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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 80, de 10/10/2017
cve: DSCD-12-PL-80
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 80
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 76
celebrada el martes,
10 de octubre de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Exclusión del orden del día:

- Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales sobre las instrucciones que, como coordinadora del Gobierno, ordenó transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que dieron lugar a las cargas policiales producidas el pasado 1 de octubre en Cataluña, que dejaron un balance de centenares de heridos. (Número de expediente 172/000066) ... (Página6)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:

- Del Parlamento Vasco, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 109-1, de 24 de marzo de 2017. (Número de expediente 125/000009) ... (Página6)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 31-1, de 16 de septiembre de 2016. (Número de expediente 122/000020) ... (Página18)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Sorlí), sobre la modificación de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 18, de 21 de septiembre de 2016. (Número de expediente 162/000110) ... (Página26)


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- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso y desarrollo del vehículo autónomo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 204, de 8 de septiembre de 2017. (Número de expediente 162/000451) ... (Página33)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento de los compromisos de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas conforme a las decisiones adoptadas por la Unión Europea en 2015. (Número de expediente 173/000046) ... (Página40)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Baldoví, Candela y Bataller y señora Sorlí), sobre el abuso realizado por el Gobierno de los recursos de inconstitucionalidad a leyes autonómicas y la suspensión automática de disposiciones y normas autonómicas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución. (Número de expediente 173/000047) ... (Página47)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los planes que tiene el Gobierno para superar la crisis actual con Cataluña. (Número de expediente 173/000048) ... (Página54)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página63)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página63)

Proposiciones no de Ley. (Votación) ... (Página63)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página64)

SUMARIO

Exclusión del orden del día ... (Página6)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día del punto correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales sobre las instrucciones que, como coordinadora del Gobierno, ordenó transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que dieron lugar a las cargas policiales producidas el pasado 1 de octubre en Cataluña, que dejaron un balance de centenares de heridos, lo que se aprueba por asentimiento.

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Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página6)

Del Parlamento Vasco, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto ... (Página6)

En turno a favor intervienen el señor Aiartza Zallo, en representación del Grupo Parlamentario Euzko Abertzaleak-Nacionalistas Vascos, y las señoras Blanco de Angulo, en representación del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, y Sánchez Martín, en representación del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak y Euskadiko Ezquerra, representantes del Parlamento vasco.


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En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y el señor Bataller i Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora De Frutos Madrazo, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Camps Devesa, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página18)

Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ... (Página18)

Defiende la toma en consideración el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador Armendáriz, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y el señor Bataller i Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página26)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Sorlí), sobre la modificación de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales ... (Página26)

Defiende la proposición no de ley y la enmienda presentada la señora Sorlí Fresquet, del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Bosaho Gori, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Navarro Fernández-Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Blasco Marqués, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Sorlí Fresquet.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso y desarrollo del vehículo autónomo ... (Página33)

Defiende la proposición no de ley y la enmienda presentada el señor García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición el señor Baldoví Roda, del mismo grupo; Clemente Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Luis Bail, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Palacín Guarné, del Grupo Parlamentario Socialista.


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En turno de fijación de posiciones interviene la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor García Egea.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página40)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento de los compromisos de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas conforme a las decisiones adoptadas por la Unión Europea en 2015 ... (Página40)

Defiende la moción el señor Elorza González, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Bataller i Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, así como el señor Matute García de Jalón, del mismo grupo; la señora Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Mateu Istúriz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Salvador García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Elorza González.

Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Baldoví, Candela y Bataller y señora Sorlí), sobre el abuso realizado por el Gobierno de los recursos de inconstitucionalidad a leyes autonómicas y la suspensión automática de disposiciones y normas autonómicas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución ... (Página47)

Defiende la moción el señor Candela Serna, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Prendes Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Errejón Galván, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Rallo Lombate, del Grupo Parlamentario Socialista, y Fole Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los planes que tiene el Gobierno para superar la crisis actual con Cataluña ... (Página54)

Defiende la moción el señor Domènech Sampere, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor López Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Salvador Armendáriz, y la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Toma en consideración de proposiciones de ley de Comunidades y Ciudades Autónomas. (Votación) ... (Página63)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento Vasco, de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto, se aprueba por 193 votos a favor más 3 votos telemáticos, 196, y 127 abstenciones.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página63)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se aprueba por 159 votos a favor más 3 voto telemático, 162, 129 en contra y 31 abstenciones.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página63)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Sorlí), sobre la modificación de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Mixto (señora Sorlí), se rechaza por 77 votos a favor, 160 en contra y 82 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Mixto (señor Martínez Oblanca) a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impulso y desarrollo del vehículo autónomo, se aprueba por 317 votos a favor y 3 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página64)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el cumplimiento de los compromisos de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas conforme a las decisiones adoptadas por la Unión Europea en 2015, se aprueba por 190 votos a favor, 127 en contra y 3 abstenciones.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señores Baldoví, Candela y Bataller y señora Sorlí), sobre el abuso realizado por el Gobierno de los recursos de inconstitucionalidad a leyes autonómicas y la suspensión automática de disposiciones y normas autonómicas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución, se rechaza por 157 votos a favor, 161 en contra y 2 abstenciones.

Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las tres de la tarde.

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

- INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, A LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES SOBRE LAS INSTRUCCIONES QUE, COMO COORDINADORA DEL GOBIERNO, ORDENÓ TRANSMITIR A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y QUE DIERON LUGAR A LAS CARGAS POLICIALES PRODUCIDAS EL PASADO 1 DE OCTUBRE EN CATALUÑA, QUE DEJARON UN BALANCE DE CENTENARES DE HERIDOS. (Número de expediente 172/000066).

La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 27, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia para las Administraciones Territoriales sobre las instrucciones que, como coordinadora del Gobierno, ordenó transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que dieron lugar a las cargas policiales producidas el pasado 1 de octubre en Cataluña, que dejaron un balance de centenares de heridos. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).

En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto de referencia.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:

- DEL PARLAMENTO VASCO, DE CREACIÓN DE UN FONDO DE COMPENSACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO. (Número de expediente 125/000009).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora con el punto primero del orden del día relativo al debate de toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento vasco de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto. Por ello, nos acompañan -les damos la bienvenida- tres representantes del Parlamento vasco que integran la delegación que va a defender la propuesta, y asimismo damos la bienvenida a la delegación del Parlamento del País Vasco y a la presidenta, que nos acompañan.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra, en primer lugar, el señor Jon Aiartza Zallo, del Grupo Parlamentario PNV.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO VASCO (Aiartza Zallo): Gracias, presidenta.

Arratsalde on denoi. Buenas tardes a todos y a todas. Desde la década de los sesenta del pasado siglo hasta muy transcurrida la de los ochenta, el amianto se produjo y se comercializó de forma masiva. No solamente era un producto cuya fabricación y venta estaba permitida por la ley, sino que era prácticamente un producto mágico; era un magnífico aislante, ignífugo, resistente y maleable. No se conocían en un inicio las consecuencias que su exposición podía producir, su toxicidad. El riesgo de su toxicidad se produce al manipular el amianto, de tal forma que puede desprenderse al ambiente. Sus fibras pueden ser inhaladas y depositarse dentro del organismo. El organismo es incapaz de eliminar esa fibra y se dará una evolución durante el periodo de latencia hacia la enfermedad. Se dan diferentes tipos de lesiones, algunas no mortales, pero severas; otras muchas mortales, como el mesotelioma, que deriva necesariamente de una exposición al amianto, por lo que hay que buscar esa exposición en la vida laboral de la persona afectada.

Desde que en la Unión Europea se prohíbe oficialmente el uso del amianto en 2005, la única actividad permitida es su retirada, que debe realizarse por empresas específicamente autorizadas y registradas. A pesar de la prohibición, puede seguir dañando la salud, al existir aún gran cantidad de material que lo contiene. El número de afectados es realmente elevado y la estimación nos dice que seguirán aumentando hasta los años treinta. Sin duda, es necesario un cambio en la realidad en un periodo de tiempo muy corto


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-de producto milagro utilizado masivamente a producto extremadamente tóxico, con miles de personas enfermas o en estado de latencia-, un drástico cambio en las necesidades de los afectados, sus familias, las personas en estado latente, de toda la sociedad en definitiva, que necesita de respuestas desde las instituciones.

En resumen, podemos hacernos fundamentalmente dos preguntas: Qué se puede hacer en el ámbito del amianto y qué se está haciendo realmente. Se puede hacer prevención de la exposición, se puede hacer vigilancia de la salud y se puede hacer también compensación a los afectados y afectadas. Pero, ¿cuáles son las acciones que se están realizando en estos ámbitos? En la prevención de la exposición, a grandes rasgos, se están evitando las retiradas ilegales y los vertidos incontrolados. En la vigilancia de la salud se están conectando los sistemas de información, de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos, con la información de su historia clínica como ciudadanos, lo que conlleva un conocimiento más sistemático de los posibles daños.

¿Y en lo referido a la compensación? En esta cuestión, el caso del amianto es particularmente complejo. En primer lugar, el tiempo de latencia entre la exposición y la aparición de la enfermedad es extraordinariamente largo; en segundo lugar, un número de casos relativamente elevado, alrededor de un 20 %, se produce en personas que no han estado expuestas profesionalmente al amianto, siendo la causa de la exposición la contaminación ambiental que en muchos casos no tiene un culpable definido; en tercer lugar, el número de afectados es muy elevado.

Por ello, en el caso de los afectados por amianto, los procedimientos de valoración e indemnización de los sistemas de compensación suelen manifestarse inoperantes, por lo que los afectados se ven obligados a recurrir a los tribunales para lograr la reparación a la que consideran tener derecho. Solo les queda litigar por daños y perjuicios contra la empresa como único camino para el resarcimiento: en algunos casos no hay ya empresa a la que reclamar; en otros, muchos afectados no consiguen sobrevivir al largo proceso judicial. Por todo ello, la mayor parte de los Estados de nuestro entorno que han tenido los mismos niveles de utilización de amianto y el mismo impacto nocivo para las personas han constituido fondos de compensación específicos con el objeto de resarcir a las víctimas del amianto. La ponencia en el Parlamento vasco se constituyó con el fin de estudiar la posible creación de un fondo de estas características; su conclusión principal es clara: la necesidad de creación en el Estado de este fondo de compensación. Es de justicia dar repuesta a esta necesidad. Por ello, solicitamos que aprueben la toma en consideración de esta proposición de ley.

Eskerrik asko. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra la señora Eba Blanco de Angulo en representación del Grupo Parlamentario EH Bildu.

La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO VASCO (Blanco de Angulo): Arratsalde on. Buenas tardes a todas y a todos.

En primer lugar, quisiera saludar a la representación de asociaciones de víctimas del amianto de diferentes comunidades autónomas aquí presentes, y permítanme que me dirija en particular a la Asociación de Víctimas del Amianto de Euskadi. (Dirigiéndose a la tribuna del público). Además de saludarles, es justo agradecerles el trabajo y el acompañamiento que han realizado a lo largo de estos ocho años a todos los grupos parlamentarios de la Cámara vasca. Por nuestra parte, gracias al trabajo en común, hoy podemos manifestar que de una manera unánime hemos llegado al final de este largo camino, un camino que esperamos que ustedes hoy retomen para posibilitar la creación del fondo de compensación de víctimas del amianto, víctimas que a día de hoy no reciben por parte de ninguna Administración compensación, reconocimiento ni respuesta alguna; víctimas que en la mayoría de los casos se encuentran desamparadas ante un problema extremadamente grave, sobrevenido y sin posibilidad de reclamación alguna; personas que inician un largo proceso judicial que en muchas ocasiones ni siquiera pueden ver finalizado porque pierden la otra batalla, la de la lucha contra su enfermedad.

Conviene recordar que, a pesar de que hace doce años la Unión Europea prohibió el uso del amianto, este material ha sido utilizado de manera masiva durante tres décadas, y a día de hoy este puede seguir dañando la salud al existir todavía gran cantidad de material que lo contiene; es decir, hay empresas que desconocen que trabajan con amianto. Por eso es tan complicado determinar cuántas personas han sufrido exposición al amianto ni durante cuánto tiempo lo han hecho. Y a pesar de que no podemos hablar de un número de afectados o afectadas en cifras exactas, sí contamos con algunas estimaciones que son


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desde luego a tener en cuenta. Entre los años 1994 y 2008, el número de fallecidos por mesotelioma pulmonar en el Estado español ascendió casi a 4000 personas. En el mismo periodo de tiempo únicamente en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa los fallecidos ascendieron a 305. Por otra parte, según estudios recientes, podríamos afirmar que anualmente se van a diagnosticar 700 nuevos casos de mesoteliomas, y a esto habría que añadir los casos de asbestosis o de cáncer de pulmón que tendrán una relación directa con la exposición al amianto, por no hablar de las víctimas afectadas por enfermedades leves, que no por ello dejan de ser víctimas. Además, no podemos perder de vista que el número de personas diagnosticadas irá en aumento hasta el año 2023 al menos, que es cuando se estima que termine el periodo de latencia.

Es importante señalar también que aproximadamente un tercio de las víctimas son mujeres, bien porque se han visto expuestas al amianto en el ámbito laboral o bien porque se han visto afectadas por causas no laborales, como la exposición ambiental o doméstica. Por eso, es necesario tener en cuenta a todas las víctimas, a las que tienen una relación directa con el ámbito laboral y también a las que no la tienen. Podríamos referirnos a modo de ejemplo a todas esas mujeres que han enfermado por haber tenido contacto con ropa de trabajo que contenía fibras de amianto, y es que, si se calcula que aproximadamente un 20 % de los mesoteliomas en hombres no son atribuibles a la exposición laboral, este porcentaje asciende asombrosamente hasta el 75 u 80 % en el caso de las mujeres.

Por todo ello, desde el Parlamento vasco queremos solicitarles dos cuestiones fundamentales: la primera, que tomen en consideración la propuesta legislativa que hoy hemos venido a presentarles porque, entre otras cosas, existe la necesidad de que este fondo de compensación se constituya a nivel estatal, ya que queda demostrado que es una cuestión que supera los límites autonómicos; y, segundo, que trabajen con la responsabilidad política que este asunto merece y que lo hagan con rapidez para que las víctimas del amianto puedan ser compensadas cuanto antes, pero también, y no menos importante, para que todas ellas de alguna manera puedan sentirse reconfortadas.

Eskerrik asko. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra la señora Gloria Sánchez Martín en representación de los socialistas vascos y Euskadiko Ezquerra.

La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO VASCO (Sánchez Martín): Presidenta, me corresponde cerrar esta defensa que hacemos varios representantes del Parlamento vasco en representación de todos los grupos parlamentarios que lo componen y quisiera poner el acento en dos cosas que queremos que esta Cámara tenga en cuenta para admitirla a trámite: los trabajadores afectados y los que aún pueden serlo en el futuro y el valor del acuerdo. Mi primera referencia es a esos trabajadores y sus familias que han venido clamando por una solución que les evite el calvario judicial que significa tener que perder parte de su vida, de la que les queda, en ese laberinto y que incluso su batalla la tengan que seguir sus familiares cuando ellos fallecen, y no es justo. No es justo que no se haya protegido su derecho a la salud en el pasado, no es justo que lo tengan que defender ahora ante los tribunales, como tampoco creemos que sea justo para las empresas que, tras la existencia de un marco legal que lo permitía en su día, con el paso de los años tengan que hacer frente a esas indemnizaciones.

Para unos y otros, pero sobre todo para los afectados, la creación del fondo de compensación no les supondrá que les restituyan la salud, pero sí que se compense el derecho perdido durante años. No se trata de echar culpas sobre responsabilidades pasadas. El desconocimiento sobre los efectos reales del amianto era general en Europa, pero otros países ya habían respondido a los afectados, como Francia, Bélgica y Holanda. Sin embargo, en España seguimos sin crear el fondo de compensación para víctimas del amianto después de diecisiete años. Nosotros creemos necesaria su creación y queremos que todo el esfuerzo efectuado por el Parlamento vasco no sea estéril.

Hace dos legislaturas, en el Parlamento vasco decidimos comenzar un trabajo riguroso. Seguro que se les ha hecho largo a estas personas, pero ha sido muy riguroso. Elaboramos el informe de conclusión de la ponencia y con posterioridad se elaboró este proyecto de ley tomando como referencia el modelo FIVA francés porque consideramos que el modelo más completo de los tres anteriormente indicados era este. Además, se consideró en el acuerdo de la ponencia que este fondo de compensación tenía que tener ámbito nacional y no de comunidad autónoma, porque en Euskadi no podíamos crear ese fondo por las razones que luego expondré, pero desde Euskadi sí podíamos promoverlo, como lo estamos haciendo hoy, y además era necesario hacerlo así y desde una respuesta pública, porque público es nuestro sistema de salud. El problema es que no vale con tener la enfermedad, sino que hay que demostrar que se ha


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trabajado con amianto, y muchas de las empresas no facilitan la documentación ni las pruebas para ello o han desaparecido. Los afectados se enfrentan a la dificultad de demostrar la exposición y en qué empresa o empresas se produjo realmente. Además, dado el periodo de latencia, la gran mayoría de los casos se diagnostican cuando ya no hay relación laboral o están jubilados, por lo que los afectados tendrán que dirigirse directamente a la Seguridad Social.

Otro problema son los plazos para ejercitar estas acciones de daños y perjuicios, que son muy cortos, de un año. Este fondo facilitará una oferta de indemnización por igual para todas las víctimas que, de aceptarse por los afectados, implicaría, como ocurre en otros países, la renuncia a las acciones judiciales en curso. Todas estas dificultades justifican la petición del fondo de compensación para víctimas del amianto a nivel estatal.

Ahí quiero hilar con la segunda idea que les he trasladado desde el principio: el valor del acuerdo entre diferentes para garantizar los derechos de todos. El proyecto que les traemos ha sido trabajado por todos los grupos y respaldado por todos ellos; es unánime. Vivimos tiempos turbulentos para el diálogo y el acuerdo, vivimos tiempos de cuestionamiento de la política. Yo les pido que tengan en cuenta el valor de lo que les proponemos. Por nuestra parte, queremos que estos trabajadores y sus familias sientan que por fin se atienden sus demandas, que les hemos escuchado en Euskadi, que les hemos buscado soluciones, que queremos que se hagan realidad allí donde es posible hacerlo y que su lucha sea útil para otros trabajadores y otras familias del resto de España que tienen la misma justa demanda. Esta es la respuesta que está en manos de este Congreso de los Diputados ofrecer hoy. Por eso solicito que aprueben la toma en consideración de esta proposición de ley y, que en la tramitación que se siga, continúen contando con las víctimas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes. El amianto fue considerado el mineral milagroso del siglo XX, siendo muy utilizado por sus cualidades ignífugas pero desconociéndose que la exposición a este material podía dar lugar a enfermedad y muerte. La proposición de ley presentada por el Parlamento vasco va a contar con el apoyo de Foro para que sea una realidad cuanto antes un fondo para la indemnización de las víctimas del amianto. Estamos ante una vía que proporciona mayor amparo a los afectados por enfermedades relacionadas con el contacto con este material empleado en construcciones, que si bien desde 2002 tiene prohibido su uso en cualquiera de sus formas y por cualquier aplicación, hay un alto porcentaje de personas que convivieron directamente con él y que están en riesgo de contraer algún tipo de graves enfermedades como la asbestosis, la más frecuente, la fibrosis con restricción respiratoria y el mesotelioma. Hablamos, en definitiva, de un agente clasificado como cancerígeno de primera categoría. Aunque el Ministerio de Sanidad tiene reconocida esta enfermedad como profesional, la realidad es que la gran mayoría de las víctimas son tratadas como si lo fueran de enfermedad común, lo que condiciona severamente la propia economía familiar, y de ahí la importancia de crear un fondo de compensación para indemnizar a las víctimas, ayudar a sus familias y que sirva además para evitar el triste, complejo y muchas veces -dependiendo de la interpretación del tribunal- contradictorio periplo judicial al que son abocadas las personas que luchan por el reconocimiento como enfermedad profesional. Actualmente, la acción protectora del Estado con respecto a los trabajadores que padecen enfermedades profesionales producidas por el amianto está garantizada a través de las prestaciones que otorga la Seguridad Social, siempre que concurran determinados requisitos, pero la lectura del Pivistea, Programa integral de vigilancia de la salud de los trabajadores expuestos al amianto, y el conocimiento acreditado por estudios e informes de una preocupante evidencia, que se manifiesta con el paso de muchos años, justifican la adopción de medidas equitativas como la creación del fondo que aquí se plantea. Esta proposición de ley se anticipa, además, al previsible incremento de la aparición de enfermedades relacionadas con el amianto porque, a pesar de la prohibición de su uso, el gran problema, como acaba de recordarse, es el largo periodo de latencia del tumor: cuarenta años de promedio desde la exposición a esta sustancia mineral hasta el diagnóstico de la enfermedad, por lo que se espera un importante pico de incidencia en Europa a partir del año 2020.

Como señalé al principio, el voto de Foro será favorable.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto también, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on.

En el poco tiempo que tengo quiero dar la bienvenida, en primer lugar, a la representación del Parlamento vasco y reconocer el trabajo que han realizado en los últimos años en colaboración, con las asociaciones aquí presentes y ya mencionadas, hasta llegar a esta propuesta que viene al Congreso que, por supuesto, apoyaremos y que conviene recordar que ha sido aprobada por unanimidad hace ya dos años. Igualmente, quiero lamentar el veto que en primera instancia sufrió esta iniciativa en este Congreso y que, por fortuna, esperamos hoy quede atrás para dar comienzo al debate que lleve a la aprobación de un fondo de compensación a las víctimas del amianto. Como ya se ha dicho aquí, se trata de víctimas que se ven abocadas a largos procesos judiciales y que, en el caso de aquellas personas que han trabajado en contacto con el amianto, pueden llegar a recibir una sentencia favorable, pero que en el caso de contactos producidos fuera del ámbito laboral ni siquiera eso. Son víctimas todas ellas que siguen apareciendo, aun cuando ya no es un problema preventivo, por cuanto que las enfermedades relacionadas con el amianto afloran con los años y aún seguirán haciéndolo. Ello supone que cuando la enfermedad se manifiesta, en muchos casos las empresas donde trabajaron hayan desaparecido o que como trabajaron en más de una de ellas sea difícil saber en cuál se han contaminado, por decirlo de alguna manera, lo que supone que la vía judicial le resulte imposible. Tanto en estos casos como por entender que en ningún caso las personas afectadas deberían tener que defender sus derechos vía judicial de una forma sistemática, porque no se les ofrezca otra alternativa, en Euskal Herria Bildu compartimos la necesidad de la creación de este fondo de compensación, de que sea similar al que existe en otros países de la Unión Europea, de que se tenga en cuenta la casuística completa de afectación y de que en su financiación participen las empresas que produjeron y utilizaron amianto.

Por todo ello, como ya he dicho, apoyaremos el trabajo realizado por el Parlamento vasco y, por las víctimas del amianto, lo que esperamos es que se trabaje con diligencia y sin dilataciones para hacer realidad lo antes posible la constitución del fondo de compensación y, por tanto, que el sufrimiento que padecen y que todavía muchos tendrán que padecer se vea de alguna forma restituido.

Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto también, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, ante todo en nombre de Compromís quiero dar las gracias a la delegación del Parlamento vasco por la proposición de ley que nos han traído y por la defensa que han realizado de ella, y también quiero dar las gracias a los representantes de las asociaciones de víctimas que están hoy en esta tribuna con nosotros. (Dirigiéndose a la tribuna del público). Crear un fondo de compensación para las víctimas del amianto es reconocer una reivindicación histórica: el derecho al resarcimiento del daño a personas que han sufrido una enfermedad por motivos profesionales o simplemente por estar expuestos, por la vecindad, a las consecuencias del amianto. Esta exposición ha constituido un grave problema de salud pública, como se ha dicho, el mesotelioma pleural maligno -este cáncer que es de extrema mortalidad- que tiene en gran medida un origen asociado a la exposición al amianto, ya que un 85 % de los casos se vinculan al amianto. Como se ha indicado también, debido al excesivo tiempo que tarda este cáncer en manifestarse, los fallecimientos que se están dando ahora -y durante mucho tiempo continuará siendo así- se deben en muchos casos a personas que trabajaron con este material hace décadas en industrias de fundición, en industrias navales, en astilleros en localidades como Ferrol, Oviedo, Cartagena, País Vasco y en Valencia. En el caso valenciano la asociación que tenemos tiene contabilizados desde 2009 hasta hoy más de setenta y un fallecidos por dolencias derivadas de la exposición al amianto, pero los afectados podrían ser muchísimos más, podrían ser tantos como empleados en la Unión Naval de Levante, en los astilleros. Cuando se habla de amianto no puedo evitar decir que no solo hablamos de cifras, hablamos de personas. Vengo del barrio portuario de Valencia, distrito grande en el que vive mucha gente que trabajó en los astilleros y, por desgracia, la situación descrita por los proponentes de la iniciativa es una situación real. Vemos todavía muchas personas que están padeciendo enfermedades, que están luchando en la asociación para que alguien haga caso a sus padecimientos y a sus reclamaciones; conocíamos a muchas personas que ya han fallecido y, evidentemente, estamos ante un problema al que con esta proposición esperemos que se encare.


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Compromís entiende que la creación de un fondo de compensación para las víctimas a nivel estatal además de solventar la necesidad de dar una reparación económica, evita el sufrimiento adicional que acarrea la tortura judicial por la que pasan las víctimas y sus familiares durante el proceso para el reconocimiento de su situación. Por ello, van a contar con el apoyo de Compromís y esperamos que esta proposición salga adelante.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señora presidenta, señorías.

Como no puede ser de otra manera, debo agradecer, en primer lugar, a los representantes del Parlamento vasco -para que en nuestro nombre se lo agradezcan también al resto de su Cámara- que nos hayan traído hoy aquí esta iniciativa legislativa. En segundo lugar, a todas las asociaciones, tanto la vasca como las estatales, de víctimas del amianto y a los sindicatos que también han participado en su elaboración, así como a los miembros de Osalan y al Instituto Nacional de la Seguridad Social que también han participado como especialistas en su elaboración. Esta es una iniciativa que la Cámara no solo va a apoyar, sino que va a tener que hacerlo porque es, sobre todo, una necesidad social.

No me voy a extender tanto en los hechos que ya han relatado los parlamentarios vascos, sino sobre todo en la justificación de la necesidad de la existencia de un fondo como este. No tanto en las enfermedades que ya se han señalado que se pueden producir como consecuencia de la exposición al amianto, sino sobre todo en las características que debe tener un fondo como el que hoy se propone aquí que lo que pretende es atender a una necesidad social, que ha sido largo tiempo desatendida como consecuencia no ya de la no aplicación de reglamentos, sino por el desconocimiento de las advertencias que ya existían tanto en el ámbito científico como en el ámbito legal. Al margen de las actividades que ya existen en orden a la prohibición de la utilización del amianto en diferentes procesos productivos, y al margen también de las medidas preventivas que se están llevando a cabo en el orden laboral, la triste realidad es que, en el caso de la asbestosis y el resto de enfermedades relacionadas con el amianto, comprobamos año tras año que hay un número considerable de diagnósticos de enfermedades relacionadas con el amianto. Además, se van a producir estos diagnósticos en un momento en el que sus víctimas van a estar dificultados para acceder a un tipo de reacción, es decir, en el momento previo de la jubilación o ya en la jubilación. Incluso sus familiares en el momento de su fallecimiento comprobarán que las circunstancias que se han dado son debidas a la exposición a un elemento determinado, que no deberían haber soportado y que, sin embargo, lo hicieron y les produjo unas consecuencias terribles para su salud. Esto hace que la dotación de este fondo se convierta en un reto de justicia social y urgente. Decía una frase de La Dorotea de Lope de Vega: "No es bien el que llega tarde, porque tanta puede ser la dilación que la esperanza se vuelve desesperación". Eso ocurre también exactamente con el fondo que aquí estamos contemplando. Por eso mi intervención va a ir unida fundamentalmente a la concreción de aquellos caracteres que considero que debe tener el fondo y no tanto a las causas que lo han motivado. Esa es la cuestión. La proposición de ley lo hace de un modo tremendamente acertado, permítanme decírselo, sin perjuicio de que luego haya otras que puedan ser debatidas en la comisión correspondiente y deban ser acordadas, como decía la representante del Parlamento vasco.

Voy a empezar con algo que entiendo que es trascendente en aras de justificar la creación de este fondo, que es lo relativo a sus destinatarios, la precisión de los hipotéticos destinatarios y de las enfermedades cuya constatación se va a asociar a la existencia de ese fondo y a otra cuestión importante, que es la financiación. El propio dictamen del Parlamento vasco nos da cuenta de que, desde el punto de vista comparado, existen pocos supuestos en los que se admita esta cuestión y también existen diferentes reacciones en el sentido de que los tres fondos que se conocen contemplan diferentes ámbitos de cobertura para este tipo de fondos. El francés, el belga y el holandés crean unos fondos de atención vinculados al hecho objetivo de la existencia de una concreta patología, pero bien atienden a diferentes colectivos o bien atienden con diferentes cuantías o con diferentes características. No obstante, el fondo que se propone en esta proposición de ley sí atiende a esa cuestión primaria, es decir, a la definición de la existencia de ese fondo ligado al hecho objetivo de la existencia de esa patología concreta.

Por tanto, es preciso advertir que el debate debe tener que ver, en primer lugar, con los destinatarios del fondo, con las personas que pueden sufrir dolencias que permitan acceder al fondo de compensación, ya que entre ellas se encuentran no solo los trabajadores que hayan tenido contacto permanente u


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ocasional con el amianto, sino también aquellos que por razones familiares o medioambientales han podido tener contacto con el mismo. Voy a hacer referencia especialmente a un colectivo ya demasiado victimizado, como es el de las mujeres, puesto que las esposas, madres y hermanas de quienes trabajan son las que han sufrido o están sufriendo en un porcentaje muy importante este tipo de dolencias como consecuencia del contacto directo. ¿Quién no ha tenido un hermano a quien haya tenido que lavar la ropa o alguna otra situación parecida que le ha llevado a tener que soportar este tipo de dolencia? Además, con el hándicap de la inexistencia de un ámbito de cotización determinado respecto del que podrían presentar algún tipo de reclamación por la consecuencia dañosa que se entiende que tiene que ser apreciada. Existe además una característica desfavorable, y es que respecto de esa situación no sería de apreciación el principio pro operario, que sí existe respecto de quienes sí mantienen alguna relación laboral. Por ello resulta muy oportuna la mención del artículo 13 de la proposición de ley, cuando precisa como titulares del derecho a obtener la reparación íntegra de sus perjuicios tanto a quienes hayan obtenido el reconocimiento de una enfermedad profesional ocasionada por el amianto, como a quienes hayan padecido un perjuicio resultante directo de una exposición al amianto. Entendemos que esa precisión tiene un enorme valor, porque tiene el mérito de no dejar fuera del campo de acción del fondo a ninguna víctima sea cual sea su fuente de contaminación.

Tampoco puede resultar ajena a este debate la discusión de las patologías. Por desgracia, las debilidades del amianto son, diría, hasta relativamente novedosas, porque como enfermedad profesional tampoco ha sido apreciada hasta un tiempo relativamente reciente. Decía la exposición de motivos de la Directiva 1999/77, de 27 de junio, de la Comisión Europea, que todavía no se ha establecido un nivel mínimo de exposición por debajo del cual el amianto crisólito no plantee riesgos cancerígenos. Pues bien, mutatis mutandis, resulta trascendente para el diseño de un sistema de protección eficaz tomar en consideración la vinculación directa que hoy demuestran sucesivos estudios científicos entre algunas patologías y el amianto y, por ello, la consecuencia de que, al margen del motivo de exposición, la víctima sea considerada como merecedora de las prestaciones en este fondo de compensación. Esta asociación entre destinatarios, patologías y ciencia debe permitir diseñar un escenario cierto donde la Administración puede y debe actuar y donde debe, además, asumir sus propias responsabilidades.

