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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 65, de 27/06/2017
cve: DSCD-12-PL-65
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 65
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 63
celebrada el martes,
27 de junio de 2017


Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para promover y facilitar la donación de alimentos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 136-1, de 23 de junio de 2017. (Número de expediente 122/000106) ... (Página4)

- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos (Orgánica). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 115-1, de 7 de abril de 2017. (Número de expediente 122/000092) ... (Página13)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la seguridad vial y jurídica de los ciclistas en nuestras carreteras. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 170, de 9 de junio de 2017. (Número de expediente 162/000423) ... (Página24)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Alli y señor Salvador), relativa al impulso de la red de alta velocidad en la Comunidad Foral de Navarra, la segunda fase del canal de Navarra y los tramos pendientes de la autovía de Navarra A-15, infraestructuras estratégicas y esenciales para el desarrollo de la Comunidad Foral. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 156, de 19 de mayo de 2017. (Número de expediente 162/000416) ... (Página33)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir el ministro de Hacienda y Función Pública como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula su amnistía fiscal. (Número de expediente 173/000036) ... (Página40)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto. (Número de expediente 173/000037) ... (Página48)


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- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la negativa del Gobierno a equiparar de manera igualitaria e intransferible los permisos de paternidad y maternidad. (Número de expediente 173/000038) ... (Página55)

SUMARIO

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para promover y facilitar la donación de alimentos ... (Página4)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora González Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Baldoví Roda, y la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Garaulet Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; así como las señoras Belarra Urtega, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Tundidor Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista.

Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos (Orgánica) ... (Página13)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Bataller i Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; así como las señoras Hernanz Costa, del Grupo Parlamentario Socialista, y Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Intervienen el señor Baldoví Roda y la señora Moro Almaraz.

Proposiciones no de ley ... (Página24)

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la seguridad vial y jurídica de los ciclistas en nuestras carreteras ... (Página24)

Defiende la proposición no de ley la señora Rivera Andrés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición el señor Baldoví Roda, del mismo grupo; y los señores Luis Bail, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Bellido Acevedo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Gamazo Micó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Rivera Andrés.

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Alli y señor Salvador), relativa al impulso de la Red de Alta Velocidad en la Comunidad Foral de Navarra, la Segunda Fase del Canal de Navarra y los tramos pendientes de la Autovía de Navarra A-15, infraestructuras estratégicas y esenciales para el desarrollo de la Comunidad Foral ... (Página33)

Defiende la proposición no de ley el señor Alli Martínez, del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Navarro Fernández-Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Fernández Díaz, don Jesús María, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Posada Moreno, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Alli Martínez.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página40)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir el Ministro de Hacienda y Función Pública como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula su amnistía fiscal ... (Página40)

Defiende la moción el señor López Milla, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, y los señores Candela Serna y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; los señores Ten Oliver, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto ... (Página48)

Defiende la moción el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

En defensa de la enmienda presentada tiene la palabra el señor Elorza González, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Monereo Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos


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Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Martínez Váquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la negativa del Gobierno a equiparar de manera igualitaria e intransferible los permisos de paternidad y maternidad ... (Página55)

Defiende la moción la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de la enmiendas presentadas y, en su caso, fijación de posición, intervienen el señor Matute García de Jalón, y las señoras Sorlí Fresquet y Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; así como las señoras Guinart Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista, y España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Fernández Castañón.

Se suspende la sesión a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA PROMOVER Y FACILITAR LA DONACIÓN DE ALIMENTOS. (Número de expediente 122/000106).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos la sesión con el punto relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley; en concreto, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, para promover y facilitar la donación de alimentos. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora González Vázquez.

La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Buenas tardes, presidenta.

Señorías, en su libro de 2009 sobre el despilfarro, Waste: Incovering the Global Food Scandal, el investigador británico Tristram Stuart nos muestra una imagen gráfica y creo que verdaderamente impactante de nuestro modelo de vida. El cubo de basura de cualquier vivienda occidental contiene la misma cantidad de comida que la nevera de esa misma casa. En España una gran parte de la población de cincuenta años o más ha sido educada en los valores de la austeridad y el ahorro en su relación con la comida y otros bienes de consumo, debido a las privaciones de la posguerra y a una relación cuasi religiosa con los alimentos. Por ello, mucha gente sigue manteniendo como una viva creencia la idea de que desperdiciar comida no es correcto bajo ningún punto de vista; es antieconómico, es medioambientalmente nocivo e incluso es una falta de respeto y una actitud insolidaria hacia quienes sufren privaciones alimenticias.

A pesar de estos antecedentes, España se incorpora con gran rapidez a la enfermedad global del desperdicio alimentario; 1300 millones de toneladas de alimentos anualmente, un tercio de la producción mundial, de los cuales 7,7 millones de toneladas son producidas en España. Dicho más gráficamente, los alimentos desperdiciados ocuparían el 30 % de la superficie agraria del planeta y para su producción serían necesarios 250 kilómetros cúbicos de agua, 75 veces el consumo registrado de agua en España en 2011. El desperdicio alimentario genera una huella de carbono de 3300 millones de toneladas de CO2,


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por lo que se convertiría en el hipotético tercer productor mundial de gases de efecto invernadero. Todo ello mientras el 12 % de la población mundial, 795 millones de personas, sufren subalimentación o hambre crónica. Estos son datos verdaderamente alarmantes de los que ya se ha ocupado esta Cámara en varias iniciativas diferentes y que han supuesto la toma de decisiones, por parte de las organizaciones internacionales, como Naciones Unidas o las administraciones europea o española. El objetivo 12.3 de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas se propone reducir en 2030 a la mitad el desperdicio de alimentos por habitante, correspondiente a la venta al por menor y el consumidor final, y reducir la pérdida de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro.

El Parlamento Europeo, en 2012, instó a los Estados miembros a abordar urgentemente el problema de las pérdidas y el desperdicio de alimentos a lo largo de la cadena de suministro y consumo. El Ministerio de Agricultura del Gobierno de España por su parte elaboró la estrategia Más alimento, menos desperdicio, con el objetivo de reducir las pérdidas y el desperdicio y valorización de los alimentos desechados. El año 2014 fue el Año europeo contra el desperdicio alimentario.

Señorías, el desperdicio de alimentos es una cuestión muy compleja que tiene relación con la sostenibilidad de la cadena alimentaria y con la seguridad alimentaria en todas sus dimensiones, desde la producción de los alimentos en el campo hasta las industrias de transformación, la fase de distribución, los comedores escolares, los restaurantes o nuestros propios domicilios. Las causas no son siempre las mismas, varían según el tipo de productos, su producción, su almacenamiento, transporte, envasado y, por último, su correcto o incorrecto consumo.

Durante los años más duros de la crisis económica que acabamos de vivir la toma de conciencia sobre la falta de ética del desperdicio alimentario ha sido general. En toda Europa se ha producido un cambio en el estado de opinión en torno al derroche y al desperdicio, ya no solo de alimentos sino de cualquier otro producto. Se ha generalizado la rebaja de precios en las cadenas de alimentación de aquellos alimentos próximos a su fecha de caducidad que se venden, por ejemplo, en lineales separados con un importante descuento. Cada vez es más frecuente que se solicite aquella comida sobrante en el restaurante que se ha pedido pero no se ha consumido para llevársela a casa y comerla en otro momento; se reciclan más y mejores productos en el caso doméstico como, por ejemplo, el aceite; al mismo tiempo ha aumentado la información existente en la ciudadanía sobre cuestiones como la diferencia entre la fecha de caducidad de un producto y la fecha de consumo preferente, una vinculada a la inocuidad de un alimento generalmente muy perecedero y otra a la calidad de un producto duradero. Frente al modelo de economía lineal -extracción, producción, uso y desecho-, el paquete de economía circular de la Comisión Europea propone extraer, producir, usar, reutilizar y reciclar nuestros recursos. Es un enfoque distinto en el que las materias primas, al igual que en la naturaleza, se encuentran dentro de un círculo en un proceso continuo en el que debemos extraer de ellas el máximo provecho sin perjuicio ni de la salud humana ni del medio ambiente.

A esa toma de conciencia y cambio de actitud sobre los recursos en general y los alimentos en particular, responde esta proposición de ley que hoy el Grupo Parlamentario Popular presenta para su consideración. Se trata de dar un paso más, uno posiblemente pequeño pero uno más, en ese camino hacia la paulatina eliminación del desperdicio de alimentos. Planteamos incentivar la donación de alimentos frente al descarte o el desecho, canalizando el mayor porcentaje posible de esos millones de toneladas que cada año se desperdician en nuestro país hacia los bancos de alimentos a cuyos representantes, presentes hoy aquí, quiero saludar especialmente y también a las organizaciones no gubernamentales. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues existen aún barreras legales a la donación de los alimentos asociadas a los riesgos ante la responsabilidad civil por los alimentos donados y la propuesta que planteamos es la que se denomina habitualmente de El Buen Samaritano, planteada en Italia con gran éxito, donde consiguió que se multiplicasen las donaciones de alimentos por doce en diez años.

Para ello, la proposición de ley plantea realizar un cambio pequeño, como decía, pero sustancial, en la Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición: cambiar la consideración de las entidades sin fines lucrativos a consumidores finales con respecto a los donantes de alimentos, manteniendo, sin embargo, las obligaciones como operadores alimentarios respecto a sus beneficiarios. Productores de alimentos y minoristas están dispuestos a donar sus excedentes en mayor medida de lo que lo hacen ahora mismo debido a esos obstáculos jurídicos: la responsabilidad civil por los alimentos donados que hoy planteamos modificar. Se creará así una mayor seguridad jurídica que redundará en una mayor facilidad a la hora de las donaciones que se producen ya -tenemos que decirlo- de manera fluida pero que esperamos se


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incrementen sustancialmente, al igual que ha ocurrido en Italia. La modificación legislativa busca limitar la responsabilidad de los donantes de alimentos de buena fe.

Esta iniciativa no se queda sola en nuestra voluntad de transformar el marco jurídico para apoyar la donación de alimentos frente a su descarte. Al mismo tiempo hemos registrado una proposición no de ley para su debate en la Comisión de Hacienda para instar al Gobierno español a que pida ante las instituciones europeas la modificación de la directiva relativa al sistema común del IVA para eximir a las entregas de bienes o alimentos a las ONG cuando estos vayan destinados a ser consumidos dentro de la propia Unión Europea. La directiva contempla ya la exención del IVA si los productos se van fuera de la Unión en el marco de actividades solidarias, pero no si esta donación se produce en el marco de la propia Unión. Con la aprobación de estas dos propuestas, la que se vota hoy y la que se llevará próximamente a la Comisión de Hacienda, el Grupo Parlamentario Popular, junto con el resto de grupos de esta Cámara, si se suman, como deseamos, a esta propuesta, quiere dar una pequeña respuesta, eso sí, pero una respuesta solidaria, inteligente y responsable al problema de los límites a las donaciones de alimentos.

Muchas gracias a la Asociación Empresarial de Marcas de Restauración y a la Federación de Bancos de Alimentos por su colaboración en la elaboración de esta iniciativa y a mis compañeros Carlos Floriano y María Jesús Bonilla por su tramitación.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Buenas tardes, señorías. Foro está a favor de la toma en consideración de una modificación de la ley para promover y facilitar la donación de alimentos. Si bien los datos acreditan que en España se está creando empleo y que hay motivos para perseverar en las políticas de crecimiento económico para que alcancen al mayor número de familias, la realidad es que los denominados bancos de alimentos se han multiplicado en los últimos diez años ante la necesidad de asistencia alimentaria, de ropa y de productos básicos para la vida. En los últimos años ha sido creciente el número de comedores sociales en España para tratar de paliar la necesidad de alimentación de las personas que se han visto castigadas por la crisis iniciada en 2007, que arrastró paulatinamente a nuestro país a perder tres millones y medio de puestos de trabajo, aunque el señor Rodríguez Zapatero se presentó en 2008 a las elecciones generales bajo el eslogan: "Por el pleno empleo". Hoy la situación se está invirtiendo y en España se crea empleo, por lo que muchas familias están saliendo de la precariedad vital, comenzando por la alimentaria.

En todo caso, hay que constatar que la crisis ha permitido comprobar la solidaridad de los españoles. Baste recordar la existencia de la Federación Española de Bancos de Alimentos, que aglutina más de medio centenar de bancos, con al menos uno en cada provincia, que son atendidos por más de dos mil voluntarios, federación, por cierto, distinguida en 2012 con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia, por el que se reconoció también la contribución de todas las entidades, instituciones y personas que colaboran en esta extraordinaria labor solidaria.

Con esta proposición de ley se incrementa la seguridad jurídica y se evita el desperdicio de alimentos tomando como modelo el de la denominada Ley del Buen Samaritano, que recordaba la portavoz del Grupo Popular que se está aplicando en países como Italia, México o Estados Unidos, entre otros. Con esta modificación legislativa se limita la responsabilidad civil de los donantes de alimentos, evitando que si una persona se intoxica o tiene algún problema derivado por la ingesta de alguna donación alimentaria con algún alimento donado de buena fe, el donante se vea perjudicado legalmente.

El voto de Foro, señora presidenta, será favorable a esta toma en consideración.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Tiene un poco de narices que el Partido Popular traiga hoy una proposición de ley cuando podría haber traído un real decreto e iríamos mucho más aprisa. En la pasada legislatura, cuando tenían mayoría absoluta, promulgaron 244 leyes y de ellas 75 fue mediante decretos-ley. Yo creo que este es un tema en


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el que se justifica aquello que dice la Constitución, que es un caso extraordinario y de urgente necesidad, diciendo ya de antemano que se la vamos a aprobar. Pero podría ir mucho más aprisa si en lugar de presentar una proposición de ley hubieran traído un decreto-ley porque sería mucho más rápido.

Fíjese, en el año 2012, nosotros ya hicimos una interpelación al ministro de Agricultura, señor Arias Cañete, justamente por la destrucción de alimentos para que se prohibiera y en septiembre de 2016 volvimos a presentar otra contra el desperdicio de alimentos. Por tanto, como es un tema urgente y se tiene que legislar, vamos a votar a favor y por eso no entendemos que se presente una proposición de ley y no un decreto-ley. Además, creemos que en ese decreto-ley, si se hiciera, hay mucho recorrido, campañas de sensibilización, incentivación de mercados locales y cadenas de distribución cortas, incorporación de medidas coercitivas para aquellos que destruyen alimentos y para crear un foro permanente que prevea medidas innovadoras justamente en este tema. Por último, un tema ahora que se discuten también los contratos del Estado, para que en los servicios de restauración colectiva se pudiera primar a aquellos que garantizaran la redistribución gratuita de alimentos o que promuevieran acciones contra el desperdicio.

Vamos a votarla a favor, pero piénsenlo, un decreto-ley también se lo votaríamos a favor.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, presidenta.

Bona tarda, diputats i diputades.

Podría dedicar estos dos minutos y medio que tengo a cantar todas las cifras y todos los datos de todos los informes que tenemos encima de la mesa sobre el estado de la pobreza en España, sobre el riesgo de exclusión social, sobre las cifras de desperdicio de alimentos en la Unión Europea, sobre el informe especial del Tribunal de Cuentas Europeo, sobre la Agència de Residus de Cataluña o sobre la ley francesa que prohíbe a los supermercados desperdiciar comida, pero todos aquí tenemos estas cifras, estos datos y todos estos informes. De hecho, casi todos los grupos hemos presentado iniciativas al respecto. Así que utilizaré estos segundos que me quedan para instarles a que nos pongamos de acuerdo todos y a ser útiles porque podemos esperar a que alguien nos haga el trabajo, podemos esperar a que llegue aquella ley de aquella Comisión Europea y aplicarla o bien podemos utilizar esta Cámara para hacer algo más que campañas partidistas, hacer algo más que escaparates televisivos y hacer algo más que convertirla en un almacén de muchas PNL.

Hoy les invito a hacer con esta proposición de ley un trabajo que esté a la altura del tejido social, un tejido social que cada día nos da lecciones sobre coordinación y eficiencia cuando nosotros aquí tenemos las herramientas necesarias para dotar a esta coordinación y a esta eficiencia de un marco legal de nivel. Hagámoslo y hagámoslo sin mirarnos de reojo porque creo que en temas como este deberíamos, podríamos y tendríamos que ponernos todos de acuerdo. Así que seamos parte de este tejido y no parte del problema y para ello debemos priorizar, solucionar el problema y hacer campaña. Es evidente que todos tenemos vías distintas para alcanzar una solución a cada problema, pero debemos ser capaces de poder proponer, negociar, pactar y generar consenso, aunque para ello todos tengamos que renunciar a alguna de nuestras fórmulas propias.

Termino. Esta propuesta del Grupo Popular nos parece insuficiente, pero aquí está y significa un pasito más. Insisto, no es todo lo ambiciosa que nosotros creemos que podría ser y para estar al nivel que la sociedad nos reclama debemos pulir mucho y entre todos esta proposición. Así que ya les avanzo que nuestro grupo va a presentar enmiendas para intentar hacer de esta proposición la mejor versión de ella misma y lo vamos a hacer sin duda al lado del tejido social al que me refería al principio. Votaremos a favor.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, arratsalde on, buenas tardes.

El Partido Popular nos presenta hoy una proposición de ley para promover y facilitar la donación de alimentos. Esta proposición de ley plantea la introducción de una nueva disposición adicional en la


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Ley 17/2011, de Seguridad Alimentaria y Nutrición, una sencilla disposición adicional con el objetivo de que las entidades sociales que se encargan de la distribución solidaria de alimentos tengan la consideración de consumidor final respecto a los donantes, pero manteniendo sus obligaciones como operadores de cara a los beneficiarios finales. De acuerdo, es lógico que todas las partes estén jurídicamente protegidas y que las responsabilidades que se deriven de su actividad estén blindadas y garantizadas. Sin duda alguna, nos parece una medida correctora y necesaria.

En cualquier caso, me permitirán que a raíz de esta cuestión considere que, tras esta propuesta, se dé pie a abrir uno o dos debates: uno, el despilfarro y desperdicio de alimentos y, dos, la donación de alimentos para personas que los necesitan. Creo que son dos debates diferentes que hemos anexionado como si tuvieran una misma causa y que el defecto de juntarlos puede resultar preocupante como mínimo. Por una parte, qué hacemos para que no se despilfarre la comida, y por otra, qué políticas debemos seguir para que la gente que tiene problemas para adquirir incluso su comida pueda hacerlo.

Podemos sacar una consecuencia lógica según la cual la comida que sobra automáticamente sea enviada y distribuida a los que la necesitan, pero esta respondería a una actitud basada en una absoluta dependencia y en criterios que no se pueden concebir o aceptar como base de un Estado social y de unas políticas de protección social por parte de la Administración. Evidentemente, deben existir actividades complementarias que muestren lo mejor del ser humano, como la capacidad de solidaridad del ser humano, de ayudar al necesitado, pero eso nunca debe ser sustituto de las obligaciones de la Administración y que en el caso de Euskadi se cumplen de verdad. Complementario, sí; sustituto, no. Dicho esto, quiero señalar que el texto que presenta el Partido Popular huele a naftalina y recoge un modo de pensar no muy acorde a los tiempos. Hoy en día en una proposición de ley no se pueden usar términos como organizaciones caritativas o auxilio social. Creo que estamos en una situación mucho más avanzada que como para utilizar esos términos.

Sin duda alguna, la solidaridad es un diamante que tenemos los seres humanos y lo utilizamos conforme a nuestro compromiso, a nuestras creencias, a nuestra educación, a nuestros objetivos, a nuestra concepción de la vida. Incluso hay actos de solidaridad que la Administración nunca va a poder hacer y que además nunca debe hacer, pero una sociedad con un tejido social arraigado y una Administración comprometida -con unas bases sociales fijadas- no pueden basar su política social en la voluntad o la solidaridad individual. Debe tener una garantía que funcione independientemente de las voluntades individuales e incluso colectivas que puedan existir. En Euskadi así lo hemos hecho, y entidades sociales, las ONG, organismos y agentes que trabajan en el campo de lo social -el llamado tercer sector-, en cooperación con la Administración, han establecido un sistema que además de ser ejemplo hace que las bases de las personas que necesitan atención especial -incluida la comida- estén garantizadas, así como establecidos los mecanismos necesarios.

La situación de exclusión es seguramente la más grave que puede padecer una persona: perder el empleo, la consecuencia de no tener recursos, tener que recurrir a asociaciones que le proporcionen incluso la comida. En este sentido, ha de preservarse sin duda alguna -y eso la gente del banco de alimentos lo sabe- la dignidad humana, porque cuando estamos acometiendo un acto de estas características lo primero que tenemos que tener en cuenta es que enfrente tenemos a un ser humano con unas necesidades. Pues bien, todo lo anterior no es contradictorio con decir que la labor de los bancos de alimentos es loable, admirable e incluso necesaria. En la Diputación de Guipúzcoa el año pasado recibieron el Premio al Voluntariado por el trabajo que ejercitan.

Deberíamos discernir entre dos debates diferentes, e incluso entre el tercero al que he hecho referencia. ¿Nos podemos permitir como sociedad despilfarrar comida? ¿Podemos permitir que en casa nos sobre comida y tirarla? Es más, nuestro acto voluntario de donar esa comida, tanto la que nos pueda sobrar como la que compremos expresamente para donar, no puede estar nunca reñido con las obligaciones que la Administración, sea cual fuere la competente en cada momento, debe tener para que la garantía, la dignidad de la vida de todos los ciudadanos esté garantizada -valga la redundancia- y no tenga que padecer ciertas penurias.

Acabo con esta frase. No hay que dar porque sobra, hay que dar porque lo necesita. No hagamos que sea una consecuencia: Como nos sobra, lo damos. Aunque no nos sobrara, habría que dar al que lo necesita, pero lo tendríamos que garantizar por medio de leyes y de acciones de la Administración.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana el señor Olòriz Serra.


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El señor OLÒRIZ SERRA: Bona tarda, diputats i diputades, senyora presidenta.

Proposición de ley para facilitar la donación de alimentos. Bien, pero ¿por qué han tardado tanto en traer una propuesta como esta? En todos los años de mayoría absoluta del Partido Popular y de crecimiento exponencial de la pobreza no han propuesto nada parecido. ¿Por qué? Los grupos hemos presentado -se han aprobado en Comisión- cosas parecidas hace meses y el Gobierno no ha hecho nada. ¿Por qué? ¿A la espera de que ustedes presentasen una proposición de ley en el Pleno? ¿O es que este Gobierno ha tenido y tiene otras prioridades, como esconder la corrupción e impedir la democracia en Cataluña?

Por eso no se explica que, puestos a hacer algo, ya que han tardado tanto, ahora se queden a medias después de tanto tiempo. La propuesta, que nos parece necesaria, no es suficiente, porque el problema es la pobreza y una de las consecuencias más duras de la pobreza es el hambre y la mala alimentación. No es un problema de caridad, de auxilio social o de beneficencia para acallar la mala conciencia; se necesitan políticas sociales porque la responsabilidad no se delega, y esta es de las administraciones. Entre las políticas sociales, está la distribución de alimentos como una política de emergencia, extraordinaria, hasta que otras políticas no tengan efecto en una familia para que esta pueda ser autónoma. Para ello hacen falta medios y no hacerlo de cualquier manera.

Hablemos de los bancos de alimentos. Una de sus demandas es que no tengan que abonar IVA para comprar alimentos. Se nos dijo que no se podía exentar de IVA a nadie y que era política europea. Es cierto, pero el IVA que se gasten en alimentos lo pueden abonar a posteriori. ¿Qué es la dignidad para dar alimentos, dar lo que se tiene? Tenemos arroz, tenemos pasta de sopa, tenemos leche descremada. No, no, se ha de dar aquello que las familias necesitan en todo momento y muchas veces en los bancos de alimentos, en las entidades sociales, no hay lo que se necesita, sino que se ha de comprar y luego tienen que pagar el IVA. ¿Cómo se entiende? Que lo paguen, de acuerdo, pero que se les abone. Esta PNL se aprobó hace meses en la Comisión de Sanidad y está en el limbo de las PNL, no sabemos nada. Preocúpense por el tema y háganlo de manera global. A los bancos de alimentos se les ayuda de muchas maneras y sobre todo en aquello que necesiten -no en lo que ustedes necesiten- en cualquier momento. Solo hace falta voluntad política. Hacen falta alimentos pero también hace falta que se den en espacios dignos y que dichos alimentos no sean tan solo -como decía antes- lo que se tenga en cada momento sino que cubran verdaderamente las necesidades reales de las familias. Y hay buenas prácticas no solo en Euskadi, que siempre nos hacen un publirreportaje para pasarnos por las narices lo bien que lo hacen, y es que lo hacen bien. Los demás, a lo mejor, lo podríamos hacer igual de bien con una mejor financiación; pero esto para nosotros ya es una página pasada, vamos a otra cosa.

Hay CDA, centros de distribución de alimentos, en diferentes provincias, como en la mía, en Girona. Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos, ayuntamientos, diputación y Generalitat se ponen de acuerdo en asegurar centros de distribución dignos, donde los usuarios y usuarias van a hacer la compra, siempre con una base de dades única, dada a través de los servicios sociales, por la que se sabe quién tiene necesidad, cuándo la tiene y qué asociación o entidad le da solución a su problema de momento. Por esto hemos de ir a políticas sociales de verdad, integrales, y no a viejas historias de viejos problemas de viejos partidos. En el siglo XXI no podemos ser prisioneros de la beneficencia del siglo XIX. Dignidad y república. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Garaulet Rodríguez.

El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, efectivamente, no hace falta dar las cifras porque todos las tenemos, pero hace falta recordar un poquito en qué situación estamos ahora mismo. Uno de cada cinco españoles está en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social y eso hay que decirlo; la pobreza infantil ha aumentado, se tienen que mantener los comedores escolares durante el verano para que los niños puedan comer tres veces al día; 2,2 millones de españoles sobreviven gracias a los comedores sociales, 2,2 millones; 7,7 millones de toneladas de alimentos tiramos a la basura, 7,7 millones de toneladas. Los colaboradores de los bancos de alimentos -que están aquí con nosotros-siempre están recibiendo productos no perecederos, que son los que les donan no solamente las entidades sino también todos los ciudadanos que, de una forma solidaria, ceden alimentos, pero necesitan más cosas: necesitan proteínas, necesitan verdura, necesitan fruta, necesitan leche, porque a las personas a las que se les ceden los alimentos hay que darles un menú completo, un menú adecuado. Además, como ellos bien dicen, trabajan voluntariamente y con falta de recursos, en algunos momentos tienen que hacer


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esfuerzos titánicos para poder sacarlo hacia delante, y aunque esto se les reconoce con premios, hay que darles recursos. Esta problemática en los últimos años ha adquirido importancia no solamente en el ámbito social sino también en el económico y en el medioambiental, porque 7,5 millones de toneladas de residuos son muchas toneladas de residuos sólidos.

Llevamos ya dos semanas en que el PP nos está trayendo proposiciones de ley que, sinceramente, están también pero son limitadas, poco trabajadas y sobre todo con poco diálogo, con muy poco diálogo con los grupos parlamentarios, con cero diálogo con los grupos parlamentarios. Lo que hacen es poner un parche a un problema pero no lo solucionan. Usted mismo lo ha dicho, que es un primer pasito. Bueno, pues vamos a dar un buen paso, vamos a hacer una ley en condiciones. Prácticamente todos estamos por la labor; hagamos una ley que funcione y que solucione el problema del desperdicio y de los residuos que generan los desperdicios. Nos trae una copia. Traer esto en junio entiendo que es actuar como el mal estudiante, ese que en junio empieza a estudiar y piensa: me estudio dos temas a ver si con esto apruebo. Pues así mal va, hay que hacer un trabajo continuo, hay que estudiar más legislación, hay que estudiar los casos de éxito, como ha sucedido también en Francia, e implementar medidas que traeremos en el periodo de enmiendas para poder hacer una ley en condiciones.

En cuanto a limitar la responsabilidad de las donantes, es una medida para poder agilizar e incrementar las donaciones, pero es importante que, gracias a esta ley, se permita también incrementar a los bancos de alimentos sus fuentes de suministro, incorporando restauración, hoteles, colegios, hospitales, etcétera. Además, gracias a Dios, se les podrá dar productos frescos, es decir, se podrá dar el aporte básico y necesario para el equilibrio nutricional de las familias a las que se les dan dichos alimentos, así como a los comedores sociales, de tal forma que no tengan que comprar esos productos para tener un menú adecuado porque dispongan de ellos. Por eso, vamos a votar a favor, pero creemos que le faltan medidas para reducir, y esperemos que eliminar de una vez por todas, los desperdicios de comida y, por ende, reducir también otra cosa importante, los residuos alimentarios, algo que nos hemos comprometido a hacer.

Echamos en falta medidas medioambientales. Los franceses han implementado un código ambiental, en donde han incluido una subsección referida a la lucha contra el desperdicio alimentario, marcando unas prioridades para saber qué es lo que se tiene que hacer en cada momento para evitar el desperdicio alimentario y, por ende, los residuos sólidos. También echamos en falta alguna referencia a la educación, incluyendo en la Ley de Educación una mención expresa a la educación para la lucha del desperdicio alimentario. El 70 % del desperdicio alimentario se produce en las casas de los ciudadanos. Para reducir este desperdicio hay que trabajar en tres frentes. El primero ya lo hemos trabajado con lo que ha traído usted, con el sector de la distribución y la restauración, pero eso supone el 25 % de los residuos. Hay que dar recursos a los bancos de alimentos y a las organizaciones sin ánimo de lucro, así como a los centros de distribución de alimentos, porque si se incrementan los volúmenes de donaciones, van a necesitar mayores infraestructuras, mayores recursos humanos, más profesionalización, van a necesitar camiones frigoríficos para poder transportar y trasladar la comida. ¿Esto quién lo paga? Habrá que arbitrar medidas, por ejemplo, de ámbito fiscal para que las empresas, en función de la responsabilidad social corporativa, puedan dotar de infraestructuras a estas organizaciones. En definitiva, creemos que en la última pata que se tiene que trabajar es en el cambio de hábitos en el consumo de las familias. Hay que mejorar y fomentar una compra adecuada de alimentos, hay que fomentar el consumo responsable y evitar desperdicios de alimentos, que en las viviendas españolas son de aproximadamente 32 kilos por habitante y año. ¿Saben cómo se soluciona esto, señores del PP? Dialogando, hablando y participando.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Belarra Urteaga.

La señora BELARRA URTEAGA: Buenas tardes, señora presidenta, señorías.

Se nota que es una proposición de ley de enorme importancia a juzgar por la enorme asistencia en el Grupo Parlamentario Popular. Hoy traéis aquí una iniciativa, una proposición de ley que habla de promocionar, promover o facilitar la donación de alimentos. No es la primera vez que el partido en el Gobierno trae aquí una iniciativa que tiene como objetivo único y exclusivo blanquear su merecida imagen de partido antisocial y sostenedor de las élites económicas en nuestro país. Sin embargo, en esta ocasión lo hace además después de aprobar, apenas hace unas semanas, unos Presupuestos Generales del


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Estado que traen unos brutales recortes para las clases populares y medias de nuestro país, con la inversión, por ejemplo en educación, más baja desde hace veinte años, después de que hayamos sabido la semana pasada que no tienen ninguna intención de recuperar los 60 000 millones de euros del rescate a la banca. Y después de todo esto, traer esta iniciativa a esta Cámara es poco menos que una falta de respeto, cuando no una tomadura de pelo o un auténtico insulto para la ciudadanía de nuestro país. Es una falta de respeto porque esta iniciativa entremezcla dos temas que son muy importantes para nuestro país, que es clave afrontar, pero que no resuelven en ninguna medida la proposición de ley que traen ustedes aquí hoy: por un lado, las insostenibles tasas de pobreza y exclusión que se viven en nuestro país, la cuarta economía del euro y, por otro lado, el tema del desperdicio alimentario en un mundo en el que hay, como decían los compañeros y compañeras que me han precedido, más de mil millones de personas que pasan hambre y en el que casi un tercio de los alimentos se estropea o desperdicia antes de ser consumido por las personas.

Esta iniciativa demuestra, además, un profundo desconocimiento de cómo son las situaciones de pobreza en nuestro país y hace perfectamente visible que ustedes consideran la pobreza como algo que tiene que pasar sí o sí, como el agua que cae del cielo, la lluvia o el sol. La semana pasada precisamente presentaba Foessa su informe de 2017 -no sé si se lo han leído, pero les recomiendo que se lo lean-, en el que decía que cuatro de cada diez hogares han visto cómo empeoraba la estabilidad de sus ingresos económicos durante la crisis, cómo ha empeorado su capacidad para pagar los refuerzos educativos de los hijos o los suministros del hogar; más de 5 millones de personas en nuestro país habrían empeorado su capacidad de hacer frente a la compra de las medicinas que necesitan. Y eso no es una casualidad, es una consecuencia directa de las políticas de descarnados recortes que llevan años y años haciendo. La crisis y sus políticas se han llevado, literalmente -y no lo digo yo, lo dice el informe de Foessa-, por delante la capacidad de resistir de muchas familias españolas. Ante esta situación extrema, a ustedes lo mejor que se les ocurre es traer aquí una iniciativa únicamente para favorecer las donaciones de alimentos. Yo les diría que se vayan de una vez y que nos dejen legislar para garantizar que no se producen situaciones de pobreza como esta en nuestro país, para poner en marcha realmente políticas redistributivas eficaces y justas para nuestra gente y seguir las recomendaciones europeas que ya advierten que las donaciones de alimentos no pueden sustituir nunca a las políticas para combatir la pobreza. (Aplausos).

