DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 40, de 21/03/2017
cve:
DSCD-12-PL-40
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 40
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 38
celebrada el martes,
21 de marzo de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión del orden del día:
- Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno para
la revisión del modelo energético y la adopción de medidas para la
reducción inmediata de la contaminación atmosférica. (Número de
expediente 172/000033) ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de
marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. "BOCG. Congreso de los
Diputados", serie B, número 65-1, de 16 de diciembre de 2016. (Número de
expediente 122/000050) ... (Página4)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley Orgánica
4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana
(Orgánica) "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 79-1, de 30
de enero de 2017. (Número de expediente 122/000062) ... (Página4)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, Orgánica sobre la eutanasia. "BOCG. Congreso de los Diputados",
serie B, número 77-1, de 30 de enero de 2017. (Número de expediente
122/000060) ... (Página19)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, relativa a la elaboración de un plan industrial para Navantia,
S.A. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 58, de 25 de
noviembre de 2016. (Número de expediente 162/000238) ... (Página32)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a potenciar la
contratación indefinida. BOCG. Congreso de los Diputados", serie D,
número 36, de 21 de octubre de 2016. (Número de expediente 162/000208)
... (Página41)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página49)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página50)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento, a
solicitud del Gobierno y con el parecer favorable unánime de la Junta de
Portavoces, la Presidencia somete a la Cámara la exclusión del orden del
día del punto correspondiente a la interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Socialista sobre la política del Gobierno respecto de la
adopción de medidas para la reducción inmediata de la contaminación
atmosférica y la revisión del modelo energético, lo que se aprueba por
asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página4)
Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica sobre Protección de la
Seguridad Ciudadana y derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de
marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana ... (Página4)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley Orgánica
4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana
(Orgánica) ... (Página4)
Defienden la toma en consideración de las iniciativas los señores Trevín
Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Legarda Uriarte, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez
Oblanca, Salvador Armendáriz, Matute García de Jalón, Baldoví Roda y
Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; Rufián Romero, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana; Gutiérrez Vivas, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos; Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Martín-Toledano
Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, Orgánica sobre la eutanasia ... (Página19)
Defienden la toma en consideración de la proposición de ley la señora
Sibina Camps y los señores Garzón Espinosa e Iglesias Turrión, del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez
Oblanca y Baldoví Roda, y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo
Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana; los señores Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, y Cámara Villar, del Grupo Parlamentario Socialista, y la
señora Cortés Bureta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, relativa a la elaboración de un plan industrial para Navantia,
S.A. ... (Página32)
Defiende la proposición no de ley y la enmienda presentada por su grupo la
señora Díaz Péréz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez
Oblanca y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; Capdevila i
Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Cano Leal, del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, y García Mira, del Grupo Parlamentario
Socialista, así como la señora Moraleja Gómez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Sagastizabal
Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas,
vuelve a hacer uso de la palabra la señora Díaz Pérez.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a potenciar la
contratación indefinida ... (Página41)
Defiende la proposición no de ley el señor Echániz Salgado, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Campuzano i
Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto, así como el señor Candela Serna,
del mismo grupo; el señor Del Campo Estaún, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos, y la señora Franco Carmona, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran
Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Salvador i Duch, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y la señora González Bayo,
del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas,
vuelve a hacer uso de la palabra el señor Echániz Salgado.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página49)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica sobre Protección de la Seguridad
Ciudadana y derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana, se aprueba por 177 votos a favor,
130 en contra más 1 voto telemático, 131, y 33 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley Orgánica
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la Seguridad Ciudadana
(Orgánica), se aprueba por 211 votos a favor y 129 en contra más 1 voto
telemático, 130.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
Orgánica sobre la eutanasia, se rechaza por 86 votos a favor, 131 en
contra más 1 voto telemático, 132, y 122 abstenciones.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página50)
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista,
el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Mixto y
el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, relativa a la elaboración de un plan industrial para Navantia,
S.A., se aprueba por 334 votos a favor y 6 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, relativa a potenciar la contratación indefinida,
se rechaza por 131 votos a favor, 171 en contra y 37 abstenciones.
Se suspende la sesión a las siete y treinta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA SOBRE LA POLÍTICA DEL GOBIERNO
RESPECTO DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN INMEDIATA DE LA
CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y LA REVISIÓN DEL MODELO ENERGÉTICO. (Número de
expediente 172/000033).
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento,
habiendo sido solicitado por el Gobierno su aplazamiento y expresado el
parecer favorable unánime de la Junta de Portavoces en su reunión del día
de hoy, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del
orden del día de la presente sesión del punto 24, correspondiente a la
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre la
política del Gobierno respecto de la adopción de medidas para la
reducción inmediata de la contaminación atmosférica y la revisión del
modelo energético. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). Acordado.
En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto de referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA SOBRE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEROGACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Número de expediente
122/000050).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
(ORGÁNICA). (Número de expediente 122/000062).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora, señorías, con la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica sobre protección de la
seguridad ciudadana y derogación de la Ley orgánica 4/2015, de 30 de
marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que se debatirá
acumuladamente
con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Vasco, de reforma de la
Ley orgánica, de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana. Para
la presentación de sus respectivas iniciativas, tiene la palabra en
primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Trevín
Lombán.
El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el 11 de diciembre del año 2014 en este mismo hemiciclo se
debatía el dictamen de Comisión relativo al proyecto de ley orgánica de
protección de la seguridad ciudadana. En dicho debate ya pedí al Gobierno
que retirara dicha ley fundamentalmente por cercenar derechos como los de
reunión, manifestación, huelga e información. Por si esto fuera poco,
esta ley nefasta atenta también contra el derecho de los españoles a la
intimidad y a la tutela judicial efectiva. Ya entonces advertí que si esa
ley no se retiraba la combatiríamos hasta el final. Aseguré que
trataríamos de frenarla durante su tramitación y si, pese a todo ello,
salía adelante, buscaríamos en la próxima legislatura un amplio acuerdo
para derogarla, todo ello sin renunciar al correspondiente recurso de
inconstitucionalidad. Lo hice, señorías, porque una sociedad segura no es
necesariamente una sociedad silenciosa, y esto era precisamente lo que el
Ejecutivo pretendía: amordazarnos con esta ley.
