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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 50, de 09/05/2017
cve: DSCD-12-PL-50
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 50
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 48
celebrada el martes,
9 de mayo de 2017


Exclusión del orden del día:

Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Xuclá), sobre la valoración de la llamada "Operación Diálogo" con las instituciones y la sociedad civil catalana en aras de lograr un mejor entendimiento. (Número de expediente 172/000043) ... (Página4)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 111-1, de 31 de marzo de 2017. (Número de expediente 122/000089) ... (Página5)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 107-1, de 24 de marzo de 2017. (Número de expediente 122/000086) ... (Página14)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 105, de 17 de febrero de 2017. (Número de expediente 162/000327) ... (Página24)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la crisis institucional en Venezuela. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 139, de 7 de abril de 2017. (Número de expediente 162/000396) ... (Página32)


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Beitialarrangoitia), relativa a la postura del Gobierno en relación a la situación de las y los presos vascos sometidos a legislación antiterrorista gravemente enfermos. (Número de expediente 173/000025) ... (Página40)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno respecto de la adopción de medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético. (Número de expediente 173/000026) ... (Página48)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Exclusión del orden del día ... (Página4)

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado en la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día del punto correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Xuclá), sobre la valoración de la llamada "Operación Diálogo" con las instituciones y la sociedad civil catalana en aras de lograr un mejor entendimiento, lo que se aprueba por asentimiento.

La Presidencia informa de que la votación de todos los asuntos debatidos hoy y mañana se realizará en la sesión del jueves.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)

De los grupos parlamentarios Popular en el Congreso, Socialista y Ciudadanos, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita ... (Página5)

Defienden la toma en consideración de la proposición de ley la señora Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y el señor Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Bataller i Ruiz y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; los señores Gómez Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ... (Página14)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Bataller i Ruiz y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana;


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Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Botella Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página24)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica ... (Página24)

Defiende la proposición no de ley el señor Cámara Villar, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición las señoras Beitialarrangoitia Lizarralde y Sorlí Fresquet, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Domènech Sampere, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Villegas Pérez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora Sánchez-Camacho Pérez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Cámara Villar.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la crisis institucional en Venezuela ... (Página32)

Defiende la proposición no de ley el señor Martínez-Maíllo Toribio, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de su enmienda interviene el señor Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Interviene el señor Hernando Fraile, de conformidad con el artículo 71.3 del Reglamento, así como el señor Tardà i Coma.

En defensa de su enmienda interviene el señor Gutiérrez Limones, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto; Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Maura Barandiarán, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Bustinduy Amador, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Martínez-Maíllo Toribio.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página40)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Beitialarrangoitia), relativa a la postura del Gobierno en relación a la situación de las y los presos vascos sometidos a legislación antiterrorista gravemente enfermos ... (Página40)

Defiende la moción la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, del Grupo Parlamentario Mixto.


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En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Alba Goveli, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y los señores Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barreda de los Ríos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno respecto de la adopción de medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético ... (Página48)

Defiende la moción la señora Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca y Postius Terrado, del Grupo Parlamentario Mixto, así como en turno de fijación de posiciones el señor Matute García de Jalón, del mismo grupo; el señor Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y la señora Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas hace uso de la palabra la señora Lucio Carrasco.

Se suspende la sesión a las ocho de la noche.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR XUCLÀ), SOBRE LA VALORACIÓN DE LA LLAMADA "OPERACIÓN DIÁLOGO" CON LAS INSTITUCIONES Y LA SOCIEDAD CIVIL CATALANA EN ARAS DE LOGRAR UN MEJOR ENTENDIMIENTO. (Número de expediente 172/000043).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Buenas tardes, señorías, se abre la sesión plenaria número 48.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado en la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 29, correspondiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Xuclà), sobre la valoración de la llamada Operación Diálogo con las instituciones y la sociedad civil catalana en aras de lograr un mejor entendimiento. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto de referencia.

Por otra parte, les recuerdo que, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, la votación de todos los asuntos debatidos en el día de hoy y en el día de mañana tendrá lugar en la sesión del jueves.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO Y SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 1/1996, DE 10 DE ENERO, DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA. (Número de expediente 122/000089).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Vamos a iniciar el debate de los puntos del orden del día. (Rumores). Les rogaría un poco de silencio, señorías. Comenzamos con el punto relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley, en concreto, la proposición de ley de los Grupos Parlamentarios Popular en el Congreso y Socialista, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Moro Almaraz.

La señora MORO ALMARAZ: Buenas tardes, señorías, señor presidente.

Esta tarde, fruto del trabajo de muchos remando en la misma dirección y con un objetivo claro, con la toma en consideración de esta proposición de ley, para la que en nombre de mi grupo pido el apoyo de todos los representados en esta Cámara, damos respuesta inequívoca en defensa de nuestro modelo de turno de oficio y de justicia gratuita. El objeto de esta proposición de ley, presentada en su momento conjuntamente por mi grupo, el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos -lamentamos que hoy este último se retire de la firma, si bien confiamos en que mantenga su palabra y su conformidad con la proposición- es afianzar el carácter de servicio público de la actividad llevada a cabo por los colectivos profesionales en la asistencia jurídica gratuita, reforzándola y garantizando que esté debidamente subvencionada por los poderes públicos, reconociendo el abono de las correspondientes indemnizaciones a favor de los profesionales que lo prestan.

Pese a la configuración obligatoria y gratuita que en la práctica tiene el servicio de asistencia gratuita en nuestro país, la vigente redacción de la Ley 1/1996 utiliza ocasionalmente términos equívocos que han podido poner en cuestión los elementos de obligatoriedad y del carácter no retributivo de las cantidades percibidas por los colegiados. Estas expresiones del texto legal probablemente han motivado que en la Dirección General de Tributos, ante una consulta que le fuera formulada, se revisara su interpretación anterior sobre la normativa del IVA, después de haberse dictado dos sentencias por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respecto a otros sistemas europeos de justicia gratuita y que acomodara a ellas sus criterios interpretativos en relación con el sometimiento a tributación por el impuesto sobre el valor añadido. El trabajo y la convicción del Gobierno sobre nuestro modelo de justicia gratuita en todo momento desde que se hizo pública una nueva interpretación tras la sentencia del Tribunal de Justicia de 28 de julio de 2016 respecto al Estado belga, escuchando a los colegios profesionales y a los grupos políticos, es sin duda el sustrato de esta proposición de ley, cuya presentación ha venido acompañada de la decisión de dejar en suspenso, en tanto se tramita la iniciativa parlamentaria, ese criterio interpretativo no ajustado al verdadero modelo español hasta la aprobación de la presente reforma.

Considero de justicia, señorías, poner de manifiesto algunas cifras para saber de qué estamos hablando. Este servicio público es atendido por casi 44 000 abogados a través de 83 colegios, 24 horas al día, 365 días al año, como nos recuerda en su último informe publicado el Observatorio de Justicia Gratuita. La presidenta del Consejo General de la Abogacía señala que el turno de oficio está en el ADN de la abogacía, a lo que yo quiero añadir que se ha ido consolidando como un muy relevante servicio público por la generosidad y profesionalidad de abogados y procuradores, que en España en absoluto realizan una prestación onerosa al atenderlo. La defensa del modelo de este servicio público, amparado por el artículo 119 de la Constitución, que no puede ser asimilado a otros europeos, forma parte de la definición del Estado social y democrático de derecho que nos dimos con la vigente Constitución, garantiza el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y se ha ido adaptando a los nuevos retos, siendo avanzadilla en muchos casos del reconocimiento normativo por el Estado de la extensión del servicio a la atención de los más vulnerables. Los datos del último observatorio de 2015 respecto a la abogacía hablan por sí solos. Hubo 905 000 solicitudes, de las cuales se tramitaron 621 000 por expediente electrónico. Fueron atendidos 1 745 000 asuntos de asistencia jurídica gratuita, resultado de cada uno de los más de 749 000 expedientes remitidos por los colegios, porque, en muchos casos, de ellos se derivan varios asuntos. Más de 1 098 000 pertenecen al turno de oficio, más de 582 000 al servicio de asistencia letrada al detenido y en torno a 64 000 al servicio de violencia de género.


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Según el informe de Metroscopia de mayo de 2016, este servicio, en el último decenio, no solo por los números sino por el tipo de asuntos y los colectivos vulnerables a los que se atiende, ha sido considerado de gran calidad, incluso como uno de los mejores del mundo, según estudios comparados. No es un servicio que se limita a la actuación de los abogados, sino que también -como he dicho- alcanza a los procuradores. El turno de oficio en este caso garantiza la representación procesal del justiciable, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución española. Con esta proposición de ley buscamos clarificar los términos de la calificación jurídica de nuestro modelo de turno de oficio y de justicia gratuita respecto al que, probablemente, una relajación de la terminología legal puede haber desencadenado interpretaciones contradictorias en relación con las sostenidas por el Tribunal Europeo de Justicia sobre otros modelos de justicia gratuita. De ahí que la definición explícita en esta proposición de ley de este servicio sea coincidente con la configuración dada al modelo español, al menos desde la publicación de la Ley 1/1996; un servicio público obligatorio para los colegios profesionales de abogados y procuradores como entidades de derecho público que son, y la consideración de indemnización de la compensación económica a cargo del Estado por la prestación del servicio, con las consecuencias derivadas de ello a efectos tributarios.

Señorías, en el sistema europeo común, según la correspondiente directiva, están sujetas a IVA las prestaciones de servicios realizadas a título oneroso en el ámbito de un Estado miembro por un sujeto pasivo que actúe como tal, y estas no lo son. Según el artículo 132 de la misma directiva, los Estados eximirán las prestaciones de servicios si son realizadas por entidades de derecho público a los que el Estado reconozca su carácter social. Por otra parte, en la Ley 37/1992, artículo 7.10, se establece que no están sujetas al impuesto sobre el valor añadido las prestaciones de servicios a título gratuito a que se refiere el artículo 12.3 de esta ley que sean obligatorias para el sujeto pasivo en virtud de normas jurídicas o convenios colectivos, incluso los servicios telegráficos y telefónicos prestados en régimen de franquicia.

Como ya dijimos en el momento de registrar esta proposición de ley, cuando los partidos se ponen de acuerdo en temas de interés general ganan todos los ciudadanos. Además, el Gobierno, a través del trabajo coordinado de sus ministerios de Hacienda y Justicia, ha dejado claro en todo momento que defiende este modelo de justicia gratuita y que está de acuerdo en consolidarlo y mejorarlo. Para alcanzar esos objetivos, esta proposición de ley incluirá las siguientes características fundamentales al régimen de justicia gratuita en nuestro país. En primer lugar, se refuerza -como he dicho- el carácter obligatorio del servicio, haciendo referencia expresa a ello en el artículo 1 de la ley. En segundo lugar, son los colegios profesionales los responsables de la organización; en el marco de ese carácter obligatorio, estos colegios podrán organizar el servicio de asistencia jurídica gratuita en términos similares a lo que han venido haciendo hasta aquí. En tercer lugar, se consolida en el texto el carácter indemnizatorio de las cantidades incluidas en el baremo para los abogados y procuradores en su caso, dentro de los términos de la prestación de su servicio, que realicen servicios de justicia gratuita. Finalmente, los efectos de la norma se retrotraen a 1 de enero de 2017.

Muchos de ustedes, señorías, no recordarán aquella serie de Antonio Mercero, Turno de oficio, pero fue impulsora en adolescentes y jóvenes de los ochenta de muchas vocaciones por el mundo de la justicia. Señorías, esta tarde no estamos hablando de ficción; estamos ocupándonos y preocupándonos de la calidad de nuestro Estado de derecho, de instrumentos básicos de nuestra democracia. Le debemos reconocimiento a tantos profesionales que no escatiman tiempo por una convicción, la de que toda persona tiene derecho a la tutela judicial efectiva, a ser asistido por un abogado y representado por un procurador en momentos muy delicados, sea cual sea su situación social, económica, cultural, lo que haya hecho o el derecho que pide que le sea reconocido o restaurado. Hoy, señorías, todos nos sentimos más comprometidos con lo que nos demandan los profesionales que nos permiten sentirnos orgullosos de una de las joyas de nuestro sistema de justicia, pero también de lo que nos demanda la sociedad española, por eso estoy segura de que todos apoyarán esta iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Moro.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo Moreno.

El señor CAMPO MORENO: Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, buenas tardes.

Hablar hoy desde esta tribuna de asistencia jurídica gratuita, turno de oficio o de si debe pagarse el IVA o no por estas prestaciones es casi un bálsamo en las aguas turbulentas en las que se mueve la acción del Gobierno: casos de corrupción y algo inédito, y es que estos casos de corrupción están salpicando la propia actuación del fiscal general del Estado y del fiscal jefe Anticorrupción. En fin, de esto


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hablaremos mañana y muchos más días en muy distintos foros. Ahora nos centraremos en reclamar el parecer favorable de esta Cámara para la toma en consideración de una proposición de ley que modifique la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.

Señorías, ocupa un espacio común hablar de la iniciativa legislativa como un instrumento -quizá el más potente- de innovación del sistema jurídico. La gran mayoría de las veces, las iniciativas legislativas tienen una finalidad clara que no es otra que la de procurar un cambio del sistema normativo, dar una nueva regulación a una situación, ya sea por no existir regulación con anterioridad o por haber sufrido enormes modificaciones y quedarse desfasada la regulación anterior. Pues bien, la proposición de ley que hoy presentamos ante esta Cámara tres grupos parlamentarios -aunque ya hemos conocido la incidencia de uno de ellos- es, como tantas cosas en estos días, muy peculiar. Se trata de una iniciativa legislativa para que todo vuelva a ser como antes del desaguisado en el que nos metió la Dirección General de Tributos. Han oído bien, pretendemos cambiar la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, pues cambiar la Ley del IVA -que parecería lo más lógico- nos traería nuevos e indeseados problemas; modificación legal para que el turno de oficio prestado por los abogados y procuradores, o asistencia letrada al detenido, no se vea atrapada en las redes del impuesto. Nunca lo estuvo, por cierto. Resaltaremos con el cambio el carácter obligatorio y gratuito de dichos servicios, siempre que se presten en el seno de lo que se conoce como la asistencia jurídica gratuita.

No parece necesario invocar el carácter constitucional de dicha asistencia, y así lo entendió la propia Dirección General de Tributos durante mucho tiempo, que siempre insistía para su no tributación con IVA en su carácter obligatorio y en su carácter gratuito. Eso fue así hasta que en la Dirección General de Tributos se hizo una interpretación de dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una de fecha 17 de junio de 2010, Asunto C-492/08, y otra de fecha 28 de julio de 2016, Asunto C-534/16, donde -a los efectos que venimos analizando- se señala que el artículo 132, apartado 1, letra g), de la Directiva 2006/112, debía interpretarse en el sentido de que los servicios prestados por los abogados a los justiciables que disfruten de asistencia jurídica gratuita en el marco de un régimen nacional de asistencia jurídica gratuita, como es el objeto principal del pleito principal, no están exentos del IVA. La dirección general, sin analizar los modelos nacionales francés o belga al que se refieren ambas resoluciones, asumió ese criterio y sin otro análisis concluyó en una consulta vinculante que dichas prestaciones están sujetas a IVA. De un plumazo trasmutó la naturaleza jurídica de tal prestación, incorporando el hecho de prestarla como hecho imponible y, por tanto, sujeto al pago del impuesto.

Mi grupo parlamentario es firmante de esta iniciativa legislativa, pero le hubiera gustado que desde los ministerios pertinentes se hubiera hecho un mínimo estudio en profundidad de las sentencias del tribunal de justicia, calibrando comparativamente los modelos francés y belga a los que se refieren -como he dicho antes- las sentencias de 2010 y 2016 y el caso español. Por quedarnos con el belga, auténtico detonante del cambio de orientación, no se ha considerado que el sistema de justicia gratuito belga tiene un régimen de indemnizaciones que no se fija en un baremo al modo del que existe en el territorio del Ministerio de Justicia en España tras el Reglamento de 2003 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. En Bélgica, la indemnización de los abogados que participan del sistema de asistencia jurídica gratuita se determina en función de un método de puntos que se asigna a cada proceso, determinándose su correspondiente valor cada año en función del presupuesto global de asistencia jurídica, fijándose las tarifas por el ministerio en atención a las puntuaciones totales que cada año le remiten los colegios y que dependerá del tipo de casos en los que se les haya reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Una interpretación literal de la sentencia de 2016 llevó a la Dirección General de Tributos a cambiar su criterio y de un plumazo cargarse décadas de buen hacer, de tal modo que señaló que tales servicios -los de asistencia jurídica gratuita- sí se encuentran sujetos y no exentos del IVA, siendo aplicable el tipo impositivo general del 21 %, cargándose sin la más mínima contradicción la propia resolución de 1986, que venía a decir que los servicios prestados por los abogados en el denominado turno de oficio para la asistencia al detenido son obligatorios para dichos profesionales en virtud de las normas jurídicas vigentes que se contemplaban con el dato de que las cantidades que recibían los citados profesionales no tenían el carácter de retribución ni compensación por la prestación. Sin encomendarse a nadie, la dirección general desmontó los dos presupuestos básicos de la asistencia jurídica gratuita: la obligatoriedad y, cómo no, la gratuidad. Las alarmas no se hicieron esperar y desde el Consejo General de la Abogacía y las asociaciones de consumidores y usuarios se lanzaron todas las alarmas, siendo esta iniciativa la respuesta a tales clamores. Si me lo permiten, es una ley apagafuegos.


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Este es el objetivo de la modificación legal que ahora se somete a esta Cámara para intentar reparar los daños desde primeros de año por lectura única y trámite de urgencia. Es una ley de un artículo único que modifica ocho artículos de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita del año 1996 con una disposición final única. Señorías, les ahorro el detalle de este articulado, que ciñe toda su literatura a resaltar el carácter obligatorio y gratuito de la prestación, poniendo énfasis en la nota de que es un servicio público debidamente subvencionado y reconociendo que lo que reciben los profesionales, son indemnizaciones; son servicios obligatorios y, por tanto, como siempre hemos sabido, no están sujetos a tributación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campo.

Como no se ha solicitado turno en contra, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Esta proposición de ley, con nuevas medidas sobre el mandato y la garantía constitucional para la prestación de justicia y el derecho a la asistencia jurídica gratuita, avanza en la regulación del procedimiento para su mejor reconocimiento y mayor efectividad. Es algo muy importante porque, como tantas y tantas veces han advertido y reivindicado los abogados y procuradores, sus consejos generales y sus colegios oficiales, estamos ante un elemento de cohesión social que es imprescindible para que las personas sin medios económicos puedan ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva y puedan acceder a ella quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, tal y como establece el artículo 119 de la Constitución española.

Esta modificación legislativa, que Foro apoyará con su voto, trata de atenuar las dificultades de los profesionales de la abogacía, 43 000 en toda España -casi 1000 en Asturias-, que prestan asistencia gratuita, y asimismo clarifica el concepto de subvención y precisa el de indemnización por baremo. Con ello se pone fin a la confusión generada tras considerar equívocamente como honorarios las percepciones derivadas de la asistencia jurídica gratuita y aplicarles el 21 % de IVA. Estamos en todo caso ante una modificación legislativa que debería ser parte relevante dentro del imprescindible y urgente proceso de modernización de la justicia, que aún no se ha producido, para que la justicia se adapte a las realidades sociales y económicas de nuestro país y de los tiempos. De ahí la creación de una subcomisión para el estudio y definición de una estrategia nacional de justicia que tiene que servir de impulso para llevar a término el estatuto del abogado de turno de oficio, que debería ser consagrado en un próximo marco legislativo. En España necesitamos avanzar en la prestación y en la calidad de un servicio público que está basado en la confianza abogado-cliente y que precisa de facilidad de acceso a su prestación para que la abogacía pueda hacer su labor con inmediatez y cercanía personal, infraestructuras dignas y medios materiales adecuados, siempre a favor del ciudadano solicitante del beneficio de la justicia gratuita.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señor presidente, señorías, Compromís siempre ha estado por impulsar la asistencia jurídica gratuita como instrumento para la generalización del derecho a la tutela judicial efectiva, pero igualmente nos preocupan las libertades civiles, como es el derecho de asociación, también en su faceta negativa, o sea, el derecho a no pertenecer a ninguna asociación; derecho que en este proyecto retrocede. El artículo 36 de la Constitución española, cuando habla de los colegios profesionales, únicamente establece lo que se llama una garantía de instituto; es decir, la seguridad de que van a continuar en el nuevo marco constitucional, pero no habla para nada de la obligatoriedad de la pertenencia a los mismos. Es cierto que la presencia de los intereses generales permite que el legislador en algunas profesiones introduzca ahí unas obligatoriedades. En cualquier caso, esto no debe ser una excusa para que las administraciones públicas hagan una dejación de sus funciones. Esto es precisamente lo que vemos que se apunta en el proyecto de ley cuya toma en consideración estamos debatiendo ahora.

Este proyecto de ley, además, es confuso e incurre en algunas incongruencias. ¿Cómo se puede decir en el artículo 1 que los colegios profesionales serán los que podrán organizar el servicio y los que podrán dispensar al colegiado de la prestación cuando existan justas causas, pero luego en el artículo 22 se dice que los consejos generales profesionales regularán y organizarán el servicio? ¿En qué quedamos? ¿Se


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puede o se debe? Además, esa obligación que aparece en el artículo 22 ¿a quién se impone? ¿A los colegios o a los colegiados? No nos resulta para nada claro. ¿Cómo se puede decir que la asistencia jurídica gratuita será obligatoria y al mismo tiempo encargarse a los colegios? ¿Por qué no hace la Administración, si va a obligar a los colegiados, como parece, a que estén todos en el turno de oficio, un registro público de servidores del turno y es ella la que controla los requisitos de acceso? ¿Por qué tienen que estar los profesionales sujetos a una responsabilidad disciplinaria? Apreciada y aplicada ¿por quién? Por quienes son sus iguales, por miembros de las juntas colegiales, iguales a ellos pero que son sus competidores en el mercado. ¿Cómo se va a garantizar una homogeneidad en el control ante las grandes diferencias de medios con que cuentan los diferentes colegios a lo largo de la geografía española? En suma, nos encontramos con un texto que en su brevedad nos está planteando mayores interrogantes que los que se decía que venía a solucionar.

En Compromís estamos a favor del progreso de la asistencia jurídica gratuita, por eso hemos presentado enmiendas a los presupuestos para aumentar las partidas que a ello se destinan. Vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, pero ya anunciamos que presentaremos en el momento oportuno una serie de enmiendas de cuya admisión, en aras de la claridad del proyecto, dependerá finalmente el sentido de nuestro voto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bataller.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Evidentemente, compartimos la motivación que persigue esta proposición de ley, que es volver a la no sujeción al IVA de los servicios del turno de oficio. Ahora bien, como consecuencia del desaguisado -y aquí se ha dicho- provocado por una resolución de la Dirección General de Tributos, se ha presentado una proposición de ley que a nosotros, de entrada, nos suscita muchísimas dudas. Avanzo que votaremos a favor de su tramitación, pero vamos a presentar enmiendas para intentar clarificar lo que ahora se nos antoja algo ambiguo.

En primer lugar -ya se ha comentado-, ¿sobre quién pivota la obligatoriedad de la prestación del servicio, sobre los profesionales o sobre los colegios? De hecho, el ministro ha dicho en distintos foros, y a preguntas de nuestro grupo, que efectivamente a quien obliga es a los colegios, no a los colegiados. Sin embargo, del texto del articulado se infiere que habrá una suerte de dispensa para aquellos abogados que no puedan prestar el servicio por el motivo que fuere. ¿En qué quedamos? ¿Habrá que hacer dispensa y baremar un catálogo reglamentario de qué actuaciones son dispensables? No nos queda nada claro que esto signifique eximir de obligatoriedad de la prestación a los letrados.

Una segunda duda que tenemos -solo tenemos tres; se lo digo al presidente a efectos de tiempo- está relacionada con el hecho de que hay una invasión competencial en el artículo 25. De hecho, las comunidades autónomas con competencias en la gestión de los servicios, como Cataluña, que invierten muchas cantidades de dinero para garantizar la prestación del servicio del turno de oficio ya están implicadas en su mantenimiento, en su gestión, en su ordenación. ¿A qué viene que el Ministerio de Justicia tenga que entrar en la cocina de la gestión de este servicio y lo haga además en aquellas comunidades autónomas en las que no tiene esta competencia? Nos parece bien que lo haga en aquellas comunidades en las que el ministerio tiene competencia.

En tercer lugar, y para terminar, sería positivo establecer que estas subvenciones que se predican y que se recogen en la ley tengan garantizadas las partidas presupuestarias. No puede suceder, como se infiere de la proposición tal y como está redactada, que esta subvención tenga una discrecionalidad impropia del importante carácter para el Estado de derecho que implica el ejercicio del turno de oficio.

Por tanto, daremos nuestro sí a la tramitación, pero nos reservamos el voto hasta ver cómo queda el redactado final después del debate de las enmiendas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

La proposición de ley de modificación de la Ley 1/1996 trae causa, como ya se ha dicho, de una resolución de la Dirección General de Tributos sobre el IVA y el turno de oficio de 25 de enero de 2017,


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por la cual se determinaba la sujeción de la remuneración de los servicios del turno de oficio en el beneficio de justicia gratuita al impuesto sobre el valor añadido. La Dirección General de Tributos cambiaba así su criterio, que desde junio de 1986 consideraba que los servicios prestados por abogados y procuradores a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita no se encontraban sujetos al IVA. Este cambio de criterio se justificaba por aquella dirección general con una sentencia, como ya se ha dicho, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 28 de julio de 2016, que fallaba en el sentido de que la prestación de los servicios jurídicos de asistencia jurídica gratuita en Bélgica, al ser voluntaria para los abogados y sujeta a remuneración, no cabía excluirla del IVA. Sin embargo, el modelo español del beneficio a la asistencia jurídica gratuita tiene una naturaleza totalmente distinta a la del modelo belga. Por ello, el cambio de criterio de la Dirección General de Tributos ha tenido unánime contestación entre letrados y procuradores y afecta, en el caso de los letrados, a cerca de 4400 en todo el Estado, 83 colegios profesionales y 1 750 000 asuntos tramitados en lo que va de año. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

El modelo estatal de asistencia jurídica gratuita se basa en el derecho a la justicia gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar, según señala el artículo 119 de la Constitución, y ello para hacer efectivo el derecho fundamental que todas las personas tienen a obtener la tutela judicial efectiva en el ejercicio de sus derechos e intereses, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión, tal y como relata el artículo 24.1 de esa misma Constitución. Y es la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, la que desarrolla el mandato constitucional citado, determinando que el turno de oficio no tiene carácter voluntario y que la compensación a los letrados y procuradores no tiene naturaleza retributiva. Por ello, sobre la abogacía y la procura recae la obligación irrenunciable de garantizar la prestación del servicio y, en definitiva, el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva de quienes carecen de recursos para litigar. Y esta obligación irrenunciable para la abogacía y los procuradores convierte este servicio en un sistema público reglado por normas administrativas y sometido a la disciplina pública.

La reforma de la Ley 1/1996 que ahora debatimos refuerza aún más estas características de la asistencia jurídica gratuita en el derecho español. Se refuerza el carácter obligatorio de la prestación letrada a sus beneficiarios, cuya organización se hace recaer en los colegios profesionales como corporación de derecho público que son, para garantizar el derecho reconocido en el artículo 119 de la Constitución. Y, por otra parte, se refuerza también que la compensación satisfecha por esta asistencia por letrados y procuradores tiene una naturaleza análoga a una indemnización, porque no se entiende como una retribución puesto que se aleja de los precios de mercado y porque se impone sin que el profesional tenga capacidad de modificarla, además, está sujeta a baremo, y con ello se indemniza a los letrados y procuradores por la prestación de un servicio público. Y son precisamente estas notas características de la justicia gratuita en el Estado español, la obligatoriedad de la prestación para letrados y procuradores y que la compensación satisfecha por esta asistencia no tiene la naturaleza de una retribución sino la de una indemnización por baremo administrativo, las que determinan que esta indemnización no esté sujeta al IVA, que es precisamente el debate que pretende zanjar la proposición debatida y que por eso mismo apoyaremos en este trámite.

Muchas gracias, presidenta; muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Senyora presidenta, senyores i senyors diputats, molt bona tarda.

Mediante la presente proposición de ley presentada de forma conjunta por el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español se pretende la modificación de varios preceptos que afectan a la vigente Ley de Asistencia Jurídica Gratuita. Quiero decirles que la redacción sería mejorable en atención a que, como se apuntaba con anterioridad, induce a error en materia de obligatoriedad de la prestación, dejando fuera de la cobertura de la subvención -artículo 37 de la proposición de ley- la prestación del servicio. Me gustaría pensar que se trata de un error porque, de no ser así, esto sería de juzgado de guardia.