Dejaremos para la discusión del proyecto de ley aspectos básicos como el de la financiación, donde efectivamente deben tomar parte las empresas, las mutuas y la propia Seguridad Social, que también resulta beneficiaria de algún modo de la no calificación laboral de algunas reclamaciones. Finalmente y al margen de la parte del contenido que hace referencia a otras cuestiones como la naturaleza jurídica del fondo, su estructura e incluso el margen del procedimiento establecido, lo importante es la necesidad de su creación y que esté unido a la idea de atender un grave problema social con los caracteres descritos.

Nosotros votaremos a favor por todo ello, pero además por la consideración de que con esta proposición ganamos todos, porque la atención a las víctimas del amianto no es solo una cuestión de reparación a quien la sufre, es también una forma de entender y atender problemas que deben ser abordados desde su prisma social y desde el respeto a quienes padecen tales patologías, ya que la mayor tragedia para un sistema social es que no quede otra opción que adoptar medidas reparadoras como la propuesta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Igea Arisqueta.

El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, señora presidenta.

Quisiera empezar agradeciendo la presencia hoy aquí de las asociaciones de víctimas del amianto. Ayer uno de ustedes me llamó preocupado por dos cosas: para saber cuál iba a ser nuestra postura y para quejarse en cierta manera de que en un día como hoy se hubiera convocado este Pleno para este asunto, porque parece que todo va a quedar tapado. Ningún día mejor que hoy, ningún día mejor que hoy para que mientras algunos se ocupan del delirio, del egoísmo y de romper el Estado que hace posible el Estado del bienestar, nosotros, los representantes de los ciudadanos, los representantes del Estado nos ocupemos de lo que de verdad importa, que es reparar, ayudar y proteger a las víctimas de la desidia y del fallo del Estado. No hay ningún día mejor. (Aplausos).

¿Qué es y en qué consiste la asbestosis, la enfermedad por el amianto? Esto no es una cosa nueva, a pesar de las cosas que se han dicho aquí. Sabemos desde el año 1906 de la existencia de la asbestosis relacionada con el amianto. Sabemos desde el año 1935 de su relación con el cáncer de pulmón. Sabemos desde el año 1945 de su relación íntima y prácticamente exclusiva con el mesotelioma. Todas estas cosas


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ya las sabíamos. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Y sabiendo todo esto cómo hemos llegado hasta aquí? Hemos llegado hasta aquí porque este país consumió 2,6 billones de toneladas de asbesto entre los años sesenta y ochenta. Estamos aquí a pesar de que en este país la asbestosis se designó enfermedad laboral en el año 1961 y se designó enfermedad laboral el cáncer de pulmón relacionado con el asbesto y el mesotelioma en 1978. Estamos aquí porque, a pesar de que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo en el año 1991 identificó a 60 400 personas afectadas por enfermedad laboral, aún seguíamos consumiendo asbesto y aún seguíamos trabajando con el asbesto. Estamos aquí a pesar de que entre los años 1989 y 1998 se diagnosticaron 1647 mesoteliomas. Aún seguíamos consumiendo asbesto. Estamos aquí porque hemos consumido grandes cantidades de asbesto y se preguntarán por qué -con una enfermedad laboral que causa 700 muertos al año- ha seguido siendo utilizado. En el año 1962 se toma la primera medida de medición de 175 fibras por metro cúbico de aire. En el año 1982 ya sabemos lo peligroso que es, ya sabemos lo que está pasando y lo bajamos a 2 fibras metro cúbico. En el año 1993 lo bajamos a 0,6, pero seguimos utilizándolo y seguimos consumiéndolo. Solamente en el año 2002 prohibiremos -los últimos de Europa- la utilización del asbesto. En los años ochenta ya lo habían hecho Suecia, Dinamarca, Bélgica y otros países. ¿Y por qué no lo hicimos? ¿Por qué este Estado no prohibió la utilización del asbesto? Hay unas declaraciones judiciales de Juan Ignacio Camargo, uno de los neumólogos que era miembro de la Comisión Nacional del Amianto, en un juicio celebrado por unos afectados de la empresa Uralita, en las que dijo textualmente que el Gobierno decidió no prohibir el uso de asbesto, no prohibir el uso de amianto, en el año 1984, cuando se planteó, por el alto coste empresarial y laboral que suponía. Pagamos el coste empresarial y laboral con la vida y la salud de los señores que hoy están aquí, y por esa razón estamos hoy aquí. Pero hicimos algo más. En el año 1987 -todos sabemos quiénes gobernaban entre los años 1984 y 2000, en el que se prohíbe- se crea un registro de empresas, registro que -pásmense, señores- es de carácter voluntario, al que uno podía apuntarse o no. Esa es la razón por la que a día de hoy muchos no pueden identificar a los responsables y por la que tenemos que venir a este Parlamento una vez más a poner un fondo para compensar los daños y la desidia de años de mal gobierno, en los que el interés ha primado por encima de la salud de las personas.

Señorías, estas son -ningún día mejor que hoy para decirlo- las consecuencias de convivir con un tóxico sin aislarlo; estas son las consecuencias -ningún día mejor que hoy para decirlo- de no tomar medidas a tiempo; estas son las consecuencias -nunca mejor que hoy para decirlo- que hoy nos hacen tener que afrontar una grave enfermedad, tomar medidas serias y estar en la situación en la que estamos. Lo que sería terrible es que después de todos estos años y de esta experiencia, en un caso y en otro de las cosas que hoy nos llaman la atención aquí, volviéramos a convivir con el tóxico sin tomar las medidas adecuadas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.

El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: En primer lugar, quiero agradecer el trabajo de las asociaciones de afectados por el amianto que hoy nos acompañan aquí, asociaciones de Euskadi, de Galicia y de tantos lugares que han venido impulsando esta proposición de ley, víctimas silenciadas que por su sufrimiento y su dolor de tantos años deben merecer nuestro reconocimiento y respeto. Sin su esfuerzo no estaríamos hoy aquí hablando de algo tan necesario como la creación de este fondo de compensación para las víctimas del amianto. (Aplausos). También quiero agradecer a los representantes del Parlamento vasco el trabajo realizado en la ponencia y el esfuerzo que han hecho para traer aquí esta cuestión tan relevante. Mi grupo, el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, apoyará esta iniciativa, pues la consideramos imprescindible para hacer frente a las consecuencias de los graves problemas derivados del uso del amianto. No solo estamos de acuerdo con la propuesta, sino que consideramos que la situación se debiera haber resuelto hace mucho tiempo, ya que los primeros estudios que probaban los efectos perjudiciales del amianto para la salud se remontan a mediados del siglo anterior. Por eso creemos que ahora es urgente su aprobación.

Como digo, los efectos para la salud del amianto son bien conocidos. Fue a mediados de los años setenta cuando la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, la IARC, puso de manifiesto que las fibras de todos los tipos de amianto son cancerígenas y que no existía un nivel seguro de exposición. Como se ha dicho, el tiempo de latencia es extremadamente largo, pudiendo pasar en el caso del


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mesotelioma hasta treinta o cuarenta años antes de que la enfermedad se manifieste. La relación entre los casos de enfermedad y el contacto con el amianto es una evidencia indiscutida. En este sentido, se han de afrontar no solo compensaciones a los trabajadores del sector, sino también a sus familiares y a las personas que han estado expuestas al amianto. Las consecuencias para ellos también han sido devastadoras, sobre todo para las mujeres, como ya se ha dicho. Pese a que los efectos se conocen desde hace tiempo, su utilización en España está prohibida solo desde el año 2001 y, debido al elevado periodo de latencia de las enfermedades relacionadas con el amianto, todo parece indicar que el pico de diagnósticos todavía está por llegar. Según un estudio del Instituto de Salud Carlos III, la exposición a este mineral seguirá causando muertes en España hasta el año 2040.

Señorías, las cifras son estremecedoras. Según el Instituto Istas, de Comisiones Obreras, entre 40 000 y 60 000 trabajadores españoles morirán de cáncer hasta el año 2030 por haber estado expuestos al amianto durante las dos últimas décadas. Pero todavía es más escandalosa la desatención y el olvido de los poderes públicos hacia las víctimas y sus familiares, en una situación explosiva que requiere la adopción de medidas urgentes de reparación y de indemnización. Por hacernos una idea, el número de muertes anuales debidas al amianto en nuestro país en este momento es de 700 trabajadores y trabajadoras al año; cifras que son comparables a las de las muertes por accidentes de tráfico. Un estudio europeo sobre exposición a cancerígenos, el Proyecto Carex, indica que en nuestro país había unos 57 000 trabajadores del amianto hacia la mitad de los años noventa, mientras que otras estimaciones consideran que en los últimos cuarenta años habrán sido unos 200 000 los trabajadores expuestos. Por tanto, hay que suponer que existen decenas de miles de víctimas del amianto sin cobertura sanitaria adecuada.

Quiero decir algo aquí, porque el representante de Ciudadanos ha llegado a una parte del proceso pero no ha llegado al final. Define muy bien las causas de todo esto el presidente de una de las asociaciones de afectados, Francisco Martínez, quien refiriéndose a su empresa dice: Ellos sabían que nos estábamos jugando la salud cuando trabajábamos con amianto y lo consintieron. Creo que esta frase define muy bien la situación que están viviendo los trabajadores del amianto y la situación que se ha vivido en nuestro país. Estamos ante un drama, ante una tragedia consentida para alargar el tiempo hasta que se prohibiera esta sustancia en aras de conseguir un mayor beneficio económico. En ese sentido, hay que denunciar que esto no es una situación casual y que no debemos hablar de manera reflexiva. Se han puesto los beneficios económicos por delante de la salud de las personas, de los trabajadores y de sus familiares sabiendo lo que se estaba haciendo y creo que esto nos debe servir para tomar medidas hoy y de cara al futuro. No solamente es necesario este fondo en favor de los trabajadores y las trabajadoras afectados por el amianto, sino que es necesario ir más allá, porque este ejemplo nos muestra que durante mucho tiempo podemos estar en contacto con sustancias peligrosas y tóxicas cuyo uso se perpetúa hasta que consigue demostrarse su toxicidad. Normalmente, para llegar ahí es necesario un intenso trabajo de las asociaciones y de las organizaciones ciudadanas, que se tienen que enfrentar al poder de los lobbies de la industria hasta que consiguen abrir el camino y logran que por fin se restrinjan e incluso prohíban esas sustancias peligrosas. Por eso es necesario extraer lecciones de estos casos tan dolorosos y poner en práctica el principio de precaución, que no es sino un cambio en la carga de la prueba: quien pone el producto en el mercado es quien debe demostrar su inocuidad antes de recibir el permiso, y no como ha venido ocurriendo hasta ahora, que son los afectados quienes deben demostrar los efectos para conseguir esas restricciones, muchas veces con procesos muy dolorosos, ignorancias e humillaciones. Por eso debemos garantizar mecanismos que fomenten la protección efectiva de los trabajadores y de las personas para evitar que se sigan produciendo en el futuro dramas como el del amianto.

Esta iniciativa encuentra su origen en el Parlamento vasco, concretamente en la creación de una ponencia que pretendía analizar los problemas derivados del amianto y la creación de un posible fondo de compensación para los afectados por el uso de este material. En este sentido, viene precedida de un apoyo mayoritario por parte de todos los partidos políticos del Parlamento vasco. Nuestro grupo está de acuerdo con la finalidad y la propuesta de la proposición de ley de creación de un fondo de compensación para las víctimas. Es una necesidad que viene a paliar la indefensión que sufren los afectados, ya que muchas de estas personas no pueden solicitar compensación a las empresas que utilizaron el amianto que generó la enfermedad, ya que la enfermedad se ha manifestado en gran número de casos con posterioridad a la desaparición de muchas de estas empresas. Allá donde la vía judicial está restringida o comprometida por las condiciones económicas de las familias, que tienen serias complicaciones para afrontar largos procesos judiciales, son necesarias propuestas públicas que permitan crear fondos de compensación sin culpa.


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En definitiva -y voy a terminar-, el caso del amianto pone de manifiesto la necesidad urgente de un cambio de modelo productivo. Necesitamos pasar del modelo actual a un modelo basado en la sostenibilidad y el respeto a un medio ambiente sano. No puede ser que sigamos jugando a la ruleta rusa, poniendo en el medio natural productos y sustancias altamente tóxicas y peligrosas. Podemos y sabemos producir de otra manera y es urgente comenzar a hacerlo. No se equivoquen, cuando hablamos del derecho al medio ambiente, hablamos del derecho a respirar, a comer y a beber sin envenenarnos. Este caso lo pone de manifiesto. Otro modelo productivo es posible, pero para hacerlo real hay que tener voluntad para llegar a él.

Muchas gracias y seguimos. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora De Frutos Madrazo.

La señora DE FRUTOS MADRAZO: Buenas tardes.

Antes de nada quisiera agradecer su presencia a todas las asociaciones que hoy nos acompañan, y sobre todo a Agavida, pues gracias a ellos he conocido más en profundidad las cuestiones que voy a abordar ahora.

Nuestro grupo parlamentario está contento y orgulloso de que se haya traído aquí esta iniciativa, porque es un problema de justicia y de solidaridad frente a una historia de pasividad de la Administración, de prioridad de intereses económicos, de irresponsabilidad de las empresas y de ocultación que ha dado lugar a lo que muchas veces se ha llamado un auténtico genocidio laboral. No voy a repetirme en cuestiones que aquí ya se han debatido, pero vamos a hacer alguna aportación.

En primer lugar, como dice la proposición de ley en la exposición de motivos, no es cierto que no sea actualmente un problema preventivo; el amianto es actualmente un problema preventivo de primer orden. ¿Por qué? Porque los ciudadanos estamos rodeados por más de 3 millones de toneladas de amianto que van a ser retiradas, demolidas, sustituidas por trabajadores. ¿Y qué pasa? Pues que esa frivolidad con la que se ha tratado el amianto por otras empresas hace años la estamos viviendo ahora con las empresas que se dedican a la retirada de amianto. Tenemos una norma de 2006 que regula el RERA; tenemos planes, gestión de residuos, cabinas de descontaminación, etcétera, pero verdaderamente muchas de estas medidas no se están cumpliendo. Nuestro grupo quiere señalar con esto que si no nos tomamos en serio la prevención, el plazo en el que vamos a tener afectados por enfermedades relacionadas con el amianto no va a ser el año 2040 sino que va a ser indefinido. Por tanto, para mi grupo, prevención y compensación no se pueden contemplar de forma separada. Además con una variedad muy importante, y es que la retirada de amianto va a afectar de forma brutal a todas las personas por la contaminación ambiental.

Aparte de eso, debemos tener en cuenta que los seres humanos no aprendemos nada de nuestros errores; China, Rusia y Canadá siguen fabricando y exportando amianto que se está consumiendo en los países del tercer mundo, como India. Dada la globalización que existe, incluso trabajadores nuestros pueden verse sometidos a nuevos contagios. Por tanto, debemos tener en cuenta lo que hace el amianto con las personas: los largos periodos de latencia, el pronóstico irreversible, que no tiene un tratamiento curativo, que no existe nivel de exposición por debajo del cual no exista riesgo, es decir, que cualquier exposición es totalmente dramática. (Rumores). Tenemos que tener bien presente que el riesgo persiste, que la prevención es esencial y que debe ir unida a la compensación del riesgo.

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

La señora DE FRUTOS MADRAZO: Ya se han dado aquí muchos datos, pero actualmente hay 57 000 personas registradas en el Pivistea. Creo que estos son datos que deben hacernos pensar que estamos ante un problema de extraordinaria magnitud. Se ha dicho aquí por un grupo -y seguramente se repetirá- que la acción protectora de las personas que sufren enfermedades por amianto queda garantizada por las prestaciones de la Seguridad Social, y eso es mentira. ¿Por qué? Porque las mutuas muchas veces no reconocen las enfermedades profesionales y hacen a los trabajadores ir a largos procesos judiciales; porque existen enfermedades que no están incluidas como profesionales, como son las placas pleurales; porque los largos periodos de latencia hacen que a los trabajadores les sea muy difícil reclamar indemnizaciones en vía civil porque no pueden demostrar qué puesto de trabajo ocuparon, porque a lo mejor ya no existe la empresa; porque tienen dificultad de pruebas; porque aun sabiendo que de forma


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sistemática se ha incumplido por parte de las empresas, les están reconociendo solo el 30 % de recargo; porque existe una deficiencia absoluta en la notificación y declaración de enfermedades, solo se declara un 1,8 % de las diagnosticadas, incluso en el mesotelioma, que se sabe que es siempre provocado por amianto, se pregunta a los enfermos si fuman. No podemos permitir que nos sigan convenciendo de que el sistema actual de protección sirve para proteger del drama que ha supuesto el amianto. El drama que ha supuesto el amianto ha puesto de manifiesto la escasa operatividad de nuestro sistema de Seguridad Social actual y de nuestro sistema de prestaciones. Además, como dije antes, tenemos una característica muy importante, y es que a partir de ahora se va a ver afectada toda la población en el momento de su retirada.

Respecto al articulado, queremos señalar dos cuestiones sencillas. En primer lugar, queremos que se dé una protección amplia -aunque lo dice la exposición de motivos no queda reflejado en el articulado-, es decir, que no solo estén reconocidas como enfermedades profesionales la asbestosis, el cáncer de pulmón, el mesotelioma y el cáncer de laringe, sino también otro tipo de enfermedades, como las placas pleurales y otros tipos cánceres, como el de tráquea o el de faringe, porque a fecha de hoy no constituyen enfermedad profesional, pero todos sabemos que vienen provocadas por el amianto.

En relación con el consejo rector, nuestro grupo no ve con buenos ojos que las asociaciones y las mutuas vayan por separado, porque esto causa cierto desequilibrio, teniendo en cuenta que las mutuas sistemáticamente están denegando la calificación de enfermedad profesional y no reconociendo lo evidente. También seríamos partidarios de que las asociaciones pudiesen estar en este consejo rector.

Termino. Nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa por justicia hacia las víctimas. Mientras tanto, es necesario que todas las empresas se tomen con responsabilidad la retirada de amianto. Es necesario que el INSS y las mutuas hagan su trabajo con flexibilidad, transparencia y profesionalidad y que se implique a toda la sociedad, que tiene que pensar que cuando tiene una uralita de amianto en su casa no la puede tirar al contenedor del vecino. Damos nuestro apoyo a esta iniciativa, porque por fin se empieza a hacer justicia ante esa situación de genocidio laboral que se ha producido.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Camps Devesa.

El señor CAMPS DEVESA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, sean mis primeras palabras para dar la bienvenida a los representantes del Parlamento vasco, así como también a los representantes de las asociaciones de afectados por el amianto.

Como ya se ha señalado con anterioridad, no estamos ante un debate nuevo, ni por el fondo ni por la forma, lo que no significa -y quiero dejarlo muy claro desde el principio- que mi grupo parlamentario, al igual que mi partido político, especialmente el Partido Popular en el País Vasco, no estén por reparar los daños y perjuicios sufridos por numerosos trabajadores por su exposición al amianto; es más, también estamos por proteger a poblaciones no profesionalmente expuestas pero que han podido resultar o que pueden resultar afectadas.

Señorías, permítanme que antes de entrar al fondo del asunto reitere la relativa -subrayo relativa- pero también, en los tiempos que vivimos, positiva sorpresa de que una iniciativa de una asamblea parlamentaria autonómica, con el voto favorable de varios grupos nacionalistas, persiga la creación de un fondo estatal, con una estructura claramente centralizada, que se financiará con ingresos obtenidos en todo el territorio del Estado y cuyos fines alcanzan -cito textualmente- a todo el territorio del Reino de España, donde se encuentran incluidos, sin lugar a dudas, el País Vasco así como el resto de las comunidades autónomas. Convendrán conmigo, señorías, que no suelen ser habituales en este Parlamento solicitudes como estas provenientes de un Parlamento autonómico. Para nuestro grupo, bienvenida sea. Relativa sorpresa -reitero- pero positiva sorpresa, aunque no se produzca en numerosas ocasiones. Por ello, señoría, tal vez la proposición de ley adolece, a nuestro juicio, de cierto rigor técnico-jurídico; un rigor técnico-jurídico que ha de tener, porque, de no ser así, pudiera resultar, al final, que lo que perseguimos todos, que es la creación de un fondo para compensar a las víctimas que se han visto afectadas por el amianto, no pudiera llegar a ser realidad en nuestro país.

¿Por qué digo esto? Señorías, en primer lugar, porque puede resultar improcedente la creación de un organismo autónomo estatal para la gestión del fondo -reitero, que no ponemos en duda su existencia-, pero ese organismo autónomo estatal, con su pretendida estructura, no se corresponde con la propia de los organismos autónomos estatales -cuestión que se puede arreglar- que están previstos en la Ley de


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Régimen Jurídico del Sector Público. En segundo lugar, porque tiene difícil justificación -y creo que es poco rebatible, señorías- que la reparación del daño causado por exposición al amianto se financie con cargo, entre otros, a recursos como puede ser una cotización adicional establecida para todos los empresarios que tengan contratados trabajadores por cuenta ajena, así como mediante la aportación de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social. Lo digo porque desde el momento en que pueden ser beneficiarios de la indemnización personas que hayan padecido un perjuicio por la exposición al amianto, sin mediar una prestación de servicios en la que hayan podido estar expuestos a este material, la financiación de dicha indemnización por la totalidad de los empresarios que tengan trabajadores por cuenta ajena o por mutuas colaboradoras no tiene mucho fundamento en tanto que no existe vinculación alguna entre estas entidades y los daños sufridos por la exposición al amianto.

A esto cabría añadir que la obligación de ingresar una cotización adicional se impone indiscriminadamente a todos los empresarios -como he dicho- que tengan trabajadores por cuenta ajena, con independencia de que en sus centros de trabajo no haya posibilidad de exposición al amianto ni haya existido tal posibilidad en algún momento. Esta es una cuestión que, sin lugar a dudas, tendremos que resolver. Además, señorías, la exposición al amianto -este es uno de los olvidos de la propuesta- también puede haberse producido en trabajadores por cuenta propia que no aparecen obligados a cotizar, aunque sí lo hagan por contingencias profesionales.

En definitiva, señorías, la propuesta establece una especie de responsabilidad objetiva por la totalidad del daño y perjuicio sufrido, lo que entraría en el ámbito de la responsabilidad civil, pero prescindiendo de la noción de dolo o culpa del empresario. En consecuencia, habrá que considerar hasta dónde será totalmente oportuno introducir un nuevo gravamen a la totalidad de las empresas -no digo que estemos en contra de introducirlo, pero sí a la totalidad de las empresas- en forma de cotización social dirigida a la financiación de indemnizaciones para cubrir lo que es una responsabilidad civil. Es más, no me resisto a decirlo, señorías, este mecanismo puede chocar con la arquitectura del sistema de Seguridad Social en el que las cotizaciones sociales se emplean bajo un esquema de reparto en la financiación de las prestaciones contributivas de la Seguridad Social, y lo que ahora se propone es la creación de nuevas cotizaciones con carácter finalista dirigidas a financiar indemnizaciones en concepto de responsabilidad civil.

Una cuestión también importante, en cuanto a lo establecido respecto a las modificaciones presupuestarias necesarias para que el fondo inicie sus actividades, es que nos encontramos con una previsión que difícilmente puede cumplirse, por cuanto en ese momento, en el momento de puesta en funcionamiento del fondo, aún no se habrán empezado a generar ingresos para el funcionamiento del mismo, por lo que los únicos recursos disponibles serían para el inicio de su actividad las transferencias y consignaciones del Estado, que, por cierto -y reitero que es muy importante-, resultarían inexistentes si tuviéramos un presupuesto prorrogado. De ahí que también para resolver estas cosas haya que llamar a la responsabilidad de algunos grupos parlamentarios en esta Cámara. Además, hay que recordar que el sistema de Seguridad Social -como ya se ha dicho- ya protege, mediante las prestaciones previstas para enfermedad profesional, a los trabajadores que se hayan visto expuestos al amianto, teniendo establecido el recargo de prestaciones cuando haya habido incumplimientos por parte de los empresarios en las medidas de seguridad y salud en el trabajo.

A lo anteriormente expuesto cabe añadir que en diciembre de 2002 un Gobierno del Partido Popular aprobó el programa de vigilancia de la salud de trabajadores expuestos al amianto, el denominado Pivistea, en el que ya están inscritas cerca de 36 000 personas.

En conclusión, señora presidenta, señorías, la propuesta define con mucho detalle la organización administrativa, pero, a nuestro juicio, no lo principal, que es el campo de aplicación, las prestaciones y -muy importante- el tipo de cotización adicional necesaria para su financiación, que lógicamente depende de los dos anteriores.

No obstante, lo anteriormente expuesto no impide, a juicio de mi grupo, la toma en consideración de la propuesta que, aun adoleciendo -como he puesto de manifiesto- de ciertos errores, inconcreciones y lagunas que impiden nuestro voto favorable, estos pueden ser corregidos en el trámite posterior, por lo que la posición de mi grupo será la de abstención, no impidiendo la tramitación de esta proposición de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Damos las gracias a la delegación del Parlamento vasco, por su exposición y su presencia.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000020).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, al punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, orgánica de la reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

El Grupo Parlamentario Vasco propone la modificación del Código Penal para derogar la prisión permanente revisable, y las razones para esta propuesta son, además de su dudosa constitucionalidad, de política criminal, la política criminal que formó parte de los consensos constitucionales básicos, tanto en las Cortes Constituyentes como en su plasmación por el Poder Legislativo constituido en la Ley General Penitenciaria.

También proponemos la derogación de la prisión permanente desde el principio de proporcionalidad que debe guiar todas las decisiones de política criminal. La prisión permanente daña sin fundamento uno de los grandes consensos constitucionales. (Rumores). Como es sabido, el momento constituyente dedicó importantes debates... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Legarda.

Señorías, por favor, guarden silencio.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Decía que el momento constituyente dedicó importantes debates a la respuesta penal, al ser el envés del sistema de los derechos y libertades que se quería fundar dogmáticamente tras la larga dictadura franquista. Precisamente por eso, se huyó de una respuesta penal totalitaria, desigualitaria, desproporcionada, injusta o meramente retributiva. Se optó, por el contrario, por una respuesta penal garantista, regida por el principio de humanización de la pena, en el que el factor de la peligrosidad del penado se reorientaba hacia la reeducación y reinserción social. Este equilibrio se plasmó en el artículo 25 de la Constitución, así como en otros, tales como el principio de dignidad de la persona, al no caber los tratos que la degraden, artículo 15 en relación con el 10; o el de legalidad penal en su expresión de taxatividad, artículo 25; o el mismo de seguridad jurídica del artículo 9.

La Ley General Penitenciaria avanzó cabalmente en este modelo equilibrado entre lo retributivo y la recuperación del penado para la sociedad como fin último de la pena legítimamente impuesta. Ahora, sin embargo, la prisión permanente se aleja de este consenso constitucional, al cuestionar de facto la expectativa efectiva del penado en su reinserción y también la expectativa legítima de la misma sociedad a recuperarlo. Por eso, podemos decir que la instauración de la prisión permanente revisable es una de las decisiones de política criminal más importantes desde la instauración de la democracia y marca un hito en una concepción del derecho penal, de la política criminal, que no podemos compartir desde la ideología humanista del Partido Nacionalista Vasco, que postula valores éticos de justicia, libertad e igualdad, y, en el derecho penal, valores garantistas de intervención mínima, resocialización y también, cómo no, de retribución. Por eso, nos oponemos desde nuestros valores a una política criminal preferentemente retributiva y también nos oponemos, sin caer por supuesto en ingenuidades, a un derecho penal del riesgo o de la peligrosidad que tipifica el riesgo o la peligrosidad anticipadamente al resultado y que correlativamente aumenta constantemente la cuantía de las penas, algo gemelo, por cierto, a lo que también hemos visto en la Ley de seguridad ciudadana y respecto a la que también el Partido Nacionalista Vasco presentó una proposición de ley para su modificación y que esta Cámara admitió para su tramitación.

El Grupo Parlamentario Vasco del Partido Nacionalista Vasco también se opone a la existencia de la prisión permanente revisable porque esta no satisface, desde nuestra concepción obviamente de la política criminal, las necesidades de la sociedad y por eso no la consideramos una pena proporcional ni desde su necesidad ni desde su idoneidad y tampoco desde el principio de proporcionalidad en sentido estricto. ¿Acaso es la prisión permanente revisable una pena necesaria por razones de política criminal? Entendemos que no. ¿O acaso las conductas que se sancionan con esta pena no tenían ya una pena suficiente? Nosotros creemos que sí.


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Señorías, en nuestra realidad criminal -se ha dicho ya hasta la saciedad-, la cifra de los delitos más graves no deja de disminuir año a año, según informes de la fiscalía, y además teníamos en nuestro ordenamiento las penas privativas de libertad más duras de nuestro entorno y en bastantes casos de cumplimiento íntegro; incluso, a la baja tasa de criminalidad le acompañaba sorprendentemente una alta tasa de población reclusa y con edades que podían superar los sesenta y cinco años. Por ello, la prisión permanente revisable no era reclamada ni antes ni ahora ni por la abogacía ni por la doctrina criminalística ni por las fuerzas y cuerpos de seguridad ni por la Policía Judicial ni por los partidos políticos. Creemos que, como se ha dicho en numerosos foros de la doctrina criminalística, su implantación se debe al populismo punitivo causado por el sensacionalismo de algunos medios de comunicación que azuzan a la sociedad en sus crecientes reclamaciones de castigo y que el Partido Popular acoge por ser acorde con su ideología penal preferentemente retributiva, pero que consideramos que no es mayoría en esta Cámara.

También sostenemos que esta pena de la prisión permanente revisable no es idónea para el fin que dice perseguir, ya que la plenitud de la pena se alcanza en muchos casos sin tener en cuenta el grado de desvalor que la conducta ha causado y ha infligido a los bienes jurídicos que dice proteger. Por ello, no es idónea en su configuración para la prevención que se pretende ni tampoco es idónea desde la consecución de la idea de justicia a través de resoluciones judiciales justas. Tampoco consideramos que la pena de prisión permanente revisable sea proporcional en sentido estricto, es decir, en la medida en que causa más daños sobre otros bienes que los que pretende evitar. Primero, esta pena de prisión permanente revisable erosiona los principios de reeducación y reinserción social del recluso; por su duración produce unos efectos irreparables en su psicología cuando además las penas preexistentes ya la ponían en grave peligro, y quiero recordar en relación con este aspecto las consideraciones del Tribunal Supremo cuando reflexiona sobre los efectos irreparables de las penas privativas de libertad superiores a quince años. También esta pena de prisión permanente revisable merma la seguridad jurídica y el principio de legalidad en su manifestación, como ya avancé, del principio de taxatividad, que impide incertidumbres e inconcreciones en la certeza no solo de la conducta tipificada sino también de la pena aparejada. La pena de prisión permanente revisable es indeterminada en el límite temporal de la sanción al asociarla al cumplimiento de unos inciertos requisitos que debe satisfacer el recluso, y su revisión, después de largos plazos de cumplimiento efectivo, se anuda a la falible predicción de la conducta del penado.

