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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 42, de 28/03/2017
cve: DSCD-12-PL-42
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 42
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 40
celebrada el martes,
28 de marzo de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Exclusión del orden del día:

- Preguntas:

- De la diputada doña Ana María Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente: ¿Tiene previsto su departamento autorizar la salida de papa canaria a la península, una vez reconocida por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el Real Decreto 197/2017 la eficacia del protocolo elaborado por la Comunidad Autónoma de Canarias para la eliminación de la polilla guatemalteca? (Número de expediente 180/000175) ... (Página5)

- Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del gobierno respecto de la adopción de medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético. (Número de expediente 172/000033) ... (Página5)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. (Número de expediente 172/000035) ... (Página6)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 14-1, de 9 de septiembre de 2016. (Número de expediente 122/000004) ... (Página6)


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- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 66-1, de 16 de diciembre de 2016. (Número de expediente 122/000051) ... (Página16)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reposición del derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 120, de 10 de marzo de 2017. (Número de expediente 162/000354) ... (Página27)

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reforma del Tribunal Constitucional. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 125, de 17 de marzo de 2017. (Número de expediente 162/000365) ... (Página36)

Modificación del orden del día ... (Página45)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página45)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las reformas y medidas que tiene previsto promover el Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los servicios de agua y saneamiento. (Número de expediente 173/000022) ... (Página45)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página52)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página53)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página53)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Exclusión del orden del día ... (Página5)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día de los siguientes puntos:

La pregunta de la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (García Tejerina): ¿Tiene previsto su Departamento autorizar la salida de papa canaria a la Península, una vez reconocida por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en el Real Decreto 197/2017 la eficacia del protocolo elaborado por la Comunidad Autónoma de Canarias para la eliminación de la polilla guatemalteca?

La interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno respecto de la adopción de medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético.


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La interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural.

Queda aprobada la exclusión de los puntos de referencia por asentimiento.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página6)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos ... (Página6)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Camacho Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Quevedo Iturbe, Alli Martínez y Baldoví Roda, así como la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Vera Ruiz-Herrera, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Moreno Bustos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida ... (Página16)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz y Bataller i Ruiz, así como la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y García Sempere, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Fernández Díaz, don Jesús María, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Cortés Bureta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página27)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reposición del derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social ... (Página27)

Defiende la proposición no de ley la señora Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Sorlí Fresquet y el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto, así como los señores Alli Martínez y Matute García de Jalón, para fijar posición, del mismo grupo; el señor Clemente Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora Marcello Santos, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; así como la señora Navarro Lacoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Ramón Utrabo.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reforma del Tribunal Constitucional ... (Página36)

Defiende la proposición no de ley el señor Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Bataller i Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto, así como los señores Salvador Armendáriz y Xuclà i Costa, para fijar posición del mismo grupo; Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Moya Matas, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Cámara Villar, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Girauta Vidal.

Modificación del orden del día ... (Página45)

La Presidencia informa de que, de conformidad con la Junta de Portavoces, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio del Interior para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores, se debatirá en la sesión de mañana miércoles, a continuación de las interpelaciones urgentes, y se votará en la sesión del jueves.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página45)

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las reformas y medidas que tiene previsto promover el Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los servicios de agua y saneamiento ... (Página45)

Defiende la moción el señor Arrojo Agudo, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto, así como los señores Salvador Armendáriz y Baldoví Roda, para fijar posición, del mismo grupo; Garaulet Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Díaz Trillo, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y García Egea, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página52)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos, se aprueba por 333 voto telemático más 1 voto telemático, 334 y 3 abstenciones.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, se aprueba por 314 votos a favor más 1 voto telemático, 315, 5 en contra y 17 abstenciones.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página53)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reposición del derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social, se rechaza por 116 votos a favor, 127 en contra y 93 abstenciones.

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reforma del Tribunal Constitucional, se aprueba por 242 votos a favor, 89 en contra y 5 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página53)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las reformas y medidas que tiene previsto promover el Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los servicios de agua y saneamiento, se aprueba por 178 votos a favor, 125 en contra y 32 abstenciones.

Se suspende la sesión a las siete y treinta minutos de la tarde.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

- PREGUNTAS:

- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA MARÍA ORAMAS GONZÁLEZ-MORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE: ¿TIENE PREVISTO SU DEPARTAMENTO AUTORIZAR LA SALIDA DE PAPA CANARIA A LA PENÍNSULA, UNA VEZ RECONOCIDA POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE EN EL REAL DECRETO 197/2017 LA EFICACIA DEL PROTOCOLO ELABORADO POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA POLILLA GUATEMALTECA? (Número de expediente 180/000175).

- INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN INMEDIATA DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y LA REVISIÓN DEL MODELO ENERGÉTICO. (Número de expediente 172/000033).


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA AL DESARROLLO Y APLICACIÓN EFECTIVA DE LA LEY 45/2007, DE 13 DE DICIEMBRE, DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL MEDIO RURAL. (Número de expediente 172/000035).

La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión de los puntos 7, 26 y 27, correspondientes, respectivamente, a la pregunta oral de la diputada doña Ana María Oramas González-Moro; a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno respecto de la adopción de medidas para la reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético, y a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al desarrollo y aplicación efectiva de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del medio rural. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la exclusión de los puntos de referencia.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 17/2006, DE 5 DE JUNIO, DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN DE TITULARIDAD ESTATAL, PARA RECUPERAR LA INDEPENDENCIA DE LA CORPORACIÓN RTVE Y EL PLURALISMO EN LA ELECCIÓN PARLAMENTARIA DE SUS ÓRGANOS. (Número expediente 122/000004).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos la sesión con el punto relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley y, en concreto, a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la corporación RTVE y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Camacho Sánchez.

Señorías, silencio, por favor.

El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, han pasado casi cinco años desde la aprobación unilateral por parte del Partido Popular del Real Decreto 15/2012, que regulaba el sistema de elección de los miembros del consejo de administración y de su presidente. Es momento de hacer balance de lo que ha ocurrido en la Corporación de Radio y Televisión Española, y ya les adelanto, señorías, que no es nada positivo. La actuación del Gobierno del Partido Popular en la Corporación de Radio y Televisión Española es el ejemplo paradigmático de su concepción de la política y del sector público. Ustedes no creen en las políticas de consenso, les incomoda el pluralismo y abominan de la independencia de los medios públicos.

La Corporación de Radio y Televisión Española llegó en el pasado, con el Partido Socialista gobernando, a alcanzar niveles muy razonables de independencia, neutralidad, pluralismo, credibilidad y sostenibilidad. Todo lo destruyeron de un plumazo con un real decreto-ley, a juicio del Grupo Socialista, claramente inconstitucional; un real decreto inaceptable, cuya única misión era cambiar unilateralmente las reglas del juego para que el PP pasara de nuevo a tener el control férreo de la radio y televisión de todos, para pasar a ser la radio y televisión del Partido Popular. ¡Y vaya si lo consiguieron! El único objetivo de ese golpe de mano vestido de reforma era cambiar la realizada por el Gobierno Zapatero de elección de presidente y consejo de administración por una mayoría cualificada de dos tercios en el Congreso de los Diputados y el Senado y retrotraerla a la situación anterior: elección del máximo órgano de Radiotelevisión Española por una mayoría absoluta. En definitiva, retrotraernos al control gubernamental y de la mayoría parlamentaria que le apoya. Entonces alegaron para justificar lo injustificable la urgente necesidad por no haber presidente y estar la mitad del consejo con el mandato caducado, y argumentaron que la reforma socialista ya preveía en la norma la elección por mayoría absoluta. La perspectiva del tiempo demuestra que no había tal urgencia, que sus urgencias eran otras. En definitiva, el control de Radiotelevisión Española. En diciembre de 2012 llegaron al poder y tardaron cuatro meses en hacer esa reforma; no había tanta prisa. Al final, nombraron a un presidente por mayoría absoluta, uno que ustedes escogieron. No cambiaron la ley para prever el caso de vacante del presidente y evitar esa situación al futuro, no, ustedes solo querían control y vaya si lo ejercieron. Pero es que además cuatro miembros del consejo tienen su mandato caducado hace más de cuatro años y todavía no les ha entrado prisa -a ustedes- por


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la renovación. Posiblemente porque tienen en la composición actual del consejo una cómoda mayoría de dos tercios. Así no les interesa el cambio y menos con la actual correlación de fuerzas en el Parlamento; les interesa que todo siga igual. Ahora no hay ninguna urgencia. Pero además, cuando aseguran torticeramente que la reforma del PSOE también incluyó una cláusula de desbloqueo que permitía la elección en segunda votación del presidente y consejeros por mayoría absoluta, ocultan que esa cláusula solo lo permitía para la primera formación del consejo de administración, para que se constituyera, pero que no era repetible. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Camacho.

Les ruego silencio, señorías. Continúe.

El señor CAMACHO SÁNCHEZ: Ustedes se encastillan en sus cambios haciendo oídos sordos a la realidad, pero la realidad ha cambiado. ¿Cuándo se van a dar ustedes cuenta? El problema es que con ese cambio que ustedes hicieron no solo han roto la posibilidad de consenso sino que convirtieron a Radiotelevisión Española en un apéndice publicitario del Gobierno y las consecuencias no se hicieron esperar.

Todas estas consecuencias han sido negativas para la corporación y para el servicio público. No solo se perdió el espíritu de consenso, sino que se han desplomado las audiencias. Y no hagan trampas, que se hayan recuperado unas décimas en los últimos meses no significa que desde 2012 las audiencias no se hayan desfondado. Como se ha desfondado la credibilidad, la independencia y la neutralidad, como sistemáticamente constatan y denuncian los consejos de informativos, a los que el presidente de la corporación ignora permanentemente. Como también incumplen el artículo 35 del mandato marco que obliga a la corporación a la elaboración de producción interna, como denuncian también permanentemente los representantes de los trabajadores. Y ustedes intentan externalizar los servicios que pueden desarrollar precisamente los trabajadores de la plantilla de Radiotelevisión Española.

Pero hay más. Fruto de los gestores que ustedes han elegido con su mayoría ha desaparecido la transparencia en la corporación. Estamos por ver, por ejemplo, cuáles son los sueldos de los miembros de la alta dirección de la corporación, cuáles son sus retribuciones variables y con qué criterios y objetivos se han otorgado. Desde ese momento pusieron en marcha la oficina de prensa de Moncloa, creando un gabinete de manipulación como jamás se había conocido. Y voy a dar los datos que, como pueden comprobar, son muy tozudos. Más del 50 % de los directores de informativos fueron relevados para colocar contratos externos; de 47 responsables editoriales que había en la corporación, 45 han perdido su cargo; de 138 redactores de base, 88 han sido desplazados fuera de los servicios informativos. Se han perdido numerosos trenes en el desarrollo digital y tecnológico; se ha reducido hasta el extremo la capacidad de producción interna y se ha puesto en peligro la sostenibilidad económica. Antes de que llegaran ustedes había un práctico equilibrio de cuentas. Sí, gracias a la Ley de Financiación los ingresos devengados eran similares a los gastos; desde que llegaron ustedes -les doy los datos pero seguro que los conocen- todo ha cambiado. En 2012, 112 millones de déficit; en 2013, 113 millones; en 2014, 134,5 millones; en 2015, 34 millones y parece que en 2016 llegan al equilibrio. Pero estos dos últimos ejercicios saben ustedes perfectamente que tienen trampa. En 2015 se devolvió el IVA desde abril -unos 70 millones- y en 2016 no solo se devolvió el IVA de todo el año -unos 90 millones- sino que se implementaron en 50 millones los ingresos derivados de la recaudación por la tasa radioeléctrica. Ustedes pueden decir que qué importa de dónde vengan los ingresos, que lo importante es que lleguen. Y yo les digo: ¿Por qué entonces el Grupo Popular ha ido rechazando las enmiendas del PSOE a los presupuestos de la Corporación Radiotelevisión Española, que cada año pedía que se eliminara el IVA y se aumentara la cuantía de la tasa? (Aplausos). Solo abordaron la sostenibilidad de Radiotelevisión Española cuando llegamos a un año electoral para poder vender lo que ahora venden, ese teórico equilibrio ficticio. Han tenido la oportunidad de cambiar la Ley de financiación con su mayoría absoluta y no lo han hecho, pero se han cansado de criticarla. ¿Saben por qué? Porque no tienen alternativa ni modelo para Radiotelevisión Española. El único modelo que han puesto en marcha ha sido el de la privatización de los servicios porque simplemente no creen en lo público, pero nosotros sí, en su necesidad, en su sostenibilidad y en su independencia y neutralidad. Y por eso, porque ustedes no quieren cambiar las cosas y nosotros sí, presentamos esta proposición de ley para que esto vuelva a cambiar para bien y por el camino iniciado en el año 2006 y conducido hasta el año 2012, la mejor época de la radio y la televisión pública del Estado.

Esta proposición de ley es solo el comienzo, pero la elección del presidente no es suficiente. Vamos a dar la vuelta a su modelo gubernamental para reconducirlo hacia un proyecto plural, independiente,


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transparente, eficaz, sostenible, moderno, avanzado tecnológicamente, adaptado al cambio digital, creíble y, sobre todo, público, aunque esta palabra a ustedes no les guste. En cualquier caso, señorías, esta es una gran oportunidad para todos y principalmente una gran oportunidad para la corporación. Me dirijo a ustedes, señorías del Partido Popular, para decirles que no pierdan esta gran oportunidad, que no se queden fuera porque tenemos todos la oportunidad de poner en marcha un mecanismo que devuelva a Radiotelevisión la pluralidad y la independencia. Este paso por sí solo, insisto, no es suficiente y deberíamos darlo todos juntos, sin que nadie se quede por el camino; los ciudadanos nos lo agradecerán y los trabajadores de la corporación podrán realizar su trabajo con toda normalidad. Ya les anuncio que si prospera -y espero que así sea- la toma en consideración de esta proposición de ley, mi grupo tiene previsto presentar una enmienda para que en el caso de no conseguir los dos tercios para la elección de los miembros del consejo de administración y del presidente de la corporación no se pueda producir ningún bloqueo por parte del grupo mayoritario de la Cámara.

Termino con una frase que no es mía sino de los trabajadores de la casa. Dicen: "La Corporación de RTVE debe reforzar su vocación social y convertirse en ese espacio de servicio público vital para la ciudadanía y esencial para el desarrollo de la democracia y su fortalecimiento".

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.

El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en la orgía de reales decretos leyes que se produjo a lo largo de la mayoría absoluta del Partido Popular con la insana intención de modificar la legislación española por la vía de la imposición, uno de ellos fue precisamente aquel al que hace referencia esta proposición de ley, ese Real Decreto-ley 15/2012, con el cual se consiguió, ni más ni menos, que en algo tan importante, tan sensible como la Radiotelevisión Española se pudiese producir una elección unilateral con la exclusiva participación del Gobierno de la época. Ha sido una anomalía democrática tremenda que ha tenido las consecuencias de todos conocidas. Este diputado que les habla el otro día tuvo la oportunidad de comprobar cuál es la voluntad de ser fiscalizados de los responsables de la corporación ya que en la Comisión Mixta Congreso-Senado asistimos a un lamentable espectáculo en el que fuese cual fuese la pregunta que se le hiciera al presidente de la corporación la respuesta siempre era la misma. Es un asunto que es preciso corregir, y creemos que este proyecto de ley trabaja en esa dirección.

Tengo que señalarles que el consejo de informativos, ninguneado permanentemente por la dirección de la corporación, ha señalado cosas tan graves en su informe anual como: injerencias injustificadas en la labor de los profesionales, purgas, traslados, etcétera; prácticas periodísticas inadecuadas haciendo que las informaciones estén sesgadas a favor de los intereses del Gobierno de turno; ausencia de contextualización de las informaciones sensibles para evitar problemas, como algunos que tuvo cierto ministro del Interior que ustedes saben, etcétera. Esto es necesario corregirlo porque afecta claramente a la pluralidad, al talante democrático y a los intereses de la mayoría de la sociedad española.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Alli.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Señores diputados, buenas tardes.

Sería recomendable, señorías, abrir un debate para hablar sobre el papel de la Radiotelevisión pública, en general todas, en relación al ámbito cultural, social y político de nuestro país, de España; y especialmente para hablar también aquí, en ese hemiciclo, sobre los valores a conculcar: valores educativos, la búsqueda de la cohesión social desde la propia pluralidad de España, y también de la libertad, de las libertades, también las religiosas, señor Iglesias. En cualquier caso lo que hoy se trae aquí, señores diputados, es al fin y al cabo el criterio de reparto de los nombramientos. Señorías, cómo no vamos a entender que la sociedad, fuera de este hemiciclo, pueda sospechar que al final de lo que se trata es del reparto y del control ideológico de las radiotelevisiones públicas, especialmente Radiotelevisión Española. Porque lo que ha ocurrido realmente en las últimas décadas en este país ha sido algo así como: mientras ustedes estén en La Moncloa, ustedes pueden controlar (supuestamente) ideológicamente la Radiotelevisión


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pública, que cuando nosotros lleguemos haremos lo mismo. Y el resto de fuerzas políticas hagan ustedes lo mismo en sus comunidades con las radiotelevisiones públicas de sus comunidades. Hablo en tercera persona porque pertenezco a un partido, Unión del Pueblo Navarro, que en los años ochenta decidió estratégicamente no dotar a Navarra de una radiotelevisión pública. Eso ha servido para ahorrar muchos millones de euros a los navarros y también para dotarme hoy de la libertad para poder decir esto y no usar como herramienta política una televisión, como estoy seguro que otras fuerzas políticas aquí lo han hecho o han tenido esa pretensión.

¿Por qué no debatimos, señorías, sobre qué servicio público debe prestar realmente? ¿Por qué no debatimos, señorías, sobre cuál debe ser la financiación estable y transparente, y especialmente dar los recursos suficientes en los centros territoriales, en este caso Radio Nacional de España y Televisión Española también, cómo no, en la Comunidad Foral de Navarra, para que puedan hacer su trabajo perfectamente? Por lo tanto este proyecto de ley entendemos que es comenzar la casa por el tejado. Si ustedes están dispuestos a abrir el debate real de qué servicio público tiene que dar Radiotelevisión Española cuenten con el compromiso y el esfuerzo de Unión del Pueblo Navarro. Si es lo contrario, no cuenten con nosotros.

Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra, también por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Me gustaría que alguien opinara sobre qué pasaría si un director de una televisión pública dijera: voto a Compromís y seguiré votando a Compromís, a quien no he votado nunca ni voy a votar en mi vida es al PP. ¿A ustedes qué les parecería que un director de una televisión pública dijera eso? Hubieran puesto el grito en el cielo. Se hubieran rasgado las vestiduras, las camisas. Hubiéramos tenido un debate que no se hubiera podido aguantar. Pues eso es lo que dijo el director general de Radiotelevisión Española. Eso es lo que dijo; es decir, una persona que denota ya su independencia así, con dos narices.

Don José Antonio Sánchez fue presidente de Radiotelevisión Española con los únicos votos del Partido Popular. En 2012 se cambió mediante un decreto la manera de elegir y se pasó de un acuerdo que podíamos haber alcanzado aquí todos al rodillo; se pasó del consenso de una mayoría de dos tercios a la imposición de una mayoría absoluta, y como querían un director afín, hicieron lo que saben hacer: promulgar un decreto. Como no podían ganar el partido, cambiaron las reglas del juego, se llevaron el balón a su casa, como los grandullones. A partir de ahí, ceses de profesionales; nombramientos de gente afín; purgas; cuarenta y cinco de los cuarenta y siete responsables de informativos no están en el lugar que ocupaban en 2011; muchos casos de informaciones censuradas, manipuladas, omitidas; falta de independencia; hartazgo de Venezuela, hemos acabado hasta las narices de Venezuela, y también de la caspa, de un casposo como José Luis Moreno, que cuando no lo teníamos en Canal Nou y cerraron Canal Nou, lo acogieron ustedes en Televisión Española. Y lo más importante, lo que más me duele: Televisión Española ha dejado de ser referencia para informarse. En 2011, el 40 % de los ciudadanos elegían Televisión Española, entre ellos yo; en 2015, el 19 %, lo mismo que Canal Nou, doy fe.

Acabo. José Antonio Sánchez es hoy ya una anomalía democrática que hay que subsanar cuanto antes. El país que dio mayoría absoluta al Partido Popular ya no existe, se fue y no volverá. Se fue y no volverá, y ustedes lo que podrían hacer hoy para dar un servicio a la democracia, a la independencia, a la imparcialidad, es votar a favor de esta propuesta.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Gracias, presidenta. Bona tarda, diputats, diputadas.

Les felicito, señoras y señores del Grupo Socialista, mi más sincera felicitación. Con su propuesta, ustedes blindan al actual presidente de Radiotelevisión Española, y él lo sabe y está feliz. Ustedes hicieron presidente a Mariano Rajoy y hoy, con su propuesta, blindan al inflexible y votante del Partido Popular, el señor Sánchez. Aplicando la propuesta tal y como está, la única fuerza que tiene poder de veto es precisamente el Partido Popular, a quien ustedes hoy dan la llave para frenar cualquier propuesta que podamos acordar el resto de partidos. Así que mi más sincera e irónica felicitación.


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Su precipitada autoenmienda me da a entender que ustedes se han dado cuenta tarde de la magnitud de la tragedia. Don José Ramón Díez, anterior director de Radiotelevisión Española, dimitió después de unas declaraciones en las que aseguraba que el modelo actual era antiguo, no servía, no era sostenible y además estaba sobredimensionado. Después de estas declaraciones fue curiosamente el representante del Grupo Socialista en Radiotelevisión Española, el señor Sacaluga, quien pidió públicamente la destitución de Díez; pidió su destitución por unas declaraciones que me atrevería a decir que hoy la mayoría compartimos. Esto es Radiotelevisión Española, es aquella televisión pública a la que su falta de independencia le ha costado una plaza en el Comité de Informativos de la Unión Europea; es aquella herramienta que utiliza el Gobierno para: uno, esconder lo que para ustedes es un problema pero que no es más que la realidad en Cataluña; y, dos, para desintonizar a demasiada gente de esta realidad, pero esta realidad les va a pasar por encima. Muchos de aquí critican a TV3, pero la diferencia entre TV3 y Televisión Española es que en Cataluña TV3 es la nostra. (Rumores.-Un señor diputado: Sí, la Cosa Nostra).

Termino recordándoles que la creación de TV3 fue un acto alegal, no existía un marco legal que amparara a la Generalitat de Catalunya para crearla, pero la creó, y la creó a pesar, por ejemplo, de las amenazas del señor Guerra de cerrar repetidores. Quizás esto les haga reflexionar sobre un debate actual respecto al referéndum, un debate que ustedes evitan por miedo, con el pretexto de su supuesta ilegalidad. Hoy su cobardía la paga el portavoz de mi grupo, Francesc Homs, con su inhabilitación. Gracias Quico. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta. Señoras y señores diputados, buenas tardes. Arratsalde on.

La proposición de ley que el Partido Socialista nos trae hoy y que tiene como objetivo modificar una serie de artículos de la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal, de Radiotelevisión española, pretende modificar unos artículos que se refieren exclusivamente a la forma de elección del consejo de administración de Radiotelevisión Española y su composición básicamente. Nos tendríamos que retrotraer un poco en la historia para ver de dónde viene esto y para saber a dónde va. En el fondo a nosotros nos hubiera gustado que hubiéramos podido tener un debate sobre la televisión pública en su globalidad, sobre su funcionalidad, para qué sirve, para qué no sirve, qué está haciendo, qué no está haciendo, etcétera. En cualquier caso, en este momento el Partido Socialista ha decidido que su objetivo con la modificación de la ley es este precisamente, algo que también el Partido Popular en su momento modificó porque le interesaba mucho modificar. Parece que al Partido Socialista y al Partido Popular -a los dos- les interesa cómo modificamos la elección del presidente, cómo modificamos la elección de los consejeros.

Todo esto se retrotrae a la época de Rodríguez Zapatero, cuando el Partido Socialista trajo un cambio importante a la ley en cuanto a la organización de Radiotelevisión española, la televisión estatal, la digitalización, etcétera. Estábamos en un momento en que todo estaba cambiando y trajo una ley que realmente cambió cosas. Pero no se produjo todo el cambio que a nosotros nos hubiera gustado que se hubiera dado y no fue porque no planteáramos enmiendas sino porque en ese momento hubo ciertas mayorías que entendieron que lo que valía era lo que valía. No se tuvieron en cuenta temas como el plurilingüismo, la pluriculturalidad; se organizó todo en base a una visión bipartidista de la política y también de la televisión. Y posteriormente, por medio de otra ley, se cambió el sistema de financiación de la radiotelevisión pública, quitando los anuncios y haciendo que todo fuera financiación estricta y puramente pública.

Dicho esto, en el año 2012 llega el Partido Popular y cambia por medio de un decreto-ley este sistema. Evidentemente mi grupo se puso en contra, entre otras cosas porque así no se hacen las cosas, pero la soberbia y la ebriedad política que puede dar la mayoría absoluta traen esto y más; y eso fue una verbena de decretos y de rodillos que aplastaban todo lo que pasaba por allí. En ese sentido se cambió que en vez de dos tercios como establecía la ley se necesitaba en segunda vuelta, para que nos entendamos, una mayoría absoluta para poder elegir el consejo de administración. Ante semejante cambio, me acuerdo de cuando el ministro Soria subió al estrado y dijo las siguientes palabras: El objeto de la reforma y lo que quiere el Gobierno es que haya consenso parlamentario para la elección del consejo y del presidente de la Corporación de Radiotelevisión Española. La elección del presidente de Radiotelevisión Española con


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este decreto va a seguir siendo una elección parlamentaria. Y grandes aplausos de la bancada popular. Nos teníamos que conformar porque, al fin y al cabo, va a ser el Parlamento el que lo va a elegir. Ahora bien, ¿que no hay consenso? Ya está la mayoría absoluta, no hay problema.