Ya se ha dicho que esta proposición de ley trae causa de una resolución de la Dirección General de Tributos, pero también trae causa de una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que estableció la aplicabilidad del IVA a los servicios prestados por abogados cuando dichos servicios fueran prestados por los abogados a los justiciables que disfrutan de este derecho en el marco de un régimen nacional -se está refiriendo a los Estados- de asistencia jurídica gratuita.


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Como consecuencia de este pronunciamiento se plantean en la proposición de ley las siguientes modificaciones: primero, el carácter obligatorio del servicio para los colegiados a la hora de tener que prestarlo. Los colegios de abogados y procuradores deberán organizar el servicio de manera que el colegiado pueda quedar dispensado de prestarlo cuando existan razones que lo justifiquen. Así lo dice el artículo 1 de la proposición de ley. A criterio de Esquerra Republicana solo sería obligatorio en el supuesto de que no existiese un número suficiente de abogados o procuradores que pudieran prestarlo de forma voluntaria. La dispensa de prestar el servicio cuando existen razones que lo justifican tiene que ver con aspectos que afectan a incompatibilidades y otras cuestiones.

Por otro lado, con esta regulación y con esta redacción ambigua de la proposición de ley se está dejando sin efecto el mantenimiento de los actuales turnos voluntarios de los colegios de abogados y procuradores. Se dice también que se garantiza a los profesionales que presten el servicio una indemnización, no una retribución ni unos honorarios profesionales, que estará destinada a compensar sus actuaciones profesionales. Entendemos en Esquerra Republicana que ello puede comportar dificultades legales para el pago, por ejemplo, de anticipos por actividades llevadas a cabo durante la tramitación de un determinado procedimiento, extremo que se hace en colegios profesionales como el de Barcelona, tanto en el colegio de abogados como en el de procuradores, y en la organización que estos tienen para anticipar el pago de actividades llevadas a cabo tanto por el abogado como por el procurador designado de oficio. Asimismo se prevé que las dotaciones presupuestarias destinadas al servicio subvencionen no solo la implantación sino, más concretamente en este último caso, la atención y el funcionamiento de los servicios que presten los colegios.

Ahora bien, como decía, se olvidan de la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita. La legislación vigente establece la prestación del servicio y habla de la prestación del servicio. ¿Se olvidan de la prestación por alguna cuestión? Se nos escapa algo de esta modificación legal. Además, como se decía con anterioridad, en su artículo 25 existe una clara y notoria invasión de competencias. A nadie se le escapa que los colegios de abogados en este caso son corporaciones de derecho público y que el derecho de defensa se encuentra encomendado a los abogados y esta es su principal función, así lo establecen los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 24, 25 y 119 de la Constitución española así como la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Entendemos que la proposición de ley va más allá, igual ha sido de una forma no consciente, aunque lo dudamos, y convierte, al menos en su actual redacción, en obligatoria la prestación del servicio público de la defensa de oficio para los abogados, salvo la dispensa al abogado que puede hacer efectiva al colegio cuando existen razones que lo justifiquen. Por eso decíamos que de esta manera hacen desaparecer los turnos voluntarios que actualmente existen. En Esquerra Republicana defendemos que la obligatoriedad alcanza a los colegios de abogados, que deben articular un sistema que garantice la universalidad, la igualdad, la calidad de la prestación del servicio del turno de oficio, siendo para los abogados la prestación de dicho servicio de carácter voluntario.

¿Qué no nos ha gustado del proceder a hurtadillas tanto del Partido Popular como del Partido Socialista Obrero Español y en su momento supongo que de Ciudadanos, a pesar de que se haya descolgado en este momento? Que esta propuesta podría haber sido perfectamente consensuada por los distintos grupos de la Cámara, entre otras cosas, porque se trataba de mantener -y así se entendía- la no sujeción al IVA de los servicios prestados por los abogados y procuradores cuando los justiciables gozan del derecho a la asistencia jurídica gratuita. En segundo lugar, porque no alcanzamos a entender qué persiguen con esta redacción que entendemos confusa -y no lo ha dicho únicamente Esquerra Republicana- respecto a la obligatoriedad que abarca a los colegios de abogados y a los abogados.

En definitiva, a pesar de estas críticas a la proposición de ley y como ahora se debate su toma en consideración, Esquerra Republicana votará favorablemente la toma en consideración de la misma.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera.

El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Quiero comenzar saludando y trasladando el reconocimiento del Grupo Parlamentario Ciudadanos a todos los compañeros y compañeras que ejercen la abogacía y la procura y que están adscritos al turno de oficio de justicia gratuita, que dedican gran parte de su tiempo, de su actividad profesional y de los


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recursos de su despacho a prestar un servicio público de calidad, con una gran vocación y con una gran dosis de compromiso social.

Señorías, el derecho a la asistencia jurídica gratuita es un pilar fundamental de nuestra democracia al garantizar la tutela judicial efectiva a todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica y de sus recursos. Sin embargo, los profesionales que lo prestan no reciben el reconocimiento que se merecen por parte de las administraciones públicas. No ven actualizados los baremos de las indemnizaciones que perciben desde hace muchos años, incluso en el caso de algunas comunidades autónomas estos se han visto reducidos. Son baremos que, por otra parte, presentan considerables diferencias entre territorios, lo que ahonda en la brecha de desigualdad de trato a estos profesionales por parte de las distintas administraciones públicas. Si a ello añadimos los habituales y persistentes retrasos en el pago de las indemnizaciones tanto en el territorio del ministerio como en algunas comunidades, llegamos a la conclusión de que trabajar en el turno de oficio supone cobrar poco, mal y tarde.

Imagínense ustedes cómo debió sentar a estos profesionales, a los que se les debe en algún caso hasta nueve meses de atrasos, que les diga el señor Montoro que a partir del 1 de enero el turno de oficio devenga IVA, que tienen ustedes que adelantarlo de su bolsillo en sus declaraciones trimestrales y que la Administración ya les pagará. Si hubiera que citar una serie, como le gusta hacer al señor Montoro últimamente, no sería Turno de Oficio, señor Moro, no sería esa magnífica serie española, sería una nueva que se titula: Una serie de catastróficas desdichas.

Se argumenta que el cambio de criterio de la Dirección General de Tributos se fundamentaba en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 28 de julio de 2016, que resuelve un caso belga y señala que estos servicios no son obligatorios ni gratuitos, por lo que deben estar sujetos al IVA. No hace falta que diga que en Ciudadanos respetamos profundamente las decisiones judiciales, pero, como ya advirtió todo el sector afectado, el modelo belga no es igual al turno de oficio en España.

En primer lugar, recordemos que este servicio público se presta a través de los colegios profesionales, de los colegios de abogados y procuradores, y que en España la prestación del servicio por parte de los colegios profesionales sí es obligatoria. Ocurre, por ejemplo, en partidos judiciales pequeños en los que hay pocos profesionales con despachos abiertos y se establece la obligatoriedad para todos para poder cubrir el servicio. Imaginen ustedes, por ejemplo, una causa con un número de justiciables que supera al de los colegiados con despacho abierto en un partido judicial. ¿Qué ocurre entonces? Que el correspondiente colegio profesional designa a los abogados o procuradores aunque no estén adscritos al turno de oficio. Es obligatorio prestar la asistencia jurídica gratuita, porque nadie, ningún justiciable, se puede quedar sin representación ni defensa.

En segundo lugar, el turno de oficio no tiene el carácter de retribución al tratarse de un pago que las administraciones públicas realizan a los colegios profesionales en concepto de subvención por los gastos de organización y gestión del servicio, por tramitar las solicitudes de los nombramientos, por gestionar las listas y su orden, por repartir el trabajo, por realizar todas las comunicaciones necesarias, y para ello invierte en medios materiales y humanos que se pagan con esa subvención. Luego no estamos hablando solo de lo que perciben los profesionales que en última instancia prestan el servicio.

Finalmente, tampoco se da la premisa de que no es gratuito, y por ello debía devengar IVA, ya que si bien se perciben unas cantidades, estas se encuentran muy lejos del coste o del precio real del servicio. Según recogía el Observatorio de Justicia Gratuita de la abogacía española, se promediaba 2 euros la hora de trabajo y, en el caso de los procuradores, en no pocas ocasiones lo percibido ni siquiera cubre el coste promedio de los gastos de despacho por expediente debido a los desplazamientos y fotocopias no incluidas que han de realizarse.

Por todo ello, señorías, podría decirse que esta reforma no era necesaria y que era obvio que la prestación de servicios en el turno de oficio de la justicia gratuita no debía devengar IVA. Pero lo que abunda no daña y evidentemente votaremos a favor de esta reforma. Que hayamos retirado nuestra firma obedece únicamente a que queremos conservar el exiguo cupo de proposiciones de ley que tiene nuestro grupo parlamentario. Apoyaremos esta reforma, que se reduce a cambiar en la ley todas las menciones a retribución por indemnización y a afianzar los conceptos de obligatoriedad y de subvención. Nada nuevo, no hay más, no estamos inventando la rueda. Señores del Gobierno, hagan el favor de ponerse a solucionar los problemas que tiene este país, que son muchos, y no creen problemas que no teníamos antes, problemas reales como los que hemos propuesto abordar en nuestra proposición no de ley de medidas por la dignificación y el reconocimiento del turno de oficio, que esperamos que cuente con el apoyo mayoritario de esta Cámara, una iniciativa en la que pedimos una nueva Ley de Asistencia Jurídica


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Gratuita que mejore el servicio que reciben los ciudadanos, que unifique los baremos con unos criterios mínimos comunes y que termine con los injustificables retrasos en los pagos, una nueva ley que contemple la implantación de servicios de orientación y asistencia jurídica penitenciaria en todos los colegios en cuya demarcación exista un centro penitenciario, una nueva ley que cree un turno de oficio específico en materia de protección internacional, una nueva ley que desarrolle el artículo 21 de la Ley de violencia de género y establezca que la asistencia letrada a la víctima sea preceptiva en sede policial antes de formular la denuncia. Son reformas que de verdad necesita la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita y que, llegado el momento, espero que cuenten con su apoyo, señorías.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz.

El señor SANTOS ITOIZ: Mila esker. Arratsalde on. Buenas tardes a todos y a todas.

Se dice que la política es el arte de aportar soluciones a problemas que ella misma crea, y en este caso es cierto. Es cierto también un corolario que me acabo de inventar y es que no se pueden solucionar problemas creando otros mayores. Esto es lo que pasa con esta ley. Ya se ha dicho que existe una resolución de la Dirección General de Tributos -errónea, desde nuestro punto de vista- que en un momento determinado crea un problema de interpretación en la justicia gratuita. Lo crea porque creemos que en la Dirección General de Tributos básicamente no se tiene ni idea de cómo funciona la justicia gratuita en realidad ni de cómo se estaba implantando. Por tanto, si se me permite la expresión, aplicar el IVA a todo esto era absolutamente enloquecedor. No se diferenciaba entre el turno de oficio, la justicia gratuita, lo que son los turnos, lo que son los servicios, lo que es un cliente, entre comillas, y lo que es el derecho constitucional relacionado con la tutela judicial efectiva. Y cuando se hace este tipo de interpretaciones tecnocráticas ocurre lo que tiene que ocurrir, que la abogacía de repente se encuentra con un problema grave que no ha previsto de ninguna forma y que genera cierta alarma, lo que hace que tengamos que venir deprisa y corriendo no ya con un decreto ley -no sé si es que hemos escarmentado-, sino con una proposición de ley de este tipo, firmada en este caso por los grupos Popular y Socialista, con el apoyo, como ya hemos visto, de Ciudadanos, para solucionar este problema.

Pues bien, si alguien lee la exposición de motivos de esta ley, resulta que el principal problema que se explicita aquí y que, para tranquilidad de toda la profesión jurídica, se dice que se va a solucionar, no aparece en dicha exposición de motivos. No se dice claramente que se va a solucionar esto. En la parquedad de esta exposición de motivos, que es casi indigna de llamarse exposición de motivos porque no explica ni motiva absolutamente nada, lo único que se dice es que los profesionales vienen obligados a prestar asistencia con un importante compromiso vocacional. Esto genera el primer oxímoron: o esto es obligatorio o esto es vocacional; o se impone o se le dice a alguien que puede y debe gestionar este servicio de una forma vocacional, que equivale a voluntaria. En segundo lugar, se dice que con esto se pretende afianzar el carácter de servicio público de esta actividad garantizando que esté debidamente subvencionada, como si con una proposición de ley de ocho artículos estuviéramos garantizando efectivamente la subvención de esta ley cuando hemos visto en los presupuestos que el incremento de la partida de justicia gratuita es exactamente cero. Así es como se garantiza propiamente la justicia gratuita, esto es, que se pueda defender a las personas que no tienen recursos para poder litigar y que puedan acceder a los tribunales. Por tanto, desde el primer momento no se está explicitando lo que quiere decir esta ley.

Más dudas surgen cuando vamos al artículo 1, que ya augura un cambio de modelo. ¿Por qué decimos que es un cambio de modelo? Porque toda la ley navega ambiguamente entre lo tributario y el desconocimiento. ¿Por qué? Porque cuando dejamos a Montoro que haga la ley para que pueda encajar en su interpretación de los tributos -esta que hace con la dirección general de las sentencias de la Unión Europea- maneja unos términos que solucionan algunos problemas pero que generan otros mucho mayores. Ustedes hablan de que el servicio será obligatorio. En esto no cabe duda, porque los juristas leemos; es algo que sabemos hacer y aquí cabe poca interpretación. Dice que será obligatorio y que se podrá organizar el servicio o dispensar al colegiado cuando existan razones que lo justifiquen. Por tanto, hemos cambiado un modelo estrictamente vocacional en el cual los colegiados voluntariamente se inscriben en una lista por un modelo obligatorio en el cual, como excepción, los letrados o procuradores, si el colegio les dispensa por razones que no se sabe cuáles son, no formarán parte con carácter obligatorio del turno de oficio. Entonces, ¿cada colegio va a decir cuáles son las razones que dispensan a un colegiado


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de pertenecer al turno de oficio? ¿Se van a generar desigualdades entre colegios en función de la interpretación que cada uno haga de este tema? ¿Cuáles van a ser las dispensas? ¿Con qué razones se van a dar? ¿Se va a garantizar el principio de igualdad? Y la cuestión que más nos preocupa es que en el caso de que a una persona se la tenga obligatoriamente en un turno de oficio, ¿con qué calidad va a defender a las personas que necesitan que ese abogado o esa abogada estén implicados en la defensa de sus intereses cuando voluntariamente no lo quiere hacer? Esto es así. Esta es sencillamente la realidad.

En el turno de oficio hay muchísima gente con una vocación y una abnegación impresionantes, pero lo hacen de forma voluntaria; lo hacen porque se lo creen y a veces van muchísimo más allá de lo que la propia norma o las leyes le marcarían como terreno de juego. ¿Nos cargamos todo esto? ¿Esta es la cuestión? ¿Esta va a ser la interpretación? No lo sabemos. Posiblemente tengamos que ir a un modelo de justicia gratuita diferente, porque la ley es del año 1996 y ya nos cuesta mucho adaptarla a la realidad que tenemos, pero lo que no cabe en ningún caso es generar parches de este tipo que van a ocasionar muchísimos más problemas de interpretación que van a tener que solucionar los colegios de abogados a los que ustedes no han preguntado, porque solo han hablado con el Consejo General del Poder Judicial. Sí, señor Hernando, los van a dejar ahí. Esa es la cuestión. Ya veremos qué ocurre cuando la abogacía de a pie, la que está solucionando todos los problemas del día a día, se dé cuenta de cómo está funcionando este sistema. Por esa razón nosotras nos vamos a abstener en esta proposición de ley. Esperamos que se corrijan todos los defectos de fondo y forma que nosotros hemos advertido.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, DE DEROGACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PREVISTO PARA LA INSTRUCCIÓN EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. (Número de expediente 122/000086).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a debatir la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Mayoral Perales.

El señor MAYORAL PERALES: Buenas tardes y gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

La verdad es que la proposición de ley que traemos a esta sesión es bastante sencilla, apenas un artículo, pero un artículo que va directo al nudo gordiano de nuestro procedimiento penal. El 6 de diciembre de 2015 entró en vigor una modificación supuestamente de garantías procesales implementada por el Partido Popular. En esta modificación tenemos una clave que se encuentra en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde se vienen a establecer unos plazos máximos para la instrucción de los casos penales, un plazo general de seis meses y un plazo para causas de especial complejidad de dieciocho, algo que ha sido denunciado por el conjunto del arco de los operadores jurídicos. Aunque aparezcan pruebas nuevas, aunque tengamos cuestiones pendientes, cuando lleguen los plazos veremos cómo nos podemos encontrar con los procedimientos en la papelera.

Esta ley ha sido calificada en algunos casos como ley Berlusconi, ley del punto final, ley de impunidad, y viene al caso porque Berlusconi, ese gran ejemplo de gestión del Estado cual empresa en beneficio particular, tuvo una de las más altas cotas de degradación política en la Unión Europea; así lo recordaba Luigi Ferrajoli, un jurista italiano. Berlusconi planteó en su día en el Parlamento italiano una modificación muy similar, una modificación que fue impulsada por el ministro Alfano, una modificación que planteaba reducir precisamente los plazos para la investigación y, casualmente, en un ambiente similar al que se encontraba nuestro país en el momento de la aprobación, aunque aún conservaba la mayoría absoluta el PP; un ambiente trufado de corrupción, un ambiente trufado por la utilización de las instituciones públicas en beneficio partidista y en beneficio de las élites económicas, un ambiente caracterizado por el saqueo de lo de todos para unos pocos.

Al fin y al cabo, ¿cuáles son los delitos que más van a ver afectados con su limitación en los plazos de instrucción? En primer lugar, y sin ninguna duda, parece que el objeto fue los casos de corrupción, pero a continuación encontraremos las dificultades de instrucción para los delitos económicos y societarios, el crimen organizado y en casos de terrorismo. Somos conscientes de que la modificación que nosotros estamos planteando en esta proposición de ley venía recogida en la proposición de ley de lucha contra la corrupción y de protección a los denunciantes que planteaba el Grupo Ciudadanos en una disposición final dentro de su norma. Nosotros votamos a favor de esa proposición de ley, compartimos buena parte


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de su contenido, pero entendíamos que esta modificación del artículo 324 necesitaba una legislación autónoma en una ley propia por una cuestión muy sencilla, plazos y tiempos; el tiempo corre, los plazos están en marcha y las causas están en los juzgados. Sabemos que esa ley de lucha contra la corrupción y de protección al denunciante tendrá su trámite. Veremos cuánto, pero nosotros hemos propuesto -era nuestro compromiso frente a la ciudadanía y creemos que es compartido por la inmensa mayoría de las fuerzas políticas de esta Cámara- poner en marcha ya esta proposición de ley y que lleguemos a un consenso en agilizarla, en ponerla en marcha para que llegue a los juzgados cuanto antes y con un sencillo objetivo: desatar las manos a los jueces y a los fiscales de nuestro país para que puedan luchar contra la delincuencia económica y contra la corrupción, que es hoy uno de los escándalos más importantes que está socavando la democracia en nuestro país.

Voy a dar algunos datos que pueden ser ilustrativos para entender la importancia de acabar con este artículo 324. Es cierto que la proposición de ley -repito- del Grupo Ciudadanos plantea otra nueva redacción, pero con el artículo 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es suficiente. No era necesaria la modificación del 324, pues con la supresión era suficiente. Pero vayamos al tiempo que necesitan nuestros juzgados para hacer algunas cosas. Para una simple prueba de ADN, el plazo ordinario para realizar una instrucción es de seis meses. Un informe pericial sobre el blanqueo de capitales, delito fiscal, toma entre ocho y catorce meses, debido precisamente al colapso de las unidades de investigación y de blanqueo de capitales. Una investigación patrimonial de un entramado societario, un año. Entre nueve y doce meses lleva una diligencia de cooperación policial internacional para poder obtener los datos en paraísos fiscales o en otros países europeos o a nivel mundial.

Nos encontramos ante dificultades serias para que los jueces y los fiscales puedan desarrollar su labor. ¿Por qué no adoptamos un acuerdo entre todas las fuerzas políticas para conseguir que esta modificación salga antes de que llegue el momento en que los casos corran el riesgo de acabar en la papelera, en una situación de impunidad? La situación de impunidad socava los principios más básicos de un Estado de derecho. El presidente del Gobierno decía que el que la hace la paga... Si llega a juicio, porque si el plazo transcurre, si no hay tiempo en la instrucción, si no se reúnen las pruebas necesarias durante la instrucción, difícilmente el que la hace la paga. Esa ha sido la estrategia general que desde el propio PP se ha implementado para conseguir la impunidad ante el saqueo generalizado que se ha perpetrado en las instituciones públicas. (Aplausos).

Desgraciadamente, con esta modificación no vamos a solucionar todos los problemas. Somos plenamente conscientes de que siguen siendo necesarios más medios en los juzgados, más medios en la fiscalía, más medios para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan investigar y realizar su labor. Pero nos encontramos con que esta reforma, que redujo los plazos y que ató de pies y manos a los jueces y a los fiscales, no dotaba al mismo tiempo de medios para la investigación y la instrucción de las causas. No había más medios para instruir porque el objetivo era, sin duda, el mismo objetivo que nos hemos encontrado ante los requerimientos de la jueza Servini solicitándoles que entreguen a los criminales de lesa humanidad que se encuentran escondidos en los consejos de administración de las empresas del IBEX, como Martín Villa. (Aplausos). Les voy a dar un par de casos, el caso Gürtel, cinco años en instrucción, y el caso Nóos, cincuenta y dos meses. Con la aplicación de esta ley no tendríamos la posibilidad de que pudiera haber juicio en esas causas. Son 90 000 millones de euros los que se está jugando nuestro pueblo, 90 000 millones de euros al año es el coste de la corrupción en nuestro país, y las medidas del Gobierno del PP han sido claras. Desde 2013, el director de la Agencia Tributaria es el que nombra a los peritos para que se hagan las pruebas periciales en los juzgados que señalan quiénes son los que tienen que hacer esos informes, y luego nos encontramos con algunos informes periciales sorprendentes en causas en las que dicen que las facturas falsas se pueden desgravar. Les insto a que lean la causa del caso Nóos, que es especialmente ilustrativa al respecto.

Creemos que es el momento de abordar un debate en torno a la impunidad, en torno a la lucha contra con la corrupción, pero al mismo tiempo debemos encontrar puntos de conexión entre las fuerzas políticas de esta Cámara. Debemos acordarlo con cosas sencillas, con acuerdos sencillos que puedan llegar a los juzgados cuanto antes. No es una idea nuestra. La mayoría de las ideas que traemos nosotros y nosotras aquí no son nuestras, y no nos importa, no tenemos ningún ánimo de obtener el copyright de ninguna de nuestras propuestas. Quiero citar algunas de las organizaciones que han defendido la derogación de este artículo: Jueces para la Democracia; la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria; el Foro Judicial Independiente; la Asociación de Fiscales; la Unión Progresista de Fiscales. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales ha solicitado la supresión de esta ley. La propia Asociación Profesional de la


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Magistratura ya solicitó en su día la modificación; 1000 fiscales, de los 2500, se manifestaron en términos similares.

Había 650 000 causas abiertas en nuestro país en 2016. ¿Qué va a ocurrir con esas causas? Buena parte de la responsabilidad la tenemos en esta Cámara entre todas las fuerzas políticas. Cuando aprobamos esa proposición de ley parece que teníamos cierto consenso. Nosotros planteamos que vayamos a algo concreto, al nudo gordiano de la lucha contra la corrupción y, fundamentalmente, a darles un mensaje a nuestros jueces, a nuestros fiscales y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para decirles que esta Cámara les respalda en la lucha contra las tramas económicas y contra la corrupción en defensa de la soberanía popular. Ese es el mensaje que nosotras y nosotros creemos que hay que dar en un día como hoy. (Aplausos). Es posible, y tenemos que demostrarlo, que las fuerzas políticas de este país, que tenemos visiones diferentes, nos pongamos de acuerdo en defender el Estado de derecho y la democracia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Se plantea la derogación del plazo máximo previsto para la instrucción que hace solamente dos años quedó recogido en el nuevo artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que supuso poner límites a la duración de la fase de instrucción de los procesos, estableciendo un plazo general de seis meses y uno especial de dieciocho meses para las investigaciones expresamente declaradas complejas. Aquella fue una medida concebida y elaborada para agilizar la justicia, evitando dilaciones indebidas; si bien, durante el trámite legislativo se reconoció que no solo es cuestión de fijar plazos de procedimientos, sino también de disponer de suficientes medios humanos y materiales en nuestros juzgados para facilitarla.

En Foro nos parece que, efectivamente, hay que corregir las carencias de medios en los establecimientos y oficinas judiciales, pero no estuvo de más en el plano legislativo avanzar en el fortalecimiento de las garantías procesales de las personas investigadas y de promover la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. Es importante resaltar que en 2015 se elaboró una mejor ley que aumentó las garantías para los ciudadanos al establecer plazos para que la instrucción se acorte en el tiempo y no se dilate. Cabe destacar, además, que uno de los derechos protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos es el derecho a un plazo razonable en la tramitación del proceso penal, artículos 5 y 6. Gracias a la modificación de 2015, más de trescientas mil causas que no tenían sometimiento a plazo han sido revisadas y se han corregido muchos asuntos, cuya tramitación se desarrollaba con gran lentitud.

Finalmente, que hoy, apenas diecisiete meses después, se proponga la derogación del artículo 324 con sus 8 puntos, alguno con numerosos apartados, supondría un paso atrás con el que no estamos de acuerdo. Una ley de la relevancia de esta, relativa al enjuiciamiento criminal, la modificación de una de las normas más antiguas de nuestro ordenamiento jurídico, que data de 1882, se merece mejor trato por parte de estas Cortes Generales que el del escobazo. En definitiva, dótense de mayores medios a los órganos judiciales y, en su caso, aclárense los aspectos oscuros de la nueva regulación, pero en modo alguno es deseable un paso atrás en la protección de los derechos fundamentales.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, la seguridad jurídica es un valor fundamental de nuestro ordenamiento, y este principio debería aparecer en todas y cada una de las normas que lo componen; y especialmente debería aparecer, también, en una norma tan importante como es el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es un precepto sobre algo que tiene tanta importancia, tanta enjundia, como es la instrucción penal.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal es un mineral fósil. En algún momento -pronto- en esta Cámara deberíamos abordar una reforma, pero lo que ahora se nos plantea es algo simple: la derogación del artículo 324, que es un cúmulo de incoherencias. En este artículo se establece un plazo general de seis meses para la duración de la instrucción, plazo que puede ser prorrogado si se declara la instrucción


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compleja, declaración que únicamente puede ser instada por el ministerio fiscal, no por otros. Aquí se nos plantea un primer problema, y es que se le dota de una facultad exorbitante al ministerio fiscal cuando aún no está clara la situación que va a tener el mismo en la instrucción, tema que aún es objeto de debate y está totalmente abierto. El segundo problema es que para que se declare la instrucción compleja hay que apoyarse en una serie de supuestas excepciones que, vista la evolución de la criminología actual en nuestro país, más que excepciones son reglas, y a las hemerotecas me remito.

El mero transcurso de los plazos máximos no da lugar a un archivo de actuaciones si no concurren las circunstancias previstas en los artículos 637 o 641 de dicha ley, es decir, si no estamos en caso de decretar un sobreseimiento. Esto lo dice el apartado 8 del artículo 324, que parece que viene a corregir todo lo que se ha dicho en los siete apartados anteriores, y claro, este artículo ha generado mucha literatura. ¿Qué quiere decir este artículo? Aquí ya ha empezado a hablarse de si hay que distinguir entre plazos propios de obligado cumplimiento y plazos impropios que solo son orientativos, de tal manera que el artículo 324 sería algo parecido al artículo 434 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que fija que hay que dictar sentencias en veinte días, algo que todo el mundo sabe que se toma a beneficio de inventario. Asimismo se dice que hay que interpretar el artículo 324.8 como que el transcurso de los plazos obliga a cerrar la instrucción en falso y a remitir los autos a juicio oral, aun a sabiendas de que la instrucción está incompleta.

En definitiva, tenemos una situación que provoca una gran inseguridad y, por tanto, en Compromís vamos a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra también por el Grupo Mixto la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.