En sus tres primeros años el Gobierno Popular de Rajoy consiguió
empobrecer a la clase media y trabajadora, desató una desigualdad social
escandalosa y una tormenta de recortes de derechos laborales, sanitarios,
educativos, a la dependencia y al acceso gratuito a la justicia. La
excusa de la crisis servía para ir arrasando con todo, así que también se
atrevieron a resucitar aquel Ministerio del Interior que proclamaba que
la calle era suya y solo suya. Demostraron que no querían ciudadanos
críticos protestando contra este pandemónium de ajustes que el PP estaba
echando sobre nosotros. Querían una ley que convirtiera automáticamente
al ciudadano activo en reo sancionable a fin de pacificarnos a todos a
las bravas.
Debemos recordar también que dicha ley se presentó y tramitó coincidiendo
con la reforma del Código Penal y que por la relación entre ambas se
acordó que entrarían en vigor al mismo tiempo. La coordinación entre las
dos leyes no se agotó con ello. De una parte, empezó a perseguirse con el
Código Penal a los sindicalistas mediante la aplicación de sanciones
penales basadas en un elemento que el Tribunal Constitucional había
proscrito y que es la configuración de la huelga como un factor que
incrementa la penalidad, incluyendo en los atestados la existencia de
concertación previa para que con ello la fiscalía pudiera acusar por el
315.3 del Código Penal. Prácticamente nunca en democracia se había hecho
antes. Es nuestro deseo que no se haga nunca más.
Por otra parte, se exacerbaban las sanciones por manifestaciones, en
cualquier modalidad que se llevaran a cabo, incluso de manera pacífica, y
se incluyeron en las leyes nuevas conductas sancionables. Esto es una
forma de actuar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos definió como
provocar el efecto desaliento en el ejercicio de derechos fundamentales.
Nunca antes en la democracia española se aplicó con mano tan dura la
legislación al discrepante, especialmente si además era sindicalista.
Doscientos sesenta representantes sindicales afrontaron o afrontan en
estos últimos años sanciones administrativas graves o sentencias con
importantes penas de prisión. La Organización Internacional del Trabajo
no da crédito a lo que está pasando en España. Nada de ello hizo mella en
las decisiones del Gobierno. Convirtió dicha leyes en correas con las que
pretendía atar más en corto a toda la ciudadanía. Ya sabrán ustedes que
las correas son muy del gusto de este Gobierno y sus aledaños.
Completó las tramitaciones y la Ley de Seguridad Ciudadana entró en vigor
gracias a la mayoría absoluta que en aquel momento ostentaba el Partido
Popular. Era una mayoría parlamentaria, pero no social, ya que esta lLy
mordaza contaba con un 82 % de rechazo entre la población, el mismo
porcentaje que se había opuesto a la intervención de España en la guerra
de Irak. Con ella el Gobierno de Rajoy jibarizó sin piedad nuestras
libertades y derechos, convirtió la libertad de expresión en un bien de
lujo por culpa de las multas desorbitadas que preveía, quiso arrancar de
cuajo la libertad de reunión y manifestación sancionando a quienes
participasen en estas actividades sin comunicación previa o extendiendo
la responsabilidad a los simples participantes, y por si fuera poco
también cargó contra la libertad de información, secuestrando imágenes a
periodistas gráficos. Aquella ley los excitaba políticamente pero, antes
incluso de su aprobación, ustedes, señores del Partido Popular,
demostraron que les iba la marcha. La delegada del Gobierno en Madrid, la
señora Cifuentes, ya antes de su aprobación multiplicó por nueve las
multas en materia de reunión y manifestación entre 2011 y 2012. El resto
de los delegados del Gobierno designados por el Partido Popular, menos
apremiados por hacer campañas de promoción personal, solo las
multiplicaron por cinco. Estaban encantados con aquella barra libre de
palo y tentetieso que abría la nueva regulación.
Aprobaron la ley y el Grupo Socialista cumplió con lo anunciado. El 21 de
mayo de 2015, conjuntamente con los de La Izquierda Plural, UPyD y el
Mixto, registrábamos un recurso de inconstitucionalidad contra los
artículos 19.2, 20.2, 36.2, 36.23 y 37.1, en relación con el 30.3, 37.3 y
37.7 y la disposición final primera de dicha ley. El recurso fue
admitido. El 29 de noviembre del pasado año volví a defender en este
mismo Pleno una moción por la que el Grupo Socialista instaba al Gobierno
a derogar esta Ley mordaza y promover una nueva norma, más respetuosa con
los derechos y libertades fundamentales de los españoles. Tendría que
asegurar asimismo garantías y proporcionalidad en las sanciones que
efectivamente lesionen o atenten contra la seguridad ciudadana. Se
trataba simplemente de volver a los más evidentes principios
democráticos. Fue aprobada por una amplia mayoría.
Entiendo que perder la mayoría absoluta les haya molestado. También
entiendo que tarden en adaptarse. Todo eso es comprensible. Pero cuanto
antes acepten, señores del Partido Popular, que están obligados a un
diálogo continuo, mejor para todos. No opten por asumir los mandatos
parlamentarios como último remedio. No se sitúen en una rebeldía
preventiva frente a las decisiones mayoritarias de las Cortes Generales,
porque solo conseguirán hacer más evidente su minoría y su escasa
capacidad para el diálogo. Insisto, sé que la mayoría absoluta era más
confortable, pero adáptense cuanto antes, no tomen como provocaciones lo
que son consecuencias de una situación parlamentaria que les cuesta
asimilar.
