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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 62, de 20/06/2017
cve: DSCD-12-PL-62
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 62
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 60
celebrada el martes,
20 de junio de 2017


Minuto de silencio ... (Página6)

Modificación del orden del día ... (Página6)

Inclusión en el orden del día:

- Elección de un sr. diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004:

- Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Número de expediente 052/000004) ... (Página6)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 131-1, de 9 de junio de 2017. (Número de expediente 122/000103) ... (Página7)

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 124-1, de 19 de mayo de 2017. (Número de expediente 122/000098) ... (Página17)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el sistema de becas y ayudas al estudio. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 36, de 21 de octubre de 2016. (Número de expediente 162/000206) ... (Página27)


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- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la actual estrategia de ciberseguridad nacional. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 165, de 2 de junio de 2017. (Número de expediente 162/000421) ... (Página35)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Ministerio del Interior ante la alarma social que han generado las actuaciones de altos responsables del Departamento en relación con personas investigadas por delitos relacionados con la corrupción. (Número de expediente 173/000032) ... (Página43)

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del ministro de Justicia para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de guarda y custodia compartida. (Número de expediente 173/000033) ... (Página51)

Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004:

- Elección de los diputados a los que se refiere el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Número de expediente 052/000004)... (Página59)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página60)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página60)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página61)

Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Votación) ... (Página61)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Minuto de silencio ... (Página6)

La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos en el incendio forestal en Leiria, Portugal, y como muestra de apoyo y solidaridad con los damnificados y familiares y allegados a las víctimas.

Modificación del orden del día ... (Página6)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En, sobre la negativa del Gobierno a equiparar de manera igualitaria e intransferible los permisos de paternidad y maternidad, sea debatida en primer lugar, pasando a debatirse en último lugar la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Hacienda y Función Pública sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir como consecuencia de la Sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula su amnistía fiscal.


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Inclusión en el orden del día ... (Página6)

La Presidencia somete a la Cámara la inclusión de un nuevo punto en la sesión de hoy, relativo a la elección de un señor diputado, de conformidad con el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página7)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad ... (Página7)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Bataller i Ruiz y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y González Ramos, del Grupo Parlamentario Socialista.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales ... (Página17)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Alli Martínez y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y las señoras Honorato Chulián, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista, y López Ares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página27)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el sistema de becas y ayudas al estudio ... (Página27)

Defiende la proposición no de ley la señora Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición el señor Martínez Oblanca y la señora Sorlí Fresquet, del mismo grupo; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y el señor Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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En turno de fijación de posiciones interviene el señor Lorenzo Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Martínez Seijo.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la actual Estrategia de Ciberseguridad Nacional ... (Página35)

Defiende la proposición no de ley el señor González Terol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas interviene los señores Martínez Oblanca y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición el señor Salvador Armendáriz, del mismo grupo; y Salvador García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; así como las señoras Díaz Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Cantera de Castro, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor González Terol.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página43)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Ministerio del Interior ante la alarma social que han generado las actuaciones de altos responsables del Departamento en relación con personas investigadas por delitos relacionados con la corrupción ... (Página43)

Defiende la moción el señor Sicilia Alférez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Martín-Toledano Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del ministro de Justicia para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de guarda y custodia compartida ... (Página51)

Defiende la moción la señora Rodríguez Hernández, doña Melisa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Galovart Carrera, del Grupo Parlamentario Socialista, y Alba Mullor, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Capella i Farré, del


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Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Carreño Valero, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Rodríguez Hernández, doña Melisa.

Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004 ... (Página59)

La Presidencia informa de que la diputada propuesta para la elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004, es la señora Robles Fernández.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página60)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, se rechaza por 142 votos a favor más 1 voto telemático, 143; 158 en contra y 34 abstenciones.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, se aprueba por 334 votos a favor.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página60)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el sistema de becas y ayudas al estudio, se aprueba por 147 votos a favor, 137 en contra y 50 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la actual Estrategia de Ciberseguridad Nacional, con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Ciudadanos, se aprueba por 248 votos a favor, 9 en contra y 76 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página61)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Ministerio del Interior ante la alarma social que han generado las actuaciones de altos responsables del Departamento en relación con personas investigadas por delitos relacionados con la corrupción, se aprueba por 167 votos a favor, 131 en contra y 36 abstenciones.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del ministro de Justicia para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de guarda y custodia compartida, se aprueba por 171 votos a favor, 158 en contra y 4 abstenciones.


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Elección de un señor diputado, de conformidad con el Punto Tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Votación) ... (Página61)

La Presidencia explica el procedimiento a seguir para realizar la votación, que será por papeleta, resultando elegido el diputado que alcance una mayoría de tres quintos, es decir, 210 diputados.

Resulta elegida la señora doña Margarita Robles Fernández, con 326 a favor, 4 votos en blanco y 2 votos nulos.

Se suspende la sesión a las ocho y cincuenta minutos de la noche.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

MINUTO DE SILENCIO:

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

Señorías, antes de iniciar la sesión del Pleno y por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, vamos a proceder a guardar un minuto de silencio en recuerdo de los fallecidos en el trágico incendio forestal que ha asolado la región de Leiria, en el centro de Portugal. De esta manera, el Congreso de los Diputados quiere transmitir su apoyo y solidaridad a todos los damnificados y a los familiares y allegados a las víctimas. En estos momentos difíciles, las instituciones y los ciudadanos de Portugal saben que cuentan con la colaboración y la cercanía de todos los españoles.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que figura en el orden del día como punto 27, sea debatida en primer lugar, pasando a debatirse en último lugar la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, que figura como punto 25 del orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004:

- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (Número de expediente 052/000004).

La señora PRESIDENTA: Asimismo, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la inclusión de un nuevo punto, último del orden del día previsto para hoy, relativo a la elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la inclusión en el orden del día del apartado de referencia.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. (Número de expediente 122/000103).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora la sesión con el punto relativo a la toma en consideración de las proposiciones de ley; en concreto, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora De Lara Carbó.

La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy ante ustedes una proposición de ley para modificar la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de 13 de diciembre de 2007, con el único objetivo de compatibilizar la imprescindible lucha contra las especies exóticas invasoras con su aprovechamiento para la caza y la pesca en aquellas áreas que al estar ocupadas desde antiguo su presencia no supone problema ambiental alguno.

Señorías, las especies exóticas invasoras son una de las principales causas de pérdida de biodiversidad biológica en el mundo, como lo atestiguan las medidas desarrolladas en el ámbito del Convenio sobre la Diversidad Biológica y en las estrategias y reglamentos desarrollados por la Unión Europea. En España, con su rica y variada biodiversidad por su situación biogeográfica, ha sido y es un problema de primer orden tanto desde el punto de vista biológico como económico. Por ello esta cuestión ha sido abordada tanto en la citada Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad como en los reales decretos desarrollados por el Gobierno y en las disposiciones adoptadas por las comunidades autónomas competentes en exclusiva en la gestión del medio ambiente. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría.

Silencio, por favor.

Adelante.

La señora DE LARA CARBÓ: Permítanme, señorías, exponerles brevemente los antecedentes sobre la iniciativa que hoy debatimos. El pasado 14 de noviembre de 2011, una semana antes de las elecciones generales, el todavía Gobierno socialista del señor Rodríguez Zapatero aprobó un real decreto en el que se regulaba el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras, en cumplimiento de la citada ley. La incorporación de varias especies al listado y catálogo sin tener en consideración la repercusión social, económica y laboral, los costes de la inacción y las posibilidades de éxito, como establece el Reglamento de la Unión Europea, supuso la restricción de ciertas actividades en el caso de la caza y de la pesca y su aplicación planteó diversas dificultades. Ello motivó la presentación de diversos recursos por parte de las comunidades autónomas, que fueron objeto de dos autos del Supremo y de la promulgación del acuerdo de Consejo de Ministros, ya con un Gobierno del Partido Popular, que anulaba diversos artículos, disposiciones y el anexo del real decreto y acordaba iniciar el procedimiento de modificación.

La modificación llega con el Real Decreto del año 2013, que sustituye al anterior y cumple con el objetivo de dar seguridad jurídica a actividades relacionadas con las especies exóticas invasoras, como la caza y la pesca deportivas, solucionando los problemas de aplicación que la normativa anterior había provocado. La sentencia del Supremo de marzo de 2016, que anula parcialmente la normativa anterior, ha generado una gran preocupación por los efectos económicos y sociales que puede producir, fundamentalmente por cuatro motivos, señorías. Primero, cataloga como exóticas invasoras determinadas especies no contempladas en el real decreto, entre ellas algunas que son objeto de caza o pesca deportivas, como la carpa, el lucio, la trucha arco iris, el black bass y el arruí; y todo ello implica la prohibición genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares, vivos o muertos, de estas especies. Segundo, elimina la posibilidad de caza y pesca deportivas de las especies catalogadas, salvo en el marco de campañas de control y erradicación, lo que supone efectos económicos negativos para municipios rurales en los que esas actividades deportivas, turísticas y de ocio tienen una gran repercusión económica. Tercero, dificulta actividades comerciales e introduce dudas sobre el régimen de alguna de las explotaciones industriales que utilizan especies catalogadas para la alimentación. Sepan ustedes, señorías, que a día de hoy existe un total de noventa y tres explotaciones de trucha arco iris y cinco de cangrejo rojo repartidas por todo el territorio nacional, para que ustedes se den cuenta de la magnitud del


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problema. Y, cuarto, porque la aplicación de la sentencia ha dado lugar a que muchas de las actividades de pesca recreativa y deportiva tradicionalmente llevadas a cabo en aguas continentales españolas quedaran fuera de la ley y ha causado efectos socioeconómicos negativos en el medio rural en el que se desarrolla la pesca deportiva, especialmente en aquellas comarcas más desfavorecidas en las que el turismo relacionado con la pesca constituye uno de sus principales ingresos. Estamos hablando, pues, señorías, de un asunto especialmente sensible para las comunidades autónomas como administraciones responsables de la gestión de estas especies.

Por ello, señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición de ley, que espero que cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios. Se trata, señorías, de buscar soluciones que compatibilicen la protección del medio ambiente en la forma que la sentencia del Tribunal Supremo dispone, con la protección de la actividad y el empleo de los sectores cinegético y piscícola, con especial incidencia en el medio rural. Pretendemos colaborar con las comunidades autónomas y dotar de cobertura jurídica a los sectores que con la sentencia se encuentran en una situación no prevista en la normativa. En definitiva, señorías, se trata de impulsar la modificación de los artículos relativos a la prevención y control de las especies exóticas invasoras en la citada Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, teniendo en cuenta la prescripción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuya aprobación participó activamente España, y tal como se aprobó en la proposición no de ley debatida en la Comisión de Medio Ambiente del pasado 14 de febrero, que contó con el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista, entre otros.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular siempre ha mantenido que las actividades cinegética y piscícola practicadas de forma racional y sostenible aportan considerables beneficios, no solo sociales y económicos sino también medioambientales y culturales, mantienen un alto compromiso con la conservación de las especies, tienen profundo arraigo en nuestras tradiciones y constituyen un sector económico con importante capacidad de generar renta y empleo en el mundo rural; un mundo rural que, no dudo, señorías, todos queremos preservar y potenciar. Recuerden, señorías, que la actividad piscícola factura más de 3000 millones de euros anualmente y que, desde la aplicación de la sentencia, se ha producido el cierre del 25 % de los establecimientos relacionados con ella, cerca del 60 % de las piscifactorías, una caída del 50 % en las ventas de materiales de pesca y más del 70 % en material náutico y embarcaciones. Sepan, señorías, que más del 75 % de las contrataciones turísticas internacionales del sector se han visto canceladas, con el resultado de que esos turistas se desplazan a otros países. Estamos cerrando, señorías, las puertas del crecimiento social y económico del sector turístico de interior que tanto han promovido durante muchos años muchas de nuestras comunidades autónomas.

Voy a destacar cuatro puntos de la proposición de ley que hoy debatimos. Primero, la modificación que proponemos tiene por objeto compatibilizar la imprescindible lucha contra las especies exóticas invasoras, con su aprovechamiento para la caza y la pesca, en aquellas áreas que, al estar ocupadas desde antiguo, su presencia no ha supuesto ningún problema ambiental.

Segundo, la modificación que proponemos sigue considerando que las especies exóticas invasoras para las que exista suficiente información científica -repito, para las que exista suficiente información científica- deberán ser catalogadas, pero se permitirá que en aquellas áreas ocupadas antes de 2007, año en que se promulga la primera regulación en la materia, se podrán utilizar todas las modalidades de caza y pesca para su control o erradicación. Por el contrario, señorías, fuera de esas áreas queda prohibido el aprovechamiento de pesca o caza deportiva como forma de desincentivar las sueltas ilegales que se han seguido produciendo.

Tercero, la modificación que proponemos también regula la acuicultura, de acuerdo con el Reglamento del Consejo de 11 de julio de 2007, sobre el uso de las especies exóticas y las especies localmente ausentes de la acuicultura. Por otra parte, y con el fin de disminuir la presión de la pesca sobre tramos con trucha autóctona, se podrá permitir la suelta de trucha arco iris en tramos concretos y con plenas garantías de que sus poblaciones no podrán asentarse, ya que solo se permitirá la suelta de ejemplares sin ninguna capacidad reproductiva.

Señorías, permítanme un inciso sobre la presunta hibridación de la trucha arco iris con las especies autóctonas. Se trata de salmónidos de distinto género a los presentes en nuestro medio natural y numerosos estudios evidencian la separación genética de las especies autóctonas y las introducidas. Tras masivas sueltas en los ríos españoles desde 1890 no se ha encontrado una población híbrida intergenérica y viable ni en España ni en toda Europa y, por ello, ninguno de los veintisiete países de la Unión Europea tiene considerada la trucha arco iris como especie invasora. La trucha arco iris sí es una especie invasora


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en el Pacífico norte, porque se naturaliza e hibrida con las poblaciones naturales de allí. Pero no es considerada invasora en Europa porque no se naturaliza ni se hibrida con las poblaciones naturales.

Cuarto. La proposición de ley que proponemos especifica, asimismo, que en casos excepcionales debidamente justificados por otros motivos imperiosos de interés público, incluidos los de naturaleza social y económica, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que están representadas todas las comunidades autónomas, podrá dejar sin efecto mediante acuerdo algunas prohibiciones del párrafo citado, para que una determinada especie sea catalogada. El acuerdo incorporará las garantías necesarias para asegurar que no producirán efectos negativos sobre la biodiversidad autóctona.

Señorías, en ningún caso la modificación de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad supone un retroceso en la lucha contra las especies exóticas invasoras, en ninguno. Las que fueron objeto de recurso están incluidas en el catálogo español de especies exóticas invasoras, conforme a lo establecido en la sentencia del Supremo. Repito que el objetivo de la modificación de la ley es asegurar la lucha contra las especies y un desarrollo socioeconómico sostenible. La propuesta de modificación está en línea con el reglamento comunitario que rige la lucha contra esas especies y se limita a retrotraer la situación a la que existía antes de la sentencia, cuyo contenido recalcaba la ausencia de un necesario marco regulatorio superior al real decreto que se cubre con esta iniciativa legislativa.

El Gobierno de España ha movilizado grandes recursos para luchar contra aquellas especies que suponen un mayor problema ambiental y económico, como el jacinto de agua, el mejillón tigre o el caracol manzana. La modificación propuesta por el Grupo Popular, señorías, está en línea con el reglamento comunitario y considera que las especies exóticas invasoras para las que exista suficiente información científica, repito, deben ser catalogadas; permite utilizar todas las modalidades de caza y pesca en aquellas áreas ocupadas antes del año 2007, cuando se reguló la materia. Como requisito obligatorio, las zonas deben ser aprobadas previamente por las comunidades autónomas respectivas. Prohíbe el aprovechamiento de pesca deportiva en zonas ocupadas posteriormente a esta fecha como forma de desincentivar las sueltas ilegales que se siguen produciendo con frecuencia; regula la acuicultura de acuerdo con el reglamento europeo y permite la suelta de truchas arco iris, pero solo en tramos muy concretos.

En resumen, señorías, la sentencia del Supremo que anuló varios preceptos provocó enormes inconvenientes a muchos municipios y nosotros hemos defendido -y defenderemos siempre- que la pesca, junto con la caza, son motores de recursos económicos en zonas desfavorecidas; potencian el empleo en miles de pueblos que sin la pesca o la caza estarían condenados a desaparecer. No en vano, uno de los problemas de primer orden planteados por la Federación Española de Municipios y Provincias, y reconocido por el Gobierno de España, es el éxodo rural que están sufriendo más de 4000 pueblos menores de 1000 habitantes que, de no tomar alternativas, desaparecerán sin remedio. Ante este hecho, es incuestionable que la caza y la pesca son actividades de desarrollo rural y dinamización social, como venimos diciendo, porque aportan a estos pueblos una gran parte de los más de 6000 millones de euros que generan ambas actividades.

Termino, señorías, y lo hago solicitando el voto favorable de todos los grupos parlamentarios a la proposición de ley. Son miles las familias españolas que están pendientes hoy de la votación que se va a producir al finalizar el pleno; les solicito, señorías, que no les defraudemos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Propone el Grupo Parlamentario Popular la toma en consideración de la modificación de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, con el objetivo que Foro comparte de proporcionar mayor seguridad jurídica a las actividades relacionadas con la caza y la pesca deportiva, solucionando los graves problemas de aplicación que la normativa vigente está provocando a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que anuló en marzo del pasado año, a instancias de diferentes grupos y asociaciones ecologistas, determinados puntos del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, aprobado por el Gobierno. Una sentencia que incorporó en el catálogo de especies exóticas invasoras, entre otras -y por citar dos muy significativas-, la carpa común y la trucha arco iris, impidiendo la posibilidad de su pesca deportiva así como invalidando disposiciones sobre determinadas actividades que en la práctica supone la prohibición


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genérica de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos o muertos, incluyendo su comercialización.

La sentencia del alto tribunal implica también la anulación de diversas disposiciones adicionales y transitorias del real decreto que reconocen o facilitan actividades empresariales o deportivas en relación con especies catalogadas, lo que implica el desequilibrio medioambiental por el más que previsible aumento de población de estas especies a costa de las autóctonas, un quebranto para las miles de empresas que proporcionan productos y servicios en torno a la caza y pesca deportiva, la ruina para muchos pueblos y un perjuicio para los aficionados que, una vez más, se convierten en damnificados.

Estamos ante una decisión que precisa una urgente modificación legislativa, porque de lo contrario iría -como tantas y tantas otras veces- en detrimento de cazadores y pescadores, que son los que permiten combatir y corregir la invasión de especies exóticas que con el tiempo -de no controlarlas e incluso protegiéndolas- acaban convirtiéndose en plagas de depredadores que están diezmando dramáticamente las poblaciones de nuestra fauna ibérica, incluso con grave afectación para la vida de agroganaderos y para el medio rural. Véase en Asturias lo que está sucediendo con los daños a nuestra pesca tradicional de salmón y trucha.

El voto de Foro será a favor de la toma en consideración de la modificación de esta ley para habilitar un mecanismo excepcional cuando exista interés público, garantías para que no se produzcan efectos negativos sobre nuestra biodiversidad y el levantamiento de diversas prohibiciones genéricas que se están aplicando confusamente a varias especies catalogadas como exóticas invasoras.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, Compromís no va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, pero agradecemos al grupo proponente, al Partido Popular, la claridad que ha mostrado en la exposición de motivos, ilustrándonos sobre cuáles son las finalidades que realmente encierra esta proposición. Porque aquí estamos ante un intento de deslegalizar el régimen protector frente a las especies exóticas invasoras. La Ley 42/2007, con todas sus imperfecciones, proveyó por lo menos de un marco legal al que ahora se le quiere dar la vuelta estableciendo una excepcionalidad al gusto, ad hoc, porque aquí tenemos el artículo 64, que ya preveía en su párrafo tercero una serie de excepciones de carácter objetivo y ahora se le quiere añadir otro párrafo para establecer una serie de derogaciones singulares del régimen protector, derogaciones singulares que afectarán a una serie de especies, pero no sabemos a cuáles, no se dice a cuántas y tampoco se dice con qué limitación temporal podrá hacerse esa derogación singular. Todo esto provoca una enorme inseguridad jurídica, que entiendo que es lo último que desde esta Cámara nosotros deberíamos propiciar. Entendemos que además no es procedente que la concesión de esas derogaciones singulares venga deferida a la Comisión estatal para el patrimonio natural y la biodiversidad, contemplada en el artículo 7 de la Ley 42/2007, porque esta comisión, como dice la ley, tiene un carácter consultivo y sus funciones son, como recuerda el artículo 2 del Real Decreto de su creación, del año 2008, impulsar, proponer y promover, pero en ningún caso son las de asumir el papel del legislador, más aún cuando al no proponerse correlativamente una reforma del artículo 7 de la ley no sabemos cómo se ejercerán esas funciones bajo la tutela de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente que ahora, en el artículo 7 de la ley, sí que se prevé que será el organismo que supervisará los informes de esta comisión estatal.

En definitiva, vemos que se abriría la puerta con la toma en consideración de esta proposición a una evidente arbitrariedad, a una deslegalización de la materia y esto es algo que nosotros en Compromís no vamos a apoyar.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, señora presidenta.

Intervengo muy brevemente. Desde el Partit Demòcrata vamos a apoyar esta iniciativa inicialmente. Entendemos que hay una situación provocada por una reciente sentencia del Tribunal Supremo que se


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debe afrontar. No obstante, ya les avanzamos que vamos a presentar enmiendas respecto a la modificación de cuatro artículos de esta la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Entendemos que hay aspectos que son mejorables. Evidentemente, la caza y la pesca son sectores que se deben proteger, que son importantes también en determinados ámbitos desde el punto de vista económico, pero no debemos perder de vista que también debemos proteger, y esa es la función de la ley, nuestro patrimonio natural. Esta ley fue de las pioneras en Europa y entendemos que se debe mejorar, debe generar seguridad jurídica, debe respetar -y no digo que no lo haga con el planteamiento inicial- las competencias de cada una de las comunidades autónomas y debe dejar margen para que cada una de las comunidades autónomas, dentro de su ámbito de competencia, pueda decidir lo que entiende que sea mejor para su patrimonio natural, para la caza, la pesca y la economía de aquella zona. Por tanto, nosotros, siguiendo la tradición de nuestro grupo, vamos a dar nuestro voto favorable para que se pueda tramitar. No nos vamos a oponer a este trámite, pero ya les avanzamos que seguramente vamos a presentar enmiendas sobre algunos aspectos y lo hará mi compañero Toni Postius, que va a ser el encargado de seguir esta iniciativa legislativa.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta

No voy a extenderme porque tampoco es obligatorio consumir todo el tiempo. En cualquier caso, tampoco creo que tenga excesiva trascendencia este asunto. Lo ha explicado muy bien la proponente; se puede estar de acuerdo o no, pero la explicación ha sido clara, como ha dicho el señor Bataller, aunque yo no coincido en su totalidad con la versión íntegra del diputado de Compromís.

El cambio normativo que propone el Grupo Popular lo vamos a abordar atendiendo a dos aspectos: el metodológico y el que concierne al contenido del mismo. En cuanto al metodológico, no seré yo el que defienda los decretos-leyes, pero en cualquier caso extraña que, siendo una respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de agosto del año pasado y tratándose de un asunto, como ustedes dicen, especialmente sensible para las comunidades autónomas como administraciones directamente responsables de la gestión de esta especie y de la regulación de la actividad cinegética y piscícola, no hayan tramitado el asunto por un decreto. Digo que me extraña; no que lo defienda, sino que me extraña porque suele ser así, as usual. O también mediante un proyecto de ley del Gobierno, porque justificar cómo eludir este procedimiento por la demora que supondría su elaboración en sede gubernamental y posterior tramitación parlamentaria no le voy a decir que no tenga sentido, pero hay un poquito de falta de respeto para lo que supone esto. Sería mucho más eficiente aprobarlo de otra manera. En cualquier caso, han aprovechado que tienen los votos que tienen y lo traen como proposición de ley de su propio grupo para cambiar una ley. No es muy común ni corriente, pero aquí está.

La urgencia sí tiene cabida porque todos conocemos la situación en la que se encuentran muchos ámbitos rurales, los cuales viven de la actividad piscícola e incluso de la cinegética y esta sentencia del tribunal está generando un problema en los mismos. Está claro que la sentencia del Tribunal Supremo de agosto de 2016 anula algunas disposiciones del Real Decreto 630/2013 aludiendo a que el mismo incumple lo que se ha dicho aquí y que la única solución para paliar esta situación es modificar dicha ley. Lo que pretende esta modificación, además de controlar y erradicar las especies exóticas invasoras por parte de la Administración, es que también la caza y la pesca se conviertan en herramientas válidas para ello. Eso es lo que se plantea aquí y la ley propone que en las áreas ocupadas por dichas especies exóticas invasoras antes del año 2007 se pueda cazar y pescar para su control y teórica erradicación. Y como se ha dicho, también se autoriza la suelta de truchas arcoiris en ciertos tramos y espacios.

Puede haber diferentes opiniones, pero la pregunta que nos hacemos es la siguiente. Está claro que este cambio beneficia. Económicamente sí. No se puede ocultar y no creo que sea ningún anatema decir que beneficia económicamente a ciertos sectores, puesto que son sectores que han sufrido ciertos reveses, dentro del ámbito del ocio, del turismo, de la restauración, de la hostelería, etcétera, que se genera en torno a la actividad de la pesca en ciertos lugares y de las industrias auxiliares que se dedican al material deportivo, etcétera. La pregunta es: ¿Cambiando esto perjudicamos al medio ambiente? ¿Y si no perjudicamos al medio ambiente, por qué vamos a perjudicar a otra serie de actividades que no generan ningún problema? También coincido con la opinión del señor Bel. ¿Por qué nos vamos a oponer a que se tramite? Si lo tomamos en consideración a partir de este punto, todos los grupos tendremos oportunidad


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de presentar las enmiendas que estimemos oportunas. Lo que nos gustaría es que las comunidades autónomas, como son competentes en esta materia, también pudieran tener acceso y capacidad para decidir ese catálogo de especies. Por tanto, la toma en consideración nunca es negativa; en este caso no lo es. Nuestro grupo, siguiendo la línea que hasta ahora ha seguido y entendiendo que desde una perspectiva de sentido común no existen perjuicios para la naturaleza -porque no creo que haya perjuicios para el medio ambiente-, vamos a tomar en consideración esta modificación de la ley y vamos a apoyar esta proposición.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Eritja Ciuró.

El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, podemos compartir la idea de fondo de que hace falta la mejora y actualización de la gestión actual sobre las especies exóticas invasoras. Ahora bien, sinceramente creemos que esta nueva modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, está hecha a medida fundamentalmente para continuar justificando los intereses del sector cinegético y las presiones de los colectivos de caza y pesca deportivas. Recuerden que en 2016 el Tribunal Supremo dictó una sentencia sobre la regulación del catálogo español de especies exóticas invasoras, dando la razón en partes fundamentales a las asociaciones de defensa de la naturaleza y, por ende, a la comunidad científica, reincorporando al catálogo varias especies y eliminando determinadas disposiciones. La sentencia desde entonces ha generado un llamativo rechazo entre determinados colectivos, los cuales han solicitado que se modifique la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, en lo que afecta a especie exóticas invasoras. Este es el punto que estamos tratando.

Por lo tanto, esta proposición pretende modificar dicha ley para que se pueda seguir liberando especies exóticas e invasoras en contra de lo establecido por la normativa vigente y en contra de la propia sentencia del Tribunal Supremo. Así se demuestra, por ejemplo, con la adición del artículo 64 ter, que establece que, con el fin de disminuir la presión de pesca sobre los tramos con trucha autóctona, se podrá permitir la suelta de truchas arcoíris en tramos concretos y con plenas garantías de que sus poblaciones no podrán asentarse, ya que solo se permitirá la suelta de ejemplares sin ninguna capacidad reproductiva, una propuesta que sinceramente no parece que se haya basado en criterios científicos, ya que no se entiende cómo no han tenido en cuenta aspectos tan básicos como la competencia que se establece entre las dos especies que comparten un mismo nicho ecológico y que afecta a aspectos tan importantes como el propio hábitat o la alimentación.

Tampoco tiene ningún sentido si ha sido introducida o no una especie antes o después de 2007. El tema es si es autóctona o no lo es, no cuándo ha sido introducida. En la modificación de la ley se sigue considerando que las especies exóticas invasoras, para las que existe suficiente información científica, deberán ser catalogadas, pero se permitirá que en aquellas áreas ocupadas antes de 2007, año en que se promulgó precisamente la primera regulación de esta materia, se puedan utilizar todas sus modalidades de caza y pesca para su control o erradicación. Un ejemplo: la introducción del siluro es anterior a 2007. Desde su introducción en el embalse de Mequinenza en 1974, precisamente para la actividad de la pesca, se ha extendido por otros puntos de la cuenca del Ebro, a lo largo del río Ebro y de sus afluentes, especialmente el río Segre. La introducción del siluro supuso en su momento la total desaparición del barbo, que era una especie abundante hasta aproximadamente el año 2005 en el cauce medio del Ebro, produciendo un cambio en la ecología del río en forma de un gran desarrollo de vegetación acuática, sargazos y algas. He oído que en principio antes de 2007 eran especies adaptadas que no suponían ningún peligro ambiental para las cuencas donde estaban. Aquí sí. Hoy Mequinenza es un gran centro de actividad de pesca del siluro y, por lo tanto, supone una gran actividad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tenemos que entender esto como una perpetuación de la actividad de pesca sobre un entorno ambientalmente destruido? Reconocemos la importante función que puede tener la actividad cinegética en la gestión ambiental, siempre y cuando esta se supedite a las exigencias ambientales. Eso es importante. Como ya ha indicado el Tribunal Supremo, la caza y la pesca por sí mismas no pueden garantizar la erradicación de las especies sobre las que se practica, ya que su objetivo es el mantenimiento indefinido de estas actividades deportivas y, por tanto, de estas especies. Aquí está la contradicción.