Desde el Partit Demòcrata vamos a dar nuestro apoyo a la derogación del artículo 324. Ya dijimos en su día que nos parece bien que se intente agilizar la justicia y los plazos de respuesta a los contenciosos. Nos parece bien que haya un plazo incluso para la instrucción, pero no nos parece tan bien que estas medidas se adopten sin dotar de más medios y recursos las instrucciones de fiscales y jueces, lo cual no estaba previsto el día que se aprobó esta modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a instancias del Partido Popular, en la X Legislatura. Ahora mismo tenemos unos plazos extremadamente cortos que pueden llevar a que no se completen las instrucciones y por tanto se decrete el sobreseimiento de las causas. Esto es, mucha inseguridad jurídica y, lo que es peor, falta de tutela judicial en los procesos en los que debería haberla, lo cual supone un perjuicio para el Estado de derecho.

La encomienda que tiene entre ceja y ceja el ministro actual de poner la instrucción en manos del fiscal no acaba de encontrar los apoyos necesarios. Me atrevería a decir que, tal y como está la situación judicial en España, establecer que la fiscalía sea el único órgano instructor es una medida que va en contra de lo que actualmente rige, y es que la instrucción la protagoniza eminentemente el juez. Por tanto, nos parecía lógico en su momento que si bien se dotase a la fiscalía de facultades de instrucción, se habilitase también al juez, en tanto que protagonista de la investigación, para solicitar la ampliación de los plazos cuando se tratase de causas complejas. Esto no fue así, el juez quedó excluido y al final nos hemos encontrado que debido al cambio de mayorías esta Cámara seguramente revertirá la entrada en vigor del artículo 324. Por tanto, inseguridad jurídica una vez más en el proceso penal por la falta de capacidad constante del Partido Popular para encontrar acuerdos al ejercer su mayoría absoluta, un perjuicio más para la justicia en este país.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Se trae a debate la reforma que se aprobó por la Ley 41/2015, de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por la que se modificaba el artículo 324 para limitar la duración de la fase de instrucción de los procesos penales. Es preciso recordar que esta reforma se alcanzó sin un consenso mínimo parlamentario, solo con la mayoría absoluta del Partido Popular y con la oposición mayoritaria de los profesionales de la justicia que pronosticaron lo que precisamente está pasando. La reforma se hizo sin incremento de medios


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humanos y materiales y en una justicia poco dotada y tecnificada; en resumen, se acortaron los plazos sin incrementar los medios. Ya en aquel momento se dudaba sobre si las investigaciones de delitos se culminarían en el plazo previsto, sobre todo en los grandes delitos patrimoniales, la defraudación, la corrupción y la criminalidad organizada. Esto está suponiendo hoy en día, por falta de medios humanos y materiales, falsos sobreseimientos provisionales para no agotar el plazo máximo, declaración masiva de causas complejas que realmente no lo son, acusaciones poco fundadas, ya que no cabe el archivo, salvo por sus motivos generales, en los artículos 637 y 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y esto supone abrir la fase de acusación sin haber practicado todas las diligencias para el esclarecimiento de los hechos, puesto que las diligencias practicadas fuera de plazo son inválidas, tal y como dispone la instrucción 515 de la Fiscalía General del Estado. En definitiva, se reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal sin tener en cuenta la situación real de la justicia.

Por otra parte, se deja en manos de la fiscalía las prórrogas de las diligencias de instrucción, lo que supone, por un lado, una incongruencia -ya que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la instrucción la dirige el juez de instrucción- y, a su vez, un desapoderamiento del juez de instrucción en favor de la fiscalía en un momento precisamente en que se percibe la dependencia de la fiscalía del Gobierno, singularmente en casos de corrupción o en los que el Gobierno tenga un interés político particular. Recuérdese la desautorización de los fiscales en Cataluña por no ver motivos para instar el procedimiento de cargos públicos catalanes por la consulta no refrendataria del 9N.

Por las razones expuestas, consideramos que debiera revisarse el actual artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y el marco más adecuado para dicha revisión habría de ser a nuestro juicio la subcomisión para un pacto por la justicia, en cuyo seno hay consenso en que la decana Ley de Enjuiciamiento Criminal es una de las leyes más necesitadas de actualización. Sin embargo, a pesar de lo dicho, también consideramos que la duración, el tiempo de la instrucción, que, recordemos, es una fase inquisitorial del proceso, debe tener por principio una duración limitada. Una pena de banquillo no puede durar años sin limitación, salvo que hablemos de un Estado inquisitorial o policial, cosa que consideramos inaceptable en nuestro estado de evolución cultural. No podemos desconocer los perjuicios que supone para el investigado o inculpado una pena de banquillo sine die. Por eso consideramos que el Estado debe tener un tiempo limitado para investigar a los ciudadanos y por eso también en nuestra cultura democrática no caben las causas generales contra la ciudadanía. Pero de la misma manera que una instrucción no puede tener duración ilimitada, el derecho fundamental a un juicio sin dilaciones indebidas que predica el artículo 24.2 de la Constitución tampoco puede basarse en plazos que no pueden cumplirse y que se excepcionan sistemáticamente, haciendo bueno aquel dicho entre la clase jurídica que dice: Donde hay un plazo hay una prórroga, sino que debe basarse, como decíamos -y en esto hay consenso-, en más medios materiales y humanos y en una mejor organización judicial.

Concluyo con algunas consideraciones sobre la proposición de ley que se nos presenta. En primer lugar, no nos parece razonable que la proposición de ley no proponga la existencia de texto alguno que regule la duración de la fase inquisitorial del proceso penal. Si se deroga, como se propone, la regulación existente y no se propone ninguna alternativa, la consecuencia es la implantación de un plazo indefinido para investigar a cualquier ciudadano. Esto vulnera, a nuestro juicio, el principio de seguridad jurídica, artículo 9.3 de la Constitución, y el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones injustas, artículo 24.2, y creo que también vulneraría el Convenio Europeo de Derechos Humanos en cuanto a la tutela judicial, las garantías procesales y los derechos fundamentales de las partes. En segundo lugar, se observan algunos errores en la transcripción de alguna norma, que ya le fueron puestos de manifiesto a Podemos en la Comisión de Justicia y que no ha corregido. Y tercero, nos ha dejado perplejos la justificación del título competencial aducido para la regulación, nada más y nada menos que las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético.

Voy finalizando. Daremos nuestro apoyo al texto propuesto para que, en lo que este grupo parlamentario pueda disponer, quede embalsado a la espera de su consideración en el seno de los trabajos de la subcomisión creada para un pacto por la justicia.

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: En la X Legislatura, la del rodillo parlamentario del Partido Popular, fue modificada también la Ley de Enjuiciamiento Criminal mediante Ley 41/2015, de 5 de octubre, para la


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agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales. Entró en vigor dicha ley el 6 de diciembre de 2015, obviamente también con la contestación de la mayoría de las profesiones jurídicas, desde los abogados hasta los jueces pasando por los fiscales, a pesar de que les daban protagonismo en esta modificación del artículo 324. Esto ha sido una constante en las reformas llevadas a cabo por el Partido Popular durante la X Legislatura y especialmente en todo aquello que afectaba a la Administración de Justicia.

Con relación al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las asociaciones de jueces y también las de fiscales pidieron la suspensión de la entrada en vigor de dicho precepto, hablando en alguna de las ocasiones en las que celebraron ruedas de prensa de la ley de punto final, por cuanto significaría el archivo de muchas de las causas penales que se encontraban en trámite. Es evidente o podría entenderse, desde un observador neutro que no conociese al Partido Popular ni las dinámicas del Estado español, que ab initio el objetivo perseguido por el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal podría ser considerado meritorio y loable en el sentido de evitar la prolongación en el tiempo de las instrucciones de los procesos penales, y que se buscaba con dicha reforma garantizar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y en consecuencia cumpliendo con la exigencia del mandato constitucional del artículo 24.2 de la Constitución. En el artículo 324 se establece un plazo general de seis meses y uno especial de dieciocho meses. Ahora bien, se introducen plazos pero con múltiples excepciones, lo que hace compleja la aplicación de dicho precepto. En ambos supuestos es a instancia del ministerio fiscal antes de finalizar el plazo y con audiencia de las partes. Es decir, se le da un protagonismo que hasta el momento -seguramente yo no lo he sabido ver- no había tenido. Existe una cuestión que no se nos tendría que escapar. La Ley de Enjuiciamiento Criminal ya imponía limitaciones temporales para la instrucción. Otra cosa es que se cumplieran, puesto que la limitación de tiempo no comportaba ninguna consecuencia procesal, igual que ocurre con el plazo para dictar sentencia. Pero es evidente que esta redacción va más allá y ha sido controvertida y cuestionada por cuanto puede considerarse -y así ha sido interpretada- como una forma de limitar la capacidad de los jueces y fiscales para investigar causas penales, sobre todo aquellas de mayor complejidad como pueden ser las que ya han comentado otros portavoces parlamentarios: las que afectan a casos de corrupción, crimen organizado, etcétera. Por otro lado, es cuestionable y criticable que las reformas no han comportado ni más recursos personales ni más recursos económicos. El no cumplimiento de los plazos previstos en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal da por finalizada la instrucción -lo digo rápido porque no tengo tiempo de analizar el artículo en toda su intensidad y con sus excepciones-, lo que comporta necesariamente que se proceda a la apertura del juicio oral, y por tanto deberemos preguntarnos en qué condiciones será sustentada la acusación, con la consiguiente -de proceder de esta manera- vulneración de derechos tanto para el investigado o procesado como para la víctima del delito.

El legislador de la X Legislatura pretende agilizar el procedimiento penal modificando únicamente la ley, obviando que la lentitud de los procedimientos judiciales muchas veces viene determinada por la falta de medios materiales y personales, por la inestabilidad de las plantillas y por la excesiva movilidad judicial, entre otras muchas cuestiones. Un observador ajeno a la realidad española podría ver la reforma como loable y meritoria porque los objetivos perseguidos por ella -así se decía cuando se llevó a cabo- no eran otros que intentar garantizar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas; exigencia que se contempla en el artículo 24.2 de la Constitución, así como en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Al mismo tiempo, la reforma debería garantizar la seguridad jurídica que nace de la exigencia constitucional del artículo 93, cuyos garantes deben ser todos los poderes públicos, también los jueces y tribunales.

Por ello, a pesar de las cuestiones que algún portavoz ha manifestado, Esquerra Republicana sí considera necesaria la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En consecuencia, votaremos favorablemente la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Reyes Rivera.

La señora REYES RIVERA: Gracias, presidenta.

En primer lugar, quiero felicitar al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos por traer esta iniciativa hoy al Pleno. Al margen de autobuses dando vueltas por toda España, canutazos, pancartas,


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pines con tutoriales, raps, mociones de censura virtuales, performances y teatrillos varios, esta es la primera iniciativa que plantean ustedes relativa a la lucha contra la corrupción. Bienvenidos, señorías, al trabajo parlamentario. (Aplausos). El único problema que existe -es un pequeño detalle que ustedes han mencionado y parecen no darle demasiada importancia- es que la derogación del artículo que nos traen ya está siendo tramitada en este Parlamento. Estaba incluida en la proposición de ley integral contra la corrupción y protección al denunciante, de Ciudadanos; esa que ustedes criticaron tanto desde la tribuna pero luego votaron a favor. En uno de sus puntos está esto precisamente. Pensaba que ustedes no se habían leído la ley y, sinceramente, después de la intervención del señor Mayoral lo sigo pensando. Lo que sí creo es que han leído las noticias de hoy que lo mencionaban; mencionaban este pequeño descuido que han tenido. Ha sido un buen intento para empezar, pero dicen ustedes que prefieren derogar por derogar y sin alternativa. ¿No creen ustedes que están desperdiciando los setenta y un escaños que tienen? Podríamos estar debatiendo hoy otro tipo de iniciativas para mejorar la vida de los ciudadanos.

Dicho esto, comenzaré dando un dato sobradamente conocido por todos: la corrupción -hoy teníamos las encuestas del CIS- sigue siendo a día de hoy la segunda mayor preocupación para los españoles. Esa preocupación de los españoles es también preocupación de nuestro grupo parlamentario y si realmente lo fuera para otros grupos, deberíamos unir fuerzas para trabajar desde aquí, desde el Parlamento, por su erradicación. La proposición de ley que debatimos -la derogación del ya famoso artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- está íntimamente ligada a la lucha contra la corrupción, aunque esta relación no parezca obvia a primera vista. Los plazos máximos que esta norma fija para la instrucción merman la posibilidad de abordar causas complejas como las que habitualmente conciernen a los entramados corruptos. ¿Recuerdan sus señorías del Partido Popular lo que dijeron la mayoría de las asociaciones de jueces y fiscales en su momento -conservadoras, progresistas e independientes-, que emitieron un comunicado conjunto en el que exigían al Ministerio de Justicia la suspensión de la entrada en vigor de la reforma, afirmando que iba a provocar -cito textualmente- la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados? Pues bien, la profecía se ha cumplido: ¿Les suena el caso Pasarela, Pedro Antonio Sánchez, expresidente de Murcia, del Partido Popular? Ese fue uno de los premiados por la aplicación de esta reforma. Su caso, archivado. Ustedes, señorías del Partido Popular, con sus políticas en materia de justicia consiguen el más difícil todavía, consiguen que todo el Poder Judicial se una, pero esa unión se produce como protesta contra la mayoría de las medidas que han decidido ustedes adoptar. Esto nos provoca una sensación agridulce: por un lado, nos resulta satisfactorio ver unido a todo el Poder Judicial rebelándose frente a las políticas que ejerce el partido del Gobierno, porque eso quiere decir que la institución funciona, y funciona pese a las injerencias, pese a las presiones del Ejecutivo y, en general, pese a ustedes, señorías de mi derecha. Pero, por otro lado, nos preocupa seriamente que el Partido Popular no deje de intentar controlar un poder que debería y que quiere -como está demostrando- ser independiente. No hay más que leer las noticias, las injerencias cada vez son mayores y realmente graves. Desde Ciudadanos no podemos ni vamos a permitir que determinadas causas, y en especial las de corrupción política, queden impunes. (Aplausos).

El partido del Gobierno lleva ya varios años intentando impulsar un modelo procesal en el que sea el fiscal el que asuma en completo toda la fase de investigación. Cada vez que el señor Catalá habla de la reforma necesaria de la justicia, parece que su mayor obsesión sea esa: el fiscal como instructor. El modelo del fiscal como instructor puede parecernos bien o no, ya se verá, pero desde luego no es la primera preocupación de los operadores jurídicos ni, en general, de los ciudadanos. Busquen en esas encuestas del CIS que han salido hoy; no está. Al hilo de esto, es curioso ver cómo se van desarrollando todos los acontecimientos: noticias que hablan sobre fiscales y casos de corrupción. Hoy mismo nos dicen que el fiscal jefe Anticorrupción, el señor Moix, ese fiscal deseado en su puesto por un imputado del Partido Popular, firmó un decreto intentando apartar a dos fiscales del caso Lezo, después de que esos dos fiscales le plantaran batalla en la junta por no poder realizar su trabajo. ¿No será que toda esta reforma relativa a la instrucción de las causas por parte de los fiscales es solo una preocupación -obsesión ya- del Partido Popular? Quizá para ustedes esa sea la única vía rápida de conexión -por no llamarla de otra manera- que ven ustedes entre el Poder Ejecutivo y el Judicial pero, señorías, afortunadamente, la mayoría de los fiscales quieren ser independientes y se están rebelando. Intentaron, además, meter con calzador ese modelo -o al menos una parte de él- a través de este artículo, que probablemente se derogará. Una pequeña chapuza a sabiendas de que quizás ustedes iban a perder la mayoría absoluta, que finalmente perdieron en las siguientes legislaturas. Mientras la instrucción continúe en manos del juez, debe ser este, y no el fiscal, el que la concluya, y debe hacerlo solo cuando entienda que ha cumplido


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su finalidad, que no es otra que reunir todas las pruebas necesarias para castigar el delito y para castigar al culpable, algo que no parece no gustarles en los casos que afectan a su partido.

Sentimos, además, darles una mala noticia. A no ser que el Grupo Socialista o el Grupo de Podemos se unan a ustedes o bloqueen nuestra ley, este modelo que quieren introducir no se va a poner en marcha, al menos no por ahora. Si quisiéramos que instruyera la fiscalía, necesitaríamos modificar y mejorar muchas normas que garanticen el ejercicio de sus funciones con total autonomía, y para ello es clave, entre otras cosas, el sistema de elección y cese del fiscal general del Estado. Nuestra justicia está suficientemente maltrecha ya como para ponerle parches. Debemos acometer una profunda reforma, asegurar esa independencia, modernizarla, dotarla de los recursos necesarios y poner las herramientas informáticas a funcionar, pero a funcionar bien y no de la forma chapucera en la que se ha hecho hasta ahora. Bien saben ustedes, señorías del Partido Popular, que todo esto era una parte importantísima de nuestro acuerdo de investidura y que así hemos intentado reflejarlo en los presupuestos, así que pónganse en marcha, asuman responsabilidades y dejen trabajar ya de una vez con tranquilidad a nuestros jueces y a nuestros fiscales.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella Gómez.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Gracias, presidenta.

Señorías, la derogación de la redacción dada al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por la Ley 41/2015, de 5 de octubre, iba en el primer bloque de iniciativas que registró el Grupo Parlamentario Socialista el 13 de enero de 2016 y por ello nos alegramos de que el Grupo de Unidos Podemos se haya sumado ahora a ella y tampoco a nosotros nos va a doler sumarnos a esta iniciativa porque es una prioridad y es de justicia. De hecho, todos los grupos parlamentarios, a excepción del Partido Popular, nos hemos manifestado ya en este sentido en la Comisión de Justicia e instamos el pasado mes de octubre al Gobierno -que tiene, por cierto, la pelota en su tejado desde entonces- a presentar un proyecto de ley del que más de seis meses después no hay una noticia; tampoco es una novedad. Por ello, les adelanto que el Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como lo hicimos en 2015. El Grupo Socialista votó ya en contra del proyecto de ley porque era una reforma fallida, porque era contradictoria, porque era limitadora de derechos y garantías e improvisada, y el Partido Popular despreció además olímpicamente el anteproyecto de ley del Gobierno socialista y no dudó en parchear la Ley de 1882. Ahora, solo un año después de la entrada en vigor de aquella reforma se ve bien a las claras que desde luego no podrían ser más hipócritas las buenas palabras -por llamarlas de alguna manera- del Partido Popular: ni agilización de la justicia ni fortalecimiento de garantías procesales. Como señaló la diputada de mi grupo, Soraya Rodríguez, en la Comisión de Justicia, lo que necesita la justicia no es una limitación de plazos sino un incremento de medios. Agilizar la justicia, como quiere el PP, a coste económico cero implica sacrificios de derechos fundamentales y constitucionales.

Como hemos sabido ahora a través de la supuestas grabaciones que se han hecho públicas por el caso Lezo, el problema parece que estaba ya perfectamente identificado por el Partido Popular cuando el exministro Zaplana le dijo a su amigo Ignacio González, de expresidente a expresidente de la Comunidad de Madrid en este caso: El problema está en la instrucción, Nacho. Aquí no manda nadie. Efectivamente, en la instrucción no mandaban ellos, mandan los jueces, de momento, porque el diseño del asalto al Poder Judicial por el partido del Gobierno en estos cinco últimos años pretende precisamente que manden cada vez menos: menos jueces, menos inversiones, menos medios materiales y tecnológicos, menos funcionarios, menos efectivos policiales y un largo etcétera. ¿Cuánto tarda la colaboración de la Agencia Tributaria cuando se la requiere? ¿Cuánto cualquier prueba pericial? Se ha comentado por parte de los intervinientes que la falta de medios hace que la Policía y la Guardia Civil tarden, como se ha dicho, una media de dos años y medio para dar una prueba de ADN, por no hablar de lo lento y complicado que puede ser un circuito ministerial para una comisión rogatoria. Señorías, sin medios no hay justicia, lo venimos diciendo todos los diputados esta tarde y sin medios se pretende que a los seis meses, precipitadamente, o se abre juicio oral a riesgo de calificar sin sólidos fundamentos, o se sobresee el proceso; dos vías a la misma estación de destino: la impunidad. Solo nos quedará contar con la fiscalía, ya que a su instancia se podría declarar la instrucción judicial compleja y prorrogarse el plazo. La cuestión es que el ministerio fiscal, aunque sea imparcial, no goza de una absoluta independencia del Ejecutivo y


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los sucesivos ministros de Justicia del Partido Popular han conseguido comprometer la imagen de la fiscalía y someterla a la mayor presión partidista que hemos vivido en democracia.

¿Qué queda entonces del título VI, del artículo 117 de la Constitución cuando dice: "La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial"? Son grandes palabras, señorías, independientes, inamovibles, responsables y sometidas únicamente al imperio de la ley. Lo que queda, desgraciadamente, es el eco de las palabras del señor Zaplana: El problema está en la instrucción, Nacho. Aquí, aquí, no manda nadie. No manda nadie de los suyos, pero manda el juez instructor y la ayuda dada fue precisamente una limitación de plazos para el ejercicio de su función, soslayable a instancia de una fiscalía que desde el Partido Popular parece que pretenden manejar a su antojo. Es un hecho la mala calidad jurídica de la reforma de 2015, es un hecho que aquella reforma procesal tenía un claro impacto material, la voluntad del Gobierno de tapar las vergüenzas del Partido Popular acechado por los casos de corrupción. Es un hecho que a 1 de enero de 2017 el porcentaje de asuntos complejos en tramitación sobre el total de asuntos pendientes era en la Audiencia Nacional del 43 %, donde la incidencia del artículo 324, como se ha señalado, es mayor por la naturaleza de los hechos. Es un hecho que todos los grupos hemos dado ya un paso y hemos conseguido un cierto consenso para lograr que se derogue. Es un hecho que el señor ministro de Justicia no ha movido -ni siquiera hoy con los temas que estamos abordando se digna a estar aquí presente- un músculo en este tema, tan atareado como debe estar visitando el palco del Atlético de Madrid y enviando SMS al imputadísimo señor González y no sabemos cuántos amigos más.

La cuestión, señorías del PP, es cómo se puede gobernar de espaldas a la sociedad, cómo se puede gobernar llevando la contraria y de espaldas también a todo el mundo de la justicia. Con la aplicación de este artículo 324 se inició el camino de la impunidad y no cabe mayor manipulación. ¿Cómo calificamos esta forma de gobernar, hablando de justicia, señorías del Partido Popular? ¿Desviación o abuso de poder? ¿Autoritarismo o despotismo? Coincido con los proponentes en que revertir este artículo 324 sí que es una cuestión de justicia con mayúsculas.

Termino. Nuestra justicia tiene hoy un ministro al frente con más motivos de vergüenza que de orgullo. Señorías, deroguemos este artículo y démosle a la justicia los medios y la independencia que requiere para hacer su trabajo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Rojas García.

El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, de nuevo Podemos trae a esta Cámara el debate sobre el plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Señor Mayoral, le aseguro que la instauración de los plazos en la instrucción penal era algo necesario. Como ustedes mismos advierten en su texto, el objetivo era loable y la puesta en marcha también lo ha sido con cientos de miles de procedimientos revisados y puestos al día por jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia en una extraordinaria tarea. ¿Menos medios, señorías, para la justicia? No, un aumento del 7 % para la justicia de estos presupuestos, donde, por cierto, el ministro está haciendo en todo su mandato una extraordinaria labor. Señorías, ustedes afirman en el texto -cito literalmente- que el sistema de plazos tendrá especial incidencia en las instrucciones más complejas, como suelen ser las de los grandes delitos patrimoniales, de fraude y corrupción y la criminalidad organizada, y con los plazos la ciudadanía puede temer que no se investigue. Pues no, señorías, es justo al revés, porque esta reforma de plazos se sitúa en el marco de las modificaciones del Código Penal y de la Lecrim de la X Legislatura, que pretenden fortalecer la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, y lo están consiguiendo. Señorías, la ciudadanía está viendo que estas reformas funcionan, que aquí se investiga a todo el mundo, que aquí se lucha contra la corrupción, que aquí se toman medidas como nunca antes se habían tomado y que aquí no existe impunidad para nadie. Ya está funcionando, por ejemplo, la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos para recuperar lo que se ha defraudado, para que los delincuentes tengan que devolver hasta el último euro de lo robado. Me da la sensación de que algunos miembros del grupo proponente quieren instrucciones eternas para poder seguir dictando ellos mismos sus propias sentencias. Si eso es así, sería algo inadmisible y espurio, porque en nuestro país, señorías de Podemos, las sentencias las dictan los jueces. Las sentencias no se dictan en un plató de televisión, ni siquiera en un debate parlamentario; las dictan los jueces porque en nuestro país la justicia es independiente y funciona. (Aplausos).


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Señorías, lucha sin cuartel contra la corrupción, con más de setenta medidas que ha puesto en marcha nuestro Gobierno. De archivo anticipado nada; investigación a fondo. De impunidad nada; quien la hace la paga. Injerencias en la justicia ninguna, señorías; aquí trabajan los profesionales, los jueces y los fiscales, que han investigado casos de corrupción de todos los colores y en todos los territorios, aumentando, por cierto, las investigaciones en estos últimos cinco años de Gobierno del Partido Popular en un 300 %. Otros no pueden decir lo mismo.

Señorías, entendemos las precauciones y las dudas de los grupos políticos, pero convendrán conmigo en que todos deseamos una justicia ágil y eficaz. Le aseguro que eso es lo que pretende el Partido Popular. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir a jueces, fiscales y ciudadanos que una justicia lenta no es justicia? ¿Cuántos procedimientos que se eternizan y duran décadas hemos visto? Yo les he escuchado decir que un procedimiento eterno no es justicia. Pues sean coherentes y actúen en consecuencia. Hemos dicho que eso era injusto e impropio del siglo XIX. Pues lo que buscó esta reforma fue satisfacer el derecho a un plazo razonable en la tramitación de las causas penales, tal y como dice el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas, recogido precisamente en el artículo 24.2 de la Constitución. Así lo entendieron también los Gobiernos del Partido Socialista. Por cierto, ahora sorprende la intervención del Grupo Socialista cuando aquellos Gobiernos del PSOE llegaron a presentar un proyecto de ley con plazo para la instrucción en esta Cámara, porque, al igual que las administraciones públicas y los ciudadanos tenemos plazos para resolver los procedimientos, la justicia también los tiene. Gracias a estos plazos las víctimas tienen un horizonte concreto, una expectativa de tiempo en el que será reparado su derecho y los investigados dejan de estar sometidos a procesos interminables, que suponen en muchas ocasiones consecuencias irreparables, porque quienes realmente han delinquido, señorías, son precisamente los que pueden acceder a beneficio de su pena en un procedimiento con dilaciones indebidas, que es lo que tenemos que evitar. Un plazo no es un archivo de una causa y adiós. ¿Cómo va a ser así, señorías? No existe riesgo alguno de que un plazo de instrucción genere impunidad. En primer lugar, porque lo que se ha limitado es la instrucción y no la investigación, puesto que puede existir una fase de investigación policial o dirigida por el ministerio fiscal previa al inicio del procedimiento judicial en sí que no ha sido acotada de ninguna manera de forma temporal. No se puede confundir la instrucción con la investigación, que no se limita en ningún caso. Y sí, señor Mayoral, en su intervención ha mezclado churras con merinas; ha mezclado las dos cosas y eso es absolutamente incierto.

El establecimiento de plazos se ha fijado en datos realistas y es preciso tener en cuenta, señor Mayoral, señorías, que la norma establece plazos y no términos, lo que conlleva a la necesidad de que no deban agotarse, sino que, tal y como se dispone en la norma, el juzgado concluirá la instrucción cuando entienda que ha cumplido su finalidad. Siempre -esto es muy importante y no lo han relatado, señorías- está la garantía del juez instructor, siempre y en todo momento de esta reforma. El plazo del 324 es para la instrucción y el instructor es el juez, por lo que en él recae la responsabilidad de concluir con la instrucción dentro del plazo, procurándose, cuando lo necesite, del pronunciamiento del fiscal para tener más tiempo para instruir. Y en el supuesto de que la casuística extrema nos llevase a la no petición de prórroga por imposibilidad material debida al elevado número de asuntos, bastará con que el instructor dicte un auto de conclusión del sumario o un auto de incoación del procedimiento abreviado para que se pueda reabrir la instrucción a posteriori por la vía de petición y fijación de un nuevo plazo para la práctica de diligencias complementarias, según disponen los párrafos cuarto y quinto del artículo 324. No hay argumentos, señor Mayoral, para la catarsis. La Ley 41/2015 es clara. Quien promueve la solicitud formal del artículo 324 para prorrogar los plazos es el juez instructor con la garantía constitucional de juez instructor. No mezclen otras cosas. No hay límite para las prórrogas si la situación así lo exige y así lo estima conveniente el juez.