Esta forma de gobernar a base de decreto nos ha traído a la situación actual. ¿Y cuál es la situación actual? La situación actual es un desastre; es un desastre con una dictadura y un control ideológico de lo que son los servicios informativos de televisión. En la presentación que hizo el presidente José Antonio Sánchez, después de que dimitiera el señor Echenique, ante los miembros de la Comisión de Radiotelevisión Española, de la cual yo era miembro, y no era un tribunal pero era una especie de 'explíquenos usted', el día que vino no trajo ni un papel y dijo: yo estoy aquí, pero ¿tengo que explicar cuál es el proyecto? No hace falta. Yo ya sé quién soy. ¿Para qué iba a presentar algo si iba a ser reelegido por mayoría absoluta y ya le habían dicho lo que tenía que hacer?

Cuando aquí el Partido Socialista, en otro momento, presentó una proposición de ley para derogar el Real Decreto 1512 -esto fue en el año 2015-, nosotros decíamos que en su momento el Partido Popular puso un presidente con dos objetivos: sanear económicamente el ente y controlarlo informativamente; momento en que tuvieron que cambiar, porque no hizo ni una cosa ni la otra y los populares se encontraron con unas elecciones a la vista y que aquello no había funcionado, y por eso pusieron al señor Sánchez, tan ecuánime y tan plural él, como todos sabemos.

En cualquier caso, la situación en estos momentos es ahogante por la libertad profesional de los periodistas y trabajadores, algo que todos ellos nos han comunicado y nos lo han hecho saber. Excepto el Partido Popular, todos los demás hemos mostrado nuestra solidaridad con su situación y la inconsistencia que hace que todo cada vez sea peor. Y cuando algo es peor y cada vez es más pequeño, al final tiene menos audiencia y acaba casi desapareciendo. Como dice el periodista José María Izquierdo, es una especie de profecía autocumplida. En cualquier caso, del cambio propuesto por el Partido Socialista no todo nos gusta y sí coincido de alguna manera con la portavoz del PDeCAT cuando dice que si este Parlamento necesita dos tercios para la elección del presidente, quizá dejemos eternamente al señor Sánchez en su puesto, porque, visto el panorama, que haya una coincidencia de dos tercios del Parlamento, va a ser bastante complicado. Tomaremos en consideración que para hacer los cambios hace falta reducción de consejeros y que sean no remunerados, por cierto. Ustedes aquí han planteado ciertas modificaciones legislativas y ya que hablan tanto de cómo elegir, o se les ha olvidado o también podían haber incluido el artículo 13.1.d), sobre cómo cesar, que si vale para una fórmula de mayoría de dos tercios para la elección, quizá para cesarlo en segunda vuelta también puede valer lo de dos tercios.

En cualquier caso, hay que garantizar la pluralidad, pero la de verdad, no un reparto bipartidista, como se hizo en su momento, con un consenso tipo Oliart que todos sabemos como acabó, como el rosario de la aurora, que se repartieron el pastel entre dos y que, evidentemente, saltó por los aires. Queremos que la radiotelevisión pública del Estado español esté al servicio de todos los ciudadanos y no al servicio de ciertas cuestiones ideológicas. Creemos que es importante que esto se pueda cambiar, pero no solo en los aspectos que plantea el Partido Socialista, sino también en otros. Por tanto, que pase para su consideración, será interesante para que todos podamos incluir aquellas modificaciones que estimemos oportunas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Presidenta, señorías, bona tarda.

Daremos nuestro apoyo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista para recuperar la independencia de la Corporación Radiotelevisión Española y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos. Lo haremos un poco arrastrando los pies y lo haremos al amparo del principio del mal menor, visto el poco vuelo de la reforma que el PSOE propugna y con la esperanza de que en su trámite un verdadero ánimo de libertad y pluralidad inspire a la Comisión correspondiente. Tota pedra fa pared, decimos en mi tierra, y la esperanza nunca debe perderse.

Esquerra viene presentando enmiendas al articulado de la Ley de Radiotelevisión Española desde tiempos inmemoriales y las desempolvaremos y readaptaremos a la actual circunstancia. De hecho, desempolvándolas me he dado cuenta de que si cuando el PSOE aprobó esta ley hubiera aceptado las enmiendas que Esquerra Republicana presentó en relación con este punto que proponen, hoy no estaríamos debatiendo esta proposición de ley, más al amparo del actual equilibrio de fuerzas parlamentarias


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que de una genuina intención democratizadora del ente. Espero que esta vez nuestras enmiendas sean tomadas en consideración y así cantaremos al son del Vesti la giubba, del payaso, de Leoncavallo. Visto lo visto, las tertulias de Televisión Española en las que se habla de Cataluña y de su proceso de emancipación, donde la pluralidad consiste en sentar a una mesa a unos señores contrarios a dicho proceso para que discutan con otros muy contrarios al mismo (Aplausos), no nos hace ser particularmente optimistas y nada se opone a pensar que la reforma que se impulsa pueda paliarlo. Ojalá sea así, si es que antes no nos hemos ido.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz Gómez.

El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, no quiero comenzar mi intervención sin condenar el hecho de que mientras el señor Puigdemont da lecciones de democracia por el mundo negando la democracia en España, quienes lo auparon a la Presidencia de la Generalitat asaltan una vez más la sede de un partido político constitucionalista en España (Aplausos), en una clara advertencia de su Estado ideal. Hoy es un claro ejemplo de las cosas buenas que conlleva la desaparición de las mayorías absolutas. Los españoles se merecen unos medios de comunicación públicos de buena calidad, imparciales y veraces. Hemos de buscar una Radiotelevisión Española que esté libre de partidismo, vertebradora del Estado, altavoz de nuestra cultura y del idioma español. La razón de ser de un medio de comunicación estatal es que sea aséptico y fiable. El Grupo Parlamentario Ciudadanos es muy consciente de la necesidad del cambio que debatimos hoy en esta Cámara y por eso ya presentó una proposición de ley para un cambio similar al hoy planteado. Huelga, pues, decir que votaremos a favor.

Los españoles no merecen una Radiotelevisión Española que compare un sol radiante con el congreso del partido del Gobierno. La ley contemplaba la mayoría reforzada de dos tercios en las Cámaras para elegir a su consejo de administración. Era una medida que fomentaba la pluralidad y duró lo que duró la mayoría simple en España. En cuanto el Partido Popular obtuvo mayoría absoluta, suprimió los dos tercios en una segunda vuelta para que ellos pudieran elegir a los consejeros y al presidente de la corporación. La vuelta a un sistema de elección por mayoría cualificada facilitará una radiotelevisión pública plural en lo político, en lo ideológico, en lo económico y en lo social, una radiotelevisión que debe ser un medio al servicio de la libertad individual. Hace pocas semanas un tercio de los trabajadores firmó un manifiesto de descontento y en cualquier empresa que un tercio de sus trabajadores proteste en masa supone un serio problema. El cambio legislativo en este sentido es un claro ejemplo paradigmático de las virtudes de la mayoría simple. La gestión, en general, tanto del PSOE como del Partido Popular han sido muy deficientes en varios aspectos. El bipartidismo ha hecho de Radiotelevisión Española, en muchas ocasiones, un instrumento de propaganda. Ambas formaciones son responsables de la caída de la audiencia, ambas también han sido copartícipes de la mala venta del patrimonio de la entidad, como los Estudios Buñuel, para luego tener que andar alquilando instalaciones privadas y equipándolas con medios públicos porque no estaban a la altura que nuestros profesionales exigen. La contratación de muchos redactores y de poco personal técnico es prueba de una dirección cuando menos discutible. Son muchas las voces que denuncian la excesiva externalización. Una Radiotelevisión Española que no puede -o nos dicen que no puede- producir su gala de 60.º aniversario, tiene un problema serio. La ley establece dos normas básicas para el funcionamiento de la Radiotelevisión Española: el mandato-marco y el contrato programa. El mandato-marco no se cumple y está tan anticuado que no contempla ni siquiera los contenidos bajo demanda y el contrato programa, que trata, nada menos, que sobre la financiación de la Radiotelevisión Española, nunca se hizo, ni por el PSOE ni por el PP. ¿Se imaginan una empresa de estas dimensiones sin un plan plurianual de financiación? Pues aquí la tienen.

Otro de los déficits es la transparencia. Hay que publicar una relación de los puestos de trabajo accesible, aclarar los sueldos de los directivos, publicar los informes de la auditoría de Hacienda y un largo y opaco etcétera. La oferta televisiva y radiofónica está experimentando un cambio sin precedentes. Los contenidos bajo demanda en uno y otro formato están revolucionando la industria. La Radiotelevisión Española tiene que adaptarse con premura y, por qué no, ser pionera en estas lides. El potencial del Canal Internacional es único porque hay unos 500 millones de hablantes de español, con el español como idioma nativo. Las posibilidades de la cadena son inimaginables. La marca de Radiotelevisión Española todavía goza de prestigio, estamos a tiempo de solventar la situación. ¿Sabían que los informativos


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territoriales no se ven en las nuevas plataformas de emisión? Es otro de los puntos pendientes. En Europa tenemos modelos en los que fijarnos para ver qué hacer, pero también tenemos modelos en los que fijarnos para ver qué no hacer. Algunos de los diputados que hoy defienden dignos esta reforma pertenecen a formaciones políticas de esas que quieren suplantar la Constitución por códigos postales. Algunas televisiones autonómicas, completamente intervenidas, imponen ideas xenófobas y están al servicio del lavado de cerebro más burdo y ruin que se ha visto en democracia. (Aplausos). Iba a decir que inspiradas en modelos orwellianos pero no, porque el Gran Hermano y el Ministerio de la Verdad ejercían el totalitarismo de forma eficaz y aterradora. La ETB del PNV y la TV3 del secesionismo catalán -que no es la nostra, sino la televisión de la Cosa Nostra- (Aplausos) recuerdan más al estilo de Rufus T. Firefly en Sopa de ganso. Permítannos que pidamos unos medios en libertad, periodistas libres no pesebres de afines a la ruptura. Todo totalitario aspira a controlar los medios públicos y al cierre o intervención de los privados, porque saben que donde la prensa es libre y toda persona es capaz de leer, todo está salvado. ¿Dónde está la televisión de La clave, El hombre y la tierra y esas Historias para no dormir -que, por cierto, hoy arrasan en DVD, a ver cuándo salen en Blu-ray-? Pero, sobre todo, ¿dónde está la televisión de la Libertad sin ira? (Rumores).

Es verdad que hay mucho trabajo, que son muchos los retos, que no es fácil, pero no quiero terminar sin dar una buena noticia a los ciudadanos que nos escuchan. Son muchas las reuniones que mi grupo parlamentario ha tenido con el personal de Radiotelevisión Española, algunos aquí presentes. (Aplausos). En todas -y esta es una magnífica noticia- recibíamos preocupaciones y sensibilidades diferentes pero les aseguro que en todas los trabajadores de Radiotelevisión Española piden una sola cosa y es que les dejen trabajar, y para eso siempre van a poder contar con el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Vera Ruiz-Herrera.

La señora VERA RUIZ-HERRERA: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar y antes de ahondar en el contenido de esta propuesta, me gustaría, por una cuestión de justicia ya que ninguno lo ha hecho hasta el momento, dar las gracias por su presencia al Consejo de Informativos, a los trabajadores y a las trabajadoras de Radiotelevisión Española (Aplausos), porque sois los que todos los días sacáis adelante la información en este país. Me gustaría nombrar también la profesionalidad de todos los periodistas, los redactores y las redactoras, los cámaras, los realizadores y las realizadoras, los productores y las productoras, los técnicos de sonido, los becarios y las becarias y, finalmente, de todos los equipos que estáis manteniendo viva la radiotelevisión pública, a pesar de que os lo están poniendo muy difícil. Gracias, en nombre de nuestro grupo parlamentario, por salir a la calle a denunciar que os están obligando a manipular, por encerraros incluso en las redacciones para decirlo y por tirarnos a todos de las orejas con presiones constantes para que nos pusiéramos de acuerdo. Muchísimas gracias a todos y a todas. (Aplausos).

Hace dos semanas, en la primera reunión de la Comisión Mixta de Control de Radiotelevisión Española -por cierto, el Partido Popular tardó quince meses en convocarla y todavía no entendemos muy bien por qué- le hicimos una pregunta muy directa al presidente actual de la corporación, al señor Sánchez, sobre qué medidas iban a tomar para garantizar la independencia de Radiotelevisión Española. Más directa, más precisa y con menos vergüenza fue su respuesta, exactamente la misma que da Mariano Rajoy cuando se le pregunta por esta cuestión: Pues, mire usted, ninguna, porque en Radiotelevisión Española no hay ningún tipo de falta de independencia. No sé si hasta el momento viven ustedes en un mundo paralelo o directamente piensan -que creo que es lo que pasa- que la gente es tonta, pero aquí ninguno se chupa el dedo ya. Todos conocemos las actuales miserias de Radiotelevisión Española. Todos sabemos que lo que debería ser un servicio público ustedes lo han ido convirtiendo sistemáticamente en una herramienta de propaganda política de la mala y de la barata del Partido Popular. (Aplausos). Todos sabemos que hay control político en las redacciones, que hay presiones, que hay manipulación, que hay desinformación y todo eso se está cargando las audiencias hasta niveles insospechados y hace que la gente deje de sentir como suyo un servicio público que está pagando. Hace menos de un mes el Consejo de Informativos tuvo que venir con un tocho que recogía más de 2.100 de trabajadores y trabajadoras de la casa, pidiendo que, por favor, cambiemos entre todos una ley que lo único que está haciendo es asfixiarles profesionalmente. A pesar de las diferencias que podamos tener en el debate y en las propuestas, lo único que les pido es que no se suban aquí en su turno a tomarnos el pelo a nosotros, a los trabajadores


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y a la gente que está en su casa diciendo que no existe falta de independencia en Radiotelevisión Española. Por favor, no tengan esa poca vergüenza. Sabemos -y ustedes también- de dónde viene el problema. Viene de atrás y lo tenemos muy claro. Viene de cuando ustedes cambiaron en 2012 la ley para poder nombrar en solitario y a dedo -aunque les moleste mucho que lo digamos siempre, a dedo- a un presidente de la corporación que actualmente no tiene pelos en la lengua para declarar en sede parlamentaria y delante de la gente de forma pública que es un votante consagrado del Partido Popular, cuando le está diciendo el Consejo de Europa que no se puede hacer eso siendo presidente de una entidad independiente. Pero eso no es lo peor. Ustedes cambiaron la ley para poner de presidente de la corporación a una persona con un currículum que pone los pelos de punta, a una persona que tiene en sus espaldas la responsabilidad de haber externalizado, privatizado, manipulado y censurado, cargándose las audiencias y dejando en la calle al 80 % de la plantilla de Telemadrid. (Aplausos). No tienen ninguna vergüenza. Esos trabajadores y esas trabajadoras hoy todavía tienen que estar en las calles reclamando sus derechos laborales y también en los tribunales. Cambiaron la ley para poner a un lobo a cuidar de las gallinas. Aunque no quieran admitir que la representación parlamentaria ha cambiado y que este país ha cambiado, ya se lo decimos nosotros. No se lo vamos a permitir, no van a poder seguir haciendo con nuestra Radiotelevisión Española -y lo digo como periodista también- lo que les dé la puñetera gana. (Aplausos).

Sabemos lo que empezó a pasar cuando llegó el primer presidente y luego Sánchez a Radiotelevisión Española. Vinieron las reformas. ¿Qué fue lo primero que hizo al llegar? Empezar a cortar cabezas. Las primeras las conocemos todos y voy a citar unos nombres famosos; por ejemplo, Ana Pastor y Juan Ramón Lucas. Después siguió más allá el proceso de purga política y se quitó de sus puestos de responsabilidad editorial al 95 % de los periodistas, hasta tal punto que hoy solamente queda uno de cada tres periodistas en sus puestos originales. Al final, ¿para qué? Pues para poner a sus colegas que venían de destrozar las audiencias en televisiones públicas y traer a coleguitas afines de medios privados, en su mayoría de La Razón. La única buena noticia se la lleva el señor Paco Marhuenda, que va a ser el único que va a vivir de todo esto. (Aplausos).

Lo segundo que ocurrió fue que empezó a pasar aquello de lo que veníamos hablando, censura, manipulación, desinformación y propaganda política. Ni siquiera hacéis responsable al Consejo de Informativos, y no lo decimos nosotros, lo dicen entidades internacionales, como la Federación Europea de Periodistas o el Consejo de Europa. Fíjense en lo escalofriante del asunto, solamente en el año 2016 el Consejo de Informativos tuvo que hacer cincuenta informes nombrando uno por uno los casos de malas prácticas dentro de los telediarios que, por no ponerme a nombrarlos todos y estar aquí hasta pasado mañana, se resumen en una cosa muy sencilla, alabar vuestras políticas, las políticas del Partido Popular y ningunear la del resto de formaciones políticas -ni me meto ya en cómo nos tratan a los de Podemos y a los 5 millones de personas que tenemos detrás- y, al final, dejar fuera de la agenda mediática temas que son -y esto es lo más grave- de relevancia para la sociedad civil, que tienen que ver en su mayoría con las protestas sociales, con las manifestaciones, con la crisis, con los recortes, con la precariedad y con los datos de empleo. (Aplausos). Que me expliquen a mí, como periodista que soy, qué consejo de redacción de una televisión pública puede considerar que las protestas ante la violencia machista no se tienen que contemplar en la radiotelevisión pública (Rumores.-Aplausos), que me digan a mí por qué las protestas contra la crisis de los refugiados y su gestión se queda fuera de los informativos en Televisión Española.

Para ir acabando (Rumores.-El señor Hernando Fraile: ¡Sigue, sigue!) -para vuestra suerte-, me dirijo a los señores y a las señoras del Grupo Socialista. Está claro que por respeto al Consejo de Informativos y a lo que quieren los trabajadores y las trabajadoras, nosotros lo vamos a apoyar porque no queremos bloquear nada para llevarnos ninguna medalla, que es lo que suelen hacer ustedes. Nosotros les vamos a apoyar con toda la humildad, pero ustedes saben exactamente igual que nosotros que esta propuesta se queda absolutamente coja tal y como lo la han traído hoy. Si de verdad quieren hacer un cambio más allá de llevarse una medalla y decir que han traído el cambio -ese cambio, esa especie de romanticismo que tienen anclado en la ley de Zapatero como si no hubiese todavía nada que cambiar-, vayamos un poquito más allá y digamos que no solamente tiene que tener un mecanismo de desbloqueo, como ya ha reconocido el señor que ha defendido la propuesta -y ya termino-. Agradezco que lo haya reconocido, pero también el presidente se tiene que presentar por concurso público y con un contrato y un proyecto de futuro para Televisión Española. Seguro que si no lo hacemos así, va a seguir pasando lo que hasta ahora, manipulación, censura, falta de transparencia y que se le adjudiquen contratos a José Luis


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Moreno, que se le adjudiquen todos los programas, que al final es una persona que aparece también -¡oh casualidad!- en los papeles de Bárcenas (Aplausos), haciendo ver que hasta el espectáculo está dentro de esa trama que opera fuera y dentro de las instituciones para seguir viviendo a costa de todos nosotros.

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.

La señora VERA RUIZ-HERRERA: Ya termino.

Nada más. Muchísimas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie.-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Moreno Bustos. (Rumores).

Señorías, les ruego a todos silencio.

El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señora presidenta.

Quiero comenzar mi intervención dando las gracias al señor Díaz por sus palabras de solidaridad con el Partido Popular, y más tras el totalitario y estalinista asalto a nuestra sede en Barcelona, a la que tanto les gusta jalear a algunos. (Aplausos).

Señora presidenta, tras el mitin político, el show, el espectáculo al que nos tienen acostumbrados los de la poca gente, vamos a ir a lo serio. Por cierto, señora portavoz de Podemos, quien dicen los periodistas que les amenaza no es el Grupo Popular, ¿eh? (Aplausos). Quienes amenazan con azotar a otros periodistas son ustedes, no lo olviden, ¡no lo olviden! Pero bueno, vamos a lo serio, no al espectáculo ni al mitin político.

Señorías, nuestro grupo parlamentario va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley del Grupo Socialista, y lo va a hacer por coherencia con la responsabilidad política que hemos abrigado siempre en esta materia. Comenzaré advirtiendo que estamos de acuerdo con el objetivo de alcanzar los dos tercios para la elección del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española, y me voy a explicar. La Ley 17/2006, de la radio y la televisión de titularidad estatal, estableció, efectivamente, una mayoría reforzada para esa elección. No obstante, en el trámite parlamentario del proyecto de ley en el Senado se incluyó una disposición transitoria, admitida como un plan B, que planteaba la posibilidad de elección del Consejo de Radiotelevisión Española por mayoría absoluta en el caso de no alcanzarse un acuerdo en el plazo de dos meses. Esa enmienda, que era de la Entesa Catalana, y otra idéntica, de Izquierda Unida, apoyadas con entusiasmo por el Grupo Parlamentario Socialista, introdujeron esa opción, justificándolo en el hecho de evitar un eventual bloqueo, indeseable y muy perjudicial para la Corporación de Radiotelevisión Española. Hoy parece que volvemos también a los mismos argumentos, como decía el señor Camacho.

En enero de 2007 y en noviembre de 2009, el Grupo Parlamentario Popular, en aquel entonces en la oposición, sumó por responsabilidad política su apoyo para lograr los dos tercios requeridos en la elección de los presidentes de la Corporación de Radiotelevisión. En julio de 2011 dimitió el segundo presidente y ya no fue posible encontrar el acuerdo requerido. No tendría mucho sentido a estas alturas señalar, salvo que alguien se empeñe en tergiversar los hechos -siempre lo hay, y hoy mismo lo hemos podido comprobar-, a quién impidió o a quién mostró más o menos pericia o capacidad para el acuerdo. En todo caso, a partir de aquel momento la historia es bien conocida por todos. Nueve meses después de aquella dimisión, aunque para el Partido Socialista nueve meses parece que no son nada, el consejo de administración tenía tres vacantes, entre ellas la del presidente, y cinco de sus miembros habían agotado el tiempo para el que fueron elegidos. Una presidencia interina y rotatoria no podía asumir el ejercicio en funciones que son básicas e imprescindibles para el buen y eficaz gobierno de la corporación, como pusieron de manifiesto los informes de la Abogacía del Estado.

Por responsabilidad ante está situación tan crítica y delicada que se alargaba sin el menor atisbo de solución, el Gobierno aprobó un real decreto-ley a finales de abril de 2012, reiterando el deseado objetivo de lograr dos tercios del Parlamento para la elección de las vacantes del consejo de administración, pero admitiendo el recurso a la mayoría absoluta si dicho objetivo no era posible. Con ello se evitaron consecuencias irreparables para Radiotelevisión Española. No fue un capricho, se lo aseguro, del Gobierno ni una decisión arbitraria; no fue una artera maniobra para rebajar el listón democrático en


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Radiotelevisión Española, y quien diga lo contrario, simplemente miente, así de claro. Fue una verdadera necesidad, una salida imperiosa e imprescindible cuando todas las puertas se cierran, el tiempo pasa gravosamente y el daño puede llegar a ser enorme. Finalmente, en octubre de 2014 fue posible sustituir al presidente de la corporación en un tiempo muy razonable y sin ocasionar ningún perjuicio a la gestión de Radiotelevisión Española. Esta, y no otra historia torticera, interesada o tergiversada, es la realidad.

Señorías, paradójicamente, lo que fue una certera herramienta, fundamental, llegó a decir algún parlamentario, para evitar un circunstancial bloqueo parlamentario en 2006, se convirtió en 2012 en la madre de todos los males. ¿Qué había cambiado? A simple vista, únicamente que el Gobierno era otro y la oposición también era distinta. Hoy, con la misma responsabilidad, volvemos a reafirmar la conveniencia de alcanzar un amplio consenso, traducido en los dos tercios de la Cámara, para la elección del futuro Consejo de Administración de Radiotelevisión Española. Volvemos por responsabilidad y convicciones políticas a defender el propósito de alcanzar los dos tercios, que es un empeño deseable y positivo. Pero también hay que advertir, y más tras escuchar a algunos portavoces parlamentarios, que la elección por el mayor consenso posible no resolverá por sí sola problemas actuales, como el de una financiación inestable, que otros crearon, ni mucho menos podrá ser el argumento en el que refugiarse para volver a la trinchera del soniquete interesado y falso de la manipulación. Cuando algunos hablan de recuperar -y este texto algo dice de ello-, me pregunto: ¿Recuperar qué? ¿Recuperar a quién? ¿Recuperar los peores y más negros años de la radiotelevisión pública? No hay nada que recuperar, señorías. La independencia, la pluralidad y la objetividad están plenamente garantizadas en este momento. No hay que recuperarlas. No, señorías, esa no debe ser la intención, y menos vamos nosotros a reconocer que la vuelta al pasado es la vuelta a la independencia, a la pluralidad y a la veracidad, simplemente porque no es así.

Yo soy de los que cree que si dos quieren hay un acuerdo, el acuerdo así se produce; si tres quieren un acuerdo, el acuerdo se produce; pero si hay uno que no lo quiere, desde luego no se produce, decía entonces la vicepresidenta del Gobierno, el 6 de abril de 2006, en el Senado. Nosotros pensamos exactamente lo mismo entonces y ahora. No queremos rebatir ahora juicios de valor, conclusiones disparatadas, como las que hemos oído, descripciones erróneas o análisis que, de forma más bien desmedida, nada constructiva y carente de realismo, se incluyen en la exposición de motivos de la proposición de ley, algunos de ellos desmentidos ya por el propio transcurso del tiempo. Ocasión habrá de debatir sobre esas cuestiones y sobre la verdadera influencia o trascendencia que una elección con mayoría reforzada tiene sobre el funcionamiento ordinario de un organismo público como Radiotelevisión Española, porque la historia de los últimos diez años ofrece muchos prismas y acumula muchos elementos de examen y discusión.