Con esta iniciativa de hoy queremos derogar tanto la Ley Orgánica 4/2015,
de 30 de marzo, llamada de manera contradictoria de protección de
seguridad ciudadana, como las modificaciones que la misma incluyó en la
Ley de Extranjería para permitir las devoluciones en caliente de
inmigrantes en Ceuta y Melilla. La aprobación de esta proposición
supondrá la necesaria abolición de la posibilidad de sancionar a los
participantes pacíficos en manifestaciones, la sanción por manifestarse
ante las Cámaras parlamentarias aunque no estén reunidas, las sanciones
por utilizar imágenes de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado y la posibilidad de incautarse de estas imágenes,
la consideración de infracción de la ocupación temporal de la vía
pública, los registros personales en lugares públicos, tal y como son
concebidos por la nueva ley, y otras infracciones por la falta de respeto
o consideración a miembros de las fuerzas de seguridad o las que les
atribuyen facultades excesivas de intervención desplazando las garantías
judiciales. Como es conocido, esta derogación no puede provocar un vacío
legal en la protección de la seguridad ciudadana por lo que, al mismo
tiempo, se recupera la legislación vigente en este aspecto hasta 2015. La
norma, cuya existencia es necesaria en opinión de mi grupo, viene a
regular y completar las facultades o potestades de las autoridades con la
finalidad de proteger la seguridad ciudadana en materias como la
fabricación, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos;
concentraciones públicas; documentación personal de nacionales y
extranjeros en España, así como a regular ciertas actividades de especial
interés y responsabilidad para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado.
Queremos, señorías, corregir los errores que la actual ley introdujo en
los principios de actuación policial; no son los de oportunidad, eficacia
y eficiente los que deben regirla sino los de legalidad, idoneidad e
intervención mínima ya que la ponderación entre la necesidad de una
posible actuación y el ejercicio de derechos y libertades así lo exige.
Es necesario acabar con la confusión introducida por la Ley mordaza entre
el concepto de seguridad ciudadana y un bien constitucional como la
seguridad pública, porque esa confusión -intencionada- faculta al
Ministerio del Interior para utilizar a los cuerpos de Policía y de la
Guardia Civil en el control de la población en lugar de destinarlos,
fundamentalmente, a asegurar la libertad y seguridad públicas. La propia
defensora del Pueblo advirtió, en uno de sus últimos informes al respecto
de los afectados por la actual Ley de Seguridad Ciudadana, que el
ejercicio de un derecho constitucional no puede ser nunca objeto de
sanción. Ponía ejemplos de multas sin sentido por ejercer el derecho de
reunión o manifestación o de sanciones que contravienen la libertad de
información. Algo falla, señorías, cuando unos policías denuncian a una
mujer que pasaba frente al estadio Vicente Calderón por llevar un bolso
con las letras ACAB que los grupos ultras utilizan como acrónimo de las
palabras en inglés Todos los policías son unos bastardos. Sin embargo, en
el bolso podía leerse que este acrónimo correspondía, en este caso, a
Todos los gatos son bonitos. Esta multa retrata a la perfección la manía
persecutoria que el PP tiene hacia cualquier ciudadano que, en su
terrible obsesión, considera discrepante. Esta ley es pura paranoia
autoritaria; por eso hay que derogarla ya. (Aplausos).
No podemos seguir castigando a nuestros guardias civiles y policías con la
ingrata obligación de ser la mordaza que nos quiere colocar este
Gobierno. Tenemos que rescatarlos de la vuelta a un pasado que habían
superado con brillantez. Y no piensen que exagero. Un medio de
comunicación tan prestigioso
como el New York Times publicó: La nueva Ley mordaza española es un
retroceso preocupante a los oscuros días del régimen franquista. Para el
diario neoyorquino, el objetivo de dicha ley era ayudar al partido
gobernante a mantener el poder desalentando las protestas antiautoridad.
Nuestra intención, señorías, como se afirma en la propia exposición de
motivos, es que la proposición de ley que hoy presenta el Grupo
Socialista sirva de base para que esta Cámara, mediante las enmiendas que
formulen los diferentes grupos parlamentarios, elabore una nueva ley que
deberá ser respetuosa con los derechos y libertades fundamentales
previstos en la Constitución. Además, deseamos que surja de un amplio
acuerdo entre los grupos parlamentarios que apoyaron la derogación de la
Ley mordaza, de los que se abstuvieron y del que apoya al Gobierno,
aunque haya votado en contra. A ese grupo, al Popular, quiero dirigirme
especialmente. Olviden la Ley mordaza, es pasado; siempre lo fue, porque
desde el principio esa ley desprendió un sospechoso hedor rancio, pero
olvidémoslo. La Ley mordaza, insisto, es pasado; suelten esa amarra;
nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para acordar esta
proposición de ley. Súmense también ustedes a los esfuerzos por la
búsqueda del consenso.
Aspiramos a una nueva Ley de Seguridad Ciudadana respetuosa con los
derechos y libertades fundamentales previstos en la Constitución y en ese
objetivo estoy seguro que pueden participar todos los grupos
parlamentarios. No tiene, por tanto, la proposición que hoy defiendo
vocación de texto final sino de punto de partida para la elaboración de
una nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Es consciente el Grupo Socialista
de que será enmendada y de que deberán contemplarse, necesariamente, en
su tramitación aspectos como el tratamiento de las faltas que fueron
excluidas del Código Penal, desjudicializando su sanción. No obstante, la
propuesta introduce ya algunas actualizaciones necesarias, como las
previsiones en materia del DNI electrónico; la inclusión de nuevas
conductas infractoras; proyección de haces de luz sobre pilotos o
conductores que puede deslumbrarles y provocar accidentes; intrusión en
infraestructuras o instalaciones de servicios básicos cuando produzcan
interferencias graves; mayores garantías en relación con las diligencias
de identificación de personas; tiempo máximo de las mismas; entrega de
justificantes; reducción de la multa en un 50 % en el caso de que no se
presenten alegaciones a la propuesta de sanción; referencias a leyes que
han venido a derogar a otras recogidas en la ley original, como la Ley de
régimen jurídico del sector público o la Ley contra la violencia, el
racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte; las
actualizaciones de las denominaciones de las autoridades competentes y la
inclusión de las correspondientes a las comunidades autónomas con
competencias en materia de seguridad.