Termino, señorías. No se trata de derogar por derogar. No podemos estar de acuerdo con eso, y menos cuando las cosas están funcionando. Eso sí, estaremos encantados de invitar a sus señorías a trabajar con nosotros y sumarnos a la subcomisión de Justicia y al equipo de trabajo, como lo estamos haciendo en la misma línea que hemos acordado con el Grupo Parlamentario Ciudadanos en nuestro acuerdo, para un análisis de la efectividad de la norma este año, para un análisis serio y riguroso. Por supuesto, si algo se puede mejorar, aquí estará el Grupo Parlamentario Popular para contribuir a ello.

Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


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PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA EFECTIVA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA LEY DE LA MEMORIA HISTÓRICA. (Número de expediente 162/000327).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto tercero del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la efectiva aplicación y desarrollo de la Ley de Memoria Histórica. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Cámara Villar.

El señor CÁMARA VILLAR: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista trae a debate a este Pleno una iniciativa ya asumida en la Comisión Constitucional, sobre recuperación de la memoria histórica concebida desde un punto de vista y desde un espíritu de concordia y, por supuesto, desde el inexcusable deber democrático y moral de afrontar la verdad sobre nuestro pasado. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Pese a las prestaciones económicas, indemnizaciones u otras medidas y reconocimientos realizados por normas estatales y autonómicas que desde 1978 han tratado de reparar o paliar la situación de las víctimas y devolverles algunos elementos de su dignidad vulnerada, hay que reconocer que el camino de la memoria histórica ha sido y sigue siendo estrecho, tortuoso, lento y tardío, con medidas necesarias pero parciales y sin estar enmarcadas en una visión amplia, generosa y de conjunto que vaya a la esencia. En ello ha tenido mucho que ver la incomprensión y la posición inmovilista de la derecha política cuando ha estado en el poder y también cuando ha ejercido la oposición.

La Ley 52/2007, de 26 de diciembre, más conocida como Ley de Memoria Histórica, impulsada por el Gobierno socialista y apoyada por todos los grupos políticos de esta Cámara menos el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, supuso un punto de inflexión y un hito fundamental en este camino. Esta ley venía a contribuir, con amplias y necesarias medidas, a cerrar heridas y a dar reconocimiento moral, junto con algunas prestaciones, a quienes sufrieron las consecuencias más duras y amargas de la Guerra Civil y de la Dictadura. No es necesario que yo la recuerde ahora en detalle, pero permítanme subrayar que con ella se hizo una condena expresa del franquismo, atendiendo a lo que fue aprobado tanto por la Comisión Constitucional del Congreso en el año 2002 como por el Consejo de Europa en 2006, honrando a quienes sufrieron, perdieron su vida o su libertad y lucharon por los valores democráticos. Se declaró la ilegitimidad de los tribunales y órganos que durante la Guerra Civil se hubieran constituido para imponer condenas o sanciones por motivos políticos, ideológicos o religiosos, así como la de sus resoluciones. Y, entre otras medidas, se estableció la declaración personal de reparación y reconocimiento como víctima del franquismo, así como se hicieron las previsiones correspondientes y necesarias para la localización de fosas y la exhumación e identificación de los desaparecidos. Como dijera en esta Cámara la entonces vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en el debate de esta ley, no hay nada en ella, ni una sola línea, que no pueda ser respaldada en su integridad por cualquier demócrata, porque todos y cada uno de sus artículos responden a principios que todos podemos compartir, principios comunes, como la dignidad de las personas, que esta ley ampara a través del establecimiento de nuevos derechos.

Señorías, la tarea de desarrollo de las políticas públicas de memoria histórica que se emprendió a partir de esta ley durante los años de gobierno socialista fue sin embargo deliberadamente contestada, deliberadamente dificultada, hasta llegar a ser interrumpida de manera abrupta por el nuevo Gobierno del Partido Popular. A los hechos me remito, nada se hizo en la X Legislatura; la ley quedó vigente, pero inconcebiblemente vaciada de presupuesto alguno a partir del año 2013, cuando en los presupuestos socialistas del año 2011 estuvo dotada con 6,25 millones de euros. Con el más burdo razonamiento se intentó dar una apariencia de justificación sosteniendo que la ley quedaba suspendida por la crisis económica. Por increíble que parezca, señorías, así lo mantuvo el entonces subsecretario de la Presidencia. Es decir, mantuvo esta inaudita potestad suspensiva de las leyes a voluntad del Gobierno el día de su comparecencia en presupuestos. Esta situación de incumplimiento, esta situación de parálisis por ya más de cinco años tiene que cesar. Es urgente recuperar todas las políticas públicas dirigidas a la aplicación ya definitiva de la Ley 52/2007, de Memoria Histórica, y adoptar todas aquellas otras nuevas medidas que la desarrollen. Entre otras, podríamos mencionar las siguientes: asumir por los poderes públicos, en colaboración con las asociaciones y con financiación suficiente, la tarea de localización de fosas y exhumación e identificación de los restos de las víctimas para que puedan tener un entierro digno y para


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que puedan ser honradas por sus familiares; promover la creación de bancos de ADN; recuperar y potenciar la Oficina de víctimas, impulsar la retirada de símbolos y monumentos franquistas; ampliar el acceso a la nacionalidad española a los colectivos que todavía no han podido verse beneficiados del mismo; elaborar un censo de infraestructuras y obras realizadas con trabajo esclavo de represaliados para que su memoria sea reconocida y honrada; llevar a cabo el cumplimiento del informe de expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos para resignificar ese espacio, incluyendo la exhumación de los restos de Franco y su traslado fuera del recinto; excluir de toda financiación pública cualquier organización o entidad que ensalce o defienda la figura del dictador, el nazismo, la xenofobia o cualquier otra expresión discriminatoria o vejatoria de las víctimas; promover una comisión de la verdad -como recomienda la ONU-; estudiar y abordar la cuestión de la nulidad de las condenas dictadas por los tribunales penales franquistas contra quienes defendieron la legalidad republicana y establecer el 11 de noviembre, Día europeo de las víctimas del fascismo, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del franquismo y, finalmente, fomentar en el sistema educativo el conocimiento que se derive de la investigación realizada sobre memoria histórica.

Acabo. El Gobierno tiene el deber democrático de cambiar su actitud y de persuadirse de que la memoria histórica es sin duda la memoria de todos; lo digo así, con mayúsculas: La memoria de todos. Las heridas del pasado se curan con más verdad. Así se titula y se subtitula un excelente y documentado libro publicado en 2014 por la Fundación Alfonso Perales, coordinado por los profesores Fernando Martínez López y Miguel Gómez Oliver, cuya lectura recomiendo. Apelo a la capacidad de todas sus señorías para ser cuando menos empáticos con las exigencias de la dignidad de todas las víctimas y de sus familiares, para entre todos aprobar definitivamente esta asignatura pendiente de nuestra democracia. Memoria para la verdad, memoria para la dignidad, memoria para la justicia y memoria para la concordia.

Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias por su atención, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Cámara.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto -que en este turno también fijará posición- tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Cámara, vaya por delante nuestro apoyo a la iniciativa de su grupo, el Grupo Socialista. En su momento, nosotros participamos activamente en la Ley de Memoria Histórica y nos sentimos corresponsables del artículo 3 de la misma, que declara la ilegitimidad de los tribunales que dictaron sentencias de carácter político, con carga política. Pero también nos sentimos muy insatisfechos del resultado final de la aplicación de este artículo 3, porque lo que se acordó en sede parlamentaria fue que habría una iniciativa de los fiscales y unas resoluciones de los tribunales, y esto no se ha producido. Se deben tomar nuevas iniciativas, no solo a través de una proposición no de ley, sino de una reforma legislativa para que, como sucedió en su momento en Alemania, sea el Parlamento el que declare la ilegitimidad y la nulidad de las sentencias con sentido político dictadas durante la Guerra Civil y el franquismo por parte de los tribunales.

Usted me puede decir, señor Cámara, que la Ley de Amnistía condiciona la interpretación del artículo 3, pero ustedes en su iniciativa plantean también la creación de una comisión de la verdad, siguiendo la recomendación de Naciones Unidas. Señorías, afrontar una comisión de la verdad supone superar la Ley de Amnistía para ir al fondo, no de la amnesia que supuso la Ley de Amnistía, sino de la reparación de las víctimas de cuarenta años de franquismo y de un golpe de Estado. Por tanto, nuestra enmienda va dirigida a la declaración de la plena nulidad de las sentencias dictadas con carácter político. Espero que hoy podamos llegar a un acuerdo, que no tiene que ser solo a través de una proposición no de ley sino de una modificación legislativa.

Nada más y muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Mixto también, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias. Arratsalde on.

Es urgente y necesario actuar en materia de memoria histórica y son cuestiones primordiales en esta materia la abolición de la Ley de 1977, de Amnistía, por sus efectos de impunidad de perpetradores de delitos de lesa humanidad; la promulgación de una nueva ley integral de memoria histórica y víctimas del


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franquismo que contemple una comisión de la verdad; la implicación de todos los niveles institucionales para que actúen como querellantes en defensa y acompañamiento a las víctimas, junto con el impulso a la interposición de querellas ante tribunales internacionales; la culminación de las iniciativas de retirada definitiva de simbología fascista; la recuperación de víctimas del alzamiento fascista. Para hacer todo ello se necesitan leyes integrales, partidas presupuestarias y voluntad política, algo que no se ha visto hasta el momento. Por ello, aun pensando que hay que ir mucho más allá de lo que se propone, sería un buen punto de partida que se empezara a hacer algo. Por tanto, esta iniciativa va a contar con un apoyo crítico por nuestra parte, por cuanto que también cuando tenían responsabilidades podrían haber hecho mucho más. Daré algunos ejemplos de por qué es crítico ese apoyo. Es necesario decretar la nulidad de todas las sentencias dictadas por todos los tribunales de la dictadura; no estudiarlo, hacerlo. No hay que estudiar la creación de bancos de ADN, sino decretar su creación en las comunidades autónomas y financiarlos entre estas y el Gobierno español. Junto con la reapertura de la Oficina de ayuda a las víctimas, hay que abrir delegaciones en las comunidades autónomas para que no se tengan que desplazar a Madrid. En relación con el Valle de los Caídos, deberían transformarlo en un columbario de la dignidad, retirando los restos de fascistas tras sacar de allí los restos de los republicanos que se puedan identificar y sean reclamados por sus familiares. Igualmente, no solo excluir de las ayudas a las organizaciones que defienden la dictadura o a Franco, sino actuar para ilegalizarlas. Por tanto, más medidas y más contundentes. En cualquier caso, nuestro apoyo, aunque sea crítico, a ver si por fin alguien desde la oposición o desde el Gobierno muestra la voluntad que no ha tenido hasta el momento.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Como siempre, nos recortan el tiempo y no nos dejan hablar al Grupo Mixto lo que nos toca. Pero bueno, voy a intentar reducir mi discurso...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Sorlí, no se le recorta el tiempo; tienen el mismo tiempo que todos los grupos parlamentarios y ustedes saben que se lo tienen que repartir. Continúe.

La señora SORLÍ FRESQUET: En cualquier país democrático -que es a lo que vamos- la restauración de la memoria histórica no debería ser un tema de debate cuarenta años después de la muerte de un dictador. Hoy aquí deberíamos hablar de otras cosas, pero no de memoria histórica. Así que si algo se hizo mal en esa intocable transición democrática es precisamente dejar campar a sus anchas a verdugos mientras se silenció a las víctimas. Pero vamos a 2017. Hoy en día mantenemos una monarquía impuesta por Francisco Franco. Hoy, continuamos manteniendo con dinero público la tumba de Franco y de Primo de Rivera. ¿Se imaginan que en Alemania existiera una plaza dedicada a las SS? Pues eso pasa hoy en Alicante, donde el Partido Popular decidió que la plaza de la Igualdad no era bastante digna y había que volverle a poner el nombre de División Azul. Pero, ¿qué podemos esperar de un partido que tiene como presidente fundador a un ministro franquista? ¿Qué podemos esperar de un partido en el que el legado familiar de su bancada sigue siendo el Cara al sol? Desde luego, si Franco hoy levantara la cabeza estaría bien orgulloso de ustedes. Estaría contento de ver cómo se mantienen sus deseos y de cómo Alianza Popular, refundada en el Partido Popular, preserva sus voluntades. Así que, cuando vayan a votar hoy recuerden el dicho: dime con quién vas y te diré quién eres. Si votan sí, irán con la democracia; si votan no, irán con el fascismo.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sorlí.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente. El Partido Socialista nos plantea una proposición no de ley que no es nueva, ya que en otro formato fue tramitada también en Comisión. El Partido Socialista plantea dieciséis medidas concretas que, sobre la base del cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, deberían desarrollarse. Son medidas que conciernen una labor, en primer lugar, de concienciación, de creerse lo que supone la recuperación de la memoria histórica, la reparación hacia las víctimas, porque es inadmisible


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el olvido y la injusticia con la que muchas personas han vivido sin que nadie se acordara de ellas, sin saber qué ocurrió con sus familiares más queridos, desconociendo si se encuentran en alguna fosa o cuneta, sin saber si fueron fusilados o despeñados, etcétera.

La semana pasada, el sobrino de un gudari desaparecido en el frente de Asturias me comentaba que su madre murió con la tristeza de no saber qué pasó con su hermano. Afortunadamente, le di la noticia de que los restos de esa persona habían sido identificados en una fosa junto con otros muchos gudaris y se les podrá honrar con dignidad, con la dignidad que todo ser humano se merece. El Partido Popular no ha hecho nada para que esta ley se desarrolle, pero lo que están haciendo es no ser justos, esconderse en una especie de neutralidad malentendida, un limbo que lo que permite es que no se conozca la verdad, no se honre a los que defendieron la libertad y la democracia. Eso es lo que están haciendo. Y esta no es la guerra del abuelito, como dijo algún dirigente suyo que se sienta en un escaño que está por ahí. Mi abuelo, gudari condenado a muerte, represaliado y víctima del franquismo, se merece esto y mucho más, y muchos abuelos que combatieron en la guerra y estuvieron después. Como recuerda Kirmen Uribe en su novela La hora de despertarnos juntos, no sabemos cómo se ordena nuestra memoria, pero hay un espacio para el recuerdo que nunca debe desaparecer.

En Euskadi, el Gobierno vasco sí que ha desarrollado sobre la base de sus competencias esta materia. La legislación internacional, las recomendaciones de la ONU, los organismos internacionales, subrayan que en materia de víctimas la respuesta a las personas desaparecidas debe situarse como prioridad máxima. Esta prioridad forma parte de las recomendaciones expresas, explícitas y urgentes formuladas al Estado español tanto por parte del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas o involuntarias como de su relator especial. Por tanto, por lo menos en Euskadi se va a continuar desarrollando el Plan vasco de investigación y localización de fosas para la búsqueda e identificación de personas desaparecidas durante la Guerra Civil. Este plan ha permitido durante estos últimos años realizar un total de veintinueve exhumaciones y se han recuperado los restos de ochenta y cinco cuerpos, y supongo que se seguirá con esa labor. En segundo lugar y para facilitar los procesos de identificación, se va a continuar con la creación de algo que el Partido Socialista también pide en esta proposición no de ley, que son los bancos de ADN, a los que se vinculará una base de datos genéticos y un buscador web para las personas desaparecidas.

Este proyecto de actuación centrado en las personas desaparecidas se orienta a los dos objetivos centrales definidos para este ámbito. En primer lugar, promover la búsqueda de la verdad de la memoria histórica desenterrando los restos humanos de aquellas personas que se quiso que quedaran desaparecidas del relato y, en segundo lugar, ofrecer una reparación cuando menos moral a la memoria de las víctimas del franquismo y/o a sus familias. Esta prioridad comprende dos proyectos entrelazados: la elaboración de un informe y el impulso de un acuerdo institucional sobre la verdad de la memoria histórica. El objetivo es favorecer el cumplimiento del derecho a la verdad de la memoria histórica, que corresponde tanto a las víctimas del franquismo como al conjunto de la sociedad.

No cabe duda de que estamos de acuerdo casi con la totalidad de la propuesta del Partido Socialista, pero todavía quedan algunas cuestiones pendientes que nosotros hemos presentado en formato de enmienda y que ya hemos traído a esta Cámara en otras ocasiones. Porque hoy en día sigue habiendo un montón de objetos, recuerdos, ikurriñas, etcétera, que se encuentran en museos del Ejército como si fueran un botín de guerra y que solicitamos que sean devueltos a sus legítimos dueños. Hay casos en los que dichos objetos tienen hasta nombre y apellido, y eso no puede quedar así. Por tanto, esperamos que el Partido Socialista acepte estas enmiendas en homenaje a todas aquellas personas que dieron incluso su vida -muchas fueron asesinadas, fueron víctimas-, y a las que tenemos el deber moral de honrar. Por tanto, apoyaremos esta proposición.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Señorías socialistas, vaya monumento al cinismo. Ahora resulta que les interesa el Valle de los Caídos, ¿y cómo es que no les interesó en el año 2007? Porque entonces derrotaron todas las enmiendas de Izquierda Unida, de Iniciativa, de Esquerra Republicana de Catalunya y del Bloque Nacionalista Galego que pretendían mucho más de lo que ustedes ahora dicen querer. Es más, en el año 2011 no fueron capaces de aprobar las conclusiones de la comisión de expertos, comisión que


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habíamos pactado, y el señor Jáuregui consideró que no era conveniente porque, si se aprobaran, quizás hubiera condicionado el resultado de las elecciones.

Y ahora nos dicen que hay que estudiar las sentencias. Pero si la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, se comprometió en Barcelona en el año 2004, en el Fossar de la Pedrera, junto a Pasqual Maragall, president de Catalunya, en el mismo lugar en que el Ejército español asesinó a nuestro presidente, Lluís Companys, a anular su sentencia, y luego reconoció que no era posible porque la ley no declara ilegales los tribunales, solo ilegítimos. En consecuencia, las sentencias no pueden ser ilegales, son legales, y como tales no se pueden anular.

Además, ¿cómo se atreven a solicitar que se declare el día 11 de noviembre Día Europeo de las Víctimas del Fascismo si todavía ustedes se han negado a reconocer las responsabilidades del Estado español en la deportación de republicanos catalanes y españoles a los campos de exterminio nazis? Lo han negado aquí cuatro veces cuando es evidente que fueron deportados por su condición de apátridas, condición que resultó de los pactos entre Himmler y Serrano Suñer. ¿Cómo pueden hablar ustedes de comisión de la verdad si no reniegan de la ley de punto final, preconstitucional, la Ley de Amnistía de 15 de octubre de año 1977?

Y ofende oír hablar de que ahora no hay que subvencionar a las entidades públicas que defendieron la dictadura. ¡Pero si ustedes se han negado siempre incluso a retirar los honores, los títulos nobiliarios concedidos a franquistas implicados directamente en el genocidio! Es más, ¿por qué no se han restaurado los patrimonios expoliados de personas físicas y jurídicas? ¿Y hablan ahora de revisar la normativa en materia de archivos cuando desde el Ministerio de Defensa se comprometieron a desclasificar miles de documentos y no lo han hecho? Y la hipocresía, el cinismo ya llega al estadio superior cuando dicen que hay que poner placas en lugares donde fueron sometidos los republicanos a trabajos esclavos. Ustedes se han negado a legislar -y en la ley no se contempló- que las empresas que hicieron grandes capitalizaciones con el trabajo esclavo de los republicanos -algunas de ellas cotizando en la Bolsa- reparasen a los republicanos. Lo hizo Thyssen, lo hizo Krupp, lo hizo Siemens, pero las empresas españolas, no. Las que construyeron el Valle de los Caídos, Huarte, las empresas que construyeron pantanos, carreteras con el trabajo esclavos... ¡Ah! Ustedes dicen no, hay que poner placas. Pues no. (Aplausos).

¿Y cómo hablan de respeto a las víctimas si ustedes tuvieron la desvergüenza de clasificar a las víctimas del franquismo, las anteriores a 1968 y las posteriores a 1968? A unas se las reparaba económicamente con una cifra y a las anteriores con otra. Es decir, ¿Julián Grimau, asesinado por la dictadura antes de 1968, tiene menos derechos que un antifranquista asesinado o víctima con posterioridad a 1968? ¿A qué viene este sinsentido? ¿Esto es respeto a las víctimas? Por esta razón les digo que Esquerra Republicana de Catalunya nunca va a legitimar el modelo de impunidad español y por eso hemos hecho una enmienda -término señor presidente- que insta al Gobierno a que en el plazo de seis meses presente una ley de verdad que, bajo la doctrina de Naciones Unidas en todo aquello que tiene que ver con los crímenes contra la humanidad, repare de verdad a las víctimas del franquismo y haga que la sociedad española se homologue a otras sociedades que tuvieron el infortunio de padecer pasados fascistas y que han metabolizado su pasado. De manera que esto, monumento al cinismo político. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Domènech Sampere.

El señor DOMÈNECH SAMPERE: La PNL presentada por el PSOE recoge básicamente -tiene algunas novedades- una exigencia: que hay una ley y que esa ley se cumpla. Como tal, ofrece pocas dudas en ese sentido. Es decir, hay una ley, la Ley de Memoria Histórica, que se ha incumplido reiteradamente y lo que se viene a pedir aquí es que se cumpla, pero las dudas surgen porque desde esa ley, que ya tuvo muchas críticas en su momento, hasta el día de hoy han pasado diez años, y en esos diez años hemos constatado que, más allá del obstruccionismo del Partido Popular, esa ley tenía clarísimas insuficiencias. Tanto es así que en la PNL ustedes recogen como fuente de legitimidad el informe del relator de la ONU de Derechos Humanos, durísimo informe realizado en 2014, en el que, hablando de las políticas de la memoria que se habían realizado hasta entonces tanto por el Gobierno del Partido Popular como también en la aplicación de la ley de 2007, no dejaba duda. Decía: Nunca se estableció una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial ni mecanismos de esclarecimiento de la


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verdad. O, yendo más allá, afirmaba también: de qué manera la de Amnistía es utilizada para negar el acceso a la justicia y para impedir cualquier tipo de investigación.

No voy a entrar aquí en concreto en aquello que plantea ese informe, que creo que es lo que se debería debatir en el futuro, y no voy a entrar porque el Grupo Confederal va a presentar iniciativas en el futuro sobre la Ley de Amnistía y sobre todos esos límites que había en la ley. Sí voy a señalar en todo caso dos limitaciones concretas de esa proposición no de ley y una más genérica, que creo que es el problema de fondo que nos encontramos en el desarrollo de las políticas de memoria histórica en este país. La primera, recogiendo el mismo informe y las enmiendas concretas que hemos presentado, es el tema de las exhumaciones. Basta ya de que el Estado no asuma la responsabilidad directa de las exhumaciones ante los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante el franquismo, el mismo criterio que tenía ese informe del relator de la ONU, que decía: el modelo que se establece aquí con las exhumaciones significa la privatización de las exhumaciones, que delega esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones y alimenta la indiferencia de las instituciones estatales. Con ello estamos absolutamente de acuerdo, como lo estaban en 2007 y 2008 el 83 % de la ciudadanía de este país, que decía que las exhumaciones eran una responsabilidad del Estado. Por tanto, primera enmienda que entendemos que debe ser aceptada.

Segunda enmienda. Tampoco creemos que sea asumible que no se proceda ya, de una vez y por siempre, a la anulación de los juicios políticos del franquismo, anulación apoyada también en este caso, según las encuestas, por una mayoría de la ciudadanía. Decir que no se pueden anular las sentencias políticas hechas por los tribunales represivos del franquismo y que no se puede hacer por un tema de seguridad jurídica es equiparar un Estado fascista, como fue el franquismo, como también opina el 89 % de los españoles (Aplausos), con un Estado de derecho. Es un insulto a las víctimas, es un insulto a la memoria democrática.

Pero vayamos más allá de estas dos enmiendas. Hay un problema de fondo en las cuestiones que se han planteado desde la Ley de Memoria Histórica. Son aplicaciones meramente reparativas, y como tales insuficientemente reparativas. Decía una declaración que inició este debate sobre la memoria histórica, declaración de la Asociación Catalana de Expresos Políticos en un acto que hicieron en 2006: Este es un acto de homenaje a los represaliados por el franquismo, es decir, un acto de homenaje a los luchadores por la libertad. El franquismo fue, efectivamente, uno de los sistemas de represión más bárbaros del siglo XX. Voy a darles solo un dato para que se entienda. Podríamos traer muchos a colación. Por cada fusilado que hubo en la Italia fascista en tiempos de paz hubo mil fusilados en tiempos de paz en la España franquista. Por cada persona que fue internada en un campo de concentración en tiempos de paz en la Alemania nazi hubo treinta ciudadanos españoles que fueron internados. No tiene parangón. El franquismo fue, conjuntamente con el nazifascismo, uno de los regímenes más bárbaros del siglo XX, pero era un régimen que no aplicaba la barbarie sin una racionalidad: quería acabar con la base social, cultural y física de la república, quería acabar con la experiencia democrática que nos habíamos dotado todos y todas. La única forma de recuperar la memoria histórica, la única forma de reparar la memoria, es declarar que no eran solo víctimas, que eran la genética de nuestra memoria democrática, la genética de nuestra memoria del futuro, que ellos eran los representantes de lo mejor de la historia de nuestro país. (Aplausos). Así se construye una memoria cívica democrática. No es solo reparación, es verdad, justicia y, entonces sí, reparación. Verdad, justicia, memoria del futuro, memoria democrática.

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Domènech.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Villegas Pérez.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, presidente.

Señoras y señores diputados, se nos trae una propuesta para la efectiva aplicación de la Ley de Memoria Histórica, y lo ideal -lo ha dicho antes algún otro portavoz- sería que hoy no tuviéramos que estar hablando de estos temas, que hoy no tuviéramos que estar hablando del reconocimiento, la reparación y la dignificación de la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo; que no tuviéramos que estar hablando porque fuera un tema o que ya estuviera totalmente solucionado o en el que, si faltaban cosas por solucionar, el Gobierno, las administraciones públicas fueran actuando con normalidad. Al final el objetivo de este reconocimiento y de esta reparación no tiene que ser -y no es- un


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objetivo de uno u otro partido político; es un objetivo que tiene que ser común del sistema democrático y del sistema de partidos democráticos. Por lo tanto, debería ser un objetivo de consenso que estuviera fuera de la controversia partidista. Seguramente, deberíamos estar hablando de otras propuestas de futuro y tener este tema ya solucionado, pero se trae esta cuestión porque quedan cosas por hacer. Efectivamente, quedan cosas por hacer y nosotros estamos de acuerdo con el espíritu y el objetivo de la propuesta que presenta hoy aquí el Grupo Socialista. Por tanto, vamos a votar a favor si se vota en sus propios términos; ya veremos cómo queda si hay alguna negociación de enmiendas, en cuyo caso haríamos la correspondiente valoración. Vamos a votar a favor porque tanto ustedes como nosotros y la mayoría de partidos de este arco parlamentario no tenemos problemas para condenar las tiranías -todas las tiranías- ni para pedir el reconocimiento de sus víctimas. Hay algunos partidos que tienen más problemas y aplauden algunas tiranías y otras las critican, pero nosotros en eso, como ustedes y otros partidos del arco parlamentario, no tenemos ningún problema, condenamos todas las tiranías y pedimos el reconocimiento de todas las víctimas. (Aplausos).