Señorías -acabo, señora presidenta-, para empezar la tarea con la mejor voluntad de culminarla con éxito, nuestro grupo parlamentario apoyará la toma en consideración de esta proposición de ley, pero quiero dejar muy claro y avisar de ello, que si la convertimos en un arma arrojadiza para perseguir únicamente algún desgaste o ataque al Gobierno, habremos perdido el tiempo miserablemente. Si la utilizamos como una gran oportunidad para cimentar acuerdos sólidos que pongan en valor el formidable servicio público que presta Radiotelevisión Española, habremos cumplido eficazmente con nuestra responsabilidad política. Esa y no otra es nuestra posición.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA ANTE EL PROCESO FINAL DE SU VIDA. (Número de expediente 122/000051).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Igea Arisqueta.

El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quisiera agradecer la presencia en el hemiciclo de varias asociaciones de pacientes: la Asociación Española Contra el Cáncer, la Asociación Española de Esclerosis Lateral, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, el Foro Español de Pacientes y la Alianza General de Pacientes, porque es para quienes ustedes representan, para quienes hoy traemos esta ley aquí. (Aplausos). Si hay una prioridad en la política sanitaria y una prioridad en la política sanitaria de Ciudadanos es y será siempre


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acabar con el sufrimiento de nuestros pacientes. Quiero agradecer también la presencia de la Organización Médica Colegial y de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos que serán, al fin y al cabo, parte de los responsables de llevar a cabo esta política. (Aplausos). No me gustaría empezar dando gracias solamente a los presentes, me gustaría recordar a algunos ausentes; a pacientes cuyo coraje y cuya determinación ha hecho posible este progreso legal. Pacientes como Inmaculada Echevarría, que en el año 2007, con una distrofia muscular, peleó para ser desconectada de un respirador que la mantenía con vida con una enfermedad progresiva e irreversible, y que generó el debate que dio origen a la primera Ley de muerte digna en Andalucía, cuya ponente, Rosario Díez, parlamentaria socialista, también quiero recordar hoy aquí. Esto es un éxito de todos; un éxito de la política incremental que empezó en Andalucía y ha recorrido ya ocho comunidades autónomas, acabando en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde José Manuel Freire y Daniel Álvarez -que también nos acompaña hoy aquí- fueron ponentes de la última ley aprobada hace escasas semanas. Gracias a todos ellos estamos hoy aquí, porque nosotros creemos que la política eficaz es la política incremental, es la política del acuerdo. La política útil no es levantar banderas, no es agitar pasiones; es trabajar para que los centenares de miles de pacientes que están en nuestro país noten mejoras reales y efectivas. Esa es la política útil y no el enfrentamiento. (Aplausos).

¿Por qué es necesaria esta ley? Es necesaria porque nosotros defendemos la igualdad de todos los españoles, también para morir. Los españoles no podemos ser desiguales, incluso para morir. Queremos un país de libres e iguales desde el nacimiento hasta el día de nuestra muerte y por eso necesitamos una ley básica, una ley que ampare a todos aquellos que aun no están cubiertos por una ley autonómica y a todos aquellos que aun cubiertos por una ley autonómica no se les garantiza el cumplimiento de la que ya tienen. Además, es y sigue siendo una necesidad. Más de 50.000 pacientes al año mueren sin cuidados paliativos de calidad porque desgraciadamente sigue existiendo el ensañamiento terapéutico, sigue habiendo quien cree que puede imponer el dolor a sus pacientes por sus creencias. Desgraciadamente, en nuestra profesión todavía hay quien piensa que se puede ocultar la información a sus pacientes, lo que es un drama que condena a estos a no poder disponer del bien más precioso que tenemos, que es nuestro tiempo, el tiempo de despedirnos, el tiempo de abrazarnos. No hay derecho a ocultar la información a nuestros pacientes si ellos no lo desean así.

Les daré unos datos para poner en los fríos números la realidad de las cosas que ocurren. En estudios recientes recogidos por Abel Novoa en la plataforma "No es sano", en fecha tan reciente como la del 21 de marzo, se nos informa de que el 36 % de los pacientes oncológicos aun reciben quimioterapia en los últimos seis meses de su vida, pero es que un 25 % de ellos sigue recibiendo quimioterapia el último mes de su vida. Según un estudio del New England Journal of Medicine, un 71 % de los pacientes con cánceres avanzados estadio IV de pulmón o de colon, siguen creyendo que la quimioterapia puede curarles. En España hay 28.000 pacientes que siguen recibiendo quimioterapia el último mes de su vida. Nosotros nos preguntamos por qué es así, ¿aumentamos la supervivencia, mejoramos la calidad de vida, mueren mejor? A las tres preguntas la respuesta es no. Sabemos que no aumentamos la supervivencia si retrasamos los cuidados paliativos. Sabemos que no mejoramos la calidad de vida porque son enfermos que mueren con neuropatía, con fatiga, con calambres, con vómitos, con úlceras en la boca. Sabemos que tampoco mueren mejor, que tienen diez veces más probabilidades de recibir una resucitación cardiopulmonar, cinco veces más probabilidades de fallecer en una UVI y diez veces más probabilidades de no fallecer en su casa. Todo esto ocurre cada día en los hospitales de nuestro país. El viernes pasado, tras la sesión que tuvimos aquí, recibí un mensaje de una compañera, de una enfermera de la planta donde yo trabajo, que me decía: después de oírte el otro día, pasé toda la noche solicitando a un médico que viniera a poner media ampolla de cloruro mórfico a un paciente que se estaba agotando al respirar. Esto ocurre cada día, cada día en nuestros hospitales. Por eso necesitamos una ley así.

Les voy a resumir brevemente las características de la ley que proponemos. En el título I hablamos de los derechos: derecho a la información, derecho a tener una información sea pronta; el derecho a que cuando a un paciente se le informa de que tiene un diagnóstico grave y que su vida corre peligro a medio o largo plazo, pueda tomar decisiones en ese momento y hacer un testamento vital con instrucciones previas. Garantizamos también el derecho a no usar el estado de necesidad terapéutica para realizar maniobras o tratamientos no autorizados por los pacientes, salvo aquellos limitados a aliviar los síntomas o el dolor de los mismos. Asimismo, garantizamos el rechazo al tratamiento, incluidas las medidas de soporte vital; nadie nunca más tendrá que volver al juzgado como tuvieron que hacer los padres de Andrea hace escasamente dos años a solicitar, tras pelear con su pediatra, que se le retirase una sonda nasogástrica. También garantizamos que habrá cuidados paliativos de calidad, que habrá sedación al final


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de nuestros días para aliviar el dolor, pero no solo para aliviar el dolor, sino para aliviar cada síntoma que produzca molestias insoportables para los pacientes. Dolor, vómitos, disnea, cefalea, convulsiones, todas esas cosas tienen que acabarse, como también hay que acabar con las sujeciones mecánicas. Tenemos que reconocer el derecho al acompañamiento familiar y espiritual de nuestros pacientes y reconocerles también el derecho, el sagrado derecho, a la intimidad en sus últimos días. En nuestro título II recogemos los deberes que corresponden al personal sanitario, que es garantizar esa información, evitar el ensañamiento y garantizar el respeto de las convicciones de los pacientes, absteniéndose de imponer las propias. Garantizar que evitaremos prolongar las agonías en los pacientes sin sedación eliminando todo tratamiento que no sirva simplemente para controlar los síntomas. En nuestro título III hablamos de las garantías que deben recoger los centros asistenciales: garantizar que no habrá restricción en las visitas, que se apoyará a la familia y a los cuidadores, que les asesoraremos en cuidados paliativos, que tendrán una habitación individual, que los comités de ética servirán para que se cumpla la voluntad de los pacientes. En nuestro título IV, para nosotros muy importante y que marca parte de las diferencias, señalamos lo que son infracciones muy graves. Para nosotros serán infracciones muy graves, y serán penadas, todas aquellas que obstaculicen o impidan los derechos recogidos en el título I de nuestra ley. También tenemos una disposición adicional que me gustaría señalar. La disposición adicional tercera indica que se hará una evaluación del cumplimiento de la ley. Porque en España se legisla con mucha facilidad y se incumple la ley con más facilidad. Nosotros queremos que el Ministerio de Sanidad sea garante del cumplimiento de esta ley, que elabore una lista de indicadores y que se evalúe periódicamente el cumplimiento y el alcance de nuestra ley. Todas estas cosas contiene nuestra ley. Muchas de ellas son ya conocidas, nosotros sabemos que el mundo no empezó cuando nosotros llegamos al hemiciclo, sabemos que desde 1978 para acá se han hecho muchas cosas buenas por este país. Nosotros solo queremos aportar un poco más, llamar al acuerdo, llamar al consenso y hacer política útil para nuestros ciudadanos. (Aplausos).

Me gustaría terminar agradeciendo a todos aquellos pacientes a quienes he tenido el lujo y el placer de acompañar en sus últimos momentos, que me han enseñado el valor del tiempo, el valor de la vida y el valor de los abrazos. Y no quisiera acabar un día como hoy sin citar a Miguel Hernández, uno de nuestros grandes poetas. Hoy hace 75 años que moría en la prisión de Alicante, enfermo de tuberculosis y víctima de la intolerancia. En uno de sus poemas más famosos dice así: "Aquí estoy para vivir / mientras el alma suene, / y aquí estoy para morir, / cuando la hora me llegue, / en los veneros del pueblo / desde ahora y desde siempre. / Varios tragos es la vida / y un solo trago es la muerte".

Señorías, hagamos que este último trago, nuestro último trago, el último trago de nuestros ciudadanos, sea lo menos amargo posible.

Muchas gracias (Prolongados aplausos).

La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Quiero empezar felicitando tanto al doctor Igea como a la diputada Cortés por sus intervenciones de la semana pasada en esta tribuna. Yo creo que sus razones y sus argumentos ayudan a afrontar este debate con equilibrio, con sentido común, con respeto y también con humanidad.

Dos ideas muy breves. Yo, señorías, no creo que el derecho de autodeterminación personal lo pueda todo, que sea un absoluto, que uno tenga derecho a decidirlo todo. Porque si realmente hablamos efectivamente de unos derechos estos deben tener límites y, muy probablemente, en sus ejercicios respectivos impongan unos correlativos deberes a uno mismo y también a los demás. En segundo lugar, y por otra parte, la dignidad es un atributo nuclear de las personas. Nosotros estamos obligados a mejorar las condiciones de vida de todo el mundo. Pero si decidimos que la dignidad está en las condiciones en las que una persona vive y no en la persona misma, podríamos llegar a la conclusión de que efectivamente algunas vidas no son dignas de ser vividas y, por tanto, de ser protegidas y de ser queridas, y eso nos llevaría por una pendiente muy peligrosa.

En todo caso, nosotros pensamos sobre este tema, primero, que legislar adaptando la ley a la excepción y no a la regla general sería un error. Segundo, que no creemos que exista un derecho humano a perjudicarse ni a renunciar a la libertad ni a automutilarse, ni a morir, ni a ayudar a suicidarse. Y, tercero, que afrontar una situación compleja, cuando es difícil, por la vía de admitir, siquiera con buenos ojos, el suicidio asistido -es decir, que ante una persona con un problema, eliminamos a la persona-, pues es un cambio de actitud moral, vital y colectiva que, como digo, nos lleva a una pendiente muy resbaladiza,


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porque hará que en la relación médico-paciente la confianza se resienta y empeore y probablemente hará que las víctimas de la eutanasia sean aquellas con menos recursos y, desde luego, no podremos seguir llamándonos una sociedad del bienestar. En Navarra tenemos una ley que es hermana gemela, aprobada en 2011 por unanimidad, y en coherencia con el voto que en su día dimos a esta norma parecida pero foral, daremos nuestro sí a esta toma en consideración y, en todo caso, nos reservamos el derecho a presentar las enmiendas que creamos oportunas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señorías, como dijo Miguel Hernández, de quien hoy se cumple el 75.º aniversario de su fallecimiento: "Tu risa me hace libre, / me pone alas. / Soledades me quita, / cárcel me arranca". Cuando hablamos de muerte digna estamos hablando también de la vida y de libertad; estamos hablando del derecho a la autonomía de las personas, libres de decidir sobre cómo y cuándo desean que sea el final de sus vidas; estamos hablando también de la dignidad del paciente para escoger si quiere morir de una manera asistida, rodeados de los suyos, libremente y sin dolor, porque no siempre es necesario alargar la vida hasta el extremo, hasta la extenuación, estirando el sufrimiento de quien padece una enfermedad terminal o incurable. Los cuidados paliativos comienzan cuando ya no es posible la cura. Es en ese momento cuando hace falta un cambio de actitud por parte de las personas que atienden al enfermo; es ahí cuando hace más falta el apoyo psicológico, social y espiritual; el acompañamiento hasta el final de la vida; la solidaridad; la compasión hacia el sufrimiento del otro; la vulnerabilidad compartida, y el compromiso social de no prolongar situaciones irreversibles durante más tiempo, si es así como lo desea la persona afectada. El debate que tenemos ahora en realidad versa sobre la misma cuestión que nos ocupó la semana pasada cuando debatíamos sobre la despenalización de la eutanasia. Hablamos entonces y hablamos ahora de la autonomía personal. Ha costado muchos siglos y muchos esfuerzos poder llegar a plantear la libertad de las personas en este punto. Se nos ha arrebatado la capacidad para decidir a partir de algunas interpretaciones tergiversadas -y subrayo esto, tergiversadas- de la fe realizadas por sacerdotes estrictos, unos, miembros de las religiones establecidas y otros que hablaban de la medicina, de la ciencia, como si fuera una religión devota de un dios que exige también sacrificios a sus súbditos. No entendemos que el grupo proponente, Ciudadanos, se abstuvieran la semana pasada en la propuesta sobre la eutanasia -pensamos que faltó valentía política; otros grupos tampoco la tuvieron- y ahora nos traigan este texto. Hay que hacer una contemplación global del problema. En Compromís votaremos sí a la toma en consideración de su propuesta y la enmendaremos. Por supuesto, no renunciaremos a que este problema acabe solucionándose también con una regulación de la eutanasia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.

Desde el Partit Demòcrata no vamos a avalar con nuestros votos esta iniciativa más que nada porque tiene un problema técnico gravísimo como es catalogarla de ley de bases. Seguro que usted sabía cuál sería nuestro posicionamiento al respecto. Usted sabe, señor Igea, que en Cataluña, junto con otras naciones, tenemos competencias exclusivas en esta materia y las ejercemos; tenemos competencia en regular la autonomía del paciente, en materia de voluntades anticipadas, y lo hicimos con una ley pionera en todo el Estado español. Tenemos competencias y las ejercemos en los cuidados y derechos al final de la vida y en definitiva en la forma de garantizar una atención sanitaria de calidad en los periodos finales de la vida de las personas. Por tanto, no nos gusta esta proposición de ley, no nos gusta nada. Hoy por la vía de la manipulación del reparto competencial ustedes, calificando como ley básica esta proposición, pretenden desmantelar esta competencia y su ejercicio, que es lo que le viene atribuido a la comunidad autónoma por su estatuto de autonomía y por la Constitución, que es su Constitución. Nos parece un error técnico muy grave. Esa noble voluntad que usted dice tener se ve torcida por el hecho de que presente una ley básica, y además a ustedes les ha traicionado el subconsciente, porque usted sabe que una ley básica no tiene este prolijo desarrollo reglamentario -me atrevería a decir- de todos y cada uno de los


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supuestos. Una ley básica por definición es una ley que establece un marco, unos parámetros generales para que después puedan ser desarrollados por las comunidades autónomas y usted esto lo sabe, pero la ha calificado de básica. Ya le digo que no tendrá nuestro voto a favor para tramitar esta proposición de ley, plantearemos las enmiendas necesarias porque no nos oponemos a que aquellas comunidades que no tienen una regulación efectiva a tal efecto la puedan tener, pero nunca como ley básica.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Podríamos hacer aquí hoy un debate jurídico, que es lo que se supone que nos corresponde como legisladores que somos, o podemos hacer una especie de alegato de qué capaces somos cada uno de empatizar, cuántos sentimientos tenemos cada uno, hasta qué punto podemos ser misericordes, etcétera. Precisamente la semana pasada el ponente de Ciudadanos achacaba esto a uno de los grupos cuando le decía que no tenían la patente de la misericordia o algo parecido. Pero no vamos a hacer un concurso de sentimientos, hagamos un debate de lo que nos corresponde, que es un debate jurídico, porque yo tampoco voy a repetir el debate de lo que hablé la semana pasada ni voy a hablar de lo que piensa cada uno ni de lo que pienso yo sobre lo que es el final de la vida, la dignidad de las personas, a pesar de que aquí cada uno sube y habla de lo que quiere; me voy a centrar en rebatir o en contribuir a la proposición de ley que el Grupo Ciudadanos ha traído a la Cámara.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado una proposición de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, y dice que tiene por objetivo regular de manera expresa y concisa los derechos de las personas que se encuentran ante el proceso final de la vida, así como los deberes del personal sanitario, etcétera. En conclusión, esta proposición de ley viene a legislar lo que ya está legislado y no entra en lo que no está legislado. La semana pasada en el debate que tuvimos efectivamente pudimos estar de acuerdo o no, tener posiciones a favor o en contra totalmente legítimas, pero lo que se planteaba sí le correspondía a esta Cámara, que era el cambio de un artículo concreto para la despenalización en el Código Penal de la eutanasia, el suicidio asistido, etcétera. Pero, señores de Ciudadanos, ustedes plantean esta proposición de ley como legislación básica de conformidad con lo establecido en el artículo 149.1.1.ª de la Constitución -cómo no-, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad, bla, bla, bla.

Ustedes dicen que el objeto de esta proposición de ley, tal y como expresa su artículo, es la regulación del ejercicio de esos derechos y que los principios básicos inspiradores son la garantía del pleno respeto del derecho a la plena dignidad, la promoción de la libertad, garantía del rechazo de un tratamiento por voluntad, garantía del derecho de todas las personas a recibir cuidados paliativos, igualdad efectiva, garantizar una atención sanitaria personalizada. Y también hablan de los derechos de esas personas cuando están en el último trance de su vida: el derecho a la información, derecho a la toma de decisiones, el derecho a otorgar; todos los que han leído la proposición lo saben. Y ustedes dirán: ¿es que acaso ustedes no están a favor, como nosotros, de esos derechos? Por supuesto, faltaría más que no estuviéramos a favor de esos derechos. Estamos tan a favor que hemos legislado eso precisamente, porque estamos a favor; es más, lo hicimos porque nadie lo había hecho. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).

Por lo tanto, a pesar de lo expresamente señalado en el preámbulo de esta proposición de ley, de la simple lectura de este texto se aprecia claramente que la pretensión de ustedes va más allá del establecimiento de unas bases para su posterior desarrollo normativo por parte de las comunidades autónomas. Si echamos un simple vistazo a la regulación actualmente vigente, podemos ver que la Ley 14/1986, General de Sanidad, y la Ley 41/2002, reguladora del convenio del paciente, ya tienen contempladas casi todo lo que ustedes plantean en esta ley, y estas normas en su condición de legislación básica estatal, que sí es la básica, aquella, han servido para el pacífico desarrollo en las comunidades autónomas de diversa normativa sobre el particular. La Ley 11/2016, de 8 de julio, del Parlamento vasco, de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el proceso final de su vida, así como la Ley 7/2002, de 12 de diciembre, de las voluntades anticipadas, por ejemplo, en Euskadi, contempla todas estas cuestiones. Digamos, pues, que esta proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos copia literalmente diversos apartados de la ley básica, tan literalmente que algunas cuestiones son exactas.


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Podría citarle, en concreto, artículos. En el texto presentado por ustedes se omite de forma incorrecta el origen de estas leyes citadas, quedando en evidencia de esta manera la tarea de negligente copia y mera repetición automática en el mismo de otros textos vigentes en ámbitos autonómicos. Por ejemplo, la Ley 5/2003, de declaración de voluntad vital anticipada del Parlamento de Andalucía. ¿Por qué no tienen la humildad de decir, por lo menos, que el texto que han traído lo han sacado de otros textos existentes? ¡Es que no han aportado ustedes nada! (Aplausos).

Por otra parte, el nivel de detalle regulatorio de esta proposición excede lo que tiene que ser una ley básica y, en consecuencia, excede del alcance de la competencia estatal para su aprobación, quedando reflejado en distintos apartados de su texto, donde llegan incluso ustedes a decir que por ley básica puede haber efectivamente una habitación individual o que los pacientes puedan llevar ropa desde su casa, que me parece muy bien, pero es que eso no se regula en una ley básica, señoras y señores de Ciudadanos. (Aplausos). En cualquier caso -y me queda poco tiempo-, aparte del exceso regulatorio que plantean ustedes, atribuyen a la Administración General del Estado, al Ministerio de Sanidad, la función de establecer la máxima difusión de la ley entre los profesionales sanitarios y la ciudadanía en general, así como promover entre la misma la realización del documento de instrucciones previas. Ustedes le dan al ministerio lo que no le corresponde y, es más, las comunidades autónomas que ya están funcionando con leyes parecidas, ya lo están haciendo.

Como conclusión, ya que no me queda tiempo -un minuto, señor presidente-, se puede mantener que esta proposición de ley de garantías y derechos de la dignidad de la persona ante el proceso final de la vida es normativamente innecesaria porque eso ya está legislado. Es totalmente excesiva en su regulación porque llega a límites a los que una ley básica no ha de llegar. Por último, lleva a cabo una notoria invasión del ámbito competencial de las comunidades autónomas en materia de sanidad. En consecuencia, esta proposición de ley no puede sino calificarse como un aprovechamiento del grupo parlamentario proponente para aparecer como precursor de algo que ya está aplicándose en la práctica totalidad del Estado español mediante un sistema más acorde con la distribución competencial, todo ello con una clara vocación centralizadora.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda, senyor president, senyores y senyors diputats.

Señor Igea, hoy debatimos la toma en consideración de una proposición de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida. Entre la exposición que ha hecho el portavoz de Ciudadanos y el contenido de la ley, evidentemente hay una eternidad; y hay una eternidad porque, como se apuntaba con anterioridad, esta proposición de ley es básicamente una ley sanitaria y, por otro lado, también es una ley de bases que tiene un nivel de injerencia tanto en el ámbito médico como en el ámbito competencial. Asimismo, existe una auténtica discrepancia entre la exposición de motivos de la ley y lo que dice la ley. El punto 3.º, por ejemplo, de la exposición de motivos pretende ampliar los derechos de las personas que residen en nuestro país, sin perjuicio de los elementos adicionales o de desarrollo que introduzca el correspondiente ordenamiento autonómico. Las disposiciones adicionales dicen más cosas de la exposición de motivos y van más allá de las competencias que debería tener una ley de bases. El apartado 2 del punto 3.º regula de manera concisa y precisa los derechos de las personas que se encuentran en el proceso final de su vida, así como los deberes del personal sanitario y las garantías de los centros e instituciones sanitarias para hacer efectivos tales derechos. Obviamente, dice que lo hace en consonancia con la Ley General de Sanidad y con la Ley reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Pues bien, para Esquerra Republicana y para esta portavoz es incomprensible que ustedes, Ciudadanos, que se autodefinen como liberales, sean incapaces de defender la plena libertad de la persona, la autonomía personal y el derecho a decidir de las personas.

Para Esquerra Republicana la proposición de ley que debería estar ya en trámite de enmiendas es la proposición de ley orgánica que fue debatida en el anterior Pleno, la que hablaba de la regulación de la eutanasia y del suicidio médicamente asistido, entendidos dichos conceptos como el ejercicio pleno de los derechos y libertades fundamentales, el ejercicio en plenitud de la voluntad, la plena libertad, como decía en el Pleno anterior, para afrontar cómo queremos vivir la vida y cómo deseamos morir, cómo queremos que sea este trámite al final de nuestras vidas. Este es el verdadero ejercicio de los derechos inherentes


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a la personalidad y todo lo demás es hacer ejercicios en el alambre para evitar hablar de lo que la ciudadanía hace tiempo que nos demanda, y si no consulten el CIS. Hay un 80 % de personas que están a favor de regular la eutanasia. Esquerra Republicana no va a renunciar a este debate. Insisto, no renunciaremos a este debate, sino que lo traeremos cuantas veces sea necesario. Por cierto, tendremos una nueva oportunidad de debatir la despenalización de la eutanasia y su regulación cuando venga a esta Cámara la proposición de ley del Parlament de Catalunya.

No está de más recordar -es bueno hacerlo- que la regulación contenida en esta proposición de ley, como apuntaba algún portavoz, en Cataluña ya existe, aunque, obviamente, no con el grado de injerencia que supone esta proposición de ley en la intervención médica o del personal sanitario; pongo como ejemplo la injerencia que se contempla en el artículo 11 de esta proposición de ley en materia de derechos del paciente, garantía de la dignidad de la persona en el proceso final de su vida. En Cataluña tenemos, como decía, nuestra propia legislación en materia de derechos de los pacientes, documento de voluntades anticipadas y curas paliativas, así como la elaboración vigente -que además fue modificada en el año 2015- de la Carta de derechos y deberes de la ciudadanía en relación con la salud y la atención sanitaria. Por eso Esquerra Republicana dice que nos hace falta un Estado que garantice el pleno desarrollo de la personalidad, el ejercicio pleno de los derechos y libertades de la persona, el derecho a decidir, la autonomía de la voluntad. No estamos hablando ni de banderas ni de fronteras ni de himnos, sino de derechos y ejercicio de estos derechos.

Como no puede ser de otra manera, esta proposición de ley nos preocupa viniendo de quien viene, Ciudadanos, con su obsesión enfermiza de perseguir la limitación del derecho a decidir, en este caso de las personas, pero también con esa voluntad manifiesta, clara y determinante que tienen de limitar el autogobierno, en especial el catalán. No les negaré, por cierto, que esta proposición de ley viene a cubrir el déficit que tiene el Estado -que es mucho, es cierto- en aquellos aspectos referidos al respeto a la dignidad de la persona y a la mejora de la calidad de la atención sanitaria. Esta ley, como ya he dicho, no garantiza el pleno ejercicio de la autonomía personal ni tampoco la libertad personal ni individual. Aún así, Esquerra Republicana es y será siempre solidaria con los españoles y las españolas, y como el Estado español tiene déficits en este sentido, repito, nosotros nos vamos a abstener en esta proposición de ley que presenta Ciudadanos.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora García Sempere.

