la ley en abril; para que ningún Gobierno en funciones que no pueda hacer presupuesto se vea impedido de poder dar flexibilidad, de poder financiar a las comunidades autónomas, de poder financiar a las entidades locales.

Señorías, termino mi intervención en el convencimiento de que hoy vamos a llegar a un consenso, vamos a llegar a un acuerdo para reformar la Ley de Estabilidad porque todos vamos a estar de acuerdo en que tenemos que minimizar daños, que tenemos que evitar perjuicios innecesarios a los españoles, porque ningún español debe soportar los costes derivados de no tener un Gobierno en plazo. Nosotros debemos adoptar en esta Cámara un acuerdo de reforma que nos permita financiar adecuadamente los servicios a que los españoles tienen derecho.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para ello tiene la palabra, en primer lugar, el señor Garzón Espinosa.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.

Estamos hoy debatiendo aquí la modificación de la Ley de Estabilidad fundamentalmente por un error de previsión del Ministerio de Hacienda, el que dirige el señor Montoro, pero consideramos que estamos en cierta medida ante una oportunidad política para revisar la propia ley que traemos aquí a debate. Por eso, es importante para nosotros situar este debate desde el primer momento en buen foco. Estamos hablando de la Ley de Estabilidad, estamos hablando de un principio que se ha intentado inculcar e institucionalizar a máximo rango legal, como es la Constitución, desde hace ya mucho tiempo. Estamos hablando de la Ley de Estabilidad pero la estabilidad ya se había intentando introducir en todas las disposiciones institucionales de la Unión Europea. Lo hemos recordado porque aunque muchos no estuviéramos aquí, en esta misma Cámara se debatió el Tratado de Maastricht, 1992; se debatió hace mucho menos el Pacto Fiscal, 2012, y se debatió también el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, 1997. Todos cortados por el mismo patrón, institucionalizar una ideología, una determinada forma de pensar la política y una determinada forma de limitar la capacidad del Estado de intervenir en la economía. Esto es lo que estamos debatiendo, cómo esta Ley de Estabilidad fue la consecuencia de la modificación del artículo 135 que se hizo en el año 2011 por parte del Partido Socialista y el Partido Popular. En realidad, esta Ley de Estabilidad era reiterativa porque la propia estabilidad estaba, como he dicho ya, presente en los tratados institucionales. Lo que hemos aprendido durante décadas es que estas leyes, estas normas y estas reglas son bastante variables y arbitrarias. Durante las últimas décadas y hasta empezar la crisis la estabilidad fue algo cumplido al cien por cien por el Gobierno de España pero incumplido, en cambio, por determinados Gobiernos como el de Alemania, en cuatro ocasiones, o el de Francia, en tres ocasiones, pero como eran Gobiernos poderosos y ricos no tuvieron sanción alguna. Ese era el comportamiento de la estabilidad hasta el momento en que se aprobó esta ley que venimos hoy a modificar. Sin embargo, en una paradójica decisión, el Gobierno del Partido Socialista en el año 2011 se adelantó al Pacto Fiscal e incorporó una modificación en la Constitución de la que se deriva la ley que hoy venimos aquí a debatir; una imposición, no lo olvidemos, del capital financiero alemán que se hizo, fundamentalmente, para proteger a los acreedores internacionales, los mismos acreedores internacionales que durante la burbuja inmobiliaria habían prestado a constructores y grandes empresas, se habían enriquecido gracias a la burbuja y la especulación y que, sin embargo, en ese momento prefirieron incluir en la Constitución española la prioridad absoluta del pago de los intereses de la deuda por encima de cualquier servicio público. La Ley de Estabilidad es la continuación directa e inmediata de esa misma normativa. Por tanto, esa misma ley que hoy tenemos la oportunidad de modificar es la misma ley que establece que hay una prioridad absoluta por parte del Estado de pagar antes los intereses de la deuda que la sanidad, la educación, las prestaciones sociales. Por tanto, la intervención que


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me ha precedido es una intervención hipócrita al hablar no en voz de los derechos sociales, de la sanidad o la educación, cuando es precisamente el conjunto de la ley la que está restringiendo la capacidad de hacer la política y la economía de otra forma.

Esta ley tiene unos efectos absolutamente perjudiciales porque limita la capacidad del Estado, porque afecta a las partidas presupuestarias más sociales, porque en la medida en que afecta a las comunidades autónomas -que sostienen fundamentalmente ese gasto social- es ahí donde más daño hace a la sanidad, la educación y las prestaciones sociales. Esto no es nuevo, esto ya lo sabía el Gobierno del Partido Popular cuando hizo el programa de estabilidad y reconoció que la sanidad, la educación y las prestaciones sociales iban a ser las que más iban a sufrir. Es más, sabemos perfectamente qué significa afectar a las prestaciones sociales, significa aumentar la precariedad de la vida en nuestro país. Ahora mismo en nuestro país hay 3.700.000 personas que cobran menos de 300 euros al mes, son 700.000 personas más que en el año 2011. Esto significa que la política económica del Partido Popular, cuya columna vertebral es la ley que hoy modificamos, no solo no está sirviendo para recuperar la economía, sino que está sirviendo para incrementar las desigualdades y la precariedad vital de la gente. Hablamos de una ley de la estabilidad que únicamente contempla el dogma neoliberal según el cual lo importante, lo más importante, lo prioritario es acabar con el déficit por encima de cualquier otra consideración. Nosotros decimos que el déficit es una herramienta; no es malo de por sí, pero puede ser fatal, depende del origen de lo que genera ese déficit. Pongo un ejemplo muy sencillo de entender: no es lo mismo el déficit que proviene de aeropuertos sin aviones, de bancos sin dinero o de las indemnizaciones a Florentino Pérez y su empresa Castor -que no genera ningún tipo de actividad económica- que el déficit que se deriva del estímulo económico, de las inversiones para generar empleo. El segundo es el que nosotros creemos que es necesario; el primero es al que nos ha acostumbrado el Partido Popular durante las últimas décadas, algo que abunda aún más en la necesidad de cambiar la política económica y al Partido Popular. En nuestro país estamos aún muy lejos de la media de la zona euro en sistema fiscal. Esta Ley de Estabilidad lo que hace es caminar en el sentido contrario al que deberíamos transitar. Estamos 8 puntos por debajo de la media de la zona euro en ingresos públicos sobre el PIB, 6 puntos menos en gasto público sobre el PIB, muy lejos, y esta Ley de Estabilidad lo único que hace es empeorar el problema.

En la intervención que me ha precedido se ha hablado de recuperación económica, pero de una recuperación fundamentalmente restringida al ámbito macroeconómico y absolutamente dopada por factores externos como la devaluación del euro o la depreciación o deterioro de la moneda, los precios del petróleo, absolutamente bajos, y especialmente, muy especialmente, las inyecciones multimillonarias del Banco Central Europeo que, como ustedes bien saben, inyecta al sistema financiero la cantidad de 80.000 millones de euros al mes al sistema financiero para mantener tranquilos a los inversores internacionales. Esos son los factores que explican las pequeñas variaciones de ese crecimiento económico, que no se traslada a los beneficios sociales ni a la mayoría social ni a la gente trabajadora sino que, por el contrario, empeora. Por eso -termino ya- para nuestro grupo la alternativa a lo que estamos debatiendo hoy aquí no es simplemente la flexibilidad de unas comunidades autónomas porque, desde luego que sí, nosotros estamos a favor de mayor flexibilidad, lo hemos dicho siempre y lo vamos a defender en las enmiendas que presentaremos a partir de mañana, pero es que no es solo un problema cuantitativo, sino cualitativo. Estamos defendiendo que el déficit no es lo prioritario, sino que lo prioritario es la vida de la gente con una política adecuada, de estímulo, de crecimiento económico que, de paso, por cierto, corrija el déficit, pero no queremos acabar con el déficit dejándonos por el camino a la mayoría social trabajadora de este país. Eso es lo que discutimos hoy aquí, esa es la oportunidad que tenemos y por eso esta ley tenemos que verla como una oportunidad para darle la vuelta entera como a un calcetín, que es lo que vamos a defender, desde luego, en nuestro grupo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidenta.

Señoras y señores diputados, el Grupo Popular plantea esta proposición de ley como un mero trámite, como un cambio casi de oficio. El Gobierno nos pide un acto de confianza para que cuando esté en funciones pueda modificar los objetivos de déficit, ahora parece que ganando un poquito más de flexibilidad para las comunidades, pero puede ser que en otras ocasiones disminuyendo ese margen de déficit. Esta es una ley demasiado importante como para realizar simplemente un trámite de oficio y nosotros no


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tenemos ninguna confianza en este Gobierno. Esta ley es la base de las políticas de austeridad, de los recortes de las prestaciones, de los derechos sociales y del empleo público, impulsadas con entusiasmo por el Partido Popular. Es una ley antisocial, dogmática e ineficaz, una ley que deriva de la reforma del artículo 135 de la Constitución acordada por el Partido Socialista y el Partido Popular que, de hecho, rompió el pacto constitucional y que demostró que la Constitución, sagrada e intocable, es reformable si lo pide Merkel pero no si lo pide el pueblo catalán. La ley es frontalmente antisocial, a diferencia de lo que decía la portavoz del Partido Popular; establece como prioridad absoluta el pago de los intereses y el capital de la deuda pública como valor superior a principios como la justicia y la igualdad, que también están fiados por la Constitución. Es dogmática porque establece unos objetivos arbitrarios más allá de los objetivos de la Unión Europea. La política de austeridad es, además, ineficaz. En 2015 el déficit ha llegado al 5 % y en deuda estamos ya batiendo el récord del cien por cien. Se rompe el paradigma, se rompe su paradigma: más déficit más crecimiento.

¿Por qué han incumplido el objetivo de déficit? Porque 2015 era un año electoral. Por los regalos fiscales a las rentas más altas, sin olvidar la vergonzosa amnistía fiscal que permitió a los defraudadores blanquear sus cuentas a un módico precio. Pero, además, la cuestión es la siguiente: ¿se puede hacer frente a una deuda del cien por cien con el 20 % de desempleo, con salarios bajos, con precariedad, con reformas fiscales regresivas y reducción del gasto público? No, no se puede. Porque el recorte del gasto público, especialmente del gasto en inversiones y del gasto social, tiene un efecto negativo sobre la demanda y, junto con las contrarreformas fiscales, reducen los ingresos de las administraciones públicas. Su política recentralizadora va contra el autogobierno de las comunidades y los ayuntamientos. No hay autogobierno real sin autonomía presupuestaria.

¿Qué sentido tiene, por ejemplo, asfixiar a ayuntamientos como el de Barcelona con restricciones a la inversión en las políticas sociales cuando tiene una deuda inferior a la de las principales ciudades europeas y solo un tercio del límite fijado? ¿Qué sentido tiene cuando estamos aún en una situación de emergencia social y cuando crecen las desigualdades? Ustedes han centrifugado el déficit al Estado, a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. El Gobierno aprueba unos objetivos muy bajos para las comunidades, imposibles de cumplir, mientras se reserva para la Administración Central la mayor parte de margen, cuando las comunidades realizan más del 70 % del gasto social y del 33 % del gasto público. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio.

El señor VENDRELL GARDEÑES: ¿Es que a nosotros no nos preocupa el déficit y la deuda? Claro que nos preocupa. ¿Qué deuda nos preocupa? Los ingentes recursos destinados al rescate de las autopistas, a las estaciones de alta velocidad, al Castor, los 3.500 millones de la estafa eléctrica de los costes de transición a la competencia, los 26.300 millones de ayudas a la banca que no volveremos a ver más... y la corrupción, señores del Partido Popular. La corrupción también genera deuda porque con una mano ustedes han recortado servicios públicos y con otra han amparado la corrupción. Y nos preocupa otro tipo de déficit: el déficit social. El hecho de que en España, por ejemplo, 1.700.000 personas más son pobres en relación con el año 2009; o la pobreza infantil, que genera deuda social y traslada la desigualdad y la exclusión a las generaciones futuras.

La desigualdad crece con el desempleo, la precariedad y por la debilidad de las políticas públicas. ¿Cuál es nuestro problema? Que ingresamos ocho puntos menos de la media europea y somos el segundo país de la Unión Europea, después de Irlanda, con menos gasto público. Ese es el problema. Las políticas de austeridad son el eje del proyecto ideológico del Partido Popular: menos Estado del bienestar y más desigualdad. Pero, eso sí, más Estado centralizado. No podemos desaprovechar esta ocasión para realizar un cambio profundo de la ley que ponga fin a las políticas de austeridad injustas y recentralizadoras. Poner fin de una vez por todas a la hegemonía de la austeridad.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Tiene la palabra el señor Montero Soler.

El señor MONTERO SOLER: Buenas tardes, señorías.

Hago mías las consideraciones que han hecho los miembros de mi grupo parlamentario que me han precedido en el uso de la palabra y plantearé algunas cuestiones de forma muy sintética por el tiempo tan restringido.


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Estamos ante una reforma de la ley que parte de una reforma exprés de la Constitución, donde se constitucionalizó un orden de preferencias políticas que anteponía el pago de los intereses de la deuda al funcionamiento del Estado y al bienestar de los ciudadanos. Ustedes pactaron sacar del ámbito de la política el principal instrumento político que tiene cualquier Gobierno, que son los Presupuestos Generales del Estado, y anteponer los intereses del capital financiero. Y no contentos con eso, el Gobierno del Partido Popular lo dio desarrollo en 2012 con una ley de nombre rimbombante y absolutamente falso en relación con los objetivos que decía perseguir: la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera. ¿Saben por qué ese nombre oculta intenciones distintas a las que dice perseguir? Porque solo mira el problema fiscal de este país desde una única perspectiva, la perspectiva del gasto, y oculta el otro lado del problema, el problema de los ingresos. Si tanto les preocupa la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera, miren lo que ocurre en el lado de los ingresos y verán las enormes potencialidades que hay ahí para cargar las tintas sobre la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera; miren el lado de los ingresos y se darán cuenta de que estamos en una situación en la que el déficit estructural de los ingresos públicos en este país está siete puntos por debajo, en términos del producto interior bruto, de la media europea. Es ahí donde tienen que buscar las responsabilidades sobre la insuficiencia financiera y no en el uso que le han dado a los limitados recursos que han hecho las comunidades autónomas y los entes locales, que curiosamente son las instituciones que más han sufrido las consecuencias de la austeridad presupuestaria. Unas administraciones a las que ustedes dicen que ahora van a lanzar un balón de oxígeno pero que rápidamente se va a convertir en una soga en cuanto tengan que aplicar los recortes presupuestarios en el gasto estructural a los que se han comprometido, si llegan al Gobierno, para los años 2017 y 2018.

Por otro lado, señor ministro, usted no ha mandado una prórroga de los Presupuestos Generales del Estado a Bruselas, lo que ha hecho usted es mandar unos presupuestos prorrogados en su ejecución y no en lo presupuestado. Usted ha consolidado 3.000 millones de recortes que se han producido en este país en el último año, y esto es mucho más grave. Si tanto le preocupaba la estabilidad presupuestaria y financiera, señor ministro, explíquenos por qué en 2015 implementó una reforma fiscal del IRPF que se tradujo en una reducción de los ingresos un 2,3 % inferior a la del año anterior. Tomar medidas contra la estabilidad presupuestaria a favor de la austeridad presupuestaria y financiera y al mismo tiempo decir que se está defendiendo la misma es un comportamiento como poco esquizofrénico. Si tanto le preocupa la estabilidad presupuestaria y la suficiencia financiera, explíquenos por qué en 2015 promovió una modificación del impuesto sobre sociedades que se ha traducido en un desajuste en términos de tasa homogénea de un 44,3 % con respecto al año anterior. Por cierto, un Gobierno que este próximo jueves nos va a pedir que le ayudemos a derogarse a sí mismo porque lo que pretenden hacer es echar atrás las reformas que promovieron hace justamente un año. Nos encontramos con una política de una irresponsabilidad manifiesta con respecto a las comunidades autónomas y a los entes locales, una irresponsabilidad que le han manifestado abiertamente todos los presidentes de las comunidades autónomas, tanto gobernadas por sus fuerzas políticas como por otras distintas y que de alguna manera viene a impedir que se presten los servicios de apoyo a la ciudadanía, los gastos sociales, en las condiciones necesarias.

Por todo ello, mi grupo parlamentario -y con ello termino- se niega a aceptar este marco fiscal. Denunciamos el rigor presupuestario que se está aplicando, solicitamos la reforma del artículo 135 de la Constitución y presentaremos enmiendas para tratar que esto no siga adelante.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En turno de réplica, tiene la palabra la señora Asian González.

La señora ASIAN GONZÁLEZ: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, quería mostrar mi sorpresa por lo manifestado por las personas que me han antecedido en el sendito de que tenía el convencimiento de que estaban de acuerdo en que se pagara a los proveedores de las comunidades autónomas y que los servicios que prestan las comunidades autónomas en educación y en sanidad por las entidades locales siguieran financiándose correctamente. Parece que eso se había expresado al propio ministro en la tramitación de esta ley. No ha sido así. Parece que ha habido un cambio de última hora y me sorprende. Aquí no estamos haciendo un debate sobre el principio del mundo, sino que estamos hablando sobre si se financia o no a las comunidades autónomas con 4.000 millones más, financiación que nos ha permitido Europa que hagamos. Es un artículo único, muy claro y simple. ¿Le damos a las


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comunidades autónomas y a las entidades locales más financiación para que puedan prestar esos servicios o no se la damos? Ese es el debate sobre la reforma que hoy tenemos aquí. Me ha sorprendido también la falta de rigor en los datos que se han expuesto. ¿Cuál es la financiación que ha hecho el Ministerio de Hacienda para servicios sociales en momentos de crisis? En el año 2007, el déficit de las comunidades autónomas era de 2.300 millones. ¿Cuál es el déficit que está financiando ahora el Ministerio de Hacienda, el esfuerzo de todos los españoles, a las comunidades autónomas? Más de 17.000 Por tanto, decir que no se ha dado financiación en momentos de crisis para los servicios esenciales creo que es faltar a la realidad, a los datos.

No voy a entrar en un debate en profundidad sobre la procedencia o no de la Ley de Estabilidad, ya que no es el debate de hoy. Insisto en que el debate de hoy es si financiamos mejor a las comunidades autónomas y a las entidades locales por importe de 4.000 millones, de acuerdo con lo que nos ha permitido Europa. Pero ya que se ha comentado el concepto de estabilidad presupuestaria, querría dejar algo claro, igual de claro que el artículo único que hoy debatimos con esta reforma. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera desarrolla la Constitución y, con ella, nos anticipamos al pacto fiscal. Pero ese pacto fiscal lo tiene toda Europa. ¿Todos estamos de acuerdo en esta Cámara con estar en Europa en la zona euro o hay algún grupo que quiere sacarnos de Europa, incluso -quien sabe- del mundo occidental? Si eso es así, que lo diga explícitamente. Está en su derecho, pero lo tiene que manifestar: Yo no quiero estar en Europa, tengo otra postura. Porque la postura que se sostiene en el pacto de estabilidad no es otra que la que mantiene la socialdemocracia europea y todos los socialista europeos. Todos los socialistas europeos acreditan su pertenencia a la zona euro firmando un pacto social con el que están de acuerdo. ¿Se puede no estar de acuerdo? Se puede, claro, pero hay que decirlo con claridad, con rotundidad: No estoy de acuerdo y me quiero salir de la zona euro. (Aplausos). Pero tengamos muy claro que si no aceptamos las normas de un pacto de estabilidad europeo para sostener una moneda, evidentemente, no podremos entrar dentro de esa moneda.

Espero que de aquí a que votemos podamos llegar al consenso necesario, porque, como dije en la toma en consideración, establecer por cuestiones procedimentales perjuicios extra a los españoles no está justificado bajo ningún concepto.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Garzón Espinosa.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.

Señora portavoz del Partido Popular, tenga muy claro que nuestro grupo no tiene intención de salir del mundo occidental, entre otras cosas porque tampoco nos queda muy claro cómo se haría ese mecanismo para salir del mundo occidental. Lo que estamos haciendo aquí es debatir sobre la Ley de Estabilidad y lo que usted ha hecho en su intervención ha sido recurrir a lo que se llama la falacia del falso dilema, no una sino varias veces. La falacia del falso dilema consiste en presentar dos opciones como las únicas alternativas, desechando todas las demás. En esta Cámara hemos visto muchas últimamente. Recientemente, la hemos visto en el Partido Socialista, según la cual había que elegir entre Gobierno del Partido Popular o terceras elecciones, cuando en realidad existía la opción de un Gobierno alternativo, que ya se encargaron de aplastar como opción política, pero existía la alternativa.

Señora portavoz del Partido Popular, usted sabe perfectamente que no se trata aquí de hablar de flexibilidad para las comunidades autónomas o de no flexibilidad para las comunidades autónomas. Nosotros estamos de acuerdo con la flexibilidad para las comunidades autónomas, en lo que no estamos de acuerdo es con el marco que ustedes imponen y sobre el que no quieren debatir, a pesar de que este procedimiento habilita ese debate. Nosotros no estamos hablando solo de la enmienda que ustedes presentan, nosotros estamos hablando de la modificación de una ley que es susceptible de cambiar toda coma de esa ley en este procedimiento parlamentario. Así que, no se preocupen, porque en el término de flexibilidad a las comunidades autónomas nosotros votaremos a favor, no cabe ninguna duda. Pero, nosotros, en este procedimiento, estamos debatiendo la totalidad de la Ley de Estabilidad como una oportunidad para cuestionar la política económica del Partido Popular. Le presento algunas alternativas que se me ocurren a bote pronto. Se podrían quitar las sanciones abusivas que ustedes incluyeron en la Ley de Estabilidad. No se hace, no lo han presentado. ¿Por qué? Porque ustedes no quieren. Se podría permitir que las entidades locales y las entidades de las comunidades autónomas pudieran usar el superávit, cuando lo tuvieran, para mejorar las prestaciones sociales, mejorar los servicios sanitarios, la


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educación; es más, las entidades locales son las que hacen los servicios públicos más cercanos a la ciudadanía, como la recogida de basuras o la contratación del personal publico. Pero ustedes no han incluido eso porque no quieren, no porque nosotros aceptemos su marco.

Podríamos hablar de un programa de estímulo, en vez del dogma de la consolidación fiscal, pero no lo estamos haciendo porque ustedes no quieren. Ustedes nos han intentado traer, simplemente, una pequeña modificación, pero estamos ante la oportunidad de hablar del conjunto de la ley, aunque a ustedes les pese, porque estamos aquí como resultado de un error del Ministerio de Hacienda. Pero los errores también se pagan. Y uno de los pequeños detalles que vamos a pagar es que tenemos la oportunidad de debatir absolutamente de todo lo que este procedimiento habilita, no de lo que ustedes únicamente quieren situar. Por cierto, nosotros queremos flexibilidad para las comunidades autónomas porque el punto de inicio, que parece que se les ha olvidado, ese punto de inicio que ustedes han demonizado, ese 0,3, lo impusieron ustedes también. Por lo tanto, nosotros somos los que mantenemos la coherencia de que la política económica se puede hacer de otra forma; nosotros no nos creemos el dogma neoliberal de la consolidación fiscal, ese dogma que se veía en la intervención precedente, según el cual ante todo está el pago de los intereses de la deuda y ante todo está acabar con el déficit público por encima de cualquier otra cosa; por encima de la sanidad, de la educación o del empleo público.

Ustedes han hablado de algunos datos y yo no soy partidario en los debates del Congreso de entrar en una guerra de datos, sobre todo porque soy consciente, como economista, de que los datos y las estadísticas se pueden torturar hasta que confiesan lo necesario, pero creo que nadie fuera de esta Cámara -incluso nadie dentro de esta Cámara- se cree de verdad que el Partido Popular no ha recortado en sanidad, en educación, en servicios sociales, en empleados públicos y en una serie de partidas sociales. Creo que es imposible que alguien crea el relato del Partido Popular. (Aplausos).