El punto más preocupante quizás y que como grupo hemos visto más peligroso es el que deja la puerta abierta a la excepcionalidad como norma, y me explico. En el punto 3 del artículo 64 se incluye el


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siguiente párrafo: En casos excepcionales debidamente justificados por otros motivos imperiosos de interés público, incluidos los de la naturaleza social o económica, la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad podrá dejar sin efecto, mediante acuerdo, algunas prohibiciones del párrafo anterior para una determinada especie catalogada. El acuerdo incorporará las garantías necesarias para asegurar que no producirán efectos negativos sobre la biodiversidad autóctona. ¿Supone esto un nuevo caso de regularización y desprotección del medio natural del Gobierno del Partido Popular en pro de los intereses particulares? Recuerden que en la Comisión hicimos constar que durante este último periodo lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular ha sido desregularizar todas las leyes de protección de la naturaleza, y esto vendría a ser un elemento más.

Por todo ello, compartimos los planteamientos recogidos en el documento de posicionamiento de las entidades en defensa de la naturaleza, que establecen que, sin tener que abordar cambios legislativos que serían contraproducentes y que crearían aún más inseguridad jurídica, puesto que serían previsiblemente recurridos, es necesario articular soluciones y propuestas a medida para cada especie y situación. Evidentemente la Ley 42/2007 supone una buena ley de bases y un avance al respecto, que en todo caso permite gestionar las particularidades, unas particularidades que las comunidades autónomas ya contemplan en su marco competencial y que se recogen en el punto 6 del artículo 64. Reza así: Las comunidades autónomas, en sus respectivos ámbitos territoriales, podrán establecer catálogos de especies exóticas invasoras, determinando las prohibiciones y actuaciones suplementarias que se consideren necesarias para su control o erradicación. Por todo ello, votaremos en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Cantó García del Moral.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, querríamos expresar nuestra solidaridad con las víctimas del pavoroso incendio que se ha declarado estos días en Portugal. También deseamos a los heridos una pronta recuperación y muchísima suerte a todos los efectivos que están colaborando en la extinción de estos incendios, especialmente a los bomberos y a los miembros del ejército español que de forma generosa se han dirigido a nuestro país vecino y hermano para ayudar en todo lo que tiene que ver con las tareas de extinción. Una vez más hacen que nos sintamos orgullosos de ellos. (Aplausos).

Esto nos debe hacer reflexionar, porque hemos de recordar que no estamos a salvo. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: No estamos a salvo de algo tan peligroso como esto y quisiéramos recordar desde Ciudadanos que es importante trabajar mucho más todavía en la cultura de la prevención y no tanto en la extinción; en la limpieza de nuestros bosques, en el aprovechamiento de la biomasa, en fomentar la agricultura y la ganadería de montaña, que ejercen de cortafuego, que fijan nuestra población rural... En fin, en estos momentos hay varios fuegos activos en nuestra geografía y todavía ni siquiera es verano. Tenemos que hacer mucho entre todos para que cese algo tan peligroso como esto.

El problema de las especies exóticas al que nos vamos a referir ahora es un problema muy grave medioambientalmente, pero también económicamente hablando: el alga asesina que invade el Mediterráneo, la almeja asiática o el mejillón cebra que incluso ponen en peligro algunas infraestructuras hidráulicas, el cangrejo americano, la hierba de la pampa, el mosquito tigre, el picudo rojo, el visón americano, la cotorra argentina, el árbol ailanto, los mapaches, el camalote o jacinto de agua... Señorías, la lista crece y crece cada año más y todas estas especies están poniendo en peligro nuestros ecosistemas ante la pasividad de unas administraciones que no hicieron nada para evitar que nos invadieran y que ahora están completamente desbordadas y obligadas a realizar enormes esfuerzos económicos del dinero de nuestros impuestos para neutralizar sus peligrosos efectos. Antes hablábamos de incendios. Hay muchos incendios que se están declarando también en zonas afectadas que están pobladas por una masa forestal que no es autóctona y que es mucho más proclive a estos desastres.

Los anteriores Gobiernos no han hecho nada para arreglar este problema y ahora el Partido Popular nos trae una propuesta para poner un mínimo parche que, con todos nuestros respetos, nosotros creemos que no arreglará de ninguna forma un problema que cada vez es mucho mayor. Debemos hacer mucho


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más, señores del Partido Popular, en prevención para evitar que estas especies provoquen en tan poco tiempo los males a los que nos estamos acostumbrando. Es muy difícil recorrer el Mediterráneo sin entristecerse ante el desfile de cadáveres de palmeras descabezadas. Es muy complicado navegar ya en algunos ríos del centro y del suroeste de nuestro país que están cubiertos por camalotes o jacintos, que es una flora que impide que la flora y la fauna autóctonas, que ya estaban seriamente amenazadas en nuestros ríos, se desarrollen, que invaden ahora y que ponen en peligro nuestros canales y nuestras acequias. Pregúntenles a los ibicencos lo que están teniendo que hacer ahora para luchar contra la invasión de serpientes que vienen, igual que vino el picudo rojo por aquellos árboles que dejamos exportar -y de nuevo hablamos de prevención- sin ningún control fitosanitario, que es lo que deberíamos hacer en vez de traer estas chapuzas parlamentarias que nos han traído ustedes hoy.

¿Por qué una proposición de ley, señores del Partido Popular? Porque el Gobierno no puede traer un proyecto de ley, una ley que debería venir acompañada de unos informes técnicos que, como no puede ser otra forma, serían negativos y ustedes lo saben. Por eso acuden a este trámite, parche parlamentario, porque, ¿nos podría explicar qué opina el comité científico del ministerio sobre esta propuesta? ¿Nos lo podrían explicar? ¿Nos podrían explicar por qué proponen una fecha como la del 2007, mágica, para diferenciar unas especies invasoras de otras? ¿Conocen realmente cuáles son las áreas de distribución de esas especies antes de 2007? Yo estoy convencido de que no, no; sé que no. Y además, al final ustedes van a dejar que sean diecisiete normativas diferentes las que decidan sobre esta gestión, diecisiete normativas diferentes. Cuéntenselo a la flora y a la fauna de nuestro país, señores del Partido Popular; explíquenle a la cotorra argentina, al siluro, al jacinto de agua dónde podrán y dónde no podrán ser cazados o pescados. Explíquenselo de paso a la bancada que está a mi izquierda, que cada vez es más plurinacional-asimétrica, y que cada vez se diferencian menos los señores de Podemos y PSOE, ahora son bolivarianos frente a bolivianos; cada vez se van acortando un poquito más las diferencias. (Risas.-Aplausos).

Ya sé, señores del PNV, que las comunidades autónomas son competentes en este problema, pero lamentablemente las comunidades autónomas se han mostrado igualitas al Gobierno central, es decir, incompetentes para solucionar un problema que cada vez es más grave y que está obligándonos a hacer un desembolso económico cada vez más grande.

Nos consta que el medio ambiente no está entre sus preocupaciones, señores del Partido Popular, pero por eso yo querría ponerles un ejemplo que es exactamente el contrario del que nos traen ustedes aquí. Hoy nos hemos visto las caras; hoy nos hemos visto ustedes, el PSOE, Podemos, había algún partido más, también estaba Compromís, junto con un grupo que se llama Oceana, que ha hecho un buen trabajo de lobby, ha venido aquí con nosotros y se ha tirado varios meses trabajando para que entre todos los grupos parlamentarios de esta Cámara presentáramos un proyecto que dotara por primera vez de mejores parques naturales marítimos a nuestro país y que mejorara alguno de los que ya existían. Esa es una buena forma de hacer el trabajo parlamentario, no la que están ustedes haciendo aquí. Nos han vendido, y algunos otros grupos han dicho que esto es necesario para que algunas actividades económicas se sigan manteniendo en el mundo rural. No es cierto. No tomen el pelo a los cazadores o a los pescadores de nuestro país, esto no va a darles ninguna seguridad jurídica, volverán a tener problemas, porque esto es un parche, una chapuza que ustedes están presentándonos aquí. Repito, estamos por mantener algunas excepciones, estamos por que algunos sectores puedan seguir pescando y cazando, pero, por favor, hagamos bien nuestro trabajo parlamentario.

Solo para acabar, repitan con nosotros, señores del PP: más consenso, mejor trabajo parlamentario, más criterio científico y no tanto criterio oportunista y político, menos imposición, porque los españoles, y especialmente nuestro medio ambiente, se lo agradecerán y mucho.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor López de Uralde Garmendia.

El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señora presidenta. Señorías.

Señor Cantó, el mosquito tigre aunque entre por Cataluña no es catalán. Hablamos de especies que vienen de muy lejos.

Nuevamente con esta proposición de ley el Partido Popular nos plantea la modificación de una ley de protección ambiental con la excusa de promover alguna actividad de índole económica... (Rumores).


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La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: En este caso se trata de la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, pero ya hemos sufrido, especialmente en la legislatura en la que el Partido Popular tuvo mayoría absoluta, la modificación a la baja del resto de leyes que protegían nuestro medio ambiente. Es lo que algunos han llamado la contrarreforma ambiental del Partido Popular. Así ocurrió, en primer lugar, con la Ley de Montes, que modificaron para eliminar la prohibición de construir en zonas incendiadas. Lo hicieron también con la Ley de Costas, dando sesenta años más de concesión en el dominio público marítimo-terrestre a construcciones, algunas bien conocidas aquí porque ya hemos hablado de ellas como la papelera ENCE en Pontevedra, por ejemplo. También modificaron la Ley de Impacto Medioambiental para, entre otras cosas, facilitar la introducción de una actividad como el frucking. La Ley de Parques Nacionales para permitir la caza en el interior de los parques nacionales. En definitiva, hemos sufrido una auténtica contrarreforma medioambiental. Quedaba una ley del cuerpo legislativo del medio ambiente que modificar y es la Ley de Biodiversidad y hoy nos trae el Partido Popular la propuesta de modificación de esa ley, es decir, para culminar esa contrarreforma de la legislación ambiental en nuestro país.

Nosotros vamos a votar que no a esta propuesta del Partido Popular y lo vamos a hacer por tres motivos. En primer lugar, porque creemos que es el momento de frenar esa contrarreforma medioambiental y de empezar a construir una nueva legislación, un nuevo cuerpo legislativo, que culmine con la auténtica protección de nuestro medio ambiente. En segundo lugar, porque esta modificación que propone el Partido Popular, en contra de lo que han dicho algunos oradores anteriores, afecta indudablemente al medio ambiente; cómo no va a afectar al medio ambiente que se facilite la introducción de especies exóticas que están catalogadas como tales y cuyos daños están perfectamente documentados y científicamente valorados. En tercer lugar, porque, como ya se ha dicho también, hay otras soluciones alternativas a la modificación de la ley para poder hacer frente a los problemas que pueda generar la existencia de un proceso para la eliminación progresiva de estas especies exóticas.

La verdad es que leyendo esta modificación, esta contrarreforma ambiental del Partido Popular, uno se pregunta por qué les molesta a ustedes tanto la naturaleza salvaje. ¿Les molesta que nuestro país sea el país de la Unión Europea que tiene mayor diversidad biológica? Eso es una auténtica riqueza, es una riqueza que hay que valorar, mantener y promover y las especies exóticas son una gran amenaza a nuestra biodiversidad. De acuerdo con los estudios científicos, después del cambio climático y la destrucción de los hábitats, la introducción de especies exóticas invasoras es la tercera gran amenaza para la preservación del medio ambiente. Las especies nativas, al no haber evolucionado en contacto con estas nuevas especies, no pueden competir con ellas por lo que son desplazadas. Por eso las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales amenazas para la biodiversidad, ya que son uno de los factores que están contribuyendo en mayor medida a la rápida y masiva pérdida de especies en las últimas décadas. Por otro lado, representan un notable impacto en las economías de los países afectados. Sepan ustedes que los costes de erradicación de especies exóticas se cuantifican en este momento en 12 000 millones de euros al año en la Unión Europea y en nuestro país la lucha contra mejillón cebra, por ejemplo, supone a la Confederación Hidrográfica del Ebro un costo de dos millones de euros al año. En erradicar el jacinto o camalote del Guadiana nos gastamos diez millones de euros al año y la lucha contra la invasión de otras especies exóticas como la avispa asiática no ha hecho más que comenzar. Desde que se detectó en nuestro país la presencia de la avispa asiática, la vespa velutina, su crecimiento es imparable y su impacto crece en paralelo. Las acciones que se han puesto en marcha para evitar su expansión no parecen estar frenando su multiplicación y su presencia es cada vez mayor, especialmente en la cornisa cantábrica. Los daños que está generando ya en el sector apícola son sustanciales y hay indicios de que su presencia está teniendo también un gran impacto sobre el medio natural al haberse detectado en las zonas de expansión de la vespa velutina una reducción significativa de otros insectos, en especial polinizadores. Otro caso es el de visón americano. Las granjas de visón americano han llevado al autóctono visón europeo prácticamente al borde de su extinción en España, dedicándose ahora importantes sumas de dinero para evitar su extinción.

Por eso vamos a votar que no, porque en este contexto no podemos estar de acuerdo con que se proponga modificar la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad. Se trata de una de las mejores herramientas posibles para poder hacer frente a un fenómeno que se está, además, agravando como consecuencia del cambio climático, ya que especies que antes no podían adaptarse lo hacen ahora más fácilmente debido al calentamiento global.


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En realidad, esta proposición de ley presentada por el Partido Popular promueve una inversión total en el orden de los principios a proteger por parte de la legislación española sobre especies exóticas invasoras, amparándose en algunas problemáticas concretas para cuya resolución no es necesario modificar la legislación, sino buscar las alternativas adecuadas que existen. La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad y el Real Decreto 630/2013 contienen los elementos e instrumentos adecuados para hacer frente al problema, que es el control de especies invasoras, y para solucionar de manera adecuada las situaciones sociales y económicas que deben contemplarse. Para este objetivo no es necesario ningún cambio en la Ley de biodiversidad; el problema es que desde la aprobación del real decreto que regula el catálogo nacional de especies invasoras, de 2011, solo se han aprobado cuatro estrategias nacionales: la del avispón asiático, el visón americano, mejillón cebra y las especies vegetales en ecosistemas dunares, y ni siquiera se ha avanzado en su aplicación efectiva. Se trata, por tanto, de poner en marcha y aplicar estrategias efectivas de lucha contra las especies invasoras, con dotación presupuestaria y acorde con los daños y gastos que se van a provocar, en vez de promover una modificación de ley en sentido contrario.

No creen alarma, señores del Partido Popular. Conviene recordar que ni la legislación ni la sentencia del Tribunal Supremo de 16 de marzo de 2016, a la que se refiere la proposición de ley, ponen pegas a la caza o la pesca de estas especies invasoras -todo lo contrario, deben integrarse en las estrategias de control- sino a la suelta y/o reincorporación en el medio ambiente. Incluso en lo referido a granjas o explotaciones industriales de cría, nuevamente la legislación se refiere a la prohibición de la liberación en el medio ambiente y no como dicen ustedes erróneamente, a su uso para la alimentación. De lo que se trata, desde nuestro punto de vista, es de la búsqueda de soluciones, pero sin que ello se lleve por delante una legislación, la Ley de biodiversidad, que se constituye como una herramienta única para la protección de la biodiversidad en nuestro país.

Es importante insistir en que hay soluciones para todas las cuestiones que se plantean desde los sectores afectados sin ir contra la Ley de biodiversidad. En definitiva, esta proposición de ley que nos presenta el Partido Popular nos parece innecesaria, antieconómica y profundamente peligrosa para nuestro medio ambiente y por ello votaremos en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor González Ramos.

El señor GONZÁLEZ RAMOS: Gracias, señora presidenta.

Me dirijo al Grupo Popular -¡claro que el Congreso debe de servir para resolver los problemas!- aunque estos no son ni la forma ni el fondo adecuados. Hoy nos estarán siguiendo muchos pescadores y cazadores, ecologistas y asociaciones de distinto tipo y también me dirijo a ellas para decirles que, conforme ha actuado el Partido Popular, no es la forma. No han dialogado con ninguno de los grupos, con ninguno, absolutamente con ninguno; como bien decían los que me han antecedido en el uso de la palabra, no han contado con nadie. Podrían haber traído un proyecto de ley para hacer bien las cosas y participar en ello. Por eso, señorías, siempre estaremos dispuestos al entendimiento y abiertos a escuchar cualquier alternativa para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía lo que, obviamente, incluye el respeto a nuestro entorno y la salud medioambiental, pero es triste asistir una vez más a cómo el Partido Popular quiere desproteger nuestro entorno, nuestro bienestar más básico.

Como decía, el Partido Popular pretende desmantelar toda la legislación medioambiental de los últimos años; una legislación nacida desde el consenso, con el respaldo técnico de expertos y con el fin de compaginar el respeto al medioambiente, con el desarrollo rural y el motor económico de territorios en riesgo de despoblación o con economías dependientes de las actividades del sector primario. La Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad que aprobó el Gobierno en 2007, hace diez años, es una de las más avanzadas del mundo en materia de protección ambiental y por ello desde el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que cualquier modificación de esta ley no puede ser por la vía de urgencia, como pretende el Partido Popular, y sobre todo exige un periodo de reflexión y un debate más amplio en el que los grupos parlamentarios dispongamos de toda la información necesaria para poder tomar una decisión de la trascendencia de lo que hoy se decide en este Pleno.

Quiero recordar que los principios básicos en los que se inspiró la Ley de 2007 fueron: el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales y de los ecosistemas vitales básicos, la preservación de la diversidad genética, la utilización ordenada de los recursos para garantizar el aprovechamiento sostenible de las especies y los ecosistemas y la preservación de la variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas


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naturales y del paisaje. Consideramos que estos principios están hoy más vigentes que nunca y que hay espacio suficiente para que las reivindicaciones que desde algunos sectores se están realizando puedan ser recogidas sin apelar al procedimiento de urgencia y siempre desde el acuerdo.

Comenzaba esta intervención diciendo que el Partido Popular, una vez más, quiere desmantelar la actual normativa medioambiental, y a las pruebas me remito: Ley de Montes, Ley de Costas, Ley de Aguas, Ley de Evaluación Ambiental, Ley de Responsabilidad Medioambiental y el marco normativo para la promoción de las energías renovables. El señor Rajoy nos ha convertido, también en materia medioambiental, en el hazmerreír de nuestros vecinos europeos, lamentable y tristemente. Porque siempre hay otra opción, siempre hay un camino por la senda del respeto, del ecologismo, del diálogo y del futuro para las siguientes generaciones; un camino que el Partido Popular no ha querido tomar. Más bien ha tirado por el atajo de la imposición, de la incomprensión y del mutismo.

Las especies exóticas invasoras no solo provocan impactos ambientales, sino que también ocasionan importantes daños económicos y de salud pública. La lucha contra la expansión de las especies exóticas invasoras debe llevarse a cabo atendiendo a criterios técnicos y científicos. La introducción de especies alóctonas incumple las normativas regionales, nacionales, europeas y mundiales desarrolladas para prevenir los efectos negativos incontrolados y, en muchas ocasiones, desconocidos sobre la diversidad biológica nativa. Ante esta perspectiva, le corresponde al Gobierno garantizar la conservación del medio ambiente, tal y como le recuerda el Tribunal Supremo, pero también es preciso abordar la cuestión, en coordinación con las diferentes administraciones implicadas, desde una perspectiva social, económica y del empleo. Sin embargo, no creemos que esta proposición de ley que hoy nos trae el Grupo Parlamentario Popular sea el mejor modo de arreglar el problema desde la perspectiva integral desde la que se debe abordar. Tenemos que ser capaces de apostar por la salud de nuestro entorno, de apostar por la protección ambiental, pero a la vez de garantizar el desarrollo sostenible del medio rural. Por todo ello, y a la vista de las acciones del Partido Popular y de este Gobierno contra el medio ambiente, en el Grupo Parlamentario Socialista nos parece conveniente trabajar en la búsqueda de soluciones que compatibilicen la protección del medio ambiente en la forma en que la sentencia del Tribunal Supremo dispone: con la protección de la actividad y el empleo. Debemos encontrar soluciones para cada especie y situación concreta, y para ello no es ni mucho menos preciso hacer una modificación legislativa de tanto calado, que enmarcamos en línea con la política del Gobierno del Partido Popular de desmantelamiento de toda la legislación medioambiental en estos últimos años. Nosotros, a diferencia de ustedes, señorías, aportamos soluciones con espíritu de consenso. Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista esta tarde aquí, en el Congreso de los Diputados, anuncia que va a presentar una iniciativa conforme a las directivas europeas de conservación y en el marco de la actual Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, para que en un plazo breve de tiempo se ponga en marcha el procedimiento normativo para la descatalogación, previa valoración de los informes científicos pertinentes, de aquellas especies que deban disponer por su importancia socioeconómica en algunos territorios de nuestro país de un tratamiento específico y singular.

Antes de finalizar quiero dejar claro que nos preocupan las miles de familias que se pueden ver afectadas por el impacto socioeconómico. Por eso mismo, la solución que pone encima de la mesa el Partido Socialista se basa en el diálogo. Señorías, es conveniente trabajar en la búsqueda de soluciones que compatibilicen la protección del medio ambiente en la forma en que la sentencia del Tribunal Supremo dispone, con la protección de la actividad y del empleo. Para ello, no es preciso engañar ni desmantelar una normativa que se podía adaptar. En los diecinueve segundos que me quedan me dirijo a todas las asociaciones ecologistas, pescadores y cazadores para decirles que este no es el procedimiento. Como se ha podido ver, los distintos grupos estamos de acuerdo en dar una solución inmediata y urgente, y estoy convencido de que nos vamos a poner a ello.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE REFUERZO DE LA LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. (Número de expediente 122/000098).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a debatir la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Roldán Monés.


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El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, hoy es un día importante para las pymes y para los autónomos de nuestro país, porque traemos a la Cámara la cuarta ley de Ciudadanos, la ley para que las pymes cobren sus facturas a tiempo.

Quería empezar con un agradecimiento claro y rotundo a las asociaciones, la sociedad civil y los representantes de las pymes de este país, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, Pimec, ATA, que han hecho un trabajo maravilloso. Durante mucho tiempo han venido reivindicando que esta ley se pusiera en marcha, persiguiendo al Gobierno para que lo hiciera. Yo creo que este es el ejemplo de un éxito de la sociedad civil, que llega al Congreso a través de mucho esfuerzo y muchísimo trabajo. Por tanto, felicidades por vuestro trabajo, esto se va a poner en marcha gracias a esta ley. Muchas gracias. (Aplausos).

Decía uno de los miembros de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad que hoy es un día histórico, y nosotros pensamos lo mismo. Como digo, llevan años batallando para conseguirlo. Algunos creían que el Congreso era un lugar para inflar sus egos y para llenar sus teorías conspiratorias y hay otros que pensamos que el rol de un parlamentario y de un grupo tiene que ser mucho más humilde, que es el de transmitir las preocupaciones reales de los ciudadanos y encontrar soluciones a las mismas. ¿Por qué es necesaria una ley contra la morosidad? Pues miren, doblamos la morosidad media de la Unión Europea, tenemos el doble de pagos retrasados, el 60 % de las facturas se cobra fuera de plazo y en Europa es alrededor del 30 %. La morosidad -lo dicen las encuestas- ha sido la máxima preocupación durante varios años de las pymes y de los autónomos de nuestro país, pero sobre todo la morosidad ha tenido un coste gigantesco a lo largo de esta crisis para la economía, pues son decenas de miles de empresas -repito, decenas de miles de empresas- las que han caído, las que han tenido que cerrar la persiana y han tenido que acabar con sus proyectos exclusivamente porque no les pagaban las facturas a tiempo; no porque su negocio fuera insolvente, no porque tuvieran un mal proyecto, se han caído porque no les pagaban las facturas a tiempo. Más de medio millón de trabajadores han perdido su empleo por causas directamente relacionadas con los pagos retrasados y la morosidad; empresarios que están cada día levantando este país y que han tenido que acabar con sus proyectos por culpa de tener una regulación mala que castiga a la clase productiva de este país. Pero el coste de la injusticia, además, no ha sido igual para todos. Estamos ante un claro ejemplo en el que no hay igualdad de oportunidades en el mercado. Hay algunos que tienen fuerza de mercado, que tienen mucho poder de mercado, como la Administración y como algunas -muy pocas- grandes empresas y que, gracias a su poder de mercado, han venido pagando a doscientos, trecientos o cuatrocientos días a las pymes, en particular. Esta es una situación profundamente injusta contra la que las pymes no pueden hacer nada, ya que no pueden cambiar porque esos son sus clientes principales; básicamente, como digo, la Administración y algunas grandes empresas se han venido financiando a costa de las pequeñas en nuestro país y esa situación de impunidad debe terminar. No puede ser que siempre acaben pagando la cuenta los mismos, es necesario terminar con esta injusticia. Lo más sorprendente es que existe una ley, tenemos una ley en España que dice que las empresas tienen que pagar a sesenta días y que la Administración tiene que pagar a treinta, pero la realidad después de ocho años en crisis, aunque se ha venido reduciendo poquito a poco, es que hoy en día las empresas pagan a setenta y siete días todavía, diecisiete días por encima de lo que les toca, y la Administración a más del doble, a setenta y un días, cuando les tocaría pagar a treinta; eso dicen los datos de las encuestas del año 2016. Como digo, hay algunas grandes empresas que están pagando a trescientos o cuatrocientos días.

Esta ley que traemos aquí, por tanto, no tiene ningún otro objetivo que el que las pymes y los autónomos puedan cobrar sus facturas a tiempo, y tiene tres pilares fundamentales. El primero es un mecanismo de arbitraje para que se puedan solucionar los pagos de forma ágil, rápida y transparente entre las partes, para que no tenga que haber intermediarios y se puedan cobrar esas facturas rápidamente. El segundo es un observatorio para que se asegure que se publiquen primero los plazos de pago, porque la transparencia es clave, y que después se haga un seguimiento para que realmente estos plazos de pago se cumplan. El tercero, lo más importante y la reivindicación central, es un régimen de incentivos que penalice a los que no pagan sus facturas a tiempo. Es muy sencillo, es como en la circulación. Nadie se sorprendería, si uno se salta los semáforos o si va a 300 por hora por la autopista, que le pongan una multa. Pues en este caso necesitamos incentivos mejores para que algunas grandes empresas y la Administración cumplan la ley. Esta ley y el régimen sancionador, como digo, no buscan recaudar. El objetivo no es recaudar, buscamos hacer justicia. Por tanto, tiene que ser un régimen flexible, que se pueda adaptar a las circunstancias de cada empresa, que solo se pague cuando las infracciones sean de


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forma repetida. Esto no puede ser de ninguna manera un bloqueo o un problema para el desarrollo de la actividad económica.

En resumen, España es una absoluta anomalía. Estamos con unos plazos de pago muchísimo más altos que el resto de Europa. Vivimos ante una injusticia porque son las pequeñas y medianas empresas y los autónomos los que están sufriendo, los que han tenido que cerrar, los que han tenido que parar sus proyectos porque no tenían ningún poder de negociación. Por tanto, estamos defendiendo la igualdad de oportunidades de todos los que están en el mercado. Tiene un coste gigantesco en la economía, como decía: decenas de miles de empresas han tenido que cerrar, más de medio millón de trabajos se han perdido por culpa de la morosidad. Y ¿qué ha pasado? El Gobierno -lo hemos hablado un muchas veces con asociaciones y representantes de la sociedad civil- ha prometido esto durante años y años. Lo llevaban en su programa electoral, me contaban, antes de 2011. El Partido Popular ha estado en el Gobierno con mayoría absoluta. ¿Qué han estado haciendo todo este tiempo? (Aplausos). No hay cosa que más les guste que llenarse la boca diciendo que ustedes quieren favorecer a las pymes y a los autónomos de nuestro país, pero no han hecho una ley de autónomos, que hemos tenido que traer nosotros al Congreso porque llevaban diez años sin hacer nada, y ahora con las pymes pasa exactamente igual, que es probablemente su principal preocupación. Por tanto, absoluta inacción, absoluta incompetencia respecto a este tema por parte del Gobierno

Nosotros cumplimos. Esto venía en el punto 34 del acuerdo. El señor Albert Rivera en la última reunión con la plataforma se comprometió y dijo: Si el Gobierno, si Montoro y Rajoy no son capaces, una vez más, de traer una ley al Congreso, lo haremos nosotros. Tenemos pocos cupos, pero hemos utilizado uno de los cupos de ley que tenemos para que se cumpla y se acabe con esta injusticia. Esta semana hemos conseguido que se ponga en marcha y se empiece a implementar, con el okey de Bruselas, el complemento salarial cuanto antes. Va a haber ley de autónomos y también traemos la ley que morosidad. Estos son cambios reales y no ficciones.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Hace algo menos de dos meses que se aprobó una proposición no de ley, a iniciativa del Grupo Popular, para reducir la morosidad, y hoy, en esta ocasión por iniciativa del Grupo Ciudadanos, se propone la toma en consideración de una ley para reforzar la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Foro votó en abril a favor de la iniciativa antimorosidad y reiteramos esta tarde aquel apoyo porque, como señalé entonces desde esta tribuna, resulta imprescindible combatir este nefasto mal de la economía empresarial que es la morosidad, ya sea de índole privada o pública. Nos parece necesario que España se dote de un nuevo conjunto de medidas que refuercen y endurezcan la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, porque es necesario eliminar obstáculos y evitar que nuestras pequeñas y medianas empresas, a la par que nuestros autónomos o microempresas -como ahora también se les denomina- sean víctimas de la lentitud, la demora o la dilación en los pagos, porque todo ello incide negativamente en su competitividad y, por lo tanto, en el mantenimiento y creación de puestos de trabajo, la gran prioridad para España.