La señora GARCÍA SEMPERE: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, quería hacer un poco de recorrido para los señores y las señoras de Ciudadanos sobre cómo hicimos nosotros la proposición de ley que trajimos la semana pasada. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). El 1 de diciembre presentábamos en prensa que el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea comenzaba un proceso de reuniones con diversos colectivos y especialistas para la redacción de una ley que despenalizara y regulara la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Fíjense qué casualidad que el 2 de diciembre Ciudadanos registraba la proposición de ley que trae hoy para su consideración y debate. Mientras tanto, nosotros seguimos nuestro ritmo y para la redacción de la proposición de ley -la presentada aquí mismo la semana pasada tuvimos reuniones durante tres meses con un grupo de trabajo externo de cerca de veinte personas. Formaron parte de este grupo de trabajo catedráticos del Observatori de Bioètica i Dret de la Universidad de Barcelona, catedráticas de Derecho de la Universidad de Alicante y del Grupo de Estudios de Política Criminal, miembros de la Unión de Fiscales y de la Escuela Andaluza de Salud Pública, la directora de la Fundació Víctor Grífols, filósofos del CSIC, presidente y director de la Asociación derecho a morir dignamente, médicos, enfermeras, psicólogos, paliativistas, sociólogos y un largo etcétera. Tras las maratonianas jornadas de trabajo en las que discutimos, entre otras materias, sobre legislación nacional e internacional, finalmente registramos -bastante más tarde que ustedes, claro- nuestra proposición de ley a mediados del pasado mes de enero. Fueron semanas de fructífero trabajo, en las que contamos con los datos que nos decían que el 84 % de la población española apoyaba una ley de este tipo y con la solicitud formal de hasta siete parlamentos autonómicos que pedían al Congreso despenalizar la eutanasia, por cierto, con los votos de los grupos parlamentarios socialistas de esas comunidades autónomas. Sabíamos los puntos de nuestra propuesta que eran potencialmente sensibles, pero entendíamos -y así lo planteamos la semana pasada- que se


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podía debatir sobre esos puntos durante el trámite parlamentario. Ustedes, Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista, se negaron a abrirlo, y aquí estamos una semana después, tras aquel veto, con esta proposición de ley que hoy ustedes, señores de Ciudadanos, nos traen.

Lo primero que mi grupo quiere aclarar es que en el texto no aparece la palabra eutanasia, no la despenalizan. Por tanto, para nosotros -como han comentado ya otros grupos-, referirse a esta proposición de ley como una ley que garantiza la dignidad de la persona al final de la vida no es correcto. La muerte digna no se garantiza con la aprobación de esta ley y se seguirá muriendo mal en España. Lo dijimos la semana pasada y lo seguiremos diciendo: si no hay una ley de eutanasia, se seguirá muriendo mal.

Lo segundo que queremos afirmar es que no aporta prácticamente nada a lo ya existente. Se limita a trasponer a la legislación estatal las legislaciones autonómicas en vigor, que ya se pusieron en marcha en nuestro país a partir de la ley andaluza de 2010. ¿Les suena, señores del Partido Socialista? Nos tememos que lo único novedoso es que intenten usurpar las competencias autonómicas, como bien han comentado otros compañeros antes que yo. Hasta el momento nueve comunidades autónomas tienen este tipo de ley. Estas leyes de muerte digna, similares a la que traen ustedes, no provocan un incremento en el número de testamentos vitales, no es verdad; no mejoran ni amplían per se los cuidados paliativos y no consiguen rebajar significativamente el sufrimiento al morir en nuestro país. Por tanto, francamente, para nosotros es una ley cuando menos insuficiente. A pesar de que está bien reforzar las garantías de pacientes y médicos -en eso estamos de acuerdo-, ni los cuidados paliativos ni los derechos de acceso a los mismos ni las condiciones que los componen -formación, decisión, prestación y calidad- necesitan leyes, necesitan fundamentalmente recursos, y apoyar al Gobierno de los recortes como hacen ustedes, señores de Ciudadanos, dudo mucho que sea el mejor camino para lograr tener más recursos para conseguir una muerte más digna. Y no solo lo decimos nosotros, porque la necesidad de una fuerte inversión pública en sanidad la plantean también The Economist y la Fundación Lien en el índice internacional sobre la calidad de muerte publicado recientemente. (Aplausos).

¿Qué más cosas nos dice este índice internacional sobre la calidad de la muerte? Además de que se necesitan una efectiva política pública en paliativos y una formación integral de los profesionales sanitarios -todo ello son recursos y quizás necesitemos otro tipo de Gobierno-, también dice que Bélgica y Países Bajos están entre los primeros puestos de este ranking; es decir, lejos de ser contradictorios, cuidados paliativos y eutanasia son complementarios y necesarios. Los mejores niveles para el buen morir tienen en cuenta las dos cosas, así que mucho nos tememos que la ley que nos traen hoy sea algo más propio del postureo parlamentario que de una genuina acción política.

¿Saben lo que nos han traído? Un Frankenstein, como decía el compañero del PNV. No solo recuerda a otras leyes, sino que el artículo 1 es copia literal del artículo 1 de la ley andaluza de 2011. El artículo 2 de su proposición de ley es copia literal del artículo 3 de la ley canaria de 2015. El artículo 3 de su proposición de ley está copiado del artículo 4 de la ley canaria también. Y podemos seguir. El artículo 5 procede de una enmienda que hizo su partido a la ley de la Comunidad de Madrid y, a la vez, contiene pasajes literales de las leyes andaluza, gallega y argentina. Su artículo 8 está tomado de la ley aragonesa. Su artículo 9 es copia literal del artículo 10 de la ley de las islas Baleares. Ustedes nos han traído aquí un Frankenstein, una proposición de ley sin sentido que simula 'camearlo' todo para dejarlo todo igual. Nos traen un collage mal hecho de leyes autonómicas, sin alma propia, redactado deprisa y corriendo y registrado a rebufo de nuestro anuncio; o sea, básicamente una chapuza legislativa. (Aplausos).

Nos imaginamos que el Grupo Parlamentario Socialista aprobará sin grandes críticas la toma en consideración, pues acaban de registrar algo muy similar a la propuesta de Ciudadanos también de forma acelerada; no sabemos si será por el rebufo o por decisión propia. También les vamos a preguntar si piensan que este tipo de ley hará que se muera mejor en España, porque nosotros entendemos que no. Si ustedes de lo que se están preocupando es de los cuidados paliativos y creen que es fundamental que avancemos en eso antes que en la eutanasia, les recuerdo que sin su abstención no gobernaría el partido de los recortes y quizá tendríamos una situación de los paliativos y de la sanidad en general muy distinta. (Aplausos).

Voy concluyendo. La semana pasada acusaron a este grupo parlamentario de querer ponerse una medalla. Solo quería recordarles que hablar de la eutanasia no es colgarse ninguna medalla. La primera vez que Izquierda Unida, ahora inmersa en el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, trajo la proposición de una ley de eutanasia fue en 1998, hace casi veinte años, por lo que muy precipitado lo de la semana pasada no fue. (Aplausos).


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Seguramente Ciudadanos trate de sacar pecho una vez más en este hemiciclo y nos diga que este es uno más de los compromisos que está arrancando al Partido Popular. Solo espero que sea algo mejor que los compromisos que le arrancan en el tema de la corrupción, porque, aparte de grandes titulares, todavía no hemos visto realmente nada.

La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que concluir.

La señora GARCÍA SEMPERE: Termino.

Nosotros no vamos a ser como ustedes, señores de Ciudadanos. No vamos a comportarnos como ustedes y vamos a darles un voto de confianza. Vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, no solo porque estamos abiertos a debatir este tema, sino porque además creemos que es la oportunidad para seguir hablando y para presentar un texto alternativo y volver a incorporar el debate de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido sin invadir ninguna competencia autonómica.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.

Permítanme comenzar relatándoles dos casos humanos. Uno es el de Andrea, una niña de doce años afectada por una enfermedad degenerativa irreversible que fallecía en el Hospital Clínico de Santiago en octubre de 2015. Sus padres tuvieron un largo calvario judicial y administrativo para que los médicos accedieran a retirarle la sonda a través de la que se alimentaba artificialmente. Murió sin dolor y acompañada de los suyos después de recibir sedación paliativa. Los padres de la niña recibieron el apoyo de la Organización Médica Colegial, de la Asociación Derecho a Morir Dignamente y del entonces secretario general del Partido Socialista, que prometió una ley de muerte digna tan pronto como el Partido Socialista llegara al Gobierno. Por el contrario, el hospital recibió el apoyo del Gobierno de la Xunta, gobernada por el señor Núñez Feijóo, y del Arzobispado de Santiago. Otro caso que se ha relatado aquí es el de Inmaculada Echevarría, que desde los once años sufría distrofia muscular progresiva y vivía en un centro sanitario granadino, atada a un respirador del que pedía que se la desconectara. Tuvo que ser trasladada a un hospital público, con la mediación de la Junta de Andalucía, porque el centro donde vivió los últimos años no quiso atender su voluntad. Inmaculada murió finalmente en paz en marzo de 2007 después de ser sedada. Son dos casos de personas en procesos irreversibles y dolorosos que solicitan la retirada de tratamientos médicos que no tienen otro objetivo que el mantenimiento artificial de su vida. En el año 2005 el caso del Hospital Severo Ochoa saltó a los medios de comunicación cuando su jefe de urgencias fue acusado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, y su caso fue sobreseído unos años después. Este jefe de urgencias -quiero recordarlo aquí- contó con el apoyo del Partido Socialista desde el primer momento.

¿Por qué traigo estos supuestos aquí? Porque son casos de rechazo de tratamientos de soporte vital, de limitación del esfuerzo terapéutico y de sedación paliativa que constituyen aún hoy muchas de las demandas de personas que afrontan el final de sus días deseando morir en paz, sin dolor, ni angustia. Por eso, no es de extrañar que la mayoría de los españoles respalde el derecho a una muerte digna, no al suicidio asistido, ni a la eutanasia, señora Sibina, como ustedes quisieron hacer creer aquí. Yo me he ido a las fuentes, me he ido a la web del instituto demoscópico al que usted hacía referencia, y mire lo que dice aquí (Muestra un gráfico): el 84 % de los españoles apoya la muerte digna. Por tanto, hagan lo que ustedes prefieran con sus consultas ciudadanas, pero, por favor, no tergiversen los sondeos de los institutos independientes. Además, hoy todavía siguen negándose los cuidados paliativos integrales a muchas personas que mueren en España. Según el último análisis de los cuidados paliativos, estos llegan escasamente al 50 % de las personas que podrían beneficiarse de ellos y en demasiadas ocasiones no son integrales porque no abordan las diferentes dimensiones sociales, sanitarias, psicológicas o físicas. Esta falta de atención al final de la vida se hace aún más deficitaria en el caso de algunos entornos, como los rurales, en el caso de algunos pacientes, como los pediátricos, o en el caso de algunas patologías, como los cuidados paliativos no oncológicos, y además predominan los cuidados paliativos que se ofrecen solamente en el entorno hospitalario y no en el domiciliario.

Si bien la Ley 41/2002, de Autonomía del Paciente, estableció que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado previamente informado,


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esta ley no fue suficiente para que se dieran posteriormente los casos que yo les he relatado. Por eso, distintas comunidades autónomas han venido aprobando sus propias legislaciones. Andalucía fue pionera con un Gobierno socialista, en 2010. A ella la siguieron Navarra y Aragón, en 2011; Baleares, en 2014; Canarias y Galicia, en 2015; País Vasco, en 2016; Madrid, este año 2017, y Asturias y Valencia tienen proyectos de ley ya en marcha. ¿Qué quiero decirles con esto? En primer lugar, que todavía hay ciudadanos españoles que no tienen amparados legalmente estos derechos. Por eso, es necesario extender este derecho a todos los ciudadanos y mejorar el amparo legal a las buenas prácticas sanitarias en el final de la vida. En segundo lugar, que siete de estas diez leyes han sido a iniciativa del Partido Socialista. Ustedes, señor Igea, no han inventado nada; han rehecho los proyectos de ley socialistas nacionales y autonómicos y los han traído a esta Cámara, haciendo un ejercicio de oportunismo político. A eso, señor Igea, se le llama plagio. (Aplausos). Pero, además, dándole un toque muy propio de ustedes, un toque conservador y un toque centralista. Ya le puedo anticipar que no estamos de acuerdo con algunos afanes centralizadores de su proposición de ley, ni con la opción de objeción de conciencia que ustedes han introducido, ya que no se puede objetar lo que son simple y llanamente buenas prácticas médicas.

En junio de 2015, la mayoría del Partido Popular evitó la toma en consideración de una proposición de ley socialista en este Congreso, por cierto, pocos días antes de haber dado su voto favorable a la ley gallega, una iniciativa del Partido Socialista de Galicia. La proposición de ley de 2015 recogía un texto del proyecto de ley aprobado por el Gobierno socialista en 2011. Para elaborar ese proyecto fueron escuchadas más de treinta asociaciones profesionales y de pacientes y recibió el dictamen del Consejo de Estado. Esta misma proposición de ley es la que nosotros registramos en esta Cámara en enero de este año. Por eso, si ustedes, señor Igea, hubiesen tenido el menor decoro político, hubieran aceptado debatir sobre nuestra proposición de ley y no sobre la suya, ya que la nuestra tiene ya hecho el debate social y el examen jurídico que la de ustedes no tiene.

En tercer lugar, me referiré al consenso, que finalmente parece que podamos alcanzar hoy, a pesar de que el Partido Popular en muchas ocasiones se ha puesto de perfil, cuando no ha combatido desde las instituciones donde ha gobernado a quienes han luchado. Es un derecho ya consagrado por la Constitución Española en su artículo 15, que establece el derecho a la vida y a la integridad física y moral de la persona, reconociendo también el derecho a su dignidad y a la autonomía de su voluntad. Este consenso se proyecta también en el ámbito profesional. Cuando uno consulta el código deontológico médico observa claramente tres principios: no emprender acciones médicas que no tengan esperanza de beneficios; que cuando la curación o mejoría del paciente ya no sea posible, permanezca la obligación del médico de aplicar medidas adecuadas para conseguir su bienestar, incluso cuando pudiera derivarse un acortamiento de la vida; y que el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este. Por tanto, legislemos desde el consenso. El Partido Socialista será el primero en proponer avanzar las fronteras de este derecho a la autonomía sobre la propia vida. Para ello, nuestro grupo tiene la intención de proponer para su introducción en esta ley la creación de un observatorio español de la muerte digna, que permita evaluar la aplicación de esta ley, así como la dimensión y características de otros supuestos no contemplados con el fin de buscar nuevas soluciones legales. Hace falta para esto diálogo y rigor y no lo que encontramos en la discusión de la semana pasada, donde escuchamos muchos gritos y demasiadas emociones convertidas en rabia. Ni la rabia, ni el grito, ni la imposición son buenos acompañantes, señora Sibina, para un debate como este, que exige otro talante. Hay aspectos...

La señora PRESIDENTA: Señor Fernández, tiene que terminar.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Termino.

Como he dicho, aseguraremos en el trámite del debate que los derechos de las personas no estén al albur de los valores o ideologías de algunos profesionales y que la ley que resulte aprobada sea una ley básica que establezca un mínimo común normativo y deje margen de desarrollo a las comunidades autónomas. Por eso, votaremos a favor de la toma en consideración de esta ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cortés Bureta.


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La señora CORTÉS BURETA: Señora presidenta, muchas gracias.

Señorías, la atención paliativa a los pacientes que lo requieran es un derecho reconocido por organismos internacionales y, además, es una prestación sanitaria claramente descrita en la legislación española por la Ley de cohesión y calidad en el Sistema Nacional de Salud, la Ley de Autonomía del Paciente, Plan nacional de cuidados paliativos, estrategia en cuidados paliativos, documento marco para la mejora del abordaje del dolor, convocatoria oficial de buenas prácticas o documento de cuidados paliativos pediátricos; y, a todo ello, añadimos las leyes autonómicas que ya se ha dicho desde esta tribuna que han regulado sobre esta misma materia. Aun así, el Partido Popular ha entendido que no había una normativa que, a nivel nacional, regulara de forma específica los cuidados paliativos que pueden recibir los pacientes terminales en el proceso final de su vida ni tampoco los derechos y obligaciones que deben ser observados y respetados por los pacientes, sus familiares y médicos en ese momento. Además, una norma nacional como esta podría contribuir a la igualdad en la prestación de cuidados paliativos entre las distintas comunidades autónomas y también dentro de cada una de ellas. Además, también podría contribuir a la igualdad en la legislación autonómica sobre el proceso final de la vida. Por eso, una de las medidas que firmamos con Ciudadanos fue la de aprobar una ley que regulase políticas que permitieran una muerte digna de las personas en el proceso final de su vida y el derecho que fueran ayudadas con cuidados paliativos que evitasen el sufrimiento en caso de enfermedad no tratable.

Entendemos que la atención a los enfermos al final de su vida debe ser una prioridad, y en España, en nuestro país, a pesar de los avances experimentados, mientras haya un solo enfermo que muera con sufrimiento evitable seguiremos trabajando para evitarlo. Recibir una adecuada atención profesional y humana al final de la vida no debe considerarse un privilegio sino un derecho de los enfermos. Hoy, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta una proposición de ley alineada con las directrices establecidas por los organismos internacionales, con la legislación europea, con la estrategia de cuidados paliativos de nuestro Sistema Nacional de Salud, con la medida que firmaron con nosotros y en la línea de lo que el Grupo Parlamentario Popular considera medidas clave para conseguir el ideal de una buena muerte o de una muerte digna, que son el respeto a la autonomía de la persona en el proceso final de su vida, el derecho a recibir cuidados paliativos integrales de calidad y el derecho a no sufrir obstinación terapéutica. Ciudadanos lo sabe, sabe que el Partido Popular respeta lo firmado y cumple los acuerdos firmados y, por lo tanto, sabe que apoyaremos esta toma en consideración.

Compartimos aspectos positivos que se refieren al acompañamiento del paciente por sus familiares, el respeto a la intimidad del enfermo y el que merece todo ser humano en este último trance de su existencia. Durante la tramitación parlamentaria tendremos tiempo de debatir, de reflexionar y de revisar el contenido de la proposición e intentaremos además contribuir a mejorarla en algunos aspectos. En ese sentido, creemos que la exposición de motivos podría incluir la definición de modelo de cuidados paliativos. Actualmente, en España los cuidados paliativos son prestados en dos niveles, el básico y el especializado, tal y como se aprobó en la estrategia de cuidados paliativos a la que antes me refería. Podemos hablar de si el derecho a la información asistencial, desarrollado en el artículo 5, debería vincularse con el concepto de planificación anticipada de cuidados paliativos, lo que supone un mayor respeto a la autonomía del paciente, e incluir además ese concepto dentro del artículo 4 de las definiciones. En el artículo 6.3 se contempla que el consentimiento del paciente sea verbal y escrito. Seguramente en ese momento del final de la vida sea difícil conseguir un consentimiento por escrito, pero, precisamente por eso, para dar mayor garantía a que la voluntad del paciente sea la que efectivamente haya expresado de manera oral al médico y la que este haya hecho constar en su historia clínica, se podría hacer ante testigos. Se contempla también el derecho del paciente que se encuentra en el proceso final de su vida a la sedación paliativa, aunque eso implique un acortamiento de su vida. En esta circunstancia, creemos que quizá no queda suficientemente claro si es una decisión impuesta por el paciente o si se trata de una decisión adoptada desde el contexto del tratamiento, máxime cuando la modificación del apartado 3 del artículo 11 de la Ley de Autonomía del Paciente podría llevarnos a una conclusión contraria. En efecto, con esta proposición se modifica dicho precepto, de manera que quedaría suprimida toda referencia a la observancia de la lex artis de la legislación vigente como condición para la aplicación de las instrucciones previas. Señorías, lo saben, la lex artis del facultativo sanitario desempeña un papel relevante, puesto que debe ser el médico y no el paciente quien decida el tratamiento a seguir y quien debe administrar la terapia adecuada a la situación, respetando, eso sí, en todo momento el proceso vital por el que pasa el paciente. Creemos, señorías, que tendremos tiempo de debatir sobre todo eso y en este momento, como ya adelantaba, el Grupo Parlamentario Popular votará a favor de la toma en consideración de la proposición. En estos


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momentos nuestra prioridad y nuestro esfuerzo deben ir dirigidos a profundizar de manera más efectiva en el desarrollo de los derechos y autonomía de los pacientes, garantizando una atención integral y de calidad durante el proceso final de la vida con la finalidad de que las personas con enfermedades avanzadas y terminales mueran dignamente sin dolor ni sufrimiento.

Señorías, los cuidados que un pueblo presta a sus ciudadanos más frágiles es un exponente de su grado de civilización y, en ese sentido, al Grupo Parlamentario Popular siempre lo encontrarán trabajando en esa, que es la buena, dirección.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA REPOSICIÓN DEL DERECHO DE LAS PERSONAS CUIDADORAS NO PROFESIONALES DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA A LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 162/000354).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la reposición del derecho de las personas cuidadoras no profesionales del sistema de dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Ramón Utrabo.

La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidenta.

Hoy traemos a Pleno una reivindicación que no hemos dejado de plantear desde que en julio del año 2012 el Partido Popular decidiera eliminar las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras en el entorno familiar para las personas en situación de dependencia. Con esta medida del Partido Popular no solo se estaba arrebatando el derecho a cotizar, sino que también se estaba pisoteando el reconocimiento social a su labor y les privaba de tener en el futuro una pensión para afrontar con tranquilidad su vejez. Mi grupo considera especialmente grave esta tropelía, que es una más de las del Real Decreto 20/2012, porque el daño que se le hace a estas personas, fundamentalmente mujeres -el 92 %-, nos duele a todos nosotros y nosotras. Por eso, desde el primer momento mi grupo no ha parado de denunciarlo, de reivindicarlo a través de iniciativas, enmiendas a los presupuestos y también lo contemplamos en nuestro programa electoral. Esta reivindicación que a nosotros nos parece tan clara, tan obvia y tan justa... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría.

No necesitamos que la oradora tenga que elevar la voz porque no haya silencio en la Cámara. Por favor, señorías, les ruego a todos silencio para que se la pueda escuchar.

Adelante, señoría.

La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidenta.

Decía que esta reivindicación que nos parece a nosotros tan clara, tan obvia y tan justa no siempre ha sido comprendida ni compartida. Por eso voy a aprovechar mi intervención para esgrimir una serie de argumentos con la esperanza de que esta iniciativa pueda ser aprobada por unanimidad en esta Cámara.

En primer lugar, quiero hablar de la famosa deuda, deuda que es un argumento reiterativo que utiliza el Partido Popular y que imagino que esta tarde seguramente volverá a utilizar. ¿No es así? Quiero hablar de la deuda. Es cierto que en el presupuesto del año 2013 se liquida la deuda, pero también es cierto que se liquida porque en el año 2012 se arrebata este derecho y por eso en 2013 se liquida. Además, también quiero hacer mención a los presupuestos. En el año 2011 nosotros presupuestamos 33,5 millones de euros para las cotizaciones a la Seguridad Social; llega el año 2012, el Partido Popular elabora ese presupuesto y ¿qué cuantía es la que plantea? Pues exactamente la misma. Si insuficiente era -que lo era- la de 2011, más claramente insuficiente es la de 2012. Pero, además, no hace mención nunca el Partido Popular a los acuerdos y convenios entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el Imserso. Estos acuerdos son claramente habituales y no se hace mención. Pero no quiero perder la tarde en imputar a quien corresponde esa deuda, si a un Gobierno socialista o a un Gobierno popular porque parte de la deuda será de unos y parte de otros. Lo realmente importante es que se elimina este derecho y


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mientras que se pretende desviar la atención para esta cuestión de la deuda, de manera tajante se toma una decisión dramática e injusta, que es eliminar el derecho para miles y miles de cuidadores y cuidadoras que en muchas ocasiones han dejado su carrera profesional y también sus empleos para cuidar de una persona en situación de dependencia. En ocasiones lo han tenido que hacer porque no hay recursos cercanos adecuados para atender a estas situaciones de dependencia y también por la propia dispersión geográfica que podemos tener en nuestro país.

También quiero hablar de la profesionalización de los servicios. Mi grupo está claramente a favor de esta profesionalización; de hecho, figura en los artículos 35.3 y 36 de la ley. Señores diputados y diputadas, apostar por la profesionalización en absoluto es contradictorio con el apoyo a la dignificación y la visibilización de estas madres, hijas o hermanas, porque, si la ley se hubiera desplegado tal y como estaba concebida y aprobada, se hubieran hecho pruebas y expedido certificados de profesionalidad para estas personas, también se habrían incorporado a las acciones formativas, hubieran cotizado a la Seguridad Social y hubieran sido auténticas profesionales, porque de hecho para sus familiares lo son, por lo que desde los poderes públicos no podemos poner trabas para que también lo sean de derecho.

Asimismo, quiero abordar el tema de la excepcionalidad. La ley señala que el beneficiario podrá excepcionalmente recibir una prestación económica para ser atendido por cuidadores del entorno familiar, siempre que sea con las condiciones adecuadas y cuando así lo establezca su plan individual de atención. El que sea excepcional no quiere decir que se elimine ni se desprecie, porque hay que equilibrar este carácter de excepcional con el principio de permanencia, que también se contempla en la ley; permanencia en la medida de lo posible en el entorno familiar donde habitualmente reside la persona dependiente. Por eso existe el PIA, el Programa individual de atención, que determina cuál es la intervención más adecuada previa consulta con el beneficiario o con su familia. Entiendo que habrá ocasiones en que la intervención más adecuada sea así. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay casos en los que prácticamente es impensable que una familia decida internar en un centro a su familiar y me vienen a la cabeza casos de madres con hijos menores. En segundo lugar, porque existen circunstancias como la dispersión geográfica y la baja densidad de población que hacen que no tengamos los recursos más adecuados para atender a estas personas en un entorno más inmediato. Cuando la ley habla de excepcionalidad no es de forma casual, sino que todo esto está muy meditado y muy consensuado. Primero, porque considerábamos que con el despliegue de la ley tal y como fue aprobaba el sistema público contaría cada vez más con más y mejores recursos. También hemos de tener en cuenta los lazos emocionales que tenemos aquí en nuestro país; lazos que han provocado la creación de auténticas redes de apoyo que en muchas ocasiones han venido a paliar las situaciones vividas por las familias a causa de esta crisis económica y por los recortes de los servicios públicos. Nosotros considerábamos que con el despliegue de la ley a lo largo de los años estas cuidadoras se irían jubilando, y cuando digo jubilando es porque cotizaban a la Seguridad Social y entrarían nuevas generaciones con otros planteamientos totalmente distintos.