Nosotros hemos sido coherentes. Hemos criticado en todo momento el dogma de la consolidación fiscal y lo que debatimos aquí es, precisamente, si ese es el trayecto y el recorrido más adecuado para nuestra economía. Nosotros decimos que no; ustedes dicen que sí. Es legítimo. Pero observen un detalle histórico; la estabilidad está inserta en el entramado institucional europeo desde hace décadas y es esa estabilidad la que nos ha traído la mayor crisis financiera y europea de toda la historia. Creo que eso es algo que deberíamos tener muy presente. Con ese dogma neoliberal, la economía española no solo se resiente, sino que cuando crece en pequeñas cantidades, en términos del producto interior bruto, lo hace o bien por factores exógenos o bien bajo un modelo absolutamente frágil.

El año pasado, las comunidades autónomas crecieron en términos macroeconómicos, pero lo hicieron propulsadas por dos sectores particulares: la construcción y el turismo. Este es el modelo de toda la vida; el modelo que nos trajo la crisis inmobiliaria; el modelo que nos trajo la crisis especulativa; el modelo que nos ha traído hasta aquí, incrementando, eso sí, la explotación laboral, la precariedad y, en última instancia, las peores condiciones materiales para la vida.

Nosotros hemos defendido siempre que hay una alternativa y, por mucho que al Partido Popular no le guste, esa alternativa existe. Por tanto, salgamos de los falsos dilemas y aceptemos que más allá de la política económica del Partido Popular existe una política económica alternativa. Quizá no les guste, pero nosotros es la que defendemos igual o, sobre todo, con mucho mayor rigor que la que estamos viendo en los últimos años de desastre económico por culpa del Gobierno del Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Quevedo Iturbe.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, en un minuto diré que no podemos compartir la euforia y la autosatisfacción que ha expresado la defensora de esta proposición de ley, porque es evidente que o alguien no lee la prensa o alguien no se entera de las cifras de trabajadores sumidos en la pobreza o alguien no entiende el fracaso de las políticas austericidas de la Unión Europea, motivo por el que se han producido los cambios que están teniendo lugar y que son la expresión de un fracaso. Sin embargo, en esta ocasión hay una oportunidad de que sobre todo las comunidades autónomas vean mejorada su financiación mediante una relajación de los objetivos de deuda, motivo por el cual, aun manteniendo una frontal confrontación con lo que defienden sus políticas de austeridad, votaremos afirmativamente la admisión a trámite de la proposición de ley.

Gracias, señora presidenta.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Esto es importante, porque a veces se dice: es que no va a haber presupuestos del Estado. No, lo importante no son los presupuestos sino el techo de gasto. Si no hay techo de gasto, si no existe lo que vamos a aprobar hoy, lo que no va a haber es el presupuesto de ocho mil ayuntamientos y de diecisiete comunidades autónomas. ¿Eso qué quiere decir? Que las inversiones en este país se paran y que miles de personas van a perder sus puestos de trabajo porque lo que va a haber es gasto corriente, por eso tenemos que aprobar esta proposición de ley. Esto lo dice una canaria que pertenece a una comunidad que desde el año 2012 ha cumplido los objetivos de déficit, y cuando se hacen ajustes no los hacen los Gobiernos ni las comunidades sino los ciudadanos. Mi comunidad es la peor financiada, por eso para Canarias es urgente y prioritaria la aprobación de esta iniciativa que nos permita disponer de esos ingresos añadidos para cubrir los sistemas básicos de sanidad y de educación que el sistema de financiación, que es injusto e insolidario, no está cumpliendo con Canarias en este momento. Por eso, vamos a apoyar esta propuesta.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Oramas.

Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Con esta proposición de ley se trata de acomodar con urgencia los mandatos del Consejo de la Unión Europea a la realidad de nuestro país, que lleva más de trescientos días con un Gobierno en funciones y que precisa de habilitar un instrumento legal, que es el que se requiere reformar en este Pleno del Congreso.

Doy mi respaldo a esta toma en consideración con la tranquilidad que me proporciona haber votado en contra de la reforma exprés del artículo 135 de la Constitución, pero siendo consciente de que España hoy precisa de medidas de financiación que permitan dar continuidad a la recuperación económica que tiene que traducirse en forma de más puestos de trabajo y de mejores servicios esenciales. Todas las comunidades autónomas, singularmente Asturias, están necesitadas de que los principios constitucionales de igualdad y solidaridad entre territorios sean una realidad cuanto antes.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Señora presidenta, señorías, lógicamente votaremos a favor de la toma en consideración de la modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, simplemente para habilitar a un Gobierno en funciones, tras trescientos días -y todos somos responsables-, para que pueda llevar a cabo lo dictaminado por el Consejo de la Unión Europea el pasado mes de agosto. Como Unión del Pueblo Navarro, lo que lógicamente defenderemos es que su aplicación en la Comunidad Foral de Navarra se acoja a la disposición final tercera de la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria, de acuerdo con el artículo 64 de la Lorafna y, cómo no, a lo dispuesto en el convenio económico entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra.

En los últimos segundos que me quedan quiero hacer constar que tras lo sucedido este fin de semana en la localidad de Alsasua, en la Comunidad Foral de Navarra, en el salvaje ataque a un teniente y a un sargento de la Guardia Civil y a sus respectivas parejas, Unión del Pueblo Navarro espera la pronta recuperación de estas cuatro personas y transmitir nuestro apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente a la Guardia Civil, que hace un magnífico trabajo en toda España y también en la Comunidad Foral de Navarra.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.


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La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Nuestra posición es claramente contraria por nuestra postura contraria a su vez a las políticas de austeridad, porque entendemos que el PP se ha limitado a realizar recortes, no ha abordado la transformación estructural que necesitaba la economía, no se han garantizado los servicios públicos, no se ha apostado por la creación de empleo digno y no se ha abordado la tan necesaria reforma fiscal. Todo ello, unido a un obsesivo control del déficit basado únicamente en esos recortes y cuya distribución además no ha sido nada equilibrada; ha recaído un mayor peso del control del déficit en las comunidades autónomas y ni tan siquiera se ha tenido en cuenta la situación diferente de todas ellas. La deuda total tanto en la Comunidad Autónoma vasca como en Nafarroa apenas ronda el 20 %, frente a la de otras comunidades que lo duplican. Por tanto, creemos que tenemos aún margen para endeudarnos más. Alguien podría pensar que estaría bien que pudiera adecuarse el objetivo de déficit al alza, podría parecer que el Gobierno quisiera pasar del café para todos a otro tipo de formulación. Dar por buena cualquiera de las dos hipótesis, además de aventurado, sería admitir el fondo de la Ley de Estabilidad y no lo vamos a hacer. Desde Euskal Herria Bildu -y con esto termino- defendemos poder decidir nosotros y nosotras sobre nuestras políticas de endeudamiento, sobre los ritmos y las prioridades, y por ello nos posicionaremos en contra.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra el señor Candela Serna.

El señor CANDELA SERNA: Moltes gràcies, señora presidenta.

En el minuto de gloria que tenemos intentaré decir dos cosas que consideramos importantes. Estamos ante el ejemplo de la escasa cultura democrática del Partido Popular, apurando los plazos para la tramitación y evitando el debate en condiciones. Estamos otra vez antes el trágala, y encima ahora vienen de salvapatrias. Yo les pediría un poquito de vergüenza. La segunda cuestión es que esta ley es el desarrollo del artículo 135, esta ley es la ley de los recortes, es la ley de someter la vida de la gente a los acreedores. Con esta ley ustedes atacan a las comunidades autónomas haciendo chantaje y presión e intentando desestabilizarlas. Queremos decirles una cosa desde Compromís, desde el Gobierno valenciano y desde nuestra gente: a pesar de sus ataques, a pesar de que nos dan créditos por nuestro dinero, seguiremos rescatando personas y trabajando por la tranquilidad y el futuro del pueblo valenciano.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

El Partit Demòcrata Català va a votar en contra de esta toma en consideración por varios motivos. El primero es que lo presentan a dos semanas de una hipotética finalización de legislatura, cuando podían haberlo planteado con mucho más tiempo. Lo saben desde el mes de agosto, la legislatura se inició unas semanas atrás y podían haber dado un mayor trámite parlamentario. La segunda cuestión es que no estamos de acuerdo con su relato porque no es un relato verídico. La portavoz del Partido Popular decía que con eso conseguimos dar mayor flexibilidad al déficit de las comunidades autónomas. Si el Gobierno del Partido Popular hubiera respetado la disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria cuando aprobaron el presupuesto de 2016 hace unos meses en esta Cámara, el déficit asignado a las comunidades autónomas no sería del 0,3 % ni tampoco del 0,7 % que pretenden ahora asignar; sería del 0,9 %. Si ustedes hubieran cumplido la disposición transitoria primera, que tenían obligación de cumplir, este mayor margen ya lo tendrían las comunidades autónomas desde principio de año. Es más, tendrían 2 décimas más de lo que ustedes plantean en estos momentos. Por tanto, no vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley. Vamos a presentar enmiendas, porque el relato que pretenden difundir a la sociedad no es el verdadero. Suben aquí a la tribuna y dicen que van a aprobar mayor financiación para las corporaciones locales. Señor ministro, ¿a las corporaciones locales les van a asignar mayor objetivo de déficit? Corrija a su portavoz. Las corporaciones locales tienen superávit. Por tanto, no pueden subir aquí y decir que con esta modificación las corporaciones locales tendrán mayor financiación. ¿Qué mayor financiación van a tener las corporaciones locales? Ninguna. Es un relato tan falso como el que están planteando en relación con las comunidades autónomas. Dicen que si nos oponemos a esta tramitación nos estaremos oponiendo a que las comunidades autónomas puedan financiar sus servicios. No. Si el Gobierno del Partido Popular hubiera cumplido la ley que nosotros


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aprobamos, hoy las comunidades autónomas sin hacer nada tendrían como mínimo el 0,9 % de objetivo de déficit y ustedes tendrían la obligación de financiarlo a través del FLA. No hacen sus deberes; no hacen lo que les corresponde y ahora en un alarde de generosidad, como Europa les ha dado un mayor margen, una parte de este margen -tampoco lo que les correspondería- se lo quieren asignar a las comunidades autónomas, y lo hacen a dos días. Van a hacer un chantaje emocional a algunos miembros de esta Cámara y a las comunidades autónomas diciendo que si no votan a favor no van a tener este mayor margen. Nosotros queremos el margen que nos corresponde, el margen que nos correspondía el 31 de diciembre del año pasado, y que cumplan la ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Azpiazu Uriarte.

El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señor ministro, señorías, arratsalde on danori.

Al margen de la posición que adopte nuestro grupo parlamentario en relación con esta proposición de ley, y con independencia del tratamiento que una regulación de esta naturaleza merece desde la perspectiva estrictamente institucional y de concierto económico, lo cierto es que se trata de una iniciativa que adolece de serios defectos, tanto en su planteamiento formal como desde el punto de vista de su contenido.

Mi grupo se va a ceñir a hablar de la reforma que se plantea en la proposición de ley, que es una cuestión muy puntual. Nuestro grupo se ha manifestado en multitud de ocasiones en relación con el tema de la estabilidad de una forma clara y contundente, pero para nosotros este no es el momento de hacerlo. Vamos a hablar de la reforma que plantea el Gobierno. Diremos en primer lugar que entendemos que es una propuesta extemporánea, señor ministro. Tras dos sesiones de investidura fallidas el Gobierno lleva ya diez meses en funciones y si bien la aplicación del artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria alegada en la proposición de ley solamente es planteable -como se ha citado aquí- a partir del 8 de agosto, que es la fecha de revisión de objetivos de déficit y deuda por parte de la Unión Europea, lo cierto es que para ser una norma de alcance intemporal se podría haber planteado mucho antes y de otra forma, ya que los problemas que se desean solventar se conocían desde hace mucho tiempo. De hecho, señor ministro, esta propuesta de hoy puede ser innecesaria si, como es previsible, hay un Gobierno en pocos días.

Por otra parte, también es en nuestra opinión una propuesta técnicamente inadecuada. Ciertamente incorporar una disposición de esta naturaleza -que ha de considerarse una absoluta excepción en la situación del Gobierno en funciones- a través de una modificación en una ley orgánica sectorial, como es la Ley 2/2012, es a nuestro juicio un error considerable. Si esto se hace de esta manera en materia de estabilidad presupuestaria y financiera, cabría hacer lo mismo con otro tipo de leyes sustantivas que pueden requerir actuaciones gubernamentales cuando hay periodos con el Gobierno en funciones. Ello en nuestra opinión desvirtúa el propio concepto del Gobierno en funciones, por lo que entendemos que sería más correcto técnicamente hacerlo a través de un desarrollo del artículo 101.2 de la Constitución, ahondando en el artículo 21 de la Ley de Gobierno. Esto sería en nuestra opinión lo natural: debatir abiertamente hasta dónde puede llegar un Gobierno en funciones y no establecer únicamente qué actuaciones de estabilidad presupuestaria puede llevar a cabo un Gobierno en esa situación.

Desde otra perspectiva, igualmente técnica, tampoco resulta adecuado que se dé un cheque en blanco según el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que un Gobierno en funciones tenga más atribuciones incluso que un Gobierno que no lo esté, pudiendo revisar los límites de déficit y deuda ya fijados por el Congreso para el año en curso, algo que la Ley de Estabilidad tampoco contempla para un Gobierno que no esté en funciones. Por ello, lo normal sería autorizar o no mediante una ley singular una alteración de los límites de 2016 sin hablar nada del Gobierno en funciones, que no es el tema central de esta norma. En todo caso, se podría modificar por una proposición de ley de manera definitiva la Ley Orgánica 2/2012 para posibilitar los cambios en los límites de déficit y deuda del ejercicio en curso cuando se den las circunstancias apropiadas, que pueden ser las de la Unión Europea ahora esgrimidas u otras cualesquiera, tales como los excesos de recaudación. Una norma como la que ahora se pretende aprobar gracias a esta proposición resulta por lo tanto, señor ministro, en nuestra opinión, técnicamente muy criticable.

Por otra parte, consideramos que también es una propuesta que resulta insegura. Como consecuencia de lo señalado, se da una contradicción entre la normativa general de lo que puede hacer un Gobierno en


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funciones, sobre cuyo contenido han corrido ya muchos ríos de tinta doctrinales y cuántas sentencias del Supremo no sin controversia y votos particulares, regulado en la Ley de Gobierno 50/1997, y lo que puede hacer un Gobierno en funciones en materia de estabilidad presupuestaria y límite de déficit y deuda. Ello genera una inseguridad jurídica formal a la hora de aplicar la normativa de los Gobiernos en funciones que se habría arreglado y superado si desde la inseguridad jurídica general sobre el Gobierno se hubiera acogido el caso especial o simplemente excepcionado para el año en curso y de una sola vez la capacidad de revisión de los límites de déficit y deuda por el Gobierno en funciones.

Es también en nuestra opinión una propuesta confusa, señor ministro. Resulta confusa una proposición de este tenor al unir una decisión de la Unión Europea a la situación de un Gobierno en funciones y hacerlo de manera estructural en una ley sectorial que no es adecuada para ello. Pueden darse casos en los que haya que revisar el déficit y la deuda por motivos que no se derivan de decisiones europeas y tener que valorarse estas en momentos de un Gobierno que esté en funciones o no, pero ello no está previsto en esta proposición, haciendo de nuevo confuso y no concordante el texto con la voluntad subyacente. De hecho, no coincide el literal del texto del título de la disposición adicional séptima, ahora redactada con su propio contenido: en el título se habla de establecer y fijar y el texto habla de revisar. Además, el último punto y aparte de la propuesta no deja nada claro si la no inclusión del límite de gasto no financiero del artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012 al que se alude en el artículo 15 de la misma norma y que ahora se pretende activar con un Gobierno en funciones se ha de entender como algo innecesario o algo cuya inclusión impide la aprobación del techo de gasto y la elaboración de los presupuestos. Es de suponer que será esto último, pero debería quedar más claro.

Por último, es una propuesta innecesaria. Si lo que se pretende preservar es que, entre otras cosas, las comunidades autónomas puedan tener un límite de déficit y deuda mayores en 2016 y al mismo tiempo redactar sus presupuestos para el año que viene, la proposición debería haber obviado que el Gobierno estuviera en funciones y debería haber normado de manera puntual en el sentido de que fuera: o bien modificando la Ley Orgánica 2/2012 de modo estable o bien regulando la situación exclusivamente para los años 2016 y 2017.

Para terminar, señor ministro, una cuestión que seguro que no le suena extraña. Además de lo señalado, desde el Grupo Vasco queremos dejar claro que esta proposición de ley no ha de afectar al modelo vasco de establecimiento de los límites de déficit y deuda de conformidad con el Concierto Económico. Como es sabido y usted bien sabe, y según establece la disposición final tercera de la Ley Orgánica 2/2012, en virtud de ese régimen foral, la aplicación a la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo dispuesto en esta ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Concierto Económico. En este sentido, el artículo 62 de la norma de concierto vigente establece como competencia de la Comisión Mixta del Concierto acordar los compromisos en colaboración y coordinación en materia de estabilidad presupuestaria y financiera. Desde esta perspectiva, nuestro grupo quiere dejar constancia de que la eventual aprobación de esta proposición de ley no ha de alterar la obligada bilateralidad entre el Gobierno vasco y el Gobierno del Estado para propiciar estos acuerdos anuales de déficit y deuda pública entre ambas instituciones, es decir, las posibilidades de actuar según el artículo 15 para la fijación de los límites de déficit y deuda en modo alguno deben alterar el modelo relacional económico-financiero vasco para con el Estado en esta materia. Las posibilidades que tenga un Gobierno en funciones lo serán sin menoscabo de las capacidades que hayan de existir para las oportunas revisiones para con las comunidades forales. Solo bajo estas condiciones ha de entenderse una neutralidad con el modelo de relación que existe entre el Estado y las comunidades forales, como decía.

Con todas estas salvedades y matizaciones realizadas, nuestro grupo va a votar favorablemente esta proposición de ley, porque consideramos que, aunque jurídicamente tenga imperfecciones -tal y como se las he comentado- e incluso llegue en un momento en el que sea prácticamente innecesaria su aprobación, esta puede ser positiva para que las comunidades autónomas cierren este ejercicio y elaboren sus presupuestos para el próximo año con un poco más de holgura.

Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, el Consejo de la Unión Europea decidió en agosto de este año iniciar el marco de procedimiento de déficit excesivo, una revisión de cuáles deberían ser los objetivos de déficit


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para los años 2016, 2017 y 2018 marcando unos límites distintos a los previstos por el Gobierno español. Ahora lo que pasa es que tenemos que tocar y retocar lo aprobado, porque no se ajusta a lo que dice Europa. Es decir, que España, el Gobierno del Estado español, como siempre -ya lo sabe, señor Montoro-, incumple. Ninguna novedad, siempre es así. Para el año que viene la cifra que ofrece el Gobierno del Estado a Bruselas es el 3,6 %, lo cual superaría ese 3,1 % previsto. Por ello, el próximo Gobierno, si es que hay próximo Gobierno, tendrá que hacer un ajuste adicional de medio punto. Ello comporta en un futuro inmediato, prácticamente a la vuelta de la esquina, recortes importantes que pueden rondar los 5.000 millones de euros, aunque en palabras del Gobierno los recortes se convierten en ajustes. De hecho, las clases medias y las clases trabajadoras ya conocemos el precio de sus ajustes, es decir, de sus recortes, porque en definitiva hemos sido nosotras las que hemos pagado sus recortes. No es casualidad, por tanto, que los ricos cada vez sean más ricos y los pobres cada vez seamos más pobres.

Recortes sociales por valor de 5.000 millones de euros, es decir, un auténtico mazazo de nuevo al Estado del bienestar. Ese recorte de 5.000 millones de euros es así, entre otras cosas, porque, en vistas a un inmediato proceso electoral que teníamos el año pasado por estas épocas -estoy hablando, como decía, del año pasado, cuando preveíamos tener unas elecciones; han acabado siendo dos, esperemos que no sean tres-, ustedes se dedicaron a bajar impuestos -IRPF y Sociedades- con fines claramente, como digo, electoralistas. Es decir que, con el dinero de todos, ustedes pagaron la campaña electoral con un dinero que no tenían. Rebajas de impuestos que han comportado pérdida de ingresos -así lo reconocen el propio ministro y el ministerio- por un importe equivalente casi a 7.000 millones de euros y evidentemente desde Esquerra Republicana estamos convencidos de que las sorpresas aún no han terminado.

A mí como Esquerra me toca denunciar qué es lo que hace el Gobierno del Estado español porque, en definitiva, el Gobierno del Estado español es el principal incumplidor de sus leyes, de las propias leyes que aprueba, empezando por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, en definitiva, por esa necesidad de que existiera o debiera existir un reparto equitativo diferenciado de los objetivos de déficit. Ustedes dicen unas cosas en las leyes que luego cuando las aplican o las ponen en práctica siempre se les va la mano; y por lo que respecta a esta ley, se les va la mano con las comunidades autónomas. Efectivamente, los primeros años, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas decidió que el ajuste lo tenían que hacer las comunidades autónomas y los entes locales y que la Administración General del Estado ya lo haría más adelante. No lo ha hecho aún porque pensaban que la situación económica sería distinta. Es decir, aquello que hemos dicho hasta la saciedad: centrifugar el déficit y hacer que recayera esencialmente sobre las comunidades autónomas y los entes locales la necesidad de cumplir los objetivos de déficit.

A diferencia de lo que ocurre en Europa, mientras Europa pacta una metodología y se fijan los objetivos de déficit, España nunca hace esto, se pacte lo que se pacte, puertas para adentro pura arbitrariedad. Los objetivos de déficit que ustedes imponen -el Partido Popular en este caso es el partido que apuntala al Gobierno titular y al Gobierno en funciones- a criterio de Esquerra Republicana son ilegítimos política y éticamente, y retuercen a las administraciones públicas -en este caso las comunidades autónomas y los entes locales- que son los que prestan servicios directos a la ciudadanía en lugar de hacer desaparecer, por ejemplo, algunas administraciones públicas carentes de competencias, y a mí se me ocurre que desaparezcan unos cuantos ministerios, por ejemplo Sanidad, Cultura, así como las diputaciones.

En segundo lugar, ¿qué más hace el Estado? Gastar, o acordar que gasta, que es distinto. Lo que hace es decidir que gasta más pero, ¿qué hace? Le traspasa el gasto a las comunidades autónomas. Por ejemplo, el incremento del 1 % del salario de los trabajadores públicos o si quiere el ministro, le pongo ejemplos más concretos. El tema del medicamento en relación con la hepatitis C: gasto acumulado de la hepatitis C para la Generalitat de Cataluña, noviembre de 2014-agosto de 2016, 230 millones de euros; gasto asumido íntegramente por la Generalitat de Cataluña y que el Estado no va a financiar de momento o que no financia. Otro caso concreto, el tratamiento oncológico para el año 2016, período de enero a agosto: 28 millones de euros; gasto asumido, sin importe adicional aportado por el Estado, por la Generalitat de Cataluña. Son problemas que afectan a las personas con nombres y apellidos, personas concretas y medidas necesarias sí, pero el Estado no las financia.

¿Y el Gobierno del Estado qué más hace? Evita que las comunidades autónomas obtengan ingresos. ¿Qué hace? Muy fácil: boicotear las medidas de ingresos que el Govern de Catalunya en el marco de sus competencias desarrolla. Por ejemplo, el impuesto sobre depósitos bancarios, las emisiones de gases de las aeronaves, energía nuclear; intentos de obtener recursos previstos en el estatuto de autonomía, recursos legítimos que ustedes evitan sin tan siquiera analizar su adecuación y conveniencia. Lo recurren


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todo, obviamente ¿ante quién? Ante ese ejército de togas y puñetas que es el Tribunal Constitucional, quienes, como no podía ser de otra manera, suspenden cautelarmente a resultas de la resolución definitiva, sí -y me dirán que lo dice la ley-, pero es bueno recordar que este tribunal solo resuelve deprisa aquello que afecta al Govern de la Generalitat, al Govern de Catalunya y al Parlament de Catalunya. Mientras tanto, se pudren en sus cajones recursos de amparo que afectan a ciudadanos particulares, porque la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos les importa poco o nada.