En fin -voy concluyendo, señora presidenta-, razones basadas en consensos constitucionales, razones basadas en datos de política criminal, razones basadas en una ideología humanista como la que propugna el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco nos llevan a solicitar el apoyo de esta Cámara a la proposición de ley para derogar la prisión permanente revisable, porque decir, como se dice en la exposición de motivos, que esta pena nacía para fortalecer la confianza en la justicia a través de resoluciones judiciales justas y previsibles sería en la concepción de un modelo penal y social como el del Partido Popular, pero que consideramos no tiene mayoría en esta Cámara y que ahora podemos cambiar si se tomara en consideración esta proposición de ley.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

Señorías, yo creo que conviene volver a reiterar que la prisión permanente revisable es una pena reservada exclusivamente para los delitos más graves y por los crímenes dirigidos a las personas más vulnerables. Yo creo que ustedes conocen la casuística y no la voy a reproducir porque no tengo tiempo. Por esta razón, es verdad, no se aplica mucho, pero no es despreciable el efecto disuasorio que produce, que en todo caso sería bueno contrarrestar. ¿Qué casuística podría acoger? Pues un terrorista yihadista que atenta contra una multitud de manera indiscriminada y mata a trece personas, un parricida que asesina a su mujer y a sus hijas, las descuartiza y en el juicio dice que no tiene ningún problema mental, un violador múltiple, un asesino en serie, un magnicida, un terrorista... Casos reales. Yo creo, señorías, que como sociedad tenemos también derecho a defendernos de todos ellos y de todas estas actitudes sin negar compadecer al delincuente, cosa que no es incompatible en absoluto. Por eso la pena de veinticinco años es revisable por un tribunal con todas las garantías y a nosotros no nos parece inconstitucional.

En todo caso, no comparto esa lógica punitiva de los autores que, ante otras reformas legales, proponen elevar las penas a otro tipo de delitos menores. ¿Tiene lógica reducir las penas a los grandes delincuentes y ampliarlas, incluso hasta dejar sin efecto el principio de presunción de inocencia, para


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conductas infinitamente menos reprochables, también despreciables, como se plantea en la proposición LGTBI que ustedes apoyaron? En materia penal he de confesarles una cierta prevención cuando estudio sus propuestas. Es verdad que ustedes se han mostrado partidarios de reducir penas a los delitos más graves tradicionalmente. Por ejemplo, ninguna de las leyes que aprobamos en el pasado para terminar con la banda terrorista ETA tuvo su apoyo expreso, al menos estando yo aquí, y hablamos de grandes delincuentes y de una amenaza que, precisamente gracias al endurecimiento de las penas, pudimos vencer y cuyos responsables, algunos al menos, tienen incluso todavía algún juicio pendiente en Argentina por delitos de genocidio y lesa humanidad. ¿Qué quieren que les diga? Aún así, si creyera que los delitos fueran a disminuir con su reforma, la votaría a favor, pero sinceramente no lo creo. Nada me hace pensar que una reducción de la pena o una legislación más benévola con los grandes delincuentes y organizaciones criminales pueda ayudar mejor al objetivo de todos de conseguir una mayor disuasión y una menor criminalidad de este tipo de delitos. Por esa razón, señorías, votaremos que no.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Como ya expusimos en el debate sobre esta misma cuestión hace ahora un año, Euskal Herria Bildu apoya la derogación de la prisión permanente revisable que se propone, la prisión de por vida. Consideramos que su incorporación al Código Penal fue un paso más en la deriva antidemocrática del Estado que va contra su propia Constitución, como ha dicho el proponente, ya que rechazaba la cadena perpetua. Por el contrario, sí establecía que las penas estaban orientadas a la reinserción, objetivo del que se aleja el Código Penal con las reformas que se han venido realizando, así como con la aprobación de otra serie de leyes que constituyen a día de hoy todo un entramado de legislación excepcional que se salta todos los principios básicos europeos de derechos humanos. Ya lo dijimos en su día y lo quiero reiterar hoy. La reforma de 2015 hacía más severo y menos garantista el código de 2010; a su vez, este había hecho más severo y menos garantista el de 2003, que a su vez había hecho lo mismo con el de 1995. Hecho paradójico, todos eran menos garantistas que el de 1973.

Por ello, aun reiterando nuestro apoyo a la tramitación de la reforma que se nos presenta, también debemos decir que somos de la opinión de que el Código Penal, así como toda la legislación excepcional en la que englobo la Ley mordaza o la Ley de partidos precisan de una reforma de mayor calado, una reforma profunda. Esta y no otra entendemos que es la vía para que dejen de utilizarse dichas leyes con objetivos políticos y que, al igual que ya lo han venido haciendo en Euskal Herria, en un futuro muy próximo en Cataluña no pueda utilizarse para ilegalizar partidos -hay quien ya apunta a ello-, no pueda utilizarse para acusar de sedición a quienes aplican la democracia o para la persecución de cualquier disidencia política, pues en última instancia es eso lo que persiguen estas leyes: criminalizar la disidencia política en cualquiera de sus expresiones. Todo ello lo decimos sin perjuicio de que seguimos aspirando -y no puedo terminar sin decirlo- a elaborar, cómo no, nuestra propia legislación penal y, por descontado, que esta sea democrática.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, Compromís siempre ha venido diciendo que tenemos un Código Penal lleno de parches, de remiendos que le privan de coherencia y lo convierten en un texto hipertrofiado, muchas veces confuso, donde durante mucho tiempo están sufriendo los principios básicos del derecho penal nacidos de la Constitución; principios como el de proporcionalidad de la pena, el de seguridad jurídica, el de fragmentariedad de la tutela penal, el de intervención mínima. Hace falta recuperar la coherencia interna del Código Penal y su armonía con los principios constitucionales, también con el de resocialización y con el de reinserción del delincuente que prescribe el artículo 25 de nuestra Constitución, porque me permito recordar que la capacidad que tiene el Estado para la imposición de penas no es un fin en sí mismo, sino, como dice el constituyente, un instrumento para lograr la resocialización de las personas que han delinquido. Y desde luego debemos atenernos al texto constitucional y no solo utilizarlo para aquello que interese. Y esto, el principio de resocialización, es


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aquello que destroza la cadena perpetua revisable que actualmente tenemos en vigor, que fue impuesta en la agonía de la mayoría absoluta del Partido Popular allá por el año 2015 y que lógicamente ahora, en la pluralidad democrática en la que estamos, debemos revertir.

¿Se acuerdan ustedes de esa famosa frase del "que se pudran en la cárcel" que pronunció un presidente del Gobierno que no había apoyado la Constitución, que no trabajó por ella pero que luego sí que tenía unas ideas muy claras y muy anticonstitucionales de lo que es la finalidad del derecho penal? ¿Se acuerdan de eso, de ese expresidente cuya sombra aún planea? Pues bien, esto precisamente es lo que es la cadena perpetua revisable: una condena a pudrirse, no a resocializarse, y por tanto nosotros en Compromís vamos a apoyar esta propuesta de reforma que consideramos imprescindible.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Reyes Rivera.

La señora REYES RIVERA: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, populismo punitivo; ya lo decía el señor Legarda. Así es como llaman algunos a esta medida que impusieron ustedes, señorías del Partido Popular, a golpe de mayoría absoluta. No es mal término, pero yo prefiero llamarlo demagogia punitiva. Aunque demagogia y populismo ahí andan, cerquita, hay matices. Es cierto que todo populista es demagogo, pero no todo demagogo es populista. Digamos que el populismo pretende destruir por completo la democracia por aquellos que se sienten superiores a la ley, mientras que los demagogos la van debilitando poco a poco. El caso es que si no hubiera demagogos que la deteriorasen con medidas de este tipo o con la corrupción prácticamente institucionalizada, por ejemplo, probablemente no existirían los populismos o al menos su existencia se haría más complicada. Por eso, en el fondo, unos necesitan a los otros. Incluso se echan una mano si es necesario, lo hemos comprobado ya en alguna que otra ocasión. Pues bien, la prisión permanente revisable es demagoga... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señora Reyes.

Señorías, guarden silencio, por favor.

Continúe.

La señora REYES RIVERA: Gracias, presidenta.

La prisión permanente revisable es demagoga hasta en su denominación, la llamaron así para que sonara más amable, pero todos sabemos muy bien que en realidad estamos frente a la cadena perpetua. Ustedes siempre justifican esta medida alegando que muchos países europeos la incluyen en su legislación y citan algunos como Austria, Bélgica, Italia o Alemania. Y sí, son países que la tienen y la llaman cadena perpetua, abiertamente, sin tapujos, pero curiosamente en dichos países esta pena es mucho más beneficiosa para el penado que en España porque en España la prisión se podría revisar con unas condiciones durísimas transcurridos veinticinco o treinta y cinco años de cumplimiento, mientras que en el resto de países, esos que abiertamente la llaman cadena perpetua, se podrá suspender mucho antes, a partir de los quince años. Además, ninguno de esos países incluye en su Constitución la obligación de que las penas privativas de libertad estén orientadas a la reeducación y la reinserción social. En cambio, España sí lo incluyó, es uno de los principios de nuestro derecho penal. Fíjense qué completo y cómo garantiza derechos y libertades este librito (Muestra un ejemplar de la Constitución española), nuestra Constitución, la que ha permitido estos cuarenta años de democracia, esa que algunos desafían ahora, que incluso han quemado y esa que otros llaman de manera despectiva el régimen del 78. Por esto, la cadena perpetua que ustedes introdujeron entra en contradicción con los valores que inspiran nuestra Carta Magna. Como dice el catedrático y letrado del Tribunal Constitucional, el profesor Lascuraín, si la pena es permanente es inhumana y si es revisable es imprecisa. Por tanto, en contra del principio de humanidad, implícito en la reinserción social, y en contra también de los principios de seguridad jurídica y de legalidad.

Es más, ustedes bien sabían que esto no era necesario. Ya se habían hecho varias reformas para el cumplimiento íntegro de las penas, que prevén cuarenta años de cumplimiento sin posibilidad de revisión para los delitos muy graves. Ustedes bien lo sabían, pero, claro, estaban en campaña electoral. Este tipo de iniciativas tienen un gran impacto mediático, tienen que ver con crímenes que han tocado lo más profundo de nuestro ser, que han hecho que nos movilicemos -terrorismo, asesinatos de menores-, son crímenes que conmocionan a la sociedad al completo. No juguemos con ese dolor, hay muchas víctimas


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que lo padecen de manera directa, para algunas ya es inconsolable. Mostremos siempre nuestro apoyo que, les aseguro, no se limita únicamente a cambiar unos artículos del Código Penal.

Además, no debemos trasladar la falsa creencia desde el Legislativo de que un endurecimiento de las penas se va a traducir siempre en una mayor protección y seguridad para la sociedad porque esto no es así. La seguridad no depende exclusivamente de la severidad de las penas que amenazan a ciertas conductas. Algunos expertos de Instituciones Penitenciarias señalan que incluso puede producir el efecto contrario. Señorías, ¿qué queremos, venganza o justicia? La venganza no casa bien con la democracia. Por supuesto que no debemos desatender ese sentir social, pero siempre desde la racionalidad y dentro de los principios que rigen nuestro derecho penal. Ustedes no tuvieron en cuenta nada de esto, señorías del PP. La prisión permanente revisable no recibió ni un solo apoyo por parte de esta Cámara, se aprobó únicamente a costa de la mayoría absoluta que tenían. Llovieron las críticas del Consejo de Europa por no haber justificado ni su necesidad ni su utilidad. Recibió informes negativos del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo General de la Abogacía. Incluso se redactó un manifiesto en contra firmado por más de sesenta catedráticos de este país. La propia doña Consuelo Madrigal, la que ustedes nombraron fiscal general del Estado, se manifestó en contra de esta medida y, aún así, pudo más el interés partidista.

Afortunadamente, ya no podrán tramitar algo tan trascendental como esto de la misma manera. Algo que remueve los cimientos de nuestro derecho penal, algo que trastoca los valores de nuestra Constitución se debe abordar contando con la opinión de todos y, en especial, de los expertos. Durante estos últimos veinte años se han realizado más de veinticinco reformas de nuestro Código Penal; parches y más parches. Abordemos este asunto y todos los que tengan que ver con él de manera unitaria en esa subcomisión que tenemos abierta para una estrategia nacional de justicia.

Para finalizar, un ruego: respetemos nuestra Constitución, que es, entre otras cosas, la que nos ha proporcionado una convivencia pacífica entre españoles estas últimas décadas. No se crean superiores ni a ella ni a sus predecesores, no rompan esa paz que tanto costó construir.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz.

El señor SANTOS ITOIZ: Arratsalde on. Buenas tardes. Gracias, señora presidenta.

La mejor tradición del derecho penal europeo ha sido una tradición humanista, lo cual quiere decir que hemos progresado básicamente en tratar mejor a los detenidos, a las personas que cometían delitos. Esto ha sido así durante un tiempo; no les mencionaré a Beccaria, que es un clásico, pero quizá puedo traer a colación las palabras de alguien que les puede sonar, Concepción Arenal, aquella ilustre penitenciarista que dijo aquello tan gráfico, pero con necesidad de ser repetido, de odia el delito pero compadece al delincuente. Ese es un poco el elemento que ha ido inspirando de alguna manera todo lo que es la normativa penal hasta este momento.

¿Qué ocurrió? Pues, lamento decirlo, pero el Partido Popular es un partido profundamente reaccionario. El 30 de marzo de 2015, con esa ley orgánica que ustedes aprobaron en solitario y sin escuchar absolutamente a nadie, nos dieron una patada hacia el año 1928; año en que, en plena dictadura de Primo de Rivera, se abolió del Código Penal la cadena perpetua. Lo que una dictadura fue capaz de hacer lo resucitaron ustedes en un Código Penal, y lo hicieron en una España, en un lugar, en un Estado, donde las penas, en comparación con Europa, eran infinitamente más altas en virtud de las sucesivas reformas que ustedes habían ido haciendo, llegando incluso a los cuarenta años de prisión, donde había una baja tasa de criminalidad, la mayor tasa de encarcelamiento y donde la estancia temporal en prisión en comparación con Europa tenía una media mayor. Por lo tanto, ¿por qué lo hicieron? Lo hicieron porque ustedes cambiaron sencillamente dolor por votos, lo hicieron porque aplicaron ustedes un derecho penal de estadística y ese derecho penal de estadística, o lo que se ha llamado populismo, es sencillamente inaceptable. Por esa razón vamos a apoyar la proposición de ley que nos trae el Partido Nacionalista Vasco.

Además de todo eso, ustedes lo hicieron con una mala técnica legislativa porque aplicaron o movieron delitos cuya interpretación era pacífica en la doctrina, como el homicidio o el asesinato; lo hicieron aplicando unas penas excesivamente largas a la cadena perpetua, con una posibilidad muy remota de revisión de entre veinticinco y treinta y cinco años -ya me dirá usted la posibilidad de reinserción con


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esas estancias temporales- y además lo hicieron estableciendo unos requisitos de revisión de la pena que son prácticamente imposibles de cumplir. Tampoco solucionaron el problema del artículo 76 del Código Penal, lo que se ha venido a llamar condenas eternas. En definitiva, se fueron ustedes por la puerta grande del marco europeo de los derechos humanos, y mira que el marco europeo es un marco de mínimos porque tiene que cohonestar diferentes legislaciones de países tan diferentes como España y Ucrania, por ejemplo. Ustedes, en cierta manera, han venido diciendo que la cadena perpetua en otros países está absolutamente reconocida por este tribunal europeo, sí, pero el marco temporal en el que se aplica es mucho menor del que ustedes han aplicado y además, en las ocasiones en que esos Estados no han establecido un marco real y efectivo de salida, el propio tribunal europeo los ha condenado, como ocurre con el caso Winter, que a ustedes tanto les gusta citar. También les gusta citar a la Corte Penal Internacional diciendo que la Corte Penal Internacional establece un mínimo de veinticinco años. Lo que ustedes no dicen -porque no leen bien el artículo- que estos casos son para delitos tales como genocidio, lesa humanidad, agresión o crímenes de guerra, es decir, lo que hicieron los nazis en Núremberg. Ustedes están banalizando la prisión perpetua en el Código Penal y la están homologando con ese tipo de delitos que, desde luego, son muchísimo más graves. Y como ya ha comparecido de una u otra manera el señor Salvador como su telonero para decir que esto es muy necesario porque, fíjese usted, tenemos yihadismo, el principio de necesidad de pena lo que establece es que efectivamente amenacemos a ese yihadista que va con un cinturón lleno de explosivos dispuesto a morir y a matar con decirle que, si usted falla, le meteremos en prisión para siempre. Creo que con eso es definitivo, dará la vuelta y dirá: ¡Por Alá, el Código Penal!, en este momento ya desisto de mi propia actitud y me voy a casa. (Aplausos).

Ese tipo de demagogias no tiene ningún sentido y tampoco está de ninguna manera determinado cuál es la relación causa-efecto que ustedes pretenden producir entre este endurecimiento excesivo de las penas y lo que es la prevención del delito, porque a ustedes sencillamente eso les da igual. A ustedes les gusta leer algunos de los artículos de la Constitución e incluso la subrayan con ese fosforito rojigualda, etcétera, pero se dejan de leer otros artículos que corresponden a la parte dogmática que es la protección de los derechos humanos, que es el artículo 9, el principio de legalidad, el artículo 15, la prohibición de penas o tratos inhumanos y degradantes, y el artículo 25.2, que es el que establece el principio de reinserción y que debe aplicarse necesariamente en el Estado español por encima incluso de los estándares europeos que ustedes se han saltado olímpicamente, sin ningún tipo de remordimiento ni presión.

Teniendo en cuenta todo esto, lo único que a ustedes les quedaba decir es que la instauración de la pena permanente revisable contribuía nada menos que a la confianza en la Administración de Justicia, y -añado- mucho más allá de que la Administración de Justicia tenga medios materiales y humanos para perseguir determinados delitos, de que la ciudadanía tenga la percepción de que algunos delitos de cuello blanco se persiguen menos que otros o algunos delitos de corrupción se persiguen menos que otros o que se pongan tasas para el acceso a la justicia o que se pongan trabas, por ejemplo, al acceso a la justicia gratuita, como veíamos en materia medioambiental. Eso, desde luego, no contribuye para nada a la confianza de la ciudadanía en la Administración de Justicia, pero, al parecer, la instauración de la cadena perpetua lo hace de una manera absolutamente irrefutable, aunque no tengamos ni una sola prueba de que eso es así. Por tanto, ustedes son un partido que actúa desconociendo absolutamente la Constitución española; han vuelto a principios del siglo XX aplicando un principio de venganza y no un principio de justicia y rompiendo con toda esa tradición humanista del derecho penal.

Como les hemos dicho, votaremos a favor e introduciremos enmiendas técnicas para mejorar el texto y para solucionar los problemas que hay ahora mismo en España de largas condenas.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo Moreno.

El señor CAMPO MORENO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, como ya hemos oído, no es un tema que venga por primera vez a este Pleno o concretamente a la Comisión de Justicia. Quiero adelantar ya el voto favorable de nuestro grupo a la toma en consideración de la derogación de la prisión permanente revisable. La propia denominación, y también lo hemos oído, es una contradicción en sus términos. Es difícil que lo que es permanente sea revisable y es difícil revisar lo que es permanente. Esta es una forma oscura de hacer política que deberíamos superar.


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En los minutos que tengo por delante pretendo explicar las razones que tiene mi grupo parlamentario para votar a favor de la derogación de esta pena. Podría acabar mi intervención antes de empezarla diciendo que son los propios principios sobre los que se ha cimentado un derecho penal constitucional en los últimos cuatro siglos. Realmente, la motivación que utiliza el legislador de la Ley Orgánica 1/2015, en la que se introduce esta pena, es muy débil. Su preámbulo se limita a decir que es una pena que se justifica ante la necesidad de respuestas extraordinarias. Obedece a eso que el profesor Hassemer denomina la nueva concepción del derecho penal, y es esa concepción del derecho penal transmutado en un derecho de defensa contra peligros. Ahora bien, el propio profesor que acabo de mencionar ya nos dice que cuidado, que hay que establecer mecanismos para conjugar ese deseo legítimo de protegernos contra peligros con algo tan simple y básico como son los cimientos del derecho penal: los principios, los valores y lo que se denominan las garantías del derecho penal. Señorías, me encantaría seguir hablándoles de Hassemer y del marqués de Beccaria e incluso hoy es un buen momento para traer el derecho patrio de Lardizábal, pero creo que se levantarían de sus asientos y ya somos muy pocos como para alimentar esa sugerencia.

Hay algo que está claro. Los rasgos básicos de una determinada sociedad se producen y se incardinan en la definición de sus tipos penales y en las sanciones que se establecen para castigarlos, pero esto no podemos hiperbolarlo porque también reflejan los miedos de una sociedad. Por tanto, pongamos el peso en aquello que define los rasgos básicos de nuestra sociedad, es decir, en los valores que nos hemos dado como sociedad moderna y civilizada, y huyamos de los miedos. De esto es precisamente de lo que se aprovecha el legislador de la Ley Orgánica 1/2015 para incorporar una pena como la que venimos analizando. ¿Por qué? Porque lo hace desde el miedo. Y hay algo muy sencillo. Esta ley, que da pie a esta norma, a esta sanción, es -lo digo sin pudor- innecesaria, es inoportuna y está mal concebida. ¿Por qué digo que es innecesaria? Lo dijo el Consejo de Estado cuando se sometió a su consideración el proyecto de Ley Orgánica 1/2015. Pero es que también el propio sistema de nuestro Código Penal establece lo que se ha venido denominando por la doctrina de un modo común el cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas, de tal modo que no era necesario. Y otra cuestión que no deja de martillearme es que es innecesaria porque vencimos a ETA sin necesidad de ella. Es innecesaria. Pero he dicho que también es inoportuna, y les voy a poner un ejemplo que posiblemente sea más gráfico que otra cuestión. Cinco asesinatos, calificación 572 -estoy hablando de antes de la reforma 1/2015-, condena de 125 años. Por el juego de los artículos 76, 78, 36, 90 y siguientes el cuadro sería: máximo tiempo de cumplimiento, 40 años; 32 años para concesión del tercer grado y 35 años para el otorgamiento de la libertad condicional. Señorías, ¿era necesario alterar el Código Penal, transmutando todos estos principios, para esto? Pero les decía que es innecesaria, es inoportuna y está mal concebida. ¿Por qué está mal concebida? Porque realmente tiene lo que la doctrina denomina efectos criminógenos. Si establecemos para el primer asesinato la máxima sanción, es decir, la prisión permanente revisable en esos términos de dureza que venimos analizando, realmente salen gratis los segundos, terceros, cuartos y quintos asesinatos. En segundo lugar, está mal concebida porque, si se analiza el artículo 70.4 del Código Penal y cuál es la pena inferior en grado, se ve que el legislador -ustedes- estableció la pena de veinte a treinta años, cuando puede darse la revisión a los veinticinco. Es decir, puede darse la paradoja de que la pena de origen es menor que la pena en grado inferior.

Señorías, creo que realmente tenemos mecanismos para no quebrar esos principios básicos de los que tanto hemos hablado todos los intervinientes: lex certa y principio de taxatividad. Una ley que no establece con claridad qué significa está haciendo un flaco favor a dos principios básicos: uno, la libertad, pero no la libertad como derecho fundamental, sino la libertad como valor superior del ordenamiento jurídico, es decir, artículo 1 de la Constitución; y también -¡cómo no!- está negando esa concepción resocializadora que se establece en el párrafo segundo del artículo 25 del propio texto constitucional y que se desarrolló tan certeramente por la Ley de Vigilancia Penitenciaria del año 1979.

Señorías, creo que la sociedad nos lo agradecerá y nuestro derecho se robustecerá. Espero que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre estas materias, porque realmente hay una doctrina muy clara que emana de las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en orden a la calificación y análisis del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos; es decir, que la revisabilidad, que es el concepto clave que analiza en sus sentencias el tribunal europeo, nos determina dos momentos: el cuándo y los requisitos. El cuándo ya hemos visto que tiene unos tiempos altísimos y les invito a que lean el artículo 92. Señorías, me alegro profundamente de que el sentido del voto sea favorable y por fin dejemos de lado eso que se denomina el derecho penal exagerado.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Barreda de los Ríos.

El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, señor Legarda, como ya se ha dicho, es un debate reiterado y un debate reiterativo. Es un debate en el que se van relevando los proponentes y se repiten los argumentos. Hoy le toca al PNV actuar como proponente. Lo hace con un sector de la doctrina como pretexto y con la supuesta inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable como eje de su manido repertorio argumental. Si la preocupación es la constitucionalidad, como reiteraba el señor Campo hace un momento, parecería más lógico esperar al pronunciamiento del Tribunal Constitucional. La norma está recurrida, pendiente de sentencia y a la sentencia deberíamos estar todos. El PP y el Gobierno de la nación, no tengan duda, acataremos la sentencia, sea cual fuere su sentido.

Señor Legarda, estas prisas y estas urgencias de ustedes parecen indicar que no confían en alcanzar el respaldo del alto tribunal para sus tesis o, lo que es peor, que, llegado el momento, constitucional o no la prisión permanente revisable, porfiarán en su derogación por mera cabezonada política. Pero más sorprendente todavía resulta su apelación a la doctrina desde la primera frase de la proposición de ley. Apelan a un sector de la doctrina que en este tema está lejos de la unanimidad. Sigo sin comprender esa relación servil y ancilar de algunos grupos políticos de esta Cámara con un sector de la doctrina. Me sorprende sobre todo la falta de reflexión sobre las consecuencias del planteamiento que están haciendo. Porque lo cierto es que su proposición de ley tiene consecuencias concretas no para la doctrina, los comentaristas o las cifras de ventas de algún manual de derecho penal, sino para los ciudadanos, para las personas. Hay que leer bien la propuesta del PNV. Lo que proponen es reducir las penas a los autores de los crímenes más execrables. Se trata de supuestos de extrema gravedad, no de cualquier cosa, los que mayor alarma y reproche social suscitan y para los que los ciudadanos exigen el mayor reproche penal. Les pregunto: ¿de verdad creen ustedes, señorías, que los ciudadanos desean una reducción del tiempo de condena en tales delitos? ¿Quieren hacernos creer que la sociedad española demanda penas más leves para magnicidas, asesinos de niños o quienes arrebaten la vida a sus víctimas tras una agresión sexual? ¿Sostienen ustedes que terroristas como los de Barcelona hace mes y medio merecen una consideración más benévola que la actual en nuestra legislación penal? ¿De verdad sostienen ustedes esto? Lo pregunto porque eso es lo que han venido hoy a defender y lo que van a respaldar con su voto o con su abstención, señora Reyes. Van a respaldar esa reducción de penas y que los peores asesinos, violadores, genocidas y terroristas reciban condenas más breves y en condiciones más benévolas en nuestro país. Lo hacen invocando o no la doctrina, pero esto es lo que defienden ustedes en este debate. Si tan convencidos están, deberían decirlo sin enmascararlo en tecnicismos y falsedades argumentales. Si quieren reducir las condenas, díganlo a las claras, que los ciudadanos conozcan el verdadero contenido de sus propuestas; propuestas que nosotros, señorías, ni compartimos ni compartiremos. Los diputados del Grupo Parlamentario Popular no podríamos afrontar la mirada de las víctimas de tales crímenes y de sus familiares tras aprobar semejante reforma a espaldas de nuestra sociedad; no podríamos hacerlo porque, para ser exactos, es una reforma diametralmente opuesta a las demandas de nuestra sociedad. Al parecer algunos trabajan o legislan en esta Cámara para la doctrina; nosotros trabajamos y legislamos para los ciudadanos, en este caso para ganar la confianza de los españoles en la justicia, y eso requiere dotar la justicia de instrumentos que permitan un reproche penal mayor para delitos excepcionalmente graves.

Pues bien, dicen ustedes que la prisión permanente revisable es inconstitucional y, en nuestra opinión, la realidad es muy distinta. La prisión permanente revisable no renuncia ni podría hacerlo en ningún caso a la reinserción del penado. No podría porque esa es la previsión de los artículos 15 y 25.2 de nuestra Constitución, y por ello el Código Penal prevé a su vez la revisión de la situación personal del penado; revisión que se producirá en el plazo que determine la sentencia, entre veinticinco y treinta y cinco años, efectivamente, y que con un pronóstico favorable de reinserción social permitirá acceder a la libertad con el condicionamiento de no cometer nuevos delitos. Antes de esa revisión -esto es importante y ninguno de ustedes lo ha mencionado en la tarde de hoy, yo creo que lo omiten deliberadamente- al condenado a prisión permanente revisable se le aplicarán los mismos mecanismos de resocialización y reinserción de otras penas de larga duración, es decir, el mismo régimen para la progresión de grado y, por tanto, para el sistema de permisos y salidas anticipadas, incluso desde los ocho años de reclusión. Insisto, esto nunca lo mencionan ustedes. La previsión de revisión judicial periódica aleja, por tanto, toda duda de


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inhumanidad, señorías, convierte sus apelaciones a la cadena perpetua en una mera caricatura. No estamos ante una pena definitiva, sino ante una figura que compatibiliza el rigor de la respuesta penal a casos extremadamente graves con la finalidad de reinserción de las penas previstas en nuestra Constitución y en la de nuestros vecinos, que también contemplan en su legislación penal figuras semejantes a la prisión permanente revisable. Y digo nuestros vecinos porque de la humanidad de la legislación penal iraní, de la que algunos quizás pudieran contarnos alguna cosa, o del sistema penitenciario venezolano, del que ustedes desde luego saben mucho, no creo que tengamos nada que aprender en España, aunque -insisto- no les faltan admiradores en esta Cámara.

El nuestro es un modelo extendido en el derecho comparado de los países democráticos, un modelo que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera ajustado al Convenio Europeo de Derechos Humanos mientras existan mecanismos de revisión; así lo declaró -nos gusta citarlo, efectivamente- en el caso Vinter y otros contra el Reino Unido en 2013, en el caso Kafkaris contra Chipre en 2008, en sentencias de 2009 en relación con Alemania o de 2014 en relación con Francia. En todas ellas la posibilidad de revisión es la clave para la compatibilidad de este tipo de condenas con el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Así es también en múltiples instrumentos de derecho internacional; por cierto, algunos ratificados de forma unánime o casi unánime en esta Cámara. El artículo 37 a) de la Convención de Derechos del Niño, ratificada por esta Cámara, prohíbe la pena capital y la prisión perpetua de menores sin posibilidad de excarcelación, es decir, admite la reclusión perpetua de menores con posibilidad de excarcelación. Y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 77, prevé también penas de reclusión perpetua o de duración indefinida, penas que, según el artículo 110, se revisarán a los veinticinco años, señora Reyes, es decir, exactamente el mismo plazo de nuestro Código Penal.

En conclusión, señorías, el Grupo Parlamentario Popular considera que con la pena de prisión permanente revisable nuestro Código Penal da respuesta proporcional y constitucional a crímenes de extrema gravedad, un elenco tasado de crímenes que son percibidos como más graves, que generan mayor rechazo social y merecen mayor reproche penal. No buscamos el aplauso de la doctrina, eso se lo dejamos a ustedes, sino la confianza de los ciudadanos en nuestro ordenamiento jurídico, y eso requiere la percepción nítida de que las condenas impuestas y las leyes aplicadas toman en cuenta la gravedad de las conductas criminales que sancionan.

Termino. Lean y relean a conveniencia y con la nostalgia que ustedes quieran al sector de la doctrina que sea más de su gusto. Expliquen ustedes a los españoles en nombre de qué doctrina se resignan. Nosotros creemos que no hay doctrina que justifique la resignación o la pasividad frente a los delitos contra víctimas indefensas o frente al terrorismo. Por ello, desde la Constitución, al servicio de los españoles, debemos dotar a la justicia de medios para dar respuesta proporcionada a conductas criminales tan graves como las sancionadas hoy con la pena de prisión permanente revisable. Por todo ello, señorías, reiterando el acatamiento a lo que en su día dictamine la sentencia del Tribunal Constitucional, votaremos en contra de la toma en consideración de la presente proposición de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA SORLÍ), SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2004, DE 21 DE DICIEMBRE, DE HORARIOS COMERCIALES. (Número de expediente 162/000110).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Sorlí), sobre la modificación de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales. Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, presidenta.