Como he dicho, vamos a votar a favor, pero déjenme que haga alguna consideración sobre algunos de los puntos de la propuesta que pensamos que podrían ser mejorables y que se podrían haber definido de otra forma, sobre todo en la exposición de motivos. Supongo que uno se deja llevar un poco en la exposición de motivos. Somos conscientes de que el Partido Socialista está en un momento difícil y le hace falta alguna autoalabanza, como hacen ustedes en esa exposición de motivos, pero creo que se han pasado un poco de la raya, que ni ustedes lo hicieron todo tan bien, ni siquiera con esta ley. Es verdad que ustedes la propusieron, pero también es verdad que entró en vigor en 2007 y ustedes estuvieron gobernando hasta 2011 y en esta PNL queda claro que hay muchas cosas por hacer. A lo mejor algunas de esas cosas que diez años después quedan por hacer -seguramente por falta de interés del partido que entró en el poder después de ustedes, el Partido Popular, no se han hecho- en esos cuatro años que ustedes gobernaron con la ley vigente algo podían haber hecho. Estoy hablando, por ejemplo, del censo de infraestructuras y obras realizadas mediante trabajo esclavo, que se reclama en la ley y que a lo mejor en los cuatro años que ustedes gobernaron podrían haber avanzado algo; de la retirada de símbolos fascistas, en lo que a lo mejor se podía haber avanzado más en esos cuatro años en los que ustedes estuvieron gobernando; de revisar las normas en materia de archivos, en lo que quizás ustedes podían haber hecho más, y de dar un futuro diferente al Valle de los Caídos, en lo que quizás ustedes también podían haber hecho más en esos cuatro años. En todo caso, pese a ese exceso de complacencia en la exposición de motivos, nosotros votaremos a favor porque estamos de acuerdo con los principios que se defienden en esta propuesta. Estamos de acuerdo en desarrollar políticas para recuperar la memoria histórica; estamos de acuerdo en colaborar con las familias para localizar e identificar las víctimas. Una gran nación tiene que tratar con dignidad a sus muertos, y España es una gran nación. Por lo tanto, tenemos que tratar con dignidad a nuestros muertos, igual que hacen las grandes naciones de nuestro alrededor. Estamos a favor también de la retirada de los símbolos fascistas, y también podemos compartir lo que planteaba el documento de expertos sobre el uso del Valle de los Caídos. Ustedes en esta propuesta solo hacen un par de referencias a eso, seguramente a los temas más mediáticos que se nombran en esas recomendaciones de expertos. Solo hablan del destino de los restos del dictador y de José Antonio Primo de Rivera, pero también en ese texto se daba una solución global al Valle de los Caídos, y solamente esa solución global será la que pueda dar una solución definitiva a este problema. Hay una propuesta -y acabo, presidente-, que es la 21 de ese mismo texto de expertos que me gustaría recordar y que no está en su PNL. Es la que se refiere a la necesidad de los más amplios consensos. Dice así: Sin los más amplios consensos, estas recomendaciones que proponemos son inviables. Por tanto, invitamos a todos los partidos a ese consenso para tratar este tema. Memoria para las víctimas, señores diputados, y consenso para la memoria.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Villegas.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Sánchez-Camacho.

La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna con una reivindicación y un lamento. Considero que este debate de hoy es importante. La reivindicación, señoras y señores diputados, es hoy más que nunca el pacto de la convivencia, el pacto constitucional, el pacto que todos asumimos a lo largo de nuestra historia. Señores socialistas, ustedes han subido hoy aquí pareciendo que eran los que ostentaban el


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patrimonio de la defensa de la memoria de las víctimas del franquismo, de la Guerra Civil y de los represaliados por la Dictadura. Debo decirles que todos los Gobiernos de la historia de este país han adoptado medidas para la rehabilitación de las víctimas y para el reconocimiento de las mismas: desde UCD pasando por el Partido Socialista y el Partido Popular. ¿Saben por qué, señorías? Porque en la resolución de la Comisión Constitucional de 20 de noviembre de 2002 todos acordamos que no habría un uso partidista de lo que ocurrió en nuestra historia y ustedes -ahí viene el lamento, señoras y señores diputados del Partido Socialista- lo han roto; lo rompieron con la Ley de Memoria Histórica y lo han vuelto a romper hoy. (Aplausos). Nosotros, señoras y señores diputados, habríamos deseado ese acuerdo constitucional, porque, escuchando a la señora Sorlí, una, hoy más que nunca, debe reivindicar ese pacto constitucional. Señores de Compromís, señora Sorlí, con discursos como el suyo, con personas como usted hoy en la tribuna atacando a mi partido, nunca jamás hubiéramos podido llegar a estar donde estamos y a que usted fuera diputada en esta democracia gracias al esfuerzo de la transición de millones de españoles; eso debería usted saberlo. (La señora Sorlí Fresquet hace signos negativos.-Aplausos). Además, señor Agirretxea, del PNV, usted ha hablado de su abuelo y le decía al Partido Popular que no era justo, pero a mi tío lo fusiló un pelotón de fusilamiento y jamás lo he dicho (Rumores), porque todos los que estamos aquí tenemos historia, tenemos familiares en nuestra historia y lo que conseguimos con la Transición fue que nunca volviera a ocurrir, que no la volviéramos a repetir entre nosotros y ahora ustedes nos traen esta proposición aquí para decir que el Gobierno no cumple. Le tengo que decir, señor Cámara, que el Gobierno sí cumple. (El señor Cámara Villar pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores). Espere, espere, no se anticipe, escuche, primero escuche y después valore. De las declaraciones de reconocimiento y reparación personal se han emitido 2400, más de 1100 con los Gobiernos del Partido Popular desde el año 2011 y con el ministro Catalá más de 800. Qué pasa, ¿no se ha hecho nada? ¿Sabe las informaciones actualizadas que se están dando a los ciudadanos y a los familiares de las víctimas? Más de 16 300, señor Cámara. ¿Sabe además que se está actualizando el mapa de fosas para la exhumación y para dar un entierro digno a los represaliados que fueron fusilados y para dar reconocimiento a los familiares y que se han encontrado más de 45 000 víctimas? ¿Sabe usted cuántas visitas han tenido de familiares y de ciudadanos españoles? 910 000, casi un millón. Por tanto, que usted suba aquí a la tribuna a decir que este Gobierno no ha hecho nada es una indignidad y una falsedad que va en contra del pacto constitucional; se lo digo y se lo repito. (Aplausos).

Además, señores del Partido Socialista Obrero Español, ustedes hablan de los símbolos y de lo que hizo la comisión de expertos con el catálogo de los signos, muy bien, este Gobierno está cumpliendo ese mandato legal con respecto a los signos, y lo está haciendo con los símbolos y los monumentos que son de titularidad estatal, y usted sabe muy bien que se han dado las recomendaciones oportunas a los Gobiernos autonómicos y locales. Me hablaba de archivos, fíjense, los archivos se han digitalizado: los archivos del Archivo General, los archivos del Archivo Nacional; se han digitalizado los fondos documentales del Valle de los Caídos, se ha podido realizar un censo para que tengamos constancia de las personas inhumadas en el Valle de los Caídos, más de 33 000 personas, de las cuales 21 400 están ya identificadas. Además, señor Cámara y señores socialistas, gracias al acceso a la información del Gobierno francés, como decía el señor Tardà, hemos podido tener acceso a los datos de todos aquellos españoles que murieron en campos de concentración nazis. Esa información y la anterior están en Internet.

Señoras y señores diputados, nosotros estaríamos a favor de crear ese censo de infraestructuras para aquellos trabajos forzosos y represaliados que se hicieron. Estaríamos a favor de la declaración de un día de consenso para el homenaje y reconocimiento de las víctimas, pero yo me pregunto, señoras y señores diputados de la bancada popular, por qué será que el Partido Socialista quiere crear ese día el día 11 de noviembre y no el día 23 de agosto, que es el día de reconocimiento de los regímenes totalitarios, en contra de esos regímenes y a favor de las víctimas de los regímenes totalitarios del estalinismo y del nazismo. ¿Por qué no lo hacemos ese 23 de agosto para todo tipo de fascismos? Eso es lo que quiere el Partido Popular y es lo que nosotros estamos defendiendo. (Aplausos). Y aún me pregunto por qué ustedes no quieren.

Señoras y señores del Partido Socialista, no tienen el consenso aquí, es más, lo que han conseguido hoy -y voy acabando, señor presidente- es volver al pasado y quedarse en él, desgraciadamente. No sé si ustedes solo quieren volver al pasado o lo que quieren es mirar constantemente a Podemos. Ustedes están en una encrucijada histórica que también es una encrucijada para España. Señorías del Partido Socialista, no miren al pasado, miren a la España del presente, del futuro, porque en el Valle de los Caídos en todo lo que se tenga que hacer para la exhumación tanto de Francisco Franco como de José Antonio


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Primo de Rivera sabe usted muy bien que las recomendaciones hablaban de amplio consenso y ustedes hoy han venido aquí a buscar un titular, no a buscar el consenso y el apoyo social de la sociedad española, eso es lo que han venido a hacer ustedes aquí.

Y señoras y señores diputados del Partido Socialista, si quieren...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora Sánchez-Camacho, tiene que ir acabando.

La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Acabo, señor presidente.

... si quieren que triunfen los que defienden las tiranías como la de Venezuela, los que defienden que la Transición... (Rumores y protestas). No se pongan nerviosos...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio.

La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Si cada uno tiene lo que hace.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Vaya acabando, señora Sánchez-Camacho.

La señora SÁNCHEZ-CAMACHO PÉREZ: Si cada uno tiene lo que hace. Ustedes tienen lo que hacen, claro; no se pongan ustedes nerviosos, así son. (Protestas.-Aplausos). Es que es así, señorías, es así; los que reniegan de la Transición, como algunos que renegaban incluso del papel del comunismo, de Santiago Carrillo en la Transición. Si ustedes quieren que ellos ganen (Rumores y protestas) sigan en el pasado, si no, vuelvan al presente y al futuro, que España les necesita y Europa también. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto al señor Cámara Villar si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor CÁMARA VILLAR: Señora presidenta, todavía estamos estudiando la consideración de cada una de las enmiendas que se han presentado.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA CRISIS INSTITUCIONAL EN VENEZUELA. (Número de expediente 162/000396).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a debatir la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la crisis institucional en Venezuela. Para la presentación de la iniciativa y la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Martínez-Maíllo Toribio.

El señor MARTÍNEZ-MAÍLLO TORIBIO: Buenas tardes, presidenta, buenas tardes, señorías.

Es la segunda vez que comparezco ante ustedes en representación del Grupo Parlamentario Popular para denunciar una vez más la falta de democracia y la falta de libertad en Venezuela. Es la segunda vez, pero a pesar de que a algunos de ustedes no les guste que hablemos de Venezuela, el Partido Popular seguirá trayendo a esta Cámara iniciativas que pongan de relieve lo que está pasando hoy en Venezuela porque como demócratas que somos llevamos en nuestro ADN la defensa de los derechos humanos, de la libertad y de la democracia. Además, Venezuela es un país hermano, un país amigo con el que tenemos lazos históricos, culturales y sociales comunes y donde hay más de 190 000 españoles viviendo. Y porque allí, aunque algunas de sus señorías lo defienden como una democracia ejemplar, la gente muere en las calles, los venezolanos son asesinados en las marchas pacíficas o silenciados con gases lacrimógenos, porque allí lamentablemente hoy el Estado de derecho es una entelequia denunciada ya por todos los organismos internacionales. Catorce años llevamos denunciando esta situación, más de cincuenta iniciativas. Quiero decir que en todo momento hemos contado con el apoyo de la mayoría de los grupos parlamentarios para sacar a través del acuerdo todas las proposiciones no de ley, de todos no, de casi todos, porque hay algunos que han seguido manteniendo su vinculación con el régimen de Venezuela. Pero estamos ante una nueva oportunidad. Les pido fundamentalmente a los señores de Podemos que rompan de una vez los anclajes con Venezuela, rompan las ataduras, suelten la mano que les dio de comer en su momento y en vez de ser coherentes con el régimen de


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Maduro, sean coherentes con la libertad, con la democracia y con la defensa de los derechos fundamentales. (Aplausos). Mi grupo presentó esta proposición no de ley precisamente porque se habían usurpado las competencias a la Asamblea Nacional por el Tribunal Supremo. Imagínense si esto pasa exactamente aquí, en España, que queda completamente vacía de competencias la Asamblea Nacional. Fue la presión internacional y también la presión desde dentro lo que obligó a que el dedo de Maduro le dijera al Tribunal Supremo que cambiara su decisión. Pero desde entonces hasta ahora la situación se ha complicado todavía más: hay 40 personas que han fallecido, 1400 arrestados y 60 encarcelados después de las manifestaciones pacíficas pidiendo libertad y justicia. Pero la cosa, por supuesto, no quedó así, el señor Maduro, que no consiguió ese autogolpe de Estado cambiando lo que era la Asamblea Nacional, ha tomado otra decisión que es convocar una Asamblea Constituyente, que es el último autogolpe de Estado de otros muchos que seguro que intentará para consolidar este régimen autoritario a través de una interpretación torticera del artículo 347 de la Constitución, y va a constituir una Asamblea Constituyente con quinientos constituyentes. Sinceramente, no sabemos si entre los quinientos estará la vaca a la cual hablaba el otro día tranquilamente el señor Maduro, pero lo que es evidente es que estará plagado de corderitos al servicio del régimen de Venezuela y no será una Asamblea Constituyente limpia para tomar decisiones. (Aplausos).

Nicolás Maduro lleva, igual que el chavismo, dieciocho años retorciendo el funcionamiento de las instituciones y algunos de ustedes apoyándole. Tenemos que remontarnos a la aplastante victoria electoral en la Asamblea Nacional del 7 de diciembre, unas elecciones que el régimen nunca aceptó. De hecho, antes de que se constituyera tomó una decisión clave, que fue cambiar y nombrar a trece magistrados y a veintiún suplentes del Tribunal Supremo. Con eso consiguió impugnar a tres diputados de Amazonas con los cuales se lograba la mayoría cualificada de dos tercios en la Asamblea Nacional. Se anuló el revocatorio por ese Tribunal Supremo, se anularon las elecciones regionales que iban a producirse en el año 2016 y se han inhabilitado por ese Tribunal Supremo a los líderes de la oposición, entre ellos al señor Capriles.

En definitiva, señorías, todas y cada una de estas decisiones han estado encaminadas a crear un régimen totalitario sin separación de poderes y, por cierto, señores de Podemos, esta sí que es una justicia al servicio del poder político autoritario en Venezuela, no en otros sitios, ahí en Venezuela, eso es lo que hay que denunciar realmente. (Aplausos). Y no lo hemos denunciado solo nosotros, lo han denunciado todos los organismos internacionales, no queda ninguno, Amnistía Internacional -¿pero tienen algún respeto precisamente por estas decisiones que se toman por parte de los organismos internacionales?-, la OEA, multitud de Gobiernos, como Estados Unidos, europeos y americanos. Pero no solamente existe una crisis institucional, existe una crisis también sin duda humanitaria. Venezuela se está desangrando, hay desabastecimiento y no llegan los medicamentos. Es importante crear ese canal humanitario que lleve medicamentos a Venezuela. En el mes de junio, los miembros del Partido Popular estuvimos en la campaña "Una medicina para Venezuela"; estábamos casi todos, siempre faltan exactamente los mismos. Por cierto, ahí estaba Jon Goikoetxea, aquí en Madrid, en la Puerta del Sol, una persona que el 19 de agosto fue arrestada injustamente y que sigue en prisión.

Hoy, señorías, tenemos que seguir hablando de presos políticos y parece mentira que en pleno siglo XXI tengamos que seguir pidiendo democracia y libertad para aquellos que han sido apresados exclusivamente por haber cometido el delito de pensar distinto a como piensa el señor Maduro. (Aplausos). Por eso, hoy queremos pedir libertad para Leopoldo López, para Antonio Ledezma y para 170 personas que están en prisión precisamente por pensar diferente. Los españoles -voy acabando, señora presidenta- no podemos mirar hacia otro lado. Ninguna forma de represión puede contar con la complacencia o con la observancia cómplice, aunque estemos a muchos kilómetros de distancia. Hoy es un buen momento para que se pronuncien de manera nítida, sin los subterfugios ni las ambigüedades de anteriores ocasiones. Está en el ADN de todos los demócratas defender la libertad, de la misma manera que tenemos que seguir creyendo en el diálogo, pero no como un pretexto para dilatar el proceso o para dividir a la oposición. Señorías, no existe ninguna excusa para no apoyar esta proposición no de ley. Solo hay una: considerar que en Venezuela hay una democracia ejemplar, como decía el señor Iglesias en marzo de 2013 en una televisión venezolana. Si no estamos de acuerdo con que Venezuela es una democracia ejemplar, como nosotros consideramos que es una dictadura, tenemos que seguir apoyando la libertad, la democracia y los derechos fundamentales en España y también, lógicamente, en Venezuela.

Muchísimas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana el señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Del cinismo a la hipocresía. Critican la separación de poderes ¿y ustedes saben que el Foro Económico Mundial sitúa a España en el lugar 72, después de Botsuana y Arabia Saudí, en todo aquello que atañe a la independencia judicial? Denuncian la crisis institucional en Venezuela, ustedes que manipularon, manipulan y manipularán, a no ser que les echemos democráticamente, el Tribunal Constitucional, corrompido en sus funciones por partidista, porque saben que tienen carné, carné del Partido Popular, magistrados del Tribunal Constitucional que ustedes manipulan. Y dicen que... (Palabras retiradas de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara). ¿Se atreven a decir que en Venezuela no hay democracia? Hablan de falta de diálogo en Venezuela, ¡pero si ustedes están hostigando al pueblo de Cataluña! Ustedes inhabilitan, multan y amenazan con la cárcel a los representantes del pueblo de Cataluña, a la presidenta del Parlament de Catalunya. ¡No saben lo que es el respeto al mandato democrático del pueblo de Catalunya y quieren dar lecciones al mundo y al pueblo de Venezuela sobre democracia! Hablan de reconciliación. ¿Y cómo es que en su texto no aparece ni tan solo un mínimo de solidaridad con las víctimas de las guarimbas? ¿O acaso hay víctimas de primera y de segunda? En todo caso, deberíamos lamentar todas las víctimas, pero ustedes no, ustedes actúan como lo han hecho siempre. Hablan de derechos humanos, entonces ¿por qué venden armas a Arabia Saudí? ¿Por qué venden armas a Estados que de manera sistemática vulneran los derechos humanos? Ustedes pueden vender armas a los sátrapas; en cambio, son muy críticos con la República Bolivariana de Venezuela. Si fueran honestos, si realmente estuvieran movidos por la solidaridad, por la estima, por la fraternidad con el pueblo de Venezuela, al margen de las ideologías, se comprometerían, por ejemplo, con la voluntad de diálogo de Unasur, con la voluntad que expresó el señor Rodríguez Zapatero o el papa Francisco. Sí, sí, ustedes tendrían interés en tener una actitud constructiva respetando la legitimidad del Gobierno de la república, porque la Asamblea Nacional, donde la correlación de fuerzas no es chavista, se eligió con la misma ley con la que se eligió al presidente Maduro; luego, las condiciones son iguales para todos. No sean hipócritas ni cínicos y acepten nuestra enmienda. Ustedes deberían tener una actitud constructiva respecto a todas las voluntades que existen para ayudar -ayudar- desde la fraternidad al pueblo venezolano a salir de la crisis en que está. Este es nuestro deseo, que el pueblo venezolano encuentre un camino cívico, pacífico y democrático para resolver sus problemas. Yo soy catalán y no venezolano, pero entendemos que quizás puede ser una buena solución la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Por cierto, ¿por qué no han dicho aquí que la Asamblea Constituyente es un recurso que contempla la Constitución de la república? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no dicen que la convocatoria que ha expresado el presidente de la república de una Asamblea Constituyente forma parte del texto constitucional? Porque en el fondo ustedes están interesados en hacer creer que la República de Venezuela es un Estado dictatorial. (Un señor diputado: Es que lo es.-Rumores). La República de Venezuela tiene problemas como hay problemas en todo el mundo; y si no, deberían ustedes mirarse en el espejo. Repito que si ustedes tuvieran una voluntad fraternal de colaborar, olvidarían la demagogia y los odios y enviarían mensajes de ayuda, de fraternidad y de colaboración con el pueblo de Venezuela, al margen de las ideologías y respetando la legitimidad de sus instituciones. Menos demagogia y, sobre todo, en vez de odio, fraternidad. En vez de odio, fraternidad. En vez de odio, fraternidad. Odio no, fraternidad sí. (Aplausos.-El señor Hernando Fraile pide la palabra).

La señora PRESIDENTA: Señor Hernando.

El señor HERNANDO FRAILE: Señora presidenta, el portavoz de Esquerra Republicana ha formulado unas acusaciones tildando a mi grupo de ser el partido más corrupto de Europa. (Rumores y protestas). Es evidente que esa es una alusión clarísima por el artículo 71.3. No solo es una desconsideración a un grupo, sino sencillamente es una acusación de tipo mendaz e incluso criminal y calumniosa. (Rumores y protestas). Por tanto, señora presidenta, por respeto a todos los miembros de mi partido, que son gente absolutamente decente (Rumores y protestas), y por respeto a la dignidad de esta Cámara -aunque el señor Tardà no se respete a sí mismo-, le pediría que esas palabras y esa infamia no consten en el Diario de Sesiones. (Aplausos.-El señor Tardà i Coma pide la palabra).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señor Tardà.


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El señor TARDÀ I COMA: Estoy dispuesto a corregir y a dejar las cosas más claras. Hubiera tenido que decir que es el partido político de Europa que tiene más casos judiciales abiertos por corrupción. (Aplausos). Retiro lo anterior. Reconozco que debería haber dicho esto y no lo otro. Acepto corregir. (Risas y aplausos.-El señor Hernando Fraile pide la palabra).

La señora PRESIDENTA: Señoría, no tiene la palabra. (El señor Hernando Fraile: Es que es mentira lo que ha dicho el señor Tardà). Señoría, usted ha pedido en virtud de un artículo del Reglamento que desapareciera del Diario de Sesiones una mención expresa, porque entiende que afecta a la dignidad de un grupo parlamentario. El señor Tardà ha tenido un tiempo de respuesta y ha dicho lo que ha dicho. No voy a dar más la palabra y va a continuar el debate. Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Hernando Fraile: Pero es mentira).

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Gutiérrez Limones.

El señor GUTIÉRREZ LIMONES: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, uno de los peores miedos que puede experimentar el ser humano es no ser capaz de controlar su propio destino. La batalla de la civilización se ha centrado precisamente en esto, en incrementar el control que individual y colectivamente podemos ejercer sobre nuestra vida y sobre la sociedad en la que vivimos. Aunar el proyecto individual y colectivo necesita de la confianza en los demás y en las instituciones. En la medida en que debilitamos esos lazos, esos vínculos, con nuestros conciudadanos o con las instituciones la dignidad del ser humano se ve seriamente amenazada. Nos devolvemos a nosotros mismos a una fase de la civilización que consideramos superada. La buena noticia, señorías, es que la democracia que algunos califican de formal y otros como un mero procedimiento para establecer mayorías goza de tanta salud que los propios dictadores la sacan del brazo a las plazas públicas, se ven obligados a ello. Todo autoritarismo, al final, se ve obligado a proclamarse como demócrata. Pero todos ellos hacen lo mismo, dos cosas. En primer lugar, despojar a los ciudadanos de lo que es su condición de portadores de derechos para relevarlos y degradarlos al simple asunto de ser receptores de favores, con lo que la sociedad al final queda dedicada solamente al poder y con eso ya no puede reclamar, ya no puede reivindicar lo que es el proyecto colectivo. En segundo lugar, impedir que los ciudadanos participen en la política segando las relaciones con los demás, generando desconfianza y dinamitando los espacios comunes. Ese es el sueño de algunos totalitarios: construir un pueblo y destruir a los ciudadanos.

Es verdad que en Venezuela se han superado todos los límites imaginables. Un pueblo rico, lleno de gente amable condenado actualmente al hambre y a la carencia de medicinas y de mercancías indispensables, donde la violencia y la falta de seguridad hace que la gente viva en el miedo. Parafraseando al comunista yugoslavo Ante Ciliga, podemos decir que ahora mismo en Venezuela los venezolanos están viviendo en un país de mentira desconcertante, donde no se respetan los derechos humanos y no hay las mínimas condiciones para una convivencia pacífica. No es verdad que haya una crisis institucional; se está utilizando a las instituciones para perpetuarse en el poder. Por eso los socialistas no queremos permanecer impasibles, mirar para otro lado, mostrar nuestra indiferencia; queremos para los venezolanos lo mismo que queremos para nosotros, un estado social y democrático de derecho. Hemos presentado una enmienda de modificación aceptada por el grupo proponente en la que buscamos instar de verdad al cese de la violencia, liberación de los presos políticos, que de verdad se haga un calendario electoral, que se dé la competencia a la asamblea y un canal humanitario que dé respuesta a la situación de los venezolanos.

Quiero también dirigirme a los ciudadanos de Venezuela, hoy aquí en la tribuna tan dignamente representados, a la mayoría social, aquellos que muy pronto estamos seguros saldrán a la plaza de la Libertad y lo harán sin rencor y sin odio, sabiendo que cuando miren a su tierra no solamente será ese lugar regado de lágrimas, dolor y sufrimiento, sino que también será el lugar que juntos tendrán que construir en esa Venezuela que se merecen. Estoy seguro de que pronto habrá un presidente venezolano elegido libremente y que ese presidente, en su toma de posesión, hará un discurso muy parecido al que hizo Nelson Mandela cuando tomó posesión de su sede presidencial. Cuando se encontró a los trabajadores que habían estado empleados en el régimen anterior recogiendo sus cosas para marcharse, los reunió y les dijo: Podéis marcharos si queréis, estáis en vuestro derecho, si de corazón pensáis que no podéis trabajar con este Gobierno es mejor que os marchéis, pero si de verdad lo que pensáis y teméis es que por vuestro idioma, por el color de vuestra piel o sencillamente por haber trabajado para otro régimen eso os descalifica, tengo que deciros que hoy estoy aquí para que no tengáis miedo. Hoy es hoy y el pasado es pasado. Ese es el discurso de la victoria que merecen los venezolanos.


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Termino, señora presidenta. Los españoles lo sabemos muy bien, como muchos pueblos. Cada sociedad ha encontrado su propio camino para restaurar la paz y la concordia cívica. España hizo su propio camino, del que nos sentimos orgullosos, porque buscó el espacio y el período de paz y prosperidad más importante que hemos tenido. Abrió un mundo nuevo y consiguió el respeto del mundo que nunca anteriormente habíamos tenido. Venezuela tiene que encontrar su camino y esta Cámara tiene hoy la oportunidad de decirles que no están solos, que cuando llegó la hora de la verdad, cuando de verdad nos necesitaban, los españoles estuvimos ahí los primeros, ayudando a los venezolanos a que libremente puedan de nuevo ser dueños de su destino.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Esta es una iniciativa oportuna y también un poco oportunista. Digo oportunista porque en una segunda derivada pretende desenmascarar a quienes aplican de manera grosera dos varas éticas de medir el cumplimiento de unos estándares políticos democráticos, unos aquí y otros en Venezuela, y porque pretende denunciar el discurso mágico de algunos que les impide ejercer una mínima autocrítica, que al menos les haría curar esa presbicia moral que tanto les ciega. Aquí, señorías, denunciamos la corrupción, pero allí también, y lo que es bueno aquí, el respeto a la ley, el Estado de derecho, la libertad, la justicia, los derechos humanos, el pluralismo político, la honradez, no puede ser malo allí, y viceversa.

Lo fundamental de la propuesta es hablar y pensar en el futuro de Venezuela; un país hermano con quien compartimos historia, cultura, relaciones, lengua y, desde luego, afecto. Por eso, ante lo que estamos viendo estos días allí, nos duele casi todo. Nos duele la arbitrariedad institucionalizada, la desigualdad. Nos duele la corrupción, la actual, pero también la de los partidos tradicionales que generó el cáncer chavista. Nos duele el enfrentamiento civil, el matonismo de un régimen que actúa cada vez con más dureza para acallar su creciente debilidad. Nos duele también cómo se ha extendido el populismo. Nos duelen las cuarenta vidas rotas, los cuarenta muertos de esta semana a manos de los esbirros del poder. Nos duele la persecución sistemática contra los opositores y los líderes estudiantiles, por cierto, tan valientes. Por eso insistimos en la exigencia de libertad para Leopoldo López y, con ella, incluimos la de todos los presos de conciencia.

Señorías, lo mejor que podría hacer el presidente Maduro es marcharse. (Aplausos). Un país que es una potencia energética mundial no puede estar abocado a un estado de derribo ni un minuto más. Es inconcebible, incomprensible. No se puede gestionar peor. Por eso hoy nos unimos a los opositores y al pueblo venezolano en su lucha justa por recuperar la democracia y la paz y apoyaremos esta propuesta del PP.

Termino, señora presidenta. En Navarra, cada 15 de julio, cuando terminan los Sanfermines, los pamploneses solemos decir: Ya falta menos. Pues eso, ya falta menos para que termine ese régimen autoritario y se abran en Venezuela las puertas a una sociedad más libre, más sonriente y más amable, que es como siempre la hemos conocido.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, vamos a hablar de la realidad de la situación de Venezuela; no aprovechemos para hablar de algún grupo parlamentario de la Cámara. Vamos a hablar de democracia, de respeto a los derechos humanos y de la violación de la democracia. Estamos hablando de cómo el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela ha decidido vaciar de contenido e impugnar los poderes del Parlamento. Vamos a hablar, pues, de separación de poderes. Vamos a hablar de respeto a los derechos humanos. Vamos a hablar de los criterios de la Organización de Estados Americanos, que a mí me merecen mucho más respeto que la respuesta de Maduro, reencarnación de Chávez, saliendo de la Organización de Estados Americanos. Si alguien dice que el sistema electoral sirve para elegir a un presidente y para elegir a una mayoría en el Parlamento, exactamente se tiene que respetar este sistema electoral, se tiene que respetar el sistema democrático.