Con ocasión de la iniciativa que se debatió en el mes de abril, ya propusimos, a través de enmiendas, que el Gobierno se implicase en el seguimiento de los plazos marcados por la vigente Ley de morosidad, como también nos parece necesario promulgar un régimen sancionador que instaure la posibilidad de imponer sanciones económicas en caso de incumplimiento de los plazos legales de pago y su aplicación por un organismo independiente. Ambas medidas se contemplan y se desarrollan, además, con un marco sancionador muy amplio, al igual que otros de nuestros compromisos, como es el de la modificación de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista para eliminar la posibilidad de negociación en los plazos de pago a proveedores, puesto que se contradice con la actual Ley de morosidad y perjudica a las pequeñas empresas proveedoras, sacrificándolas frente a las grandes cadenas.

Finalmente, consideramos que en España hace falta un organismo independiente similar al que ya existe en torno al sector agroalimentario, para tratar de acotar y evitar los incumplimientos en los pagos. En esta propuesta se incorpora el sistema arbitral de morosidad con unos fines que se corresponden a la lucha contra la morosidad. Todo ello, señora presidenta, responde a compromisos que adquirimos en


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nuestro programa electoral para tratar de combatir y corregir la morosidad comercial y empresarial en España, por lo que Foro votará favorablemente esta toma en consideración.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra, también por el mismo grupo, el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señores diputados, miembros de las diferentes plataformas, ¡enhorabuena! Quiero hacer algo que en año y medio que llevo en esta Cámara es la primera vez que se va a decir -creo-, y es que cuando hay un proyecto de ley bien hecho, bien trabajado y que es apropiado hay que decirlo en público. Por lo tanto, Grupo Ciudadanos, enhorabuena por esta iniciativa porque es un gran trabajo. (Aplausos).

Por coherencia, vamos a votar a favor de la toma en consideración de este refuerzo contra la morosidad en operaciones comerciales. Las personas que están ahí arriba -aquí no-, los que están en la tribuna del público saben que la máxima de una empresa no es vender, sino cobrar, y si desde aquí logramos legislar para que estos señores facturen y cobren, realmente, creo que es un gran trabajo. Por lo tanto, además de que España ya está advertida por parte de la Unión Europea en relación con los plazos, creo que esta proposición de ley no es recaudatoria, sino que, realmente, lo que quiere es cumplir los plazos para ese cobro en las operaciones comerciales. Nos parece una muy buena idea, por la complejidad que tiene esta materia, la creación de ese órgano de arbitraje. Por lo tanto, enhorabuena por el trabajo y tienen nuestro apoyo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, nuestro grupo va a apoyar la toma en consideración de esta iniciativa. De hecho, la semana que viene -el calendario parlamentario lo ha querido así- se va a ver una propuesta similar de nuestro grupo en el Senado. En el caso de que fuera aprobada -como ustedes conocen- se hará una tramitación conjunta en esta Cámara. Me van a permitir que les diga que entendemos que nuestra propuesta es algo más ambiciosa, pero, en todo caso, seguramente nos pondremos de acuerdo y tendremos que autoenmendar nuestros textos, en el caso de que prospere. Entendemos que esto es un problema y es un problema de antaño, y que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos tienen que resolver este y otros aspectos. De hecho -si me lo permiten-, ustedes están pidiendo algunas modificaciones y algunas exigencias en cuanto a la transparencia de la información de la Administración pública que, hoy por hoy, ya se están suministrando. Ustedes están pidiendo que cada tres meses los interventores de los ayuntamientos informen del PMP y quiero decirles que eso ya se está produciendo en estos momentos, lo informan en los plenos y lo cuelgan en la página web. En todo caso, ahora no es el momento de criticar el texto; es el momento de poner en valor lo que vamos a hacer, lo que han hecho ustedes aquí y lo que vamos a hacer nosotros en el Senado, y también tendremos que ser ambiciosos en este plan de reformas.

Se nos planteaba, con razón, que seguramente también se tendría que modificar el impuesto sobre sociedades al respecto. No es razonable que las pequeñas y medianas empresas no se puedan dotar de herramientas para combatir la morosidad de sus clientes hasta pasados seis meses, cuando estamos implementando medidas de sanción si se superan los treinta o los sesenta días. En todo caso, vamos a tener ocasión de trabajar conjuntamente con relación a esta propuesta y, por tanto, nosotros vamos a votar a favor de la misma. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.

Ya en el año 2014 los partidos políticos solicitaron, mediante una proposición de ley, el establecimiento de una serie de medidas contra la morosidad, además de un régimen de sanciones e infracciones con varios objetivos: erradicar la morosidad en las operaciones comerciales, homologarse a la legislación europea en lo relativo a los aspectos referentes a la morosidad y ayudar a la pequeña y mediana empresa y a empresarios individuales porque constituyen la base mayoritaria del tejido económico y empresarial, y


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también porque es cierto que la morosidad ha sido su principal factor de mortalidad. Además, los plazos de pago dilatados merman su competitividad y la viabilidad de las empresas afectadas y normalmente benefician financieramente a las empresas que los promueven.

En España existe abundante legislación relativa a los plazos de pago, en general ambigua y contradictoria. El exceso de normas y la incoherencia entre ellas crea el contexto adecuado para su elusión y por ello, una ley de morosidad no solo tiene que tener la pata de la solvencia, sino también las características fundamentales de una ley de infracciones y sanciones, porque, si no, no es efectiva. Cabe señalar que después de la reforma del año 2010 se han reducido los plazos de pago, eliminando el pacto entre las partes por parte de cliente y proveedor, estableciendo un plazo de pago de treinta días en el caso de la Administración pública y sesenta en el ámbito privado, pero sigue sin ser suficiente, ya que, a pesar de esta reducción, los mismos se siguen incumpliendo. Así, el barómetro de la morosidad nos indica que en el año 2016 el plazo medio de pago del sector privado es de setenta y siete días y en el sector público de setenta y un días, aunque ambos plazos se mantienen todavía lejos de los sesenta y los treinta fijados en la Ley 3/2004. También -y según datos de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad- observamos que el 96 % de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago; el 91 % nunca o casi nunca exige a sus clientes morosos los intereses de demora y al 68 % se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por la ley.

En la práctica comercial, normalmente los que tienen una posición dominante tienen la tentación -y en ocasiones la práctica- de no pagar a sus proveedores en los plazos legalmente establecidos, generando un gran perjuicio al más pequeño. Con esta práctica se pone de manifiesto que el pequeño, al no cobrar en plazo, puede tener problemas de liquidez y pago, mientras que el que ostenta la posición dominante se está financiando con el dinero que no paga en plazo al pequeño, que, por estar en una posición de debilidad, no exige a sus clientes ni intereses de demora ni denuncian la imposición de plazos de pago superiores, ya que se pueden quedar sin esos clientes. En definitiva, los plazos de pago dilatados merman la competitividad y la viabilidad de las empresas afectadas y benefician financieramente a las empresas que los promueven. Para corregir estas prácticas solo existe una manera, ir estableciendo una serie de sanciones y multas que hagan que el incumplimiento de la ley no resulte barato. Lo deseable sería que existiese una cultura de la no morosidad y que considerásemos el impago como mal visto y fuese reprobado, pero esto parece difícil en un país en el que la cultura de las chapuzas y el robo sigue vigente.

El Grupo Parlamentario Popular ya nos trajo una proposición no de ley hace unos meses en este sentido, y le dijimos que nos hubiera gustado que en vez de un PNL nos hubiera traído una proposición de ley y no una serie de consideraciones genéricas. Ahora es el Grupo Ciudadanos quien plantea nuevamente este tema y nos trae a la Cámara una proposición de ley para paliar la morosidad en las transacciones comerciales, en las que se establece una serie de medidas que parece que recogen el guante de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, tales como la implantación de un régimen sancionador, modificación de los artículos de ordenación del comercio minorista o incluso la creación de un observatorio de la morosidad.

También entiendo que si plantean este proyecto de ley -y dado que también estamos debatiendo la Ley de Contratos del Sector Público-, sería interesante que este grupo apoyase e incluso transaccionase las enmiendas que en el ámbito de la morosidad se han planteado en cuanto al pago a precio, pago a proveedores y subcontratistas, entre otras. Y lo digo porque el proyecto de ley de contratos del sector público incluye varios artículos que suponen un retroceso en la lucha contra los plazos de pago dilatados y que, de aprobarse, crean el camino legal para mantener la impunidad ante los plazos de pago abusivos.

A pesar de tener algunas diferencias con la proposición de ley a la que realizaremos algunas aportaciones, entendiendo también que hay que erradicar la morosidad, que el retraso en los pagos es uno de los asuntos que más preocupan a los empresarios y empresarias, que cumplir con los periodos de pago y evitar costes adicionales y que pueda repercutirse en los precios es fundamental para que el tejido empresarial mantenga su competitividad, para que su capacidad financiera no se vea comprometida y para que se puedan acometer inversiones productivas, nosotros votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.


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El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señora presidenta. Bona tarda, señorías.

Debatimos uno de los problemas más graves que atacan a la competitividad de nuestra economía, especialmente la de las pequeñas y medianas empresas. Resulta ya tedioso el discurso del señor Roldán, el del señor Roldán y el de todos nosotros porque es el sonsonete que hemos ido repitiendo casi todos en mayor o en menor medida.

La morosidad es un problema endémico que hincha las cuentas de resultados de unos y destroza la viabilidad de los otros por la vía de hincharles las narices a estos últimos. De hecho, como ustedes bien saben, esta temática no es ajena a esta Cámara. Hace pocas semanas nos encontrábamos aquí debatiendo una PNL del Partido Popular realmente decepcionante, ridícula, procedente del Gobierno al que atribuirle similares epítetos, y en otras tantas ocasiones hemos debatido, incluso aprobado, iniciativas que el Gobierno se ha negado a impulsar posteriormente, algunas de nuestro grupo incluso, señor Roldán. Hace pocas semanas todos los partidos nos abocamos en tromba al acto convocado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, también con un montón de buenas palabras. Aprovecho también para saludar a los representantes de esta plataforma.

Si nos remontamos un poco más atrás en el tiempo, podemos recordar el foro promovido por esta plataforma hace tres años, bajo el lema "Tolerancia cero a la morosidad", con el resultado conocido. Todos los partidos se sumaron a este eslogan invocando al gran filósofo del siglo XX, José María García, el Butanito: ni una mala palabra, pero ni una buena acción. (Risas). En esta ocasión es el Grupo Ciudadanos quien se atreve a presentar una propuesta, ciertamente más detallada y ampliada que la de su socio parlamentario, aunque nos tememos que se trate también en esta ocasión de otra propuesta descafeinada, porque de todos es conocida la capacidad innegable del grupo proponente de generar expectativas que después se quedan en nada. Por ello, ya les avanzo que, a pesar de la desconfianza que nos provoca el grupo proponente, y ante todo por la enorme importancia del tema, desde Esquerra vamos a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley, eso sí, con ánimo enmendante. Asimismo, estudiaremos con mucho interés la del Partit Demòcrata.

Intentaremos mejorar, desde nuestra óptica, una serie de cuestiones en el proceso de trámite de la misma. Les propondremos impulsar medidas para garantizar el pago de oficio de los intereses de demora, que se establezca una metodología para realizar pagos directos de los poderes y adjudicadores a los subcontratistas o que, en el régimen de sanciones, las sanciones resulten más baratas que mantener la actitud que se pretende reprimir y que se garantice la independencia del proyectado observatorio estatal de morosidad. Desde nuestro punto de vista, no puede ser que la morosidad sea observada de forma neutral por un ministerio, el de Hacienda y Función Pública, que hasta el momento ha demostrado su incapacidad para trasponer y cumplir la Directiva 2011/7/UE, sobre Morosidad, y de adoptar la metodología de cálculo de plazo medio de pago utilizada por Eurostat a nivel europeo y por las entidades de referencia, como la propia Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. Difícilmente, quien no sabe contar la morosidad como se cuenta en Europa puede ser el árbitro cronometrador neutral que calcule los tiempos de pago de la Administración a las empresas. En todo caso, como el movimiento se demuestra andando, estaremos alerta a la verdadera intensidad de la voluntad de Ciudadanos en otros ámbitos legislativos, como por ejemplo en la ponencia de la Ley de Contratos del Sector Público. Vamos a ver su interés en controlar la morosidad de las grandes empresas contratistas, adjudicatarias de obra pública, con las pymes suministradoras y subcontratadas. Junto a sus compañeros de camino del Partido Popular, que se han ganado a pulso la mala fama en el mundo de los subcontratados de las grandes contratistas de obra y servicio público, difícilmente pueden impulsar cambios en la legislación que garanticen el estricto cumplimiento de los pagos de los contratistas adjudicatarios de los contratos públicos y medidas para garantizar el pago de oficio de intereses de demora o establecer una metodología para realizar pagos directos de los poderes y adjudicadores a los subcontratistas. Lo iremos viendo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Honorato Chulián.

La señora HONORATO CHULIÁN: Buenas tardes.

En primer lugar, anuncio que vamos a votar a favor de esta iniciativa. No tenemos ningún problema en votar que sí a iniciativas que mejoran la vida de la gente, vengan de donde vengan; nos gustaría que fuera


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así siempre, pero desde luego nosotros tenemos ese firme compromiso. (Aplausos). También quiero saludar a los integrantes de la plataforma que nos acompañan hoy.

Es importante tomar en consideración esta proposición de ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad. Hace poco -lo recordaban los anteriores portavoces- se debatió aquí una proposición no de ley que trataba sobre el mismo tema y poníamos encima de la mesa que había varios males que afectaban a la economía productiva de nuestro país, entre ellos el escaso poder adquisitivo de la población, la política fiscal injusta y regresiva, la desaparición de la industria y el freno a las energías renovables, pero, como consecuencia quizá de las debilidades de nuestra economía, hay una lacra que juega un papel demoledor en la economía real y productiva: la morosidad. Lo han dicho también todos los portavoces anteriores. A pesar de esta lacra, de este problema para la economía productiva de nuestro país, los avances legislativos han sido tímidos. Es cierto que los ha habido, pero han sido tímidos porque muchas veces cuando se avanzaba se ponía una trampa en el siguiente camino. Por tanto, es necesario abordar un cambio decidido en esta normativa, pues estamos hablando de que son los autónomos, las pequeñas empresas, los que soportan las consecuencias de la morosidad, los que llevan sobre sus espaldas la mayor parte del tejido productivo y del empleo de nuestro país. Esta lacra de la morosidad que soportan en muchas ocasiones supone una conducta abusiva, muy especialmente de aquellas empresas que gozan de capacidad para imponer sus condiciones, es decir, los incumplimientos reiterados de la legislación muchas veces son más abusivos por parte de las grandes empresas. Recordemos que las empresas del IBEX tienen un plazo medio de pago de ciento sesenta días cuando el límite máximo son sesenta, según la legislación. Esto lo hacen con total impunidad porque hasta ahora no existe un régimen sancionador que acompañe a estas exigencias normativas. Nos parece, pues, que es necesario poner fin a esa situación. ¿Qué ha hecho hasta entonces el Gobierno? Lo que decía antes, que cuando parece que se avanza se pone nuevas trampas. Queremos poner encima de la mesa que no tenemos más trampas. Mi grupo parlamentario va a vigilar para que si, afortunadamente, se toma en consideración esta proposición de ley no nos quitemos una venda para ponernos una nueva en los pies y que al final no consigamos el objetivo que perseguimos. Por lo tanto, como digo, vamos a estar vigilantes para que el objetivo llegue a buen término.

¿Qué se trae aquí? Se trae una modificación concreta de la Ley 3/2004 para incluir principalmente ese régimen sancionador y dejen de ser papel mojado las previsiones de esta normativa. Nos gustaría profundizar en algunas cuestiones que nos parece que se podrían mejorar en el texto que se presenta. Por un lado, centrándonos en el procedimiento sancionador, las cuantías sancionadoras -lo ponía de relieve antes el representante de Esquerra- son bajas, son pequeñas, pueden ser incluso ridículas en algunos casos y esto puede poner en entredicho el esfuerzo sancionador que aquí se hace. También nos parece interesante recordar qué ocurre en relación con el procedimiento sancionador en materia de consumo. Nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que sean las comunidades autónomas las que ejerzan esa potestad sancionadora... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. Silencio, por favor.

Adelante.

La señora HONORATO CHULIÁN: ... pero no puede ocurrir que, como consecuencia de esto, se cuarteen tanto las responsabilidades y que, en definitiva, como resultado haya sanciones pequeñas y ridículas. También hemos advertido alguna carencia en la tipificación de infracciones, algunas obligaciones que no tienen reflejo sancionador y que sería interesante incorporar.

En cuanto al bloque de modificaciones que introduce esta proposición de ley relacionado con el Observatorio Estatal de la Morosidad y el procedimiento arbitral, también queremos hacer algunas precisiones. Es necesario que el procedimiento arbitral sea de uso generalizado. Creemos que es necesario tener una actitud mucho más proactiva que la que se presenta en esta proposición para que sea, como digo, de uso generalizado. Concretamente, por ejemplo, se hace referencia en el artículo 14 a la obligación de la sujeción al sistema arbitral en las subcontrataciones que deriven de contratos de concesiones de servicio público y nos parece que esto se debería generalizar a cualquier tipo de subcontratación dentro de contratos públicos. También nos parece una disfunción competencial porque, como decíamos, estamos de acuerdo en que el ejercicio de la competencia sancionadora correspondiera a las comunidades autónomas, pero hay que ver cómo se encaja esto con el sistema central arbitral y también con el sistema central del observatorio estatal y de buzón de lucha contra la morosidad. Es


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verdad que se contempla la participación de las comunidades autónomas en el observatorio, pero es necesario hacer un encaje más preciso del que se recoge ahí.

Por último, existe una carencia general que también han puesto de manifiesto otros portavoces. Estamos en estos momentos en la ponencia de la Ley de Contratos del Sector Públicos y creemos que es necesario incorporar algunas de las previsiones de esta ley como modificaciones, ya que, si no, quedaría bastante coja. Es necesario avanzar en la prohibición de contratar en el supuesto de infracciones graves en esta materia; también es necesaria la acreditación de la solvencia, que en la acreditación de la solvencia de las empresas estén los plazos medios de pago de las empresas contratistas; también la posibilidad del pago directo a los subcontratistas que permite la directiva y que está en muchas de las enmiendas que hemos presentado la oposición y que es necesario incorporar en el texto de la Ley de contratos, y la inclusión de la sujeción al sistema arbitral como condición de obligada ejecución en el artículo 200 de la ley. Lo iremos viendo también, pero nos corresponde a todos y a todas no seguir jugando con lo sueños de la gente honrada de este país, no vender otra jugada mágica para ponerles una nueva zancadilla más adelante. La pesadilla que sufren tiene solución y nos toca trabajar para que no quede este sueño en papel mojado.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.

La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, ya les anuncio que votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, y lo haremos por varios motivos. En primer lugar, porque somos sensibles y receptivos a las reivindicaciones de las pequeñas y medianas empresas -y la lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales ha sido y es una de ellas-, una sensibilidad que los socialistas hemos demostrado tanto en el Gobierno como en la oposición, y no podemos obviar además que esta iniciativa que nos propone Ciudadanos ha sido impulsada precisamente por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, que representa a más de un millón de pymes y autónomos y a cuyos representantes, que hoy nos acompañan, doy la bienvenida. En segundo lugar, por coherencia con nuestros compromisos electorales recogidos en el programa electoral con el que concurrimos en las últimas elecciones y en el que nos comprometíamos a aprobar la implantación de un régimen sancionador como instrumento disuasorio para combatir la morosidad que tanto perjudica a los autónomos y pequeñas empresas. Y en tercer lugar, porque somos conscientes de que existe en España margen de mejora en cuanto a los plazos de pago de las operaciones comerciales con respecto a los de otros países en la Unión Europea. De hecho, la Comisión Europea urgió en febrero de 2017 a España, Grecia, Italia y Eslovaquia a garantizar la correcta aplicación de la Directiva europea 2011/7, alertando sobre la posible apertura de un procedimiento sancionador si no se adoptaban medidas efectivas para proteger a las pymes en sus relaciones comerciales. Según el informe sobre la morosidad realizado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad, al 68 % de los proveedores se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por ley y, aunque el plazo medio de pago a proveedores se redujo en 2016 tanto en el sector público como en el privado, es cierto que todavía se mantiene lejos de los treinta y sesenta días que establece la ley. Tengamos en cuenta, además, que estos plazos son plazos medios y sabemos que existen plazos que son muy superiores, sobre todo cuando existe desequilibrio en la negociación entre las partes, dándose casos incluso en que los plazos de pago son de más de doscientos días. Por tanto, son razones suficientes para tomar en consideración esta iniciativa.

Ahora bien, dicho todo esto, es justo, creo, que reconozcamos también el alcance limitado de la proposición, tanto en algunos términos en los que se plantea como en el momento en el que se solicita su trámite en la Cámara, pues en estos momentos se está debatiendo la nueva ley de contratos con el sector público, y es en la tramitación de esa ley de contratos donde los socialistas defenderemos, a través de nuestras enmiendas, cómo abordar con eficiencia la problemática de la morosidad relacionada con la contratación pública, por lo que permítanme hacer algunas consideraciones o reflexiones que debieran ayudarnos a mejorar el contenido de esta proposición de ley en el proceso de trámite si finalmente se aprueba su toma en consideración.

En primer lugar, muchas de las medidas incorporadas ya existen o en términos prácticos no mejoran la legislación actual. Por ejemplo, se especifica como novedad que los plazos de pago no pueden ser ampliados mediante pacto de las partes por encima de los sesenta días naturales, y en términos prácticos


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ya debiera ser así. Con la ley vigente, de hecho, el Tribunal Supremo sentenció que los pactos que excedieran el límite de sesenta días serán nulos de pleno derecho, artículo 6.3 del Código Civil, e interpreta que el plazo de pago previsto en la Ley de 2004 es imperativo y no cabe pacto en contrario, un tema que también se debatirá en la tramitación de la ley de contratos, ya que mientras la Comisión Europea ha pedido a España que no mantenga una legislación que permita a las administraciones públicas dilatar sistemáticamente los plazos de pago legales en treinta días, el Gobierno del Partido Popular ha propuesto un texto de proyecto de ley que permite sobrepasar los plazos por parte de la Administración contraviniendo la normativa europea. También entre las medidas más novedosas incorporadas a esta iniciativa cabe indicar que el sistema arbitral de morosidad requiere de un reglamento posterior por parte del Gobierno que desconocemos y que habrá que acotar y un régimen sancionador cuyo ejercicio de potestad sancionadora y de control se determinará por las distintas comunidades autónomas, unas administraciones infrafinanciadas, con pocos recursos para acometer nuevos procedimientos de inspección y sanción.

En segundo lugar, existen distintas realidades que deberían ser tenidas en cuenta para mejorar la efectividad de las medidas propuestas. Las circunstancias en las que se produce la morosidad son distintas según las características de las operaciones comerciales. En aquellas que no se derivan de un contrato público con la Administración entre empresas, especialmente entre pymes, la tímida efectividad de la normativa ya existente no es consecuencia de la propia legislación, sino de la dificultad para aplicarla ante unas prácticas comerciales consolidadas en el tiempo en la economía española, en la que se paga pero tarde y muchas veces muy tarde. Una gran mayoría de pymes que no pagan en plazo no lo hacen de manera intencionada, si tienen recursos pagan, pero si aplazan sus compromisos de pago la mayoría de veces es porque sus clientes también tardan en pagarles, es un círculo vicioso. Se trata de una práctica consciente y consentida basada en la confianza y está claro que si hay conflicto y se acude a un sistema arbitral como medida extrajudicial o se aplican medidas sancionadoras, nace el riesgo de que termine la relación comercial. Es mejor un mal acuerdo que no tener acuerdo; muchas empresas aplican esta máxima a sus relaciones comerciales. En estos casos solo el impulso por parte de la Administración de medidas de promoción y estímulo del buen pagador como indicador de calidad y excelencia empresarial podrían jugar un buen papel, así como la promoción de la elaboración de códigos de buenas prácticas comerciales. De hecho, entre los países que aplican modelos no coercitivos destacan Reino Unido e Irlanda, que han implantado códigos de buen comportamiento de pagos; existe una certificación para los buenos pagadores con la que las empresas pueden acceder a mayor crédito en mejores condiciones financieras. En las nuevas relaciones comerciales, donde no existe una base de confianza, las medidas de transparencia en los plazos de pago son fundamentales y el establecimiento de un buen plan de prevención de morosidad. Recordemos que según el Dirce, el 95,7 % de las empresas en España tiene menos de diez trabajadores, y solo un 1,98 % tiene más de veinte. Hay miles de operaciones comerciales al día y el control de inspección en estos casos por parte de la Administración sería empresa complicada. Entre pymes y grandes empresas privadas, en este caso, a mayor tamaño de la empresa, como decíamos antes, se puede producir un incumplimiento sistemático de los plazos de pago si una de las partes tiene mayor capacidad de negociación, como decía, por el tamaño de la empresa. En este caso también hay temor a la pérdida de la relación comercial ante un conflicto. Por tanto, no es de extrañar que los datos sean tan reveladores: el 96 % de los proveedores no exigió una indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago y el 91 % nunca o casi nunca exigió a sus clientes morosos los intereses de demora. Es por eso que es necesario impulsar medidas de comprobación y verificación de los plazos de la Administración. A partir del 1 de julio entra en vigor el suministro inmediato de información de IVA por el cual las grandes empresas deben comunicar cada cuatro días las facturas emitidas y recibidas. Se trata de un libro de registro online de IVA. La mejor forma de verificar sus plazos sería poder incorporar este sistema a la información de los plazos efectivos de pago de las facturas. Estoy segura de que puede ser posible en un futuro con el avance vertiginoso de las nuevas herramientas informáticas. De hecho -voy terminando, señora presidenta-, la Agencia Tributaria ha ido desarrollando sistemas de captación de información cada vez más completos y complejos, y con los nuevos programas de gestión de datos será posible verificar los períodos medios de pago por muestreo. El órgano inspector y sancionador debería ser, por tanto, la Agencia Tributaria, del mismo modo que actúa con las declaraciones de IVA.

Señora presidenta, me quedaría hablar de la relación comercial en la que interviene la Administración pública de manera directa o indirecta, en la que es necesario que las administraciones hagan una gestión eficiente de los recursos pagando en plazo. Los ayuntamientos están haciendo un gran esfuerzo y muchos de ellos pagan en plazo, pero todavía se puede mejorar más para cumplir los plazos legales en todas las


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administraciones. Señorías, es cierto que ha habido mucha legislación y que esta proposición de ley que hoy nos proponen es importante que la tengamos en cuenta y que sea debatida en profundidad, pero también es necesario que tengamos en cuenta los distintos escenarios para que puedan ser efectivas las medidas sancionadoras a aprobar. Por último, votaremos a favor de la tramitación de esta proposición de ley para permitir a la Administración poder sancionar a aquellos que malintencionadamente no pagan y para mejorar su aplicación. En caso de admisión a trámite, incidiremos en mayor medida en la formación y pedagogía a las empresas y en tener en cuenta las condiciones económicas y los desequilibrios de poder como factores determinantes en el comportamiento de los pagos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora López Ares.

La señora LÓPEZ ARES: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el pasado 4 abril se aprobó en esta Cámara una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en la que se recogía nuestro compromiso en la lucha contra la morosidad con medidas reales, eficientes y eficaces. Y, señorías, real, eficiente y eficaz ha sido la importante labor legislativa y de gestión desempeñada por el Gobierno con el objeto de romper las cadenas de morosidad pública y privada que en 2011, tras los Gobiernos socialistas, eran causa del cierre de un número importante de empresas, especialmente pymes y autónomos. El primer frente de actuación fue reducir y eliminar la morosidad pública, con un plan específico que contenía medidas coyunturales, que han ayudado a eliminar el stock de facturas, y estructurales, que han sentado las bases para un mejor control reduciendo la morosidad en el pago. Este conjunto de actuaciones ha revertido la situación, y realizo esta afirmación porque nuestro compromiso con la transparencia y el buen Gobierno supone que España sea el único país de la Unión Europea que tiene una publicación oficial de períodos medios de pago de sus administraciones con una metodología uniforme. Pero como ya afirmé en mi pasada intervención sobre esta materia, también es necesario trabajar contra la morosidad privada. En ese sentido, el Gobierno en la Ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo ya incorporó importantes cambios. Señor portavoz de Ciudadanos, no niego que a su partido le preocupe la morosidad, pero le aseguro que al mío la morosidad y sus efectos no solo nos preocupan, sino que nos ocupan desde hace muchos años, incluso antes de que su partido fuese un proyecto. (Aplausos).