Con este planteamiento quiero enlazar con el último argumento, que es la perpetuación de los roles. Nadie nos va a dar clase a los socialistas en materia de lucha por la igualdad de género. Se trata de ofrecer la mejor solución a una situación que se produce en el marco de una realidad muy concreta y que está ahí latente. El que pensemos que el modelo tradicional no se debe perpetuar no debe llevarnos a desatender, a ningunear y a dejar en situación de desprotección a estos cuidadores familiares. Con esto, y para ir finalizando, quiero decir que mi grupo está de acuerdo -y creo que también la mayoría de los grupos- en que es necesaria la inmediata reposición de este derecho a la cotización.

Esta proposición no de ley ha tenido muchas enmiendas de otros grupos políticos, prácticamente estamos de acuerdo con todas las enmiendas que se han planteado, pero hoy queremos centrarnos fundamentalmente en esta cuestión, en la reposición del derecho a la cotización a la Seguridad Social y rendir un merecido homenaje a mujeres como Gloria, que cuida desde hace veintiséis años a su hijo con parálisis cerebral; o a mujeres como Carmen, que lleva diez años atendiendo a su padre con alzhéimer. Son mujeres que trabajan las 24 horas del día los 365 días del año. Por eso quiero pedir a todos los grupos de la Cámara que se centren en la cuestión que nos ocupa y no en otras colaterales que han sido objeto de debate y de aprobación en la Comisión, y que apoyen esta PNL porque considero que es indispensable recuperar los niveles de protección social que un día tuvimos en nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto en turno de fijación de posición, la señora Sorlí Fresquet.


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La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, presidenta.

A ver cómo resumo esto y hago una fijación de posición en un minuto. Que hoy se nos presente aquí una enmienda al real decreto que quitaba las garantías a las personas cuidadoras, nos parece muy bien. Nos parece bien porque es recuperación del sistema de bienestar, porque reconoce evidentemente los derechos de las personas cuidadoras, porque contribuye a que haya mejores pensiones futuras para ellas.

Pero hoy también tenemos que recordarle al Partido Popular que esta etapa que llamaron crisis ya no nos vale, que queremos recuperar todos los derechos, y por eso pensamos que esto es un brindis al sol. Porque hacer una propuesta que solo reconozca la restitución de la cotización a la Seguridad Social, pero no dote presupuestariamente la Ley de Dependencia y no restablezca la dotación presupuestaria estatal para dicha ley, es por supuesto un brindis al sol, porque sin dinero no hay atención. Nosotros lo hemos comprobado ya en el Gobierno valenciano. Hemos conseguido con el aumento presupuestario que más de 20.000 personas beneficiarias entren de nuevo en el sistema de la dependencia. Así que esperamos y nos gustaría que en el Partido Socialista fueran valientes, se alinearan de verdad con las personas dependientes y hoy se dijera en este Parlamento que la crisis ya no nos vale como excusa, que los derechos de las personas dependientes ya no están en venta, y para ello hay que restituir las cotizaciones a la Seguridad Social y también la aportación estatal en dependencia.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Esta iniciativa que nos plantea el Grupo Parlamentario Socialista abre dos discusiones: una, que la señora Sorlí acaba de plantear, es la necesidad de que en cualquier debate sobre la Ley de Dependencia abordemos el problema de fondo, que es la financiación, el cumplimiento de las previsiones de esa ley, que no se han cumplido, y además dar marcha atrás a las reformas que introdujo el Partido Popular en 2012 que acabaron con el apoyo del Estado a esta política y que hacen que hoy el 80 % del gasto público se concentre en las comunidades autónomas, no en el 50 % que inicialmente contemplaba esa ley. Además, abre el debate sobre cómo hacemos compatible el derecho de las familias a elegir cómo cuidan a sus personas dependientes, cómo hacemos posible el desarrollo de una buena oferta de servicios profesionales en esta materia y cómo damos valor a la implicación de los familiares en el cuidado de sus dependientes. Es un debate que la iniciativa del Grupo Socialista no resuelve; no resuelve ni la financiación de la dependencia -y de ahí nuestras enmiendas- ni resuelve esa cuestión de fondo. Señorías, el debate exigiría mayor profundidad de la que hoy hemos tenido.

Gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra, también por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Señora presidenta, muchísimas gracias. Señores diputados, buenas tardes de nuevo.

Negar una realidad, que es que la aplicación del Real Decreto 20/2012 supuso un antes y después en relación con la financiación de sistema de dependencia, no lo hará ni mucho menos mi grupo. Eso fue así, y tuvo consecuencias en términos de prestaciones e intensidad de los servicios y también en la derogación de la cotización a la Seguridad Social de los familiares cuidadores de personas dependientes. Y eso en Navarra ha supuesto que el Estado dejara de aportar 10,1 millones de euros los últimos cinco años, por lo que Unión del Pueblo Navarro va a seguir luchando, para volver a ese modelo anterior. Pero también tengo que decirles, señorías del Grupo Socialista, que el hecho de que sean precisamente ustedes quienes propongan esta proposición no de ley es como pedir rehabilitar una vivienda cuando el anterior inquilino la dejó destrozada. Nosotros no vamos a entrar en este debate ni vamos a votar favorablemente cuando, como ustedes saben, ha sido de este modo. Además, esta demagogia supone lo mismo que ha ocurrido en la Comunidad Foral de Navarra, que cuando Bildu, Geroa Bai o Izquierda-Ezkerra estaban en la oposición la legislatura pasada pedían esa cotización de las arcas forales y hoy, que llevan dos años en el Gobierno, no han hecho absolutamente nada, porque son capaces de cuantificar y ver que, efectivamente, en este momento no es posible por la propia sostenibilidad. Por lo que sí está preocupado Unión del


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Pueblo Navarro en Navarra es por las 4.300 familias y personas dependientes que llevan trece meses de espera en materia de dependencia y que han duplicado los tiempos en apenas dos años. Por tanto, nosotros no vamos a entrar ni mucho menos en este debate.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, también tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta. Arratsalde on guztioi.

Tengo un minuto y medio, o sea, que puedo dedicar un poco más de tiempo del minuto que pensaba. En cualquier caso, va a ser una microsíntesis. Nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, aunque sea una iniciativa parcial, muy limitada y claramente insuficiente. Decimos que es una iniciativa parcial porque no integra a las demás mujeres trabajadoras que realizan labores de cuidados que no computan en el PIB anual. Es una iniciativa muy limitada porque se plantea como una reforma concreta de un aspecto concreto de una ley, la Ley de Dependencia, que jamás se planteó para democratizar el sistema de cuidados ni para transferir la responsabilidad de estos a los hombres ni para superar la división sexual del trabajo, que perpetua la precarización en las mujeres. Parece que hay quien piensa en esta Cámara que las mujeres nacen con un gen que les predispone a los cuidados y del que estamos exentos los hombres, pero probablemente ninguno de los hombres que estamos hoy aquí podríamos estarlo si no hubiera habido mujeres que han hecho de los cuidados su labor, porque no hay sistema productivo, con independencia de cuál sea la posición desde la que uno se ubique ante el sistema productivo, que se pueda sostener sin un sistema de cuidados.

Decía el presidente del Gobierno en su discurso de investidura de su primera obligación como representante era defender la unidad de España -eso más o menos lo hace-, la igualdad de los españoles y el respeto a los derechos fundamentales. Estaría bien que se aplicara en el respeto a los derechos fundamentales, también de las mujeres, y en la igualdad, como él dice de todos los españoles, también de más de la mitad de la población española, que son las mujeres y que siguen estando en una situación de desigualdad. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Clemente Giménez.

El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.

Me gustaría empezar mi intervención contándoles la historia de María. María es una mujer que trabajaba como administrativa en una empresa, al diagnosticarle a su hijo una enfermedad grave degenerativa tuvo que dejar de trabajar para poder dedicarse a su atención. Con la Ley de la Dependencia cotizaba como cuidadora no profesional del entorno familiar por cuenta del Estado y recibía una prestación económica por el grado de dependencia de su hijo. Tras los recortes del PP del año 2012, le recortaron la prestación económica por el hijo y tuvo que dejar de cotizar por no poder pagar, dado que su hijo requiere de terapia física y debe pagarlo de su bolsillo. En la actualidad su marido trabaja, pero está a punto de jubilarse y sus ingresos se verán de nuevo reducidos y sin cotizar a la Seguridad Social.

Me gustaría mostrarles esta portada del ABC, en la que el señor Rajoy decía en 2011: "Meteré la tijera a todo, menos a pensiones, sanidad y educación." Está claro que en la primera parte de la frase cumplió su amenaza y en la segunda simplemente estaba en una posición enajenada a la verdad.

Sin profundizar en el diagnóstico, me gustaría resaltar cinco datos verdaderamente vergonzosos, vergonzantes y relevantes. En España hay más de un millón de personas en situación de dependencia; a día de hoy, más de 400.000 se encuentran a la espera de una prestación; más de 100.000 han fallecido antes de recibir la prestación a la que tenían derecho; se han implantado numerosos copagos en materia de dependencia, y el asunto que nos trae hoy aquí, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, entre esas modificaciones que se introdujeron en el sistema de Seguridad Social, los cuidadores no profesionales de las personas en situaciones de dependencia pasan a ser a cargo exclusivamente del suscriptor. Esta medida afectó a unas 180.000 personas que tenían suscrito dicho convenio especial, nueve de cada diez son mujeres. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).

Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos presentado una enmienda de adicción y de mejora técnica que aporta soluciones prácticas y con carácter de medida de choque, porque sin aportar soluciones -recordando mi anterior intervención en el Pleno- te conviertes inexorablemente en parte del


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problema. ¿Quién no estaría de acuerdo, señorías, con esta iniciativa, con la filosofía que plantea? Pero coincido en que se queda un poco corta. Obviamente, nadie estaría en contra de esto, pero no basta con promover tomas de conciencia o con un simple postureo, hay que remangarse, dialogar y negociar para obtener medidas concretas, factibles y urgentes como plantea Ciudadanos en esta Cámara. Las familias afectadas con personas en situación de dependencia necesitan toda la ayuda que puedan obtener en forma de servicios y cuidados, por eso es la prioridad número uno de Ciudadanos, y por eso está presente entre los puntos del acuerdo de investidura con el PP fortalecer el sistema de atención a la dependencia con una gestión más ágil y poniendo mayor énfasis en la prevención de la dependencia. Por eso, de manera urgente debemos revertir los recortes en la ayuda a la dependencia, aumentar su financiación y acabar con las listas de espera.

Nosotros ya planteamos una propuesta análoga en las Cortes Valencianas presentada en noviembre, que fue votada en febrero por todos los grupos incluido el Grupo Popular, señorías. Esperemos que sean coherentes. Por ello no solo es necesario mejorar la coordinación entre la Administración central y la autonómica, sino dotarla de recursos financieros, no como en aquel fatídico año 2012, en el que el Partido Popular fulminó los recursos al Sistema Nacional de la Dependencia aun estando obligados a cofinanciarlos al 50 %. Por poner un ejemplo, daré una cifra de mi comunidad: en Andalucía en los últimos cuatro años han dejado de aportar 508 millones de euros, y la cantidad total recortada por el Gobierno desde 2012 asciende a más de 2.000 millones de euros en el conjunto del Estado.

Es evidente que esa coordinación hay que dotarla de recursos e inversión de manera sostenible, y la excusa de la crisis ya no nos vale. Mientras ustedes sigan apostando por más recortes en materia de justicia social sin optimizar el gasto público, con una ineficiencia de duplicidades, sin atreverse a pinchar la burbuja política, y sin mostrar una actitud firme y decidida contra el fraude fiscal y la corrupción, seguirán siendo parte del problema. Es muy urgente promover un pacto de Estado por los servicios sociales, dialogado y consensuado con la colaboración y aporte de la sociedad civil, plataformas, agentes especialistas del tercer sector, pero mirándolo siempre desde la perspectiva de la oportunidad y, como he dicho, consensuado con las comunidades autónomas y el Consejo territorial de servicios sociales y para la dependencia. Debemos lograr esa gestión ágil, común y sostenible en un nuevo modelo de financiación autonómica, asegurando que esos recursos sean suficientes, equitativos y de calidad. He aquí una solución, señorías, presenten el punto 57 de nuestro acuerdo de 150 exigencias, en el que aumentamos la partida presupuestaria anual en 440 millones de euros. Con esta medida, una de las que sirve para mejorar España, ¿creen ustedes que en un país que pasa por ser la decimotercera potencia económica del mundo y cuarta de Europa se producirían situaciones como la de María?

Para finalizar, deseo aprovechar la oportunidad que se me brinda desde esta tribuna y dar un mensaje de esperanza a los más de 400.000 ciudadanos que se encuentran en situación de dependencia esperando una prestación. No os vamos a dejar solos.

Muchísimas gracias por su atención. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Clemente.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Marcello Santos.

La señora MARCELLO SANTOS: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

Hoy el Partido Socialista nos propone que pongamos fin a una parte del Real Decreto 20/2012 que suprimía la cotización de las personas cuidadoras no profesionales que cuidan de personas en situación de dependencia. Esta medida de austeridad y de recorte del Partido Popular hizo que más de 170.000 cuidadoras no profesionales fueran expulsadas del régimen de la Seguridad Social. Ya de entrada le comunico que a mi grupo confederal nos parece interesante y necesaria la propuesta que nos trae el Grupo Socialista, pero nos parece insuficiente esta medida, si queremos, de verdad, dar una plena e integral atención a las personas en situación de dependencia y abogar por una calidad y una vida independiente para ellas. A nuestro juicio, creemos que debemos hablar primero, antes de si queremos recuperar o no la Seguridad Social para las cuidadoras no profesionales, de la Ley de Dependencia, que es donde se recogía esta prestación. ¿Y por qué lo creemos necesario? Porque en nuestro país el 2,5 % de la población, más de un millón de personas, tienen reconocida por ley el derecho a una prestación o servicio reconocidos en la Ley de Dependencia, pero 350.000 personas se encuentran en el limbo de la dependencia. Eso quiere decir que, a pesar de tener reconocido el derecho, se encuentran a la espera de que ese derecho se haga efectivo. Y es sangrante que nuestro grupo tenga que decir hoy aquí en esta


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Cámara que más de 100.000 personas han fallecido esperando a que esa Ley de Dependencia se ponga en vigor y se les otorguen los derechos que les pertenece. Es evidente que en esa aplicación existe una notable diferencia entre las diferentes comunidades autónomas, donde la Administración General del Estado aporta solo el 18 % de la financiación y las comunidades autónomas el restante, incumpliendo así el modelo de financiación pactado del 50 % de cada una de las dos partes.

Señorías del Grupo Popular, ustedes han recortado más de 2.500 millones desde 2012 tras este decreto. Han abandonado a las personas en situación de dependencia, han vulnerado sus derechos, han dado la espalda a las familias, han desoído a los profesionales de la sanidad y de los servicios sociales cuando ya decíamos en 2012 que lo que estaban intentando hacer es una verdadera aberración con las personas que viven situaciones de dependencia y han aplicado la política que ustedes mejor saben hacer, la política del rodillo, pero su tiempo se ha acabado, se ha acabado el tiempo de los reales decretos y es el tiempo de cambiar la concepción que se tiene de la dependencia y del modelo de los cuidados que queremos. Es el momento de hablar de qué modelo vamos a ocupar las mujeres dentro de los cuidados, porque ustedes nos plantean recuperar la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales, cuando el 84 % de los cuidadores son cuidadoras y somos mujeres una vez más las que asumimos las tareas de los cuidados. (Aplausos).

Estamos hablando, como decía la compañera del Grupo Socialista, de mujeres que dedican jornadas de 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, ¿y ustedes solo les quieren dar la Seguridad Social? Cada vez más se parecen al Partido Popular. (Aplausos). Por tanto, nuestro grupo confederal defiende que debe existir una ley integral de atención a las situaciones de dependencia donde las mujeres tengamos la opción de poder elegir si queremos ser cuidadoras, reconociendo, sí, la Seguridad Social, pero que tengamos la opción de elegir dentro de la ley diferentes servicios como puede ser el catálogo de cuidados profesionales, los centros de día, los centros de noche, la teleasistencia, los pisos adaptados, el servicio de prevención y centros residenciales públicos y accesibles. Es inadmisible que de media cueste 1.500 euros un centro residencial para las personas en situación de dependencia. Es el momento de dar la calidad y reconocer la función que hacen las auxiliares del servicio de ayuda a domicilio para que tengan reconocidas sus condiciones laborales dignas (Aplausos) y no tengamos que ver, como en Murcia, a las compañeras del servicio de ayuda a domicilio que atienden a personas más de ocho días en huelga y nosotras, las compañeras de León, tengamos que salir a manifestarnos junto con las compañeras de ayuda a domicilio porque necesitan que se les reconozcan unas condiciones dignas de trabajo para cuidar a las personas más dependientes.

Necesitamos garantizar servicios y recursos públicos de calidad, con una financiación vía Presupuestos Generales del Estado, para todas las personas que viven situaciones de dependencia, así que pedimos al Grupo Socialista que tenga en cuenta las enmiendas que hemos presentado, en las que se solicita que se reconozca el derecho de prestación por desempleo a las cuidadoras no profesionales para que no queden desamparadas una vez finalizada la situación de dependencia de la persona que se cuida; que se garantice el derecho a la formación, pues después de ser excuidadores tienen que entrar en el mercado laboral; que se garantice el derecho a la prestación por maternidad, por paternidad, por hijo a cargo y durante la lactancia y la subida de la cuantía, porque estamos dando verdaderas miserias a las personas que cuidan del resto de personas. (Aplausos). Sobre todo tenemos que apostar por que esta medida se adopte de forma inmediata, pues existen innumerables casos en los que los recursos y las prestaciones llegan años después de que la persona ha fallecido.

Señorías del Grupo Socialista, de no tener en cuenta nuestras enmiendas, sean valientes, salgan a la calle y digan a los cuidadores no profesionales que les van a repartir solo la Seguridad Social, anclándoles más en sus casas con sus cuidados. No tenemos ninguna duda de que esta medida hoy va a salir adelante, pero sepan que es un titular vacío de contenido. Sean valientes, salgan fuera y explíquenlo.

Para concluir, señorías, no prestemos migajas. Garanticemos derechos y afrontemos de forma seria, honesta y real una ley de dependencia de manera urgente, pues está en juego la vida de cientos, de miles de personas que viven en situación de dependencia. Nos guste o no, algún día todos vamos a necesitar que nos cuiden porque seremos personas en situación de dependencia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Marcello.

En turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Barandiaran Benito.


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El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señor presidente, señorías.

Cuando abordo este tema tengo la sensación de haber asistido a este debate, pero con otras formas y fórmulas. Es un debate ya conocido en este Parlamento, que consiste en el viejo y repetido juego de yo invito y tú pagas; yo legislo con carácter básico al amparo de los artículos 149.1.1.ª y 149.1.16.ª, impongo obligaciones a todas las administraciones públicas y cuando llega el momento de hacerlas efectivas, el Estado desaparece y las comunidades son las que tienen que hacer frente, para su desesperación, a esas obligaciones. Como ustedes saben, existe una distinción en el modelo de ayudas a la dependencia, que cubre las ayudas del cuidado a cargo a un familiar, la contratación de un asistente personal, PEAP, y un tercero más residual es la ayuda económica para quienes necesitan ayuda residenciales y no pueden acceder a un servicio público.

Les voy a hablar del modelo de la Diputación Foral de Guipúzcoa. A finales de 2016 contabilizaba 1.904 nuevos perceptores de prestaciones de dependencia, de los que 1.595, el 84 %, se correspondía con las ayudas para asistencia personal, PEAP, a las que se refiere el artículo 19 de la Ley 39/2006, y solo el 15 % con el cuidado de enfermos en el entorno familiar, al que se refiere el artículo 18 y al que nos estamos refiriendo hoy. En el año 2013, como consecuencia del mantenimiento de una política determinada por parte de la diputación de promoción del trabajo de ayuda a la dependencia, solo Guipúzcoa suponía el 85 % del total de prestaciones de asistencia personal -el PEAP del artículo 19- que se abonaron en todo el Estado, tendencia que ha ido aumentado en el años 2014 y 2015. La lectura es simple. El mantenimiento de las cuantías de las ayudas económicas por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, a pesar de lo dispuesto en el Real Decreto-ley 20/2012, ha supuesto la inversión de una tendencia, la tendencia conforme a la cual el cuidado de las personas dependientes se producía preferentemente en el seno del entorno familiar. Hoy en día esa tendencia ha cambiado y son muchas más las ayudas que se prestan a cuidadores externos, profesionalizados, a partir del artículo 19 de la Ley 39/2006.

Con esto quiero decir que allí donde ha existido un impulso institucional, una decidida intencionalidad política de dotar al modelo de cuidados a personas dependientes de unos caracteres que coinciden con el propósito de la Ley 39/2006, todo ello ha supuesto la visibilización de un nicho de empleo, el del cuidado a personas dependientes, que hasta el momento o no existía o permanecía invisibilizado por situaciones de contratación irregular cuando no simplemente ilegal. Además, ha supuesto la regularización de contrataciones irregulares y sin cobertura social y ha permitido visibilizar y legalizar a un amplio colectivo que se centraba sobre todo en el ámbito de las trabajadoras -como decía mi predecesora- inmigrantes. Si en lugar de haber optado por la retirada de ayudas a políticas de dependencia se hubiera optado por el reforzamiento de las iniciadas con la Ley 39/2006, que coinciden con las que ha mantenido la Diputación Foral de Guipúzcoa, existiría un sector económico regularizado, legalizado, visible y sin trazas de explotación laboral y se hubiera dotado al sistema económico y al Sistema de la Seguridad Social de nuevos cotizantes natos, lo que solo redundaría en beneficio del mismo.

Con esto quiero destacar que es una muestra más del despropósito de legislar sobre competencias autonómicas, de invadir competencias propias de comunidades autónomas que deberían poder legislar sus propios modelos en materias que les son atribuidas por los estatutos de autonomía, sin que el título de la igualdad, al que siempre se hace alusión con el artículo 149.1.1, se hubiera resentido. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia). Es más, es el exceso estatal el que ha perjudicado a políticas públicas que se encontraban en vigor incluso antes de la Ley 39/2006; de hecho, la medida 20/2012 no deja de ser un castigo para las comunidades autónomas que mejor han hecho sus deberes porque asumieron obligaciones que ahora siguen prestando a pesar de la falta de apoyo estatal.

No nos vale esta PNL por dos motivos: primero, porque no deja de ser un recordatorio de una intromisión ilegítima en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas y, segundo, porque creemos que entra en un debate que no es oportuno y este no es el lugar para él. Estando de acuerdo con el fondo de la cuestión, la necesidad de reestablecer esas ayudas para cotización de no profesionales, también subyace otra cuestión y es la irregularidad de ese decreto que sitúa en una situación no laboral a las prestaciones de servicios que efectuaban esos no profesionales. Eso, con todo el respeto, debe ser llevado al ámbito del Pacto de Toledo, no para que su cotización se contemple de una u otra manera, sino porque deben desaparecer por completo los espacios laborales sin cotización. Aunque sea de personas no profesionales, aunque sea de familiares, ese es un espacio que debe ser regulado e integrado como un espacio laboral de cotización. Dicho de otra manera, ¿qué pasaría si todas esas personas empezaran ahora a requerir a la Administración defectos de cotización en ese


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periodo en el que no lo han podido hacer, cuando antes han mostrado el carácter laboral de la relación y ahora se les niega? ¿Qué pasaría? Y si hubiera que responder de defectos de cotización, ¿quién lo haría? ¿Los empleadores o el Estado que es el que ha provocado esta situación? Por ello, estamos de acuerdo con el propósito, no con la forma, porque dicha política debe estar en Euskadi, en la comunidad autónoma, y porque no es el momento ni el lugar para este debate. Será bienvenido en otro lugar y, de momento, a pesar de la inmensa crítica que nos merece esta iniciativa creemos que no podemos votarla ni a favor ni en contra.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, señora presidenta.

El miércoles pasado, muy cerca del Congreso, en el Ateneo, varios portavoces tuvimos una reunión con la Asociación de directores y gerentes de servicios sociales para presentarnos su informe anual. Descorazonador es poco. Era un análisis global de las consecuencias de la Ley de Dependencia en el conjunto de la sociedad española. Por eso, la PNL de hoy me vuelve más escéptico -es difícil, pero sí, me vuelve más escéptico-, porque es como matar a un elefante a pellizcos y por una razón muy sencilla. Si la semana que viene se traen los presupuestos a esta Cámara, veo difícil que proposiciones de este tipo se acaben concretando en epígrafes concretos. Me explicaré. Entre aumentar el presupuesto del Ministerio de Defensa -les recuerdo que dentro de cuatro años será el doble- y esta situación, me temo que mande lo primero.

Hace poco ustedes aprobaron el techo de gasto y no hace mucho aprobaron la reforma del artículo 135 de la Constitución. Siempre nos dicen que no hay otra solución y que solo hay una línea política posible. Si decimos esto en voz alta quizá no nos sacarán a Venezuela, pero sí a Grecia. Pero se olvidan de nuestro vecino Portugal; siempre se olvidan de Portugal. Me gustaría que Grândola, Vila Morena resonase en esta Cámara como sonó cuando en el Congreso de Portugal intentaron cambiar la constitución. Desde el público se extendió la canción al conjunto de los congresistas y no se cambió. Puede que ellos hicieran una revolución democrática -porque las revoluciones pueden ser democráticas- y no una reforma de restauración. Puede que sea eso. Si no se cambia el techo de gasto y esta política de que la única política es la de los recortes, haremos gestos pero poco más que gestos. Miguel Hernández ha resonado hoy aquí y a mí me queda Blas de Otero: "Si abrí los labios para ver el rostro / puro y terrible de mi patria, / si abrí los labios hasta desgarrármelos, / me queda la palabra".

