DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 46, de 05/04/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 46
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 44
celebrada el miércoles,
5 de abril de 2017
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno
respecto de la adopción de medidas para la reducción inmediata de la
contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético. (Número de
expediente 172/000033) ... (Página27)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de
13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural. (Número de
expediente 172/000035) ... (Página34)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Beitialarrangoitia), relativa a la
postura del Gobierno en relación a la situación de las y los presos
vascos sometidos a legislación antiterrorista gravemente enfermos.
(Número de expediente 172/000038) ... (Página40)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, al Ministro de Economía, Industria y
Competitividad sobre la ausencia de una estrategia global en la política
industrial del Gobierno. (Número de expediente 172/000039) ... (Página47)
Del diputado don Antonio Hernando Vera, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cómo afronta
el Gobierno la negociación con el Reino Unido sobre el Brexit? (Número de
expediente 180/000223) ... (Página5)
Del diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cree
que el Gobierno español responde a las necesidades de la población de
Cataluña? (Número de expediente 180/000214) ... (Página6)
Del diputado don Aitor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Cuál es la
opinión de su Gobierno sobre el tenor de la declaración oficial del
Brexit por parte del Reino Unido? (Número de expediente 180/000222) ...
(Página8)
De la diputada doña Isabel Rodríguez García, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno, ministra
de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales: ¿Piensa
impulsar el cumplimiento por el Consejo de Administración de Patrimonio
Nacional de las resoluciones judiciales relativas a la exhumación de
cadáveres del Valle de los Caídos? (Número de expediente 180/000224) ...
(Página9)
Del diputado don Albert Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno, Ministra de la
Presidencia y para las Administraciones Territoriales: ¿Cómo valora el
Gobierno la ruptura del orden constitucional en Venezuela? (Número de
expediente 180/000230) ... (Página10)
Del diputado don Alberto Garzón Espinosa, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor
ministro de Justicia: ¿Cómo valora el Gobierno los ataques a la libertad
de expresión que se están produciendo en España merced a la legislación
vigente? (Número de expediente 180/000215) ... (Página12)
Del diputado don José Javier Lasarte Iribarren, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública:
¿Considera que el proyecto de presupuestos que presenta el Gobierno va a
corregir las desigualdades que se han producido con sus anteriores
presupuestos? (Número de expediente 180/000225) ... (Página14)
Del diputado don Rafael Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor
ministro de Hacienda y Función Pública: ¿Qué porcentaje de verdad tiene
previsto que tengan los Presupuestos Generales del Estado que nos va a
remitir a esta Cámara? (Número de expediente 180/000217) ... (Página15)
Del diputado don Juan José Matarí Sáez, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso, que formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública:
¿Qué aspectos destaca el Gobierno del acuerdo firmado con las
organizaciones sindicales en materia de función pública? (Número de
expediente 180/000229) ... (Página17)
Del diputado don Juan Antonio Delgado Ramos, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor
ministro del Interior: ¿Cuándo va a cumplir su Gobierno el compromiso
electoral de equiparar los sueldos de policía y guardia civil al de
policías autonómicas? (Número de expediente 180/000216) ... (Página18)
Del diputado don Ferran Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto, que
formula al señor ministro de Fomento: ¿Cuál es la diferencia entre las
promesas de millones de euros a invertir en Cataluña, incumplidas en las
últimas legislaturas, y la repetición de las mismas promesas realizada
ahora por el presidente Rajoy? (Número de expediente 180/000219) ... (Página19)
Del diputado don José Andrés Torres Mora, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al señor ministro de Hacienda y Función Pública:
¿Qué razones tiene el Gobierno para excluir al cine de la rebaja del IVA
cultural? (Número de expediente 180/000226) ... (Página20)
Del diputado don Rafael Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula a la señora ministra de Empleo y Seguridad
Social: ¿Qué respuesta dará el Gobierno a la preocupación expresada en la
Conferencia desarrollada por la Organización Internacional del Trabajo el
28 de marzo en Madrid a causa del deterioro de la calidad en el empleo en
España? (Número de expediente 180/000227) ... (Página22)
Del diputado don Manuel Monereo Pérez, en sustitución de don Pablo Manuel
Iglesias Turrión, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Qué
tiene previsto hacer el Gobierno en los próximos presupuestos en materia
de pensiones? (Número de expediente 180/000218) ... (Página23)
De la diputada doña Melisa Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, que formula a la señora ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente: ¿Considera el Gobierno que España necesita
un nuevo Plan Nacional contra la contaminación que actúe de manera
específica sobre las emisiones del transporte? (Número de expediente
180/000221) ... (Página24)
De la diputada doña Ana María Oramas González-Moro, del Grupo
Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Tiene previsto su departamento
autorizar la salida de papa canaria a la península, una vez reconocida
por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
en el Real Decreto 197/2017 la eficacia del protocolo elaborado por la
Comunidad Autónoma de Canarias para la eliminación de la polilla
guatemalteca? (Número de expediente 180/000175) ... (Página26)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno
respecto de la adopción de medidas para la reducción inmediata de la
contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético ... (Página27)
Formula la interpelación urgente la señora Lucio Carrasco, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (García Tejerina).
Replica la señora Lucio Carrasco y duplica la señora ministra de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de
13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural... (Página34)
Formula la interpelación urgente el señor Guijarro García, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Agricultura y Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente (García Tejerina).
Replica el señor Guijarro García y duplica la señora ministra de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Beitialarrangoitia), relativa a la
postura del Gobierno en relación a la situación de las y los presos
vascos sometidos a legislación antiterrorista gravemente enfermos ... (Página40)
Formula la interpelación urgente la señora Beitialarrangoitia Lizarralde,
del Grupo Parlamentario Mixto.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro del Interior (Zoido
Álvarez).
Replica la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y duplica el señor
ministro del Interior.
Del Grupo Parlamentario Socialista, al ministro de Economía, Industria y
Competitividad sobre la ausencia de una estrategia global en la política
industrial del Gobierno ... (Página47)
Formula la interpelación urgente la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo
Parlamentario Socialista.
En nombre del Gobierno contesta el señor ministro de Economía, Industria y
Competitividad (De Guindos Jurado).
Replica la señora Blanquer Alcaraz y duplica el señor ministro de
Economía, Industria y Competitividad.
Se suspende la sesión a las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON ANTONIO HERNANDO VERA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CÓMO AFRONTA
EL GOBIERNO LA NEGOCIACIÓN CON EL REINO UNIDO SOBRE EL BREXIT? (Número de
expediente 180/000223).
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Comenzamos con las preguntas dirigidas al Gobierno. Preguntas dirigidas al
señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Antonio Hernando
Vera, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor HERNANDO VERA: Buenos días, señora presidenta, señorías.
Señor presidente del Gobierno, el Reino Unido ha puesto en marcha
oficialmente su salida de la Unión Europea. Ha optado por el denominado
brexit duro y, en nuestra opinión, el Gobierno tiene la obligación de
combinar la defensa del conjunto de intereses de la Unión Europea con los
intereses de España, ya que nosotros tenemos determinados problemas
específicos. Ustedes empezaron por restarle trascendencia al brexit para
después filtrar graves consecuencias, incluso usted llegó a decir: No
sabemos cuál va a ser al final la relación si el brexit se consuma. Pues
bien, ha empezado a consumarse y le pregunto cómo lo van a afrontar,
señor presidente. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente del Gobierno, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor
Hernando.
Me voy a referir a lo fundamental porque, como usted comprende
perfectamente, es imposible despachar en dos minutos y medio una cuestión
de la importancia de esta. Los objetivos prioritarios van a ser dos. En
primer lugar, los derechos de las personas. Queremos preservar los
derechos de los españoles que viven en el Reino Unido, también los de los
británicos que lo hacen en España y darles certidumbre, así como a las
empresas que invierten y comercian con el Reino Unido. Ese es el primer
gran objetivo. El segundo gran objetivo es que el acuerdo de retirada y
el nuevo marco de relaciones futuras entre la Unión Europea y el Reino
Unido permitan preservar la intensidad de las relaciones de hoy en
beneficio de los ciudadanos. Por tanto, el objetivo básico es que toda
esta operación -que no comparto, como sabe- no dañe a las personas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Hernando.
El señor HERNANDO VERA: Señor presidente, en opinión de los socialistas,
debemos fijar tres balizas en esta negociación. La primera es reforzar a
los negociadores europeos no entrando en estos momentos en negociaciones
bilaterales. La segunda es que al Reino Unido le quede claro que no se
puede estar con un pie dentro y el otro fuera, que me parece que es un
buen mensaje tanto para los
euroescépticos como para los aventureros que quieran iniciar sendas
similares. La tercera es brexit es brexit y, por lo tanto, no se puede
estar en ambos lados de la mesa. Primero se negocian las condiciones de
salida y en el futuro la nueva relación; o dicho de otra manera, primero
se sale por la puerta y luego se vuelve a llamar.
Entre nuestras prioridades coincidimos respecto a los trabajadores y
estudiantes españoles que viven en el Reino Unido y que en estos momentos
están muy preocupados, pero también hemos de ser sensibles con las
preocupaciones de los británicos que están acá y que quieren seguir
conviviendo entre nosotros.
Respecto a Gibraltar, hemos de pedirles coherencia a los impulsores del
brexit con todas sus consecuencias; mantenernos en nuestras
reivindicaciones históricas -naturalmente que sí-, pero sin olvidar a los
trabajadores y a las empresas del Campo de Gibraltar; actuar con
inteligencia a través del diálogo y no entrar en groseras escaladas
verbales y aprovechar esta oportunidad, esta difícil coyuntura histórica
para reafirmar nuestras convicciones europeas. El proyecto de la Unión
Europea seguramente es el proyecto político más importante, más
interesante y más arriesgado del último siglo. Retomemos ese espíritu de
los pioneros que el otro día celebrábamos en Roma y hagámoslo como país.
En esa mesa estamos todos sentados, señor presidente, no actúe usted por
su cuenta porque debilitará la posición negociadora de España y lo que
tenemos que hacer en estos momentos es reafirmar nuestras convicciones
europeas y europeístas y defenderla con la fortaleza de todos unidos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor
Hernando.
En lo sustancial estoy de acuerdo con su intervención, pero voy a hacer
algunas precisiones. Aquí hay temas de procedimiento, que son importantes
aunque sean de procedimiento, y temas de fondo. En los temas de
procedimiento nos vamos a manejar con los siguientes parámetros. Primero,
la negociación tiene que respetar la ley puesto que la Unión Europea es
una comunidad de derecho. Segundo, la Unión Europea va a negociar en
bloque, como pedía usted, no va a haber negociaciones individuales y, por
tanto, estaremos a lo que diga el señor Barnier en representación de la
Comisión, pero en el Consejo opinaremos, como no podía ser de otra
manera. Tercero, también estoy de acuerdo con lo que acaba de decir sobre
que primero se negocian los términos de la retirada y a continuación
empezaremos a hablar de la relación futura. Al final, todo esto será un
paquete, es decir, no está acordado nada hasta que se acuerde todo.
Y en cuanto a los temas de fondo, en la relación futura lo que me gustaría
que hubiera es un acuerdo de libre comercio amplio y profundo, como dicen
las líneas directrices que ha planteado el señor Tusk, y también acuerdos
en materia de seguridad, defensa, lucha contra el terrorismo y el crimen
organizado. También estoy de acuerdo en que Europa debe continuar, como
se dijo en Roma, con el proceso de integración. Es el proyecto político
más importante que se ha llevado a cabo en siglos en nuestro continente y
estoy de acuerdo en que estas cosas las debemos hacer conjuntamente en
esta Cámara. Por tanto, anuncio que informaremos al Parlamento y a todos
ustedes siempre que nos lo pidan y que a cualquier persona que tenga a
bien hacer alguna aportación en beneficio del interés general español,
lógicamente, la tendremos en cuenta.
Muchas gracias. (Aplausos).
- DIPUTADO DON GABRIEL RUFIÁN ROMERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA
REPUBLICANA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CREE QUE EL
GOBIERNO ESPAÑOL RESPONDE A LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN DE CATALUÑA?
(Número de expediente 180/000214).
La señora PRESIDENTA: Pregunta también dirigida al señor presidente del
Gobierno del diputado don Gabriel Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta.
Señor presidente, señor Rajoy, se lo pongo fácil. Ahora que usted va tanto
a Barcelona y, por suerte, ya no lo hace para mendigar firmas contra
leyes catalanas, como el Estatut de Autonomia, ¿cree usted que el
Gobierno español satisface adecuadamente las necesidades del pueblo de
Cataluña?
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, por su
pregunta, señor Rufián.
Es, desde luego, nuestra intención y creo que damos pasos en la buena
dirección. La primera necesidad y el primer gran objetivo era la creación
de empleo. Poco a poco se van recuperando los puestos de trabajo perdidos
durante la crisis económica que hemos vivido. Ayer hubo, como usted
conoce, datos muy positivos en el conjunto de España y también en
Cataluña. El segundo gran objetivo fue mantener los grandes servicios
públicos fundamentales, sobre todo, sanidad, educación y la atención a
las personas. Por eso, en una situación de extrema dificultad para la
Generalitat y para otros, hemos puesto en marcha instrumentos de liquidez
como el FLA y el Fondo de pago a proveedores, que han servido para pagar
a aquellas personas que no cobraban los servicios prestados a la
Generalitat y también para mantener los servicios públicos fundamentales.
Continuamos las inversiones públicas en época difícil. Ahora viene una
época un poco mejor, ha aumentado la recaudación por la mejora de la
actividad económica y vamos a seguir, por tanto, invirtiendo en
infraestructuras. Ya hemos planteado un debate en materia de financiación
autonómica y sería bueno que el Gobierno de la Generalitat de Cataluña
participara en él. Y el viernes concretamos algo que llevaba pendiente
desde hace mucho tiempo, que era convertir a los interinos en fijos tras
pasar las correspondientes pruebas. Afecta a 30.000 personas en Cataluña.
Por tanto, creo que los temas más importantes para los ciudadanos hemos
intentado abordarlos y seguiremos haciéndolo en el futuro.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Rufián.
El señor RUFIÁN ROMERO: La verdad es que lo único bueno que tiene, señor
presidente, es que usted es previsible. Son malas noticias todo eso que
está diciendo, más que nada porque se cura, todo eso se cura. Creer que
el empleo va bien en Cataluña y en el resto del Estado español se cura en
la cola del paro, sobre todo. Creer que satisfacer al pueblo de Cataluña
es hacer un corredor mediterráneo que pasa por Madrid se cura, sobre todo
se cura leyendo. Creer que satisfacer al pueblo de Cataluña es pagarle a
su amigo Florentino Pérez 1.350 millones de euros por el Castor se cura,
no teniendo según qué amigos. Creer que satisfacer al pueblo de Cataluña
es hablar continuamente junto con su marca blanca, Ciudadanos, de la
Cataluña real, cuando entre todos ustedes juntan una sola alcaldía, se
cura, dejando de ser partidos residuales en Cataluña. Creer que se
satisface al pueblo de Cataluña echándole a la cabeza el Tribunal
Constitucional se cura, dejando de enviar militantes a su presidencia.
Creer que se satisface al pueblo de Cataluña haciendo flamantes
estaciones de AVE en poblaciones de 100 habitantes se cura, se cura
cogiendo un cercanías en Cataluña cualquier día, a cualquier hora, en
cualquier pueblo. Yo le invito, le invito yo que soy catalán, no pasa
nada, igual se hace independentista.
En definitiva, señor Rajoy, que le quede claro, la voluntad del pueblo de
Cataluña no se compra, la voluntad del 80 % del pueblo de Cataluña no se
compra, ni con mentiras piadosas ni con cristales de colores. Nos vemos
en las urnas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora
presidenta.
Realmente no tengo muchas cosas que decirle, señor Rufián, con absoluta
franqueza. (Risas). Si acaso, que creo que confunde sus necesidades con
las de todos y eso es muy peligroso porque uno corre el serio riesgo de
situarse fuera de la realidad. Intentar trabajar para salir de una crisis
económica; intentar que se cree empleo después de la destrucción masiva
de puestos de trabajo que hubo durante cinco años de crisis; intentar
mantener los servicios públicos fundamentales como la sanidad, la
educación y los servicios sociales; intentar que se haga, efectivamente,
el corredor mediterráneo o intentar arreglar las rodalies son temas que
importan a la gente. Probablemente a usted no le importan y por eso no
hace preguntas sobre esos asuntos. Yo le respeto, pero le ruego que me
respete usted también a mí y admita que yo puedo decir -y alguna razón
puedo tener, o no, nunca se sabe- que es importante crear empleo, que a
la gente le vaya bien, que funcionen bien los servicios públicos, que
podamos hacer infraestructuras
y que la economía sea más competitiva, porque así estamos atendiendo las
necesidades de las personas... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON AITOR ESTEBAN BRAVO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO
(EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA
OPINIÓN DE SU GOBIERNO SOBRE EL TENOR DE LA DECLARACIÓN OFICIAL DEL
BREXIT POR PARTE DEL REINO UNIDO? (Número de expediente 180/000222).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Aitor Esteban Bravo, del
Grupo Parlamentario Vasco, también al señor presidente.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señor presidente, buenos días. Le pregunto por el
contenido y las formas de la carta británica comunicando el inicio del
brexit. Ese mismo día el ministro de Exteriores compareció en Comisión,
pero la verdad es que no nos aclaró muchas cosas. Dijo que ya no podría
ser la misma la relación en el futuro con el Reino Unido, pero, al mismo
tiempo, insistió en que el tratamiento y la situación de los ciudadanos
debían mantenerse igual que ahora. Dijo que las expectativas de futuro de
los ciudadanos de ambos países deberían mantenerse. Comentó que la
entrada y el movimiento de personas tenían que ser tan sencillas como
ahora, que el comercio no debía dañarse y debía facilitarse en términos
muy parecidos a los de ahora. Dijo literalmente que las cuatro libertades
debían mantenerse. Por tanto, sinceramente, si no va a ser lo mismo, pero
esas cuatro libertades tienen que mantenerse, no entendemos cuál es la
posición exacta del Estado.
La carta de la señora May tenía un tono edulcorado al inicio, pero al
hablar de personas ni tuvo en cuenta la recomendación de los Lores de
afirmar los derechos nacionales respectivos antes de presentarla ni
distinguía el ámbito de negociación de salida con la relación posterior.
Sinceramente, lo que me sorprendió, a pesar de que ahora se pone sordina,
es la mezcla entre economía y seguridad, porque se afirmaba
-literalmente- que, si no se obtiene un buen acuerdo de comercio, nuestra
cooperación en la lucha contra el crimen y la seguridad se resentirá.
Coincidirá conmigo en que es un momento delicado, muy importante en
materia de seguridad en toda Europa y en todo el mundo, en el que se
precisa la colaboración de todos. Sinceramente, me sorprendió ese tono y
esa mezcla. Estoy seguro de que usted no entiende la seguridad en esos
términos, sino todo lo contrario, en una colaboración por encima de todo
y entre todas las fuerzas de seguridad. Esto alcanza también a las
fuerzas de seguridad dentro del Estado, por tanto, hay que aplicarlo no
solo a las policías de los diversos países, sino también internamente. La
Ertzaintza es una policía integral y, por tanto, debe ser una policía
Schengen. Tiene que tener toda la información europea, pero también
participar en los foros europeos. Eso respondería al marco institucional,
si no se quiere jugar con la seguridad. Es muy importante para nosotros y
esperamos una respuesta positiva, señor presidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente del Gobierno.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor
Esteban.
Esta es una pregunta que también versa sobre el brexit, pero diferente a
la que me ha formulado el señor Hernando. El señor Esteban ha preguntado
cuál es mi opinión sobre la carta notificando formalmente el acuerdo de
retirada de la Unión Europea por parte del Reino Unido.
No puedo entrar en todos los detalles, pero sí me gustaría decirle lo
siguiente. Hay partes positivas en la carta y hay otras partes que vamos
a decir que no me parecen tan positivas. Partes positivas, el tono
general quiere ser constructivo, el objetivo de defender los derechos de
las personas -que para mí es prioritario y capital- se plasma en el
documento, la necesidad de que el proceso sea justo y ordenado -es de
sentido común- también se recoge y se fija por parte del Reino Unido la
voluntad de mantener unas buenas relaciones en el futuro en materia
económica y de seguridad.
Lo que no me parece tan positivo es lo siguiente. Primero, el hecho mismo
de abandonar la Unión Europea. Lo he dicho yo, lo ha dicho mucha gente y,
lógicamente, eso supone, como ha dicho el ministro de Asuntos Exteriores
al que usted acaba de citar ahora, que la relación ya no va a ser la
misma. Las cuatro libertades a las que usted ha hecho referencia se
seguirán aplicando con los países que formemos parte de la Unión Europea
pero no con el Reino Unido. En segundo lugar, tampoco estoy de acuerdo
con
la pretensión que recoge la carta de negociar en paralelo la retirada y la
relación futura. No, primero la retirada y luego ya hablaremos de la
relación futura. Y, en tercer lugar, tampoco me parece positivo un asunto
al que usted se ha referido en su intervención, esa alusión a que la
lucha contra la delincuencia y el terrorismo se podía debilitar si no se
cumplen determinados requisitos. Yo espero que esto no se produzca. Tengo
que entender que usted y yo no lo comprendemos bien, porque creo que
siempre habrá una colaboración total y absoluta en la lucha contra el
terrorismo y la delincuencia.
Ha hecho observación sobre la cuestión de la Ertzaintza. La representación
de España ante los distintos órganos internacionales corresponde al
Estado, como, usted conoce, dice el propio Estatuto de Autonomía del País
Vasco y la Constitución. En cualquier caso, tienen acceso a la
información internacional de interés policial y las actuaciones de la
Ertzaintza con cuerpos de policía de otros países se producen con
normalidad. Dicho esto, creo que teniendo en cuenta el encaje, el
respaldo legal y el soporte competencial, que son fundamentales para
garantizar el éxito y la eficacia de la coordinación de actuaciones
policiales, se puede conversar sobre este punto para intentar entre todos
ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA
DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: ¿PIENSA
IMPULSAR EL CUMPLIMIENTO POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIO
NACIONAL DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES RELATIVAS A LA EXHUMACIÓN DE
CADÁVERES DEL VALLE DE LOS CAÍDOS? (Número de expediente 180/000224),
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta del
Gobierno y ministra de la Presidencia y para las Administraciones
Territoriales. Pregunta de doña Isabel Rodríguez García, del Grupo
Parlamentario Socialista.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Gracias, presidenta.
Señora vicepresidenta, cuento esta historia, que usted conoce, para que la
conozca el resto de la Cámara y el resto de los españoles y españolas que
nos escuchan. Es la historia de una familia, de una niña a la que sus
padres le contaron que sus abuelos y su tío abuelo habían sido asesinados
en la Guerra Civil. Esta familia llevó durante sesenta años flores a una
fosa común. Después, con la aprobación de la Ley de Memoria Histórica,
descubrieron que bajo esa fosa no estaban los cuerpos de sus familiares y
trabajaron e investigaron y descubrieron que estaban en el Valle de los
Caídos. Hace cinco años que saben que están allí, pero no tienen dónde
poner esas flores. Se fueron a la justicia para dar dignidad a los restos
de sus abuelos y para dar tranquilidad a su padre, que hoy tiene noventa
y dos años; la justicia les dio la razón. Hoy ella la escucha desde la
tribuna y espera una respuesta de usted, que es la persona competente de
la Administración que ha de cumplir esa resolución judicial, firme, por
cierto, desde hace un año. Esa es la respuesta que esperamos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA
LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas
gracias, señora presidenta.
El consejo de administración de Patrimonio Nacional, que, como usted sabe,
es un órgano interinstitucional -además, constituido por consenso-, está
haciendo todo cuanto está en su mano para poder cumplir ese expediente de
jurisdicción voluntaria por el que usted me pregunta. El auto del Juzgado
de Primera Instancia número 2 de San Lorenzo de El Escorial,
efectivamente, reconoció el derecho a la digna sepultura de esas personas
que pueden -dice- con alta probabilidad encontrarse en el Valle de los
Caídos. No obstante, advirtió de una serie de dificultades y
limitaciones: que fuera viable el acceso a la planta tercera de la cripta
donde pueden estar los restos, que esos restos se puedan trasladar -dice-
garantizándose su integridad, su respeto y su memoria, y que puedan
identificarse los columbarios afectados y practicarse las pruebas de ADN.
Patrimonio intentó acometer estas actuaciones, pero hubo
oposición de terceros. Acudió al juzgado y este le dijo a Patrimonio
Nacional que no era interesado y, como usted sabe bien, como es un
expediente de jurisdicción voluntaria no se puede despachar ejecución.
¿Qué ha hecho Patrimonio Nacional para poder continuar adelante con este
tema? Solicitar informe a la Abogacía del Estado. Tenemos dos informes
que remitiremos a las familias y que nos aconsejan -y es lo que está
analizando Patrimonio- recabar un informe del Instituto de las Ciencias
de la Construcción Eduardo Torroja para que se pronuncie sobre la
viabilidad del acceso y, si es posible, sobre las obras necesarias para
llegar. Si ese dictamen es afirmativo y se pudiera llegar, que se
solicite un dictamen al Consejo Médico Forense para que se pronuncie
sobre el procedimiento de localización, identificación y exhumación de
los restos y la posibilidad de la práctica de la prueba del ADN. Por
tanto, Patrimonio Nacional está haciendo todo cuanto está en su mano en
colaboración con la Abogacía del Estado y esperamos poderlo hacer también
con concurso de todos los que tienen algo que decir en este asunto.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ GARCÍA: Comprendemos la dificultad del caso,
vicepresidenta, y del propio estado en que se encuentra, pero reconocerá
que el tiempo para esa familia y para otras muchas es oro. Con la Ley de
Memoria Histórica queríamos dar respuesta a esta familia y a otras muchas
que tienen a sus muertos en el Valle y a las familias que los tienen en
las cunetas. No se trata de mirar hacia atrás, ni yo pretendo afearles
sobre cómo se ha ejecutado o como no se ha implementado esta ley en los
últimos años, pero sí le pido que miremos hacia delante y que trabajemos
para dar respuesta a estas y a tantas familias que necesitan del apoyo
institucional para reconocer su historia personal y con eso también la
dignidad de nuestro país. Por eso desde el Grupo Socialista le pedimos
que se aplique la Ley de Memoria Histórica de manera efectiva, que la
dotemos de suficiente presupuesto para que sean una realidad los trabajos
de investigación sobre las fosas que se están realizando en nuestro país
y le pido también que trabajemos sobre la significación del Valle de los
Caídos para que no sea símbolo de la exaltación franquista, sino un
símbolo de hermanamiento de nuestra sociedad, que sea el símbolo de
todos. Me reconocerá que para que eso ocurra es necesario que de allí
también salgan algunos restos; me refiero a los restos del dictador, y
eso lo ha aprobado esta Cámara y lo recomendó también la comisión de
expertos. Espero que entre todos podamos conseguirlo para que de verdad
sea un símbolo de reencuentro... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA
LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas
gracias, señora presidenta.