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Señorías, he escuchado esta tarde que se pide más fraternidad. A los grupos catalanes no nos gusta cuando el Tribunal Constitucional nos cambia el Estatuto votado por las urnas. No comprendo cómo se puede entender que a alguien le guste que el Tribunal Superior de Justicia de Venezuela cambie la voluntad y los poderes de la Asamblea Nacional. Coincido mucho con los planteamientos del grupo proponente, el Grupo Popular, pero también celebro y quiero agradecer al señor Gutiérrez Limones la posición del Grupo Socialista. Creo que las líneas son claras entre dictadura y totalitarismo, y Venezuela ha caído en el totalitarismo, y ante esto solo cabe la respuesta unánime de los demócratas.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Esteban Bravo.

El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores, no es el primer debate sobre Venezuela. En cierto sentido, tampoco es de extrañar porque es el país que tiene el mayor número de expatriados con nacionalidad española; es un país con fuertes lazos no solo socialmente, sino también en materia económica. Es verdad que a veces echa uno de menos que no podamos tener estos debates sobre situaciones también terribles que suceden en otros países.

El señor Tardà, como siempre, golpe al hueco. La verdad es que ha tenido algunas críticas aceradas interesantes, pero de ahí a poder defender al régimen de Maduro, yo creo que va un abismo. El régimen y lo que podría ser el funcionamiento de la propia Constitución venezolana, con las diferencias o acuerdos que uno pueda tener con el texto, ha dejado de comportarse de una manera comprensible y de acuerdo con lo que dice la propia ley. No es que lo diga gente de fuera, sino también personas que han formado parte del establishment del Gobierno, de las instituciones venezolanas, del Poder Judicial. El fiscal general de Venezuela, por ejemplo, condenó el intento del Supremo de pretender quitar los poderes al Legislativo asumiéndolos, lo que constituía una ruptura constitucional evidente, y luego, a mandato del presidente, a los tres días revoca su decisión. No era la primera vez; el Tribunal Supremo había anulado la Asamblea Nacional en varias ocasiones declarándola en desacato. Llama la atención. El Tribunal Supremo fue también el que impidió la toma de posesión de sus escaños de cuatro representantes de la Asamblea Nacional que eran fundamentales, porque privaba a la mayoría de la oposición de los 2/3 necesarios para poder impulsar algunos mecanismos de la propia Constitución. Se ha inhabilitado políticamente por irregularidades administrativas, así en general, a relevantes opositores. Diecisiete de los veintiún países del Consejo Permanente de la OEA han expresado la profunda preocupación por la alteración inconstitucional del orden democrático en Venezuela. El Gobierno suspendió las elecciones locales y regionales previstas para diciembre de 2006 y ha impedido la celebración de un referéndum revocatorio, a pesar de que se cumplían los requisitos constitucionales. Además de todo esto, es un país que está metido en una crisis económica terrible. Para quienes defienden que el régimen está actuando correctamente -el propio régimen lo dice-, esto es un complot de los demás. La verdad es que hoy en día no hay esperanza de redistribución de la riqueza en un país inmensamente rico, con unas reservas petrolíferas incluso mayores que las de Arabia Saudí, pero que no ha sabido hacer las cosas. En cuanto cayó el precio del petróleo, adiós, ya no había más soluciones. Se ha hundido el comercio, se ha hundido la agricultura. Un país con grandes reservas de petróleo no tiene ni una planta de refino. ¿Una conspiración? Hay emergencia también en materia de hospitales y medicinas. ¿Por qué no ha ocurrido lo mismo en Ecuador o en Bolivia, países ideológicamente aliados de lo que podría representar el presidente Maduro? Eso no ha sucedido allí. ¿No tendrá el régimen mucho que ver con las decisiones tomadas y cómo ha ido haciendo las cosas, así como esa nueva elite que también se ha ido enriqueciendo, igual que pudieron hacerlo elites anteriores de otro signo ideológico al amparo de este nuevo orden? Una asamblea constituyente que no se sabe cómo se va a constituir. La posibilidad de hacerlo estará en la Constitución, pero lo que no se puede hacer sin la aquiescencia del Parlamento venezolano es impulsar un proceso de ese tamaño. Tribunales militares para juzgar a los presos políticos detenidos en las manifestaciones -si este no es un régimen de excepción, ya me dirán qué es-; decenas de muertos.

Así como en una intervención anterior dije que el ambiente que se respiraba en las calles de Caracas, y que yo viví durante las elecciones en las que venció Maduro, distaba mucho de los estándares que aquí consideraríamos válidos, había que respetar el resultado, lo mismo hay que hacer con respecto al resultado que supuso lo ocurrido en la Asamblea Nacional. La situación es insostenible y lo que se pretende hacer con respecto al orden constitucional es inaceptable.


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Solo se piden dos premisas en el petitum y en las enmiendas del Grupo Socialista: la separación de poderes, el respeto a un sistema democrático -igual que ha hecho el Parlamento Europeo, que también lo ha pedido por la casi unanimidad de sus miembros- y la libertad de los presos políticos, porque sí que hay presos políticos en Venezuela.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Maura Barandiarán.

El señor MAURA BARANDIARÁN: Gracias, señora presidenta.

Señorías, no hay que añadir un excesivo dramatismo al escenario que se desenvuelve a diario ante nuestro ojos en las redes sociales o en las pantallas de televisión; no es preciso, porque la situación ya es más que dramática, es simplemente insostenible. Se trata de una situación que empeora día a día -casi 40 muertos-; pretensión de vaciamiento de las instituciones por parte del Gobierno, de sustitución del Parlamento; agresiones continuas al Estado de derecho; 167 presos políticos, además de los detenidos como consecuencia de las últimas manifestaciones; apertura de un nuevo proceso constituyente que derrumbe todos los vestigios de democracia que aún quedaban en Venezuela; acabar con una Constitución que ni siquiera era la anterior del régimen chavista -que no era tampoco la Constitución de la oposición- para inaugurar -eso está claro- un régimen basado en la dictadura pura y dura, la dictadura de los soviets, de una oligarquía política instalada en el saqueo de la única industria que le quedaba al país, el petróleo. Una nueva Constitución para evitar sobre todo la llamada a la voluntad popular, a las elecciones, porque no se está dispuesto a reconocer su resultado cuando este le es adverso, como ha ocurrido después de las elecciones legislativas de 2015. En tanto, la inflación crece de una forma superlativa del 550 % en 2016 y prevista del 741 % para este año, por ahora; el desabastecimiento es un hecho generalizado; no hay medicamentos; la gente se tiene que aprovisionar de comida en los basureros. Pero los ciudadanos venezolanos ya han dicho que no están dispuestos a permitir que este estado de cosas continúe; han invadido pacíficamente las calles y las plazas de las ciudades para reclamar un cambio, y lo hacen con la valentía de los desesperados, de quienes ya no tienen nada que perder, lo hacen frente a la represión policial y a las balas de los servicios parapoliciales de Maduro. (Aplausos). Es la hora de rendir un homenaje público a ese pueblo valiente, insobornable, resistente, que es el pueblo venezolano. Quiero enviarles nuestro reconocimiento, el de los españoles, a través de su máxima representación parlamentaria, lo cual estamos haciendo esta tarde. Quiero aprovechar la presencia de algunos venezolanos, entre ellos, de Mitzy Capriles de Ledezma, cuyo marido (Aplausos) tuve la oportunidad de saludar hace dos años en su encarcelamiento domiciliario en Caracas. Bienvenidos a esta Cámara, que es también la suya. Un homenaje al que todos los diputados de esta Cámara deberíamos sumarnos, incluido el grupo o los grupos parlamentarios que nunca se suman a las causas que son; que no estarán nunca por la justicia ni con la libertad, sino con la represión y la negación de los derechos humanos, que son amigos de Maduro y de la revolución bolivariana, la misma que por lo visto pretenden instaurar en España. (Varios señores diputados: ¡Hala!). En cualquier caso, reciban o no reciban la solidaridad de todos los grupos parlamentarios, serán los venezolanos quienes recuperen la libertad a la que tienen derecho, pero tenemos que decirles algo más; tenemos que decirles que no están solos, que España y la Unión Europea no están dispuestas a permanecer impasibles ante el gravísimo y diario deterioro que están padeciendo. Tenemos que decirles, por ejemplo, que no estamos dispuestos a mirar hacia otro lado, que nunca miraremos hacia otro lado ante la vergüenza, la conculcación de los derechos humanos, la conducción de todo un pueblo hacia la deriva de la miseria. Nunca miraremos hacia otro lado. (Aplausos). ¿Está dispuesta España y la Unión Europea a que continúen los episodios de masacre de la población civil como los que está viviendo Venezuela? ¿Está España dispuesta a asistir indiferente a lo que está ocurriendo en un país hermano, ligado por la historia y la cultura a nuestro país, como es Venezuela? Lo digo con un ejemplo que ya es un paradigma: ¿Estamos dispuestos a aceptar impasibles que el régimen de Maduro mantenga incomunicado durante treinta y cinco días a Leopoldo López, sumiendo en la zozobra y en la angustia a su familia, a sus seguidores, al pueblo venezolano, a los demócratas españoles de todo el mundo? (Aplausos). Ante esta catástrofe en que ya se ha convertido Venezuela, España puede hacer dos cosas diferentes, opuestas: mirar hacia otro lado, afirmar que es posible un diálogo que será utilizado por el régimen de Maduro solo para ganar tiempo y consolidar su dictadura, o liderar una respuesta internacional a favor de la democracia, del retorno de las libertades en Venezuela. Para liderar esta respuesta europea internacional...


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La señora PRESIDENTA: Señor Maura, tiene que terminar.

El señor MAURA BARANDIARÁN: Voy terminando, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: No va terminando, tiene que terminar ya.

El señor MAURA BARANDIARÁN: Hay que empezar por marcar distancias con ese régimen opresor; llamar a consultas al opresor; llamar a consultas al embajador de España, como ha pedido Ciudadanos; apelar a la alta representante Federica Mogherini y articular la más firme respuesta ante este desastre político, humano y social que están viviendo los venezolanos. Ciudadanos votará a favor de esta proposición no de ley del Partido Popular, pero exige y exigirá en todo momento que nuestra diplomacia y nuestro Gobierno se adentren en el buen camino de cumplir con su obligación ética y política. Desde el respeto a las libertades, desde los valores que compartimos, desde la dignidad, entendemos que no cabe otra respuesta.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Bustinduy Amador.

El señor BUSTINDUY AMADOR: Muchas gracias, presidenta.

Como portavoz de Exteriores de mi grupo parlamentario solo he subido a esta tribuna por iniciativa del Grupo Popular para hablar de Venezuela, pero dándole vueltas a este hecho, he estado pensando en la cronología de esta iniciativa que nos presentan y esto es lo que he encontrado. En la noche del pasado 19 de abril, Ignacio González fue detenido por la Guardia Civil destapando una monumental trama de corrupción en el corazón mismo del poder en la Comunidad de Madrid. A la mañana siguiente, el portavoz del Grupo Popular en esta Cámara puso un tuit que decía: Consternado con las noticias que llegan de Venezuela. (Aplausos). Tras sucederse las revelaciones y escándalos, el día 24 se produjo un hecho notable, y es que la también expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se vio forzada a dimitir. El teletipo anunciando esta noticia salió sobre las 16:20 de la tarde. A las 17:32, Mariano Rajoy puso otro tuit que decía: Nos preocupa la situación en un país hermano, Venezuela. (Aplausos). Una y otra vez ustedes repiten la misma jugada, como los malos futbolistas, que solo tienen un regate.

Hoy, tras cuatro semanas de silencio parlamentario, en medio de una ciénaga irrespirable de corrupción, la primera iniciativa que trae el Grupo Popular a esta Cámara no es para dar explicaciones ni para asumir responsabilidades; es sobre Venezuela. Traen además un texto redactado en el mes de marzo, desactualizado, que hace referencia a hechos que han cambiado, a decisiones que se han modificado, que no incluye por supuesto una sola propuesta viable para ayudar a solucionar la difícil situación que vive Venezuela. Lo que hacen es improvisar una enmienda a última hora para ponerlo al día, hacer el trabajo que no han hecho antes de escribir una nueva, que no casa con la exposición de motivos, pero les da igual, porque en la máquina de humo ustedes sacan unos hechos, meten otros y las conclusiones siempre son las mismas. Esto sería algo grotesco y una profunda falta de respeto a esta Cámara, pero es que además es una profunda irresponsabilidad, porque la situación en Venezuela es delicadísima, con preocupantes episodios de violencia urbana, con varias crisis institucionales enquistadas, con una fractura instalada en el corazón de la sociedad que amenaza con volverse una situación ingobernable. Nosotros llevamos meses pidiendo al Gobierno de España que se ofrezca para favorecer los procesos de mediación internacional y de diálogo. ¿Y qué han hecho ustedes? (Aplausos). Todo lo contrario, echar gasolina al fuego. Ustedes han criticado, llegando hasta el insulto, los esfuerzos del expresidente Zapatero en lugar de contribuir a ellos. Por cierto, también ha sido criticado por miembros de su propio partido, con lo cual la situación ya llega a lo dantesco. Ustedes no han contribuido en nada -y siguen sin querer hacerlo- a buscar una solución política, dialogada, democrática, a la situación en Venezuela. Ustedes lo que han querido hacer es utilizar la gravísima situación que vive ese país para deslegitimar a su oposición política. Lo han hecho amparando baterías de denuncias falsas que han sido archivadas de la primera a la última porque no contienen un solo gramo de verdad. Lo han hecho utilizando a la policía política del antiguo ministro del Interior para perseguir a sus adversarios políticos fabricando informes falsos, sin que nadie haya asumido responsabilidades por ello. (Aplausos). Lo han hecho acusándonos ustedes de financiación ilegal. Me pregunto si el presidente del Gobierno también pondrá un tuit sobre Venezuela al salir de declarar en el juzgado sobre la financiación ilegal de su partido. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).


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Su descrédito es tal que ustedes ya no convencen a nadie. De hecho, lo saben y lo único que quieren ya es hacer ruido y desviar la atención desesperadamente, pero el problema que tienen es de tal magnitud que ni siquiera eso les va a salir bien. Por lo que se ha publicado estos días, hemos sabido que el hermano de Ignacio González utilizó la empresa pública Mercasa, participada por la Administración del Estado, la SEPI y el Ministerio de Agricultura, para intentar sobornar a funcionarios venezolanos, obtener ilegalmente contratos públicos inflados y repartirse el dinero. (Aplausos). Sería, señorías, un desenlace sin igual que supiéramos por las investigaciones que, al final, quien se ha lucrado con fondos públicos en Venezuela -¡quién sabe si para financiarse ilegalmente!- hayan sido ustedes. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.-Rumores.-El señor Martínez-Maíllo Toribio: ¡Un poco de dignidad!).

Termino la cronología. El día 23 de abril, en mitad de este escándalo, el presidente Rajoy se fue de visita oficial a Brasil. Fue a visitar a un presidente ilegítimo, que dio un golpe para derrocar a la presidenta Rousseff, votada por millones de brasileños; un presidente que está internacionalmente aislado, investigado por múltiples casos de corrupción vinculados al escándalo de Petrobras, que está reprimiendo violentamente las protestas de su pueblo mientras intenta cambiar la Constitución para retrasar las elecciones a 2020 y permanecer cuatro años en el poder sin pasar por las urnas. (Aplausos). Esta es su coherencia, este es su compromiso con la democracia y las libertades en América Latina.

Hace unos meses yo subí a esta tribuna para pedirles que no utilizaran la política de Estado, la política exterior y la crisis de un país hermano para fines partidistas. Hoy ya no les pido nada, solo espero que en su irresponsabilidad y en su hundimiento hagan ustedes el menor daño posible al país.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie.-Rumores.-El señor Cantó García del Moral: Ni una palabra; qué vergüenza).

La señora PRESIDENTA: Les ruego silencio, señorías. (Continúan los rumores). Señorías, silencio, por favor.

Pregunto al señor Martínez-Maíllo Toribio si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor MARTÍNEZ-MAÍLLO TORIBIO: Señora presidenta, estamos negociando con los enmendantes la transaccional; desde luego, la voluntad es llegar a un acuerdo. En cuanto lo tengamos, lo pondremos en conocimiento de la Presidencia.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BEITIALARRANGOITIA), RELATIVA A LA POSTURA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE LAS Y LOS PRESOS VASCOS SOMETIDOS A LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA GRAVEMENTE ENFERMOS. (Número de expediente 173/000025).

La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a debatir las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Corresponde, en primer lugar, debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señora Beitialarrangoitia), relativa a la postura del Gobierno en relación con la situación de las y los presos vascos sometidos a legislación antiterrorista gravemente enfermos. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on. Buenas tardes.

Desde que interpelamos al Gobierno sobre los presos enfermos han pasado cosas. Francia ha puesto en libertad a Oier Gómez al poco de conocerse que los médicos le dan una esperanza de vida de apenas seis meses. Aunque es una medida que llega tarde, le permitirá afrontar la enfermedad fuera de prisión, la única manera de intentar atrasar el desenlace fatal. Y no les ocultaré que para Euskal Herria Bildu lo deseable sería que, además, pudiera morir en casa, en Gasteiz, rodeado de los suyos. Aun así, valoramos el paso dado por Francia en el caso de Oier Gómez.

En la otra cara de la moneda está la respuesta que el Gobierno español ha dado a las preguntas que le planteamos sobre la instrucción relacionada con la materia y en la que deja bien claro que no le mueven


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ni la humanidad ni los derechos humanos ni la ley; más bien al contrario, las ansias de venganza, cuando dice que no liberarán a los presos enfermos hasta que apenas les queden unas pocas semanas de vida. Y es que una sentencia puede privarte de la libertad, pero no puede quitarte la vida. La cárcel restringe derechos, cierto, pero no puede restringir la dignidad de la persona, como parece pretenderse, y las normas que se establecen para poder acceder a la prisión atenuada o a la libertad condicional en el caso de enfermedades incurables se debe aplicar sin distinción de los delitos cometidos por el preso enfermo.

El derecho a la salud es un derecho universal, que no se limita, como dice la Organización Mundial de la Salud, al derecho a estar sanos sino que significa también que los Estados, sus gobiernos, deben crear las condiciones que permitan que las personas puedan vivir lo más saludablemente posible. Por tanto, no es función de las autoridades liberar a los presos enfermos para morir, sino permitirles tener posibilidades reales de recibir un tratamiento respetando la dignidad de la persona, algo que en la mayoría de los casos es incompatible con el régimen cerrado de la cárcel, con lo que esta no hace más que agravar su situación. Y es que en muchos casos son las condiciones de vida excepcionales que se les imponen causantes y agravantes de la situación, por cuanto que las medidas de aislamiento, los continuos traslados, la pobre asistencia dietético-higiénica, los larguísimos trámites para las consultas o la negativa sistemática a recibir visitas de profesionales de confianza han dificultado diagnósticos certeros y rápidos, en primer término, y seguimiento adecuado de la evolución de la enfermedad, posteriormente. Si a esto añadimos, en el caso de las enfermedades psicológicas, las tensiones, el control férreo del régimen cerrado, esto se convierte en un problema añadido, ya que este tipo de patologías requiere de otro tipo de tratamiento y la cárcel puede llegar a originar actuaciones autodestructivas, incluido el suicidio. Y se dan demasiados casos en prisión. Ateniéndonos a los datos que recientemente el Gobierno ha facilitado a mi grupo, tan solo en 2016 se han producido veinticinco suicidios. Existen casos en los que los presos lo han intentado en más de una ocasión, como es el caso de Aitzol Gogorza, tres veces, y hasta ahora se ha salvado gracias a la rápida actuación de su compañero de celda, que está las veinticuatro horas a su lado. Esto no ha impedido que haya tenido que ser hospitalizado seis veces en apenas dos meses.

Podríamos enumerar una larga lista de presos, pero no es el objeto de esta moción centrarse en cada uno de los casos sino en todos ellos; todas las personas que tienen una enfermedad incurable -que no necesariamente terminal- deberían recibir el mismo trato, ese que se reconoce sobre el papel pero que no se corresponde con la práctica. Solo hace falta voluntad, no hay norma, ley o reglamento que permita privar a ningún preso de su derecho a la salud, ninguna norma dice que para acceder a la prisión atenuada o a la libertad condicional un preso tenga que estar a punto de morir; más bien al contrario, actuar de esta manera va contra la ley, contra los derechos humanos y contra las reglas Mandela aprobadas por Naciones Unidas. Cada vez son más las voces que piden alejarse de una política penitenciaria excepcional, transitar a un régimen más garantista y, en el caso de los presos enfermos, los que piden retomar la aplicación de los mecanismos establecidos para permitirles hacer frente a su enfermedad en condiciones en la calle. Lo hacía hace poquitos días el exalcalde de Gasteiz, el socialista Patxi Lazcoz, con motivo de la última manifestación a favor de la liberación de los presos enfermos realizada en la capital alavesa. Por justicia y humanidad -decía-, las personas enfermas tienen derecho a alcanzar la libertad condicional y posibilitar con ello que las graves dolencias que padecen puedan ser tratadas fuera de la cárcel.

La moción que presentamos a debate hoy nos da la oportunidad de transitar en esa dirección, de hacernos eco de esa demanda mayoritaria de la sociedad, de hacer prevalecer con una actitud humanitaria el derecho a la salud y la dignidad. Las legislaciones estatal e internacional establecen mecanismos suficientes para una aplicación flexible de la legislación penitenciaria, mecanismos que ya se venían aplicando en ocasiones y que en los últimos años se han bloqueado de forma sistemática. El texto que se propone busca precisamente aunar voluntades. Es sencillo, pero entendemos que va a lo sustancial. Es exactamente la propia resolución que propuso el Partido Socialista en Gasteiz cuando las instituciones alavesas comenzaron a tratar el caso de Oier Gómez que he mencionado. Esta reclamación ha recabado ya apoyo de todas las fuerzas políticas con representación en la Comunidad Autónoma vasca, a excepción del PP. Estos últimos tienen hoy una oportunidad para comenzar a entender que no le corresponde al Gobierno imponer un castigo añadido a ningún preso, más allá del establecido por la pena impuesta por el juez, y que si el fin primordial de la pena de cárcel es procurar la reinserción, esta difícilmente puede llegar como consecuencia del ensañamiento con su enfermedad.

Vale con interpretar las normas relativas a los derechos humanos, de conformidad con la declaración universal y los tratados internacionales que el propio Estado ha ratificado, para que las decisiones a tomar a futuro en relación con los presos que padecen enfermedades incurables permita aplicarles la


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libertad condicional o la prisión atenuada sin esperar a que tengan una condena de muerte inmediata, una esperanza de vida de apenas unas semanas. Y que nadie se lleve a engaño: Euskal Herria Bildu pide la aplicación de la libertad condicional absolutamente para todos los presos enfermos, aunque no dejará de denunciar que en el caso de los presos vascos se aplica una legislación excepcional con el objetivo de que no se produzcan excarcelaciones, añadiendo nuevos requisitos que pretenden obstaculizar el camino a recorrer para recobrar la libertad. Si hay voluntad, no hay problema para hacerlo; si no se producen excarcelaciones no es porque no existan casos, sino porque se actúa para evitarlo, precisamente. Aitor Gogorza lo ha venido solicitando; Ibon Iparaguirre, enfermo de sida y con una enfermedad psíquica grave, cumplió parte de su condena en prisión atenuada, y en el caso de Txus Martín -por mencionar otro caso- es la cárcel la que le mantiene en segundo grado, la que le tiene en Zaballa porque hay médico veinticuatro horas o la que le permite participar en los juicios por videoconferencia por miedo a las consecuencias que pueda tener que sea trasladado. Es decir, le impiden poder realizar todos los trámites para cumplir la pena en casa con control telemático, pero se le mantiene en unas condiciones concretas conscientes de la gravedad y fragilidad de la situación de este preso que sufre esquizofrenia paranoide y se ha intentado suicidar varias veces. Solo son algunos casos; lamentablemente, hay muchos más.

Termino. Es hora de pedir, al igual que se ha hecho en otras instituciones, también en este Congreso de los Diputados a las autoridades españolas competentes que, en las decisiones a adoptar en fechas próximas sobre la situación penitenciaria de los presos gravemente enfermos, tengan en cuenta la legislación vigente, tanto la estatal como la internacional, para la excarcelación de aquellas personas que sufren grandes enfermedades, y eso solo se puede hacer votando a favor de la moción, no con buenas palabras para luego votar que no.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Al no haberse presentado enmiendas, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Se nos presenta una moción en relación con la situación de los presos, singularmente de ETA, aquejados de enfermedad muy grave y con padecimientos incurables a efectos de su excarcelación. Para el Partido Nacionalista Vasco esta cuestión ha de enmarcarse en el proceso para un final ordenado de la violencia de ETA, que ha durado cinco décadas, y en este contexto queremos y debemos poner en primer lugar a las víctimas del terrorismo, reclamando para ellas justicia, reparación y memoria. Por eso, exigimos a ETA su desaparición y el reconocimiento del daño causado a las víctimas. Pero también, y como dijimos ante este Pleno en diciembre del año pasado, escribir una nueva página requiere cerrar adecuadamente la anterior, tanto en el fin ordenado de ETA como en las consecuencias de su violencia injustificada. Un final ordenado que reclama cuatro aspectos: desde la desaparición de ETA irreversible e incondicional, pasando por una reflexión crítica frente a toda forma de terrorismo y vulneraciones de derechos humanos, hasta un compromiso de verdad, reparación y reconocimiento, como decía, con las víctimas y la activación de una política penitenciaria distinta. Un final ordenado del ciclo de violencia es necesario para articular una memoria compartida que conlleve una pedagogía para la convivencia, y es en este contexto de un final ordenado de la violencia y de los principios de humanidad y dignidad de la persona en el que nos posicionamos a favor de la excarcelación de presos aquejados de enfermedad muy grave con padecimientos incurables.

Señorías, la dignidad de las personas, reconocida en el artículo 10.1 de la Constitución y uno de los fundamentos de la cultura política occidental, es el presupuesto para la negación de penas inhumanas y degradantes, según prescribe el artículo 15.1 de la Constitución, lo que implica que cada condenado, en cuanto persona y sus circunstancias, reclama una adecuación de la cantidad y la calidad de la pena. En el caso que nos ocupa, el de presos aquejados de enfermedad muy grave con padecimientos incurables, carece de sentido mantenerlos en prisión, ya que la programación de un tratamiento rehabilitador o resocializador, que es precisamente el fin de la pena, no tiene objeto alguno para quien solo hubiera de salir de prisión para agonizar y morir; obviamente, siempre y cuando la excarcelación no suponga un riesgo para la seguridad pública. En definitiva, solo la función retributiva de castigo de la pena puede explicar la presencia en prisión hasta la preagonía. Sin embargo, la concesión del beneficio de la excarcelación a presos con enfermedades muy graves con padecimientos incurables enlaza con bienes y


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derechos constitucionalmente consagrados, lo que permite no dilatarla hasta fases terminales de la enfermedad. Bienes y derechos precisamente tales como el respeto a la vida, a la integridad física y moral de la persona y a la prohibición de penas inhumanas a las que se llegaría si a la retribución o castigo se sumara una enfermedad incurable, lo que daría como resultado de manera sobrevenida una pena inhumana en su ejecución, aunque en abstracto y en su origen esa pena, antes de enfermar de manera irreversible el preso, pudiera considerarse humana en nuestro estado actual de cultura.

Voy finalizando, presidenta. Deben primar, en definitiva, razones humanitarias que permitan que un enfermo terminal, por incurable, pueda vivir los últimos años, meses o días en condiciones lo más adecuadas posibles al lado de su familia y procurándole la mejor calidad de vida en esos sus últimos momentos. Esa es la grandeza de una sociedad fuerte y con valores, en la que estos se respetan hasta con quienes no los han respetado previamente, cuando quitaron la vida e infligieron daño y vulneraron los derechos fundamentales y la dignidad de sus víctimas.

Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Muchas gracias, señora presidenta.

El Gobierno español debe y debería respetar de forma escrupulosa los derechos que asisten a toda persona privada de libertad, derecho a la salud, a la integridad física y psíquica, a la educación, a la intimidad y el derecho a relacionarse con su entorno familiar y social sin dificultades añadidas ni vulneraciones de ningún tipo. Sin embargo, la situación de las y los presos vascos sometidos a la legislación antiterrorista dista mucho de dicho respeto y va contra los estándares internacionales de derechos humanos. Añadiría que, en el momento actual, resulta incomprensible.