Me queda la palabra, pero para las mujeres que no tienen Seguridad Social mi palabra es insuficiente; para la gente que esperaba cambios votando diferente al Partido Popular, la palabra es insuficiente. Esto es lo que aquí en este Parlamento se espera de nosotros: menos PNL o al menos PNL más generosas que acepten las enmiendas presentadas aquí. Pero si no somos del Partido Popular o de Ciudadanos, sus técnicos no ven bien lo que hacemos y, por tanto, nos lo quitan de las manos. ¡Santa paciencia, la que tenemos muchos aquí! Pero lo menos importante es nuestra paciencia; lo importante es la paciencia de la gente que ha puesto su confianza en las izquierdas en un sentido amplio, la gente que quería cambios y no abstenciones. Cogeremos la palabra y la volveremos a usar. ¡Santa paciencia! (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Gracias, señor Olòriz.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Navarro.

La señora NAVARRO LACOBA: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Intervengo para fijar posición sobre la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista que es objeto de debate esta tarde y que tiene por título "sobre la reposición del derecho de las personas cuidadoras no profesionales del Sistema de Dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social".

Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso lo primero que ha tenido que hacer ha sido reponerse del estupor y del asombro que nos ha causado la PNL y, en segundo lugar, acudir al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para conocer el significado del verbo reponer. Dice así: Reemplazar una cosa que se ha eliminado por otra igual o del mismo tipo. Por tanto, preguntamos a la bancada del Grupo Parlamentario Socialista qué es lo que quieren. ¿Quieren que repongamos las cuotas a la Seguridad Social sin pagar? Porque eso es precisamente lo que ustedes nos dejaron. (Aplausos). Sí, sí, nos dejaron contratos sin derecho, y se llamaban 1.034


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millones de euros de deuda contraída con la Seguridad Social porque no pagaron ni una sola de las cotizaciones a los cuidadores familiares de los dependientes. Tuvo que ser un Gobierno del Partido Popular el que pagara la deuda contraída con la Seguridad Social. ¿Qué quieren que hagamos, desvestir un santo para vestir otro? Porque eso es precisamente lo que hicieron. ¿No saben que las cotizaciones a la Seguridad Social que ustedes no pagaron se destinaron a pagar otras prestaciones, como las incapacidades temporales, las pensiones no contributivas o las pensiones de nuestros mayores, esas que ustedes también congelaron? Este Grupo Parlamentario Popular se pregunta qué es lo que quieren reponer con esto. ¿La precarización del empleo femenino? ¿Saben que casi el 90 % de las cuidadoras familiares del sistema de la dependencia son mujeres? ¿Esas son sus iniciativas para incorporar a la mujer al mercado laboral? ¿Quieren simplemente reducirlas al ámbito de su hogar y dejarlas al cuidado de sus familiares dependientes?

Ustedes nos tienen acostumbrados a algo, dicen una cosa y hacen la contraria. En primer lugar en mi tierra, en Castilla-La Mancha. Aquí piden cotizaciones a la Seguridad Social y en mi tierra han reducido 3.000 prestaciones de cuidados en el entorno familiar en dos años de legislatura del presidente García-Page. Este dirigente socialista también nos tiene acostumbrados a su concepto de la igualdad cuando se refiere a las mujeres como la chacha o la que no sabe pasar la aspiradora; eso también lo sabemos. Así que, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, va a ser que para reponer las políticas del Partido Socialista no van a encontrar al Grupo Parlamentario Popular y nuestro voto va a ser no.

El Gobierno del Partido Popular lleva desde diciembre de 2011 garantizando la sostenibilidad del sistema. Las reformas que hemos hecho y a las que ustedes aludían en el cuerpo de la exposición de motivos de su iniciativa son las que han permitido aumentar la calidad de la prestación de la dependencia y de sus familiares, profesionalizando el sector y generando empleo. Ha permitido que las cuidadoras familiares que así lo deseen continúen al cuidado de sus dependientes, pero de forma voluntaria y transparente; hoy no las engaña nadie. El Grupo Parlamentario Popular reconoce su esfuerzo y está comprometido a impulsar el reconocimiento a la acreditación profesional y a la cualificación de todas aquellas personas que han dedicado su tiempo y su esfuerzo al cuidado de sus familiares dependientes. Las reformas se iniciaron por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque así lo decía la ley. Señalaba la prestación de cuidados en el entorno familiar y la prestación económica como excepcional; hasta el Tribunal de Cuentas llegó a decírselo en un informe a ustedes cuando decían que estaban gestionando la dependencia como una bolsa de subsidios. En segundo lugar, porque es la única forma de generar empleo y lo hemos demostrado. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Hay 45.000 altas nuevas en la Seguridad Social del sector de la dependencia desde diciembre del año 2011, son 400.000 personas trabajando en el sector de la dependencia y dos terceras partes de nuestros dependientes, casi 700.000, están recibiendo un servicio profesional.

Señorías, nuestros números nos avalan y nuestro compromiso, el del Partido Popular, es con los dependientes de hoy y con los dependientes de mañana. Por eso, ya estamos haciendo los deberes y estamos trabajando a este respecto. Hemos creado, fruto del acuerdo de la Conferencia de Presidentes, la Comisión para el análisis del sistema de la dependencia para señalar cuál será su situación, la financiación y la sostenibilidad de este sistema. Las conclusiones de ese análisis se tendrán que arrojar para tomar determinadas decisiones en el Consejo territorial de la dependencia de la mano de las comunidades autónomas, porque es con ellas con quienes hay que ir de la mano. Además, impulsamos los servicios profesionales de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. ¿Y que votó el Partido Socialista? Votó no, y hoy bien que les ha defendido aquí. Además apoyamos la iniciativa legislativa popular del Cermi para la modificación de la Ley de la Dependencia porque queremos ir también de la mano de la sociedad civil.

Pero les voy a decir brevemente una cosa, si lo que quieren es venir aquí a hacer política social, si lo que quieren es trabajar por proteger más y mejor a nuestros dependientes, a nuestros mayores, a las personas más vulnerables, les voy a decir que la mejor política social es la que se paga, y para ello debe estar prevista en la partida de gasto de los Presupuestos Generales del Estado. Tienen ustedes una magnífica oportunidad próximamente para posicionarse junto a ellos. Apoyen los Presupuestos Generales del Estado, este grupo parlamentario les está esperando. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Navarro.

En turno de aceptación o de rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto a la señora Ramón Utrabo si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.


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La señora RAMÓN UTRABO: En mi intervención ya dije que preferimos que se vote en sus propios términos.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, tomamos nota.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A LA REFORMA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 162/000365).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos a continuación al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reforma del Tribunal Constitucional.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Girauta Vidal.

El señor GIRAUTA VIDAL: Muchas gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, en una verdadera democracia el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Constitución, el intérprete máximo de la norma suprema, el que recibe los recursos de amparo, el que dirime los conflictos de atribuciones, los conflictos de competencias, no puede ser objeto de un reparto de cuotas partidarias, de un reparto de cuotas entre cúpulas de partidos. Estoy seguro de que no fue esa la intención de los padres de la Constitución, de los padres de nuestra democracia contemporánea. No podía ser su intención que España acabara convertida en un Estado de partidos. Si en un aspecto España es un Estado de partidos a los ojos de la ciudadanía, es justamente en la forma en que se deciden los nombramientos de órganos constitucionales, en este caso de principalísimo órgano constitucional, el Tribunal Constitucional.

Dos ideas fundamentales deberían regir su funcionamiento, según previó la Carta Magna. El principio de independencia e inamovilidad de sus miembros y la reconocida competencia profesional de los mismos. Nosotros solo pretendemos regresar a esos principios que quiso establecer la Constitución, pero hay dos grandes problemas que acosan en este momento a nuestro Tribunal Constitucional. En primer lugar, el criterio de selección que se previó originalmente en la Carta Magna ha ido cediendo poco a poco a los intereses políticos de los dos viejos partidos, de los dos grandes partidos, hasta que ha acabado viéndose como normal por parte de los políticos lo que no lo es y viéndose como anormal, porque lo es, por parte de los observadores imparciales. Resulta en este punto interesante recordar lo que advirtió el propio Tribunal Constitucional respecto a la forma de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Hablaba de conjurar el riesgo de que las Cámaras, a la hora de efectuar sus propuestas, olviden el objetivo perseguido y, actuando con criterios admisibles en otros terrenos, pero no en este, atiendan solo a la división de fuerzas existentes en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos en proporción a la fuerza parlamentaria de estos. La lógica del Estado de partidos empuja hacia actuaciones de este género. Esa era la advertencia que lanzaba el propio Tribunal Constitucional. En segundo lugar, otro factor de preocupación es el paulatino descrédito, injusto en la medida en que el descrédito ha avanzado, de ese órgano constitucional. Y digo que es injusto, pero es que para que el crédito se mantenga y para que el crédito aumente no solo se debe trabajar con el esmero y con la excelencia adecuados, también se tiene que transmitir la idea y la imagen de la imparcialidad, de la objetividad y de la no dependencia del Estado de partidos.

Tengo poco tiempo y me voy a centrar en las reformas fundamentales que proponemos. Nosotros proponemos que se cree un grupo de trabajo en donde estén representados todos los grupos parlamentarios y que en el plazo de seis meses presente un texto para la reforma integral del tribunal, que alcance la reforma de la Constitución, la modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y la de los reglamentos parlamentarios. Las reformas fundamentales a introducir serían, en primer lugar, una verdadera y eficaz evaluación de los candidatos, competencia e idoneidad. Para ello habría que realizar una convocatoria pública de las vacantes, celebrar verdaderas sesiones de audiencia en el Congreso y en el Senado; que una comisión de expertos independientes evalúe la competencia técnica y la idoneidad, y que se dote de publicidad a los informes de evaluación. En segundo lugar, que se endurezca el sistema de incompatibilidades de los candidatos, para que no quede sombra alguna de la sospecha de politización o partidización; una competencia reconocida en el ejercicio del derecho de veinticinco años frente a los quince años actuales; que la edad de jubilación se incremente a los setenta y cinco años para sus miembros, y que se les designe para periodos de doce años frente a los nueve actuales. Es decir, un


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conjunto de medidas que conviertan el acceso, la llegada de alguien al Tribunal Constitucional en el culmen de una gran carrera, y no en una parte en medio de una carrera jurídica, sino en el culmen, en el final, en la coronación de un jurista de prestigio. (Aplausos).

La reforma no pretende más que volver a lo que ya la Constitución quiso e intentó corrigiendo los fallos que han ido surgiendo en la práctica, corrigiendo los defectos -como les decía al principio- que algunos observadores, como Guillermo Cortázar -que, por cierto, ha sido conmilitón suyo-, ha utilizado recientemente en una obra muy digna y merecedora de atención, como son los problemas con los que se encontraba España precisamente bajo esa rúbrica del Estado de partidos. El Estado de partidos goza de mala salud pública, de poco prestigio y la regeneración también pasa porque los órganos constitucionales recuperen el papel y la imagen con la que fueron concebidos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Girauta.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, que también fijará posición en este turno, en primer lugar, el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señor presidente, señorías, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional ha llegado a un punto de esperpento. Más que de elección, ya se puede hablar de reclutamiento, porque el último episodio lo hemos visto en la elección de los cuatro miembros que correspondía al Senado, en el que se pusieron de acuerdo el Partido Popular y el Partido Socialista, para unificar las propuestas que venían de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, de tal manera que se llegó -y no es una expresión mía- a realizarse un auténtico cambio de cromos. Esta es la situación con la que hemos de acabar. Alabo al grupo proponente, Ciudadanos, que no haya tenido miedo a plantear una reforma de la Constitución, que esto no sea para ellos un tabú.

Efectivamente, la Constitución es un texto abierto que debe ser plástico, debe ser vivo y debe estar sometido a modificaciones cuando el interés general lo requiera, como es claramente este caso. He de confesar que leí la propuesta de Ciudadanos, en principio, con algo de prevención por si se volvía a caer en la tentación del regreso al corporativismo, como ya vimos que nos planteaban, por ejemplo, a propósito de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Pero bien leído y bien instruido en esta proposición, creo ver un texto que no tiene letra pequeña, sino que está realmente animado por una voluntad de cambio. En este sentido, ya avanzo que nosotros lo vamos a apoyar.

Lo que nos preocupa, únicamente, son algunas propuestas que hacen como la relativa a subir de nueve a doce años el periodo de duración del mandato, o retrasar la edad de jubilación hasta los setenta y cinco años, o exigir un mínimo de veinticinco años de ejercicio previo, porque el juego combinado de todas estas prevenciones nos puede llevar a que establezcamos en el Tribunal Constitucional una auténtica gerontocracia, algo que no conviene. Porque para coger el pulso social en España -que es muy vivo- es conveniente que se abra la puerta a gente que no toda esté ya, exclusivamente, abocada a pensar más en la jubilación y en el tramo final de su vida que en otras cosas. Doce años de mandato es mucho. Piensen ustedes dónde estaba Ciudadanos hace doce años o Compromís u otras formaciones políticas que ahora somos muy importantes para la vida de este país, ¿dónde estaban? Hemos de pretender que la gente que compone el Tribunal Constitucional sepa quiénes somos, dónde estamos y que no vivan en una cápsula, que no vivan en una burbuja porque para eso son intérpretes de la Constitución.

Hemos presentado enmiendas en el sentido que he indicado; también hemos visto que otros muchos grupos han presentado enmiendas interesantes que nos gustaría que el grupo proponente estudiara e hiciera suyas en una transacción amplia. Por tanto, si esto así se logra, ya anuncio que el voto de Compromís será favorable a esta proposición.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bataller.

Por el Grupo Parlamentario Mixto también tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el 1 de junio del año 2010 el Partido Popular presentó un discurso de inconstitucionalidad ante el tribunal frente a la ley que liberalizó el aborto, aprobada por el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. En ese mismo recurso se solicitaba la suspensión de una serie de artículos sobre los que


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parecía importante tomar una decisión, porque la misma podría tener efectos irreparables en el caso de que se tomara una decisión u otra. El tribunal rechazó la suspensión alegando que iba a decidir enseguida por la importancia del tema; hoy, 28 de marzo de 2017, seguimos sin que el Tribunal Constitucional tome una decisión.

Mi pregunta, señor Girauta, es: ¿Esto es causado por un sistema perverso de elección de los miembros del tribunal o es una cuestión distinta? Igual no tenemos solo ese problema sino otros. Pero, en todo caso, yo tengo como ustedes más preguntas que soluciones hoy por hoy. Porque es verdad que el sistema se aprobó con mucho consenso, sin prácticamente ninguna conflictividad cuando se decidía la Constitución. ¿Cómo hemos llegado a pervertirlo? Es un debate que tendríamos que tomar en consideración. ¿Es el propio sistema el que está pervertido?, ¿somos nosotros los que lo hacemos? si somos nosotros, ¿tenemos que cambiar el sistema porque somos nosotros los que lo hacemos mal?, ¿tenemos que hacerlo reformando la Constitución o no?, ¿tenemos que llegar hasta ese extremo? ¿Qué márgenes nos deja la Ley de 1979? Nosotros, como le digo, tenemos más preguntas que respuestas, pero es verdad que la mayoría reforzada exige una amplia mayoría y, en principio, no tendría por qué poner uno en ese esfuerzo lo que le molesta más al contrario.

A nosotros nos parece que no debiera ser así como se eligen las cosas, por una especie de ajuste de cuentas. Por lo tanto, nos parece bien la iniciativa, que tengamos que tocar la Constitución nos genera serias reservas -es verdad-, pero en todo caso estamos abiertos a debatir cómo mejorar el sistema, cómo mejorar el tribunal en su calidad, en su independencia, en su profesionalidad y, desde luego, en la libertad de criterio de los miembros del mismo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Girauta, señores del Grupo Ciudadanos, no sé exactamente qué estamos haciendo. Vamos a repasar la historia reciente de la tramitación parlamentaria: en el mes de diciembre el Partit Demòcrata presentó una proposición de ley para la modificación del Tribunal Constitucional y, en el mes de diciembre, se tomó en consideración una proposición de ley del Partido Nacionalista Vasco para la modificación del Tribunal Constitucional, de tal forma que sus propuestas deberían ser enmiendas a esta modificación de la ley. Pero llevamos cinco semanas sucesivas con un pacto explícito de ir posponiendo la tramitación de esta reforma legislativa. Propongan ustedes que se convoque la ponencia y planteen estas propuestas en una reforma del Tribunal Constitucional, que quería afrontar, entre otras cosas, la no suspensión de funciones sin juicio de cargos electos. Se lea como se lea, la recomendación de la Comisión de Venecia dice claramente que el Tribunal Constitucional tiene que ser un mediador y no un brazo ejecutor de decisiones políticas.

Señor Girauta, yo coincido con usted en el diagnóstico que ha hecho e incluso puedo utilizar sus palabras. Usted ha hablado del Tribunal Constitucional con descrédito, ha hablado de falta de independencia y de degradación institucional, por lo que entenderá que nosotros presentemos más que nuestras reservas y que consideremos de dudoso cumplimiento la observación y el respeto a las decisiones de un tribunal que se ha convertido en un tribunal que cada vez más toma decisiones políticas, también en la elección de sus órganos internos. La semana pasada en la elección de miembros, del presidente y vicepresidente, parecía que estábamos ante una novela de Agatha Christie, Diez Negritos, a la hora de decidir como se compone. Hablamos de un Tribunal Constitucional, de un sistema judicial español que, sobre todo, ha tomado la decisión de apartar a un miembro de esta Cámara, al señor Homs, de sus funciones. Hoy es un día triste y esta es la semana triste que pesará en el descrédito de la democracia española. Hoy y esta semana, señor Girauta, su humanidad tendría que ir orientada a expresar también su sentimiento hacia un diputado electo de esta Cámara que ha sido inhabilitado por haber puesto las urnas y dado la voz a la ciudadanía.

Esto pesará sobre la historia del constitucionalismo español...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Xuclà, tiene que ir concluyendo, ha consumido su tiempo.

El señor XUCLÀ I COSTA: ... y sobre la historia de la calidad democrática de España.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señor presidente.

Señorías, afirmamos que el Tribunal Constitucional es un órgano corrompido, corrompido en sus funciones por partidista y víctima de la politización impuesta por los partidos que conforman el bipartidismo, haciendo un flaco favor a la democracia. Sin menoscabar el hecho de que el Tribunal Constitucional sí que ha jugado un rol en la salvaguarda de los derechos fundamentales, es cierto que ha ido transitando en su papel desde los inicios de la democracia cuando esta institución era más progresista que el mismo Poder Judicial -recuerden que entonces había centenares o miles de jueces franquistas, leyes franquistas todavía vigentes y una hegemonía del franquismo sociológico- hasta el escenario actual, donde incluso el presidente del Tribunal Constitucional se ufanaba de ser militante del Partido Popular. Es evidente que el tribunal ha sufrido una progresión hacia la decadencia y, si quieren, hacia la putrefacción; fíjense que hablamos de la putrefacción de un órgano constitucional. Respecto al Estado autonómico, al Estado compuesto, deben observar su evolución desde aquel Tribunal Constitucional que era la garantía de la descentralización desde el inicio del Estado democrático, hasta el escenario actual en que es la garantía del no reconocimiento, del no ejercicio del derecho a decidir, es decir, acuñador de lo que nosotros denominamos el nacionalconstitucionalismo, pasando por la ignominia de la sentencia del Estatut del año 2010.

Así pues, reconocerán que estamos hablando de una decadencia de la misma democracia española, del mismo sistema democrático español, razón por la cual nosotros sí que reconocemos y entendemos que tengan ustedes interés en modificar la Ley del 79, del Tribunal Constitucional, porque hay algo que huele a podrido, ¿no? Y como nosotros no podemos obviar la reciente opinión de la Comisión de Venecia respecto al Tribunal Constitucional y su respuesta al proceso catalán, pedimos que se añadan algunas enmiendas. Si son asumidas por el grupo proponente votaremos a favor; si no son asumidas, votaremos en contra.

Pedimos que se incorpore como elemento de estudio la relación de temas que deberían estudiarse, que se elimine la posibilidad de juzgar penalmente a cualquier cargo electo por desobedecer al Tribunal Constitucional cuando actúan en cumplimiento de un mandato democrático; que se elimine la suspensión de las leyes autonómicas, porque no puede ser, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional se convierta en una segunda Cámara catalana, es decir aquello que se aprueba en Barcelona, aquí es suspendido. Tres, que el Tribunal Constitucional no pueda controlar la constitucionalidad de los estatutos que previamente han sido refrendados por el pueblo. Cuatro, que se impida al Tribunal Constitucional menoscabar la soberanía del pueblo de Cataluña -y de otros pueblos del actual Estado español- expresada o bien directamente por las urnas o bien a través de sus representantes democráticos. Y, finalmente, que se otorgue al consell de garantías estatutarias el carácter de intérprete de los derechos fundamentales estatutarios que, como usted sabe, fue suprimido en la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010.

Así pues, en resumen, algo huele a podrido: un Tribunal Constitucional corrompido en sus funciones. Por cierto, la academia no ha estado a la altura de lo que se esperaba de personas tan inteligentes, tan formadas, a lo largo de estos años, que han estado genuflexos al poder político.

En definitiva, nosotros votaremos a favor si se incorporan nuestras enmiendas y, si no, votaremos en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Tardà.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Moya Matas.

El señor MOYA MATAS: Gracias, señor presidente.

Señor Girauta, estamos esencialmente de acuerdo con su exposición; estamos de acuerdo con la imperiosa necesidad de despolitizar juzgados y tribunales... de la misma manera que el propio señor Rivera nos decía, en octubre de 2015: señores políticos, saquen sus zarpas de la justicia; poco después de corregirle a usted mismo cuando decía que ante semejante politización del Tribunal Constitucional tal vez tendríamos que plantear la necesidad de eliminarlo.


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Bien. Celebramos que hoy venga aquí con espíritu reformista, constructivo respecto del Tribunal Constitucional, y a ello queremos sumarnos. Este descrédito del Tribunal Constitucional también quedó acreditado hace unos días cuando el presidente hasta entonces del Tribunal Constitucional, el señor Pérez de los Cobos, le decía literalmente al ministro de Justicia -también a tenor de todo lo sucedido en torno al proceso catalán-, que los problemas de esta índole no podían ser resueltos por este tribunal cuya función era velar por la observancia estricta de la Constitución, e invitaba a dar una salida a estos cuestionamientos, eminentemente políticos. Decía literalmente: Estos problemas deben ser resueltos mediante el diálogo y la cooperación.

De manera que sí, estamos absolutamente de acuerdo en la necesidad de unas medidas que despoliticen y consigan esta independencia necesaria del Tribunal Constitucional. Sin embargo, ¿qué Tribunal Constitucional nos llega a día de hoy? Nos llega un Tribunal Constitucional absolutamente desacreditado, absolutamente degenerado; y no lo decimos solo nosotros, lo dice la Comisión de Venecia.

El Tribunal Constitucional ha sido arrojado a la arena política por una Ley Orgánica de octubre de 2015, esa ley orgánica que daña las propias raíces de la razón de ser de aquel Tribunal Constitucional, que daña literalmente su prestigio, que daña literalmente su crédito ante la opinión pública y que, incluso, llega a dañar la necesaria separación de poderes. No es lícito -nos lo dice la Comisión de Venecia, encargada de velar por la democracia a través de la justicia- que el Tribunal Constitucional pueda imponer multas coercitivas y pueda apartar de su cargo a políticos electos. Nos lo dice la Comisión de Venecia, nos dice que eso es un ataque a la división de poderes y que, aunque pudiera parecer que fortalece la institución, en realidad lo que hace es rebajarla a la arena política y ponernos a la altura de referentes europeos, no como el de Alemania, como pretendía el señor ministro al decir que había un referente en Alemania. No, en Alemania la Corte Federal tiene la posibilidad de en aras de su ejecución, establecer qué organismo puede ejecutar, pero nunca de ejecutar por ella misma. Nuestros referentes, los referentes de la ley orgánica que modificó el Tribunal Constitucional son: Armenia, Albania, Georgia, Kazajstán, Moldavia o Ucrania; no sé si estos son los referentes de democracia internacional a los que queremos aproximarnos. Por tanto, estamos de acuerdo con la necesidad de la reforma, pero debemos desandar lo mal andado; deroguemos la reforma exprés. Hagamos caso a lo que nos dicen desde Venecia. Dicho esto, adelante con esa reforma integral, adelante con una nueva política de nombramientos. Nos gusta lo que sugiere: convocatoria pública, evaluación por parte de una comisión técnica independiente, escrutinio parlamentario. Nosotros incluso le proponemos una cuota de rechazo para que las designas sean realizadas a través de un mecanismo que acabe eligiendo a aquellos candidatos o candidatas que menos rechazo causen. De esta manera, los elegidos no habrían sido designados por nadie y, en consecuencia, no deberían el favor de la designación a nadie.

Por otro lado, y más importante todavía, establezcamos criterios de paridad. Desde el año 1980 el Tribunal Constitucional ha tenido sesenta hombres como magistrados y solo cinco mujeres; proporción de 12 a 1. No podemos permitir esta situación es, y ya que ello no se ha cumplido de forma espontánea, no hay más remedio que establecer cuotas. Es absolutamente imprescindible y no podemos acoger las manifestaciones que hizo el ministro de Justicia al decir que no hallaba una mujer que tuviera un perfil de formación, prestigio y trayectoria suficiente para estar en el Tribunal Constitucional. Es absolutamente inadmisible.