En España tenemos un sistema de rentas mínimas que, como ya sabrán, es disgregado, fragmentado, con criterios diferentes en la intensidad de la protección y los requisitos de acceso, y ustedes han dejado a las administraciones autonómicas y locales asumir en solitario la lucha contra la pobreza, que es una cuestión de primer orden. Necesitamos -así lo creemos desde nuestro grupo parlamentario- un sistema de garantías de rentas fuerte que haga frente a la crisis social y a la precarización e inestabilidad de trayectorias vitales de nuestra gente. Necesitamos un plan de choque de lucha contra la pobreza y la desigualdad con la coordinación de todas las administraciones, también de la Administración estatal. Necesitamos medidas construidas desde una lógica de justicia social y no desde la verticalidad de los bancos de alimentos. Nosotras queremos acompañar a las personas en situación de pobreza para que construyan un nuevo relato de la crisis, un nuevo relato que vaya del 'habéis vivido por encima de vuestras posibilidades' al 'nos están robando', que es lo que ustedes han hecho con este país. Queremos pasar de la impotencia y el aislamiento al fortalecimiento y la organización colectiva. No queremos más medidas asistencialistas que hagan sentirse víctimas a las clases populares de nuestro país.

El segundo problema que no aborda o aborda mal esta proposición de ley es el del desperdicio alimentario. Según la FAO, cada año se pierden 1300 millones de toneladas de alimentos en el mundo, pero lo que no dicen ustedes y lo que dice el proyecto Fusions es que en la Unión Europea el 53 % de esos alimentos no se desperdicia en la venta al por mayor -solo el 5 % de los alimentos se desperdicia en la venta al por mayor-, el 53 % de los alimentos se desperdicia en los hogares. Es decir, que su medida estrella ni va a ayudar a los más necesitados, como ustedes los llaman, ni va a evitar el desperdicio alimentario; en resumen, no va a servir para casi nada. Desde mi grupo entendemos que la gestión de la alimentación como personas y como sociedad definirá en buena medida nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra capacidad de ser respetuosas con el medio ambiente; por eso es una cuestión de primer orden. Pensamos, como dice la Unión Europea, que contra el desperdicio alimentario se lucha incorporando a nuestra legislación y a nuestras políticas públicas el derecho a la alimentación adecuada. Se lucha sensibilizando y educando a las familias para evitar que desperdicien alimentos en buen estado. Se lucha mejorando el etiquetado, haciendo que sea fácilmente comprensible para los consumidores y consumidoras. Se lucha evitando que se desperdicien alimentos por motivos estéticos. Se lucha desarrollando una


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fiscalidad alimentaria adecuada para favorecer el producto fresco, saludable y de calidad y que las familias con menos recursos no tengan que recurrir al producto sobreenvasado, procesado y menos saludable. Se lucha favoreciendo el consumo de proximidad, promoviendo los circuitos de comercialización cortos, donde los productos que se compran son locales y están poco procesados. Parece más bien que ustedes, con sus acciones y con proposiciones de ley como esta, lo que quieren es seguir manteniendo una solidaridad basada en la caridad. Nosotros queremos una solidaridad basada en derechos iguales para todas las personas. No queremos que las personas en situaciones más precarizadas tengan que verse obligadas a recurrir a organizaciones sin ánimo de lucro. No queremos más políticas que favorezcan a los menos y empequeñezcan a los más; que favorezcan comida sana y saludable para los que se la pueden permitir y comida envasada y de mala calidad para los pobres.

Creo que no me equivoco si digo que esta proposición de ley va a ser dos cosas. Por un lado, una regulación excesivamente amplia e imprecisa y, por tanto, desajustada, donde no se hace ninguna distinción entre el señor o la señora que lleva una tortilla de patatas al Banco de Alimentos y Mercadona o Carrefour. Y, por otro lado, un lavado de cara bastante beneficioso, con exenciones fiscales incluidas, para las grandes marcas de supermercados. ¿No se imaginan ya los titulares del año que viene? Yo sí me los imagino: Mercadona quintuplica sus donaciones a los bancos de alimentos; Carrefour doble la donación a los bancos de alimentos. ¿Cómo sabremos que esos alimentos están en buen estado si toda la responsabilidad recae en los bancos de alimentos? ¿No será, quizá, una forma de que los supermercados se libren de lo que está en mal estado, con grandes ventajas fiscales? ¿Qué controles van a establecer ustedes para que se evite desperdiciar la misma comida a la vez que los supermercados alardean de su solidaridad? Me pregunto si tienen ustedes amigos -seguramente sí, porque tienen muchos amigos- entre los dueños de esas grandes marcas de supermercados. Les digo la verdad, señorías, del Partido Popular, todo esto tiene un tufillo que parece como que querrían que regresara el auxilio social.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Tundidor Moreno.

La señora TUNDIDOR MORENO: Buenas tardes, señora presidenta, señorías.

El despilfarro de comida es un asunto y una prioridad de Estado. Tenemos que abordarlo como un asunto político de primer orden y, por eso, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado iniciativas para tomar medidas frente al despilfarro alimentario en la Comisión de Sanidad y Políticas Sociales y en la Comisión de Agricultura, que fueron aprobadas. Como consecuencia de ello, hoy debatimos una propuesta menos ambiciosa y que deja mucho que desear, presentada por el Grupo Popular. Es indignante y vergonzoso que en Europa existan más de 80 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza mientras se desechan toneladas de comida por fallos en los envases, el etiquetado o porque están próximos a la fecha de vencimiento o no reúnen los estándares estéticos y de calidad para su venta. En 2012, la Unión Europea generaba 89 millones de toneladas anuales de residuos alimentarios, de los cuales 7,7 millones correspondían a España, situándonos como el séptimo país europeo que más comida tira. El 42 % es desechado en nuestros hogares, más de 190 kilos por persona; 25,5 millones de kilos de comida desechamos cada semana. En el resto de la cadena, la fase de fabricación desperdiciaría el 39 %; la restauración, el 14 % y la distribución, el 5 %. Señorías, una de las ironías más macabras de nuestro tiempo es que en el mundo hay más de 800 millones de personas que pasan hambre y, al mismo tiempo, un tercio de los alimentos que producimos se acaba despilfarrando. El 20 % de todos los alimentos producidos en la Unión Europea se desperdicia y, aproximadamente, el 10 % de la población europea no puede permitirse comprar comida de calidad cada dos días. Más aún, en nuestro país es tristemente frecuente ver a personas rebuscando en los contenedores de basura para poder alimentarse.

En un país con pobreza es un despropósito que se desperdicie comida. La lucha contra el despilfarro de alimentos se convierte en una cuestión de decencia y de sentido común. Sin duda alguna, el primer paso es sensibilizar de este terrible sinsentido. Hay que conseguir que todos y cada uno de nosotros dejemos de dilapidar comida, pero con eso no basta. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, los consumidores de los países con mayor poder adquisitivo desperdician la misma cantidad de alimentos que la producción neta total del África subsahariana. Además, la disminución de las pérdidas y el desperdicio de alimentos podrían contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, así como a mejorar el acceso a los alimentos y la adaptación de los sistemas


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alimentarios al cambio climático. Esta reducción se traduciría en un ahorro medio anual de 565 euros por hogar y el ahorro medioambiental equivaldría a la retirada de uno de cada cinco vehículos en circulación.

Estas exorbitantes cifras muestran la necesidad de abordar el despilfarro alimentario como un problema de primer orden. Mientras tanto, la Unión Europea se ha quedado en simples recomendaciones: que los países miembros adopten las medidas necesarias para reducir el despilfarro de alimentos a la mitad en 2030. Francia e Italia son los únicos países con una legislación específica. Desde la aprobación, en febrero de 2016, de la prohibición por ley de que los supermercados tiren comida y la obligación de dar los excedentes a ONG y bancos de alimentos, en el país galo se han donado 10 millones de raciones de comida. En Italia el texto legislativo no penaliza a los supermercados y centra sus esfuerzos en las ventajas fiscales, rebaja del IVA, y en la reducción de las trabas burocráticas a las superficies que donen alimentos. En Inglaterra han obligado a las cadenas de supermercados a hacer pública la cantidad de comida que tiran y esta era mucho más elevada que la que reflejaban las estadísticas. Solo con transparencia y datos reales puede tener lugar el debate de un problema cuya envergadura debe involucrar a toda la sociedad.

Ahora bien, el hambre no se combate con caridad. Son necesarias políticas activas para reducir la pobreza en España y no tiene sentido que en pleno siglo XXI el Partido Popular siga hablando de auxilio social y orientando las políticas públicas como si fueran iniciativas de carácter caritativo. Para el Grupo Socialista la defensa del Estado del bienestar es una prioridad para no regresar a la política de la beneficencia y sí a la de una sociedad de derechos y garantías. No obstante, la lucha contra la pobreza pasa también por conductas colectivas que impidan el injusto derroche de comida. La FAO señala como principal responsable del despilfarro al modelo de producción masiva de alimentos; que en los países industrializados se tiren alimentos cuando la producción excede a la demanda parece un principio básico. Sin embargo, los países europeos solo parece que estén centrados en qué hacer con los alimentos sobrantes, olvidándose de reducir la producción en origen. También parece que pasan por alto la cantidad de recursos que esquilma un modelo basado en la superproducción. Pero hay otras causas que frenan las donaciones, como el etiquetado de los productos alimentarios, la confusión que este etiquetado genera en los consumidores o con los estándares de calidad que dan lugar a descartes innecesarios. Asimismo, el bajo coste de ciertos productos a menudo no compensa el gasto de transporte hasta los puntos de recogida.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista tenemos claro que hay que consensuar medidas con todas las partes implicadas para que la lucha contra el despilfarro alimentario sea una realidad. En este sentido, nos hemos reunido con la OCU, con la Asociación Empresarial del Marcas de Restauración y con diferentes entidades. Hemos de fomentar la reutilización y el reciclado de los productos alimentarios sobrantes no aptos para el consumo humano para la transformación en otros productos como alimentación animal, compostaje o producción de biogas, etcétera.

El Gobierno no puede traer un brindis al sol, una declaración de intenciones sin resolver los problemas en materia de seguridad alimentaria que puedan plantearse y responsabilizar exclusivamente a las entidades sin ánimo de lucro, que serán grandes actoras para la puesta en marcha de esta iniciativa. Señores y señoras del PP, con esta regulación parece que tienen más intención de dar un titular que de facilitar que esta actividad se lleve a cabo con las garantías suficientes, dejando toda la responsabilidad a quien altruistamente se presta para que la misma sea posible. Están desincentivando a las entidades porque las hacen responsables y no les dan herramientas para llevarlas a cabo con las suficientes garantías. A la vista de lo que nos presentan, les puedo asegurar que el Grupo Socialista trabajará a fondo de la mano de las entidades y empresas implicadas para hacer una mejora de su propuesta. Como he manifestado con anterioridad, el Grupo Socialista tiene un trabajo muy avanzado en este tema desde el diálogo y con el objetivo de dar una respuesta real.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE REPRESIÓN PENAL DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS (ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000092).

La señora PRESIDENTA: Debatimos a continuación la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, la preocupación de los españoles por los casos de corrupción y fraude viene de largo, desgraciadamente, pero se ha disparado en el último mes en


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más de 12 puntos respecto del mes anterior, según el barómetro del CIS, coincidiendo precisamente con el apogeo mediático del último caso de corrupción conocido, el caso Lezo, que afecta a uno de los partidos políticos de este país y que ha contaminado además a otras instituciones. ¿Qué hacemos realmente para combatir la corrupción desde el seno de las instituciones y de los partidos políticos? ¿Qué es lo que estamos haciendo?

Las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015 supusieron, por primera vez en mucho tiempo, la irrupción de un verdadero pluralismo donde todas las formaciones políticas cuentan y donde los rodillos parlamentarios ya no funcionan. Esta situación, en la que el diálogo y el consenso son necesarios para obtener mayorías, nos permite atender sin más dilación al clamor que viene de la calle y que podría resumirse en una simple frase: no permitan que ningún partido robe. Este clamor igualmente está diciendo que tampoco se permita que ningún partido se dope electoralmente, que haga trampas, que infle sus cuentas de manera fraudulenta, que un partido falte a su esencia misma, en suma. Este es el mandato popular que nosotros, desde Compromís, queremos que se implemente. Pero la realidad es que los casos de financiación partidista ilegal que hemos ido conociendo hasta la fecha, aparecen mediante complejas estructuras de contabilidad B, pagos en negro, facturas falsas, blanqueo, que son sistemas que obligan a todo el mundo a estar en el ajo y que, una vez probada su eficacia, pasen de tesorero en tesorero como si fuera una receta familiar.

Una sociedad avanzada no puede permitirse en pleno siglo XXI tener fallos de control gravísimos y propios de épocas pasadas. Los casos de financiación ilegal socavan los intereses de la ciudadanía porque hacen que los partidos abandonen los compromisos adquiridos con la sociedad y vendan los recursos comunes al mejor postor: adjudicaciones a dedo, funcionarios que trabajan para el candidato de turno, rectificaciones y planes urbanísticos, contratos y facturas hinchadas. Todo esto es lo que encontramos en las causas que se encuentran actualmente en los tribunales, Gürtel, Púnica, Imelsa, y todo ello lo hacen con el dinero de la ciudadanía; un dinero que acaba en las cajas B, en sobres que se entregan bajo mano y en cuentas opacas en paraísos fiscales; un dinero que deja de invertirse para reducir las listas de espera en los hospitales, para aumentar las becas universitarias o para quitar el repago farmacéutico, entre otros muchos destinos importantes. De hecho, podemos cuantificarlo para que nos hagamos una idea de cuánto dinero nos roban a todos y saber qué es lo que se podría haber hecho con ese dinero. Miren, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia asegura que la corrupción nos cuesta al año en España 90 000 millones de duros. ¿Saben para qué sirve ese dinero? Pues, por ejemplo, 90 000 millones de euros son 18 000 colegios nuevos; son 255 hospitales nuevos; son el fin de las listas de espera en las ayudas a la dependencia; son, nada menos, que poder volver a llenar la hucha de las pensiones y, aun así, nos sobrarían 30 000 millones. Además de la estafa sistemática para engrosar las cuentas del partido, la financiación ilegal también se traduce en autoritarismo que se perpetúa en el poder, porque permite salir dopado al campo de juego electoral y, por ello, no es de extrañar que muchas de las tramas criminales que se han prolongado hasta ahora empezaran, precisamente, al calor de las campañas electorales.

Hace poco me acordé de una frase de Pablo Escobar, un famoso narcotraficante, que decía: el día que vaya a hacer algo malo, hágalo bien hecho. Me he acordado de esto, porque este consejo ha estado siendo literalmente seguido por los constructores de tramas mafiosas y también por los constructores de tramas de corrupción política; unas redes que cada vez se han hecho más sofisticadas, más escurridizas y que han llevado a la corrupción en este país a niveles industriales, porque lo que tenemos aquí es una cadena de montaje bien engrasada, que se gesta en los despachos y se extiende hasta la construcción, la organización de eventos, la reputación online, la gestión de basuras o los cursos de formación. Y permítame también que haga mías las palabras de un gran político uruguayo, José Mújica, quien sostiene que la economía sucia, el narcotráfico, la estafa, el fraude, la corrupción, son plagas contemporáneas cobijadas por ese antivalor, ese que sostiene que somos más felices si nos enriquecemos sea como sea. Precisamente para hacer frente a ese antivalor, para frenar y, sobre todo, acabar con la impunidad que se ampara bajo las siglas partidistas, se hace necesario establecer mecanismos legales que reconozcan, de una manera clara y sin ambigüedades, la posibilidad de suspender o disolver los partidos que se financien de manera ilegal.

A través de la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, se introdujo el delito de financiación ilegal de partidos políticos con un carácter autónomo mediante la redacción de un novedoso título 13 bis del libro II del Código Penal comprensivo de los artículos 304 bis y 304 ter, con una dedicación sistemática un tanto extraña entre delitos de tipo socioeconómico, cuando debería estar entre los delitos contra la Administración


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pública o incluso entre los delitos contra la Constitución. Para valorar si la tipificación penal autónoma del delito de financiación ilegal de los partidos políticos es o no necesaria, hemos de verificar si hay o no algún bien jurídico específico merecedor de protección penal. Como ustedes saben, el artículo 6 de nuestra Constitución, en una consideración dialéctica al fenómeno político, atribuye a los partidos la función de concurrir a la formación y manifestación de la voluntad popular. Por ello, son expresión del pluralismo e instrumentos fundamentales de participación, sin perjuicio de los mecanismos de participación directa que también contempla el artículo 23 del texto constitucional. Pues bien, la corrupción hace que los sectores económicos sean los que impongan los reales programas políticos. Determinadas conductas de financiación ilegal pueden hacer que el programa real del partido político no sea el que verdaderamente se ha ofrecido a los ciudadanos y al que han votado, teniendo así una perturbación grave de las funciones de formación y manifestación de la voluntad popular. Llegados aquí, ya podemos decir que el bien jurídico directamente tutelado debe identificarse con la libre concurrencia de partidos políticos en condiciones de igualdad de oportunidades, porque la financiación ilegal de un partido político no es únicamente un problema de mera contabilidad, sino que atenta contra la esencia misma de la democracia, porque perturba aquellas funciones de servicio a los ciudadanos que cumplen los partidos, que no son simples asociaciones privadas sino entes que merecen una protección reforzada.

Tenemos, como he dicho, una reforma del Código Penal que se abordó en 2015, que es una reforma insuficiente, ineficaz, contradictoria y llena de lagunas desde el punto de vista jurídico y práctico. Compromís está en contra de los parches legislativos, porque quitan coherencia al sistema penal, y ahora venimos aquí a plantear exactamente lo contrario a un parche. Queremos ayudar a acabar la tarea que se dejó inconclusa en 2015. Tenemos, por un lado, un artículo, el 304 bis, que está pensado para la corrupción artesanal -aquella donde hay una mano que da y otra que recibe- y reprime conductas ya consumadas. Es una infracción administrativa criminalizada y solo alcanza a algunas modalidades delictivas de entre las previstas en la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos. En esta modalidad sí se permite -entre otros aspectos- que el partido culpable pueda ser disuelto o suspendido en sus actividades. Por otra parte, el artículo 304 ter está pensado para un supuesto de hecho diferente, para la corrupción en red. Dicho artículo no castiga manzanas podridas, sino a una institución paralela que se supone auténtica mafia. Ese artículo -que es ahora el que pretendemos reformar- está para cuando se comprueba que un partido no es realmente más que un montón de basura. En ese caso, se puede entender perfectamente el sentido del artículo 304 ter, el cual no exige un resultado defraudatorio completo, sino la simple participación en la trama aunque no haya un beneficio acreditado. Además, las modalidades de financiación ilegal que castiga no vienen limitadas, como hace el artículo 304 bis, sino que se castiga cualquiera que contravenga las leyes existentes en la materia; también, por ejemplo, la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Además, en el artículo 304 ter el desvalor penológico recae sobre la trama, se castiga aunque esté temporalmente inactiva y, por último, la penalidad es distinta a la del artículo 304 bis y superior, porque evidentemente montar una trama se considera un acto más grave, lo cual es lógico. Este esquema justifica que el artículo 304 ter deba ser completado con lo que le falta, que es la previsión de disolución o suspensión del partido responsable, porque la organización política no debe quedar al margen del castigo cuando queda claro que o bien organizó una trama interna para financiarse ilegalmente, o bien se aprovechó de alguna trama preexistente. En conclusión, les diré que la opinión pública exige el cierre definitivo del círculo de la lucha contra la corrupción en los partidos políticos, algo que Compromís ya apuntó en los debates previos a la reforma de 2015.

Señorías, me había prometido no nombrar al Partido Popular en este discurso, porque traigo una proposición para mirar al futuro, pero no lo puedo evitar ante la falta de voluntad que se ve en este partido por cambiar y regenerarse. Ustedes se están quedando arrinconados, señorías del Partido Popular, y no lo quieren ver, y ello no es solo mérito de Compromís y de otras formaciones, sino también de su propia ceguera, porque no se trata de casos aislados ni asuntos personales de miembros puntuales; se trata de una actuación que ha servido como entramado corrupto para financiarse. Ayer vimos un ejemplo de esto durante la comparecencia de Bárcenas, en la cual reinó la ley de la omertá, el código del silencio del compareciente. También podemos calificar la estrategia del señor Rajoy -también hoy ausente- de que los trapos sucios se lavan en casa (Rumores), pero tranquilos, esta proposición -lo que se debate hoy- no les afecta, porque ya saben ustedes que el Código Penal no es una ley retroactiva. Lo que queremos es que la ciudadanía vea que estamos aquí para hacer algo en positivo. Nosotros entendemos que es importante que esta proposición de ley cuente con el voto de todos ustedes, y sí, señor Rajoy -también ahora ausente-, efectivamente, Compromís somos solo cuatro diputados valencianos frente a los ciento


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treinta y siete del Partido Popular, pero esto no significa que ustedes sean mejores, porque todos valemos lo mismo, aunque afortunadamente no todos somos iguales.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Se nos presenta una proposición de ley por la que se plantea la modificación del artículo 304 ter del Código Penal para la represión penal de algún supuesto de financiación ilegal de los partidos políticos. Ya desde este momento preliminar de toma de posición señalamos que no nos parece este el momento para entrar a considerar reformas penales que amplíen la punibilidad de algunas conductas de financiación ilegal y no tanto por el fondo del asunto sino, como decíamos, por el momento elegido.

Como es sabido, se ha constituido una subcomisión para el estudio del régimen jurídico y de funcionamiento de los partidos políticos y propuestas para su reforma en el seno de la Comisión para la calidad democrática y lucha contra la corrupción. Es en esta subcomisión donde han comparecido -ya han finalizado las comparecencias- veinte expertos que nos han ilustrado sobre las reformas que a su juicio deben formularse sobre la financiación de los partidos políticos. Tres de ellos han tratado de manera específica la dimensión penal que ciertas conductas deben acarrear para los partidos políticos, así como la valoración de la actual regulación contenida en los artículos 304 bis y ter del Código Penal y sus posibles reformas, tanto para quitar o añadir como para trasladarlos de ubicación sistemática en aquel código sancionador. Estamos, pues, en el momento de elaborar un dictamen donde se contemplen las reformas que en su caso conviene introducir en el Código Penal, entre otros aspectos a considerar, aunque todos ellos relativos a la financiación y régimen jurídico de los partidos políticos, dictamen que inmediatamente después habrá de venir a este Pleno para su aprobación. Por eso decíamos que este no era el momento, a nuestro juicio claro está, para plantear un proyecto como el que ahora debatimos; en definitiva, y por ser gráfico, se trata de no poner el carro delante de los bueyes.

En cuanto al fondo del asunto, creemos que la regulación penal de la financiación ilegal de los partidos políticos requiere una visión más amplia y sistemática que la contenida en el proyecto de ley, que precisamente se apoya en la regulación actual y que ha sido calificada con bastante unanimidad como una regulación muy mala, tal y como se nos ha sugerido por los comparecientes en la subcomisión, empezando, como ya se ha indicado, por la ubicación sistemática de los tipos penales en atención al bien jurídico protegido y que hoy se encuentran descentrados, con graves consecuencias jurídico-penales. Es una regulación también mejorable por su contenido tanto en lo contemplado en el artículo 304 bis como en el 304 ter, ya que se superponen ilícitos administrativos de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos con los penales al establecer conductas penales por remisión a conductas de leyes administrativas. Además, también se puede hacer una regulación mejorable de los actuales tipos penales tanto por exceso como por defecto de los mismos, que son ciertamente mejorables, por no hablar del no bien cumplimentado principio de taxatividad. Quizá todo ello ha sido producto de una regulación que, arrastrando los pies, se ha ido desarrollando como apoyatura de la legislación administrativa. Así, en 2012 se introduce la responsabilidad penal del partido político, siempre y cuando alguien actúe en su nombre y por cuenta del partido o cuando el partido político no tenga suficiente control y vigilancia para evitar que se cometa un delito. Esta regulación de 2012 se hizo dos años después y al modo como en 2010 se estableció la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque es finalmente en el año 2015 cuando la financiación ilegal se contempla como delito, tal y como venía reclamándose desde tiempo atrás política y doctrinalmente, pero, como ya he señalado y nos indicaron los ponentes en la subcomisión, con manifiestas imperfecciones y que ahora, tras los trabajos de la subcomisión para la reforma del régimen jurídico y financiación de los partidos políticos, estaremos en condiciones de solventar de manera sistemática y global, sin parches.

Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.


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El señor ERITJA CIURÓ: Buenas tardes. Gracias, señora presidenta.

Señorías, no me voy a extender mucho y voy a ser breve, sin consumir seguramente el tiempo que tengo previsto. Simplemente quiero comentar que nuestro grupo votará a favor de la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Mixto sobre represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos, pero, eso sí, matizando -lo que se ha precisado hace un momento por el compañero del PNV- que es una pequeña aportación cuando es una problemática mucho más compleja y que se puede atacar desde diferentes frentes. Por tanto, es necesario tener en cuenta las conclusiones que se puedan sacar de la subcomisión.

Es evidente que el marco legislativo actual se centra principalmente en la penalización de aquellos individuos que han participado en estructuras y organizaciones de financiación ilegal de los partidos políticos, tomando la cuestión de la financiación ilegal como un hecho muy personalizado, muy personal y aislado, como si fuese realmente un hecho simplemente aislado, anecdótico. El problema es cuando es el propio partido, la propia organización, quien organiza las redes de financiación y, por tanto, estamos hablando ya de una profesionalización o una estigmatización. Ya no es un caso aislado, sino que la práctica ilegal forma parte de la estructura y estrategia del propio partido. Por mucho que se penalice a los individuos que incurren en ilegalidad no evita la mala praxis del propio partido, por ser ya un problema endémico, estructural. Tenemos numerosos ejemplos de partidos con todos sus extesoreros encausados por financiación ilegal. En este caso ya no es solo responsabilidad individual del encausado, sino que el propio partido que ha perpetuado esta práctica ilegal se ha beneficiado y por tanto debe asumir la responsabilidad y las consecuencias que conlleva todo ello. Ya no es un problema que se pueda enfocar a un cabeza de turco, como habitualmente se le llama, sino que la responsabilidad tiene que ser de la propia organización. La propuesta, por tanto, trata de delimitar el margen de esas estructuras de financiación ilegal creadas por los propios partidos extendiendo la represión penal a las personas jurídicas que incurren en la ilegalidad. Uno de los problemas grandes será identificar la responsabilidad de los hechos, de qué manera se puede llegar a la responsabilidad de los hechos del propio partido. Tal y como se ha debatido en la subcomisión de régimen y financiación de los partidos políticos, dentro de la Comisión de Calidad Democrática, contra la Corrupción y Reformas Institucionales, para poder ser más efectivos no deberíamos limitarnos solamente a medidas estrictamente penales y ante hechos claramente ya consumados, sino también preventivas o disuasorias, como por ejemplo se ha hablado de marcar un techo de endeudamiento de los partidos con consecuencias en la financiación pública o mejorar la transparencia en las cuentas transferidas al Tribunal de Cuentas. Es un tema mucho más complejo que requiere de una transversalidad.

En todo caso, vuelvo a repetir que la propuesta para nosotros supone un pequeño avance y por tanto votaremos a favor. Simplemente hay que tener presente que no desearíamos que se quedase solo en esto, sino que una vez ya incorporadas las conclusiones de la Comisión, sería importante plantear seriamente uno de los problemas que en estos momentos determina toda la cuestión de los partidos políticos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cantó García del Moral.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, presidenta.

Hablamos de un tema muy importante, muy grave, la financiación irregular de los partidos. Ayer mismo, en la comparecencia del señor Bárcenas en esa Comisión que se ha creado por la financiación irregular del Partido Popular, recordábamos el coste tanto económico como institucional y democrático que ha tenido para nuestro país el tema de la corrupción. Durante los años en los que la corrupción ha campado a sus anchas en nuestro país, la corrupción, y especialmente junto a la licitación irregular, ha tenido un coste desorbitado en nuestro país. Fíjense ustedes que con todo lo que nos hemos gastado en corrupción, con todo lo que ha venido al lado de la licitación irregular -falta de competitividad, los sobrecostes, etcétera- nos hemos gastado en los últimos años en corrupción y en licitación irregular casi la mitad cada año de lo que nos gastamos en pagar las pensiones. ¡Es una auténtica barbaridad! Además, tiene otros efectos secundarios: perdemos competitividad y nuestros ciudadanos cada vez confían menos en las instituciones democráticas, porque partidos que iban dopados a las elecciones, lo que han hecho al final es pervertir el sistema democrático. Estamos a favor, señores de Compromís, de legislar para que esta triste historia que ha sucedido en España no se repita. De hecho, señor Baldoví, estamos tan a favor que


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ya lo hemos hecho, fíjense ustedes. (Aplausos). Me temo que en ese sentido les pasa un poco a ustedes como a sus socios de Podemos, que vienen aquí a presentar propuestas que ya están en trámite y en marcha. Votaremos a favor, eso sí, e intentaremos completar y mejorar su propuesta y ahora explicaré por qué. Puede que antes de eso, de que sigamos con esta propuesta suya, tengamos que votar, debatir y enmendar aquí cosas que ya se están haciendo en el Congreso de los Diputados. Le voy a citar un par de ejemplos importantes. En primer lugar, la Comisión contra la corrupción y por la regeneración democrática que mi partido preside e impulsa, está llevando a cabo una serie de comparecencias en la subcomisión en la que decenas de expertos nos están explicando cómo afrontar el tema de la financiación irregular de los partidos políticos. No entendemos muy bien para qué presentan ustedes esta propuesta aquí si después del verano veremos un dictamen con todas las propuestas de los mejores expertos españoles y europeos en cuanto a financiación. Desde aquí les invito, señor Baldoví, ya que no están en esta subcomisión -supongo que cada uno tiene sus comisiones favoritas; el hecho es que la favorita para ustedes no ha sido aquella que habla de financiación irregular, por mucho que presenten ahora esta propuesta- (Aplausos), de verdad, en nombre supongo de otros muchos grupos parlamentarios, les invito a que presenten su texto y que lo añadamos, somos generosos, aceptaremos sus enmiendas y las votaremos aquí en el Pleno.

Voy a ir primero, antes de a la propuesta que ustedes traen, a lo que dice la subcomisión, porque me gustaría explicarle un par de cosas. En esa subcomisión los expertos nos van a hablar mucho -y ya lo podrán leer ustedes- de cómo igualar -esa es la preocupación en Europa y en España- financiación pública y privada, y en eso permítame que saque un poco de pecho porque creo que somos uno de los partidos que mejor compensado tiene ese sistema. Nuestros cargos públicos dan un tanto por ciento importante del sueldo al partido y además tenemos a unos afiliados trabajadores y esforzados que son los que más pagan en este país a su partido político, pero también nos hablan de control de gastos, de transparencia, control de donaciones, que es uno de los temas importantes, el desafío nuevo que supone el crowdfunding, etcétera. Lo digo porque su propuesta, señores de Compromís, es mucho de prohibir, pero poco de proponer. Puedo dedicarme a prohibir toda la financiación de los partidos políticos, pero si no propongo cuál es la alternativa para que los partidos políticos se financien, empiezo a crear un problema. Por cierto, esta propuesta que ustedes traen aquí, si llega a buen término, se podrá llevar a cabo porque hay Gobierno, señores de Compromís, y lo digo porque ustedes hasta ahora han votado en contra de todas las posibilidades de Gobierno que se han presentado en esta Cámara y sin Gobierno no podemos mejorar nada en este país. (Aplausos). De hecho, si conseguimos llevar algo a cabo para mejorar la financiación de los partidos políticos, fíjense ustedes, será a su pesar, porque ustedes no querían que gobernara nadie en este país. A mí no me sorprende mucho que ustedes quieran destrozar en vez de construir, porque es muy su estilo. Su estilo es ese de echar las culpas siempre a Madrid. Echan la culpa a Madrid, esa especie de mantra nacionalista que ustedes utilizan, reconociendo implícitamente, eso sí, que su Gobierno de la Comunidad Valenciana es irrelevante. Echan las culpas a Madrid para luego venir a Madrid, eso sí, cobrar el sueldo de Madrid, eso sí que está bien (El señor Baldoví Roda: ¡Como vosotros!) -no me haga gestos, señor Baldoví-, pero no hacen nada aquí para mejorar la vida de los valencianos. Ustedes no se han sentado si quiera un segundo para trabajar y para negociar con el Partido Popular y conseguir lo que hemos conseguido nosotros: mejoras para los autónomos valencianos, mejoras para la infancia valenciana y mejoras para los jóvenes valencianos y su complemento salarial. Incluso mejoras -100 millones de euros- para esto, para luchar contra la financiación irregular de los partidos políticos. (Aplausos).