Hoy presentamos la modificación de la Ley 1/2004, de Horarios Comerciales. Queremos que los Gobiernos autonómicos puedan volver a decidir cómo organizar su propio comercio. Las administraciones más cercanas eran, hasta hace poco, las encargadas de delimitar las zonas de gran afluencia turística, así como los festivos de apertura. No obstante, como en tantos otros temas, el Gobierno central ha


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utilizado la crisis como excusa para acabar con esta competencia. Ahora todo esto se establece de manera obligatoria sin tener en cuenta las necesidades propias de cada sitio. El Gobierno estatal ha trabajado en los últimos años para intentar recentralizar competencias y decidir desde Madrid lo que le conviene a cada territorio. La Ley de Horarios Comerciales es un claro ejemplo de esta recentralización, que no solo afecta al País Valencià y a los Gobiernos autonómicos, sino que afecta sobre todo a las personas. Los pequeños comercios y, por tanto, los autónomos, son los primeros damnificados por esta modificación. Con la obligatoriedad de apertura los domingos y festivos el pequeño comercio se ve gravemente afectado. Hablamos de las pequeñas tiendas gestionadas por una persona, con poco personal o de gestión familiar, comercios que garantizan la supervivencia de nuestra oferta más tradicional y genuina, comercios con poco personal que no pueden afrontar abrir los domingos y los festivos y que, si lo hacen, será a costa del descanso y de la conciliación familiar. Estos comercios, que dan valor añadido a nuestra economía, se ven en clara desventaja con las grandes empresas, aquellas empresas con plantillas amplias y condiciones laborales más flexibles. El pequeño comercio se encuentra con la dicotomía de renunciar al descanso o cerrar sus puertas. Así que esta modificación que presentamos es un claro beneficio para los autónomos.

La segunda de las afecciones directas que esta ley tiene sobre las personas es la conciliación familiar. Las personas que trabajan en los comercios también tienen derecho a conciliar, a descansar y a disfrutar de sus familias. Legislemos pensando en estos derechos y en estas familias. Los festivos y los domingos son días de descanso, son días de estar en casa o de ocio personal, también de disfrutar con nuestros padres o con nuestras hijas. Necesitamos empezar a caminar hacia una conciliación laboral y familiar real y realista. Para ello, debemos racionalizar los horarios en todos los sentidos, debemos trabajar para que todas las personas tengan derecho al descanso, al ocio y a la vida familiar, trabajen para el sector que trabajen. Aprovechamos además que esta iniciativa se trae a Pleno para ampliarla. Queremos más beneficios para las familias y los autónomos, eliminando el mínimo de días festivos de apertura para que así cada Gobierno autonómico pueda legislar y negociar de acuerdo con sus propias circunstancias, porque cada pueblo, cada ciudad, cada autonomía es un mundo. Hoy, con esta propuesta, cada grupo político decide de qué lado está, del lado del poder o del lado de las personas.

Esta propuesta de modificación de Ley de Horarios Comerciales presenta tres beneficios fundamentales: el reconocimiento y respeto a los Gobiernos locales y autonómicos, el mantenimiento del pequeño comercio tradicional y la conciliación familiar y laboral. Las necesidades de cada territorio las conoce el Gobierno más cercano. Las necesidades de Albacete no son las mismas que las valencianas, pero es que las andaluzas no son las mismas que las gallegas. El modelo recentralizador a que se han aferrado todos estos años se ha demostrado caduco y obsoleto. ¿Quién puede conocer mejor la necesidad de un territorio que su propio Gobierno? Ustedes deciden con quién votan hoy, con el modelo centralista o con las administraciones más cercanas. Este modelo capitalista y liberal favorece sobre todo a las grandes empresas. La tienda pequeña gestionada por autónomos o con poco personal está abocada al fracaso con este modelo. ¿Qué empresa con una o ninguna persona contratada puede soportar abrir siete días a la semana? Ustedes deciden con quién votan hoy, con las grandes empresas o con los autónomos y pequeños comercios. Para el personal empleado, además, este modelo es atroz; horas y horas de trabajo teniendo que dejar a la familia en un segundo plano. ¿Quién podrá ir a comer a casa el domingo si tiene que abrir la tienda? Ustedes deciden con quién votan hoy si con la explotación laboral o con las familias. Así que para que las administraciones más cercanas puedan decidir, para que siga siendo viable la tienda de María, para que Juan pueda ir a comer con el suegro el domingo, os pido el voto a favor de esta PNL. Votemos a favor de esta PNL; votemos a favor de las personas.

Y antes de bajar, me gustaría mostrar desde aquí nuestro apoyo a las personas agredidas, perseguidas e insultadas ayer en Valencia en la manifestación del 9 de octubre. (Aplausos). Valencia es una ciudad respetuosa. El País Valencià es un territorio diverso, cívico y pacífico. Ayer, este Gobierno por omisión rompió la paz en nuestro territorio; permitieron persecución a demócratas, simbología fascista y auténticas cacerías nazis a plena luz del día. Basta de impunidad. Pedimos y exigimos el cese inmediato del delegado del Gobierno. (Termina su intervención en catalán).

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea interviene la señora Bosaho Gori.


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La señora BOSAHO GORI: Gracias, señora presidenta.

Señorías, buenas tardes. El Grupo Parlamentario Mixto nos trae esta tarde al pleno una proposición no de ley para la modificación de la ley de liberalización de horarios comerciales. Coincidimos con su grupo en el tema de esta liberalización que se complica aún más a partir del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, y el artículo siete de la Ley 18/2014, de medidas urgentes para la competitividad. Considerando que la mayoría de las concentraciones de trabajadores en activo tienen lugar en grandes ciudades, esta regulación afectará en mayor medida a un mayor número de trabajadores y trabajadoras y sus familias, de los que se mantendrán alejados en domingos y festivos justo cuando en los horarios escolares están previstos los descansos. Se dedica así la imposibilidad de consolidar la vida familiar y laboral a partir de horarios y jornadas irracionales pensando sólo en el mayor incremento de la productividad.

Señorías, hemos de mirar un poco más allá a la hora de legislar y preguntamos, ¿qué consecuencias tienen estas medidas en la vida concreta y cotidiana de los trabajadores en este país? Aún más, ¿qué consecuencias tiene para este país someter a horarios irracionales a padres y madres como a los que aún no lo son? Primero, a los que aún no lo son se les disuade de tener hijos porque no tienen tiempo para cuidarlos. Segundo, que por tanto las tasas de natalidad disminuirán y lo están haciendo ya. Tercero, dónde un país envejecido llamado España sigue su proceso de envejecimiento, un 18,4 % sobre el total de la población de personas mayores de 65 años son personas obviamente mayores. Según el censo del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2066 habrá más de 14 millones de personas, según las previsiones. Nos preguntamos: ¿Dónde está la población joven que trabajará para pagar sus pensiones? Si ahora nuestras políticas son cortoplacistas y no miran más allá para asegurar la infancia, tendremos un grave problema en el futuro. Una infancia que crece sin sus padres está mucho más expuesta a problemas de salud, problemas de alimentación, problemas familiares, fracaso escolar, violencia, entre otros.

Señorías, difícilmente se puede conciliar la vida laboral y familiar trabajando en comercios que abren sus puertas a las nueve de la mañana y las cierran a las diez de la noche, incluyendo domingos y festivos. La Comisión de la Unión Europea alerta de los problemas de conciliación laboral y familiar en su informe de este mismo año 2017. Por otra parte, el informe Arhoe de este mismo año 2017, elaborado por la Comisión nacional para la racionalización de los horarios españoles, alarma sobre las consecuencias de la falta de conciliación familiar y laboral y dice que el 69 % de la población es consciente de que pasa menos tiempo del necesario con sus hijos y sus hijas.

En nuestro Grupo Parlamentario, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tenemos una gran preocupación por la conciliación laboral y familiar, por ello hemos presentado también diversas iniciativas en diferentes parlamentos autonómicos. En ese sentido, se ha presentado una propuesta aquí mismo, en el Congreso de los Diputados, para el establecimiento de los permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles. Asimismo, hemos presentado una enmienda de adición a la PNL de Compromís, para que además si algún festivo o domingo se tiene que abrir, esto se haga por parte de personal contratado para ello y no por el mismo que ya viene trabajando durante toda la semana. Así, se permitirá la vinculación y la conciliación familiar y laboral mínimamente para padres y madres y sus hijos.

Señorías, los compromisos y la apuesta por la conciliación deben tener respaldo de todos los grupos políticos presentes en esta Cámara con visión de futuro. Es necesario conciliar los horarios laborales y la vida personal de los trabajadores y trabajadoras, como ustedes mismos, señorías, en esta Cámara. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos pasan el tiempo suficiente con ellos? ¿Qué dirían si se les hiciera esta pregunta a sus hijos? Desde nuestro grupo parlamentario apostamos decididamente por ello. Los horarios laborales y la vida personal se pueden y se deben conciliar. Votaremos a favor de esta PNL y manifestamos nuestro total acuerdo para que se deroguen los artículos correspondientes de la Ley 1/2014 y del Real Decreto 20/2012, de liberalización de los horarios comerciales que afectan a la conciliación laboral y familiar.

Finalmente, como plantean nuestros compañeros...

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

La señora BOSAHO GORI: ... Raquel Huerta y Emilio Delgado, desde su publicación acerca de la conciliación familiar y laboral el pasado mes de septiembre, los informes de Eurostat señalan la situación de las mujeres en el mercado laboral y las escasas políticas orientadas a garantizar los cuidados de los menores o dependientes, así como la desigualdad en la distribución de dichos cuidados, como algunos de los elementos que nos convierten en uno de los peores países de Europa en conciliación laboral y familiar. ¿Qué vamos a hacer para cambiar esta situación? Esta es nuestra oportunidad.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella Gómez.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Buenas tardes. Gracias, señora presidenta.

A propósito de esta proposición no de ley de Compromís, me gustaría destacar y recordar que la Ley 1/2004, de Horarios Comerciales, a la que se refiere, fue aprobada por un Gobierno socialista, una ley a la que por segunda vez en tres meses Compromís quiere volver, ya que el 27 de junio pasado presentó esta misma proposición no de ley en la Comisión de Economía, aprobándose una enmienda transaccional entre los diferentes grupos. Es decisión -faltaría más- de cada grupo proponente cómo utilizar sus tiempos y sus turnos de iniciativas, pero que quede claro que en estos momentos al Gobierno del Partido Popular ya se le ha instado, ya le hemos instado con nuestro apoyo a modificar el artículo 5 de la Ley 1/2004 de Horarios Comerciales precisamente para evitar que automáticamente a los municipios se les impusiera lo que se llaman zonas de gran afluencia turística. También le hemos instado a facilitar que los municipios que ya habían tenido esa imposición tuvieran un mecanismo de revocación ante las autoridades pertinentes, que no son otras que las comunidades autónomas, como muy bien ha defendido la proponente. Y, por último -y quiero destacarlo-, en la enmienda que nosotros presentamos, que fue aprobada por todos los grupos en una transaccional, hicimos mucho hincapié en que se promoviera un plan contra la explotación laboral en el sector comercial. A lo que el Grupo Parlamentario Socialista no se va a prestar, señorías -y lo quiero dejar bien claro-, es a un goteo de PNL para parchear la Ley de 2004, como por otra parte ya ha contribuido bastante el Partido Popular a lo largo de todos estos años.

Señorías, tenemos que ir directos al problema. A estas alturas de 2017 el Grupo Parlamentario Socialista cree que hay que solucionar los problemas, y los problemas no radican en volver al texto de una ley de hace trece años porque la sociedad, las empresas y los estilos de vida de los consumidores españoles han cambiado radicalmente y porque estamos en medio de una revolución tecnológica que ha impulsado ya la economía digital, yo diría que prácticamente toda nuestra vida es ya digital; pero la solución tampoco estriba en ir pervirtiendo la Ley de 2004, como ha hecho el Partido Popular a lo largo de su legislatura a base de recentralizar y quitar competencias, como se ha hecho con el caso de las zonas de gran afluencia turística y los horarios comerciales. La Ley 1/2004, la original de 21 de diciembre de 2004 que aprobó el Gobierno socialista, era respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas, pero los decretos liberalizadores del Partido Popular desde 2012 han supuesto tropecientas y sucesivas modificaciones de la misma.

El Grupo Socialista cree que es positivo levantar el pie del acelerador ultraliberalizador e invasivo de competencias, pero no por un afán proteccionista, como se intuye de la propuesta que venimos a debatir, sino porque en pleno siglo XXI hay que mirar al futuro y pensar en nuevas regulaciones tanto del Estado como de las comunidades autónomas, que tengan en cuenta los nuevos estilos de vida de las personas, los derechos de los ciudadanos como trabajadores y como ciudadanos. Señorías, el gran reto europeo ahora mismo es el mercado único digital, y aquí se está poniendo el foco en una pequeña parte del problema que son los horarios comerciales. Lo que hay que mirar es que el comercio español tiene el reto de adaptarse a los nuevos formatos, a los nuevos hábitos y preferencias de los consumidores, y las políticas públicas deben facilitar esa modernización, deben de ir camino de la gestión de la innovación comercial como se está haciendo ya en Europa.

Señorías, hay que trabajar, y mucho, para avanzar en estrategias ante los cambios acelerados que el comercio electrónico está provocando y que de ahí sí que se derivan importantes amenazas para el comercio minorista. Les pondré un caso: en Estados Unidos un reciente informe destaca que más de una docena de cadenas minoristas están en concurso de acreedores en 2017 debido al aumento del e-commerce, y en esta misma línea una de las empresas más importantes de Estados Unidos ha detectado y elevado a 13 000 el número de comercios que cerrarán sus puertas en 2018, el triple que en 2016. Como se decía hace poco en un importante reportaje que salió sobre este tema, en la era Amazon los consumidores se quedan en casa y los centros comerciales tienen dos opciones: renovarse o morir.

Señorías, nuestra enmienda está a favor de que las zonas de gran afluencia turística de las comunidades autónomas se acuerden entre estas y los municipios, que se respeten las competencias, los nuevos estilos de vida de los ciudadanos, teniendo presente el auge exponencial de la economía digital. Para finalizar, una reflexión: nuestra enmienda mira al futuro, también al futuro de una nueva ley, aunque esta proposición no de ley solo se conforme -y van dos ya- con soluciones del pasado.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Arratsalde on. Buenas tardes.

Hay que comentar que la Ley 1/2004, de Horarios Comerciales, en su artículo 5.5 venía a decir que la determinación de zonas turísticas, así como los periodos a los que se circunscribía la aplicación de la libertad de apertura, correspondía a cada comunidad autónoma para su respectivo ámbito territorial. Sin embargo, posteriormente el Decreto-Ley 20/2012 viene modificar dicho artículo estableciendo una mayor liberalización de los horarios comerciales en aquellas zonas en las que la afluencia turística es mayor y obligando por tanto a definir a aquellas ciudades de gran afluencia turística las zonas y los horarios en que se abrirían los establecimientos domingos y festivos, y además establecía que, en caso de incumplimiento de ese requisito, se daría paso a la liberalización de los horarios comerciales en toda la ciudad. Es decir, un decreto, el 20/2012, que, junto con la Ley 18/2014, incide en materias de comercio y turismo, que no respeta el ámbito competencial que tienen las comunidades autónomas en estos asuntos, como en Euskadi, vulnerando la competencia del artículo 10.27 del Estatuto de Gernika, que establece la competencia del Gobierno vasco en materia de comercio interior y su capacidad para diseñar la política comercial que considere oportuna. En definitiva, se obvia claramente la capacidad de cada comunidad autónoma para diseñar una política comercial acorde a la realidad socioeconómica de su territorio.

Los hábitos de consumo son formas de comportamiento social que se justifican también atendiendo a las tipologías comerciales existentes en cada momento y cada lugar. Son pautas de comportamiento que se concretan a través de los establecimientos existentes. La forma en que funcionan estos establecimientos, de los cuales los horarios son un elemento clave, incide directamente en la forma de vida de los ciudadanos y ciudadanas y también en el reparto de la tarta de gasto de las familias entre los diversos tipos de establecimientos. En este sentido hay que decir que los horarios comerciales no son neutros en cuanto a las posibilidades de desarrollo y aplicación en los diferentes formatos comerciales. Su regulación es la respuesta a una tendencia de demanda de consumo y su orientación en un sentido u otro es un potencial instrumento para transformar la estructura comercial, la forma de vida, las características cinéticas de los espacios urbanos. Por eso cada territorio es el más apto para conocer esa realidad socioeconómica con sus nuevas tendencias, y por ello también debería ser cada comunidad autónoma quien pueda regular estas materias. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. Silencio, por favor.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Los horarios comerciales tienen una dimensión económica y sociológica porque afectan a la estructura del sector, a la movilidad, al ocio, al turismo, a la forma de vida, y desde luego también son el reflejo de tensiones que se derivan de los debates que en torno a este concepto se generan, tales como la conciliación de la vida familiar o tiempo de trabajo, dimensiones que también han de ser atendidas. Nos gustaría entender que las modificaciones se realizaron en su día a través de los decretos mencionados para que el sector comercial se beneficiase del turismo, un sector en alza en época de crisis, pero para ello no son necesarias leyes para que las comunidades autónomas exclusivamente apliquen criterios establecidos por el Estado invadiendo competencias, sino diálogo y consenso.

Entendemos que todas las modificaciones realizadas hasta ahora pueden ser contrarias a la doctrina del Tribunal Constitucional, que reiteradamente ha manifestado que el Estado, en el ejercicio de sus competencias básicas, no puede agotar la regulación de una determinada materia dejando sin margen normativo propio a las comunidades autónomas con competencia en la materia. Estamos ante una proposición no de ley que pretende modificar una ley y también sus posteriores modificaciones, pero también entendemos que deberíamos mirar más allá, hacia el futuro, con políticas públicas dinamizadores del desarrollo local que impulsen la competitividad en este sector para generar riqueza y crear empleo sostenible y de calidad en un escenario globalizado cada vez más competitivo y profesionalizado, en el que los hábitos de consumo han cambiado y donde la calidad tanto en el producto como en el servicio son cada vez más determinantes en la elección de compra y por tanto en la consecución de resultados.

Dado que hay una enmienda que desconocemos si se va admitir o no, esperaremos también para ver nuestro posicionamiento, ya que la misma habla de la obligatoriedad de contratar, y parece más bien pensada para las grandes empresas a las que se presupone que no contratan o abusan de las


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contrataciones. También hay que tener en cuenta que cuando hablamos de establecimientos comerciales hablamos de empresarios individuales a los que también se les está obligando a contratar una persona adicional cuando desconocemos sus circunstancias personales, laborales y económicas, que serán las que determinen su opción a la hora de contratar, compatibilizar su vida laboral y cualesquiera otras. Como ha dicho usted, señora Sorlí, con esta PNL serán las comunidades autónomas las que establezcan los horarios y puedan negociar de acuerdo a sus circunstancias. Por tanto, nos sería también difícil de entender la imposición de esta enmienda si de lo que se trata es de que sean las comunidades autónomas las que negocien y regulen este tema.

Muchas gracias. Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Navarro Fernández-Rodríguez.

El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Señora Sorlí, nos trae una PNL en la que se preocupan de manera expresa de dos cosas. Hay una tercera que no mencionan, pero afortunadamente ha aparecido en la intervención, y hay otra de la que no se preocupan en absoluto y que aparece de una manera muy sorprendente también en la intervención, y hay como un ambiente emocional que lo impregna todo. Vamos a comenzar por las preocupaciones expresas, que son dos. La primera, proteger las competencias autonómicas y municipales. Poco hay que decir con respecto a esto. La Ley 1/2004, de Horarios Comerciales se dicta en el ejercicio de competencias exclusivas del Estado en materia de bases de ordenación de la actividad económica. Se lo reconoce el artículo 149.1.13.ª A ustedes les gustan unos artículos y otros no; les gusta el 5.4, que da competencias, otro que pone ciertos límites para unificar esas competencias, para tener una cierta homogeneidad de criterios, pero que creo que eso tiene poco sentido. En todo caso, queremos dejar muy claro que nosotros estamos a favor de la unificación de criterios. Estamos en mercados nacionales e internacionales integrados, de modo que no tiene mucho sentido fragmentar el mercado con restricciones locales. Esta visión localista del comercio está absolutamente obsoleta.

Su segunda preocupación en la PNL, que ha desaparecido un tanto en la presentación, son los trabajadores. Han dicho, efectivamente, que les preocupa que tener que trabajar más domingos -suponiendo que sean ellos los que tengan que trabajar- provoca problemas de conciliación de su vida familiar y laboral. Insistimos, bien está que se preocupen por ello. Nosotros no solo nos preocupamos, sino que hemos estado aprobando medidas en esa dirección. En cuanto a los trabajadores, hay un par de informes con los que me gustaría disipar sus dudas. El primero es que AFI, Analistas Financieros Internacionales, que estudia los efectos de la liberalización de horarios en la Comunidad de Madrid que, como saben, es la única que con carácter general los tiene liberalizados. No parece que la experiencia haya sido un cataclismo en ese sentido. De hecho, en el periodo que analizan, de 2012 a 2016, hay un aumento de operaciones comerciales de 2682 millones de euros. Insisto, es un aumento; no es un trasvase de operaciones comerciales de unos comercios a otros, sino un aumento de la tarta para todos los comercios. Ha habido una recaudación adicional de 1107 millones, pero sobre todo ha habido un aumento de 15 500 puestos de trabajo debido a este incremento de actividad. Es difícil pensar que una medida es mala para el empleo cuando crea empleo, pero es que además la antigua Comisión Nacional de la Competencia dijo expresamente en un informe que la liberalización de las horas de apertura podía reducir costes y generar más puestos de trabajo y/o mayores salarios reales.

He dicho que hay un colectivo por el que ustedes se han desinteresado por completo, que son los consumidores. Ustedes han mantenido su preocupación por la conciliación familiar y laboral de los trabajadores de los comercios -cosa que, insisto, está muy bien-, pero se han desentendido por completo de la conciliación laboral y familiar de los trabajadores en su conjunto cuando actúan como consumidores, y eso está mal. Las medidas restrictivas -también siguiendo el informe que les estaba contando- tienen un efecto directo sobre la economía de los consumidores. La liberalización en el periodo que hemos dicho provocó a los consumidores un ahorro directo de casi 3000 millones de euros y un ahorro de 1030 millones por ahorros en tiempo. Si no les gusta este informe tengo otro; este es de la Autoridad Catalana de la Competencia, a raíz de un proceso participativo que abrió el Ayuntamiento de Barcelona para definir el modelo de horarios comerciales; y se posiciona a favor de la libertad.

Hay un aspecto que ustedes han pasado por alto olímpicamente -la compañera del PSOE lo ha recordado acertadamente- que es el comercio electrónico. El comercio electrónico es una amenaza especialmente seria para el pequeño comercio y la limitación de horarios lo que hace es limitar la ventaja competitiva del pequeño comercio debida a la proximidad o al conocimiento del producto que ofrece, por


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lo que al limitarles el horario están inclinando al consumidor directamente hacia el comercio digital. Señorías, lo único que ustedes han dicho respecto a los consumidores es que los domingos no son para comprar -lo ha dicho el alcalde Ribó y ustedes- pero no creo que los consumidores tengan intención de seguir su guía. Por tanto, si limitan el horario comercial favorecerán claramente el comercio digital.

En resumen, señorías, su propuesta perjudica a los trabajadores porque impide crear más empleo...

La señora PRESIDENTA: Señor Navarro, tiene que terminar.

El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Acabo ya, señora presidenta.

... impide que crezcan los salarios reales, perjudica a los consumidores pero, sobre todo, perjudica a los pequeños comercios, a los que deja indefensos ante la competencia del comercio online.

Señorías, en su PNL late el viejo temor al libre comercio, laten las añoranzas de las sociedades cerradas, pero nosotros queremos sociedades más abiertas y más prósperas porque en este mundo globalizado intentar poner fronteras es quedarse atrás.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Blasco Marqués.

El señor BLASCO MARQUÉS: Buenas tardes, presidenta.

Señorías, intervenir el último en mi caso me va a llevar a que no voy a volver a preparar las intervenciones porque es mejor contestarles, es más ágil para el debate y más ilustrativo.

Señora Sorlí y señora Bosaho, ¿en qué país viven ustedes? Salen aquí una y otra vez volviendo a decir que hay que estar con las personas o con el poder. Ahí va eso; con las personas o con el poder. ¿Ustedes piensan que defendiendo al poder este partido gana las elecciones desde hace siete u ocho años y aspira a tener once millones de votos? ¿O es que nos ganamos la confianza de las personas? (Aplausos.-Rumores). Hay un señor en la bancada de Podemos que me hace así (mueve los dedos de la mano indicando dinero), ¿eso quiere decir que hay diez millones de españoles ricos? (Rumores). ¿Que hay diez millones de españoles poderosos que dicen vamos a votar al Partido Popular que luego nos fastidiará? No saben en qué país viven, siguen en su mundo. (Aplausos). Han tocado techo con sus cinco millones de votos, que les auguro que van en caída libre. (Aplausos). Además, con su argumento me voy a ir a mi casa y le voy a decir a mi mujer, que es enfermera, que eso de trabajar los sábados y domingos se acabó. Allí gobierna el PSOE y, por tanto, supongo que entenderán que me quiero comer la paella con mis hijos y sobrinos los sábados. Conozco a policías -a los cuales aprovecho para rendirles un homenaje, igual que a la Guardia Civil- (Aplausos) y tengo amigos camareros que les toca trabajar cuando les toca trabajar. Los que viven en zonas de especial afluencia turística, donde hay cruceros en los que vienen cientos de miles de personas, tendrán que trabajar cuando vienen esas personas. ¿O están ustedes pretendiendo que cierren los comercios de Benidorm y los bares y restaurantes de Marbella, de Madrid o de Teruel? Voy a hablar de mi ciudad, voy a hablar de mi libro. En Teruel hace veinte años no se podía tomar uno un café el domingo por la mañana ni comprar el sábado por la tarde porque estaba cerrado. Los empresarios me decían que era un logro social tener el negocio cerrado, pero los que decían eso han cerrado, y los que se espabilaron y abrieron negocios hoy están abiertos, por lo que se puede decir que mi ciudad es hoy una ciudad turística. ¿En qué país viven?

Además el proponente es un grupo de la Comunidad Valenciana, pero como dije en Comisión, y hoy vuelvo a repetir, ustedes traen aquí una iniciativa que es radicalmente contraria al acuerdo que su Gobierno socialista y de Compromís ha firmado con el Gobierno de España. Hay un acuerdo bilateral entre ambos Gobiernos que defiende todo lo contrario de lo que ustedes defienden, y se comprometen a mantener como zonas de gran afluencia turística las que tuvieran tal consideración con anterioridad a la entrada en vigor del decreto autonómico, pero ahora se pide la posibilidad de revocar esos acuerdos por parte de los ayuntamientos. El Gobierno valenciano de Ximo Puig y de Mónica Oltra se compromete a modificar su texto normativo para estar en consonancia con el régimen especial de horarios recogido en la ley, que también era de Zapatero. Por tanto al final o vienen aquí sin saber a qué vienen o no hablan con su Gobierno o, lo que es peor, a lo mejor solo vienen aquí a intentar derogar aquellos preceptos o aquellas disposiciones que benefician a los españoles, pero que propuso un Gobierno del Partido Popular. En definitiva terminan perjudicando a los españoles.


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Señora Sorlí, la mejor forma de conciliar la vida familiar y laboral es tener un empleo, porque si un español o española, un ciudadano, un trabajador o trabajadora está en paro, en su casa, no hay problema de conciliación, y lo único seguro aquí es que cuando gobierna el Partido Popular la gente encuentra empleo y cuando vienen ustedes o los del arco parlamentario de la izquierda los españoles pierden el empleo. (Aplausos). Y ahora -voy terminando, presidenta. Ahora casi me sobra tiempo- que empiezan a dar fruto desde hace tres o cuatro años las políticas del Partido Popular y los españoles encuentran empleo, les esperamos aquí, en el Parlamento, para hablar de subidas salariales, como ha dicho la ministra de Empleo, de conciliación de la vida familiar y laboral de aquellas personas que tienen empleo, y para hablar de crecimiento porque cuando hay miseria -que es lo que hay cuando gobiernan ustedes- no se puede hablar de conciliación de la vida familiar y laboral. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Pregunto a la señora Sorlí Fresquet si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora SORLÍ FRESQUET: Vamos a trabajar en un texto transaccional.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL IMPULSO Y DESARROLLO DEL VEHÍCULO AUTÓNOMO. (Número de expediente 162/000451).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre el impulso y desarrollo del vehículo autónomo. Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada tiene la palabra el señor García Egea.

El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, buenas tardes. Con esta proposición no de ley venimos a hablarles del futuro, a hablarles de algo que está por llegar y que en algunos países ya se están tomando muy en serio. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Y es que a lo largo de la historia la tecnología siempre ha ido por delante de la legislación, y en muchos casos estamos viendo cómo esto es así. Hoy tenemos la oportunidad, por lo menos en lo que respecta a este tema, de romper esa dinámica, de hacer que la ley, la legislación, lo que nosotros hacemos en esta Cámara vaya al compás, al mismo ritmo que lo que la tecnología está desarrollando y los ciudadanos están solicitando fuera de esta Cámara.

Decía Ford cuando desarrolló el primer automóvil que la gente por la calle, la gente en su taller no le pedía automóviles, sino caballos más rápidos, y por eso la irrupción del automóvil hizo olvidar los caballos lentos o rápidos como medio de transporte. Una larga caminata comienza con el primer paso y por eso el Grupo Parlamentario Popular pretende dar un paso de gigante que convierta a España en un referente mundial para acoger las pruebas, para acoger el desarrollo y para ser un ejemplo a seguir en todo lo que tiene que ver con el vehículo y la conducción autónoma. Además conseguir, adaptar y potenciar una industria auxiliar de pequeñas y medianas empresas, una industria del automóvil altamente innovadora asociada al vehículo autónomo. Esto es lo que hoy estamos debatiendo y esto es lo que hoy podemos empezar a conseguir o continuar haciendo.

Hay que tener en cuenta que el empleo de calidad no sale de la intervención directa de los gobernantes. Hemos escuchado en muchas ocasiones cómo personas bien formadas y bien preparadas de nuestro país han tenido que salir fuera a encontrar un empleo, pero el empleo de calidad, que está en nuestra mano potenciar, nace y crece alrededor de sectores tractores como este, como es el caso del desarrollo tecnológico. El vehículo autónomo no solo necesitará de cadenas de montaje y no solo necesitará de ensamblado, sino que necesitará también de expertos en big data, de programadores, de desarrolladores de software, de ingenieros de inteligencia artificial y de desarrolladores de sensores e integradores. Por tanto cuando nuestros jóvenes salen fuera, no son contratados por los Gobiernos extranjeros, sino por empresas altamente innovadoras que han nacido y crecido en unas determinadas condiciones, que creemos que pueden darse en el caso del desarrollo del vehículo autónomo. Un vehículo autónomo como saben es un automóvil sin conductor, y en función del nivel de autonomía que este tenga se adapta a las circunstancias de la vía, límites de velocidad, peatones, obstáculos, condiciones climatológicas, etcétera, y permite relegar la figura principal del conductor casi a un mero pasajero en los niveles más altos de automatización, cuya única función es comunicar la dirección a la que se quiere llegar y el nivel de conducción que debemos desarrollar. Nos encontramos pues frente a un nuevo método de transporte que


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nada tiene que ver con el vehículo de mandos que hasta ahora se conoce. Creemos que el coche autónomo va a marcar un punto de inflexión en la industria de la automoción, porque ya en España son muchas las empresas que compiten por fabricar el primero para homologarlo y permitir que circule libremente por nuestras carreteras.