En definitiva, ustedes nos imponen un techo de gasto, distribuyen los objetivos de déficit de manera poco equilibrada y no diferenciada. ¡Hombre!, no estaría de más que empezásemos a hacerlo de forma distinta, se lo recomienda un organismo independiente como es la Airef, y mientras tanto, la deuda se dispara. Decía John Adams que hay dos maneras de endeudar a un país: una es mediante la espada y la otra mediante la deuda, esa deuda que han hecho llegar a máximos históricos y que gracias a su política costará Dios y ayuda hacerla disminuir. Deuda que en estos momentos supera el cien por cien del PIB y a la que en cálculos publicados por la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Airef, los españoles tendrán que dedicar exactamente un año entero de trabajo por persona para poder pagar toda la deuda pública. Esto se lo dicen luego a los jóvenes de 16 años, aquellos que ustedes no quieren que voten, porque serán ellos, esa generación, los que tendrán que hacerse cargo de esta deuda. Por cierto, el segundo método, el de la espada, ustedes también lo usan y lo practican si atendemos al presupuesto estratosférico de defensa que ha generado más de 30.000 millones de euros de deuda...(Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un momento, señoría.

Señorías, por favor, guarden silencio. (Pausa).

Continúe, señoría.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Ese presupuesto estratosférico de defensa que ha generado más de 30.000 millones de euros de deuda en gasto armamentístico. Sí, seguramente, de nuevo, después de esta proposición de ley, se sacarán de la manga, volverán a hablar del nuevo modelo autonómico de financiación. Por cierto, otro incumplimiento legal. En definitiva, Esquerra Republicana ya se lo avanza. (Termina su intervención en catalán).

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán Monés.

El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidenta.

Señorías, no sé cuántos de los diputados de esta Cámara han trabajado alguna vez en una empresa, seguro que muchos, pero, ¿se imaginan una empresa que no tome decisiones importantes en un año entero? Ahora aplíquenlo a una de las naciones más avanzadas y más ricas de este planeta. Aplíquenlo, por ejemplo, al 30 % de personal de sanidad que vive en permanente precariedad -enfermeros, médicos, personal de hospitales- que llevan años de interinos y que se les acaba el contrato y se van con una mano delante y otra detrás. Nuestro sistema de relaciones laborales está roto pero llevamos 300 días mirándonos el ombligo. Aplíquenlo, por ejemplo, a los profesores de secundaria, que luchan sin medios cada día para que no se quede ningún alumno atrás y con unos sueldos absolutamente ridículos. Somos el país que más talento desperdicia de Europa pero los partidos de esta Cámara se siguen mirando el ombligo. Aplíquenlo, por ejemplo, a los millones de jóvenes de mi generación que empiezan un contrato el lunes y lo tienen que terminar el viernes. Jóvenes de 30 años que no tienen hijos porque no pueden permitírselo. Tenemos el récord de Europa en precariedad y una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo pero nosotros, los valientes líderes de esta Cámara, no dejamos de mirarnos el ombligo. Aplíquenlo a los millones de mujeres que viven condenadas a la desigualdad y no hace falta que vayan muy lejos, aquí tienen a muchas periodistas que se pasan el día aquí y que saben que si de pronto deciden tener un hijo y hacer una parada en su carrera después les será muy difícil reincorporarse. Estamos en la prehistoria de las políticas de conciliación pero los señores de esta Cámara prefieren seguir mirándose el ombligo. Aplíquenlo a los miles de autónomos y emprendedores con ideas brillantes para crear empresas y nuevos empleos. Lo vimos hace poco en el South Summit con Albert Rivera en el que nos dijeron: Tenemos muchos proyectos pero es que la Administración no para de ponernos trabas, no dejamos de encontrarnos con impedimentos para crear nuevos proyectos y nuevas empresas que, en realidad, serán la base de la


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sociedad del bienestar en el futuro. Estamos echando a perder millones de proyectos que serían, como digo, la base de la sociedad del bienestar en el futuro. Pero en esta Cámara seguimos mirándonos el ombligo. Aplíquenlo a los más de 3 millones de parados de larga duración que durante ocho años llevan llamando a puertas inútiles, haciendo cursos que no sirven para nada y, a pesar de todo, manteniendo el ánimo vivo y la esperanza de que algún día encontrarán un empleo. Cada año desperdiciamos miles de millones de euros -repito, miles de millones- en políticas de formación que no sirven para nada, que no responden a las necesidades de nuestros parados, pero los señores de esta Cámara prefieren seguir mirándose el ombligo.

El tema que abordamos hoy aquí, la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es una consecuencia más de la incapacidad de los viejos partidos para entender el signo de los tiempos. Los tiempos están cambiando, decía la canción de Bob Dylan, pero los viejos partidos siguen sin entender esos cambios. Los viejos partidos han de entender que este Parlamento no es blanco o negro, ya no es España roja y azul, la paleta de colores se ha ampliado y ustedes tienen que entenderlo. Escuchen, señorías del Partido Popular, las mayorías absolutas han muerto, al menos por una buena temporada, y ustedes tienen la responsabilidad de hablar con los que nos sentamos aquí y allí y con todos los de esta Cámara, pero no solo para activar la investidura la semana que viene, sino para que durante las próximas semanas ir pasando a todas las reformas que sean necesarias e ir aprobando todas las leyes precisas para poner a este país en marcha.

Soy un parlamentario nuevo que acaba de cumplir su primer año en política y no estoy quizá en posición de dar demasiados consejos, pero me voy a permitir darles uno: O dejan de mirarse el ombligo y levantan un poco la vista o van a hacer mucho daño a este país y en el camino también a ustedes mismos. Señor Sánchez, señora Díaz, allá donde estén, con todo el respeto que me merecen sus siglas, he de decirles que a toda esa gente de la que hablaban le importa poco si tienen una mayoría de delegados en el consejo territorial, en el consejo ejecutivo, en el nacional o en su comunidad de vecinos, a la gente lo que le preocupa son las soluciones. Muchas de ellas se encontraban en el espacio común de consenso que hallamos en los acuerdos con el Partido Socialista y con el Partido Popular, esa es una base, es pequeña, pero es una base de principio de cambio para avanzar en este país. Ustedes hubieran podido presidir un Gobierno distinto pero, gracias a los grandes estrategas y estadistas que se sientan a su lado, hoy tenemos un Parlamento con una mayoría más fuerte del Partido Popular. Hubieran podido presentar un Gobierno alternativo, pero el problema es que hubiera sido con ideas del siglo XIX para responder a los problemas del siglo XXI. Eso es lo que representa el nacionalismo secesionista del señor Rufián, que está en esta Cámara, y muchas de las políticas populistas que representa Podemos. Sean valientes y asuman la abstención para que España pueda ponerse en marcha. Este va a ser un Parlamento libre. A nosotros tampoco nos gusta el señor Rajoy, se lo puedo asegurar, pero todavía nos gusta menos que los políticos sigan mirándose el ombligo mientras España sufre y mientras España se embarranca.

Para terminar, ya les anticipo que vamos a votar que sí a esta toma en consideración de la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria porque no tenemos otra alternativa. Como se ha mencionado en intervenciones anteriores, si no se aprueba esta ley las comunidades autónomas dejarán de ser capaces de proveer los servicios fundamentales que gestionan como la sanidad y la educación. Por tanto, aprobaremos esta reforma. Como decía antes, la famosa canción de Bob Dylan, los tiempos están cambiando -the times they are a changing-, pero parece que algunos en esta Cámara siguen sin enterarse. En una estrofa de la canción decía: "·Venid senadores, congresistas / por favor oíd la llamada / no os quedéis en el umbral / no bloqueéis la entrada" porque los tiempos están cambiando y es tiempo de cambiar.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Saura García.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la modificación puntual de la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 porque de lo que se trata fundamentalmente es de que el Gobierno pueda actualizar y traer los objetivos de déficit aquí al Parlamento para que las comunidades autónomas puedan hacer su presupuesto para el año que viene y, por consiguiente, la educación, la sanidad y la dependencia no se vean recortadas; es decir, para que el Estado del bienestar no se vea recortado este año y, sobre todo, el año que viene. Por tanto, cuando se vota no a esta modificación -puntual- de la Ley de


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Estabilidad de 2012 se está votando en contra de que las comunidades autónomas puedan hacer su presupuesto y también en contra del crecimiento del Estado del bienestar para el año que viene. De hecho, las comunidades autónomas están esperando como agua de noviembre el que aprobemos esta modificación para poder hacer su presupuesto. Esto es lo que están esperando las comunidades autónomas. Además, señorías, saben ustedes perfectamente que esta Ley de Estabilidad Presupuestaria del año 2012 no es nuestra Ley de Estabilidad Presupuestaria. El Grupo Parlamentario Socialista votó en contra de esta ley fundamentalmente por dos razones: porque nos parece una Ley de Estabilidad Presupuestaria conservadora, neoliberal. ¿Y por qué? Principalmente porque se confunde la estabilidad presupuestaria con el recorte del Estado del bienestar.

Señorías, el saldo fiscal se conforma con dos elementos, los ingresos y los gastos. Si los ingresos públicos son más importantes, si crecen, los gastos públicos también crecen. Lo que sucede es que en esta ley se aplica de manera restrictiva una regla de gasto. Esta cuestión, una aplicación restrictiva de la regla de gasto, y el hecho de que el Gobierno actual en este último año y medio haya regalado a las rentas más altas 1,5 puntos del PIB, 16.000 millones de euros, estas dos razones explican efectivamente un Estado social mínimo, explican un Estado del bienestar mínimo y explican la austeridad. La austeridad, señorías, es una de las razones que explican a su vez el incremento de la desigualdad. La austeridad.

Pero, señorías, luchar contra la desigualdad no se hace, desde nuestro punto de vista, con más endeudamiento, porque eso es más austeridad en el futuro. Nosotros lo que pensamos es que hay que luchar contra la austeridad fundamentalmente incrementando los ingresos públicos. El keynesianismo del siglo XXI son los ingresos públicos, señorías. Esto ayudará efectivamente a que no se produzca esa austeridad. Nosotros creemos que hay que modificar en profundidad esta Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero no se puede modificar en veinticuatro horas. Si no se hace de manera sosegada, una modificación rápida podría conllevar, por ejemplo, un problema para pagar las pensiones públicas, podría generar un problema en el sistema público de pensiones que ya tiene un problema muy gordo, como el propio Gobierno reconoce en el plan presupuestario cuando habla de un déficit para este año del 1,7 en relación con el PIB. Por tanto, a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria decimos sí, en profundidad; pero no se puede hacer una chapuza que puede ir contra el Estado del bienestar.

El señor Garzón no está ahora en el Pleno, pero aquí quien no ha permitido que haya un Gobierno alternativo al señor Rajoy y al Partido Popular fue, entre otros, el señor Garzón votando contra un socialista para que fuera presidente del Gobierno, votando contra Pedro Sánchez para que fuera presidente del Gobierno. Por tanto, aquí quien únicamente ha impedido un Gobierno de transformación y de cambio ha sido precisamente Podemos y en concreto, porque ha intervenido esta tarde, el señor Garzón.

Nosotros sí estamos a favor de modificar esa Ley de Estabilidad Presupuestaria. Una Ley de Estabilidad Presupuestaria a lo largo del ciclo como la entiende la socialdemocracia, en primer lugar, para apuntalar, para mejorar, para asegurar el Estado del bienestar; en segundo lugar, porque si no hay una sostenibilidad económica de las cuentas públicas el problema que podemos tener es quedarnos fuera del euro. Todos los países tienen que cumplir las reglas de estabilidad presupuestaria. E, insisto, el saldo son dos componentes, ingresos y gastos. La derecha española ha apostado por un Estado social mínimo reduciendo los ingresos y también reduciendo el gasto. En el último plan presupuestario el Gobierno lo que nos dice es que este año van a acabar los ingresos públicos en relación al PIB por debajo del 38 %. La Unión Europea a Ocho, los países más ricos de la Unión Europea, tienen unos ingresos públicos en relación al PIB del 48 %, más de 10 puntos. ¿Cómo que no ha habido recortes del Estado del bienestar? Si tenemos en cuenta en términos absolutos el gasto discrecional del Gobierno, el gasto público social ha disminuido; si lo medimos en términos del PIB, no hay duda, han disminuido la educación, la sanidad, la dependencia, la vivienda y la política social. Han disminuido en términos del PIB porque, insisto, el saldo fiscal son ingresos y gastos, y este Gobierno ha regalado en el último año y medio 17.000 millones de euros a través del impuesto sobre sociedades y a través del IRPF al 10 % más rico. Por tanto, por supuesto que es necesaria la estabilidad presupuestaria, otra estabilidad presupuestaria. Pero le digo más, si no se cumplen las reglas fiscales, si no hay estabilidad presupuestaria, nunca habrá en Europa una política fiscal única, nunca habrá en Europa un presupuesto único. Una condición necesaria para que haya un presupuesto único en Europa, para que haya una política fiscal única, es que existan reglas fiscales que nos lleven a esa convergencia por parte de todos los países. Por tanto, sí a una modificación en profundidad de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, sí a otra forma de presupuestar, sí a otra política fiscal, por supuesto que sí. Habría sido muy positivo que Podemos y el señor Garzón votaran a favor de esa otra política fiscal, le habría venido muy bien al país, pero optaron por otra vía.


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En definitiva, señorías, nosotros estamos a favor de que el Gobierno pueda traer al Parlamento una actualización de los objetivos del déficit. Eso es lo que estamos modificando hoy, que el Gobierno pueda traer aquí -otra cosa distinta es que el Parlamento lo avale o no- unos objetivos de déficit. A partir de ahí las comunidades autónomas podrán hacer el presupuesto. No nos engañemos, votar en contra de esto hoy es votar contra la sostenibilidad del Estado del bienestar, es votar contra el presupuesto de las comunidades autónomas, es votar contra la educación, la sanidad y la dependencia. Por supuesto que nosotros vamos a votar a favor y por supuesto que más pronto que tarde cambiaremos la Ley de Estabilidad Presupuestaría. No solamente lo decimos nosotros desde el Grupo Parlamentario Socialista, lo dice la Autoridad Fiscal también. La Autoridad Fiscal dice que hay que cambiar esta Ley de Estabilidad Presupuestaria. La han cambiado desde el Gobierno por activa y por pasiva más de una docena de veces, la han incumplido y la están interpretando arbitrariamente. De hecho, se plantearon como objetivo en el año 2020 llegar a una deuda pública en relación con el PIB del 60 % y van por el cien por cien del PIB. Por supuesto que hay que cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, es lo que dice la Autoridad Fiscal también y es lo que dijimos nosotros en el debate sobre la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que era tan dura que no se iba a cumplir y que eso era malo para la actividad económica y para la credibilidad y la solvencia de España ante las instituciones europeas. No se ha cumplido el objetivo de deuda, no se han cumplido ningún año los objetivos de déficit, no se ha cumplido la regla de gasto y tampoco se ha cumplido, en definitiva, la consolidación fiscal. Como les decía, estamos cerca del año 2020 y nuestra deuda no está ni cerca del 60 % del PIB, sino que estamos en el cien por cien del PIB. Por tanto, por supuesto que hay que cambiarlo, porque incluso la Autoridad Fiscal nos dice que tenemos que cambiar esta Ley de Estabilidad Presupuestaria, una ley conservadora y neoliberal con la que no estamos de acuerdo, porque lo que fundamentalmente busca es un Estado social mínimo.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA EL SUPUESTO DE CONVOCATORIA AUTOMÁTICA DE ELECCIONES EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL APARTADO QUINTO DEL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN. (Número de expediente 122/000037).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA REDUCIR LA DURACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES EN LOS CASOS DE DISOLUCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS CÁMARAS, POR APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 99.5 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 122/000019).

La señora PRESIDENTA: Se ha añadido un nuevo punto al orden del día que se debatirá conjuntamente con el punto 2.

Continuamos con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de elecciones en virtud de lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 99 de la Constitución, que se debatirá acumuladamente con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, para la presentación de su iniciativa y, en su caso, para la fijación de posición, tiene la palabra en primer término el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, como dice el refrán, más vale prevenir que curar. Aunque parezca mentira, a fecha de hoy seguimos, incomprensiblemente, sin tener la garantía de que no se celebrarán unas terceras elecciones. Desde luego, mi partido confía en que eso no ocurra. Para evitar que, encima, estas pudieran celebrarse un 25 de diciembre, el día de Navidad, presentamos el pasado 2 de septiembre una modificación de la Loreg que lo impediría, reduciendo la campaña electoral a la mitad. Finalmente, el Gobierno nos plantea una solución legislativa más compleja técnicamente para evitar también este mismo disparate, a la que ya les anuncio que votaremos a favor, aunque mañana registraremos aquellas enmiendas que consideramos que mejoran el texto que nos ha traído el Gobierno.


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Como digo, señorías, nos equivocaríamos gravemente si nos vemos abocados a unas terceras elecciones. Pero cometerá una irresponsabilidad aún mayor quien pretenda aprovechar esta legislatura, si se inicia finalmente, para alimentar el enfrentamiento, la revancha, la demagogia, el populismo, la división y la fragmentación de España. Si al final esta legislatura, señorías, solo va a servir para legislar todos en contra del Gobierno, para dividir a la sociedad española, para desandar los esfuerzos que nos han hecho salir de la crisis o para no solucionar los problemas de fondo de este país, vayámonos preparando porque la legislatura no podrá durar mucho, y lo que hoy pudiera parecer un alivio, un acto de responsabilidad de todos, pronto se convertiría en una condena para todos los españoles.

Mi partido, Unión del Pueblo Navarro, no cree, como mantenía el señor Sánchez en el frustrante último debate de investidura, que los políticos que estamos aquí representados seamos como el agua y el aceite, unos el agua y otros el aceite, que no podamos mezclarnos para trabajar juntos por una España mejor. No compartimos esa solemne declaración de prejuicios. Sabemos, señorías, que no compartimos un relato único del pasado -cada uno tiene el suyo y ha vivido sus propias historias-, pero eso no nos debería incapacitar para construir un futuro con la ayuda de todos. Ojalá, señorías, podamos en este futuro inmediato, que parece que ya se despeja, mirar atrás y quedar orgullosos del trabajo que hagamos a partir de ahora entre todos y para todos los españoles. Por nosotros, por Unión del Pueblo Navarro, no va a quedar. Por cierto, viva honrada la Guardia Civil en Alsasua y en toda España.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.

El señor QUEVEDO ITURBE: Buenas tardes, de nuevo.

En este caso, y en la hipótesis de que hubiese unas nuevas elecciones, no tenemos ningún inconveniente en aceptar una reducción global del tiempo de campaña, porque estaría mal seguir haciendo esto a la gente también el día de Navidad. No amarguemos más, si cabe, la Navidad a la gente. Por ese motivo, y sin que sirva de precedente, no nos parece esta la mejor forma de debatir las cosas. La forma de haberlo evitado hubiese sido no elegir esa fecha para hacer el debate de investidura, y si hubiese ocurrido así no estaríamos ahora hablando de esta cuestión. Así que, en este caso, Nueva Canarias manifiesta su apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

No sé si se acuerdan del Cuento de Navidad, del avaro aquel que se llamaba Scrooge, que era un tipo que ignoraba lo que era la Navidad. Como estoy segura de que doña Ana Pastor, la presidenta del Congreso, sí sabe lo que es la Navidad, yo no sé quiénes en Moncloa, qué altos lumbreras en Moncloa representaban a ese Scrooge del Cuento de Navidad que no creía en la Navidad. Los españoles ya están bastante enfadados como para, encima, mandarles el día 25 a votar. Hoy no hay más remedio que hacer esto. Este es un país serio, y un país serio el día de Navidad no separa a los ciudadanos de sus familias. Ya saben que en Canarias hacemos el caldo y el cabrito el día de Navidad, y me decía el otro día una amiga: Imagínate tú, con todo el jaleo en mi casa, que me nombren presidenta de una mesa. ¿Ustedes se imaginan a todos esos guardias civiles deteniendo a todas las mujeres y hombres porque son incapaces el día de Navidad de dejar a sus nietos y a sus hijos que vienen de tantos sitios? Esto hay que hacerlo, pero sobre todo porque tenemos que ser serios. No era serio hacer coincidir el día de Navidad y, sobre todo, los diputados no podemos convertirnos en los Scrooge del Cuento de Navidad, en el avaro que no la conocía y después se dio cuenta de que hay gente buena. Hay gente buena en todos los lados y sobre todo en este país, y la gente buena de este país se merece políticos sensibles que reconozcan cuáles son las circunstancias de la ciudadanía.

Muchas gracias, señora presidenta.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


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El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Resulta disparatado que en seis meses se hayan celebrado en España dos convocatorias de elecciones generales y que ahora mismo penda sobre los españoles el riesgo de que dentro de dos semanas se disuelvan automáticamente las Cortes y nos vayamos hacia unos nuevos comicios que, de atender la literalidad de la Loreg, abocarían a los electores a votar el próximo 25 de diciembre. De ahí que consideremos muy oportuna la modificación de esta ley, para evitar que la sucesión de disparates se remate citando a los españoles ante las urnas en Navidad, una fecha de absoluta tradición festiva en nuestro país. Es muy razonable el argumento de que unas elecciones que se convocan bajo el precepto constitucional de disolución de las Cortes por no haberse producido la investidura se consideren una repetición. En este sentido, estamos totalmente de acuerdo con esta nueva disposición adicional séptima que se pretende incorporar a la Loreg y con la redacción contenida en los cuatro puntos y en sus diferentes apartados. Por lo tanto, señora presidenta, tomaremos en consideración la propuesta realizada por el Grupo Popular.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Mature García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

La verdad es que es complicado hablar sobre un tema que, probablemente, esté superado por los acontecimientos, porque esta medida de excepcionalidad -que así se planteaba en las iniciativas iniciales- estaba, en todo caso, situada en el contexto de unas terceras elecciones, y yo diría que en el pavor que muchas de sus señorías tenían a unas terceras elecciones o a tener que explicar en la calle el porqué de unas terceras elecciones. Esta responsabilidad no era, en todo caso, exclusiva del Partido Popular, sino que también le acompañaban otras formaciones políticas. Pero esa medida de excepcionalidad, en definitiva, se olvidaba de aspectos elementales de la Ley Electoral. No tenía en cuenta la posibilidad de votar a los mayores de 16 años. No tenía tampoco en cuenta las irregularidades constantes -y diría que crecientes- que se han producido para votar desde el extranjero. No lo tenía en el control y el dominio absoluto, obsceno, que se hace de los medios de comunicación públicos por parte del partido en el poder para servir a la estrategia del partido en el poder, y no la tenía tampoco en los espacios de opacidad para la financiación de los grandes partidos políticos, que encuentran magníficos mecenas y espléndidos donativos para poder seguir haciendo su campaña electoral. Lo planteaban, en todo caso -y eso era lo más curioso de esta iniciativa-, como una especie de regalo a la ciudadanía para que no tuviera que verse el 25 de diciembre yendo a las urnas, pero en realidad lo que les asustaba, lo que les asusta, lo que les tendría que dar pavor, es enfrentarse a la ciudadanía, que no entiende cómo ustedes pierden el tiempo y sabe de manera muy certera que son parte del problema y no de la solución.