A tal efecto, les voy a leer un fragmento de un informe que Amnistía Internacional ha elaborado en febrero de este mismo año sobre la materia; no hace dos años ni tres años, sino este mismo año. Amnistía Internacional ha tenido conocimiento de casos de personas que se encuentran cumpliendo condena en centros situados a gran distancia de sus lugares de residencia habitual. Como ha señalado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, esto podría suponer una posible injerencia en el derecho a la vida familiar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha abordado en recientes sentencias -recientes, no en antiguas sentencias- la situación de las personas cuyas condenas se estaban ejecutando en centros penitenciarios alejados de sus lugares de residencia habitual. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que la injerencia que una medida como el alejamiento produce en el derecho a la vida familiar puede constituir una vulneración del artículo 8 del Convenio de Derechos Humanos. Igualmente, el Comité Europeo de Prevención de la Tortura ya recomendó en 1994 a España, y lo ha hecho en innumerables ocasiones que se han ido reiterando en el tiempo, que por razones humanitarias y de rehabilitación social procurase el cumplimiento de las penas en la región en la que las personas presas tienen vínculos familiares y sociales. La organización también ha documentado casos de personas privadas de libertad que se encuentran aún a la espera de juicio en centros situados a gran distancia de sus lugares de residencia habitual. Esta situación, además de la afectación al derecho a la vida familiar y al derecho a la presunción de inocencia, podría suponer un obstáculo para el derecho de defensa de estas personas tal y como lo ha señalado el relator especial sobre la lucha contra el terrorismo. Esto es predicable a la situación que se plantea en esta moción consecuencia de interpelación.

Si la situación de las y los presos vascos sometidos a la legislación antiterrorista ya vulnera los estándares internacionales de derechos humanos, en el caso de aquellos que se encuentran gravemente enfermos la situación es aún peor. Se les niega de forma premeditada el derecho a la salud y a una asistencia sanitaria digna y a estar cerca de sus familiares. El Gobierno español debe y debería aplicar los mecanismos que prevé la Ley Orgánica General Penitenciaria y respetar los derechos de los presos y de las presas. Por todo ello, Esquerra Republicana votará a favor de la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por los compañeros de EH Bildu.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.


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El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.

Señorías de EH Bildu, por una vez estamos de acuerdo con ustedes. Por primera vez tienen en consideración a todos los presos de España gravemente enfermos y no únicamente a los presos vascos o a los presos políticos, que es como comúnmente denominan a los presos de la banda terrorista ETA. Sin embargo, sabemos que, en el fondo, lo que pretenden con esta moción es que se libere a todos los presos de ETA que alegan estar enfermos, tal y como han venido reclamándolo en infinidad de ocasiones, tal y como lo expresan en el apartado expositivo de su moción y sobre todo tal y como muchos de sus representantes políticos han reclamado este fin de semana en Vitoria, exactamente lo mismo, señorías. Desde luego, con nuestro apoyo no lo van a conseguir, porque, señorías de EH Bildu, les comunico ya que el Grupo Parlamentario Ciudadanos votará en contra de esta moción. Esto es una tomadura de pelo. Pretenden hacernos creer, en un ejercicio de solidaridad con el resto de presos de España, que ustedes desean que se excarcele a todos los presos de España gravemente enfermos porque así esta moción tendría más opciones de prosperar. Pero, aunque hoy estén sentados en los escaños de este Parlamento, al que por cierto niegan toda representatividad y legitimidad, no nos olvidamos ni quiénes son ni de dónde vienen.

Mire, señora Beitialarrangoitia, a diferencia de lo que ustedes defienden, nosotros somos partidarios de la igualdad de trato, de la igualdad de trato entre un señor de Valladolid y un señor de Mondragón, de la igualdad en el acceso a la sanidad entre un ciudadano encarcelado por un delito y otro que no lo está, de la dignidad en la fase final de la vida de una persona, esté encarcelado o no. Pero resulta que esto que piden ustedes de liberar a presos con grave enfermedad ya se está cumpliendo, de conformidad con el artículo 91 del Código Penal y con el artículo 104.4 del Reglamento de Instituciones Penitenciarias. Le voy a dar datos, señora Beitialarrangoitia: en 2010 se liberó a 127 presos en toda España por razón de enfermedad grave, 54 en 2011, 58 en 2012, 54 en 2013, 62 en 2014, 55 en 2015 y, en lo que va de año, 42 presos. Por cierto, entre estos números se encuentran las decenas de presos de ETA que han sido liberados por razón de enfermedad, casi 30 presos etarras desde el año 1996, señora Beitialarrangoitia. Pero si estas personas han sido excarceladas no ha sido porque lo haya dicho un Parlamento o un Gobierno, sino porque así lo dictaminan los informes médicos, los forenses y finalmente lo decreta un juez de Vigilancia Penitenciaria, basándose únicamente en criterios periciales, en criterios profesionales y no en criterios políticos. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros, señora, que aquí defendemos el Estado de derecho mientras que ustedes solo quieren pervertirlo. (Aplausos).

En otras palabras, señorías, estas excarcelaciones ya se están realizando, pero por criterios médicos que están taxativamente establecidos y no por criterios políticos, como ustedes pretenden. Es más, tengo aquí la circular que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias envió hace un mes a todas las prisiones, en la que se recoge el procedimiento para la emisión del informe médico y la tramitación de la excarcelación por enfermedad grave con padecimiento incurable. Por cierto, cuando ustedes hablan de presos gravemente enfermos, ¿se refieren a los presos que se encuentran en estado terminal de verdad o a aquellos cuyo estado terminal dura más de dos años y, mientras tanto, nos paseamos de chiquitos por Mondragón? (Aplausos).

Resulta cuando menos curioso que un grupo parlamentario como el que usted representa aluda al derecho a la vida, al derecho a la salud o al derecho a la dignidad. Hablan ustedes del derecho a recibir un tratamiento digno en unas condiciones de vida favorables y esto me hace recordar el derecho a la vida de los 829 asesinados por la banda criminal a la que ustedes en tantas ocasiones han defendido. (Aplausos). Dígame usted, señoría, ¿qué fue de la dignidad y del derecho a la vida de estas víctimas? ¿Se han acordado ustedes a la hora de presentar esta moción de quienes murieron arrodillados de un tiro en la nuca? ¿Y de los niños que murieron asesinados por ETA o de quienes presenciaron la muerte de sus padres? ¿Ha habido dignidad para esos niños? ¿Qué fue de su derecho a la vida, señoría? ¿Qué hay de un tratamiento digno y en condiciones de vida favorables para tantos secuestrados por la banda criminal, condenados a una muerte en vida y emparedados a unos pocos metros bajo tierra? Por si las han olvidado, les recuerdo las condiciones en las que encontraron al señor Ortega Lara, 523 días encarcelado en un zulo de 2 metros cuadrados, aislado de la luz del sol, de ventilación natural y sin contacto con el exterior, enterrado bajo tierra y con una alimentación insalubre. Eso es negar la dignidad a un ser humano y eso no lo establece nuestro Estado de derecho. Por cierto, hablando del señor Ortega Lara, su carcelero, el señor Bolinaga, fue una de esas personas puestas en libertad en el año 2012 por encontrarse en estado de cáncer terminal. ¿Fue esa una actitud vengativa del Estado español? ¿Consideran ustedes que el señor Bolinaga fue desatendido y abandonado? ¿Atiende o no atiende el Estado español a los presos


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enfermos? ¿Hace o no diferencia entre etarras y no etarras? ¿Son equiparables moralmente el Estado español y la banda de asesinos y secuestradores que ustedes han defendido?

Miren, señores de Bildu, como ya les hemos reiterado en otras ocasiones, Ciudadanos estará siempre a favor de la igualdad del trato de la ley para todos los ciudadanos. Precisamente por este motivo hemos defendido la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas. Si ustedes quieren saber si Ciudadanos está a favor de excarcelar a presos de ETA en situación de grave enfermedad para morir cerca de sus familiares, derecho que no fue concedido a sus víctimas, lo apoyaremos cuando así lo determinen los informes forenses y el juez de vigilancia penitenciaria, pero nunca un grupo político y menos un grupo político como el que ustedes representan.

Permítanme, por último, recordar a todos los españoles que, de una forma u otra, han sido víctimas de la amenaza terrorista que ha sufrido durante décadas este país. Si a alguien debemos recordar cuando hablamos de justicia, vida y dignidad es a todas aquellas víctimas de ETA a las que precisamente estos valores les fueron arrebatados de la forma más cobarde que existe. Por todo ello, votaremos en contra de esta moción, señorías.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Alba Goveli.

La señora ALBA GOVELI: Gracias, presidenta. Señorías, arratsalde on.

Permítanme comenzar mi intervención leyendo una cita: El reglamento penitenciario prevé la excarcelación de los reclusos que se encuentren en situación de grave enfermedad. Entendemos que la aplicación de este artículo con criterios interpretativos amplios, basados en la generosidad y en principios humanitarios, es una demanda ampliamente respaldada por gran parte de la sociedad. Sería deseable de cara al futuro una unificación de criterios que llevara a una aplicación normalizada y directa de esta medida.

Con estas palabras se pronunciaba Gesto por la Paz en el año 1996 a propósito de varios casos de presos de ETA gravemente enfermos, hace nada menos que veintiún años. Gesto por Paz había sido galardonada con el premio Príncipe de Asturias un par de años antes. Justificaba la excarcelación por motivos humanitarios. Sus motivos no son otros que los derechos humanos y los derechos humanos son la bandera de una ciudadanía que creía y que cree en la democracia. Son nuestra bandera, la de todas las personas que se opusieron -que nos opusimos- frontalmente a cada atentado, secuestro o amenaza de ETA. Por eso mismo, con la legitimidad de habernos opuesto a cada acción violenta, la cometiese quien la cometiese, hacemos la petición de que las personas presas gravemente enfermas sean excarceladas. Esta petición ha sido ampliamente respaldada por la legislación internacional. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 10.1, establece que toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. También lo hacen otros instrumentos de Naciones Unidas como los principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. De hecho, también lo hace la legislación española. La Constitución protege el derecho a la salud de las personas privadas de libertad a través de los artículos 25.2 y 43.1, así como la Ley Orgánica Penitenciaria en el artículo 3.4 o incluso el Código Penal. Este en los artículos 80.4 y 91.1 permite la suspensión de cualquier pena o el acceso a la libertad condicional en el caso de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables. Lo mismo hace el artículo 91.3, que aconseja estas medidas en el caso de peligro patente para la vida del interno. También el reglamento penitenciario en su artículo 100.4 establece en estos casos terceros grados por razones humanitarias.

Se trata por tanto de cumplir con la ley y se trata de hacerlo porque precisamente, a diferencia de quienes han empleado la violencia, los derechos humanos y la dignidad humana no pueden ser moneda de cambio. Gesto por la Paz hablaba de generosidad y de normalizar la aplicación de estos supuestos; su reivindicación sigue vigente. Se trata de escuchar a los movimientos pacifistas que plantaron cara a la violencia, de atender a lo que la sociedad vasca comparte mayoritariamente, de lo que el propio Consejo General de la Abogacía Española publica en su página web en boca de uno de sus miembros: Deben primar las razones humanitarias que permitan que un enfermo terminal pueda vivir sus últimos años -años dice-, meses o días al lado de su familia o amigos.


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En esta votación está en juego la credibilidad del Estado democrático y de derecho. Liberar a las personas presas solo dos meses antes de morir, como señalaba hace unos días el Ministerio del Interior, es impropio de un país democrático en el año 2017. El plazo de dos meses para liberar a los presos enfermos no solo no es humanitario, es contrario a la jurisprudencia y a la propia legislación que he citado anteriormente. El nuevo criterio político concretado en la Instrucción 3/2017 hace algo muy grave, sustituye el peligro patente de muerte que establecían hasta ahora la ley y un tribunal tan poco sospechoso, como es la Audiencia Nacional, por el de peligro inminente de muerte. No hace falta recurrir al diccionario para darse cuenta de la diferencia entre una cosa y la otra.

Esta reivindicación es un primer paso para modificar la actual política penitenciaria, para humanizarla y para hacer que cumpla el mandato que la propia Constitución establece: la reinserción social. Con los derechos humanos no caben juegos, no caben acciones espectaculares de cara a una opinión pública hipersensibilizada. Por tanto, hacemos un llamamiento -un llamamiento humilde y sereno- a la responsabilidad y a atender esta propuesta. Así lo entendió también Carmen Hernández, viuda de Jesús Mari Pedrosa, concejal de Durango asesinado por ETA. Decía Carmen, con la altura moral que solo las víctimas tienen, que le parecía una violación de derechos humanos que la política penitenciaria no fuese flexible para dejar ir a su casa y terminar sus días en familia a una persona en estas condiciones, y se refería a un preso de ETA enfermo de cáncer.

Sobre todo es fundamental saber -y con esto termino- que hablar de los derechos de los presos enfermos no es hablar única y especialmente de los presos de ETA, sino al contrario, es hacerlo de un problema social mucho más generalizado, Es hablar de la situación del conjunto de la población penitenciaria. Según datos oficiales recopilados por la senadora Maribel Mora, en 2015 murieron 155 personas privadas de libertad en España, 27 más que el año anterior. De esas 155 muertes, 92 fueron por causas naturales, pero lejos de ser fallecimientos repentinos, 59 lo hicieron en hospitales penitenciarios. Es decir, estas personas murieron porque estaban enfermas y, sin embargo, no murieron en libertad, murieron solas, sin poder despedirse de sus seres queridos. Ninguno de estos presos era de ETA. ¿Es esto humanitario? No lo es. Y como les he explicado, ni siquiera es legal.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Muñoz González.

El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, subo a esta tribuna para defender la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con esta moción consecuencia de interpelación al ministro del Interior formulada por EH Bildu, y lo intentaré hacer con la misma coherencia y racionalidad con la que ya subí hace años para defender la posición del entonces Gobierno socialista ante los ataques que formulaba al Partido Popular contra la política penitenciaria del Gobierno socialista de entonces. Esa legitimidad de lo que entonces manteníamos y hoy mantendré es la que hoy me permite decirle, señora representante de EH Bildu, que ni entonces había motivos para aquellas agrias diatribas del Partido Popular ni hoy las hay para sus proclamas.

El sistema penitenciario español, surgido en la Constitución española y de la Ley orgánica 1/1979 -la primera de las leyes orgánicas aprobadas después de la Constitución-, la Ley General Penitenciaria, establece un sistema absolutamente garantista en nuestro modelo. La mayor evidencia de la existencia de un modelo garantista fue precisamente el asesinato por el grupo terrorista Grapo del médico José Ramón Muñoz Fernández, en Zaragoza, por alimentar a los miembros de esa organización terrorista que estaban en huelga de hambre. Era un profesional que se había decantado por la objeción de conciencia frente al mandato que entonces hizo el juez de vigilancia penitenciaria para negarles la administración de alimentos. Este es el sistema español en relación con los presos y, en consecuencia, como digo, nuestra posición será hoy la misma, la defensa del sistema constitucional, porque creemos que en él está precisamente aquello que intentaré explicar en el corto espacio de tiempo del que dispongo.

La ley General Penitenciaria deja extraordinariamente claro cuál es la función que tiene esa Administración penitenciaria: la reeducación, la reinserción, la custodia y una labor asistencial y de ayuda a los internos. Esa relación de sujeción especial, que ya fijó nuestro Tribunal Constitucional desde el año 1975, entre la Administración penitenciaria y el recluso es extraordinariamente garantista porque toda ella está sometida a la tutela judicial gracia a la creación de un juez de vigilancia penitenciaria; en el caso de los presos de organizaciones terroristas, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. Esa tutela judicial del juez de vigilancia, que lo es previa en algunos casos, en el caso de la


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libertad condicional, y lo es ex post en otros casos, a través de solicitudes, recursos o quejas que puedan formular los internos, es la que establece en nuestro Código Penal algo tremendamente claro y que es una competencia estricta del juez de vigilancia penitenciaria: y es que en el caso de supuestos de enfermos graves con padecimientos incurables o peligro patente para su vida, acreditado por los informes médicos, el juez podrá autorizar la libertad condicional sin más trámite que el de requerir al centro penitenciario el informe de pronóstico. Artículo 91.3 del Código Penal. Por tanto, simplemente con el cumplimiento estricto de aquello que establece la legislación, no tiene ningún sentido apoyar esta moción porque carece de objeto. Esta aplicación de este artículo, que se denomina el principio de humanidad en la legislación española y que se declina en este artículo que he leído del Código Penal, no es, ni más ni menos, que la prohibición que nuestra Constitución establece de aplicar penas inhumanas o degradantes y el valor de la dignidad humana, que es el fundamento del orden político y de la paz social, artículos 10 y 15 de la Constitución y artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Este principio de humanidad, como así se define en las legislaciones, se aplica con independencia de la gravedad de las conductas sancionadas, de la entidad de los daños causados, que aquí son irreparables en gran cantidad de ocasiones, y de los fines que se persiguen con la imposición de la pena. Con independencia de todo eso.

Señora de EH Bildu, una cosa es esto y otra es la aplicación del 102 del reglamento penitenciario, porque en ese caso se tiene que tener el informe del equipo técnico, aprobarse por la junta de tratamiento y, luego, la determinación le corresponde, en el caso de estos presos, al juez central de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. Pero ahí sí entra en juego lo que dice el artículo 98 del Código Penal. Si se trata de organizaciones terroristas, de cualquiera, debe haber desvinculación de la organización terrorista, abandono de la violencia, petición de perdón a las víctimas.

El Grupo Parlamentario Socialista, antes, ahora y siempre, ayudará en cualquier medida y en cualquier decisión que lo sea para conseguir el fin de ETA. En ello colaborará. Pero el Grupo Parlamentario Socialista no va a votar en el Parlamento qué es lo que tiene que hacer, en este caso, el juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional. Ni lo ha hecho antes, cuando nos lo reclamaba el Partido Popular, ni lo vamos a hacer ahora.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Barreda de los Ríos.

El señor BARREDA DE LOS RÍOS: Muchas gracias, señora presidenta.

¿Qué burla es esta, señora Beitialarrangoitia? ¿Qué burla es el planteamiento que viene usted a hacernos hoy desde esta tribuna del Congreso, ese planteamiento basado en la manipulación del lenguaje, en la ocultación de la realidad, hasta con alguna insidia velada exigiendo la excarcelación de terroristas de ETA? ¿Qué burla es esta? Porque conocíamos sus preferencias; no teníamos ninguna duda. Nos falta saber hasta dónde llegan sus obsesiones. Y, ciertamente, nos falta saber si hay alguna coherencia en términos de derechos humanos, de justicia, de humanidad, en el planteamiento que usted viene a hacernos aquí.

Hay una manipulación del lenguaje casi en cada frase, señora Beitialarrangoitia. No se interesa usted por la posibilidad de excarcelación de personas enfermas condenadas en España. Ha llegado a eso en la moción, pero desde el texto hasta toda su argumentación usted tiene otros intereses; ni siquiera los condenados de origen vasco; ni siquiera los terroristas enfermos, no. Eso que usted llama presos vascos son exclusivamente terroristas de ETA. Cualquier otro condenado en España, enfermo o no, de cualquier origen carece de interés para usted y para su grupo. A esos terroristas de ETA no se les aplica una normativa excepcional, como usted dice, sino la misma normativa penal y penitenciaria que a cualquier otro terrorista; no para controlarlos, sino para dificultar el control sobre ellos de la organización terrorista, sea cual sea su origen y sea cual sea la organización, y usted lo sabe bien. Por tanto, sin apelar -como usted hacía hace unos días- a la Organización Mundial de la Salud y otros aspavientos, todos los condenados en España tienen garantizado -no limitado sino garantizado- su derecho a la salud y a la atención sanitaria correspondiente, como todos los demás condenados -insisto-, basado todo ello en un principio de humanidad con esa cláusula de cierre de principio de humanidad para presos gravemente enfermos.

Manipulación del lenguaje y ocultación de la realidad, porque, claro, usted ha seguido aireando las enfermedades que padecen los terroristas de ETA encarcelados, pero ocultan los tratamientos, ocultan las intervenciones, ocultan la atención que reciben. Exigen su excarcelación, pero también callan sobre los


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requisitos que la ley exige para ello, que ninguno cumple en el momento presente, porque lo cierto es que ningún terrorista de ETA, a día de hoy, encarcelado en España cumple los requisitos exigidos por la ley para esa excarcelación. Piden un trato humanitario, cuando en realidad lo que están queriendo decir es un trato privilegiado; es decir, están pidiendo la excarcelación sin que se den las circunstancias previstas en la ley para ello. Y piden, además, que se haga nada más y nada menos que por decisión del Gobierno en vez de por resolución de los tribunales; piden que nos saltemos nuestra propia legislación. En todo su discurso da a entender que no se aplica la ley; y lo que sucede es que, efectivamente, los tribunales la aplican; proceden a esas excarcelaciones cuando corresponde, y yo no voy a repetir las cifras porque ya se han dado, pero ciertamente es abrumador el dato en relación con su discurso.

Y para rematar, desliza usted alguna insidia, alguna amenaza velada; lo hacen cuando pretenden que hay actuaciones excepcionales para impedir excarcelaciones, y eso probablemente tiene otras implicaciones; cuando insisten en que se niega el derecho a la salud, nada más y nada menos; o cuando especulan con la responsabilidad del Gobierno en caso de algún desenlace fatal en prisión. Quiero decirle que ya está bien. ¡Ya está bien, señores de Bildu! En España es la legalidad democrática la que garantiza el derecho a la salud de los reclusos, terroristas de ETA o no; y todo ello conforme a la normativa penal y penitenciaria notablemente humanitaria de un Estado de derecho. Esto ha sido, es y será así aun cuando ustedes no le dediquen ni un minuto de atención.

Permítame decírselo, carecen ustedes de toda credibilidad en muchos temas, pero especialmente en este. Es un debate impostado que quizá sirva para su particular disputa interna por el control de los terroristas condenados en prisión o para fijar posiciones de brocha gorda frente a quienes desde Podemos u otros grupos avanzan sobre su granero electoral. Tienen ustedes mucho en común ciertamente; para empezar la caradura de pedir excarcelaciones o de hacer discursos sobre terroristas en España como si la ley no se aplicase, mientras son incapaces de exigir la libertad de Leopoldo López y de otros presos políticos en Venezuela. La doble vara de medir la exhiben todos ustedes sin ningún pudor, desgraciadamente. Carecen ustedes de credibilidad porque sirven solo a sus obsesiones. Si su discurso tuviera alguna coherencia, algún referente de justicia o de convicción democrática se hubieran acordado de otras cosas, de otros aspectos de la realidad; por ejemplo, de condenar la trayectoria de este terrorista de ETA, Azcárate, excarcelado hace veinticinco años por enfermedad incurable, que quebrantó las condiciones impuestas por la juez, Manuela Carmena, para su libertad condicional, que las ha quebrantado de nuevo cada vez que ha sido detenido, y que será juzgado, por cierto, en los próximos días en San Sebastián.

Hablan ustedes de humanidad. Se llenan la boca hablando de humanidad. Debieran acordarse de las víctimas de ETA, de los asesinados, los secuestrados, los mutilados, los amenazados, de tantas vidas destrozadas, y no lo hacen en ningún momento. Deberían acordarse de la carencia de todo escrúpulo y toda humanidad con que los terroristas atentaron contra cada una de sus víctimas, y de los silencios y los coros -también los coros- sin sombra de humanidad con que siempre se acompañó desde Herri Batasuna o desde Batasuna, o como quiera que dieran en llamarse, a los terroristas. Debería usted recordar muy bien esos coros.

Voy terminando, señora presidenta. Si de verdad les animara un sentimiento humanitario -alguna empatía quizás hacia las víctimas-, exigirían a esos mismos terroristas la colaboración con la justicia para esclarecer los centenares de asesinatos pendientes de resolver y exigirían también la disolución incondicional de ETA, en vez de celebrar cada paripé propagandístico de entrega de armas. Esa es la diferencia para ser creíbles, señora Beitialarrangoitia. Carecen de toda credibilidad porque siguen sin llegar a la democracia, porque en respeto de derechos y libertades, en valores democráticos, en humanidad, llevan décadas de retraso y no van a darnos ni a la mayoría de esta Cámara, ni al Partido Popular especialmente, ni al Gobierno de España, la menor lección en esta materia.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN INMEDIATA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y LA REVISIÓN DEL MODELO ENERGÉTICO. (Número de expediente 173/000026).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno respecto a la adopción de medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.


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La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, la preocupación social y sanitaria derivada de la pésima calidad del aire es cada vez más honda entre la ciudadanía, una ciudadanía que cada día es más intransigente con la inacción del Gobierno ante este problema.

Para resolver cualquier problemática que esté dentro de la agenda política es necesario conocer en primer lugar cuáles son sus causas. Se deben analizar en profundidad, si no se quiere actuar exclusivamente poniendo parches a sus consecuencias. Decir que hay que hacer planes de calidad del aire sin haber un acuerdo previo sobre cuáles son las causas de su contaminación y dónde habría que rectificar puede resultar estéril, pero afortunadamente son múltiples los estudios científicos que indican claramente cuál es el origen de la grave situación de contaminación en todo el mundo civilizado en general y en Europa en particular.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista, una vez definida la raíz del problema, proponemos mediante esta moción actuaciones en varias áreas: en el modelo de movilidad, en el modelo energético, en la rehabilitación del parque de viviendas, y también proponemos actuaciones en el sector industrial. Proponemos, en primer lugar, incentivar cambios sustanciales en los patrones de movilidad vigentes a favor de la movilidad sostenible. Está demostrado que el 70 % de las emisiones de dióxido de nitrógeno en las ciudades se producen como consecuencia de los vehículos diesel, por tanto, deben intensificarse las políticas encaminadas al uso del transporte público y del vehículo eléctrico. Intensificar significa dotar presupuestariamente partidas que permitan una auténtica penetración del vehículo eléctrico en el mercado.

En este sentido, instamos al Gobierno a desarrollar un auténtico plan de incentivos económicos para que se puedan adquirir vehículos eléctricos a precios razonables, tanto para particulares como para vehículos de flota o de usuarios profesionales. Instamos al Gobierno a definir un modelo de despliegue de la infraestructura de recarga de acceso público, estableciendo objetivos consensuados de infraestructura pública de recarga para cada uno de los niveles de administración. También a desarrollar una estrategia industrial de inversiones en investigación, desarrollo e innovación para el desarrollo de baterías y motores eléctricos, así como a consensuar medidas que reduzcan el tráfico de vehículos convencionales en las ciudades, como las restricciones a vehículos contaminantes o la creación de aparcamientos gratuitos y carriles prioritarios.

Sabemos que la clave de bóveda del problema de la calidad del aire es el transporte, pero para hacer viable un modelo de transporte alternativo es imprescindible realizar un cambio de nuestro modelo energético acorde con las necesidades actuales y con las necesidades futuras. Para ello, ha de impulsarse de forma inmediata una regulación que permita desarrollar las energías renovables y la eficiencia energética. Es urgente proceder a revisar toda aquella normativa que se oponga al crecimiento de las energías limpias y a la cogeneración como herramienta clave para la competitividad de la industria española. Hay que reformar la regulación de autoconsumo, sí, ya, de forma inmediata, para eliminar las barreras administrativas y económicas que impiden su desarrollo. Transitar hacia un modelo energético de producción descentralizada que ponga a la ciudadanía en el centro del proceso de producción y de consumo de electricidad es inevitable y supone el futuro.

Por otro lado, se hace igualmente imprescindible la puesta en marcha de un plan realista y urgente de rehabilitación de vivienda que consiga emisiones cero y que haga posible una gestión de residuos óptima. El Grupo Socialista propone revisar las normas de edificación y rehabilitación aplicando requisitos máximos de consumo energético o mínimos de eficiencia energética en edificios y desarrollar instrumentos financieros específicos de apoyo e impulso a las empresas de servicios energéticos que ayuden a la gestión doméstica y a aprender a ahorrar energía en los hogares. Proponemos definir medidas de información sobre las emisiones de los equipos que compramos y también de los inmuebles en los que vivimos, de renovar el parque de viviendas para incrementar su eficiencia y fomentar la renovación y la reducción del consumo energético de al menos un 3 % de los edificios y organismos públicos cada año.

Junto a las actuaciones de transporte y movilidad y de eficiencia energética en vivienda, otro factor de la contaminación atmosférica en las ciudades es la industria. La industria requiere de cambios reales y efectivos en nuestro modelo productivo y energético hacia un modelo más sostenible. Para ello es necesario fomentar el cambio del vector energético y la eficiencia energética en la industria. En este sentido, el Gobierno deberá contemplar mecanismos de financiación u otros instrumentos de apoyo para que la industria pueda realizar las inversiones necesarias para la transición hacia otro modelo energético. Además, desde el Grupo Socialista no solo proponemos lo que habría que hacer en cada área sino cómo puede financiarse. Y hacen falta instrumentos financieros, claro que sí, pero para eso es preciso desarrollar


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una fiscalidad ambiental, que ahora mismo no existe, que nos acerque a las magnitudes de recaudación sobre esas tasas en la media de la Unión Europea; una fiscalidad que esté comprometida con el medio ambiente y que, además de incidir sobre la energía, también afronte los desafíos medioambientales a los que se enfrenta nuestro país, como modo de luchar contra la contaminación y en favor de la calidad del aire.