Recientemente se presentó, por poner un par de ejemplos, el nuevo modelo LEAF, de Nissan, que ya incorpora un modo autónomo de conducción. Renault también está en disposición de incorporar esta tecnología, etcétera. En algunos países de la Unión Europea como Francia también se han integrado recientemente vehículos autónomos en flujos de tráfico. En Gran Bretaña no existen barreras legales para probar coches de este tipo en las calles públicas, pero el Gobierno sí aclaró que para que dichos automóviles puedan circular libremente en un futuro se deberán modificar normas viales y de control de tráfico. Suecia, por ejemplo, también ha puesto en marcha las leyes necesarias para que mil vehículos autónomos puedan transitar por la vía pública en 2017. Y en Estados Unidos se aprobó el pasado 4 de octubre de forma consensuada entre republicanos y demócratas la primera ley que elimina las trabas a la implementación de la conducción autónoma.

Por eso, señorías, en España está en nuestra mano poder trabajar conjuntamente con el Gobierno para asegurar el liderazgo mundial y ser referencia en la incorporación del vehículo autónomo en nuestras carreteras. La Dirección General de Tráfico en este sentido anunció en 2015 un nuevo marco normativo para que los fabricantes de vehículos autónomos, y la tecnología, las universidades y los consorcios participaran en proyectos de investigación con el fin de probar sus automóviles en determinadas vías. Sin embargo esta medida no implica la legalización total del vehículo autónomo, ya que no se autoriza todavía su uso a particulares, a la población, al público en general. Esos beneficios que están generándose en nuestras universidades, en nuestros centros tecnológicos y en nuestra sociedad no pueden todavía llegar al gran público. Por tanto debemos seguir profundizando en esa línea, y hoy es un buen momento para apoyar esta iniciativa.

Además en febrero de este año el director general de Tráfico ya adelantó que la Dirección General de Tráfico elaborará, antes de que finalice la legislatura, un nuevo plan estratégico del vehículo del siglo XXI para que la llegada del coche autónomo a las carreteras españolas, así como del coche conectado, sea una realidad. Lo que sí parece que llegará a asentarse en un futuro más cercano es ese nivel de automatización conocido como nivel 3, que integra vehículos capaces de circular de forma autónoma, pero bajo la supervisión del conductor. El conductor ya no es un mero pasajero. En España ya se probó en 2016 el prototipo PSA Peugeot Citroën, que recorrió casi 600 kilómetros entre Vigo y Madrid, y se prevé que en 2018 pueda empezar a comercializarse este prototipo de conducción autónoma para el gran público. La comercialización de estos vehículos autónomos, esta irrupción tecnológica, este cambio de modelo en la movilidad general trae consigo también cambios legales que debemos abordar, y que tenemos la obligación de debatir para sentar las bases en esta Cámara, cambios legislativos de responsabilidad civil, cambios de normas de circulación e incluso cambios en las infraestructuras viales, como puede ser la señalización. En España, por ejemplo, es obligatorio llevar las manos al volante durante la conducción, cosa que debe cambiar con la introducción del vehículo eléctrico. Los coches del futuro no dispondrán de estos elementos. La responsabilidad frente a terceros ya no puede ser exclusiva y en los casos de alta automatización no puede ser ni siquiera parcial del conductor del vehículo, ya que la capacidad de toma de decisiones ya no estará ligada al conductor, sino que estará totalmente en manos del propio vehículo. Por tanto el fabricante y diseñador tendrán mucho que decir al respecto.

En resumen, los principales impedimentos que nos vamos a ir encontrando en el futuro para la plena implantación de los vehículos autónomos no son las limitaciones tecnológicas, sino los factores sociopolíticos, jurídicos, de regulación, de infraestructura y de compromiso que deben emprenderse. Debemos disponer de un marco legal adecuado que permita la renovación y sustitución de las antiguas leyes por otras nuevas y siente las bases para que los primeros vehículos cien por cien autónomos sean completamente seguros, y puedan circular libremente por las carreteras del país. Para todo esto es para lo que solicito el apoyo de esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor García Egea.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, el señor Martínez Oblanca.


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El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Hablamos en este punto del orden del día de lo que se ha dado en llamar la nueva era del transporte no tripulado y automatizado, Nertra, que responde a los grandes, impactantes y trascendentales cambios tecnológicos para la automatización del tráfico. Es una iniciativa que aborda una cuestión que incidirá en la seguridad de nuestras carreteras y en el futuro inmediato del transporte, ya que se aproxima la llegada de los denominados vehículos autónomos, y por tanto son imprescindibles medidas como las que se pretenden impulsar con esta PNL para facilitar y establecer un marco jurídico adecuado para abordar los grandes retos de seguridad, de movilidad y de sostenibilidad.

Como acaba de recordarse en España, a nivel de la Administración General del Estado, la Dirección General de Tráfico está desarrollando actividades, programas y aplicaciones para responder a esta revolución de la movilidad inteligente, así como su plataforma digital DGT 3.0, que estará plenamente operativa el próximo año, lo que supondrá un gran avance para que el coche conectado se incorpore de pleno a la mejora de la gestión de tráfico y seguridad vial; pero esta tarde hablamos del coche autónomo, que además de estar conectado permitirá al conductor viajar en el vehículo sin estar pendiente de la carretera. En Foro consideramos acertada la llamada parlamentaria para que el Gobierno responda a las preocupaciones derivadas del retraso en la adaptación de las normativas y de la falta de concordancia existente, que ya se señaló en las importantes jornadas celebradas este mismo año en León por Aursi, una organización mundial con muy buena implantación en España que promueve el desarrollo del mercado de sistemas de transporte no tripulado y robótica, pero también creemos que hay que incidir desde el Gobierno en estimular y apoyar a las comunidades, asociaciones, entidades, grupos y universidades españolas que investigan y desarrollan los sistemas de vehículos no tripulados, así como favorecer la construcción en nuestro país de instalaciones y circuitos experimentales para acelerar la tecnificación de los viales, con objeto de colaborar en las grandes oportunidades para el transporte del futuro que ya se están abriendo, y para las que España y la ingeniería española están muy bien posicionadas. Necesitamos ayudarles para retener el gran talento que tenemos en nuestras empresas y universidades; de ahí que hayamos presentado una enmienda que recoge ese aspecto concreto. También nos hacemos eco -y convendría que el Gobierno tomará nota de ello- de las interesantes y detalladas indicaciones que se hicieron públicas en la Conferencia Diálogo 2017 celebrada hace ocho meses, y que son, como sus promotores describen, una herramienta de trabajo contributiva para la acción formativa y el planeamiento a favor del cambio tecnológico. Sería una lástima desperdiciar el buen trabajo y la ruta que un notable grupo de ingenieros técnicos y universitarios españoles ya están trazando y desarrollando con gran entusiasmo.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.

Vaya por delante que por supuesto vamos a apoyar la iniciativa -faltaría más, Compromís no se quiere quedar atrás-, pero sinceramente creo que el Partido Popular tenía muchas opciones para presentar, y hay una que me gustaría señalar hablando de transporte. Cada día gastamos más de cien millones de euros en combustibles, que tenemos que importar. Eso representa más de 40 000 millones al año de divisas que salen, pero veo que hay poco interés por el coche eléctrico. Creo que sería mucho más importante y acertado impulsarlo; es mi opinión. Incluso sería mucho más patriótico en el sentido que a algunos les gusta decir con esas pulseritas. Es más patriótico no gastar divisas importando petróleo de determinados países. Y sería más patriótico producir energía eléctrica del sol. Que Alemania tenga cuarenta veces más potencia instalada en energía fotovoltaica que España nos tendría que hacer pensar, y se lo digo sinceramente. Por supuesto que vamos a apoyar la iniciativa -además me ha convencido-, pero usted ha hablado de una palabra fundamental: futuro. El futuro del transporte pasa inevitablemente por el coche eléctrico. Por eso me gustaría que alguna vez el Partido Popular también presentara una iniciativa para incentivar, apoyar, impulsar y desarrollar el coche eléctrico y la red de recarga. Eso impulsaría además nuestra industria fotovoltaica y nuestra industria de energías renovables, y nos ahorraría muchas divisas. Eso como digo es muy patriótico. Además nos ayudaría a cumplir con los acuerdos sobre cambio climático y las emisiones de CO2. Insisto en que votaremos a favor, pero me gustaría que alguna vez sacaran esto a colación.


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No me quiero marchar de aquí sin mostrar mi absoluta repulsa y mi asco por las imágenes que vimos ayer en Valencia. Desde Comprimís...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Baldoví, su tiempo ha acabado.

El señor BALDOVÍ RODA: En Compromís estamos absolutamente hastiados de unas imágenes que se repiten demasiadas veces.

Moltes gràcies. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Clemente Giménez.

El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente.

He de decir que es evidente que la iniciativa que se trae esta tarde a debate requiere un esfuerzo legislativo prioritario y urgente. (Rumores). Asimismo he de decir que el partido conservador no nos venga a decir que es el partido del futuro...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.

El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: ... permítanme con todo el cariño que al menos lo dude. Está claro que si hay un partido que defiende la innovación, el I+D+i, un nuevo modelo productivo sostenible basado en la industria del conocimiento y que genere empleo de calidad y altamente cualificado ese es Ciudadanos. Con esta iniciativa espero de corazón que no pase como con la esperada legislación sobre el uso civil de RPA, llamados comúnmente drones, o como ocurrió el pasado 7 de marzo en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad, en la que se aprobó con 34 votos a favor y 2 abstenciones la proposición no de ley sobre medidas para la profundización y mayor desarrollo del ecosistema de startups, que fue propuesta por nuestro grupo. Si como en tantas otras ocasiones el Gobierno sigue arrastrando los pies y no hace nada, desde Ciudadanos presentaremos leyes que recojan todas estas medidas y soluciones para el tejido empresarial y que la sociedad civil demanda. En el caso de esta proposición no de ley, que evidentemente estamos de acuerdo en la filosofía o en el objeto que pretende, espero sinceramente que no quede en papel mojado, por eso hemos presentado una enmienda que la mejora técnicamente, y espero humildemente que sea aceptada por su grupo.

En cualquier debate serio sobre movilidad automatizada debemos hablar sobre la Convención de Viena de 1968. El proponente antes hablaba de que la legislación actual no permite que lo use el usuario particular. Es precisamente en el papel que tiene España, que ha firmado la Convención de Viena pero no la ha ratificado, donde tenemos un hueco legal para ser los más innovadores de Europa. Antes también nos ha adelantado que el conductor ya no es una persona, sino que es el propio sistema. Con el fin de permitir esas funciones ya en el año 2016 en esa Convención de Viena se presentaron unas enmiendas. Los grupos de trabajo consideran que esa enmienda al artículo 8 permite perfectamente llegar al nivel 4 de automatización, pero creemos que en España estamos ante una oportunidad única precisamente debido a esa circunstancia. Los beneficios económico-sociales son evidentes, no vamos a hablar de ello, incluso de la reducción de la siniestralidad y lo que ello conlleva, pero debemos hacer un esfuerzo legislativo serio y riguroso para alcanzar el nivel 5. Que España haya firmado ese convenio pero no lo haya ratificado es una oportunidad que no podemos dejar pasar.

Usted ha dicho que algunas empresas tienen la capacidad a nivel de hardware de conseguir la conducción autónoma, lo tienen en modo beta o en modo de prueba, simplemente por ese corsé que significa esta legislación existente en España, pero a pesar de ello se mantienen en el nivel 3, por ejemplo, una conocida marca californiana de vehículos eléctricos o la inminente llegada del buque insignia de otra conocida marca alemanda. Por todo ello coincidimos en que se requiere una nueva definición legal, un nuevo marco flexible, evolutivo y revisable fácilmente en los casos en que el sistema del vehículo se encargue de esa función del conductor. No podemos crear leyes que nazcan muertas y obsoletas. Por ello requerimos un esfuerzo legislativo serio, riguroso y profundo que este Gobierno aún no ha demostrado. Conlleva unas implicaciones técnicas muy complejas y hasta unos dilemas éticos. Antes ha hecho referencia a la normativa de Estados Unidos, y una de las complicaciones que tiene -decía que el 4 de octubre se ponían de acuerdo republicanos y demócratas- es que falta legislar sobre quién es el responsable de la inteligencia artificial del coche. En febrero de este año mi compañero Fernando, portavoz de Fomento, y yo (Muestra un documento) decíamos en un artículo que el desafío legislativo que vamos


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a tener es muy profundo y complicado, puesto que deberíamos legislar incluso los algoritmos que tomen esas decisiones. Por poner un ejemplo: imagínense un coche que va de manera autónoma, el conductor es el sistema, pero el pasajero va inconsciente porque ha sufrido un infarto y va camino del hospital. El coche de delante hace un extraño, se sale de la curva y en la trayectoria de salida, por ejemplo, en un banco hay una mujer con un carrito y un bebé. El ordenador decide si mantiene la trayectoria y atropella a esa familia o intenta hacer otra maniobra evasiva poniendo en riesgo al propietario del vehículo. En otros sectores de Europa ese dilema ético es el que más necesita un estudio profundo por nuestra parte. Precisamente este es el ejemplo que les pido que reflexionen, señorías.

Se nos presenta una oportunidad única en la que mi grupo lleva trabajando desde hace tiempo. Creemos que no basta con una PNL de aliño y que se traiga aquí para cumplir el expediente, creemos que esto requiere un estudio serio, riguroso e incluso una ponencia, una subcomisión para que expertos nos revelen cuál es el estado de la técnica y podamos ponernos a la vanguardia de Europa en cuanto a movilidad automatizada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Clemente.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Luis Bail.

El señor LUIS BAIL: Muchas gracias, presidente.

Señorías, no me negarán que, por la hora que es y por el día en que estamos, la situación tiene cierta ironía. En el mismo día en que el Partido Popular nos tiene un poco en vilo acerca de si suspende o no la autonomía de Cataluña... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Luis. Señorías, les ruego silencio, por favor.

Continúe.

El señor LUIS BAIL: Decía que podría haber entrado en la reforma que se está haciendo sobre la Ley de Tráfico o en cualquiera de sus aspectos, pero ha elegido el coche autónomo, ha elegido hablar, en este estado de si le quita o no la autonomía a una comunidad, de reconocérsela legalmente a los coches. Tenían al final más razón de la que creían aquellos que hablaban de la nación rotonda. Y no solo eso, sino que además la primera PNL que se trajo a este Pleno se hizo por una persona a la que han nombrado tanto los portavoces del PP como los de mi grupo, don Jordi Solé Tura, del PSUC, que en 1980 nos habló de los 130 000 millones de pesetas que la Sociedad Española de Automóviles de Turismo, la SEAT, estaba recibiendo en aquel momento por un ERE. Digo que es irónico porque si entre los años 1980 y 1985 hubiéramos tenido un Gobierno que apostase por un tejido industrial, en lugar de venderlo, hoy podríamos satisfacer completamente la demanda que el Partido Popular hace en su texto, en cuanto -y cito- a "desarrollar medidas que permitan mantener la industria del automóvil en nuestro país, facilitando su transición hacia las necesidades del vehículo autónomo" y -añado- cualquier otro vehículo -el señor Baldoví ha nombrado el coche eléctrico-, pero hubiéramos tenido por fin una industria española capaz de dar solución a las necesidades de la población y no solo a las de la industria. Y no fue así. Perdimos una empresa cien por cien española y además innovadora, y aun así nos gusta lo que nos proponen.

Por otro lado, entendemos que no se trata de hacer una legislación ad hoc conforme vayan saliendo las innovaciones tecnológicas, sino de adaptar los principios normativos presentes en el marco legislativo acomodando las nuevas características, lo cual es función del derecho, el proteger de los abusos que podrían darse en este caso desde el poder económico. Y aprovecho para recordar lo complicado que parece y le resulta al Gobierno sacar un decreto que modifique la composición del Consejo Superior de Tráfico para actualizarla en esta reforma de la Ley de Tráfico, en comparación con los decretos exprés cuando lo piden ciertas empresas. Hagamos una reflexión también sobre para quién estamos legislando.

Sobre todo queremos enmendar la proposición porque entendemos que la tecnología no es inocua, no es inocente, en cuanto a que el desarrollo que estamos promoviendo no debería dejar a nadie atrás. Que se hable de las brechas, que si no las mencionamos se seguirán profundizando. En concreto de cuidar de que las medias tomadas en este proceso no ahonden las desigualdades entre el medio rural y urbano -yo vivo en un pueblo y los coches autónomos no podrían llegar a los lugares que no están señalizados-, entre aquellas personas que tienen el poder adquisitivo y las que no, entre las personas


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con diversidad funcional o entre quienes sufren la brecha digital. También, por último, pero no por ello menos importante, creemos que se debe estudiar el efecto que esta propuesta tendría acerca de intensificar la automatización de los vehículos respecto a nuestra dependencia de materias primas, y de su escasez en el caso de que tengamos picos de materias primas, y respecto a quién suministra estos sistemas, si al final estamos haciendo cada vez más frágil nuestro sistema productivo o lo estamos reforzando.

Termino con un apunte técnico. Es cierto, como dicen en su texto, que en el último grado de automatización del coche, si lo llegamos a ver, veremos coches sin volante. Pero ¿sabe lo que nunca faltará en un coche? El freno, porque nadie nunca subiría a un vehículo que no tuviera freno, que no pudiera parar. Así que entiendan esa metáfora y hagan el favor de parar y hablar, por favor, porque queremos diálogo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Palacín Guarné.

El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidente.

Buenas tardes a todos. Señorías, estamos hoy debatiendo medidas sobre el vehículo autónomo dada la iniciativa presentada por el Grupo Popular, y esta iniciativa, señor García, inicialmente también seguía el modelo de no comprometernos excesivamente y hablar un poco de buenas intenciones, cosa que es lícita pero que los socialistas no compartimos; y creo que tampoco lo comparte usted, porque han autoenmendado la iniciativa inicial. Me alegro, me alegro de verdad de que hayan enmendado y mejorado esta iniciativa, cosa que también era sencilla. Mi grupo siempre estará de acuerdo con promover una movilidad más segura, más sostenible y más eficiente. No somos los únicos; todos los actores involucrados en el sector, desde la Comisión Europea hasta la Patronal de la automoción, destacan que esa debe ser la evolución natural del sistema de transportes. Como he dicho, su iniciativa hablaba principalmente de dotar de un marco jurídico y legal para la llegada de este vehículo autónomo, algo que es del todo necesario, pero que se queda corto teniendo todo lo que conllevará este tipo de tecnología. En este sentido, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda para además de avanzar en asuntos jurídicos hacerlo también en aspectos que consideramos importantes.

El avance del vehículo autónomo depende mucho de la implantación masiva de tecnologías digitales y del desarrollo de la tecnología del vehículo eléctrico, incluyendo la infraestructura de recarga tanto en ciudades como en carreteras de nuestro país; porque el vehículo autónomo será eléctrico sí o sí. Por esta razón, entendemos que desde el Gobierno se debería impulsar este tipo de tecnologías y no esperar a que el cambio ocurra sin más. También ayudaría a reducir las emisiones de CO2 al ayudar a cumplir los compromisos adquiridos por este país. Para el funcionamiento de este tipo de vehículos será imprescindible el desarrollo y despliegue del 5G y del Internet de las Cosas, para que la conectividad sea rápida y de muy alta velocidad. Pero en nuestro país todavía, sobre todo en muchas zonas rurales, tenemos zonas de sombra donde ni siquiera hay cobertura habitual de teléfono. Tampoco quiero entrar a valorar la situación de la red de carreteras de nuestro país, porque no tendríamos excesivo tiempo. Pero si queremos desarrollar esta tecnología y ser atractivos para que nuestro país sea una potencia dentro del vehículo autónomo y que empresas puedan venir aquí a desarrollarlo, debemos contar con estas infraestructuras del todo necesarias. Los expertos hablan de un horizonte de 2030 para la implantación total de este vehículo. Entendemos que para asegurar y potenciar el empleo en la industria de la automoción, sector clave en nuestro país, el Gobierno debería facilitar la transición a esta industria para que la producción de vehículos se pudiera llevar a cabo en España.

Por tanto, debemos aprovechar estos cambios, que llegarán -usted ha hablado de futuro, un futuro a medio y corto plazo-, y tenemos que ser capaces de que el valor añadido en todos estos procesos de producción se genere en nuestro país; que la I+D+i de estos procesos se realice en nuestro país. Por eso, insistimos una y otra vez al Gobierno que debe incrementar el esfuerzo presupuestario en este aspecto fundamental para generar empleo de calidad y no solo en este sector, sino en todos.

Hay otros aspectos que generan o entrañan una serie de barreras o estrangulamientos que hay que tener en cuenta o resolver antes de que los vehículos comiencen a circular por nuestras carreteras, como la responsabilidad legal o penal a la hora de resolver un accidente, las coberturas y tipos de seguros o la ciberseguridad. Creo que ese punto sí que quedaba recogido dentro de su iniciativa inicial y quizá el momento elegido para la presentación de esta iniciativa pueda tener relación con las noticias que hemos conocido como Grupo Socialista en los últimos días, donde la DGT anunciaba que presentará en breve un


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reglamento para el propio vehículo autónomo. Si fuera así, podrían haber traído hoy aquí el texto normativo para compartirlo y debatir sobre él. Porque si el vehículo autónomo es un asunto tan importante para ustedes como para presentar esta iniciativa, podría haber tenido también más presencia en la agenda sectorial del automóvil, donde únicamente se menciona en dos párrafos. -Esta es la única agenda sectorial presentada dentro del marco estratégico para la industria-.

Lo que sí es cierto es que, aunque brevemente, en esta agenda -como he dicho antes- se habla del vehículo autónomo en un par de párrafos, pero dice en concreto que hay que potenciar el vehículo autónomo conectado y ecológico y potenciar a medio y a corto plazo la innovación, promoviendo iniciativas para el desarrollo tecnológico de vehículos eléctricos. Por esta razón, entendemos que no debería haber objeción alguna por su grupo en aceptar nuestra enmienda, ya que trata de facilitar la adaptación de las empresas del sistema productivo de los vehículos autónomos a nuestro escenario a quince o diez años vista. También es verdad que la autoenmienda que ha presentado su grupo mejora considerablemente esta iniciativa inicial, pero si son ambiciosos e incorporan a la iniciativa un mayor apoyo presupuestario por el Gobierno a la I+D+i y una apuesta clara por el uso del vehículo eléctrico, contarán con nuestro apoyo. A esta iniciativa se han presentado varias enmiendas, por lo que nos gustaría saber si el grupo proponente tiene intención de transaccionar alguna de ellas o de no aceptarlas.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Palacín.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Arratsalde on, buenas tardes. Gracias nuevamente.

La iniciativa del vehículo autónomo surge como respuesta a los retos a los que se enfrenta el transporte en general, como son la seguridad, la congestión, la movilidad continua y la sostenibilidad. Desde una perspectiva científico-tecnológica, el vehículo autónomo está hibridando los procesos industriales más tradicionales de una de las cadenas de valor más complejas, como es la fabricación de un vehículo con el desarrollo de software inteligente y algoritmos de inteligencia artificial, por lo que los vehículos autónomos serán máquinas realmente complejas con importantes dotaciones tecnológicas, tanto industriales como digitales. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Y es que el impacto del vehículo autónomo va más allá, porque afecta también a otras dimensiones objeto de análisis, como pueden ser la económica, industrial, social, ética, legal, etcétera.

Desde una dimensión económica e industrial, el vehículo autónomo ofrecerá la posibilidad de pensar en nuevos productos o servicios, así como en nuevos modelos de negocio. Desde una dimensión social, el impacto que el vehículo autónomo tiene en la sociedad despierta inquietudes y reflexiones alrededor de la redefinición de la responsabilidad civil, la robotización de profesiones y la automatización de procesos manuales. Desde la dimensión regulatoria y normativa, hemos de decir que los nuevos paradigmas tecnológicos provocan que la leyes deban adaptarse y, en el caso del vehículo autónomo, al hablar de movilidad y uso ciudadano de un vehículo, estamos hablando de adaptar, entre otros, el Código de Circulación y las normas de tráfico. Regulaciones, además, para que los fabricantes de vehículos y otros componentes puedan contar con un entorno legislativo que garantice un incremento de los vehículos autónomos en circulación, ya que de esta manera se podrá disponer de mayor información que ayudará a un mayor y mejor perfeccionamiento de este tipo de vehículos y su tecnología.

Dicho esto, el Grupo Popular una vez más nos trae una PNL un tanto genérica como instrumento de impulso de la acción política del Gobierno. No está mal animar a todas las instituciones, a agentes en general, con principios rectores comunes que son fáciles de compartir, pero no parece muy acertado hacerlo sin aportaciones concretas que sirvan al propósito presentado. Lo digo, además, porque en esta PNL se utilizan verbos como promover e impulsar, sin atender a objetivos concretos. A simple vista, lo que vemos son buenas intenciones, pero parece que sin compromiso alguno, ya que, como he dicho, no se insta al Gobierno a tomar medida concreta alguna, es decir, no se pasa a la acción, a los hechos, y se usan verbos como dotar e implementar, entre otros.


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Está bien impulsar la industria del vehículo autónomo y conectado, pero esto ha de llevar aparejada una serie de acciones alineadas además con la política industrial e incluso energética para apoyar las tecnologías habilitadoras, como el 5G, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, así como iniciativas que sitúen la nueva industria digital asociada al vehículo autónomo en una posición de ventaja competitiva en Europa y fomenten la generación incluso de nuevos perfiles profesionales que combinen las TIC y la automoción, así como el desarrollo de nuevos modelos de negocio relacionados con el sector del vehículo autónomo. Como en su iniciativa no hay una propuesta concreta pero parece que hay buenas intenciones, no será el Grupo Vasco quien la bloquee, sobre todo, cuando para nosotros el sector de la automoción es estratégico para la economía.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Finalmente, en el turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto al señor García Egea si su grupo acepta alguna de las enmiendas que han sido presentadas.

El señor GARCÍA EGEA: Como usuario de vehículo eléctrico, al señor Baldoví y al resto les digo que...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Conteste si acepta o no acepta las enmiendas. Es lo que corresponde con este turno.

El señor GARCÍA EGEA: Estamos preparando una transaccional con aportaciones de todos.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Lo tendremos en cuenta.

Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE REUBICACIÓN Y REASENTAMIENTO DE PERSONAS REFUGIADAS CONFORME A LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA UNIÓN EUROPEA EN 2015. (Número de expediente 173/000046).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre el cumplimiento de los compromisos de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas, conforme a las decisiones adoptadas por la Unión Europea en 2015. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Elorza González.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.

Presentamos hoy aquí la moción consecuencia de la interpelación urgente que defendimos hace quince días, que defendió la socialista Carlota Merchán, y de esa defensa, de esos argumentos hemos presentado estos cinco puntos de la moción que lo que buscan, lo que pretenden es orientar, ayudar al Gobierno para que cumpla el compromiso contraído por España ante la Unión Europea de cara a acoger a esos 17 000 refugiados que corresponden a nuestro país; también planteamos en la moción una serie de nuevos criterios para eliminar, reducir esos problemas, esas dificultades administrativas, burocráticas o jurídicas en las que se apoya el Gobierno como excusa, y el otro día lo hizo el ministro del Interior, el señor Zoido. De ese modo, la aportación que hacemos los socialistas es en tono constructivo para que el Gobierno pueda cumplir realmente el compromiso, si acaso con cierto retraso, porque a día de hoy el Gobierno de España ha incumplido esos compromisos -es evidente- con los refugiados y ha suspendido esa asignatura importante en la vida de la sociedad y de la gente que es la solidaridad. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Este fracaso del Gobierno nos afecta a todos y a todas, es un fracaso que viene a mostrar también la escasa sensibilidad del Gobierno y del Partido Popular en materia de derechos humanos. No es la primera vez, además es bastante insensible ante otros sufrimientos, ante otras materias más internas, más de consumo nacional. En cualquier caso, reclamamos al Gobierno lógicamente en el día de hoy que cumpla sus obligaciones ante Europa y ante la propia ciudadanía española en los próximos doce meses. En España, creemos los socialistas, que hay una cierta cultura y


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una tradición en relación con el derecho de asilo, con la acogida de refugiados, de perseguidos; es algo que se ha podido comprobar a lo largo del siglo XX.

Nos gustaría recordar la actitud, la posición del Gobierno, de la ciudadanía y de otras instituciones ante el problema de Bosnia o, remontándonos más hacia atrás en el tiempo, la acogida de muchísimos, de varios miles de chilenos que huyeron de Chile en la etapa de la dictadura de Pinochet y de otros países de Latinoamérica y Centroamérica, o la solidaridad que ante situación de guerra y de conflicto... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio. Silencio, por favor.

El señor ELORZA MARTÍNEZ: ... ha tenido este país, la ciudadanía y sus Gobiernos en relación con el problema del Sáhara, con los saharauis. Es una cultura del derecho de asilo que hemos trabajado fundamentalmente desde los bancos de la izquierda.

Me ha correspondido de pequeño conocer las historias y las experiencias de mi ama, de mi amona y de mis tías que vivieron durante año y pico en un campo de refugiados muy duro en el sur de Francia, cuando escaparon, en el año 1939, de Cataluña al final de la Guerra Civil, por tanto, algo me han transmitido mis mayores.

Nosotros denunciamos, en todo caso, que ya en junio de 2015 el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, cuando miles de personas se perdían por las rutas de los Balcanes buscando la libertad, buscando una nueva vida, ya empezó a hacer hincapié en que había que replantearse la política de los cupos, que no la iban a aceptar, e incluso España insistía en estos foros internacionales, en reuniones de ministros, en que lo importante era reforzar los mecanismos de devolución de los refugiados, y tenía mucho interés sin duda en que se llegara a un acuerdo con Turquía para conseguir el efecto gendarme. La política europea -porque no se puede disociar la política española de la europea en general- ha constituido, por lo que se refiere al derecho de asilo, un fracaso y una gran mentira, porque el esfuerzo se ha centrado en levantar las viejas fronteras de los países europeos, de los Estados, y levantar también vallas y verjas. España ha sido un país, en estos dos años y pico, de los que menos esfuerzo ha hecho, más allá del condicionante de la crisis económica, y no del pelotón de cabeza, sino del pelotón de cola. La verdad es que esto nos llena de vergüenza. Además ha demostrado, como decía, con esos datos de 2015, escasísima voluntad política de cumplir los compromisos para acoger a los refugiados.

En Europa hay una reacción tibia a esta crisis humanitaria, a esta acogida a los refugiados, con cambios en la política en los últimos dos años, hasta llegar a una posición en la que Europa ha perdido ante este problema su espíritu fundacional, el proyecto de solidaridad colectiva que le caracterizó hace más de veinte años. Cada país, cada Estado de Europa, ha preferido actuar según sus propios intereses, dando nacimiento a posiciones nacionalistas o a veces incluso ultranacionalistas, con medidas unilaterales como el cierre de fronteras o con actitudes de rechazo, por ejemplo, en el caso de Hungría y algún otro país a la acogida de refugiados.

Yendo ya al final, para no agotar el tiempo, quisiera señalar que la moción del Grupo Parlamentario Socialista, en primer lugar, recuerda que no se puede renunciar al compromiso de acoger a los 17 000 refugiados, al cupo que nos corresponde, cuando a día de hoy solamente hemos cumplido con algo más de un 11 % y la media de cumplimiento de este cupo, de ese compromiso en Europa, se acerca al 27 %. Por tanto, no renunciamos -así lo planteamos- a este compromiso y creemos que además hay que dar un plazo al Gobierno, aceptando y transaccionando alguna enmienda que se ha presentado en este caso por Podemos. Entendemos, en segundo lugar, que hay que impulsar, en el seno de la Unión Europea, la revisión de los actuales criterios de selección, unos criterios que se han demostrado ineficaces y que son muy poco humanitarios, y hay que ampliar el espectro de países de los cuales podamos acoger también a refugiados... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: ... y, por tanto, ampliar el programa de reubicación de refugiados, en especial en lo que se refiere a la modificación de la tasa de protección internacional. En tercer lugar, creemos que hay que trabajar de verdad, activar la mesa de coordinación y colaboración con comunidades autónomas, ayuntamientos, ONG, etcétera. En cuarto lugar, entendemos que hay que poner en marcha otras vías legales, vías prácticas, corredores humanitarios y mejorar lo que es el derecho de asilo, desarrollando el reglamento de la Ley de 30 de octubre de 2009, Reguladora del Derecho de Asilo, y desarrollando, a iniciativa de una enmienda transaccional con Podemos, el procedimiento para las solicitudes de protección internacional en embajadas y consulados.