Este es un asunto serio y complejo. Tanto es así que desde 1980 no ha
habido exhumaciones en el Valle de los Caídos y ustedes gobernaron
durante veintiún años. Que es un asunto serio y complejo lo pone de
manifiesto el hecho de que el Gobierno de Zapatero encargase un informe
al señor Jáuregui, que entregó en el último momento y sin lograr el
consenso que pretendía, especialmente respecto de las otras dos personas
sobre las que usted pregunta y que no eran objeto de su pregunta. Que es
muy complejo lo ponen de manifiesto también los informes periciales que
el propio señor Jáuregui pidió y que dicen que el deterioro de las
criptas y de los columbarios hace prácticamente imposible... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON ALBERT RIVERA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS,
QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA
PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES: ¿CÓMO VALORA EL
GOBIERNO LA RUPTURA DEL ORDEN CONSTITUCIONAL EN VENEZUELA? (Número de
expediente 180/000230).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Albert Rivera Díaz, del
Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Vicepresidenta, en esta Cámara nos hemos pronunciado cuando ha habido
crisis en países iberoamericanos hermanos, como Cuba, como Colombia, pero
también, como usted sabe, esta última semana los acontecimientos extremos
que han sufrido en Venezuela merecen también una posición firme del
Gobierno de España. Debo decirle, vicepresidenta, que así como estamos de
acuerdo en la defensa de los valores democráticos, creo sinceramente que
la posición del ministro de Exteriores del Gobierno ha sido tibia e
insuficiente en este caso. Por eso le pregunto, vicepresidenta, y al
Gobierno en general, si piensan actuar con prudencia y a la vez con
firmeza; no es incompatible ser prudentes con ser firmes. Hay 200.000
españoles en Venezuela y 200.000 venezolanos aquí, empresas en aquel
país, somos miembros observadores de la Organización de Estados
Americanos y a la vez constituimos los países iberoamericanos, junto con
Portugal, en Europa. Yo le pregunto, señora vicepresidenta. ¿Está
dispuesto el Gobierno a liderar en un Consejo Europeo junto con el resto
de ministros de Exteriores una posición común de Europa frente a la
situación de extrema gravedad en Venezuela? Asimismo, ¿está dispuesto el
Gobierno, como observador de la Organización de Estados Americanos a
pedir que se aplique la carta democrática, a colaborar con la diplomacia
del resto de países para que se haga? (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora vicepresidenta, adelante.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA
LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señor Rivera, el Gobierno está seriamente preocupado por la crisis
constitucional que se está produciendo en Venezuela. Las sentencias del
Tribunal Supremo del 28 y del 29 de marzo están comprometiendo aún más la
democracia y el Estado de derecho en ese país al supeditar la inmunidad
parlamentaria y las competencias de la Asamblea Nacional. Quiero decirle
que no es nuevo, que es una escalada que el Gobierno desde luego ha
denunciado desde sus orígenes porque al secuestro del Parlamento se ha
unido la violación reiterada de los derechos humanos y la existencia de
presos políticos y, sobre todo, el grave deterioro humanitario y social
que el desabastecimiento está produciendo en Venezuela.
La comunidad internacional -y esto es muy importante- está reaccionando de
forma contundente y casi unánime; esa casi unanimidad que no estamos
logrando en esta Cámara. En primer lugar, el Consejo de Asuntos
Exteriores de la Unión Europea, a petición de España precisamente, ha
señalado que hay que reforzar esa presión internacional. La OEA está
hablando de autogolpe e incluso es muy significativa la declaración de
urgencia de Mercosur, donde, habiéndole además suspendido a Venezuela,
están reclamando que se devuelva la democracia a esa tierra.
El Gobierno, desde luego, ejercerá su liderazgo, lo ha hecho siempre,
reclamaremos que el Parlamento sea reintegrado en sus plenas facultades,
reclamaremos que se ponga en libertad a todos los presos políticos y
reclamaremos que se cumpla el calendario electoral con todas las
garantías. Así lo haremos, señor Rivera. Y permítame que le diga que si
quiere usted hablar de tibieza y de perfiles, el primero que demostró
perfil en este tema fue el presidente del Gobierno de España, el señor
Rajoy, que fue el primer jefe de Gobierno que recibió a la señora
Tintori. Después vinieron otros, incluido usted, pero la primera persona
que recibió a la mujer de ese preso político en nuestro país y en el
resto del mundo fue el presidente del Gobierno. Creo que pone de
manifiesto el liderazgo que están llevando este grupo parlamentario y
este Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Rivera.
El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, los demás no somos presidentes del Gobierno y no podemos
recibir a nadie como presidente del Gobierno. (Rumores). En todo caso,
esto no es una competición, señora vicepresidenta, no se pongan
nerviosos. Queremos una posición firme del Gobierno. Está muy bien poner
un tuit y decir que no es beneficioso para Venezuela lo que ha pasado,
como dijo el ministro Dastis, está muy bien, pero hay que ser
contundentes y usted ha pronunciado la palabra autogolpe. Eso es lo que
nos hubiera gustado
escuchar del Gobierno de España y no hablar de que no es beneficioso para
Venezuela. En todo caso, la competición no es por ser duros, sino por
buscar soluciones.
Le pido al Gobierno que, igual que en la posición de Cuba en su día el
Gobierno del Partido Popular de España lideró una posición común del
Consejo Europeo por la crisis en Cuba, también lo hagamos ahora con un
país hermano como Venezuela. Porque, señorías, Venezuela fue un país que
recibió con los brazos abiertos a los españoles, un pueblo que ha ayudado
sin duda a España y una hermandad que va más allá de los lazos puramente
económicos, también culturales y de otro tipo. Por eso, vicepresidenta,
le pido que actúen, que espero que la política exterior no la marque el
señor Zapatero, que es evidente que el diálogo trampa ha fracasado y que
pidamos un calendario electoral, la salida de los presos políticos,
porque no hay diálogo si hay gente encarcelada, y un canal humanitario
para Venezuela.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA Y PARA
LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES (Sáenz de Santamaría Antón): Muchas
gracias, señora presidenta.
Agradezco, señor Rivera, que haya obviado en esta segunda parte los
matices porque lo que es importante, en primer lugar, es que la política
internacional siga siendo una política de Estado y que podamos llegar a
acuerdos, que entre todos fortalezcamos el liderazgo internacional que en
Iberoamérica, pero muy especialmente en Venezuela, está haciendo el
Gobierno de España, que mantengamos la exigencia y la presión
internacional sobre el Gobierno de Maduro a nivel bilateral y a nivel
multilateral y que reclamemos una reconciliación nacional exigente con
los derechos humanos y con el Estado de derecho. Sin eso no hay
democracia, por mucho que algunos se empeñen en justificar lo
injustificable. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora vicepresidenta.
- DEL DIPUTADO DON ALBERTO GARZÓN ESPINOSA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE JUSTICIA: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LOS ATAQUES A LA LIBERTAD
DE EXPRESIÓN QUE SE ESTÁN PRODUCIENDO EN ESPAÑA MERCED A LA LEGISLACIÓN
VIGENTE? (Número de expediente 180/000215).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida ahora al señor ministro de
Justicia.
Pregunta del diputado don Alberto Garzón Espinosa del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Adelante, señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿qué opina el Gobierno de los ataques recientes a la
libertad de expresión merced a la legislación vigente?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.
Señor Garzón, el Gobierno no considera que esté produciéndose ningún
ataque a la libertad de expresión en España, está plenamente garantizada,
y mucho menos como consecuencia de la legislación vigente. En todo caso,
aquí está este Parlamento para proponer las reformas que ustedes
consideren oportunas, pero considero que están plenamente garantizados
los derechos y las libertades en España. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Señor ministro, hecho número uno: una chica -y
subrayo lo de chica- de veintiún años escribe una serie de chistes sobre
un fascista torturador de nuestro país y una sentencia por un tribunal
conservador la declara culpable y la condena a un año de cárcel.
(Rumores).
El señor GARZÓN ESPINOSA: Hecho número dos: un tuitero en circunstancias
parecidas hace chistes parecidos, le juzga un tribunal menos conservador
y es absuelto y declarado inocente. Este es un problema que compete a su
Gobierno, que responsabiliza a su Gobierno. ¿Cuál es la causa? Un
artículo del Código Penal, el 578, que es tan ambiguo y genera tanta
inseguridad jurídica que el hecho de que sea culpable o inocente depende
de si el tribunal está formado por miembros del Opus Dei o por gente del
siglo XXI. (Rumores.-Protestas.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor GARZÓN ESPINOSA: ¿Cuál es la solución, señor ministro? La
solución la propone una directiva de la Unión Europea precisamente de
hace menos de un mes. Propone modificar ese artículo para hacerlo mucho
más preciso y evitar esta ambigüedad jurídica. Es una directiva de la
Unión Europea que propone que solo se puedan tipificar aquellos que
lleven directamente a cometer un delito de terrorismo, para no ser
ambiguos y no coartar la libertad de expresión. El terrorismo, señor
ministro, es una lacra; el terrorismo es algo contra lo que estamos todos
los que nos encontramos aquí, pues lo hemos sufrido de una u otra manera.
Sin ir más lejos, yo me crié precisamente... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Garzón. Un segundo. Señorías, por
favor, guarden silencio.
Continúe, señor Garzón.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Gracias, señora presidenta.
Decía, señor ministro, que yo me crié sabiendo que un tío mío tenía que ir
con pistola y con guardaespaldas por ser juez y estar amenazado por ETA.
Todos somos conscientes de la lacra del terrorismo, pero, ¿sabe qué? Al
terrorismo se le combate desde la democracia, desde los principios y
valores de la democracia y no recortando derechos. Usted tiene la
oportunidad de modificar este error en el Código Penal, de hacer caso a
la Unión Europea -fíjese usted, a la Unión Europea- y a su reciente
directiva, de hace menos de un mes, y devolver a nuestro país al siglo
XXI para evitar que la libertad de expresión sea coartada y que los
chistes y el humor sean censurables. No queremos vivir en la época de
Franco, en la época de Carrero Blanco, no queremos que hacer un chiste
sea un motivo para que nos lleven a la cárcel.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, presidenta.
Señorías, creo que están confundiendo en el artículo 578 qué es el
enaltecimiento del terrorismo y qué es la humillación a las víctimas,
porque las sentencias que se están dictando tienen que ver con la
humillación a las víctimas. Hemos establecido en el Código Penal la
protección a todas las víctimas del delito y estoy seguro de que ustedes
comparten que a las víctimas hay que protegerlas, especialmente cuando se
cometen delitos de burla y humillación a través de las redes sociales.
Seguramente, para los menores eso nos parecerá muy bien y también para
los miembros de colectivos minoritarios cuyos derechos no han sido
defendidos adecuadamente en el pasado, pero ¿qué pasa con las víctimas
del terrorismo, señorías? ¿A las víctimas del terrorismo sí se les puede
humillar, sí se pueden hacer chistes, sí se pueden hacer bromas? El
artículo 578 lo que regula es la humillación a las víctimas y por eso han
sido condenados. ¿No es humillar a las víctimas que una persona diga que
a Ortega Lara habría que secuestrarle ahora y que otra diga que quiere la
muerte para estos cerdos? Si piensan que eso es humor o simplemente
libertad de expresión es que tienen ustedes un problema. Nosotros no
compartimos esa visión. Si ustedes consideran que la Guardia Civil
asesina a inmigrantes en la valla de Melilla, que Bódalo s un preso
político como el señor Otegi (Rumores.-El señor Garzón Espinosa hace
gestos negativos), que el señor Leopoldo López es un golpista que está en
la cárcel justificadamente, seguramente no coincidimos en los
diagnósticos y en los planteamientos.
En todo caso, como decía, señorías, el artículo 578 protege adecuadamente
a las víctimas del terrorismo para que nunca, nunca, puedan ser víctimas
de la humillación y mucho menos de ese tipo de desprecio y menosprecio.
Si consideran que el artículo debe ser mejorado, presenten las propuestas
que
estimen oportunas. Lo que hemos hecho en la legislatura pasada con el
apoyo de este grupo parlamentario ha sido fortalecer la protección a las
víctimas, la defensa en la utilización de las redes sociales, que juegan
un gran papel en la sociedad de la comunicación, en la libertad de
expresión, pero nunca, nunca, pueden ser utilizadas para menospreciar,
para humillar o para faltar al respeto a las víctimas del delito en
general y mucho menos a las víctimas del terrorismo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ JAVIER LASARTE IRIBARREN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:
¿CONSIDERA QUE EL PROYECTO DE PRESUPUESTOS QUE PRESENTA EL GOBIERNO VA A
CORREGIR LAS DESIGUALDADES QUE SE HAN PRODUCIDO EN SUS ANTERIORES
PRESUPUESTOS? (Número de expediente 180/000225).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Hacienda y
Función Pública. Pregunta del diputado José Javier Lasarte Iribarren, del
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, señor ministro, ha conseguido algunos hitos destacables,
como ser el ministro de Hacienda más longevo de la democracia. No sé si
darle o no la enhorabuena. Ha conseguido que el nivel de deuda sea el
mayor de la historia de la Hacienda pública, más de un cien por cien
sobre el PIB, cuya devolución carga sobre las espaldas de las próximas
generaciones. También ha incumplido en cuatro de los cinco últimos
presupuestos los objetivos de déficit fijados por la Comisión Europea; y
no ha incumplido el quinto porque negoció una especie de quita temporal
alargando los plazos y subiendo impuestos que compensaran los efectos
negativos de su clientelar bajada fiscal. Ha conseguido el hito de situar
a España entre los países más desiguales de Europa. Le pregunto:
¿considera que el proyecto de presupuestos que su Gobierno presenta va a
conseguir corregir las desigualdades que se han producido con sus últimos
cinco presupuestos?
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias,
señora presidenta.
Señor Lasarte, aunque su señoría ha intentado reproducir un debate de
presupuestos en minuto y medio, no lo ha conseguido. La desigualdad es
hija de la crisis económica. La desigualdad es herencia de la destrucción
de puestos de trabajo. Le voy a recordar que con un Gobierno socialista
sentado en esta bancada azul se destruyeron 3.200.000 puestos de trabajo.
Esa es la causa de la desigualdad y la estamos corrigiendo con la
recuperación económica, con la creación de empleo y con esas 600.000
personas que se han afiliado a la Seguridad Social entre el mes de marzo
del año pasado y el mes de marzo de este año. Para eso sirven los
presupuestos. Por cierto, son los presupuestos más sociales de la
historia de España. Los presupuestos traen como gasto público del
conjunto de las administraciones más de 300.000 millones de euros
dedicados a la cohesión social.
Señor Lasarte, no entiendo bien el sentido político de su pregunta, porque
vamos a traer los presupuestos y vamos a recabar la colaboración del
Partido Socialista. Es el momento de la responsabilidad del Grupo
Parlamentario Socialista para que realmente podamos tener en España unos
presupuestos que afiancen la recuperación económica, la creación de
empleo y la consiguiente corrección de las desigualdades.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Lasarte.
El señor LASARTE IRIBARREN: Usted se aprendió el discurso hace cinco años
y no lo ha cambiado. Es el raca raca de todos los años, cuando presenta
su proyecto presupuestario. Hasta la OCDE le dice que su modelo de
crecimiento no es inclusivo, que genera empleos de baja calidad y que,
por tanto, es
excluyente y genera desigualdad. Presenta un proyecto de presupuestos
injusto, continuista y generador de más desigualdad. Continúa con los
ajustes -cinco años de ajustes- de gasto público no financiero. Continúa
con las políticas de austeridad, aunque incluso el FMI ha reconocido su
fracaso, y continúa cargando el coste de la crisis sobre los mismos.
Continúa la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos.
Condena a los pensionistas a ver reducido el valor real de su pensión.
Disminuyen el nivel de renta y la capacidad de gasto de más de 12
millones de españoles y es hora de subir salarios en términos reales y no
de bajarlos. Continúa una política que penaliza a los jóvenes con becas
paupérrimas para los estudiantes y sin un plan de empleo juvenil en
condiciones que les ofrezca empleos dignos y un futuro de esperanza.
Continúa la falta de visión a medio y largo plazo sobre el modelo
productivo de este país, renunciando a apostar por la educación y la
I+D+i para ganar el futuro con conocimiento, talento e innovación, para
mejorar la productividad del sistema económico y hacer frente a los
cambios tecnológicos a los que se enfrenta España. Continúa la apuesta
por una economía de bajos salarios y empleo precario.
No espere contar con el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a un
proyecto de presupuestos injusto y continuista. Más de lo mismo, más
desigualdad y precariedad que condenan a miles de españoles a un futuro
peor.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias,
señora presidenta.
Señor Lasarte, no he entendido para nada el sentido político de su
intervención. Para entendernos, me ha dejado confuso en términos
políticos. No entiendo que la primera pregunta que dirige el Grupo
Parlamentario Socialista al Gobierno de España sobre los presupuestos sea
ya un canto del no, cuando todos vamos a construir algo. ¿No estamos
construyendo algo en esta legislatura? ¿No fueron ustedes los que votaron
los objetivos de déficit con nosotros? ¿No son ustedes los que votaron
las medidas fiscales con nosotros para que pudiéramos hacer estos
presupuestos? (Los diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea asienten). Digo yo que alguien votaría en
esta Cámara.
Señor Lasarte, el lenguaje político tiene importancia y por eso
modestamente le recomiendo que modere el tono de la crítica, porque se
está produciendo un cambio económico en España y lo positivo sería que
ese cambio lo compartieran todos los grupos políticos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL MAYORAL PERALES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR
MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿QUÉ PORCENTAJE DE VERDAD TIENE
PREVISTO QUE TENGAN LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO QUE NOS VA A
REMITIR A ESTA CÁMARA? (Número de expediente 180/000217).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Rafael Mayoral Perales del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en cuanto a las cuentas, ¿qué porcentaje de verdad tiene
el proyecto de presupuestos que nos trae a esta Cámara?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias,
señora presidenta.
Señor Mayoral, el contenido de su pregunta me ha hecho reflexionar (Risas)
sobre las tres verdades que trae el presupuesto. Se lo voy a resumir
porque esta es una pregunta en el tiempo. La primera verdad es que se
está creando empleo en buena parte gracias a la política presupuestaria y
a las reformas estructurales. El 40 % de todo el empleo que se crea en la
Unión Europea se genera en España,
esos 600.000 afiliados que antes he descrito. Este año, con los nuevos
presupuestos, se crearán más de 500.000 empleos en términos EPA. La
segunda verdad es que estos presupuestos contienen el mayor gasto social
de la historia de los presupuestos públicos en España, más de 300.000
millones de euros que van a emplear el total de las administraciones
públicas en pensiones, en gastos de desempleo, en dependencia, en
atención a discapacidad, en educación y en sanidad; eso es lo que traen
estos presupuestos. Y en tercer lugar, promueven una reducción del
déficit público, que es el que le conviene a España para financiar el
crecimiento económico, es el que responde al compromiso con las
instituciones europeas y es el que nos hace ser un socio fiable en la
construcción del gran proyecto político al que se refería el señor
Hernando esta mañana. Además de integración económica, la Unión Europea
es un gran proyecto político de entendimiento, de tolerancia y de
confianza entre los ciudadanos de todos los países de Europa.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Mayoral.
El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la verdad es que los ciudadanos de nuestro país están
viendo cada vez más claro que estos presupuestos van a tener como
resultado un pacto entre recortadores. Ustedes ya cuentan con las tijeras
de los señores de Ciudadanos, parece que el PNV se suma y quizás también
consigan que les apoye el 0,85 % de los resultados electorales del PSOE.
Incluso esos presupuestos de recortes son conocidos ya entre muchos
empleados públicos de la Administración General del Estado como los
presupuestos imaginarios del señor Montoro. La duda es, ¿cuántas órdenes
de no disponibilidad presupuestaria va a haber este año?, ¿cuántos
recortes sobre los recortes va a haber este año? Nosotros reconocemos que
usted es uno de los hombres más poderosos de este Gobierno, sus tijeras
son las más afiladas del sur de Europa, son capaces de traspasar incluso
las fronteras de Euskadi, donde han conseguido que se recorte el 15 % de
la RGI, lo que tiene como resultado que después de doce días haya todavía
hoy cinco personas en huelga de hambre por esos recortes que ya han
llegado también allí.
¿Qué es lo que nos espera? Nos esperan recortes sobre recortes, como vimos
en la legislatura anterior: investigación, I+D+i, cambio del vector de
desarrollo económico. ¿Qué ha ocurrido con los OPI en nuestro país? Que
después de sus órdenes de no disponibilidad y esos cierres de año -que
habría que saber cuándo tiene pensado hacerlo esta vez- ha disminuido el
15 % el presupuesto de investigación. ¿Qué pasa con esto? Que nos deja
fuera de las sociedades de investigación internacionales y nos dificulta
entrar en los proyectos europeos. (Rumores). Seamos serios, con este
modelo presupuestario se degrada el servicio público y se degrada el
funcionamiento de la Administración pública al servicio de los
ciudadanos.
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor MAYORAL PERALES: Esta es una reflexión que creemos que debe hacer
esta Cámara, una reflexión frente al austericidio que conduce a un
callejón sin salida y que no permite que la gente pueda vivir bien en
nuestro país. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Adelante, señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias,
señora presidenta.
¿Sabe qué pasa, señor Mayoral? Yo tengo la impresión de que ustedes han
llegado a esta Cámara tarde. Seguramente es consecuencia de otro tipo de
situación económica y social, pero han llegado tarde, precisamente cuando
hay recuperación económica, creación de empleo, cuando se está reduciendo
la desigualdad, cuando se aumenta el gasto social y cuando no hay
recortes. Cuando uno se presenta como el adalid y dice 'voy a llegar para
que no haya recortes' y ya no hay recortes, llega tarde.
(Risas.-Aplausos). Lo que es de esperar son sus propuestas, de verdad que
estamos esperando esas propuestas. Ustedes son un grupo político muy
importante en esta Cámara por el número de diputados y por lo que
representan esos 5 millones de votantes. Por tanto, estamos esperando su
propuesta...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN JOSÉ MATARÍ SÁEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR
EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA: ¿QUÉ ASPECTOS DESTACA EL GOBIERNO DEL ACUERDO FIRMADO CON LAS
ORGANIZACIONES SINDICALES EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA? (Número de
expediente 180/000229)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida también al señor ministro, de don
Juan José Matarí Sáez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor MATARÍ SÁEZ: Señor ministro, la pasada semana firmó usted con
CSIF, con CC.OO. y con UGT un gran acuerdo para mejorar la función
pública en España. Este acuerdo, junto con los Presupuestos Generales del
Estado que presentó usted ayer y el decreto-ley aprobado el pasado
viernes, permitirá la mayor oferta de empleo público en nuestro país y
hará posible reducir de forma extraordinaria la temporalidad en el empleo
público, que sin duda es demasiado alta. Un acuerdo para reducir el
empleo temporal un 90 %, especialmente en sectores tan importantes como
la sanidad, la educación o los servicios sociales. Un acuerdo para
ampliar los sectores en los que la tasa de reposición será del cien por
cien. Y un acuerdo para aprobar una oferta de empleo público de más de
67.000 plazas, por ejemplo 3.591 plazas para el Cuerpo Nacional de
Policía, la mayor oferta desde 2009, o 2.346 plazas para la Guardia
Civil, la oferta más elevada desde el año 2008.
Un acuerdo así, señor ministro, solo puede ser calificado, a nuestro
juicio, como un acuerdo histórico, el primero desde el año 2009. Es un
acuerdo que permite dos cosas muy importantes: primero, cumplir el
compromiso del Partido Popular de devolver a los empleados públicos gran
parte del esfuerzo solidario que han hecho en los años más duros de la
crisis, reconociéndoles así su aportación a la recuperación económica que
ha permitido la creación de 1.700.000 empleos en los últimos años en
España. Y, segundo, es un acuerdo que significa que los ciudadanos van a
recibir mejores servicios públicos, especialmente en sanidad, en
educación, en justicia, en servicios sociales, en transporte, en
seguridad, en emergencias...; servicios públicos todos ellos esenciales
que prestan hoy los ayuntamientos, las comunidades autónomas y también el
Gobierno de España.
Por todo eso, señor ministro, antes de formularle la pregunta solo me
resta una cosa que yo creo que también es importante: felicitarle a usted
y a todo su equipo por este gran acuerdo y trasladarle en nombre del
Grupo Parlamentario Popular nuestra más sincera enhorabuena. Y ahora le
pregunto: ¿Qué aspectos destaca el Gobierno, señor Montoro, del acuerdo
firmado con las organizaciones sindicales para mejorar la función pública
en España?
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Gracias, señor Matarí por el sentido y el contenido de su pregunta, porque
para lo que debe servir este acuerdo es, en primer lugar, para poner en
valor que venga del diálogo social la mejora de la condición de servicio
público, la mejora de la calidad del empleo público. A mí me gusta
subrayar que es el momento de la dignificación de los servicios públicos,
de los servidores públicos. Es el momento de devolver a los funcionarios
el gran esfuerzo que han hecho para salir de esta crisis con lo mejor de
su dedicación, de su empeño y de su compromiso, y es el momento de que
eso se haga también no solo como voluntad de un Gobierno, sino como
expresión de los representantes legítimos de los trabajadores, de los
sindicatos mayoritarios del empleo público en nuestro país: CC.OO., UGT y
CSIF.
Por lo tanto hemos de agradecer públicamente el significado y el contenido
de ese acuerdo en cuanto a que vengan estas decisiones de reducción de la
interinidad en el empleo público desde dicho ámbito. Tengo que recordar
que el último acuerdo de esta naturaleza que se produjo en España fue en
el año 2009 -en el año 2010 ocurrió precisamente con la función pública-,
y ahora es todo lo contrario. Estamos abriendo las posibilidades de que
con ese diálogo social, además de mejorar la condición del empleo
público, podamos también seguir avanzando para ir definiendo las
retribuciones que se incorporarán a los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2018. También en los otros contenidos en materia laboral para
que la función pública pueda ejercerse cada vez en mejores condiciones de
competencia y de profesionalidad. En ese terreno por lo tanto vamos a
seguir trabajando.
La consecución del acuerdo no es sino el primer paso que hemos abierto de
un camino de entendimiento entre las administraciones públicas, y yo
también quiero reiterar ahora la importancia de las comunidades autónomas
en este tipo de acuerdos para que puedan continuar y plasmarse en los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON JUAN ANTONIO DELGADO RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO
DEL INTERIOR: ¿CUÁNDO VA A CUMPLIR EL GOBIERNO EL COMPROMISO ELECTORAL DE
EQUIPARAR LOS SUELDOS DE POLICÍA Y GUARDIA CIVIL AL DE POLICÍAS
AUTONÓMICAS? (Número de expediente 180/000216).
La señora PRESIDENTA: Pregunta ahora dirigida al ministro del Interior.
Pregunta del diputado don Juan Antonio Delgado Ramos, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿cuándo va a cumplir el Gobierno su compromiso electoral
de equiparar los sueldos de policías y guardias civiles a los de los
policías autonómicos?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias, señora
presidenta.