En cualquier caso, no es creíble que nos trasladen esta iniciativa como una fórmula para mejorar el proceso democrático, porque resulta difícil creerles a aquellos que atacan la democracia con la Ley mordaza, a aquellos que mantienen prebendas en el régimen electoral para seguir fortaleciendo sus posiciones, a aquellos que persiguen y penalizan urnas en Cataluña y que castigan refrendos y consultas en Euskal Herria. Como decía el grupo de música Porco Bravo: ley, ley, juego sucio, avaricia y poder. Y hoy, que se han acordado tanto de la Guardia Civil, he echado en falta que alguien se acordara también de Federico García Lorca y de su Romancero gitano. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, leyendo la proposición de ley del Partido Popular he recordado que los pueblos ibéricos solemos ser muy hiperbólicos, así, hablamos de amor cuando queremos decir sexo, y en esta proposición de ley se habla nada menos que de interpretar un precepto de la Constitución cuando únicamente se quiere solucionar un concreto problema de calendario. Esto es lo que queremos resolver aquí, señorías, no nos engañemos ni intentemos engañar a la ciudadanía: queremos reformar la Ley Electoral porque a día de hoy existen posibilidades de que se convoque al cuerpo electoral el próximo día de Navidad, fecha obviamente muy inconveniente. Y a esta situación hemos llegado posiblemente por tacticismo, porque el candidato fallido a la Presidencia del Gobierno


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perdió una semana, la que va del 10 al 17 de agosto, en convocar a la ejecutiva de su partido para valorar las condiciones en que Ciudadanos le brindaba apoyo para una investidura.

No sé si entonces hubo un exceso de parsimonia o de mala fe, pero alabo ahora que al menos el Partido Popular haya tenido el buen gusto de presentar esta proposición exprés para evitar el descrédito general que nos traería votar el día de Navidad. Pero, por favor, que no se aproveche esto para arrogarse nada menos que el papel de intérpretes de la Constitución y hacer decir al artículo 99.5 lo que realmente no dice. Este artículo no es una anomalía de nuestro sistema democrático sino, al contrario, es una vía de solución democrática al problema previo de un bloqueo de la investidura.

Por tanto, no puede decirse -como se repite hasta la saciedad en la exposición de motivos de la proposición de ley del Partido Popular- que en este supuesto se están repitiendo unas elecciones. Esto equivale a decir a la gente que lo que votó entonces ya no vale, y esto es algo inaceptable desde una perspectiva democrática porque el voto siempre vale. Cada nueva elección supone invitar al electorado a que mire al futuro, pero también a que haga un juicio al pasado, a lo que los representantes electos hicieron o dejaron de hacer en la legislatura que acaba. Por tanto, seamos responsables y no intentemos escondernos detrás de supuestas repeticiones electorales, porque parece que estemos regañando al cuerpo electoral por habernos elegido. Y tampoco utilicemos el problema puntual de calendario para introducir una reducción de la campaña electoral más que cuando sea estrictamente necesario. La campaña electoral ha de durar quince días, y con mayor motivo en caso de las elecciones derivadas del artículo 95 de la Constitución, porque las formaciones que prácticamente no disponemos de acceso a los medios de comunicación ni contamos con más fondos que nuestros propios recursos, dado que no nos dopamos electoralmente, precisamos de tiempo para recorrer nuestras circunscripciones y explicar a los electores casi uno a uno qué es lo que hemos hecho en la legislatura anterior.

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

El señor BATALLER I RUIZ: En definitiva, en Compromís no nos gusta la filosofía subyacente a esta proposición de ley y ya indico que, si llega a tomarse en consideración, presentaremos unas enmiendas para evitar que se reinterprete el artículo 99.5 de la Constitución y para asegurar que la reforma planteada llegue realmente al problema de fondo, que es de calendario.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

En el lenguaje de Mariano Rajoy la palabra ocurrencia es más que habitual, habitual para decir que de él no se esperen ocurrencias. El 8 de junio de 2010 se publicaba: Rajoy espera que la amnistía fiscal sea la última ocurrencia del Gobierno del PSOE. Después él impulsó una amnistía fiscal. En septiembre del año 2012 se publicaba: Rajoy señala que no se espere de él ninguna ocurrencia ante una reunión trascendental con el presidente Artur Mas sobre financiación autonómica. En aquella misma reunión el presidente del Gobierno, con tono desafiante, sostenía: "A ver a quién le da más vértigo". Rescatar esta frase freudiana es más que apropiado hoy porque el presidente Rajoy propuso a la presidenta del Congreso -y ella aceptó- un debate de investidura los días 30 y 31 de agosto para activar un reloj que nos llevaría eventualmente a una repetición de elecciones el día 25 de diciembre. A quien se supone que no se le ocurren ocurrencias tuvo la gran ocurrencia de plantear unas posibles nuevas elecciones el día de Navidad. Y aunque afirmaba: "A ver a quién le da más vértigo", al PP al final le ha dado vértigo y nos plantea una reforma exprés de la Loreg en tres días. Por eso el Parlamento debe remediar, parchear, tunear la Ley Electoral para no votar eventualmente entre los turrones y en Cataluña els galets. Tenía un gran amigo, que hoy habría cumplido setenta y nueve años, exmiembro de esta Cámara, que afirmaba: En política solo computan los errores. Gran error del año y del vértigo y de la improvisación el error del señor Rajoy metiendo presión para celebrar elecciones el día de Navidad. Hoy el Parlamento debe ponerle remedio.

Señorías, no esperemos unas grandes reformas en cuarenta y ocho horas. Por parte del Partit Demòcrata vamos a plantear dos líneas de actuación. La primera relativa al voto de los residentes en el exterior, porque hay un sistema absolutamente impracticable para ejercer un derecho fundamental. Hace un año el señor García-Margallo me enviaba al psiquiatra cuando yo afirmaba que miles de españoles no habían podido votar con este sistema. Debemos ir a un voto electrónico. Y segunda cuestión, señora


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presidenta, pedimos el voto en sistema braille también para las elecciones municipales. Tenemos más de dos años y medio por delante para hacerlo posible y para afrontar la gran enmienda a la totalidad a la ocurrencia del señor Rajoy.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Una vez terminada la intervención del Grupo Parlamentario Mixto, para la presentación de su iniciativa, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Vera Pró.

El señor VERA PRÓ: Gracias, señora presidenta.

La proposición de ley que trae hoy el Grupo Parlamentario Popular a la Cámara para su toma en consideración no pretende otra cosa que regular el supuesto contemplado en el artículo 99.5 de la Constitución española. No se trata de reformar nuestra Ley Electoral sino de introducir en ella una nueva disposición adicional que regule el supuesto de disolución de las Cámaras y la convocatoria de nuevas elecciones ante la no investidura del presidente del Gobierno. No es una disposición hecha solo para los próximos quince días sino que está pensada para su vigencia en el futuro, aunque esperamos que esta situación no vuelva a producirse y que esta disposición no tenga que aplicarse. Pero es verdad que en este caso la proposición tiene además otro objetivo, que es evitar que los españoles -si hubiera terceras elecciones- tengamos que acudir a las urnas el día de Navidad. Para una gran mayoría de españoles, sea cual sea su forma de pensar, el día 25 de diciembre es un día festivo para dedicar a la familia y no para ocuparse de asuntos públicos. Desde no hace muchos días la situación política podría estar desbloqueándose y todo parece indicar que podríamos estar cerca de una nueva sesión de investidura que haría innecesaria la urgencia de esta proposición, aunque esto no depende, como es evidente, del Grupo Parlamentario Popular.

En este momento la situación es la que es y la coincidencia del día electoral con el de Navidad es inevitable mientras no se produzca esa nueva sesión y sea investido por esta Cámara el presidente del Gobierno o aprobemos esta proposición de ley. La aplicación de los plazos que señala la Constitución española, en su artículo 99.5, y los que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General hacen inevitable esa coincidencia de fechas. Por cierto, señor Quevedo, le diré que cuando se fijó la fecha de aquella sesión de investidura se hizo para investir a un presidente del Gobierno, no pensando en unas terceras elecciones. Señorías, de la coincidencia de fechas deriva la necesidad y urgencia de esta proposición de ley para regular de manera diferente los plazos de una nueva convocatoria de elecciones generales, lo que a día de hoy es una posibilidad absolutamente real. Como ha dicho el señor Salvador, no hay ninguna garantía de que esto no vaya a ser así. Por lo menos, deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo para evitar perjudicar aún más a los españoles, porque sinceramente creo que no se lo merecen. Y no voy a entrar en la polémica estéril de atribuir responsabilidades sobre por qué todavía a día de hoy, después de trescientos días, no tenemos Gobierno y nos encontramos a solo catorce días de una indeseada convocatoria electoral.

La aplicación del apartado 5 del artículo 99 de la Constitución hace que la convocatoria de carácter automático de este tipo de elecciones, que son repetición de las anteriores, la tengamos que considerar como una situación anómala de nuestro sistema constitucional, consecuencia de la imposibilidad, mejor dicho, de la incapacidad del Congreso de los Diputados de otorgar la confianza a un candidato a la Presidencia del Gobierno. La falta de investidura determina, como todos sabemos, unas nuevas elecciones para elegir a las nuevas Cortes Generales. Por eso, nos parece realmente oportuno que, siempre que se dé este supuesto de repetición de elecciones, acortemos los plazos en los que debe producirse ese proceso electoral. Solo tenemos un límite, que es el que nos marca el artículo 68 de la Constitución, que establece que las elecciones deben tener lugar entre los treinta días y los sesenta días desde la terminación del mandato. Por eso, dentro de ese límite está nuestra propuesta de reducir el proceso electoral de cincuenta y cuatro a cuarenta y siete días.

Pero no bastaría con la reducción del tiempo de duración de la campaña, que pasaría a ocho días en lugar de los quince que tiene en el proceso ordinario, sino que se hace necesario adelantar otros plazos para no perjudicar a los electores en otros aspectos. Como digo, hay que acomodar algunos plazos para que los electores dispongan del mismo tiempo para votar por correo y eso exige tener que adelantar la presentación de las candidaturas, el nombramiento de los representantes generales y la constitución de las coaliciones electorales. Además, esta proposición de ley orgánica establece una serie de medidas que facilitarán el proceso electoral. Me refiero, por ejemplo, a la prórroga del mandato de las juntas electorales


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provinciales y de zona; a que sigan en ejercicio de sus respectivas funciones los representantes generales y representantes de las candidaturas en todas y cada una de las circunscripciones electorales con la mera presentación de un escrito de mantenimiento de la designación; o a la vigencia de las coaliciones electorales o de las candidaturas que concurrieron a la anterior convocatoria electoral con el mero hecho de manifestar la voluntad de que así sea. De igual forma, se considerará que los avales presentados por las formaciones extraparlamentarias para poder presentar candidaturas siguen teniendo validez para la nueva convocatoria y también que los electores residentes en el extranjero que hubieran solicitado el voto en las anteriores elecciones no tienen que reiterar su solicitud. Por eso, hablamos de facilitar y simplificar el proceso electoral. De la misma manera, la proposición recoge otras dos medidas que tienen gran importancia. La primera nos requiere a las fuerzas políticas con representación en las Cortes Generales para que impulsemos un acuerdo para reducir los gastos electorales derivados de la campaña electoral. Por nuestra parte, ya les anuncio que el Grupo Parlamentario Popular presentará una enmienda para reducir de forma significativa el techo de gasto, así como las subvenciones por voto y escaño, es decir, para reducir los gastos electorales y que la campaña sea más austera; una medida en la que espero que podamos llegar a un acuerdo entre todos los grupos. La segunda es con el objetivo de poder asegurar la contratación del conjunto del dispositivo electoral en un plazo tan breve como el que está previsto en esta disposición, declarando de emergencia los contratos que hayan de celebrarse por los órganos de la Administración General del Estado. En definitiva, que la nueva convocatoria de elecciones sea más sencilla, más corta y más austera.

Termino, señora presidenta, señorías. Esta proposición de ley, para cuya toma en consideración solicitamos su apoyo, así como para, posteriormente, su aprobación definitiva, tiene como única pretensión evitar más molestias a los españoles, adaptando, como se dice en la exposición de motivos, con todas sus garantías el procedimiento general recogido en nuestra Ley Electoral a una situación de repetición de elecciones consecuencia de la incapacidad de este Congreso de cumplir con su obligación de investir a un presidente de Gobierno. Finalmente, si se toma en consideración -espero que sí-, tendremos que examinar las enmiendas que se presenten y pienso que sería un ejercicio de responsabilidad de todos los grupos renunciar a presentar aquellas enmiendas que no tienen nada que ver con esta proposición de ley. Me refiero a ese otro tipo de enmiendas sobre reformas de la Ley Electoral que todos llevamos en nuestros programas, que a todos nos parecen interesantísimas pero que requerirían muchísimo más tiempo de trabajo y de un debate sosegado y tranquilo, y por lo tanto sería inútil plantearlas en este momento. Señorías, centrémonos ahora en lo que nos corresponde.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer término por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.

Seré breve a la hora de fijar nuestra posición respecto a la modificación de la Loreg, que en lo sustancial será favorable. Estamos de acuerdo en que se haya abordado como una disposición adicional, ya que solo afecta al supuesto del artículo 99.5 de la Constitución y no se introduce en ninguna modificación que afecte al régimen electoral general. Se articula un régimen jurídico especial en el orden procedimental y de aplicación inmediata, sin dilación transitoria, que no tiene cabida en el articulado por sistemática jurídica y que supone una excepción, una dispensa a la aplicación de la norma general al procedimiento general. Por eso, también nuestras enmiendas a la proposición de ley versarán sobre el objeto de esta reforma y no sobre cuestiones generales que creemos que no proceden ni por el momento político en que estamos ni por el procedimiento elegido para la reforma: la tramitación directa y en lectura única. Ese será también nuestro criterio para posicionarnos respecto a las distintas enmiendas que pudieran formularse frente a esta proposición.

Nos encontramos en el supuesto de hecho de una suerte de repetición de elecciones como consecuencia de un proceso automático que se desencadena al no haberse investido a un presidente del Gobierno tras el plazo constitucionalmente determinado y que se traduce en la reducción de un proceso electoral en una semana y que se aplica a la campaña electoral. A ello, lógicamente, se anudan una serie de consecuencias, tales como el adelanto de los plazos para la designación de representantes, comunicación de coaliciones o presentación de candidaturas, y también la aplicación del principio de conservación de los actos, de lo actuado en el anterior proceso electoral. Así, mantenimiento de las juntas


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electorales, posibilidad de mantenimiento de los representantes de los partidos, de las coaliciones y de las candidaturas, igual posibilidad de mantenimiento de los avales, no repetición de la solicitud de voto, etcétera. Sin embargo, apreciamos -ya lo adelanto- la no existencia de una previsión similar para los administradores en los términos del artículo 174 de la Ley Electoral. Por su parte, la problemática de los recursos electorales en relación con la reducción del tiempo del proceso electoral se resuelve determinando que la confección de las papeletas no se pospondrá aunque se haya planteado recurso en la circunscripción correspondiente. Esta nos parece una buena solución, aunque alguna posible oscuridad interpretativa debiera ser evitada. En este sentido se dirigirán algunas de las enmiendas que plantearemos.

Todo lo dicho hasta el momento se refiere a una verdad aparente: adaptar el procedimiento general del sistema electoral a una circunstancia de repetición de elecciones como consecuencia de la imposibilidad de haberse investido presidente del Gobierno, como si de un fenómeno meteorológico se tratara. Sin embargo, lo latente de esta proposición de ley es la situación política concreta en la que nos encontramos, no solo porque la sociedad soportaría muy mal un tercer proceso electoral en un año y con una campaña completa, sino también para autocorregir una estrategia política partidista, del Partido Popular, al haber dispuesto todo para que la fecha electoral fuera el día de Navidad, para tratar de achicar el espacio de decisión política de alguna otra fuerza política para predisponerla a su favor con respecto a la investidura. Se dejó pasar el tiempo desde finales de julio para presentarse a la investidura ante esta Cámara, poniéndose al fin, a finales de agosto, una fecha ad hoc a fin de que las elecciones cayeran, en su caso, el día de Navidad. Ahora nos toca reparar aquella estrategia tan irresponsable.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, todo parece indicar que el señor Rajoy se saldrá con la suya, a pesar de que 16 millones de ciudadanos en el Estado español votaron partidos políticos que se habían comprometido a que no continuara y que solamente ocho -que son muchos ciertamente, pero solamente ocho- querían su continuidad. Gracias a los poderes económicos, a los grandes grupos económicos, gracias a los medios de comunicación que son propiedad de estos grupos económicos que tienen tanto poder y gracias al Partido Socialista Obrero Español, el señor Rajoy casi seguramente continuará gobernando el Estado español. De hecho, en la próxima semana ya presenciaremos el desenlace de este sainete y habrá ocasión, por parte de los republicanos y las republicanas, de exponer nuestras razones para votar en contra de la investidura del señor Rajoy.

Pero como quiera que hace unas semanas las espadas todavía estaban en alto y parecía que quizás los poderes oligárquicos no se saldrían con la suya -aun cuando ya estaba cantado y el señor Felipe González ya avisó que iban a ganar ellos, es decir, la derecha-, como todavía no estaba todo cantado y el señor Hernando todavía predicaba la alternativa a la derecha, el señor Rajoy maniobró para que tuvieran otra carta a fin y efecto de presionar, haciendo coincidir la jornada electoral con la Navidad. De hecho, si no fuera todo una trampa y un puro paripé, el Partido Popular ahora tendría que demostrar que tiene narices y hubiera tenido que retirar esta propuesta, porque ya está todo cantado; es decir, es indirectamente proporcional el grado de cabreo de la ciudadanía, el grado de hastío de la ciudadanía a la capacidad que han tenido ustedes para montar este gran espectáculo. De hecho, son unos tahúres, son unos tahúres; y creo que de ello saldremos perjudicados todos como sociedad, una sociedad democrática low cost que además ustedes están empeñados en ir devaluando. Pues creo que podemos acabar pagándolo todos porque ustedes saben que las soluciones mesiánicas y los fascismos nacen precisamente como consecuencia del deterioro de la calidad de la democracia, y la Historia esto ya nos lo enseñó. Digo que hubieran demostrado que tienen dos narices políticas si hubieran retirado esta propuesta, pero no sé si para aparentar lo que no es o bien porque todavía falta el sí definitivo a este matrimonio de conveniencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular, hoy nos hacen pasar por el mal trago de este debate. Han manipulado, incluso han forzado el Reglamento de este Congreso haciendo sumar el procedimiento de urgencia al de lectura única; de hecho, es la continuación del desprestigio de esta Cámara. Ustedes, que están tan orgullosos de su patria, han desprestigiado esta Cámara secuestrando la función primigenia del diputado, que es la de controlar al Gobierno. Llevamos un año y en este Parlamento cobramos pero la función primigenia, repito, la función de controlar al Gobierno, ya no digo la capacidad legislativa, está desaparecida. Y nosotros, ingenuamente, creíamos que Partido Socialista todavía tenía un poquito de


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amor propio y que hoy diría: Ya que tenemos que pagar prenda, acudamos a este aforismo castellano de que no hay mal que por bien no venga y démosle un golpe al Partido Popular, ya que tenemos la posibilidad de sacar algo del pozo; ya que hay que pasar por lo que tienen que pasar, un Gólgota, al menos aprovechemos y démosles donde más les duele como, por ejemplo, aprovechar este debate y aprobar algunas enmiendas que vengan de los republicanos, o de cualquier otro grupo parlamentario, de carácter regeneracionista. Y nosotros, ilusos, habíamos creído que ustedes todavía tenían amor propio, y han entregado las banderas al enemigo, han entregado las banderas al enemigo. Y digo enemigo porque es también una frase hecha; debería decir a los adversarios, pero ya nos entendemos.

Pensábamos: al menos sacaremos algo de provecho. Por ejemplo, si ustedes votaron a favor, hace pocas semanas, de una proposición de ley republicana que pretendía garantizar el sufragio a los mayores de dieciséis años y todos, excepto el Partido Popular y Ciudadanos, estábamos de acuerdo y la correlación a fuerzas nos era favorable, ¿por qué razón ustedes tienen el amor propio tan devaluado y no saben aprovecharlo? ¿Por qué? ¿Tan entregados tienen que estar? ¿La trampa tiene que llegar hasta el escenario de acabar incluso con el amor propio? No lo entendemos. Nosotros presentamos una serie de enmiendas, creo que todas ellas muy interesantes; por cierto, enmiendas que históricamente han sido también propiedad de ustedes, y creo que esta del voto para los mayores de dieciséis años era muy interesante. Es más, creo que incluso la ciudadanía les perdonaría un tanto el espectáculo que están dando, porque dirían: Quizás el Partido Socialista se ha visto obligado por, ya se sabe, la presión de los bancos, la presión de las entidades y los lobbies empresariales, el señor Felipe González que no ceja en dinamitarnos, etcétera. En cambio, hemos sabido aprovechar y hemos avanzado en una semana quizás lo que no habíamos avanzado en tres o cuatro años. Por ejemplo, ¿es o no es necesario ahorrar en los gastos propagandísticos durante la campaña electoral? ¿Es o no es necesario, por ejemplo, regular el funcionamiento y la participación de las cadenas de televisión privadas durante las campañas electorales? ¿Es o no es importante, por ejemplo, ponderar o modificar la proporcionalidad en la asignación de escaños que marca la actual Loreg? Porque es falso que el sistema actual beneficia a los independentistas. A quien perjudica históricamente siempre es a Izquierda Unida y a quien beneficia es al Partido Popular y, en segundo término, a ustedes, razón por la cual nunca han tenido prisa ni unos ni otros en modificar la Loreg.

Por tanto, hay una serie de cuestiones en las que se habría podido avanzar y aprobar durante una semana; es decir, hoy lo debatimos y el jueves lo aprobamos, y les damos en toda la cabeza política al Partido Popular. ¿Por qué se niegan a hacerlo? Por qué se niegan si ellos nos han hecho hacer el ridículo, porque son ellos, el Partido Popular, los que han provocado una situación de ridículo en el Congreso de los Diputados. Estar hoy debatiendo modificar aquello que ellos han creado, que es el vodevil, el sainete de un debate sobre si las elecciones deben celebrarse en Navidad o no, no puede salir gratuito; no se pueden ir de rositas. Si nos llevan hasta un escenario absurdo, ridículo, que dice poco de este Parlamento, ¿no vamos a hacerles pagar una prenda? ¿No van a pagar nada? ¿Se van a ir sin pagar nada? Ustedes son imprescindibles para que ellos paguen y ustedes se rajan. De hecho, es el preámbulo de lo que va a ocurrir la próxima semana. Y que ahora salga san Antonio y que diga que no. (Risas). Que salga, le estamos esperando. (Aplausos). De hecho, ya se lo contaremos la próxima semana, estamos hartos, incluso diré que estamos -perdóneme, señora presidenta- cabreados. Lo que ustedes han hecho con nosotros, los republicanos, estos últimos días, haciendo correr que estábamos pactando con ustedes, echando porquería a otro partido -nosotros- cuando se estaban matando entre ustedes, dice muy poco del respeto que nos tienen. Y nosotros somos gente muy tranquila pero no nos callamos. Les esperamos la próxima semana, a no ser que corrijan. Corrijan hoy, voten con las izquierdas para que paguen prenda. Tienen tiempo; que paguen prenda. (Aplausos). Señor Hernando, estamos muy indignados con ustedes. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.

El señor PRENDES PRENDES: Señora presidenta, señorías, quizás sea casualidad pero tengo que empezar advirtiendo que no soy la prenda a la que el señor Tardà hacía referencia. Me apellido Prendes pero no tengo nada que ver con la prenda que estaba pidiendo pagar.