Señorías, respecto a la propuesta presentada por el PNV, aunque su alcance
es de menor entidad que la de mi grupo ya que solo propone una reforma de
la ley en vigor y no su derogación como la que les estoy presentando,
debo destacar su exposición de motivos por ser un ejercicio impecable de
cómo una norma jurídica que regula límites a los derechos fundamentales
debe aproximarse a la materia y los principios que establecen los límites
que caben desde la perspectiva constitucional a los derechos
fundamentales, así como la tipificación de infracciones y las
correspondientes sanciones. No siempre cuando los mismos se explicitan en
proyectos concretos se acomodan a los principios enunciados.
La tramitación parlamentaria permitirá concretar las coincidencias que hay
entre ambas, sobre todo lo relativo a la eliminación como infracción de
algunas conductas de la ley actual. Será necesario tratar de alcanzar
puntos de acuerdo en las modificaciones que no compartimos plenamente,
como las referidas a la regulación y modificaciones al derecho de
reunión. Independientemente de todo ello, les adelanto el voto favorable
de mi grupo a la toma en consideración de la proposición del Grupo Vasco,
PNV, y, a la vez, pido a la Cámara el mismo sentido de voto para nuestra
proposición. Es hora de desprendernos de esta mordaza que avergüenza
nuestra democracia. Si la Cámara vota a favor de nuestra propuesta,
señorías, mayoritariamente estará dando el primer paso para devolver a
los españoles las libertades que el Gobierno popular les hurtó con su Ley
sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor
Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Escuchaba decir hace unos días a un psicólogo que buena parte de nuestra
existencia se resumía en si habíamos tenido confianza o no en la vida, en
el futuro o en las personas. Hoy tenemos una oportunidad para hacer un
ejercicio de confianza hacia el futuro, referido a la Ley de Seguridad
Ciudadana y su modificación.
Señorías, como ustedes conocen, la actual Ley de Seguridad Ciudadana, que
sustituyó a la Ley Orgánica 1/1992 y coetánea con una de las reformas del
Código Penal, se situó en lo que se ha venido a llamar el derecho penal
de la peligrosidad, o de la desconfianza como yo lo llamaría. Desde los
axiomas de este derecho la seguridad se convierte en una categoría
prioritaria en la política criminal, como un bien que el Estado y los
poderes públicos han de defender con todos los medios e instrumentos a su
alcance. Como consecuencia de ello se intensifica, por un lado, la acción
preventiva no solo del delito, sino también de las infracciones
administrativas y, por otro, se incrementan notablemente las infracciones
contra la seguridad ciudadana. Respecto al delito, vean lo que decía la
memoria de la fiscalía en el año 2015 sobre las reformas penales del año
anterior: Es probable que la política antiterrorista, cimentada en una
respuesta preventiva, exija algunos sacrificios añadidos pero el sistema
judicial deberá extremar las cautelas a la hora de aplicar unos tipos
penales que han sido objeto de severas críticas como parte de una
estrategia excesivamente criminalizadora y lesiva para los derechos y
libertades de los ciudadanos. Todo ello sin restar eficacia a la acción
punitiva del Estado. Fin de la cita.
Más en concreto y en cuanto a la seguridad ciudadana, es en el Estado
donde los ciudadanos gozan de una situación de tranquilidad y estabilidad
que les permite ejercer de forma libre y responsable los derechos y
libertades reconocidos constitucionalmente. La seguridad ciudadana es un
componente de la seguridad pública, aunque no la agota ya que esta
engloba la genérica protección de las personas y bienes, junto con el
mantenimiento también de la seguridad ciudadana. Y es también un
requisito para el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales.
Por ello libertad y seguridad constituyen un binomio necesario para el
buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada. De esta forma,
la seguridad es un instrumento al servicio de la garantía de los derechos
y libertades y no un fin en sí mismo; la seguridad ciudadana es una
condición y no un condicionante para el ejercicio de los derechos y
libertades ya que su misión es facilitarlos. Por este motivo el Tribunal
Constitucional consagra la primacía de la libertad sobre la eficacia
policial cuando dice: El deber estatal de perseguir eficazmente el
delito, cuya legitimidad es incuestionable, no puede imponerse, sin
embargo, a costa de los derechos y libertades fundamentales. Por eso el
Consejo General del Poder Judicial dice: La acción de los poderes
públicos en materia de seguridad ciudadana se orienta a remover los
obstáculos que impidan el libre ejercicio y disfrute de los derechos y
libertades y la tranquilidad para el disfrute cuando vienen acompañados
-los obstáculos, dice- de un determinado grado de violencia, sin que el
mero incumplimiento de una norma o el atentado no violento puedan
justificar una actividad de intervención afectando a los derechos
ciudadanos. De este modo, el principio de proporcionalidad y el de
legalidad son las dos guías o cánones para enjuiciar la bondad de
cualquier incidencia o limitación en el ejercicio de las libertades
ciudadanas por razones de seguridad.
Es este principio de proporcionalidad la manifestación jurídica más
relevante de la idea entre el equilibrio justo entre libertad y
seguridad, debiendo primar la primera frente a la segunda -a la eficacia
policial- a través del principio de interpretación favorable al ejercicio
de los derechos y deberes fundamentales. Este requisito y este
reequilibrio entre libertad y seguridad ha sido una de las guías que ha
inspirado la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Vasco
y tiene manifestación, entre otros, en una redefinición de la actividad
de intervención, en los derechos de los trasladados a dependencias
policiales para su identificación, en los controles en la vía pública, en
los registros corporales en la vía pública, en la supresión de la sanción
encubierta a expresiones del derecho de huelga como lo son las
manifestaciones y reuniones en situaciones de conflicto colectivo en las
instalaciones en las que se prestan servicios básicos.