El Gobierno de España está plenamente convencido de la excelente labor que
realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Esos 64.000
mujeres y hombres que forman parte de la Policía Nacional y esos más de
74.000 que desde la Guardia Civil también velan, sobre todo en las zonas
rurales, por la seguridad pública están realizando una magnífica labor;
de ahí que tengan el reconocimiento que tienen por parte de toda la
ciudadanía con carácter general. No hay un Gobierno que se quiera
implicar más en mejorar toda la dotación de medios personales y
materiales y también en mejorar las condiciones personales de trabajo de
todos estos colectivos que el Gobierno del Partido Popular que preside
Mariano Rajoy.
Lo primero que teníamos que hacer era incrementar las plazas, que era lo
que venían demandando tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil, y
en el pasado Consejo de Ministros se aprobó -ya que hacía mucho tiempo
que no se realizaba- una oferta pública de empleo de 5.179 plazas,
hombres y mujeres que van a poder ingresar en la Policía Nacional y en la
Guardia Civil. Cuando haya disponibilidades presupuestarias seguiremos
abordando ese equilibrio entre unas policías y otras que tiene
comprometido por firme convencimiento el Partido Popular. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Delgado.
El señor DELGADO RAMOS: Señor ministro, con carácter previo, la semana
pasada le noté cierta preocupación por las relaciones entre Pablo y yo.
No se preocupe, no sufra porque le garantizo que gozan de buena salud. No
sé si se podrá decir lo mismo respecto a su amigo, el director general de
Tráfico, después de que haya mentido, de que haya ocultado información
sobre su pretensión de tener un piso gratis, por la cara, en Madrid, a
costa de los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil.
Me centro en la pregunta. Señor ministro, en lo que se refiere a las
condiciones sociolaborales de los policías y guardias civiles ustedes
siempre tienen excusas. Reconocen la labor de los miembros de las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad del Estado llenándolos de elogios: que si la
patria, que si el honor, que si la satisfacción del deber cumplido, que
si son los mejores; eso sí, las medallas para las vírgenes y para los
santos, y también para el director de algún periódico cuyo antecesor hizo
comisario honorífico, pero cuando a ustedes les toca reconocer a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con hechos concretos, la cosa
cambia.
Señor ministro, cuando a ustedes, que dicen que España es la locomotora de
Europa, se les reclama que cumplan sus compromisos con los trabajadores y
trabajadoras, en este caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, ya la locomotora no corre tanto, ya se convierte en una
locomotora de carbón. Además, ustedes han tenido tiempo de sobra para
acabar con esa discriminación que sufren nuestros policías y nuestros
guardias civiles, y no lo han hecho. ¿Sabe qué ha pasado? ¿Sabe cuál es
el resultado? Simplemente que no solo no ha cumplido su compromiso de
subirles el sueldo, sino que hoy policías y guardias civiles cobran menos
que hace un año y además acumulan un 20 % de pérdida de su poder
adquisitivo. En el fondo, ustedes lo que quieren son policías baratos y
obedientes, y ya está bien; hay que dejar esos discursos vacíos y hay que
cumplir su compromiso, en este caso con policías y guardias civiles.
La pregunta es muy sencilla, sin rodeos -no me responda a lo que no le he
preguntado-, dígame para cuándo va a cumplir ese compromiso de equiparar
el sueldo de policías y guardias civiles con el de los policías
autonómicos. No me vengan con las plazas que ya se han convocado; eso no
lo he preguntado. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias,
presidenta.
Señor Delgado, con la demagogia se va a pocos sitios. Gracias por
preocuparse por mi salud, que es buena. El otro día di las explicaciones
suficientes, aquí, y también las que remití al dirigente de su grupo,
señor Iglesias.
No obstante, los policías locales reciben los sueldos según el número de
habitantes que tienen sus municipios y por lo que acuerden fijarles
estos; las policías autonómicas por lo que fijan las comunidades
autónomas según el Gobierno que les corresponde, y las retribuciones
vienen fijadas por ley, por el Real Decreto 950/2005. Y le voy a decir
otra cosa: en el momento en que haya disposiciones presupuestarias, verán
cumplido ese compromiso. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON FERRAN BEL ACCENSI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE
FORMULA AL MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS PROMESAS
DE MILLONES DE EUROS A INVERTIR EN CATALUÑA, INCUMPLIDAS EN LAS ÚLTIMAS
LEGISLATURAS Y LA REPETICIÓN DE LAS MISMAS PROMESAS REALIZADA AHORA POR
EL PRESIDENTE RAJOY? (Número de expediente 180/000219).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida ahora al señor ministro de
Fomento. Pregunta del diputado don Ferran Bel Accensi, del Grupo
Parlamentario Mixto.
El señor BEL ACCENSI: Buenos días, señor ministro. Nuestro grupo le
formuló esta pregunta ante la visita del presidente Rajoy a Barcelona la
semana pasada y la correspondiente promesa de lluvia de millones en
inversiones en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Esta
visita y esta promesa han quedado debidamente desmentidas con la
presentación de los Presupuestos Generales del Estado ayer. Estos
presupuestos prevén 30 millones menos de inversión que en 2016 y
presentan la tercera cifra más baja de inversiones en Cataluña a lo largo
del siglo XXI. No obstante, mantenemos, aunque le parezca un tanto
desfasada, la pregunta, señor ministro: ¿cuál es la diferencia entre las
promesas de millones de euros a invertir en Cataluña incumplidas en las
últimas legislaturas y la repetición de las mismas promesas realizadas
ahora por el presidente Rajoy?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Gracias, señor Bel.
La construcción de la alta velocidad en Cataluña o la finalización de 165
kilómetros de autovías no son promesas incumplidas sino realidades
tangibles. En cualquier caso, hace unos días, efectivamente, el
presidente del Gobierno estuvo en Barcelona e hizo un anuncio de una
inversión para los próximos cuatro años de 4.200 millones de euros. Es un
compromiso realista y evaluable, y para comenzar a hacerlo efectivo los
Presupuestos Generales del Estado contemplan una partida de 1.305
millones de euros. Haga
usted la cuenta, que es muy sencilla de hacer, y verá que estos
presupuestos cumplen con ese compromiso de nuestro presidente.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Insisto, señor ministro. Dice: compromiso realista y
evaluable; evaluemos, señor ministro. Tres ejemplos: acceso ferroviario
al aeropuerto de Barcelona, presupuestos de 2016: 86 millones de euros;
ejecutado, 47 millones de euros. Presupuestos de 2017: 120 millones de
euros, señor ministro; 39 de estos 120 millones de euros ya estaban
presupuestados el año pasado. Tramo ferroviario Vandellòs-Tarragona,
presupuestos 2016: 124 millones de euros; ejecutado, 35 millones de
euros. Año 2017: 75 millones de euros; estos 75 millones de euros, señor
ministro, ya estaban presupuestados el año pasado. Acceso ferroviario al
puerto de Barcelona, presupuestos 2016: 7,5 millones; ejecutado, cero
euros; presupuesto 2017: 4 millones de euros; estos 4 millones de euros
ya estaban presupuestados en 2016. Y así tenemos más ejemplos señor
ministro: la conexión de la A-2 a la AP-7, un retraso de tres años
adicionales; la A-27 Valls-Montblanc, un retraso de un año adicional; A-2
entre Maçanet y Sils, trece años para acabar 4,7 kilómetros. Señor
ministro, ¿realmente cree usted que le queda algún tipo de credibilidad,
en relación con las infraestructuras, al Estado español en Cataluña?
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (De la Serna Hernáiz): Gracias, señora
presidenta.
Señor Bel, Cataluña es la segunda comunidad autónoma en esfuerzo
presupuestario del grupo Fomento y la primera en volumen de inversión. Si
se considera el presupuesto del año 2016 descontando la no
disponibilidad, este se incrementa en un 7,13 %, y son presupuestos
realistas para realizar obras en puertos, aeropuertos y algunas de las
que usted ha citado, pero el tramo Tarragona-Vandellòs no solo es una
realidad sino que vamos a acabar las obras en la primavera, en el primer
trimestre del año 2018. De la misma forma que también la conexión
ferroviaria con el aeropuerto es una realidad que acabamos de visitar
recientemente. Y hay un fuerte compromiso para acabar no solo el corredor
mediterráneo sino también el ambicioso plan de Rodalíes.
La mejor forma de evaluar el cumplimiento de los compromisos es dar la
cara, explicarlo, actuar con transparencia y tratar de compartir la
evolución de esos compromisos con las administraciones y con la sociedad
civil. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que vamos a hacer. Por
ponerle solo algunos ejemplos: mañana mismo tengo previsto realizar una
intervención en una jornada sobre inversiones con el consejero de la
Generalitat de Catalunya, mañana mismo tendré una reunión con la
alcaldesa de Barcelona para hablar de las inversiones en Barcelona y
entre otras cosas de La Sagrera, el lunes participaré en un acto de la
Generalitat aquí en Madrid para intervenir sobre la evolución del
corredor mediterráneo y, a lo largo del mes, trataremos de entregar el
Plan de vivienda a la Generalitat y los términos concretos del Plan de
rodalies para acordar los compromisos. La mejor garantía de cumplimiento
reside, por tanto, en la voluntad de explicar con transparencia su avance
con la Generalitat y con la sociedad catalana.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ ANDRÉS TORRES MORA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA:
¿QUÉ RAZONES TIENE EL GOBIERNO PARA EXCLUIR AL CINE DE LA REBAJA DEL IVA
CULTURAL? (Número de expediente 180/000226).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Educación,
Cultura y Deporte. Pregunta del diputado don José Andrés Torres Mora, del
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor TORRES MORA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, esta pregunta iba dirigida al voraz Montoro, / pero
resulta que alguien le ha hecho a usted el encargo / de contestarme por
él, y de ese modo, asumir la carga sin el cargo, / de explicarnos por
qué Hacienda grava al cine sin decoro. / Cinco años hace que tronó el
ministro del Tesoro, / sin que nadie nos explique las razones del embargo
/ que llevaron a imponerle al cine un IVA que, de largo, / a la cabeza de
Europa pone a la Piel de Toro. / El Gobierno nos informa de que en estos
presupuestos / el IVA de los toros y del teatro enmienda, / pero que en
el cine mantendrán altos los impuestos. / Y por más que se empecine, no
hay quien entienda / cuáles son las razones y los justos argumentos, /
que justifican la ojeriza contra el cine, del de Hacienda.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y
Montojo): Gracias, señora presidenta.
Como diría la ministra de Empleo, tiene usted mucho arte, señor Torres
Mora, y por eso me ha tocado a mí contestarle, pero la verdad es que no
tengo esa capacidad que ha tenido usted para decirlo en verso. Le
hablaré, me temo, en prosa. ¿A qué se debe la subida del IVA en el año
2011-2012? A que nos encontramos con un déficit de 90.000 millones de
euros y tuvimos que reducirlo. Lo redujimos a 46.000 millones en el
presupuesto del año pasado y 15.000 más en este. Hemos reducido los
impuestos a todos los españoles en el IRPF y en el impuesto de sociedades
12.000 millones de euros, y eso nos va a permitir una buena política
presupuestaria y una buena política de reformas y que este año baje el
IVA para los espectáculos en vivo. Por tanto, si seguimos así, ¿sabe lo
que haremos para los próximos presupuestos? Bajaremos también el IVA al
cine. No tengo la inspiración que tiene usted, pero sí me acuerdo de la
letra de una canción de Aute que decía: "Cine, cine, cine / más cine, por
favor / que todo en la vida es la cine / y los sueños, / cine son".
(Risas y aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Torres Mora, antes de darle el tiempo, no
alargue la estrofa.
Muchas gracias, adelante.
El señor TORRES MORA: Gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, digo señor Méndez de Vigo, en lugar de prosa le hablaré de
números. Con la subida del IVA del cine al 21 % el señor Montoro
consiguió efectivamente duplicar la recaudación de Hacienda. El problema
es que hasta ahí funciona la cuenta de la vieja -o del viejo-, pero si
uno abre el ángulo y abre el foco descubre que el efecto de esa subida de
13 puntos del IVA, de más del doble, ha tenido una repercusión sobre la
actividad económica del cine, es decir, ha perjudicado la actividad
económica. La consecuencia de un IVA tan alto es que se han cerrado 394
salas en estos cuatro años y, las salas cerradas, no recaudan y como no
recaudan tampoco pagan impuestos. Las salas cerradas además no atraen a
esas personas que van al cine y luego van a tomar cañas o al restaurante
y, de esa forma, tiene un efecto indirecto sobre la economía en el
entorno de la sala cerrada. De modo que no siendo el señor Montoro el
único que ha leído lo de curva de Laffer -hay otra gente que lo ha
leído-, el sector sostiene en informes bastante sólidos que con la subida
de los impuestos se ha conseguido recaudar 380 millones de euros, pero se
han dejado de recaudar 402, lo cual es hacer un pan como unas tortas.
Muchas gracias, señor ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro, tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Méndez de Vigo y
Montojo): Gracias, señora presidenta.
Señor Torres Mora, siento decirle que se maneja usted mejor con la poesía
que con el cálculo, porque no hay quien se crea que por 60 céntimos -que
es la diferencia- hayan cerrado trescientas salas, que ha dicho usted.
Este ministerio ha hecho mucho a favor del cine en los últimos tiempos. El
sistema de incentivos fiscales para el sector cinematográfico y
audiovisual, a través de una deducción financiera que multiplica por
cuatro la inversión en el sector, ha hecho que haya muchas más películas
que se rueden en España. La Ley del Cine, del año 2015, permite también
sustituir el sistema de amortizaciones por un sistema de subvenciones que
se cobran mucho antes de que la película sea exhibida. En el Plan cultura
2020, que acabamos de presentar ante esta Cámara, las medidas de apoyo al
cine se extienden prácticamente en todos los ámbitos fiscales,
financieros; el nuevo sello 'Es cine español', es una plataforma de
nuevos
cineastas, medidas de promoción exterior de nuestro cine, y el
reforzamiento de la Filmoteca Nacional y la creación del museo del cine;
y en estos Presupuestos Generales del Estado aumentan casi el 14 % las
ayudas al cine, una buena razón para apoyarlos, señor Torres Mora. Verá
usted que trabajamos por el cine, pues el cine nos hace soñar a todos,
nos gusta a todos y estoy seguro de que en el futuro seremos capaces...
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- PREGUNTA DEL DIPUTADO DON RAFAEL SIMANCAS SIMANCAS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EMPLEO Y
SEGURIDAD SOCIAL: ¿QUÉ RESPUESTA DARÁ EL GOBIERNO A LA PREOCUPACIÓN
EXPRESADA EN LA CONFERENCIA DESARROLLADA POR LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL TRABAJO EL 28 DE MARZO EN MADRID A CAUSA DEL DETERIORO
DE LA CALIDAD EN EL EMPLEO EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000227).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Empleo y
Seguridad Social. Pregunta del diputado don Rafael Simancas Simancas, del
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, mi grupo le pregunta, y millones de españoles quisieran
saber, si es usted consciente del problema gravísimo que tenemos en este
país con la pobreza laboral creciente y, lo que es más importante, si
además de ser consciente está usted dispuesta a corregir sus políticas de
empleo para hacerle frente, porque, señora ministra, hace usted
generalmente una mirada selectiva sobre las estadísticas de empleo. Debe
ser su particular contribución a la era de la posverdad y los hechos
alternativos. Usted mira las estadísticas en aquellos datos positivos
pero parciales que favorecen su discurso. Sin embargo, hay otros datos y
aquellos datos que usted no mira, señora ministra, nos hablan de una
pobreza laboral creciente en España. Son datos que existen y reflejan el
sufrimiento de muchos trabajadores en este país.
Señora ministra, ayer conocimos los datos de contratación correspondientes
al mes de marzo: hay 100.000 contratos indefinidos a tiempo completo, de
1.700.000. Muy pocos, señora ministra. Más de la cuarta parte de los
contratos firmados en marzo tuvieron una duración inferior a una semana,
más de un tercio, una duración inferior a un mes. Los datos nos hablan
además de falsos contratos a tiempo parcial, de falsos contratos de
formación y aprendizaje, de falsos autónomos, de falsos becarios. Desde
que ustedes llegaron al Gobierno las rentas salariales han perdido 2
puntos de PIB, es decir, los trabajadores españoles son, desde que
ustedes llegaron al Gobierno, 25.000 millones de euros más pobres. Y ya
no hay foro ni informe internacional que no alerte de la precariedad
laboral en este país, precariedad laboral creciente. Las intervenciones
en la última conferencia de la OIT en Madrid, los informes de la Comisión
Europea, los informes de la OCDE, nos hablan todos de una contratación
temporal abusiva, que genera caída en la productividad y riesgos de
pobreza. Hasta el señor De Guindos, su compañero de gabinete, nos habla
de que hay que normalizar los salarios en este país y, si hay que
normalizarlos, será porque no son normales.
Señora ministra, le pedimos por favor que deje usted de frotarse las manos
con las estadísticas de la media verdad y atienda usted la verdad entera
de la precariedad laboral creciente en este país, por ejemplo, comenzando
con derogar la reforma laboral causante en buena medida de esa
precariedad laboral.
Muchas gracias, señora ministra. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señor Simancas, la Organización Internacional del Trabajo dice que el
incremento de la desigualdad y la precariedad en España durante la crisis
tiene que ver, en un 80 %, con la destrucción de empleo en nuestro país.
Los datos de Eurostat, que es una agencia extranjera, no española ni del
Gobierno, dicen que el incremento de la desigualdad en España es de 2,7
durante la crisis y que solo 0,6 puntos ha subido después del año 2011.
Por tanto, la principal herramienta que tenemos en España contra la
desigualdad y la pobreza es crear empleo. Se lo he dicho muchas veces a
usted y a otros compañeros de bancada: la
calidad del empleo en España, señoría, empieza por un empleo. Eso es lo
que ha cambiado en España, que estamos hablando de empleo y ya no estamos
hablando de paro porque no gobiernan los socialistas, señor Simancas, esa
es la realidad. Fíjese, el mérito es de la sociedad española. Nosotros
podemos hacer reformas, que le gusten a usted o no, pero son instrumentos
al servicio de los ciudadanos y son los trabajadores, las empresas y las
familias los que, con sus decisiones particulares, crean riqueza y empleo
en este país. Los empleos no los crea este Gobierno ni ningún Gobierno,
señoría. Sin embargo, algo ha cambiado en este país. Desde la
recuperación ya hay 1.700.000 personas con oportunidades que no tenían
cuando ustedes gobernaban. Hemos recuperado la mitad del empleo destruido
durante la crisis. Se podrá decir lo que se quiera, pero le he leído
cifras publicadas en las estadísticas. Claro que quedan cosas por hacer
pero, fíjese, hemos recuperado el 65 % del empleo indefinido que se
destruyó y el 38 % del temporal, luego es mejor el empleo que está
llegando que el que se fue. El 95 % del empleo recuperado es a tiempo
completo, por tanto, ha mejorado la parcialidad. Me ha hablado usted de
los salarios y los salarios son responsabilidad de la negociación
colectiva, pero también le digo que la responsabilidad de los
interlocutores sociales ha hecho que en los últimos tres años se crearan
500.000 empleos en España y que los trabajadores ganaran poder
adquisitivo. Poca subida de salario, pero la suficiente para seguir
creando empleo y oportunidades porque lo primero es contar con todos para
la recuperación de este país.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON MANUEL MONEREO PÉREZ EN SUSTITUCIÓN DEL DIPUTADO DON
PABLO MANUEL IGLESIAS TURRIÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE
UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE
DEL GOBIERNO: ¿QUÉ TIENE PREVISTO HACER EL GOBIERNO EN LOS PRÓXIMOS
PRESUPUESTOS EN MATERIA DE PENSIONES? (Número de expediente 180/000218).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Pablo Manuel Iglesias
Turrión, del Grupo Parlamentario... (El señor Iglesias Turrión realiza
gestos negativos.-Pausa).
Perdón, no se había comunicado a la Presidencia que el diputado que va a
formular la pregunta es don Manuel Monereo Pérez, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Adelante, señoría.
El señor MONEREO PÉREZ: Señora ministra, ¿qué previsiones tiene su
Gobierno sobre las pensiones en estos Presupuestos Generales del Estado?
La señora PRESIDENTA: Perdón, señoría, no he contado su tiempo pero han
sido unos escasos segundos.
Muchas gracias.
Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señor diputado, los presupuestos que ha presentado este Gobierno son los
presupuestos para el empleo, con la creación en este año de más 500.000
nuevos empleos en España. Son los presupuestos más sociales de la
democracia porque 7 de cada 10 euros se van a dedicar a política social.
Respecto a eso, me quiero fijar en dos iniciativas muy importantes que
contienen los presupuestos. La primera es la subida del Iprem un 1 %, que
es la primera vez que sube de manera tan fuerte desde el año 2010 en
nuestro país, lo cual va a ayudar mucho a las prestaciones y subsidios en
nuestro país a incrementar la renta de muchos ciudadanos y a mejorar el
acceso a nuestro sistema de pensiones con la prueba de renta. En el
ámbito de las pensiones, el incremento de las pensiones llegará este año
a más de 142.000 millones de euros, lo que supone el 39 % de la cifra
total.
Señoría, para terminar, estamos iniciando una recuperación en España, con
creación de empleo y también una recuperación muy social, porque estamos
pagando más pensiones que nunca, a más pensionistas que nunca y también
más altas que nunca. Por primera vez en nuestro país la pensión media de
jubilación supera los 1.000 euros, por tanto, presupuestos muy sociales y
contando con todos.
El señor MONEREO PÉREZ: Hace unos días se presentó un libro muy
interesante de Joaquín Estefanía que se titula Abuelo, ¿cómo habéis
consentido esto? Es de esos libros redondos, con un título redondo, que
explica los dilemas de nuestra sociedad en un momento histórico como el
que vivimos. Abuelo, ¿cómo habéis consentido esto? Me siento hasta
interpelado. Llevamos veinticinco años discutiendo de pensiones,
veinticinco años; mejor dicho, discutiendo de su inviabilidad, de su
carácter inviable, de su ruina previsible. En definitiva, se dedican
recursos que no sirven para demasiado pero, sobre todo, para prestaciones
excesivamente generosas. Estamos en eso, seguimos en ese debate, siempre
ese mismo debate, de informe en informe y siempre en el horizonte tenemos
por delante la afición de nuestro capital financiero por intentar
controlar un sector que le haría enormemente predominante.
¿Qué sabemos ahora de las pensiones a partir de este presupuesto? La
primera cosa que sabemos es que van a perder capacidad adquisitiva, 6
puntos a final de este año. Eso ya lo sabemos también. Segunda cuestión
fundamental que sabemos, y no es pequeña cosa, se va a seguir esquilmando
el Fondo de reserva de la Seguridad Social y, la tercera cuestión, que yo
considero enormemente importante, una enorme inseguridad jurídica de los
trabajadores hoy en activo y de los que pretenden seguir y serlo, porque
no sabrán qué pensión tendrán en el futuro. Se vive en una situación
donde se deteriora la confianza en el sistema de pensiones y lo que se
pretende es que la gente busque otra salida. Desde ese punto de vista, la
situación es esta: al final nos encontramos con el efecto Mateo, pero
Mateo el Evangelista, es decir, en un mundo donde los ricos son cada vez
más ricos y los pobres cada vez más pobres. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL (Báñez García): Muchas
gracias, señora presidenta.
Decía usted que algunos en nuestro país son agoreros cuando hablan de las
pensiones en España. Le voy a contar una pequeña anécdota. En el año
1995, cuando se firmaba el Pacto de Toledo entre los grandes partidos de
este país en esta Cámara, algunos decían que ese pacto era para nada
porque en cinco años el sistema de pensiones llegaría a la quiebra, y
estamos aquí, señoría. La segunda buena noticia que le voy a dar es que
usted hoy es representante de muchos españoles y tiene posibilidad en
esta Cámara de presentar propuestas y construir. El problema de las
pensiones, el 70 % del problema del déficit hoy, es la pérdida de empleo.
Estamos trabajando para eso y estamos recuperando el empleo perdido por
la crisis. En segundo lugar, estamos en el Pacto de Toledo buscando el
consenso con todos para seguir haciendo de nuestro sistema de Seguridad
Social la tranquilidad diaria de pensionistas de hoy y también de mañana.
Ahí le espero, señoría. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MELISA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA,
ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO QUE ESPAÑA NECESITA
UN NUEVO PLAN NACIONAL CONTRA LA CONTAMINACIÓN QUE ACTÚE DE MANERA
ESPECÍFICA SOBRE LAS EMISIONES DEL TRANSPORTE? (Número de expediente
180/000221).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas ahora a la señora ministra de
Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
Pregunta de la diputada doña Melisa Rodríguez Hernández, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidenta, ministra,
¿considera el Gobierno que España necesita un nuevo plan nacional contra
la contaminación? ¿Considera el Gobierno que España necesita un plan
específico para la contaminación por el transporte? ¿Qué es lo que está
haciendo el Gobierno en esta materia? ¿Hay algo que estén haciendo hoy,
directamente?
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE (García
Tejerina): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, la calidad del aire es fundamental para la salud de las personas
y para la protección del medio ambiente. La mejora de su calidad
constituye una prioridad para la política medioambiental del Gobierno.
Así, aprobamos el Plan nacional de calidad del aire y protección de la
atmósfera, el Plan Aire para el periodo 2013-2016 para actuar sobre las
fuentes de emisión de contaminantes, entre ellas el transporte, y apoyar
a las comunidades autónomas y ayuntamientos que son competentes en la
materia. Actualmente, el ministerio trabaja en la evaluación de los
resultados y en la preparación del segundo Plan Aire que reforzará las
actuaciones ya impulsadas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): El informe de la Organización
Mundial de la Salud, publicado en 2016, dice que en 2012 en España han
sido atribuibles a la contaminación 6.861 muertes. La polución ha
ocasionado en España en ese año 15 muertes por cada 100.000 habitantes.
La Agencia Europea de Medio Ambiente nos dice que hay dieciocho
estaciones de medición de dióxido de nitrógeno que superan los límites
legales actuales en España. Estas se concentran en Madrid, Barcelona,
Valencia, Granada, Tarrasa y Mollet del Vallès.
El punto 19 del acuerdo de Ciudadanos y el Partido Popular habla de plan
de transición energética, de ley de cambio climático y de objetivos
realistas como impulsar la movilidad con vehículos alternativos, como
puede ser el eléctrico. En definitiva, hablamos de trabajar por y para
los ciudadanos.
He revisado en el Diario de Sesiones su comparecencia en la Comisión de
Cambio Climático y solo he encontrado palabras como: impulsar,
elaboraremos, trabajaremos, pero nada tangible, nada que estemos haciendo
hoy. Es necesario elaborar esa estrategia para la descarbonización con el
objetivo 2050, pero, ¿cuál es?, ¿está hecha?, ¿cuándo se va a hacer?