Para acabar, quiero poner un ejemplo de cuál es el espíritu de su propuesta. Ayer escuchaba decir a su líder, Mónica Oltra, que lo que ustedes quieren es que desaparezca el PP. Nosotros no estamos seguros de que el mejor favor que se les pueda hacer a los españoles sea que desaparezca el PP. De hecho, fíjese, señor Baldoví, lo que le costó al PP convertir AP en PP. Lo hizo sin despeinarse, no tuvo ningún problema. No, nosotros queremos ganar en las urnas al PP, eso sí, pero, en cuanto a la corrupción, señor Baldoví, lo que queremos es que el PP pague lo que debe. Queremos que el PSOE pague lo que debe. Queremos que Convergència i Unió pague lo que debe. (Aplausos). Por eso queremos que los partidos políticos sean responsables subsidiarios de lo que hacen sus cargos públicos y hagan lo que piden una y otra vez todos los españoles, porque, cuando hablan de corrupción, lo que quieren, más allá de que entren en la cárcel, por supuesto que sí, es que paguen lo que deben. Lo que a mí me dicen en la calle todos los días es: ¡Que paguen lo que deben, Toni! Eso es lo que queremos nosotros, lo que quiere Ciudadanos. (Aplausos). De hecho, lo último que ustedes han apoyado -siempre están en el no es no-


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ha sido una propuesta la semana pasada a favor de los secesionistas. Fíjense en la locura, señores de Compromís. Están hablando de traer un texto para castigar la financiación ilegal de los partidos y la semana pasada apoyaron a aquellos partidos que quieren llevar a cabo ilegalidades. Es un poco loco lo que están haciendo. De hecho, ¿no creen que esos partidos políticos secesionistas que apoyaron la semana pasada quieren la secesión para obtener impunidad? ¿No creen que es eso lo que quieren? (Aplausos). Nosotros lo creemos. Una de dos, señores de Compromís, apoyándoles a ellos o son ustedes unos ingenuos o, peor aún, también quieren impunidad. Hablando de regeneración -no se lleve las manos a la cabeza, señor Baldoví, que le voy a poner un ejemplo muy clarito-, la regeneración se demuestra trabajando, votando. ¿Sabe cómo no se demuestra? Anunciando que van a votar en contra de nuestra propuesta de acabar con los aforamientos en la Comunidad Valenciana. (Aplausos). Así no se demuestra ningún espíritu regenerador.

Acabo, señora presidenta. En cualquier caso, muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros y pedirnos, como hicieron, que presentáramos junto con ustedes esta propuesta. Tan malos no debemos ser.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Guijarro García.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, señora presidenta.

El 30 de marzo del año 2015 esta Cámara aprobó por iniciativa del Grupo Popular la Ley Orgánica 1/2015. En ella por primera vez se tipificaron penalmente delitos asociados a la financiación irregular de partidos políticos. Desde entonces esta medida es esgrimida por el Partido Popular con machacona insistencia como prueba irrefutable de su firme compromiso en la lucha contra la corrupción, esa lacra social, diríamos hasta moral, que padece hoy nuestro país. En efecto, la aprobación de esta ley venía a complementar la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre Financiación de los Partidos Políticos, una ley aprobada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero que actualizaba la ley del año 1987, en la que ya entonces se establecía una distinción clara y un tratamiento diferenciado entre recursos públicos y privados de los partidos. Esta nueva ley de 2007, a pesar de que solo contemplaba sanciones administrativas, ya calificaba en su artículo 5 como infracciones muy graves las donaciones a los partidos. Recordemos, no obstante, el contexto en el que se discutió y aprobó la ley de marzo de 2015. Solo han pasado dos años, señorías; apenas les pido un mínimo esfuerzo mental. Nueve días antes de su aprobación, el juez instructor del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional daba por terminada la fase de instrucción de la pieza separada de la Gürtel sobre la caja B del PP, los ya históricos, casi podríamos decir icónicos, papeles de Bárcenas. Además de dar por indiciariamente probados gravísimos hechos de corrupción que afectaban -que afectan- a la cúpula estatal del partido más poderoso de España, el auto entonces publicado llamaba la atención sobre su incapacidad para imputar penalmente por determinadas conductas probadas ante la falta de instrumentos legales para hacerlo. Cabe recordar además que el firmante de ese auto, el juez Ruz, daba por prescritos algunos delitos sobre los que existía sin embargo base probatoria suficiente como para ser juzgados, dos omisiones a las que quizá puede acogerse el Partido Popular en sede judicial pero que retumban y se acumulan al ya largo inventario en esta sede parlamentaria. Responsabilidades jurídicas frente a responsabilidades políticas, señorías, una diferencia sobre la que me detendré más adelante.

El trámite de esta ley había comenzado diecisiete meses antes, en octubre del año 2013. ¿Recuerdan ustedes ese año? Ese año comenzó con escandalosas informaciones brotando a borbotones desde los medios de comunicación sobre el manejo de una contabilidad paralela o caja B por parte del señor Luis Bárcenas Gutiérrez, a la sazón gerente y luego tesorero del PP a nivel estatal. Ciertamente, las españolas ya veníamos con la piel curtida después de haber seguido con estupefacción primero y con una enorme indignación después las evoluciones de la Gürtel, un caso que ya entonces acumulaba un período de instrucción de más de cuatro años. Mirado ahora con perspectiva podemos decir que aquella trama Gürtel fungió como una suerte de hilo de Ariadna del que se ha ido tirando poco a poco para poner al descubierto todo un laberinto de podredumbre y de corrupción. Descubrimos primero el modus operandi de una organización criminal, pero hasta entonces más bien daba la sensación de que el partido había sido parasitado por esta organización, en la que podría parecer que algunas manzanas del Partido Popular habrían sucumbido ante las tentaciones de un feriante berlanguiano de cacería y casino. Pero la Gürtel


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nos llevó a Bárcenas y Bárcenas cambió el enfoque o, mejor dicho, la escala; transformó las dimensiones del problema y lo hizo en la medida en que actualmente todo indica que el parásito, la organización delictiva en sí, podría corresponderse con la misma cúpula del Partido Popular, que además habría sostenido en el tiempo estas prácticas corruptas a modo de delito continuado desde aún no sabemos muy bien cuándo.

A lo largo del año 2013 el caso Bárcenas fue desplegándose a golpe de periodicazo. Llega la declaración ante el juez el 16 de julio, se van acreditando asientos contables extracontables, decía el señor Bárcenas, un oxímoron que solo a la inteligencia más afinada puede no confundir. Hasta un total de 64 asientos fundamentados; aparecen apellidos de alcurnia: Villar Mir, Juan Roig, José Mayor, Ignacio López del Hierro; en fin, una ristra de nombres. En julio salta a la luz pública el pago de sobresueldos; en septiembre se conoce que hasta la mismísima sede de Génova habría sido pagada con dinero negro; ese año el informe Greco de la Unión Europea advierte a España de lo mucho que le queda para ponerse al día en materia de control sobre la financiación de partidos. Pues bien, cuando el PP inició el trámite para la aprobación de este proyecto de ley, en octubre del año 2013, ni siquiera había previsto todavía la incorporación del delito de financiación ilegal. Este descuido debió subsanarse en diciembre de 2014 con la enmienda 886 presentada por el propio Partido Popular toda vez que el nivel de cabreo ciudadano no dejaba de arreciar, con máximos históricos también en 2014, otro año para la historia negra de la política española. En marzo de ese año, el entonces senador Granados admitía cuentas en Suiza, en julio ingresaba en prisión el señor Jaume Matas por el caso Palma Arena y en octubre el juez responsabilizaba a Blesa y a Rato de los gastos asociados a las tarjetas Black. No es de extrañar, por tanto, que en el mes de diciembre de 2014 el CIS recogiera el punto álgido de toda la serie histórica sobre la corrupción como uno de los principales problemas del país, hasta el 60 % de los entrevistados citaban esta lacra cuando apenas dos años antes esta cifra venía oscilando entre un 17 y un 20 %. Y es que después de tantos años de chaparrón informativo contra su partido, la estrategia del no hacer nada y esperar tan propia del presidente del Gobierno no daba ya para más, algo había que hacer. En medio de una sempiterna lluvia de casos y de titulares, finalmente se aprueba la Ley orgánica del año 2015 que introducía en el Código Penal los artículos 304 bis y 304 ter, de los que ya se ha venido hablando profusamente.

Si lográramos llevar a buen puerto esta iniciativa, estaríamos dando potestad a los jueces y a los tribunales para imponer sanciones también a las personas jurídicas que actúan para financiar irregularmente un partido, así como para imponer las mismas penas previstas en el artículo 33.7 secciones b) y g). Por tanto, cuenten, compañeras y compañeros de Compromís, con nuestro voto favorable para su tramitación. Cuenten también con nuestro empeño en el desarrollo legislativo de esta iniciativa si logramos hoy sacarla adelante, porque esto abriría la posibilidad a la tipificación penal de ilícitos que ya fueron contemplados en el año 2007 y que a nuestro juicio son tan reprochables y punibles como las donaciones que pueda recibir cualquier otro partido. Por otro lado, a la luz de los recientes casos juzgados y tras el estudio de las más eficaces legislaciones de nuestro entorno en materia de lucha contra la corrupción, creemos que debe también abrirse un debate sobre el establecimiento de los límites mínimos para sancionar donaciones. En este sentido, se ha demostrado que quizás el límite de los 50 000 euros actuales sea fácilmente eludible por la vía del fraccionamiento, por lo que debemos buscar además dispositivos de control para estas prácticas -voy terminando ya, señora presidenta-.

La Ley orgánica de marzo de 2015 que pretende ser modificada hoy aquí no fue sino el intento de un Gobierno acosado por la corrupción para ganar credibilidad frente a una ciudadanía hastiada y un entorno europeo más que abochornado, pero para ello se sirvió de una mayoría absoluta que le permitió aprobar una reforma parcial, una reforma insuficiente, una reforma que podemos hoy profundizar pero que ya entonces al menos permitía actuar contra los partidos políticos a partir de hechos que hoy han sido probados como ciertos por los tribunales. De hecho, de aplicarse retroactivamente esta ley ello supondría muy probablemente que el PP...

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Sí, presidenta, ya termino.

... estaría afrontando penas como la suspensión de actividades, la clausura de sus sedes, la intervención judicial o la propia disolución de su personalidad jurídica. ¿Se imaginan, señorías, el Partido Popular disuelto o en manos de una gestión judicial? Los partidos políticos no dejan de ser asociaciones privadas y desde hace bien poco pueden ser disueltas o intervenidas por financiación ilegal. Ya lo hemos visto antes con empresas, fundaciones o incluso clubes deportivos. Sin embargo, los partidos cumplen


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con una función instrumental clave en una democracia, por lo que sus fines públicos deben ser respetados a la vez que fiscalizados y deslindados con especial cuidado de otros fines privados. Cuando esto falla es la propia legitimidad del Estado la que se ve afectada, por eso los partidos tenemos una responsabilidad ulterior que nos exige ir más allá de los límites legales por los cuales se rigen el resto de asociaciones. Entonces, ¿qué ocurriría si los tribunales dieran por probados hechos cuya autoría corresponde inequívocamente al Partido Popular y que hoy ya constituyen delitos muy graves castigados con la paralización de actividades o la disolución de un partido? ¿No deberíamos quizá y en virtud de este principio de salud democrática que llamamos responsabilidad política exigir la dimisión en bloque del Gobierno? ¿Acaso no es esto lo que ya está ocurriendo en España, señorías? ¿Alguien duda ya en este país de que el Partido Popular, en mayor o menor medida -precisamente en eso andan los jueces, en determinar la medida-, se ha estado financiando irregularmente a costa del dinero público y alterando además las reglas de competición electoral acudiendo dopado a las urnas, como ya se ha dicho? Sin embargo, la dimisión del presente del Gobierno, siquiera la de alguno de sus ministros...

La señora PRESIDENTA: Señoría, lleva usted tres minutos fuera de tiempo. Le recuerdo que tiene que terminar.

El señor GUIJARRO GARCÍA: De acuerdo, presidenta, es la última frase.

Solo quería decir que la dimisión del presidente del Gobierno o de alguno de sus ministros no está ni se la espera. Esto es lo que ha entendido este Gobierno hasta la fecha por responsabilidad política, que es lo mismo que decir que no han entendido nada, señorías.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Hernanz Costa.

La señora HERNANZ COSTA: Gracias, señora presidenta.

Vaya por delante que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley presentada por Compromís que pretende la adición de un apartado 4 al artículo 304 ter del Código Penal y que pretende cubrir una laguna, un vacío legal a pesar de que en nuestro grupo parlamentario consideramos mejorable su redacción y su incardinación en el texto legal, cosa que esperamos poder hacer en el trabajo conjunto en la Comisión. Y digo que votaremos a favor de su toma en consideración porque deseamos y creemos imprescindible que sea posible su debate en Comisión a fin de clarificar y endurecer la tipificación del delito de financiación ilegal de los partidos políticos, diluida y atemperada en una insuficiente regulación que aparece por primera vez en la reforma del Código Penal de 2015, cuando la corrupción constituye ya uno de los principales problemas para los ciudadanos de este país.

La financiación ilegal de los partidos políticos va en muchos casos ligada a la corrupción, como ayer mismo pudimos comprobar en esta sede parlamentaria y en el transcurso de la Comisión de investigación con el vergonzoso pacto de silencio entre el Partido Popular y su extesorero Bárcenas. Se ve, como dijo mi compañera la señora Rodríguez, que lo que pasó ayer era aquello de 'ser fuerte'. Esperar que sea el Gobierno del Partido Popular quien aporte una persecución clara y contundente de la financiación ilegal de los partidos políticos es como esperar que sea el lobo el que cuide a las ovejas. El binomio Partido Popular-lucha contra la corrupción se ha convertido ya en el triste oxímoron que marcará la historia de este periodo democrático. Estamos convencidos de que, una vez que consigamos pasar página y oxigenar y regenerar la vida política de este país, contemplaremos con sonrojo y vergüenza este periodo, con más sonrojo y más vergüenza si cabe del que sentimos día a día y, sobre todo, del que sienten millones de ciudadanos cada día en este país. El Partido Popular jamás ha tenido la intención de perseguir con dureza y efectividad la financiación ilegal de los partidos políticos, por razones obvias: cuando el 20 de septiembre de 2013 el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del proyecto de ley de reforma del Código Penal, no decía ni una sola palabra sobre la tipificación del delito de financiación ilegal de partidos políticos y tan solo lo hace con posterioridad y vía enmiendas tras la presentación por parte del Partido Socialista de una proposición de ley en la que sí se tipificaba como delito la financiación ilegal de los partidos políticos, en la que se pedía la sanción tanto de quien financiaba como de quien era financiado y se aseguraba la devolución de las cantidades indebidamente percibidas. De ese modo, vía enmiendas, el Gobierno decide incluir la tipificación de este delito, y lo hace vía enmiendas, como digo, para asegurarse


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de que se sustrae del control y del informe del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal y de cualquier órgano que hubiera debido informar el proyecto original, garantizándose así una tipificación a medida en la que, por ejemplo, se exime de pena de cárcel a quien reciba o entregue donaciones ilegales que no sean superiores a 500 000 euros, aunque sea en dinero B, cantidad exorbitante y que casualmente coincide con la lista de donantes del señor Bárcenas. Ninguno de ellos donó más de 500 000 euros, ninguno de ellos iría a la cárcel. Y como en el Grupo Parlamentario Socialista no creemos en las casualidades, estamos convencidos de que se trata sencillamente de un traje a medida; de un traje a medida y de una barbaridad jurídica, pero sobre todo política y democrática. Porque, sinceramente, ¿alguien en esta Cámara puede defender que el delito de financiación ilegal de partidos políticos puede saldarse con una mera multa si la donación solo asciende a 499 000 euros y aunque estemos hablando de dinero B? Es imposible no estar de acuerdo con que la regulación de la financiación ilegal de los partidos políticos debe cambiarse, endurecerse y clarificarse. Es cierto que pensamos que dicho cambio debe ir más allá de lo propuesto por Compromís, en el sentido de la proposición presentada por el Partido Socialista en el año 2013. Ayer, en el colmo del cinismo y del descaro político, el portavoz del Partido Popular en la Comisión parlamentaria de investigación, el señor Rojas, preguntaba al resto de portavoces parlamentarios: ¿Hasta cuándo se va a seguir embarrando la vida política? Lo preguntaba el portavoz del partido de la Gürtel, de la caja B, de los billetes en cajas de puros, del pitufeo, de la Púnica, de la Operación Lezo, de la Operación Auditorio, del partido que tiene a cinco de sus extesoreros imputados en un claro ejemplo de cómo la impunidad da siempre paso al descoque y a la desvergüenza.

En definitiva, nos parece que la propuesta que trae hoy a debate el Grupo de Compromís, si bien viene a cubrir efectivamente una laguna legal, es mejorable en la medida en que en Comisión podemos trabajar juntos para, como digo, mejorar la deficiente tipificación del delito de financiación ilegal de partidos políticos aprobada en su día por la puerta de atrás y casi llevados a empujones por el Partido Popular. Por eso queremos trabajar con el resto de grupos políticos y aclarar la definición de esa tipificación de la financiación ilegal de partidos políticos y endurecer sus penas, tanto las principales como las accesorias.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moro Almaraz.

La señora MORO ALMARAZ: Señora presidenta, señorías.

Señor Cantó, antes de seguir, presunta, ¿verdad?, presunta financiación. (Una señora diputada: ¡Muy bien!). Eso es lo que quiero de un presidente de mi Comisión de Calidad Democrática. (Aplausos).

Señorías, señor Bataller, usted no trae hoy aquí una iniciativa para mejorar la respuesta de nuestro ordenamiento jurídico a la financiación ilegal de los partidos políticos, aunque ha intentado disimularlo hasta el final y no ha podido. Realmente a ustedes, a su grupo político en nombre del cual habla, les da igual que esto sea una falta de respeto al trabajo parlamentario -y ya se lo han dicho-, a una Comisión constituida por acuerdo de todo el arco parlamentario, a una subcomisión que ha concluido sus comparecencias en esta materia y que está -estamos- trabajando en un informe de conclusiones y propuestas. Usted, esta vez en lugar del señor Baldoví, una vez más viene a ponerse la camiseta de turno y aquí, en el hemiciclo, a quitársela, a cumplir con su función teatral y con su dosis de ego; todo lo demás le da igual, eso sí, con el tono más suave, más profesional, propio del señor Bataller. A usted le da igual que yo le diga que realmente no traen aquí sino una especie de ley singular en materia penal rechazada, como saben, por el Tribunal Constitucional. A usted, a ustedes, no les interesan las conclusiones para ofrecer un mejor ordenamiento jurídico que de una vez por todas presente un marco disuasorio y sancionador adaptado a lo que todas las fuerzas políticas quieren ofrecer a la ciudadanía: confianza en las instituciones e instrumentos eficaces y contundentes para acabar con la corrupción. Lo ha disimulado una vez más; ya sabe lo que se dice: excusatio non petita... No les interesa porque ni siquiera les interesa mirarse en el espejo y verse a ustedes, porque no sé si van a ser capaces de mantener la mirada hacia ese espejo. ¿Se han preocupado en su grupo y con su líder de valorar si esta modificación que presentan u otras normas son las adecuadas para que responda el señor Baldoví a sus comportamientos en el ejercicio de sus funciones públicas? ¿Tiene usted claras sus actuaciones urbanísticas en Sueca? (Aplausos). El Síndic ha lamentado el incumplimiento reiterado por el consistorio que usted presidía y denunció numerosas irregularidades en su actuación. ¿Quizá por eso hoy no ha bajado a defenderla, señor Baldoví? ¿Por eso hablan los señores de Podemos por ustedes?


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Imaginen que yo soy otra, una diputada de la oposición, que lo soy ahora mismo, y que le digo que cómo pueden venir ustedes a mantener el discurso que mantienen sin mirarse primero a ese espejo. Es más, yo tendría que decirle -y no lo hago porque no soy una diputada de la oposición- que usted, su líder, el señor Baldoví, es delincuente, que es corrupto porque según los medios la fiscalía le está investigando y que vienen a darnos aquí lecciones de lucha contra la corrupción, usted que ha sido considerado como el alcalde más opaco de la Comunidad Valenciana (Aplausos) y que nunca entregó en tiempo y forma sus cuentas. O tendría que hablarle de su favoritismo en el trato a su hermano en el pago de horas extraordinarias durante su gestión municipal. ¿Qué le parece? Mal, ¿verdad? No lo dudo. Ayer, y siguen con un tono más suave, algunos miembros de la oposición perdieron los papeles, quizás tratando de seguir haciéndose un sitio en el nuevo PSOE, porque resulta inexplicable tanta mentira, tanta agresión y tanta rabia. Como esas personas, ustedes, señores de Compromís, pretenden ser policía, fiscal, instructor y juez que dicta sentencia firme al tiempo. Si esa es la forma de hacer nueva política deberían reflexionar porque lo que ustedes patrocinan es, se lo digo, una forma reprobable de hacer política a través de una instrumentalización de la justicia y del derecho. Se pretende de verdad -ese es su objetivo- alterar un resultado democrático a fuerza de promover acciones y extrapolar al procedimiento sus acusaciones sin prueba para elevarlas a categoría de absoluto. Señor Bataller, señor Baldoví, ¿seguro que ustedes quieren que su padre, su hermano o, sin tienen hijos, sus hijos reciban la medicina que algunos de ustedes dan a los miembros del Partido Popular? Creo que no. Quiero que les quede muy claro a usted y a todos que, por más que sigan repitiendo una mentira, no se va a convertir en verdad. Ningún juez ha dicho que el Partido Popular sea una organización criminal. Usted, algunos de su partido, algunos de otros partidos y asociaciones asimiladas hablan de ello, quieren eso y lo utilizan como arma política, a la desesperada, ante su incapacidad de ofrecer a los españoles un proyecto político coherente. Ningún juez ha dictado sentencia sobre esa que ustedes dan por cierta financiación ilegal del Partido Popular. No hay financiación ilegal del Partido Popular. Ustedes solo aprendieron una clase en filosofía, aquella de que el fin justifica los medios, cualquier medio. Pero realmente están equivocados y lo saben perfectamente. Puede ocurrir en una familia que haya un criminal pero no por ello la familia es criminal. El Partido Popular no es una organización criminal, no es una trama, no ha participado en ninguna trama. Hoy mismo, si pudieran, algunos de ustedes que tanto se regodean en estas frases deberían renunciar a su inmunidad. Ah, pero no pueden. Porque no hay nada que justifique que el presidente de mi partido, sus militantes, sus cargos públicos y nuestros votantes tengan que ser insultados de esta manera para que ustedes obtengan titulares, horas de audiencia y algunos, quién sabe, un puesto en la dirección del grupo. (Aplausos.-Una señora diputada: ¡Bravo!).

Imagínense que esta tarde pierdo la cabeza y digo que como Compromís es un partido corrupto, cómo puede venir aquí a darnos lecciones, cómo puede darnos lecciones cuando tiene a miembros de su partido investigados. Señor Bataller, señor Baldoví, seguro que a alguien no le gusta lo que voy a decir pero a mí me enseñaron así y el presidente de mi partido lo hace con firmeza siempre: usted, ustedes, tienen derecho a la presunción de inocencia, tienen derecho a defenderse, a un juicio justo, a que se sigan los juicios con todas las garantías para ustedes, las investigaciones, la instrucción y el juicio, si así correspondiera. Ustedes y sus familias tienen derecho al honor, a ser tratados con respeto, a que los indicios no pasen directamente a sentencia firme, a que se aplique la ley -eso sí- y a que sea juzgado y sentenciado lo que corresponda, pero por los tribunales. Digan a los españoles que no les importa resolverles sus problemas, que solo quieren desbancar al Gobierno porque no respetan la opinión de los españoles. Díganles que quieren utilizar el Código Penal como instrumento contra el adversario. (El señor Baldoví Roda pide la palabra). ¿Ah, qué luego no es verdad lo que han afirmado? ¿Qué pretendían hablar de indicios pero que se quedan en nada? ¿Qué se quebranta la ley? Les da igual con tal de que todos vayan contra el Partido Popular, contra el presidente que ha trabajado por todos los españoles y que ha sacado a este país de la profunda zanja en la que estaba. Con eso les vale.

Nosotros, señorías, no queremos ningún corrupto en la política, ni en sus partidos ni en el nuestro, especialmente en el nuestro, pero la forma de conseguirlo no es esta que utilizan. Una vez me dijo un juez que su sistema era poner sentencias y luego redactar; una vez redactado el fallo, buscar los argumentos jurídicos. Salí aterrorizada de la reunión, como se pueden imaginar; eso sí, con la convicción de que ovejas negras hay en todas partes, pero que esta era la excepción. Eso es lo que yo les pido a ustedes. Muchos profesionales de la justicia hoy les miran aterrados; les miran aterrados porque quieran ser ustedes jueces y para ser juez hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho, hay que tener mucha templanza. Sean ustedes valientes y propongan que cuando una acusación falsa, una difamación, la


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alteración política para alcanzar un Gobierno municipal o autonómico se hace utilizando a los tribunales, que eso, en el mismo procedimiento que luego se sobresee o cuando hay una absoluta absolución suponga la existencia de consecuencias para los representantes del partido o para ese partido político que lo ha amparado. Así, sin insultos, con la cabeza fría, con rigor, con el objetivo puesto en unas normas que sean para todos y para una mayor confianza en los ciudadanos y en los partidos políticos, nos encontrarán. Nosotros, señores de Compromís, señores socialistas, estuvimos siempre ahí; ustedes no apoyaron una norma que puede ser mejorable, pero no la apoyaron, es la que hay. Y cuando gobernaron y estuvieron en condiciones de aprobarla, no lo hicieron.

Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!-El señor Baldoví Roda pide la palabra).

La señora PRESIDENTA: Sí, señor Baldoví.

El señor BALDOVÍ RODA: Por alusiones, me acojo al artículo 71. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: ¿Perdón?

El señor BALDOVÍ RODA: Por alusiones personales me acojo al artículo 71.

La señora PRESIDENTA: Díganos usted por qué se ha sentido aludido.

El señor BALDOVÍ RODA: Porque la señora portavoz del Partido Popular ha hecho alusiones personales a mi carrera como alcalde en el Ayuntamiento de Sueca. (Rumores.-Protestas.-La señora Moro Almaraz pide la palabra).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

Señora Moro. (El señor Baldoví Roda, puesto en pie, pide la palabra). Puede sentarse, señoría. (El señor Baldoví Roda: ¿No puedo hablar?).

La señora MORO ALMARAZ: Simplemente he hecho referencia a noticias que aparecen en prensa. He dicho que nosotros nunca vamos a condenar por unas noticias en prensa ni por el indicio de una financiación. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.-El señor Baldoví Roda pide la palabra).

La señora PRESIDENTA: Señoría, ha tenido ya su turno y ha obtenido una respuesta. No hay más interpretación de este artículo del Reglamento. (Protestas).

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A LA SEGURIDAD VIAL Y JURÍDICA DE LOS CICLISTAS EN NUESTRAS CARRETERAS. (Número de expediente 162/000423).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto II del orden del día, relativo a proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la seguridad vial y jurídica de los ciclistas en nuestras carreteras.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Rivera Andrés.

La señora RIVERA ANDRÉS: Muchas gracias, presidenta.

A Aitor Martínez se le quiebra la voz al recordar a su compañero Jesús Negro de Paz y aquel fatídico 25 de febrero de 2016, en que apenas llevaban un kilómetro de la vallisoletana VA-30 cuando un camión invadió el arcén por el que circulaban los dos ciclistas. La Guardia Civil nos dijo que el conductor iba despistado y que no pisó el freno, explica Aitor al rememorar el momento en el que el vehículo, tras un volantazo, les golpeó a más de 90 kilómetros por hora. Él sufrió heridas graves, se rompió varias costillas, le extirparon el bazo y pasó casi un mes en el hospital, pero Jesús se dejo allí mismo la vida, sumando su nombre a la larga lista de ciclistas muertos en las carreteras españolas en la última década. Son más de 400, según los datos de la DGT. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).

El número de accidentes con bicicletas implicadas se ha duplicado en las vías interurbanas en solo siete años. Han pasado de 1082 en 2009 a 2013 en 2015; también se duplican en las ciudades en ese mismo período. El año 2015 se fue con 58 ciclistas muertos y 652 heridos graves; un aumento del 33 %


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en siete años. Pero los datos de 2017 y los hechos auguran un pronóstico cada vez peor. En 2017, Eduardo Monfort y Luis Alberto Contreras perdieron la vida el 7 de mayo, después de que un automovilista que dio positivo en drogas y alcohol arrollase, en Oliva, al grupo de seis ciclistas con el que iba. José Antonio Albi, herido de gravedad, fallecía unos días más tarde. Una semana después, simplemente una semana después, en la mañana del 13 de mayo, otra conductora ebria arrollaba a seis ciclistas en Tarragona. El Gobierno y en nuestro país no se está respondiendo de forma suficiente a las necesidades de los ciclistas ni en seguridad vial ni en seguridad jurídica. Esto demuestra, cuando menos, tres motivos. Primero, el preocupante aumento en el consumo de alcohol y drogas por parte de los conductores de vehículos a motor. Segundo, la impunidad por falta de sanción penal a la que pueden acogerse los conductores de vehículos a motor en determinados casos de atropello imprudente, y les aseguro que esto no hace que los accidentes se reduzcan; al contrario. Tres, la escandalosa impunidad a la que se acogen quienes, en caso de accidente, deniegan el socorro a las víctimas y se dan a la fuga. Esta impunidad es consecuencia de la última reforma del Código Penal realizado por los señores del Partido Popular -aquí a mi derecha- que, a través de la disposición derogatoria única de la Ley Orgánica 1/2015, modificó de un plumazo todo el libro del Código Penal que regulaba las faltas, suprimiéndolo. Se expulsa así, sin más, del ámbito penal todas las lesiones causadas por imprudencia leve sean las que sean, incluida la muerte. El ejemplo más claro es el caso del que todos hemos oído hablar, el de Óscar Bautista, un ciclista que falleció como consecuencia de un accidente de tráfico, en el que a pesar de ser atropellado por un camión que se dio a la fuga cuando circulaba normalmente por el arcén, la juez instructora consideró que se trataba de un caso de homicidio por imprudencia de carácter leve, uno más, de nuevo, una imprudencia leve, y archivó la causa. Ese hecho motivó que Ana González, su mujer, pusiera en marcha, a través de change.org, una petición que presentó aquí, en el Congreso de los Diputados -como ustedes saben- pidiendo lo que es de justicia: una ley más justa. Por si fuera poco, en el caso de Óscar tampoco se cumplía el tipo penal de omisión del deber de socorro porque, debido a que falleció en el acto, tal y como explica el propio texto y cita literalmente, no se encontraba este desamparado ni en peligro manifiesto grave. Es necesario que actuemos ya para cambiar estos hechos; unos hechos que, de verdad, están influyendo gravemente en los ciclistas, pero también en cualquier víctima de tráfico. Para ello, desde Ciudadanos hemos presentado el día 30 de mayo esta proposición no de ley que debatimos, en la que exigimos al Gobierno que en el plazo de tres meses presente al Congreso de los Diputados un proyecto de ley orgánica que, de una vez por todas, modifique el Código Penal para que sean castigados penalmente todos aquellos accidentes con resultado de muerte o lesiones graves con tratamiento médico que se produzca por cualquier tipo de imprudencia y se cree una figura específica del delito de omisión del deber de socorro específico para accidentes de tráfico, porque lo que le ocurrió a Óscar es realmente injusto. No existe derecho alguno que ampare la fuga del conductor que causa un accidente y espero de verdad que todos los grupos en esta Cámara estemos de acuerdo en ello. (Aplausos).

Ya lo sé -me anticipo-, cuando llegue el turno del portavoz del Partido Popular me dirá: ¡Pero si ya hemos registrado un proyecto de ley orgánica para la modificación del Código Penal! Muy bien, les doy la enhorabuena porque se han dado mucha prisa en cumplir con la demanda de Ciudadanos, con lo que estamos exigiendo desde Ciudadanos y les pedimos el 30 de marzo. (Aplausos). Enhorabuena por hacer caso a las exigencias de Ciudadanos. Eso sí, también lamento decirles que es un proyecto de ley que se ha hecho a la carrera; un proyecto de ley sin amplitud de miras y para apaciguar la alarma social. No lo digo yo, lo dicen los ciclistas y los juristas que hoy nos acompañan en la tribuna de invitados. (Aplausos).

Esperamos contar con el apoyo de todos los grupos -incluido el nuevo PSOE- para que esta iniciativa se apruebe y fuerce al Gobierno a debatir la ley que Ana lleva solicitando y peleando durante más de tres años. Señorías, la seguridad jurídica es imprescindible, pero la seguridad vial es vital. No nos conformemos solamente con actuar después del accidente; actuemos antes, actuemos con medidas de prevención, y eso es algo que se puede hacer a través de los datos de la DGT. Es posible identificar aquellos puntos de la vía donde han ocurrido los accidentes de los ciclistas y también donde se producen accidentes debidos principalmente a las drogas y al alcohol. Estos datos de la DGT se pueden cruzar y se podría hacer un Invive drogas, similar al Invive motos, que puede salvar muchas vidas.

Insto al Gobierno una vez más desde esta tribuna -igual que hemos hecho con la presentación de la proposición no de ley- a que no se quede en meras ideas o en meras proposiciones sino que actúe de verdad para conseguir que se invierta en este proyecto de prevención y se ponga en marcha cuanto antes, y les diré por qué, porque el mejor accidente de todos es aquel que no se produce.