Hay una frase de Ortega que conocerán y que se ha repetido muchas veces en esta tribuna: En esta tribuna hay que evitar ante todo tres cosas, hacer el payaso, el tenor o el jabalí. Después de esta sesión vamos a tener que incorporar otra cosa que hay que evitar, y es el ridículo. Hoy vamos a votar esta iniciativa no para hablar de las cosas importantes, no para hablar de las cosas que les preocupan a los


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españoles, no para hablar de regeneración, no para hablar sobre cómo mejorar nuestro sistema educativo, no para hablar de la corrupción que inunda los telediarios. Hoy vamos a votar esta iniciativa aquí para evitar un ridículo, el ridículo de que llevemos a votar a los españoles por tercera vez en un año y que lo hagamos, además, el día de Navidad. Por eso, como les decía, me hubiera gustado subir aquí a hablar de otras cuestiones, de estas que les acabo de mencionar o a hablar, por ejemplo, de muchas de las cuestiones a las que el señor Tardà aludía ahora en su intervención, porque, quiero dejarlo muy claro, si aquí hay un partido que ha defendido la necesidad imperiosa de reformar nuestro sistema electoral ese es Ciudadanos (Aplausos), y seguimos defendiéndolo con la misma convicción que antes o más; no es la primera vez que me lo escuchan decir aquí, en esta tribuna, pero no así, no de esta manera, no con estos objetivos. Hoy estamos aquí para evitar un disparate que, además, nosotros esperamos que no venga motivado por la intención de propiciar unas elecciones bajo los fastos navideños y conseguir así una bajísima participación. Si esta baja participación era el objetivo de alguien, sería un objetivo de tener una democracia de baja calidad y, desde luego, lo que nosotros queremos es mejorar esta democracia y no depreciarla, como algunos parecen pretender. Después de trescientos tres días sin Gobierno, de dos citas electorales, los partidos de esta Cámara todavía no hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en permitir que España empiece a andar y de ponernos a hablar en esta tribuna de verdad de los problemas de los españoles. Esto es lo primero que tenemos que constatar.

Alguien decía anteriormente que no se trataba de echar cuentas sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Pues sí, yo creo que lo primero que hay que hacer es echar cuentas sobre cómo hemos llegado hasta aquí, sobre cómo hemos llegado hasta esta situación, que después de trescientos tres días estemos tratando de evitar un disparate mayúsculo y, como digo, no ocupándonos de lo que deberíamos hacer. Cada uno tiene sus responsabilidades y, desde luego, nosotros tenemos la responsabilidad de haber tratado de tender un puente con todas nuestras fuerzas y de constatar también que hemos fracasado, de momento hemos fracasado. Hemos tratado de tender un puente por el que fuésemos capaces de construir esos acuerdos que van a ser necesarios e imprescindibles en el futuro. Llámennos ingenuos, si quieren, pero en esos dos acuerdos que tejimos con los dos candidatos que el jefe del Estado propuso para someterse a la investidura está el germen de las políticas del futuro, ahí está el germen por donde transitará la política española en los próximos años, en esas cien medidas que ustedes dos, Partido Popular y Partido Socialista, han firmado aunque vivan de espaldas y lo han firmado porque nosotros se lo hemos impuesto en esa negociación con ambos candidatos. Ahí hay cien políticas transversales, ahí hay cien políticas de regeneración que contaban, y creo que cuentan todavía, con el consenso de 254 escaños o, lo que es lo mismo, casi el 70 % de los votos emitidos en las pasadas elecciones. Gracias a ese puente que nosotros tendimos entre ustedes dos deberían haber llegado a esta tribuna ya, a fecha de hoy, las políticas para combatir la precariedad en el empleo, para construir un sistema educativo de calidad, para que los trabajadores puedan conciliar su vida familiar y laboral, para que los autónomos lo tengan un poquito más fácil y las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres y, finalmente, por ese puente es por donde deberían haber salido, y saldrán, los corruptos de la vida pública, excluidos de las listas electorales y también del escudo del aforamiento. (Aplausos). Como ya he dicho, no nos resignamos, somos gente insistente, aunque de momento este esfuerzo no ha sido suficiente, por lo que hoy estamos aquí no hablando de lo importante, sino hablando de cómo evitar el ridículo.

Nosotros seguimos defendiendo la necesidad de esa reforma electoral y por eso hemos registrado en esta Cámara una proposición no de ley para que se constituya ya, de forma inmediata, algo que, por cierto, ustedes dos aceptaron en esos acuerdos: una subcomisión, en el ámbito de la Comisión Constitucional, que se ponga a trabajar en esa reforma constitucional y que cambie muchas de las cuestiones de nuestro modelo electoral. Creemos que ese es el modelo de cómo se puede reformar una ley tan importante, una ley que es la base, la estructura sobre la que se sostiene nuestro sistema democrático. No creemos en esas prendas que hay que pagar; no creemos en esas reformas exprés, en 24 horas, de algo tan importante como la reforma electoral. ¿Cómo pueden utilizar ustedes la reforma electoral como un simple ariete de ataque entre los partidos políticos si eso es algo que estructura nuestro sistema democrático? ¿Cómo pueden pretender los que se opusieron de forma tan intensa -y siguen oponiéndose- a la reforma del artículo 135 de aquella forma apresurada, utilizar ahora el mismo sistema para hacer una reforma sobre una ley que, vuelvo a decir, necesita acuerdo, necesita consenso porque es una ley estructural de nuestro sistema? Nosotros creemos que en el respeto a la democracia también está el respeto a las formas, y desde luego un procedimiento de urgencia y en lectura única sería un


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procedimiento absolutamente inadecuado y, permítanme que les diga, absolutamente antidemocrático para reformar una ley tan importante como la Loreg. (Aplausos).

Pero sí les digo que eso no impide que nosotros planteemos alguna enmienda, ya les digo que vamos a plantear alguna enmienda. Y vamos a plantear alguna enmienda por una cuestión curiosa. Esta modificación es una modificación de mucho detalle, hay una proposición de ley que altera el normal discurrir del procedimiento electoral y lo hace con muchísimo detalle en todos sus apartados (formación de juntas electorales, dar por válidos determinados actos previos que se han hecho en anteriores procesos...) hasta que llega al punto final. Justo en ese punto 4, en ese punto final, no concreta cómo va a afectar eso a la financiación de las campañas de los partidos políticos. Eso lo dejan ustedes en una formulación absolutamente vaga, ambigua e inconcreta que lo difiere a un posible acuerdo futuro entre partidos políticos, un acuerdo que, por cierto, no fue posible porque ustedes y ustedes (señalando a derecha e izquierda) se opusieron ya en la anterior convocatoria. Y eso no les importa. En eso no hay concreción. Es, ya digo, una proposición absolutamente difusa y genérica que no es nada propia, por otra parte, de un texto normativo, de un texto legislativo. Por eso nosotros vamos a presentar unas enmiendas en eso que sí creemos que se puede reformar en este procedimiento de urgencia y que es lo que afecta a la financiación de los partidos políticos, lo que afecta a los límites de gasto, lo que afecta a las subvenciones y lo que afecta a algo que es una fuente de desigualdad en el procedimiento electoral, que es el mailing electoral, ese costosísimo mailing electoral que sufragamos entre todos y que propicia una desigualdad, digamos, de armas entre las distintas fuerzas políticas. En ese punto 4 queremos concreción también. De la misma manera que hay concreción en los demás apartados, eso queremos concretarlo y, si se reduce a la mitad el procedimiento electoral, creemos que también hay que reducir a la mitad esas subvenciones y ese mailing electoral puede ser un mailing electoral conjunto, se puede hacer perfectamente, hay experiencias de cómo se puede hacer en otros países, incluso en este país. Por lo tanto, vamos a plantear enmiendas en ese apartado que, vuelvo a decir, me parece que sí es algo que se acomoda a este procedimiento de lectura única y de urgencia.

Quiero finalizar como empecé. Lo que necesitamos es poner fin al bloqueo, permitir que España tenga un Gobierno. Solo así evitaremos continuar en este proceso de ridículo ante los españoles y solo así podremos mirar al futuro. Al final se trata de entender la política como algo útil, no como una batallita entre políticos que discutimos a ver cómo nos cobramos prendas unos de otros, cómo traducimos en emboscadas la actividad política. No; se trata de hacer una política útil, al menos nosotros así lo entendemos y por lo tanto esperamos que llegue el tiempo, y que sea pronto, en que empecemos a hablar de lo importante y dejemos de hablar exclusivamente de lo urgente y de cómo evitar el ridículo, un ridículo mayor ante todos los españoles. Estoy seguro que eso, el que hablemos de las cosas importantes, de las cosas importantes para los españoles, de sus problemas, de los problemas de los españoles, es lo que están esperando mis compañeros desde hace muchísimo tiempo y con mucha ansiedad. Y estoy seguro de que es algo que están esperando ustedes también. O sea, espero que para pode hablar de lo importante los que tengan que oír, oigan y los que tengan que ver, vean. Nosotros, en todo caso, tendimos los puentes y seguiremos haciéndolo porque creemos, como les decía, en la política útil. Y hoy lo útil para evitar el ridículo será votar a favor de la tramitación de esta proposición de ley pero, como les decía, desde luego no vamos a olvidar, no vamos a dejar de impulsar esa reforma de la Loreg, de la Ley Electoral, que nos lleve hacia un sistema electoral más justo, más igualitario, más proporcional y que propicie una verdadera participación de los ciudadanos españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Bescansa Hernández.

La señora BESCANSA HERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, voy a ser muy breve. Ustedes, señores del PP, nos sientan hoy aquí para que entre todos arreglemos sus desaguisados. Ustedes convocaron la primera votación para una investidura previsiblemente fallida el 31 agosto, no eligiendo la fecha del 31 de agosto sino eligiendo precisamente la fecha del día de Navidad como fecha de las posibles futuras elecciones. Ustedes fueron a una investidura que sabían que no iba a salir y, por tanto, sabían que después de esa investidura se abrían dos escenarios: forzar al Partido Socialista a que les apoyase en la formación de Gobierno e impedir en todo lo que pudieran que el Partido Socialista formase Gobierno con nosotros o dejar al país


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en terceras elecciones. Y qué mejor forma de meter presión que dejar fijada la fecha de las terceras elecciones para el día de Navidad. Eso no tiene precedentes en ningún país de nuestro entorno ni en los que no son de nuestro entorno; es lo que yo llamaría una chulería sin precedentes, una chulería deliberada, no accidental, no consecuencia de la negligencia o de haber hecho algo sin darse cuenta, sino una chulería a sabiendas, lo que en la calle se conoce como una macarrada. El mensaje era muy sencillo: si no consigo en las instituciones lo que no he conseguido en las urnas, rompo la baraja; si no consigo que mi candidato salga presidente, os vais a fastidiar y, como los niños malcriados, voy a estropearle las vacaciones a todo el país. Es un planteamiento verdaderamente vergonzoso, es un planteamiento en el que ustedes se pasaron tanto de frenada que inmediatamente se dieron cuenta de que era tal el disparate que habían provocado que ahora estamos aquí rectificando lo que entonces impulsaron, promovieron y auspiciaron a sabiendas. No contaban seguramente con que, lejos de ayudarles a construir esa mayoría, una decisión de ese tipo ponía a toda la opinión pública de este país en su contra. Causaron verdadero estupor. Creo que ha habido pocas decisiones que hayan despertado tanto consenso en lo social como que fijar la fecha para las siguientes elecciones el día de Navidad era un disparate sin precedentes. Esa decisión disparatada se volvió contra ustedes y por eso hoy estamos aquí todos teniendo que arreglar lo que ustedes han deshecho. Vivir para ver; en seis semanas nos reúnen aquí de urgencia, en trámite de lectura única, para que arreglemos el estropicio.

Creo que ustedes han quedado muy mal delante de toda España; han quedado como unos marrulleros. Han demostrado que cuando no ganan son capaces de hacer cualquier cosa, de hacer un disparate como este, algo que no se puede contar ni comparar. Han demostrado a todo el mundo que cuando no consiguen lo que quieren rompen la baraja, queman las cartas, patean el suelo e incluso le revientan las fiestas a todo el país; todo por perpetuarse en el Gobierno. Pero no todos actuamos de la misma manera y vamos a ayudar a arreglar el problema que ustedes solitos, en un gesto de prepotencia y de arrogancia como pocos, han creado. Pondremos remedio a esto, claro, cómo no. Pero esto debería hacernos pensar y sobre todo creo que debería hacerles pensar a ustedes. ¿Hasta dónde son ustedes capaces de llegar, hasta dónde son capaces de llegar los del Partido Popular cuando no consiguen lo que quieren? ¿Hasta dónde son capaces de doblarle el brazo a las instituciones para conseguir lo que las urnas no les dan? En ese sentido, que este disparate les invite a ustedes, señores del Partido Socialista, a pensar bien la decisión que van a tomar en los próximos días.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cámara Villar.

El señor CÁMARA VILLAR: Señora presidenta, señorías, la Constitución, en su artículo 99.5, incluye un mecanismo propio del llamado parlamentarismo racionalizado cuyo sentido es devolver la decisión al cuerpo electoral, una vez advertida la imposibilidad de investir candidato. Su sentido último, como dijera el Tribunal Constitucional en la sentencia 16/1984, es tratar de impedir la existencia de crisis políticas prolongadas. Esa sería, en suma, la teoría, una teoría que expresa una buena y útil finalidad pero que es enteramente falible porque puede recibirse del electorado una decisión muy parecida a la resultante de las elecciones anteriores. Esto es lo que pasó en las elecciones de junio. Por muy racionalizados que estén, los mecanismos previstos no resuelven por sí mismos las crisis políticas que responden a causas profundas y dependen para su superación del estado de la cultura política de un país. Toda una asignatura colectiva pendiente, señorías.

Lejos de haber funcionado el mecanismo del artículo 99.5 de la Constitución en ese sentido resolutorio de la crisis, esta se ha enquistado y de nuevo no ha sido posible, por ahora, la investidura de un presidente y la formación de Gobierno. Por tanto, se mantiene en el inmediato horizonte la posibilidad no deseable ni deseada de un nuevo llamamiento electoral, además de poder llegar a ser nada menos que el tercero en el plazo de un año, a lo cual se anuda otro efecto realmente perverso: que la jornada electoral, como se viene diciendo aquí, tuviera, en su caso, que celebrarse el día de Navidad. Señorías, este indeseable efecto no se ha producido por mera casualidad, sino por buscada causalidad, porque la causa, recordemos, fue que el candidato de la reciente y fallida votación de investidura, el señor Rajoy, alentara con subterfugios la elección de la fecha de la primera votación para el 31 de agosto, determinante de la celebración inexorable en la citada fiesta navideña del nuevo y todavía posible proceso electoral. La decisión se planeó a sabiendas, se ejecutó a sabiendas, con la perspectiva política de la rana, pudiera decirse, utilizando una gráfica expresión de Fernando de los Ríos en esta misma Cámara que viene bien al caso,


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con la oportunista y ramplona pretensión de presionar al Partido Socialista ante la investidura y para convertirlo en chivo expiatorio a los ojos de la ciudadanía en caso de producirse tal desaguisado con la convocatoria electoral. A sabiendas, el señor Rajoy fue fielmente secundado por la señora presidenta de esta Cámara, responsable última, según su competencia, de convocar el Pleno de investidura. Señora presidenta, con todos mis respetos le digo que usted debió evitar, con la exigible actitud de imparcialidad propia de la Presidencia de esta Cámara, que aquel Pleno se celebrara en la fecha en la que se hizo.

Señorías, como dice el refrán, de nada sirve seguir lamentándose por la leche derramada. Bien está que se rectifique, aunque sea sin entonar el mea culpa ni reconocer abiertamente el gran error que se ha cometido, un error que proviene de una actitud grotesca, generando un entuerto castizo, un entuerto que se urdió en el seno del Grupo Popular en aquella mala hora. Pero lo que sí cabe lamentar es que el Grupo Popular nos traiga a esta Cámara una proposición de ley que, al margen de otros defectos técnicos, no está bien fundamentada. En la exposición de motivos se considera la convocatoria de carácter automático de este tipo de elecciones como una especie de anomalía de nuestro sistema constitucional, entendiéndolas además como una repetición de las inmediatamente anteriores. Pues bien, señoría, ni lo uno ni lo otro. No se trata, en absoluto, de ninguna anomalía de nuestro sistema constitucional, sino de una situación específica diferenciada de los demás supuestos de agotamiento del mandato. Por otro lado, en el ya largísimo proceso que estamos viviendo desde diciembre de 2015, las anomalías no han sido precisamente tan formales como gravemente materiales. Recordaré algunos ejemplos, como que el señor Rajoy escurriera el bulto y declinara presentarse a la investidura ante el ofrecimiento del rey, algo realmente insólito. O que Podemos se alineara con el Grupo Popular con un rotundo y sobreactuado no a la investidura de un presidente socialista que se presentaba con un buen programa de Gobierno de cambio y de progreso. O que después no se llegaran a hacer sucesivas propuestas de investidura, como establece el apartado 4 del artículo 99 de la Constitución. De aquellos polvos, señorías, estos lodos. Tampoco se trata de una repetición de las elecciones inmediatamente anteriores. Las elecciones nunca se repiten, pues cada una de ellas tiene su propia identidad; ni tampoco se trata de una segunda ni de una tercera vuelta. Este tipo de elecciones tiene una razón de ser propia, la constada imposibilidad de investir a un presidente del Gobierno, que es el momento crucial mediante el cual se ordena el pluralismo presente en la Cámara dando paso una mayoría de Gobierno y también, correlativamente, no lo olvidemos, a una oposición, marcando así el inicio del funcionamiento a plenitud del sistema institucional democrático parlamentario, un asunto ciertamente fundamental al que hay que dar una salida, pero no culminar una investidura no es el resultado del incumplimiento de la primera obligación de las Cortes como, con una concepción estrecha y errónea del Parlamento, plantea el Grupo Popular. La investidura no es la primera obligación del Parlamento que haya que cumplir o que se incumpla, sino la primera función que democráticamente tiene que abordar, cuyo resultado es incierto, sí, no está predeterminado. A veces de un grave error puede surgir una lección positiva para todos. Este episodio ha evidenciado algo hasta ahora no previsto, la necesidad de una regulación de la especialidad que supone una convocatoria electoral en los supuestos del artículo 99.5 de la Constitución. Esta especialidad consiste en que el electorado conoce ya, al menos en su sustancia, las propuestas programáticas de las formaciones políticas concurrentes a las elecciones, por lo que los candidatos no van a necesitar ya del mismo tiempo que en las inmediatamente anteriores para realizar las actividades propias conducentes a la formación y expresión de la voluntad popular dirigida a la captación de sufragios. Ello abona la conveniencia y la posibilidad de reducir el tiempo previsto para la campaña dentro del marco de duración que establece la Constitución en el artículo 68.6, y permite asimismo establecer una serie de medidas que sin duda facilitarán el nuevo proceso electoral reduciendo plazos, aprovechando trámites y aprovechando también elementos organizativos ya utilizados en el proceso electoral anterior.

Señorías, voy terminando. El Grupo Parlamentario Socialista se pronuncia favorablemente aunque sin ningún entusiasmo, como comprenderán, por la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica que se concreta en la incorporación de una disposición adicional séptima a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Entendemos que este acotado expediente es ahora el adecuado. El régimen general requiere, bien es verdad, de reformas que, sin duda, son del todo punto necesarias, importantes y que deberán emprenderse inmediatamente que la situación política se normalice y dispongamos de más horizonte para analizarlas, recibir las opiniones de los expertos, dialogar, debatir, pactar, concretar las medidas. Lo que ahora se contempla solo son, con simplicidad en su formulación, las especialidades del procedimiento electoral que permiten una mejor ordenación del proceso como desarrollo -y no interpretación- hasta ahora inédito del artículo 99.5 de la Constitución. Por supuesto, además de permitir


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rectificar el tremendo error del PP, como antes he dicho, de haber urdido deliberadamente que las elecciones fuesen el 25 de diciembre. De ahí el acuerdo de la Mesa de la Cámara, oída la Junta de Portavoces, de someter al Pleno su tramitación directa y en lectura única, que parece lo adecuado, lo cual es además absolutamente compatible con iniciativas posteriores de reformas más amplias y complejas de la legislación electoral, iniciativas con las que el Grupo Socialista, no les quepa duda, estará plenamente comprometido con la finalidad, entre otros aspectos, de adecuar el sistema electoral mediante consenso, acercar a los electores a los representantes, reforzar la representación paritaria de hombres y mujeres, mejorar la representatividad, reformar el voto de los españoles en el exterior para ampliar su participación y favorecer el voto de los residentes extranjeros en España, así como introducir elementos organizativos y procedimentales de modernización.

Señor Tardà, es usted el mal pensado. Señor Tardà, nosotros somos serios; usted busca epatar y fabricar titulares porque es muy osado pretender unas reformas electorales tan complejas y tan amplias en veinticuatro horas. No aceptamos en absoluto sus expresiones, como no aceptaremos sus enmiendas. No aceptamos sus amenazas, no aceptamos sus exabruptos; usted no nos puede dar a nosotros, los socialistas, lecciones de ninguna clase. Su sobreactuación no nos intimida lo más mínimo. (Aplausos). ¿Por qué? Porque trabajamos con la razón y razonablemente; nosotros trabajamos razonablemente.

Aunque ante esta proposición nos tengamos que ceñir al marco en el que se produce y a su específica razón de ser, anunciamos que vamos a presentar algunas enmiendas de adición y modificación a diversas previsiones de la misma con objeto de precisar mejor el fundamento de esta norma, su mejora técnica y también la reducción de manera proporcional de las subvenciones por gastos electorales así como los límites de gasto porque entendemos que esta materia no puede quedar al albur, ni mucho menos, de la evanescente disposición de esta proposición, que remite sin más a que las fuerzas políticas impulsarán un acuerdo para reducir los gastos derivados de la campaña electoral.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 122/000036).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 3 del orden del día. La Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el Pleno de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Si se considera oportuno, este punto podría someterse a votación sin debate previo. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA EL SUPUESTO DE CONVOCATORIA AUTOMÁTICA DE ELECCIONES EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL APARTADO QUINTO DEL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN. (Número de expediente 122/000037).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 4. Del mismo modo, la Mesa, oída la Junta de Portavoces y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del Reglamento, ha acordado someter a la aprobación de la Cámara la tramitación directa y en lectura única por el Pleno de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de elecciones en virtud de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 99 de la Constitución. Si se considera oportuno, este punto podría también someterse a votación sin debate previo, como se había acordado. ¿Lo acordamos así? (Asentimiento).


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PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. (Número de expediente 162/000055).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el inicio del procedimiento para la reforma del sistema de financiación autonómica.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor López Milla.

El señor LÓPEZ MILLA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, el actual sistema de financiación autonómica, como es conocido, se aprobó en 2009 e introdujo importantes cambios con respecto al anterior, al que impulsó el Gobierno de José María Aznar en 2001. Quizás el más notable fue la actualización de las cifras de población, pues el modelo de 2001 tomaba como punto de partida las del padrón a 1 de enero de 1999 y no definía ningún procedimiento para actualizarlas año a año. De hecho, cuando aquel sistema de financiación autonómica entró en vigor en el año 2002 en las comunidades de régimen común ya residían 1,6 millones de personas más de las que el modelo de financiación autonómica de 2001 reconocía, y a comienzos de 2009 la brecha entre la población reconocida por el sistema de financiación autonómica y la realmente existente en las comunidades de régimen común había pasado a 6,3 millones de personas.