Hemos estado en París y en Marrakech, y nos parece perfecto, pero ¿cuál
es la ruta que ha marcado España y cuáles son los objetivos reales?, ¿qué
se está haciendo para alcanzarlos? El 15 de febrero de 2017, Bruselas dio
un ultimátum a España para que se mejore la calidad del aire. España no
ha hecho lo suficiente, así lo dijo Bruselas cuando el pasado miércoles
dio una última advertencia. Tenemos dos meses para que se cumpla con los
objetivos, de no ser así, Bruselas podrá dirigirse al Tribunal de
Justicia Europeo. Madrid por séptimo año consecutivo no cumple con los
límites legales. La Comisión Europea mantiene abierto un expediente de
infracción con una posterior multa que podría llegar. Será
responsabilidad de esta Cámara cuando lleguen a última hora para
presentar algo sin consenso y que votemos porque, si no, será
responsabilidad de todos que nos multen. Creo que hay que ser
responsables y empezar a trabajar ahora. Su propio ministerio reconoce
que es necesario un plan nacional que trabaje no solo por los ciudadanos,
sino para evitar que haya políticas locales de improvisación que en lugar
de trabajar por el clima acaben creando el caos en ciudades como Madrid.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
(García Tejerina): Muchas gracias, señora presidenta.
Me habla usted de clima, me habla de París, me habla de Marrakech, me
habla de cambio climático, y yo quisiera aclarar que las emisiones de
contaminación atmosférica, las emisiones de techos son de gases
diferentes a aquellos de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Me centraré en la calidad del aire, cuya competencia de gestión y control
corresponde a las comunidades autónomas, a los ayuntamientos. El Estado
dicta la normativa básica, coordina y apoya la planificación general.
Desde el Gobierno ya nos hemos dirigido a aquellas administraciones
responsables que están fuera de los cumplimientos obligados. Damos enorme
importancia a la mejora de la calidad del aire y, hemos puesto en marcha,
iniciativas complementarias a las de las administraciones autonómicas y
locales con un fuerte compromiso presupuestario, entre ellas, el Plan
Aire para el periodo 2013-2016. También hemos elaborado con enorme
consenso de los agentes implicados setenta y ocho medidas
desarrolladas en ámbitos como el transporte, al que se refiere, que
concentra veinticuatro. Se introdujo el etiquetado de vehículos, que va a
permitir a las entidades locales incentivar el uso de vehículos más
limpios. Hemos destinado más de 172 millones de euros a iniciativas de
mejora de calidad del aire y hemos elaborado programas de Impulso al
Medio Ambiente como el PIMA Aire, que han permitido renovar más de 40.000
vehículos. Además tenemos los Proyectos Clima, que son más de doscientos.
Hemos puesto en marcha ocho ediciones del Plan de incentivos al vehículo
eficiente, con más de 1.100 millones de euros. Se ha promovido el uso del
vehículo eléctrico que usted propone en el Plan Movele, apoyando la
compra de más de seis mil quinientos vehículos. Todas estas actuaciones
son importantísimas en materia de reducción de la contaminación y van a
tener un nuevo impulso en esta legislatura. En primer lugar, como ya le
he anunciado, con un segundo Plan Aire para el periodo 2017-2019, con
medidas de concienciación y otras dirigidas también a sectores concretos
entre ellos el transporte. Se trabajará en el fomento del transporte
ferroviario con origen y destino en puertos y en nuevas medidas de apoyo
para vehículos de energías alternativas. Se continuará asimismo con las
acciones como PIMA Residuos, con proyectos Clima, con el Plan Movea...
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA ORAMAS GONZÁLEZ-MORO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA Y
PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿TIENE PREVISTO SU DEPARTAMENTO
AUTORIZAR LA SALIDA DE PAPA CANARIA A LA PENÍNSULA, UNA VEZ RECONOCIDA
POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
EN EL REAL DECRETO 197/2017 LA EFICACIA DEL PROTOCOLO ELABORADO POR LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA POLILLA
GUATEMALTECA? (Número de expediente 180/000175).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida igualmente a la señora ministra de
Agricultura, Pesca, alimentación y Medio Ambiente, de la diputada doña
Ana María Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, la polilla de la papa en particular, y las plagas en
general, son asuntos de los que sabemos mucho en Canarias. Los paperos de
las islas llevan sufriendo la plaga de la polilla de la papa desde
principios de siglo, casi dos décadas en las que hemos luchado con ellos
en la búsqueda de un remedio para que nuestro mayor tesoro, las papas
antiguas, puedan volverse a exportar. Lo ocurrido con la polilla de la
papa en Canarias es un claro ejemplo de por qué no se puede derogar la
orden de 1987, en la que se protege a las islas de la entrada de ciertos
productos con enfermedades que no se dan en el Archipiélago. Es un claro
ejemplo de por qué los puestos de inspección fronteriza del Archipiélago
deben tener la dotación necesaria para evitar la entrada fraudulenta de
esos productos que tanto daño hacen a nuestros agricultores. Ese miedo a
que la entrada de cualquier plaga arruine nuestro campo nos ha hecho
estar a la vanguardia en investigación y, por ejemplo, encontrar un
protocolo de desinfección de la papa con polilla guatemalteca para que
pueda ser exportada.
Desgraciadamente hoy son Galicia y Asturias las que sufren este mal, y por
eso quiero mostrarles nuestra solidaridad y nuestra ayuda como ya ha
hecho el ministerio, que ha reconocido la eficacia del tratamiento
desarrollado en Canarias en el decreto de medidas contra la polilla de la
papa para estas dos comunidades. Gracias a este protocolo desarrollado
con presupuestos propios por el Gobierno de Canarias en colaboración con
el cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna, asturianos y
gallegos podrán mover sus papas de puntos afectados a puntos no
afectados.
Señora ministra, soy consciente de que la Unión Europea tiene que dar el
visto bueno final para que este protocolo pueda ser usado en Canarias y
así exportar uno de nuestros mayores tesoros o al menos traer nuestras
papas hasta la Península. Por eso, le pido que inste a las autoridades
europeas a acelerar la aprobación de ese protocolo. El próximo mes de
junio se instalará la primera cámara comprada por el cabildo de Tenerife
para dar el tratamiento a las papas de Canarias. Esperamos que en ese
tiempo pueda ser autorizado, de forma definitiva, por la Unión Europea y
todos, canarios, gallegos y asturianos, podamos beneficiarnos de esa
investigación. Y le pedimos también que el INIA cofinancie estas
investigaciones que
no solo afectan a Canarias, sino a varias comunidades, y que le dé
prioridad a estas investigaciones en Canarias.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
(García Tejerina): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, la normativa comunitaria establece un régimen fitosanitario de
especial protección para las islas Canarias, algo que ha sido una
solicitud permanente de los diferentes Gobiernos de Canarias, lo que en
la práctica y, desde un punto de vista fitosanitario, otorga a Canarias
el estatuto de país tercero. En esta situación el Gobierno español no es
competente para fijar las condiciones en las que los productos agrícolas
canarios pueden introducirse en el resto del territorio español. Esta
competencia recae en la Unión Europea. En el resto de España el Real
Decreto 197/2017, por el que se establece el programa nacional de control
y erradicación de la polilla guatemalteca, tiene como objetivo evitar su
dispersión y plantea su erradicación, cuestiones ambas que no pueden
plantearse en las islas Canarias. Por tanto, no se trata de una norma
para establecer condiciones de movimientos, sino para controlar y
erradicar en su caso esta plaga que tiene una consideración de plaga
cuarentenaria para la Unión Europea. En consecuencia, queda prohibida la
introducción de patata de zonas y países afectados por dicha plaga.
En las islas Canarias se detectó su presencia en el año 1999 y desde
entonces se ha extendido a la mayor parte de su territorio. La autoridad
competente, el Gobierno de Canarias en este caso, ha optado por un
régimen de contención. Desde ese momento y de acuerdo con la legislación
comunitaria, quedó prohibida la introducción de patata canaria en la
Unión Europea, incluido el resto del territorio español. Como he dicho,
Canarias ha tenido siempre un estatutos fitosanitario especial, así lo
hemos trasladado en las negociaciones del nuevo Reglamento de Sanidad
Vegetal de la Unión Europea, que entrará en vigor en diciembre de 2019.
Dicha situación permite establecer unas condiciones más estrictas a la
entrada de productos agrícolas, lo que otorga a la agricultura canaria
una mayor protección frente a la entrada de plagas y enfermedades. En
contrapartida las condiciones de acceso a la Unión Europea se fijan a
nivel comunitario, no nacional, pues no tiene el Gobierno de la nación
competencias para ello. En este marco corresponde a la Comisión Europea
hacer las propuestas oportunas, lo que conoce perfectamente el Gobierno
canario, que envió al ministerio una propuesta de protocolo para la
eliminación de la polilla guatemalteca para que pueda ser remitida a la
Comisión para su aprobación. Así lo hicimos y, en estos momentos, estamos
esperando concluir las negociaciones. No dude, señoría, de que hacemos
todo lo que está en nuestras manos para que este protocolo sea aprobado
en la Unión Europea y así la patata canaria pueda volver a exportarse al
territorio de la Unión. Prueba del apoyo del ministerio al protocolo
expuesto por Canarias es que ha sido incluido como medida de mitigación
en el ya mencionado real decreto que se refiere al territorio peninsular,
sobre el que sí tenemos plena competencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: ¿Señora Oramas? (Denegación).
Muchas gracias.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO
RESPECTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN INMEDIATA DE LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y LA REVISIÓN DEL MODELO ENERGÉTICO. (Número de
expediente 172/000033).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a tratar las interpelaciones
dirigidas al Gobierno.
En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre la política del Gobierno respecto de la adopción de medidas para la
reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del
modelo energético.
Para su defensa, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la
palabra la señora Lucio Carrasco. (El señor vicepresidente, Prendes
Prendes, ocupa la Presidencia).
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señora presidenta.
Buenos días. Señora ministra, comenzaré mi intervención invocando el
artículo 45 de la Constitución, que no por más repetido en esta tribuna
se hace menos necesario. Dicho artículo dice que todos tenemos derecho a
disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona,
así como el deber de conservarlo. En los últimos años la contaminación se
ha convertido en una de las mayores amenazas para la salud y para el
medio ambiente, por eso, desde el Grupo Socialista interpelamos al
Gobierno para conocer cuál es la política general en materia de reducción
de contaminación.
Comenzaré mi intervención hablando de las graves consecuencias que la
contaminación tiene para la salud y para la calidad de vida, porque, por
mucho que se repita, no parece que el Gobierno actual dimensione
suficientemente la gravedad de este asunto y actúe en consecuencia.
Empezaré con algunos titulares de periódicos basados en distintos
informes que hemos conocido recientemente, como el de la Agencia Europea
del Medio Ambiente y el de la Organización Mundial de la Salud o la
estadística del INE sobre defunciones. Señora ministra, la Organización
Mundial de la Salud revela que la polución daña la salud más de lo que se
creía. Una noticia dice que la contaminación por partículas ha matado a
26.830 personas en España en una década. Y otra dice: España se asfixia;
las muertes por enfermedades respiratorias aumentan un 18 %. Estos son
solo algunos ejemplos de la alarma social fundamentada en la
contaminación que estamos soportando. Estos titulares están dando cuenta
de una realidad, y es que no se está haciendo lo suficiente para reducir
los niveles de contaminación atmosférica. Según la Agencia Europea -ya lo
hemos visto-, se producen 29.980 muertes prematuras al año por esta
causa. Solo en la ciudad de Barcelona, según cifran técnicos municipales,
alrededor de 3.500 personas habrían perdido la vida por la mala calidad
del aire. La Organización Mundial de la Salud advierte del notable
incremento de las enfermedades cardiorrespiratorias, accidentes
cerebrovasculares, neumonía, cáncer, asma, alergias, impotencia, y admite
que los efectos de la contaminación son mucho más graves de lo que se
creía hace apenas ocho años. También acaba de hacer público un informe en
el que recomienda endurecer la legislación anticontaminación. Muy al
contrario, España se encuentra entre los países que están incumpliendo la
Directiva 2008/50, relativa a la calidad del aire ambiente, que establece
los valores límite para los contaminantes atmosféricos, en particular
para el dióxido de nitrógeno. La Comisión dirigió una advertencia a
España, entre otros países, por la violación constante de los niveles de
contaminación atmosférica. Señora ministra, ¿cuántas veces el Gobierno de
España ha hecho caso omiso de esta advertencia para que tengan que darnos
un ultimátum? Le agradecería su respuesta. La Comisión Europea nos ha
dado dos meses para que tomemos medidas que reduzcan los niveles de
dióxido de nitrógeno. Ya ha pasado más de un mes y medio y aún no
conocemos las medidas que ha adoptado o que va a adoptar el Gobierno en
relación con esta materia. Le quedan menos de quince días para actuar y
enviar a la Comisión sus medidas antes de que el Tribunal de Justicia
Europeo intervenga y actúe contra nosotros. Esperemos que la respuesta a
este ultimátum no sea una nueva petición de prórroga para incumplir la
normativa y seguir poniendo en riesgo la salud de los españoles. Le
agradecería que aprovechase esta interpelación para explicar los planes
que tiene el Gobierno para abordar este problema de salud pública. Dado
que el anterior Plan nacional de calidad del aire, que, como ha dicho
hace un momento, duró hasta el pasado año, parece que no ha funcionado a
tenor de los resultados, me gustaría que hiciese una evaluación de ese
plan y que nos informase de si existe un nuevo programa en marcha, de
cuáles serán las principales medidas y qué presupuesto ha contemplado
para abordarlas.
Señora ministra, los efectos sobre la salud y los toques de la Unión
Europea por los incumplimientos son solo las consecuencias de una actitud
negligente a la hora de valorar el origen de la contaminación atmosférica
y de diseñar políticas públicas eficaces e integrales para evitar su
impacto. Para diseñar unas políticas que consigan los objetivos
pretendidos hay que centrarse en las causas, ir a la raíz del problema.
Hay que ser radical para conseguir mejorar la calidad del aire. Según los
distintos estudios e informes consultados, el tráfico rodado y el modelo
de movilidad son los factores principales de las emisiones. El transporte
acumula el 23 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero
de todo el sector energético. Durante los últimos quince años ha sido uno
de los sectores de actividad que menos ha reducido sus emisiones. Solo lo
ha hecho en un 8 % mientras que durante el mismo periodo la industria,
por ejemplo, lo ha reducido en un 32 %. El transporte lleva un retraso
considerable respecto a la generación de electricidad, donde las
renovables -aunque demasiado lentamente y con trabas absurdas como el
impuesto al sol- van aumentando su porcentaje de producción con emisiones
cero, habiendo conseguido una reducción de un 31 % de sus emisiones. Sin
embargo, es precisamente el sector del transporte el que puede actuar
como palanca en la lucha contra la contaminación, dado que la evolución
tecnológica en el
diseño de vehículos eléctricos y de baterías de mayor capacidad es
imparable. También los vehículos propulsados a gas son óptimos para la
eliminación de partículas y servirían como tecnología de transición. Pero
para que esto sea posible hace falta una revolución dentro de su
Gobierno, una revolución posible solo con voluntad política.
Siguiendo con nuestro espíritu constructivo, le indicamos algunas de las
cuestiones que consideramos fundamentales. En primer lugar, hay que
incentivar la compra de vehículos eléctricos, pero incentivarla de
verdad. El Gobierno ha perdido una gran oportunidad de destinar a
vehículos híbridos, eléctricos o propulsados por GNL una parte de esos
890 millones de euros que se han invertido en los planes PIVE desde 2012,
mientras que la partida para el vehículo eléctrico no ha llegado a 40
millones desde 2009; es decir, 890 millones de euros frente a 40 millones
de euros desde 2009. Para cumplir con los objetivos que ha marcado la
Unión Europea debería haber en España entre 4,4 y 6 millones de vehículos
eléctricos en el año 2030, es decir, entre un 50 y un 60 % del parque
móvil. Si tenemos que en cuenta que en el año 2015 había 6.500 vehículos
eléctricos en España y que en 2016 se vendieron 4.750 -un 0,4 % de los
vehículos matriculados-, ¿a qué ritmo, señora ministra, vamos a trabajar
para conseguir los objetivos? El esfuerzo que debería hacer el Gobierno
es mucho mayor. Según el último estudio de Deloitte, habría que invertir
dieciséis veces más al año para conseguir su cumplimiento. Además del
vehículo eléctrico, hay que crear las infraestructuras de acompañamiento
y las infraestructuras de recarga necesarias. Para que sepamos claramente
en qué situación estamos, les pongo un ejemplo: España tiene 1.700 puntos
de recarga y Holanda tiene 18.000, más de diez veces más de los que tiene
España. Se estima que sería necesario contar con 80.000 en el año 2030.
Las electrolineras rápidas ni siquiera existen en España. Debería haber
un plan para el despliegue de infraestructuras de recarga de acceso
público, estableciendo objetivos de infraestructuras públicas según cada
nivel de la Administración en función de sus competencias.
Otra de las medidas imprescindibles es la promoción de la rehabilitación
energética en edificios, sobre todo en aquellos de rentas bajas y con
gran concentración de emisiones, y aprovechar el papel ejemplarizante de
la Administración pública para que compre vehículos eléctricos y para que
rehabilite edificios públicos para que sean más sostenibles y, por lo
tanto, menos costosos. Se necesita de forma urgente un plan de
rehabilitación y aislamiento que sea eficiente. Por otro lado, aún no se
ha hecho la trasposición efectiva de la Directiva relativa a la
Eficiencia Energética y siguen quedando fuera los contadores individuales
de calefacción, que ahorrarían hasta un 30 % del consumo y, por lo tanto,
de las emisiones. Señora ministra, habría que impulsar una fiscalidad
ambiental que grave a quienes lo hacen mal, a quienes emiten partículas y
CO2, y con esos fondos permitir incentivos a un nuevo modelo de
movilidad. La contaminación industrial es otro de los factores
determinantes para la calidad del aire, como lo es también la gestión de
los residuos industriales y municipales de manera ordenada y coordinada.
Por último, señora ministra, debo recordarle que el 35 % de las emisiones
de elementos contaminantes se realiza en los grandes centros urbanos, que
suponen el 5 % de la superficie y afectan al 60 % de la población. Pero
no solo afectan a quienes viven en las ciudades y en las áreas
metropolitanas, sino que tienen efectos directos en la agricultura como
consecuencia del ozono troposférico. La ralentización de la puesta en
marcha de políticas de desarrollo rural efectivas está llevando a una
despoblación cada vez mayor de las zonas rurales, que hoy por hoy siguen
siendo el sumidero de la contaminación de las grandes ciudades. Los
últimos datos indican que hay un movimiento anual de 50.000 personas
desde el medio rural a las ciudades y solo se le puede poner freno si hay
políticas decididas para mantener la población en el territorio. Le animo
a que hoy nos explique también cómo va a evitar la concentración masiva
de población en las grandes ciudades cuando hay regiones eminentemente
rurales, como la mía, Extremadura, que vuelven a ser castigadas con un 17
% menos de presupuesto este año y un 62 % menos acumulado desde que el
Gobierno del Partido Popular está gobernando.
Señora ministra, hay que remangarse y tomar decisiones de manera
inmediata, y sobre todo hace falta un liderazgo claro y contundente para
coordinar y evaluar todas las acciones y así cumplir con los objetivos
marcados. Eso es lo que hoy el Grupo Socialista -y seguro que la mayoría
de esta Cámara- espera de ustedes para no seguir siendo amonestados por
nuestros socios y, fundamentalmente, para que todos y todas,
independientemente del lugar en que vivamos, podamos respirar a gusto.
Nada más, gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Lucio.
A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora
ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
(García Tejerina): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, como señalé en mi anterior intervención, la calidad del aire es
fundamental para la salud de las personas y para la protección del medio
ambiente, y por ello la mejora de su calidad constituye una de las
prioridades de la política medioambiental del Gobierno. La Ley 34/2007,
de calidad del aire y protección de la atmósfera, se dictó como
legislación básica e instrumento para la mejora de la coordinación entre
administraciones. Según dicha ley, el Estado, en colaboración con las
comunidades autónomas, es competente para actualizar la relación de
contaminantes, el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras,
para definir los objetivos de calidad del aire y elaborar y actualizar
los inventarios de emisiones o impulsar planes estratégicos de ámbito
estatal. Según la ley, son las comunidades autónomas y entidades locales
las que tienen competencia directa de control y gestión de la calidad del
aire y son responsables de aplicar iniciativas concretas para reducir los
niveles de contaminación. Las comunidades autónomas evalúan la calidad
del aire, adoptan planes y programas para su mejora y para garantizar el
cumplimiento de los objetivos en su territorio. Deben adoptar también las
medidas de control e inspección necesarias para garantizar lo establecido
en la Ley 34/2007. Además, pueden establecer objetivos de calidad del
aire y valores límites de emisiones más estrictos que los fijados por la
Administración General del Estado. Igualmente, las entidades locales con
más de 100.000 habitantes tienen la obligación de adoptar planes para el
cumplimiento de estos objetivos. En todo caso, señoría, por razones de
salud pública -usted lo ha mencionado-, por razones de protección del
medio ambiente, este Gobierno da enorme importancia a la mejora de la
calidad del aire, coordinando y apoyando las iniciativas regionales y
locales y asumiendo fuertes compromisos presupuestarios más allá de
nuestro ámbito competencial estricto.
Ya en la X Legislatura aprobamos el Plan nacional de calidad del aire y
protección de la atmósfera, el Plan Aire 2013-2016, con un total de
setenta y ocho medidas que inciden en los problemas de calidad del aire
más generalizados en España con el objetivo de que se respeten los
valores legales. Entre otros aspectos, el Plan Aire ha permitido poner en
marcha el etiquetado de vehículos según su potencial contaminador. Esto
posibilitará a las entidades locales la gestión e implementación de
medidas relacionadas con el tráfico para incentivar el uso de vehículos
más limpios. También hemos puesto en marcha los planes de impulso al
medio ambiente, PIMA, y en especial cuatro ediciones del PIMA Aire, con
un presupuesto de más de 53 millones de euros, para renovar el parque
automovilístico con vehículos más eficientes y de menor impacto ambiental
y fomentar la compra de bicicletas eléctricas. Este plan ha permitido
renovar más de 40.000 vehículos. A esta iniciativa se suman los restantes
PIMA, que han contado con una financiación adicional de 40 millones de
euros. Se trata de los PIMA Sol y PIMA Tierra para la renovación de
tractores, para vehículos de transporte y pasajeros de más de ocho años o
para residuos, para fomentar la separación en origen y la mejora del
comportamiento ambiental de los vertederos. También son importantes los
proyectos Clima, que, con cinco convocatorias y una inversión de 79
millones de euros para más de 200 proyectos aprobados, tendrán un efecto
positivo sobre la calidad del aire. En definitiva, señoría, en estas
medidas hay un total de 172 millones de euros para impulsar iniciativas
de mejora de la calidad del aire. Tanto los proyectos Clima como los PIMA
tienen continuidad en esta legislatura. Recientemente se ha lanzado la
convocatoria 2017 de los Clima, y el PIMA Residuos cuenta con casi 5
millones en el proyecto de presupuestos. Actualmente estamos evaluando
los resultados del Plan Aire 2013-2016, para valorar los avances y
plantear nuevas actuaciones que permitan reforzar las impulsadas en los
últimos años. Se ha creado un grupo de trabajo interministerial que está
trabajando en la elaboración de un nuevo plan 2017-2019; plan que
complementará los elaborados por las comunidades autónomas y entidades
locales, con el objetivo de reducir las emisiones de los principales
contaminantes, incluidos partículas de dióxido de nitrógeno y precursores
de ozono. Queremos que incida especialmente en aquellas actuaciones
orientadas a la información y a la concienciación ciudadana así como las
dirigidas a sectores implicados en las emisiones contaminantes. Se
trabajará también en el fomento del transporte ferroviario con origen y
destino en puertos y nuevas medidas de apoyo para el estímulo de
vehículos de energías alternativas o en materias de uso eficiente de la
maquinaria agrícola. También vamos a elaborar posteriormente un programa
nacional de control de la contaminación atmosférica que sustituirá a los
planes AIRE y establecerá medidas para reducir emisiones de contaminantes
atmosféricos y de precursores de ozono troposférico. Este programa estará
listo en 2019 cuando se definan las directrices técnicas a nivel europeo.
Asimismo, vamos a continuar con la revisión y adaptación de la normativa,
como ya se ha hecho con el Real-decreto 39/2017, de 27 de enero, que
modifica el Real-decreto de 2011, de calidad del aire, y que entre otras
medidas establece la elaboración por el ministerio de un índice nacional
de calidad del aire que permitirá consolidar homogéneamente la
información para España en diferentes escalas temporales. Además, en
cumplimiento de la Directiva 2016/2284, de 14 de diciembre, relativa a la
reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes
atmosféricos, el Gobierno está trabajando en un real-decreto para reducir
las emisiones de determinados contaminantes atmosféricos y regular la
elaboración del inventario nacional y proyecciones de emisiones.
Señorías, uno de los compromisos más significativos del Gobierno para esta
legislatura ha sido anunciar a las Cortes la presentación de un proyecto
de ley de cambio climático y transición energética; una ley que nos
permitirá avanzar hacia una economía baja en carbono y hacia un modelo de
producción cada vez menos contaminante en línea con nuestros compromisos
adquiridos en el acuerdo de París. Quisiera informar a esta Cámara de que
en su última reunión la Comisión delegada de asuntos económicos aprobó la
creación de un grupo de trabajo interministerial, que se reunirá esta
misma semana para iniciar la preparación de este texto legislativo, que
sin duda será uno de los más importantes para el futuro económico y
medioambiental de nuestro país en las próximas décadas. Queremos que esta
ley de cambio climático y transición energética sea fruto de la
participación y del consenso y por ello celebraremos unas jornadas de
debate con la participación de expertos de todos los sectores, para las
que desde luego esperamos contar con la implicación de los grupos
políticos.
Paso a comentar aspectos relacionados con la revisión del modelo
energético. Este modelo ha apostado como prioridad por la eficiencia
energética para potenciar el ahorro y reducir la dependencia exterior,
aspectos esenciales de nuestra política energética que contribuyen a
reducir la contaminación atmosférica y a mejorar el medio ambiente. Para
ello se ha creado el fondo nacional de eficiencia energética, como
instrumento para cumplir los objetivos europeos en esta materia, poniendo
en marcha mecanismos de apoyo económico y técnico en los sectores
industrial, de edificación, transporte por carretera y ferroviario,
alumbrado exterior y desalación; desde 2012 se han destinado a estos
fines más de 655 millones de euros. También se han puesto en marcha
líneas específicas como el Plan estatal de fomento de alquiler de
viviendas, rehabilitación edificatoria -que usted señalaba- y
regeneración y renovación urbanas, que en el periodo 2013 a 2016 contó
con un presupuesto superior a los 800 millones de euros y que ha sido
prorrogado para 2017.