Muchas gracias. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rivera.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto -que en este turno también fijará posición-, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Se plantea una iniciativa parlamentaria que resulta necesaria a tenor del incremento de víctimas entre los ciclistas que utilizan las carreteras y vías públicas españolas. Las estadísticas fijan en treinta y tres los ciclistas que fallecieron atropellados el pasado año, pero en el actual 2017 ya suman veintiséis, lo que hace obligada la adopción de medidas que sean de utilidad para tratar de detener esta terrible escalada y reducir la accidentalidad que supuso un incremento del 185 % del número de siniestros en la última década contabilizada oficialmente por la Dirección General de Tráfico. Sin duda, hay muy diferentes tipos de medidas que aplicar, y de hecho se han anunciado en la Comisión sobre Seguridad Vial creada en este Congreso de los Diputados. El Grupo Ciudadanos las ha centrado en tres puntos, con especial incidencia en la reforma del Código Penal, lo que tiene sentido porque es muy inquietante el dato de los atropellos a ciclistas relacionados con vehículos a motor conducidos por personas bajo los efectos de alcohol y drogas, incluso reincidentes; como es aterradora la reiteración de siniestros en los que el conductor huye, se da a la fuga y no presta auxilio a la víctima.

Desde Foro hemos presentado una enmienda con la que se trata de promover el cumplimiento de las normas de circulación en defensa de la gran vulnerabilidad del ciclista, y también el conocimiento por parte de los usuarios de las bicicletas del uso de casco, prendas reflectantes e iluminación, en definitiva, instrumentos y elementos de prevención y de mayor seguridad. Por otra parte, creemos de gran utilidad que se habiliten más tramos de lo que se denominan rutas seguras. En España tenemos actualmente señalizadas cincuenta y seis de estas rutas seguras para ciclistas y casi medio centenar de nuevos tramos que están pendientes de señalización, pero son pocas a tenor de la gran y creciente afición al uso deportivo y recreativo de la bicicleta en todo el territorio nacional. Finalmente, junto con modificaciones de la Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y adaptaciones del reglamento general de circulación y del reglamento general de la conducción en defensa de los usuarios de la bicicleta, creemos urgente la puesta en marcha en España del primer plan estratégico estatal de la bicicleta, que viene siendo reclamado con insistencia desde hace tiempo y que la propia Dirección General de Tráfico está elaborando en colaboración con organismos, instituciones y sectores muy implicados en la bicicleta. Hay varios países europeos -Holanda, Francia y Alemania, entre otros- que ya tienen en vigor este tipo de planes desde hace años.

Votaremos a favor, en todo caso, señor presidente, de esta iniciativa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero empezar mi intervención haciendo un homenaje muy sentido a Ana González y a su iniciativa incansable de buscar una ley justa. Fue Ana quien nos trasladó a los grupos parlamentarios la realidad de lo que estaba sucediendo a raíz de la última reforma del Código Penal y la impunidad con la que quedaban las imprudencias leves, las cuales dejaron de ser perseguidas por la vía penal para tener que recurrir a la vía civil y que las familias de las víctimas tuviesen que pleitear con las compañías de seguros, con muchos más medios y posibilidades, por lo que se sienten desamparadas por este hecho. Ella pedía que se modificase el Código Penal, que las imprudencias leves pasaran a ser perseguidas también por la vía penal y que además la omisión del deber de socorro -la jurisprudencia española establece que cuando ha habido una muerte súbita no procede y este delito no se puede imputar al que ha huido dejando a la víctima en la carretera- pudiera ser perseguible. De hecho, nosotros, como Partit Demòcrata, presentamos una proposición de ley en estos términos. Nos hubiese gustado que Ciudadanos también presentase una proposición de ley para poder avanzar un poco más deprisa. El Gobierno ha anunciado recientemente que presentará un proyecto de ley orgánica y, como se ha dicho, únicamente parece que va a modificar la omisión del deber de socorro y la forma de tratarlo en el Código Penal. Intentaremos modificar este proyecto de ley del Gobierno para que ampare las imprudencias leves, porque vale la pena hacer una regulación para dar cobijo a las víctimas.


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Finalmente, hemos presentado una serie de enmiendas al texto que vamos a apoyar igualmente, pero que nos han parecido necesarias a nivel competencial, aunque del texto de la proposición no de ley se infiere que solo se refiere a las carreteras del Estado. Nos gustaría que quedase más pulida esta proposición no de ley, que atendiese a la diversidad de la titularidad de las carreteras porque al menos en Cataluña, en ejercicio de nuestras competencias, estamos ya detectando puntos negros y haciendo prevención. Creo que para que quedara una proposición no de ley más técnica y mejor redactada se tuviesen en cuenta las enmiendas de nuestro partido para que nuestro voto, que por supuesto va a ser positivo, estuviera más conforme con el contenido.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Esta tarde estoy encantado de las veces que me nombran los señores del PP y los señores de Ciudadanos. De verdad, estoy encantado. No está la señora María Jesús Moro, no la veo, ha salido, pero solo quiero decirle, a ella y a todos los del PP, que voy con la cabeza muy alta, y el día que tenga algo de lo que arrepentirme no estaré en esta Cámara. Lo digo muy, muy convencido. Además, como no tenemos miedo, presentamos justamente esta proposición de ley. Si el Partido Popular no tiene miedo de nada, ¿por qué no votan a favor si tan seguros están? Si lo han hecho todo bien, seguro que no los ilegalizan. Por tanto, ¿de qué se quejan?

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Baldoví, un momento. Le llamo a la cuestión. Estamos tratando una proposición no de ley y usted está haciendo referencia a la iniciativa anterior. Le ruego que se atenga a la cuestión que es objeto de debate en este momento.

Muchas gracias.

El señor BALDOVÍ RODA: De acuerdo.

Soy ciclista aficionado y me he llevado algún susto en la carretera, por tanto, estoy a favor de cualquier medida que venga a favorecer la seguridad de los más débiles de la carretera que, en definitiva, somos los que salimos en bicicleta. Creo que esta propuesta es necesaria; es necesario abrir este debate con un objetivo claro. El objetivo claro tiene que ser reducir el número de víctimas, reducir el número de accidentes por encima de cualquier medida punitiva. De esta proposición no de ley nos gusta especialmente el primer punto, y le diría al señor Cantó que la Dirección General de Tráfico ya ha implementado muchos de los puntos que aparecen reflejados en el mismo. Ya le han hecho el trabajo. Va en la línea de evitar y de prevenir. Nos gusta también mucho el tercer punto porque entendemos que de lo que se trata en esta proposición no de ley y de lo que se trata en la vida es de intentar salvar vidas. Por tanto, estamos a favor de que se abra este debate.

Como se ha hecho alguna referencia al señor Cantó, diré que vamos a votar a favor de esta propuesta de Ciudadanos. Nos podemos poner de acuerdo en muchísimas cosas con Ciudadanos. En lo único en lo que no nos pondremos de acuerdo será en seguir manteniendo a este partido (señalando al Grupo Parlamentario Popular) en la Presidencia del Gobierno.

Moltes gràcies, senyor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Baldoví.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Luis Bail.

El señor LUIS BAIL: Señorías, poco más que decir a lo que se ha dicho acerca de la reforma exprés que el Partido Popular, con mayoría absoluta, realizó en el Código Penal en 2015, dejando desprotegidos a varios colectivos, entre ellos los ciclistas. No fue una reforma cualquiera. En esta reforma, el Grupo Popular tuvo que introducir hasta noventa autoenmiendas durante su tramitación. Por otra parte, la motivación de la Ley Orgánica 1/2015 se defendía sobre la base del pretexto de aligerar la Administración de Justicia, cuando lo que realmente supone un lastre, según la memoria de la fiscalía del año 2015, es la falta de medios, así como la existencia de complejos procesos judiciales como los relacionados, por ejemplo, con las tramas de corrupción. Eso es lo que realmente lastra la actividad de la Administración de Justicia. La reforma de 2015 derogó el libro tercero de las faltas del Código Penal y ello significó una destipificación penal que, si bien podríamos haber entendido como una muestra del talante progresista


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conforme al principio de la intervención mínima, en realidad ha supuesto el desamparo de miles de víctimas en cuanto al resarcimiento de los daños, tal y como confirma la Unión de Abogados Penalistas. Por otro lado, no aclara tampoco la diferencia entre unos delitos y otros, entre penas graves y menos graves, ni habilita un procedimiento claro y específico para las faltas. Esta reforma consolidó, por la vía de los hechos y en connivencia con las aseguradoras, la mercantilización de un derecho tan fundamental como el de la tutela judicial efectiva y en condiciones de igualdad, algo que después, en parte, trató de corregir el Real Decreto 1148/2015, regulando la realización de pericias a solicitud de particulares. Pero creemos que el Gobierno del Partido Popular desprotegió a los colectivos vulnerables no solo en las carreteras, sino judicialmente, y que ahora está reconociendo su error con la presentación el pasado jueves de un proyecto de ley orgánica para volver a reformar el Código Penal dos años después. Pues sí que tuvo cortas las patas esta reforma.

Volviendo a la proposición que hoy presenta Ciudadanos, creemos que es importante destacar que sigue sin cuestionarse lo que ha supuesto en la práctica la aplicación de la reforma del Código Penal llevada a cabo por el Partido Popular, porque pareció que estaba regalando a las aseguradoras aspectos fundamentales del procedimiento y generaba un conflicto desigual entre las personas afectadas y las decisiones de una compañía aseguradora, con el añadido del riesgo de la imposición de costas en el procedimiento; además, la redacción del punto 2 de la proposición resulta confusa y plantearía que fuese delito la imprudencia leve de lesiones del artículo 147.1, pero no la imprudencia menos grave con el mismo resultado. Esta y otras consideraciones las formularemos en el articulado de la propuesta de ley orgánica, visto lo bien que se han conseguido coordinar con el Partido Popular.

Como anticipo, les voy a leer los comentarios que hacen las asociaciones de juristas de ciclistas, que dicen que la reforma propuesta, como casi siempre, es un parche hecho a la carrera para apaciguar la alarma social y deja sin tocar el lío que han armado previamente al tipificar dos tipos de imprudencia. Cuando esa proposición llegué aquí, la debatiremos.

Por otro lado, nos encontramos con víctimas y familiares que no solo se han visto perjudicadas por el siniestro, sino que han perdido su trabajo o han sufrido daños psicológicos y morales, necesitando un acompañamiento constante y creemos que la propuesta presentada en absoluto acaba de amparar a estas víctimas. Por ello, porque tenemos claro a quién defendemos, hemos presentado enmiendas que esperamos que sean aceptadas para mejorarla, empezando por revisar la Ley 50/1980, de contrato de seguro, en lo que se refiere al cobro de la defensa jurídica por parte de los propios asegurados; revisar la Ley 35/2015, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación en lo referente al procedimiento que deben afrontar las víctimas para reclamar las correspondientes indemnizaciones ante las aseguradoras; e introducir en la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, un procedimiento especial, plenario y rápido con inversión de la iniciativa del contradictorio específico para la reclamación de los daños y perjuicios en accidentes de tráfico en el cual se forme un título ejecutivo y en el que se no contemple la imposición de costas.

Concluyendo, señorías, proponemos modificar tres textos legales para que las víctimas tengan además garantizado el acceso a la tutela judicial efectiva, que fue lo que quitó la reforma del Código Penal del Partido Popular, porque demasiado a menudo, por parte de las compañías aseguradoras, hay resistencias a atender la defensa jurídica de las víctimas y a menudo la posible indemnización que se recibe termina sirviendo únicamente para cubrir los gastos procesales. Defendamos al colectivo ciclista, defendámonos todas y todos. Todas y todos tenemos derecho a transitar por las vías, y cuantos más ciclistas haya en las vías, más seguras van a ser, pero hagámoslo con una visión global y devolviendo a estas, a las víctimas y a las personas que están afectadas por la violencia vial, su derecho efectivo a la tutela judicial, siendo conscientes de que, como siempre decimos, los derechos no se venden, en este caso las aseguradoras, sino que se defienden. Eso lo vamos a tener que hacer entre todas y entre todos porque no hay sociedad si no hay paz vial.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Luis Bail.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bellido Acevedo.

El señor BELLIDO ACEVEDO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme que también me dirija al sector de los ciclistas, a aquellos que articulan la respuesta de la sociedad a través de asociaciones y de colectivos y que también vertebran la misma y a aquellas personas que están defendiendo altruistamente derechos para todos. La verdad es que 22


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ciclistas fallecidos, casi 500 en una década víctimas de siniestros, atropellados en nuestras carreteras, nos apelan a todos y a todas a que aquí, en la Cámara, tomemos decisiones y estemos unidos. Por eso el Grupo Socialista va a apoyar esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la que hemos presentado una enmienda de adición. Decía la portavoz de Ciudadanos que el Grupo Popular se había apresurado a presentar un proyecto de ley como consecuencia de la iniciativa de Ciudadanos. Antes que Ciudadanos y antes que el Grupo Popular, el Grupo Parlamentario Socialista presentó el 10 de mayo, el día que comparecía en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible el director general de Tráfico, una iniciativa que pretendía ser una declaración institucional para demostrar que todos los grupos parlamentarios nos solidarizábamos con las víctimas en los accidentes. No fue posible porque, aunque todos los grupos parlamentarios estuvimos de acuerdo, el Grupo Popular consideró que aquel no era el día y convertimos esa declaración institucional del diputado Odón Elorza en una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión próximamente. Creo que todos los grupos parlamentarios estamos sensibilizados con esta cuestión, estamos unidos, y vamos a intentar entre todos y todas que haya unidad en seguridad vial porque los colectivos de víctimas y en general la sociedad nos lo reclaman.

Respecto de la proposición, compartimos la necesidad, el diagnóstico, y muchas de las propuestas que hemos leído que son enmiendas de otros grupos parlamentarios. Este texto de Ciudadanos tiene dos grandes bloques; por un lado, una propuesta de reforma del Código Penal, propuestas legislativas; y otro bloque que tiene que ver con medidas más concretas del Ejecutivo. Por lo que se refiere a las propuestas que tienen que ver con el Código Penal, lo primero que habría que preguntarse es a quién benefició la reforma que hizo el Partido Popular en el año 2015. Desde luego, a los colectivos de víctimas no, pues han tenido que acudir a la vía civil y pagar peritos y tasas, quedando mucho más vulnerables de cara a las compañías de seguros y a los tramitadores. El otro asunto que trae aquí tiene que ver con el reproche social y penal que merecen aquellas personas que habiendo causado un siniestro, huyen del lugar y dejan desamparada a la víctima. Es un debate que el Grupo Parlamentario Socialista quiere celebrar y quiere alcanzar acuerdos. El Grupo Popular habla de conseguir un pacto de Estado en esta materia, que nosotros deseamos. En este sentido, hubiese sido positivo que, por cortesía parlamentaria, hubiese mostrado a los grupos que estamos intentando conseguir este pacto de Estado la iniciativa que han registrado ya en el Congreso. Además de las medidas legislativas, lo que queremos es que estas no sirvan de coartada para no hacer otras cosas. A eso es a lo que se refiere el otro bloque de la propuesta de Ciudadanos al que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de adición, que tiene que ver con políticas del Ejecutivo. Por ejemplo, mejorar las carreteras -el sector de los ciclistas está reivindicando concretamente mejorar los arcenes-; más inversión en DGT, que por cierto en los Presupuestos Generales del Estado ha bajado 14 millones de euros este año; formación a los usuarios, que desde hace años se ha dejado de hacer por parte del Gobierno; campañas de sensibilización, ahora que llega el verano, que es la época, junto con los fines de semana, en la que se producen más siniestros, más atropellos a ciclistas, más formación en este campo; auxilio en carretera, campo en el que se puede mejorar mucho, como denuncia la Asociación Unificada de la Guardia Civil. En definitiva, investigación sobre las causas, como dice el profesor Luis Montoro, un especialista en esta materia, e investigación en nuevas tecnologías que puedan prevenir y evitar accidentes graves. Al final, se trata de demostrar voluntad política, y la voluntad política aquí se circunscribe a dos cuestiones: Boletín Oficial del Estado y presupuestos. De momento, en lo que va de legislatura, poquito de cada cosa; poquito de Boletín Oficial del Estado y poquito de presupuestos para seguridad vial. El Grupo Socialista, como ya ha anunciado otras veces, va a trabajar para sumarse a las iniciativas que hagan otros grupos y también a las del Grupo Popular, porque en esta materia no queremos hacer oposición sino que queremos estar coordinados, estar unidos, pero si toda la iniciativa en materia de seguridad vial va ser reformar el Código Penal, el Grupo Parlamentario Socialista va a ser mucho más exigente, puesto que creemos que se pueden hacer muchas más cosas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bellido.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Gamazo Micó.

El señor GAMAZO MICÓ: Buenas tardes, señor presidente.

Señorías, deseo que mis primeras palabras sean para mostrar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el máximo respeto a todos los ciclistas víctimas de la siniestralidad vial y transmitir a sus familiares y amigos nuestras condolencias y solidaridad, sumándonos a su terrible dolor. También han de ser


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palabras de agradecimiento y reconocimiento para doña Ana González y para todas aquellas personas que han luchado por una ley justa, que evitará que en el futuro muchas familias tengan que pasar por el sufrimiento y el calvario por el que ellas pasaron.

Señorías, para el Grupo Popular, la seguridad vial de los ciclistas es prioritaria porque afecta a la vida y a la integridad de las personas, a la vida y a la integridad de los ciclistas. Por eso, desde el Gobierno y desde mi grupo parlamentario hemos luchado y estamos luchando para frenar la violencia vial mediante la implementación de medidas continuas desde el Gobierno -el señor Baldoví ha reconocido que así se está haciendo- y la proposición de modificaciones legales. El Grupo Popular está integrado por numerosos diputados amantes y practicantes del ciclismo. Somos, por tanto, conocedores de la realidad social porque pedaleamos por las carreteras y conocemos la realidad de nuestros territorios, de nuestras provincias. Por ello, conscientes de la magnitud de la siniestralidad de los ciclistas y haciéndonos eco de una demanda social creciente, el Grupo Popular adquirió al principio de este periodo de sesiones y no ahora, señora Rivera, por competir con ustedes, el impulso de una proposición de ley que mejora la protección que el Código Penal brinda a los ciclistas ante conductas temerarias, inapropiadas y criminales.

Señorías, negar que nuestro país con su Gobierno a la cabeza está respondiendo a las necesidades de todos los usuarios de la red viaria, también de los ciclistas, es negar el amanecer de mañana. España goza de un Gobierno que sabe escuchar a la ciudadanía, que sabe y se preocupa de la protección de los ciudadanos, de un Gobierno que preside el presidente Rajoy, comprometido con la mejora de la seguridad vial y sensible a la problemática de la accidentabilidad del colectivo ciclista. Por ello, el Gobierno ha implementado medidas específicas para mejorar la seguridad y lograr que nuestras carreteras se conviertan en un espacio de convivencia seguro y pacífico. Conocen numerosas medidas, y les señalaré algunas de las que está tomando el Gobierno como la señalización de cincuenta y seis rutas ciclistas seguras, a las que se van a sumar cuarenta y nueve más, con el objetivo de facilitar y proteger el tránsito de ciclistas por carreteras convencionales, incluyendo limitaciones de velocidad en día y horarios concretos cuando son usadas masivamente por ciclistas; o la aprobación de un plan especial de protección y seguridad para vías ciclistas que contemple entre otras medidas un plan especial de vigilancia, de coordinación con las medidas terrestres, de protección y prevención de la Guardia Civil y los helicópteros Pegasus. Además, se incrementa la presencia de la agrupación de tráfico en las carreteras secundarias, sobre todo en las utilizadas en mayor medida por ciclistas. Y por poner un último ejemplo, el Gobierno está trabajando en la pérdida de los permisos de aquellos conductores reincidentes en sanciones por alcohol y drogas y por falta de aptitudes psicofísicas. Hemos de fomentar la tolerancia cero y perseguir a quien no cumple.

Respecto a esta PNL hemos presentado enmiendas que mejoran el texto sin duda. Señorías, habiendo presentado el Grupo Popular, como han reconocido todos los que me han antecedido, una proposición de ley prudente, moderada, avalada por expertos, que modifica el Código Penal en materia de imprudencia en la conducción y sanción del abandono del lugar de los accidentes; en concreto, mejora la definición del concepto de imprudencia con la introducción de tres supuestos que se van a considerar graves -que proponemos que se consideren graves-, como son el exceso de velocidad, el consumo de drogas y el de alcohol. Se trata de una propuesta que aumenta la punición del tipo de este tipo de conductas, y una propuesta que aclara un tipo específico de la omisión del deber de socorro en materia de seguridad vial. Con la introducción del delito del abandono del lugar del accidente, ¿qué sentido tiene instar al Gobierno a que presente un proyecto de ley cuando el Grupo Popular que lo sustenta lo ha registrado y lo ha presentado? Por coherencia y ante su iniciativa, lo único que hemos podido hacer es presentar enmiendas que mejoran su propuesta y que tienen en consideración nuestra propuesta de modificación, en la que incorporamos la figura del delito de abandono del lugar del accidente, por cuanto que en él se sanciona la falta de solidaridad exigible en estos casos, castigando la maldad intrínseca de aquel que abandona a otra persona, esté lesionada o haya fallecido.

Señorías, centrémonos, por favor, centrémonos e iniciemos conjuntamente un debate sosegado y sereno respecto a la imprudencia leve, diferenciando entre la imprudencia humana y mínima de aquella imprudencia en la que existen determinadas circunstancias indicativas de una especial negligencia por parte del conductor. En nuestra proposición de ley, esa que debatiremos próximamente, abogamos por calificar de imprudencia grave cuando existe una grave vulneración de los deberes de cautela por parte del conductor, ya sea por conducir con exceso de velocidad o por tener mermadas sus capacidades físicas por el consumo de drogas y alcohol.


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Les pondré un ejemplo para ir finalizando, presidente. Imaginemos un transportista, padre de familia, que está dando marcha atrás para aparcar su camión cuando vuelve de trabajar y no ve al peatón o al ciclista que está cruzando indebidamente, causando así su atropello. En este caso, la imprudencia del camionero es humana y mínima y la solución penal, la condena penal por esta vía que propone le generaría antecedentes penales una situación que parece desproporcionada para el camionero y para su familia y sus hijos. Reflexionemos, señorías, reflexionemos.

Finalizo apelando al consenso, apelando a que todos juntos pedaleemos en la mejora de la protección de los ciclistas y apoyen nuestra propuesta de reforma del Código Penal. Pedaleemos juntos para que nadie se pueda sentir desprotegido por nuestro Estado de derecho y entre todos alcancemos la Visión cero en nuestra carretera, muy especialmente hoy en el colectivo ciclista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Gamazo.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.

Se nos presenta a debate una proposición no de ley relativa a la seguridad en carretera de los ciclistas, instándose al Gobierno a que elabore un plan para reducir la accidentalidad de los ciclistas y también a que modifique el Código Penal para que se vuelva a considerar penalmente a los conductores responsables de accidentes con resultados de muerto o lesiones, independientemente de que la conducta sea culposa o dolosa, así como para que se recree un tipo penal específico que considere el delito de omisión de socorro para accidentes de tráfico, con independencia también de que la víctima haya fallecido antes de haber podido recibir el potencial socorro. Ciertamente, el fomento que en nuestros días se aprecia en el uso de la bicicleta en sus vertientes deportiva, recreativa y de transporte cotidiano reclama una mayor atención a su utilización en condiciones de seguridad. La defensa de la cultura de la bicicleta, como es de todos conocido, se sustenta en múltiples argumentos que van desde ser un sector económico pujante que genera 14 000 empleos directos y un crecimiento anual del 10 %, hasta por la contribución al fomento de la descarbonización del medio ambiente, por no hablar del impacto beneficioso directo sobre la salud, además de ser el mejor modo para desplazarse por las ciudades o ser el más rápido, menos contaminante, más barato y más sostenible. Este modo de transporte y de recreo cada vez más frecuente lógicamente acarrea una mayor accidentalidad para sus usuarios, lo que lleva imperativamente a poner el foco en este medio y en sus ciclistas, en su seguridad, circunstancia esta que nos ha golpeado recientemente de manera reiterada y que ha supuesto una fuerte llamada de atención que reclama nuestro interés, aunque también hay que decir que la tasa de fallecimientos por bicicleta y millón de habitantes en España es sustancialmente menor que en Europa, según los datos de la Comisión Europea difundidos en Malta durante la Conferencia de Seguridad Vial celebrada en ese Estado.

Así, en Europa se registraron 4,6 fallecidos por millón, mientras que en España se registran 1,6; cifras estas que no ayudan en ningún caso a la complacencia, sino a la lucha para su disminución con más ahínco aún. Por otra parte, en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible ya se ha tratado esta problemática y sus líneas y medidas de abordaje, tanto en sesiones generales como en monográficas en las que comparecieron el director general de Tráfico y el ministro del Interior para explicar medidas para reducir la siniestralidad en las carreteras y, lógicamente, la atinente a los ciclistas. Allí se nos presentó el en curso Plan Estratégico de la Bicicleta, con participación, entre otros muchos del Gobierno vasco, los ayuntamientos de Bilbao y Vitoria-Gasteiz y la Asociación de Marcas y Bicicletas de España, en la que, como es bien conocido, las empresas vascas mantienen una posición destacada por la tradición en el sector y la afición que en el País Vasco despierta su uso. También se nos presentaron las líneas de trabajo que el Comité de Seguridad Vial está abordando respecto a la problemática de los accidentes de ciclistas para atajar la sangría que estamos sufriendo.

Pues bien, la actual proposición no de ley aborda esta problemática de una forma, vamos a pensar, bienintencionada, aunque de manera quizás algo precipitada y, por ello, parcial, poco sistemática y olvidadiza de los trabajos e iniciativas en curso en esta Cámara, como ya han puesto de manifiesto distintos oradores que me han precedido en el uso de la palabra; y también olvidadiza, por qué no, de que el Gobierno del Estado no tiene facultades sobre toda la red de carreteras, ni siquiera sobre las de la red principal, ya que las que discurren por Navarra y el País Vasco son forales; y tampoco el Gobierno


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del Estado tiene competencia sobre todo el tráfico que por ellas transcurre, sin que en modo alguno lo dicho sea óbice para que las mejores prácticas, provengan de donde provengan, sean importadas e implantadas.

Muchas gracias, señorías; muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Bona tarda, diputades, diputats, presidente.

Es indudable que estamos ante una propuesta de buenas intenciones, que tiene un trasfondo que obliga a hacer cambios y estos cambios se han de asegurar. La buena noticia de que cada día son más los ciudadanos y ciudadanas que usan la bicicleta no puede ir acompañada de la mala noticia, también constante, de constantes accidentes. Por su propia naturaleza, los ciclistas son los usuarios más frágiles de la calzada y el año pasado dejaron su vida en el asfalto treinta y tres ciudadanos y ciudadanas. El aumento del número de personas que se suben a una bicicleta, bien sea con propósito meramente deportivo o como medio de transporte, ha incrementado el porcentaje de accidentes en los que se ven involucrados ciclistas. Reducir la siniestralidad exige un riguroso cumplimiento de las normas de seguridad vial. La Administración ha de velar por el buen estado del asfalto, la correcta señalización, pero también debe adoptar medidas para sacar de las vías a aquellos conductores que entrañan un verdadero riesgo, un verdadero peligro.

Además de las campañas de concienciación y de los anuncios de sensibilización, es necesario endurecer las sanciones a quienes, habiendo consumido alcohol o drogas, se ponen al volante. Esperamos, como dice la proposición, que el proyecto de ley orgánica presentada por el Gobierno vaya a más y que a través de enmiendas podamos completar lo que es inicialmente un principio de solución, pero no la solución. Para que se pueda seguir fomentando el uso de la bicicleta y se mejoren las condiciones de este tipo de desplazamiento es importante tener en cuenta las características que hacen a países vecinos, como Alemania, Países Bajos o Dinamarca, pioneros en el fomento de la movilidad en bicicleta. En ellos, la educación vial y la formación son pieza clave para aumentar la seguridad ciclista, y diseñar, desarrollar e implementar programas de formación específicos es uno de los primeros pasos en el camino hacia un ciclismo seguro.

En relación con las infraestructuras para aumentar el uso de la bicicleta, resulta imprescindible incrementar la protección del colectivo ciclista, así como su participación. Buena parte de las soluciones estarán en escuchar, y escuchar de verdad, a este colectivo. Junto con la educación y formación, la inversión en infraestructuras, tanto en la zona interurbana como urbana, orientadas a los desplazamientos de las bicicletas, lejos de interpretarse como una inversión aislada debería considerarse en su conjunto, valorando también el impacto que este podrá tener en otros aspectos como la contaminación ambiental. Hemos de continuar trabajando en la Comisión de Movilidad Sostenible. Yo diría que esta moción es el resultado de 'el roce hace el cariño'; cada vez somos más y estamos más de acuerdo en implementar aquellos caminos sostenibles que no entienden de ideología sino de buena voluntad.

Continuaremos trabajando en este sentido y presentando medidas concretas, medidas acertadas como las que hoy se presentan en la medida en que la proponente sea capaz de integrar algunas de las enmiendas que se han presentado.

Gracias. Mobilitat y república.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olòriz.

En el turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto a la señora Rivera Andrés si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

La señora RIVERA ANDRÉS: Estamos pendientes de valoración, pero seguramente las aceptaremos. Las negociaremos hasta el jueves, que será la votación.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias. Lo tendremos en cuenta antes de la votación.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR ALLI Y SEÑOR SALVADOR), RELATIVA AL IMPULSO DE LA RED DE ALTA VELOCIDAD EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, LA SEGUNDA FASE DEL CANAL DE NAVARRA Y LOS TRAMOS PENDIENTES DE LA AUTOVÍA DE NAVARRA A-15, INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS Y ESENCIALES PARA EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD FORAL. (Número de expediente 162/000416).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Alli y señor Salvador), relativa al impulso de la red de alta velocidad en la Comunidad Foral de Navarra, la segunda fase del Canal de Navarra y los tramos pendientes de la autovía de Navarra A-15, infraestructuras estratégicas y esenciales para el desarrollo de la comunidad foral.

Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada, así como para fijar posición, tiene la palabra el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente. Diputados, muy buenas tardes.

Señorías, les propongo abordar unas cuestiones que estoy casi convencido de que para ustedes pueden ser o demasiado concretas, por referirse solamente a la Comunidad Foral de Navarra, o demasiado alejadas de las preocupaciones diarias que tienen ustedes, señorías. Sin embargo, créanme si les digo, señores diputados, que esta proposición no de ley tiene más carga de profundidad de lo que pudiera parecer a priori, porque pretendo demostrar que desde los prejuicios ideológicos -y demagógicos- se puede obstaculizar y paralizar una sociedad, una comunidad como, en este caso, la Comunidad Foral de Navarra en su desarrollo, en su progreso, en su calidad de vida, en su seguridad vial, en su ecología, etcétera, etcétera.

Señorías, les pido su apoyo a tres proyectos vitales que ahora citaré que son relevantes y vitales, como les digo, para 640 000 navarros y, por tanto, para el resto del conjunto de los españoles. Si bien es cierto que jamás se paralizaron esos tres proyectos, esas infraestructuras, sí es cierto que no se cumplen los plazos porque, señorías, hemos pasado una crisis económica galopante y por las restricciones presupuestarias se tuvo que supeditar priorizar a personas frente a infraestructuras. Pero ahora, señorías, que estamos en un momento histórico de impulsar de nuevo estas infraestructuras, nos encontramos en la Comunidad Foral de Navarra con un muro de intransigencia -insisto- ideológica de aquellas fuerzas políticas que añoran ver a Navarra en la época del carromato tirado por los mulos.

Les estoy hablando, en primer lugar, de una línea de alta velocidad que vertebre Navarra y que conecte el Cantábrico con el Mediterráneo; en segundo lugar, del Canal de Navarra que, si bien es cierto, que en su primera fase ya abastece a la mitad de los navarros -pero no a la otra mitad- queremos que finalice la segunda fase del Canal de Navarra y, en tercer lugar, que los navarros que queremos venir a Madrid en coche o en autobús vengamos por una autovía a través de Soria y que eliminemos esos tramos de esa antigua carretera nacional. Esos son los tres proyectos estratégicos para los que les pido su apoyo, para que en Navarra se lleven a cabo. Les puedo decir, señorías, que detrás de las cifras, detrás de esos proyectos vitales para la comunidad Foral de Navarra hay miles de navarros que en este momento, por no llevar adelante esos proyectos, están viendo perjudicadas sus economías y su calidad de vida. Detrás de esos miles de navarros perjudicados hay una Comunidad Foral de Navarra que está siendo lastrada en su desarrollo y en su progreso. Algunas fuerzas políticas -luego diremos cuáles- lo que quieren es tener fuera del mapa de la línea alta velocidad a la Comunidad Foral de Navarra. Esas fuerzas políticas no quieren que se abastezca de agua a la Ribera de Navarra cuando es un problema y un riesgo absolutamente evitable y, en tercer lugar, hay algunas fuerzas políticas que quieren las carreteras que representan los tiempos pasados. Por suerte, al menos en UPN queremos mirar al futuro y no al pasado. Esto lo digo en un momento en el que el debate en mi comunidad, en Navarra -no sé si lo he dicho alguna vez-, es un debate muy interesante, señorías, porque ante estas infraestructuras la parte sensata del Gobierno Foral de Navarra, que es Geroa-Bai, sí está a favor de esos tres grandes proyectos vitales. Me ciño a las palabras en sede parlamentaria del vicepresidente primero económico, el señor Ayerdi, expresidente del Partido Nacionalista Vasco en la Comunidad Foral de Navarra.