El derecho a la libertad de expresión e información es también tenido en
cuenta por nuestra proposición de ley con la supresión de una limitación
que afecta de manera especial a los medios de comunicación en su labor de
captación de imágenes conectada a la libertad de información. Esta
limitación, a la que se añade la potestad de los agentes de la autoridad,
de la policía, de la aprehensión preventiva de las cámaras fotográficas y
otros instrumentos de grabación de imágenes supone, a nuestro juicio, una
prohibición general y preventiva a la libertad activa y pasiva de
información con reserva de autorización, no respetando con ello los
principios de proporcionalidad y ponderación que ha venido exigiendo el
Tribunal Constitucional para limitar el derecho a la información; derecho
a la información veraz que tiene carácter institucional en cuanto
facilitador y posibilitador del mismo Estado democrático y cuya
limitación tiene que, con las limitaciones señaladas, venir a proteger,
en su caso, otros derechos fundamentales tales como el derecho al honor,
la propia imagen, la intimidad y la protección de datos personales, entre
otros.
Los derechos de manifestación y reunión son también objeto de la
proposición de ley que presentamos al entender que son incididos
negativamente por la Ley de Seguridad Ciudadana. Por un lado, se propone
que la autoría de las infracciones cometidas contra el buen orden en las
reuniones y manifestaciones en lugares de tránsito público, comunicadas o
no, recaiga en sus organizadores o promotores, pero solo cuando durante
el desarrollo de las mismas y con los medios a su alcance hayan
incumplido la obligación de prevenir y en su caso evitar la alteración de
la seguridad ciudadana. Solo se ha de ser responsable por conductas
propias en atención al principio de culpabilidad y personalidad de la
infracción. No cabe que por razones de facilidad de la prueba o
dificultad de la declaración de la autoría se impute una responsabilidad
conjunta o ajena pues esto iría en contra del principio de taxatividad y
culpabilidad.
También se modifica la definición de reunión para englobar no solo la
concurrencia concertada de personas sino también la de vehículos a fin de
que tengan los mismos derechos y obligaciones que las personas pues
existía un vacío legal que las perjudicaba. Y se tienen también en
consideración aquellas reuniones y manifestaciones espontáneas y
pacíficas con ocasión de hechos o situaciones cuya respuesta por la
opinión pública no admita demoras, a costa de quedar obsoleta, siempre
que no perturben la seguridad ciudadana o lo hagan de manera leve y para
las cuales no se requerirá comunicación previa. Piénsese, por ejemplo, en
una reunión pacífica y espontánea ocupando un lugar de tránsito público
después de un atentado terrorista frente a una legación diplomática del
país que la ha sufrido. Se responde así a una amplia demanda social para
que estas conductas no tengan reproche sancionador y a la propia
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por último, y
también en respuesta a los derechos de manifestación y reunión, la
perturbación de la seguridad ciudadana frente a las Cámaras legislativas
tiene respuesta penal específica y suficiente cuando están reunidas; y,
cuando no es así, esa perturbación queda subsumida en el tipo penal
general de los desórdenes públicos.
Por otra parte, los derechos reconocidos internacionalmente y ratificados
por el Estado español de las personas en busca de refugio y asilo son
también objeto de nuestra atención en la iniciativa que presentamos. Por
ello proponemos que en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor
de la presente ley el Gobierno habrá de dictar las disposiciones
necesarias para que el rechazo en fronteras se realice con respeto a la
normativa internacional de derechos humanos y protección internacional. Y
si transcurre dicho plazo de tres meses sin que el Gobierno haya dictado
esa normativa y hasta que se apruebe, no podrán realizarse más acciones
de rechazo en frontera, tal y como se habilita en el apartado primero de
la disposición adicional décima de la Ley Orgánica de Extranjería. La
propuesta que realizamos da así cumplimiento también a demandas
continuadas de organizaciones internacionales protectoras de los derechos
humanos.
Respecto al régimen sancionador hay que destacar y recordar lo que ya
decíamos respecto al derecho penal de la peligrosidad; y también recordar
la mutación operada en el año 2014 con la modificación del Código Penal y
simultánea aprobación de esta Ley de Seguridad Ciudadana, que supuso que
lo que antes eran faltas penales se convirtieran en infracciones
administrativas, lo que ha conllevado importantes consecuencias para los
ciudadanos que conviene recordar. La sanción ya no se impone por un
órgano judicial, sino por la Administración, a la que corresponderá la
valoración del comportamiento sin perjuicio de la posibilidad de revisión
ante órganos jurisdiccionales. Para la revisión judicial de la sanción
administrativa, hasta hace meses era necesario el pago de tasas
judiciales que no existían en el proceso penal. En el procedimiento
sancionatorio administrativo, las declaraciones de los agentes que
formulen denuncias gozan de valor probatorio de los hechos denunciados
mientras que en el procedimiento penal tienen un valor de simples
declaraciones testificales. La multa penal se impone teniendo en cuenta
la capacidad económica del denunciado mientras que para la determinación
de la multa administrativa se toma esta de la manera menos beneficiosa al
principio de proporcionalidad en relación con el de igualdad. La sanción
firme administrativa será inscrita en un registro mientras que la condena
penal por falta no era susceptible de inscripción en registro alguno. Y
el pago de las multas administrativas ha de realizarse con carácter
general cuando se imponen por la Administración, sin esperar a la
resolución judicial caso de ser recurridas, a diferencia de las multas
penales, que solo son efectivas cuando se ha dictado sentencia penal
firme.