Decía al inicio de mi intervención que se necesitaban medidas reales, eficientes y eficaces y, señor Roldán, creo que es posible que los objetivos perseguidos sean los mismos, pero también creo que con esta propuesta se generarán más problemas que soluciones. Por ello anunció el voto afirmativo a la tramitación de esta proposición, pero también plantearemos cambios, casi le diría que necesita una enmienda a la totalidad con texto alternativo. Le voy a explicar por qué digo esto. Derogar expresamente la Ley 15/2010 es una vuelta atrás en derechos adquiridos. Un ejemplo, de aprobarse el plazo de pagos sería el pactado entre las partes. Además, la derogación hace que técnicamente la proposición que nos trae sea en sí misma absurda. En segundo lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular fijaba un régimen sancionador disuasorio y en mi intervención añadí proporcionado y no discriminatorio. Esta proposición hace lo contrario. Le reto a que busque los ejemplos, yo lo he hecho. Incentiva la morosidad, ya que la escala de sanciones junto al régimen de reducción de las mismas hace que salga gratis retrasar una factura de ochenta a ciento veinte días. Es desproporcionado, porque hace que una factura de 100 000 euros lleve asociada una sanción de más de 800 000, y es discriminatorio, porque una factura de una gran empresa de 10 millones de euros con un plazo superior a dos años tendría una sanción del 8 %, mientras que una factura de una pyme o autónomo de 5000 euros durante ciento ochenta días supondría una sanción de, como mínimo, 40 986 euros, un 820 % sobre la factura. Esto discrimina a las pymes y a los autónomos e incluso podría abocarlas al cierre. ¿Es el régimen de sanciones que se plantea la única posibilidad? Nosotros creemos que no. (Rumores). Ya se lo diré, señor portavoz. Y qué decir de los problemas competenciales del régimen sancionador. Señor Roldán, sería necesario que se leyera el artículo 149.1.6.ª y 8.ª de nuestra Constitución y conociera en qué Administración residen las competencias del ámbito mercantil y civil. En tercer lugar, plantea medidas de transparencia cuando en el ámbito de la Administración pública esto ya está regulado con condiciones más estrictas por nuestro Gobierno, y transparencia en el ámbito privado cuando ya está garantizada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Asimismo, falta la memoria económica. ¿Cuál es el coste de los órganos de arbitraje? ¿En qué nivel de la Administración se fija? ¿Cuánto cuesta el Observatorio Estatal de la


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Morosidad? ¿Cuántos recursos habrá que dedicar al buzón de lucha contra la morosidad? Por cierto, ¿harán falta pruebas para denunciar? Señor Roldán, dónde está el punto 125 del acuerdo de investidura firmado por nuestros partidos sobre una Administración eficiente y eficaz que garantice la igualdad de los españoles. ¿Está usted seguro de que con todo lo que se crea en esta proposición no habrá duplicidades, trámites y organismos innecesarios? Podría seguir, pero en siete minutos no caben todos los cambios que deberían realizarse. Solamente déjeme decirle que en esta proposición de ley echamos en falta muchas voces y escuchamos solo una. Echamos en falta los planteamientos de muchas asociaciones y organizaciones empresariales como, por ejemplo, Cepyme. Sin embargo, únicamente defienden la opinión y la presencia expresa de una que, por cierto, en su página web se define a sí misma como lobby ante los partidos políticos.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular cree firmemente en la necesidad de reducir la morosidad que merma la competitividad. Por eso, desde nuestro grupo ofrecemos diálogo y acuerdo para encontrar la mejor normativa. En este sentido, planteamos, en primer lugar, continuar avanzando en la aprobación de las dos leyes de contratos del sector público y, en segundo lugar, trabajar también contra la morosidad privada. Para ello, como ya ha anunciado esta mañana el ministro Montoro, consideramos más eficiente -y aquí están las propuestas, señor Roldán- la posible adopción de medidas fiscales o de otra naturaleza para reducirla, como, por ejemplo, incrementar la información obtenida por la Administración tributaria en relación con los pagos y operaciones respecto de los cuales exista o haya existido morosidad por incumplimiento de los plazos de pago previstos. Esta medida tendría continuidad con la implantación de la facturación electrónica en las empresas y permitiría disponer de información necesaria para tener en cuenta el incumplimiento de los plazos de pago a efectos de la consideración fiscal de los gastos, es decir, en su carácter deducible o no deducible.

En definitiva, señorías, finalizo ofreciendo diálogo para encontrar los cambios normativos reales, eficaces y eficientes que nos permitan alcanzar el objetivo buscado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL SISTEMA DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. (Número de expediente 162/000206).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto II del orden del día, relativo a proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el sistema de becas y ayudas al estudio.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Martínez Seijo.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, esta tarde hablaremos de becas y ayudas al estudio, pero el fondo de este debate es el derecho a la educación, un derecho recogido en la Constitución que conviene recordar. La educación, como derecho constitucional, implica el derecho al estudio, el derecho al aprendizaje. En este sentido, es exigible e imperiosa una política de becas y ayudas al estudio que lo garantice y es necesario vincular la formación, el estudio, la educación y la situación socioeconómica de este país para defender enérgicamente una política de becas y ayudas más justa y adaptada a la situación real de nuestro Estado, a las necesidades reales de miles y miles de familias que desean una educación para sus hijos e hijas. Sin embargo, la situación económica y social que seguimos atravesando dificulta enormemente poder cumplir algo que en este país dábamos por hecho y consolidado.

Bajo la gestión de Mariano Rajoy, en educación hemos retrocedido décadas en igualdad de oportunidades, pasando de ser reconocido nuestro sistema educativo como uno de los de mayor equidad en el mundo a tener un modelo injusto. Los precios públicos de matrícula y el sistema de becas y ayudas al estudio forman un binomio central para la garantía de la igualdad de oportunidades, que ha sufrido una transformación a fondo del sistema universitario español en sus objetivos, forma y principios. El objetivo no es más que reducir el número de universitarios; la subida de tasas, la reducción de la cuantía de becas, el endurecimiento de sus requisitos y la reforma del 3+2 solo buscan que haya menos universitarios y menos oportunidades de alcanzar una formación universitaria. (Rumores).


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La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. Por favor, silencio.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Son muchas las injusticias que han sucedido en política de becas. Este Gobierno ha impuesto, y de una manera desmedida, la devolución de becas a casi 120 000 alumnos en los últimos años. Ustedes son conscientes del esfuerzo que supone para una familia que ha tenido que recurrir a pedir una beca que se le exija su devolución, en algunos casos familias que tienen que llegar a pedir un préstamo para poderlo devolver. Pero hay más problemas. Las ayudas para transporte escolar, comedores escolares o libros de texto, que son necesidades básicas, no están garantizadas. En esto consiste la educación gratuita. Si verdaderamente se creen la igualdad de oportunidades, hagamos política de igualdad de oportunidades educativas, y eso solo es posible con una política de becas diametralmente opuesta a la que el Gobierno está llevando a cabo. No voy a entrar a detallar todas las cifras y los recortes producidos, que son muy importantes, pero les pido, señorías del PP, que no adornen ni maquillen lo que ha sido y es un recorte en toda regla. Solo en becas universitarias ha habido un 6,8 % menos desde el año 2012; en porcentajes detallados, reducciones de casi el 27 % en la cuantía fija por renta; del 41 % para residencia y del 23 % para la beca básica. Con la reducción de las cuantías que han llevado a cabo, el incremento del nivel de vida, la precariedad salarial y la pobreza existente en nuestro país, sobrevivir como estudiante es casi misión imposible. La educación debe recuperar el sentido de ascensor social y, para ello, es fundamental fortalecer, garantizar las becas como derecho e incrementar sus cuantías. Sin duda, el señor Wert pasará a la historia de la educación de este país. Nadie ha hecho más daño a las políticas de progreso e igualdad en educación. Su página de la historia de hoy son las becas y el Real Decreto 609/2013, que se resume en una cuantía variable por nota y que exige al superbecario un rendimiento superior al del resto para poder seguir estudiando. Varios dictámenes del Consejo Escolar del Estado les han dicho que no vayan por esa línea, sobre todo por la inseguridad que se genera en un contexto de dificultades económicas para las familias. Háganles caso, señores del PP, y hágannos caso también a nosotros.

Otra cuestión fundamental que debemos abordar y con urgencia es que se conozca con suficiente antelación la cuantía de la beca concedida y que se ingrese en el momento en que se haga pública su concesión. Insisto en que si un alumno solicita una beca es porque tiene derecho a una beca y ello implica que se sepan las cuantías y que además se ingresen esas cuantías de manera inmediata, y no tengan que esperar meses y meses, llegando incluso hasta el mes de enero o febrero. Y porque sucede esto, señorías, hay muchos alumnos que tienen que renunciar a estudiar y abandonar los estudios ante la imposibilidad de hacer frente a la matrícula, a la residencia, a la manutención e incluso a los libros.

Vayamos a las tasas. ¿Dónde queda la igualdad? Los precios de la matrícula se han incrementado salvajemente en estos años, hasta un 60 %, con una tremenda disparidad entre comunidades autónomas y entre el precio de grado y el de máster. Sin duda, es recomendable mucho más trabajo y coordinación con la Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de Universidades para que haya realismo y realidad, que las tasas sean acordes a los niveles de renta y que las tasas de posgrado sean homologables a las de grado.

Señorías, hemos intentado llegar a un acuerdo con el resto de grupos. No siendo posible un acuerdo global, sí se ha marcado un consenso en principios irrenunciables que avanzan en la recuperación de una política más equitativa de becas y ayudas al estudio.

Finalizo. Son muchos los puntos en esta proposición no de ley que reflejan la política de becas introducida por Wert y con la que el señor Méndez de Vigo parece estar muy satisfecho puesto que no ha cambiado absolutamente nada. Estamos a final de curso, a tiempo de que el real decreto, que está a punto de publicarse, modifique aspectos importantes y vitales para miles de jóvenes en este país. De la educación, de la formación y del estudio depende la calidad de vida y el futuro de nuestros jóvenes. Nosotros creemos y defendemos la igualdad de oportunidades, la educación como ascensor social. Por ello, una política de becas que no deje tirado -repito, tirado- a quien lo necesite es imprescindible; es decir, una auténtica política de becas social, equitativa y con corazón. Y es que, ¿qué podemos decir sobre becas y ayudas? Que cualquier tiempo pasado fue mucho mejor. Simplemente hace falta volver al modelo educativo de becas que había en 2007.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Miquel i Valentí.


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El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenas tardes, señorías. Gracias, presidenta.

Señoría, como hemos comentado, esta iniciativa tiene cosas buenas que compartimos en mi grupo. Usted sabe que fijar criterios objetivos que sean ponderables y que faciliten la previsión a los estudiantes que quieren acceder y que quieren solicitar una beca nos parece un acierto. Nos parece un acierto apostar de nuevo por las becas Erasmus para facilitar el intercambio entre universidades europeas, pero, sobre todo, para que los estudiantes puedan enriquecerse saliendo del país y conociendo otras lenguas y otros modelos de universidad. Nos parece de verdad un acierto, pero a esta iniciativa le faltan cosas, usted lo sabe, lo hemos hablado y hemos intentado corregirlo a través de enmiendas.

En primer lugar, plantear una homogeneización de becas sin tener en cuenta los precios públicos de las universidades nos parecía un error, por eso le hemos planteado una enmienda en ese sentido. Si hablamos de becas, nos parece también un error no hablar de las sentencias del Tribunal Constitucional y de cómo el Estatut de Catalunya recoge que es titularidad de la Generalitat y competencia de la Generalitat la gestión de las becas. Si vamos a hablar de eso y de cómo el Estado gestiona las becas, obviar que hay sentencias del Tribunal Constitucional que ustedes desde el Gobierno se han saltado de forma reiterada para que la Generalitat no gestione las becas nos parece que es obviar cosas importantes. En último lugar, nos parece que le falta orden, nos parece poco preciso hablar de becas sin hablar de modelo universitario. Por eso nuestro voto no puede ser afirmativo pero tampoco va a ser contrario, con lo cual avanzo que nos vamos a abstener en esta iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Estamos ante una iniciativa socialista recurrente solo desde que dejó de gobernar en 2011 el señor Rodríguez Zapatero, y eso que se trata de un aspecto educativo esencial, como es la concesión de becas y ayudas para nuestros estudiantes, un aspecto sin duda mejorable entonces y ahora porque desde el Real Decreto 609/2013 hay margen para hacer posible una política educativa de equidad y de compensación de las desigualdades económicas y sociales. Lo correcto hubiese sido que esta cuestión de las becas se tratase en la subcomisión creada aquí, en el Congreso, a finales de año con el nombre de Pacto de Estado social y político por la educación, que lleva más de cincuenta comparecencias y que se estableció -pensábamos algunos- para alcanzar amplios acuerdos parlamentarios que son de inequívoco interés general. Sin embargo, aquí se trae esta proposición no de ley al margen de ese gran pacto, por lo que nos parece indefendible que el Grupo Socialista busque el atajo con evidente intención de alarde y escaso propósito de utilidad pública. En todo caso, en Foro señalamos que si bien la crisis en esta década ha reducido drásticamente el presupuesto de las becas y ayudas al estudio, a nosotros nos parece que uno de los problemas relativos a su financiación debería estar vinculado a los resultados para garantizar un sistema competitivo y de calidad mediante el acercamiento de los problemas a las necesidades laborales del país.

Hoy, entre otros puntos, también se nos propone eliminar la obligatoriedad de devolución a posteriori de la beca a aquellos alumnos que no hayan superado los créditos exigidos aun cuando su derecho se generara el curso anterior, con lo cual, si un alumno está recibiendo dinero público para su formación, quedaría eximido de rendir cuentas. Es evidente que siempre se pueden hacer excepciones puntuales a enfermedades o situaciones familiares o personales y que queden exentas, pero, con carácter general, en Foro consideramos que las becas tienen que estar condicionadas al esfuerzo del estudiante y al resultado de su formación. Tampoco estamos de acuerdo con el menosprecio a la equidad que se desprende de esta iniciativa, porque las becas no son un derecho adquirido sine die y, por lo tanto, si un alumno en un momento determinado deja de tener problemas económicos debe quedar en idéntica situación que aquellos que no pudieron optar a la beca.

Finalmente, señora presidenta, reitero que un asunto como este de las becas y ayudas al estudio es materia cardinal para abordar y resolver dentro del gran pacto educativo que constantemente vienen reclamando todos los sectores de la sociedad.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.


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La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, presidenta.

Una persona culta es una persona libre, yo creo que eso en esta Cámara lo tenemos bastante claro. La educación es una herramienta para igualar, es una herramienta para conseguir un futuro digno, y la función de las becas es justamente esa, crear igualdad en el acceso a la educación. Por eso todos estos años de recortes se ha atacado directamente a la educación de una manera muy clara, los recortes han sido totalmente ideológicos, los recortes tenían la voluntad de hacer de la educación un privilegio. Y el resto de personas, las que no pueden estudiar, las que no se pueden pagar una carrera universitaria, al saco de la mano de obra barata, al saco de quien no tiene capacidad para quejarse. Esto es como quien tiene dos perros, uno pequeño y otro grande, y pone el cuenco de la comida demasiado alto. El perro pequeño nunca va a poder llegar a comer al mismo nivel que el perro grande. El perro pequeño nunca podrá crecer igual que el perro grande. Ustedes se han empeñado durante todos estos años y siguen empeñándose, señorías del Partido Popular, en poner ese cuenco demasiado alto, siendo muy conscientes de que quien pasa hambre nunca morderá la mano que le da de comer. Por eso no quieren igualar en educación, porque una persona culta es una persona libre. Y tener cultura es algo más que estudiar en valenciano o en castellano, es conocer nuestra historia, es saber que a lo largo de la historia nos han querido tiranizar, como personas y como pueblo. Tener cultura, y por tanto ser libre, es tener herramientas suficientes para saber sumar y entender que con el dinero de las becas han rescatado bancos. Tener cultura es saber que se quedan con los impuestos del País Valencià, que nos financian mal y que al conseller Marzà le toca multiplicar los peces y los panes para poder pagar la educación valenciana. Pero en Compromís lo tenemos claro, el conseller lo tiene claro: hemos venido para hacer políticas valientes, hemos venido para recuperar la sonrisa de las personas sencillas y hemos venido para conseguir, aunque les haga reír (El señor Cantó García del Moral pronuncia palabras que no se perciben), que en el País Valencià haya personas cultas porque queremos personas libres. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, buenas tardes.

El Partido Socialista presenta una proposición no de ley para modificar el sistema actual de becas y volver a ciertas fórmulas que existían antes de que el señor Wert dinamitara algunas cuestiones en este sentido. En cualquier caso, así como algunas de las propuestas que aparecen en esta proposición nos parecen positivas, otras son más controvertidas o entendemos que tienen más miga. No vamos a entrar, evidentemente, en que hay que garantizar el acceso a la educación de la gente que por motivos económicos no puede permitírselo, faltaría más, esa es una de las grandes revoluciones que hemos tenido en los últimos años y es algo que hay que mantener. Si Mandela decía aquello de que la educación es el arma más importante que existe, el acceso a la misma es algo que ya nadie cuestiona en esta Cámara. Por tanto, el tema ya no es qué, sino cómo hay que hacerlo y si la forma que planteamos para hacerlo es la mejor o no. Y en ese sentido decía que hay elementos que son positivos, pero dentro de esta misma proposición no de ley plantean otros que, por muy importantes o loables que sean, hay que tener en cuenta también dónde se localiza eso. Ustedes tienen cierta tendencia a buscar que papá o mamá Estado dé una cobertura cuando precisamente pueden ser otros los competentes en esa materia. Hablan de marco coherente en el conjunto del Estado, pero ¿qué es para ustedes un marco coherente en el conjunto del Estado con las mismas oportunidades para todos? ¿Qué todos se midan por el mismo rasero sobre la base de criterios de Estado o que las comunidades autónomas competentes en materia de educación dejen de tener lo que les compete? Por ejemplo, se puede decir que las becas de Erasmus del Gobierno vasco son todavía mejores que las que plantea. Por tanto, ¿por dónde vamos a rasear?

Me queda poco tiempo. Hemos presentado un enmienda -que, por lo que veo, no va a ser aceptada- por la que instamos al Gobierno a respetar el ámbito competencial que en materia de educación tiene la Comunidad Autónoma del País Vasco, cumpliendo el Real Decreto 1014/1985, de traspaso de funciones y servicios del Estado al País Vasco en materia de universidades, y retirar todos los recursos interpuestos contra el sistema vasco de becas. Eso es lo que solicitamos, porque nos parece que los recursos interpuestos por la Administración del Estado contra el sistema de becas resultan especialmente significativos, además de profundamente preocupantes. Más de 127 000 familias reciben cada año las ayudas que les garantizan una escolarización plena en igualdad de condiciones y los recursos contra las condiciones y los requisitos acordados en Euskadi para el acceso a las becas pretenden, sin duda alguna, cuestionar el sistema vasco


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de financiación e incluso el propio concierto económico. Tras más de treinta años -¡treinta años!- de autogestión, cuando no ha habido ningún problema, cuando el Gobierno nunca ha puesto ningún problema, qué casualidad que ahora va y recurre el sistema vasco de becas. Y a través de recursos judiciales el Gobierno de España pretende homogeneizar el sistema en todo el Estado. Por lo tanto, no caigan ustedes, Grupo Socialista, en esa cuestión. Sean prudentes; no caigan, ellos ya lo han hecho. Como decía, pretenden homogeneizar imponiendo los tipos de becas y las condiciones para acceder a ellas, y pretenden obligar al Gobierno vasco a destinar menos recursos para becas y limitar el número de familias que pueden acceder a ellas. Qué paradoja, ¿verdad? Obligan al Gobierno vasco a que destine menos dinero para becas y eso es algo inadmisible. Quiero señalar que el primero de los recursos ha sido decidido mediante sentencia de diciembre de 2016, y recurrido por el Gobierno vasco en casación así y todo, y resulta muy preocupante la dinámica de requerimientos contra diferentes actuaciones del Gobierno vasco en esta área.

Por lo tanto, señores del Partido Socialista, podríamos hablar mucho de las becas, de los contenidos y de toda esta materia, pero les pido que acepten esta enmienda, y si no lo van a hacer, no sé por qué será, ¿porque creen que el Gobierno vasco no tiene derecho a tener un sistema propio de becas? ¿Porque creen que el Gobierno español tiene razón al recurrir? Explíquennoslo y ya veremos qué hacemos.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Diputadas, diputados, señora presidenta, tenía pensado empezar con una cita, pero después de la intervención de mi compañero Capdevila proponiendo como filósofo del siglo XX a José María García, toda cita palidecía. Por tanto, pasaré directamente a la intervención, primero por la forma en que se nos presenta: una proposición no de ley. Con el tiempo que llevo, entiendo que la proposición no de ley puede ser una advertencia, una denuncia e incluso una recomendación, pero no sirve como instrumento que permita un cambio en las políticas de Gobierno. Incluso se pueden ganar -de hecho, hemos ganado bastantes PNL- y generar expectativas que luego no satisfacemos, con el peligro añadido de que pueden llevar a la ciudadanía a ahondar la distancia entre ellos y esta Cámara. ¿Qué hacer? Sencillo, cambiar el reglamento y todo aquello que impida que se aplique lo acordado. Ya sé que hace cuarenta años que no se ha hecho, pero no estaría de más empezar por aquí.

En buena parte estoy de acuerdo con lo que se dice en la PNL, pero no del todo. No estoy de acuerdo en volver a 2007, porque 2007 también era insatisfactorio. No se habla de Cataluña o, mejor dicho, no se habla de que hay naciones que el Estado no reconoce y que estatutariamente tienen derecho a la gestión de las becas y esto, por lo que parece, no es compartido por el grupo proponente. Creemos y compartimos que el sistema de becas es un instrumento del sistema educativo dirigido a hacer efectivo el derecho a la educación permitiendo el acceso de todos los ciudadanos y ciudadanas a la enseñanza en condiciones de igualdad a través de la compensación de las condiciones socioeconómicas desfavorables que pudieran existir entre ellos. El actual sistema de becas no es así y la involución del Partido Popular lo ha empeorado, pero si hablamos de Cataluña hace más de veinte años que el Estado incumple la ley en materia de ayudas a los estudios. En 1994 el Ministerio de Educación y Ciencia dictó una orden por la cual se convocaban becas y ayudas para los estudios universitarios; este mismo año la Generalitat interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional. Después de siete años -vía habitual, diferente de la exprés para Cataluña-, en 2001, el Tribunal Constitucional reconoció que la titularidad de esta competencia recaía en el Gobierno de la Generalitat. A partir de aquí, la Comisión mixta Estado-Generalitat estuvo trabajando tiempo y tiempo. El Tribunal Constitucional volvió a reconocer en 2007 que esta era materia de gestión de la Generalitat de Catalunya, pero nada ha cambiado -ha empeorado-, y en 2011 la comisión bilateral, que dio nuevo impulso a este tema, se encontró bloqueada de nuevo por el Gobierno español.

Paralelamente, durante más de veinte años los estudiantes catalanes han salido perjudicados. Anualmente los estudiantes que reciben beca en Cataluña están un 20 % por debajo de la media del conjunto del Estado; es decir, 9000 universitarios catalanes han dejado de percibir beca para cursar estudios. Desde el año 2000 hasta la actualidad contamos unas 150 000 becas universitarias menos para los estudiantes catalanes. Hay que conseguir de una vez por todas superar esta situación y sentar las bases de un modelo de becas eficaz. Hay que conseguir de una vez por todas que el Tribunal Constitucional no sea un instrumento político del Gobierno, que curiosamente, siendo el que más exige el cumplimiento de sus sentencias, es el que más las incumple.

Educación y república. Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Martín Llaguno.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Presidenta, señorías, se nos presenta hoy una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre el sistema de becas y ayudas al estudio, y la verdad es que nos sorprende un poco que traigan esta propuesta al Pleno en un momento en que estamos inmersos en el pacto social y político por la educación, del que forma parte la proponente y que creemos que es el foro adecuado para debatir con seriedad, con rigor, sin teatros, cuáles son los mejores modelos de financiación para garantizar la equidad y el acceso a la educación posobligatoria. Yo me malicio que el momento no es casual, que traer el tema aquí y ahora tiene que ver más con querer marcar el territorio -como hacen los animalitos- y con escenificar el nacimiento del neo-PSOE que con una preocupación genuina por la educación. Debe ser que yo soy un poco mal pensada.

Pero, más allá de esta falta de oportunidad -que en este caso para nosotros no es baladí y va a condicionar el sentido de nuestro voto-, tengo que confesarles a los señores del PSOE que coincido plenamente en una cosa: el modelo Wert de becas -el modelo de becas actual- no nos gusta y hay que cambiarlo. Siento decirles, señores del PSOE, que en esto ni ustedes ni yo somos muy originales, porque yo creo que el modelo Wert le gusta a Wert y a nadie más -ni siquiera sé si a Wert le gusta-, porque disgusta a mucha gente, incluidas instituciones, como ha dicho la proponente, como el Consejo Escolar del Estado, que lleva cinco años presentando dictámenes y pidiendo que por favor lo cambien; el último hace apenas dos semanas. Y es que, a pesar de que el PP se empeña en argumentarnos en las comisiones y en las comparecencias que la cuantía que se ha destinado a las becas es la más alta de la historia, la verdad es que nunca la media por estudiante ha sido más baja. Y aunque ustedes, el PP, nos intenten convencer de que son los reyes de la eficacia y de la eficiencia, lo cierto es que, con los cambios, la resolución de las becas se hace en enero y se cobran las becas una vez terminado el curso, con lo cual nadie se puede planificar. Y además para arreglar esto resulta que el ministerio ha dicho que va a crear un simulador para saber cuánto te toca de beca. Conclusión: Nadie sabe la beca que va a tener en el curso siguiente. Lo cierto es que, aunque el PP también ha estado hablando de que su sistema ha sido más proporcional y a nosotros nos gusta que haya una parte fija y una parte variable que premie la excelencia y el trabajo, la verdad es que se han olvidado una cosa muy importante, que es vincular la cuantía de las becas con el coste de la matrícula, y estamos en un sistema donde se produce la paradoja de que te dan una beca con la que no puedes pagar la matrícula para la enseñanza postobligatoria. En definitiva, nosotros pensamos que el modelo Wert ha generado, como decían, un pequeño gran caos que tendremos, más pronto que tarde, que arreglar.

Lo cierto es que hay que darle la vuelta, pero darle la vuelta de otra manera, señores del PSOE. Estando de acuerdo en muchas cuestiones, creo que esto hay que hacerlo con rigor, con análisis y con estudios, y no poniendo parches a determinadas propuestas. Ustedes hablan de una beca a la educación posobligatoria como derecho subjetivo y nosotros en Ciudadanos preferimos decir que el derecho subjetivo es el derecho a la buena educación más que a la beca para la educación. Nosotros preferimos un modelo que asegure que nadie se quede fuera de un sistema educativo excelente por motivos económicos, pero no ponemos límites a las fórmulas, hay distintas fórmulas para hacerlo. Nosotros preferimos que las becas sean suficientes y que combinen la garantía de igualdad con premiar el esfuerzo más que el modelo del café para todos. En definitiva, nosotros en Ciudadanos creemos que nunca una propuesta de becas que plantee en cualquiera de sus aspectos devaluar la educación puede ser admitida por ninguno de los grupos políticos. Más allá de esta cuestión y más allá de la cuestión de fondo, que creo que tendremos oportunidad de debatir en el marco del pacto, insisto en que nosotros nos vamos a abstener porque creemos que no es el momento formal para hacerlo y porque hemos presentado una serie de enmiendas que mejoraban la propuesta y que ustedes no han aceptado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Sánchez Serna.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.

Señorías, tengo que empezar diciendo que comparto buena parte del diagnóstico de la diputada Martínez Seijo. Los recortes practicados por el Partido Popular en materia educativa y, en concreto, en


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materia de concesión de becas y de ayudas al estudio no solo han generado multitud de problemas entre los estudiantes y sus familias, sino que en último término han erosionado fuertemente el artículo 27 de la Constitución, que es el que habla de derecho a la educación.

Sabemos que el Gobierno se pasó la anterior legislatura negando la mayor, negando la reducción tanto del número de becas como su cuantía, pero la realidad otra vez está muy alejada de sus discursos y así lo demuestran los datos: España dedica tres veces menos recursos a becas de lo que dedican los países de la OCDE y así nos lo demuestran muchos de los testimonios que recibimos cada semana; cada semana recibimos correos de estudiantes que se han tenido que poner a trabajar porque bajó la dotación de su beca y ya no les llegaba o que directamente han perdido su derecho a beca. No son casos aislados. Según el sindicato Comisiones Obreras durante los últimos cinco años de crisis más de 85 000 estudiantes han tenido que abandonar sus estudios porque no podían pagar; han tenido que abandonar sus estudios porque no podían pagar, porque no podían hacer frente a la subida de las tasas o porque no había becas suficientes. Por tanto, estamos hablando de 85 000 estudiantes que han perdido su derecho a la educación por su política de recortes, por el maltrato que ustedes realizan sistemáticamente contra la educación y la universidad pública, y por el desprecio que tienen a la igualdad de oportunidades.

Pero esto no queda aquí, no contentos con subir las tasas de matrícula y recortar en becas, el Gobierno del Partido Popular ha trampeado el concepto mismo de beca. ¿Y cómo lo ha hecho? Modificando el tipo de acceso a las becas generales universitarias y estableciendo un sistema que contempla una parte fija y otra variable. Para desconcierto de muchos, esta parte variable se otorga ahora en función de factores tan diversos como el rendimiento académico o el presupuesto que se destina al programa.

Permítanme, señorías del Grupo Popular, que les recuerde algo muy elemental: las becas de carácter general han de ser necesariamente becas de ingreso, no de excelencia y deben estar al servicio de las necesidades de los estudiantes y no que los estudiantes estén a merced de cómo soplan los vientos en los próximos presupuestos. En definitiva, señorías del Grupo Popular, ustedes disminuyeron las ayudas al estudio, rebajaron sus cuantías, modificaron el sistema de acceso y, ahora, ingresan las becas tarde y mal. Pregunten si no con cuántos meses de retraso han llegado las becas generales este año. Ya no es una cuestión de falta de recursos, sino directamente de mala gestión. Ustedes gestionan mal porque se desentienden de lo público, porque en el fondo no les preocupa que a un chaval, que necesita su beca para subsistir, para estudiar, se le ingrese la misma en mayo o en junio. Deben pensar: Que se ponga a trabajar, que con eso se crea empleo.