El sistema que entró en vigor en 2009, por tanto, sirvió para actualizar las cifras de población, pero se construyó a partir de los datos de la última liquidación del sistema disponible en ese momento, que era la del año 2007, un año que, recordémoslo, fue un año en el que los ingresos sujetos a reparto por el sistema de financiación se encontraban en cifras máximas. Conviene recordar también que la distribución de recursos en el sistema de financiación autonómica de 2009 está supeditada en buena medida al statu quo derivado del modelo anterior, el de 2001. Existe, por tanto, un vínculo entre el sistema de 2009 y el de 2001, un vínculo entre ambos mecanismos de financiación que fue exigido de hecho fundamentalmente por las autonomías gobernadas por el Partido Popular a cambio de abstenerse cuando sus Gobiernos votaron en el año 2009 en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Ese vínculo entre ambos sistemas de financiación autonómica ha acabado resultando perjudicial prácticamente para todas las comunidades autónomas como consecuencia del desmoronamiento de la recaudación, ya que, como digo, en el modelo de 2009 se toma como referencia el año 2007, en el que los ingresos se situaban en valores máximos. Y ese vínculo entre el sistema de 2009 y el de 2001 ha resultado especialmente dañino para aquellas comunidades que recibieron antes las transferencias de sanidad y educación. Sin embargo, nada de todo esto que acabo de relatar era inevitable, el sistema de financiación se pudo cambiar en cualquier momento cuando el Gobierno constató que estaba dejando cortas de ingresos a prácticamente todas las comunidades autónomas y al menos debió cumplirse lo que establece la Lofca, que determina que los resultados de la aplicación del sistema de financiación se tienen que revisar a los cinco años de la entrada en vigor del mismo y que las posibles diferencias de financiación deben ser compensadas mediante la modificación del sistema para el siguiente quinquenio. Por tanto, el plazo para llevar a cabo la revisión del modelo concluyó ya hace tiempo, sin que el Gobierno de España haya movido ficha. Anunció esa revisión en 2014, llegando a constituir un grupo de trabajo en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero la paralizó poco después con el argumento de que el clima político era regular. Estas son palabras textuales del señor ministro, decía que el clima político era regular. Pero parece que tener 186 diputados en el Congreso, como tenía entonces el Grupo Popular, gobernar en dos tercios de las comunidades autónomas, como gobernaba entonces el Partido Popular, no era suficiente para crear un clima político adecuado. Este es un argumento, el argumento del clima político, que no vale ni como mala excusa, porque al Gobierno de Rajoy nunca le ha importado ni el clima político ni el rechazo social de las decisiones que tomaba. Cuando ha querido cambiar una ley, cuando ha querido recortar un derecho, cuando ha querido cercenar una libertad lo ha hecho sin ninguna clase de contemplación. Tampoco ha habido un problema de falta de recursos; el Gobierno de Rajoy ha encontrado recursos cuando ha querido, cuando ha querido rescatar entidades financieras, cuando ha querido rescatar autopistas de peaje o cuando ha querido hacer una reforma fiscal que favorece básicamente a las rentas altas y las grandes corporaciones, y que impulsó además sabiendo que la Comisión Europea le advertía de que estaba abriendo la puerta al incumplimiento del objetivo de déficit y a las medidas coercitivas posteriores si el objetivo de déficit se incumplía.


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El Gobierno de Rajoy no reformó el sistema de financiación sencillamente porque no quiso hacerlo, porque prefirió poner en marcha un mecanismo de préstamos condicionados con el que limita la autonomía política y financiera de las comunidades autónomas, con el que les ofrece liquidez a cambio de recortes sociales. Un mecanismo que además es un mecanismo asimétrico porque cuanta menos financiación recibe un Gobierno autonómico, más depende de los préstamos del Estado y por tanto más recortada ve su autonomía política y financiera por las condiciones que le pone el Gobierno de España. Y todo esto además lo hizo el Gobierno de Rajoy en un contexto en el que ha repartido el límite de déficit sin tener en cuenta el peso del gasto que cada Administración lleva a cabo, asignando a las autonomías un porcentaje del déficit muy inferior a su participación en el gasto mientras reserva una cuota muy superior para la Administración Central. Señorías, el Gobierno de España olvida con frecuencia que las comunidades también son Estado y que los ingresos que han de recibir no son más que la parte que les corresponde de la recaudación total y no una concesión graciosa o discrecional que hace el Gobierno de España.

La PNL del Grupo Socialista que traemos esta tarde recoge el texto de una resolución que ya se aprobó en esta Cámara hace muy poco tiempo, se aprobó el pasado mes de abril, incorporando una enmienda nuestra a un texto original que era de Compromís. Entonces salió adelante con la única abstención del PNV y sin ningún voto en contra. Hoy, desde luego, esperamos que sea capaz de alcanzar un nivel de consenso similar al que obtuvo entonces. Lo que hacemos en la PNL es instar al Gobierno a poner en marcha de inmediato la reforma del sistema de financiación autonómica; establecemos la necesidad de compensar los déficit de ingresos de acuerdo con el mecanismo que está previsto por la propia Lofca; recogemos la exigencia de que los mecanismos de préstamo a las comunidades, mientras subsistan, se apliquen con objetividad, con transparencia, sin arbitrariedad, para que los Gobiernos autonómicos aseguren el pago de las principales partidas de gasto social, y subrayamos también que el nuevo sistema debe asegurar la suficiencia financiera de las comunidades, garantizar el gasto social y asegurar la igualdad de oportunidades. Porque, señorías, vivamos donde vivamos, en la costa, en el interior, en el campo, en la ciudad, en una comunidad más rica o en una comunidad más pobre, todos y todas debemos tener acceso a los mismos niveles de prestaciones públicas, todos y todas debemos tener las mismas oportunidades.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, por el Grupo Parlamentario Mixto interviene, en primer lugar, el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Intervendré muy rápidamente, presidenta, para dar por defendida nuestra enmienda. ¿Se debe modificar el sistema de financiación de las comunidades autónomas? Evidentemente sí, pero los principios sobre los que descansa esta proposición no de ley podrían ser ampliados. Para nosotros que se respete el principio de la ordinalidad es básico; que se tenga en cuenta el coste de la vida en cada una de las comunidades autónomas en el sistema de financiación es una vieja reivindicación que se debería incorporar desde nuestra perspectiva; que se respete la corresponsabilidad de cada una de las comunidades autónomas y, por tanto, su autonomía financiera y tributaria también es un principio que no tendríamos que tener ningún problema en esta Cámara para poderlo consensuar.

Desde Cataluña no vamos a liderar este proceso -lo hemos hecho en otras ocasiones, se nos ha estigmatizado y no hemos tenido los resultados que queríamos-, pero, si lo inician en esta Cámara, lo seguiremos de cerca y siempre y cuando incorporen estos principios básicos y fundamentales para nuestra formación política.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.

El señor QUEVEDO ITURBE: Señora presidenta, muchas gracias.

Señorías, esta proposición no de ley es sobre un asunto al que Nueva Canarias le atribuye una importancia decisiva, motivo por el cual la vamos a apoyar. El sistema de financiación autonómica que se pergeñó en el año 2009 ya tuvo críticas durísimas por nuestra parte, porque en Canarias está acreditado que la pérdida por el injusto sistema de financiación autonómica es de más de 600 millones de euros todos los años; y tengo que recordar que son cantidades que van fundamentalmente al mantenimiento de los


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grandes servicios públicos. Esta situación ha provocado un deterioro profundísimo en determinadas comunidades -en unas más que en otras-, ha acrecentado la desigualdad, la injusticia social y esto debe ser corregido con carácter de urgencia. Este es el motivo por el cual apoyaremos sin restricciones de ninguna clase esta proposición no de ley.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Para los canarios este es efectivamente un tema fundamental por dos razones. Primera, porque se tenía que haber revisado este sistema hace cinco años y han pasado siete. Somos la comunidad peor financiada según los datos del Ministerio de Hacienda. Y, segunda, porque se están computando los fondos que recibe Canarias por la lejanía y la insularidad, los ingresos del REF, que son los que tienen que compensar la lejanía y la insularidad. Esos fondos no tienen que estar en el sistema de financiación, sino que tenemos que tener la misma financiación por habitante para que la sanidad en La Gomera, en El Hierro, en La Palma o en Tenerife sea igual. Los costes de la insularidad deben ir por la financiación de nuestro Régimen Económico y Fiscal. Por todo eso, nos parece un tema urgente y cuanto antes empiecen los trabajos más justicia habrá en este país y seremos más iguales todos vivamos donde vivamos, aunque vivamos a 2.300 kilómetros como vivimos los canarios.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: En primer lugar, quiero plantear una duda. Nos gustaría que nos aclarara el Partido Socialista si cuando hablan de un nuevo sistema que debe garantizar la igualdad están planteando, aunque no lo digan abiertamente, el fin del concierto y el convenio vasco, porque alguna vez lo han hecho. Igualmente nos hablan de solidaridad para garantizar la prestación de los servicios públicos, cuando ha sido su partido uno de los principales causantes del desmantelamiento de los mismos, además de artífice de importantes recortes en gasto y derechos sociales. La solidaridad empieza por priorizar el gasto social y no la deuda, por garantizar la educación por delante del gasto de defensa o la sanidad, o poner el acento en los cuidados y no en el derroche que supone la monarquía. Si realmente quieren priorizar esos gastos, nos tendrán ahí y sabrán de la solidaridad de la población vasca. Pero no nos pidan contribuir con solidaridad para ese abultado presupuesto en defensa cuando tenemos la situación de paro, precariedad y pobreza que tenemos actualmente. Insisto, la ciudadanía vasca es solidaria, apuesta por la igualdad, pero comprenderán que pagar la deuda a los bancos o la compra de armamento no está en nuestras prioridades, y además esa solidaridad debería empezar por el reconocimiento mutuo, por el reconocimiento que tenemos las vascas y los vascos a decidir nuestras propias políticas económicas, sociales y laborales, a decidir cuánto nos endeudamos, porque estamos seguros de que ello contribuiría a la mejora sustancial de la sociedad en su conjunto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Desde Compromis quiero decir que vamos a aprobar por supuesto la propuesta que ha presentado el señor López. Creo que una imagen puede definir perfectamente por qué la vamos a aprobar. (Muestra un gráfico). Este gráfico muestra la deuda que tiene actualmente la Comunidad Valenciana. Aquí es cuando cogió el Partido Popular las riendas del Gobierno y aquí donde lo dejó. Multiplicó por quince la deuda y, una de dos, o era un Gobierno muy inútil o teníamos una mala financiación y, aparte de otras consideraciones, estábamos muy mal financiados. (Muestra un gráfico). Esta otra imagen muestra perfectamente el porqué lo estamos. Esto sería el gasto por habitante en servicios fundamentales de la comunidad autónoma de régimen común mejor financiada y esto sería lo que tenemos los valencianos, el País Valenciano: más de 2.800 euros menos en sanidad, en servicios sociales y en educación cada año, durante veinte años. Eso es mucho dinero. Por eso -termino- cuando hablamos de financiación estamos hablando de


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derechos, estamos hablando de servicios públicos básicos, estamos hablando de justicia, de igualdad, de la Constitución que tanto les gusta hablar. Por eso, cuando el señor Montoro dijo que no había tenido tiempo, primero, de reformar esto cuando era su delegación y luego que no había tenido dinero, la verdad es que me indigno mucho, y cuando el señor Rajoy dijo que tenían otras prioridades, qué otras prioridades mayores pueden ser que los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señorías, volvemos hoy a hablar de nuevo de financiación autonómica y, como muchas cosas que están pasando en esta segunda legislatura repetida, tenemos la impresión del Día de la Marmota, acentuada hoy seguramente porque no solo hablamos de financiación autonómica dos veces en pocos meses, sino que hoy mismo ha venido a este hemiciclo una proposición de ley para regular la cuestión de los objetivos de déficit de las comunidades autónomas. Pero es bueno hablar de financiación autonómica, porque es la financiación de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, es decir, el dinero necesario para hacer políticas sociales. Sin embargo, no nos engañemos, un importante sector de la población, cuando hablamos de financiación autonómica, lo interpreta como reparto de dinero entre políticos, como despilfarro, lo interpreta de una forma que quizás sea equivocada, pero realmente a nuestro sistema de financiación autonómica le faltan cosas, y una de las cosas más obvias que le falta es responsabilidad de los dirigentes autonómicos y control de hasta el último euro del dinero que proviene de los contribuyentes. Pensemos que la financiación autonómica es la financiación en buena medida del gasto social, pero que la mejor política social, de hecho la única política social factible, es la que se puede pagar. Por eso es tan importante el sistema de financiación autonómica y por eso este grupo, Ciudadanos, ha presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Socialista en la que incide en estos dos puntos: la responsabilidad de los dirigentes autonómicos y el control de cada euro que al final proviene de los contribuyentes. Para nosotros el sistema de financiación es importante, a diferencia de otros grupos que no lo consideran relevante, pero sobre todo es muy importante que estemos hablando de financiar lo que hay que financiar: la educación, la sanidad, los servicios sociales, y no fantasmagóricas competencias de Estado que luego den lugar a déficits que ponen en riesgo la estabilidad financiera general y que se escudan en lemas tan absolutamente impresentables como Espanya ens roba. Para evitar todo esto no solamente son importantes el control y la responsabilidad, sino sobre todo que el sistema sea más claro y transparente porque, si no lo es, al final los dirigentes que incumplen, que nos ponen en riesgo a todos, acaban saliéndose con la suya porque los ciudadanos no entienden dónde va su dinero.

El sistema de financiación autonómica necesita una reforma, pero viene siendo injusto desde hace mucho tiempo. Pensemos que en el año 2009 el Partido Socialista aprobó el anterior sistema de financiación autonómica y seguimos teniéndolo vigente, y hay unas diferencias realmente inaceptables, que no se justifican por nada. Hay diferencias de más del 30 % entre comunidades de régimen común, y si tenemos en cuenta las comunidades forales hay diferencias en la financiación per capita de más del 80 %. Por tanto, los españoles desgraciadamente no gozan de los mismos servicios esenciales con independencia de dónde vivan. Esto no puede ser así. Por otra parte, el Partido Popular también tiene su responsabilidad en todo eso, porque el anterior sistema de financiación autonómica caducó hace dos años y el Gobierno no se ha preocupado de poner en marcha el nuevo sistema de financiación autonómica, toda vez que sistemáticamente se critica y luego critica a las comunidades autónomas porque no cumplen con los objetivos de déficit, cuando no se garantiza una financiación suficiente. Esta es una de las reformas fundamentales, la de la financiación autonómica, que se deben poner en marcha, pero debe hacerse no solamente con los criterios que trae esta proposición no de ley, sino, en nuestra opinión, incluyendo cuestiones fundamentales, como es el control de cada euro del dinero que viene del contribuyente, así como una mayor transparencia y simplicidad en el sistema. Esta es una cuestión ambiciosa que deberíamos abordar, pero a día de hoy estamos como estamos, y estamos sin Gobierno e intentando tapar agujeros, como se ha visto esta mañana, para que las comunidades autónomas no se vean obligadas a un recorte 4.000 millones de euros superior al que nos pide Europa. De alguna forma casi podríamos terminar como terminé la última vez que subí aquí a hablar de financiación autonómica, diciendo que, si España no se pone en marcha, todo esto desaparecerá como lágrimas en la lluvia. Pero es todavía peor, porque si


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no nos ponemos en marcha, lo que habrá sin duda serán recortes generalizados y también un parón importante en la economía. Por tanto, señorías, es hora de que España se ponga en marcha.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Díaz Pérez.

La señora DÍAZ PÉREZ: Boas tardes. Grazas, presidenta.

El Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea claro que comparte que en el centro de la actualidad política debe estar la financiación autonómica por dos razones: la primera de ellas de orden normativo, la propia norma exige en su disposición transitoria que así se practique, pero sobre todo razones de orden económico. Efectivamente, esta norma, este sistema ha provocado profundas desigualdades. Esta norma tenía como objetivo garantizar la equidad horizontal, garantizar la igualdad y nutrir un sistema de autonomía, de soberanía y autogobierno profundo y lejos de hacer todo esto ha conseguido todo lo contrario: ha sido desigual, ha recentralizado, ha recortado y ha privatizado. Y todo esto con la excusa muy querida por el ausente señor Montoro de recortar en diferido, porque, efectivamente, a través de los recortes que tenían que ejecutar las comunidades autónomas estaban provocando profundas injusticias sociales.

Dicho esto, ¿qué es lo que opina el Partido Popular? ¿Qué es lo que opina el señor Rajoy ausente? Lo que le ha dicho en esta misma Cámara al señor Baldoví. En una de las autonomías peor financiadas como es el caso del País Valencià, el señor Rajoy le ha dicho al señor Baldoví que no se había practicado la reforma financiera porque no era prioritario. Los hombres y mujeres de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea le preguntamos al Partido Popular: ¿qué es para ustedes lo prioritario? ¿No es para ustedes prioritario atender, por ejemplo, a enfermos y enfermas de cáncer? ¿No es prioritario abrir escuelas? ¿No es prioritario, como dice la iniciativa del Partido Socialista, emprender políticas activas de empleo? ¿No es esto prioritario, señor Rajoy? Nosotros y nosotras creemos que sí, y por eso creemos que estamos ante un Gobierno profundamente irresponsable; un señor Montoro que ha sido profundamente injusto, que ha sido ineficaz -a los hechos me remito, no fueron capaces en el tiempo que llevan gobernando de practicar esta reforma-, y un Gobierno profundamente chantajista. Lo que ha hecho el señor Montoro ha sido chantajear a las autonomías para, a través de esto, arrojarles la financiación a la cara. Y nosotros decimos que no. Eso lo hizo el Partido Popular, pero es cierto que llegamos hasta aquí bebiendo de las fuentes del bipartidismo, ese bipartidismo rampante. Una parte sustancial de la financiación autonómica reside justamente en los ingresos públicos, sí, en los ingresos públicos, y aquí el modelo del turno del Partido Socialista y del Partido Popular ha sido el mismo. Recuerden el debate que sustanció esta norma, recuérdenlo; de aquella nos decían los hombres y mujeres del Partido Socialista que bajar impuestos era de izquierdas; de aquella nos decían los hombres y mujeres del Partido Socialista que suprimir el impuesto sobre el patrimonio era necesario porque grababa a las clases medias. Bien, esto lo hizo el Partido Socialista, pero llegó el señor Montoro y el señor Montoro acabó con todo, bajó los impuestos directos, subió los indirectos; efectivamente, hizo regalos fiscales y lo más grave, hizo amnistías fiscales para los delincuentes, y así estamos en este país. (Aplausos). Pero los Gobiernos de turno se pusieron de acuerdo también en un golpe de Estado metafórico, que fue la noche del 135. Efectivamente, las comunidades autónomas tuvieron que sufrir un control adicional en su endeudamiento a través de los efectos nocivos de ese maldito artículo 135. Y para cerrar el círculo, efectivamente una norma que fue vanguardia del señor Feijóo en Galicia, que después ustedes trajeron a esta Cámara, que es la norma que hoy hemos discutido, la ley del techo de gasto público. Esta es la soga definitiva para estrangular a las autonomías, para estrangular a los ayuntamientos y para conseguir un efecto magnífico -que es lo que desea el Partido Popular- que es recortar para privatizar y, sobre todo, recortar y privatizar para transferir los recortes a las autonomías, que son las culpables de la supresión de derechos públicos fundamentales y también, por otra parte, para conseguir algo muy deseado por los hombres y mujeres del Partido Popular, que es darles beneficios a esos que no se presentan a las elecciones, a los acreedores, a los que mandan. Nosotros entendemos que por aquí no debemos seguir caminando.

Hay muchos más elementos que tenemos que cambiar. Este es el marco del bipartidismo pero es cierto y verdad que creemos que hay una oportunidad única para cambiar las cosas. Sinceramente, creemos -por eso hemos presentado tres enmiendas en nombre del Grupo Confederal- que es necesario cambiar el sistema, tenemos una oportunidad única para los hombres y mujeres de este país


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plural. Porque los canarios y canarias y las personas de baleares claro que tienen que tener contemplada su dispersión y su insularidad y para ellos es un elemento vital el transporte; o los gallegos y las gallegas, que tenemos la mitad de los núcleos rurales de todo el Estado, tenemos que tener una financiación adecuada para ello; o, por ejemplo, el caso palmario de Madrid, por qué Madrid que tiene superávit fiscal y reduce deuda tiene que acotarse y no poder seguir gastando para practicar servicios públicos. Nosotros creemos que todo esto hay que cambiarlo y para ello presentamos tres enmiendas. En la primera pedimos en un debate noble al Partido Socialista que por lo menos permita que tengamos el debate futuro sobre el grado de nivelación que debemos tener en los servicios públicos. La iniciativa del Partido Socialista se contradice, o financiamos los servicios públicos esenciales o financiamos lo que nos dice en su punto de resolución 4, también las políticas activas de empleo. Dejemos ese debate para después y veamos cuál es el grado de nivelación que tenemos que pedir. Creemos que ya se ha alcanzado un grado de consenso en la academia para sostener que debemos caminar hacia una nivelación plena. En todo caso, quitemos ese debate para que finalmente esta Cámara nos diga hacia dónde debemos caminar. En segundo lugar, una adición pequeña...

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

La señora DÍAZ PÉREZ: ... y es que se tengan también en cuenta los estatutos de autonomía. Finalmente, una enmienda muy importante para que, de una vez por todas en este país, practiquemos la segunda descentralización. Nuestros ayuntamientos son también de todos y todas.

Termino recordando al profesor Pérez Royo, que en ese texto magnífico que acaba de publicar en el que habla de una reforma constitucional inviable, dice que estamos ante una Constitución que es monárquica, bipartidista, antifederal y -como dice el señor Monedero-, además, oligárquica. También señala que estamos ante un sistema de las autonomías agotado. Señores del Partido Popular y del Partido Socialista, sean valientes y reformen el sistema. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Nieto Ballesteros.

El señor NIETO BALLESTEROS: Señora presidenta, señorías, volvemos a debatir -creo que es la cuarta vez en un año natural, en Pleno o en Comisión- sobre el sistema de financiación autonómico. Eso ya de por sí podría ser curioso, pero lo es más cuando en esas cuatro veces los debates se han sustanciado con abrumadoras mayorías, prácticamente ninguno tiene ningún voto en contra. Por tanto, nos deberíamos preguntar por qué debatir nuevamente este tema, a qué se debe tanta reiteración. La primera razón que me viene a la cabeza es pensar que el Grupo Socialista tiene un toque de masoquismo importante, porque hay que tener ganas de mover el mayor espantajo, o uno de los mayores espantajos, de la herencia del Gobierno de Rodríguez Zapatero y del Partido Socialista una y otra vez en esta Cámara. La segunda razón puede tener otro interés, y es que ustedes se empeñan en conseguir de alguna forma que se imponga eso que ahora se denomina el relato. ¿En qué consiste el relato? El relato consiste en decir que el Partido Popular y el Gobierno de Rajoy castigan a las comunidades autónomas con un sistema de financiación que, como se ha dicho en esta tribuna, es oscuro, poco transparente, tramposo, insolidario, injusto e incluso alguno dijo inconstitucional. Segundo punto del relato: El Partido Popular y Mariano Rajoy no solo imponen este nefasto sistema sino que además no hacen nada por ayudar a las comunidades autónomas que lo sufren. Tercera parte del relato: El Partido Popular y el Gobierno de Mariano Rajoy podían cambiarlo cuando quisieran y no lo han hecho. Esto es ya el culmen de la crueldad. Señorías, ni una cosa ni la otra. Esta vez tampoco van a lograr imponer ese relato en el que se sienten jaleados a la vez que criticados por esa parte de la izquierda que fue cómplice del Gobierno de Rodríguez Zapatero y del Partido Socialista en diciembre del año 2009; ese grupo que se empeñó en conseguir algo que se ha demostrado negativo y es que el apellido del sistema de financiación fuese izquierdas y no fuese consenso, acuerdo, justicia, equidad, eficacia o suficiencia. Es decir, esos apellidos que hoy se echan de menos, que todos reclamamos y que no se llevaron a cabo porque ese sistema de financiación fue el último paso del Pacto del Tinell y el cierre definitivo del cordón sanitario que consistía en expulsar al Partido Popular de cualquier espacio político y de cualquier representatividad.

Señorías, todas las cosas que se hacen con criterios puramente ideológicos, buscando el beneficio partidista y con una tremenda actitud sectaria conducen al mismo punto: al fracaso. En este caso, señorías,


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ese fue el resultado de este sistema de financiación. Si ustedes leyeran hoy la intervención de mi compañero Álvaro Nadal el día que se aprobó en esta Cámara el sistema de financiación verían como se está repitiendo punto por punto lo que él anunció que iba a pasar con este sistema de financiación. Yo les niego la mayor, ese relato no vale y no vale, primero, porque el sistema es del Partido Socialista de Zapatero con el apoyo de la izquierda; segundo, porque es mentira que el Gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular no hayan hecho nada para impedir los efectos sobre las comunidades autónomas. Han hecho muchísimas cosas, se han aprobado medidas para actuar contra el principal problema: la falta de liquidez, y ahí están el FLA, los diferentes planes de pagos a proveedores, las líneas del ICO y las medidas extraordinarias de liquidez. Se han movilizado 180.000 millones de euros para ayudar a las comunidades autónomas. Se han salvado 400.000 puestos de trabajo al salvar a miles de empresas que iban a quebrar si no se pagaban sus facturas. Se han tomado medidas para asumir la responsabilidad de la sostenibilidad de las comunidades autónomas, las medidas que tenían un mayor desgaste las ha asumido el Gobierno del Partido Popular para que no lo hicieran las comunidades autónomas y, claro, no se le ha agradecido sino que se ha usado como excusa para decir que la culpa de todo era de Rajoy, aunque fuese competencia autonómica. Se ha conseguido incrementar la financiación a pesar de las dificultades económicas en un momento terrible, así que no cuela ese relato.