En el contexto europeo que se abre ahora, abordaremos además las
siguientes líneas de actuación: profundizar en la inversión en eficiencia
energética a nivel público y privado, continuando la gestión del Fondo
nacional de eficiencia energética; mejorar el diseño de los programas de
eficiencia energética, orientándolos a los hogares con menor renta;
promover en Europa un mejor tratamiento contable y regulatorio de las
inversiones públicas en materia de eficiencia energética en edificios
públicos o viviendas de protección oficial. En cuanto a la modificación
del modelo de transporte para reducir el uso de combustibles fósiles,
este Gobierno ha impulsado medidas para mejorar la eficiencia energética.
Además de los Planes PIMA que he citado, se suman el programa de
incentivos al vehículo eficiente que, con ocho ediciones, más de 1.100
millones de euros ha reducido el consumo energético nacional mediante la
modernización del parque de vehículos. Los programas de fomento a la
adquisición de vehículos eléctricos, Movele, con un presupuesto de 37
millones de euros, han incentivado la adquisición de unos 6.100 vehículos
eléctricos durante este periodo. En 2016 se ha puesto en marcha el
programa Movea, para incentivar la adquisición de vehículos propulsados
con energías alternativas. España es líder en la generación de energía
con fuentes renovables, de las que procedió prácticamente el 40 % de toda
la electricidad generada el año pasado, superando a otros países de
nuestro entorno. Además España está cerca de cumplir con el objetivo de
alcanzar una participación del 20 % de la energía renovable en el total
del consumo energético nacional en 2020. En el último año disponible,
2015, la participación de renovables fue del 17,3 %; muy superior al 13,8
% que establecía la senda vinculante para España. Nuestra situación es
favorable; se ha logrado con un coste muy elevado, ya que la mayor parte
del despliegue de renovables, especialmente las fotovoltaicas, se produjo
antes del gran avance de estas tecnologías y, por tanto, no se
consiguieron los ahorros en costes derivados de ellas. En el horizonte
inmediato, España va a relanzar la instalación de nueva capacidad
renovable. Recientemente el Gobierno ha lanzado una nueva subasta para
una capacidad de 3.000 megavatios. Otra línea de la actuación energética
es la mejora de la información a los consumidores y el refuerzo de su
capacidad de gestión del consumo. Contamos con un despliegue muy avanzado
de contadores inteligentes; también trabajamos para reforzar la
protección a
los consumidores más vulnerables, adaptando el bono social para que pueda
aplicarse a quienes más lo necesitan.
Señorías, España está inmersa en un proceso de transición para que el
sector de la energía sea una palanca de competitividad, creación de
empleo y crecimiento económico. Para ello el Gobierno va a seguir
mejorando la competencia en los mercados hacia una mayor integración de
España en el mercado energético europeo. Ello requiere conseguir una
mayor interconexión energética con Europa a través de Francia, lo que nos
permitirá tener un precio más competitivo e integrar de forma más
eficiente las energías renovables. La intención del Gobierno es seguir
empujando todo lo posible en esta materia para estabilizar las
fluctuaciones de nuestro mercado y compensarlas con las de otros mercados
europeos, mejorando el precio de la electricidad y posibilitando la
integración eficiente de un grado creciente de tecnologías renovables.
Señorías, este Gobierno es muy consciente de la necesidad de seguir
tomando medidas eficaces para mejorar la calidad del aire, porque
proteger la salud de las personas y del medio ambiente es y seguirá
siendo un objetivo irrenunciable. Para lograrlo, seguiremos colaborando
activamente con comunidades autónomas y ayuntamientos, que, como sus
señorías saben, son directamente responsables de la adopción de medidas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
ministra.
Tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, ha hecho usted un ejercicio de reparto competencial entre
todas las administraciones que son competentes en materia de
contaminación. Esperaba que fuera a hacer ese reparto, teniendo en cuenta
que, efectivamente, las responsabilidades están divididas entre los
distintos niveles de la Administración, pero si hace falta algo es el
liderazgo del que le hablaba antes; un liderazgo para afrontar los
problemas sin tener que parcelar necesariamente ni los departamentos
gubernamentales ni las distintas administraciones del Estado. Sin ese
liderazgo es muy difícil resolver el problema actual; esta cuestión debe
tener un enfoque omnicomprensivo, integral, multidisciplinar, y además
ese liderazgo debe servir para que todo el mundo se sienta absolutamente
concernido por la resolución del problema que nos atañe, que es la
contaminación. Hay que intensificar la colaboración interadministrativa,
señora ministra; es función del Gobierno, porque es a usted a quien le
preguntan por la contaminación, es al Gobierno de España a quien amonesta
la Unión Europea cuando no se cumple con los objetivos. Yo entiendo que a
veces resulta un poco desagradable que, no teniendo usted la competencia
completa sobre el tema ni dentro del Gobierno ni dentro del conjunto de
las administraciones, tenga que ser quién dé explicaciones sobre el dato
de contaminación, pero pregúntele a la señora Báñez, que todos los meses
tiene que dar el dato del paro y ello tiene mucho que ver con una
política errática por parte del departamento de Economía, del
departamento de Hacienda o de otros departamentos. Esto es así, señora
ministra, le toca a usted.
Las razones de la contaminación están en el modelo energético. Yo le
agradezco que hoy haya hablado de energía, pero también le agradecería
que la próxima vez que hablase de energía no fuera un texto leído y
repasado por el Ministerio de Energía, sino que por una vez juntasen
energía y clima e hiciesen una propuesta que fuera mucho más creíble para
la ciudadanía. Fue un error estratégico no unir en un único ministerio
las competencias de energía y de clima y ahora mismo es un error grave.
Es verdad que a la hora de formar un Gobierno todos los temas son
colindantes y se pueden distribuir de la forma que al presidente del
Gobierno le parezca bien, pero en este momento histórico, después de
firmar el Acuerdo de París, me parece gravísimo que no se incorporen en
un mismo departamento, porque al final no se van a conseguir los
objetivos que se pretenden, no se van a conseguir los objetivos a los que
nos hemos comprometido como país. Señora ministra, hace falta ese
liderazgo, un liderazgo claro, porque hay que cambiar muchas cosas, hay
que cambiar el modelo de vida, los usos, las costumbres. Realmente, hay
que hacer una revolución y esto no se consigue congelando la partida de
vehículos eléctricos y tampoco se va a conseguir si usted no hace una
evaluación de verdad de lo que ha sido el Plan AIRE. Aproveche esta
segunda intervención que va a tener para explicarnos a todos los que
estamos presentes cuál ha sido esa evaluación, porque de momento he oído
futuribles, pero absolutamente nada de lo que ha supuesto. Señora
ministra, creo que tenemos una oportunidad, que tenemos un arco
parlamentario adecuado para trabajar y para conseguir objetivos que están
mucho más allá de intereses partidistas. Espero que así lo haga.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Lucio.
Para concluir el debate, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la
señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
(García Tejerina): Gracias, señor presidente.
Señoría, este Gobierno trabaja colegiadamente y en perfecta sintonía. El
Gobierno está absolutamente comprometido no solamente con el cambio
climático, también con la transición energética, y por eso el presidente
anunció la elaboración la ley llamada de cambio climático y transición
energética para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Será también
una ley que nos facilitará cumplir con la transición energética hacia un
modelo bajo en carbono, que es a lo que todos nos hemos comprometido; una
ley que será de todos y que se elaborará con un proceso participativo de
todos los grupos parlamentarios. Desde luego, espero contar con sus
valiosas aportaciones. Será una ley que facilitará el cumplimiento de
España con sus compromisos y que permitirá que la política energética
favorezca también la actividad económica, la competitividad y el empleo
al mismo tiempo que establecemos una economía baja en carbono.
El Gobierno, repito, trabaja en absoluta coordinación. Recientemente se ha
creado un grupo de trabajo interministerial para la coordinación de los
trabajos necesarios para la elaboración de este anteproyecto de ley de
cambio climático y transición energética en el marco de la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, de manera que todos los
ministerios que necesariamente deben estar implicados estarán presentes
para el reto importantísimo que supone para la Administración General del
Estado la elaboración no solamente de esta ley, sino también del plan
integrado de energía y clima que tendremos que presentar a finales de
este año.
Como he dicho al principio, señoría, somos muy conscientes de que la
mejora de la calidad del aire es un objetivo irrenunciable y que es
necesario tomar medidas que sean eficaces y que se gestionen
adecuadamente, protegiendo la salud de las personas, el medio ambiente y
conciliando además las necesidades económicas. Por eso se hizo el Plan
AIRE 2013-3016, y se hizo de una manera distinta al que había en el año
2011, que no había sido consensuado con las comunidades autónomas o con
los entes locales. Este plan cuenta con la coordinación, la colaboración
y el consenso de todos los agentes implicados porque efectivamente son
competentes en la práctica para controlar y adoptar medidas. Pero esto no
significa que en el Gobierno no estemos absolutamente implicados. Yo le
he dicho antes que el Gobierno ha destinado más de 172 millones de euros
a programas PIMA y Clima, que a través del Fondo nacional de eficiencia
energética y del Plan de rehabilitación de viviendas, del programa de
incentivos de vehículos eficientes o de los programas Movele se han
invertido más de 2.590 millones de euros.
Querría darle algunos datos sobre la calidad del aire en España. El
informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente 2016 sobre la calidad del
aire en Europa contiene mapas que evidencian que la situación en España
es similar o incluso mejor a la de países de un nivel de desarrollo
similar al nuestro. El registro histórico de los datos del que disponemos
en el ministerio en los últimos diez años lo demuestra: en el año 2005
había cuarenta y siete zonas donde se superaba el valor límite de
partículas PM10 y en 2015 estas superaciones se han reducido a ocho zonas
en tres comunidades autónomas: Asturias, Andalucía y Cataluña. En cuanto
al dióxido de azufre, en 2005 había seis zonas que incumplían el valor
límite. Actualmente toda España cumple con holgura los valores límite
tanto horarios como diarios de este contaminante.
Con respecto al dictamen de la Comisión Europea por incumplimiento de los
límites de dióxido de nitrógeno, quiero decir que este no es un problema
general en España. Se trata de incumplimientos en zonas muy concretas,
exactamente en tres: dos en Cataluña y en la ciudad de Madrid. Por
ponernos en un contexto diré que, al mismo tiempo que España recibió este
dictamen motivado, Alemania lo recibió por 28 zonas, Francia por 19,
Italia por 12 y Reino Unido por 16. Ya nos hemos dirigido a las
administraciones competentes, tanto en Cataluña como en la ciudad de
Madrid, a quienes hemos pedido respuesta sobre las medidas. Nosotros
vamos a seguir trabajando, como hemos hecho hasta ahora, para mejorar la
calidad de vida de todos los ciudadanos y esto pasa por tener una mejor
calidad de nuestro aire y una mejor calidad de nuestro medio ambiente. Y
siendo conscientes de que las competencias en materia de prevención y
reducción de la contaminación corresponden a comunidades autónomas y
entidades locales, seguiremos prestando todo nuestro apoyo. Estamos en
este momento evaluando la eficiencia del Plan Aire 2013-2106 y trabajando
ya en la redacción de un nuevo plan aire hasta el año 2019, como he
anunciado al principio en mi intervención. Por lo tanto, tanto a través
de impulsar medidas de apoyo como
a través de importantes partidas presupuestarias el Gobierno seguirá
implicado en la mejora de la calidad del aire que respiran los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora
ministra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA, RELATIVA AL DESARROLLO Y APLICACIÓN EFECTIVA DE LA LEY 45/2007, DE
13 DE DICIEMBRE, DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL. (Número de
expediente 172/000035).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al debate del siguiente
punto del orden del día, interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al
desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
de desarrollo sostenible del medio rural.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidente.
El gran jurista, economista, historiador y político altoaragonés Joaquín
Costa destacó entre los regeneracionistas de finales del XIX por haber
denunciado con tino y con aún más vehemencia el atraso rural en España.
Costa achacaba este retraso secular a un caciquismo empotrado en la
Península desde tiempos inmemoriales, acaso tiempos de reconquista frente
a los que nuestro autor reclamaba echar "doble llave al sepulcro del Cid
para que no vuelva a cabalgar". Una metáfora que sin duda escondía la
frustración de ver cómo el Estado patrimonialista fundado por Cánovas
desangraba las zonas rurales expulsando a sus habitantes del ciclo
modernizador que se adivinaba en las incipientes concentraciones urbanas
y forzando así a una despoblación sostenida del campo español que se
prolonga hasta nuestros días. Es sabido que el canovismo decimonónico fue
capaz de levantar auténticas fortalezas durante aquel régimen
parlamentario de carácter oligárquico precisamente en aquellas zonas más
relegadas por la Hacienda pública de entonces. Una aparente contradicción
que solo puede explicarse por la eficacia de una poderosa trama que
conectaba los señoritos y señorones de grandes extensiones de nuestro
agro con sus vicarios y cerebros de Madrid, una poderosa trama de
corrupción diríamos hoy. Por tanto, no puede a nadie resultar extraño,
señora ministra, que el Partido Popular se declare digno heredero del
canovismo; en verdad lo son. Enhorabuena, señorías. Han logrado imitar el
modelo hasta tal punto que habiendo ustedes despreciado hasta la
ignominia a los millones que pueblan nuestros campos, sin embargo es su
partido el que mayor rédito electoral logra en estas zonas. Es más, este
parece ser el factor que ha provocado la tradicional sobrerrepresentación
parlamentaria de la que su grupo vienen gozando -abusando, dirían otros-
desde que se declararan ustedes demócratas de toda la vida allá por los
años setenta y ochenta.
Hace siglo y pico tal contrasentido provocaba en Costa una patriótica
angustia, alguna vez traducida en forma de predicción, acaso de
maleficio, en tanto luego se reveló como un trágico acierto. El más tenaz
de sus biógrafos, el profesor Alfonso Ortí, cita un discurso de Costa de
1906 -justo cuando el genio de Huesca ocupaba uno de los escaños de este
mismo hemiciclo-: De no apresurarse a resolver la cuestión social agraria
-proclamaba Costa- la próxima y necesaria República se agotará
rápidamente sin haber hecho más que planes. Sucederán de nuevo -seguía
diciendo- medio año de Cortes republicanas y treinta y cinco de Cortes
monárquicas, y la nación en tierra, sin nadie que la levante más que el
extranjero. Costa acababa lamentando en este asombroso y a la vez
desolador ejercicio de prognosis histórica que, de no acometerse las
necesarias reformas, el país se encaminaba a un conflicto civil por el
cual -y cito textualmente- mereceríamos ser castigados con Borbones a
todo pasto, por toda la eternidad. Así de solemne y lapidario se
mostraba.
Pues bien, han pasado ya más de cien años. En el transcurso de un convulso
siglo XX solo al final del mismo España logró sobreponerse a una larga,
cruel y anacrónica dictadura. A partir de una transición vigilada
-transición al fin y al cabo-, se logró sellar un nuevo pacto de
convivencia democrática que nos homologó por primera vez a Europa. En
todo este tiempo nuestros pueblos han seguido pariendo a los hijos y
nietas que hoy habitan los cinturones industriales de Madrid, de
Barcelona, de Bilbao, de Valencia, pero también de Alicante, de Vigo, de
Sevilla, de Santander, mientras esos mismos pueblos han ido
languideciendo por la falta de un futuro que ofrecer a las familias que
un día los levantaron. Llegaron las
ayudas europeas, la tan ansiada PAC, primero el Fondo europeo de
desarrollo regional, luego los fondos Feader, el Fondo social europeo, el
Fondo europeo marítimo y de pesca, y los sucesivos Gobiernos contuvieron
la sangría en el rural gestionando la entrada de savia financiera que
manaba de Europa, pero, eso sí, sin proyectar jamás un plan coherente de
modernización productiva, ninguna perspectiva de desarrollo real para las
zonas rurales, ninguna voluntad consciente de incidir en las profundas y
ancestrales desigualdades ni de acabar con algunas de las bolsas de
pobreza más vergonzosas de todo el continente. Y así ocurrió que, pese a
los millones que llovieron de Europa, la renta media mensual de una
familia que reside en el medio rural en España es hoy unos 400 euros
inferior a la de una familia en el medio urbano. (Aplausos).
Por otro lado, los recientes informes de Eurostat sobre paro, pobreza y
privación muestran descarnadamente el deterioro de la calidad de vida en
las zonas rurales frente a las urbanas en estos ya largos años de crisis,
camino ya de una larga década perdida. Hoy en día la población en riesgo
de exclusión en el medio rural es del 33 %, mientras que en las ciudades
es del 25. Asimismo la población en riesgo de privación material es del
28 % en las zonas rurales, mientras que en el medio urbano es del 18.
Tuvimos que esperar al año 2007 para que surgiera al fin en España un
proyecto legislativo digno de tal nombre para el medio rural español.
Como nunca antes se había hecho en nuestro país -quizá al menos desde
tiempos del propio Costa-, se proyectó una mirada de largo plazo para el
desarrollo colectivo y equilibrado de nuestras zonas rurales. La mayoría
de las organizaciones sociales coinciden en señalar la relevancia de la
Ley 45/2007, de desarrollo sostenible del medio rural, en este sentido.
Finamente se promocionó la problemática rural a la categoría de política
de Estado, no solo por lo que compartieran entre sí las fuerzas políticas
que la animaron entonces, sino por la incorporación de reconocidos
expertos, colectivos, sindicatos y organizaciones sociales al trabajo que
desembocó en su aprobación. De este modo, la Unión de Pequeños
Agricultores, la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas, el
Foro de Acción Rural, la Plataforma Rural Española o la Red Española de
Desarrollo Rural pudieron también contribuir a este debate nacional. En
efecto, fue durante el Gobierno de Zapatero -y no nos cuesta decirlo-
cuando se apuntó por fin hacia una política rural nacional, integral e
integradora, respetuosa con la realidad local y con las competencias de
cada ámbito de poder autonómico y municipal. A través de la ley antes
citada se implementaba toda una metodología participativa, realmente de
abajo hacia arriba, al servicio del desarrollo sostenible y que
incorporaba novedosos instrumentos de planificación; planificación,
señorías del Partido Popular, esa palabra proscrita.
La cobertura de las acciones pretendía alcanzar a los más de 15,5 millones
de ciudadanas y de ciudadanos que habitan algo más del 84 % de nuestro
territorio. Se identificaban 219 zonas rurales para la actuación directa,
105 de ellas con carácter prioritario. Se buscaba frenar el
despoblamiento continuado en todas las comarcas con densidades de
población inferiores a los 10 habitantes/kilómetro cuadrado y en
municipios de menos de 5.000 habitantes a través de la puesta en marcha
de lo que se llamaron Oficinas de acogida a nuevos pobladores. En materia
de educación se acordó extender el modelo de colegio rural agrupado a
todas las áreas diseminadas. En lo que respecta a sanidad se pretendía
contar en todos los centros de salud con un equipamiento básico estándar,
urgencias y unidad de atención móvil terrestre. En lo que se refiere a
protección social, se buscó extender la Ley de Dependencia al medio rural
pero con calidad y amplia cobertura, de manera que fuera real y efectivo
el apoyo a las personas cuidadoras, algo esencial para avanzar en la
igualdad de género en el medio rural, puesto que no podemos olvidar que
en nuestros pueblos toda una generación de mujeres de entre cuarenta y
cinco y sesenta años se ha convertido en el único sostén para la
supervivencia de sus niños y personas mayores. También se pretendió
fomentar la creación de empleo rural promoviendo viveros de empresas
agroalimentarias en municipios de más de 5.000 habitantes. Por último y
de cara a la protección de la biodiversidad, se solicitó un plan de
actuación prioritaria en todos los municipios incluidos dentro de lo que
se llamó Red Natura 2000 en el marco de los planes de zona.
La aplicación de esta ley debía suponer un esfuerzo presupuestario para el
periodo 2010-2015, prorrogable hasta 2016, de 1.810 millones de euros.
Cubría actuaciones que eran competencia de las comunidades autónomas pero
que se financiaban al 50 % con Presupuestos Generales del Estado. Por lo
tanto, el compromiso de aportación era de aproximadamente unos 900
millones de euros, con una senda financiera constante de 180 millones
anuales. Adicionalmente, el programa de desarrollo sostenible preveía una
serie de actuaciones consideradas de interés general que debía ejecutar
directamente la Administración General del Estado y para las que se tenía
una previsión de gasto de unos 53 millones de euros. Sin embargo, señora
ministra, nunca -y subrayo nunca- se presentó memoria de ejecución
de los avances en los primeros años ni de unos ni de otros. En los últimos
Presupuestos Generales del Estado apenas se distingue el rastro de esta
Ley de desarrollo rural. ¿Por qué? Seguramente porque ya desde el
comienzo del periodo, pero especialmente a partir de 2013, el Gobierno de
Rajoy puso en marcha una sigilosa estrategia de recortes sobre estos
planes; recortes tan salvajes como los que han sufrido la mayoría de
partidas presupuestarias destinadas a gasto social y que han redundado en
el deterioro de la calidad de vida de muchos españoles. De este modo, la
renta agraria se ha reducido en los últimos diez años un 37 % en España
-son datos de Eurostat, señora ministra, no ponga esa cara- y hoy es un
45 % inferior al resto de los sectores productivos. A lo largo de los
años de vigencia de la Ley 45/2007, allá donde teníamos que haber sido
testigos de un despliegue modernizador destinado al progreso de las zonas
rurales, hemos asistido a un hundimiento. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia).
Por otro lado y con su habitual falta de sensibilidad democrática, el
Gobierno del Partido Popular ha despreciado a las organizaciones
sociales, la mayoría de las cuales lleva muchos años luchando por la
recuperación del medio rural. Desde el año 2012 este Gobierno no ha
vuelto a convocar ninguno de los espacios de coordinación de la política
de desarrollo rural, ni el Consejo para el Medio Rural ni la Mesa
nacional de asociaciones por el medio rural, cuya función era dar
seguimiento a la aplicación de la ley. Precisamente, señora ministra,
tengo una carta firmada por estas organizaciones que pretendo entregarle
-eso sí, con todo el decoro del que seré capaz- al final de esta
intervención. Pero ahí están ustedes, señorías del Partido Popular, tan
ufanos ellas y ellos, qué importa saltarse a la torera las leyes
vigentes, ¿verdad? Qué más da despreciar el orden normativo, que otras
veces, eso sí, les sirve de coartada para justificar su cerril
inmovilismo respecto a la situación en Cataluña. Qué importa el campo
español si ustedes ya sienten que se han apoderado de sus votos.
Comenzaba mi intervención aludiendo a la oscura profecía de Joaquín Costa.
Yo hoy me voy a atrever aquí con otra profecía, quizá más modesta, pero
también algo más luminosa. Los años correrán, señorías, las generaciones
que han vivido toda su vida con miedo eventualmente morirán. Los padres y
madres de hoy en día serán los abuelos y abuelas de mañana y una juventud
renovada, consciente y orgullosa ocupará los pueblos y los campos de
España. Y así como ya les ganamos elecciones en los principales núcleos
urbanos del país, les ganaremos en las zonas rurales. Ustedes no lo saben
pero ese cambio ya está en marcha. El reloj demográfico avanza inexorable
y más pronto que tarde nos habremos desprendido al fin del caciquismo
estéril y el retraso estructural al que los suyos nos han condenado
durante siglos.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora
ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
(García Tejerina): Muchas gracias, señora presidenta.
Señoría, algo en lo que todos coincidimos es en la importancia de nuestro
medio rural. Necesitamos que sea vivo, que cuente con calidad de vida y,
sobre todo, con perspectivas de futuro. Los Gobiernos del Partido Popular
siempre se han caracterizado por su especial sensibilidad y preocupación
por el medio rural, por eso la gente se lo reconoce. Si alguien defiende
los intereses de nuestro campo y de la gente que en él habita son los
Gobiernos del Partido Popular. Y no solamente los defendemos en España,
también ante todas las instituciones comunitarias que es donde en gran
medida se deciden las políticas de desarrollo rural.
El desarrollo rural y el reto de frenar su abandono requieren un análisis
transversal. Por ello, el Gobierno está dando un enfoque multisectorial a
este desafío. Por la importancia que se le otorga, la Conferencia de
Presidentes, celebrada el 17 de enero de 2017, acordó la constitución del
Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, dependiente de la
Vicepresidencia del Gobierno y del ministro de Hacienda y Función
Pública. Entre sus funciones se encuentra la elaboración y desarrollo de
una estrategia nacional frente al reto demográfico que recoja el conjunto
de propuestas, medidas y actuaciones necesarias para alcanzar el
equilibrio de la pirámide poblacional, tanto las que correspondan a la
Administración General del Estado como las que puedan resultar del apoyo
y colaboración con las demás administraciones públicas. Igualmente,
recabará cuanta información resulte necesaria para el cumplimiento de sus
funciones y recibir de los distintos departamentos ministeriales y de los
organismos públicos adscritos a los mismos la información necesaria para
el ejercicio de las mismas. Periódicamente elevará
informes al Gobierno sobre las actividades desarrolladas y los resultados
obtenidos, así como cuantas propuestas considere necesarias para el
adecuado cumplimiento de su función.
En un próximo Consejo de Ministros se aprobará la creación de un grupo de
trabajo para la definición de la estrategia nacional frente al reto
demográfico. El cometido del grupo será el análisis y estudio de las
posibles medidas susceptibles de ser incorporadas en esta estrategia
nacional frente al reto demográfico -dicha estrategia deberá estar
finalizada en este ejercicio 2017- y diseñar una respuesta conjunta y de
futuro para paliar el problema del reto demográfico que afecta a toda la
sociedad española y al medio rural, tanto en lo que se refiere a
tensiones demográficas generales como a los problemas de despoblación en
zonas concretas. Entre otros aspectos se van a estudiar las oportunidades
que permitan fijar y atraer población al medio rural. Al mismo tiempo se
van a estudiar las necesidades de infraestructuras y servicios de estas
zonas. En dicho grupo, presidido por la comisionada del Gobierno frente
al Reto Demográfico, estarán representados todos los departamentos con
responsabilidades en la materia. En el grupo podrá integrarse un
representante de cada comunidad autónoma y ciudades con estatuto de
autonomía así como dos representantes de la Federación Española de
Municipios y Provincias. En definitiva, señoría, la estructura de este
comisionado contará con participación de diferentes departamentos y de
todas las comunidades autónomas, simplificando así uno de los principales
problemas surgidos de la aplicación de la Ley 45/2017: la gobernanza y la
complejidad de funcionamiento de los órganos creados.