¿Cuál es el problema, señorías? Muy sencillo: los tres socios que tiene el actual Gobierno Foral de Navarra. Euskal Herria Bildu nunca ha estado a favor del progreso de Navarra y, lógicamente, no me sorprende que voten en contra, son coherentes con su ideología. Podemos, que es la pura inconsistencia y la pura incoherencia, en el Levante está exigiendo el corredor mediterráneo y en Navarra lo quieren paralizar. Y a Izquierda Unida (o Izquierda-Ezkerra como se llama en la Comunidad Foral de Navarra) ni se le espera ni está, ni esperamos que diga absolutamente nada.


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Esto es un drama, y mientras en Navarra estamos en este esperpento laberíntico, en el resto de comunidades vecinas van a velocidad de crucero, en la dirección correcta y pactando con el Estado inversiones millonarias para su comunidad. Siempre les he dicho, señorías, que me siento muy orgulloso de ser navarro y que somos una comunidad singular, pero es que vamos a pasar a la historia por nuestra singularidad pero no ya en España, sino a nivel de cualquier economía occidental porque, ¿dónde se ha visto una comunidad en la que los socios del Gobierno estén en contra de inversiones milmillonarias del Estado en esa comunidad? Otra pregunta, ¿dónde se ha visto, señorías, que pudiendo solucionar el programa del abastecimiento para al menos en este siglo en la Comunidad Foral de Navarra algunas fuerzas políticas como las que acabo de citar estén en contra? Señorías, yo se lo digo: en Navarra. Esto sí que es para nosotros un verdadero esperpento y un verdadero problema.

Para finalizar mi tiempo, quiero contrastar. Estamos abiertos a que con la transaccional que en este momento estamos debatiendo, con las fuerzas políticas que miran al futuro y no al pasado, lleguemos un acuerdo. Estamos abiertos, siempre y cuando el punto de arranque del partido sea: se licitan este año estas tres infraestructuras. Pero de aquellas fuerzas políticas que siempre miran desde los prejuicios y con posturas irracionales, sinceramente no espero nada. En cambio, a aquellas otras fuerzas políticas que entienden que el bienestar socioeconómico de una sociedad se sustenta en tener una extendida clase media que, a su vez, sostenga con sus tributos el bienestar y la calidad de un país y una sociedad como en este caso puede ser España y, lógicamente, dentro de ella la Comunidad Foral de Navarra, a esas fuerzas políticas que así lo entienden, les digo que estamos abiertos a negociar las modificaciones que ustedes quieran presentar a nuestra iniciativa parlamentaria.

Señorías, Unión del Pueblo Navarro mira al futuro, quiere lo mejor para los navarros y, por tanto, para los españoles. Esperemos que haya un amplio consenso para decir a los socios del Gobierno Foral de Navarra que sí estamos por el futuro, el desarrollo y el progreso de la Comunidad Foral de Navarra.

Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Alli.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Navarro, Fernández-Rodríguez.

El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, nos trae el señor Alli una iniciativa que se compone de tres partes bien diferenciadas. La primera, sobre el impulso de la alta velocidad en Navarra; la segunda, sobre el Canal de Navarra y la tercera, sobre la autovía A-15. Voy a empezar por las dos últimas. En cuanto al canal, en efecto, tiene su origen en un convenio de 1998 y tiene tres finalidades: el abastecimiento de agua -cuando esté finalizado abastecerá al 60 % de la población-; la conversión, segundo de sus objetivos, en regadío de casi 60 000 hectáreas y, por último, la generación de energía, y se espera que produzca aproximadamente el 6,5 % del total. En la actualidad, se encuentra en servicio la primera fase del canal. Esta iniciativa trata de la segunda, de la que pretende llegar hasta la Ribera de Navarra y pretende convertir en regadío 20 000 hectáreas. Es una iniciativa que nos parece correcta y adecuada. Respecto del punto tres, referente a los tramos pendientes de la autovía de Navarra, es una obra imprescindible para la vertebración del territorio español. El señor Alli ha insistido en este punto a lo largo de la iniciativa y estamos completamente de acuerdo. Lo que se propone sencillamente es agilizar los trámites para que se pueda instar la declaración de impacto ambiental cuanto antes y se pueda completar la obra entre Soria y Tudela y, una vez más, estamos completamente de acuerdo en este aspecto.

Vamos, entonces, al primer punto, al referido al impulso de la alta velocidad en Navarra. No discutimos la necesidad de las actuaciones, no discutimos la prioridad de estas obras -insisto- para la vertebración de España, pero sí queremos aprovechar para volver a recordar algunas cosas. A lo largo del país debemos promover la planificación estratégica integrada. Podemos demostrar que hemos aprendido de los errores del pasado y que las infraestructuras se construyen por las razones correctas y por el precio correcto. Un enfoque estratégico y ambicioso de las infraestructuras que el país necesita, basado en la evidencia, mejorará directamente los estándares de vida de los ciudadanos e incrementará la productividad, y suena bastante bien. Esto proviene del plan de infraestructuras de 2016 de un país que no es España. La pregunta es: ¿Podemos en España asumir estos objetivos? ¿Realmente hemos aprendido del pasado? ¿Estamos seguros de que los llamados elefantes blancos, esas costosísimas infraestructuras, muy vistosas pero de nula utilidad social, ya sean radiales, puertos, aeropuertos, ciudades de la cultura o soterramientos faraónicos, no se van a repetir? ¿Estamos dispuestos a trasladar la evidencia, como ese


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plan de infraestructuras exige, a las decisiones sobre inversiones, priorizando las que presentan mayor rentabilidad socioeconómica y renunciando a utilizar el presupuesto de Fomento con fines electorales? Pues bien, a esto es a lo que nos referimos exactamente en Ciudadanos cuando insistimos tanto sobre un gran acuerdo nacional sobre transporte e infraestructuras. Yo no soy Catón, yo no voy a subir aquí todos los días diciendo que Cartago debe ser destruido, pero sí voy a subir todos los días a insistir en que el plan de infraestructuras debe ser implementado.

Este debe ser un gran acuerdo que elimine el sesgo político y que permita una visión global del transporte y las infraestructuras en España. Este punto no solo está en nuestro programa, sino también en el punto 21 del acuerdo de investidura, junto con la oficina de evaluación, que ya se ha incluido en una disposición adicional de los presupuestos. Es por esta razón por la que nosotros, estando -insisto- de acuerdo con el contenido general de la iniciativa, hemos introducido una enmienda para que se debata. En primer lugar, para incluir la referencia de ese acuerdo, pues nosotros creemos que en todo momento hemos de tener como faro ese acuerdo nacional de infraestructuras. En segundo lugar, para recordar que el eje Cantábrico-Mediterráneo, que la PNL reivindica, es imprescindible orientarlo hacia las mercancías y, en tercer lugar, para recomendar que todos los convenios se hagan en adelante de la manera más transparente y participativa posible. Estamos esperando la respuesta del proponente y, en ese sentido, decidiremos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Navarro.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Buenas tardes, presidente.

Señorías, como todos ustedes saben, Navarra es una de las regiones españolas con mayor potencial de desarrollo económico, gracias a una economía equilibrada basada en un tejido industrial sólido y un sector agrícola y agroalimentario cada vez de mayor calidad y competitividad, pero tiene un déficit importante. Tras veinticinco años de Gobierno de UPN, las infraestructuras de comunicación que tiene Navarra son obsoletas e inadecuadas para competir en Europa. Por eso es bueno que recuperemos el tiempo perdido, que recuperemos la iniciativa y el impulso político, para desarrollar estas nuevas infraestructuras que son imprescindibles para el desarrollo económico de Navarra.

Navarra no puede quedarse ajena al desarrollo de la red de alta velocidad ferroviaria. El corredor cantábrico-mediterráneo, del que forma parte el corredor navarro, es un eje vertebrador de la red transversal de alta velocidad ferroviaria. Por eso forma parte del Plan de infraestructuras y transportes 2012/2014, como se incluye también la conexión de este corredor Cantábrico-Mediterráneo a través de La Rioja; un tren vital no solamente para el tráfico de pasajeros sino también para el tráfico de mercancías. Se van a conectar todos los puertos marítimos del Cantábrico y del Mediterráneo y los parques logísticos y automovilísticos industriales más importantes del norte y del este de España. Por tanto, es imprescindible para el desarrollo no solamente de Navarra sino también de las regiones que van a ser atravesadas o conectadas por este corredor, que ayudará a desarrollar el empleo en dos de las comarcas navarras más afectadas por la crisis, como son la Ribera de Navarra y la Sakana. Hemos perdido mucho tiempo y, por eso, debemos recuperar cuanto antes la iniciativa en estas infraestructuras.

Nos hemos encontrado con la oposición frontal de la mayoría del Gobierno de Navarra, una coalición -quiero recordar- de diez partidos políticos agrupados en torno a cuatro coaliciones, de las cuales tres de ellas están en contra de estas infraestructura: Bildu, Podemos e Izquierda-Esquerra están en contra del tren y del canal con unos argumentos que difícilmente resisten el menor análisis. Dicen que están en contra porque favorece la corrupción del ladrillo; porque es un tren que va de ningún sitio a ninguna parte, como si no fuera parte de un corredor transversal que conecta el Cantábrico con el Mediterráneo; que solo beneficia a las empresas constructoras. Defienden un tercer hilo sobre una vía única de un trazado del siglo XIX que, desde luego, no tiene ni la capacidad ni la competitividad necesarias en un tren de altas prestaciones. No lo digo yo; lo dicen los técnicos, tanto del Gobierno de España como del Gobierno de Navarra. En definitiva, Bildu, Podemos e Izquierda-Esquerra defienden una economía basada en el aislacionismo y en la agricultura de supervivencia o como algunos prefieren denominarle: la soberanía alimentaria. Ya los conocemos, Bildu y sus organizaciones acólitas han estado en contra del desarrollo de estas infraestructuras en el pasado. Estuvieron en contra, a veces con actos violentos, del pantano de Itoiz, del Canal de Navarra o de la autovía de Leizarán. Pero lo que sorprende es que la coalición que preside el Gobierno de Navarra, Geroa Bay, esté también en contra -lo sabemos ahora- de estas


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infraestructuras; lo votaron en contra dejando solos al vicepresidente de Desarrollo Económico, miembro destacado del Partido Nacionalista Vasco en Navarra, la semana pasada, votando en contra de una iniciativa prácticamente en los mismos términos que la que hoy estamos debatiendo aquí y votaremos el próximo jueves. Por lo tanto, recojamos este momento político y recordemos a la presidenta Barkos que hay una mayoría social en Navarra que apoya estas infraestructuras; que hay una mayoría parlamentaria en el Parlamento de Navarra que apoya estas tres infraestructuras; y que hoy vamos a demostrar aquí también, en el Congreso de los Diputados, que hay una mayoría de todo el arco parlamentario español que defiende estas tres infraestructuras.

En el Grupo Parlamentario Socialista hemos presentado una serie de enmiendas a la proposición no de ley del partido proponente, en el sentido de que el corredor navarro de alta velocidad sea parte del corredor mixto de pasajeros y mercancías cantábrico-mediterráneo. Proponemos que tenga como fecha de puesta en funcionamiento el año 2023 y que se aprovechen los instrumentos de autogobierno en la Comunidad Foral de Navarra, de manera que el Gobierno de Navarra pueda anticipar el coste de estas infraestructuras e ir hacia una compensación de dicha financiación anticipada a través del convenio económico, como ya están haciendo otras comunidades autónomas forales. En el caso de la autovía A-15 proponemos desarrollar no solamente los tramos sorianos de esta autovía sino también el tramo que va desde Tudela hasta el límite provincial con Zaragoza, gracias a una de las cuatro enmiendas presupuestarias del Grupo Socialista que se aprobaron en estos presupuestos y que incluyen la licitación de este proyecto de construcción.

Por tanto, es hora de moverse. El Gobierno de Navarra debe dar respuesta cuanto antes -esta misma semana, si es posible- a la oferta que le ha hecho el Gobierno de España, y el Gobierno de España debe impulsar todas las actuaciones en estas tres infraestructuras y dotarlas presupuestariamente -como no ha hecho en 2017- en los nuevos presupuestos de 2018. Desde luego, el Grupo Parlamentario Socialista estará siempre a favor del desarrollo de Navarra y apoyaremos la proposición no de ley de UPN.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Fernández.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías, señor presidente.

Antes de empezar, tengo que decirle a mi querido amigo Íñigo Alli que quizá lo único en lo que estoy de acuerdo respecto a la proposición no de ley sea su primera frase, aquella que dice: Tiene más carga de profundidad de lo que parece. Efectivamente, creo que esta PNL no tiene ninguna intención constructiva sino más bien disgregadora. Creo que no suma, sino que pretende dividir y confrontar las posibilidades de solución que vienen tanto del arreglo interno del propio Gobierno de Navarra, como sobre todo de este con las instituciones y que sí está siendo saboteado de una manera efectiva por parte de su agrupación política.

Sucede, por su parte, que las gestiones realizadas por el Gobierno de Navarra continúan a pesar de todo y pretenden materializar esas tres infraestructuras que se citan en la proposición no de ley y que efectivamente son importantísimas para las navarras y los navarros, como deben serlo y en las cuales participamos también como Partido Nacionalista Vasco, como Grupo Vasco y como miembros de la Coalición Geroa Bai, es decir, como parte del Gobierno de Navarra, porque nos interesan las navarras y los navarros.

Vamos a entrar en materia. Siguiendo el orden marcado por la propia proposición no de ley, en el punto relativo a la necesidad de una red de alta velocidad en Navarra que pretende conectar el corredor mediterráneo con el eje atlántico y respecto de la que, contrariamente a lo que se ha afirmado hasta ahora, existe ya un pronunciamiento por parte del Parlamento de Navarra, hace pocas fechas, el 5 de junio, la Mesa del Parlamento de Navarra aprobó una declaración institucional, cuyo texto decía así: El Parlamento de Navarra muestra su compromiso con un corredor ferroviario atlántico-mediterráneo que incluya nuestra comunidad, conectando de este modo Navarra con Europa. También apuesta por una solución ferroviaria compatible con los estándares internacionales de capacidad adecuada a las necesidades de transporte de mercancías y de personas. Y el Parlamento de Navarra considera necesario que los Gobiernos de Navarra y España acuerden un nuevo convenio para que la solución ferroviaria anteriormente mencionada incorpore un sistema de financiación no gravoso para los intereses de la ciudadanía navarra.


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Dicha declaración contó con el apoyo de Geroa Bai, del PSOE, del PP y de UPN. ¿Pueden explicarnos entonces, señores de UPN, por qué lo que era necesario y conveniente hace veintitrés días deja de serlo hoy para presentar una proposición no de ley que deja sin efecto el contenido de ese acuerdo de la declaración del Parlamento de Navarra? ¿Pueden decirnos por qué lo que fue producto del acuerdo y de la voluntad del órgano que representa a la mayoría de los navarros hoy ya no importa? De igual forma, señores del Partido Socialista, ¿nos pueden decir por qué hacen semejante seguidismo de las actitudes de obstrucción que está llevando a cabo UPN, y la derecha de Navarra en general, para pretender ser obstaculizador de otro tipo de políticas? Es una cosa que llama la atención. ¿No sería este el momento de empezar a poner en práctica de una vez esa nueva retórica de la que empiezan a hablar de la plurinacionalidad, en lugar de estar alineándose con la derecha más extrema?

Lo cierto es que la propuesta de UPN se aparta de forma contundente de lo que ha decidido el Parlamento de Navarra, porque a diferencia de lo acordado en el Parlamento lo que hace es, antes de nada, licitar una parte del tren de altas prestaciones, pero se olvida del resto del proyecto. Es necesario que haya un planteamiento integral porque para ser corredor hace falta que haya un encaje de Navarra con Europa por ambos extremos. Sin embargo, la proposición no de ley se olvida de ello y pretende de forma aislada hacer una adjudicación de un solo tramo sin tener en cuenta, sin tomar en consideración la existencia de un proyecto integral. Quitando la chapuza de un pequeño trozo ejecutado de forma aislada cuando gobernaba precisamente UPN, respecto del cual por lo menos piden la devolución de lo 45 millones que adelantó Navarra y que todavía no les han sido compensados, lo cierto es que es contradictorio pedir la ejecución de un solo trozo cuando no hay una definición de carácter general de qué es lo que necesita Navarra y de lo que ha acordado su Parlamento. Pensamos, y lo decimos con todo respeto pero con toda contundencia, que con esta actitud solo pretenden hacer una pinza política -ya se me acaba el tiempo- que no es adecuada. Señores de UPN, lo que Navarra necesita es una infraestructura sostenible que la conecte a Europa, a la Y vasca, al corredor mediterráneo y a Francia, pero esa no es su actitud.

Permítanme que haga también un comentario a la segunda cuestión, el Canal de Navarra. Ya se ha explicado que es una infraestructura hidráulica de la que se ha ejecutado una primera parte, pero falta la segunda. Por decirlo de alguna manera, la principal discrepancia en esta segunda es sobre cuál es la envergadura de la obra que se ha de hacer. La envergadura de la obra viene dada por el nivel de hectáreas, la cuantía, la superficie de hectáreas que debe ser atendida en su caso por dicho canal, teniendo en cuenta, como ha explicado antes el representante de Ciudadanos, que la obra tiene como objeto el abastecimiento de agua a la población, el regadío para el campo y la producción de energía eléctrica. Pues bien, esa discrepancia viene dada por un prejuicio por parte de UPN en señalar la cifra de 21 000 hectáreas como cuantía necesaria que se ha de atender cuando en realidad todavía no se sabe cuál es la cantidad de hectáreas que se puede atender y, por lo tanto, la envergadura de la obra que se ha de efectuar. Para eso se está consultando a los regantes y se está esperando a que sean ellos los que den la respuesta a esa cuestión. Sin embargo, se ha ido para delante, se ha querido hacer esa pinza para forzar de alguna manera al Gobierno a actuar, seguramente sin tener en cuenta que cuanto más grande sea más coste tiene, también para los regantes, que son los que en parte la tienen que mantener, y por eso precisamente este es un planteamiento que nos parece erróneo; erróneo y contradictorio además con el propio ministerio que en fecha 15 de junio del año 2015 ya tomó una resolución en la que se señalaba que la capacidad máxima era de alrededor de 15 000 hectáreas.

Por eso, señores de UPN, este planteamiento no es correcto. Creemos, como le he dicho, que es disgregador, no suma. Por eso no podemos apoyar la PNL, a pesar de que coincidamos en sus objetivos en muchas cuestiones -en sus objetivos, pero no en su concreción-, porque usted mismo está señalando que esta es una obra parcial tanto en un caso como en otro y no concretan cuál es la fórmula de entendimiento. Por eso, señor Alli, señores de UPN, sentimos no poder apoyarles y he de decirles que vamos a votar en contra.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Santos Itoiz.

El señor SANTOS ITOIZ: Arratsalde on denoi. Buenas tardes.

Aquí, la parte insensata de Navarra, que tiene que contestar en cinco minutos exactamente a una serie de cuestiones muy complejas, con una cantidad de matices impresionantes, lo cual nos hace pensar que lo que ustedes buscan es únicamente un titular que además está vacío de contenido porque, si no


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buscaran ese titular, lo habrían pactado ustedes con sus socios del PP en compromisos presupuestarios que brillan absolutamente por su ausencia.

Ustedes suelen plantear una falsa dicotomía entre progreso y cavernas, este tipo de planteamientos que colocan a la gente en una situación casi de parvulario. Porque la historia no es estar a favor de algo. Nosotros estamos a favor de un tren moderno, de un tren social, de un tren que tenga capacidades, que tenga mercancías, como estamos a favor de un abastecimiento adecuado, riguroso y proporcional a la ribera, como estamos a favor del mantenimiento de unas redes viarias adecuadas de transporte, etcétera. El problema aquí es cómo, y el problema del cómo tiene muchísima importancia, porque en esa falsa dicotomía que ustedes plantean el cómo es: o esto o las cavernas, y entre esto y las cavernas hay una amplia variedad de grises. Es decir, la competencia ferroviaria es del Estado. Si el Estado plantea una determinada línea, el Estado la hace. Si Navarra, en uso de su autogobierno y con el convenio que tiene, quiere participar y quiere financiar eso, como ustedes plantearon en el convenio del año 2010, en ese momento Navarra tendrá derecho de una forma u otra a plantear las condiciones de ejecución de esa línea. ¿Verdad? Pues como estamos en el siglo XXI y en materia medioambiental hace muchos años desde el Convenio de Aarhus, que implica una participación pública, esa participación debería darse porque hay una modificación sustancial de las condiciones. No se ha estudiado absolutamente nada, hemos hecho preguntas al Gobierno, el estudio de rentabilidad es del año 2000 y las prioridades del Gobierno, tal como lo quiere hacer el PP, son sencillamente quitar tiempo para viajeros. No se dice una palabra de mercancías. El propio Gobierno del PP ha planteado muchas veces dudas en cuanto a la solución pactada, el tercer hilo o el no tercer hilo. ¿Qué necesidades tenemos? ¿Qué queremos? ¿Tendremos derecho a plantearlas? ¿Tendremos derecho a negociarlas? ¿Tendremos derecho a plantear un convenio adecuado para el tipo de tren proporcional?

Ustedes están planteando únicamente un tramo porque, como ya dijo alguien de ustedes, no queremos promesas, queremos cemento, y el cemento es una manera de funcionar, es un modelo productivo, como también lo es el Canal de Navarra, cuyas consecuencias han sido muy claras. Ustedes paralizaron la segunda fase del Canal de Navarra, plantearon una ampliación. De ahí que el PNV les dijera que no les salían las hectáreas, porque con la misma concesión ustedes han hecho un ramal. Tienen que oír ustedes a la Cámara de Comptos. De los cuarenta y siete fantásticos cultivos solo tres están sujetos a fluctuación de mercado. Hemos hecho latifundios, hemos generado empobrecimiento en la población, no hemos escuchado a los regantes y ahora ustedes azuzan el planteamiento identitario de que no queremos llevar agua a la ribera. Pues es rotundamente falso, pero el cómo importa, la financiación importa, la proporcionalidad importa. (Aplausos). Sencillamente es así, y no vamos a pasar por su modelo económico por el hecho de que ustedes nos vayan a acusar de algo que es falso, que es estar en contra del progreso.

¿Sabe cuál es su progreso? El que pactaron con el PSN, ese sí que lo pactaron. ¿Se acuerda usted? Plan Navarra 2012, ciudad del transporte, perdidas de 48 millones; intereses de la deuda al 5 %; peajes en la sombra, 43 millones para la Autovía del Camino; 16,5 para la del Pirineo; el Canal de Navarra, todo el canon anual que tenemos que pagar; las pérdidas en la inversión hidroeléctrica; las pérdidas en los regantes; las subvenciones que hemos tenido que hacer para poner en marcha las altas y los riegos del canal; toda aquella gente que ha defendido el regadío tradicional; la deuda del Estado por el TAV, 45 millones. Ahora la reclaman. ¿Ustedes no han pactado con sus socios estos 45 millones? ¿Es que no se fían? ¿No han dicho que sus esenciales escaños eran para pagar algo que ya estaba pactado? Paramiento fuero vienze. Usted me entiende. (Aplausos). Los gastos del Navarra Arena, 56 millones en obras; otros 6,9; reclamaciones por 5 millones; las pérdidas en Iberdrola, 19,6 millones; la pérdida de Caja Navarra, calculada en 1003 millones; Guendulain, indemnizaciones previstas de 140; Osasuna, diez años sin pagar a Hacienda, 53 millones de pérdidas; Sendaviva, 33; circuito de Los Arcos -usted lo conoce muy bien-, 60 millones de inversión, con una jugada de lo privado a lo público y un mantenimiento anual; Etxauri Forestal -maravilloso, esas maderas nobles-, 3,7 millones; Museo de los Sanfermines, 3 millones de euros. ¿Qué hemos dejado de pagar? Con la reforma fiscal hemos dejado de recaudar 72 millones, 33 millones para mantenimiento de la carretera, 1,5 para el Palacio de Navarra que se hunde, la extra de los funcionarios, casi 30 millones...Sí, sí, porque tiene importancia, lo que invertimos en una cosa lo dejamos de invertir en otra. Y este Gobierno del cambio ha tenido que invertir en esto, en la deuda de la orquesta sinfónica, 1,5 millones de euros, en las vacaciones de los profesores, 10 millones y en ayudas pendientes a las familias y en las licencias informáticas, por no hablar de algunas otras chapucillas que podríamos plantear largo y tendido. En definitiva, un tema bastante complejo como para despacharlo en cinco minutos, pero me sobran treinta y cinco segundos. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Santos.

¡Era que le faltaban, no que le sobraban!

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Posada Moreno.

El señor POSADA MORENO: Muchas gracias, señor presidente.

Como planteaba el señor Alli, en esta proposición no de ley está claro que había más contenido del que pudiera parecer al leerla por primera vez.

Tengo que decir que el Grupo Parlamentario Popular apoya la posición del señor Alli. Él pretende, y yo creo que acertadamente, que Navarra crezca, que Navarra se modernice y se modernice precisamente integrándose en España. Nosotros compartimos ese criterio y por eso vamos a apoyar esta proposición no de ley. Ahora bien, yo querría hacerles un par de reflexiones a todos ustedes. La primera reflexión es que esta proposición no de ley, que es de Navarra pero podría ser de otra comunidad autónoma, y estoy seguro que va a haber proposiciones no de ley de este tipo de otras comunidades autónomas, la podemos discutir aquí porque los tiempos han cambiado. Esto es algo importante. Podemos destinar recursos a hacer obras discutibles, y hay quien está de acuerdo y quien no está de acuerdo, pero tenemos recursos para hacerlo.

Una segunda reflexión que no debemos perder ninguno de vista es que esto se puede hacer porque hay presupuestos del Estado, pero unos presupuestos del Estado que han permitido hacer presupuestos a las comunidades autónomas, en este caso a Navarra, que también participa en obras de la proposición no de ley, y a los ayuntamientos. Es muy importante, y eso me gustaría que lo reflexionáramos todos, que haya presupuestos para 2017, pero también para 2018 -tenemos que discutir la semana que viene el techo de gasto- y para 2019. Porque aquí en el Congreso es bueno que tengamos discusiones, y discusiones políticas importantes, en que se tomen decisiones que gustarán a unos y no a otros, pero mientras aquí se toman decisiones, se hacen proyectos de ley y se aprueban proposiciones de ley, labor legislativa, hay unas administraciones que trabajan todos los días porque desde aquí a la del Estado le aprobamos los presupuestos y las cámaras legislativas en las comunidades autónomas aprobaron los de las comunidades autónomas y los plenos de los ayuntamientos aprobaron los de los ayuntamientos. La Administración funciona y funciona continuamente con nuestra directriz política, pero está funcionando continuamente.

Ahora vamos a pasar de esta cuestión muy general a otra más particular. De los tres puntos que plantea la proposición no de ley se ha visto que despierta más interés y también son de mucho más volumen financiero el primero, el tren de alta velocidad, y el segundo, que es Canal de Navarra, pero yo quiero insistir en el tercero: la autovía de Navarra. Esta autovía de Navarra va Medinaceli-Soria, Soria-Navarra y Tudela más allá, ha sido una pretensión de la sociedad navarra y de la sociedad soriana durante décadas. Lo que ahora se propone es lo más fácil de llevar a cabo porque es elaborar y agilizar proyectos. Lo importante de la proposición no de ley -la apoyo personalmente- es que demuestra esa voluntad política, una voluntad política a la que las sociedades navarra y soriana tienen derecho porque llevan décadas -en Fitero hace veinte años las tres comunidades autónomas firmaron un acuerdo para desarrollar la autopista Medinaceli-Tudela, ahora autovía- pidiéndola, al igual que los agentes sociales, los agentes económicos y los partidos políticos. Es el momento de hacerlo. Es un autovía importante para Soria -la defiendo porque soy diputado por Soria-, pero estratégica para Navarra, para poder comunicarse con Madrid y con el resto de España. Por ello quiero manifestar que nosotros apoyaremos la propuesta final que haga UPN con las enmiendas que se hayan aceptado. Apoyaremos esta proposición no de ley.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Posada.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, pregunto al señor Alli Martínez si acepta su grupo alguna de las enmiendas que han sido presentadas.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Señor presidente, estamos haciendo una transaccional y la presentaremos antes de la votación del jueves.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien. Les ruego que la presenten en cuanto la tengan para tenerlo en cuenta en la votación.


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS QUE PIENSA ASUMIR EL MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA COMO CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL Y NULA SU AMNISTÍA FISCAL. (Número de expediente 173/000036).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir el ministro de Hacienda y Función Pública como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula su amnistía fiscal.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra el señor López Milla.

El señor LÓPEZ MILLA: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, la sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 8 de junio no es la primera en la que se declara contraria a la Constitución y por tanto nula una decisión del Gobierno de España, pero las circunstancias que concurren en este caso son realmente excepcionales. En primer lugar, por la claridad y la dureza con que se pronuncia el Tribunal Constitucional cuando en los fundamentos jurídicos de su decisión establece que con la amnistía fiscal el Estado ha abdicado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos y el Gobierno por su parte ha legitimado como una opción válida la conducta de quienes de forma insolidaria incumplieron su deber de tributar de acuerdo con su capacidad económica, colocándolos finalmente en una situación más favorable que la de aquellos que cumplieron voluntariamente y en plazo. Y dice que el Gobierno ha quebrado el objetivo de justicia al que debe tender en todo caso el sistema tributario y que ha afectado a la esencia misma del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia la Constitución al haberse alterado el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en unos términos que resultan prohibidos por la Constitución. Por tanto, no es cierto, como afirma el ahora ausente ministro, que el Tribunal Constitucional no se haya pronunciado sobre el fondo de la cuestión. Es verdad que, una vez determinada la nulidad de la amnistía fiscal por no haberse utilizado el instrumento legal adecuado, no es necesario, como afirma el propio tribunal en su sentencia, entrar a conocer de la lesión de los principios de capacidad económica, igualdad y progresividad alegados también por los diputados recurrentes, los del Grupo Socialista, pero también es verdad que en los fundamentos jurídicos de su decisión el Tribunal Constitucional rebate todos y cada uno de los argumentos de la Abogacía del Estado y tritura los fundamentos legales de la decisión adoptada por el Gobierno en los términos que acabo de citar.

Y frente a ello el ministro insiste en que la nulidad deriva exclusivamente del instrumento legal empleado. Debemos entender, por tanto, que el señor Montoro, a la vista de la sentencia del Tribunal Constitucional, no tendría ningún reparo en volver a impulsar esta amnistía fiscal. Únicamente cambiaría su forma jurídica y ello ya por sí solo, a nuestro juicio, constituye una razón suficiente para su reprobación, porque si la única enseñanza que ha podido extraer el ministro de Hacienda de la sentencia del Tribunal Constitucional es que debería haber utilizado otro instrumento legal, significa que no ha aceptado lo establecido en los fundamentos jurídicos de la sentencia, donde, como digo, se pulverizan todos los argumentos que ha empleado el propio ministro durante años para defender su decisión. Abdicación ante la obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos; legitimación de la conducta de los defraudadores; quiebra del objetivo de justicia; alteración del modo de reparto de la carga tributaria en términos prohibidos por la Constitución.

¿Y todo esto para qué? Todo esto para ayudar a unos 31 000 contribuyentes a aflorar más de 40 000 millones de euros pagando tan solo de media un 3 %. Ya saben ustedes lo que ocurre con las medias, lo que ocurre es que algunos defraudadores no habrán pagado prácticamente nada. Ni siquiera se les ha exigido el 10 % inicialmente establecido, porque el ministro tuvo miedo a hacer el ridículo si con ese 10 % no afloraban activos ocultos. Y por esta puerta, por la puerta que abrió el actual ministro, se colaron algunos defraudadores que simplemente habían ocultado miles de millones de euros al fisco para evitar el pago de impuestos, y también se colaron unos cuantos procesados por corrupción, entre ellos algunos antiguos dirigentes del Partido Popular, y singularmente una persona, el señor Bárcenas, la clave de bóveda sobre la que descansaba todo el proceso de financiación ilegal del Partido Popular, el partido que pagaba sobresueldos, financiaba campañas y sufragaba reformas con dinero opaco. Y permítanme que


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les recuerde una obviedad: es el mismo partido al que pertenece el ministro que ha realizado la amnistía fiscal y que ha acabado convirtiéndose en el colaborador necesario para que los negocios de los defraudadores y presuntos corruptos salieran redondos, para que esas personas pudieran aflorar, sin apenas coste fiscal, todo el dinero que les proporcionaban las actividades que precisamente les han llevado ante los tribunales.