Hemos votado a favor una y otra vez de estas medidas porque queremos cambiar el sistema, pero a todos los grupos que lo han utilizado les quiero decir por qué no se ha cambiado el sistema. En primer lugar, porque tenía un periodo de vigencia de cinco años, periodo que se cumplía en el año 2015. En segundo lugar, porque en 2015 también se produjo un hecho que no era menor como fueron las elecciones municipales y autonómicas, y ¿qué hubieran dicho entonces todos los grupos que están aquí representados que han dicho que hacía falta un nuevo sistema si se hubiera cambiado antes de los cinco años o si se hubiera cambiado antes de que hubiera nuevos Gobiernos municipales y autonómicos en las elecciones del año 2015? ¿O qué hubieran dicho si se hubiera hecho después de las elecciones municipales y autonómicas del año 2015? Si se le ocurrió al Gobierno traer la Ley de Presupuestos y fíjense lo que dijeron, ¿qué hubieran dicho si se hubiera tratado de imponer esta solución? No cuela el relato. Queremos un nuevo sistema de financiación. Hemos presentado una enmienda, no la han aceptado, pero aun así vamos a votar a favor porque queremos cambiar este sistema. El último dato, la última condición para que se cambie el sistema: que haya un Gobierno. Espero que pronto consigamos tener ese Gobierno y que después tengamos un nuevo sistema de financiación.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la señora Jordà i Roura.

La señora JORDÀ I ROURA: Molt bon vespre a totes i a tots.

Señores y señoras del Partido Popular, señoras y señores del PSOE, para cuando ustedes hayan aprobado el nuevo régimen de financiación autonómica, sepan que Cataluña ya será independiente. (Risas). Ríanse, ríanse. Será entonces cuando adviertan la magnitud del expolio catalán. Es más, será entonces cuando van a observar cómo se derrumba un sistema de financiación autonómico insostenible. Insostenible porque el actual sistema de financiación se sustenta en el expolio de los països catalans, de Catalunya, del País Valencià y de las Illes Balears. No en vano cualquier ciudadano de Cataluña debe saber que en 2013 el Estado financió con 2.281 euros por habitante los denominados servicios públicos -educación, salud, protección social- en Cataluña. Sin embargo, si ese ciudadano hubiera residido en el País Vasco, para los mismos servicios hubiera recibido 3.026 euros; 2.931 si fuera asturiano; 2.749 si viviera en Santander o en Santillana del Mar, y 2.585 si fuera extremeño. Hace años, hace muchos años que denunciamos esta injusticia que han mantenido durante décadas ustedes y también ustedes, y que se nos plantea tan inmutable como la propia Constitución. Con esta actitud han dado razón al posicionamiento que Esquerra Republicana ha mantenido durante décadas: el único sistema de financiación justo para nuestra ciudadanía es aquel que gestionaremos desde nuestra propia independencia.

La república catalana es la única garantía de los servicios sociales. Es la única garantía de una educación o de una sanidad universal, gratuita y evidentemente de calidad. La república catalana es la única garantía para un Estado del bienestar que el PP está laminando mediante los recortes directos de derechos y mediante la asfixia económica y fiscal a las comunidades autónomas. De hecho, la república catalana será referente para que el País Valencià y las Illes constaten que el expolio fiscal que sufren solo


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se puede superar mediante la independencia nacional. Entre otras cosas porque aquellos partidos estatales que sobre el papel defienden proyectos federalistas para el Estado español, no cuestionan que sea el Estado quien decida el método de financiación autonómico y en ningún caso reconocen que las comunidades autónomas puedan tener un modelo de autogestión fiscal como las vascas y como los vascos. ¿Saben por qué? Porque el modelo de autogestión fiscal pondría en cuestión los dispendios del Estado español, del Gobierno español, sobre todo en ámbitos como el gasto militar, como la duplicidad de competencias transferidas, el mantenimiento de las diputaciones provinciales o los proyectos faraónicos como el AVE desde Madrid a todas las capitales de provincia. Porque el problema, señoras y señores diputados, no es la transferencia de capital de unas comunidades autónomas a otras en lo que han llamado solidaridad interterritorial, el problema es otro. El problema es aquello que nos quita el Estado para mantener una Administración sobredimensionada, que despilfarra a tope, ineficiente y además centralista, que atenta contra cualquier lógica de racionalidad económica.

El problema de financiación de Andalucía o de Extremadura, señorías, por poner un ejemplo, no está en Cataluña, está justamente en esos dispendios. Así como la necesidad de una reforma agraria que limite los poderes y las propiedades de los latifundistas, de la Casa de Alba y de otros títulos nobiliarios -como bien sabe, no se lo voy a contar yo, el compañero Diego Cañamero-; por cierto, Diego: ¡Bódalo, libertad! (Aplausos). Apuntar a Cataluña como insolidaria, como han hecho continuamente los presidentes de algunas comunidades autónomas, es proteger a los grandes poderes, que son los verdaderos amos de la tierra, y condenarlas a una estructura económica y fiscal subsidiaria y clientelar del Gobierno de turno, sean unos o sean otros, en lugar de garantizar su progreso económico y social.

Acabo. Por todo esto, desde la solidaridad con los demás pueblos y con las demás naciones del Estado, confiamos en que la constitución de la república catalana provoque un proceso constituyente en el Estado que devuelva la dignidad a todos los pueblos sin excepción.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto al señor López Milla si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor LÓPEZ MILLA: Sí, vamos a aceptar la enmienda de Ciudadanos y la enmienda número 3 del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA DE PERMISOS Y PRESTACIONES DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD PARA EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE MENORES EN CASOS DE NACIMIENTO, ADOPCIÓN O ACOGIDA. (Número de expediente 162/000147).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la última proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reforma integral del sistema de permisos y prestaciones de paternidad y maternidad para el cuidado y atención de menores en casos de nacimiento, adopción o acogida.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta.

Un poco más de igualdad no es igualdad. Esta frase me acompaña desde que en la pasada y breve legislatura entré en el Congreso, en un espacio en el que continuamente esta contradicción se vive y se respira en la política que se pretende y en cómo se hace esa política. Por eso hoy me enorgullece, no saben hasta qué punto, defender esta proposición no de ley de una reforma integral en el sistema de permisos y prestaciones de paternidad y maternidad en caso de nacimiento, adopción o acogida que sea intransferible, remunerado al cien por cien e igualitario. Me enorgullece que esta sea una de las primeras proposiciones que el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea trae aquí, precisamente porque hay cosas que con mucha lucha feminista se han ido quedando, y es que los derechos de las mujeres no pueden seguir esperando para mejor momento. Me enorgullece hacerlo aquí mismo, donde se defendió esta máxima por parte de Clara Campoamor, quien da nombre quizá a la sala más discreta y oculta de estos edificios y la única sala, por cierto, con nombre de mujer.


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Un poco más de igualdad no es igualdad. Esta frase con la que he empezado se la escuché hace meses a María Pazos. Fue en un desayuno en esta misma casa que organizó la plataforma PPiiNA, de la que precisamente hoy nos acompañan muchos compañeros y compañeras. Con ellos y con ellas es con quienes defendemos hoy esta proposición no de ley. (Aplausos).

Proponemos esta reforma porque con la regulación actual de los permisos se induce a la permanencia y profundización de un desequilibrio. Las mujeres se ausentan de sus puestos de trabajo -nos ausentamos- y cuidamos a tiempo completo a nuestras criaturas, al menos durante dieciséis semanas de permiso de maternidad. Lo que ocurre después, ante la falta de alternativas, es que muchas lo prolongan con excedencias, reducciones de jornada o incluso abandonan y renuncian totalmente a su empleo. Los hombres en cambio solamente tienen derecho en la actualidad a dos semanas de permiso de paternidad. Los desequilibrios no son solo en el ámbito relacional, en el ámbito familiar. Si queremos hablar de modelo productivo, debemos tener en cuenta algunos datos. Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, publicado en 2014, un 45 % de las españolas no regresan a su puesto de trabajo tras la maternidad, un 35 % pasan a trabajar a tiempo parcial y un 7 % pierden su empleo. Además, todas las mujeres en edad fértil -no solamente las madres- nos vemos afectadas por un fenómeno conocido como discriminación estadística. Las empresas saben que existe una alta probabilidad de que las mujeres disminuyan su dedicación al empleo con la maternidad, mientras que en la mayoría de los hombres eso aumenta. Las mujeres, en general, aparecemos como -vuelvo a citar- 'mano de obra de alto riesgo', viéndonos reducidas a puestos no cualificados y fáciles de sustituir, lo que es una importante causa de mayores índices de subempleo, desempleo e inactividad y lo que explica la generación de un techo de cristal, en gran medida en el ámbito laboral, al no acceder a puestos de mayor toma de decisiones o de poder y no tener muchos referentes mujeres que hayan podido hacerlo. La encuesta de población activa en el segundo trimestre de 2016 coloca la tasa de paro femenino en un 21,82 %, tres puntos y medio por encima del masculino. De esta forma, se mantiene la brecha salarial de género, la precariedad y la feminización de la pobreza. Encontramos un mercado de trabajo segregado por sexos, vertical y horizontalmente, y, por tanto, ineficiente. Todo ello redunda en un grave desaprovechamiento del potencial de empleo de las mujeres, originando también pérdidas al erario público en términos de impuestos y cotizaciones sociales no recaudadas. Sabemos que si las mujeres ganásemos lo mismo que los hombres, el producto interior bruto de la Unión Europea subiría un 13 %.

Estas son las consideraciones económicas, porque es preciso evaluarlo así; por eso, vemos de cajón especificar que se ha de evaluar, como en todo, el coste económico de esta necesaria reforma integral. Pero hay más lenguajes y más prismas que no se pueden regatear. Hablamos del derecho de las mujeres a que no caiga sobre nosotras una mirada diferenciadora que nos haga ser, por el hecho de ser mujeres y potenciales madres, tratadas de manera distinta. Hablamos de que tenemos derecho como trabajadoras a tener las mismas oportunidades, a no ser socialmente circunscritas al ámbito doméstico ni tener que ser verdaderas heroínas malabaristas si queremos tener una familia y ser tratadas como nuestros compañeros de trabajo varones. (Aplausos). Si ahora mismo tuviera posibilidad, proyectaría una viñeta de Moderna de pueblo, que me parece que explica muy bien esto, en la que aparece un hombre vestido de ejecutivo diciéndole a su compañera por el móvil que no va a llega a tiempo y ella, también vestida de ejecutiva, también con un maletín, le responde, mientras tiene al niño en brazos, está friendo unos huevos, lleva, además, otro maletín, y está planchando: Tranquilo, yo puedo con todo. No es un cumplido ser una superwoman, es una verdadera trampa. (Aplausos). Es preciso hablar también del derecho que tienen las personas con el permiso de paternidad, que no solo es para padres sino para parejas del mismo sexo que también tienen que repartir su paternidad y maternidad. No es justo que, cotizando lo mismo, no puedan disfrutar de la misma duración de un permiso, porque sabemos que en los países en los que esto se ha puesto en marcha, países de referencia muchas veces en esta sala como Suecia o Islandia, se demuestra que los padres toman esos permisos y la sociedad allí avanza en cómo entiende los cuidados y en cómo entiende la igualdad. También tenemos que hablar de los derechos de los niños y las niñas a ser cuidados por ambas personas progenitoras en igualdad durante sus primeros meses de vida, porque es muy importante que entendamos que la vida y la experiencia se miden en lo productivo y en lo reproductivo, pero también desde lo relacional y lo afectivo, lo que nos configura y nos construye como personas.

Defendemos que estos permisos sean intransferibles, igual que defendemos su radical igualdad. ¿Qué otro derecho es transferible? ¿Han probado a transferir su derecho a la educación o su derecho a la salud? ¿Han probado a transferir su derecho a las vacaciones o a la jubilación? ¿Cómo podemos


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nombrar como derecho laboral uno que se transfiere? (Aplausos). Y, sobre todo, ¿por qué precisamente este es una excepción? Entendemos que es urgente este derecho igualitario en los permisos, porque así se demanda desde la sociedad civil, desde plataformas organizadas, desde estudios en profundidad, que no piensen que son precisamente recientes -esto lleva mucho tiempo pidiéndose- y que solo tiene sentido si de verdad es igualitario y es intransferible, porque las dinámicas patriarcales de nuestra sociedad ante lo contrario seguirán haciendo recaer sobre las mujeres el peso de los cuidados de la crianza y seguirán colocándonos con el pie quebrado en el ámbito doméstico, aunque nos demanden desde un discurso que estemos también como una más en el ámbito público. Presentamos un camino que nos lleve a alcanzar las dieciséis semanas de permiso de paternidad que trate a las personas progenitoras por igual; no lo fiamos a un futuro incierto ni queremos esperar al ya se verá, al que nos han aplazado tantas veces cuando presentamos demandas feministas. Aquí y ahora decimos que es urgente porque esto es hablar de cambio de modelo productivo y del país que queremos.

Voy concluyendo. Hoy tenemos la oportunidad de hacer algo que nos dé garantías de vivir en una sociedad que camine de verdad y con decisión hacia la igualdad. Hoy podemos decidir que las trabajadoras no sean discriminadas por ser mujeres y potencialmente madres con tratos distintos a los trabajadores varones. Hoy podemos decidir que quienes tengan el permiso por paternidad puedan disfrutar en igualdad de ese permiso, porque la igualdad no es solo una cosa de mujeres. La igualdad nos atañe a la sociedad en nuestro conjunto. Podemos decidir hoy un futuro inmediato más feliz, más justo, que nos permita ser una sociedad mejor. Le pido a cada diputada y diputado de esta sala que voten pensando hoy fuera de lo que hay en esta Cámara; que voten hoy pensando en sus hijos o hijas, incluso ustedes han sido alguna vez hijo o hija, y que piensen en ese futuro, porque les aseguro que yo votaré pensando en mi hijo y en el futuro justo e igualitario que quiero para él. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, en primer término, por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Señora presidenta, señorías, la mejora de la conciliación entre la vida profesional, la privada y la familiar, la igualdad efectiva entre géneros, el impulso de la corresponsabilidad en el seno de la unidad familiar, reducir la brecha salarial por razón de género e impedir el riesgo estadístico laboral que supone que el permiso maternal para las mujeres suponga menor retribución o desaparición del trabajo, pero también el grave reto demográfico, por una parte, o el futuro del sistema de pensiones, por otra, son todos elementos que no cabe obviar en un debate como este. Porque este debate, señorías, tiene que ver con el futuro del Estado del bienestar y con el futuro -como ha comentado mi compañera- de un Estado más justo.

La regulación de los derechos parentales no es nueva, pero en la modalidad del derecho a los beneficios de la paternidad sí es más o menos recientes. Empezó con la Ley 12/2001, con unos determinados derechos a ausentarse del trabajo; continuó con la Ley 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres que añadió el artículo 48 al Estatuto de los Trabajadores para reconocer el permiso de trece días que hoy en día está en vigor; y continuó con la Ley 9/2009, en la que se amplió ese derecho a cuatro semanas aun cuando -como ustedes saben, señorías- ese derecho aún no se ha hecho efectivo, puesto que se pondrá en vigor, teóricamente, el 1 de enero de 2017. Pero no es la única realidad jurídica ni tampoco es el único en contexto; el contexto de la discriminación, el contexto de la parentalidad también es un hecho de nuestro entorno más inmediato, el entorno europeo.

El Consejo Europeo aprobó una Directiva, la 2010/18, el 8 de marzo de 2010, por la que se acuerda aplicar el acuerdo marco revisado sobre el permiso parental. Además, el Parlamento Europeo, en otra resolución de 20 de octubre de 2010, aprobó una resolución destinada a impulsar la protección a la baja por maternidad en toda la Unión Europea hasta veinte semanas con el cien por cien de retribución. En Europa también se atiende a una disparidad, en este caso legislativa, y las realidades son muy diferentes en cuanto a las prestaciones que se reconocen en los diferentes sistemas. Pero esa realidad también ha sido objeto de revisión o de análisis por la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Parlamento Europeo recientemente en un informe de 5 de abril de 2016, que es de evaluación de la aplicación de esa anterior directiva y de la que, simplemente, quiero destacar algunos de sus párrafos. Constata, sobre todo, que una década después de la aplicación de una directiva continúa el desequilibrio de género entre el uso de permisos parentales. Considera que la remuneración durante el permiso parental es un factor decisivo para garantizar que los padres con bajos ingresos y familias monoparentales puedan disfrutar de las


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mismas ventajas en igualdad de condiciones. Asimismo, la Comisión considera que debe proponer medidas que animen a los padres a hacer mayor uso del permiso parental y pide a los interlocutores sociales que se impliquen en este debate a partir del reconocimiento de que la directiva no ha logrado sus objetivos, y además entiende que ello contraviene los valores de la Unión Europea. El informe continúa con una crítica a la sobrerregulación por parte de los Estados miembros, que produce una diferente regulación y una complejidad difícil de superar. Reclama medidas para que se aplique el contenido de la directiva tanto en el ámbito público como en el privado y señala que unos acuerdos satisfactorios sobre el permiso parental están estrechamente ligados a una adecuada compensación del mismo.

Señorías, todas estas razones que ya contempla la Unión Europea en su Comisión de Empleo y Seguridad Social las hacemos nuestras y son algunas de las razones por las que afirmamos nuestro apoyo a esta proposición no de ley, que también merece nuestra aprobación porque aborda la cuestión relativa a la legislación laboral, pero desde otro eje conductor: desde el plano de la igualdad no solo de trato entre géneros sino también en el ámbito de la conciliación familiar. Esto nos lleva a otra cuestión diferente, que es la de la corresponsabilidad, que debe ser un factor que influya de forma decisiva en el riesgo estadístico que sufren las mujeres en el acceso y desarrollo de su vida laboral pero precisamente para superarlo.

Otro motivo con el que estamos de acuerdo es con el de la intransferibilidad, que debe ser entendido como un factor que impida romper la barrera de la igualdad. Si no impedimos el traspaso del periodo de atención hacia las mujeres, serán estas quienes vuelvan de nuevo a soportar esa carga. Por esa misma razón -y en este punto hemos querido hacer una precisión a través de una enmienda- entendemos que el disfrute del permiso parental no puede ser simultáneo. En nuestra opinión, hacer coincidir en el tiempo las medidas parentales favorables, al margen al menos de las primeras semanas, volvería a desencadenar el proceso de que fueran nuevamente las mujeres quienes asumieran el protagonismo del cuidado de los menores.

Finalmente, añadimos una última consideración, y es que cualquiera de estas propuestas debe ser sostenible. Es necesario conocer un calendario para su implantación vinculado al conocimiento de los costes efectivos de las medidas que se pretendan adoptar. En consecuencia, vamos a apoyar esta proposición no de ley, sabedores ya de que algunas de nuestras enmiendas han sido aceptadas por los proponentes.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Faba de la Encarnación.

La señora FABA DE LA ENCARNACIÓN: Gracias, señora presidenta.

Señorías, ¿alguien se ha preguntado cuáles son los retos de las parejas del siglo XXI? Hasta hace unos años las mujeres luchábamos por el acceso al trabajo; ahora nos dejamos la piel compitiendo con el hombre en una teórica igualdad de oportunidades y de condiciones. Al mismo tiempo, las fórmulas de convivencia han sufrido una revolución paralela. Las mujeres hemos recorrido un largo camino de reivindicaciones. Pocos movimientos sociales han tenido repercusiones tan hondas para tantos, porque afecta a asuntos tan cotidianos y tan esenciales en la vida diaria como las relaciones de pareja. La mezcla de roles y el control de la natalidad han roto las reglas de juego de la convivencia familiar tradicional.

Hoy, cuando la participación de la mujer en el mercado laboral es del 80 %, nuestra tasa de natalidad es una de las más bajas de este planeta. El mundo está cambiando. La ambición laboral femenina es uno de los nuevos retos. Por eso es importante la conciliación profesional y personal, además del acceso al mundo laboral en igualdad de oportunidades. Ni igual que unos ni que otras; por lo que somos, aportamos y valemos. Eso es todo. Esto nos afecta a todos: hombres, mujeres, padres, madres de nuevas generaciones que queremos desarrollar nuestras profesiones y disfrutar de nuestro tiempo y de nuestras familias. Pero para lograrlo tenemos que hacer cambios y tenemos que hacerlos todos juntos. Esto constituye uno de los grandes retos de las parejas actuales, de las familias, de la sociedad. Necesitamos cambios que respondan más a la realidad social y económica actual; estamos convencidos de que la conciliación real y efectiva exige múltiples actuaciones. Tenemos que promover un cambio cultural en niños y niñas, educándolos desde pequeños sin discriminación y para la igualdad, fomentando la visibilidad de nuevos modelos femeninos a seguir, incorporando medidas de conciliación con una jornada laboral más compacta y flexible, potenciando la opción del teletrabajo, apostando firmemente por la escolarización de los niños entre cero y tres años, incentivando a las empresas a que apliquen buenas prácticas de flexibilidad en la jornada laboral. Evidentemente, la actual regulación de los permisos de los progenitores


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está obsoleta y no responde a las aspiraciones y necesidades de la ciudadanía. Hoy en día una pareja que decide tener hijos en España sabe que tiene un máximo de dieciséis semanas de permiso, de las cuales seis son obligatorias para la mujer y solo diez se pueden ceder o compartir con el padre. Con la propuesta de Ciudadanos, esa misma pareja pasaría a disfrutar de ocho semanas intransferibles... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría. Señorías, por favor, guarden silencio.

Adelante, señoría.

La señora JABA DE LA ENCARNACIÓN: Gracias, señora presidenta.

Como decía, con la propuesta de Ciudadanos, esa misma pareja pasaría a disfrutar de ocho semanas intransferibles para cada uno de los progenitores, con diez semanas adicionales después compartidas entre ambos, hasta un total de veintiséis. Esto aumentaría la corresponsabilidad entre los progenitores, ayudaría a reducir la discriminación de la mujer en el mercado laboral y facilitaría una mejor conciliación laboral.

Señorías, traigo aquí dos documentos que seguro que muchos de ustedes conocerán. Lo que no tengo claro es si el grupo proponente de la iniciativa, el Grupo de Unidos-Podemos-En Marea-En Comú Podem, habrá leído en algún momento estos dos documentos. Los hayan leído o no, ustedes han votado en contra de las medidas que aquí se incluyen. (Muestra un documento). Este primer documento -será familiar para ustedes (dirigiéndose a los escaños del Grupo Parlamentario Socialista)- suscrito en febrero de este año por el grupo al que represento, Ciudadanos, y el Grupo Socialista, Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso, en su página 38 incorporaba dicha propuesta, sacada del programa de Ciudadanos, tal cual se firmó con el Partido Socialista. El Grupo Podemos votó en contra de poner en marcha esta medida y prefirió en ese momento continuar con las dieciocho semanas, en vez de las veintiséis que nosotros pretendemos implantar. Segundo documento (Muestra otro documento), 150 compromisos para mejorar España -a ustedes también le será familiar este documento (dirigiéndose a los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso)-, incorporaba aprobar las medidas necesarias para igualar los permisos de los progenitores. Pero, señorías, el Grupo Podemos votó en contra de esta propuesta. Sí, ustedes también votaron en contra, de esta y de esta, de las dos, ambas lo incluían. Para Ciudadanos, esta medida sí es una prioridad. Por eso exigimos su incorporación en los dos pactos, tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular. ¿Qué grado de prioridad tienen para ustedes? ¿Han votado en contra dos veces y presentan ahora una proposición no de ley? Nuestro grupo ha presentado una enmienda porque su iniciativa ni siquiera es concreta. Hablan de crear un calendario hasta alcanzar las dieciséis semanas. Me sorprende la urgencia que mencionaba la señora Fernández. ¿Un calendario de tres meses, de tres años, de treinta años, de cuánto? Hay mucha diferencia. Ustedes hablan de futuro; nosotros hablamos de presente, porque las desigualdades van en aumento y no pueden esperar. Es esto y ahora porque, señorías, las mujeres no queremos que nos regalen nada por ser mujeres, pero tampoco queremos que nos lo quiten por serlo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Álvarez Álvarez.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Buenas tardes, señorías.