Por otro lado, el pasado mes de diciembre, el Consejo de Política Fiscal y
Financiera aprobó una dotación extra de casi 5.500 millones de euros para
el año 2017 para atender, entre otros, algunos de los servicios
competencia de las comunidades autónomas tan importantes para el medio
rural como son la sanidad y la educación. Somos conscientes de la
importancia del desarrollo para evitar que las mujeres abandonen las
zonas con ruralidad más marcada y se vayan a ciudades o a las cabeceras
de comarca, especialmente si no encuentran oportunidades profesionales
adecuadas. En la X Legislatura se aprobó, dentro del marco del Plan
estratégico de igualdad de oportunidades, el Plan de promoción de las
mujeres rurales, con la implicación de seis departamentos y un total de
ochenta y dos acciones. Además, tal y como indiqué en mi comparecencia en
la Comisión de Agricultura de esta Cámara, se va a elaborar una
estrategia de modernización y diversificación del medio rural que
promoverá fundamentalmente el relevo generacional en la agricultura y la
mejora técnica de la actividad agraria y el impulso a la innovación en
las explotaciones. También sabemos que para el medio rural las más
avanzadas tecnologías de comunicación tienen gran importancia para
facilitar la implantación y desarrollo de actividades económicas nuevas,
así como los accesos a pequeños núcleos de montaña y otras muchas
infraestructuras básicas que tienen que ser una realidad también en el
medio rural. El ministro Nadal ha anunciado un programa nacional de
extensión de banda ancha que garantizará en 2020 una cobertura de 30
megabytes en el 98 % del territorio nacional y en el 2 % se hará vía
satélite.
Señorías, siendo las comunidades autónomas competentes en materia de
desarrollo rural y ordenación del territorio, este Gobierno se preocupa,
y se preocupa mucho, de que el medio rural español tenga calidad de vida
y posibilidades de futuro. En su intervención plantea una situación
bastante negativa de las zonas rurales y compartimos con usted la
necesidad de reforzar las actuaciones en favor de nuestro medio rural.
Describe la Ley 45/2007 como la panacea para solucionar todos estos
males. El objetivo de esta ley y su instrumento de aplicación -el
programa de desarrollo rural sostenible, aprobado en 2010 y con vigencia
hasta 2017- articulaba la aplicación de medidas de carácter
multisectorial en las zonas rurales más deprimidas o con limitaciones y
en mayor riesgo de ser abandonadas. El Grupo Parlamentario Popular
compartía los objetivos de esta ley, pero desde el primer momento mostró
sus dudas; dudas por cuestiones competenciales, dudas por cuestiones
técnicas y por supuesto dudas por cuestiones presupuestarias, porque esta
ley se anunció con fondos pero nació sin fondos y su aplicación se
concretaba en un complejo sistema de toma de decisiones. Todos estos
problemas, junto a la crisis económica que obligó al Gobierno socialista
a adoptar medidas de contención presupuestaria tanto en 2010 como en
2011, hicieron la ley inaplicable, ley cuya tramitación no fue un ejemplo
de participación. Se encomendó la redacción del anteproyecto a Tragsa, el
texto -preparado en cuarenta días- se envió a las comunidades autónomas y
diecisiete días después se aprobaba en el Consejo de Ministros como
proyecto de ley, ley que provocó una enorme controversia con las
comunidades autónomas por motivos de índole competencial. En la memoria
económica -surgida de la tramitación de la ley, que no estaba en sus
inicios- se preveían 500 millones de euros al año de aportación del
Estado durante el periodo 2008-2013. Lo cierto es que en cuatro años,
hasta el año 2011, apenas llegaron 100 millones de euros. La herramienta
para aplicar la ley fueron los planes de zona. En 2011, cinco años
después, solo los habían aprobado seis
comunidades autónomas. La Ley 45/2007, como ya fue anunciado y previsto
por el Grupo Popular en el debate parlamentario, adolecía de deficiencias
técnicas y de problemas presupuestarios, además de los problemas
competenciales ya que la mayor parte de las actuaciones previstas eran
competencia de las comunidades autónomas, como estas manifestaron. La
realidad que nos encontramos en enero del año 2012, seis años después de
su aprobación, es que solo La Rioja había firmado el convenio
correspondiente para la aplicación de su programa de desarrollo rural
sostenible, al igual que Galicia, programa que fue financiado por el
actual Gobierno.
La agricultura, y en general la actividad asociada de transformación de
los productos agrarios, es muy importante para el medio rural porque no
solo evita su despoblamiento, sino que también propicia otras actividades
y servicios que favorecen el asentamiento de la población en estas zonas.
La negociación de la PAC alcanza particular importancia cuando se tiene
en cuenta que las políticas dedicadas a la agricultura y al desarrollo
rural que se han venido aplicando en España han sido en gran medida
políticas comunitarias. Por eso, para este Gobierno la defensa de los
intereses del medio rural ante las instituciones comunitarias es una
prioridad, como lo es la defensa de los presupuestos comunitarios. Por
este motivo negociamos para España más de 47.000 millones de euros para
nuestras zonas rurales, más que el presupuesto del periodo de
programación anterior, en un contexto de reducción del presupuesto
comunitario. Esto da estabilidad al sector agrario, al medio rural, para
muchas actividades hasta el año 2020. Por eso en el medio rural confían
en los Gobiernos del Partido Popular. Es evidente que, pese al esfuerzo
realizado por las distintas administraciones, este no ha sido suficiente
para evitar que amplias zonas del medio rural sigan aquejadas de un
paulatino abandono tanto de la población como de la actividad económica y
de una elevada tasa de envejecimiento y masculinización.
Concluyo. Como se señaló en el acuerdo de la VI Conferencia de Presidentes
sobre la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, los problemas
demográficos afectan con especial intensidad a algunos territorios, como
el medio rural, por su mayor grado de envejecimiento, dispersión,
extraterritorialidad o insularidad. El trabajo que se va a realizar
tendrá un enfoque integral y multisectorial basado en la cooperación
entre todos los niveles de Gobierno y de todas las administraciones
implicadas, de manera que se encuentren las mejores soluciones a estos
complejos desafíos. En definitiva, el Gobierno ha colocado este asunto en
la agenda política nacional y trabajará procurando la colaboración y el
concierto de todos en un asunto del que depende nuestro futuro y el de la
población española.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, lo primero que quería decir antes de entrar en materia es
que hemos hablado de capacidades adivinatorias en esta Cámara, pero
francamente las suyas me han sorprendido sobremanera. Realmente usted
trae la intervención escrita y es capaz de anticiparse a lo que vamos a
decir en esta Cámara. Francamente las capacidades de Costa y las mías
quedan completamente oscurecidas con esa capacidad adivinatoria suya.
(Aplausos).
Me han pasado el Reglamento del Senado; por lo visto, ahí se explicita que
el orador en tribuna no puede leer. Menos mal que esto no es el Senado
porque si no quizá tendríamos algún problemilla.
En estos cinco minutos de tiempo que tengo quería tocar básicamente tres
puntos que se han puesto ya de manifiesto aquí esta mañana. En primer
lugar, el tema del Comisionado frente al Reto Demográfico. Una iniciativa
más del Gobierno; me recuerda a aquello de convocar comisiones y oficinas
para que nada cambie. Estamos en una especie de tesitura permanente de
planificación -vamos a planificar-, pero realmente nunca se hace nada.
Creo que en 2015 el Senado tuvo también reuniones en este sentido, abordó
la problemática del medio rural, se planificaron un montón de cosas y,
como siempre, bla, bla, bla. Todo queda en agua de borrajas.
Por otro lado, está bien afrontar el problema de la despoblación en las
zonas rurales, pero el problema de la despoblación responde a una
estructura económica, responde a una estructura social y responde, como
usted bien ha dicho, al envejecimiento de la población, a la
masculinización, etcétera. Es decir, si no afectamos las raíces de ese
problema, ya podemos poner tropecientas oficinas de superpoblación, que
vamos a seguir con el campo español completamente vaciado.
Por otro lado, he lamentado que en esa intervención preparada y
adivinatoria que usted traía no se haya pronunciado sobre los foros de
control, donde se supone que están también convocadas las
organizaciones sociales, ya que se esperaba que, según definía la Ley de
Desarrollo Rural, estas pudieran ejercer una labor de control. Como decía
antes en mi intervención, creo que estas organizaciones no han sido
convocadas en los últimos años, vamos ya para cuatro. Quizá en cuatro
años podía haber habido tres, dos reuniones, pero no ha habido ninguna.
¿Qué tipo de accountability, dirían algunos, se puede hacer con un
Gobierno que no se somete a los espacios que fija la ley? La misma ley de
la que hablan ustedes cuando se refieren a Cataluña, insisto.
Finalmente, y para terminar, señora ministra, los datos son irrefutables.
La calidad de vida en el medio rural español no solo está por debajo de
la calidad de vida de las zonas urbanas, sino que en los últimos diez
años se ha desplomado. Explíqueme usted qué ha hecho el Gobierno, aparte
de llenar folios y folios, y planificar, y convocar comisiones y demás.
En la práctica, señora ministra, no se ha hecho casi nada, y de nuevo
meto el casi por decoro, que está muy de moda en esta Cámara. Desde
luego, como digo, no parece que el esfuerzo del Gobierno haya sido para
nada acorde a las necesidades que se sufren en el campo español. No sé
qué tiene pensado la señora ministra, no sé si ahora vamos a convocar
otra vez una nueva hipersupercomisión que vuelva a superplanificar lo que
ya está planificado. En 2007 se hizo una ley, una muy buena ley, por
cierto, como decíamos antes, con el concurso de organizaciones sociales y
de otros partidos políticos. ¿Por qué no se cumple la ley, señora
ministra? Cumpla usted la ley y déjese de comisiones y demás
organizaciones y demás oficinas. Sencillamente coja el texto, sígalo paso
por paso y vaya haciendo lo que le manda la ley vigente. Con eso
resolvemos el problema. Con eso resolvemos la despoblación, con eso
resolvemos la masculinización, el envejecimiento. Con eso resolvemos un
montón de cosas que parece que, por desgracia, usted no está viendo como
un panorama general. Se piensa que tocando determinadas teclas va usted a
resolver un problema atávico de este país. O enfrentamos el problema con
un planteamiento general, integral, integrador, o lo vamos a tener como
decía antes para toda la eternidad.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
(García Tejerina): Muchas gracias, señora presidenta.
En el medio rural en España y en el conjunto de Europa en muchas ocasiones
la única y principal alternativa de empleo es la derivada de la
agricultura y del sector agroalimentario. Su presencia evita el
despoblamiento y propicia la aparición de otras actividades y servicios
que proporcionan la vitalidad y el atractivo necesarios para que se
asiente y crezca la población. Permítame que use el turno de réplica para
hablar del aspecto del medio rural que yo mejor conozco. Señoría, el
Gobierno del Partido Popular cree enormemente en los agricultores y
ganaderos españoles. Estamos orgullosos de ellos y de su trabajo, y lo
saben. El Gobierno del Partido Popular está convencido del enorme
potencial del sector alimentario. Trabajamos junto con el sector para que
sea una referencia a nivel mundial; de hecho en muchos ámbitos ya lo
somos. Señoría, el medio rural está lleno de hombres y mujeres
emprendedores, empresarios, que con su actividad agraria generan riqueza
y trabajan para aprovechar las oportunidades del mercado global, en el
que cada vez sus productos tienen mayor presencia, ese mercado global en
el que ustedes no creen. Ustedes proponen la recuperación del control
público del sector agroalimentario. Su idea de futuro para nuestros
agricultores y ganaderos, para la principal actividad económica de 6.673
municipios rurales de los algo más de 8.000 municipios españoles es
nacionalizar el sector alimentario español. Leo textualmente: creación de
empresas estatales que suministren estos servicios de forma universal.
Proponen -también es textual- las expropiaciones y la gestión comunal.
Entiendo que piensan en los koljoses de la Unión Soviética y todos
sabemos que no fue un modelo que trajera precisamente prosperidad. En
Venezuela el sector agrario también ha sido objeto de expropiaciones muy
importantes; allí no abunda la comida. Proponen la supresión de la
tecnología para nuestra agricultura, devolviéndola a la primera mitad del
siglo XX, previa a la revolución verde. Está en sus programas
electorales. Proponen aislar a la agricultura española, privándola de las
oportunidades del comercio internacional. En España nuestros agricultores
y ganaderos exportan entre el 25 y el 30 % de su producción, y el
comercio internacional es una fuente directa de riqueza para ellos y para
el medio rural. Ustedes aseguran garantizar precios mínimos, algo
legalmente imposible, porque es contrario al Tratado de Funcionamiento de
la Unión Europea. Sus planteamientos son frontalmente contrarios a los
intereses de los agricultores y ganaderos españoles, contrarios a los de
la industria alimentaria española y contrarios y perjudiciales por tanto
para
el medio rural español. Nosotros queremos agricultores y ganaderos
profesionales, competitivos, dinámicos, innovadores, productivos, líderes
a nivel mundial, como ya lo somos en tantos sectores. Desprecian ustedes
el potencial y la libertad de producción del sector agrario español.
Les daré algunos datos de lo que ha hecho nuestro sector en los últimos
cinco años. Nuestra posición en los mercados exteriores ha mejorado
enormemente. Hoy exportamos vino y aceite de oliva a más de 160 países,
carne de porcino a 108, cítricos a 79 y frutas de pepita y de hueso a 70.
En 2011 el sector agroalimentario español representaba el 8 % del
producto interior bruto nacional; hoy más del 10 %. En 2011 el sector
alimentario español exportaba por valor de 31.000 millones de euros; hoy
supera los 46.800 millones, más de un 50 % de crecimiento de la presencia
mundial de nuestros productos en el comercio internacional, algo que
facilitan los acuerdos comerciales internacionales. En 2016 la renta
agraria por UTA alcanzó su cifra récord: 30.781 euros. Y es cierto que en
la VIII y en la IX legislaturas cayó la renta agraria, pero ha tenido
usted que coger datos de referencias de renta muy anteriores a los del
Gobierno del Partido Popular para decir que la renta agraria ha caído,
porque con el Gobierno del Partido Popular se ha recuperado en los
últimos cinco años. En enero de 2017 las exportaciones han aumentado casi
un 16 % con respecto a las de enero de 2016, y la producción final
agraria de 2016 alcanzó un valor récord, 46.807 millones de euros. Todos
son indicadores que tienen una tendencia ascendente, aunque algunos de
ellos pueden oscilar.
Para la incorporación de jóvenes el Gobierno impulsará la estrategia
nacional de modernización y diversificación rural, pero estará centrada
en el apoyo al desarrollo de capacidades empresariales y de
emprendimiento, de la mano del sector, trabajando con ellos como lo hemos
hecho todo y en colaboración con las comunidades autónomas, que son
competentes no solamente en materia de agricultura, sino también en
materia de desarrollo rural. Somos conscientes de los retos y las
necesidades que afronta nuestro sector. Hemos invertido en
infraestructuras y avanzamos en la digitalización del medio rural.
Llevamos cinco años trabajando para dar herramientas al sector para que
crezca, para fomentar la iniciativa individual empresarial de los
productores, que son determinantes en el desarrollo rural, y no merecen
la nacionalización y el intervencionismo en su actividad que ustedes
proponen. Les invito a visitar más al sector y conocer su auténtica
realidad, lo que es, porque a nivel mundial nuestro sector alimentario
-la gente que vive del desarrollo rural- está llamado a ser una gran
potencia. Para lograrlo contará siempre con la confianza, el apoyo, el
respaldo y el impulso de las medidas que necesita por parte de este
Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BEITIALARRANGOITIA), RELATIVA A LA
POSTURA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE LAS Y LOS PRESOS
VASCOS SOMETIDOS A LEGISLACIÓN ANTITERRORISTA GRAVEMENTE ENFERMOS.
(Número de expediente 172/000038).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, señora Beitialarrangoitia Lizarralde,
relativa a la postura del Gobierno en relación a la situación de las y
los presos vascos sometidos a legislación antiterrorista gravemente
enfermos.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señora presidenta. Egun
on. Buenos días a todos y a todas.
Interpelamos hoy al Gobierno sobre la situación de los presos vascos
sometidos a legislación antiterrorista gravemente enfermos. Hablamos de
presos cuya situación pide soluciones urgentes, y que con la aplicación
de la legislación vigente española e internacional y con una actitud
humanitaria tiene fácil solución, no ya para sus enfermedades, ya que en
todos los casos se trata de enfermedades incurables, pero sí cuando menos
para tener posibilidades reales de un tratamiento digno para las mismas y
de condiciones de vida favorables para el tratamiento que requieren, algo
incompatible con la cárcel, que no hace más que agravar su situación. La
cárcel por definición es una estructura cerrada y limitada que afecta
directamente a quien sufre una enfermedad, sea de cualquier tipo. Además
la normativa interna de las cárceles está dirigida al control de las
personas presas y a la seguridad de la misma prisión, lo que afecta a los
reclusos, especialmente a quienes padecen alguna enfermedad psíquica,
porque las características de este tipo de enfermedad requieren otro tipo
de tratamiento. Dicho de otra manera,
además de la incompatibilidad de la enfermedad con el régimen cerrado,
este puede originar actuaciones autodestructivas, incluido el suicidio. A
esto debemos añadir la política penitenciaria extraordinaria que se
aplica a este colectivo, política especial que el Gobierno reconoce y se
jacta de imponer, que hace excepciones en los derechos que les asisten y
hace más severas las ordinarias condiciones de vida en prisión. Las
consecuencias de esto en los presos enfermos motivo de nuestra
interpelación son aún más evidentes, debido a las medidas de aislamiento
que se les aplican, los momentos de tensión que viven y los traslados de
prisión o celda frecuentes debido al control total que se ejerce sobre
estas personas. Todo ello genera problemas añadidos, además de
dificultades para el seguimiento adecuado de la evolución de la
enfermedad por la pobre asistencia diético-higiénica, los larguísimos
trámites para consultas, las inaceptables condiciones en los traslados, y
la negativa sistemática a recibir visitas de profesionales médicos de
confianza, con lo que no se cumple el principio de equivalencia y
equilibrio entre la enfermedad y el análisis objetivo que esta requiere,
consecuencia de lo cual no se tiene un diagnóstico correcto. Conforman
todos ellos una serie de factores que afectan directamente a los casos de
las personas enfermas que mencionaré a continuación, y que con la ley en
la mano y por humanidad deberían estar en libertad para poder hacer
frente a su enfermedad en unas condiciones adecuadas y dignas.
La legislación estatal e internacional ofrece mecanismos claros y
perfectamente aplicables si hay voluntad para ello. Partimos de la base
de que el derecho a la salud y a una asistencia sanitaria digna es un
derecho fundamental de todo ser humano. Cuando nos referimos al derecho a
la salud lo hacemos en los términos que defiende la Organización Mundial
de la Salud, que no se limita al derecho que tenemos a estar sanos, sino
que el derecho a la salud significa que los Estados y sus Gobiernos deben
crear las condiciones necesarias que permitan que todas las personas
puedan vivir lo más saludablemente posible. Así pues, pese a que las
personas presas tienen limitados algunos derechos por decisión judicial,
entre estos no se encuentran sus derechos sanitarios, y por tanto tienen
que tener los mismos derechos que los demás pacientes respecto al
desarrollo y agravamiento de sus enfermedades. Así lo reconoce la propia
Constitución española -ustedes que son tan defensores de la legislación
vigente-, que recuerda que las normas relativas a los derechos humanos
deben interpretarse de conformidad con la declaración universal y los
tratados internacionales ratificados por el Estado, además de establecer
que cualquier persona condenada gozará de todos sus derechos, excepto los
limitados por el contenido del fallo condenatorio. Incluso el Código
Penal recoge la libertad condicional para aquellos presos que, según
informe médico, sean enfermos muy graves con padecimientos incurables.
Si recurrimos a la Ley Orgánica General Penitenciaria o al reglamento
penitenciario estos establecen, incluso para los presos que estuvieran
clasificados en primer grado, la posibilidad de ser clasificados en
tercero por razones humanitarias y de dignidad personal, así como la
concesión de la libertad condicional cuando se trate de enfermos muy
graves con padecimientos incurables. En ningún momento la legislación
vigente dice que eso deba suponer que el preso esté a punto de morir,
como parece interpretar el Gobierno a raíz de la circular interna que
según la prensa ha remitido la Dirección General de Instituciones
Penitenciarias a las prisiones. No hemos podido confirmar hasta ahora si
esta noticia es cierta, pese a haber formulado pregunta escrita al
respecto al Gobierno; espero que nos lo pueda aclarar el ministro a lo
largo de esta interpelación. En cualquier caso, y de ser cierta, el
Gobierno mostraría su actuación cruel para con estos presos, además de
contraria a la legislación, y es que no solo vulnera su propia
legislación, también atenta contra las reglas Mandela aprobadas por la
Asamblea General de la ONU en 2015. Las mismas no solo remarcan la
necesidad de poner en libertad a los presos con enfermedades
psicológicas, sino que también definen un exhaustivo estándar de atención
médica en prisión radicalmente diferente al que se aplica a los presos
vascos a los que nos referimos. Por tanto la actuación del Gobierno se
aleja de la legislación, de lo que es un trato humanitario, y niega la
libertad condicional o la prisión atenuada a los presos vascos por
motivos únicamente políticos, primando estos sobre los estrictamente
médicos.
Dicho esto me van a permitir que les relate la gravedad de las
enfermedades que estos presos padecen, y que pongamos nombre y
diagnóstico a algunos de los casos más graves, sin menoscabo de que todos
ellos deberían estar en libertad. Dos de ellos están en Francia, Oier
Gómez e Ibon Fernandez Iradi, y la mayoría en cárceles españolas. Jagoba
Codo tiene una espondilitis anquilosante B27 negativa, además de un
cuadro de pluripatología. Ello le dificulta realizar actividades
cotidianas, como vestirse, levantarse de la cama o mirar de un lado a
otro. Necesita asistencia médica y tratamiento farmacológico adecuados,
además de fisioterapia y alimentación adecuada. Reciente y precisamente
le han concedido el segundo grado por tener una enfermedad grave. Manu
Azkarate está afectado desde la infancia de
cavernoma de la vena porta, con grave riesgo de hemorragias digestivas y
de complicaciones severas circulatorias. Requiere un cuidado, seguimiento
y tratamiento muy estrictos. Ya en el año 1992 estuvo en puertas de morir
con graves hemorragias y la estancia en prisión supone un riesgo añadido.
José Ramón López de Abetxuko padece de bradicardia sistémica, fibrilación
auricular, adenoma de próstata, artrosis cervical, coxartrosis bilateral
y coxalgia. Debe someterse a controles de sus funciones cardíacas, evitar
situaciones de estrés y llevar un modo de vida saludable, lo que resulta
muy difícil en prisión. Los sobreesfuerzos le son perjudiciales, pese a
lo cual ha sido obligado a realizar numerosos traslados de celda o módulo
teniendo que trasladar sus pertenencias. Josetxo Arizkuren tiene dolores
repetidos de epigastrio, disnea y opresión precordial. Llegar al
diagnóstico de lo que padece fue complicado, ya que los numerosos cambios
de cárcel a los que ha sido sometido lo han dificultado. Aunque los
dolores comenzaron en el año 2008 no fue hasta el año 2011 cuando le
diagnosticaron cardiopatía isquémica grave. Las patologías de cardiopatía
requieren un control y seguimiento muy estricto y unas condiciones de
vida adecuadas para evitar el deterioro de la enfermedad. A Arigoitz
Arruarte le diagnosticaron uveítis aguda bilateral, que le afecta a los
ojos, y espondilitis anquilosante, por lo que la estancia en prisión es
totalmente perjudicial para su salud, y eso mismo puede traer consigo una
degeneración que irá acrecentándose más rápido. Iñaki Etxeberria tiene un
diagnóstico de miopía magna de larga duración, glaucoma bilateral y
afaquia; lo que inicialmente era una gran miopía trajo consigo otras
consecuencias. No recibe asistencia sanitaria adecuada en prisión, y los
últimos traslados han frenado el tratamiento adecuado a su enfermedad. A
Gorka Fraile le diagnosticaron carcinoma epidermoide en el dorso de la
lengua; como en todos los casos de cáncer también este necesita de un
seguimiento estrecho. Joseba Borde padece adenocarcinoma bien
diferenciado de 5 cm, una neoformación tumoral en la zona discal del
colon. Otro caso de cáncer. Chus Martín tiene esquizofrenia paranoide y
desorden general de ansiedad; después de haber sido sometido a largos
periodos de aislamiento, un total de ocho años, y situaciones duras
intentó cortarse las venas, por lo que tiene aplicado el protocolo de
ayuda con riesgo de suicidio, lo que supone estar acompañado las
veinticuatro horas por otro preso. Ha sufrido graves crisis paranoides,
oye voces y frecuentemente tiene conversaciones sin sentido, le cuesta
concentrarse. Hace dos años se le paralizó todo el lado izquierdo,
incluso el habla, con lo que a la imposibilidad de cuidar de sí mismo se
añadió la imposibilidad de que alguien pudiera saber lo que le ocurría.
Ha solicitado poder cumplir la pena en prisión atenuada en su domicilio,
dado que se encuentra en segundo grado, pero no le ha sido concedida. Aun
así es la cárcel la que ha decidido ponerle en segundo grado, trasladarle
a Zaballa muy probablemente por la gravedad de la enfermedad que padece,
y nos preguntamos por qué no se ha dado el último paso y se le ha
permitido la prisión atenuada como permite la ley. También en el caso de
Aitor Gogorza se viene solicitando la aplicación del artículo 100.2 del
reglamento penitenciario, que contempla ante una situación de esta
gravedad cumplir la condena fuera de prisión, de modo atenuado, en su
domicilio. Aitor Gogorza ha sido llevado de la cárcel al hospital en
veintiocho ocasiones, debido al trastorno obsesivo-compulsivo que padece.
En los últimos seis meses acumula seis hospitalizaciones. El problema
principal es el riesgo de suicidio y las ideas de muerte recurrentes que
le invaden el funcionamiento mental debido a la enfermedad. En los
últimos años ha intentado suicidarse en tres ocasiones, y se ha salvado
gracias a la rápida actuación de su compañero de celda, que está con él
las veinticuatro horas. Le diagnosticaron el desequilibrio
obsesivo-compulsivo hace años; durante los primeros tuvo oscilaciones,
pero se pudo controlar. Pero las cosas comenzaron a empeorar con su
extradición y su encarcelación en cárceles españolas. Fue un
empeoramiento brusco y grave. Ha perdido el contacto con la realidad,
tiene ideas obsesivas y funcionamiento autodestructivo. En su caso el
tratamiento fuera de la cárcel sería complicado, difícilmente curable, en
prisión imposible e incurable y con gran riesgo de empeoramiento mucho
mayor. Finalmente voy a mencionar el caso de Ibon Iparragirre, que tiene
infección VIH en estado C-3, con graves lesiones neurológicas provocadas
por el sida; episodios de epilepsia, alteraciones de la vista, pérdida de
memoria y de la noción del espacio. Su estancia en prisión ha supuesto
alteraciones y desórdenes, tanto en su comportamiento como en su
pensamiento. Podríamos resumir diciendo que tiene sida, una enfermedad
psíquica y que además no ve, y ello hace que además sea víctima de
agresiones y de robos. El hecho cierto es que tiene un riesgo de muerte
real y la cárcel no es compatible con esta enfermedad. En Italia, por
ejemplo, un enfermo con sida sería puesto en libertad solo por tener esta
enfermedad sin ningún otro condicionante.
Todos los presos que he mencionado -lo he hecho rápido, porque son muchos
y quería darles algunos detalles de los casos-, por el hecho de sufrir
graves enfermedades, son acreedores inmediatos del derecho a la libertad.