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Por último, entendemos que hay que eliminar la exigencia de cofinanciación por parte de las ONG de los programas presentados a la convocatoria de concesión de subvenciones en el área de integración de inmigrantes, así como reforzar los mecanismos de la Oficina de Asilo y Refugio.

Vamos a aceptar algunas enmiendas en transacción del Grupo Parlamentario de Podemos. Estamos satisfechos de que Ciudadanos quiera apoyar también esta moción, que es colectiva, y compartimos algunas de las enmiendas de Compromís, de modo que, señora presidenta, confiamos en la aprobación de esta moción para continuar con esa tradición de asilo y refugio de nuestro país, de España. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, estamos aquí por un incumplimiento del Gobierno, el incumplimiento del compromiso que asumió con la Unión Europea, un compromiso vinculante, para acoger y reubicar a 17 337 personas. De este total comprometido, como ya sabemos, el Gobierno cuando expiró el plazo para hacerlo solo había acogido al 11 %, esto es a 1980. De este total de personas refugiadas, en el País Valenciano solamente hemos recibido a un centenar, a pesar de que estábamos preparados para acoger a 1400 personas, porque -esto es importante que se sepa- el Gobierno del señor Rajoy impidió la disposición del Consell de la Generalitat Valenciana, que tenía los recursos listos para recibir y atender a 1400 personas cuando en los campos de refugiados -con esto me remonto al invierno pasado- las personas estaban muriéndose de frío o esperando un tratamiento médico que no llegaba. Y esta situación sigue, pues el último caso ha sido una niña de cinco años que murió el domingo pasado en Lesbos sin haber podido recibir la asistencia para la que había sido trasladada desde Siria.

Vivimos una crisis humanitaria enorme. Solo el año pasado murieron en el Mediterráneo más de 5000 personas, una media de catorce personas al día, si es que tiene interés hacer media en un asunto tan dramático. En el mundo hay más de 60 millones de personas desplazadas que huyen de la guerra, de la violencia, del hambre. La Ley de asilo debe adaptarse a nuevas amenazas como es la que supone los riesgos que llevan a crear los refugiados climáticos.

Compromís ha presentado unas enmiendas. Agradezco la buena disposición del grupo proponente para aceptarlas y espero que lleguemos a una transacción. Por un lado, queremos que no solo se exija al Gobierno que cumpla con sus compromisos, sino que se le ponga un plazo, no más de seis meses. Queremos que se permita la colaboración de las comunidades autónomas en esta tarea. Aprovechamos también para poner el dedo en el problema de las devoluciones en caliente por las que recientemente España ha sido condenada por el Tribunal de Derechos Humanos, que dice que esa es una práctica contraria al Convenio europeo.

En definitiva, nosotros queremos acoger, queremos que vengan las personas a asilarse en nuestra tierra, y queremos que cuando lleguen a las calles de nuestras ciudades se encuentren lo que siempre han visto, unas calles abiertas y solidarias, y que no se encuentren con unas calles en poder de bandas fascistas, como vimos ayer en Valencia ante la desidia y la inoperancia del delegado del Gobierno que tenemos en Valencia, señor Moragues, que no ha dimitido y aún no entiendo por qué no está cesado.

Muchas gracias. Buenas tardes. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto también, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer al Grupo Socialista que haya presentado esta moción porque, más allá del contenido en el que entraré luego, nos permite volver a poner en evidencia la actitud mezquina y miserable del ministro de Interior, la actitud deleznable del conjunto del Gobierno del Estado español; una actitud que ha tratado a los refugiados como mercancía, que los ha olvidado y que los ha abandonado a su suerte. El cupo de acogida al que se comprometió el Estado español a recibir en su territorio era de 17 331 personas; fueron 1488 los que finalmente y durante dos años ha sido capaz de acoger, y no es porque no hubiera refugiados y refugiadas, y no es porque no hubiera voluntad de las comunidades autónomas para acoger a refugiados y refugiadas. La propia Comunidad Autónoma vasca manifestó su voluntad de acoger a más de 1200 refugiados y refugiadas, y fue el ministro del Interior quien frenó esa posibilidad. Pero hay una realidad paralela a esa deleznable actitud del ministro del Interior para con los


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refugiados y refugiadas, y es que mientras impide que los refugios y refugiadas puedan acceder al territorio del Estado español, pone vallas, pone concertinas, deja que miles de muertos sigan sucediéndose en el Mediterráneo y sigue practicando deportaciones en caliente. Eso es miserable, eso es asqueroso.

Refiriéndome a la moción, con las enmiendas que ha señalado que va a recoger nos parece que aborda buena parte del problema, pero -tómelo como una aportación, no como una crítica- creemos que olvida algunos elementos. No aborda por qué no se ha cumplido ese acuerdo, cuál ha sido la decisión política de no cumplirlo y las graves consecuencias en vulneración de derechos humanos que ha supuesto. Tampoco entra al debate que subyace sobre el modelo europeo que incumple las normas de derechos humanos pero, por ejemplo, es estricta y severa con la exigencia del cumplimiento de las normas financieras a Grecia.

Como se me acaba el tiempo termino con una cuestión. Podría haber citado, en el aniversario de la muerte del Che Guevara, al propio Che Guevara para decir eso de que la solidaridad es la ternura de los pueblos, pero por acercarlo a lo terrenal de este hemiciclo citaré al presidente del Gobierno. Ya decía él que una cosa es ser solidario y otra es serlo a cambio de nada. -Fin de la cita-. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Belarra Urteaga.

Señorías, antes de dar la palabra a la señora Belarra les ruego silencio, por favor, pues hay un murmullo que hace imposible que el orador sea escuchado.

Muchas gracias.

La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidenta.

Señorías, Karnelie Masiona, Bebé Luza, Clemance Lelo, Dalloba, Aminatou, Pasience Mavungu, Merveille Dimona, Samuel, Prince, Aylan Kurdi, Galip Kurdi, Queen, Víctor, Keita, Mohammed, Jennifer, Safi Siyap, Faris Khidir Ali, Sajida Ali, Asaho, Mohamed Januzi, Safi Siyap, Faris Khidr, Faisal Imran, Mamadou Konate, Noudhou Doumbia, Frederick Ofosu, Veronique, Talaat Abdulhamid, Hardi Ghafour, Bai Ahmed Kabia, Tarek Chowdhuri, Khalid Safi, Mohammed Eyman, Milet, Fatim Jawara, Muhammed Wisam, Samwarit, Emmanuel Chidi, Pape Ndiaye, Cheik Ndiaye, Saliou Fall, Farhan, Maslah Mohamed, Mustapha Jatta, Mohammed Husain, Ali Sarail, Amir Siman-Tov, Kazem, Hussein Ali Abdel Amer, Masud Naveed, Ahmed Hassan, Mohamed Akram, Maslah Mohamed, Mustapha Jatta, Ali Sarail, Masud Naveed, Kazem, Olivier, Giorgio, Abdel Kader Hanna, Rehan Kurdi, Sadiq, Ganet, Houmed Moussa, Achrat Mohamed, Abdel Majid. Todas ellas personas que han perdido la vida intentando llegar a la Unión Europea o en el tránsito hacia nuestras fronteras.

Señorías del Grupo Popular, nombrar no es demagogia, nombrar es justicia. (Aplausos). Lo que no se nombra, señorías del Grupo Popular, no existe y hoy podemos nombrar a estas personas porque organizaciones como Caminando Fronteras o Unidos contra el Racismo nos lo permiten, pero a muchas otras personas ni siquiera las podemos nombrar. Sé que al Partido Popular le resulta mucho más fácil mirar hacia otro lado y hacer como que las muertes en las fronteras no existen y hablar mejor de la reducción de llegadas en el Mediterráneo central, sin decir que en esa zona el 2016 ha sido el año más mortífero desde que se recuerda. Mi grupo, y yo particularmente, no se lo vamos a poner fácil; les vamos a obligar a responder, por lo menos, de las decisiones que toman y que tienen consecuencias muy directas, como la muerte de miles de inocentes en nuestras fronteras. (Aplausos).

La semana pasada el ministro del Interior hizo una intervención, que yo calificaría entre burocrática y lastimera, en la que rellenó gran parte del tiempo -porque a eso solo se le puede llamar rellenar-, detallando procedimientos administrativos que son conocidos por todos. Sí hubo una cosa interesante en su intervención y es que reconoció que España solo ha ofrecido a Grecia y a Italia 3900 plazas de reubicación y reasentamiento de las 17 000 a las que nos habíamos comprometido hace dos años. ¿Esto qué significa? Significa que reconoció que España no había acogido por una absoluta falta de voluntad política y una absoluta incapacidad del Gobierno del Partido Popular para llevar a cabo las funciones para los que el resto de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país los eligieron. El ministro terminó su intervención con una frase lapidaria que era: España ha cumplido. Efectivamente, comparto con él que España ha cumplido, pero con el cierre de vías legales y seguras, con la construcción de una Europa fortaleza que nos avergüenza a todas, ha cumplido dando balones de oxígeno a las mafias que trafican con personas, ha cumplido evitando que se cumpla el derecho de asilo en nuestro país y ha cumplido dando la espalda


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a miles de niños y niñas que migran solos. Podemos decir que España ha cumplido con las vulneraciones de derechos humanos gracias a ustedes.

Sinceramente, señora Merchán y señor Odón Elorza -que ha sido quien ha defendido hoy la moción-, creo -y se lo digo con cariño- que el ministro del Interior y este Gobierno irresponsable que vulnera los derechos humanos no se merecían esta leve reprimenda, porque poco menos que fue un tironcillo de orejas, cuando de lo que estamos hablando es de las vidas de miles de personas que mueren en el Mediterráneo. Yo creo que lo mínimo que se merecía el señor Zoido era una reprobación como ministro por el incumplimiento sistemático de sus funciones y compromisos, porque ustedes saben tan bien como yo que el Gobierno del Partido Popular no quiere acoger, quiere que las personas refugiadas inmigrantes vengan así, no quiere cumplir con el derecho de asilo y no quiere cumplir con las decisiones de la Unión Europea. El Partido Popular se sitúa sistemáticamente al margen de la legalidad y no tiene la más mínima voluntad política de acoger a las personas refugiadas. ¿Por qué, si no, iba a ofrecer 2500 plazas cuando los ayuntamientos y las comunidades autónomas se ofrecieron desde el primer momento a poner encima de la mesa muchas más?

Creo sinceramente que las personas refugiadas migrantes, que son ya nuestras vecinas, las que esperan todavía en Zaatari o las que han fallecido en las fronteras no se merecían una intervención consentidora como la de la semana pasada. Aun así, les tendemos la mano. Nos alegramos de que hayan aceptado nuestras enmiendas y les animamos a construir juntos un país de acogida, que es lo que entiendo que queremos ustedes y yo, un Gobierno que se comprometa de verdad con los derechos humanos y la legalidad y a dar de una vez la espalda al Partido Popular.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mateu Istúriz.

El señor MATEU ISTÚRIZ: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.

Permítanme decirles que uno viene aquí con la intervención estudiada y trabajada, pero, claro, ante las palabras que ha vertido el diputado Matute, calificando la actuación del ministro del Interior como mezquina y miserable en el trato que se da a los inmigrantes, quiero recordarles que ese trato indignante, vejatorio y atentatorio contra cualquier derecho humano lo tuvo su grupo político, señor Matute, no condenando nunca los asesinatos de la banda terrorista ETA y no tratando como Dios manda a los familiares y a las víctimas de los mismos. (Aplausos). O sea que lecciones de derechos humanos y de tratamiento correcto a las personas, cero. El Partido Popular es el partido que se ha encargado de resolver estos temas.

La semana pasada estuvimos en una reunión con parlamentarios daneses y nos preguntaban qué hacía el Gobierno español para limitar o parar la inmigración. Yo les contesté muy rápidamente y les dije que el problema de la inmigración es uno de los que tiene el Gobierno del Partido Popular en su agenda y que, desde luego, tener la sensibilidad y la humanidad no es privilegio de la bancada de la izquierda, como ha dicho el señor Odón Elorza. Conforme a eso que se les dijo, también se les comentó cuáles eran las políticas o las bases sobre las cuales trabajaba el Gobierno del Partido Popular, que no voy a repetir aquí por premura de tiempo. España -una de las cosas que les dije- asume compromisos con la Unión Europea y los cumple. En cuanto al tema de la reubicación, que ustedes han criticado de esa manera, he de decirles que las 15 888 personas a las que el Gobierno de España se comprometió no han podido venir a España, pero no por falta de voluntad y de diálogo del Gobierno español con las instituciones europeas, en concreto, en este caso, con la Oficina de asilo y de refugio de Grecia, que ha reconocido públicamente -ya lo ha dijo el ministro el otro día- que no habían enviado los expedientes de reconocimiento de perfil. Por tanto, señorías, están ustedes faltando a la verdad; es más, el ministro Adamopoulos también felicitó al Gobierno español por esas 500 personas más en reubicación que aceptaron en el mes de julio del año 2015. Uno de los temas que ustedes plantean en su moción se refiere a que hay que seguir haciendo reubicaciones en España, pero eso ya lo dijo el ministro el otro día. Por tanto, a pesar de haber transcurrido el plazo legal el 26 de este mes pasado, España, en cuanto Grecia siga mandando expedientes, va a seguir acogiendo para cumplir con nuestros compromisos. Respecto al reasentamiento, España ha cumplido al cien por cien el compromiso de las 1449 personas. No han llegado a España todavía, señorías, como ustedes bien saben. Es entendible que, en defensa de su ideología, traten de criticar al Gobierno de España por lo que está haciendo. Ha cumplido, pero ¿qué falta? Que Turquía y el Líbano, de donde van a venir esas personas, las envíen a España, y estaremos, como siempre, gustosos de cumplir con nuestros compromisos.


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El señor Odón Elorza dice que hay excusas, que se ha incumplido, que ha suspendido el Gobierno de España en esta tarea. He de decirle, señor Elorza, que hemos aplicado toda la voluntad y que si no hemos podido reubicar, reasentar a todas las personas que les he comentado no ha sido por defecto de la actuación del Gobierno de España, sino por defecto de las estructuras comunitarias y de la falta de personal para atender las necesidades e identificar a las personas para que vengan a España.

Entrando ya muy rápidamente en los cinco puntos que plantea el Grupo Socialista en la moción, he de decirle, sobre el punto 1 -insisto- que el Gobierno de España va a seguir recibiendo personas que procedan de la reubicación en cuanto Grecia nos las mande.

En segundo lugar, no podemos prescindir de los criterios que establecen las decisiones del Consejo en orden a la protección internacional. No podemos rebajar ese perfil para las personas que están dentro del programa de reasentamiento. Es exigencia pura y dura de las decisiones del Consejo y, en concreto, de lo dispuesto en el artículo 5 de las decisiones y en algunos artículos más.

En cuanto a la mesa de coordinación del Gobierno con las comunidades autónomas y la Federación de Municipios y Provincias, ustedes no han querido saber lo que está pasando. En la última conferencia sectorial de septiembre de 2015 ya se activó. Precisamente se ha establecido un protocolo único de actuación con estas entidades locales y se ha establecido también un punto local de las comunidades autónomas para trasladarlo a las administraciones locales para que digan dónde tienen que reasignarse. La última mesa se reunió en el mes de julio y está prevista ahora una para el mes de octubre.

En cuanto a las vías legales y eficaces, el reasentamiento es el cauce más seguro para que acudan a España, y la aprobación del reglamento de la Ley 30/2009, de Asilo y de Protección Subsidiaria, ya está en marcha, así lo dijo el ministro. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es esperar a la reforma del SECA, el Sistema Europeo Común de Asilo.

Por último, la cofinanciación de las ONG. Ustedes han obviado intencionadamente una orden del año 2017 que elimina la financiación -termino, señora presidenta- del 2 % de las aportaciones de las ONG y establece que ahora mismo nada más sería el 0,25 %. Por tanto, señorías, si se hace la votación por puntos, votaremos así; si no, tengo que decirles que votaremos en contra por las razones que les he explicado.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.

Se nos presenta para su toma en consideración una moción sobre el grado de cumplimiento de los compromisos de reubicación y de reasentamiento conforme a las decisiones de la Unión de 2015. Esta cuestión ha sido ya objeto de múltiples debates en esta Cámara y en esta legislatura, lo que pone a las claras que es una de las prioridades políticas en el Estado y también en la Unión, porque nos encontramos ante una crisis humanitaria que también lo es política y jurídica y hasta de nuestros propios valores. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor LEGARDA URIARTE: Señorías, las crisis migratorias, tanto económicas como de refugiados, nos interpelan colectivamente, también como Unión Europea, condicionando su propio proyecto, y tanto en las relaciones entre sus socios como domésticamente, como estamos viendo en los últimos procesos electorales. La integración política en la Unión requiere sin duda alguna que esta disponga de una política migratoria y que comprendamos que Lesbos es también la frontera de todos nosotros, porque no es eficiente ni eficaz que cada Estado nacionalice las políticas migratorias comunes. Los problemas globales demandan soluciones coordinadas y colectivas.

En este contexto de la Unión, en 2015, se adoptaron una serie de acuerdos para hacer frente a la crisis de refugiados que anegaba principalmente a Grecia e Italia; acuerdos que lo eran para aliviar precisa y solidariamente la presión que estos dos países sufrían como frontera sur de la Unión; acuerdos de reubicación que fueron acompañados posteriormente de acuerdos de reasentamiento con Turquía; acuerdos todos que nacieron -y hay que recordarlo- con fórceps, a regañadientes de los miembros de la Unión, poniendo de manifiesto la crisis de valores que nos invade, tanto de valores humanos como


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jurídicos, en tanto incumplimiento de normas jurídicas que nos hemos dado a nivel local, regional y global. Y de aquellos polvos vienen ahora estos lodos en forma de incumplimientos de lo acordado, singularmente, tengo que decirlo, por España. No estamos hablando de incumplimientos grosso modo; estamos hablando de que en el programa de reubicación 2015-2017, el grado de cumplimiento de traslados, según los datos que nos ofreció el ministro en la sesión anterior con motivo de una interpelación, no es del 11 %, sino del 8 % -1279 de 15 888-. El grado de cumplimiento de traslados -no de peticiones- en los programas de reasentamiento es del 49 % -704 de 1449-, también según los datos del ministro el día de la interpelación.

Señorías, no quiero hacer demagogia con el problema de los refugiados, pero ¿por qué nuestro grado de cumplimiento de los acuerdos de la Unión es tan ínfimo y hay países de la Unión que han cumplido casi el cien por cien de sus compromisos cuando las normas y los procedimientos son los mismos para todos? Está claro que algo no funciona en la política de asilo en España, y no solo respecto a los programas de reubicación y reasentamiento de la Unión, porque ocurre lo mismo con las peticiones de asilo al margen de los programas de la Unión que se presentan en España. Es tan cicatera la postura de España con respecto a los solicitantes de asilo que solo se recibe el 1 % del total de las solicitudes del conjunto de la Unión y solo se resuelven 31 de cada cien y menos de la mitad favorablemente. En España se acoge a 76 refugiados por millón mientras que la media europea es de 710 por millón. Por eso decía, señorías, que la política de asilo no funciona en España, y decir esto no es demagogia, como tampoco era demagogia cuando decíamos que en Ceuta y Melilla las expulsiones colectivas que permitió la Ley de Seguridad Ciudadana eran un portillo a eventuales incumplimientos de la normativa internacional de protección a demandantes de asilo. Este mismo mes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha dado la razón. Se hace preciso un procedimiento que desarrolle el mandato legal para que el rechazo en frontera respete el derecho -como señalaba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos hace pocos días- a procedimientos individualizados y a la protección de las personas en situación de protección. En breve tendremos ocasión de debatir esta cuestión, ya que en la proposición de ley de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana que el PNV presentó introdujimos una propuesta de desarrollo del apartado 2, de la adicional décima, de la Ley de Extranjería, en el sentido de lo sentenciado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Finalizo ya, señora presidenta, manifestando nuestro apoyo a la moción.

Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Salvador García.

El señor SALVADOR GARCÍA: Señorías, señora presidenta, el mundo no es perfecto. El Grupo Popular estaba hablando hace un momento de inmigración, cuando a lo que hemos venido hoy precisamente es a hablar de refugiados y del derecho al asilo. Nosotros defendemos una inmigración legal y ordenada, pero no tiene nada que ver con la necesidad de ayudar a personas que están huyendo de sitios donde hay conflictos bélicos, de sitios donde la violencia genera mucha economía y muchísima desigualdad, de sitios donde el terrorismo, los Estados fallidos, el aumento de la desigualdad y la hambruna hacen que tengan que salir. Estamos hablando de un fenómeno internacional, que tiene que ser tenido en cuenta por la comunidad internacional porque afecta a las regiones y al conjunto del planeta. Si solucionamos los problemas en origen y ayudamos a corregirlos, no estaremos hablando de si un porcentaje ínfimo de una cuota de refugiados es suficiente para tener la ética de mirar a la gente claramente a los ojos.

Cuando hablamos de refugiados, de desplazados y de solicitantes estamos hablando de 50 millones de personas en todo el planeta. Aquí estamos hablando de si hemos recibido o no a 17 337, cuando hay 50 millones de personas entre desplazados, refugiados y solicitantes del derecho de asilo. Los países de los que huyen principalmente son Siria, por los conflictos que están produciéndose, y Afganistán. Y cuando hablamos del Mediterráneo, no estamos hablando exactamente de España, porque siempre tenemos la tentación de criminalizar nuestras fronteras por esa inmigración legal y ordenada que tienen que garantizar nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Repito que eso no tiene nada que ver con las políticas de acogida de los refugiados que tienen que venir a nuestro país. Si miramos la frontera europea, si miramos a los países a los que vienen a través del Mediterráneo, nos daremos cuenta de que en Italia estarían 121 000 personas, en Grecia, 258 365 y a España tan solo han llegado 1953 personas cruzando el Mediterráneo en este año. Por eso, con relación a cumplir los compromisos, quiero


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decir que son la Comisión Europea y su presidente, JeanClaude Juncker, los que están afeando a todos los Estados que la Unión Europea en este momento no haya estado a la altura. El número de 160 000 refugiados que teníamos que acoger no se ha cumplido y nos hemos quedado en 28 000. Como bien se ha dicho aquí, en España el porcentaje ha sido bastante más pequeño, quedándonos en un escaso 11 %.

Quiero hacer una breve reflexión terminando esta intervención. Evidentemente, vamos a apoyar la moción porque entendemos que es justa y porque la Comisión Europea ha pedido que no se pare el 26 de septiembre la reubicación de las personas que tienen que venir a nuestro país. Si hemos sido poco eficaces administrativamente y no lo hemos hecho bien, tenemos que dar más tiempo para poder hacer esas políticas. Quiero decir que el mundo no es perfecto, pero el mundo lo hacemos las personas con las decisiones que tomamos. Podemos entender que hay que compartir en un espacio la libre circulación, podemos sentirnos todos libres e iguales y vivir en un espacio Schengen o podemos entender que no nos gusta estar con las personas teniendo esa libertad de circulación y tratando a todo el mundo con los derechos que le corresponden y de repente votar y aplicar el brexit o podemos entender de repente que el 51 % de la población de mi comunidad autónoma son extranjeros. Por eso hoy, en este día, me siento muy orgulloso de aquellos a los que les caben en el corazón la bandera catalana, la bandera española y la bandera europea.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto al señor Odón Elorza González si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: Sí, presidenta. Hemos transaccionado con el Grupo Podemos.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES BALDOVÍ, CANDELA Y BATALLER Y SEÑORA SORLÍ), SOBRE EL ABUSO REALIZADO POR EL GOBIERNO DE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD A LEYES AUTONÓMICAS Y LA SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA DE DISPOSICIONES Y NORMAS AUTONÓMICAS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 161.2 DE LA CONSTITUCIÓN. (Número de expediente 173/000047).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señores Baldoví, Candela y Bataller y señora Sorlí, sobre el abuso realizado por el Gobierno de los recursos de inconstitucionalidad a leyes autonómicas y la suspensión automática de disposiciones y normas autonómicas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución. Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Candela Serna.

El señor CANDELA SERNA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Señorías, la semana pasada subimos a esta tribuna para interpelar al señor Catalá sobre una cuestión que consideramos que merece toda la atención de esta Cámara, que es la facultad del Gobierno para suspender automáticamente disposiciones y resoluciones de las comunidades autónomas al recurrirlas al Tribunal Constitucional. A día de hoy nos encontramos con un Gobierno que abusa sistemáticamente de su potestad para boicotear la actividad legislativa de las comunidades autónomas. El Gobierno del señor Rajoy está utilizando perversamente sus capacidades legales, dándoles un uso para el que no están previstas. Con esta moción venimos a pedir desde Compromís que se ponga orden de una vez a todo nuestro sistema de gobierno, que es un sistema de gobierno multinivel. Lo hacemos con una aportación muy concreta sobre el artículo 161.2 de nuestra Constitución, pero esto entendemos que tiene que enmarcarse en un debate más amplio que esperemos que se abra próximamente.

Señorías, les venimos a pedir el voto afirmativo para unas medidas de mínimos para evitar la indefensión de las comunidades autónomas frente al Gobierno y le pedimos al Gobierno que use la facultad prevista en el artículo 161.2 con proporcionalidad y, siguiendo lo dispuesto por el Tribunal Constitucional, solo en los casos en los que pueda producirse un daño o perjuicio irreparable de no suspenderse la disposición o resolución. No pedimos nada más, únicamente eso: una propuesta de mínimos para evitar un mal funcionamiento de nuestro sistema democrático.

Señorías del PP, está muy bien que ustedes invoquen una y otra vez la Constitución, porque es la norma que garantiza los derechos de todos, pero también estaría muy bien que ustedes de vez en cuando leyeran los artículos completos. Por ejemplo, el artículo 2 de nuestra Carta Magna dispone, en efecto, con


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toda la pomposidad de la que fue capaz Manuel Fraga, que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, pero si siguen ustedes leyendo, en ese mismo artículo también dice: y reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre ellas. Y no me quedo aquí, les voy a dar más ejemplos, porque creo que ustedes están faltos de una lectura reposada de la Constitución. Saben ustedes que su inefable delegado del Gobierno -al que me referiré por otras razones al final- ha tenido a bien recurrir la mayoría de las normas que emanan de nuestra Conselleria d' Educació. Para ustedes quizá tenga su lógica, ya que el apartado 1 del artículo 3 de nuestra Constitución establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado, todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla, pero si ustedes leyeran un poquito más, también leerían en el apartado 2 que las demás lenguas españolas -también españolas- serán también oficiales en las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

Por cierto, de nota de matrícula de honor lo del señor Casado, aquello de mostrarse partidario de incluir en la Ley de Partidos la ilegalización de fuerzas que promuevan la independencia. ¿Saben lo que dice el Tribunal Constitucional, señorías, en su sentencia 12/2008? En nuestro sistema no tiene cabida un modelo de democracia militante que imponga la adhesión a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. ¿Saben qué hace el Tribunal Constitucional? Interpretar la Constitución. ¿Están diciendo ustedes que hay que vulnerar la Constitución? Y seguimos con el señor Casado, subsecretario de comunicación -ponerlo ahí ya es cosa vuestra-, que hace poco dijo, refiriéndose a un presidente y a un vicepresidente de una comunidad autónoma, que podría acabar como Companys. ¿Qué significa esto? (Un señor diputado: En la cárcel). ¿Que el artículo 15 de la Constitución, que dice que todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, a penas o tratos inhumanos o degradantes, no hay que cumplirlo? ¿Es eso lo que está diciendo? (Rumores). Señorías, lo que tiene que quedar claro en este país...

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor CANDELA SERNA: Tranquilos, que aún me queda.

... de una vez por todas y en especial para el Partido Popular es que la Constitución y las leyes son de los ciudadanos y no suyas. No pueden elegir la parte de nuestra Carta Magna que más les gusta y olvidarse de las demás, porque ustedes en definitiva ostentan el Gobierno de este país.

Termino. Ayer vivimos en Valencia un ataque a la democracia, vivimos un ataque a nuestro pueblo (Aplausos), vivimos un ataque a la processó cívica y a la señera, una manifestación no autorizada, porque parece que ustedes solo pueden garantizar la seguridad del Estado en algunas partes del territorio y en otras no. (Una señora diputada: ¡Eso es mentira!). Nazis campando a sus anchas por Valencia, cazando a gente, pegando a periodistas y pegando a gente pacífica. Nosotros somos un pueblo de paz, de diálogo y de consenso, que se está ganando su futuro, y necesitamos y merecemos que este Parlamento mande un mensaje...

La señora PRESIDENTA: Señor Candela Serna, le pido por favor que vaya a la cuestión. Muchas gracias.

El señor CANDELA SERNA: Sí, termino ya.

Necesitamos un mensaje claro; que se le diga a esa gentuza: No os queremos, no os queremos en nuestras calles. (Aplausos).

Y termino. Quiero dar las gracias a todos los grupos, especialmente a Ciudadanos, por sumarse a nuestra declaración institucional de rechazo al fascismo y al nazismo que vimos ayer en Valencia. Lamentablemente, el Partido Popular no está a la altura de este país y no lo condena.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Se nos presenta para su toma en consideración una moción sobre el uso que el Gobierno hace y el que debería hacer de la facultad que le concede el 161.2 de la Constitución al impugnar disposiciones y


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resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas e incluso una eventual reforma del citado precepto constitucional para que se evite su uso con finalidades políticas. Apoyaremos la moción, aunque el auténtico problema de este precepto no es tanto el mismo ni tampoco el uso que hace de él el Gobierno, que también, sino la reinterpretación que de él hace la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Este es el verdadero problema, y otros derivados que expondremos.

Señorías, la Constitución establece una identidad de valor entre las leyes ordinarias y estatales y las leyes autonómicas a efectos de su justiciabilidad. Ambas leyes son expresión del principio democrático de la voluntad popular libremente formada en el seno de las Cámaras representativas a través del debate público, ambas leyes, también, las autonómicas y las estatales, satisfacen por igual los principios de legalidad y reserva de ley, como ya declaró en el año 1981 el Tribunal Constitucional, y ambas, las leyes estatales y autonómicas, gozan de la misma presunción de legitimidad, ni su validez ni su eficacia pueden ser puestas en tela de juicio ni condicionadas salvo por el Tribunal Constitucional. Por todo ello, constitucionalmente, el privilegio de justiciabilidad de las leyes estatales y autonómicas es idéntico, y así lo establece el artículo 161.1.a) en relación con el 153.a) y 163, todos de la Constitución. Sin embargo, y este es el problema, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional quiebra esta asimetría constitucional entre ambas leyes al permitir la suspensión automática de una ley autonómica cuando el Gobierno lo reclama al recurrirla ante el tribunal.

El artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional reinterpreta el artículo 161.2 de la Constitución, y lo que en este estaba previsto para la suspensión de disposiciones reglamentarias y actos administrativos, cuando así lo invocara el Gobierno, lo extiende a disposiciones con fuerza de ley de los parlamentos autonómicos, cuya regulación se encuentra en el apartado 1 del 162 y no en el apartado 2, en el que se prevé esta suspensión automática. ¿Y qué razón hay para que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional equipare a efectos de justiciabilidad las leyes autonómicas con las disposiciones reglamentarias autonómicas en vez de con las leyes estatales, cuando expresan, como decía, el mismo principio democrático y cuando satisfacen por igual a los principios de legalidad y de reserva de ley y cuando gozan de la misma presunción de legitimidad en cuanto a validez y eficacia? El artículo 161.1.a), como decía, se encuentra reforzado también en la misma Constitución por el 163, cuando dispone que las cuestiones de constitucionalidad contra leyes estatales o autonómicas en ningún caso serán suspensivas de estas. El desaguisado que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional realiza en la justiciabilidad de las leyes autonómicas se adentra también en la de los legitimados que la Constitución establece para interponer recursos contra aquellas leyes autonómicas y estatales. Así, el 162.1.a) de la Constitución legitima para recurrir leyes, entre otros, al presidente del Gobierno, pero no al Gobierno, y el apartado 2 del 161 habilita para recurrir disposiciones infralegales y actos de las comunidades autónomas al Gobierno, pero no al presidente, y también le permite al Gobierno invocar la suspensión automática de estas disposiciones infralegales. Pues bien, ¿qué hace la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en su artículo 30? Primero, equipara las leyes autonómicas a disposiciones infralegales autonómicas. Pero el único legitimado para recurrir las leyes es el presidente del Gobierno y este no puede pedir su suspensión porque no se lo permite la Constitución, porque esta es una potestad exclusiva del Gobierno. En segundo lugar, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice que el Gobierno puede ampararse en su facultad de reclamar la suspensión automática no ya de una disposición reglamentaria, sino de una ley autonómica, si la impugna, cosa que no está prevista en la Constitución, a través del presidente del Gobierno. En fin, una auténtica cabriola que retuerce a la misma Constitución, en la que se combina la facultad del presidente para recurrir leyes con la facultad del Gobierno para causar la suspensión de disposiciones infralegales. Este es el verdadero problema del artículo 161.2, la reinterpretación que de él hace el artículo 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que busca, más allá de lo que dice la Constitución, un efecto jurídico y político de todos conocido en la suspensión automática de leyes autonómicas recurridas por el Gobierno.

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Prendes Prendes.

El señor PRENDES PRENDES: Señora presidenta, señorías, hoy Compromís nos presenta una iniciativa que pretende limitar o al menos moderar la capacidad del Gobierno para interponer recursos de inconstitucionalidad y conflictos positivos de competencias frente a leyes autonómicas. Señores de Compromís, son ustedes admirablemente oportunos en esta iniciativa. Se han pasado legitimando la demolición en serie de las instituciones del autogobierno de Cataluña durante las últimas semanas,


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jaleando una convocatoria de referéndum ilegal, han hablado de represión, de detenciones políticas y de Estado policial, y ustedes nos traen hoy aquí esta iniciativa, precisamente hoy, el día en que se encuentra en riesgo nuestra democracia de forma más evidente desde hace cuarenta años, el día en que estamos sufriendo el golpe a nuestra democracia más fuerte desde el 23-F, y nos traen esta iniciativa para que el Gobierno se modere aún más, ¡aún más!, en el ejercicio de sus facultades de defensa de nuestra Constitución. (Aplausos). Son admirablemente oportunos.

Hablan ustedes de que se utilice un criterio político en la interposición de este tipo de recursos. Les voy a decir una cosa: no hay obligación política más importante para cualquier Gobierno de cualquier país democrático que defender su Constitución contra los que la quieren cambiar, olvidándose de cuál ha sido el pacto que hizo nacer a esa Constitución. Y le digo más, fue un pacto entre todos los ciudadanos españoles, no fue ningún pacto entre territorios y un Estado central, fue un pacto entre el conjunto de los ciudadanos, y si lo queremos cambiar lo cambiaremos entre todos los ciudadanos, y no por esas vías antidemocráticas que estamos viendo hoy en el Parlament de Catalunya. (Aplausos). La pregunta que a mí me asalta, señor Candela, es a qué intereses están sirviendo ustedes en el día de hoy, ¿a los intereses de los valencianos, a los intereses del conjunto de los españoles a los que representan o a los intereses de ese nacionalismo ausente, que lo primero que ha hecho ha sido incumplir sus obligaciones para dedicarse a dar un golpe a nuestra democracia? ¿A qué intereses representan ustedes? Yo creo que a estos últimos.

Vamos a empezar a hablar de hechos, porque la Constitución de 1978 atribuye al Tribunal Constitucional su función de garante último de la supremacía de nuestra Constitución, velar por el respeto de la ordenación territorial del poder, tal y como viene fijado en el bloque de constitucionalidad. La atribución de esta competencia al Tribunal Constitucional se encuentra en una lógica perfecta de cualquier Estado compuesto; federal, le digo más, si nos dejamos de ambigüedades semánticas. Son competencias similares a las que tiene el Tribunal Constitucional austríaco, la Corte Constitucional italiana, el Tribunal Constitucional Federal Alemán. Y hablaba usted de que había que leer la Constitución completa. ¡Claro que hay que leerla completa! Y en nuestra Constitución se garantizan dos principios: el de unidad de la nación española y el de autonomía de las comunidades que la componen en igualdad de condiciones. Y le digo más, en otros Estados federales, en otros Estados compuestos, hay mecanismos de control político de las leyes autonómicas por parte del Gobierno o de la Cámara federal o de la Cámara estatal. Esto en nuestro país no existe. ¿Están ustedes dispuestos a establecer en una futura reforma constitucional algún procedimiento de segunda lectura, de devolución, que permita establecer algún tipo de control sobre esa capacidad política de las comunidades autónomas? Se lo pregunto, porque ahora mismo no existe ninguna posibilidad de control político, nada más que esta vía jurisdiccional de recurrir al Tribunal Constitucional.

Señoría, vamos a seguir hablando de datos; vamos a hablar de los datos de 2016 recogidos en la memoria del Tribunal Constitucional. Se interpusieron 32 recursos de inconstitucionalidad, 16 por el presidente del Gobierno frente a leyes autonómicas, 13 por Gobiernos y parlamentos autonómicos respecto a leyes estatales y 3 por diputados y senadores frente a otras leyes autonómicas. Hubo 10 conflictos positivos de competencias, uno promovido por el Gobierno de la nación y 9 por Gobiernos autonómicos.

A continuación, le voy a hablar de la litigiosidad territorial de sus mandantes. En Cataluña observamos que se recurrieron 4 leyes del Estado y el Govern de la Generalitat planteó 5 conflictos positivos de competencias. El Gobierno estatal impugnó 7 leyes autonómicas y planteó un conflicto positivo de competencias. Yo no sé dónde está la desproporción; parece que quien presenta más conflictos de competencias son, en todo caso, los Gobiernos autonómicos, reclamando para sí dichas competencias. ¿Sabe cuántos recursos de inconstitucionalidad se plantearon en el año 2016 respecto a la legislación autonómica valenciana? Lo tiene que saber. ¿Sabe cuántos? Uno. ¿Sabe quién lo planteó? El Gobierno de la Comunidad Valenciana frente a la Ley de presupuestos estatales del Gobierno de España. ¡Uno! Lo presentó su Gobierno, el Gobierno de la Comunidad Valenciana, contra el Gobierno del Estado. ¿Qué quiere usted moderar? Si nos moderamos más, anulamos completamente la capacidad de control jurisdiccional de esa actividad.

No tengo mucho más tiempo, aunque habría mucho de lo que hablar. Es verdad que hay un problema de definición de competencias que tendremos que solventar en una futura reforma constitucional, pero no así. Lo que usted está pretendiendo es otra cosa, lo que usted está pretendiendo es cargarse definitivamente el Estado de derecho, que es tanto como cargarse la democracia, por lo que le digo que no vamos a votar a favor de esta iniciativa por tres cuestiones: porque es constitucionalmente inaceptable, fácticamente


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tramposa, como le acabo de demostrar, y políticamente, hoy -precisamente hoy-, más corrosiva que nunca con nuestro Estado de derecho y nuestra democracia. Votaremos que no. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Errejón Galván.

El señor ERREJÓN GALVÁN: Gracias, señora presidenta.

Señorías, yo también quiero comenzar la intervención mandando ánimos y abrazos a quienes ayer fueron agredidos con plena impunidad por las bandas fascistas en las calles de Valencia. (Aplausos).

Decía el diputado de Ciudadanos que es un mal momento, que es un momento muy inoportuno para discutir esta moción. Nuestro grupo va a apoyar esta moción, y la va a apoyar porque considera que no hay un momento más oportuno en la sede de la soberanía popular española para apoyar una moción que está cuestionando el uso abusivo del Tribunal Constitucional, uso que ha roto de facto los mecanismos de equilibrio en la relación entre el Estado central y las comunidades autónomas. Es decir, está cuestionando el camino que nos ha traído hoy a la más grave crisis de Estado que hemos vivido en cuarenta años, que no ha sido otro que la demolición de los mecanismos de equilibrio entre administraciones autonómicas y Administración central por parte del abuso del Partido Popular al acudir al Tribunal Constitucional como si se tratase de un tribunal político. (Aplausos).

El artículo 161.2 de la Constitución española prevé que el Ejecutivo tiene derecho a impugnar normas autonómicas y que dichas normas, por el solo hecho de que las impugne el Ejecutivo, queden en suspenso un mínimo de cinco meses. Es una prerrogativa que solo tiene el Ejecutivo y que por su gravedad se presupone que no es para estar usando permanentemente, sino que presupone una cierta prudencia. La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas en el artículo 141 ya habla de la necesaria colaboración entre las distintas administraciones en lo que es y debería ser un posible recorrido de espíritu federal de nuestra Constitución. La propia reforma del Tribunal Constitucional en el año 2000 ya exigió, impuso la existencia de comisiones bilaterales para que hubiera negociación y no imposición solo de una parte; es decir, estamos ante un uso que se exige y que se presupone que no sea abusivo y discrecional, sino el último recurso, no un mecanismo permanente de imposición con las administraciones que son de signo contrario o con las votaciones que al partido del Gobierno no le gustan. Yo ya se lo pude decir en esta tribuna hace mucho tiempo, hace varios meses, al Partido Popular y lo vuelvo a repetir: cuando se abusa del Tribunal Constitucional como mecanismo de veto, no se nos hace un favor a los españoles, tampoco se le hace un favor a la Constitución ni al propio Tribunal Constitucional, lo que se hace es que se quiebra la labor de arbitraje del Tribunal Constitucional convirtiéndolo en un tribunal político, pero entonces queda deslegitimado para la necesaria labor de arbitraje que ahora estamos echando de menos. (Aplausos).

Todo pacto, también el Pacto constitucional, es siempre un sistema de equilibrios, de contrapesos, y quien rompe los equilibrios rompe el pacto, quien rompe los contrapesos rompe el pacto. Por eso, ustedes, cuando desde el Gobierno central han impuesto a través de la llamada ley Montoro, la ley contra la autonomía municipal, que la relación entre el Gobierno central y los municipios sea de asfixia, cuando imponen que se puedan vetar de facto todas las leyes autonómicas, todas las normas autonómicas que no le gustan, no solo rompe los equilibrios de nuestro Estado de las autonomías, ponen en riesgo el propio sistema del Estado de las autonomías. Al romper el equilibrio, ustedes rompen el Pacto constitucional y después se llevan las manos a la cabeza por el resultado de esa ruptura del pacto.

Les voy a dar algunos ejemplos para que veamos de qué estamos hablando, no en números, en leyes concretas. Cuando la ley Montoro contra los ayuntamientos impide, por ejemplo, que el Ayuntamiento de Madrid, que pone las cuentas en orden, que salda la deuda, pueda utilizar una parte de sus recursos para invertir en crecimiento o en empleo, ustedes asfixian la relación entre la autonomía local y el Gobierno central; cuando recurren la ley de Baleares contra el maltrato animal, cuando recurren y suspenden la ley de las Corts Valencianes destinada a evitar que el Senado se convierta en un refugio de corruptos, cuando recurren la ley del Parlament de Catalunya para prohibir los desahucios, cuando recurren la ley de Andalucía, del Parlamento andaluz, para las treinta y cinco horas, cuando en esta propia Cámara han hecho hasta treinta y siete veces uso del veto presupuestario cada vez que pierden una votación -en un año tantas veces como en cuarenta años de democracia-, ustedes están revelando una cosa: un Gobierno que abusa de las prerrogativas constitucionales contra el Parlamento andaluz, contra las Corts Valencianes, contra el Ayuntamiento de Madrid o contra esta propia Cámara, no es un Gobierno que tenga un problema con Cataluña, es un Gobierno que tiene un problema con España. (Aplausos).


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Y eso es porque ustedes tienen una concepción del poder equivocada. Ustedes se creen que gobernar es imponer, y eso es lo que hacen los Gobiernos débiles. Se creen que gobernar es imponer cuando en realidad gobernar es tener la capacidad de persuadir, de incluir, de ofrecer un rumbo para todos. Por eso, persisten en el error y por eso nosotros les tenemos que llamar a la prudencia y a la mesura. Yo sé que no son buenos días para llamar al Gobierno del Partido Popular a la prudencia y a la mesura, no son buenos días cuando ha utilizado las instituciones como si fueran una propiedad privada, no son buenos días cuando tan solo ayer el señor Pablo Casado hacía una amenaza recordando los peores episodios de la Guerra Civil y de la Dictadura (Aplausos), pero para nosotros es una obligación llamar de nuevo al Partido Popular a la prudencia y a la mesura, y, si no nos hace caso cuando le llamemos a la prudencia y a la mesura frente al partidismo y la irresponsabilidad, trabajaremos para que esta Cámara les llame al orden, para que esta Cámara imponga la mesura y el sentido común y para que la sociedad de la España diversa, plurinacional, joven y moderna que no cabe en su modelo raquítico y estrecho de país imponga la mesura, imponga la prudencia e imponga la convivencia.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie.-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rallo Lombarte.

El señor RALLO LOMBARTE: Señora presidenta, cuarenta años de vida constitucional nos obligan a reflexionar sobre el funcionamiento de nuestras instituciones. En 1978 los padres fundadores de nuestro régimen constitucional alumbraron una de las que son nuestras joyas más preciadas, el Estado autonómico. Nuestros constituyentes apostaron por un sistema de descentralización territorial que ha sido y es motivo de envidia y copia por numerosas naciones de nuestro entorno. Las comunidades autónomas han contribuido decisivamente a un progreso social y económico sin parangón en toda nuestra historia y han garantizado justicia y solidaridad entre nuestros territorios. El Estado autonómico ha sido una operación de éxito de la que debemos enorgullecernos y reivindicar sin complejo alguno, especialmente en estos convulsos momentos.

Pero en 1978 el entusiasmo y la reivindicación de la autonomía venían acompañados también por su negación o cuanto menos por el recelo y las dudas sobre lo que acabaría siendo el actual mapa autonómico. Aquellas resistencias se evidenciaron en los debates constituyentes e incluso penetraron en nuestro texto constitucional. No son muchas las previsiones constitucionales que demuestran los recelos del constituyente hacia las futuras instituciones autonómicas, pero sin duda alguna el artículo 161.2 de nuestra Constitución es una de ellas, como está unánimemente aceptado en doctrina, señor Prendes. La omnímoda facultad del Gobierno de suspender la vigencia de leyes, disposiciones y resoluciones de las comunidades autónomas recurridas ante el Tribunal Constitucional implica atribuirle una superioridad exenta de condición o límites, una norma que podía explicarse en 1978 por el miedo a lo desconocido del constituyente, pero que merece ser considerada hoy. Tras cuarenta años de Estado autonómico operativo, las comunidades autónomas han probado su derecho a una relación con las instituciones del Estado en términos de igualdad y simetría, porque las comunidades autónomas son Estado y su posición ante el Tribunal Constitucional debe sustentarse en el obligado respeto institucional mutuo que solo se garantiza preservando la igualdad de las partes.

Sin embargo, el Gobierno del Partido Popular ha instrumentalizado los procesos constitucionales para provocar una clamorosa regresión en nuestro modelo autonómico, para imponer una hiriente generalización de los recortes sociales y para impedir la reversión acometida por muchas comunidades autónomas de dichos recortes sociales. Ha sucedido en numerosas comunidades autónomas, también en la Comunidad Valenciana. Los valencianos lo sabemos bien. Los valencianos hemos sufrido veinte años de mal gobierno del Partido Popular, veinte años de despilfarro, saqueo y corrupción, y desde 2015 sufrimos el hostigamiento político y judicial del Partido Popular. Sirvan como ejemplos el recurso de inconstitucionalidad contra el acceso universal a la atención sanitaria o el recurso contra la supresión del copago farmacéutico a pensionistas o personas dependientes.

Señorías, lealtad. Lealtad es lo que demandan las comunidades autónomas en sus relaciones con el Gobierno de la nación; lealtad al interponer recursos de inconstitucionalidad; lealtad al interponer conflictos de competencias; lealtad, respeto y proporcionalidad al invocar la suspensión prevista en el artículo 161.2 de la Constitución. Esto es lo que exige la moción que hoy debatimos, nada más, señor Prendes, a pesar de su demagógica intervención de hoy. (Aplausos). Y por eso la vamos a apoyar. Pero es verdad que esta


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moción va más allá, y también compartimos su ultima ratio. Esta moción aporta un elemento más a la agenda del debate sobre la necesaria reforma constitucional, una reforma constitucional que, sirviéndose de los elementos definitorios del federalismo, preserve la unidad y la diversidad, garantice las singularidades autonómicas, promueva cohesión e igualdad y fortalezca la unidad y la autonomía territorial, una reforma constitucional, en fin, que impulse instrumentos de colaboración y cooperación y que consagre el principio de lealtad entre el Estado y las comunidades autónomas.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fole Díaz.

El señor FOLE DÍAZ: Gracias, presidenta.

Señorías, hace ya casi un año prometí, como el resto de ustedes, trabajar por el interés general y cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado. Desde entonces vengo observando cómo los grupos de la oposición se alejan de esa defensa del interés general cambiándolo por un interés partidista y egoísta, y ya desde dentro, como un virus, hacer un ataque continuo y casi premeditado al Estado de derecho y a la Constitución. Hoy trae Compromís una moción donde habla de abuso realizado por el Gobierno e inconstitucionalidad. ¿No tendrían que haber presentado esta moción en el Parlamento de Cataluña? Allí sí se está haciendo abuso por parte del Gobierno y violando la Constitución, no aquí, señorías. (Aplausos). Con esta moción invocan a la modificación del artículo 161.2. Cuando el Gobierno ejerce las competencias, facultades y poderes que le atribuye el marco normativo de la defensa de los principios competenciales establecidos por la Constitución, está llevando a cabo una acción de defensa del interés general y de la legalidad vigente que debemos seguir preservando.

Ahora bien, si una Administración se excede en su ámbito competencial, tanto el Estado como las comunidades autónomas, resulta necesario que nuestro ordenamiento prevea mecanismos que permitan defender la adecuada aplicación del reparto competencial. El Gobierno en las últimas tres legislaturas ha planteado todos los recursos de inconstitucionalidad de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado como supremo órgano consultivo del Gobierno, según el artículo 107 de la Constitución. La competencia contenida en el artículo 161, tal y como lo ha desarrollado la LOTC en su título V, supone una medida de cierre del sistema de defensa del reparto competencial mediante la cual se atribuye al Gobierno la capacidad de acudir al Tribunal Constitucional frente a todo tipo de actos o disposiciones autonómicas que consideren inconstitucionales, con el privilegio de su suspensión automática.

¿Lo que están ustedes pidiendo es que el Gobierno deje de ejercer sus responsabilidades o sus competencias? El artículo 33 de la LOTC establece que antes de utilizar los mecanismos de control de constitucionalidad resulta necesario poner en marcha un proceso de negociación. El diálogo se producirá a través de comisiones bilaterales entre Estado y comunidades autónomas. Es, por tanto, la negociación el punto clave para resolver las controversias. Estas comisiones han resuelto 470 procedimientos: 337 promovidos por el Estado y 133 por las comunidades autónomas; más del 73 % han acabado con acuerdo cuando son promovidos por el Estado. Solo agotada la vía del diálogo previo se abre la vía de la impugnación constitucional, por lo que no existe ningún tipo de utilización de este mecanismo como fórmula de presión política, como dice Compromís. Señorías, no considera necesario la reforma del artículo 161.2 cuando la Constitución inviste directa e incondicionalmente al Gobierno de la facultad de provocar una suspensión automática, puesto que está partiendo de una supremacía del Estado, refrendada a lo largo de todo el texto de la Constitución española, la nación española en su artículo 2. El Gobierno de la nación cuando actualiza el mecanismo del artículo 161 lo hace representando los intereses generales de la Constitución, es decir, los intereses de España constituida en Estado social y democrático de derecho.

Dicho esto, señorías, en el debate de la interpelación urgente que dio pie a esta moción ustedes hablaban de chantaje e insulto a las comunidades autónomas, de abuso de los recursos de inconstitucionalidad, y decían que no se podían quedar callados ante el desprestigio al que sometemos a las instituciones del Estado. Y lo dicen así, sin ruborizarse lo más mínimo. Señorías, chantaje y abuso es hacer un referéndum ilegal e inconstitucional, y ustedes lo apoyan o callan. (Aplausos). Chantaje y abuso es aprobar las leyes con nocturnidad y alevosía y usurpar los derechos de los diputados catalanes, y ustedes lo apoyan o callan. Chantaje y abuso es el adoctrinamiento de la sociedad catalana cuando afirman que España les roba, y ustedes lo aprueban o callan. (Aplausos). Chantaje, abuso e insulto es traer una iniciativa al Congreso para reprobar la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,


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y ustedes lo apoyarán o callarán. Eso es lo que llevo viendo aquí, señorías, todo este tiempo; callan, callan y callan. Señorías, esto debe cambiar. Además, por qué rechazan en una declaración institucional que se incluya una frase, que es: Condenar todo tipo de violencia venga de donde venga; es decir, depende de donde venga la violencia les gusta o no les gusta. ¿Por qué lo han rechazado a propuesta del Partido Popular y no se ha hecho esa declaración institucional?

Señorías, esto debe cambiar y lo tenemos que hacer entre todos y se lo voy a pedir de una forma -como decía el portavoz de Compromís- que todos me entiendan: (Continúa su intervención en catalán, euskera y gallego). Señorías, trabajen por el interés general y por garantizar el Estado de derecho y la Constitución, y en ese idioma seguro que llegamos a un entendimiento.

Moitas grazas. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LOS PLANES QUE TIENE EL GOBIERNO PARA SUPERAR LA CRISIS ACTUAL CON CATALUÑA. (Número de expediente 173/000048).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre los planes que tiene el Gobierno para superar la crisis actual con Cataluña.

Por el grupo autor de la iniciativa, y para la defensa de la moción y de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Domènech Sampere.

El señor DOMÈNECH SAMPERE: Decía Machado en una frase que ya he recordado otras veces que "hoy es siempre todavía". Nunca esta frase fue tan cierta como hoy.

Estamos viviendo un momento extremadamente emocional, de una intensidad enorme, tanto en Cataluña como en España. En este momento de intensidad enorme intentaré apelar a la racionalidad porque estoy seguro de que al final de este camino será la razón la que nos podrá sacar del mismo. Es evidente que las miradas no están puestas hoy aquí, pero aquí tenemos una responsabilidad enorme, porque es aquí donde definimos las políticas que seguirá el Estado en relación con Cataluña. De hecho, la intensidad emocional -por eso voy a intentar no hacer un discurso emocional, aunque tengo emociones como, evidentemente, todos ustedes- nos puede llevar a reacciones inmediatas y cortas, reacciones que no sean soluciones, sino que agranden el problema.

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos llegado a este momento que se está viviendo aquí y en el Parlament de Catalunya? Esto tiene una historia muy larga. Pensando primero, por parte del Gobierno del Estado, que esto sería un soufflé, que pasaría, con lo que se demostraba un conocimiento enormemente deficiente de lo que estaba pasando en Cataluña y de lo que era la propia Cataluña. Ya lo dijimos aquí reiteradamente durante este último año, que la solución pasaba por el reconocimiento de que este es un Estado plurinacional. No solo era esa idea de que esto era un soufflé y de que esto pasaría, sino que no se realizó ni una propuesta política, solo la negación sin proposición política que hemos estado viviendo reiteradamente con el tema de Cataluña y fiarlo todo, primero, a los jueces y, después, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y pensar que con esto ya estaba todo hecho. Ahora ese soufflé, esa falta de iniciativa política, esa negación y ese esconderse detrás de los tribunales y la policía se ha convertido no en una crisis solo de Cataluña, sino en una crisis de Estado. Esta crisis no solo es de Estado, sino que, lamentablemente, es una crisis que ha estallado en el seno de toda la sociedad. Cuando no se habla de política, cuando solo se habla de represión y confrontación, la bestia surge, esa bestia que no queremos surge, como vimos ayer mismo en las calles de Valencia. Esta, decía, es una larga historia de incomprensiones, pero se condensa en ese 1 de octubre. Ustedes, el Gobierno del Estado, habían dicho por activa y por pasiva que no se celebraría y habían dicho por activa y por pasiva que no habría urnas. Pusieron tan cara la victoria que dividieron demasiado la derrota. (Aplausos). Y eso nos preocupa. Nos preocupa que su actuación no tenga que ver tampoco con la racionalidad sino con emociones, con la sensación de humillación. Los dos millones de personas que acudieron a votar a Cataluña no querían humillar a nadie, lo único que querían era decidir definitivamente su futuro, expresarse, luchar por el derecho a decidir de la ciudadanía; y de esos dos millones hubo ochocientos heridos por un acto que en realidad era de persecución de urnas. (Aplausos.-Rumores). Sí, sí, hubo ochocientos heridos.


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La DUI, la declaración de independencia, efectivamente, no es la solución, nosotros no lo creemos, pero tampoco lo será, de nuevo, responder a eso con más represión porque agrandará el conflicto, y ustedes lo saben; tensionará aún más la sociedad catalana y la española, y ustedes lo saben, y será pan para hoy pero hambre para mañana. En un momento en el que todo el mundo habla para los suyos, la respuesta ha de ser hablar para todos, aquí y allí; hablar con las palabras de ocho premios Nobel de la Paz que han recordado las claves para solucionar este conflicto: mediación, no represión y soluciones como las de Escocia y Quebec. (Aplausos). Esas son las soluciones de una democracia madura y avanzada.

Nosotros les pedimos en esta moción que dialoguen, vía mediación internacional o por la vía que quieran, pero que dialoguen. Y si no, márchense, márchense porque si ustedes no dialogan, estarán actuando no solo contra el bien de Cataluña, del conjunto de Cataluña en toda su pluralidad, sino que también estarán actuando contra el bien de España.

Voy acabando. A los socialistas quiero decirles solo que sean parte de la solución. Necesitamos que todos seamos parte de la solución, que todos hablemos para todo el mundo y no para los nuestros. Y esto, como han dicho valiosas voces del Partido Socialista de Cataluña, como el alcalde de Castellà o de Terrassa, no pasa por el 155; se lo pido, no pasa por ahí. Ustedes pueden ser parte de la solución, no sean parte del problema.

Nosotros seguiremos trabajando de todas formas para articular puentes y no para destruirlos. En realidad no me importa tanto, no nos importa tanto el futuro de esta moción y de si sale aprobada o no; lo que nos importa de verdad es que todos y todas asumamos de una vez la responsabilidad colectiva de tender puentes y de solucionar esto. Hoy es siempre todavía; mañana y pasado mañana también son siempre todavía.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Álvarez.

El señor LÓPEZ ÁLVAREZ: Presidenta, señorías, hoy muchas de las intervenciones de este Pleno han empezado mandando abrazos y solidaridad a las personas agredidas ayer en la Comunidad Valenciana. Yo también quiero empezar mandando abrazos y solidaridad a todos los catalanes y catalanas, a todos los españoles y españolas que hoy están francamente preocupados por lo que pueda pasar en el Pleno del Parlament (Aplausos), que tienen miedo, y quiero decirles que no están solos. Amamos Cataluña; todos, seamos de donde seamos, sentimos que Cataluña forma parte de nuestra propia identidad y los independentistas pretenden ponernos una frontera interior. ¿Me pueden decir dónde, con todo lo que hemos luchado juntos, con todo lo que hemos compartido, con todo lo que hemos sufrido y con todo lo que hemos construido juntando todas las manos, ponemos esa línea divisoria que parte por la mitad nuestras conciencias, nuestras vidas y nuestras esperanzas? ¿Nos pueden decir dónde levantamos esa frontera interna? ¿No se dan cuenta del sufrimiento, del dolor y del desgarro que están produciendo en millones de personas hoy? ¿No se dan cuenta de que les están rompiendo por dentro? Y no podemos permanecer impasibles cuando esto está sucediendo, no podemos permitirlo.

Señor Domenech, esto es lo que me dicta la emoción. Lo que me dicta la razón es que estamos ante una situación de una extrema gravedad y, por tanto, ya no caben ni medias tintas ni ponerse de perfil ni ambigüedades ni transacciones, solo posiciones claras y nítidas, claras y nítidas. (Aplausos). Y yo pretendo en estos escasos minutos volver a reafirmar cuál es, una vez más, la posición de los socialistas, que siempre ha sido la misma. Primero, exigimos a las instituciones de autogobierno catalanas la inmediata vuelta a la democracia, al Estado de derecho y a la legalidad porque con lo primero que han roto los independentistas no es con España, cosa que no van a conseguir, sino que lo primero con lo que han roto es con la democracia. (Aplausos). Y no nos vamos a dejar engañar, por mucho que se autoproclamen sus únicos valedores y defensores. Porque ¿de qué democracia me están hablando? ¿De esa en la que se pueden arrebatar los derechos a los que no piensan como ellos, como hicieron en el Pleno del 6 y el 7 de septiembre? ¿De esa en la que el fin justifica los medios y por eso se saltan las leyes cuando no les convienen? ¿De la que desprecia a sus propias instituciones cuando no les dan la razón? ¿De la que sacan la política a la calle para buscar allí una legitimidad que no consiguieron en las urnas? ¿De la que secuestra el espacio y los medios de comunicación públicos para que haya una sola voz, la suya? ¿De la que divide a sus ciudadanos y ciudadanas sin importarles la fractura social y


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que se lleve por delante la convivencia? Por mucho que lo repitan, por mucho que chillen, por muy grandes que pongan las letras en los que lo pregonen, eso no es democracia, eso es justo lo contrario y tiene un nombre de infame recuerdo en la historia de este país que no queremos repetir. (Aplausos). Por eso les exigimos que vuelvan a la legalidad, que vuelvan al espacio constitucional y estatutario incluso para cambiarlo, porque es allí donde todo es posible y fuera de él no es posible absolutamente nada.

Segundo. Los socialistas estamos donde hemos estado siempre, defendiendo la democracia, el Estado de derecho y, por eso mismo, defendiendo la legalidad que es su soporte. No nos busquen en otra parte. Así que, señor Domènech, dígale al secretario de organización de su formación o de su formación hermana, me da igual, dígale al señor Echenique, que ayer acusó a los socialistas de ser cómplices de una posible violencia futura, que los socialistas tenemos 138 años de historia, 138 años sufriendo cárcel, exilio, destierro, arriesgando la vida, que nos ha sido arrebatada por defender la libertad, como para aceptar que venga nadie que tiene todo por demostrar a darnos lecciones de nada. Sabemos muy bien dónde estamos y sabemos muy bien lo que tenemos que defender. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, varios de ellos puestos en pie).

Son ustedes los que tienen que aclararnos a todos cuál es su posición. ¿Están negando un referéndum o participando en él? ¿Están en contra de la independencia o legitimándola participando el día 1? ¿Están en la legalidad o solo a ratos? ¿Están con un proyecto común para España o con un puzzle con cuyas piezas no sabemos qué hacer? ¿Estamos por construir una Europa unida o a cachitos? ¿Están con la DUI o están en contra? Porque nos han dicho una cosa y han hecho siempre la contraria. Y nos preguntan a los socialistas: ¿dónde estamos? (Rumores).