En primer lugar, quiero agradecer a las organizaciones que conforman la plataforma PPiiNA que hoy nos acompañan en la tribuna de invitados su trabajo de pedagogía social para hacer entender la importancia de equiparar los permisos de maternidad y paternidad.

Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos tenido una vocación clara de reconocer un permiso de paternidad autónomo del de la madre. Ese derecho vino de la mano de la Ley para la Igualdad que puso en marcha el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Hablamos de un derecho para las madres y los padres que se convierte en un instrumento para fomentar la igualdad y que contribuye a un cambio hacia actitudes menos sexistas. Todas y todos somos conscientes de que un permiso que sea igual hace justicia y que sea intransferible lo convierte en una pieza estratégica de las políticas de igualdad. No puede ser que solo el 1,8 % de los progenitores varones asuma alguna de las diez semanas de permiso de maternidad transferibles. Ese dato evidencia que la transferibilidad no es útil para la


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igualdad y que la voluntariedad no funciona, porque no es ajena a las presiones empresariales y sociales. Una y otra cosa juegan en contra de las mujeres y en contra de la igualdad.

Nuestro programa electoral apuesta por permisos obligatorios e intransferibles. El suyo, señora Fernández Castañón, también. Ambos grupos queremos avanzar hacia las diez semanas por progenitor y no tenemos desacuerdos en esta cuestión. Tenemos la misma vocación, el mismo objetivo y el mismo compromiso. No obstante, les hemos presentado dos enmiendas. Ni su programa electoral ni el nuestro -tengo que reconocerlo- pusieron calendario. La proposición que han presentado hoy aquí tampoco. Por eso quizá tengamos que empezar por hacer lo más urgente, que es dar cumplimiento a la Ley para la Igualdad acabando con la suspensión que impide que los padres disfruten ya hoy de las cuatro semanas que les reconoce la ley. El próximo Gobierno debe acabar con este incumplimiento ya. Después sí viene el siguiente paso, que es la creación de un calendario para llegar al permiso igual e intransferible y hacer los cálculos sobre la viabilidad económica. Si se deja en el aire el calendario de aplicación y no se acomete la financiación, lo que estamos haciendo esta tarde aquí será una mera declaración de intenciones. Por eso, aunque votaremos afirmativamente, el Grupo Parlamentario Socialista se compromete a considerar en el marco del Pacto de Toledo cómo debe integrarse la mejora de la acción protectora ante las nuevas realidades a las cuales la Seguridad Social debe dar respuesta. Es así como vamos a conseguir definir un calendario y presupuesto concretos para la paulatina puesta en marcha de estos permisos.

Por otro lado, los socialistas creemos muy necesario otro tipo de prestaciones. Ya hemos presentado iniciativas para atender al hecho de que tenemos en estos momentos un tercio de nacimientos que no generan ninguna prestación por maternidad o paternidad. Este caso y otros han quedado desatendidos en esta proposición. Desde el Partido Socialista queremos reconocer prestaciones específicas por maternidad para jóvenes demandantes de empleo aunque no hayan cotizado.

Nuestra segunda enmienda está referida al punto 4 de su iniciativa. Ustedes piden cambiar la denominación de los permisos por maternidad y paternidad y proponen sustituirla por una nueva calificación que dice y cito literalmente: Permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus cuidadores/as en caso de nacimiento, adopción y acogida. ¿Por qué les estamos presentando una enmienda a este punto? Es cierto que los formularios administrativos en estos momentos no están adecuando su terminología a las nuevas realidades en materia de matrimonio y convivencia, pero pensamos que ello no se puede suplir con un cambio de denominación que, al introducir el concepto de cuidadores como sujetos de derecho, abre la puerta a una indefinición demasiado ancha. Cuidadora, señorías, puede ser una tercera persona con o sin vínculo con el menor. Por tanto, les proponemos buscar un término que dé garantías jurídicas, que no dé lugar a dudosas interpretaciones y sobre todo que no abra una vía de fraude a las políticas de corresponsabilidad. No voy a negarles, señorías -y quiero dejar esto muy claro-, que a este grupo le preocupa mucho el uso de neolenguajes y neologismos que hacen desaparecer de la legislación el concepto de madre o padre y que los desvincula de los derechos que les asisten.

Termino, señorías. Este objetivo es compartido. Es un avance necesario para la sociedad española, para las mujeres y los hombres, para las familias y para el cambio de cultura empresarial en este país. Este modelo de permisos es esencial para la España del siglo XXI porque supone un cambio de modelo que va a modernizar la sociedad y fomentará la natalidad en un país que se está desangrando en términos de decrecimiento poblacional. El Estado debe asumir su corresponsabilidad en los cuidados, pero también en el fomento de la corresponsabilidad en el ámbito privado y empresarial, y debe hacerlo porque efectivamente, señorías, es viable, es beneficioso socialmente y es un elemento clave para la igualdad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora España Reina.

La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, creo que avanzar en todo lo que sea conciliación y corresponsabilidad, en la mejora de los sistemas de permisos por el cuidado de menores es un objetivo que seguramente compartimos todos los grupos de esta Cámara; el mío también, el Grupo Popular también. Fíjense ustedes si estamos absolutamente de acuerdo en esta moción que en los ciento cincuenta compromisos del documento que el Partido Popular y Ciudadanos firmaron para mejorar España, en la parte de conciliación y familia ya se decía -y se acordó-: Aprobar las medidas que fueran necesarias con el objetivo de equiparar los permisos de paternidad a los de maternidad en los próximos años. Por lo tanto, señorías, esa es


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precisamente la enmienda que el Grupo Popular ha presentado a esta PNL, donde no se cuestiona en absoluto -quiero que les quede muy claro- la equiparación entre los permisos de paternidad y los de maternidad. Estamos absolutamente a favor; pero, claro, hay que ser serios y responsables. Es decir, esta medida -se ha dicho ya- tiene un coste económico, por lo tanto hay que analizarla también desde la vertiente económica. Si se aumenta el permiso de paternidad desde las casi dos semanas actuales a las dieciséis semanas, esto tiene un incremento de coste de 1.500 millones de euros; pasaríamos de los 200 millones de euros actuales a los 1.700 millones de euros. En la PNL no se habla de coste en ningún momento. Ya sabemos cómo funcionan algunos: promesas maravillosas que luego son incumplidas; porque, señorías, el todo gratis no existe, el todo gratis al final tiene coste y puede salir muy caro y, si no, que se lo pregunten a los pensionistas de Grecia. Hay que ser serios, honestos y responsables. Ya se ha dicho que el lugar para estudiar esta medida, que compartimos, es el seno del Pacto de Toledo, el marco de la sostenibilidad y del equilibrio financiero de la Seguridad Social. Ahí estará el Partido Popular.

Con respecto al Partido Socialista, es verdad que aprobó una ley donde establecía incrementar de dos a cuatro semanas el permiso de paternidad, una ley que aprobó en octubre del año 2009 para que entrara en vigor en enero del año 2011, ley que ni ellos mismos cuando gobernaron pudieron poner en marcha por la gestión en su momento del señor Zapatero.

Nosotros nos vamos a abstener en esta proposición no de ley, porque estamos de acuerdo en el fondo, pero no en la forma. Lo haremos por responsabilidad y con presupuesto en el Pacto de Toledo. Pero quiero hacerles una reflexión. Yo estoy convencida de que cuando hay voluntad política, cuando hay buena gestión y cuando hay presupuesto, se puede avanzar en igualdad, que es lo que hemos hecho desde el Partido Popular cuando hemos aprobado el complemento de maternidad. En la exposición de motivos, la diputada de Podemos hablaba de que las mujeres eran mano de obra de alto riesgo por la maternidad y que había una brecha salarial. Es verdad, y desde el Partido Popular fuimos conscientes de que había muchas mujeres en este país, muchas madres trabajadoras, que habían tenido que dejar de trabajar para ocuparse de sus hijos, para cuidar a sus pequeños, o que habían tenido que recurrir al contrato a tiempo parcial para poder ejercer de madres y como consecuencia de eso tienen unas carreras de cotización más cortas y unas pensiones un 38 % inferiores a las de los hombres. Por eso desde el Partido Popular se aprobó una ley para que aquellas mujeres madres que hayan dejado de trabajar para cuidar a sus hijos vean ahora, cuando se jubilen, incrementada su pensión en un 5, un 10 o un 15 % en función del número de hijos que han tenido. Lo dijimos y lo hicimos, no como otros, que aprueban una ley pero no la ponen en marcha. Nosotros lo aprobamos en una enmienda de los presupuestos y el 1 de enero del año 2016 estaba en vigor esta medida. Son ya más de 112.000 las mujeres que se han podido beneficiar de un incremento de hasta el 15 % por haber sido mujer, por haber tenido hijos y por haber trabajado. Esto es hacer justicia social y no de boquilla. Esto es reconocer de verdad el esfuerzo de las mujeres, la contribución de las mujeres, de las madres, a la sociedad y a la sostenibilidad del sistema de la Seguridad Social. Esas son las medidas del Partido Popular: pensiones más altas a mayor número de hijos y pensiones más altas para las mujeres trabajadoras de este país. Además hay un pequeño detalle -termino, señora presidenta-. Antes, cuando se aprobó esta medida, había Gobierno y había presupuestos. Ahora, por el bloqueo político, tenemos un Gobierno en funciones y tenemos unos presupuestos prorrogados. Así es difícil que este país pueda avanzar en algo, tampoco en igualdad y en conciliación. Piénsenlo ustedes.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, en el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

La iniciativa que plantea la diputada Fernández Castañón trata del impulso a un plan integral de apoyo a las familias dirigido a profundizar en medidas efectivas que favorezcan la conciliación y singularmente los permisos laborales para el cuidado y atención de menores, ampliando los derechos parentales y la acción protectora. Son objetivos que todos compartimos con total seguridad, y aquí lo han reiterado los diferentes portavoces. Sin embargo, la reforma que se propone establece con varios puntos una serie de condicionantes que por sus altísimos costes a fecha de hoy, y con casi el 20 % de tasa de paro, desbaratarían los avances en igualdad, en conciliación y en corresponsabilidad que ya se han alcanzado y que no han podido ir más allá porque por sí mismos precisan una importante prestación económica que incide en los


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presupuestos de la Seguridad Social. Todo lo que sea ampliar las prestaciones supone detraer de otras dotaciones de la Seguridad Social. En este sentido es oportuno recordar que en España tenemos acumulado un importante déficit que solo puede ser restañado con una mayor creación de empleo, el gran objetivo de nuestro país y cuyas cotizaciones son las que permiten afrontar el bienestar de los ciudadanos con acciones protectoras que van desde medidas económicas, incluidas pensiones, a medidas de protección sanitaria o la atención a menores. La propuesta no desvela de dónde saldrían ahora los importantes fondos para afrontar la reforma y el correspondiente calendario de aplicación para alcanzar estos objetivos. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría.

Señorías, por favor, guarden silencio. (Pausa). Adelante.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Por tanto, señora presidenta, si no se aclara de dónde sacaremos los recursos económicos, mi voto será de abstención.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Presidenta, señorías, por fin traemos a debate aquí los permisos igualitarios e intransferibles. Que las responsabilidades familiares en el Estado español las asumen básicamente las mujeres no es nada nuevo. Por cada hombre que deja el trabajo por responsabilidades familiares, lo dejan veintisiete mujeres. Esto genera brecha salarial, genera desigualdades en las pensiones de jubilación, y dar limosna, regalar algún año de cotización, no es suficiente. Las pensiones de jubilación de las mujeres son 400 euros más bajas que las de los hombres, por tanto, no es suficiente con dar limosna. Existen estos permisos que generan una desigualdad y esta desigualdad es por voluntad política.

Suspendemos las directivas comunitarias en tema de permisos. La Unión Europea reconoce el permiso por nacimiento y adopción como un derecho individual. Como decía la compañera de Podemos, derechos individuales son, por ejemplo, la educación o la sanidad. ¿Se imaginan qué pasaría si fueran transferibles o que los computáramos a nivel familiar? Podríamos tener derecho, por ejemplo, a un infarto por familia; o podríamos tener derecho a escolarizar a una persona por familia, o a una gripe al año. Los derechos no pueden estar limitados por los intereses económicos y si ningún derecho es transferible, ¿por qué el derecho de los progenitores a atender a sus descendientes tiene que serlo?

Esta desigualdad, como decía antes, es por voluntad política. Es más, nos apretamos el cinturón cuando la Unión Europea lo pide, nos lo apretamos con los recortes pero no lo hacemos con los derechos; queremos ser ciudadanía europea plena también con los derechos, queremos mujeres más libres, queremos hombres con derecho a ser padres, queremos familias iguales independientemente de su composición. Acabar con esta desigualdad es fundamental, tenemos que reconocer los derechos y dotarlos económicamente. Esta desigualdad es por voluntad política, lo he dicho antes; por tanto, tenemos la opción hoy de hacer posible que nuestros hijos e hijas tengan una vida familiar plena y digna.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias

Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.

Saludos, cómo no, a las personas que nos acompañan de la PPiiNA y gracias por vuestros esfuerzos, que llevamos conociendo desde hace mucho tiempo. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Vamos a votar que sí, por supuesto. Votaremos que sí por historia, en primer lugar, porque fue nuestra diputada Mercè Pigem en 2007 quien, vía enmienda, introdujo las cuatro semanas de permiso para los padres, medida que nunca ha entrado en vigor porque los sucesivos Gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista la postergaron en los sucesivos presupuestos anuales. Votaremos que sí porque fue también Convergència Democràtica de Catalunya en la X Legislatura el partido que presentó una proposición no de ley en Comisión en estos términos, que se aprobó por


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unanimidad, y porque fuimos nosotros también quienes presentamos una interpelación al ministro de Sanidad y una moción consecuente en el mismo sentido. No tuvimos éxito aquel día, el Partido Popular -que hoy se abstiene- votó que no en la misma medida. Por tanto, estamos a favor de que los permisos de paternidad y maternidad sean equiparables entre ambos progenitores. El hecho de equiparar los derechos de los hombres que son padres con los derechos de las mujeres que son madres, nos parece obvio y lógico. Por tanto, tiene que ser un permiso igual, un permiso de dieciséis semanas, con la misma previsión social y, además, intransferible y que no se pueda disfrutar de manera simultánea. Intransferible, sí, señorías, porque cuando el permiso es transferible quien lo recibe eminentemente son las mujeres y no avanzamos, no nos engañemos. El derecho tiene que ser propio, de cada uno de los cotizantes, del padre o de la madre, según las familias. Cuidar es un derecho de hombres y es un derecho de mujeres, ser cuidado es un derecho de los hijos y ser cuidado por ambos progenitores es un derecho también de los hijos. Por lo tanto, necesitamos estos permisos como medida de apoyo a la igualdad efectiva, a la igualdad de oportunidades. No se les olvide, es una medida que va ayudar sin duda al incremento de la natalidad en un momento en que esta está llegando a sus cotas más bajas, peligrando por ello las cotizaciones futuras. Por tanto, tienen nuestro sí, repito, y esperemos que tire para adelante esta medida, aunque en ella hemos echado en falta la temporalización de ocho años. Nosotros la fijaríamos en ocho años máximo y que de forma progresiva esto se pudiese implementar.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.

El señor ERITJA CIURÓ: Señora presidenta, señorías, representantes de la Asociación de la PPiiNA que hoy nos acompañan, damos nuestro apoyo a una iniciativa que nuestro grupo parlamentario valora por su gran calado y que implica un gran avance sobre todo en las políticas de igualdad: la reforma integral del sistema de permisos y prestaciones de paternidad y maternidad para el cuidado y atención de menores en casos de nacimiento, adopción y acogida. Un tema amplio. Sobre ese tema ahora estamos todavía muy lejos de conseguir la paridad de género que siempre pregonamos. Aunque en 2009 fue aprobada la ley en la que el permiso de paternidad pasaba de las dos semanas a las cuatro, aún hoy no se ha implementado. Por tanto, estamos a años luz realmente de lo que vemos en otros sitios. De hecho, solo Suecia dispone hoy de un permiso igualitario, al que sigue Noruega donde el padre tiene derecho a doce semanas de permiso y la madre a cuarenta y seis, ambos con el cien por cien del sueldo garantizado. Igualar el sistema de permisos y prestaciones de maternidad y paternidad supone eliminar el criterio de género que tradicionalmente asignaba a la madre la responsabilidad de los cuidados de los menores. Por lo tanto, con esta propuesta se incide en la corresponsabilidad por igual del cuidado y atención de menores al conjunto de miembros que conforman el núcleo familiar, un núcleo familiar que engloba diferentes modelos de familia pero también entornos familiares complejos que haría falta ponderar en un debate en profundidad ya que la función del cuidado y atención no necesariamente recae siempre sobre los mismos progenitores. Por este motivo, entendemos y compartimos el cambio de denominación que se propone: permisos de maternidad y paternidad por permisos y prestaciones para el cuidado y atención de menores por parte de sus cuidadores o cuidadoras en caso de nacimiento, adopción o acogida. Por ello también es imprescindible que el permiso sea intransferible, como ya se ha comentado aquí, para evitar lo que se ha venido haciendo siempre hasta ahora, hacer recaer sobre la mujer la responsabilidad principal del cuidado y atención de los menores.

Insisto, con esta propuesta desaparecería el criterio de género por lo que se refiere al cuidado y atención de los menores y, en cambio, se establece como principal criterio el de corresponsabilidad e igualdad de los cuidadores. Por otro lado, el desequilibrio en la regulación actual de la duración de los permisos según el género no solamente perpetúa la desigualdad en las responsabilidades del cuidado y atención de los menores entre hombres y mujeres, sino que también tiene efectos perniciosos sobre el entorno laboral de las mismas. Muchas empresas descartan contratar mujeres o retribuirles el mismo salario por el gasto que supone el periodo de maternidad. Son consideradas, como ya se ha comentado, mano de obra de alto riesgo ya que se ven obligadas a asumir a tiempo completo la responsabilidad del cuidado y atención durante un periodo prolongado. De esta forma, se ahonda aún más en la discriminación laboral por género que incide en aspectos como la brecha salarial, la precariedad, la pobreza femenina, así como un mercado de trabajo segregado por género. Con la equiparación a dieciséis semanas de los permisos de cuidados y atención tanto para hombres como para mujeres, evitando que puedan ser transferibles, con una prestación del cien por cien de la base reguladora y con igual protección de su


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puesto de trabajo, fíjense, ya no sería la mujer la única afectada por la posible discriminación laboral, sino el grupo familiar, es decir, la presión ya no solamente recaería sobre las mujeres sino sobre todo el entorno familiar. Cuando pasamos de una problemática de género a un problema social más amplio, de conciliación laboral y que afecte por igual a hombres y mujeres, no podremos cargar el peso de falta de conciliación únicamente a las familias, y mucho menos a las mujeres. De hecho, uno de los principales fines de la conciliación laboral es permitir a la mujer y al hombre poder estar insertados en el mercado laboral sin ningún tipo de desigualdad y, en este sentido, todavía hoy no hemos tratado seriamente el debate de la conciliación laboral con la vida personal y familiar.

La flexibilidad laboral en el caso español sigue teniendo dificultades para su implantación. Según un estudio de evolución de la familia europea, los horarios tienen una rigidez de más del 88 %; en cambio, comienzan a destacar países como Finlandia o Suecia, cuyos horarios se están adaptando a las necesidades de los trabajadores y sus vidas personales. Precisamente, el Parlament de Catalunya está a punto de presentar una nueva ley de reforma horaria y durante este curso político un pacto nacional con entidades para adaptar el horario de trabajo y así mejorar la conciliación laboral.

Antes de terminar quisiera lanzar una última reflexión que dirijo sobre todo a los hombres de este hemiciclo. ¿Cuántos de los que estamos en esta sala estaríamos dispuestos hoy a solicitar un permiso de paternidad de dieciséis semanas para el cuidado y atención de los hijos? ¿Por qué aun ahora los hombres pensamos que nuestro trabajo es más importante que el de las mujeres? De hecho, este es el verdadero debate de fondo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Se ha recibido en la Mesa una enmienda transaccional a esta proposición no de ley firmada por Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Socialista y el Grupo Parlamentario Vasco, PNV. Pregunto a la señora Fernández Castañón si acepta la enmienda transaccional. Si no hay oposición, se votaría en los términos de la transaccional.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: La aceptamos.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Llamamos a votación, comenzando la misma en tres minutos. (Pausa).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (CONTINUACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA REDUCIR LA DURACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES EN LOS CASOS DE DISOLUCIÓN AUTOMÁTICA DE LAS CÁMARAS, POR APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 99.5 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 122/000019).

La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de comenzar las votaciones quiero anunciar que se ha retirado la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para reducir la duración de las campañas electorales en los casos de disolución automática de las Cámaras, por aplicación del artículo 99.5 de la Constitución.

En consecuencia esta proposición no será sometida a votación.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 122/000036).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos las votaciones.

Votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341, más 1 voto telemático, 342; a favor, 258; en contra, 18; abstenciones, 65, más 1 voto telemático, 66.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 122/000036).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar el acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337, más 1 voto telemático, 338; a favor, 268; en contra, 16; abstenciones, 53, más 1 voto telemático, 54.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN). (CONTINUACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA EL SUPUESTO DE CONVOCATORIA AUTOMÁTICA DE ELECCIONES EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL APARTADO QUINTO DEL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN. (Número de expediente 122/000037).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la votación de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de elecciones en virtud de lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 99 de la Constitución.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339, más 1 voto telemático, 340; a favor, 339, más 1 voto telemático, 340.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN). (CONTINUACIÓN):

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA EL SUPUESTO DE CONVOCATORIA AUTOMÁTICA DE ELECCIONES EN VIRTUD DE LO DISPUESTO EN EL APARTADO QUINTO DEL ARTÍCULO 99 DE LA CONSTITUCIÓN. (Número de expediente 122/000037).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la votación del acuerdo de tramitación directa y en lectura única de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para el supuesto de convocatoria automática de elecciones en virtud de lo dispuesto en el apartado quinto del artículo 99 de la Constitución.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338, más 1 voto telemático, 339; a favor, 331, más 1 voto telemático, 332; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


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PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO PARA LA REFORMA DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. (Número de expediente 162/000055).

La señora PRESIDENTA: A continuación, procedemos a votar el texto de las proposiciones no de ley según lo acordado en el debate.

En primer término, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el inicio del procedimiento para la reformas del sistema de financiación autonómica. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos al punto 2 y de la enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea al punto 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 319; abstenciones, 17.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA REFORMA INTEGRAL DEL SISTEMA DE PERMISOS Y PRESTACIONES DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD PARA EL CUIDADO Y ATENCIÓN DE MENORES EN CASOS DE NACIMIENTO, ADOPCIÓN O ACOGIDA. (Número de expediente 162/000147).

La señora PRESIDENTA: Votamos a continuación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reforma integral del sistema de permisos y prestaciones de maternidad y paternidad para el cuidado y atención de menores en casos de nacimiento, adopción o acogida. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Vasco, PNV.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 173; en contra, 2; abstenciones, 164.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).

Se suspende la sesión.

Eran las ocho y cuarenta minutos de la noche.

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