El ministro de Hacienda impulsaba esta amnistía mientras miles de personas desempleadas se quedaban sin prestación, mientras millones de personas enfermas tenían que pagar más por sus medicamentos, mientras los recortes en las becas dejaban a las familias más humildes sin oportunidades para sus hijos, mientras muchas personas dependientes perdían los pocos apoyos que tenían, mientras subía el IVA, mientras aumentaban muchas tasas que pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas con independencia de nuestro nivel de renta y mientras el propio ministro de Hacienda trataba de freír a impuestos a los pensionistas emigrantes retornados. (Aplausos).

De manera que mientras el Gobierno aumentaba las dificultades y el sufrimiento para millones de españoles y españolas, mientras levantaba un muro que dejaba a millones de conciudadanos y conciudadanas al margen de la recuperación, estaba abriendo una puerta sin retorno para que miles de defraudadores y algunos sinvergüenzas se ahorraran miles de millones de euros. Y nosotros nos tememos que al hacerlo era perfectamente consciente de que, aunque la amnistía fiscal fuera declarada inconstitucional, sus beneficios quedarían para siempre, las regularizaciones no serían anuladas y los beneficiarios de la amnistía fiscal nunca perderían las ventajas fiscales que se les otorgaban. Y de todo ello es responsable, a nuestro juicio, en primera persona el ministro de Hacienda, por haberla impulsado, por haberla defendido, por presentarla ahora, cuando ya conocemos la sentencia, como si fuera algo inevitable, por no haber pedido disculpas, por no haber mostrado ni siquiera propósito de enmienda -parece que la volvería a hacer cambiando únicamente el instrumento legal- y, sobre todo, por negarse a asumir responsabilidades políticas, dando con ello argumentos además a quienes ponen en cuestión la credibilidad de nuestras instituciones y desprecian las decisiones del Tribunal Constitucional.

Por ello, señoras y señores diputados, entendemos que esta Cámara, donde reside la soberanía nacional, donde el presidente del Gobierno recibe o pierde su confianza, debe reprobar al ministro de Hacienda, y quedará en las manos del presidente del Gobierno la decisión final, y en función de lo que haga, quedará también la responsabilidad política, la responsabilidad de lo que el presidente haga o no haga con su reprobado ministro de Hacienda y Función Pública.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor López Milla.

Al no haberse presentado enmiendas, pasamos al turno de fijación de posiciones. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on.

Euskal Herria-Bildu se suma a la reprobación del ministro Montoro y la hace extensiva a todo el Gobierno, responsable último de una amnistía fiscal acorde con la política económica fiscal del PP. Y es que hace tiempo que venimos denunciando la política fiscal de un Gobierno que tiene nula voluntad por hacer que cada cual aporte al sostenimiento de los servicios públicos conforme a lo que le corresponde. Ello pasaría por una reforma en profundidad que, además de apostar por un sistema más equitativo y proporcional, supondría un aumento de la recaudación real que ayudaría a poder establecer otro orden de prioridades en el gasto. Pero vistas las excusas utilizadas por el propio Montoro para justificar su actuación, incluso después del fallo del Constitucional, que -digámoslo todo- corrige la actuación el Gobierno pero legitima a los defraudadores, está claro que el fallo no tendrá efectos prácticos y tampoco políticos. No hay ninguna razón que justifique una amnistía fiscal que no hace más que primar al defraudador, ahondar en las desigualdades y dejar más claro -si cabe- que el PP gobierna para los corruptos y la oligarquía, por cuyos intereses rescata al sistema bancario en detrimento de políticas públicas, pone el pago de la deuda por delante de todo y facilita a grandes empresas y fortunas a hacer dejación de sus obligaciones tributarias. Pero que nadie se llame a engaño, esta amnistía fiscal ha sido recurrida y sentenciada pero es tan inaceptable como las anteriores, así como medidas de recorte que les han acompañado en el tiempo o el cambio del artículo 135 de la Constitución. Así pues, toca reprobar a Montoro, pero alzar la voz requiere de posturas coherentes y continuadas en el tiempo para cambiar de raíz la política fiscal y económica, para combatir decididamente el fraude fiscal y lograr el doble objetivo de aumentar recaudación y redistribuir la riqueza.


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Los presupuestos ya aprobados no ayudan a ello, la Agencia Tributaria tiene cada vez menos recursos. Al menos el 11,5 % de los que se acogieron a la amnistía siguen defraudando y solo el 13 % de los entonces defraudadores han sido investigados posteriormente. Por tanto, reprobaremos a Montoro y poco más; en pocos días se aprobará el techo de gasto y volveremos a empezar, lamentablemente.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Candela Serna.

El señor CANDELA SERNA: Moltes gràcies, senyor president.

¿Qué esperar de un tránsfuga que cambia de partido y de ideología para conservar su sillón!, ¿verdad, señor Cantó? (Aplausos).

Venimos hoy a advertir al señor Montoro y al Partido Popular que se cuiden de utilizar el nombre de este país para justificar que la amnistía fiscal fue necesaria para superar la crisis económica, que se cuiden de utilizar el nombre de los que trabajan día a día pagando sus impuestos para justificar la amnistía fiscal, que se cuiden también de utilizar el nombre de las miles y miles de familias que se levantan a ganarse la vida cada día. Porque cuando ustedes justifican la amnistía fiscal argumentando que fue necesaria para salvar este país lo que están haciendo son dos cosas, insultar a la gente honrada de este país y ensuciar el nombre de este país. Cuídense de jugar en nombre de nuestra gente.

Hoy seguramente el ministro de Hacienda saldrá reprobado y seguramente también muchos de nosotros tendremos muchos problemas a la hora de explicar qué incidencia o qué trascendencia política tendrá este acto, y ahí está el drama. Somos conscientes de que se ha abierto un escenario de diálogo para articular una esperanza, para articular una posibilidad de cambio. Sabemos, pues, que entramos en un escenario de muchas expectativas donde también tiene que estar presente la problemática de nuestro pueblo, del pueblo valenciano. Llegados aquí sí que queremos decir una cosa, quien se empeñe en actuar en clave tacticista será el responsable del fallecimiento de esta esperanza. Por eso, entendemos que plantear escenarios que pasen por mezclar el agua y el aceite, como en 2016, es puro tacticismo.

Termino. Empecemos por el principio y pongamos a este Parlamento a trabajar para rescatar personas, pongamos a este Parlamento, como recitaba aquel viejo poeta andaluz y cantaba un paisano mío, "a galopar, a galopar", porque enfrente no hay nadie.

Gràcies. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Candela.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.

Brevemente, solo para anunciarles que vamos a votar a favor de su propuesta y vamos a añadir también alguna razón y motivo. La sentencia es clara en su fundamento, más allá de las consideraciones que hagan: el mecanismo que se utilizó no era el que se tenía que haber utilizado; se podía utilizar un real decreto-ley si después se tramitaba como ley. Nuestro grupo, en aquel momento, lo solicitó, se lo aconsejó y lo votamos a favor. El señor Montoro en aquel momento consideró que no era oportuno, pero como ya se le advirtió en aquel momento, el Tribunal Constitucional le recuerda que es la segunda vez que tropieza con la misma piedra. Había otra sentencia del mismo Tribunal Constitucional -en aquel entonces el ministro era el señor Rato, pero ya el señor Montoro era secretario de Estado de Economía- que también anuló un real decreto-ley por el mismo defecto de forma. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor.

Además -yo también lo he recordado-, con un informe de la Dirección General de Tributos se posibilitó que hubiera un conjunto de contribuyentes -mejor dicho, de no contribuyentes- que acabaron sin tributar un euro; ni un dos ni un tres ni un cinco ni un diez, ni un euro. Entendemos que eso tampoco fue respetar lo que se había convalidado en su momento. De los incumplimientos por parte del ministro Montoro de lo que se pacta en estas Cámaras nosotros también tenemos un recuerdo en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, en la que transaccionamos una enmienda a la disposición transitoria primera en cuanto al reparto del déficit, que después nunca se cumplió. Por tanto, vamos a votar a favor.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bel.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.


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La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Arratsalde on, buenas tardes.

Hoy estamos debatiendo aquí acerca de la reprobación del señor Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública, por su actuación en 2012, en la que aprobó la declaración tributaria especial, un eufemismo, un nombre más suave para obviar la palabra amnistía fiscal. Nuestro grupo, tengo que decirlo, fue criticó con esta medida; se posicionó en contra de dicho decreto y, de hecho, dentro de nuestra capacidad normativa en el ámbito tributario no la aplicamos en Euskadi. La amnistía fiscal ha sido un profundo desacierto del Gobierno en la X Legislatura, supuso una injusticia y un agravio comparativo para con quienes satisfacen sus obligaciones tributarias y permitió que muchos defraudadores se pusiesen al corriente en Hacienda pagando un peaje irrisorio, en torno al 3 % de media, cuando tenían que haber pagado, muy probablemente por sus niveles de renta, por encima del 50 %. Además, puso en entredicho la voluntad real de la Administración en la lucha contra el fraude, o al menos una prevalencia de afán recaudatorio en un momento económico frente a una postura firme en la ética contra el fraude. Así también lo ha afirmado la sentencia del Tribunal Constitucional que, por cierto, da una de cal y otra de arena al Gobierno, porque si bien anula la declaración especial tributaria, lo cierto es que avala las declaraciones realizadas para regularizar el dinero evadido aunque sea por seguridad jurídica.

La justificación dada no responde a lo que se espera de una Administración a la que se le pide, en los casos de defraudación fiscal, eficacia y eficiencia en la persecución y castigo de este tipo de conductas. Si verdaderamente esta medida se adoptó por la situación de crisis financiera o por la necesidad de mayores ingresos en circunstancias extraordinarias para atajar el déficit, con un criterio puramente economicista, quizá si el ministro en lugar de hacer valer su mayoría absoluta hubiera buscado el acuerdo con el resto de grupos parlamentarios, se hubieran explorado fórmulas más razonables que la medida adoptada para que quienes tengan patrimonio en el extranjero entiendan del riesgo de mantener ese patrimonio oculto o no declarado. En definitiva, medidas disuasorias contra el fraude y la elusión fiscal. Probablemente hoy, sí se hubiera hecho así, no se estaría debatiendo esta reprobación.

Hay que reconocer, además, que esta amnistía fiscal no es la primera que se ha dado en España. Por tanto, parece que a los dos partidos que han gobernado en el Estado les ha parecido en distintos momentos una herramienta adecuada. Así tenemos la de 1984, donde se regularizó el dinero oculto a través de la adquisición de pagarés del Tesoro y la de 1991, cuando se podía adquirir deuda pública a un interés más bajo que el del mercado. Lo mismo ocurre en Europa, que a lo largo de los años también algunos países han acudido a la figura de la amnistía fiscal, por ejemplo, Portugal, Francia e Irlanda. Con esto no pretendemos, de ninguna manera, justificar -de hecho no nos parece justificable- la acción del Gobierno, ni mucho menos, pero creo que es de justicia ponerlo también sobre esta mesa.

Dicho esto, la reprobación es una herramienta que parece que últimamente está de moda y mediante la cual se busca una reprimenda, además del rechazo político y social a una determinada conducta, pero que, en definitiva, no obliga nada, no lleva aparejada la obligación del ministro a dejar su cargo; se limita a ser una reprimenda política y, por ello, me gustaría también dejar alguna reflexión en el aire. ¿Estamos dispuestos a reprobar aquellas conductas que se hayan cometido de manera injusta, las realice quien las realice? ¿O van a existir diferentes varas de medir si el que la hace es del partido propio? Lo que se necesita, más allá del ruido mediático, es el compromiso generalizado de todos los partidos en la lucha contra el fraude fiscal, evitando este tipo de medidas y, en su caso, utilizar aquellas herramientas que sean idóneas para que aquellas conductas que sean reprochables tengan sus consecuencias. Hacer política es ir a los temas concretos en la cámara legislativa, hacer propuestas, trabajar en las comisiones, hacer enmiendas, transacciones y, lo que es más importante, defender los derechos, deberes e intereses de los ciudadanos y ciudadanas, y no creo que con una reprobación se logre algo de esto. Es más bien un reproche político que no tiene mayor consecuencia. Además, parece que el varapalo que se ha llevado el Gobierno con esta sentencia le ha llevado a anunciar que no se establecerán medidas como la adoptada en el año 2012 o la intención de reforzar el personal para la lucha contra el fraude y la búsqueda también de incoherencias entre las rentas afloradas en la amnistía fiscal y las declaraciones posteriores de bienes en el extranjero. En cualquier caso, esperemos que sean medidas que refuercen la imparcialidad de las actuaciones en materia tributaria sin actuaciones alteradas, que es lo que permitió la amnistía fiscal.

En definitiva, nuestro grupo se va a abstener en la reprobación al señor Montoro por coherencia con lo realizado y dicho hasta ahora con respecto a la amnistía fiscal y, especialmente, porque nosotros fuimos críticos con esta medida adoptada, de hecho votamos en contra de la misma; porque no hemos aplicado esta amnistía en territorio foral debido a nuestra capacidad normativa en el ámbito tributario; porque,


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además, en materia tributaria normalmente este grupo se suele abstener; porque en el año 2013, con mayoría absoluta del PP, nos abstuvimos también a la reprobación del señor Montoso, y porque el uso de las reprobaciones no puede convertirse en una costumbre semanal, pasando al primer plano de la actividad parlamentaria.

Eskerrik asko. Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Senyores i senyors diputats, tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe. Esto es lo que le pasa al ministro Montoro, aunque no esté hoy aquí. Se le está acabando el tiempo y hoy pasará a engrosar la lista de los ministros reprobados. Ahora, eso a ustedes, al Partido Popular, ni frío ni calor.

El ministro Montoro fue el artífice de una amnistía fiscal en el año 2012, a la que bautizó eufemísticamente como regularización fiscal, que se llevó a cabo mediante un real decreto -que es el que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional- denominado medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público. Sobre esta materia, sobre la amnistía fiscal le hemos pedido al ministro en numerosas ocasiones que diera explicaciones, de diversas formas y maneras, y siempre las ha dado incompletas y mal. Explicaciones que estaban más que justificadas en atención a la amnistía fiscal, la diseñada por el Gobierno del Partido Popular, por el Gobierno del Reino de España, porque dicha amnistía no ha hecho otra cosa que blanquear en gran parte el dinero que provenía de conductas ilegales e ilícitas, como el tiempo se ha encargado de demostrar. El jueves pasado el ministro compareció en la Comisión de Hacienda y Función Pública a los efectos de dar explicaciones sobre las posibles responsabilidades del Gobierno -en este caso también del ministro- en relación con la sentencia del Tribunal Constitucional, aquella que ha declarado inconstitucional el real decreto. ¿Qué hizo el ministro? Lo que hace siempre, sacar pecho y decir que aquí no pasa nada y que adelante. Solo cabe hacer una lectura exhaustiva de la sentencia, especialmente del fundamento jurídico sexto de la misma, que les dice que la medida ha afectado a la esencia del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos que enuncia el artículo 31.1 de la Constitución española, alterando sustancialmente el modo de reparto de la carga tributaria que debe levantar la generalidad de los contribuyentes en nuestro sistema tributario, según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad. Después de esto, ¿qué legitimidad tiene para continuar el ministro Montoro como responsable último de la política fiscal y de la Agencia Tributaria? Mientras se amnistiaba a unos cuantos, ¿qué pasaba en el año 2012 en España? Que el Gobierno del Reino de España, el Gobierno del Partido Popular había iniciado salvajes recortes a la gran mayoría de la población; recortes en sanidad, educación y dependencia ahogaban a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, limitaban los derechos y las libertades de la ciudadanía pero, por el contrario, mientras tanto amnistiaban a todos aquellos que tenían sus fortunas en paraísos fiscales. Es evidente que dicha amnistía no benefició ni a las clases trabajadoras ni a las clases populares, sino a las grandes fortunas; esas grandes fortunas que, como decía con anterioridad, en buena parte provenían de conductas ilegales o ilícitas. Aquí el listado es largo e interminable y en él aparecen destacados miembros del Partido Popular -el exministro Rato y Bárcenas, entre otros-, además de la familia Pujol, que también se benefició y aparece en esta lista junto a otros.

Ustedes, el Gobierno del Partido Popular, adoptaron medidas que beneficiaban a las grandes fortunas defraudadoras, a quienes les permitieron lavar su dinero negro por el módico precio del 10 % y sin ningún tipo de recargo, interés de demora, sanción o responsabilidad tributaria. Ese 10 % no se pagó nunca por cuanto las grandes fortunas que se acogieron a la amnistía fiscal acabaron pagando un módico y efectivo 3 %, es decir, ustedes lo hicieron más barato que aquellos que se dedican a blanquear dinero. Ustedes han premiado a los defraudadores, han premiado a aquellos que han robado a la ciudadanía, y el dinero robado es aquel que hemos pagado y seguimos pagando en forma de recortes. Los defraudadores son delincuentes a los que se ha indultado, amnistiado, manteniéndolos en el anonimato.

Hace unas semanas, le decíamos al ministro que aunque no haya responsabilidad penal no quiere decir que no deba haber responsabilidad política. Desde Esquerra Republicana creemos que debe haberla y en cualquier país con profundas convicciones democráticas y de larga tradición democrática, la ética y el buen gobierno se demuestran dimitiendo. Esto no es lo que pasa en España y en Esquerra Republicana dudamos de que esto realmente llegue a pasar. Por tanto, en Esquerra Republicana, nosotros, nosotras,


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trabajamos incansablemente para que al ministro Montoro lo dimitan las urnas en Cataluña el próximo 1 de octubre.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.

El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.

Señorías del Partido Popular, reconozco que el señor Montoro tiene una ardua labor, a veces ingrata; pero no solo somos nosotros quienes reprueban su declaración tributaria especial, es decir, su amnistía; es el supremo órgano intérprete de nuestra Carga Magna, el Tribunal Constitucional, que en sentencia del pasado 8 de junio declaró que abusaron legislando por decreto-ley y, lo más vergonzoso, que utilizaron ese mecanismo perverso premiando al defraudador y castigando al cumplidor, lo que implicaba la abdicación del Estado y legitimaba la conducta insolidaria, desprestigiando una vez más las instituciones, entre ellas esta Cámara, dando oxígeno al populismo y al independentismo. Y es que no todo vale, señorías.

En primer lugar, la pasada semana, la comparecencia del ministro giró en torno a la famosa frase de que el fin justifica los medios, y dijo textualmente: No nos gustaba, pero tuvimos que hacerlo. Era una cuestión de urgencia y de responsabilidad de Estado en una situación de hipercrisis. No era la primera vez que se hizo en España y además se ha hecho en otros países europeos. Y yo les pregunto, señorías: ¿Acaso legitiman estas razones una amnistía fiscal? ¿No se trata esto de una falacia? Es más, la señora Madrazo nos acusaba con vehemencia para que dejáramos de sembrar dudas sobre la acción del Gobierno en la lucha contra el fraude, porque eso, abro comillas, mina la conciencia fiscal de los contribuyentes que cumplen religiosamente con sus obligaciones. (Aplausos). Señora Madrazo, ¿de verdad usted piensa que la amnistía no mina la conciencia fiscal de los ciudadanos? ¿De verdad lo piensa? Sinceramente, este bipartidismo ha sido irresponsable e insolidario.

Señorías, del Grupo Socialista, señor López Milla, en 1984 emitieron pagarés opacos del Tesoro -usted lo sabe-; más de 18 000 millones de euros se acogieron a su amnistía. En 1991 volvieron a emitir más de 10 000 millones de euros; y no quiero hablar de la famosa lista Falciani, que conocemos todos, en 2010, otro claro caso de chivatazo a los defraudadores para eludir a justicia. Además, hemos tenido que escuchar en estos días que la amnistía del Partido Socialista no es inconstitucional. Si, es cierto, no es inconstitucional, pero no se equivoquen, más que nada porque no fueron recurridas, pero es el mismo mecanismo perverso de premiar al defraudador y castigar al cumplidor; el mismo, el mismo. (Aplausos). Miren, señorías, ya está bien de reparto de zanahorias, ya está bien de echarles el anzuelo con un cebo atractivo a los defraudadores. En España no se volverá a realizar otra amnistía fiscal porque, entre otras cosas, se lo ha dicho muy claro el Tribunal Constitucional.

Por otra parte, el señor Montoro hoy es reprobado por cuatro hechos objetivos. Uno, en marzo de 2012, con este mecanismo perverso, con apoyo, por cierto, de la antigua Convergència i Unió, blanquearon 40 000 millones de euros, y es que a la vez hicieron la mayor subida de impuestos de toda la democracia. Dos, como no era atractivo el cebo, lo rebajaron del 10 al 3 %. Increíble lo del 3 %, la famosa frase del tres per cent va saliendo siempre por ahí. (Aplausos). Tres, modificaron el Código Penal para que lo mejor de cada casa -Bárcenas, Rato, Pujol y Diego Torres- blanquearan capitales procedentes de no se sabe de dónde. Por cierto, más de setecientos defraudadores con causas penales abiertas se acogieron a ella para eludir, por supuesto, la cárcel. Cuarto y último, lo más triste, con la excusa del rescate bancario y la crisis económica se olvidaron de los más necesitados con recortes sociales. Incluso, en los últimos años -como saben ustedes- se han reducido casi tres mil funcionarios de la plantilla de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude.

Termino, señor presidente. Algunos se empeñan en acabar con los ricos; otros se empeñan, como sus señorías del Partido Popular, en hacer a los ricos mucho más ricos; y, sin embargo, desde Ciudadanos queremos acabar con los pobres y recuperar la clase media trabajadora. Deben ustedes traer ustedes a esta Cámara, tal y como se comprometió el señor Montoro, un decreto-ley que contemple las medidas contra el fraude, como así lo establecimos en el pacto de investidura. ¡Y déjese de amnistías fiscales a los corruptos! Le exigimos un alivio fiscal a los contribuyentes, a aquellas personas que han cumplido con sus obligaciones fiscales. Y, desde luego, podrían contar con nuestro apoyo si cumplen todas y cada una de estas condiciones para el techo de gasto.


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Señorías, el fin no justifica los medios. No todo vale cuando se trata del sufrimiento de las personas más necesitadas, cuando, además, pagaron inconstitucional e insolidariamente la declaración tributaria especial, es decir, la amnistía fiscal del señor Montoro, su amnistía.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Ten.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Garzón Espinosa.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señor presidente.

Llevamos algo más de una semana debatiendo específicamente sobre este tema y llevamos también prácticamente cinco años hablando sobre la amnistía fiscal del señor Montoro y del Partido Popular. Lo que hoy traemos aquí es una reprobación, que nuestro grupo apoya radicalmente, porque consideramos que está plenamente justificada, pero también hacemos una reflexión. Es evidente que al señor Montoro esto no le preocupa mucho y el otro día, en la Comisión de Hacienda, lo dejó bien claro con sus largas exposiciones en las que se le veía verdaderamente relajado y, por lo tanto, no podríamos decir que el Partido Popular esté preocupado por este tipo de reprobaciones. Es más, parece que las va a coleccionar hasta llegar al equipo completo sin que pase absolutamente nada. Esto ha de hacernos reflexionar especialmente a todos los que no son el Partido Popular y que apoyan este tipo de reprobaciones, porque pone de relieve en cierta medida la incapacidad de llevar a efecto este tipo de peticiones democráticas y la necesidad de explorar iniciativas como las que hicimos e intentamos no hace mucho tiempo -como la moción de censura- que llevadas a buen puerto reprueban absolutamente al Gobierno de golpe y, por tanto, son verdaderamente efectivas y no meramente declarativas. ¿Por qué? Porque se están produciendo muchos temas de enorme gravedad que requieren consecuencias políticas.

Este que traemos hoy aquí -insisto de nuevo-, el de la amnistía fiscal, es probablemente de los más graves, porque muestra claramente, de forma desnuda, la política neoliberal del Partido Popular; es decir, el Partido Popular, cuya política económica consiste fundamentalmente en aceptar no solo la desigualdad sino incluso proponer que aquellos que están en los estratos más altos, más enriquecidos, deben tener facilidades porque supuestamente siempre de forma especulativa son los que crean riqueza, pues esto que es su planteamiento teórico que siempre subyace a sus políticas prácticas, lo pone de relieve con una amnistía fiscal que permite la desigualdad entre la mayoría de la población que paga sus impuestos de acuerdo con la Constitución en su artículo 31, en comparación con una minoría de la población que ha defraudado durante años y que sin embargo se encuentra con una herramienta que le permite blanquear su dinero defraudado y, al mismo tiempo, pagar una penalización verdaderamente ridícula, que en algunos casos -como se ha dicho ya aquí, y a lo largo de estos últimos años- no llega ni siquiera al 2 %. Por tanto, lo que tenemos es un caso de extrema gravedad que hasta el Tribunal Constitucional ha tenido a bien señalar; eso sí, teniendo presente que no hay ningún tipo de consecuencia penal para absolutamente nadie por haber hecho este tipo de barbaridades. Creo que es obvio que el Partido Popular sabía que esta era una iniciativa inconstitucional, y a pesar de eso la hicieron.

Dijo el señor Montoro que no había alternativa, que era la amnistía fiscal o el caos, en esta lógica del Partido Popular bastante simplista. Creo que también es evidente que eso no se lo cree nadie y que hay un montón de alternativas de política económica para recaudar más de 1200 millones de euros, que es lo que se recaudó finalmente. Sencillamente, creo que es evidente que el relato del Partido Popular y del señor Montoro no se lo cree nadie. Está claro cuáles fueron las intenciones del Partido Popular y está claro cuáles fueron las alternativas por las que podría haber optado y que no llevaron a cabo. (La señora vicepresidenta, Romero Sánchez, ocupa la Presidencia). El Partido Popular y el señor Montoro consideraban que con esta herramienta iban a recaudar 2500 millones de euros y, en consecuencia, de ahí debemos sacar una conclusión. Hicieron una estimación, por tanto el Gobierno del Partido Popular sabe más o menos cuánto es el dinero defraudado y cómo se podría llegar a él. Esto, más allá de lo que hemos debatido en los últimos años, es lo que me gustaría poner de relieve, porque a nuestro grupo le llama mucho la atención cómo una amnistía fiscal que en julio de 2012 había recaudado 50 millones de euros de los 2500 esperados, cantidad verdaderamente escasa, incluso me atrevería a decir que ridícula en términos relativos, cómo es posible que siendo 50 en julio, a la vuelta del verano se alcanzaran los 1000 millones de euros. Esto solo tiene una explicación que a veces se esconde entre los números pero que es muy relevante, y es que el Ministerio de Hacienda y el Gobierno del Partido Popular se pusieron durante todo el verano a descolgar teléfonos, a llamar a las asesorías fiscales de este país para decirles: ustedes


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tienen que confiar en que este instrumento da seguridad jurídica. Es decir, el Partido Popular sabe dónde están los cómplices de los defraudadores, dónde están los gestores de los que defraudan. Sabe todo eso, porque sabe dónde tiene que ir para intentar convencerles de que se acojan a algo tan desagradable para la mayoría social como es una amnistía fiscal. En definitiva, el Partido Popular no puede engañar a nadie; sabe que hay defraudadores en este país, sabe dónde están estos grandes defraudadores y les pone una herramienta a su medida. Esto es algo que decimos desde hace cinco años -lo hemos dicho mucho más en los últimos meses- y ahora lo dice el Tribunal Constitucional. Creo que hay razones justificadas de sobra para reprobar al señor Montoro, que si estuviera aquí estaría sonriendo, lo que nos lleva a la reflexión original: ya vale de reprobaciones; lo que hay que hacer es echar al Partido Popular para que esto no sea simplemente un foro de opinión sino una política efectiva.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Madrazo Díaz.

La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, efectivamente el Partido Socialista pide hoy la reprobación del ministro de Hacienda y Función Pública y nosotros desde el Grupo Parlamentario Popular nos preguntamos por qué se pide esa reprobación. ¿Porque el ministro es bueno haciendo su trabajo? ¿Porque ha sido tremendamente eficaz en las medidas que ha adoptado? ¿Porque hace bien su trabajo? ¿Por eso piden su reprobación? ¿Qué es lo que les molesta del ministro Montoro? ¿O el Partido Socialista tiene una auténtica obsesión con el ministro Montoro porque les recuerda que por dos veces ha tenido que sacar a España del hoyo en que la dejaron ustedes tanto en el año 1996 como en el año 2012? (Rumores.-Aplausos).

El ministro tiene una larga trayectoria política con una hoja de servicio impecable al servicio del interés general de España, y esa hoja de servicio no se puede manchar con insultos, con descalificaciones o con reprobaciones, porque les podrá gustar más o menos, le podrán intentar calumniar, pero de lo que no cabe duda es de que sus políticas funcionan y son eficaces, y han funcionado por dos veces; han transformado los números rojos en números azules y hoy España lidera nuevamente el crecimiento económico y la creación de empleo, sin recortes, por cierto, en los servicios públicos, porque hoy España, gracias a esas políticas fiscales, consigue recaudar más impuestos y puede pagar mejor esos servicios públicos.

Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, por supuesto, acatamos y respetamos la sentencia del Tribunal Constitucional, como no puede ser de otra manera, pero esa sentencia declara inconstitucional la forma, como ya se ha repetido en varias ocasiones, y concede plenos efectos jurídicos a la regularización fiscal. La trayectoria del ministro Montoro no ha comenzado con esa regularización fiscal ni la historia de España comenzó en el año 2012 cuando el Gobierno del Partido Popular llegó al Gobierno. Hubo antes un Gobierno del señor Zapatero que negó la crisis, no tomó medidas adecuadas y hubo un Gobierno socialista que mandó a más de tres millones y medio de españoles al paro. Por cierto, piden ustedes una y otra vez que el ministro pida disculpas a los españoles; todavía no he escuchado a ningún miembro del Partido Socialista pedir perdón a esos españoles que ustedes enviaron al paro. (Aplausos). Nunca.

Las medidas del ministro de Hacienda funcionaron por segunda vez. ¡Vaya si funcionaron! Señorías, la primera medida de este ministro a los pocos días de llegar al Gobierno no fue la regularización fiscal sino, como saben, un conjunto de medidas tributarias para subir los impuestos a las rentas más altas y a las grandes empresas, que con ustedes, con el Partido Socialista, no pagaban impuestos; muchas empresas del IBEX no pagaban impuestos. La recaudación tributaria se desplomaba -60 000 millones en dos años- y más de la mitad de ese desplome era porque las grandes empresas no pagaban el impuesto sobre sociedades. En solo dos años el Partido Socialista perdió 60 000 millones y no hizo nada. Ustedes, los justicieros tributarios, los Robin Hood del sistema fiscal permitieron ese desplome sin inmutarse. Esa subida de impuestos a las grandes empresas y a la gente con mayor poder adquisitivo se hizo de manera justa y con equidad y luego se compensó al final de la legislatura con la mayor bajada de impuestos de la democracia y funcionó, porque en el año 2017 vamos a recuperar los niveles de recaudación previos a la crisis.

Señores de la oposición, su problema es que hablan mucho y hacen poco. A base de ruido y reprobaciones pretenden conquistar la simpatía de los españoles, pero los españoles somos gente seria, trabajadora y responsable, y tenemos muy claro que con nuestro pan y con el de nuestros hijos no se juega y por eso confían una y otra vez en el Partido Popular. Y, sí, claro que ha habido una regularización fiscal en una situación de emergencia nacional, y no nos avergonzamos de ello porque se ha hecho una


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regularización tributaria transparente, donde los defraudadores que ocultaban sus bienes y rentas a la Hacienda pública se han tenido que retratar con nombres y apellidos, y ahí han salido peces muy gordos, señores del Partido Socialista, que estaban en el fondo del mar con ustedes y nadie les molestaba, se iban de rositas, pero ahí estaban, había políticos, artistas, deportistas, empresario. Da igual si eran de un partido político o de otro, eran defraudadores y estaban en el fondo del mar esos peces gordos con el Partido Socialista. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Gracias a esta regularización fiscal afloraron 40 000 millones de euros, 4 puntos del PIB, que antes no existían, que año a año ahora pagan sus impuestos a la Hacienda pública. Qué hipocresía, señores socialistas, pedir la reprobación del ministro cuando la mayor amnistía fiscal se llama prescripción, que es lo que ustedes estaban permitiendo hacer, la prescripción de millones de deudas y cientos de delitos. Señores socialistas, no solo afloraron 40 000 millones, sino que esa declaración tributaria especial permitió investigar el origen de esos fondos aflorados, porque la regularización fiscal ni limpia ni borra delitos, como hemos repetido en numerosas ocasiones. Si no, que se lo pregunten al dirigente histórico del Partido Socialista, señor Fernández Villa, que llevó al banco fajos de billetes para aflorarlos en esa regularización.

Voy terminando, señorías, porque se me acaba el tiempo. Podrán ustedes descalificar, pedir ceses y reprobaciones, pero por encima del ruido de las palabras están los hechos, porque obras son amores, y ahí están los resultados históricos alcanzados en la lucha contra el fraude, 65 000 millones, gracias a las medidas aprobadas por el Gobierno del Partido Popular, gracias a las medidas de este ministro que quieren reprobar. A juicio del Grupo Parlamentario Popular, no cabe la reprobación de un ministro de Hacienda que ha conseguido alcanzar con gran eficacia los objetivos perseguidos: que paguemos todos para que todos podamos pagar menos y podamos seguir bajando los impuestos a las familias y a las empresas para seguir creciendo y creando empleo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Madrazo.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD IDEOLÓGICA, RELIGIOSA Y DE CULTO. (Número de expediente 173/000037).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, para garantizar la libertad ideológica, religiosa y de culto.

Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, les confieso que para los republicanos y las republicanas hoy es una tarde importante porque llevamos años intentando que ocurra lo que creemos que hoy va a ocurrir, es decir, que habrá una mayoría parlamentaria que instará al Gobierno a presentar, antes de finalizar el próximo periodo de sesiones, es decir, antes de finalizar el año en curso, un proyecto de ley que sustituya la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y de Culto del año 1980. Creemos que ya toca porque nuestra sociedad se parece poco a la de la década de los años ochenta, porque además entendemos que es imprescindible garantizar la igualdad y la no discriminación de todas las opciones de conciencia religiosa o no religiosa y porque además es básico, fundamental garantizar la neutralidad del Estado. Es evidente que la ley del año 1980 adolece de todas las capacidades que sí contiene la Constitución en el orden de garantizar la libertad ideológica y, por supuesto, también la libertad religiosa y de culto.

Les decía que llevamos muchos años intentándolo y hay que reconocer que hubo algún momento en que parecía que todo se iba a conseguir. Lástima que no se consiguió, porque si en el año 2010 el Partido Socialista Obrero Español hubiera cumplido el acuerdo firmado -digo firmado- entre Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Socialista Obrero Español ahora ya tendríamos la ley aprobada y haría años que estaría vigente. Les recuerdo que se pactó y al cabo de pocos meses de haberse pactado el presidente Zapatero concluyó que no estaban en condiciones de cumplir lo acordado, pactado y firmado. Luego volvimos a intentarlo mediante proposiciones de ley, pero fueron derrotadas por la mayoría parlamentaria, también por el Partido Socialista Obrero Español. Es cierto, pues, que estuvimos a punto de conseguirlo en el año 2010. Luego vino la mayoría absoluta del Partido Popular y es evidente que no solamente no hemos avanzado, sino que en los últimos tiempos hemos visto cómo retrocedíamos en todo aquello que afecta a los avances que presuponíamos que conseguiríamos atendiendo a las potencialidades,


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repito, de la misma Constitución española en este ámbito. Al parecer, las cosas han cambiado y hoy habrá una mayoría parlamentaria y veremos si el Partido Popular cumple o no cumple. En todo caso, es evidente que si el Partido Popular a lo largo de estos meses no se siente concernido por la mayoría parlamentaria, entonces será el momento de volver a sacar toda la munición, en nuestro caso las proposiciones de ley que hemos ido presentando a lo largo de estos años, y quizá, atendiendo al precedente de la votación de hoy, sería posible incluso presentar una proposición de ley firmada por los distintos grupos progresistas presentes en esta Cámara.

Así pues, entendemos que nuestra iniciativa parlamentaria hoy lo que pretende es solamente, permítanme la expresión popular, abrir el melón y luego, una vez abierto el melón, cuando el Gobierno presente su proyecto de ley o bien nosotros busquemos la fórmula para superar su no protagonismo, el del Gobierno, ya encararemos todas las cuestiones que quizá nos separan. Podría hoy leerles un largo listado de temas conflictivos que hay que encarar, desde la presencia de los símbolos religiosos en edificios públicos hasta la participación de cargos públicos en ceremonias o ritos religiosos, la recaudación de las donaciones que puedan llevar a cabo los ciudadanos libremente por parte del Estado, las donaciones que puedan o no correr a cuenta de los impuestos que deberían pagar las confesiones, que las subvenciones públicas tengan o no carácter finalista, en definitiva, que acaben sirviendo para el sostenimiento de una confesión. Otro tema que habrá que encarar es la exención de pago de tributos por parte de las confesiones. Es evidente que también habrá que discutir sobre la necesidad de que las fundaciones ligadas a las confesiones religiosas se rijan por la Ley de Fundaciones, es decir, también que la Ley de Patrimonio Histórico o las legislaciones autonómicas sean las que se ocupen de todo aquello que regula los patrimonios de las confesiones religiosos; también sobre el matrimonio civil y cómo y de qué manera el matrimonio civil entra y es imprescindible para validar otras fórmulas y otras instituciones; sobre el sistema educativo público aconfesional o laico. Es decir, hay un largo listado de temas que habrá que encarar. Por ejemplo, hoy el Partido Socialista nos presenta una enmienda que no podemos aceptar no porque no estemos de acuerdo, porque además es muy acertada la enmienda del señor Elorza, muy acertada, pero entendemos que ahora no es el momento de empezar a discutir si estamos de acuerdo o no con muchos temas. Yo he leído un listado de diez temas, pero hay treinta o cuarenta. Habrá que hablar del concordato, habrá que hablar de todo. Y como quiera que habrá que hablar de todo, es interesante, necesario, imprescindible quizás, crear un escenario en el que el Parlamento debata sobre qué ley exige el siglo XXI para una sociedad avanzada como la nuestra. De manera que celebramos y entenderán que, después de diez, doce o quince iniciativas de Esquerra Republicana en estos últimos años sin haber conseguido lo que hoy vamos a conseguir, desde la humildad para nosotros sería muy importante que hoy una mayoría le diga al Gobierno que presente este proyecto de ley antes de finalizar el año 2017. A ver si esta vez lo conseguimos y existe una mayoría parlamentaria. Invitaríamos también al Grupo Parlamentario Ciudadanos porque creo que lo que presentamos no es desaforado ni radical. Vale la pena que todos construyamos este escenario para poder debatir un proyecto de ley antes de finalizar el año 2017.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Tardà.

Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Elorza González.

El señor ELORZA GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.

Habría que empezar el debate preguntándonos si somos realmente un Estado aconfesional, como establece la Constitución en su artículo 16. La respuesta sería que en la práctica no. Esto es así porque padecemos con el Gobierno del Partido Popular desde hace ya unos años una serie de ataques importantes a la Constitución que están suponiendo en la práctica diaria la degradación del Estado aconfesional. Por eso, señor Tardà, al Grupo Socialista le parece muy oportuna la presentación de su moción, con el debate que sin duda abre, una moción que se va a aprobar, siendo a todas luces evidente que esa Ley de Libertad Religiosa del año 1980 ha quedado absolutamente caduca.

Según el citado artículo 16 de la Constitución, España es un país aconfesional, pero en realidad ¿qué está pasando? Hay una serie de ejemplos que quiero traer hoy a colación que realmente contradicen esta referencia de la Constitución. El Gobierno del Partido Popular viene degradando sistemáticamente la idea del Estado aconfesional, lo mismo que ha hecho con el Estado de derecho y con el Estado del bienestar; eso sí, lo que fortalece, como es patente cada día, este Gobierno es el Estado general de la corrupción, pero veamos lo que está pasando con ejemplos concretos. En pleno


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siglo XXI, las autoridades, ministros y alcaldes siguen otorgando medallas y condecoraciones a vírgenes. El colmo, eso sí, es que también lo hagamos partidos laicos, aunque sea con la excusa de seguir un procedimiento cívico. En 2017, un Estado democrático acosado por el PP aún mantiene a un dictador, Franco, enterrado al pie de un altar mayor, lo que supone un gesto de desprecio a miles de sus víctimas, cuyos restos se amontonan detrás del dictador, escondidos. En el año 2017 sigue habiendo exenciones fiscales, desgravaciones, ayudas derivadas de la cuota del IRPF y una iglesia de obispos que actúa sin transparencia de ningún tipo y que mantiene, en parte con esos recursos económicos, medios de comunicación para influir en la política y atacar permanentemente a la izquierda. En el año 2017, un Gobierno de la derecha sigue priorizando en las escuelas gracias a la Lomce la asignatura de Religión confesional mientras devalúa la enseñanza de la educación en valores para la ciudadanía. En 2017, un Gobierno que no respeta los compromisos sociales y democráticos de la Constitución ordena a los Ejércitos que coloquen la bandera constitucional a media asta por la muerte de Cristo con la excusa de ser parte de una tradición secular. La cuestión es por qué el ejército rinde culto a las tradiciones de la Iglesia católica. Pues bien, en relación con lo anterior y según se pudo conocer, hay una orden del jefe de Estado Mayor de la Defensa, que depende de la ministra señora De Cospedal, que fue enviada a todas las instalaciones militares el lunes 10 de abril con el título de Honores a la Semana Santa. Esa orden establecía que desde las 14:00 horas del Jueves Santo hasta la madrugada del Domingo de Resurrección la enseña nacional ondearía a media asta en todas las unidades, bases, centros y acuartelamientos. Diferentes medios de comunicación recogieron la noticia de que la ministra de Defensa no quiso pronunciarse sobre esta misiva, pero sí confirmó que el ondeo a media asta de la bandera nacional en determinadas fechas, como la Semana Santa, forma parte de la tradición secular de los Ejércitos y que esa decisión está integrada en la normalidad de los actos de régimen interior que se celebran en las unidades militares. Las afirmaciones de la ministra señora De Cospedal, según las cuales las Fuerzas Armadas celebran festividades religiosas porque tienen su propio acervo religioso y cultural, llevan al Grupo Parlamentario Socialista a formular su disconformidad y su rechazo con una práctica anacrónica. Me pregunto: ¿qué acervo cultural y religioso es aquel que ni tiene base legal ni respeta el carácter aconfesional del Estado recogido en la Constitución, artículo 16? ¿Desde cuándo el ejército mantiene su propio acervo religioso contrario a la Constitución? ¿Está el Gobierno aplicando la libertad religiosa a una institución del Estado como son las Fuerzas Armadas? Realmente no compartimos el argumento peregrino de la ministra, la señora De Cospedal, de que colocar durante la Semana Santa la bandera constitucional a media asta en la propia sede del ministerio y en las demás instalaciones militares responda a una tradición secular de los Ejércitos. En todo caso, si fuera así, evidentemente habría que cortarlas porque no caben supuestas tradiciones de las Fuerzas Armadas contrarias a un Estado aconfesional, no es admisible una supuesta tradición que combine patriotismo de bandera y fe católica. Asistimos a una vulneración auténtica de un principio constitucional y el PP lo hace para mantener una idea de España que no rompa lazos con el nacionalcatolicismo, una España sometida a las conveniencias de la Iglesia en diferentes planos. Existe un hecho grave además -para ir acabando-, y es que hay una orden vigente del jefe del Estado Mayor que contraviene el real decreto promulgado en 2010 por la que fuera entonces ministra de Defensa, Carme Chacón, que regulaba las situaciones en las que debe ondear la bandera a media asta. Esta orden de la señora De Cospedal no respeta, por tanto, los principios de igualdad, de democracia, de libertad religiosa y de separación entre la Iglesia y Estado.

Los socialistas -finalizo- denunciamos que estamos ante una actitud anacrónica y provocadora hacia los sentimientos de la mayor parte de la ciudadanía que defiende valores de laicidad y valores democráticos. Por todo ello, hemos presentado esta enmienda a la moción de ERC, que vemos que no se va a aceptar, pero en todo caso plantearemos otras iniciativas parlamentarias dirigidas a la consecución de esta finalidad, y es que no tengamos ninguna otra Semana Santa con banderas nacionales a media asta en los cuarteles contraviniendo el principio constitucional de un Estado aconfesional, lo cual nos produce una evidente vergüenza a los socialistas.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Elorza.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Salvador Armendáriz. (Pausa). No lo veo en el hemiciclo.

Tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.


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La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Tardà, efectivamente, le vamos a dar nuestro apoyo para la tramitación de esta moción, para que se puede revisar esta ley que data del año 1980. Además, lo vamos a hacer desde la mirada que nos impone el siglo XXI, no el siglo XIX o el siglo XX, una época en la que había una sola religión preponderante y muchas de estas iniciativas estaban inspiradas casi siempre en un anticlericalismo católico; entiendo que al no ser ya la única religión existente, no será enfocado desde este punto de vista. Es decir, nosotros entendemos que debemos avanzar para garantizar mejor lo que es un Estado aconfesional, de hecho, en la Cataluña Estado que queremos para el siglo XXI en adelante la libertad religiosa debe erigirse como un derecho fundamental dentro de un Estado plenamente aconfesional, y, por tanto, cómo no, defender la libertad de expresión, la ideológica y la religiosa, por supuesto, pero también defender que esta libertad religiosa no sea solo una expresión de puertas para adentro, es decir, que no quede en la esfera íntima y privada de las familias, al contrario, que las manifestaciones religiosas se puedan expresar públicamente. Cada uno tiene derecho a poder exhibir aquellos símbolos con los que se siente más reconfortado y creer en aquello que le parece mejor o con lo que se siente más confortado. Por tanto, como digo, estamos fundamentalmente a favor de que cada individuo escoja cómo quiere vivir su religión, y, por tanto, estaríamos más alejados de la laicidad y más a favor de la aconfesionalidad para poder defender, como le digo, que todo el mundo pueda sentir y creer lo que mejor le parezca. Hay muchas religiones en Cataluña, trece como mínimo, y otras tantas en el Estado español, o más, pero cuatro con notorio arraigo. Todas ellas tienen convenios, contratos con el Estado para poder relacionarse con él, pero le reitero que no nos opondremos a revisar esta ley, al contrario, votaremos a favor, pero sin duda nuestra acción -si no llegamos a tiempo para tramitar la que en el Congreso se pueda presentar- estará encaminada a que la aconfesionalidad y la libertad religiosa sean un valor para la Cataluña Estado del siglo XXI.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.

Se nos presenta una moción en la que se insta al Gobierno a presentar un proyecto de ley orgánica que sustituya a la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa por otra en la que se incluya, junto a esta libertad religiosa, la de culto y la ideológica para así -se dice en la moción- dar un mejor cumplimiento al artículo 16 de la Constitución, que garantiza las tres libertades citadas. Además, la reforma propuesta se fundamenta en dos objetivos que nos indica el promotor: garantizar la igualdad y no discriminación de todas las opciones de conciencia, religiosas o de otra índole, y garantizar la separación, neutralidad y laicidad del Estado. Desde nuestro punto de vista y de la sociedad a la que representamos políticamente a través del voto, consideramos que la libertad de pensamiento en la que se ampara tanto la libertad religiosa a través de la libertad de conciencia como la libertad ideológica, cuyo vehículo de manifestación es la libertad de expresión, se encuentra amparada y respetada en nuestro ordenamiento jurídico. Como ya se dijo en esta Cámara, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa regula la expresión colectiva religiosa basada en una creencia religiosa y en su aplicación se han registrado hasta el momento más de diecisiete mil entidades religiosas y se ha fomentado el establecimiento de convenios de cooperación con aquellas confesiones de fuerte arraigo en las creencias de los ciudadanos, habiéndose suscrito en este sentido acuerdos con musulmanes, judíos, Iglesia católica y entidades evangélicas. Por ello, desde los años ochenta la Ley Orgánica de Libertad Religiosa cumple de manera no cuestionada, de manera notoria y mayoritaria con la garantía de libertad religiosa y de culto que reclama el artículo 16 de la Constitución, además de con la neutralidad estatal respecto a cualquier confesión, así como al mandato de cooperación con las de mayor arraigo. Ciertamente el modelo actual de aconfesionalidad y no discriminación respecto a la diversidad religiosa que se plasma en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa no es el único que cabe en el desarrollo del artículo 16 de la Constitución, pues una laicidad más activa como la que se propone en la moción también se acomodaría sin perjuicio al mandato constitucional. No obstante, y como ya he señalado, no consideramos que en el estado actual de cosas nos encontremos ante una demanda social con entidad suficiente para emprender una regulación como la propuesta, lo cual no debe ser tampoco óbice para que no se denuncien en ocasiones situaciones y comportamientos puntuales que no son precisamente manifestaciones de neutralidad, como recientemente hemos hecho, por ejemplo, respecto a las inmatriculaciones registrales por parte de la Iglesia católica, o a aquellas manifestaciones institucionales que sean expresión notoria de creencia religiosa, como también han señalado algunos


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oradores que me han precedido en el uso de la palabra, o también con la hoy conocida sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en la que se declara contrario al principio de competencia que la actividad mercantil de las confesiones religiosas esté exenta de tributación. Se refería en concreto a los colegios regentados por entidades religiosas.

En cuanto a la libertad ideológica en la que se incluyen las creencias u opciones de conciencia no deístas, que la moción considera debieran tratarse conjuntamente con las opciones religiosas, tampoco consideramos que el que no se haga de la manera que se propone perjudique los valores de igualdad y no discriminación de las distintas opciones de conciencia, religiosas o no, pero los términos de comparación respecto a esos valores de igualdad y no discriminación deben establecerse entre las religiones entre sí por un lado y las opciones de conciencia no deístas por otro, sin que lo dicho sea óbice tampoco para que pueda tratarse lo distinto de manera igual, pero no ya como mandato constitucional sino como libre opción.

En definitiva, consideramos que la actual regulación de la libertad religiosa de manera separada y singular respecto a la libre expresión y manifestación de opciones de conciencias no deístas no perjudica los valores constitucionales de igualdad y no discriminación, aunque su tratamiento conjunto tampoco lo haría. Las creencias no religiosas, las no basadas en la fe, por el hecho de no estar normativamente contempladas en el grupo normativo de las creencias religiosas no significa que no estén protegidas, pues la libertad ideológica, como derecho fundamental, encuentra amparo y protección tanto individual como colectivamente para difundirse en la libertad de expresión, como para asociarse como derecho de asociación por aquellos que las compartan.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Girauta Vidal.

El señor GIRAUTA VIDAL: Muchas gracias, presidenta.

Señoras y señores diputados, cuando he empezado a oír algunas de las cosas que se han dicho debo confesar que he estado a punto de ceder a una leve depresión que se me ha pasado, y me he recuperado plenamente, con la intervención del representante del Partido Nacionalista Vasco. Y eso es porque yo creo que una de las cosas que nos traen aquí, una de las formas de definir cuál es nuestro papel en la sociedad es la introducción de orden en el desorden, no de desorden en el orden. Creo que más que una cuestión de fondo lo que a mí me confunde de la iniciativa de Esquerra Republicana es una falta de sistemática y me pregunto para qué. Ustedes expresan una necesidad y yo ahí no soy especialmente beligerante; quizá tengan ustedes razón y haga falta unir la libertad religiosa con la libertad ideológica en una sola ley. A lo mejor soy yo el que se equivoca, pero permítanme que, ahora que es mi turno, les explique que la Ley 7/1980, de Libertad Religiosa, ha cumplido su papel y lo está cumpliendo perfectamente. Y si de lo que se trata -cosa que no han hecho ustedes, que conste- es de aprovechar esta circunstancia para entrar en un memorial de agravios -y de ahí venía esta ligera depresión-, eso suena demasiado a las dos Españas, con la Iglesia en medio como motivo de conflicto. Y eso sí que no; en el siglo XXI, eso sí que no. Entre otras razones porque, como les decía, la Ley de Libertad Religiosa cumple perfectamente con su papel. La Iglesia y el Estado están perfectamente separados; el Estado no es un Estado ateo ni laico, es un Estado aconfesional. La Constitución cita en el artículo 16 a una confesión en concreto y el hecho de hacerlo significa no que el Estado profese una religión, sino que existe una cierta relación especial, que yo tampoco voy a defender de una forma particular aquí, sino simplemente subrayar que está en la Constitución. Así que yo digo a los señores de Esquerra Republicana de Catalunya que si ellos tienen un modelo de legislación -porque ellos creen que realmente hay que legislar conjuntamente la libertad ideológica con la religiosa- hagan una propuesta. Pero es que lo que ustedes nos están diciendo es que instemos al Gobierno a que regule esto y, acto seguido, se nos dice que el Gobierno está en el otro lado, en el otro extremo de lo que nosotros deseamos. Entonces no lo entiendo, no entiendo de qué se trata. (Aplausos).

Es verdad que la libertad religiosa y la libertad ideológica son citadas por la Constitución en un mismo artículo, es cierto, y eso podría llevar a pensar, en un análisis algo simple, que por ese hecho deberían ser reguladas conjuntamente. Creo que no es así y lo creo porque la libertad ideológica está plena y absolutamente garantizada en España, y solo hay que ir al artículo 53 de la Constitución para recordar que aquellos derechos y libertades del capítulo segundo, sección 1.ª, del título I gozan de la tutela de los jueces ordinarios, por lo que cualquiera puede acudir y recabar esa tutela estando sometido, además, el procedimiento a los principios de preferencia y sumariedad. Si sumamos esto al hecho de que el propio


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artículo 53 dice que todos los poderes del Estado están vinculados por estos derechos y libertades, me parece que la garantía es absoluta. Nadie que no quiera exagerar -por razones iba a decir que se me escapan pero no se me escapa nada- puede presentar este país como un país en el que la libertad religiosa no esté suficientemente tutelada y protegida. Por tanto, señor Tardà, a lo mejor usted sería capaz de convencerme de la necesidad de regular esto pero lo que no comparto es la necesidad de regularlo conjuntamente ni muchísimo menos que el procedimiento sea el de instar al Gobierno a que lo haga.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Girauta.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Monereo Pérez.

El señor MONEREO PÉREZ: Señora presidenta, el debate que nos trae hoy aquí es un debate en parte anacrónico y en parte políticamente fundamental. Esto es contradictorio pero me voy a explicar. Es anacrónico porque está fuera del tiempo el instituto que regula esta sociedad. Es anacrónico porque está fuera del tiempo ya que la sociedad ha cambiado enormemente. Esta es una sociedad laica, abierta, dinámica. La semana que viene tendremos la semana del orgullo gay. Una sociedad que ha cambiado tanto. El gran problema que hay -por eso es anacrónico- es que la sociedad es laica pero el Estado no; la sociedad es laica y ha cambiado pero el Estado no. Por eso es profundamente necesario discutir esto políticamente. ¿Por qué es necesario discutirlo políticamente? Por una cuestión fundamental: los enormes privilegios que tiene la Iglesia católica en este país. Un dato sin más: la inmatriculación. Hay miles de inmatriculaciones hechas por la Iglesia católica. Se han inmatriculado calles enteras de mi ciudad, de Córdoba. Es decir, la Iglesia católica se aprovecha de una ley hecha por el PP para hacer el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. ¿Merece la pena discutir esto políticamente, si o no?

Yo vengo de una tradición que se ha movido entre dos mundos: el mundo del nacionalcatolicismo, duro y terrible del nacionalcatolicismo, cuyo ejemplo fundamental es Cuelgamuros, el Valle de los Caídos, y el mundo de Azaña, el mundo de la república, el mundo laico. Pero yo tengo una ventaja sobre otras generaciones: a mí quien me enseñó el mundo laico fue la propia Iglesia católica, las comunidades de base, los hombres y mujeres de la Iglesia que nos dijeron que, efectivamente, Azaña tenía razón. También me enseñaron la incompatibilidad del capitalismo y el cristianismo y me enseñaron mucho más: la necesidad del socialismo. Estoy en ello desde hace cuarenta años. Ahora, ¿dónde estamos, compañeros y compañeras, amigos y amigas? ¿Dónde estamos? El papa Francisco es un milagro, si me lo permiten ustedes; es un milagro, como lo fue Juan XXIII. El papa Francisco nos da un elemento fundamental, decisivo, que es la posibilidad de construir una gran alianza por la civilización. El papa Francisco nos da la posibilidad de luchar por salvar esta civilización, esta cultura contra la cultura de la guerra, contra la cultura de la mercantilización, contra la cultura de la pobreza, contra la cultura de la crisis ecológica. El papa Francisco nos da un camino que nos permite a laicos creyentes -porque los laicos somos creyentes, tenemos creencias y valores- y cristianos unirnos en una alianza por salvar al mundo en un momento excepcional.

Termino. Decía una vez Tierno Galván que Dios no se olvidaba de los viejos marxistas. Yo soy mucho menos teísta, yo solo puedo indicar que cuando veo a Jesús rodeado de militares con la bayoneta calada siempre interpreto que ese no fue su mundo; su mundo nunca fue ese, el que yo aprendí de mis padres y de la propia tradición. Desde esa perspectiva, quiero decirles que efectivamente Dios siempre está detrás de los viejos marxistas, pero como yo soy más bien de Pasolini, diré que en mi caso Dios está siempre al lado de un viejo republicano, comunista y ateo. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Monereo Pérez.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez Vázquez.

El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Permítanme que comience mi intervención diciéndoles que no es fácil fijar la posición de mi grupo parlamentario en la moción que ha presentado el señor Tardà, sencillamente porque no sabemos qué es lo que propone el señor Tardà. La parte dispositiva de la moción se limita a instar al Gobierno a presentar un proyecto de ley que sustituya a la actualmente vigente Ley Orgánica de Libertad Religiosa, pero no dice absolutamente nada más. ¿Qué ley orgánica de libertad religiosa quiere usted, señor Tardà? No lo


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sabemos. Si leemos la exposición de motivos, tampoco se aclaran cuáles son las intenciones del grupo proponente; se limita a decir que es necesario avanzar hacia una sociedad más laica en la que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos en condiciones de libertad e igualdad. En esto de ejercer los derechos en condiciones de libertad e igualdad estamos totalmente de acuerdo, por eso yo querría que mis primeras palabras desde esta tribuna fueran precisamente para mostrar la solidaridad de mi grupo parlamentario con Rosario, la religiosa agredida hace solo unos días en Granada por eso (Aplausos), por ejercer su libertad religiosa; un acto cobarde de intolerancia, de brutalidad contra una mujer por ser religiosa.

Dice usted además en la moción que la ley orgánica de 1980 es una ley obsoleta que omite el tratamiento de la libertad ideológica. No es fácil entender este razonamiento. Como le ha dicho señor Girauta, la libertad ideológica está perfectamente amparada y protegida en nuestra Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico. No hay mejor ejemplo, señor Tardà, de la libertad ideológica que escucharle a usted en esta Cámara. Con tan escasa argumentación, teniendo en cuenta que en su interpelación se ha repetido muchas más veces al Grupo Socialista que al Gobierno supuestamente interpelado, tengo la tentación de pensar que la iniciativa pretendía otra cosa; pretendía que el Grupo Socialista se retratase públicamente sometiéndole a una especie de control de calidad, de prueba del algodón sobre la pureza de sus postulados ideológicos. Hemos escuchado al señor Olorza hablar de la bandera a media asta. Pues bien, alguna contradicción hay en su discurso cuando es el propio Ayuntamiento de Valladolid y otros ayuntamientos gobernados por el partido socialista quienes mantienen esa misma tradición.

Señor Tardà, su propuesta -usted se defendía en la interpelación al ministro- no es una propuesta radical; su propuesta es sencillamente inconsistente, es estéril, carece de contenido; ¡es que no hay propuesta! La libertad de religión, la libertad de creencias del artículo 16 de la Constitución comporta una doble exigencia: la neutralidad de los poderes públicos en coherencia con la aconfesionalidad del Estado y el mantenimiento de las relaciones de cooperación de esos mismos poderes públicos con las diversas iglesias. Señores de Esquerra Republicana, neutralidad no significa indiferencia y mucho menos hostilidad; de la misma forma que igualdad no significa igualitarismo ni tampoco parificación.

Fíjese, le voy a regalar una cita que creo que es acertada y prudente: El Estado debe ser respetuoso con la experiencia religiosa; un Estado laico no significa neutral respecto al hecho religioso, una cosa es que el Estado sea laico y la otra es que sea laicista. Pues no son palabras de ningún peligroso conservador recalcitrante, son palabras de Oriol Junqueras, presidente de su partido político, a quien usted tal vez debería escuchar más al defender este tipo de iniciativas. La premisa de la libertad religiosa, la premisa de la libertad de culto es el respeto. Por eso, le invito a leer una resolución de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa, una resolución titulada: La lucha contra la intolerancia y la discriminación, con especial atención a los cristianos, adoptada el 29 de enero de 2015, Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa. Qué gran ocasión han perdido ustedes, han perdido todos los portavoces, para condenar los actos de violencia y de intolerancia que hemos visto hace solo unos días en la capilla de la Universidad Autónoma de Madrid. Mi grupo, por supuesto, los condena de forma rotunda. (Aplausos).

Señorías, hay más de 17 700 entidades religiosas inscritas en el registro del Ministerio de Justicia. Se ha reconocido el notorio arraigo en nuestro país de la Iglesia Católica, de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, de la Federación de Comunidades Judías de España, de la Comisión Islámica de España, de la Iglesia Ortodoxa, de la Federación de Comunidades Budistas de España, de la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehová y de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. ¿Dónde está la obsolescencia de la ley de 1980? Si estos son los valores que usted defiende, es decir, si usted defiende la tolerancia, la cooperación y el respeto contará, contaría, con mi grupo parlamentario; pero si lo que defiende es la progresiva eliminación del hecho religioso o de algunas concretas manifestaciones del mismo, no tenga duda de que eso no lo va a encontrar ni en la Constitución ni en la ley orgánica ni en este grupo parlamentario. Por tanto, permítame, señor Tarda, que cuestione el verdadero fondo y la verdadera intención de su iniciativa. Nosotros, en el Grupo Parlamentario Popular, siempre vamos a estar al lado de la libertad, la tolerancia, el pluralismo y la convivencia, y ustedes últimamente nos tienen, tristemente, demasiado acostumbrados a la división y a la discordia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Martínez Vázquez.

Señor Tardà, aunque lo dijo en su intervención, necesitamos saber si acepta o no la enmienda que se ha presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.


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El señor TARDÀ I COMA: No la aceptamos; no por no coincidencia, sino por no conveniente.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): No la aceptan. De acuerdo.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA NEGATIVA DEL GOBIERNO A EQUIPARAR DE MANERA IGUALITARIA E INTRANSFERIBLE LOS PERMISOS DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD. (Número de expediente 173/000038).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Finalizamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la negativa del Gobierno a equiparar de manera igualitaria e intransferible los permisos de paternidad y maternidad.

Por el grupo autor de la iniciativa, y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidenta.

Subo a esta tribuna casi sin papeles -con pocas notas-, pero me lo puedo permitir porque voy a hablar de algo de lo que llevo hablando más de un año. Y no es muy relevante que yo lleve hablando más de un año de esto, lo que es bastante más relevante es que la Plataforma Ppiina lleve más de una década hablando de esto.

Creo que se conocen de sobra los motivos, que en esta Cámara ya se ha hablado de los motivos. De hecho, el 16 de octubre del año pasado se aprobó aquí una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a que los permisos fueran igualitarios, intransferibles y remunerados al cien por cien cuando hablamos de casos de nacimiento, acogida o adopción. Este debate, que se ha tenido en esta Cámara con portavoces de los distintos grupos parlamentarios, ya nos ha dado bastantes acuerdos. Tenemos claro un diagnóstico, según el cual ya sabemos que las mujeres tenemos peores salarios y peores condiciones laborales, y estamos de acuerdo en dicho diagnóstico. Estamos de acuerdo en que tenemos un grave problema de brecha salarial que genera un grave problema de desigualdad de género en este país. Tenemos claro también que erradicarla -porque así se ha dicho en esta Cámara- supondría una subida del producto interior bruto. Tenemos claro que los cuidados tienen que estar repartidos, y decimos palabras como conciliación y decimos palabras como corresponsabilidad. Tenemos claro que las mujeres somos consideradas trabajadoras de riesgo porque podemos quedarnos embarazadas o podemos desear tener criaturas adoptando o acogiendo; por tanto, somos trabajadoras menos interesantes para las empresas y por el mismo motivo tenemos muchas más dificultades cuando queremos llevar esa maternidad a cabo. Y tenemos claro también que los hombres, las otras personas progenitoras tienen que tener derecho a cuidar.

Hay más acuerdos. Por ejemplo, estamos de acuerdo en que queremos una sociedad más igualitaria porque es más justa y porque también es más eficiente, porque es más eficaz. Estamos de acuerdo en que las mujeres estamos en desigualdad a la hora de que nos vean como trabajadoras frente a los compañeros varones que trabajan con nosotras. Estamos de acuerdo en que los hombres tienen que tener iguales derechos laborales, porque ahora mismo no tienen los mismos derechos en la medida en que su permiso para la crianza es de cuatro semanas y no de dieciséis cuando se produce un nacimiento, una adopción o una acogida. Y podría seguir con los acuerdos si además me hicieran el favor de que el runrún fuese más bajo. Y hay más acuerdos que celebraban hace unas semanas y también al principio del año la bancada del Partido Popular y la bancada de Ciudadanos, como la subida de las dos semanas, subida que supone cumplir la ley pero que en cualquier caso celebramos y nos alegra a todas. Pero lo que queremos es que esta subida de dos semanas, que implica un mes de cuidados, no sea postureo. Entiéndanme bien, porque seguro que no quieren que hablemos de postureo a la hora de la crianza por parte de los padres, por parte de la otra persona progenitora, pero un mes supone oler un poco de colonia de bebé, cambiar algún pañal y poco más respecto a lo que suponen los primeros meses de crianza a lo largo del primer año.

La proposición de ley de la Ppiina, iniciativa que hemos presentado dos veces desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, solo podría plantear un problema económico, lo cual no es verdad por dos motivos. Uno, que la propia Ppiina y algunos economistas


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han dejado muy claro que eso no puede ser un problema como para que el Gobierno vete su toma en consideración y su posterior tramitación y, dos, porque todo lo que cambia las condiciones materiales de las personas cuesta dinero. Entonces, ¿no estamos aprobando nada que suponga presupuesto o no queremos aprobar según qué cosas que supongan un coste? Se trata de ver en qué queremos invertir los recursos: si queremos invertir los recursos en rescatar bancos -que, por cierto, echan a la gente de sus casas- o si los queremos invertir en tener una sociedad más justa y más igualitaria a través de la igualdad en la situación laboral y en la situación del cuidado. Se trata de ver si queremos dedicar los recursos a sobrecostes en las construcciones o si queremos de verdad tomarnos en serio esto de que queremos un país más democrático y más igualitario.