Son presos con padecimientos incurables que por ello deberían acceder
urgentemente a la libertad condicional, por su deteriorado estado de salud
al margen de cualquier otra consideración. Son presos con dolencias que
la prisión no es capaz de atenuar, más bien al contrario, no hace más que
empeorarlas, y por ello interpelamos al Gobierno sobre la materia.
Imagínense ustedes el Estado que intuyan que es el más garantista de
Europa en materia de derechos de personas presas. Vayan ustedes a un
Estado escandinavo, vayan tal vez a un centro europeo, ¿creen acaso que
encontrarían alguna situación ni remotamente similar a las que he
descrito? Pues no. Por eso interpelamos directamente al Gobierno, y con
esta pregunta termino y atenderé gustosamente la respuesta que el
ministro me vaya a dar: ¿tiene intención el Gobierno de, atendiendo a la
legislación española e internacional, priorizando criterios médicos y
humanitarios, hacer los trámites necesarios para que estas personas
gravemente enfermas puedan acceder a la libertad condicional o a la
prisión atenuada?
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro
del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Señora presidenta, muchas
gracias.
Señorías, la postura del Gobierno en este caso, como en todos aquellos que
afectan a la ejecución penal, no puede ser otra que el cumplimiento
estricto de la legalidad y el escrupuloso respeto a las resoluciones
judiciales, y más concretamente a las de los juzgados de vigilancia
penitenciaria, que en el tema que hoy usted ha traído aquí, señoría,
tienen mucho que ver.
Quiero hacer en primer lugar un par de consideraciones. La primera es que
los presos vascos a los que usted se ha referido, como españoles que son,
no están sometidos a una legislación penal y penitenciaria específica,
están sometidos a la misma que el resto de los presos de España. La
Constitución española como usted conoce no admite discriminación de
ningún tipo, mucho menos por razón de nacimiento y/o residencia. En
segundo lugar, si su señoría se refiere a condenados por terrorismo, que
es lo que creo que ha hecho usted, le diré que la legislación penal y
penitenciaria es la misma para cualquier persona que se halle encarcelada
por un delito de terrorismo, independientemente de dónde haya nacido o la
organización criminal a la que pertenezca, ya sea ETA, Grapo, yihadismo,
etcétera. Por tanto la legislación penitenciaria y la penal contemplan
fórmulas para que los internos penados que sufren enfermedades graves con
padecimientos incurables puedan acceder a la libertad condicional
mediante la suspensión de la condena por circunstancias; esas
circunstancias precisamente de padecimientos incurables. Obviamente
cuando se cumplen todos los requisitos así se acuerda. El artículo 104.4
del reglamento penitenciario posibilita que los penados enfermos muy
graves con padecimientos incurables, según informe médico, puedan ser
clasificados en tercer grado por razones humanitarias y también de
dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir. Por su
parte, y continuando con la descripción en la legislación española
vigente, el Código Penal contempla la posibilidad de la suspensión de la
ejecución del resto de la pena, incluso la libertad condicional, en los
supuestos de penados enfermos muy graves con padecimientos incurables,
siempre y cuando reúnan los requisitos previstos en el artículo 90 del
Código Penal, excepto el de haber cumplido las tres cuartas partes, las
dos terceras o incluso la mitad de su condena. Especialmente son muy
relevantes, señoría, las reformas introducidas en el actual Código Penal,
que en su artículo 90.7 establece la posibilidad de que el propio
interesado solicite directamente al juez de vigilancia penitenciaria la
suspensión de la pena por libertad condicional, petición que el juez de
vigilancia penitenciaria resolverá de oficio.
Dicho esto lo sorprendente es que a usted solo le preocupen determinados
presos, que es lo que aquí ha venido usted a argumentar. Ha preguntado su
señoría por los presos vascos sometidos a la legislación antiterrorista
que están enfermos. Evidentemente pregunta, como viene siendo habitual,
por los presos de la organización terrorista ETA o que están relacionados
con ellos, porque ya sabemos que ustedes ponen sus energías y sus
intereses en los terroristas mucho más que en sus víctimas, en los
asesinos y no en las víctimas. Es decir, insisto, ponen la defensa de los
intereses de los asesinos y nunca en las víctimas del terrorismo. Voy a
ser muy claro, nuestra democracia no clasifica a los presos por su lugar
de origen; no distingue entre presos vascos, murcianos o de otro origen
territorial. En España no hay presos por lugar de nacimiento; en España
lo que se persigue es el delito, y eso lo saben todas sus señorías, y es
que su señoría se refiere a los presos de ETA, presos condenados por
pertenecer o colaborar con la banda terrorista ETA; personas que por
cierto tienen origen diverso: los hay vascos, navarros y de otros
orígenes españoles, incluso de otras nacionalidades; y a la inversa, hay
muchos presos vinculados con Euskadi que no tienen nada que ver con el
terrorismo, y también hay muchas víctimas del terrorismo que
son vascos y que desde luego no se merecen que a sus asesinos se les
identifique simplemente como presos vascos.
Pregunta usted, señoría, con gran interés sobre la posición del Gobierno
con respecto a los presos de ETA, y le aseguro que este Gobierno, como no
podría ser de otra manera, cumplirá estrictamente con el ordenamiento
jurídico aplicando las normas previstas en la legislación penitenciaria
vigente, y sin hacer concesiones para quienes rechazan las medidas
contempladas en ella. Cumplir y hacer cumplir la ley es nuestro
compromiso y es también nuestro deber; nuestro deber con las reglas que
nos hemos dado, y que implica cumplir la ley con todos los ciudadanos por
igual, sean cuales sean los delitos que han cometido, y a pesar de que la
democracia les conceda los mismos derechos precisamente a aquellos que
con más fuerza la han atacado y nos han atacado a los demócratas; nuestro
deber y nuestro compromiso con la obligación de cumplir la ley por
supuesto, pero también las prescripciones que la ley establece para los
presos condenados por delitos de terrorismo, con los que por principio
este Gobierno va a ser tremendamente vigilante y riguroso. Les recuerdo a
sus señorías que todos estamos obligados a respetar las leyes, y vamos a
ser absolutamente exigentes en el cumplimiento de las mismas. No habrá
transacciones ni concesiones con aquellos que tanto sufrimiento, tanto
dolor y tantos años de miedo han provocado en nuestra sociedad, y mucho
menos ahora que la fortaleza de los demócratas ha sido capaz de situar a
los terroristas a las puertas de su desaparición.
Señorías, tengo que insistir en que la Administración penitenciaria en
España es un sólido cuerpo de funcionarios y funcionarias servidores del
Estado que todos los días trabajan en un ámbito que es complejo,
complicado y me atrevería a decir que duro y también peligroso; un cuerpo
de mujeres y hombres que día a día demuestran su profesionalidad y su
compromiso con el servicio público, en un entorno que comprenderán que es
difícil, como es el ámbito penitenciario. Son precisamente estos
funcionarios los que mejor conocen la evolución, la situación y las
necesidades de la población reclusa, y desde luego son grandes
profesionales sobre los que recae la gran responsabilidad de cumplir con
la legislación penitenciaria. Por otro lado la salud de los presos -de
todos ellos- es una de las grandes preocupaciones de los funcionarios, de
las funcionarias y de los responsables de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, y a ello se dedican con gran preocupación,
responsabilidad y también profesionalidad. Los reclusos terroristas, como
los que no lo son, tienen asegurada la protección de su derecho a la
salud a través de los medios propios de la sanidad penitenciaria, y
también de la asistencia hospitalaria de los centros de la red pública en
todas y cada una de las comunidades autónomas. Cuando se aprecian los
requisitos para el acceso a la fórmula penitenciaria, justificada por la
gravedad de sus dolencias, se adoptan las resoluciones oportunas, bien
por la Administración penitenciaria bien por la autoridad judicial, como
anteriormente he dejado dicho. En definitiva en el caso de los presos
terroristas -como en todos- el Gobierno lo que hace es cumplir la ley y
las sentencias de los tribunales.
Señoría, tenga la tranquilidad de que no existe ningún condenado por
terrorismo en estos momentos que no pueda ser atendido por los servicios
médicos, ya sea de los centros penitenciarios o del sistema público de
salud. Por lo tanto la atención sanitaria esté usted tranquila de que
está plenamente garantizada para todos los presos, también para aquellos
con vínculos en el País Vasco, aunque usted no pregunte por ellos.
También para los presos terroristas, que es a los que usted ha hecho
referencia y parece que son los que le interesan. Le repito, señoría, que
puede usted estar tranquila, que aquellos terroristas que en estos
momentos padecen algún tipo de enfermedad están recibiendo la asistencia
necesaria que precisan a través de la red sanitaria pública, insisto, y
todos ellos están sometidos a los pertinentes controles médicos, que
valoran si su evolución deriva en situaciones que exijan iniciar el
procedimiento de excarcelación anticipada, que está también previsto en
la legislación vigente. En ninguno de los casos se ha detectado que el
grado de enfermedad que padecen estos internos revista la suficiente
entidad como para poder poner en marcha el mecanismo de la anticipación
de su libertad, y mucho menos que esa enfermedad esté en un estadio en
que el peligro de la misma sea patente para la vida del interno.
Para concluir me gustaría, en primer lugar, manifestar el firme compromiso
del Gobierno no solo con la ley, como ha quedado patente en esta
interpelación, sino también con la justicia, la justicia necesaria con
las familias que han perdido a sus seres queridos en los actos de mayor
injusticia posible. En segundo lugar, nuestro compromiso irrenunciable
con la memoria, una memoria justa que ponga a cada uno en su sitio. Ese
es nuestro deber como responsables públicos, y desde aquí le digo que ese
será nuestro norte en la lucha contraterrorista.
Señoría, tengo aquí la relación de todas las enfermedades que padecen los
presos de la banda terrorista ETA en prisiones españolas; no voy a dar
los nombres por proteger los datos de las personas.
Usted ha nombrado unas determinadas enfermedades, yo no las voy a nombrar,
las tengo todas, pero por citar algún caso, cuando ha hablado de un
carcinoma de lengua que afecta a un preso, he de decir que este fue
intervenido sin signos de recidiva locorregional, tiene aumento de peso,
realiza deporte y tiene una próxima revisión en junio de 2017. Ha hablado
de un preso que tiene antecedentes de cardiopatía isquémica. La última
revisión, según consta en el expediente, se hizo el 2 de marzo de este
año: eco de esfuerzo con resultado negativo; alta por el servicio de
cardiología del hospital. Le cito un tercer caso: intervención quirúrgica
en mayo de 2016 por adenocarcinoma de colon de bajo grado, no siendo
necesaria radioterapia ni quimioterapia; revisiones periódicas.
Señoría, lamento que haya personas enfermas en las prisiones españolas
como lamento que haya personas enfermas en España, pero utilizar estos
argumentos para venir aquí y no hablar ni de las víctimas ni del dolor de
tantas familias me parece que es utilizar una doble vara de medir. Desde
el Gobierno de España sabemos quiénes son los asesinos y quiénes son las
víctimas y de ahí no nos va a apartar nadie. Por otro lado, que quede
claro que los derechos humanos se salvaguardan, pero en este caso no hay
ninguno que padezca una enfermedad en grado tal que aconseje su salida de
prisión por esta razón.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Beitialarralgoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señora presidenta.
Habla el señor ministro del cumplimiento escrupuloso de la ley y me dice
que a todos los presos se les aplica la misma ley. Si lo que me está
queriendo decir es que sea cual sea la causa que ha llevado a una persona
a prisión a todas ellas se les está aplicando aislamiento, traslados
continuos, alejamiento, impedimento de entrada de profesionales de
confianza, pobre asistencia dietética e higiénica y largos trámites para
consultas que dificultan que tengan un diagnóstico certero y, por tanto,
el tratamiento y seguimiento de la enfermedad, le diré que le pido lo
mismo para absolutamente todos los presos. Si he mencionado a los presos
en concreto a los que se les aplica una política excepcional es porque
creo que así es, porque creo que esta política se aplica excepcionalmente
a los presos vascos. Pero en ningún caso este grupo apoyará que se
aplique este tipo de políticas a ninguna persona que esté en la cárcel,
sea cual sea la causa que les haya podido llevar a prisión, ni aunque
fuera alguien que vaya por corrupción y sea del Partido Popular, a nadie.
Creo que todas las personas necesitan un trato humanitario, un trato
ajustado a la ley, y que si están enfermas puedan ser tratadas
debidamente. Claro que no se clasifican por su lugar de origen, pero sí
por las causas que les han llevado a la cárcel. Esa es la diferencia y
ese es el término que no ha querido utilizar usted.
También habla de un compromiso con la memoria. Mire, cuando se ha hablado
en este hemiciclo de víctimas he hablado de víctimas y no he necesitado
traer otro tema. Creo que las víctimas necesitan reconocimiento y
reparación pero no a costa de ser inhumanos con otras personas. El que ha
mezclado los temas es usted. Cada vez que se trae un tema a este
hemiciclo intento ceñirme a la cuestión y en esta ocasión estaba hablando
de presos. Cuando quiera usted hablamos de víctimas, no tengo ningún
inconveniente. Para que transitemos hacia un futuro de convivencia con
bases sólidas también tendremos que hablar de las víctimas. Pero ya que
usted dice tener un compromiso con la memoria, espero que en un futuro la
memoria no tenga que dejarle en mal lugar a usted ni al Gobierno si
alguno de esos presos -que no ocurra- sufre un desenlace fatal, porque
existe riesgo real en algunos casos, sobre todo en aquellos que tienen
enfermedades psicológicas, de que ocurra un desenlace fatal, diga usted
lo que diga. He mencionado algunos datos antes. He mencionado los tres
intentos de suicidio de una persona que si no han llegado a tener un
desenlace fatal ha sido porque estaba acompañado las veinticuatro horas
por un compañero, que es el que le ha salvado la vida; no ha sido el
sistema penitenciario como tal, sino su compañero.
Por tanto, creo que este tema merece una respuesta sobre todo en dos
dimensiones. Las he mencionado antes y las voy a repetir: la legal y la
humanitaria. Y puedo añadir una tercera: la demanda social clara en
Euskal Herria para que esta cuestión se solucione. No se equivoque, no es
cuestión de concesiones. El funcionamiento del Estado de derecho no se
propaga, se demuestra día a día y no con palabras, con hechos. Esa sería
una buena forma de demostrar que el Estado de derecho funciona porque, a
día de hoy, con estos presos, la legislación no se está aplicando. Sabe
usted tan bien como yo que la aplicación normalizada de la ley podría
conllevar, cuando menos, la prisión atenuada y en algunos casos también
la libertad provisional. Por cierto, que otras personas que también han
sido condenadas
por las mismas cuestiones que usted ha mencionado aquí han accedido a la
libertad condicional durante años con la prisión atenuada, pero este
camino se ha cortocircuitado y eso es responsabilidad del Gobierno del
Partido Popular. Hay, insisto, legalidad excepcional para impedir las
excarcelaciones pero también hay legalidad favorable a la
flexibilización. A ello le apelo, a que tenga humanidad y a que, con la
ley en la mano, sea flexible. Lo hacemos nosotros y lo hace la mayoría de
la sociedad vasca, también se ha hecho en sede parlamentaria, para que se
aplique la libertad condicional a estos presos.
Usted ha hablado de las modificaciones de las leyes. Después de la
modificación del Código Penal de 1996, veintiún presos vascos fueron
liberados por enfermedades graves, en aplicación de los artículos 90 y
92. La modificación excepcional que se hizo en 2003 trajo la imposición
de nuevos requisitos, lo que derivó en el cese de excarcelaciones, y
desde entonces apenas han salido dos. Pero también hay presos que han
podido cumplir y que hoy en día están cumpliendo sus condenas en casa,
aun siendo con estrictas medidas de seguridad; superan la media docena y
no tienen patologías más graves de las que padecen los que hoy en día
están en la cárcel, en algunos casos son muy similares. Eso también se lo
quiero dejar claro.
El derecho a la salud es universal, lo he dicho antes, es un derecho que
tenemos todos por ley y usted está negando ese derecho a estas personas;
se lo está negando. Con decirme cuándo han tenido la última
hospitalización o el último tratamiento no me está diciendo nada, con la
dificultad que ha habido para llegar a eso y con el perjuicio que causa y
lo incompatible que es. Y si no se fía de los diagnósticos que se han
hecho, estamos dispuestos a someterlos a nuevos diagnósticos, a que entre
todos lleguemos a un diagnóstico real, a que sus médicos de confianza y
otros médicos de forma oficial puedan hacer un diagnóstico certero.
Porque hay médicos, más de uno y de dos, que han llegado a la misma
conclusión, incluso hay veces que el juez ha pedido otro informe porque
no se fiaba del médico de confianza y ha llegado a la misma conclusión,
la de que esas enfermedades son incompatibles con la estancia en la
cárcel. Si el fin primordial de las penas privativas de libertad es
procurar la reinserción social, difícilmente la resocialización del
penado puede llegar a algún lado si uno se está ensañando con su
enfermedad y no está aplicándole la ley debidamente.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor ministro del Interior.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Zoido Álvarez): Muchas gracias,
presidenta.
Para que le quede bien claro, señoría, la excarcelación no la decide el
ministro del Interior ni el Gobierno de España; la excarcelación la
decide la autoridad judicial, y usted lo sabe. Hablaba del derecho a la
sanidad universal. Le he explicado que está la sanidad que se aplica
desde las instituciones penitenciarias, desde los centros, y cuando es
necesario se utiliza la red de la sanidad pública que tenemos en toda
España, en todas y cada una de las comunidades. Por tanto, los presos
vascos también tienen derecho, como todos, a una sanidad universal que
tienen garantizada.
Hablaba usted de causas legales, humanitarias y de demanda social. La
justificación legal se la he dicho: todos tenemos que cumplir la ley. La
razón humanitaria es la que se reconoce precisamente cuando la enfermedad
reviste determinadas características y es entonces cuando se aplica la
legalidad vigente, como siempre.
En cuanto a la demanda social, de momento aquí la que ha quedado reflejada
es la suya y la de los que piensan como usted, pero no es toda la demanda
social del pueblo español que se dé un determinado trato a una serie de
personas que están en prisión no por ser independentistas ni
nacionalistas, sino por formar parte de la banda terrorista ETA que tanto
dolor y tanto sangre ha derramado en España. (Aplausos).
Nuevamente ha sacado usted el caso de una persona que está enferma. Están
aquí todos (Muestra un documento) y están con sus distintos diagnósticos.
No soy un profesional de la sanidad pero es verdad que los trastornos
obsesivos, que a algunos les puede llevar a un intento de suicidio, se
dan en presos de ETA y en presos que no son de ETA y para eso hay un
tratamiento desde el punto de vista médico. No soy yo quien tiene que
imponer el tratamiento adecuado a ese diagnóstico, pero reciben el mismo
tratamiento que los demás internos y tienen un acompañamiento de
veinticuatro horas. Hay dos presos de ETA que tienen ese diagnóstico y en
el caso de los dos figura que su estado en la actualidad es estable y que
están acompañados por las personas que se han establecido, de igual modo
que está acompañado cualquier otro preso que se encuentra interno en los
centros. Insisto, no consta que ningún interno de la banda terrorista ETA
reúna los requisitos para ser excarcelado por enfermedad y a ninguno
se le puede aplicar la excarcelación. En los términos expuestos con
antelación y según la legislación penal y penitenciaria, de los
terroristas que pertenecen a la organización ETA no hay ninguno en los
centros penitenciarios cuyo padecimiento o estado de salud pudiera ser
determinante para iniciar el procedimiento que conlleva la excarcelación
anticipada. Esos terroristas que en estos momentos padecen algún tipo de
enfermedad reciben, insisto, la asistencia sanitaria a través de la red
asistencial de cada comunidad autónoma y también la asistencia en cada
centro. En ningún caso se ha detectado que el grado de enfermedad del
interno revista la entidad suficiente para poder poner en marcha el
mecanismo de la anticipación de su libertad ni mucho menos que esta
enfermedad esté en un estadio en el que el la vida del interno esté en
peligro.
Ha hecho una alusión de por qué se había dictado recientemente la
instrucción 3/2017. Pues para poder regular y aclarar las excarcelaciones
por enfermedad. La circular a la que se refiere pretende dar una
respuesta organizativa acorde con la legalidad establecida en la última
reforma del Código Penal de 2015, en la que se modificó la naturaleza
jurídica de la libertad condicional transmutándola en una suspensión de
la condena e introduciendo algunas innovaciones tanto de forma como de
fondo. Las circulares, señoría, tienen como finalidad la aplicación
homogénea de la gestión en los procedimientos administrativos y, en el
caso que nos ocupa, tenga la completa seguridad de que es respetuosa con
el principio de jerarquía normativa y, como no puede ser de otra manera,
no violenta la legalidad recogida en la Ley Orgánica Penitenciaria ni en
el Código Penal. No le hace falta que le aclare, señoría, que las
circulares internas no vinculan ni a los jueces ni a los tribunales, que
en esta materia son los encargados -como le dije al comienzo de esta
segunda intervención- de decidir sobre este tipo de excarcelaciones, sin
que -como ya le he dicho- la Administración penitenciaria esté legitimada
para impugnar ninguna de estas resoluciones. La circular, respetuosa con
el principio de la jerarquía normativa, pretende adaptar el procedimiento
penitenciario a la nueva regulación introducida en el artículo 91 del
Código Penal, dando unas indicaciones claras a todos los servicios
sanitarios de los centros penitenciarios sobre la forma de proceder en
estas situaciones. Espero que le haya aclarado las dudas que pesaban
sobre usted sobre la finalidad y el contenido que se perseguía con esta
circular.
Termino, señor a presidenta. Firme compromiso con la justicia, firme
compromiso con la memoria y firme compromiso con las víctimas que han
padecido el terrorismo de ETA.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, AL MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y
COMPETITIVIDAD, SOBRE LA AUSENCIA DE UNA ESTRATEGIA GLOBAL EN LA POLÍTICA
INDUSTRIAL DEL GOBIERNO. (Número de expediente 172/000039).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista al ministro de Economía, Industria y
Competitividad, sobre la ausencia de una estrategia global en la política
industrial del Gobierno. Para su defensa, tiene la palabra la señora
Blanquer Alcaraz.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, para los socialistas es imprescindible crecer para poder
redistribuir. Es fundamental un crecimiento sostenible y sostenido en el
tiempo, capaz de generar empleo de calidad, capaz de generar ingresos que
puedan sostener nuestro Estado del bienestar. Y la industria puede y debe
jugar un papel muy importante en este sentido, porque la industria es el
origen del 80 % de la innovación privada y de tres cuartas partes de las
exportaciones; actúa como locomotora de múltiples subsectores de
servicios; se caracteriza por una mayor cualificación de la fuerza de
trabajo; tiene un nivel de productividad sectorial superior al del resto
de los sectores y, por tanto, si la potenciamos, conseguiremos una mayor
productividad media del trabajo en el conjunto de la economía. Además, la
industria es un sector con un fuerte efecto multiplicador que genera de
media, de forma indirecta e inducida, 1,61 euros de producto interior
bruto por cada euro de producto interior bruto industrial y 1,43 empleos
por cada empleo directo en la industria.
En los últimos años, el crecimiento económico se debe más a las sinergias
exteriores que nos han beneficiado que a las políticas de su Gobierno: la
bajada de los precios del crudo al ser un país energéticamente
dependiente del petróleo o las políticas expansivas del Banco Central
Europeo o la inseguridad en algunos países tradicionalmente turísticos
que nos han convertido en el primer receptor de turistas. Pero, a pesar
de que nuestro país crece, el empleo no crece al mismo ritmo y tampoco
los
ingresos derivados del mismo. El factor trabajo no está al alcance de
todos y además no garantiza el bienestar a quien trabaja. En esto último
ha tenido mucho que ver la reforma laboral de su Gobierno, solo un 6 % de
los contratos que se formalizan son a tiempo completo. Y me duele, de
verdad que me duele, que la precariedad laboral sea parte de la marca
España hoy. Cada vez hay menos horas efectivas semanales de trabajo de
media y la evolución del mercado laboral es una de las primeras señales
de la transformación y revolución en la que estamos inmersos. De hecho,
hoy existe cierto consenso en afirmar que nos encontramos ante la cuarta
revolución industrial, en la que el motor de la revolución son las
tecnologías digitales con base en Internet.
Ante esta nueva realidad, su Gobierno ha planteado una reestructuración
ministerial muy poco coherente incluyendo Industria en Economía y Agenda
Digital en Energía. Digo que es poco coherente porque lo demuestran los
resultados. Después de cinco meses de la conformación de su Gobierno y
tras el análisis de los presupuestos que presentaron ayer, no vemos que
tengan una estrategia integral, coordinada, transversal entre los
distintos ministerios para afrontar esa gran revolución que ya estamos
experimentado y los nuevos desafíos laborales con la robotización,
desafíos sociales, medioambientales, de seguridad, económicos y
tecnológicos que nos acechan. Nadie conoce el alcance del Ministerio de
Agenda Digital y, de momento, cada ministerio va a la suya.
El rápido avance de la globalización económica favorecido por el
desarrollo exponencial y vertiginoso de las nuevas tecnologías, que ha
multiplicado las redes internacionales del comercio intensificando la
competencia en todos los mercados, fuerza a una actualización e
innovación en los diferentes sectores industriales de todos los sistemas
de productos, procesos, organización y distribución empresariales para no
perder competitividad; un proceso de transformación tecnológica
inteligente de las empresas que comporta mucha inversión en I+D, en
creatividad, en innovación y en formación permanente. El tiempo que se
tarde en afrontar este proceso será decisivo para asegurar la
supervivencia del tejido productivo del país en un mundo empresarial
competitivo y en un entorno cada vez más globalizado. Según el estudio de
marzo de la OCDE España está a la cola de la inversión en I+D, señal de
que ustedes llevan muchos años perdiendo el tiempo en este campo. Hoy se
afirma que la industria, durante los próximos cinco años, evolucionará
igual que los cincuenta años anteriores y se necesitan actuaciones
rápidas, sólidas, para dar la mejor respuesta ante los cambios que se
avecinan. Sin embargo, su Gobierno no cuenta con una estrategia integral
industrial, clave para afrontar esta nueva revolución que ya notamos.
En su comparecencia le pregunté por su objetivo para cumplir con la
Estrategia común europea 2020 de reindustrialización. Recuerdo que le
restó importancia a mi pregunta destacando la frontera difusa entre
industria y servicios. Sin embargo, la industria tiene una gran
importancia, aunque su Gobierno no lo manifieste así, como le he indicado
al principio de mi intervención. Hoy hablamos de tecnología, de ciencia,
de investigación, de innovación, de energía, de digitalización, de
sostenibilidad medioambiental, pero todas ellas no son más que las partes
que fundamentan, dan valor y dan garantía a la industria de hoy y del
futuro. Hoy hay sectores industriales cada vez más intensivos en
conocimientos -el sector de los videojuegos, el farmacéutico, el
cosmético, el aeroespacial-, sectores tradicionales que también han
evolucionado como el textil técnico, un sector que le puedo decir que
conozco bien. En concreto, para su evolución ha jugado un papel
fundamental la investigación de los institutos tecnológicos como el que
hay en Alcoy y que, junto con otros institutos, fueron iniciativa pionera
de Gobiernos socialistas y que fueron olvidados por el Partido Popular.