La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!

El señor LÓPEZ ÁLVAREZ: Pues estamos donde están los más de 120 alcaldes socialistas en Cataluña, a pie de calle, defendiendo a pie de calle la democracia y la libertad de todos. No nos venga a decir dónde estamos. Tenemos muy claro dónde estamos los socialistas: en la Constitución, en el Estatut, en las leyes que hemos construido durante más de cuarenta años, porque ponen en nuestras manos la capacidad de gestionar la pluralidad y la diversidad de este país, porque nos hacen ciudadanos y ciudadanas libres, porque refuerzan la convivencia de los distintos. Tenemos muy claro que un país no se construye unos contra otros, tenemos muy claro que un país se construye entre todos. Un país es el resultado del pacto entre los distintos. Por eso, a la vez que digo todo esto exigimos diálogo. Diálogo. Sé que a mucha gente no le gusta ni la palabra. (Aplausos). Pues entérense unos y otros: la política en democracia es el ejercicio permanente del diálogo, de la negociación y del pacto. Solo así se construye algo que merezca la pena, solo así...

La señora PRESIDENTA: Señor López, perdón. Tiene que terminar porque ha excedido su tiempo.

El señor LÓPEZ ÁLVAREZ: Voy acabando.

Solo así construiremos algo que merezca la pena. Por eso exigimos al Gobierno de España y al de Cataluña que negocien dentro de la legalidad y que busquen una salida a la situación a la que nos han llevado. Por eso pedimos a todos los grupos de esta Cámara que nos sentemos a utilizar la política y a dar respuestas. Los socialistas hemos puesto en marcha una comisión para hacerlo. Usémosla. No nos busquen en los frentes; estamos ya sentados en la mesa con vocación de hablar para dar respuestas. Allí estamos y allí estaremos. No podemos fallar a la ciudadanía catalana y española que nos están pidiendo diálogo. Los socialistas no les vamos a fallar. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca. (Rumores). Silencio, señorías.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, en estos momentos, al tiempo que celebramos esta sesión, en el Parlamento de Cataluña, al parecer... (Rumores).


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La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Martínez Oblanca.

Señoría, le pido respeto al señor Martínez Oblanca, que está en el uso de la palabra, y le pido respeto como lo he hecho a lo largo de la tarde.

Continúe.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

En el Parlamento de Cataluña, al parecer, se intenta perseverar en el procès de quebrantamiento del Estado de derecho que se inició con un Pleno a la venezolana los pasados días 6 y 7 de septiembre y que culminó con un pucherazo a la catalana el domingo 1 de octubre, promovido por un Govern que estaba obligado a representar al Estado de un país europeo y democrático como es España. Más allá de denunciar una vez más lo que sucede en el Parlament, subrayo esta sucesión de actos ilegales gravísimos, que en la mayoría de los casos comportan conductas delictivas que deben ser depuradas en las instancias judiciales. Esta tarde debatimos una iniciativa para que esta Cámara condene nada más y nada menos a quien defiende el orden constitucional, las libertades públicas y la convivencia ciudadana amparada por nuestra ley. Por eso rechazo rotundamente esta moción autoenmendada del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, porque no persigue otra finalidad que dar cobertura aquí, en las Cortes Generales, a la funesta operación que pretende destruir lo que tantos años nos costó a los españoles conquistar, una conquista basada en un amplísimo pacto que ha sido admiración del mundo.

Aprovecho este turno de intervención para renovar el compromiso de Foro con el principio democrático, constitucional y europeo de la soberanía nacional, frente al tercermundista invento del derecho a decidir, así como con la defensa de los principios constitucionales de igualdad entre territorios y de solidaridad entre españoles, que excluyen cualquier discriminación de unos a favor de otros y que los poderes del Estado también están obligados a seguir garantizando en el presente y en el futuro.

Concluyo, señora presidenta, expresando el apoyo inequívoco, público y sin fisuras al Gobierno, al Poder Judicial y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su deber de velar por la defensa de las libertades en Cataluña y de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, base de nuestro sistema democrático y de nuestro Estado de derecho, frente a quienes pretenden vulnerarlas y destruirlas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer que mantengan su moción para que todos demos nuestra opinión ante la incomparecencia de quienes están provocando esta grave situación. Permítanme brevemente exponer cuatro ideas.

Primera. Son los independentistas los que han colocado intencionadamente a Cataluña fuera de la legalidad constitucional y fuera de la unidad europea, violando la propia legalidad autonómica. Quieren a Cataluña fuera de la ley; y fuera de la ley, señorías, solo hay desorden, violencia, inseguridad e incertidumbre, como certifican con su fuga a la carrera muchas empresas que hasta hoy han sido la mejor imagen de Cataluña, sus mejores embajadores.

Segunda idea. Quienes buscan el conflicto político como si fuera un negocio -del negocio del conflicto sabemos mucho en Navarra- no pueden desafiar al Estado de derecho y exigir a la vez diálogo.

Tercera idea. Señorías, algunos están construyendo una Cataluña que milita en un odio a lo español alimentado con agravios falsos, desde el bando de Casanova al 'España nos roba'. Dicen que es una revolución pacífica, pero contratan a un terrorista como Otegi en un programa de máxima audiencia para mostrarnos quién es el mayor aliado de su pacífica revolución. (Aplausos). ¿Una república catalana santificada por Otegi será una patria más libre y más pacífica para todos que la Cataluña actual? ¿Tengo que recordar a qué odioso terrorismo, que vencimos entre casi todos, representa Otegi? Como decía ese torero y en dos palabras: imposible.

Cuarta idea. Hoy su desafío no ganará, señorías, pero el independentismo puede romper España en el futuro, es verdad. Este domingo muchos catalanes salieron a la calle para decir ¡basta ya! y para responder a ese mantra de que la convivencia entre unos y otros no es posible. Bien hecho. Algunos les acompañamos y fue un auténtico placer. Pero esa respuesta cívica requiere apoyo y continuidad y debe conllevar una unidad de acción política clara y leal que hoy no existe entre los partidos políticos de ámbito nacional. Eso, señorías, nos preocupa. Pero, en fin, ¿quién sabe? Igual, saltándonos el tradicional


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cainismo español, nos ponemos a trabajar juntos, recuperamos ese seny y nos liberamos de los doctrinarios que siempre encuentran excusas para inventar enemigos y levantar fronteras entre vecinos, amigos y hermanos. Ojalá, señorías. Por nosotros, por Unión del Pueblo Navarro y por todas las personas que lo apoyan y a las que representamos, no va a quedar.

Termino, señora presidenta. Hoy y en el futuro nuestro voto será no a la fractura de España y sí a su unidad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Es difícil resumir en dos minutos lo que está ocurriendo en Cataluña pero lo voy a intentar.

En las últimas semanas el Estado ha mostrado cuál es su verdadera naturaleza, y es su obsesión por la unidad de España y el mantenimiento del régimen del 78, que se está derrumbando. Ha demostrado además estar dispuesto a actuar de cualquier manera contra Cataluña. En Euskal Herria hace tiempo que todo eso lo tenemos claro. Ante la reclamación de democracia y de derecho a ser sujeto de decisión, el Estado siempre responde igual, únicamente con chantaje, con miedo, con negación y con la fuerza bruta. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Se quita la careta de legalista e incluso, saltándose su propia legalidad, impone a Cataluña, primero, un estado de excepción de facto, seguido de la intervención de la autonomía financiera, para finalmente realizar el 1 de octubre una actuación policial desmedida y desproporcionada que podría repetirse en cualquier momento con el apoyo explícito del monarca. Y es que, al contrario de lo que algunos piensan, el problema no es quién ocupa hoy en día el Gobierno. Las cosas no habrían sido muy diferentes si en lugar de Rajoy el presidente hubiera sido Sánchez, y a lo que he escuchado hoy me remito. Las diferencias, lamentablemente, serían solamente formales, no serían de fondo. Y es que ambos defienden la unidad de España agarrándose a la ley que se aprobó con el objetivo último de negar tanto a Cataluña como a Euskal Herria el derecho a decidir su futuro. Esa es la realidad, el régimen se derrumba y solo caben dos opciones, apuntalarlo o abrir una verdadera vía a la democratización. Quien apuesta por esta última no tiene otra alternativa que apoyar el proceso catalán, esa es la única moción de censura válida contra el régimen del 78, esa es la única vía democrática posible.

La sociedad catalana ha hablado claro. Al resto nos toca tomar nota, respetar su decisión, aliarnos con ellos y ayudar a que se abra una verdadera vía de diálogo -con todo lo que esa palabra significa- con el objetivo de hacer cumplir con la voluntad demostrada en las urnas, como acaba de hacer el president, Carles Puigdemont, que ha dicho que se abre al diálogo para convertir a Cataluña en un Estado independiente en forma de república, declaración que ha hecho tendiendo la mano al diálogo. (Rumores). Ese es el verdadero diálogo que hace falta. Sí, señorías, ese es el diálogo. (Continúan los rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: La ciudadanía habla y los políticos cumplen lo que la ciudadanía dice. Sí, señores.

Arratsalde on.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias,

Por el Grupo Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban Bravo.

El señor ESTEBAN BRAVO: Señor Domènech, la verdad es que no puedo decirle que haya sido usted muy oportuno con la iniciativa. Habrán visto sus señorías que uno andaba con el pinganillo, y no es que estuviera oyendo el partido del Athletic, hoy no había partido de fútbol y no se me habría ocurrido ponerme a escuchar semejante cosa en el hemiciclo, pero en el mismo momento en que se producía este debate se estaba produciendo uno mucho más decisivo y mucho más importante en el Parlament de Catalunya, y sin el conocimiento del mismo y de cómo se vaya a desarrollar, es bastante difícil poder posicionarse aquí. No


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era yo el único, otras de sus señorías estaban haciendo lo mismo, incluso he visto a periodistas que estaban haciendo lo mismo. Por otra parte, no están los partidos nacionalistas catalanes en la Cámara y un debate en profundidad sobre el tema necesitaría de su presencia. Es más, mañana no es que solo vayamos a tener un control al Gobierno, es que vamos a tener el debate sobre este tema, porque viene el presidente del Gobierno. Y sinceramente, tener un pseudodebate para adelantar medias posiciones que incluso algunas pueden quedar matizadas al día siguiente creo que no tiene mucho sentido. Tampoco tenía mucho sentido hacer este debate hoy porque, en opinión de mi grupo parlamentario, hoy es un día para la distensión, debería ser un día para la distensión y debería ser un día para el diálogo. Creo que las cosas en la Cámara catalana también se han entendido así, al menos en lo que he podido escuchar del discurso del president, porque el mensaje principal ha sido una llamada al diálogo y hoy se va a producir una votación de declaración de independencia. No le corresponde al president de la Generalitat declarar la independencia, en todo caso sería al Parlament, y no hay una votación en la Cámara.

De lo que se ha hablado es de diálogo y de posibilidades de llegar a un acuerdo, pero conociendo cuál es la realidad social de una sociedad que se siente diferente. Por eso, sinceramente, y a pesar de que estamos básicamente de acuerdo con lo que dice en su escrito, creo que no es el día para forzar una votación ni para cargar contra el presidente del Gobierno. Si vamos a intentar que haya un diálogo, vamos a intentar entre todos que haya un clima propicio para ello.

¿Que no ha actuado de la manera que nosotros creemos que debería haber actuado el Gobierno? Sin duda. ¿Que ha habido una incapacidad para abrir vías de diálogo que en política son absolutamente necesarias? Sin duda, también lo suscribo. ¿Que debe impulsarse un espacio de diálogo entre todas las fuerzas políticas, entre los dos Gobiernos pero también entre todas las fuerzas políticas? Por supuesto que sí. ¿Que deberíamos evitar las actuaciones de excepcionalidad -algunas ya se han producido en materia hacendística-, las que se pudieran producir, que espero que no porque no se ha tomado ninguna decisión que pudiera servir de excusa a la otra parte para tomar medidas excepcionales? Pues también creo que se deberían evitar sobre la base de ese diálogo. Por tanto, estoy de acuerdo, pero creo sinceramente, señor Domènech, que hoy no es oportuno.

Y la claridad que se exigía por parte de algún otro portavoz, por parte del portavoz socialista, es cierto que es muy necesaria. A mí no se me suele acusar de andar con medias tintas, suelo hablar muy claramente, pero la posición y el escrito que han presentado como enmienda exige algo más de decisión y mojarse algo más. Hablan únicamente de la Comisión no permanente para la forma del modelo territorial. Nosotros ya dijimos, y creo que también se lo han dicho otros grupos en esta Cámara, que o se define de una manera más precisa y los objetivos quedan muy claros o hablar aquí del modelo territorial español no tiene ningún sentido; ni existe ese problema en otros lugares ni tiene ningún sentido crear una comisión para eso. Y, en segundo lugar, reiteran aquí y hacen un llamamiento para que se tenga la confianza en la legalidad constitucional y estatutaria. Después de la historia que ha habido respecto al recorte de la voluntad estatutaria de los catalanes por parte del Tribunal Constitucional y de distinguidos representantes del Partido Socialista también hablando de cepillados, de todo lo que ha sucedido una y otra vez en recortes, de negaciones, de falta de diálogo sobre el tema fiscal, etcétera, restituir esa confianza será difícil. Yo creo que no queda más remedio en política y en la vida que intentar abrir cauces de diálogo y crear senderos que generen esas confianzas, pero hacer un llamamiento simple y llanamente a la legalidad constitucional y estatutaria como si su sola mención trajera la tranquilidad a un número importantísimo de catalanes, creo que tampoco nos trae esa tranquilidad a muchos vascos. La experiencia de mi grupo es que una y otra vez y una semana tras otra tenemos que estar muy atentos a cuáles son las invasiones competenciales. Citan esa legalidad constitucional y estatutaria, pero en la práctica los hechos se demuestran andando y veremos qué es lo que puede dar de sí.

Insisto en que creo que es un día para intentar dar esperanza, para intentar abrir diálogos y para no romper cauces. Creo que desde las instituciones catalanas así se ha entendido y espero que también se entienda por esta Cámara.

Nada más y muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Girauta Vidal.

El señor GIRAUTA VIDAL: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, hablaba el señor Domènech de que vivimos un momento de especial intensidad emocional. Nada nuevo para nosotros, ¿verdad, señor Domènech?, que vivimos en una tierra


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donde el sentimentalismo es a diario la materia sobre la que se llega prácticamente hasta la pornografía y se sustituye el debate racional de forma sistemática por apelaciones a sentimientos y a hechos diferenciales, en el fondo de todos esos sentimientos, que yo quiero suponer que usted no comparte. Yo le tengo por una persona culta, y creo que debe usted saber, que seguro que lo sabe, que el nacionalismo es la ideología más reaccionaria de la historia contemporánea. Por eso, no entiendo que alguien como usted comulgue con algunas ruedas de molino. Supongo que me aceptará que soy tan catalán como usted ¿no? Me lo acepta ¿verdad? ¿Som igual de catalans usted y yo hoy? Sí. Sin embargo, su formación ha participado del gran engaño del nacionalismo catalán -entiendo que es un nacionalismo que ha tenido décadas para establecer su realidad paralela-, el gran engaño según el cual había una cosa que era el pueblo catalán, que era Cataluña, que Cataluña quería cosas como si fuera un solo sujeto, necesitaba cosas o era ultrajada o necesitaba un encaje. ¡Cataluña necesita un encaje! Mire, yo creo que son los nacionalistas catalanes los que necesitan un encaje en la Constitución española, se lo digo de verdad, y está por ver que encajen.

Hoy, que no están aquí los nacionalistas catalanes, por lo menos los declarados, porque están incumpliendo con sus obligaciones parlamentarias, motivo por el cual, por cierto, nosotros vamos a pedir que no se les pague (Aplausos), nos dejan al menos la ventaja de hablar con una mayoría de diputados que en sus planes y en sus ideas, que pueden ser muy distintas, piensan en el conjunto del pueblo español y no en su terruño ni en su aldea. ¿Quién ha sembrado el odio sistemáticamente en Cataluña desde los medios de comunicación públicos y subvencionados, desde la escuela? ¿Por qué ustedes no hacen nunca referencia al sitio de la Consejería de Economía, donde los policías, en las noches previas al 1 de octubre, fueron sitiados junto con representantes, con una secretaria judicial? ¿Por qué ustedes no hablan de los hijos de policías a los que se avergüenza en los colegios catalanes por su condición? (Aplausos). ¿Por qué ustedes compran lo de los ochocientos heridos? Yo entendería que ustedes lamentaran la represión policial, porque uno puede ser más o menos sensible y hay escenas que a todos nos pueden molestar, pero no compre usted una mentira del matrix nacionalista, porque hoy en día sabemos que Sanidad dio órdenes de incluir como heridos a personas que se habían estresado viendo la televisión en su casa! (Aplausos). No participe usted, que es una persona inteligente, de la distorsión perversa y permanente de la realidad que sufrimos en Cataluña, del unanimismo, de presentar a Cataluña como algo unánime, de presentar como una virtud que todos sus medios de comunicación elaboren un editorial único, que estén de acuerdo hasta en los puntos y las comas. ¿Qué sociedad es esa? ¿Qué pesadilla totalitaria es esa? (Aplausos.-Rumores). ¡No participe usted, que vale mucho más que eso, señor Doménech, de la lógica del amigo enemigo! ¿No ha visto usted el millón de personas que salió a la calle, la Cataluña silenciada que ha salido a la calle? ¿Por qué la señora Ada Calau no nos recuerda... (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben). ¿Qué pasa? ¿Algún problema? (Protestas.-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Un momento, señoría.

Señorías, les ruego respeto. He de velar por la buena imagen de la Cámara y de sus señorías, y les puedo decir que en la tarde de hoy y en estos últimos segundos alguno de ustedes se tiene que plantear su cambio de actitud, porque no se puede interrumpir al orador. Lo dice el Reglamento y creo que lo que estamos debatiendo es de la suficiente envergadura como para que no se hagan mofas ni burlas del que está hablando.

Continúe, señoría.

El señor GIRAUTA VIDAL: Es que disculpen, pero están dando un golpe de Estado en mi ciudad ¿saben? Entonces, a lo mejor me he excitado un poco más de la cuenta ¿no? (Aplausos).

Mire usted, la señora Ada Colau dice: "El milió d catalans q han omplerts els carrers d BCN mereixen ser escoltats" (Mostrando un tuit), y uno diría: ¡Caramba, habla de nosotros!, ¡por fin reconoce que debemos ser escuchados! No, no, eso se lo dijo a los de la Diada; a los del 8 de octubre no nos ha dicho nada. Para la alcaldesa de Barcelona no existimos. ¿Existimos para usted? (Pronuncia palabras en catalán).

¿Dónde está la alcaldesa de Barcelona? ¿Prevé votar en el referéndum, sí o no? Eso ya lo veremos. Bueno, puede votar que sí como el 9-N, cuando votó sí, sí -es decir, como una independentista-, o puede votar que no; pero también puede votar en blanco o nulo. Fíjese usted: "Ada Colau sugiere que el 1 de octubre votará en blanco o nulo". (Mostrando diferentes artículos de prensa). Puede votar cualquier cosa; en el fondo da igual lo que vote. No le gusta la declaración unilateral de independencia, pero


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tampoco le gusta el artículo 155. Es decir, pone al mismo nivel -como han hecho algunos otros aquí- un artículo de la Constitución, que te puede parecer idóneo o no, pero que en cualquier caso es irreprochablemente legal, con un golpe de Estado y la declaración unilateral de secesión de un Estado europeo. Ahora nos dice que estos resultados no pueden ser un aval para declarar la independencia. Da igual, yo ya no sé lo que dice Ada Colau, porque es un enigma envuelto en un misterio.

A mí me da igual que Ada Colau dude todos los días respecto a qué es y quién es; lo único que le pido es que, por favor, reconozca que el nacionalismo al que ustedes están haciendo el juego -porque no nos están reconociendo al millón de personas que hemos salido a la calle- ha sembrado la discordia, está provocando la ruina de Cataluña, la salida de sus bancos, de sus aseguradoras, de sus empresas. Por cierto, algunos de los que se escapan son de los que han estado alimentando a la bestia y ahora se han asustado a sí mismos y se escapan. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señor Girauta, tiene que terminar.

El señor GIRAUTA VIDAL: ¿Por qué no han explicado con claridad que la Cataluña independiente no cabe en Europa? ¿Por qué lo hemos tenido que defender tan solos, tan pocos, tan en solitario? Yo sé que ustedes -eso creo- no quieren la independencia de Cataluña de forma unilateral. Por lo menos yo sé lo que quiere usted, lo que quiere Ada Colau no lo sé, pero, ¿por qué asumen el marco mental, los esquemas mentales y el discurso de la gente más reaccionaria de Europa, del nacional populismo que quiere romper el proyecto europeo? ¿Por qué, señor Domènech? (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sánchez-Camacho.

La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Gracias, presidenta.

Señoras y señores diputados, subo aquí como diputada catalana y como diputada española, ante uno de los momentos más cruciales de la historia de la democracia contemporánea en estos cuarenta años. En estos momentos, señorías, se está perpetrando un golpe a la democracia en el Parlamento catalán, que representa a siete millones y medio de catalanes. (Aplausos). El señor Puigdemont acaba de anunciar que el referéndum justifica el aval a una república independiente, y acto seguido ha dicho que suspende esos efectos.

Yo no voy a formar parte de esa república independiente; yo voy a ser española, catalana y europea, y voy a estar en el Reino de España, que es el que quiero, el que defiendo y el que he defendido toda mi vida; ahí voy a estar yo. (Aplausos). Pero, señorías que están hoy aquí, eso lo hacen sobre la base de un referéndum que ha sido un pucherazo, un referéndum que no ha existido, un simulacro de referéndum en el cual se modificó el censo universal horas antes, en el cual las papeletas se traían de casa, en el cual las urnas eran opacas, en el cual había municipios en los que votaba más gente que la que estaba censada y en el cual incluso había gente que votaba treinta y siete veces.

Señor Domènech, ¿usted cree que puede legitimar ese referéndum, que es claramente ilegal e inconstitucional, para justificar el diálogo hoy aquí o para justificar la independencia? No, es imposible. Le diré más, señor Domènech, la junta electoral ha decidido que ese referéndum es inválido, pero ¿sabe quién ha firmado en un escrito los resultados que hoy se han llevado al Parlament? El señor Turull, el señor Junqueras y el señor Romeva. ¿Qué le parecería el resultado de unas elecciones que firma la vicepresidenta del Gobierno de España? ¿Creería que es partidario? ¿Creería que les defiende sus intereses? No, es claramente un fraude, una farsa y un pucherazo. Eso es lo que ha ocurrido en Cataluña. (Aplausos). Además, señor Domènech, en Cataluña algunos independentistas esperaban que esto fuera una independencia low cost, una independencia flower power, que aquí no fuera a pasar nada. ¿Sabe qué esta ocurriendo? Que se están yendo las empresas una detrás de otra, desde La Caixa hasta Cellnex, que se está yendo más del 50 % del PIB de Cataluña, que Cataluña va a ser insostenible, que se van a perder empleos, capacidad económica. Eso lo dijimos hace un montón de años.

Me viene aquí a hablar de diálogo y además a culpar al presidente del Gobierno. No le he escuchado ni una sola palabra sobre la irresponsabilidad, la injusticia que está provocando el señor Puigdemont dividiendo a Cataluña, dividiendo a España y queriendo romper la unidad de todos los españoles. No lo ha dicho en esta moción, ni una sola palabra. (Aplausos). Además, señor Domènech -se lo decía el señor Girauta y yo se lo repito-, clar i català: no sabemos dónde estaba la señora Colau. Un día estaba apoyando el referéndum... Por cierto, el referéndum de Maduro no lo quiso apoyar, el que sí era legítimo,


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el que sí hizo el Parlamento venezolano; a ese no le puso las facilidades que sí le ha puesto a este referéndum ilegal. ¿Y sabe además que la señora Colau no nos puso ni servicios ni autobuses ni adoptó ninguna medida para ayudar al millón de personas que fuimos a defender que somos catalanes, que somos españoles y que la mayoría silenciosa está en pie porque es más y tiene voz en Cataluña y en toda España? No nos ayudaron ustedes. (Aplausos).

Además, señoría, usted me habla de diálogo. ¿Sabe qué le voy a decir hoy aquí? Llevo en esto muchos años y hoy recuerdo que el 20 de diciembre Artur Mas inició este proceso en su investidura y fui yo la que votó en contra, fui yo la que le dijo que jamás permitiría una independencia ni ejercer el derecho a decidir, y hoy se lo vuelvo a decir aquí. ¿Dónde estaban ustedes todos esos años cuando yo día tras día en el Parlament de Catalunya defendía el diálogo, defendía que no nos llevaran a la independencia, defendía que no nos llevaran al precipicio, defendía que no nos llevaran al abismo? Ahora lo dice todo el mundo, entonces predicábamos en el desierto. ¿Sabe dónde estaban, señor Domènech? Muchos de los suyos haciendo escraches en la puerta de mi casa; muchos de los suyos haciendo escraches en las campañas electorales a las que acudíamos; muchos de los suyos impidiendo que pudiéramos defender la democracia. (Aplausos). Además, le voy a decir, señor Domènech, que nosotros no vamos a permitir nunca un diálogo con golpistas, no vamos a permitir que ustedes equiparen a los golpistas que están rompiendo España con el Gobierno legítimo de Mariano Rajoy que apoyan ocho millones de españoles. No se lo vamos a permitir. (Aplausos).

Nosotros estamos dispuestos a hablar en la Comisión de Política Territorial. Pero ¿para qué? ¿Para seguir cediendo ante los que han actuado de manera desleal, para seguir cediendo ante todos aquellos a los que se les han dado muchas competencias y han actuado en contra de la lealtad y de la unidad de España? Hablaremos, pero hablaremos de la modernización del Estado de las autonomías y hablaremos de que los que han actuado deslealmente ni puedan quedar impunes políticamente ni puedan quedar impunes judicialmente ni puedan quedar impunes de ningún otro modo. Esto no puede salir gratis, señor Puigdemont. Esto no puede salir gratis, señor Domènech, en absoluto. (Aplausos).

Le voy a decir otra cosa. ¿Sabe usted qué escondía la revolución de las sonrisas, la revolución del proceso pacífico y democrático? Escondía la escuela del odio, del sectarismo, de la exclusión, de la división de los que no pensábamos como ellos. Eso lo he sufrido yo durante muchos años. ¿Dónde estaban ustedes para defender nuestros derechos fundamentales? ¿Dónde estaban ustedes, señorías? Porque solo defienden a los de una parte. Y le voy a decir otra cosa para que la recuerde. Soy catalana y soy doblemente española, pero no voy a permitir que en los colegios de mi tierra se esté fomentando el odio, se esté fomentando la división, se les esté diciendo a los niños que la Guardia Civil y la Policía Nacional estaban atacando y matando a gente porque es falso, porque es mentira y porque es abyecto lo que está ocurriendo. (Aplausos).

Pero le voy a decir más. Las consecuencias de las que usted habla son bien recibidas por el Gobierno de España, porque yo ya en 2012, señor Domènech -no sé dónde estaban ustedes-, estaba pidiendo al Consell de Garanties Estatutàries que los 5 millones de euros que estaban guardando para el referéndum del 9N no se utilizaran porque era ilegal, porque no estaba en la legislación española y porque no tenían competencias. Le voy a decir otra cosa. No quiero que con mis impuestos se pague TV3, la propaganda del odio, de la separación, de la hispanofobia contra España. No quiero que se paguen con mis impuestos el Diplocat y las mentiras a las embajadas internacionales. No estoy dispuesta, y sí lo estoy a apoyar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de mi país, de España, porque ellos son la garantía de nuestros derechos y nuestras libertades. Ellos son los que de verdad están luchando por una democracia libre en Cataluña, no por lo que ustedes están haciendo. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Señoría, finalizo.

Aquí algunos hablan de la alquimia de las palabras del diálogo, y las palabras del diálogo llevan mucho más detrás, muchísimo más. Aquí hablan de la alquimia del derecho a decidir. Las cosas no son tan fáciles, porque ellos no han querido nunca dialogar. Ellos tenían el diálogo falso y envenenado, el diálogo de la imposición, del referéndum sí o sí, y ahora ¿sabe para qué piden esta suspensión de seis meses? No para solucionar la cosa para todos los españoles, no. Lo piden para que consigamos darles la independencia de Cataluña, y no se la vamos a dar, porque si alguien va a garantizar aquí la unidad, la defensa de todos los españoles y la igualdad y las libertades que no existen en mi tierra va a ser mi partido, porque además de ser catalana y española soy miembro del partido que da apoyo al Gobierno,


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que es el único que está teniendo sentido de Estado para garantizar los derechos, las libertades y la pluralidad de la sociedad catalana.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Pregunto al señor Domènech si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor DOMÈNECH SAMPERE: En aras del diálogo y de lo que ha sucedido ahora mismo en el Parlament de Catalunya, que no ha habido una declaración unilateral de independencia, retiro la moción.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señorías, en tres minutos comenzará la votación. (Pausa).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):

- DEL PARLAMENTO VASCO, DE CREACIÓN DE UN FONDO DE COMPENSACIÓN PARA LAS VÍCTIMAS DEL AMIANTO. (Número de expediente 125/000009).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos las votaciones. Votamos, en primer lugar, la proposición de ley del Parlamento vasco de creación de un fondo de compensación para las víctimas del amianto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320 más 3 votos telemáticos, 323; a favor, 193 más 3 votos telemáticos, 196; abstenciones, 127.

La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración la proposición de ley. (Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000020).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) orgánica de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319 más 3 votos telemáticos, 322; a favor, 159 más 3 votos telemáticos, 162; en contra, 129; abstenciones, 31.

La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA SORLÍ), SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/2004, DE 21 DE DICIEMBRE, DE HORARIOS COMERCIALES. (Número de expediente 162/000110).

La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora a votar el texto de las proposiciones no de ley según lo acordado en el curso del debate.

Comenzamos votando la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señora Sorlí, sobre la modificación de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales. La vamos a votar en los términos de la incorporación de las enmiendas de los grupos parlamentarios Socialista y Mixto (señora Sorlí).

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 77; en contra, 160; abstenciones, 82.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL IMPULSO Y DESARROLLO DEL VEHÍCULO AUTÓNOMO. (Número de expediente 162/000451).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre el impulso y desarrollo del vehículo autónomo. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Popular, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, señor Martínez Oblanca.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 317; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE REUBICACIÓN Y REASENTAMIENTO DE PERSONAS REFUGIADAS CONFORME A LAS DECISIONES ADOPTADAS POR LA UNIÓN EUROPEA EN 2015. (Número de expediente 000046).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con las votaciones correspondientes a las mociones consecuencia de interpelaciones.

Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre el cumplimiento de los compromisos de reubicación y reasentamiento de personas refugiadas conforme a las decisiones adoptadas por la Unión Europea en 2015. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 190; en contra, 127; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES BALDOVÍ, CANDELA Y BATALLER Y SEÑORA SORLÍ), SOBRE EL ABUSO REALIZADO POR EL GOBIERNO DE LOS RECURSOS DE INCONSTITUCIONALIDAD A LEYES AUTONÓMICAS Y LA SUSPENSIÓN AUTOMÁTICA DE DISPOSICIONES Y NORMAS AUTONÓMICAS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 161.2 DE LA CONSTITUCIÓN. (Número de expediente 173/000047).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señores Baldoví, Candela y Bataller y señora Sorlí, sobre al abuso realizado por el Gobierno de los recursos de inconstitucionalidad a leyes autonómicas y la suspensión automática de disposiciones y normas autonómicas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución. La vamos a votar en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320, a favor, 157; en contra, 161; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Eran las ocho y treinta minutos de la noche.

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