Una vez definidas estas áreas de actuación, las acciones concretas y los instrumentos de financiación, el Gobierno debe aprobar un nuevo plan nacional del aire, que incluya un programa nacional de control en la contaminación atmosférica en el que se establezca un seguimiento férreo de las emisiones contaminantes atmosféricas y de los precursores de ozono troposférico y que evalúe de forma permanente el impacto de las medidas adoptadas. Solo así, solo de esta forma se podrá cumplir con la Directiva 2008/50, del Parlamento y del Consejo, del 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire y a una atmósfera más limpia en Europa. Agradecería que la portavoz del grupo que sustenta al Gobierno pudiera dar cuenta de cómo va el procedimiento formal de infracción por el incumplimiento por parte de España de dicha directiva, si ya se ha atendido el requerimiento por el incumplimiento de la normativa o aún no porque el plazo ya se ha cumplido.

Por último, quisiera recordar que es al Gobierno al que le corresponde garantizar la ejecución de la legislación básica en materia medioambiental en nuestro país. Dado que existen distintos niveles de la Administración con responsabilidades en la lucha contra la contaminación, es necesario encontrar vías de colaboración, siempre respetando la distribución constitucional de competencias. No valen excusas ni demoras. Convoquen la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y en coordinación con las comunidades autónomas y las entidades locales impulsen las modificaciones legales precisas para actuar de forma armonizada con las restantes administraciones competentes ante estos episodios de contaminación que van en aumento. No hay tiempo que perder. Pónganse a ello. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos interviene por el Grupo Parlamentario Mixto el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Plantea el Grupo Socialista una larguísima moción sobre revisión del modelo energético y contaminación atmosférica, como la que ha tenido lugar recientemente en la localidad asturiana de Avilés. Allí el pasado 24 de abril se produjo una nube tóxica como secuela de una avería industrial en una planta de producción de ácido sulfhídrico que despertó gran alarma, con personas que necesitaron atención sanitaria y para cuya investigación han sido abiertos los correspondientes expedientes, incluso la intervención de la fiscalía. La consejera de Medio Ambiente, correligionaria de la señora Lucio Carrasco, ha indicado que no hay motivos para la alarma, lo que, dicho por una gestora de acreditado palmarés en fiascos medioambientales, es motivo añadido en Asturias de honda preocupación.

La misma preocupación tenemos por la hipocresía que destila esta moción socialista, que exige al Gobierno de España lo que no aplica allí donde gobierna, como es el caso de la comunidad autónoma de Asturias y los ayuntamientos de Avilés y Corvera. Estamos, por tanto, ante una iniciativa parlamentaria que entra de lleno en aquello de: consejos vendo, que para mí no tengo. Precisamente en una materia en la que comunidades y ayuntamientos tienen la competencia y son responsables directos de la adopción de medidas sobre la vigilancia y control de la calidad del aire.

Como enmienda de sustitución he presentado una con cinco puntos, entre los que se incluye algo muy importante para Asturias, para Avilés y para todas las comunidades con industria básica electrointensiva. Así, instamos al Gobierno a aplicar las directrices de la Unión Europea sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía, que contemplan la aplicación de reducciones de la carga fiscal, coste de acceso, uso de las redes de transporte y distribución e incentivos a las energías renovables para las industrias con estatus de consumidor electrointensivo, todo ello con el objeto de favorecer sus inversiones, mantener y aumentar el empleo y fomentar la modernización de sus instalaciones, lo que incluye prioritariamente la aplicación de los avances para mejorar la sostenibilidad industrial.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, el señor Postius Terrado.


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El señor POSTIUS TERRADO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en relación con la propuesta que nos presenta el Grupo Socialista, creemos que resulta completamente adecuada, más aún después del tirón de orejas de la Unión Europea hace apenas dos meses, cuando dio al Estado un ultimátum. Nos dio un ultimátum porque Europa concluyó que la calidad del aire que respiramos los ciudadanos no es buena y en algunas zonas directamente es nociva para la salud. Así pues, este informe europeo viene a constatar que el Estado no ha hecho progresos en este aspecto, sobre todo después del bochornoso informe de la OMS de 2014, que advertía que de cuarenta y seis ciudades del Estado casi treinta y siete incumplían los niveles de contaminación recomendados. En consecuencia, a nadie debería extrañar que ahora la Comisión Europea nos quiera llevar a los tribunales si no se toman medidas contundentes y claras. Por este motivo presentamos una enmienda que pide multiplicar las inversiones anuales destinadas a reforzar, entre otros, los servicios de cercanías de las grandes ciudades, así como incrementar las subvenciones estatales al transporte público.

Por todo lo expuesto anteriormente, desde el Partit Demòcrata votaremos a favor de esta moción si se incorpora nuestra enmienda.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

Dado lo limitado del tiempo, señalaré que apoyaremos la moción y nos centraremos, en el breve tiempo de que disponemos, en lo que tiene que ver con el modelo energético. Es cierto que la moción abarca muchas más cosas, pero creemos que lo sustancial, lo nuclear de la propuesta, está en la exigencia de revisión del modelo energético, un modelo energético que sufrimos también en Euskal Herria -ahí no somos ninguna realidad diferente-, que está dominado por las políticas desarrollistas y consumistas y con impactos medioambientales irreversibles.

Hay una nula apuesta por las renovables. Cuando quieren hacer un mínimo atisbo de defensa de las renovables, les sale un tribunal privado, como el Ciadi, que ustedes consagrarán la semana que viene a través de su apuesta por el ZETA, y les impone una multa de 128 millones de euros. Creen en la energía como un elemento de consumo, como un elemento de producto de compra y venta. No garantizan el acceso a la energía a todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado español, de ahí la pobreza energética, pero sí quieren exportar energía a Francia a través de centrales de ciclo combinado, a través de líneas de alta tensión como la de Güeñes-Itsaso, que lo único que hacen es encarecer el precio de la energía por coger la más cara de todas ellas, que es la del gas. Todo esto -termino ya- apostando por las nucleares y por la valorización energética a través de los residuos. Nuevamente producción por encima de garantía de abastecimiento y de acceso para todos y todas.

Probablemente también el modelo energético es un ejemplo, un espejo de lo que es el Estado español en la actualidad, un Estado lleno de puertas giratorias, donde hay gente que cobra muy bien, supongo que por favores prestados desde la política a las grandes empresas, y donde también la corrupción se pasea con mucha normalidad. Por ejemplo, en 2015 la Agencia Tributaria denunció a diferentes políticos del Partido Popular de la Junta de Castilla y León por lo que habían hecho con las eólicas en un contubernio con Iberdrola.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidenta.

La contaminación atmosférica es una más de las dimensiones negativas de un modelo económico, de un modelo productivo y energético agotado, de un modelo que es una amenaza para la salud del planeta y también para la salud de las personas. La contaminación del aire supone una vulneración sistemática del derecho a la salud. El 80 % de la población europea está expuesta a niveles de partículas en suspensión que superan las recomendaciones de la OMS. Se habla de unas 15 000 muertes prematuras como consecuencia de la contaminación del aire en España y de 45 000 millones de euros de coste asociado a la contaminación atmosférica también en España, según un informe del Banco Mundial. Es una consecuencia más del paradigma de una movilidad basada en el vehículo privado contaminante y poco


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eficiente. En Barcelona el 60 % del dióxido de nitrógeno, uno de los contaminantes más peligrosos, es producido por la circulación viaria. La Comisión Europea ha advertido reiteradamente a España por el incumplimiento de las obligaciones de la Directiva relativa la calidad del aire, y ahora con un posible procedimiento sancionador encima de la mesa. Los ayuntamientos de ciudades como Madrid y Barcelona están impulsando planes y medidas para hacer frente a esta situación, pero para que estas sean más efectivas es necesario impulsar políticas en los ámbitos autonómico y estatal. La pregunta es: ¿El marco normativo y las políticas realizadas hasta ahora por el Gobierno del Estado son efectivas, eficientes y están a la altura de la gravedad del problema? La respuesta es no, totalmente no. Nos lo dice la Comisión Europea y son los datos de diferentes estudios que conocemos, que arrojan datos absolutamente escandalosos.

La moción presentada por el Grupo Socialista vincula acertadamente la reducción de la contaminación atmosférica con el modelo energético, pero, a nuestro parecer, es excesivamente genérica y sin un calendario preciso de aplicación de esas medidas, tanto en el ámbito de la contaminación como en el de la transición energética. No se trata solo de revisar el modelo energético, como dice la moción; de lo que se trata es de impulsar una verdadera transición hacia un nuevo modelo energético. De eso es de lo que se trata. Nuestras enmiendas pretenden precisar y concretar esas propuestas, porque el reto de las ciudades para mejorar la calidad ambiental es precisamente cambiar el modelo de movilidad, reducir el tráfico de vehículos contaminantes y fomentar una movilidad basada en el transporte público, especialmente el ferrocarril. Es imprescindible incrementar la financiación del transporte público. Es una vergüenza lo que quieren aprobar en los Presupuestos Generales del Estado. Es necesario aprobar una ley de financiación del transporte público; invertir en ferrocarril, en cercanías, en regionales y en el transporte ferroviario de mercancías; es imprescindible impulsar el coche eléctrico, por ejemplo. ¿Cómo vamos a solucionar el problema si el Gobierno no dota suficientemente el plan de impulso al vehículo eléctrico? El año pasado solo el 0,4 % de los vehículos que se vendieron fueron coches eléctricos. ¿Cómo lo vamos a lograr si no se promueve el transporte ferroviario de mercancías? En cuanto a la transición energética, es incompatible con este Gobierno; lo hemos visto con el autoconsumo y lo hemos visto con el tema nuclear. No hay transición energética sin un plan de rehabilitación energética de viviendas. No hay transición energética si no se impulsa el autoconsumo y no se deroga de una vez el impuesto al sol. No hay transición energética con un modelo de subastas como la que se pretende hacer dentro de unos días, que favorece a los grandes grupos y que no responde al modelo de subastas que se hace a nivel internacional. No hay transición energética si es el oligopolio el que fija las políticas que hay que hacer, como, por ejemplo, en el caso del autoconsumo y de las nucleares. Tampoco habrá transición energética porque con cada reforma normativa, con cada hachazo que realizan ustedes a las renovables, estos acaban siendo recurridos ante los tribunales de arbitraje internacional. El último laudo nos va a costar a toda la ciudadanía 128 millones de euros, y es prácticamente el primero. Y eso lo vamos a tener que pagar entre todos por una mala regulación que ustedes hicieron. Estamos en esa espiral diabólica: hachazo a las renovables, mala regulación, nos llevan a los tribunales y el Gobierno siempre pierde. Por tanto, transición energética es acabar de una vez con esta situación y con las chapuzas de este Gobierno.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora De Lara Carbó.

La señora DE LARA CARBÓ: Señora presidenta, señorías, la moción que hoy debatimos, consecuencia de la interpelación del Grupo Socialista a la ministra de Medio Ambiente sobre contaminación atmosférica y revisión del modelo energético, es una moción, por muchos motivos, sorprendente. Es sorprendente, señorías, porque en sus ocho puntos implica a cinco ministerios -Medio Ambiente, Energía, Fomento, Industria y Hacienda-; porque pretende ser el eje en torno al cual se articula la política de energías renovables y eficiencia energética, obviando la excelente labor que en este ámbito efectúa el Gobierno; porque insta a los ministerios a cumplir lo que ya cumplen, y porque pretende anticipar medidas que, como conocen sus señorías, serán contempladas en la nueva ley de cambio climático y transición energética, anunciada por el presidente Mariano Rajoy y por la ministra Tejerina, y en la que ya trabajan conjuntamente todos los ministerios implicados para dar respuesta a los compromisos europeos e internacionales adquiridos por España en materia de energía y clima, asumidos por la ratificación de los acuerdos de París. Parece, señorías socialistas, que quieren ustedes anticiparse en algunos de los aspectos que contempla el futuro texto normativo, en una especie de pugna infantil por llegar el primero, no sabemos a


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qué. Las aportaciones de la moción para la reducción inmediata -como dice el texto- de la contaminación atmosférica, señorías, son nulas. Simplemente instan al Gobierno a hacer lo que ya está haciendo: cumplir con la directiva, colaborar con las administraciones afectadas por los incumplimientos de esa norma y aprobar un nuevo plan nacional de calidad del aire, después del éxito del anterior. Desde mi punto de vista, señorías, ello supone que ustedes dan un aprobado con nota a la política del Gobierno sobre calidad del aire.

De otro lado, y en su línea habitual, siguen utilizando falacias sobre las energías renovables. La normativa actual, señorías, no se opone al crecimiento de las energías renovables, más bien al contrario. Y ustedes lo saben, porque el Gobierno ha convocado una subasta para nuevas instalaciones de renovables, hasta un máximo de 3 000 megavatios, que permitirá a España la consecución del objetivo europeo del 20 % en el año 2020. Con esta subasta, el Gobierno garantiza que las nuevas instalaciones sean las más competitivas en coste, las más maduras en desarrollo tecnológico y las más baratas para todos los consumidores. Ello impedirá que vuelva a producirse la burbuja renovable de los años 2007 y 2008, durante la etapa de Zapatero, que todavía pagamos y seguiremos pagando todos los españoles en el recibo de la luz. Creo, señorías, que este es el objetivo que todos deseamos.

Apostamos, como no puede ser de otra manera, por la eficiencia energética, como demuestra la inversión de 220 millones del Fondo de eficiencia energética, creado con las aportaciones de las comercializadoras energéticas. El IDAE, el Instituto de desarrollo y eficiencia energética, continuará impulsando el Plan de ahorro y eficiencia energética 2011-2020, en el que, entre otras, se contienen medidas orientadas a promover la rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios existentes y la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas en esos edificios. Apostamos, claro que sí, por un modelo de transporte sostenible y bajo en carbono, por el uso del transporte público, por los vehículos impulsados por energías alternativas -también por energía eléctrica pero no en exclusiva por energía eléctrica-. Seguro que conocen sus señorías el Plan Movea, de incentivos económicos a la adquisición de vehículos eléctricos, y el programa de ayudas para actuaciones de cambio modal y uso más eficiente de los medios de transporte convocados el pasado mes de marzo por el IDAE. También apostamos, señorías, por la eficiencia energética en la edificación, y el Ministerio de Fomento ha desarrollado y remitido a la Comisión Europea, como anexo dentro del Plan nacional de eficiencia energética 2014-2020, la llamada estrategia a largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la edificación en España. De otro lado, señorías, el punto 7 de la moción habla de un plan específico para la transición de un modelo energético para la industria, sin que quede claro cuál es el problema que trata de resolver y cuál es su enfoque, con lo cual, desde nuestro punto de vista, sería más conveniente potenciar las actuales líneas de ayuda a la industria para fomentar las inversiones en eficiencia energética. En lo que atañe a la fiscalidad medioambiental que solicitan, mi grupo parlamentario considera que España ha hecho un importante esfuerzo en los últimos años con el objeto de potenciar esa fiscalidad, en línea con lo que sugieren la OCDE y la Comisión Europea.

Termino, señorías, diciendo que, con todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, en una actitud constructiva, ha presentado una enmienda al texto de la moción, que trata de armonizar, aclarar y aportar realismo al texto que debatimos. Espero de sus señorías que, tras una reflexión serena y rigurosa, la estudien detenidamente y, en consecuencia, estoy convencida de que aceptarán nuestra enmienda.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes.

Durante la última década el cambio climático se ha convertido en un gran reto ambiental, económico y también social. El cambio climático presenta una serie de variables que obligan a planificaciones amplias y flexibles, desde la propia transversalidad de los impactos de actuaciones, a la necesidad de implicar a los diversos agentes de la sociedad, la amplitud de los horizontes temporales, así como la incertidumbre asociada a esos impactos. Para luchar contra el cambio climático es necesario transitar hacia un nuevo modelo energético basado en la descolonización del sector eléctrico, la electrificación de la economía y el aumento de la eficiencia energética. Pero también para realizar esta transición energética es necesaria una hoja de ruta en la que se introduzcan objetivos y medidas concretas. Entendemos que para ello el


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Gobierno tendrá que coordinarse con las comunidades autónomas y más con aquellas, como la nuestra, que ya tenemos competencias en esta materia, desarrollo legislativo y ejecución. Además, creemos que hay que buscar sinergias para que la política energética se desarrolle de manera adecuada, consensuada y teniendo en cuenta las necesidades de cada territorio.

En la moción planteada se abordan distintas cuestiones: por un lado, el cumplimiento de la Directiva 2008/50, de calidad del aire, y, por otro, la elaboración de un plan nacional del aire. La verdad es que tenemos la percepción de que cuando se plantea un plan nacional o un pacto de Estado este sirve para dilatar en el tiempo la solución a un problema, a veces en un intento de recentralizar o invadir competencias. Para muestra de lo que ocurrió con este tipo de planes nos podemos remitir al Plan del aire 2013, en el que se volvían a plantear determinadas medidas que existían en el plan anterior de 2011 y que no se han puesto en marcha; medidas que se podían considerar positivas para la mejora de la calidad del aire pero que no han sido llevadas a la práctica. Sin embargo, en otras comunidades autónomas sí se han ejecutado este tipo de iniciativas. Quiero recordar que la normativa de calidad del aire establece que en los puntos donde hay superación de los valores límites se deben elaborar planes de acción para restablecer los niveles de contaminantes en el aire, y desde luego en Euskadi se han elaborado varios planes de acción por municipio o por zona geográfica. Estos planes se implantaron en los municipios a través de acciones correctoras que cada municipio fue implantando en sus agendas locales 21, que son unos programas específicos, o que se aprobaron en los plenos municipales. Estas actuaciones, junto a las mejoras que se han ido realizando en la industria, tanto con la instalación de filtros como con la introducción de nuevas tecnologías, han contribuido a que los niveles de PM10 en los últimos años hayan mejorado.

Hay que destacar también que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y establecer estrategias que permitan adaptarse a los impactos del cambio climático ha dejado de percibirse simplemente como una amenaza para pasar a ser también una oportunidad para lograr una economía más competitiva. En 2011, la Comisión Europea publicó la hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050, donde se adoptó una serie de compromisos de reducción. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Identificaba como motores de cambio hacia una economía hipocarbónica los siguientes: la innovación y el desarrollo tecnológico en las energías renovables; la ordenación del territorio y la planificación urbanística para permitir una óptima gestión de la demanda y oferta de la movilidad; la transición a un sistema europeo de transporte más eficiente y sostenible basándose en la eficiencia de los vehículos; edificios con emisiones de gases de efecto invernadero prácticamente nulas, gracias al ahorro y a la eficiencia energética y a energías renovables, y la consolidación de nuevas tecnologías como la captura y el almacenamiento del carbono. Nosotros entendemos que se ha de contar con una economía competitiva, baja en carbono y adaptada a los efectos climáticos, derivada de la consolidación de una política de cambio climático basada en el conocimiento, que permita aprovechar las oportunidades que ofrecen la innovación y el desarrollo tecnológico también en este campo. Y en este sentido, la moción plantea distintas medidas que consideramos positivas y que, desde luego, en algunas comunidades autónomas, como la de Euskadi, ya se están llevando a cabo, dado que hemos concebido el cambio climático, como he dicho anteriormente, como un nicho también de oportunidad para lograr una economía competitiva. Así, en este sentido, contamos con programas en materia de rehabilitación eficiente de viviendas y edificios, iniciativas de eficiencia energética de aplicación a edificios públicos y modernización de redes eléctricas de polígonos y empresas, incluso fomentando inversiones en I+D+i en energías renovables.

Es verdad que el sector transporte es el responsable de la mala calidad del aire y que es un problema creciente, especialmente en las ciudades. Además, los vehículos que utilizan gasóleo son los principales responsables de las emisiones de los óxidos de nitrógeno. Por ello, también hay que tratar de fomentar el uso del vehículo eléctrico y, en este sentido, quiero mencionar que un acuerdo presupuestario adoptado entre nuestro grupo y el Gobierno aborda el compromiso de incluir el fomento del vehículo eléctrico en el Plan Movea, así como el apoyo al desarrollo de las infraestructuras de recarga de este vehículo y la gestión de la demanda eléctrica.

También entendemos que, tarde o temprano, habrá que abordar el reto de la fiscalidad ambiental, pero para ello habrá que estudiar y analizar el sistema fiscal y de precios públicos y su potencial para la fiscalidad verde, así como realizar estudios de benchmarking con los sistemas fiscales verdes de regiones


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y países comparables para extraer conclusiones de implantación de los mismos, y todo ello respetando, por supuesto, las competencias que en materia tributaria ostentan Euskadi y Navarra.

Por todo lo dicho, dado que somos un poco escépticos en cuanto a la elaboración de los planes nacionales, dado que hay medidas que se plantean que ya están recogidas, otras que ya se vienen desarrollando en las comunidades autónomas y otras en las que hay una indefinición en torno a la fiscalidad verde, sin tener en cuenta las competencias tributarias, en principio nos abstendremos en esta votación.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, señora presidenta.

Diputados y diputadas, no diré nada nuevo desde esta tribuna si afirmo que no nos gusta la política medioambiental ni la energética del Partido Popular. Dicho esto, nos sorprende, incluso nos incomoda, la moción que el Grupo Socialista propone. Lo explicaré. Nos parece un tipo de ómnibus, por darle un nombre, que hace unas semanas nos presentó algo parecido en temas de discapacidad, de servicios sociales y de dependencia. Quieren hablar un poco de todo para no comprometerse en nada demasiado. Puede que en una transaccional, donde se acepten algunos elementos, pueda variar un poco, pero tiene una buena dosis de ingenuidad porque cambiar la política energética y anticontaminación del Gobierno con una moción es más difícil que la historia de David y Goliat, sobre todo con el caso que hace el Gobierno a la Cámara con sus constantes aprobaciones de proyectos de leyes o PNL que no les gustan. Pero hay más contradicciones y para mí la más importante de este cajón de sastre es que no hay una autocrítica sobre cómo hemos llegado aquí, porque ha habido Gobiernos del Partido Popular, es cierto, pero ha habido Gobiernos del Partido Socialista y estamos donde estamos por las políticas de ambos partidos. Claro que es relevante la contaminación atmosférica, que se trata de incumplimientos constantes del Gobierno de la Directiva 2008/50, de la Unión Europea, y que los cumplimientos sobre el nivel del aire son ínfimos. Pero, atención, este Gobierno está bien arropado por las grandes empresas energéticas, las más contaminantes. Las cinco compañías eléctricas que forman el oligopolio eléctrico son las más contaminantes. De las diez más contaminantes en España, cinco son las energéticas.

Y respecto a sus buenas intenciones, a la prueba me remito: la promesa de un modelo energético que hizo su último Gobierno socialista, basado en las renovables, después de dar marcha atrás, culminado con la puntilla del Partido Popular. Sesenta mil familias han quedado atrapadas con promesas incumplidas. La deuda con las eléctricas continúa siendo uno de los graves problemas y el modelo energético se basa en este modelo energético que, respecto al ómnibus, ni en las filas de atrás, aquellas en que se canta 'qué buena es la madre superiora que nos lleva de excursión'... (Rumores). Claro, es el tema del día. ¡Cómo no! Pues esta madre superiora no nos lleva a otro modelo energético. Y en esto estamos. La realidad hoy es que por cada euro que se subvenciona en energías renovables se aportan 20 para apoyar los combustibles fósiles.

Para acabar, les diré lo que queremos: un país con modelo energético sostenible, eficiente, respetuoso con el consumidor; un país comprometido con el consumo responsable, con la reducción de residuos; una política energética eficiente, que incentive el ahorro y la lucha contra el calentamiento global y el cambio climático; un nuevo país, la república catalana. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Señora presidenta, señorías, tenemos pensado votar afirmativamente el texto original, pero queremos ver el texto final. Esperemos que esta moción no se convierta en un cajón de sastre en el que se intente hacer todo y, al final, se acabe no haciendo absolutamente nada.

La protección del medio ambiente es una condición indispensable para el desarrollo y la consolidación de las economías y sociedades del siglo XXI, y no es un dato que esté descubriendo en este momento. Ciudadanos considera que la protección del medio ambiente es un objetivo primordial para las generaciones presentes y también para las futuras. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio. Silencio, por favor.


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La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): La Unión Europea tiene el compromiso más ambicioso en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero, objetivos para 2020, 2030 y 2050, pero queda mucho por hacer. Lo hemos dicho muchas veces. Según los datos del informe sobre energía y sostenibilidad de 2016, en España las emisiones de Co2 han aumentado un 16 % y las emisiones per cápita lo han hecho en un porcentaje similar. Además, certifica el deterioro de todos los indicadores de emisiones del sector energético español en 2015. Hace poco di un dato que para mí es alarmante y creo que es interesante repetirlo, y es que la Organización Mundial de la Salud, en el informe de 2016, dice que 6861 muertes producidas en España son atribuibles a la contaminación atmosférica o, lo que es lo mismo, quince muertes por cada cien mil. Es un dato que nos tiene que hacer reflexionar sobre que es necesario diseñar, tal y como dice la moción, un plan nacional del aire, por supuesto que sí. Es necesario implementar y armonizar medidas en materia de reducción de emisiones de contaminación atmosférica, así como de los precursores de ozono troposférico. Es necesario que reflexionemos sobre el transporte. A nadie le sorprende cuando se habla de carpool ver que los mayores focos de contaminación del aire vienen precisamente por el transporte. Es necesario que se apoyen medidas para que se fomente la movilidad alternativa con vehículos no contaminantes, pero para eso se deben elaborar unas directrices nacionales que se extrapolen al resto de administraciones, ya que, si vivimos en Madrid, un día nos levantaremos sabiendo que si nuestra matrícula es impar y hay que entrar en la ciudad nos quedaremos fuera porque ese día solo se habrán autorizado las pares. Por eso, también es necesario tener en cuenta la huella de carbono, porque teniendo en cuenta la huella de carbono de los edificios y de todos los sectores, podremos trabajar de manera más eficiente.

En resumen, la eficiencia energética y las energías renovables son las que garantizarán el equilibrio de las necesidades energéticas y de las condiciones medioambientales que se tienen que preservar. Lo hemos dicho siempre, la mejor energía es la no consumida. Es necesario trabajar en eficiencia energética, elaborar una normativa edificatoria que establezca unos parámetros de eficiencia y dar ejemplo. Los edificios públicos tienen que ser eficientes. Es necesario hacer una previsión porque la demanda energética aumentará con la evolución de la sociedad y con la electrificación del transporte. Por eso, creemos -es un buen punto de la moción- que es necesario trabajar para que la industria sea eficiente en la cogeneración y en distintas materias que hagan que la misma sea competitiva, que no solo tenga que subsistir, sino que realmente pueda competir.

En resumen, señorías, necesitamos un pacto de Estado por la energía, un plan de transición energética, una ley de cambio climático, un plan nacional del aire... Me abruma todo lo que necesita el Gobierno, básicamente porque no se han hecho las cosas bien. Lo que está claro es que lo necesitamos ya. ¿Eso qué significa? Energías renovables, eficiencia, autoconsumo, medio ambiente y que nos pongamos las pilas para trabajar ya.

Es necesaria la concienciación y en Ciudadanos creemos que no se conseguirá a través de crear impuestos. La concienciación medioambiental no viene a través de crear impuestos, sino a través de que en la educación y en las escuelas se hable de medio ambiente y de que hablemos de medio ambiente a todos nuestros ciudadanos. Además, España puede ir a la cabeza, pero para eso tenemos que creérnoslo. España puede ir a la cabeza invirtiendo en I+D+i y puede liderar tecnológicamente una economía verde. Podemos enseñar desde la Administración, la ciudadanía y las empresas que España tiene mucho que ofrecer al medio ambiente, pero eso se hace con compromiso y dedicación. Para todo esto, como he dicho, se necesita compromiso, voluntad, concienciación y, sobre todo, que creamos que nuestro entorno es el mayor bien que tenemos. Por eso, quiero terminar diciéndoles que lo más importante es que, ante la pregunta de qué queremos para nosotros y para nuestro entorno el día de mañana, sepamos que si no damos respuestas hoy, no llegaremos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto a la señora Lucio Carrasco si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora LUCIO CARRASCO: Estamos viendo una transaccional que he presentado a todos los grupos, pero todavía no sé la respuesta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Eran las ocho de la noche.

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