En este contexto, el Grupo Socialista presenta una proposición no de ley para la mejora del sistema de becas y ayudas al estudio, que fundamentalmente plantea recuperar el sentido de la beca como derecho subjetivo y comenzar a arreglar algunos de los estropicios de estos últimos años. Es difícil no estar de acuerdo con una PNL de estas características, sobre todo cuando el único problema que se le podría señalar es que es muy ambiciosa. Abarca prácticamente todos los problemas actuales de nuestro sistema de becas, aunque se olvida de una cuestión que para nosotros es importante: la financiación, que habrá que abordar en el pacto educativo. En cualquier caso, nos alegramos de que este nuevo PSOE apueste por las becas públicas y cierre el paso definitivamente a los denominados préstamos-renta que puso en marcha el Gobierno de Zapatero, con el resultado de varios miles de endeudados, que parece que quería seguir recuperando la señora Susana Díaz. Así al menos aparecía en su programa. Nos alegramos, pues, de que hayan dejado de transitar ese camino.

Mi grupo, el Grupo Confederal, cree que la política educativa debe estar guiada por el principio de justicia distributiva, destinando los recursos a quienes más lo necesitan, y por eso hemos planteado fundamentalmente dos enmiendas. Por lo que respecta a las becas Erasmus, además de que se recuperen los requisitos anteriores, consideramos que la dotación de esta beca no debe depender solo del país de origen o del país destinatario, sino también de la renta del destinatario. Actualmente, la cuantía de las becas Erasmus -200 o 300 euros más los 100 euros que te dan si tienes la beca general- no es suficiente para la mayoría de los estudiantes y de las familias. Por otra parte, plantean una convocatoria que incluya el pago de la matrícula de posgrado a los licenciados o graduados en situación de desempleo. Pues bien, nosotros proponemos que la gente que no llegue al salario mínimo interprofesional se incluya en esta ayuda.

Voy acabando. Queremos votar a favor de esta proposición no de ley, y digo queremos porque estamos de acuerdo con la letra y el fondo de la misma, pero creemos que si se aceptan las enmiendas del Grupo Ciudadanos, que pretenden eliminar la referencia a la beca como derecho subjetivo e introducir nuevamente las becas-préstamo, se desvirtuaría su sentido y en un país donde, según datos de la OCDE, ha crecido


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un 24 % el impacto del nivel socioeconómico sobre los resultados educativos, apostar por un sistema de becas suficientes y público es una cuestión de justicia social. Por tanto, esperamos que el Grupo Socialista no se deje llevar por los cantos de la 'sirena naranja' y mantenga sus compromisos con la comunidad educativa, y ahí nos encontraremos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Lorenzo Torres.

El señor LORENZO TORRES: Gracias, señora presidenta. (Comienza su intervención en gallego refiriéndose alincendio de Portugal.-Aplausos).

Señorías, yo les estuve escuchando a todos respecto a este tema de las becas y, como a mí siempre me gusta buscar el denominador común, les puedo decir que en muchas cosas estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que la beca es un derecho fundamental, en que las becas de estudios son un derecho subjetivo, un pilar esencial en el Estado del bienestar, que hay que garantizar la equidad y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos en el acceso a la educación, y que el sistema debe ir encaminado a asegurar que todos los estudiantes con talento y voluntad de estudiar pueden hacerlo al margen de su situación socioeconómica.

Hoy ustedes nos presentan una proposición no de ley donde toman una serie de iniciativas, pero hay una que me llama la atención porque en ella quieren mirar para atrás y volver al sistema anterior, al de 2007, incluso al de 2012. Quiero recordar, en relación con este sistema, que cuando llegó el Partido Popular al Gobierno se encontró con que había más de 1000 millones de agujero en el sistema de becas en España y que por supuesto hubo que incrementar la dotación presupuestaria. Claro que hubo que hacer reformas, a veces no del todo queridas, pero sí fueron necesarias para mantener el sistema. Fueron reformas que se basaron sobre todo en el respeto a los umbrales de renta del patrimonio establecidos, a la promoción de la cultura del esfuerzo y por supuesto a adoptar las medidas necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Durante todos estos años ha habido un aumento de las dotaciones presupuestarias para las becas. Ustedes hablan de que ha habido recortes y yo les puedo dar datos objetivos de cuánto era el presupuesto para becas y ayudas al estudio en el año 2012 -con 1168 millones de euros- y en el año 2017 -con 1420 millones de euros-. Esta es la realidad, estos son los datos. Antes hablaba una persona de un perro, de que era muy importante saber si el contenido del cuenco estaba bajo o alto. Lo importante es que el cuenco esté lleno, que haya dinero para las becas. (Aplausos). Eso es lo importante, no que su contenido esté bajo o alto. Si está bajo, lo importante es que habrá que subirlo para ayudar a ese perro a que coma del cuenco. Lo importante es que hay que llenar el cuenco.

No se olviden de que este sistema que hemos hecho estos años, esta apuesta que ha hecho el Partido Popular se hizo en la época de mayor crisis económica y financiera de este país. A punto de ser rescatados nosotros seguimos apostando por la política educativa, por la política de becas y ayudas al estudio. Esto tuvo sus consecuencias; de hecho, aumentó el número de becarios. Si ustedes comparan entre el año 2011 y el año 2016, hay 23 877 becarios más ahora, y esto es gracias a estas políticas. (Rumores.-La señora Martínez Seijo pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí, se han aumentado las ayudas a becas, a los estudios, al material escolar; se han aumentado todas esas ayudas en esos presupuestos que ustedes no votaron a favor. Ustedes vienen, hablan y piden cosas y luego, cuando se presentan estos aumentos presupuestarios para estas partidas, votan en contra. Por eso, también tienen que hacer una reflexión.

Voy a entrar en las propuestas que ustedes hacen, porque sinceramente con algunas no entiendo qué pretenden. Dicen ustedes que hay que establecer criterios claros, objetivos y ponderables. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que no entienden de las becas? Porque yo he entrado en la página web de las becas del ministerio y es muy fácil acceder a una beca y saber cuáles son los requisitos. Si ustedes no lo ven claro, dígannos cómo tenemos que cambiar la norma, no hagan esta afirmación sin aportar nada nuevo.

Por supuesto, me alegro -me hace gracia de que usted quiera volver a lo anterior- de que quieran que se recuperen las becas Séneca. Quiero recordar que estas becas pertenecen a un programa que hizo don Mariano Rajoy, que en su día fue ministro de Educación, hoy presidente del Gobierno. Es verdad que se puede pensar en un futuro en la recuperación de estas becas.

En cuanto al programa Erasmus, ya se han entregado 29 millones de euros para el mismo. España es el país que más contribuye, que más colabora en el mismo. Esta es una realidad que también está ahí y,


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de hecho, el presupuesto total del programa Erasmus -saben ustedes que es europeo- es de 178,2 millones de euros.

En relación con las resoluciones de las becas, piden ustedes que se hagan en menos de tres meses. ¿Y por qué no en uno? Pero, claro, el sistema es el que es. Es verdad que hay un sistema informático y que son muchas las personas que piden becas, pero hay que hacer un estudio de cada becario, de la información que presentan y por supuesto esto lleva un tiempo. De hecho, yo sé que se ha apostado por aligerar los plazos, pero el 68 % cobró la beca antes de navidades y el 98 % cobró la totalidad de la beca antes de febrero. Hay gente que tiene problemas, que tiene que aportar documentación y sufren retrasos, pero las becas se están intentando pagar siempre lo antes posible.

Respecto a los precios públicos, no puedo entrar en todos los temas, pero me gustaría entrar en dos. En cuanto a la evolución de las becas, no sé si las becas deben ir unidas a los rendimientos, porque si también hablamos de derecho podemos hablar de responsabilidades. ¿Para qué queremos la beca? ¿Para ir a la universidad o para mandar a nuestros hijos a estudiar a la Universidad? A lo mejor es lógico, si mandamos a nuestros hijos a estudiar la Universidad, pedir un determinado rendimiento, porque es verdad que hay un esfuerzo de la sociedad española a través de las becas para que estas personas estudien.

Como no tengo mucho tiempo porque veo que la luz se está poniendo en rojo, quiero decirles algo al respecto. Yo creo que esto es muy inoportuno, y permítame que se lo diga de esta manera. Incluso creo que es una deslealtad presentar en este momento esta proposición no de ley, y le digo por qué, porque estamos en la Comisión de Educación, en la cual está usted presente, todos los días trabajando con muchas personas que nos están dando información y estamos entre todos elaborando lo que puede ser el futuro pacto de la educación. Por eso me parece una deslealtad, me parece que es inoportuno, porque es en esa Comisión donde debemos establecer las bases y los criterios para establecer el sistema de becas. Traerlo aquí ahora no lleva a nada, sin embargo, trabajar allí sí. Yo les tiendo a usted y a todos los presentes la mano, porque les aseguro que tenemos todos mucho interés en que salga adelante este pacto por la educación. De hecho, todos los intervinientes que han comparecido en esa Comisión nos han pedido una cosa: por favor, lleguen ustedes a un pacto. Tenemos la obligación de llegar a ese pacto, y la sociedad española que está aquí fuera también quiere ese pacto por la educación. Por eso yo le tiendo la mano a que sigamos todos trabajando por ese pacto por la educación. Oyendo lo que estoy oyendo o lo que oí, le aseguró que, pese a nuestras discrepancias, que las tenemos, es mucho más lo que nos une que lo que nos separa.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Pregunto a la señora Martínez Seijo si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Vamos a presentar una enmienda transaccional a la Mesa.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL IMPULSO DE LA ACTUAL ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD NACIONAL. (Número de expediente 162/000421).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la actual Estrategia de Ciberseguridad Nacional.

Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor González Terol.

El señor GONZÁLEZ TEROL: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, buenas tardes a todos. Hoy nuestro grupo presenta una proposición no de ley para potenciar la actual Estrategia de Ciberseguridad Nacional. La primera pregunta sería: ¿por qué es importante esta iniciativa? (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Pues porque los datos en la información que cada día intercambiamos los ciudadanos, las empresas, las administraciones públicas y los países a través de los entornos digitales, ya sean webs, redes sociales o aplicaciones, y que se almacenan en potentes servidores y en muchos casos incluso en la nube, suponen un movimiento de 2,5 quintillones de bytes al día. Garantizar que los miles de millones de datos personales, bancarios, fiscales, laborales, sanitarios, educativos, militares, y un larguísimo etcétera que diariamente circulan por este ciberespacio estén seguros y no sean utilizados al margen de las intenciones de los ciudadanos o no


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puedan ser utilizados de manera inadecuada, es uno de los desafíos principales que tenemos los responsables públicos en materia de seguridad. Ello es así porque hoy muchos delincuentes han decidido que el mundo virtual sea una nueva y rentable oportunidad de negocio y, siendo una sociedad cada vez más digitalizada, muchos quieren utilizar estas nuevas tecnologías para seguir cometiendo los llamados delitos analógicos, como el tráfico de drogas, la venta de armas o la extorsión.

Según algunos estudios, el impacto económico de la ciberdelincuencia es cada vez mayor, incluso triplica el del narcotráfico, y en algunos países de la Unión Europea los ciberdelitos ya superan a los llamados delitos tradicionales. Todos estos datos son para ponernos en situación de la necesidad de afrontar y potenciar aún más si cabe la Estrategia de Ciberseguridad. Así, en el año 2013, el Gobierno del Partido Popular aprobó la primera Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Como prioridad se marcó lograr de España un lugar seguro donde los sistemas de información y telecomunicaciones pudieran tener una fortaleza y una capacidad de prevención, defensa, detección y respuesta a los ciberataques. Ese mismo año se creó el Consejo Nacional de Ciberseguridad dependiente del CNI, dicho consejo reúne -y reunía entonces- a representantes prácticamente de todos los ministerios y coordinaba diferentes centros dispuestos a dar respuesta a incidentes relativos a la ciberseguridad. Algunos de los organismos implicados son: el Mando Conjunto de Ciberdefensa, dependiente del Ministerio de Defensa, el Centro Criptológico Nacional, adscrito al CNI, o el Certsi de Seguridad de Industria, operado por el Incibe, que depende del Ministerio de Energía y coordinado con el Ministerio del Interior. Este es un punto en el que la PNL quiere incidir especialmente no solo con la necesaria coordinación entre ministerios y organismos públicos, sino también la necesaria coordinación con organismos internacionales.

A partir de ese momento, con la Estrategia Nacional de Ciberseguridad se pusieron en marcha un montón de planes y actuaciones que obviamente no son estáticos y que han dado sus resultados. Así, en el periodo 2015-2016, el Centro Criptológico Nacional gestionó casi 40 000 ciberincidentes, frente a los 11 262 del periodo 2012-2013. Y, si analizamos el año 2016, el CERT de Seguridad gestionó 115 257 incidentes de seguridad, 479 de ellos considerados en operadores críticos, frente a los 58 000 incidentes ya detectados en este año 2017. Estos datos ponen de manifiesto que ante una amenaza cada vez más creciente nuestro país ya ha dado respuestas certeras, respuestas rápidas a este problema, como digo, cada vez mayor. Obviamente se ha trabajado en la sensibilización, en la protección y en la formación de ciudadanos y empresas, pero esta proposición no de ley pretende ahondar precisamente en esas políticas de protección e información. Algunos de los departamentos del Gobierno, como el Incibe, solo en el año 2016 ya fue declarado Safer Internet Centre en España; y el 7 de febrero, por ejemplo, lanzó una iniciativa muy interesante: Internet Segura For Kids, pensada especialmente para lanzar campañas de divulgación y otras iniciativas como una línea de ayuda para apoyar precisamente a los más jóvenes y a sus padres en la utilización de Internet segura.

Asimismo, se han desarrollado múltiples herramientas y tecnologías por las Fuerzas de Seguridad del Estado tales como el sistema AntiBotnet, con el que se pretende defender redes de ordenadores comprometidos o la Plataforma "Ícaro" para el intercambio de amenazas, que ayudó a prevenir precisamente el ciberataque del denominado virus WannaCry; fue una alerta temprana que funcionó durante este año, dentro de las 450 ciberamenazas críticas que ya han ocurrido, como digo, en el ejercicio 2017, y otras iniciativas, por ejemplo, la Plataforma "Helios" que sirve, dentro de distintas herramientas de investigación de ciberdelitos, para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Creemos que hay que seguir potenciando todas esas medidas y, por eso, hemos presentado esta proposición no de ley, que se centra en distintos puntos, enriquecidos por cierto por iniciativas de grupos políticos como el Grupo Socialista, Foro o Ciudadanos, que han ayudado a profundizar en la necesidad de esta estrategia nacional con puntos como desarrollar programas de formación para los responsables de tecnología de información y comunicación; desarrollar mecanismos y programas necesarios para reforzar la seguridad en empresas, ciudadanos e infraestructuras críticas; mejorar los procedimientos y protocolos de intercambio de información relevante entre los distintos organismos y centros responsables, para prevenir también otros ciberdelitos y ataques como el WannaCry, o desarrollar programas de concienciación en la ciberseguridad, como hemos hecho a través del Incibe, sin renunciar a la capacitación y la captación de personal que incluso haya actuado como hacker en el pasado y que pueda formar parte de ese cuerpo de ciberdefensa que nosotros también entendemos importante. También deseamos extender y ampliar los programas y ayudas de captación de talento e investigación avanzada y potenciar la industria nacional de seguridad y defensa de las TIC, creando esa demanda temprana para las empresas de nuestro país. Por supuesto, también, hay que potenciar el desarrollo del marco legal español sobre


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ciberseguridad, algo que ya ha avanzado el Ministerio de la Presidencia al trabajar con el Ministerio de Justicia, y que en nuestro grupo parlamentario creemos que debemos seguir impulsando desde el Parlamento de la nación.

Obviamente, sin una cooperación y una promoción de la cooperación internacional en materia de ciberseguridad, esta proposición no de ley quedaría coja, y por eso hemos querido hacer un énfasis importante en esta materia. Puesto que hoy en día la sociedad nos demanda una respuesta inmediata a este tipo de problemas, nuestro grupo parlamentario entiende que el resto de grupos igualmente lo considerará interesante, así como nosotros hemos considerado las aportaciones políticas que han hecho a este texto que con humildad sometemos a la votación de este Pleno.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor González Terol.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene, en primer lugar, el Grupo Mixto, que también fijará posición.

Tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Presenta el Grupo Popular una iniciativa para potenciar nuestra Estrategia de Ciberseguridad Nacional, que es una materia de absoluta y permanente prioridad en las agendas de todos los Gobiernos y que, como hemos tenido oportunidad de comprobar hace tres semanas -cuando se puso en jaque simultáneamente a Estados y empresas en medio mundo con un gigantesco bloqueo informático-, exige una continua alerta y preparación ante el creciente aumento de hackeos y de maquinaciones tecnológicas que tratan de poner en gravísimos aprietos al sistema mundial. Tal y como se refleja en el último Informe anual de seguridad nacional, dentro del apartado de ciberseguridad, en el pasado 2016 España fue objeto de un mayor y creciente número de ataques, amenazas y extorsiones contra los sistemas de información de las administraciones públicas, de las empresas privadas y también contra las personas, todo ello con impactos económicos y daños a la reputación o a la privacidad de empresas, administraciones y ciudadanía. En las conclusiones del IV Informe anual se reconoce que el entorno global de seguridad se encuentra en un proceso de cambio continuo a velocidad sin precedentes en el que aparecen riesgos y amenazas de nuevo perfil que se retroalimentan y que afectan al Estado y al ciudadano.

Señorías, hemos enmendado la PNL para que recoja lo que también es una creciente preocupación en las democracias más avanzadas, la necesidad de incrementar la protección de los procesos electorales para evitar su distorsión. Están aún muy recientes las dudas vertidas sobre varios procesos en otros países -el caso de Estados Unidos es el más relevante- con acusaciones de intervenciones para socavar la imagen del proceso, denigrar la imagen y la campaña de algunos candidatos y, en definitiva, condicionar el desarrollo de la campaña electoral y su resultado, incluso con intento de infiltraciones en el proceso de recuento. Creemos que en las actuaciones concretas y líneas de acción previstas en el plan y en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad que se plasman en el desarrollo de diversos planes derivados, habría que incorporar un plan de ciberseguridad específico en materia electoral, y de ahí nuestra enmienda que el portavoz del Grupo Popular ya me ha anunciado que la van a incorporar y se lo agradezco.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Mixto también tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, economía procesal, y vayamos al objeto de esta iniciativa. Sí a lo que plantea el Partido Popular, pero lo que plantea el Partido Popular tiene algunas lagunas muy importantes. En una proposición no de ley extensa, de tres páginas, no hay ni una sola referencia a lo que implica la protección de la ciberseguridad y las competencias de las comunidades autónomas. Señorías, si hablamos de seguridad nos tenemos que preguntar si la salud y la sanidad son competencias autonómicas y las bases de datos de la sanidad también tienen que ser protegidas con las medidas que se contemplan en esta iniciativa. Sobre seguridad pública para algunas comunidades -después haré referencia-, educación, comercio, turismo, ni una referencia en la iniciativa del Partido Popular a la necesidad de la colaboración entre administraciones y las comunidades autónomas que tienen desarrollados también los instrumentos al respecto. Concretamente, en Cataluña existe el Cesicat, que es el embrión de la futura agencia de


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ciberseguridad; en estos momentos se está tramitando el proyecto de ley de creación de esta agencia de ciberseguridad.

Una vez más, el Partido Popular, el Gobierno del grupo de la mayoría, expresan una alta insensibilidad en la coordinación entre administraciones por un tema que no puede ser objeto de condicionalidad por el momento político que se esté viviendo en un lugar u otro. Esto es lo que pasa con la no convocatoria de la Junta de Seguridad, y esto es lo que pasa especialmente con la decisión de no permitir a los Mossos d´Esquadra, Policía de Cataluña, el acceso directo a las bases de datos de la policía a nivel europeo. La Policía del País Vasco, muy acertadamente, tiene este acceso directo y los Mossos d´Esquadra tienen que continuar con la sala de coordinación. Esto es simplemente una decisión arbitraria, de castigo del Ministerio del Interior y del Gobierno hacia la Generalitat de Catalunya, lo que quiere decir, hacia la seguridad de los ciudadanos de Cataluña.

Señorías, en una comunidad y en un país con un nivel de alerta 4 sobre 5 no se puede mercadear ni condicionar los elementos de la seguridad en función de la mayor o menor proximidad política a algunos grupos o a algunos Gobiernos. Señorías, no se puede jugar con estos aspectos y nos parece indecente que ustedes utilicen y condicionen aspectos de seguridad en función de la sintonía, pues implica una falta de lealtad clarísima con el Gobierno de la Generalitat. Ni tan si quiera se nos ha contactado para incorporar esta enmienda, por lo que nos es muy difícil votar a favor de esta iniciativa.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Seré muy breve.

Señor presidente, quiero agradecer al señor Terol esta iniciativa, que considero necesaria y urgente porque es necesario tener una estrategia en un tema tan capital, ya que estamos afrontando una auténtica revolución, un salto civilizatorio, se podría decir. Es obvio que la era digital plantea muchos problemas, muchos de ellos inéditos, es decir, aprendemos de ella y aprendemos con ella. Creo que no somos conscientes de que ni siquiera solos podemos ser capaces de solucionar todos los problemas y todas las derivadas que tienen. Por tanto, hay que crear una comunidad de inteligencia y una comunidad de estrategia para afrontar, como digo, todas las derivadas que la revolución digital tiene; es verdad que al final estamos hablando de comunicarnos mejor, o no, que diría Rajoy. Creo que esta revolución incuba dos contradicciones. Una, que tanta información, tanta tecnología nos aísla muchas veces del mundo real, del mundo tradicional, incluso pasa con nuestros hijos, y es una reflexión que tendríamos que hacer. Dos, otra paradoja, y es que a más información, nos hacemos más vulnerables, por lo que efectivamente es necesaria esa estrategia.

La pregunta es: ¿Hasta qué punto es razonable que otras administraciones sepan de nosotros y tengan control sobre nuestra propia intimidad, sobre nuestros derechos, etcétera? ¿Dónde están las barreras que fijan los límites de la información que otros tienen que saber y que otros tienen que garantizar? Por tanto, son muchas preguntas sobre las amenazas reales a nuestros derechos, los desafíos de la gestión de estos nuevos canales, así como los riesgos a los ataques y algunas infraestructuras críticas. Por eso, me parece acertado y se requiere para todo ello una estrategia: conocer el medio, concienciarnos de la importancia de esta revolución, educar en el buen uso de la tecnología, facilitar una regulación que afecte a todas las derivadas, prevención, protección y garantizar, desde luego, la seguridad.

Por otro lado, es verdad que deberíamos hablar -yo no tengo tiempo- sobre el reto digital como un desafío y una oportunidad para nuestra industria. En todo caso, yo haría una mínima sugerencia, y es que intentemos desideologizar las soluciones que le podamos dar, no nos vaya a pasar como a las liebres de la fábula que, pensando si eran galgos o podencos, al final se vieron pilladas por los perros que les iban a cazar.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Salvador García.

El señor SALVADOR GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, a todos ustedes les suena la Vía Apia construida en el año 312 a.C., la calzada romana que llegó a tener más de 100 000 kilómetros de extensión, configurando una gran red por donde circulaban las


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mercancías y por tanto el comercio; una vía de comunicación que servía también para el traslado de las tropas del Imperio romano. En el siglo XIII las rutas de navegación tuvieron con las cartas portulanas la capacidad para poder transitar a través del mar y establecer una serie de vías de comunicación que posteriormente se ampliaron con las cartas de navegación, especialmente en los siglos XV y XVI. Hoy, cuando hablamos de Internet, muchas veces da la sensación de que estamos hablando de un videojuego, y cuando se habla de lo digital, parece que es algo un poco ajeno a nosotros. Pero si vemos que 315 millones de europeos se comunican y se conectan a Internet diariamente; si vemos que nuestras ciudades están tendiendo a ser smart cities, ciudades inteligentes, para prestar todos los servicios y satisfacer todas las necesidades que tienen los ciudadanos -incluso para la prestación desde las instituciones de dichos servicios-; si nos damos cuenta de que buena parte de la vida, del ocio, del comercio, de nuestro poder energético, etcétera, está metido dentro de la red, con esta estrategia de ciberseguridad se trata de preservar todas esas oportunidades que nos da ese mundo. Igual que en la calzada romana o en las rutas de navegación había asaltantes que trataban de impedir el progreso o coger lo que no era suyo y tenían que existir medidas de seguridad, hoy en día también hace falta que nos tomemos muy en serio la seguridad, porque eso es lo que garantizará la calidad de vida de los ciudadanos y también el progreso. Además, con las cifras que se han dado, es algo que hace un daño a la sociedad que puede ser irreparable. Cuando hablamos de la parte negativa, de los malos, podemos decir que se ha producido un incremento de las amenazas y de los ataques con actos intrusivos en equipos y en dispositivos que son vulnerables: virus, robos, sabotajes, extorsión, acoso... Por ello, hay que intentar buscar la normativa necesaria, pero también estrategias para poder acabar con todo esto. Cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de ciberamenazas en general contra infraestructuras críticas, operadores estratégicos y sectores como el energético, el financiero y el comercio, pero también estamos hablando de ciberdelincuencia o de ciberterrorismo. Todos hemos visto la capacidad que existe para la financiación, captación, propaganda, información, radicalización, formación y coordinación por parte de los terroristas. Ese es el reto que tenemos en este momento. Las amenazas evolucionan rápido y las respuestas lo tienen que hacer de igual manera. Todo lo que invirtamos en este sentido será positivo para el conjunto de la sociedad.

El 12 de mayo de 2017 cerca de 230 000 ordenadores o equipos fueron infectados en todo el planeta, donde se produjeron accesos a más de 100 países y donde se pedían 300 dólares para evitarlo. Solamente aquellos ordenadores que estaban actualizados a nivel de protección o debidamente compartimentados dentro de una estrategia fueron capaces de evitar esa amenaza. ¿Qué quiere decir esto? Que si actuamos con prevención, si tenemos una buena estrategia y la llevamos adelante, seremos capaces de anular parte de esos riesgos a los que estamos sometidos como sociedad. Tenemos el Centro Tecnológico de Seguridad, el Centro Nacional de Protección de las Infraestructuras... Tenemos muchos mecanismos para poder abordar todo esto. Alguien del PDeCAT decía que en esta estrategia no se habían tenido en cuenta a las comunidades autónomas. No es verdad. Precisamente las comunidades autónomas tienen que obtener los certificados para garantizar que su educación, su sanidad, sus administraciones e instituciones, dentro de la estrategia nacional, están certificadas y, por tanto, cumplen los estándares de calidad. No es un tema que tenga que sacarse fuera. En Ciudadanos estamos de acuerdo con la última intervención que se ha producido en el sentido de que este no es un tema ideológico, sino un tema en el que nos va buena parte de lo que hoy está considerado como nuestra vida, por eso hemos añadido una enmienda en la que pedimos que esto se trate desde el concepto de pacto de Estado por la ciberseguridad, porque, repito, no estamos hablando de un videojuego, estamos hablando de garantizar la seguridad en Internet a nuestras empresas, a nuestros ciudadanos, a nuestras administraciones y, por tanto, de mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Díaz Pérez.

La señora DÍAZ PÉREZ: Buenas tardes.

Es difícil no defender o no apoyar la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, el problema, señor Terol, es que ustedes vienen de un debate presupuestario en el que han rechazado las enmiendas que en esta materia formulaba el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, enmiendas que justo atacaban la raíz de este problema, pero que, insisto, fueron despreciadas vilmente por ustedes. Hemos estudiado su iniciativa con atención y, si me permiten, sin ánimo de ser descortés, la verdad es que está


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plagada de lugares comunes, incluso nos atreveríamos a decir que poco menos que de propuestas que van leyendo en la prensa y que a modo de corta y pega van colocando en la misma. Hablar de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional, para nuestro grupo, es hablar de las siete enmiendas que les hemos formulado y que el Gobierno y ustedes mismos nos acaban de comunicar que no aceptan. Nosotros creemos que para hablar de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional de lo primero que debemos hablar es de soberanía tecnológica. Por eso, en esas siete enmiendas -para que vean ustedes que no somos sospechosos de nada extraño- nos hemos apoyado en tres países o en tres formulaciones que nos parecen relevantes. En primer lugar, las recomendaciones que hace el Gobierno alemán a través del BDI, la Asociación de la Industria Alemana; en segundo lugar, la Ley General de Telecomunicaciones alemana, en particular su artículo 113, apartado b); y en tercer lugar, del departamento de defensa de Norteamérica, que no debe ser demasiado sospechoso de ser peligroso ni de hacer cosas extrañas.

Señores y señoras del Partido Popular, cuando hablamos de soberanía tecnológica estamos diciendo que queremos tener la disponibilidad y el control sobre la tecnología, algo fundamental, lo que queremos decir es que no queremos subordinarnos a la tecnología alemana ni a la francesa. Nos preguntamos por qué ustedes están empeñados en que sigamos comprando aparataje a la tecnología francesa o alemana. Esta es una pregunta que nos hacemos y que también se la hace la industria española. ¿Por qué no quieren ustedes invertir en la investigación científica? Antes habló del Centro Criptológico Nacional. ¿Por qué no quieren invertir y ser líderes en criptología? ¿Por qué razón, señoras y señores del Partido Popular? ¿Por qué no aceptan esta enmienda del Grupo Confederal de Unidos Podemos? La verdad es que nos quedamos perplejos. Salvo que ustedes cobren mordidas por las compras de los aparatajes... (Rumores). Sí, sí no se pongan así. (Aplausos). Si ustedes siguen comprando aparatajes a la tecnología extranjera, alguna razón tendrán.