Hablemos de incompatibilidades también; establezcamos un régimen de incompatibilidades, que no se repita lo que pasó con el señor Pérez de los Cobos, designado presidente del TC con el carnet del Partido Popular en el bolsillo. Hablemos de años de ejercicio. No nos gusta su propuesta, señor Girauta. Usted habla del culmen de la carrera. Francamente, estamos bastante más próximos a lo que se ha dicho por Compromís. Esta prórroga de los años de ejercicio supondría una auténtica gerontocracia -ha dicho Compromís-, y nosotros decimos que estableceríamos un perfil de magistrados y magistradas alejado de la pluralidad que debe reflejar a la ciudadanía.

En cuanto a los mecanismos de cumplimiento de plazos para resolver y establecer las sentencias necesarias, estamos de acuerdo, pero ello tampoco va a ser posible sin la correspondiente dotación de recursos económicos y humanos, y además un organismo que vele por el cumplimiento imprescindible de los plazos y no solo por la velocidad de las resoluciones, sino también por su calidad.

Concluyo ya, señor presidente. Hemos presentado una serie de enmiendas que esperemos que las recojan y las hagan suyas, para conseguir que el Tribunal Constitucional sea un órgano independiente, un juez de leyes, un garante del Estado de derecho y no un instrumento de ataque político, un reflejo desdibujado de la aritmética política de cada momento y, por desgracia, a día de hoy, una falange más de


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la brigada Aranzadi, que ataca contra todo lo que sea sospechoso de soberanía popular o del derecho a decidir.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Moya.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cámara Villar.

El señor CÁMARA VILLAR: Señor presidente, señorías, el Grupo Ciudadanos pretende fundamentar su proposición de reforma del Tribunal Constitucional con una exposición de motivos llena de afirmaciones que caricaturizan la realidad y que directa o indirectamente contribuyen de manera injusta a deslegitimar a este órgano. La prueba la tienen en cómo le han tomado la palabra algunos portavoces de otros grupos y han dicho las barbaridades que acabamos de oír.

Sostiene Ciudadanos que este órgano está compuesto por magistrados que vienen a ser, sin más, el producto de un reparto de cuotas de las cúpulas de los viejos partidos. Sostiene que las designaciones son opacas y partidistas, no meritocráticas, y cuestionan su profesionalidad al afirmar que esto conduce al desprestigio del tribunal y provoca el debilitamiento de nuestro Estado de derecho y de nuestra democracia. Finaliza haciendo un llamamiento sobreactuado a recuperar la independencia y la profesionalidad de los miembros del tribunal y del prestigio de la institución.

Confieso que cuando leí estos alegatos me invadió primero la sorpresa y después la tristeza, con un punto de legítima indignación. Me vinieron a la mente las grandes aportaciones doctrinales, la dignidad y la auctoritas de figuras tan señeras como Manuel García Pelayo, Francisco Rubio Llorente, Francisco Tomás y Valiente, Luis Díez-Picazo, Miguel Rodríguez Piñero, Álvaro Rodríguez Bereijo, Pedro Cruz Villalón, Elisa Pérez Vera, Adela Asúa... (Aplausos). Podría citar sin duda a la mayoría de los magistrados, quizás con algunas -muy pocas- excepciones a las que no me he de referir.

Me vino también a la mente la valoración de conjunto que merece la obra jurisprudencial del Tribunal Constitucional. No es esta precisamente la obra de magistrados mediocres sino una gran obra, con independencia de las legítimas críticas que puedan merecer aspectos concretos. No es la obra de unos magistrados vicarios y dependientes de instrucciones u orientaciones que directa o indirectamente vengan de los partidos, sino de grandes juristas con oficio que han ejercitado sabiamente el autocontrol que a todo bien es exigido por la alta función que desempeñan. No es una obra inspirada en decisiones políticas, sino el producto de amplias y complejas argumentaciones jurídicas contrastables, de profundo calado y de sentido y tras la que está también un gran trabajo -hay que decirlo- de los letrados del tribunal. Señorías, el tribunal no adopta nunca decisiones políticamente orientadas, sino que habla por sus resoluciones jurídicamente fundamentadas, desde la sumisión a la norma constitucional y a la regla general de la interpretación y de aplicación del derecho, incorporando en su caso interpretaciones alternativas o complementarias, los votos particulares disidentes o concurrentes que contribuyen a la transparencia, al autocontrol, a la permanente discusión crítica y a la constante evolución jurídica.

Con esta metodología el Tribunal Constitucional ha venido asentando soluciones sobre los medulares problemas constitucionales de nuestro país, conformando un particular perfil de nuestro ordenamiento jurídico del que ningún jurista teórico o práctico puede ya hacer abstracción. No, señorías, esta no es la obra de magistrados dependientes y vicarios ni el resultado de políticas de partido.

Quiero decir, además, contrariamente a lo que dice el portavoz de Unidos Podemos, que la Comisión de Venecia no ha cuestionado en absoluto al Tribunal Constitucional, sino que ha manifestado reservas y críticas sobre algunos aspectos de la reciente reforma de la Ley del Tribunal Constitucional. No nos engañen.

El planteamiento de Ciudadanos sería más correcto si se hubiera centrado bien en la cuestión y no hubiera estado tan preocupado por distinguirse del Partido Popular, ondeando con exceso su particular bandera regeneracionista. Podría haber sostenido, como hace la doctrina, que ha habido un mal entendimiento por parte de los partidos políticos en su función de concurrir a la manifestación de la voluntad popular, produciendo distorsiones que es necesario conjurar, manteniéndonos por completo al margen de instituciones cuya función no es en absoluto la de expresar la representatividad que portan, sino actuar con independencia, imparcialidad y rigor en el cumplimiento de su función. Este planteamiento es válido no solo para el Tribunal Constitucional, sino también para el Consejo General del Poder Judicial, para el Tribunal de Cuentas, para la Corporación de Radiotelevisión Española o determinadas agencias y órganos reguladores.


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Respecto al reciente proceso de renovación del tribunal, se pasa por alto que para llevar a cabo cuatro nombramientos ha habido, como era de esperar, propuestas plurales de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas y que han sido quince los candidatos que finalmente han comparecido ante la Comisión de Nombramientos del Senado en aplicación rigurosa de lo dispuesto en la Constitución, en la ley orgánica y en el Reglamento de la Cámara. Y sí, han sido elegidos cuatro candidatos de reconocido prestigio que reúnen todos los requisitos establecidos y que tras su comparecencia han sido acreedores del voto mayoritario de la Cámara. ¿De qué otra manera hubiera podido hacerse, señorías?

Para alcanzar el objetivo pretendido, el Grupo Socialista lleva en su programa medidas, que prácticamente en su integridad fueron asumidas por Ciudadanos en el acuerdo para la investidura celebrado entre nuestras dos formaciones políticas en la XI Legislatura, que seguro recordarán y que ahora replican en esta PNL con cierto deslucimiento. -Voy terminando, señor presidente-.

La propuesta de Ciudadanos mezcla improcedentemente una reforma constitucional parcial del tribunal con una reforma de la ley orgánica, incorporando otras medidas más concretas que son objeto de debate en la doctrina académica, y que no tiene ningún sentido fijar ya de manera cerrada y como mandato en una proposición no de ley, que lo que viene a pedir es la formación de un grupo de trabajo para que estudie las medidas necesarias para reforzar la independencia del tribunal y garantizar tiempos razonables en la adopción de sus pronunciamientos.

Termino. Nuestro grupo ha presentado una enmienda de modificación, que entendemos recoge de manera técnicamente más precisa la proposición que hace el Grupo Ciudadanos en todo aquello que podríamos compartir con este y con otros grupos de la Cámara para mejorar nuestras instituciones y, en concreto, el Tribunal Constitucional. Estamos abiertos al necesario consenso en esta materia, y esperamos en este sentido una respuesta positiva a nuestro planteamiento.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Cámara.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Martínez Vázquez.

El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la proposición no de ley de Ciudadanos con el propósito de mejorar una iniciativa que creemos que tiene algunos inconvenientes. Agradecemos desde este momento la buena disposición a transaccionar esa enmienda y esperamos llegar a un texto de consenso.

Ciudadanos propone crear un grupo de trabajo en esta Cámara para reformar el régimen jurídico del Tribunal Constitucional y, de este modo, conseguir el objetivo de reforzar su independencia, garantizar la rapidez y la eficacia de sus pronunciamientos. Sin embargo, entendemos, leyendo la proposición no de ley de Ciudadanos, que avanza algunas de las conclusiones que debería adoptar ese grupo de trabajo, y es precisamente por eso por lo que proponemos una enmienda. Entendemos que, tal y como está formulada ahora mismo la proposición no de ley, establece el objetivo y establece la metodología, pero también nos dice o nos anticipa cuáles van a ser los resultados de esa reflexión. Pues bien, nosotros creemos que lo que debe hacer hoy el Pleno del Congreso es decidir si se crea ese grupo de trabajo sobre posibles mejoras en la organización, composición y funcionamiento del Tribunal Constitucional, pero sin decidir anticipadamente cuáles van a ser sus conclusiones. Por eso proponemos que aborde cuestiones como el nombramiento de los magistrados, los requisitos que deben concurrir para ser propuesto como candidato, la edad de jubilación o todas aquellas reformas que permitan garantizar el cumplimiento de los plazos máximos, que se pronuncie sobre todo esto, pero sin anticipar las conclusiones. Y es que, señorías, si entramos en el fondo de la cuestión y en el contenido de la iniciativa de Ciudadanos, que ha defendido el señor Girauta, creo que conviene hacer algunas puntualizaciones y plantear también algunas dudas que se desprenden del texto de la proposición no de ley.

En primer lugar, quiero transmitirles, y con todo el respeto, pero también con toda claridad, que mi grupo parlamentario no tiene ninguna duda sobre la profesionalidad y sobre la altísima cualificación jurídica de quienes han sido y de quienes son actualmente magistrados del Tribunal Constitucional. Señor Girauta, lo lamento, pero no compartimos su diagnóstico. No creemos que el criterio de selección haya cedido ante los intereses políticos de los viejos partidos y no creemos que exista desprestigio de la institución, al contrario, creemos que los mejores juristas de España han pasado por el Tribunal Constitucional y podría acompañar mi afirmación de muchos nombres, pero ya lo ha hecho el señor Cámara.


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Siempre es oportuno reflexionar sobre posibilidades de mejora, pero vaya por delante que no creemos que exista ningún problema con la idoneidad de los magistrados, con su independencia o con su eficacia, y creo que el aval de esto que estoy diciendo son muchos autos y son muchas sentencias -algunas muy importantes y muy recientes- adoptadas por unanimidad, lo que creo que está muy lejos de esa polarización ideológica que usted ha planteado en su iniciativa y en su intervención.

Fíjese, entiendo que la Constitución y que la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establecen un sistema de elección de magistrados que es similar -no igual- al de otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Portugal e Italia, desde luego cada uno con sus particularidades. Es un sistema que se basa en establecer requisitos de capacidad o de idoneidad y luego atribuir la propuesta de nombramiento al Congreso, al Senado, al Consejo General del Poder Judicial y al Gobierno. En la práctica esos requisitos se han interpretado de forma amplia, se ha elevado el listón de exigencia. Donde la Constitución dice magistrados, en la práctica son magistrados del Tribunal Supremo. Donde la Constitución dice fiscales, en la práctica han sido siempre fiscales de sala del Tribunal Supremo. Donde dice profesores de universidad, han sido siempre catedráticos de universidad y así sucesivamente. La experiencia demuestra, por tanto, que los nombramientos se han hecho con una exigencia mucho más rigurosa que los criterios mínimos que establecen la Constitución y la ley orgánica. Desde luego, no tenemos nada que objetar a la excelencia de quienes son, de quienes han sido magistrados del Tribunal Constitucional y la elección por las Cámaras creemos que aporta un ingrediente adicional a esa cualificación técnica, que es la legitimidad democrática. Para reforzar esta idea se producen las comparecencias ante la Comisión Consultiva de Nombramientos y, no lo olvidemos, el propio Pleno del Tribunal Constitucional tiene la posibilidad, según el artículo 10 de la ley orgánica, de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de los magistrados, es decir, legitimidad democrática, idoneidad y control por el propio órgano. Frente a ello, por ejemplo, ustedes plantean que sea una comisión de expertos independientes la encargada de evaluar verdadera y eficazmente la competencia técnica y la idoneidad de los candidatos. Lo tendrá que abordar el grupo de trabajo, pero le hago dos preguntas: ¿Quién designará esa comisión de expertos independientes encargados de evaluar la cualificación y la idoneidad de los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional? ¿Y quiénes van a formar esa comisión de expertos encargados de evaluar la idoneidad de los candidatos? Porque coincidirá conmigo en que es un contrasentido que los miembros del órgano que valore la idoneidad de los candidatos sean menos idóneos que los candidatos que tienen que valorar.

Quiero terminar con una reflexión más de oportunidad al hilo de la intervención que ha realizado el señor Tardà. En un momento en que el Tribunal Constitucional juega un papel insustituible, fundamental para defender la integridad de nuestro sistema constitucional, en un momento en el que se hace más necesario que nunca trasladar confianza a los ciudadanos en la ejemplaridad, en la independencia y en la solvencia técnica del Tribunal Constitucional, en un momento en el que es necesario defender la eficacia vinculante, el obligado cumplimiento de sus autos y sentencias, ¿cree que es conveniente que escenifiquemos un debate sobre la profesionalidad o sobre la independencia de los magistrados? ¿A quién beneficia ese debate en este momento?

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Martínez, tiene que ir acabando.

El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Sí, señor presidente.

Tal vez sea una reflexión que debamos abordar aunque no necesitemos crear un grupo de trabajo.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la mayor crisis de una institución es no cumplir la finalidad para la que fue diseñada y el Tribunal Constitucional no está cumpliendo una de las funciones básicas que se le encomendaron, que a su vez es una de las cuestiones cruciales abordadas por la misma Constitución de 1978: la cuestión territorial, y singularmente las cuestiones vasca y catalana. En el preámbulo de la Constitución, en su artículos 2, en su artículo 3, en la disposición transitoria segunda, en la adicional primera y en la derogatoria se reconoce, se articula lo que se llama la Constitución territorial, que fue parte esencial del consenso


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constitucional de 1978, que reconocía y constitucionalizaba el pluralismo del Estado en sus manifestaciones de nacionalidades, regiones y realidades histórico-forales de autogobierno, reconociendo a estas últimas su capacidad de actuación y actualización general y particular.

La Constitución también creó el Tribunal Constitucional como árbitro neutral en la previsión de eventuales conflictos entre los poderes territoriales del Estado. Sin embargo, y a nuestro juicio lamentablemente, en su actividad el Tribunal Constitucional no ha tenido como guía el principio de pluralidad política y territorial, que presupone tanto la autonomía como la historicidad de los autogobiernos forales, sino que su visión ha sido ser garante de la supremacía constitucional y del principio de unidad de la Constitución. Señorías, consideramos que esta es la razón de fondo de la crisis del Tribunal Constitucional, que a su vez ha arrastrado a la crisis misma de la cuestión y de la Constitución territorial. Sánchez Barrilao lo expresa así: En España, el Tribunal Constitucional se presenta en general no tanto como un árbitro constitucional del Estado autonómico aún actuando como tal, sino como el máximo garante de la supremacía constitucional y de la unidad de la Constitución misma, y en la función de garantía de la Constitución el tribunal debe servir también al pluralismo político y territorial que presupone la autonomía. Señorías, una de las funciones de la jurisdicción constitucional es ser árbitro neutral para la tutela judicial efectiva desde la perspectiva del pluralismo como valor fundacional de las comunidades autónomas políticas territoriales. Y esto no ha sido así en la actividad del tribunal. La altísima conflictividad existente demuestra que el proceso constitucional no ha cumplido el objetivo de prevenir nuevos conflictos; más aún, los ha excitado como reacción al debilitamiento de la autonomía política de las comunidades autónomas que se pretende, reacción que es lógicamente mucho más fuerte en aquellas comunidades políticas territoriales con más sentimiento, reclamación y ejercicio de autogobierno a lo largo de la historia. Les daré algunos datos. En los últimos treinta y cinco años ha habido casi 2.000 cuestiones constitucionales de competencia y en el periodo 2005-2014, mientras que en Alemania hubo 350, en España hubo cerca de 1.200. Se ha instaurado lo que se ha llamado el Estado autonómico judicializado, que ha arrastrado a un deterioro y desprestigio de la auctoritas de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y que, a nuestro juicio, trae causa directa de la deriva centralista del Estado y que el Tribunal Constitucional avala de manera seguidista, especialmente desde la Sentencia 31/2010, la sentencia catalana. A lo anterior habría que añadir que la atribución al Tribunal Constitucional de las funciones coercitivas de la Ley Orgánica 15/2015, concebidas exclusivamente ad causam de la cuestión política catalana, ha contribuido también al desprestigio de la función constitucional del tribunal como árbitro neutral con funciones pacificadoras y garantistas.

Frente a este panorama, Ciudadanos considera que el problema del tribunal es su profesionalidad -no lo compartimos- y pretende mejorarla modificando su sistema de elección externalizando la propuesta de candidatos, como si se tratara de una selección de una asesoría jurídica, desconociendo el profundo significado de lo que es un Tribunal Constitucional en un sistema liberal democrático y en un Estado compuesto. Kelsen ya rechazó la idea de un modelo único y uniforme de justicia constitucional pidiendo que la estructura de la institución se adaptase a las singularidades de cada ordenamiento. Por eso, y sin perjuicio de la competencia profesional, que es un requisito, el equilibrio entre los poderes territoriales que eventualmente entren en conflicto ha de tener proyección institucional eficaz en el garante de la Constitución, pues este tiene que ser capaz de representar de manera eficaz la composición asimétrica de la realidad territorial a la cual hace referencia su jurisprudencia y garantizar un justo y neutral arbitraje en los conflictos entre las minorías políticas territoriales y las mayorías del conjunto del Estado. Sin embargo, como ya señaló Cruz Villalón, las renovaciones del tribunal no han sido aprovechadas como el momento de renovación del consenso constitucional, sino que se ahonda aún más si cabe en la desafección hacia un modelo territorial y hacia el prestigio del mismo tribunal. Señor presidente, la sensibilidad autonómica, y aún más si cabe la foral y la catalana, brilla por su ausencia en los fallos del Tribunal Constitucional, quedando relegada a votos particulares en el mejor de los casos. Consideramos que, para revertir la situación, el principio del pluralismo político territorial debería tener manifestación concreta en la elección de magistrados del tribunal para que su funcionamiento atienda también a ese principio fundacional del consenso en el que se funda la Constitución de 1978.

Acabo con unas palabras de uno de los presidentes del Tribunal Constitucional trágicamente asesinado por ETA: Las instituciones ganan o pierden prestigio por lo que hacen pero también por lo que se hace con ellas.

Muchas gracias, presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

En turno de aceptación o rechazo de enmiendas presentadas, debo preguntarle al señor Girauta en este momento si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor GIRAUTA VIDAL: Estamos negociando una transacción con el resto de los grupos que haremos llegar a la Mesa.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Les recuerdo que, de conformidad con lo acordado en la Junta de Portavoces de hoy, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las políticas del Ministerio del Interior para mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y ciclomotores será debatida en la sesión de mañana, a continuación del punto relativo a las interpelaciones dirigidas al Gobierno, y sometida a votación el jueves.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LAS REFORMAS Y MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO PROMOVER EL GOBIERNO PARA COMBATIR Y ACABAR CON LA CRECIENTE CORRUPCIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE AGUAS, EN MUCHOS CASOS VINCULADA A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. (Número de expediente 173/000022).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Por tanto, pasamos a continuación a debatir la moción que sí será objeto de debate esta tarde. En concreto, la moción subsiguiente a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las reformas y medidas que tiene previsto promover el Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los servicios de agua y saneamiento. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción y de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Arrojo Agudo.

El señor ARROJO AGUDO: Gracias, señor presidente.

Señorías, amigos y amigas, la semana pasada expliqué brevemente por qué en el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea defendemos promover nuevos modelos de gestión pública participativa en una materia tan sensible como es la gestión de los servicios de agua y saneamiento. Muy brevemente les diré, como dije entonces, que las cosas más importantes de la vida, desde mi punto de vista, como es la gestión de los servicios de agua y saneamiento vinculados a derechos humanos y a derechos ciudadanos que por su propia naturaleza deben ser de acceso universal, no es propio que se gestionen desde la lógica del mercado, y no porque esté en contra de la lógica del mercado, sino porque no es la herramienta adecuada. Debe hacerse desde principios democráticos de transparencia y participación ciudadana. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Pero no voy a centrarme en la discusión sobre el modelo público o privado, lo que les voy a proponer en la moción que traigo a esta Cámara son tres cuestiones clave. Como digo, voy a rehuir el debate de lo público y lo privado, que está fuertemente ideologizado, y voy a centrarme en tres cuestiones clave que entiendo que pueden y deben ser de consenso para la amplia mayoría de esta Cámara: transparencia, lucha contra la corrupción desde las competencias que nos incumben como Cámara y empoderamiento del municipalismo democrático.

En el tema de la transparencia permítanme una rápida anécdota personal. Estaba fuertemente involucrado ya hace años, cuando se crearon las primeras sociedades estatales de agua, en una petición de documentación a la Confederación Hidrográfica del Ebro y me encontraba con las dificultades que suelen ser habituales, pero el funcionario de turno que me atendía y yo sabíamos que la ley estaba a favor de la ciudadanía y que tarde o temprano tenían que dar esa información. En un momento determinado me dijo: Señor Arrojo, estas cuestiones las lleva ya AcuaEbro, que es la empresa pública que gestiona a nivel de la cuenca. Fui a AcuaEbro y planteé lo mismo. La respuesta la recuerdo perfectamente y también la cara del señor que me recibió: Pero usted, ¿sabe a dónde ha venido? Dije: Sí, a AcuaEbro. Me dijo: Esto es una empresa; es como si usted va al BBVA a pedirle información sobre las claves de su negocio. Esto


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es una empresa. Le contesté: Sí, pero es pública, ¿no? Y volvió a decir: Sí, sí, pero es una empresa. No voy a entrar más en el tema, pero lo que han supuesto estas empresas, estas sociedades estatales de agua, ha sido un oscurantismo feroz, han hecho opaca la gestión de una cuestión tan importante como las inversiones públicas en materia hidráulica. Y esto ha tenido las consecuencias que conocemos de corrupción. Por eso nosotros en esta cuestión lo que planteábamos inicialmente en la moción era simple y llanamente desmantelar esta sociedades estatales de agua, aunque somos conscientes de que no es sencillo, es complejo. ¿Por qué? Entre otras cosas porque estas sociedades estatales no solo han hecho oscuro y han facilitado e incentivado la corrupción de la que hablábamos el otro día, sino que son la tapadera de un déficit público abultado y oculto, un déficit público derivado de inversiones en grandes obras hidráulicas que se caracteriza internamente como irrecuperable sencillamente porque los usuarios no van a pagarlo y lo sabemos. Algún día Europa nos llamará la atención sobre esto y pondrá un poquito de orden. En todo caso, eso ciertamente complica, no podemos barrer de un plumazo estas sociedades estatales, aunque yo insisto en que debemos mantener ese rumbo, esa perspectiva. Por eso recogemos y aceptamos la aportación prudente del Grupo Parlamentario Socialista y vamos a centrar la moción que va a resultar en una propuesta que es mucho más sencilla y muy elemental: exigir, demandar al Gobierno que escuche y cumpla la recomendación explícita del Tribunal de Cuentas en 2014; el Tribunal de Cuentas de una manera explícita recomienda replantear la existencia de estas sociedades. Replantear es abierto; de acuerdo, hagámoslo abierto. De entrada -eso sí-, habrá que instruir una serie de condiciones y normas para que desde esas sociedades estén abiertos a unas normas de transparencia y de control público equivalentes a las que rigen en la Administración pública. Por ahí va un poco la transacción que hemos preparado con el Grupo Parlamentario Socialista y las demás fuerzas.

En esa misma línea proponemos estudiar la progresiva transferencia de competencias de gestión que llevan hoy esas sociedades estatales a instituciones públicas que propiamente tienen las competencias en esas materias. Les pongo un ejemplo. ¿Tiene sentido -lo digo por encima de partidos e ideologías- que el servicio de aguas en alta de la ciudad de Zaragoza y de los municipios de su entorno sea gestionado desde una empresa que está en Madrid que se llama Acuaes? ¿No tendría más sentido transferir esa competencia pública a esos ayuntamientos y en todo caso en acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Ebro, que depende de Madrid pero por lo menos está en el territorio? Parece razonable, y en esa línea vamos.

Respecto al canon concesional como un pago de las empresas concesionarias a los ayuntamientos de libre disposición, simplemente me remito a lo que han hecho los franceses en la ley de transparencia y de lucha contra la corrupción: eliminarlo. Pero, en nombre de hacer las cosas pautadamente, digamos por lo menos que si hay compensaciones de ese tipo, que no sean de libre disposición y que reviertan obligadamente en los servicios de agua y saneamiento.

Por último, en lo que se refiere al reto del saneamiento, respecto al cual el Reino de España está seriamente apercibido de fuertes sanciones en un futuro no muy lejano, pedimos al Gobierno que considere seriamente una inversión pública seria en los próximos presupuestos que permita empoderar a los ayuntamientos rurales en el cumplimiento de este reto que les desborda. En Aragón tenemos una experiencia negativa de la que hablé el otro día -y voy acabando-, la estafa del Pirineo aragonés, más de cien pueblos para los que había una partida de más de 140 millones que vino del Gobierno estatal a la comunidad autónoma para que se hicieran las obras del Pirineo, las obras de las depuradoras, como obras de interés general del Estado. Esos 140 millones no se emplearon en eso, se dispersaron en otros usos y hoy esos ayuntamientos son castigados por el ministerio con multas por no tener unas depuradoras que el propio ministerio tenía que haber garantizado.

Acabo. En suma, en una cuestión tan sensible como los servicios de agua y saneamiento, repito, hay tres claves fundamentales: transparencia, lucha implacable contra la corrupción y empoderamiento municipalista.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, en turno de fijación de posición, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.