Otras consecuencias de este derecho sancionador punitivo, del derecho de
la desconfianza, se produce en el solapamiento de las infracciones
penales con las administrativas, en la relación desequilibrada entre la
gravedad del hecho y la necesidad de la respuesta punitiva, en el
tratamiento no adecuado de la diferencia entre el delito y la infracción
administrativa y sus consecuencias, en la deficiente consideración de la
exclusión de la antijuridicidad o de las causas de justificación, y de
las de modificación de la
culpabilidad y de las circunstancias económicas del infractor. Así, la
relación desequilibrada en la Ley de Seguridad Ciudadana entre la
gravedad del hecho y la necesidad de la respuesta punitiva la encontramos
en que muchas de las infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana se
solapan con delitos del Código Penal, hasta el punto de que bastantes
infracciones incluyen la coletilla "si no constituyen delito" y sin
embargo, la sanción administrativa, las multas, son mucho más fuertes que
las penales. El principio de proporcionalidad demanda, dentro de la
potestad punitiva del Estado, que tengan mayor reproche los ilícitos
penales que los administrativos. Por eso, en la proposición de ley que
presentamos se introduce un nuevo apartado 1 bis al artículo 39 por el
cual las multas establecidas en la Ley de Seguridad Ciudadana para
infracciones administrativas por ella tipificadas, cuando no constituyan
infracción penal, no podrán ser superiores a la inferior que corresponda
a la infracción penal. Y en aplicación también del principio de
proporcionalidad se propone la supresión de una serie de infracciones que
solo debieran tener reproche penal, como los actos que atenten contra la
libertad e indemnidad sexual, o porque ya tienen respuesta penal
suficiente, o no se encuentra diferencia sustancial con tipos penales,
como la perturbación de espectáculos deportivos o culturales, o los
oficios religiosos; los desórdenes públicos; el uso de uniformes,
insignias o condecoraciones que pudieran generar engaño; las conductas
relacionadas con la producción, el consumo y tráfico de drogas; daños y
deslucimiento de bienes de uso público o privado, por citar solo algunas.
El solapamiento entre el delito y la infracción administrativa que se
produce de manera intensa en la Ley de Seguridad Ciudadana obliga a
introducir con detalle el principio del non bis in idem para que no se
pueda castigar dos o más veces a una persona por un mismo hecho y por un
mismo fundamento o bien jurídico protegido, sean estas sanciones
administrativas y penas o sean sanciones administrativas, tanto si se
imponen en procedimientos sucesivos como si se imponen en un mismo
procedimiento. A tal fin se introduce un nuevo apartado, el 1 bis, al
artículo 45 para especificar qué es lo que ha de entenderse por identidad
de fundamento.
También se subsana en la Ley de Seguridad Ciudadana, a través de la
proposición de ley, la deficiente acogida en aquellas causas de exclusión
de la antijuridicidad o causas de justificación de la conducta,
singularmente el error, y criterios más acabados sobre la culpabilidad
del infractor, contemplando solo en la actualidad circunstancias
agravantes y no atenuantes, y la ponderación de todas ellas en conjunto a
la hora de individualizar la pena. Y con esta misma finalidad de evitar
sanciones injustas, la finalidad de prevención de la respuesta punitiva
debe tener en cuenta de mejor manera la capacidad económica del infractor
para determinar la sanción, aun no guardando relación con la gravedad del
hecho ni con la culpabilidad, de manera similar a como se hace en el
Código Penal, proponiéndose también como medios para la adaptación de la
sanción a la capacidad económica del infractor el fraccionamiento de la
infracción, la suspensión de la ejecución y, en su caso, la reducción.
En definitiva, señorías, y voy finalizando, creo que tenemos ocasión de
reformular un nuevo texto de seguridad ciudadana con más apoyos de grupos
parlamentarios de aquellos con los que contó en su día la ley actualmente
vigente.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Ante estas tomas en consideración que debatimos de manera conjunta, votaré
negativamente la iniciativa socialista que ha defendido el señor Trevín
porque se limita a aplicar la trituradora de papel, y votaré
favorablemente la propuesta reformista explicada por el señor Legarda,
del Grupo Vasco, porque, a diferencia de la anterior, en caso de ser
aprobada permitiría avanzar hacia necesarias modificaciones de la Ley de
Protección de la Seguridad Ciudadana, pero sin llegar al extremo de la
derogación sin alternativa. Hace dos años, tanto mi antecesor en esta
Cámara como yo mismo en el Senado rechazamos esta ley orgánica durante su
periplo parlamentario. Es una mala ley, muy impopular y gestada a
contracorriente, que contiene, a nuestro juicio, varios artículos con
visos de inconstitucionalidad. Su tramitación fue tan vergonzante que
baste recordar que a su paso por el Pleno de la Cámara alta ni siquiera
fue presentada por su promotor, pese a que tiene un sustancial carácter
orgánico regulatorio de derechos fundamentales de los ciudadanos.
Algunos de los artículos de la ley, que lleva nueve meses y pico de
vigencia, han sido puestos en entredicho incluso por la institución del
Defensor del Pueblo, que llegó a sugerir que no se aplicasen
determinadas sanciones gubernativas y alertó sobre su posible
inconstitucionalidad. De hecho, este mismo mes de marzo, una semana antes
de que el caso llegase a juicio, el Ministerio del Interior anuló motu
proprio la primera sanción que se había impuesto a un periodista en
aplicación de esta controvertida ley. Señorías, cabe interpretar esta
rectificación como producto del talante del nuevo ministro del Interior y
el equipo con el que viene trabajando desde hace solo tres meses y medio;
es decir, como un buen gesto del nuevo Gobierno para aplicar con
criterios de sensatez la garantía efectiva de los derechos y libertades
fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. En Foro apelamos a la
decidida y reconocida vocación dialogante del ministro Zoido, su oferta
de mano tendida y su disposición para sentarse ya a hablar con el fin de
alcanzar acuerdos para reformar una ley que indudablemente requiere
cambios en su texto.