Les formulamos siete enmiendas. La primera de ellas está inspirada en el Gobierno alemán. Nuestro grupo entiende que los datos que tienen que ver con las infraestructuras críticas deben permanecer y estar alojados en nuestro país (El señor Martínez-Maillo Toribio pronuncia palabras que no se perciben) -señor Maíllo, tranquilo-, exactamente igual que hacen Alemania y Francia (Aplausos), exactamente igual que ellos. Queremos también que los operadores que manejan el tráfico de datos, como hace la ley General de Telecomunicaciones alemana, por lo menos durante seis meses estén alojados en nuestro país. Asimismo, tener el listado, la clasificación de las infraestructuras que creemos que son clave, nos parece elemental. Nos parece también fundamental, como he dicho antes, que incrementemos el porcentaje en investigación justo en materia de criptología. Nos parece elemental que defendamos a nuestra gente. ¿Por qué razón cuando un ciudadano o una ciudadana española tiene un pleito con Google tiene que pleitear bajo la dependencia o los foros de los tribunales norteamericanos? Esta enmienda es muy sensata y nosotros creemos que ustedes, señores patriotas del Partido Popular, deberían defender la soberanía de nuestro país. (Aplausos). Por eso no entendemos por qué razón no aceptan nuestras enmiendas.

Termino ya, porque me queda poco tiempo. También queremos algo fundamental de lo que hemos hablado muchas veces. Queremos un mercado nacional acorde a la economía que representa España, un mercado nacional en materia de TIC para todas las administraciones públicas, las fundamentales, que parece que a todas luces serían defensa, infraestructuras de comunicación y todo lo que tiene que ver con la sanidad. Para eso, señores y señoras del Partido Popular, necesitamos, obviamente, un Estado emprendedor. Esto no es nada revolucionario, es planificar la economía en nuestro país y, algo fundamental, planificar la posesión de nuestros datos. Por tanto, señores y señoras del Partido Popular, como no aceptan ninguna de estas enmiendas -insisto en que no sabemos por qué-, no vamos a compartir su iniciativa. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Díaz.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cantera de Castro.

La señora CANTERA DE CASTRO: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes.

Escuchando la interlocución anterior, yo pensaba que veníamos a hablar de ciberseguridad y no de otras cuestiones. Si les pregunto a sus señorías cuántos días han pasado en los últimos años sin televisión, sin teléfono -móvil o fijo-, sin tablet, ordenador, coche con sistema digital, impresoras, escáneres, GPS, Internet, etcétera, seguro que la mayoría me dirían que no más de diez días, y quizá nos estemos pasando. Si por añadidura nos trasladamos a las administraciones públicas y empresas privadas, nos daremos cuenta que en la actualidad nuestro mundo real y virtual están interconectados


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mediante sistemas de telecomunicaciones e información. Pedimos hamburguesas por Internet con la misma facilidad con la que hacemos transferencias bancarias, intercambiamos correos electrónicos o hacemos telemedicina con la Antártida. A través de estos sistemas corren a diario varios quintillones de bytes, datos de toda índole -económicos, médicos, financieros, de servicios de televisión y audio-; datos que se intercambian entre los diferentes equipos de usuarios, servidores de datos -switchs, routers, hubs-, usando protocolos de comunicaciones diversos, en algunos casos cifrados y encriptados y otros en claro. En definitiva, datos que aportan información, la cual, una vez tratada, se convierte en inteligencia al alcance de cualquier persona o entidad con capacidad, herramientas y tiempo suficiente como para hacer de esta capacidad de comunicación lo que quiera. Ciberterrorismo, ciberdelincuencia con distribución de pornografía infantil, trata de blancas, venta de armas, estupefacientes, ciberacoso, ciberamenaza, ciberataque, ciberdefensa, ciberguerra... Ciber por todos los lados. ¡Caray, hasta tenemos ciber en nuestras cafeteras!

La interdependencia del mundo actual de la tecnología nos ha llevado al extremo de que sin ella habría un caos. La infraestructura tecnológica es la columna dorsal de las ciudades. Su vulnerabilidad puede llevarlas al colapso y poner en riesgo la vida de los ciudadanos. Por tanto, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de seguridad nacional. Recientemente, en Inglaterra, dieciséis hospitales se han visto colapsados por no poder acceder a expedientes médicos ni realizar operaciones o análisis clínicos, con el daño consecuente para los pacientes, que en algunos casos estaban en situaciones críticas. Otro ejemplo puede ser el de una compañía aérea que mantuvo colapsado el aeropuerto de Heathrow al sufrir un problema desconocido en sus ordenadores centrales. En la ciudad de Chicago, Illinois, sus 2,72 millones de habitantes estuvieron sin poder consumir agua por un ataque a su sistema de distribución. Más de 225 000 personas sin luz por un ciberataque a diferentes empresas eléctricas ucranianas. El virus WannaCry, del que seguramente todas sus señorías hayan oído hablar porque ya se ha mencionado en esta tribuna, atacó desde empresas de servicios de telecomunicaciones, como Telefónica, hasta pequeños usuarios a lo largo de multitud de países. Otro ejemplo son las recientes injerencias en las elecciones de Estados Unidos, sin olvidarnos de las filtraciones de Wikileaks. Todos estos ejemplos ponen de manifiesto que vivimos permanentemente bajo la ciberamenaza. Ningún país, y menos España, deben obviarlo en su estrategia de ciberseguridad. El ciberespacio debe ser concebido desde un punto de vista holístico. Por ello, hay que conectar el mundo de la ciberseguridad con otros ámbitos de la seguridad nacional en todos sus niveles: físico, lógico y social. Si bien siguen siendo las personas uno de los factores de riesgo, estas ya no deben situarse en el centro de las políticas de seguridad. Los nuevos tiempos están colocando en el centro el paradigma del Internet de las cosas, lo que ha hecho surgir multiplicidad de identidades digitales que acentúan los riesgos de ser atacados. Las respuestas de los expertos para mitigar las consecuencias que implica este nuevo escenario pasan; primero, por la necesidad de contar con un régimen sancionador, con una legislación; segundo, desarrollar unas nuevas capacidades de vigilancia avanzada; y, tercero, el tan manido concepto del aumento de inversiones en ciberseguridad, destacando las inversiones en seguridad lógica y esto, señorías, requiere dinero. España, al igual que otros países, es vulnerable, y podríamos establecer que sus principales amenazas se centran en el ciberespacio, en el ciberespionaje, el ciberdelito, el hacktivismo concebido en su sentido malicioso, y el ciberterrorismo, en ocasiones financiado y soportado por la delincuencia.

Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, España debe ponerse a la vanguardia de lo que es el desarrollo de una estrategia nacional en cuanto al ciberterrorismo y a la ciberdefensa. Actualmente, en España tenemos una carencia de más de seis mil personas formadas dentro de la ciberdefensa. Por ello, consideramos oportuna la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Popular, pero creemos que queda un poco escasa y por eso hemos añadido una enmienda en cuanto a la formación de especialistas en este tipo de cuestiones. Como nos han transmitido que van a admitir nuestra enmienda, vamos a apoyar esta proposición no de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Cantera.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Se nos trae a debate una proposición no de ley que insta al Gobierno para que persevere en una serie de líneas de acción que actualmente desarrolla respecto a la ciberseguridad. Realmente, no sabemos por


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qué el Grupo Popular nos trae ahora esta iniciativa, pues pudiera parecer que el Gobierno hubiera desfallecido en el empeño, cosa que no creemos que piense el Partido Popular por motivos obvios. Por ello, solo nos queda considerar que estamos ante una iniciativa del Grupo Popular cuyo objetivo es, simplemente, autopromocional: poner de manifiesto su interés, genuino y singular sobre la ciberseguridad, incluso instando al Gobierno de manera impostada para que potencie su actividad en este ámbito de preocupación y ocupación global. Lo dicho, en cualquier caso, no ha de ser óbice para que el Grupo Parlamentario Vasco no muestre su preocupación y empeño por colaborar y cooperar en una circunstancia que nos atañe, tanto por amenaza y oportunidad como por la afección a los individuos, las empresas y las instituciones en su dimensión local, regional y global.

En fechas recientes, como ustedes ya conocen, esta preocupación va tomando cuerpo institucional y el Gobierno vasco, siguiendo tendencias internacionales, trabaja en la creación de un centro vasco de ciberseguridad para que sea un nodo de respuesta a incidentes de seguridad informática, un CERT, para conectarlo a la red global de CERT, públicos y privados, extendidos por todo el mundo, porque una amenaza en red debe tener una respuesta en red.

Señorías, como es de todos conocido y ponen de manifiesto los informes de seguridad que se remiten anualmente a esta Cámara, el ciberespacio se ha convertido en un ámbito estratégico de primera importancia y su protección resulta también estratégica. Es un ámbito estratégico para particulares, empresas e instituciones -como ya he dicho- a nivel local, estatal, regional y global. Esta dimensión estratégica resulta del crecimiento exponencial del uso de sistemas de información y comunicaciones en todos los ámbitos, causa y consecuencia de la globalización de la economía, así como de la creciente sofisticación tecnológica y operativa. Consecuencia de todo ello es el aumento de la vulnerabilidad, lo que nos enfrenta a desafíos múltiples. Así, la actividad delictiva a través de la red es cada vez más frecuente y difícil de combatir, y también las manifestaciones delictivas a las que nos enfrentamos son cada vez más graves. El ciberterrorismo, el crimen organizado y el espionaje institucional o industrial, comercial o financiero encuentran vehículo a través de la red profunda, y a ello habrían de sumarse los ataques con herramientas avanzadas que producen altos impactos globales contra activos de organizaciones de todo tipo, como los que tan recientemente hemos sufrido.

Frente a estos desafíos, hemos de responder con la disposición de los recursos necesarios, la coordinación de esfuerzos y capacidades -tanto público-públicos como público-privados-, la concienciación de la sociedad, la promoción de la competitividad, de la industria, de la ciberseguridad, así como la formación de profesionales y la investigación e innovación para prevenir, neutralizar, responder y recuperarse ante los ciberataques, cuyas finalidades son también múltiples y variadas: la delincuencia en sí misma considerada, la obtención de información estratégica, la manipulación de información para influir en la opinión pública -la campaña electoral de Estados Unidos nos da la dimensión del problema-, el desprestigio de instituciones, personas y países o los ataques disruptivos a servicios esenciales. La preocupación internacional, regional y estatal sobre la ciberseguridad, a fin de garantizar un espacio seguro y abierto, no es reciente. Así, cabe mencionar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas; la OSCE; la OTAN, que en la Cumbre de Varsovia ha reconocido el ciberespacio como el quinto dominio de las operaciones militares; Europol e Interpol, con sus centros respectivos de cibercrimen, y el Consejo de Europa. Especial relevancia adquiere la Directiva NIS sobre seguridad de las redes y sistema de información en la Unión, aprobada en julio del año pasado y que debe ser traspuesta antes de mayo del año que viene. En ella se establece un nivel común de seguridad de redes y sistemas en la Unión, tanto en las estructuras estatales como en las instituciones europeas que abarcan los aspectos ya referidos. Medidas estas que, de alguna manera, son equivalentes a las que a nivel estatal se han puesto en pie a través de los nueve planes de ciberseguridad que desarrollan la Estrategia de Ciberseguridad, aprobada en 2013.

Voy finalizando, presidente. Daremos nuestro apoyo, como ya he dicho al principio de mi intervención, a la iniciativa que se nos presenta, a pesar de que no aporta nada nuevo, más allá del autobombo, e indicamos al Grupo Parlamentario Popular que en materia tan sensible no convienen este tipo de iniciativas que solo buscan la autopropaganda, en contra del esfuerzo conjunto que ya se está realizando respecto a la ciberseguridad.

Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.


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El señor OLÒRIZ SERRA: Diputades, diputats, señor presidente, somos críticos con la estrategia de ciberseguridad española y con el contenido de esta proposición no de ley. A pesar de que la seguridad del ciberespacio es de carácter global, cualquier posible solución para cubrir los riesgos a los que está sometida es siempre parcial y local. En consecuencia, si la solución es que su implementación ha de ser segmentada y distribuida, tendrá una mayor dificultad para acometer todos los retos a los que se enfrentan si se centralizan inadecuadamente. A la hora de implementar los planes y programas relacionados con ciberseguridad se ha de trabajar en red. Trabajar en red es apoyarse en un modelo común, pero no centralista, de gobernanza del ciberespacio, ponerse de acuerdo y fomentar mecanismos inclusivos que permitan la integración de los múltiples agentes relacionados con la ciberseguridad, evitando así esfuerzos disyuntivos y racionalizando las inversiones realizadas, el apoyo de las industrias propias, especialmente las pymes, para que se mantengan siempre a la vanguardia tecnológica y que los programas estatales de ciberseguridad sean unos mecanismos que posibiliten facilitar esta tarea. De hecho, gracias a estos programas, algunos países como Francia y Reino Unido están consiguiendo situar a sus empresas, no solo grandes empresas sino sobre todo pymes, del sector de la ciberseguridad como grandes proveedores de servicios y productos a nivel mundial. Por cierto, Esther, de mi grupo, me recordaba que, sin ir más lejos, ni mucho menos al siglo IV antes de Cristo, el catalán es una de las diez lenguas más usadas en Internet según Google. Por tanto, a aprender catalán no solo los que nos espían. ¿Qué hacer? Lamentablemente, algo muy diferente de lo que se está haciendo y se quiere reforzar. Primero, la gobernanza de la ciberseguridad ha de comenzar consolidándose para disponer de una ciberseguridad con elementos propios que se alejen de una política centralista que lo único que hace es distorsionar estos elementos. Segundo, creación de una política industrial en materia de ciberseguridad que necesita disponer de un sector propio a la vanguardia con un I+D mucho más fuerte con mejores inversiones. Tercero, incentivar la adopción de la ciberseguridad. Es necesario adoptar un programa de incentivos en ciberseguridad que permitan implementar un marco de buenas prácticas y cumplir con el exigente marco normativo que tenemos en esta materia, lo que conlleva a una importante aportación de recursos humanos y tecnológicos. Y, cuarto, retener el talento en materia de ciberseguridad. Contamos con grandes profesionales, contamos con excelentes universitarios, pero no pocos, como otros, se van de este país. En definitiva, es necesario generar todos aquellos medios para una correcta implementación, un camino que se antoja lento y difícil; difícil también por la desconfianza que los que dirigen el Estado tienen con las autonomías, algunas en especial como Cataluña. No se entinde que desde hace ocho años no se convoque la Junta de Seguridad de Cataluña, a pesar de una alerta antiterrorista de nivel cuatro sobre cinco (Aplausos) o se impida la creación de 500 plazas de mossos, algunas de las cuales están para reforzar la ciberseguridad. Es el instinto del escorpión, una vez más el instinto del escorpión que nos lleva, al paso que vamos, incluso a estar más seguros de que Cataluña ha de ser independiente. Seguretat i república. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olóriz.

Señor González Terol, le pregunto si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

El señor GONZÁLEZ TEROL: Aceptamos las enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo Ciudadanos y preparamos el texto para elevarlo a la Mesa antes del final de la sesión.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien, lo tendremos en cuenta para la votación. Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL MINISTERIO DEL INTERIOR ANTE LA ALARMA SOCIAL QUE HAN GENERADO LAS ACTUACIONES DE ALTOS RESPONSABLES DEL DEPARTAMENTO EN RELACIÓN CON PERSONAS INVESTIGADAS POR DELITOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN. (Número de expediente 173/000032).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): A continuación, pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.


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Corresponde, en primer lugar, debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las medidas que piensa adoptar el Ministerio del Interior ante la alarma social que han generado las actuaciones de altos responsables del departamento en relación con personas investigadas por delitos relacionados con la corrupción.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Sicilia Alférez.

El señor SICILIA ALFÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes. Como bien saben, hace unas semanas supimos que el secretario de Estado de Seguridad se reunió en su despacho del ministerio con un investigado por graves delitos de corrupción, el cual actualmente está en prisión, vinculado a una nueva trama de corrupción del Partido Popular, la del Canal de Isabel II. Me estoy refiriendo, señorías, a la reunión del secretario de Estado de Seguridad con Pablo González, hermano de Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular. Como saben, a raíz de estos hechos mi grupo parlamentario pidió la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad e interpeló al ministro pidiéndole que le cesara porque las explicaciones que estaba dando sobre esta reunión eran poco creíbles, totalmente inverosímiles, señorías. Según hemos podido saber por el sumario que se ha ido publicando en la prensa de esta nueva trama de corrupción que afecta al Partido Popular, vinculada al Canal de Isabel II y a la operación policial Lezo, a Ignacio González y a su hermano les chivaron que estaban siendo investigados, algo que queda claro en la reunión que mantienen los tres hermanos González, según se recoge en el sumario de este caso. En ese encuentro fraternal de los hermanos González, que se saben investigados, se interesan por el director de la Policía y también, curiosamente, por el secretario de Estado de Seguridad, que, casualidades de la vida, es conocido por el hermano de Ignacio González. Y, casualidades de la vida, dos días después de esta reunión de los hermanos González, Pablo González es recibido en el despacho del secretario de Estado para ser atendido por el señor Nieto, una reunión que tanto el señor ministro como el secretario de Estado han tratado de justificar con argumentos bastante pobres e inverosímiles, con explicaciones poco creíbles, señorías. Primero, el ministro dijo que esta reunión no podía esconder nada turbio porque se produjo a las nueve y media de la mañana y se hizo delante de los funcionarios del ministerio. Es una explicación tan absurda como pretender hacernos creer que no se puede cometer ningún tipo de delito a las doce del mediodía en la Puerta del Sol. Tras esta explicación tan pueril, tanto el ministro como el secretario de Estado quisieron quitar importancia a esta reunión diciéndonos que en la misma apenas hubo nada de importancia y que fue una mera reunión protocolaria, de cortesía. Pero, señorías, es difícil creer que alguien que solo pretende felicitar al nuevo secretario de Estado por su nombramiento, en lugar de mandar una carta de felicitación o hacer una llamada al gabinete, pida una reunión. Como esta explicación es tan inconsistente, tanto el ministro como el señor Nieto han dicho que en esa reunión hubo algo más que un mero saludo, que también se trataron temas de seguridad en los mercados, dado que Pablo González es responsable de Mercasa. Señorías, resulta difícil creer que se solicite una reunión para tratar un tema tan técnico y específico como el de la seguridad en los mercados y se acuda solo, sin ningún tipo de experto ni de técnico por parte de Mercasa, y que el secretario de Estado, el señor Nieto, también reciba al señor González solo para tratar un tema -insisto- tan sumamente técnico y específico, que lo hagan ellos dos solos, a puerta cerrada, sin ningún técnico ni asesor. Y además, que algo tan sumamente complejo como la seguridad en los mercados se despache en una reunión de quince minutos, que es lo que el señor Nieto dijo que duró esta reunión. ¿Alguien se puede creer que una reunión para hablar de la seguridad en los mercados, teniendo ahora mismo la problemática de seguridad que tenemos, se puede despachar en quince minutos? Señorías, esto no se lo cree nadie y por eso, porque es difícil de creer, es por lo que hemos pedido insistentemente que se explicara. No nos podemos creer que se pida una reunión para hacer algo tan simple como felicitar, cuando esa felicitación puede llegar por carta o por teléfono. Y es difícil de creer que un tema tan técnico y específico como la seguridad en los mercados la despachen tan solo en quince minutos y a solas el señor Pablo González y el señor Nieto. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Sicilia.

Les ruego silencio, señorías.

Continúe.


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El señor SICILIA ALFÉREZ: Gracias, señor presidente.

Y por si fueran pocas las dudas que tenemos, señorías, la llamada que hace el señor González justo al término de la reunión con el secretario de Estado hace que las mismas se acrecienten, pues en esa llamada, que es interceptada, que consta en el sumario y que hemos podido conocer, Pablo González le dice a su interlocutor que la reunión con el secretario de Estado ha sido interesante, pero que no puede hablar de la misma por teléfono. Señorías, ¿puede tener algo de interesante una mera felicitación? Todos coincidiremos en que no, que no tiene nada de interesante una mera felicitación, siempre y cuando no haya habido algo más, y si ese algo más de esa reunión fuera que se han tratado temas sobre Mercasa, sobre la seguridad en los mercados, ¿por qué no se puede contar por teléfono si forma parte de la actividad cotidiana que tiene el señor González? Pues seguramente no pueda contarse por teléfono porque el señor González sabe que el teléfono lo tiene intervenido, que lo está escuchando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y que, por tanto, puede decirle algo a su interlocutor que resulte del interés no solamente de quien lo llama sino también de la Guardia Civil que lo está investigando, de ahí su prudencia a la hora de hablar por teléfono y de ahí la sospecha acrecentada sobre esa reunión que mantiene el señor Nieto.

Señorías, a juicio del instructor de este nuevo caso de corrupción que afecta al Partido Popular, el secretario de Estado de Seguridad recibió en su despacho a un presunto miembro de una organización criminal, al hermano de Ignacio González -hoy ambos hermanos en prisión-, lo que deja al secretario de Estado cuestionado y en una situación muy difícil. Pero tras conocerse el escrito de la fiscalía, en el que el juez que investiga esta trama corrupta califica esa reunión como grave por lo que pueda implicar, señorías, la situación del señor Nieto es insostenible. Y muchos nos preguntamos cómo es posible que, ante la evidencia de estos hechos y la gravedad de los mismos, el señor Nieto pueda seguir en su puesto. Pues la respuesta es sencilla: continúa siendo secretario de Estado de Seguridad porque así lo quiere quien lo nombró, el señor Zoido, y seguramente no se atreve a cesarlo porque el señor Nieto no hizo más que cumplir instrucciones, no hizo más que cumplir con lo que su superior le mandó, no hizo más que reunirse con quien le mandaron. Por eso, cada día que pasa el señor Nieto no tiene la sombra de la sospecha, quien la tiene es el señor ministro. Cada día que el señor Nieto sigue como secretario de Estado es el señor ministro quien está más cuestionado y quien tendrá que responder ante esta Cámara, porque aquí vendremos a exigir responsabilidades políticas.

Voy terminando, señor presidente. Somos conscientes de que no estamos en un tribunal, pero aquí venimos a exigir responsabilidades políticas y esas no pueden pasar más que por el cese del secretario de Estado a causa de una reunión inapropiada, por una reunión que ha sido calificada por un juez como grave y, por tanto, no podemos tener un secretario de Estado bajo sospecha, que es como ahora mismo está el señor Nieto. Por eso, pido al resto de grupos que pidan el cese del secretario de Estado y la reprobación de esta actuación, y le pido al señor ministro que sea responsable y que ponga el buen nombre del ministerio por encima de los intereses partidistas, que cese al señor Nieto, porque si no la sospecha recaerá sobre el señor ministro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Sicilia.

Al no haberse presentado enmiendas, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyorias.

Señores del Gobierno, y más concretamente, ministro del Interior y secretario de Estado de Seguridad, la verdad es que se han superado. Me acuerdo de que hace unos cuatro años me dirigí desde esta misma tribuna a ustedes diciendo que en Alemania un ministro copia un fragmento de tesis doctoral y dimite. Aquí se muere gente por negligencia en la valla de Melilla, se afinan fiscales, se tienen fiscales de confianza, se habla con gente que está siendo investigada por la policía y, señores, no dimite nadie. Y es que llueve sobre mojado. Nadie puede dudar de que hay unidades paralelas de la policía que hacen informes con finalidades políticas, que hay secretarios de Estado que se encargan de cubrir actividades delincuenciales, que hay ministros que se entrevistan con gente que ya está imputada o que al cabo de cuarenta y ocho horas estará en la cárcel. Llueve sobre mojado. Se han superado.

Ahora ya la comparación creo que no es con Alemania. Sin ánimo de hacer sangre, en Corea del Sur, no en Alemania, la presidenta ha dimitido porque una amiga suya tenía asuntos poco claros. La presidenta de Corea del sur. Y aquí, señores, no dimite nadie. No sé qué es lo que tienen que hacer. Quizá es hora


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de que se planteen muy seriamente que tienen que regenerar el Estado. Esto no puede continuar así. No pueden continuar con un sistema judicial de fiscales afines, de fiscales de confianza, de compadreo, en el que una persona imputada comente por teléfono a su hermano: menos mal que nos han puesto este fiscal porque nos irá bien. Estas cosas ocurren y llega un momento en que parece que no nos escandalicemos ni tan siquiera por esto. No creo que esto sea un modelo homologable a nada, señoras y señores. Basta ya. Quizá la gente se acaba acostumbrando hasta a estar sentada encima de una estufa. De ver tantos casos uno detrás de otro, de llover tanto sobre mojado, quizá acabaremos con la sensación de que el final es normal, que es normal que la persona que tiene la máxima responsabilidad de seguridad se reúna con una persona que al cabo de cuarenta y ocho horas estará encerrada por corrupción. ¿Es normal? Y desde un punto de vista estrictamente profesional y técnico, ¿cómo se han de sentir los policías, los profesionales de la seguridad que estaban investigando a este hombre? ¿Cómo se ha de sentir el agente que oye que el señor que esta investigando se está reuniendo con su jefe? ¿Pensará que está haciendo bien su trabajo o que quizá es tonto y lo que tendría que hacer es justo lo contrario de lo que hace de manera profesional? ¿Cómo se ha de sentir un policía en un sistema de tolerancia hacia la delincuencia como el que ha instalado el Partido Popular en el Gobierno? Por los profesionales, por la democracia, por la decencia, por favor, basta ya, señores; basta ya de esta lluvia sobre mojado. Ya no les pido que lleguen al nivel de Alemania, pero por lo menos pónganse al nivel de Corea del Sur. Que dimita alguien de vez en cuando por alguna cosa. Al menos, por favor, pónganse al nivel democrático y de transparencia de Corea del Sur.

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyories. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Guillaumes.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Se nos trae a debate una moción consecuencia de la interpelación urgente que se realizó por el Grupo Parlamentario Socialista al ministro del Interior el 17 de mayo pasado y en la que se propone reprobar la actuación del secretario de Estado de Seguridad y exigir ante el Gobierno su cese por la reunión que mantuvo con el señor Pablo González mientras era investigado por pertenecer a una trama de corrupción, y se reclama el cese por parte de ese grupo parlamentario por la sombra de sospecha sobre lo realmente tratado en la reunión, que no sería lo que el secretario de Estado ha manifestado a lo largo de todo este tiempo. Se sostiene por el Grupo Parlamentario Socialista que hay fundadas sospechas de que en la reunión se trató de alguna manera la situación procesal de su interlocutor y su entorno y el curso de la investigación de la que eran objeto y por la que hoy se encuentran en prisión preventiva. Y la sospecha se funda, a juicio del proponente, en varios indicios, a saber: que no es verosímil reclamar un encuentro solo para felicitarle por su nombramiento; que es poco creíble que en la reunión se tratara un tema tan concreto y técnico como la seguridad en los centros Mercasa sin que acudieran técnicos y que se liquidara en quince minutos; la llamada y su contenido que realiza el señor Pablo González a su mujer al término de la reunión, y el informe de los fiscales del caso Lezo, del que se deduce que el secretario de Estado chivó la investigación de la que eran objeto el señor Pablo González y su entorno. A estos indicios habría que sumar la misma reacción del secretario de Estado ante la Fiscalía Anticorrupción solicitando información sobre si estaba siendo investigado o si se le imputaban algún delito por ese supuesto chivatazo, solicitud que el grupo parlamentario proponente de la moción califica de intromisión grave en el quehacer de la fiscalía. Y por último, también se fundamenta la petición de reprobación y cese en que el secretario de Estado hubiera recibido a un investigado por la justicia.

Por parte del Grupo Parlamentario Vasco ya dijimos en la Comisión de Interior, cuando compareció ante la misma el secretario de Estado para dar cuenta de su reunión con el señor Pablo González, que no adelantaríamos juicio alguno sobre el secretario de Estado por haber mantenido ese encuentro hasta que no conociéramos más pormenores de este asunto, el caso Lezo y sus imputados -los hermanos González, entre otros-, cosa que sucedería en un futuro no lejano cuando se desvelase plenamente el contenido de las investigaciones policiales y según avanzara la causa judicial, pues los indicios con que se contaba en ese momento eran fragmentarios, descontextualizados y no independientes. No cumplían, a juicio de la doctrina que recientemente nos recordó el señor Prendes, los cuatro principios o las cuatro condiciones que deben reunir los indicios para ser considerados como prueba, es decir, que puedan ser apreciados como prueba directa, que sean plurales e independientes, que sean concordantes entre sí sin que tengan contradicciones y, por último, que permitan una conclusión clara.


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Sin embargo, hoy contamos con una declaración con la que no contábamos el día de la comparecencia del secretario de Estado en la Comisión de Interior hasta que este precisamente la realizó y que la consideramos importante, pues si fuera cierto su contenido, se fragilizarían mucho los indicios en los que se funda la sospecha sobre lo realmente tratado en la reunión con el señor Pablo González. En efecto, si fuera cierta la afirmación del secretario de Estado de que a la fecha de su reunión ni conocía ni legalmente debía conocer la existencia de investigación alguna sobre el señor González y su entorno, nada hubiera podido transmitir de lo que no conocía ni debía conocer al señor González. Además, no podemos poner en duda la veracidad de esa declaración del secretario de Estado, pues no hay por el momento dato alguno ni prueba directa de que ello no sea así, y por eso mismo entran en suspenso los otros indicios en su contra, sustentados precisamente en el conocimiento de lo que negaba, es decir, la situación de investigado del señor González y su entorno. El futuro ciertamente nos dirá si el secretario de Estado ha faltado o no a la verdad para con esta Cámara y el levantamiento del secreto de sumario también, en su caso, nos dará más información sobre las sospechas ahora tratadas. Mientras tanto, aguardaremos, como ya dijimos en la Comisión de Interior, y en el futuro, en su caso, reclamaremos, si constatamos que se nos ha mentido, lo que ahora no estamos en condiciones de reclamar en buena lid política.