Se demuestra que la investigación y la innovación son el futuro de la
industria.
El sector del automóvil avanza rápidamente hacia el coche autónomo. Ya ha
evolucionado reduciendo la emisión de CO2 gracias a la legislación, pero
todavía debe evolucionar más hacia modelos menos contaminantes, y la
Administración puede influir, y mucho, en este sentido. El tejido
industrial tiene todavía margen de mejora en términos de eficiencia, de
sostenibilidad medioambiental y de competitividad, pero no hay margen en
los salarios para ganar competitividad. Hemos de conseguir que no se
compita en precios reduciendo salarios y a costa de los derechos
laborales. Se puede y se debe ganar competitividad, y mucha, apostando
por los intangibles, por la propiedad industrial e intelectual,
fomentando la innovación, mejorando las habilidades y capacidades del
capital humano, aprovechando la incorporación de los nuevos avances
tecnológicos, reduciendo los costes logísticos, los energéticos, siendo
más eficientes en el uso de los insumos e incorporando nuevas técnicas de
aprovechamiento de los residuos. En todos estos campos, los distintos
ministerios, las comunidades autónomas y los municipios, en el ámbito de
sus competencias, deben jugar un papel importante incidiendo en el
devenir y la transformación del tejido industrial y empresarial.
Su Gobierno ha orientado durante los últimos años las políticas públicas
exclusivamente hacia el objetivo último de la reducción del déficit vía
gastos y no generando nuevas oportunidades que supusieran nuevos
ingresos. La austeridad indiscriminada y finalizada sin un
establecimiento de prioridades ha hecho mucho daño; hemos perdido el
liderazgo en sectores industriales como el sector de las energías
renovables y no han impulsado el avance de nuestro país en otros
sectores. No están impulsando la necesaria transición energética hacia un
modelo más respetuoso con el medio ambiente, tan necesario para el
bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de hoy y de las generaciones
futuras; sí lo están haciendo otros países como Alemania o Francia, con
una gran trayectoria industrial. No han priorizado la ejecución de
inversión en infraestructuras, tan necesarias para generar empleo y para
reducir también los costes logísticos acabando con los cuellos de
botella. Han generado inseguridad jurídica a muchas industrias con
cambios consecutivos y contradictorios de la legislación, como los
cambios normativos en el sector eléctrico, y esto, señorías, señor
ministro, debilita nuestro tejido industrial.
Señor ministro, caminamos hacia la conexión total. Hoy hay millones de
ciudadanos conectados y ya empiezan a conectarse las cosas, por lo que no
se entiende que los ministerios y el resto de administraciones
autonómicas y municipales funcionen como departamentos estancos, sin un
planteamiento global compartido para conseguir un modelo productivo más
eficiente, generador de empleo estable y de calidad. Durante la última
década, la Unión Europea ha insistido en la necesidad de contar con un
enfoque más integrado de política industrial dada su importante
repercusión en el empleo y en el crecimiento económico. El anterior
Gobierno socialista firmó un marco de colaboración entre el Ministerio de
Industria y los agentes sociales para fomentar el desarrollo y
modernización de los sectores industriales. Esta colaboración se
materializó con la creación de diez observatorios industriales. Déjeme
que ponga esto en valor; a modo de ejemplo, podemos citar y destacar el
papel del Observatorio del sector del automóvil, que permitió desarrollar
planes de empresa e iniciativas que supusieron no solo la modernización
del sector y su impulso, sino situarlo en la actualidad como uno de los
motores más importantes de la economía española. Podemos decir que
algunos sectores industriales como este demostraron resistir mejor la
crisis económica. Está claro que cuando se siembra, se recoge.
(Aplausos).
En diciembre de 2010, el Consejo de Ministros aprobó el Plan integral de
política industrial 2020. Era un plan que contenía una visión integral de
la problemática industrial y que pretendía ser coherente con la
estructura descentralizada del Gobierno existente en España. Se pretendía
establecer la inversión a realizar en un horizonte a largo plazo para dar
estabilidad a una actividad industrial que tanto depende de la inversión.
Pero tanto los observatorios como este plan fueron despreciados y
anulados con el cambio de Gobierno, con la llegada de su Gobierno, hasta
quedar en el olvido. Y una vez olvidado lo planificado, superado el
ecuador de la legislatura pasada, presentaron la agenda para el
fortalecimiento de la industria, un documento sin compromisos
presupuestarios y especialmente al margen del acuerdo social. Es un
documento que nunca formó parte del plan de reformas del Gobierno y no
contemplaba objetivos cuantitativos ni indicadores de evaluación y
seguimiento; una forma de proceder que ha hecho que España vaya a
remolque de los nuevos avances tecnológicos y que no se haya anticipado y
preparado para los nuevos retos que han surgido. Llegamos tarde a la
revolución tecnológica, no lo digo yo, lo dicen muchos. Gran parte de
nuestro talento se ha ido y también hemos quedado fuera de la Unión por
la innovación, señor ministro, fuera del sistema de patente unitaria,
como usted mismo me reconoció en la última sesión de control. Esto es
imposible, es incomprensible, nadie lo entiende. Por todo ello, cada vez
hay más voces reivindicando diálogo y acuerdo en materia industrial. En
este sentido son conocidos los documentos generados por el Instituto de
Ingeniería de España o la declaración de los agentes sociales. Si me
permiten, quiero dar la bienvenida a algunos de los firmantes de esta
declaración de los agentes sociales que hoy nos acompañan, como el
vicesecretario general de CTA-UGT o algunos representantes de las
organizaciones empresariales integradas en la Alianza por la
Competitividad de la Industria Española. Bienvenidos. (Aplausos). También
es conocido el estudio publicado por el Consejo Económico y Social de
España en el que se reivindica una nueva política industrial para España.
Termino ya, señora presidenta. Por todo ello es por lo que el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado esta interpelación, porque
consideramos que es necesario y urgente crear un marco permanente de
diálogo y de concertación para sacar ventaja de nuestras fortalezas, para
corregir las debilidades adoptando medidas estratégicas y convertir las
amenazas en nuevas oportunidades, ofreciendo respuestas a los nuevos
desafíos. Es hora de que el Gobierno consensúe y defienda una estrategia
integral industrial.
Tiene la palabra el señor ministro de Economía, Industria y
Competitividad.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos
Jurado): Muchas gracias, señora presidenta, señorías.
Señora Blanquer, el objetivo fundamental de la agenda de política
económica del Gobierno ha sido reducir los desequilibrios macroeconómicos
de España y especialmente uno, la falta de competitividad, que tiene una
incidencia especialmente importante e intensa en el sector industrial.
No se podría comprender la evolución reciente de la economía española con
crecimientos por encima del 3 % sin la contribución de la industria, y
especialmente la industria porque es un sector abierto al comercio
internacional con la aportación del sector exterior. Después le daré los
datos de exportaciones de bienes industriales, pero prácticamente en
estos momentos, como sabe usted, el sector industrial representa el 16 %
del PIB y casi el 14 % del empleo. Este 3,2 % de crecimiento, el
crecimiento incluso de este primer trimestre de este año, vuelvo a
repetirle, no se entendería sin la aportación de las exportaciones de
mercancías, que fundamentalmente son manufacturas, son productos
industriales. En enero hemos batido el máximo histórico de exportaciones
de manufacturas con prácticamente 21.500 millones de euros, un 17,4 % más
de lo que teníamos en el año 2016 y, por ejemplo, en el año pasado las
exportaciones de bienes, de manufacturas, superaron 255.000 millones de
euros, lo que suponen una tasa de crecimiento prácticamente del doble de
lo que está ocurriendo con los países de nuestro entorno de la zona euro.
Sin duda la crisis impactó de forma diferencial en el sector industrial y
provocó, como sabe usted, una destrucción de empleo industrial de
prácticamente el 6 %. Sin embargo, desde el año 2014 se empieza a ver
que, en línea con la recuperación del empleo y de la economía española,
también se recuperaba el empleo industrial. Por ejemplo, en la última EPA
el empleo industrial está creciendo al 4,7 %, que es un 2,5 por encima de
la media del conjunto de la economía. El índice de producción industrial,
por ejemplo, que durante toda la crisis caía continuamente y a tasas muy
importantes, sin embargo, en los últimos tres ejercicios ha caído ya de
forma continua. Y hoy teníamos otro ejemplo más, el índice de gestores de
compra, los famosos PMI, de tal forma que el PMI de manufacturas lleva ya
prácticamente cuarenta meses de recuperación. Esto pone de manifiesto que
el sector industrial se está recuperando con el conjunto de la economía
española y especialmente -no puede ser de otra forma porque es un sector
de comercializables- unido a la buena evolución de las exportaciones de
bienes, también de servicios, pero en este caso de bienes,
fundamentalmente de manufacturas. Y creo que la incorporación de la
Subsecretaría General del Industria a la política industrial del
Ministerio de Economía es una buena idea y lo es porque, aparte de tener
la responsabilidad de la política económica general, tenemos también la
política industrial, la política de fomento del comercio exterior y la
política de I+D+i. El I+D+i y el sector exterior son las dos patas sobre
las cuales debe apoyarse nuestra industria especialmente en un contexto
como el actual. El objetivo último debe ser la promoción de una
estrategia de crecimiento sostenible equilibrada con dos componentes
fundamentales. En primer lugar, la reindustrialización de la economía y,
en segundo lugar, como usted ha mencionado, la digitalización de nuestro
tejido industrial para adaptarlo a un nuevo contexto marcado por la
rápida revolución de las tecnologías y por una creciente competencia
internacional.
Por ello, este Gobierno en el año 2014 lanzó la Agenda para el
fortalecimiento del sector industrial, que identificaba diez retos que le
voy a recordar muy rápidamente. El primero era estimular la demanda de
bienes industriales. Ahí tuvimos, por ejemplo, todos los planes de
estímulo a la adquisición de vehículos y la renovación del parque móvil.
El segundo era conseguir que los sectores productivos clave resultaran
más competitivos, todo lo que tiene que ver con los costes de producción
de la industria. No se trata solamente de la reforma laboral, sino
también de minimizar los costes logísticos y de transporte, de reducir
las tasas portuarias, y de incrementar la tara y la longitud máxima de
los camiones autorizados a circular por nuestras carreteras. En tercer
lugar, había que conseguir un suministro energético estable y competitivo
y la reforma energética y la eliminación del déficit de tarifa jugaron un
papel importante. Por otro lado, había que reforzar la estabilidad y la
uniformidad del marco regulatorio nacional y para eso aprobamos la Ley de
Garantía de Unidad del Mercado. También la I+D+i, especialmente
relevante, como decía usted, para el sector industrial, sobre todo en el
ámbito de la inversión privada. Sabe usted que el CDTI ha hecho un
esfuerzo muy importante a través del programa CIEN, que ha dedicado a
financiar proyectos por importe de casi 400 millones de euros desde 2014,
y del programa Neotec, para la puesta en marcha de nuevas iniciativas que
requieran desarrollos tecnológicos, al que en dos años se han asignado ya
27 millones de euros. Además, nuestra política fiscal, nuestra política
tributaria en el ámbito de la I+D+i es,
según la propia OCDE, la tercera más ventajosa del conjunto de los países
desarrollados, de tal forma que en estos momentos, incluso con pérdidas,
se puede uno deducir el cheque de I+D. A su vez, hemos bonificado las
cotizaciones sociales para la contratación de doctores, con el 40 %.
El sexto reto tiene que ver con las pymes, con la eliminación de las
barreras para el crecimiento de nuestras pymes. Ahí tenemos un problema
importante en el sector industrial en el conjunto de la economía
española. El ministerio está elaborando un informe sobre cuáles son los
obstáculos, que yo me comprometo a traer a esta Cámara o a la Comisión de
Economía para hacer un análisis conjunto al respecto. Por otro lado,
hemos tomado medidas para fomentar la financiación no convencional, es
decir, no bancaria -básicamente, capital y recursos propios-, a través de
la participación de Enisa, del ICO, del CDTI y de Ecofides. Solo Enisa
hasta la fecha ha dado más de 5.000 préstamos participativos para pymes
por un valor de 800 millones de euros. La internacionalización es otro de
los ejes fundamentales. Aquí simplemente le recuerdo la necesaria
correlación que existe entre la política industrial y la política de
fomento a la exportación, porque el sector industrial solamente se
entiende, y la política industrial consecuentemente, si tenemos una
presencia en los mercados internacionales. Le recuerdo todos los
esfuerzos de internacionalización que ha realizado el ICEX y la Ley de
Apoyo a los Emprendedores. Por último, lógicamente, está el capital
humano. El modelo educativo y las necesidades de las empresas en el
sector industrial es especialmente importante, así como la necesidad de
la influencia de España en los órganos de naturaleza industrial en los
foros internacionales.
Tal vez lo más importante, como usted resaltaba, es no perder el tren de
la digitalización. Para eso hemos elaborado la estrategia Industria
Conectada 4.0, que tiene como objetivos: uno, incrementar el valor
añadido industrial y el empleo cualificado; dos, potenciar sectores de
futuro, como la robótica, el big data o el internet de las cosas, y tres,
asegurar que la digitalización de la industria contribuye sustancialmente
a la mejora de la competitividad. Para avanzar en estos objetivos estamos
promoviendo programas de educación y capacitación tecnológica, fomentando
la creación de plataformas colaborativas y apoyando a las empresas
industriales en la implementación de soluciones digitales. En este
sentido, hemos puesto en marcha tres herramientas: una de autodiagnóstico
digital avanzado, el programa Activa Industria 4.0, de asesoramiento y
especialización, que está dirigido y diseñado fundamentalmente para que
las pymes puedan saber qué medidas tienen que tomar para digitalizarse, y
el programa Financiación para la industria conectada 4.0, que apoya
proyectos de I+D+i mediante préstamos preferenciales, que ya el año
pasado contó con 100 millones de euros de dotación, que se ha
incrementado en un 15 % en los presupuestos de 2017.
En cualquier caso -y es algo a lo que usted ha hecho referencia-, es muy
importante que tengamos un pacto de Estado por la industria. El
Ministerio de Economía está liderando la negociación de este pacto para
que satisfaga tanto a los sindicatos como a las organizaciones
empresariales y a los diferentes actores políticos de esta Cámara. La
necesidad de este pacto ha sido recogida en dos iniciativas. Por una
parte, la promovida por la Alianza por la Competitividad de la Industria
Española, y por otra, la iniciativa liderada por la Unión Profesional de
Colegios de Ingenieros junto con el Instituto de Ingeniería de España.
Ambas propuestas coinciden en un aspecto básico: en la necesidad de que
la estrategia industrial que diseñemos esté pensada a largo plazo y de
tal forma que afrontemos los retos del sector para dar seguridad a las
empresas y para atraer nuevas inversiones. Para ello es fundamental
contar con la implicación no solamente del Estado y de las comunidades
autónomas, sino también de las diferentes fuerzas políticas interesadas
en este campo. De momento las líneas de actuación que estamos valorando
para recoger en el pacto de Estado y en las que coinciden ambas
iniciativas incluyen la mayor parte de los puntos que hemos identificado
como retos de la industria. De manera paralela a esta visión integral y
para instrumentalizar y desarrollar el pacto de Estado, se está
elaborando el marco estratégico de la industria española, que ya incluye
líneas estratégicas horizontales, que después se recogen en una serie de
agendas sectoriales específicas para los principales sectores
industriales: manufacturero, automoción, naval, aeroespacial y químico.
En definitiva, señorías, señora Blanquer, la política industrial tiene
características específicas, pero necesariamente tiene que estar
enmarcada en el conjunto de la política económica nacional. Una economía
es competitiva si su sector industrial es competitivo. Vuelvo a repetir
que en el año 2016 ha habido 255.000 millones de exportaciones de bienes,
fundamentalmente manufacturas. Además, no solamente nos debemos basar en
la evolución de la exportación, sino que también debemos tener en
consideración que la competitividad del sector industrial, el sector más
abierto a la competencia internacional, también se ve por la penetración
de las importaciones de bienes industriales fabricados fuera de España en
los mercados
nacionales. Ahí tenemos que actuar y le puedo decir que los resultados son
positivos. Nunca habíamos tenido resultados tan positivos en la balanza
de mercancías, la balanza de manufacturas no energéticas, en nuestro
país. Vuelvo a indicarle que tenemos dos palancas fundamentales: el I+D+i
y el fomento de la exportación.
Termino. El sector industrial está haciendo una contribución importante a
la recuperación de la economía española. Hoy mismo ha salido un
importante índice de gestores de compra en España y este índice, que se
ajusta muchísimo a la evolución del perfil del producto interior bruto,
indica que en el primer trimestre de este año la economía española puede
haber crecido entre el 0,8 % y el 0,9 %, por encima del 0,7 % que
crecimos en los últimos dos trimestres. Ahí la exportación y el sector
exterior juegan un papel fundamental y el sector industrial está haciendo
sin duda una aportación importante. Por tanto, el conjunto de la política
económica y específicamente la política industrial están ayudando a la
recuperación intensa y al crecimiento -que esperemos que supere
fácilmente este año el 2,5 %- que están ayudando a España a salir de la
crisis.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, señor ministro.
Me gusta que estén trabajando en una estrategia global porque, como ha
reconocido en su intervención, no la tienen y los buenos resultados se
dan gracias al esfuerzo, al trabajo y al desempeño de muchas industrias
de este país. Si hay muchos colectivos que estén reivindicando un marco
de diálogo y un plan de actuación en la industria, por algo será. Desde
que ustedes están gobernando, en el sector industrial se han quedado al
margen del acuerdo social. Es muy significativo que su Gobierno haya
desmantelado el Ministerio de Industria. Podría haber sido interesante
hablar del carácter horizontal, pero la realidad es que hoy los sectores
industriales no tienen un ministerio de referencia como tuvieron en
épocas anteriores. Se está demostrando que tienen acciones puntuales,
pero, como decía, no tienen una estrategia global.
De momento, con la nueva remodelación ministerial percibimos los
ministerios como un caos. A modo de ejemplo, le señalo una cuestión que
me llama muchísimo la atención y que me gustaría que me aclarase. La
Oficina Española de Patentes y Marcas aparece en el organigrama de su
ministerio; sin embargo, en los presupuestos presentados ayer depende del
Ministerio de Energía. Es que no doy crédito. Esto es síntoma de que algo
no está funcionando bien. Es inaudito, incomprensible, intolerable que
los servicios telemáticos de la página web de esta oficina hayan estado
paralizados durante más de una semana y que no haya sido un escándalo;
les aseguro que en cualquier otro país europeo avanzado lo habría sido.
Es sintomático del nulo interés que despierta la propiedad industrial en
este país. Nadie entiende que no vayamos a formar parte del Sistema
europeo de patente unitaria, que quedemos solos junto a Croacia. Usted
siempre saca pecho como el mayor europeísta de los Estados miembros de la
Unión, pero cuando hay que comprometerse con verdaderos proyectos de
futuro en común, con proyectos que ayudan a mejorar la competitividad del
sistema de innovación europeo y cuyos beneficios para nuestras empresas y
nuestros investigadores son muy claros, se plantan y se quedan fuera con
excusas idiomáticas y nacionalistas incomprensibles.
Hemos visto por encima los presupuestos, pero continúan señalando en la
memoria del área de industria que los programas se adecuan a la situación
actual de austeridad presupuestaria, algo que no se entiende. Además,
repiten muchas de las iniciativas que ya se contemplaban en el
presupuesto de 2016, que hoy ha destacado. Quiero decirle que no tiene
ningún sentido que hablen de la creación de una agenda digital que parece
ser que va a englobar todo y que se vayan haciendo actuaciones aisladas.
Esto ha demostrado que en su conjunto el Gobierno tiene muy poco interés
por la digitalización. De momento la creación de este nuevo ministerio no
ha tenido efectividad y la convocatoria que ustedes plantearon el año
pasado de Industria Conectada 4.0 solo consiguió alcanzar un 7,86 % de la
cuantía total. Además, este año continúa enmarcándose en la Agenda
digital 2013-2016, que ya está caducada; no se entiende que con la nueva
transformación que estamos viviendo estemos en estos niveles.
Otra cuestión que me gustaría que me aclarara es que el pasado 17 de marzo
el Consejo de Ministros aprobó la convocatoria de apoyo financiero a la
inversión industrial para 2017 con un recorte del 20 % cuando ya sabían
que se estaban elaborando los presupuestos con cantidades distintas, pero
la convocatoria ya está aprobada. Entonces, ¿esto qué significa, es
improvisación o qué es? ¿Van a modificar el acuerdo del Consejo de
Ministros? ¿Van a modificar las bases? Porque en principio han
dicho que no, pero se ha demostrado que son un fracaso. De hecho, algunas
partidas el año pasado se ejecutaron en un 0 %, es decir, no se
ejecutaron, como fue el caso de Canarias, o el 28 % para la Bahía de
Cádiz. Usted habla del 16 % del PIB y realmente estamos en el 12,84 %,
muy lejos del 20 %, que es el objetivo de estrategia común europea 2020.
Usted habla de industria, pero el objetivo es industria manufacturera y,
como decía, sus políticas no han ayudado. Es cierto que cada vez hay más
autores que defienden una visión mucho más amplia, pero desde este punto
de vista también estamos por debajo de Europa. El mayor peso sobre el
valor añadido bruto continúa correspondiendo a un nivel tecnológico medio
bajo, una característica que supone un lastre para la competitividad
tanto a nivel empresarial como de país. No me da tiempo a comentarlo
todo, pero hay muchos aspectos que usted ha mencionado y que me gustaría
destacar. También son un lastre de los costes energéticos. Usted lo
mencionaba en su intervención -y voy terminando-, pero realmente no han
conseguido mejorar esta situación. ¿Qué estrategia tienen? Yo creo que de
momento ninguna. Desde luego, lo que necesita España es una estrategia
integral, global y coordinada. Insistimos, aprovechen -aprovechemos- la
oportunidad que ofrecen las nuevas perspectivas económicas y presenten
una estrategia integral de industria.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor ministro de Economía, Industria y
Competitividad.
El señor MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD (De Guindos
Jurado): Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Blanquer, yo no voy a decir lo que dijo un famoso ministro de un
Gobierno socialista de que la mejor política industrial es la que no
existe, en absoluto. Lo que sí le voy a decir es que creo que la política
industrial y lo que es el planteamiento del enfoque del sector industrial
está mucho mejor representado en estos momentos de lo que lo estaba en el
pasado, y le voy a intentar explicar por qué. En primer lugar, porque el
Ministerio de Economía es un ministerio horizontal, es un ministerio que
se ocupa de la competitividad del conjunto de la economía española y la
competitividad es básica para el sector industrial. Si hay un sector en
el cual ser competitivos es vital, es el sector industrial, es un sector
abierto al mundo, abierto a la competencia de los mercados
internacionales en los cuales los bienes producidos fuera de España, las
manufacturas producidas fuera de España, compiten inmediatamente. Por eso
mismo tener la visión global de la competitividad de la economía
española, que es el objetivo fundamental del Ministerio de Economía, es
especialmente relevante en el caso de la industria. Porque, si además
usted le suma dos palancas adicionales, que son la I+D+i, que, como usted
mismo ha señalado, es uno de los factores que de algún modo determina la
evolución del sector industrial y donde la innovación es especialmente
importante, y en segundo lugar, el fomento del comercio exterior,
evidentemente hay una visión mucho más adecuada y una posibilidad de
actuación mucho más integrada desde el punto de vista de los diferentes
instrumentos que lo que existía anteriormente. Entre otras cuestiones
también, vuelvo a repetirle, es porque el Ministerio de Economía es el
responsable de la relación con los principales consejos -Ecofin,
competitividad, industrial, etcétera- de la Unión Europea y, por lo
tanto, permite una visión integral.
Comentaba usted la situación de la Oficina de patentes y marcas, y lo que
verán ustedes en el decreto de desarrollo de patentes y marcas es que se
queda en el Ministerio de Energía fundamentalmente por todo lo que
significa el desarrollo de la agenda digital. Y la EOI se viene al
Ministerio de Economía e Industria, como no podía ser de otra forma.
Hemos hecho la convocatoria de los contratos de industria, que usted
comentaba anteriormente, porque necesitábamos hacerlo y lógicamente
tenemos un presupuesto prorrogado y teníamos que hacerlo por la
limitación que usted decía del 80 %. Si se aprueban los presupuestos, y
esperamos tener ahí el apoyo del Partido Socialista, no tenga usted la
más mínima duda de que ahí tendremos un complemento adicional.
Por último, déjeme decirle algo desde el punto de vista de la evolución
del sector industrial en España. Cada vez la línea entre la industria
pura y el sector servicios, usted lo sabe perfectamente, es menos clara.
La digitalización de la industria lo que supone en última instancia es
combinar sector industrial tradicional con sector servicios de futuro.
Algo parecido a lo de Buster con la robótica. Por lo tanto, yo creo que
la política industrial, en última instancia -y esto enlaza con lo que
decía al principio de mi intervención- tiene que ser una política más
integrada, más coherente con el planteamiento del conjunto de la
competitividad de la economía española. Hay un caso que creo que es
especialmente relevante, que es
el sector del automóvil. Cuando ve usted el sector del automóvil -que
estará de acuerdo conmigo en que es un sector importantísimo desde el
punto de vista industrial tradicional-, lo que vemos es esa nueva
evolución, esa dinámica hacia una posición diferente. El sector del
automóvil es un sector que en España ha recibido, por ejemplo, en los
últimos años inversiones por importe de 10.000 millones de euros
prácticamente en todo el mundo. Eso es una señal de competitividad y una
señal de productividad de las factorías en España. Es un sector que este
año va a producir prácticamente tres millones de automóviles y además
cada vez más avanzados tecnológicamente, y que exporta el 83 %. Eso le
pasa a la mayoría de los sectores industriales. Porque, vuelvo a
repetirlo, son sectores perfectamente incardinados en lo que es la
competencia internacional, en lo que es un mundo cada vez más
globalizado. Por lo tanto, esta política industrial no tiene sentido como
una pieza aislada de la política económica, forma parte de un todo, forma
parte de un continuo, un continuo que implica mejora y eficiencia de los
sistemas de toda la economía, pero especialmente del sector industrial, y
en última instancia de competitividad.
Por eso, vuelvo a repetirle, aunque habrá una estrategia específica del
sector industrial global para analizarlo y después de alguna forma
desagregada, lo importante es que el conjunto de la economía española
siga siendo competitiva, que sigamos manteniendo un sector exterior con
superávit, con aportación positiva al crecimiento económico, porque esa
es la mejor señal de que la política industrial está funcionando
correctamente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Se suspende la sesión hasta mañana, jueves, a las nueve horas. Les
recuerdo a sus señorías que la votación, por haber un único punto del
orden del día, será en torno a las diez de la mañana.
Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.
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