En definitiva, creemos que la toma en consideración presentada por el
Grupo Vasco supone una oportunidad para modificar un texto legislativo
polémico y de que su reforma sea producto del mayor consenso posible, lo
cual nos parece una meta complicada a tenor de las disputas públicas que
ya se han producido entre los dos partidos mayoritarios de la oposición
en su disparatada carrera por abanderar la derogación de esta ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Lo decía mi compañero Isidro: aunque debatimos las dos iniciativas
conjuntamente, obviamente no es lo mismo derogar que reformar, aunque es
verdad que en las dos propuestas se hace un ejercicio de dramatización
bastante notable. Desde luego, a nuestro juicio exageran porque ni la
casuística ni el calado de los cambios que proponen finalmente justifican
estas iniciativas; más bien parece que la razón última de estas
propuestas fuera las veces que han anunciado que lo iban a hacer, sin
más. Son ustedes los que se han puesto unas orejeras que les impiden ver
o distinguir sin prejuicios sobre la casuística de esta ley, el tiempo
que lleva vigente, la eficacia de la propia ley, los límites del
ejercicio de ciertos derechos, cómo garantizar la seguridad cuando esos
derechos se ejercen de forma abusiva o incluso violenta. Yo creo que
incluso tiene mérito no haber dado en esta Cámara ni un solo ejemplo de
vulneración de derechos en aplicación de esta norma, les felicito desde
luego por ello. Pero si su estrategia, señores del PSOE, es acercarse a
Podemos o restar espacio dialéctico a Podemos, es legítimo, pero creo que
sería un error, y no llevaría a nada bueno al PSOE ni a la sociedad ni a
la convivencia ni a la seguridad ni la libertad. En ese binomio, como
decía el portavoz del PNV, entre libertad y seguridad, nosotros apostamos
por el equilibrio y por la proporción; vamos a estar muy atentos en la
tramitación a los cambios que se planteen, de forma que todos podamos
defender los principios que establece su proposición: el principio non
bis in idem, responsabilidad, proporción, intervención mínima y no, como
algunos pudieran pretender, establecer a base de prejuicios una serie de
cambios, de etiquetas o aprobar aquello que no le gusta al PP, eso desde
luego no nos parece ningún argumento para acertar.
Así pues, desde nuestro punto de vista no existe una realidad que obligue
a la derogación; por tanto, no es necesaria. Segundo, el texto que
propone el Partido Socialista desde luego es muy deficiente y va a
generar más problemas de los que pudiera resolver. Y, tercero, ante una
derogación a ojos cerrados y la tramitación de una reforma, desde luego
sobre la reforma se puede discutir. Por tanto, nosotros estudiaremos los
cambios que se proponen sin apriorismos y defenderemos aquella normativa
que a nuestro juicio creamos que resulta más útil para hacer posible ese
binomio seguridad-libertad, evitando excesos, maximalismos, etiquetas y,
desde luego, tanta y tanta sobreactuación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el señor Matute García de
Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Existe un género literario o un subgénero, según se mire, que es la
ficción distópica, aquella que parte de la base de que hay una sociedad
que promete felicidad, pero hace sufrir sistemáticamente a sus ciudadanos
y ciudadanas. Y hay una obra, la más paradigmática dentro de la ficción
distópica, que es 1984 de George Orwell. Desde Euskal Herria Bildu no
podemos evitar pensar en ese libro y pensar en ese género
que, por desgracia, está siendo superado por la realidad con debates como
este, debates que tienen que ver con la existencia de una ley como la Ley
mordaza, que reprime sistemáticamente a los ciudadanos y ciudadanas
engañándoles y diciéndoles que lo hacen por su bien, que lo hacen por su
seguridad, cuando lo que hacen es recortar sus libertades y sus derechos.
De ese libro, de 1984, hay quienes han llegado a teorizar que hay una
idea de sociedad orwelliana, aquella sociedad donde se manipula la
información y se practica la vigilancia masiva y la represión política y
social. Y si esa máxima es cierta, es fácil acordarse de los titiriteros,
de los tuiteros, de las diferentes operaciones Araña, de los periodistas
a los que se dificulta su labor, su trabajo al cubrir actos en la calle,
de los trabajadores que se ven amenazados por medidas de esta Ley mordaza
y de cientos y cientos de personas de muchos colectivos en esta sociedad.
Eso es algo que en Euskal Herria conocíamos como el plan ZEN y que ahora
se ha extendido, parece, a todo el Estado. Se nos dice que se quiere
proteger a los ciudadanos, pero ¿y quién protege a los ciudadanos de un
Estado que pisotea sistemáticamente sus derechos y libertades? Bajo el
binomio del que hablan de seguridad y libertad lo que se hace es pisotear
la libertad en nombre de la seguridad. Lo hacía también la Ley Corcuera,
que no queremos, y lo hace también quien aquí defiende que hay que
modificar esta ley, pero a la vez, como en la Comunidad Autónoma Vasca,
impone 8.000 multas en veinte meses bajo el mandato de su propia policía.
Y termino con un breve recuerdo a una persona que nos ha dejado. Tiocfaidh
ár lá. Agur eta ohore Martin McGuinness. (Rumores.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra el
señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Hace unos meses mis dos hijas gemelas se dirigían a la presentación de un
libro de un tío suyo. Tengo una hija que lleva unas rastas larguísimas y
la otra no, es más convencional. Cuando pasaban por la plaza del
ayuntamiento un policía se dirigió a mi hija que tenía rastas, le pidió
la identificación, le pidió que abriera el bolso y le preguntó si llevaba
piedras, objetos punzantes o armas blancas. A la otra hija no le dijo
absolutamente nada. Hoy hay un tuit de una compañera de este Parlamento,
Rita Bosaho, que dice exactamente: Que me pare la policía para pedirme la
documentación y le dé tres mil vueltas a mi DNI y me pregunte de dónde
eres. Le pregunta de dónde es porque evidentemente no es blanca.