Muchas gracias, señorías y muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Rufián Romero.

El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidente.

Señorías, quizás alguien que nos esté viendo no sabe o no se acuerda de quién es el señor Nieto. Lo intentaré explicar muy brevemente. El señor Nieto es un señor que coincide que es secretario de Estado de Seguridad, que el pasado 28 de abril a un grupo de diputados, más chulo que un ocho -conviene recordarlo-, nos vino a decir en sede parlamentaria que se había reunido en su despacho con un preso de Soto del Real y con el hermano de un preso de Soto del Real, a su vez preso también por delitos de prevaricación, malversación, cohecho, blanqueo, fraude y falsificación documental, para hablar de la distribución de carne y pescado en el sector mayorista español y mundial. Nos lo dijo y se quedó tan ancho. De hecho, lo dijo más chulo con ocho, repito. El secretario de Estado de Seguridad se había reunido con el hermano del expresidente de la Comunidad de Madrid, encarcelado por la Lezo, para hablar de la cría del salmón. Eso es lo que nos vino a decir. Ese y este es el señor Nieto. Por lo tanto y como comprenderán, Esquerra Republicana no puede estar más de acuerdo con la reprobación que presentan ustedes hoy aquí, señores del PSOE, pero también desde Esquerra Republicana no podemos hacer otra cosa que preguntarles: ¿y ya está?, ¿que caiga Nieto y ya está? Esto va de Nieto. Nosotros pensamos que Nieto no es más que un colaborador necesario y estamos de acuerdo en que dimita y sobre todo con esta reprobación, pero suena un poco a como cuando ustedes en ruedas de prensa por la mañana piden transparencia para la Comisión de Investigación de Fernández Díaz y luego por la tarde a puerta cerrada la bloquean. De hecho, aprovecho para recordarles que este miércoles tienen una gran oportunidad para demostrar que son el nuevo PSOE y que son de izquierdas y dejen de bloquearla.

Les hacemos preguntas. ¿Ustedes creen realmente que el número dos de Interior, el señor Nieto, se reúne con Pablo González Dalton un día antes de su declaración y de su imputación y el ministro no sabe nada, no se entera? ¿Ustedes creen realmente que Ignacio González Dalton dice en una conversación telefónica recogida en el sumario de la Lezo: he hablado con un secretario de Estado y me dice que me ande con cuidado, y el ministro del interior, señor Zoido, no sabe nada? ¿Se lo creen de verdad? ¿Ustedes creen realmente que los hermanos González Dalton reciben un chivatazo -no lo digo yo, sino que lo dice la policía que les investiga- que les avisa de que están siendo investigados por el expolio del Canal Isabel II y que el ministro del Interior, señor Zoido, no sabe nada? ¿Se lo creen? ¿De verdad? ¿Ustedes creen que el ministro dice en el Senado aquello de: no somos tontos, si hiciéramos lo que hacíamos antes nos esconderíamos, y que lo hace -y leo textualmente- en un alarde de gracejo andaluz, como dijo el señor Nieto, es decir, porque es así de gracioso el señor ministro? Nosotros creemos que no. Y, sobre todo, ¿ustedes creen realmente que esta gente hace lo que hace y dice lo que dice porque se sienten en la más absoluta impunidad y con este tipo de aprobaciones light que ustedes hacen fomentan que se sientan con esta impunidad? Quiero recordarles que en Cataluña, con un nivel 4 de alerta antiterrorista, este ministro y su número dos están vetando la convocatoria de quinientos Mossos d'Esquadra, están vetando que los Mossos d'Esquadra puedan acceder a los datos de Europol y, sobre todo, están vetando cualquier junta de seguridad. Es de ser un irresponsable y es de ser un miserable.


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Desde Esquerra Republicana les pedimos que sean valientes, que señalen a quien deben y a quien saben. Para mociones como esta, para ir contra secuaces, siempre pueden llegar a contar con nosotros, pero cuenten aún más para ir contra los capos. Les estamos pidiendo que junto a nosotros -y lo digo claramente- pidan la dimisión del ministro del Interior, señor Zoido. Nosotros lo hacemos. Parafraseando a su flamante portavoz, el señor Ábalos, con aquello de no es tan malo abstenerse: señores del PSOE, no es tan malo ser valientes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Rufián.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, buenas tardes. Nos trae el Partido Socialista una moción para reprobar al secretario de Estado de Seguridad. La primera en la frente. Evidentemente el señor secretario de Estado no puede estar aquí, pero es que no está ni siquiera el ministro. Creo recordar que cuando se reprobó al fiscal general por lo menos el ministro tuvo la decencia de comparecer. Me hubiera gustado que hubiera comparecido el ministro del Interior, aunque no fuera para defenderlo -porque desde esta tribuna no podría hacerlo-, pero por lo menos para escuchar lo que tenemos que decirle. Me parece que así, de otra forma, queda un debate hueco, vacío, estéril y que no va a ningún sitio. También he decirles una cosa, señores del Partido Socialista: el señor secretario de Estado dio sus explicaciones en la Comisión de Interior y evidentemente no convenció a nadie; desde luego, ni me convenció a mí ni a nuestro grupo, eso se lo puedo asegurar. Pero al final estamos hablando de sensibilidades, estamos hablando de informaciones que están apareciendo en prensa, que son sesgadas y de las que en muchas ocasiones no conocemos su velocidad, y con todo esto tenemos que hacer una composición de lugar para poder decidir si reprobamos o no reprobamos al secretario de Estado. A mí no me parece que esto sea así porque yo creo que el secretario de Estado no ha actuado correctamente, y ahora les explicaré por qué. Creo que los señores del Partido Popular no actúan correctamente, creo que el ministro no actúa correctamente, pero la solución no es reprobar al secretario de Estado porque estamos envileciendo la figura de la reprobación; es que vamos a acabar reprobando a un director general, dentro de nada reprobaremos a un secretario técnico y acabaremos reprobando a un ujier de un ministerio o a lo mejor al ministerio entero. Es que esto es como lo de aquellos arrestos -que quizá yo por lo menos he sufrido porque los he visto- que había cuando uno hacía la mili, cuando se arrestaba a un árbol o a un banco en un cuartel porque alguien se había sentado y el banco estaba pintado y se había manchado la ropa del general o del coronel del regimiento. No, es que reprobar no vale para nada; lo que hay que solicitar es que el ministro cese al secretario de Estado, eso es lo que hay que solicitar porque esa es la obligación del ministro con lo que sabemos sobre el caso Lezo y con la incompetencia del secretario de Estado. No hay que reprobar al secretario de Estado porque eso es amagar pero no dar; eso es querer pero no poder. Yo no sé si a partir de ahora el Partido Socialista -esto viene de una moción anterior- cambiará de actitud, no lo sé, puede ser que sí, pero me parece que esta no es la solución de los problemas que tenemos.

Señores del Partido Popular, ¡qué quieren que les diga a ustedes sobre el caso Lezo! Medidas cautelares para sesenta personas; de esas sesenta personas, treinta de ellas imputadas y de los treinta imputados, doce detenidos. Le voy a repetir lo que dice el fiscal en su auto: "Los investigados han ampliado su círculo de acción a distintos sectores de la administración pública con influencias en el ámbito de las carreras judicial y fiscal, así como en el seno del Cuerpo Nacional de Policía, todo ello para lograr la impunidad de sus acciones". ¿Y saben lo que es impunidad, señores del Partido Popular? Impunidad es que al señor Rato le reciba el ministro del Interior, el señor Fernández Díaz. Eso es impunidad porque ese es el sentimiento que se ha generalizado o que se ha creado en toda la sociedad, que todo vale; por ejemplo, que el señor Rato sea recibido por el ministro. Impunidad es que el señor González y el señor Zaplana hablen de que el señor González en el pasado intentó colocar a Manuel Moix como fiscal anticorrupción pero que no fue posible en aquel momento por un tema de algún requisito que parecía que le faltaba. Impunidad es que el señor González califique de cojonuda la designación posterior del señor Moix. Impunidad es que el señor Moix les diga a los fiscales que por favor no acusen de organización criminal a todos los detenidos o a todos los imputados del caso Lezo. Impunidad, al final, es que el señor Nieto reciba el 8 de marzo también al señor Pablo González en su despacho. Eso también es impunidad. Y esa sensación de impunidad tan instalada en toda la sociedad es la que nos lleva hoy aquí a esta reprobación, a decidir si tiene que ser reprobado. No señor, no creo que tengamos que discutir ni repetir


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aquí, en la tribuna del hemiciclo, lo que ya se habló en la Comisión de Interior, las explicaciones malas del señor Nieto. El señor Nieto dijo que a lo mejor le podíamos acusar de ordenar mal su agenda, de recibir a un alto directivo de una empresa pública o también de ser de provincias. Esas me parecen unas explicaciones muy banales y muy pobres. Esa es la razón por la que le decimos al señor ministro -nos gustaría decirle al señor ministro- que cese al señor Nieto. El señor Nieto no puede seguir siendo secretario de Estado de Seguridad ni un minuto más. Le quisiera decir al señor Nieto que no es que sea de provincias ni que no sepa gestionar su agenda; es que es usted un torpe. Es usted un torpe porque en el ejercicio de sus funciones no puede entrevistarse con el señor Pablo González. Él sabe perfectamente quién es el señor Pablo González y de quién es hermano. ¿Saben lo que no le he oído al señor Nieto? Acabo, señor presidente. No le he oído recriminar la actitud y las funciones del señor Pablo González en esa reunión. No le he oído al señor Nieto recriminar al señor Pablo González sobre su hermano y no le he oído recriminar nada sobre lo que estaba pasando en torno a la familia González. Eso me hubiera gustado escucharle al señor Nieto y me hubiera gustado que el señor Nieto nos hubiera dicho que ese fue el objeto de la reunión con el señor González. Señores del PP, hay que ser valientes y ustedes no lo son con la corrupción. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Gutiérrez.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Mayoral Perales.

El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, señorías.

La verdad es que nos convoca de nuevo el Ministerio del Interior, el mismo que lleva avergonzando a nuestro país en la última etapa con escándalos sucesivos y tenemos uno más. Lo dijimos en la Comisión de Interior cuando compareció y lo vamos a reiterar aquí. A nosotros el cese de Nieto nos sabe a poco, pero, como decía aquel, el que pide lo más, pide lo menos, con lo cual evidentemente vamos a apoyar su reprobación. ¿Qué es lo que desearíamos? Desearíamos que en estos momentos no tuviéramos un Gobierno que utiliza las instituciones con intereses espurios, que persigue la disidencia política y que tiene una estrategia para proteger a los corruptos a través de la impunidad. Creemos que esa debería ser la estrategia de las fuerzas democráticas de esta Cámara. Desgraciadamente de momento no existe mayoría parlamentaria suficiente para conseguir nuestros objetivos, que son desalojar al Partido Popular cuanto antes y abrir una etapa de regeneración democrática de las instituciones. (Aplausos).

La verdad es que hemos visto un Ministerio del Interior un tanto particular, un Ministerio del Interior que es requerido por esta Cámara para que facilite documentación que esclarezca si ha habido o no utilización partidista de dicho ministerio para perseguir la disidencia política y no facilita la documentación y, al mismo tiempo, vemos cómo los representantes del Partido Popular en esta Cámara dicen que no puede haber comparecencias mientras no se facilite la documentación, lo que viene a ser un ejercicio de filibusterismo. Para vergüenza de los funcionarios policiales de nuestro país, que hacen su trabajo convenientemente todos los días y que saben perfectamente lo que es un informe policial, nos encontramos con que el Ministerio del Interior nos facilita papelitos (Muestra unos documentos) bajo el título Nota interior y sin firma de ningún funcionario como si estos fueran informes. Eso es nuevamente responsabilidad del Ministerio del Interior y, evidentemente, del secretario de Estado. Pero esto pasa inadvertido, porque al fin y al cabo ¿qué importa la seguridad jurídica en el Estado de derecho? ¿Qué le importa la seguridad jurídica al Partido Popular y qué le importa cumplir con las indicaciones de esta Cámara? Importa poco. Desgraciadamente creo que hay muchos motivos para pedir el cese del señor Nieto y sin duda para pedir que se vaya todo el Partido Popular, pero ya hay algunas cosas que sinceramente me parece que son cuestión de solvencia técnica.

En esa comparecencia le preguntamos al secretario de Estado, porque nos parece que lo interesante es preguntar a los comparecientes y que nos cuenten cuál es su opinión. Nos dijo que él recibía a todo el mundo, que recibió al señor Pablo González como recibe a tanta gente y que, al fin y al cabo, quería hablar de Mercasa, del pescado, de la carne, del mercado, de aquello, de lo otro y de lo de más allá. Le preguntamos una cosa muy sencilla que es pública y que está publicada en Twitter. El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, que representa a la mayoría de los guardias civiles de nuestro país, le solicita una reunión al secretario de Estado para hablar de la problemática del personal de la Guardia Civil, pero resulta que el secretario de Estado, que evidentemente sí tiene tiempo para recibir al señor Pablo González, no tiene tiempo para recibir a la Asociación Unificada de Guardias Civiles para hablar de las condiciones de trabajo, para hablar de las jornadas de trabajo, para hablar del incumplimiento


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de los acuerdos de este Congreso de facilitar los equipamientos de protección individual, etcétera. Para eso no hay tiempo en el Ministerio del Interior. (Aplausos). Pero es que tiene más desfachatez aún, ya que se va a la Comisión de Interior y sin que se le caiga la cara de vergüenza dice que él no se puede reunir con la Asociación Unificada de Guardias Civiles porque eso sería un incumplimiento de la Ley de derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil. ¿Se puede ser más impresentable y más incompetente como para decir eso en sede parlamentaria? (Aplausos). ¿En qué artículo de esa ley lo pone? En ninguno. Hasta tal punto que el señor Antonio Camacho, que era secretario de Estado, se reunió con regularidad y hasta Rubalcaba les recibió una vez. No hay ningún problema en el asociacionismo dentro de la Guardia Civil, ustedes tienen un problema con la democracia, con entender que los funcionarios del Estado tienen derechos (Rumores) y tienen que aprender a respetarlos. Así que, sinceramente, este es un motivo más para pedir el cese del señor Nieto, que no tiene ni idea de la ley que debe cumplir como responsable en el Ministerio del Interior.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Mayoral.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Martín-Toledano Suárez.

El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Señorías, hoy deberíamos preguntarnos si realmente creemos en el Estado de derecho y en algunos de los principios que lo rigen, por ejemplo la presunción de inocencia. Señorías, nadie puede acusar a una persona sin acreditar que la acusación está basada en hechos objetivos y ciertos. Eso está establecido en la Constitución española y en todas las declaraciones de derechos humanos del mundo. Sin embargo ustedes están planteando aquí una causa general contra el señor Nieto, contra el secretario de Estado, sin una sola prueba o indicio razonable para pedir su reprobación. ¿De qué acusan al señor Nieto, de haberse reunido con un funcionario, un representante de una empresa pública, el número dos de Mercasa? ¿Cuánta gente se ha reunido con Pablo González, representante de Mercasa? ¿Tienen que dimitir todos los que se han reunido con él? ¿Las reuniones que haya podido tener el Partido Socialista en Andalucía, el señor Griñán, el señor Chaves o el señor de la minería asturiana, no representan ninguna responsabilidad? ¿Estaban investigados? ¿Los han amparado? Señores de Podemos, ¿sus reuniones con la cúpula chavista corrupta, totalitaria, no tienen ninguna responsabilidad? Es una vergüenza que ustedes representen a la democracia española y se reúnan con dictadores corruptos. (Rumores.-Aplausos). Corruptos, señores. ¿Nadie del PDeCAT se ha reunido con alguien del clan Pujol desde que está investigado? ¿Nadie ha tomado una cerveza o le ha llamado por teléfono? ¿Seguro que nadie se ha reunido? ¿No van a asumir ninguna responsabilidad? Esquerra está en coalición electoral con el PDeCAT, gobierna con el PDeCAT, un partido investigado por corrupción. ¿No se asume ninguna responsabilidad? (Aplausos). ¿No se asume ninguna?

Señorías, se acusa al secretario de Estado de filtrar la investigación. El secretario de Estado ha comparecido dos veces en la Comisión y lo ha negado categóricamente. Si lo niega, el que afirme que miente tiene que aportar pruebas de que es verdadera su acusación, y ustedes ni antes ni ahora han aportado ni una sola, y eso en el PSOE es muy lamentable. Debería ser un partido algo más serio. Señorías, ni el juez instructor, ni la fiscalía, ni la UCO, ni ya muchos medios de comunicación sospechan del señor Nieto. De quien sospechan es de una magistrada amiga. Por cierto, ningún grupo de los que ha intervenido ha citado quién es la magistrada amiga que parece haber hecho la filtración. La filtración se produjo hace un año, un año antes de esta reunión, y sin embargo ustedes están obsesionados con el señor Nieto, pero todos los datos y todos los informes apuntan a una magistrada que ustedes no quieren investigar; no quieren preguntar quién es.

La fiscalía pidió disculpas al señor Nieto. Eso les da igual a ustedes, ¿no? Les da igual. Las filtraciones del sumario son delito evidente, pero a ustedes les da igual que se produzca un delito, se aprovechan de esa filtración y de la publicación manipulada. Manipulada. ¿Por qué tienen tanta prisa? El secreto del sumario se va a abrir próximamente, y ahí tendremos muchos más datos. ¿Por qué tanta prisa en pedir la reprobación del señor Nieto? ¿Porque no se quiere investigar a la magistrada amiga o por qué? Ante un pelotón de linchamiento, que es lo que han intentado provocar aquí, encabezado por el PSOE, hay tres posturas: enfrentarse a la injusticia, apoyar la injusticia o lavarse las manos -ahora que sale el señor representante de Ciudadanos-. Saben perfectamente que no hay ningún motivo para la reprobación. La moción está fracasada, está desinflado el globo y, además, cuando se abra el sumario, algunos van a tener que tragarse sus palabras y pedir disculpas. ¿Dimitirá alguno entonces o agua pasada? Cuando se abra el sumario van a ver que los textos de las conversaciones filtradas están manipulados y lo que se


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afirma que se dice en las conversaciones grabadas no es cierto. Cuando eso suceda, alguien tendrá que dar explicaciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martín-Toledano.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS POLÍTICAS DEL MINISTRO DE JUSTICIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. (Número de expediente 173/000033).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente moción. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del ministro de Justicia para dar cumplimiento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de guardia y custodia compartida. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Rodríguez Fernández. (Rumores). Les ruego silencio, señorías.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidente, miembros de la Mesa, señorías, permítanme... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento. Silencio, señorías. (Pausa).

Continúe, señora Rodríguez.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): En primer lugar, quisiera agradecer la presencia aquí hoy de los miembros de las distintas asociaciones que defienden la custodia compartida.

Permítanme que defienda esta moción narrando una historia. Es una historia que habla de hipocresía, que habla de derechos perdidos, que habla de dejadez de oportunidades, que habla de igualdad y de desigualdad, que habla de responsabilidades y, fundamentalmente, de lo que hablan esta historia y esta moción es de los derechos de los niños y del interés superior del menor. Permítanme que les hable de un niño, de cualquier niño que cualquiera de ustedes pueda querer tener. Una pareja un día decide tener o adoptar a un niño y están felices, están en un momento de plenitud, y deciden ser padres de la manera que lo sean. Ese niño nace con un derecho, que es el derecho a disfrutar de su padre, de su madre, de sus dos padres, de sus dos madres y de los familiares de ellos. Ese niño nace ya con la custodia compartida. Además, son unos derechos que están recogidos en la Carta europea de los derechos del niño, la cual pone deberes a los progenitores, porque nos dice que los progenitores tienen la obligación de compartir los deberes y las responsabilidades -repito, señorías, responsabilidades- sobre la educación de los mismos. Los niños no pueden perder los derechos cuando sus padres deciden separarse; lo repito otra vez, no pueden perder los derechos porque nacen con ese derecho. ¿Quiénes somos nosotros para quitárselo en el momento en el que tomamos la decisión de separarnos de la persona con la que hemos decidido tenerlos?

Distintos países de la Unión Europea han regulado sobre esta materia de manera muy diferente, es cierto. Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica, Italia, lo han hecho de manera diferente, pero todos con un nexo común, y es que han entendido que es necesario que exista una regulación. En España, en 2005, el Código Civil introdujo la guarda y custodia compartida, y el Tribunal Supremo, además, ha hecho los deberes y ha dictado sentencia; ha dicho que siempre que se respete el interés superior del menor, la guarda y custodia compartida debe ser la fórmula normal y deseable. Por supuesto, señorías, excluyendo todos aquellos casos en los cuales se hable de violencia familiar o incluso aquellos casos en los que el enfrentamiento entre los progenitores es tan acérrimo que no son capaces de defender el bien del niño. Pero es que los niños no son cromos; no son cromos en el momento en el que no estamos a la altura y no somos adultos para poder afrontar un fracaso sentimental. El interés superior del menor es lo que tiene que primar y es de lo que hablamos aquí, porque para eso es para lo que hemos venido. Así lo reconoce el Tribunal Supremo que dice -y cito textualmente-: "El mantenimiento de la potestad conjunta resulta, sin duda, la mejor solución para el menor, en cuanto le permite seguir relacionándose establemente con ambos padres". Con ambos padres, señorías, y siempre pensando en el interés superior del menor. Se trata de no perder los derechos, de que esos niños no pierdan los derechos. Se trata de defender la igualdad real y no una igualdad sesgada, porque en esta historia que estoy contando hoy también hay hipocresía.

¿Y por qué hablo de hipocresía? Porque hay partidos en esta Cámara que no quieren que exista una ley que regule la custodia compartida. Esto es una realidad. Hay partidos que hacen una defensa a


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ultranza de la igualdad, pero realmente lo que están defendiendo es una igualdad sesgada, una igualdad que se entiende en los derechos de todos por igual, hombres y mujeres, y sobre todo en que los niños no pierdan los derechos. Quien no entienda que la custodia compartida es un derecho con el que nacen los niños estará incurriendo o fomentando la desigualdad entre hombres y mujeres; y entiendo, señorías, que nadie de los que están aquí pretende precisamente que pase eso.

Tengo que volver a mostrarles un mapa que ya mostré la otra vez. (Muestra un mapa de España). Se trata del mapa de la vergüenza o el mapa de la desigualdad o el mapa que refleja que los niños tienen diferentes derechos, según la comunidad autónoma en la que estén. Hay comunidades autónomas que se han preocupado por regular y legislar en esta materia. Por eso, vemos que en Cataluña un 40 % de casos tienen la custodia compartida, pero si nos vamos al otro extremo, a esas comunidades autónomas que no lo han regulado, nos encontramos con Extremadura, por ejemplo, donde solo el 8 % de los casos de divorcio en los que se solicita se da la custodia compartida. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Rodríguez. (Pausa). Muchas gracias por que cesen en los murmullos. Continúe.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Gracias, presidente.

¿Acaso, señorías, me van a decir a mí cualquiera de ustedes, a mí o a cualquier niño o cualquier pareja, que los derechos de los niños dependen de la comunidad autónoma en la que se nazca, o que los niños son diferentes dependiendo de si son de Canarias, Cataluña o Galicia? Creo que no.

En esta historia -como he dicho- también se habla de oportunidades, de que existen oportunidades; y una de esas oportunidades se firmó el pasado agosto en ese punto 68 del Acuerdo con el Partido Popular, en el que además se hablaba y se dejaba claro que siempre tenía que prevalecer el interés superior del menor, y de acuerdo con las directrices de las convenciones de Naciones Unidas sobre los derechos del niño. No nos estamos inventando nada, señorías. Estamos intentando que haya igualdad de verdad y es el momento de ser responsables, de que todos nosotros seamos responsables.

Ciudadanos defiende la corresponsabilidad; Ciudadanos defiende la igualdad real, no la igualdad sesgada; Ciudadanos defiende que si cuando estamos bien somos responsables para decidir ampliar nuestra familia, también tenemos que ser responsables para tomar las mejores decisiones y compartir cuando deseamos romper esa familia. Entendemos que hay partidos que pueden estar vinculados o que tienen una visión sesgada por los lobbies, pero los niños no entienden de lobbies, los niños solo entienden de derechos y de que quieren disfrutar de su familia.

En esta Cámara llevamos años, años y años debatiendo sobre este tema, y no se equivoquen, no estamos hablando de mujeres y hombres; estamos hablando de niños y de adolescentes. Además, tengo que seguir con el hilo argumental que hace unos años se utilizó en esta Cámara y que yo utilicé también en mi intervención anterior, y al que tengo que hacer hoy mención; mención a Tolstòi -cómo no- y a esa frase de Anna Karenina que dice que todas las familias felices se parecen, pero que las infelices lo son cada una a su manera. ¿Eso qué quiere decir? Que no tenemos que hacer responsables a los niños cuando ya no somos felices con nuestras parejas, que no tenemos que crear o proyectar esa infelicidad, que no tenemos que permitir que nuestros niños dejen de disfrutar de sus familias y, sobre todo, que hagamos simplemente lo que ha dicho el Tribunal Supremo: que respetemos el interés superior del menor y que no lo despojemos de sus derechos.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rodríguez.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene en primer lugar por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Galovart Carrera.

La señora GALOVART CARRERA: En este tema lo único preferente es el interés superior del menor.

Buenas tardes. La iniciativa de Ciudadanos se basa en el anhelo jurídico de la corresponsabilidad parental cuando no hay consenso tras la ruptura. El Grupo Socialista también lo tiene y lucha por ese anhelo, sin embargo, no estamos de acuerdo con que ese deseo de futuro sea adecuado para resolver situaciones de presente. La mayoría de las mujeres de este país por supuesto desean compartir con los padres el cuidado de sus hijos, pero esos deseos no son la realidad, y la igualdad real en la familia es una meta a la que hay que llegar. Salvo para una minoría de parejas separadas, la custodia compartida no es la continuación de esa corresponsabilidad, pues no existe o deja mucho que desear. Lo demuestran, por


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ejemplo, las estadísticas del Instituto de la Mujer, de las que se desprende que el 92,63 % de las excedencias para el cuidado de los hijos la piden las mamás -las madres- y solo el 7,3 % las piden los padres. Si esto es así, ¿por qué razón en el momento del la ruptura un número de padres solicitan la custodia compartida? La respuesta no está en el cielo. Por eso, entendemos que la custodia compartida como opción preferente es recomendable en un mundo ideal de corresponsabilidad e igualdad efectiva durante la convivencia.

Con la modificación que se pretende, el juez, sin tener en cuenta cuál ha sido el comportamiento anterior de los progenitores, tendría que dar por supuesta esa corresponsabilidad y en consecuencia, partiendo de la presunción in dubio pro custodia compartida, el que la solicita no vendría obligado a demostrar que ese régimen es el mejor, que protege el interés del hijo, y la carga de la prueba sería para la otra parte, que tendría que demostrar de forma inequívoca que perjudica al menor obligándolo a una difícil prueba sobre el comportamiento futuro del progenitor.

Somos partidarios de la custodia compartida, claro que sí, fue el Gobierno socialista el que la estableció en 2005, pero no de que se regule con carácter preferente la misma y menos que se invoque en su defensa al Tribunal Supremo por delante de las otras dos opciones del régimen de guarda, guarda exclusiva para la madre y guarda exclusiva para el padre, pues la realidad social en la mayoría de las familias no es la corresponsabilidad y el Tribunal Supremo nunca ha dicho que esa modalidad de custodia deseable tenga que ser preferente o gozar de primacía. Es por ello que debe dejarse plena libertad al juez, que deberá analizar las circunstancias concurrentes sin encorsetarlo, con premisas previas de preferencias para decidir lo que en verdad importa, que es el interés del menor. El proceso no puede ser al revés, señora diputada. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora diputada, por favor. ¡Les ruego silencio!

Muchas gracias, continúe.

La señora GALOVART CARRERA: Señora diputada de Ciudadanos, el proceso no puede ser al revés, la prueba es como es, hay que partir del interés del menor y, a partir de ahí, ver cuáles son las tres opciones, la más importante para el interés del menor y para su conveniencia.

Ciudadanos plantea una moción con poco rigor, tan poco como cuando cita en vano a Tolstói, cuando interpreta la doctrina del Tribunal Supremo, escaso rigor porque el Supremo considera que la compartida es la normal e incluso deseable, siempre que ello sea posible y en tanto en cuanto lo sea, pero en ningún momento estima que sea la opción preferente. Me he tomado la molestia de rastrear todas las sentencias del Supremo desde el 29 de abril de 2009 y en ningún momento el Supremo utiliza la palabra preferente. Y no siendo sinónimos preferente, deseable y normal, véase diccionario, es evidente que el argumento principal de Ciudadanos sobre la preferencia, según la doctrina del Supremo, carece de justificación alguna.

Poco rigor tiene también la moción cuando aborda la compartida desde la perspectiva de la igualdad de los derechos de los progenitores y no, como es obligado, desde el prisma de los derechos del menor, de su interés superior y beneficio, que es la única guía de actuación del juez y ninguna otra más. La ponente licua y difumina el interés del menor dentro del derecho a la igualdad y no es eso, señora diputada, no es eso.