Los derechos no pueden ser para cuando se pueda, los derechos no pueden ser -si hablamos de derechos subjetivos- para cuando haya presupuesto. Como decimos en mi tierra, no vamos dexalo pa prau esto. Se trata de ver las prioridades. Todo cuesta y hay que tomar decisiones, pero hay decisiones que cuestan pero que también revierten; revierten económicamente, socialmente y culturalmente, porque decíamos que combatir la brecha salarial nos va a hacer subir el producto interior bruto. Estamos hablando de un cambio de modelo productivo y de paradigma cultural. Estamos diciendo que los hombres cuando vayan a una farmacia con un bebé en brazos van a tener la interlocución con la farmacéutica en igualdad de condiciones que su compañera porque no van a ser vistos como unos peores cuidadores. Estamos diciendo que las mujeres, cuando tengan una entrevista de trabajo, non van a tener que llevar esa etiqueta de trabajadora de riesgo por el hecho de ser mujer.

Voy concluyendo. El 18 de octubre se aprobó esta Cámara una proposición no de ley para que se instase al Gobierno a iniciar este proceso de ley de permisos igualatorios, intransferibles y remunerados al cien por cien. Dos vetos después, un otoño, un invierno y una primavera después, volvemos a estar aquí y les decimos en esta moción tres cosas muy claras: que, por favor y por vergüenza, se deponga ya la actitud de veto por parte del Gobierno con esta proposición de ley; que se reconozca el derecho a cuidar de todas las personas en igualdad -por eso aceptamos la enmienda del Grupo Socialista, porque la vemos pertinente- y que todos los grupos que de verdad nos sintamos involucradas y llamadas a hablar de políticas feministas, de políticas de igualdad en esta Cámara, nos pongamos a trabajar para que esa ley se lleve a término. Veo que la palabra feminista está tan de moda que la dicen incluso ministras que yo no me podía esperar hace una semana que fuesen a hablar de feminismo. (Aplausos).

Aprovechemos que el feminismo está de moda y hagamos políticas feministas y de igualdad. Cada vez que decimos que la igualdad empieza en la educación -y con esto concluyo- vamos a tomárnoslo en serio porque pueden decir mucho las líneas que se acuerden en un pacto de Estado por la educación en el currículum respecto a cómo son los hombres y mujeres, ya que son iguales, pero si en sus casas ven que en el momento en que sus madres los tuvieron han tenido que dejar el trabajo, como les ocurre a muchísimas mujeres en este país ahora mismo, y que es su padre quien no tiene tiempo para cuidarlos porque está trabajando, si están viendo eso en su casa, el libro de texto puede decir lo que le dé la gana que no habremos cambiado el modelo cultural ni educativo de este país. Por tanto, me parece que esta medida tiene motivos de sobra para que nos tomemos en serio los permisos igualitarios e intransferibles, haciendo de verdad una transformación de justicia en este país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Fernández Castañón.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, intervienen, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno fijará también posición, el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.

Yo también vengo casi sin papeles porque para dos minutos que tengo no necesito demasiado texto. Nosotros vamos a apoyar la iniciativa que plantea hoy Unidos Podemos porque creemos que ya tenía que estar aprobado de hecho, pero en cualquier caso porque creemos que es un paso, probablemente no decisivo pero sí importante, a la hora de acabar con una realidad, que es la realidad del heteropatriarcado y de la heteronormatividad que todavía hoy se impone en el conjunto de leyes que existen en el Estado español, y una de las más claras y evidentes es esta que nos ocupa; una legislación, la de la Seguridad Social, que sigue creyendo que el cuidado es cosa de mujeres. Tan lo cree así que solo concede la igualdad total entre mujeres y hombres a la hora de los cuidados cuando la mujer fallece -poco más se puede añadir- y porque creemos además que esta ley sigue considerando que los cuidados solo les pueden afectar y competer a las mujeres y, por tanto, imposibilita el igualitarismo, dificultando así que los


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hombres que quieran ser corresponsables, cuidadores desde el minuto uno, puedan serlo. También se decía, y lo compartimos, que la realidad actual penaliza a las mujeres en el ámbito laboral y social, que las expulsa del mercado laboral, que favorece que los empresarios puedan seguir teniendo conductas tan cívicas, tan antidemocráticas, como la de no contratar a mujeres por el riesgo de futuros embarazos y porque condena a las mujeres a una situación de dependencia, de pobreza y de trabajo precario; es decir, a una sociedad nada democrática, una sociedad nada digna de sostenerse y de ser vivida. Creemos además que es soportable económicamente sin, como se decía, tener que atender a la matriz o al cambio radical de la matriz económica. No se trata siquiera de entrar al debate de si el trabajo y el empleo, de si el trabajo no remunerado y el trabajo de la economía de los cuidados, sino que con lo que hay ya se puede soportar económicamente este cambio.

Termino. Creemos que la corresponsabilidad de los cuidados, que sería más o menos la custodia compartida comenzada desde el minuto uno, tiene que ser fomentada por los poderes públicos, tiene que ser favorecida por los poderes públicos. Quizá así nos evitaríamos la utilización partidista que de la custodia compartida se hace en litigios posteriores entre adultos.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Matute.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, presidente.

Otra vez debatimos los permisos igualitarios e intransferibles, esto es como un bucle, y es que las señorías del Partido Popular no saben perder. Desde el 18 de octubre del año pasado estamos esperando que se aplique el mandato de esta Cámara. La mayoría parlamentaria les dijo hace ocho meses que los permisos de paternidad y maternidad igualitarios e intransferibles tenían que ser desarrollados, pero ustedes ni caso. Que la igualdad para ustedes es bastante poco importante ya lo sabemos, eso no nos sorprende, pero lo que nos están demostrando ahora es que la democracia también es secundaria para ustedes. Han perdido la mayoría absoluta, ya no controlan esta Cámara, eso está claro, y no lo aceptan. Ya no tienen mayoría de bloqueo y no lo aceptan. Eso claramente es no saber perder. Esto es como el hijo único que de golpe se va a compartir piso y no acepta que ya no toma él solo las decisiones, que hay que tomarlas dialogando y conjuntamente. Y en este piso de aquí, las decisiones ya no las toman ustedes, las podemos tomar también los demás.

Señorías del Partido Popular, que la victoria les sienta mal lo hemos visto durante años, a base de rodillo y decretazo han impuesto todo lo que les ha dado la gana, pero ahora también sabemos que perder les sienta igual de mal que la victoria. Aprendan a perder, acepten que esta Cámara tiene el Poder Legislativo; acepten que la ciudadanía ha decidido esta representación parlamentaria plural; acepten las reglas de la democracia y desarrollen de una vez por todas los permisos igualitarios e intransferibles.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sorlí.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.

Corría la X Legislatura, en la que en esta Cámara nos hartamos de hablar de los permisos iguales e intransferibles. ¿Recuerdan? Proposiciones no de ley en la Comisión de Igualdad, una moción consecuencia de interpelación al entonces ministro Alfonso Alonso, del Partido Popular, y no conseguimos bajo ningún concepto que se pudiese admitir la equiparación de los permisos de paternidad entre los padres y las madres, una desigualdad legal que está en el Código Civil y que premia a las madres, entre comillas, con dieciséis semanas de baja -seis obligatorias- y a los padres en aquel momento con solo dos. Conseguimos, cuando éramos Convergència i Unió, por voz de la diputada Mercè Pigem, que se ampliase a cuatro semanas el permiso de paternidad. Tardó Dios y ayuda. De hecho, ha sido este año cuando ha entrado en vigor, porque los distintos Gobiernos lo iban prorrogando. Por tanto, esta anhelada igualdad, que es una desigualdad legal real, no se está produciendo en materia de cuidados para los hijos y las hijas.

La proposición de la Ppiina es una buena proposición. Equipara los cuidados, nos permite a las mujeres -se ha dicho- salir de esa aureola de contratación de riesgo, pone a los padres en el foco del cuidado y además es buena porque lo que hace es no permitir la transferibilidad; es decir, cada uno tiene su derecho y lo goza por sí mismo y lo que no permite es que se acumule al otro el cuidado. Por tanto, el derecho inalienable e intransferible de cuidar a los hijos es de ellos y de ellas, y el derecho de los hijos a


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ser cuidados por los padres y por las madres es de los hijos. Sería un real avance conseguir implementarlo de forma progresiva. No se pide otra cosa, no se pide de hoy para mañana, se pide una implementación progresiva, un cambio cultural progresivo, una buena medida que avanza en igualdad y en corresponsabilidad. Es bueno, es positivo y no compraremos ninguna otra medida que no pase por la igualdad legal de los permisos de cuidado de los hijos por nacimiento y adopción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guinart.

La señora GUINART MORENO: Buenas tardes, señorías.

La Organización Internacional del Trabajo reconoció ya en un Convenio de 1919, revisado en 1952 y actualizado en 2000, la protección a la maternidad. En su recomendación de 2000, la OIT contempla la extensión de la licencia de maternidad a un mínimo de dieciocho semanas, además de prestaciones médicas, asistenciales y su financiación, así como la licencia parental. Esta recomendación abarca además todo un apartado de protección a la salud de la mujer embarazada o lactante y de su hijo o su hija. La protección de la maternidad es esencial para asegurar el acceso de las mujeres a la igualdad de oportunidades y de trato en el lugar de trabajo y para avanzar hacia el logro del objetivo de desarrollo del milenio número 3, sin olvidar los números 4 y 5, adoptados por los Estados miembros de Naciones Unidas con el fin de reducir la mortalidad infantil y de mejorar la salud materna. Disposiciones de diversos países regulan la licencia de paternidad, y en resoluciones de la Unión Europea se contempla el reconocimiento a los hombres trabajadores de un derecho que ha de ser individual e intransferible al permiso de paternidad con motivo del nacimiento o bien la adopción de un hijo o de una hija.

Estamos a favor, por supuesto, de lo que reclama la moción de Unidos Podemos, de la misma manera que lo estuvimos cuando el pasado 18 de octubre, de acuerdo con ustedes, con otros grupos parlamentarios y con la Plataforma por los permisos iguales e intransferibles, la Ppiina, enmendamos, transaccionamos y apoyamos la proposición no de ley que reclamaba la reforma integral del sistema de permisos y de prestaciones de paternidad y maternidad. Es más, saben ustedes que estamos trabajando en esta dirección de manera conjunta para superar los vetos del Partido Popular. Pero en el Partido Socialista tampoco renunciamos, ni mucho menos, a llamar a las cosas por su nombre. Queremos que se reconozca el derecho de paternidad y que este sea obligatorio e intransferible. Queremos avanzar hacia la equiparación y no tenemos desacuerdos en esta cuestión. Tenemos, no lo duden, el mismo objetivo, la misma vocación y, en definitiva, el mismo compromiso. No obstante, hemos presentado una enmienda, igual que lo hicimos con ocasión de la PNL de octubre, porque nos parece demasiado impreciso hablar de personas progenitoras o de crianza. No todos los cuidadores o cuidadoras o los que se dedican a la crianza son padres o madres y, aunque ciertamente los formularios administrativos deberían de una vez por todas adecuarse a esas nuevas realidades en materia de matrimonio y de convivencia, eso no es óbice para entrar en el terreno de la indefinición. Por eso, para alcanzar mayor precisión, nos referimos al artículo 183 de la Ley de Seguridad Social, que reconoce las situaciones en las que puede disfrutarse del derecho de paternidad. Debemos ser muy rigurosos y rigurosas con el lenguaje porque, ya lo mentó Confucio, el principio de la sabiduría es llamar a las cosas por su nombre.

El Partido Socialista ha realizado desde hace ya muchos años una clara apuesta por los permisos de maternidad y de paternidad. Sin ir más lejos, el que ha puesto en práctica el PP en este 2017, alargando en dos semanas el permiso de paternidad -doblando, insisten ustedes, señoras y señores del PP-, que debería haber entrado en vigor hace ya tiempo, en 2011, después de que lo aprobara un Gobierno socialista. Lo tuvieron seis años en un cajón y ahora parece que es el Gobierno actual el artífice de la medida. Pero, insisto, al pan, pan y al vino, vino. Y no nos conformamos con la equiparación, con obtener permisos obligatorios, iguales e intransferibles de manera paulatina. Lo hemos dicho por activa y por pasiva, creemos necesarias otro tipo de prestaciones, por eso el Grupo Socialista ha presentado iniciativas para atender al hecho de que en estos momentos un tercio de los nacimientos no generan ninguna prestación por maternidad o por paternidad. Queremos reconocer prestaciones específicas por maternidad para jóvenes demandantes de empleo, aunque no hayan cotizado. Y queremos que en el marco del Pacto de Toledo se aborde la manera en que debe integrarse la mejora de la protección ante las nuevas realidades, a las cuales la Seguridad Social debe dar respuesta. Para ello es imprescindible definir tanto un calendario como un presupuesto concreto que clarifique la puesta en marcha de esos permisos.


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Señorías del Grupo Popular, tenemos un problema grave en España, un problema que deriva de la dificultad de cuidar a los hijos y a las hijas con unos permisos -estarán de acuerdo- demasiado reducidos, además de la falta de flexibilidad y de racionalización horaria en el trabajo. Se trata de un problema de conciliación de los padres y de las madres, pero también de un problema de brecha salarial y de discriminación laboral que sufren las mujeres, así como de un problema demográfico. El saldo vegetativo ha resultado negativo por segundo año consecutivo; nacen menos personas de las que mueren, y eso que cada año, afortunadamente, mueren menos españoles. La población está envejeciendo, con todo lo que eso comporta. Señorías del Grupo Popular, señora ministra -hoy ausente-, hagan algo y, por favor, háganlo ya.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Guinart.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora España Reina.

La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, presidente.

Todos los grupos en esta Cámara creemos firmemente en la igualdad de oportunidades. El grupo al que represento quiere igualar el permiso de paternidad con el de maternidad; no solo lo queremos igualar, sino que lo vamos a conseguir y será una realidad de la mano del Partido Popular, como ya es una realidad de la mano del Partido Popular que se haya duplicado el permiso de paternidad de dos a cuatro semanas desde el 1 de enero del año 2017. (Aplausos). Eso ha sido de la mano del Grupo Popular, la duplicación del permiso de paternidad.

Voy a hacer algunas reflexiones. Para pedir la igualación del permiso de paternidad es fundamental tener un empleo. Señorías, la igualdad comienza por tener un empleo y ahora sí podemos hablar de empleo: 500 000 empleos creados desde enero hasta mayo. Antes no, señorías. Cuando gobernaba la izquierda, el Partido Socialista, con la crisis, más de 1 300 000 mujeres fueron al paro, mientras que ahora, con el Gobierno de Rajoy, no solo se ha recuperado todo el empleo femenino que se destruyó en la crisis, sino que tenemos el mayor número de mujeres trabajando en este país, más que en toda la historia de España, más de 8,5 millones; es decir, la igualdad comienza por un empleo. Es verdad, señorías, que tenemos que superar muchas brechas. Ahí está la brecha salarial. No puede ser que las mujeres sigamos cobrando menos que los hombres por el mismo trabajo, pero también es verdad -hay que decirlo- que desde el año 2012 la brecha salarial se ha reducido en 4 puntos y que España está por debajo de la media europea. Eso es ir avanzando en igualdad. Otra brecha es la de las pensiones. Históricamente, las mujeres han tenido pensiones más bajas que las de los hombres porque han cotizado menos a la Seguridad Social ya que han tenido que dejar de trabajar para poder atender a sus hijos. El Partido Popular ha creado un complemento de maternidad para que las mujeres puedan ver incrementada su pensión hasta en un 15 % por el hecho de haber tenido hijos y haber tenido que dejar de trabajar, y la brecha en materia de pensiones se ha reducido 11 puntos desde que gobierna el Partido Popular. Esto es apostar por las mujeres y por la igualdad y por reducir la brecha en pensiones: 220 000 mujeres tienen un complemento de maternidad.

Señorías, jamás se habían puesto en marcha tantas medidas para la igualdad y la conciliación. Por primera vez se regula el derecho al teletrabajo, el derecho a la reducción de jornada por cuidado de hijos y el contrato a tiempo parcial, donde la protección se ha igualado al contrato a tiempo completo, y, como decía al principio, se ha duplicado el permiso de paternidad. Esto es avanzar de verdad en conciliación y avanzar en igualdad, no de boquilla, porque, claro, la izquierda, el Partido Socialista, en el año 2009 creó una ley para aumentar el permiso de paternidad, una ley que entraba en vigor en el año 2011 pero que ni ellos mismos pudieron aplicarla cuando estaban gobernando por la nefasta gestión económica del señor Zapatero. La izquierda, como siempre, muchas palabras y pocos hechos.

El Partido Popular ¿qué ha hecho? Hemos duplicado el permiso de paternidad. ¿Por qué? Primero, porque lo llevábamos en el programa electoral; segundo, porque lo llevábamos en el acuerdo con Ciudadanos de 150 compromisos para mejorar España; tercero, porque creemos en la igualdad entre hombres y mujeres; y cuarto, porque hemos hecho una buena gestión económica y tenemos recursos suficientes para poder duplicar el permiso de paternidad, porque, señorías, esto tiene un coste. (Aplausos). Habría que buscar para igualarlo más de 1300 millones de euros adicionales. Por tanto, yo les pido, señorías, que seamos serios, que no engañemos a nadie. Vamos a llevar este tema tan importante al Pacto de Toledo, que es donde hay que debatirlo -ahora estamos precisamente analizando todas las recomendaciones-, llevémoslo allí, establezcamos un calendario para la implantación progresiva y que también sea debatido este tema en la mesa del diálogo social. Esa es la enmienda que hmos presentado


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desde el Grupo Popular. No sé por qué se extrañan ustedes de que la ministra Fátima Báñez hable de feminismo. Yo les puedo decir que nadie como el Partido Popular ha hecho tanto por las mujeres en este país. Por lo tanto, lo único que puedo pensar es que ustedes... (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Uhhh!). Sí, es verdad, señorías, nadie como el Partido Popular. Lo único que puedo pensar es que ustedes tienen ciertos prejuicios, pero yo les aseguro que yo no los tengo hacia ustedes.

Voy terminando, señor presidente. Estoy convencida de que este Gobierno, al igual que ha duplicado el permiso de paternidad, va a igualar el permiso de paternidad con el de maternidad, no lo duden. Yo soy la primera que quiero que mi hijo crezca desde pequeño en igualdad, y estoy convencida de que los hijos necesitan el cuidado de su madre y también el de su padre. Siempre he dicho que lo mejor que he hecho en la vida ha sido tener un hijo, pero yo quiero también poder conciliar, y creo firmemente que el futuro pasa por la conciliación, por tener unos horarios racionales, por que el trabajo sea compatible con la vida, con la familia, con el ocio, con la cultura, con el deporte. Ahí es donde tenemos que llegar a un gran acuerdo, a un gran consenso. Por eso, señorías, vayamos al Pacto de Toledo, lleguemos a un acuerdo y fijemos un calendario para la implantación progresiva de la igualdad. Todo lo demás será mucho ruido y pocas nueces.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora España.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra señor Barandiaran.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes o casi buenas noches, señorías, señor presidente.

Me van a permitir que les diga que resulta casi hasta divertido leer el relato del debate que se produjo el pasado día como consecuencia de la interpelación urgente de la que trae causa esta moción, y si no divertido, por lo menos saludable, porque saludable es escuchar que no existen diferencias sustantivas en el arco parlamentario, ni siquiera entre los extremos, entre el PP y Podemos -si es que se puede entender que son extremos-, porque, al fin y al cabo, tanto la ministra como quien la interpelaba manifestaron estar de acuerdo con la medida que se proponía implementar a través de aquella interpelación. Evidentemente, lo digo con ironía, porque de aquel debate, dejando los tópicos de que cada uno está en un sitio diferente, la única diferencia resultante estribaba en la velocidad de aplicación de la medida. Por una parte, la ministra venía a decir que era necesario aplicar esta medida y que estaba de acuerdo con ella pero que hacía falta hacerlo de forma progresiva; sin embargo, la interpelante, hoy autora de la moción, venía a decir que se tenía que hacer de conformidad con aquella PNL que aprobamos en octubre de 2016 y que era una medida legislativa que había que tratar inmediatamente. La ministra vino a decir incluso que ella había empezado a participar en aquella medida cuando ya se había doblado el permiso de paternidad, cuando, por otra parte, la modificación del artículo 48 bis del Estatuto de los Trabajadores entendía que era producto de la Ley 9/2009. Y siendo verdad que se aplazó por razones presupuestarias, la última de ellas también es obra del Partido Popular con la Ley 48/2015 de presupuestos para 2016, pero lo cierto es que hoy estamos aquí y unos siguen manteniendo que la medida es necesaria inmediatamente y otros que por razones presupuestarias se ha de hacer de forma progresiva. Lo comento porque no podemos dar credibilidad a esa interpretación, no puede ser que la única diferencia que exista entre unas y otras posturas políticas sea la velocidad de implementación, la progresividad de la aplicación de esa medida. Lo siento, pero esa no es una explicación plausible.

Con ocasión del debate del 18 de octubre de 2016 tuve la ocasión de recordar un informe de la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2015, de evaluación de la aplicación de la Directiva 2010/18/UE sobre el permiso paternal y maternal. Aquel informe daba cuenta del fracaso de los Estados en la aplicación de las conclusiones de aquella directiva tras una década de su aplicación. Señalaba que la equiparación salarial y otras medidas, incluso en situaciones de maternidad, eran las únicas efectivas para obtener un reparto más equilibrado de responsabilidades familiares entre hombres y mujeres puesto que solo una adecuada compensación serviría para obtener ese resultado. También recomendaba analizar la posibilidad de ampliar la duración mínima del permiso parental de cuatro a seis meses para garantizar una mejor conciliación entre la vida familiar y la laboral. Esta era una de las varias medidas que contemplaba aquella directiva y el informe del Parlamento Europeo. Dicho sea con todo respeto, estas son las cuestiones o los factores que van a permitir decidir, tras ser analizados, las diferencias ideológicas y de planteamiento que pueda haber respecto de esta concreta cuestión, pero no los plazos, no la velocidad, no la progresividad en la aplicación de esta medida. Para eso hace falta otra


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cosa en la que sí vamos a coincidir por completo con la moción que se ha planteado por Podemos, y es que es inadmisible la actitud de obstaculizar debates fundamentales, y el de las iniciativas legislativas que se dirijan a hacer desaparecer el desequilibrio de género es uno de ellos. Esa es la cuestión fundamental a la que, a nuestro juicio, hace referencia esta moción; el resto debería formar parte del debate ideológico, del debate que deberíamos tener en el momento en que tratáramos la proposición de ley, pero es cierto que no es posible hacerlo porque se está obstaculizando; solo por ese motivo vamos a apoyar la PNL. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Eso sí, queremos hacer referencia a que podemos coincidir con otros muchos aspectos, como el que acaba de mencionar la representante del Grupo Popular hace un momento de que este debate también debe ser objeto del Pacto de Toledo, no solo porque la brecha de género incide y ha incidido en el sistema de pensiones en perjuicio de las mujeres, sino porque hay un factor ligado al debate de la brecha de género, que es el de la paternidad y la maternidad y el de la viabilidad del sistema de pensiones, que se tendría que abordar desde otros planteamientos de potenciación de un factor fundamental -alguien lo ha comentado antes-, el del fomento de la natalidad. Eso sí que corresponde al Pacto de Toledo, además de a otras muchas políticas públicas, porque este es un debate transversal en el que el interés jurídico protegido no es exclusivo; hace referencia a la igualdad, hace referencia al derecho al trabajo, hace referencia al artículo 41 de la Constitución y al derecho a una pensión digna. En general, hace referencia a una diversidad de derechos o de intereses jurídicos susceptibles de ser tratados y protegidos que nos obliga a hacerlo con un carácter integral. Pero con carácter definitivo -esto me gustaría desarrollarlo- hace referencia a algo muy importante, que es al futuro y al modelo social que pretendemos imprimir en nuestra sociedad. De eso es de lo que debemos hablar muy seriamente y debemos de legislar a través de un proyecto legislativo concreto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Jordà i Roura.

La señora JORDÀ I ROURA: Bona tarda a totes i a tots. Gracias, señora presidenta.

Apenas hace una semana la ministra Báñez, en la interpelación previa a esta moción, apuntaba en esta Cámara que el PP era el partido más feminista de la historia de España. Lo hacía sin sonrojarse, afirmando que el Ejecutivo popular ha recuperado todo el empleo femenino destruido por la crisis, alcanzando -decía ella y lo recuerdo- los 8,5 millones de mujeres trabajando en España. No es momento de analizar dicha afirmación y tampoco de diseccionar lo que ha representado la reforma laboral para los trabajadores en general y las mujeres en particular, pero sí creo que es momento de decir sin miedo a equivocarnos que las medidas de austeridad adoptadas con el pretexto de la crisis económica han tenido efectos negativos en todas las esferas de la vida de las mujeres españolas. Para los y las republicanas independentistas es de extrema necesidad implantar políticas a favor de la igualdad como la que hoy nos ocupa: equiparar de manera igualitaria e intransferible los permisos de paternidad y de maternidad.

La equiparación de los permisos es fundamental para varias cosas. Primero, para eliminar estereotipos; lo es también para corregir -ya se ha dicho- la discriminación del mercado laboral; lo es también para lograr más igualdad, para conciliar pero de verdad y, además, para proveer a niños y niñas del cuidado que merecen por parte de ambos progenitores. A la vez, señorías, equiparar estos permisos es fundamental para que el mercado deje, de una vez por todas, de penalizar a las mujeres.

Esto, señorías, lo que hoy se plantea aquí, sí son políticas efectivas de igualdad (Aplausos), porque esta medida, esta moción que hoy debatimos va mucho más allá de las políticas de previsión dirigidas a corregir o evitar la discriminación de las mujeres. No es suficiente, es imprescindible ir mucho más allá de la concepción formal de la igualdad. Hoy por hoy los ordenamientos jurídicos aún continúan construyéndose sobre la referencia masculina como sujeto, es decir, el sujeto de derechos, el ciudadano; continúa siendo el hombre y el hombre, además, que responde a la masculinidad hegemónica del patriarcado. (Aplausos). Fíjense que los espacios públicos y los espacios privados, así como las relaciones entre ambos, se continúan organizando de acuerdo con este modelo, un modelo que sitúa a las mujeres en una situación devaluada. O, en el mejor de los casos, en una posición frágil y -por qué no decirlo- muy frágil; el hombre es el proveedor, la mujer es la cuidadora.

Señora España, doblar los permisos de paternidad de dos a cuatro semanas no es igualdad; es un cursillo acelerado para cambiar tres pañales, y punto, y punto. (Aplausos). Ya no hay más excusas, no vale hablar de que el momento actual, bla, bla, bla, o de que aún estamos medio instalados en la crisis económica. Es cierto que la crisis es y fue grave, y lo fue a muchos niveles, pero al mismo tiempo la crisis


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también -dejen que lo diga- trae alguna oportunidad. Es, pues, un muy buen momento para analizar; lo es también para priorizar, para tomar decisiones de manera cuidadosa. Y, sobre todo, no hay que olvidar que invertir y hacerlo en los niños no tiene nada que ver con el momento económico que vive un país, ya que la infancia debe estar siempre resguardada.

Acabo. Proveer a los niños de una atención y cuidados adecuados por parte de sus padres es una inversión de primerísimo orden para aspirar a ser una sociedad moderna, avanzada e igualitaria.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Reyes Rivera.

La señora REYES RIVERA: Muchas gracias, presidenta.

Señorías de Podemos, me suele ocurrir últimamente con muchas de sus iniciativas que tengo la sensación de vivir en un déjà vu constante. Hace poco nos pasó con la derogación del artículo 324 de la Lecrim, la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Presentaron ustedes una iniciativa casi como algo innovador, cuando ya estaba siendo tramitado por una ley planteada por mi grupo, el Grupo Ciudadanos. Hoy he repasado el Diario de Sesiones y me he vuelto a quedar tranquila, pues no es mi mente la que me juega malas pasadas. Esto que traen ustedes aquí también lo hemos debatido, además, forma parte de nuestro acuerdo de investidura con el Partido Popular. Presentaron una proposición no de ley que se debatió en octubre de 2016 y, ¿cuál ha sido el fruto de esa proposición no de ley? Creo que ninguno, ¿verdad, señorías? También presentaron una proposición de ley que no sé qué ha pasado con ella; creo que el Gobierno ejercitó su derecho de veto y ahí se ha quedado, en el cajón, sin poder tramitarse. Ya hay varias iniciativas sobre permisos parentales igualitarios con cero resultados.

Nosotros hemos preferido hacer las cosas de otra manera -llámennos raros, si quieren-, pero nos gusta que las iniciativas no se queden ahí, en el papel, que no acaben en el cubo de la basura. Nuestro objetivo es siempre que las medidas que proponemos salgan adelante. Los ciudadanos lo que quieren es que solucionemos sus problemas, no que vayamos hondeando banderas de un lado para otro que no terminan de clavarse en ningún sitio. Como nosotros preferimos ser útiles a los ciudadanos, ¿saben qué hicimos? Mi grupo parlamentario pactó con el grupo del Gobierno un documento que se llamó, Los 150 compromisos para mejorar España. En su punto 66 se recoge expresamente: Aprobar las medidas necesarias con el objetivo de igualar los permisos de paternidad a los de maternidad en los próximos años. ¿Saben qué hicimos después para que esa medida se pudiera poner en marcha? Nos sentamos a negociar con el Partido Popular los Presupuestos Generales del Estado. Varios días y semanas haciendo números con compromisos muy concretos, entre ellos los relativos a los permisos parentales. Es un trabajo que ha merecido la pena, aunque a ustedes les parezca postureo, porque gracias a eso hemos conseguido ya que los padres de este país disfruten de dos semanas más de permiso. (Aplausos). El próximo año esas dos semanas de más se convertirán en cuatro, y eso es política útil, señorías, no posturno, postureo el suyo. (Aplausos).

Conseguimos arrancar un compromiso al Partido Popular; un compromiso, señorías, porque tampoco es un secreto que ustedes siempre se habían mostrado reticentes a iniciativas como esta. Conseguimos que se comprometieran y ese compromiso ya se está convirtiendo en un hecho. Para Ciudadanos que los permisos sean igualitarios sí es una prioridad, lo llevamos en nuestro programa de Gobierno y exigimos que se incluyera en el pacto firmado con el Partido Socialista en la anterior legislatura y en el de investidura con el Partido Popular. ¿Dónde estaban ustedes, señorías de Podemos? Votando en contra. (Aplausos).

¿Qué nos traen hoy aquí? Nos dicen que nos sumemos a un trabajo para aprobar una ley que iguale los permisos de paternidad y maternidad. Pero, ¿cuál es ese trabajo? Porque en esta moción no se incluye nada más. No es preciso aprobar ni siquiera una nueva ley, con modificar algunas de las que ya tenemos será suficiente porque, efectivamente, esto va de igualdad. Aquí de lo que hablamos es de cumplir con el artículo 14 de nuestra Constitución. Nuestra Constitución, sí, esa que para ustedes en algunas ocasiones vale y en otras no. Hasta ahí podemos estar de acuerdo con ustedes pero, ¿qué hacemos luego? ¿Cómo ponemos en marcha ese mecanismo hasta conseguirlo? Ya se lo dijimos cuando se presentó la anterior proposición no de ley: Planteen, como mínimo, un calendario de cumplimiento. Lo verdaderamente importante es el calendario porque si no, ¿cómo vamos a ir igualando esos permisos? ¿No les parece bien que Ciudadanos haya conseguido que se aumentara en dos semanas el permiso de paternidad? (Rumores). ¿Y que vaya a aumentarse dos semanas el año que viene? ¿O es que ustedes lo que pretenden hacer es igualarlos quitando a las madres lo que ya tienen? Dennos por lo menos alguna


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pista. Nosotros lo que queremos es aumentar los derechos para todos, no quitar lo que tienen unos ya para dárselo a otros. (Aplausos). Nosotros sí establecimos un calendario que, por ahora, se va cumpliendo. Si a ustedes no les parece bien digan, al menos, qué es lo que pretenden, cómo se igualarán esos permisos.

Seguimos en ese déjà vu y no vemos ni calendario ni propuestas con una financiación concreta. A nosotros esto es lo que nos importa y a muchos padres y madres también: Ciudadanos arranca una mejora del permiso de paternidad al Partido Popular. (Muestra un recorte de prensa). Nosotros somos treinta y dos diputados y ustedes sesenta y siete, díganme qué han conseguido hasta ahora. La respuesta es nada.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Pregunto a la señora Fernández Castañón si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Sí, presidenta. Aceptamos la enmienda del Grupo Socialista, que nos parece muy pertinente, no así las otras enmiendas presentadas.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Finalizado el debate, les recuerdo que, de conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces, la votación de todos los asuntos debatidos en el día de hoy tendrá lugar en la sesión del jueves.

Se suspende la sesión hasta el jueves a las nueve horas.

Eran las ocho y cuarenta cinco minutos de la noche.

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