Señor Arrojo, dos cuestiones previas. Primera, que compartimos una pequeña parte de su interpelación del otro día al ministerio y discrepamos en una parte importante. Segunda, que la moción consecuencia


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de interpelación que nosotros hemos transaccionado porque habíamos presentado enmiendas que intentaré explicar rápidamente, no coincide mucho con el título. El título es muy amplio, le da mucha publicidad, pero usted desde esta tribuna ha definido exactamente lo que es la transacción: una moción que tiene el objetivo de que haya mayor transparencia en Acuamed y Acuaes, cosa que nos parece absolutamente imprescindible.

Nosotros habíamos presentado dos enmiendas que se han recogido en la transaccional. Una, esencialmente para que no se tome hoy la decisión de desmantelar estas sociedades sino que se evalúen diferentes posibilidades: una es desmantelarlas, otra es replantearlas, en la línea que establecía el Tribunal de Cuentas. Y la otra enmienda es respecto al canon concesional, que no somos partidos de eliminarlo; al contrario, somos partidarios de afectarlo a obras e inversiones vinculadas con el ciclo del agua. En este sentido hemos presentado la enmienda que hemos acabado transaccionando. Por tanto, vamos a apoyar esta propuesta.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

A continuación, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Muy brevemente.

Señor Arrojo, le agradezco el cambio de tono en esta intervención respecto a la de la interpelación, porque entonces hizo usted una denuncia genérica de un Estado de corrupción sistémica en materia de gestión de aguas en todas partes que nadie juzga. Convendría, por tanto, que usted lo llevara al juzgado, pero con pruebas. En todo caso, coincido con usted en que el agua es un bien escaso, mal repartido en nuestro país por geografía y climatología, y cuya gestión requiere obviamente impulso público; requiere previsión, requiere planificación a largo plazo y, desde luego, ambición, una visión de conjunto que sirva para que todos tengamos y disfrutemos de igual manera del agua en cualquier sitio. Coincido con usted en que las obras hidráulicas deben ser sostenibles, pero yo sinceramente creo que en España lo son. En todo caso, no comparto esa afirmación que usted hace sobre la necesidad de desmantelar las sociedades públicas. Pero sí agradezco el debate y su iniciativa porque me da la oportunidad de agradecer a todas las personas -políticos, entidades públicas y privadas- que durante muchos años hayan hecho posible que Navarra sea un verdadero ejemplo en la gestión del agua. Porque no todos los partidos políticos, ni movimientos antisistema, ni todos los catedráticos han apoyado una política ambiciosa en materia hídrica en Navarra, que, por cierto, hoy aporta gran riqueza a toda la geografía de nuestra comunidad. Me refiero en especial al binomio embalse de Itoiz-Canal de Navarra, una obra conjunta Estado-Navarra que sirve para el crecimiento y el progreso de Navarra y que ni la falta de ambición de algunos, ni los dogmas del ecologismo sandía de otros, ni desde luego la violencia, como hubo en su momento, consiguieron parar. Ese va a ser uno de los desafíos que Unión del Pueblo Navarro llevará a los próximos presupuestos para que se amplíe la segunda fase en el caudal más ambicioso posible.

Nada más. Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Quiero decir por anticipado que Compromís votará a favor de la moción. Y votaremos a favor después de ver los escándalos que hemos visto, una presa en la rambla Gallinera, donde se pagaron 2 millones por una escollera que no existe; una partida arqueológica en el riu Serpis por 1.100.000 euros, o la verdadera barbaridad de la descontaminación del pantano de Flix a base de bidones de ácido clorhídrico, son solo algunas de las barbaridades, de los escándalos, de las irregularidades de la empresa Acuamed y que nos han costado millones a todos los contribuyentes en sobrecostes y en pufos. Por lo tanto, nos parece perfecto que haya más transparencia.

Los que venimos de la política municipal no podemos estar más de acuerdo en que se regule la figura del canon concesional y el dinero se destine a obras, porque todos hemos visto en nuestros municipios o al lado de nuestros municipios a qué se han destinado esos cánones concesionales. En mi comunidad autónoma he visto algún ferry que se fletó a costa de este canon concesional.


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Por lo tanto, apoyamos completamente esta propuesta y también lo del apoyo a los municipios rurales. Entendemos que las comarcas de interior valencianas también necesitan ese apoyo que se reclama para los municipios del Pirineo.

Moltes gràcies.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Garaulet Rodríguez.

El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, la semana pasada las camisetas que portaban los compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, a diferencia de otras veces, decían una realidad expresa: agua pública 100 %. Y es que en España es así desde el siglo XIX, cuando la legislación ya contemplaba, en la Ley de Aguas de 1879, la titularidad pública del agua. Además, el servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento a la población es un servicio público de competencia municipal y de prestación obligatoria; un servicio que garantiza a los ciudadanos el cumplimiento del derecho humano al agua, que tiene que cumplir los requisitos de potabilidad y ser suministrada de una manera permanente. El propio Tribunal Constitucional -como hemos hablado aquí esta tarde- dice que un servicio no deja de ser público por quien sea prestado mientras que sea de titularidad pública. Por lo tanto, señorías de Podemos, dejen ya el mantra de la privatización y de la remunicipalización, porque el agua es pública y el servicio es municipal público, independientemente de quien lo gestione. (Aplausos).

El servicio puede gestionarse de forma directa o indirecta, y el acuerdo para que sea así, la modalidad de gestión, se decide mediante el voto favorable de la mayoría absoluta de la corporación municipal. Además, a día de hoy, no hay ningún parámetro que nos indique que la calidad de la gestión del servicio es mejor o peor por ser prestada de una forma directa o indirecta. Es más, hay muy pocos indicadores que nos permitan evaluar la eficiencia de la gestión del agua en España. Lo razonable para una gestión eficiente de los servicios es tomar la decisión de la misma sin basarse en planteamientos ideológicos, sino siguiendo criterios de racionalidad y de eficiencia, y soportándolos con argumentos de justificación técnica y experiencia. En España, la situación actual del ciclo integral del agua es la siguiente: ausencia de unidad de mercado en cuanto a cánones y tarifas; falta de homogeneidad y cierta arbitrariedad a la hora de la fijación de las tarifas; falta de transparencia en la gestión pública; escasa o nula participación ciudadana; falta de infraestructuras en saneamiento; incumplimiento de los objetivos de depuración de la Directiva Europea 91/271, lo que puede dar lugar a sanciones, a pérdida de subvenciones y a la devolución de ayudas establecidas, y una red de distribución y alcantarillado obsoleta, ya que el 40 % de esta red de distribución tiene más de treinta años.

Estos son los problemas que hay que solucionar con urgencia, pero de una forma global, y hay que hacerlo con la aprobación de una ley de gestión del ciclo integral del agua que integre la eficacia medioambiental con la económica y la garantía de servicio y calidad para los ciudadanos.

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Señorías, España necesita 17.000 millones de euros en inversiones en infraestructuras de saneamiento para poder cumplir los objetivos de la Unión Europea. Y la forma de financiar estas inversiones podría ser, como les gusta a ustedes, con un incremento del déficit público o incrementando los impuestos, o bien con una cofinanciación europea o mediante proyectos de colaboración público-privada. Porque, señorías, necesitamos una regulación estatal que garantice cierta homogeneidad en la aplicación de la normativa para todos los entes con competencia en el sector; que garantice la transparencia en costes e ingresos; la seguridad jurídica; la objetividad en la toma de decisiones; la predictibilidad del modelo económico; una mayor eficiencia y calidad del servicio; mayores inversiones en I+D+i; alcanzar la sostenibilidad económica y autosuficiente bajo el principio de recuperación de costes que nos exige la Directiva-marco del Agua, y una separación de actividad jurídica, contable y funcional que mejore el acceso a la información, auditorías y eviten las prácticas indeseables. Esta certidumbre nos permitirá atraer las inversiones necesarias en infraestructuras con las que tendríamos beneficios de tipo económico y de tipo ambiental.

Nosotros, señorías, estamos de acuerdo en conocer el plan de control interno y en la necesidad de realizar auditorías externas en Acuamed y Acuaes, dada la gravedad de los casos de corrupción que se han dado en la gestión de dichas sociedades estatales, porque se deben depurar no solamente las


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responsabilidades penales, señores del Partido Popular, sino también las responsabilidades políticas de aquellos que han encubierto acciones delictivas. Pero hoy hemos perdido una oportunidad de oro para poder empezar a dar los pasos que solucionen los problemas del ciclo integral del agua al no haber aceptado la enmienda que le hemos propuesto nosotros. Esperemos que en el futuro podamos sentarnos, recapacitar y trabajar en solucionar los problemas actuales del ciclo del agua y solucionar la vida futura de nuestros ciudadanos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra, por el Grupo Socialista, el señor Díaz Trillo.

El señor DÍAZ TRILLO: Muchas gracias, presidenta.

Con mucha brevedad quería, en primer lugar, empezar trasladando mi consideración al señor Arrojo por su trayectoria profesional y su compromiso social y político. No puedo decir lo mismo en cuanto a la intervención de la ministra el otro día. Se trataba precisamente de la corrupción en materia de agua. Se limitó prácticamente a decir, por una parte, que hasta el año 2012 -literalmente- no había política del agua en nuestro país y que prácticamente no se había hecho nada. Me parece que hay que saber reconocer la realidad, que es la materia prima de la política, para poder además actuar justamente. Se refirió también al déficit en saneamiento. Claro que lo hay y creo que tenemos una tarea por delante importantísima -lo sabe bien el profesor-, sobre todo en los núcleos pequeños. Les pongo un ejemplo de mi tierra, Andalucía. En el año 1992 se depuraba el 28 % de las aguas; hoy por hoy, el 90. Es cierto que solo llegan al 60 % de los municipios. Tenemos, por tanto, un reto formidable para trabajar desde lo público, fundamentalmente, y también desde la cercanía que procuran las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

Pero quería referirme a la corrupción, objeto también de la interpelación del portavoz de Podemos. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Díaz.

El señor DÍAZ TRILLO: Muchas gracias, presidenta.

Dijo también la ministra que en el año 2012 se habían promovido desde el ministerio unas instrucciones de contratación que iban a ser muy eficaces. Ustedes estarán siguiendo hasta esta misma mañana el rosario de escándalos en materia de aguas que estamos viviendo en el último año. Precisamente, de esa docena de investigaciones judiciales que hay en torno a otras tantas adjudicaciones resulta que la mayoría fueron adjudicadas en el año 2012. También por esas fechas o anteriormente, cuando llegó el Gobierno del Partido Popular, se nombra al director general, señor Arcadio Mateo, a quien por otra parte encarceló el juez y, además, tuvo que denunciar -aquí sí- el señor Francisco Valiente para que se tomaran cartas en el asunto. No solo no le echaron cuenta, sino que sería posteriormente despedido y al mismo tiempo tuvo que ir a la fiscalía para que tomaran buena nota de estas denuncias. Las funcionarias Gracia Ballesteros y Azahara Peralta sufrieron la misma persecución por parte del ministerio. Y no solo el director general, sino que también el secretario de Estado, Federico Ramos, tuvo que dar cuenta e incluso en algunas declaraciones se mentaba al ministro Arias Cañete. Por lo tanto, parece que esas instrucciones de contratación estaban más bien inclinadas hacia todo lo que vamos conociendo, repito, a través de la prensa. Es un relato que, por otra parte, pone los pelos de punta y digo esto porque incluso se produce un episodio de un implante de pelo a este director general. Aparte de este implante, se habla de 120.000 euros escondidos en un libro. Por cierto, no sé cómo caben; en billetes de 500, serían 240 billetes. Seguro que este señor no leía ese libro. Es decir, fueron una serie de episodios truculentos que ponen de manifiesto que esos controles prácticamente no existían.

Entrando ya en detalle, los jueces hablan también de porcentajes, incluso de un 10 % en comisiones, de obras que, como ha dicho el señor Baldoví, no se realizan y de una desaladora en Almería que se inunda y por la que la sociedad estatal está dispuesta a pagar 40 millones de euros. Todo este rosario de calamidades, como digo, parece que a la ministra no le provocaron ningún ánimo de responsabilidad, más bien fue al contrario, porque finalizó su intervención diciendo que hay que dejarse de ideologías y buscar lo mejor para España y los españoles; se le olvido decir porque son muy españoles, que es la técnica del señor Rajoy para eludir cualquier cosa que sea grave o difícil para su Gobierno y anotarse solo aquello que, según él, va bien para nuestro país.


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Claro que hay ideologías. Señorías, tengo muy poco tiempo, pero como se dijo también en la interpelación, cuando se está redactando la Directiva-marco del Agua, en el año 2000, se debate en España la Ley del Suelo, la reforma energética y el Plan hidrológico. Por tanto, no solo se trata de una burbuja inmobiliaria sino también una burbuja energética y casi una burbuja hidráulica. Todo ello a favor del negocio y no a favor de prestar un servicio público y de calidad. Por tanto, hay que volver a esa nueva cultura del agua, que yo diría que es la vieja cultura del agua de siempre, la de la cercanía, la que llevan a cabo, por ejemplo, los acequieros de Sierra Nevada, gobernando adecuadamente ese bien preciado, patrimonio de todos, que da lugar a un derecho reconocido por la ONU y que hay que administrar con justicia, con transparencia y con participación. Y no entenderlo como lo siguen haciendo muchos interlocutores del Partido Popular, por ejemplo, el señor Arenas, que dice que no hay que tirar tanta agua al mar. Eso es no entender para nada en qué planeta ni en qué país vivimos.

Muchas gracias, señorías. Por supuesto, la moción, con las incorporaciones a la misma, será apoyada por este grupo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró. (Rumores). Señorías, antes de que comience el señor Eritja, les ruego silencio. Faltan unas cuantas intervenciones, pero tienen que tener el mismo respeto que si fueran las tres de la tarde.

Adelante, señoría.

El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, señora presidenta. Seré breve.

Estos días el municipio de Tarrasa es un reflejo del gran debate que existe sobre la privatización de la gestión del agua. Una vez finalizada la concesión a setenta y cinco años, el pleno municipal ha acordado por mayoría -veinte regidores de veintisiete- una propuesta de resolución que defiende la recuperación de la gestión directa del agua o remunicipalización del servicio. Lo más grave es que la corporación privada que hasta ahora gestionaba un servicio público -recordemos, un servicio público- menosprecia y pone en duda una decisión soberana y democrática del pleno municipal. Evidentemente, la respuesta no se ha hecho esperar y el pasado 19 de marzo se organizó una movilización bajo el lema "Per una gestió pública i democràtica de l'aigua". Este es el debate real. (Aplausos). Este ejemplo refleja una realidad muy extendida, mucho más extendida de lo que pensamos y que reproduce la misma dinámica de siempre: la privatización de derechos públicos en pro de los intereses privados. El agua entendida no ya como un derecho universal sino como un valor de mercado. Y no lo digo yo, lo dijo en 2013 quien fue entonces director ejecutivo del grupo Nestlé, Brabeck-Letmathe: El agua es un producto comestible como cualquier otro, debe tener valor de mercado. Y también argumentó que se debería privatizar el suministro de agua para que, como sociedad, tomáramos conciencia y acabásemos con el abaratamiento que se produce actualmente.

Fíjense, unas declaraciones lamentables, desafortunadas, hechas desde la doble moral y la hipocresía del máximo representante de una corporación precisamente líder del agua embotellada. Lo más grave es que no es una opinión aislada sino que, como ya nos ha indicado el diputado Pedro Arrojo, responde a una estrategia que pretende arrebatar un derecho universal a través de la privatización de su gestión. Que es un derecho universal reconocido es indiscutible. En noviembre de 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó la observación general número 15, sobre el derecho al agua, estableciendo que el derecho humano al agua es indispensable para una vida humana digna. También define el derecho al agua como el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico. Nada de restricciones.

Efectivamente, mientras la legislación internacional sigue desarrollando el principio de derecho universal, los intereses de las grandes corporaciones pretenden sustraer ese principio universal y equiparar el agua a un simple bien de consumo ordinario. Un planteamiento que además choca frontalmente con otras propuestas que provienen de la nueva cultura del agua. La Directiva-marco del Agua de la Unión Europea supone un esfuerzo supremo en la introducción de un enfoque integral a la gestión de aguas que puede conducir a la recuperación de los ecosistemas acuáticos y proporcionar los instrumentos adecuados para una gestión racional del agua. Este sería realmente el gran elemento de trabajo. Lejos, muy lejos están, por tanto, los planteamientos neoliberales de reconocimiento del agua como un derecho universal y como un valor ambiental.


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En ningún caso estamos en contra de la lógica del mercado, pero sí estamos en contra de la mercantilización de derechos como el agua. Daremos nuestro apoyo a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre privatización y corrupción en materia de aguas. Entendemos que son propuestas que no solo permiten mantener vivo el debate sobre la privatización del agua, sino que sobre todo inciden en aspectos como la transparencia y la regulación mediante ley de la figura del canon concesional, un canon que ha acabado siempre siendo una puerta abierta a la privatización y muchas veces a la misma corrupción.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García Egea.

El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes.

Señorías, la semana pasada vinieron ustedes con unas camisetas que me parecieron simpáticas; aun fuera de lugar, me parecieron simpáticas, al igual que a mi compañero Garaulet, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Qué mejor que un botijo dibujado sobre fondo azul para celebrar el Día del Agua. Sin embargo, cuando comprendí las verdaderas razones por las que ustedes vinieron con esas camisetas, me percaté de lo que ustedes pretendían, que era volver a la España del botijo y acabar con todas las infraestructuras hídricas que hemos construido a lo largo de los años. (Aplausos). Eso es que ustedes pretenden, volver a la España del botijo. Pero además esta camiseta tenía un doble sentido que comprendo todavía más leyendo esta moción, y es que sus políticas, sus mociones y su trabajo en esta Cámara son tan superficiales y tan simples como el mecanismo de un botijo, y esa es una gran verdad que hemos aprendido leyendo y viendo el trabajo que ustedes desarrollan.

Señorías, esto es indignante. Es indignante porque, ¿ustedes creen que pueden sembrar la sospecha sobre las obras hidráulicas que tanta riqueza han generado en nuestro país? ¿Ustedes creen que sembrar la sospecha es hacer política? (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor GARCÍA EGEA: ¿Ustedes creen que poner en duda el buen hacer de los funcionarios y trabajadores públicos es tarea de los diputados de esta Cámara? ¿Ustedes creen que los ciudadanos les pagan el sueldo para eso? Creemos que hay que centrarse en lo importante y pensar por qué se crearon en su momento las sociedades estatales de agua, porque se justificó su creación -y cito textualmente- para poner al servicio de la sociedad los recursos de los que la sociedad dispone. Señorías, España es un referente mundial en gestión de agua, es un referente en política hidráulica y esto es gracias al trabajo conjunto entre usuarios y Gobierno de España, que hay que reconocer, para alcanzar las inversiones necesarias.

Tengo que confesarles que el pasado miércoles sufrí una profunda decepción al escuchar al representante de Unidos Podemos. Nunca pensé que una persona de la talla intelectual que se le supone al señor Arrojo podría tener una intervención de tan bajo nivel como la que tuvo en su segunda intervención con la señora ministra. En el Levante nos acordamos mucho de usted, sobre todo en lo que tuvo que ver con el trabajo junto a la ministra Narbona, y sobre todo se acuerdan de usted todos los regantes que tienen que echar mano del agua cada vez que tienen que regar. Le recuerdo además que, con respecto a la gestión o titularidad del agua, que es algo que se suele confundir, ustedes generan dudas sobre el modelo e intentan confundir a la sociedad mezclando ambos conceptos a base de eslóganes. Le voy a dar dos datos. Uno, usted ha hablado del modelo francés y yo le digo que en París la parte remunicipalizada de la gestión del agua hoy está siendo subcontratada a otras empresas porque es imposible que con ese modelo se desarrolle adecuadamente el servicio. Dos, ustedes gobiernan, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Totana, en mi región, en Murcia, y la red, con una gestión pública de su color, Izquierda Unida, tiene unas pérdidas del 50 %. ¿Ustedes quieren que en la red de abastecimiento de España se generen unas pérdidas de 50 %? Creo que no, los usuarios no quieren eso, pero eso depende de las prioridades que cada uno tenga.

En cuanto a la gestión, según los datos, el 36 % del sector es abastecido en régimen privado, el 39 % en régimen público y en el 8 % se realiza una gestión directamente por las corporaciones locales. Existe diversificación en los modelos de gestión; le pueden gustar unos más que otros, pero en esto, como en otros temas, debe ser el municipio el que lo decida. Esto debe ser voluntario y no obligatorio, como


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ustedes pretenden que sea todo lo que ustedes creen: que sea obligatorio levantar el puño, que sea obligatorio retirar ese delito por enaltecimiento del terrorismo, que es vergonzoso, y que sean obligatorias otras muchas cosas que, afortunadamente, la Cámara no está aceptando.

Señorías, el agua ni se privatiza ni se remunicipaliza porque es un bien público; es absurdo lo que ustedes traen hoy aquí. La gestión sí es privada, pero es que detrás de cada empresa, detrás de cada pyme y detrás de cada autónomo hay personas que trabajan por el futuro de España. Parece que cuando ustedes no están detrás de determinadas empresas hay que abominar a esas empresas y cuando ustedes están detrás es genial, todo va bien. Creo que hay que ser un poco más serios y hay que estar con la realidad de los tiempos y del día a día de nuestro país.

Ustedes además tienen un problema grave. ¿Por qué? Porque quieren mezclar el agua con la corrupción y se equivocan de sitio. Se lo digo porque quince de los diecisiete proyectos investigados hasta la fecha son de época del Gobierno socialista, con lo cual creo que deberían mirar, aunque solo sea por el porcentaje, hacia otro lado. Por cierto, y voy terminando, al señor representante del Grupo Socialista, que creo que es de Huelva, se le ha olvidado hablar de un pueblo que ha sido famoso, que es Aljaraque, donde, según ha saltado a los medios, ha habido un caso en el que para evitar una moción de censura se ha colocado a una señora concejala de Podemos. Se le ha olvidado hablar de Aljaraque siendo usted de Huelva. Me lo acaban de comentar y yo he querido refrescarle un poco la memoria sobre esa cuestión que ha olvidado, como también se ha olvidado de recordar que Federico Ramos, secretario de Estado de este Gobierno, fue declarado inocente y ninguno de ustedes le ha pedido perdón por todas las barbaridades que han dicho de él a lo largo de este tiempo. Eso dice mucho de la talla humana de las personas que ocupan esos escaños.

Voy terminando. Esta iniciativa viene a plantear de nuevo de una manera superficial posibles soluciones a problemas que ustedes ni conocen ni quieren conocer. Tal vez deberían copiar y pegar menos de Google -hoy ha salido una noticia que dice que ustedes habían copiado textualmente una iniciativa sobre la libertad de expresión y la habían registrado en la Cámara- y dedicarse más a estudiar e investigar seriamente y con profundidad los problemas que afectan a nuestros ciudadanos. Solo me queda añadir que vamos a trabajar por una gestión del agua transparente, que ha llegado la hora de que sus señorías rompan el botijo y entren en el siglo XXI.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Pregunto al señor Arrojo Agudo si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas. (Rumores).

Silencio.

El señor ARROJO AGUDO: Señora presidenta, hemos llevado ya a la Mesa una transacción que incluye a varios grupos de la Cámara.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En tres minutos comenzará la votación. (Pausa).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA LEY 17/2006, DE 5 DE JUNIO, DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN DE TITULARIDAD ESTATAL, PARA RECUPERAR LA INDEPENDENCIA DE LA CORPORACIÓN RTVE Y EL PLURALISMO EN LA ELECCIÓN PARLAMENTARIA DE SUS ÓRGANOS. (Número de expediente 122/000004).

La señora PRESIDENTA: Señorías, van a comenzar las votaciones; ocupen sus asientos.

Señorías, votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la modificación de la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, para recuperar la independencia de la Corporación Radiotelevisión Española y el pluralismo en la elección parlamentaria de sus órganos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336 más 1 voto telemático, 337; a favor, 333 más 1 voto telemático, 334; abstenciones, 3.


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La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie, dirigiéndose a la tribuna pública.-Aplausos de los invitados en la tribuna pública).

Señorías, ruego a los servicio de la Cámara que recuerden a las personas que ocupan las tribunas su obligación de no hacer ningún tipo de manifestación. Muchísimas gracias. (Rumores).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA DIGNIDAD DE LA PERSONA ANTE EL PROCESO FINAL DE SU VIDA. (Número de expediente 122/000051).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, a votar la toma en consideración... (Rumores). ¡Señorías! ¡Un poco de respeto!

Pasamos a la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336 más 1 voto telemático, 337; a favor, 314 más 1 voto telemático, 315; en contra, 5; abstenciones, 17.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA REPOSICIÓN DEL DERECHO A LAS PERSONAS CUIDADORAS NO PROFESIONALES DEL SISTEMA DE DEPENDENCIA A LAS COTIZACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 162/000354).

La señora PRESIDENTA: Procedemos a continuación a votar el texto de las proposiciones no de ley, según lo acordado en el curso del debate. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la reposición del derecho a las personas cuidadoras no profesionales del sistema de dependencia a las cotizaciones a la Seguridad Social y la vamos a votar en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 116; en contra, 127; abstenciones, 93.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS RELATIVA AL A REFORMA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. (Número de expediente 162/000365).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la reforma del Tribunal Constitucional. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista y Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 242; en contra, 89; abstenciones, 5.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LAS REFORMAS Y MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO PROMOVER EL GOBIERNO PARA COMBATIR Y ACABAR CON LA CRECIENTE CORRUPCIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DE AGUAS, EN MUCHOS CASOS VINCULADA A LA PRIVATIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO. (Número de expediente 173/000022).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con las votaciones correspondientes a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario


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Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las reformas y medidas que tiene previsto promover el Gobierno para combatir y acabar con la creciente corrupción en materia de gestión de aguas, en muchos casos vinculada a la privatización de los servicios de agua y saneamiento. Se va a votar en los términos de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de Esquerra Republicana y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 178; en contra, 125; abstenciones, 32.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).

Se suspende la sesión hasta mañana.

Eran las siete y treinta minutos de la tarde.

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