Escaso rigor de la moción cuando utiliza como argumento el derecho comparado, pues muy pocas legislaciones europeas regulan la preferencia. Poca responsabilidad de la iniciativa cuando se salta a la torera el problema de la violencia de género y del artículo 92.7 del Código Civil cuando es imposible otorgarla en estos supuestos. El mismo poco rigor cuando se escudan en el argumento de que no hay datos del fracaso, a sabiendas de que no existe estudio ni seguimiento alguno objetivo que establezca una imagen nítida de lo que está ocurriendo. Sin perjuicio de lo anterior, ha de destacarse que la moción está huérfana de apoyos, no se ha pulsado la opinión de los operadores jurídicos, por ejemplo, mis compañeros jueces de familia, ni las asociaciones judiciales ni tampoco las principales organizaciones de defensa de los menores como, por ejemplo Unicef, que algo sabrá de esto.

En conclusión, y para terminar, señor presidente, afirmamos que la moción tiene los pies de barro por basarse en argumentos poco rigurosos y por tratarse de un experimento con gaseosa que no tendría importancia si no fuera que pretende un cambio a costa de los menores y eso bajo ningún concepto. No sin los niños y las niñas.

Gracias. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Galovart.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Alba Mullor.

La señora ALBA MULLOR: Gracias, señor presidente.

Señorías, antes que nada, quiero manifestar mi doble asombro ante su iniciativa, digo doble por su naturaleza y por su contenido porque, señorías, elegir la fórmula de una interpelación urgente para debatir sobre una cuestión recogida en el pacto PP-Ciudadanos, resulta cuando menos llamativo.

Dicho esto, les avanzo que no compartimos ni gran parte de su exposición ni la totalidad del contenido de su propuesta, por lo que hemos presentado una enmienda que respeta el espíritu de la sentencia de abril de 2013 y de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en su redacción real y no la que ustedes de modo creativo hacen de la misma. En primer lugar, en lo que atañe a la justificación de la necesidad de formular esta interpelación urgente y moción subsiguiente, debo decirles que la existencia de distintas normativas territoriales no deriva en modo alguno de que no haya una regulación nacional al respecto, sino de la riqueza que para nuestro Estado supone la existencia de territorios con derecho foral a los que la Constitución y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional reconocen, que no otorgan, capacidad normativa para legislar sobre materias conexas con las ya reguladas. ¿No es ese el fundamento de esta legislación foral y del derecho civil propio? No se habría evitado que Aragón o Navarra, por ejemplo, legislasen al respecto con una regulación nacional, ni tal vez resultara deseable.

Por otra parte, su interpretación de la sentencia del Tribunal Supremo de abril de 2013 va más allá de lo que la propia resolución establece, puesto que en modo alguno habla de preferencias, sino de que deba ser el régimen normal y deseable cuando se den determinadas circunstancias que la misma enumera, y siempre atendiendo al interés superior del menor. Y tampoco es cierto que en la actualidad se dificulte el acceso a la custodia compartida, puesto que, por ejemplo, no hay problema alguno para ello cuando la medida se adopta de común acuerdo entre las partes. Cabría preguntarnos por qué si un 62 % de personas creen que la custodia compartida es beneficiosa para el menor, únicamente un 12 % de los convenios reguladores suscritos en 2014 adoptaron este régimen. Señorías, cuando no hay acuerdo entre las partes, el juez también puede adoptar esta medida, puesto que la doctrina jurisprudencial de 2013 lo permite. Por tanto, esta medida se puede adoptar como cualquier otra; ahora bien, no de modo automático ni preferente, sino cuando resulta la más adecuada al caso concreto y es competencia de los jueces, señorías. Ellos son quienes deben analizar cada realidad y, actuando no en interés de los progenitores sino del menor, determinar si es mejor un régimen u otro. Son los jueces quienes, a la vista de todas las circunstancias concurrentes en cada caso, han de regular los distintos aspectos y el contenido de las relaciones familiares, y siempre en beneficio del menor y no como un derecho de los progenitores. Y no podemos perder de vista los supuestos de violencia de género, que deberán quedar totalmente excluidos de cualquier establecimiento de custodia compartida, porque los maltratadores no pueden acceder a la custodia compartida. Resulta necesario alejar a los menores cuanto antes de la violencia, y el alejamiento del maltratador es esencial para ello, puesto que la violencia ejercida sobre las mujeres impacta directamente en los hijos e hijas. (Aplausos). Esta es una cuestión sobre la que no debe suscitarse debate alguno. Estaremos todos de acuerdo en que frente a estas situaciones solo cabe la tolerancia cero y en modo alguno establecer la custodia compartida. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento. Señorías, silencio. Ahora no se lo ruego, sino que les exijo silencio. Continúe. Muchas gracias.

La señora ALBA MULLOR: Gracias, señor presidente.

Por otro lado, en lo que afecta a la petición concreta de la moción, permítanos reiterar nuestra sorpresa. Formularon una interpelación sobre custodia compartida y ahora la moción que trae causa de aquella interpelación ya no trata solo de custodia compartida, sino también del derecho del menor a ser escuchado y de la aclaración de las vías de recurso, tal vez para rellenar de contenido la moción. Señorías, respecto a la primera cuestión, supongo que han olvidado que la Ley Orgánica 8/2015 y la Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y adolescencia, ya establecieron el derecho del menor a ser oído y escuchado, sin discriminación alguna por edad, discapacidad o cualquier circunstancia y no reducido al ámbito familiar, sino en cualquier procedimiento administrativo, judicial o de mediación en el que se encuentre inmerso, debiendo ser tenidas en cuenta sus opiniones. Es de suponer que con esto, que se encuentra vigente e incorporado al ordenamiento desde hace dos años y va más allá de lo que piden, queden cubiertas sus expectativas, pero en cualquier caso lo aceptamos y lo recogemos también


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en nuestra enmienda. Además, con la reforma del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, amén de incluir el derecho del menor a ser oído y escuchado, España se convirtió en el primer país en incorporar la defensa del interés superior del menor como principio interpretativo, derecho sustantivo y norma de procedimiento. Así que lecciones en cuanto a protección de los derechos de los menores pocas, señoría.

Por último, en cuanto a la clarificación de las normas procesales sobre las vías del recurso, nos preguntamos en qué creen ustedes que es poco claro el régimen de recursos, cómo proponen reformarlo o cómo de claro lo quieren, señorías. Es evidente, señores de Ciudadanos, que todo es susceptible de ser clarificado, incluso su moción, y por ese motivo, para clarificar su iniciativa, hemos presentado esta enmienda. Esperamos que sean receptivos a la misma, ya que coincide en lo fundamental con la del Grupo Parlamentario Socialista. Así que, señorías, no desperdiciemos la oportunidad de alcanzar el gran consenso al respecto que se reivindicó en el debate de la interpelación urgente.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Alba.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, desde el Grupo del Partit Demòcrata, vamos a votar a favor de su moción, pero antes déjenme decirles algo. Esto no va de homogeneización, sino de consensos, de aplicación de las competencias y del Código Civil aplicable en cada territorio. Usted sabe que en Cataluña tenemos el Codi Civil de Catalunya, derecho propio; por tanto, de aplicación exclusiva en Cataluña está el Codi Civil de Catalunya y solo supletoriamente el Código Civil español, igual que en otros territorios, como es el caso del País Vasco o de Navarra. En Cataluña, desde 2010, conseguimos el consenso necesario para poder implementar la custodia compartida con carácter preferente. Esto fue un avance de los grupos parlamentarios que entendieron que la sociedad en Cataluña demandaba esta cuestión, porque se tiene que dar respuesta a un interés creciente por atender a una nueva fórmula de familia y de atención a los menores, donde los padres se corresponsabilizan casi tanto como las madres o al menos esa es su intención. Entendió la Cámara catalana en 2010 que había que dar respuesta y cobijo a esta situación. Se acordó la custodia compartida como modelo preferente, teniendo en cuenta que lo bueno, lo sano y lo saludable es que haya mutuo acuerdo entre ambos, padre y madre, que es el caso del 60 % de las sentencias que se dictan en Cataluña. Cuando no lo hay y uno de los progenitores pide la compartida y el otro no, el juez no se encuentra vinculado, como usted bien sabe, en materia de derecho de familia en el Código Civil, por la petición de las partes, sino que el juez se pronuncia en atención al interés superior del menor en primer lugar y después a todas las circunstancias que los letrados actuantes son capaces de acreditar para hacer valer los derechos y preferencias de su cliente. Por tanto, en casos de discrepancia, lo que hace el juez -y que sin duda haría el juzgador español- es valorar aptitudes, actitudes, antecedentes, cercanía o no de domicilios, capacidad para el cuidado por disponibilidad horaria de ambos progenitores, qué forma de contribución a las cargas y alimentos a favor de este menor corresponde a cada uno, porque lo que también permitió de rebote la custodia compartida fue apartar el debate crematístico en buena manera de los litigios de familia que a menudo ensucian toda la maraña litigiosa de la pareja en discusión. A veces se pierde el mundo de vista por cuestiones económicas. Esto consigue que cada uno, padre y madre, contribuya en la proporción que pueda a los alimentos de los menores; además, no atribuye de forma inmediata la vivienda, el domicilio que fue habitual o familiar, al menor, sino que lo atribuye al padre o a la madre más necesitado en este caso y entonces se adecua la forma de comunicación o de estancia constante, la guardia compartida, entre uno y otro progenitor: padre y madre, padre y padre o madre y madre, etcétera. Por lo tanto, es una concepción realista de la realidad.

Estoy de acuerdo en que la cuestión de la corresponsabilidad es prioritaria, pero lo es no solo por los antecedentes y porque tiene que haber una dedicación previa del padre que hoy en día aún no se da suficientemente, sino también porque hay que ayudar a que esta corresponsabilidad exista y, por tanto, la custodia compartida puede coadyuvar. En Cataluña la tenemos compartida de forma preferente, así que desde el Partit Demòcrata no les vamos a privar de que en el Código Civil puedan hacer esta reforma e implementarla donde es de aplicación el Código Civil común. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Tiene que buscar los consensos en aquellas fuerzas que le tienen que dar el voto decisivo


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para que esto sea una realidad. Repito, el interés superior del menor es el que prima y la obligación y el derecho de padres y madres son los que se tienen que tener en cuenta.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Se nos presenta por el Grupo Parlamentario Ciudadanos una moción consecuencia de interpelación a fin de que se presente un proyecto de ley -se dice erróneamente una ley- de reforma del Código Civil y leyes concordantes para que se configure la custodia compartida como modalidad preferente para casos de separación o divorcio con hijos o hijas menores de edad, así como el derecho del menor a ser escuchado y respetado su juicio, salvo apartamiento motivado. Tal iniciativa se fundamenta en un mejor cumplimiento de la Convención de Derechos del Niño de Naciones Unidas -aunque se dice erróneamente carta europea-, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que camina en la dirección hacia la preferencia de la custodia compartida, y en el cumplimiento del acuerdo de investidura entre Ciudadanos y el Partido Popular. Hasta aquí nada que objetar respecto a la motivación de la moción, aunque ciertamente parece pintoresco, como ya se ha señalado por algún interviniente que me ha precedido en el uso de la palabra, que Ciudadanos reclame el apoyo del resto de la Cámara para obligar al Partido Popular a que cumpla algún aspecto de un acuerdo político entre ellos para facilitar la investidura del actual presidente del Gobierno.

A las tres razones anteriores, Ciudadanos añade una cuarta para justificar la reforma del Código Civil que propone y que realmente nos ha preocupado por el pensamiento político que trasluce respecto al mapa de las competencias históricas que en materia de derecho civil foral disponen las llamadas comunidades del arco civil foral peninsular e insular. A este mapa que Ciudadanos exhibió en su interpelación lo llamó el mapa de la perversión, porque cinco de estas comunidades ya han acogido en sus respectivos ordenamientos la guarda y custodia compartida con carácter preferente, frente al Código Civil... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor.

El señor LEGARDA URIARTE: Gracias, presidenta.

... que en materia de familia rige en el resto del Estado, lo que genera desigualdad ilegítima -tenemos que entender- entre los españoles, y en este caso entre los niños españoles. Esto ha sucedido, según Ciudadanos, porque -leo literalmente- la falta de regulación nacional lleva a que hayan salido regulaciones autonómicas. Repito, la falta de regulación nacional lleva a que hayan salido regulaciones autonómicas. Vamos, que poco más o menos se está diciendo que las regulaciones civiles forales son como malas hierbas, son regulaciones okupas, porque ocupan un ámbito jurídico sin título, y deben ser escardadas, como las malas hierbas, o lanzadas por su legítimo propietario, a este efecto una regulación nacional uniforme, según palabras de Ciudadanos en esta Cámara. Esta forma de ver, de pensar y de decir de Ciudadanos sobre el ejercicio histórico que por parte de los territorios forales civiles se ha hecho de instituciones básicas de su ser histórico, político y social nos preocupa de manera honda, y no solo por el desconocimiento profundo por parte de Ciudadanos de la realidad a la que aspiran a gobernar, sino también por el desconocimiento del actual modelo jurídico constitucional en la materia del que su máximo intérprete, el Tribunal Constitucional, ha dicho que las comunidades autónomas dotadas de derecho civil foral o especial propio, como es el caso de la Comunidad vasca, pueden legislar sobre instituciones de derecho civil foral para regularlo, actualizarlo e innovarlo según sus principios informadores peculiares. En concreto, en Euskadi o Comunidad vasca y en uso de sus competencias históricas en materia de derecho civil foral, que hunde sus raíces escritas en el nuevo fuero de 1452, y también en función de sus competencias en materia de igualdad entre mujeres y hombres y en materia de infancia y adolescencia, y también, por qué no, en la competencia para ejecutar tratados y convenios internacionales, como es la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, en materias de su competencia, como lo es todo el derecho de familia, se ha aprobado un grupo normativo en torno de la familia y de sus miembros... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.


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El señor LEGARDA URIARTE: ... que va desde su cabeza de grupo normativo, que es la Ley de Derecho Civil Vasco, la Ley 3/1999, modificada por la Ley 5/2015, pasando por el apoyo a la familia misma -la Ley 13/2008-, la regulación de las parejas de hecho -la Ley 13/2003-, la atención y protección de la infancia y la adolescencia -la Ley 3/2005- y las relaciones familiares en supuestos de separación, ruptura o nulidad o custodia compartida, que es la Ley 7/2015.

Finalizo, presidenta. Daremos nuestro apoyo a la iniciativa para que el Código Civil acoja para los territorios que no cuenten con derecho foral propio la custodia compartida como criterio prioritario en casos de separación, divorcio o nulidad, aunque discrepamos de parte de la fundamentación del grupo parlamentario proponente.

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda, presidenta, senyores i senyors diputats.

Ciudadanos plantea en esta moción consecuencia de interpelación que la guarda y custodia compartida no es la fórmula preferente en el Código Civil español y que es lo que debería ser: preferente. Asimismo plantea que ocasiona desigualdad entre los progenitores, entre los cónyuges, y que la existencia de derechos forales y civiles propios en determinadas comunidades autónomas genera también desigualdades. Esquerra Republicana no comparte esta tesis, no comparte la tesis de la desigualdad planteada de esta manera ni tampoco comparte la tesis de la desigualdad respecto a las comunidades autónomas con derecho foral o derecho civil propio. Creemos que la modificación que se plantea, que ya está contemplada tanto en el Código Civil como en el Código Civil de Cataluña, tiene sentido única y exclusivamente desde el punto de vista de protección de los menores, del interés superior del menor. En segundo lugar, no se trata de preeminencia o preferencia, sino del análisis de las circunstancias concurrentes en cada caso, que son las que determinan que la guarda pueda ser compartida o, en su caso, sea ejercida en exclusiva... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría, un segundo.

Ruego silencio, señorías. Continúe.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Como decía, debe ser fruto del análisis de las circunstancias concurrentes para que pueda determinarse que la guarda sea compartida o, en su caso, sea ejercida en exclusiva por uno de los progenitores.

La guarda y custodia compartida fue introducida en la modificación del Código Civil del año 2005 por la Ley 15/2005, en su artículo 92, pero es cierto que no es la opción preferente porque deja la decisión a la valoración del juez en cada caso y de las circunstancias concurrentes. Compartiríamos con Ciudadanos esta visión de la necesidad de ir un poco más allá por conseguir, efectivamente, una situación de igualdad plena de los cónyuges; estaríamos totalmente de acuerdo si fuera cierto que en las relaciones familiares existe siempre un equilibrio y la plena igualdad de los cónyuges, en este caso de los progenitores. Es cierto que la sociedad española ha evolucionado y que desde la aprobación de la Ley de Divorcio hasta hoy ha llovido mucho y la sociedad ha cambiado y ha evolucionado a mejor. El matrimonio ya no es únicamente el contraído por personas de distinto sexo y, por tanto, el derecho a contraer matrimonio no es exclusivo de las personas heterosexuales sino que también es predicable y se reconoce entre personas del mismo sexo, de manera que los defectos jurídicos y personales de las rupturas matrimoniales no deberían ser idénticos a los que se previeron en la Ley de Divorcio del año 1981, por lo que no puede mantenerse la automaticidad del otorgamiento de la guarda y custodia a la madre en atención a la regulación contenida en el Código Civil antes de la modificación de 2005, debido a la propia evolución de la sociedad.

Ahora bien, dicho lo anterior, permitan que haga una crítica al planteamiento de Ciudadanos y esa obsesión en poner el foco tanto en la desigualdad de los progenitores, de los cónyuges, como también en la desigualdad que ocasiona la aplicación del derecho foral o civil propio en las comunidades autónomas que poseen ese derecho. En el caso de Cataluña y las Illes Balears el derecho privado, el derecho civil, el derecho procesal -que ya no lo tenemos- y el derecho penal -que tampoco lo tenemos- es lo único que queda incólume y que no fue derogado por el Decreto de Nueva Planta de Felipe V en enero de 1716. Por tanto, el Parlament de Catalunya, en el marco de sus competencias que ha deseado siempre ejercer


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y del autogobierno, legisló en 2010 la Ley 25/2010, de 29 de julio, del libro segundo del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la familia. Ahí se reguló la guarda y custodia compartida desde la óptica del interés superior de protección del menor y en defensa del pleno desarrollo de la personalidad del menor. En este marco es en el que Cataluña se rige. Es evidente que nosotros defendemos que el Estado español se regule como desee y como le interese y proceda. En este caso, el artículo 92 del Código Civil regula la guarda y custodia compartida. Es evidente que no lo hace de forma automática porque, como decía al inicio de mi intervención, deben tenerse en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso concreto: en caso de acuerdo de los cónyuges o progenitores, el pacto al que lleguen, teniendo en cuenta cada uno el reparto de aquello que siempre han hecho con el menor, y en el caso de que no exista acuerdo, es evidente que es el juez o la juez quien debe valorar las circunstancias que concurren y en quién debe recaer la custodia, si es exclusiva para uno de los progenitores o debe ser compartida por ambos progenitores.

La modificación pretendida por Ciudadanos no recoge estos principios que he expuesto en mi intervención por lo que Esquerra Republicana votará en contra de la moción de Ciudadanos.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Carreño Valero. (Rumores).

Silencio, señorías.

La señora CARREÑO VALERO: Buenas tardes, señorías, presidenta.

El Grupo Parlamentario Confederal considera que los cuidados de los hijos e hijas han de ser compartidos por ambos progenitores porque, en primer lugar, esto es beneficioso para los niños y niñas pero, sobre todo, porque es indispensable para avanzar en la igualdad de género. Las mujeres asumimos la mayor carga del cuidado y educación de nuestros hijos e hijas, lo que obstaculiza nuestro acceso al ámbito profesional en igualdad de condiciones. Enfrentamos mayores tasas de empleo parcial, brecha salarial por motivos de género y esto, señorías, redunda a la postre en mayores tasas de pobreza entre las mujeres. Sin duda, este sistema no contribuye a alcanzar la igualdad real y efectiva de la mujer. Por eso, debemos cambiar este modelo familiar y social, compartiendo los cuidados y la crianza de los hijos en todo momento.

Señorías, esta iniciativa que ustedes nos traen hoy no favorece que alcancemos tan ansiada igualdad, no propicia que se compartan los cuidados a lo largo de la vida en familia, sino únicamente quieren ustedes imponerla en situaciones de crisis familiar. Desde la aprobación de la Ley 15/2015 los cónyuges pueden estipular de mutuo acuerdo las condiciones de su separación, incluida la guarda y custodia de las hijas e hijos a su cargo. Señorías, el camino emprendido por esa ley es el correcto. En un conflicto familiar ha de primar siempre el acuerdo, pues esta es la única forma en la que la custodia compartida puede resultar positiva. Para ello es indispensable, cómo no, impulsar la mediación, dotando a los juzgados y tribunales de los recursos suficientes. Esto, que sería lo deseable, no se puede hacer, señoras y señores de Ciudadanos, porque ustedes, como muleta de este Gobierno, aprobaron unos presupuestos generales que no dotan de recursos suficientes a los juzgados y tribunales en materia de mediación. Es más, ustedes rechazaron nuestra enmienda a los presupuestos en materia de mediación intrajudicial. (Aplausos). Ustedes no quieren que las familias lleguen a acuerdos, ustedes simplemente se limitan a imponerlo. Imponer por vía judicial la forma en que ha de relacionarse una familia nunca es la manera óptima de resolver la disolución de un matrimonio o relación de convivencia. La propia jurisprudencia del Supremo, a la que ustedes se refieren, concluye -y cito literalmente-: La custodia compartida conlleva como premisa la necesidad de que entre los padres exista una relación de mutuo respeto que permita la adopción de actitudes y conductas que beneficien al menor, que no perturben su desarrollo emocional y que, pese a la ruptura efectiva de los progenitores, se mantenga un marco familiar de referencia que sustente un crecimiento armónico de su personalidad. Es decir, que nuestros tribunales no la recomiendan en todos los casos, no establecen la preferencia y dicen que es deseable, que no es lo mismo que preferente, pero ustedes no han sabido ni tan siquiera leer la jurisprudencia.

En una situación de grave conflicto, una medida como la que ustedes proponen hoy podría aumentar la confrontación entre los progenitores, perjudicando así el desarrollo de los hijos e hijas. No debemos olvidar que en toda regulación legal que afecte a niñas y niños ha de primar siempre, por encima de cualquier otra premisa, la defensa del interés superior del menor. Los hijos e hijas no son derechos de otra


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persona, sino sujetos de derecho que han de ser respetados y oídos, tal y como estipula la Carta Europea de Derechos del Niño. Sin embargo, ¿cómo prevén ustedes que sean oídos estos niños, señorías? ¿Se dan cuenta de lo traumático que puede resultar para un menor de edad tener que testificar respecto de un conflicto familiar? Si de verdad queremos que se escuche a la infancia, el sistema judicial ha de estar preparado para ello y esto requiere nuevamente de inversión: inversión en salas amigables, inversión en equipos psicosociales, una inversión que nuevamente ustedes no han previsto ni han defendido a lo largo del proceso de presupuestos. Sinceramente, no parecen ustedes muy preocupados por la infancia, o al menos no tanto como por sostener a este Gobierno, que es lo que parece su prioridad. Si a ustedes les importara que los progenitores tuvieran una responsabilidad conjunta en cuanto al desarrollo y educación, ¿no creen que esta debería ser compartida desde el momento de su nacimiento? ¿O solamente quieren ustedes dividir los cuidados cuando se rompe la pareja?

Si apostaran por la igualdad, como ha dicho su portavoz, ustedes no se habrían opuesto, como lo hicieron, a la propuesta de Unidos Podemos para establecer permisos iguales e intransferibles por nacimiento, acogida o adopción. (Aplausos). Esta sí es una medida que genera igualdad y división de tareas, esta es una medida que evitaría que las mujeres fueran discriminadas en el ambiente laboral, esta es una medida que permitiría a los hijos e hijas disfrutar de la compañía de sus padres en igualdad de condiciones y que fomentaría un reparto más igualitario de las tareas. Es en una relación de igualdad y de corresponsabilidad donde es posible, en caso de cese de la convivencia, mantener una relación permanente e igual, tal y como dicta nuestra propia jurisprudencia y el derecho comparado.

Por último, hemos de tener presente que en nuestro país existe un gravísimo problema al que ustedes no han hecho ni tan siquiera mención, que es la violencia machista y en estos casos el problema del maltrato puede y suele prorrogarse sobre los hijos en común de la pareja. Por tanto, cuando el dictamen de 2014, de la CEDAW contra España, a raíz del caso Ángela González, refleja la necesidad de tomar medidas para que los antecedentes de violencia doméstica sean tenidos en cuenta a la hora de estipular los derechos de custodia y visita, es lamentable que ustedes no lo hayan previsto en su proposición. Nuestro Gobierno no ha tomado las medidas desde que se aprobara este dictamen en el año 2014 y, como resultado, son muchos niños y niñas los que son asesinados cada año por violencia machista en nuestro país; la mayor parte, durante el régimen de visitas y a pesar de que en muchos casos la madre había alertado varias veces del riesgo. (Aplausos). Por tanto, imponer la custodia compartida de forma preferente y sin acuerdo es sumamente peligrosa en situaciones de violencia, señorías. Por eso no podemos aplicar a todas las familias la misma regla, por mucho que a ustedes les guste la imposición, porque, como dicen, al menos hay cierta paz y orden. La custodia compartida, sin duda, es la más deseable de entre las situaciones posibles, pero la forma de conseguirla no es la imposición. Por eso hoy votaremos no a su moción, porque no es solo lo que se promueve, señorías, sino lo también el cómo, y esta, desde luego, no es la manera. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Pregunto a la señora Rodríguez Hernández si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): No aceptamos ninguna enmienda. Se votará en sus términos.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004:

- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (Número de expediente 052/000004).

La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos a examinar el último punto del orden del día, relativo a la elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados, sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. La diputada propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista es doña Margarita Robles Fernández. Este punto será sometido a


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votación tras las restantes votaciones previstas para el día de hoy, que comenzarán, señorías, en tres minutos.

Muchas gracias. (Pausa).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 42/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD. (Número de expediente 122/000103).

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a comenzar las votaciones.

En primer lugar, votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334 más 1 voto telemático, 335; a favor, 142 más 1 voto telemático, 143; en contra, 158; abstenciones, 34.

La señora PRESIDENTA: Queda no tomada en consideración la proposición de ley. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE REFUERZO DE LA LUCHA CONTRA LA MOROSIDAD EN LAS OPERACIONES COMERCIALES. (Número de expediente 122/000098).

La señora PRESIDENTA: Votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de refuerzo de la lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 334.

La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración la proposición de ley. (Aplausos).

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL SISTEMA DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO. (Número de expediente 162/000206).

La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar las proposiciones no de ley. Primero vamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el sistema de becas y ayudas al estudio. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 147; en contra, 137, abstenciones, 50.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL IMPULSO DE LA ACTUAL ESTRATEGIA DE CIBERSEGURIDAD NACIONAL. (Número de expediente 162/000421).

La señora PRESIDENTA: Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la actual Estrategia de Ciberseguridad Nacional. La vamos a votar en los términos resultantes de la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 248; en contra, 9; abstenciones, 76.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL MINISTERIO DEL INTERIOR ANTE LA ALARMA SOCIAL QUE HAN GENERADO LAS ACTUACIONES DE ALTOS RESPONSABLES DEL DEPARTAMENTO EN RELACIÓN CON PERSONAS INVESTIGADAS POR DELITOS RELACIONADOS CON LA CORRUPCIÓN. (Número de expediente 173/000032).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con las votaciones correspondientes a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Votamos primero la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Ministerio del Interior ante la alarma social que han generado las actuaciones de altos responsables del departamento en relación con personas investigadas por delitos relacionados con la corrupción. Se vota en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 167; en contra, 131; abstenciones, 36.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS POLÍTICAS DEL MINISTRO DE JUSTICIA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO EN MATERIA DE GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA. (Número de expediente 173/000033).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del ministro de Justicia para dar cumplimento a la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de guardia y custodia compartida. La vamos a votar en sus propios términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 333; a favor, 171; en contra, 158; abstenciones, 4.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).

ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (VOTACIÓN):

- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (Número de expediente 052/000004).

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a proceder ahora a la elección, mediante votación por papeletas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 205 en relación con el 204 del Reglamento, resultando elegido el diputado que alcance una mayoría de tres quintos, es decir, 210 diputados. (Rumores). Señorías, por favor, guarden silencio. Cada diputado escribirá un nombre en su papeleta. Les recuerdo que serán nulas las papeletas que contengan más de un nombre o este no se corresponda con un diputado del Grupo Parlamentario Socialista. La diputada propuesta por el Grupo Parlamentario Socialista es doña Margarita Robles Fernández. Ruego al señor secretario proceda al llamamiento de las señoras y los señores diputados. (Rumores). Por favor, señorías, les ruego silencio.

Por los señores secretarios segundo, tercero y cuarta de la Mesa se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, quienes van depositando su papeleta en la urna.

Terminado el llamamiento, dijo

La señora PRESIDENTA: ¿Algún señor diputado o señora diputada presente no ha sido llamado a votación? (Pausa).

Procedemos al escrutinio.


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Verificado el escrutinio, dijo

La señora PRESIDENTA: Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente: votos emitidos, 332; votos a favor de doña Margarita Robles Fernández, 326; votos en blanco, 4; votos nulos, 2. Por tanto, al haber obtenido más de tres quintos de los votos de los miembros de la Cámara, la señora Margarita Robles Fernández ha resultado elegida a los efectos de la resolución de la Presidencia de 11 de mayo de 2004. Enhorabuena. (Aplausos).

Se suspende la sesión.

Eran las ocho y cincuenta minutos de la noche.

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