Son casos cercanos que ha propiciado una ley que se hizo para ampliar las
facultades policiales, para registrar a los manifestantes, para
intimidarles, para imponer multas astronómicas a los colectivos que
protestan como, por ejemplo, la PAH, a los manifestantes que protestan
frente a los abusos y la corrupción, que se llegaron a proponer multas de
hasta 600.000 euros, que pueden hipotecar la vida de una persona para
siempre; una ley sancionadora, punitiva, desproporcionada, abusiva; una
ley a imagen y semejanza de un político y de un partido
ultraconservadores; una ley que confunde seguridad con represión,
libertad con castigo; una ley que pretende invisibilizar el malestar
social. Una ley de seguridad ciudadana debería servir para proteger los
derechos fundamentales de las personas, para que los ciudadanos nos
sintiéramos libres y seguros.
Hoy empieza, por fin, su derogación -y acabo-, aunque incompleta porque
ninguno de los dos textos recoge una regulación que garantice derechos
fundamentales. Votaremos sí a la tramitación para poder introducir,
discutir las enmiendas de la sociedad civil, de las organizaciones
sociales, para que se abra un debate verdadero sobre la noción de
seguridad ciudadana y la defensa de los derechos fundamentales.
Moltes gràcies, senyora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenas tardes, señorías.
Seguramente, resolver con acierto el binomio libertad-seguridad, controlar
la medida exacta para cada una de las cosas es uno de los grandes retos
pendientes de resolver que tienen las democracias avanzadas. De hecho, no
existe ninguna que tenga resuelto este tema sin molestias, sin excesos,
sin falta de libertad o sin falta de seguridad. Por eso una ley como esta
no puede configurarse si no es con amplios consensos, si no es con una
amplia voluntad parlamentaria pero también ciudadana de construir un
espacio común en el que todos podamos convivir y movernos en total
libertad.
El primer error que cometió esta Cámara fue abusar de la mayoría absoluta
para aprobar una ley de seguridad ciudadana sobre la que no había
consenso no solo en la Cámara, sino tampoco en la calle ni
en las organizaciones ni en las autonomías ni en los sindicatos y fuerzas
policiales del Estado. Por eso hoy nos pasa lo que nos está pasando, que
al cambiar la foto de este Parlamento cambian los parámetros por los que
nos regimos en términos de seguridad y libertad. Nosotros vamos a
facilitar la toma en consideración de las dos iniciativas que hoy
debatimos de manera conjunta porque indudablemente apostamos por una ley
menos interpretable, por una ley sin sanciones excesivas, por una ley que
no interfiera en las competencias autonómicas; en definitiva, por una ley
que no considere al ciudadano como un sospechoso habitual, sino como un
aliado para construir una sociedad más justa, más libre y más segura para
todos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el
señor Rufián Romero.
El señor RUFIÁN ROMERO: Señora presidenta, señorías, hoy es uno de esos
días para ser lo más claros y directos posible, uno de esos días que
esperas cuando te metes en esto de la política. Hoy intentamos derogar
una de las mayores canalladas que ha perpetrado esa maquinaria que gana
elecciones, reaccionaria, llamada Partido Popular; una derogación
propuesta por el PSOE en un ramalazo de dignidad que ya podría haber
tenido hace veinticinco años con su compañero José Luis los experimentos
se hacen en casa con gaseosa Corcuera y su Ley de patada en la puerta,
antesala de lo que hoy nos ocupa, la ley Jorge esto la fiscalía te lo
afina Fernández Díaz. Es decir, la Ley Orgánica de Protección de la
Seguridad Ciudadana o Ley mordaza.
¿Y qué es la Ley mordaza? Intentaré ser muy claro exponiendo trece puntos,
trece casos. Uno, esta ley es permitir que el bus de una banda que dice
que unos tienen pene y otros tienen vulva, pero que sobre todo dice que
ellos no tienen vergüenza, aparque frente a un instituto de Alcobendas y,
en cambio, perseguir a manifestantes por el derecho a la vivienda frente
a las puertas de este Congreso. Esto es esta ley. Dos, esta ley es
permitir que fascistas confesos amenacen impune y públicamente a
periodistas y perseguir a esos mismos periodistas cuando fotografían a
policías dando palos a activistas. Tres, esta ley es permitir que
alcaldes declaradamente homófonos -pero que ganan elecciones, conviene
recordarlo- denigren a colectivos enteros en teles y perseguir a chavales
que mueven títeres en plazas. Por cierto, hay titiriteros en este país
que han pasado más tiempo en la cárcel que un tal Urdangarín. Quizá
conviene hacérselo mirar. (Aplausos). Cuatro, esta ley es permitir que la
Fundación Francisco Franco y Falange Española honren en sus aquelarres a
sus bestias y, en cambio, perseguir a tuiteros por hacer chistes sobre
esas mismas bestias. Supongo, por cierto, que los redactores de la
sentencia a garrote vil, a muerte, de Puig Antich no han dado nunca
explicaciones frente a un juez porque ni tienen Twitter ni son raperos.
(Aplausos). Cinco, esta ley es permitir caras al sol, brazos en alto y
pollos ondeantes en pos de la unidad de la patria, pero también es
perseguir viscas Catalunya, goras Euskal Herria askatuta, esteladas y
urnas en pos de una república. Seis, esta ley es permitir que gente rica
con pulseritas rojigualdas en la muñeca y sobres con dinero negro y
tarjetas black en el bolsillo se sienten en consejos de administración en
según qué instituciones, pero también es perseguir a pelotazos y
concertinas a gente pobre que llega a nado y caminando. El enemigo llega
en limusina, no en patera. Siete, esta ley es permitir honrar en actos al
general Mola e ignorar en instituciones a Marcos Ana. Ocho, esta ley es
permitir romper discos duros en sedes de partidos y perseguir romper
huevos en discursos. Nueve, esta ley es permitir que un presidente
autonómico compare una urna con una pistola y, en cambio, perseguir a
raperos por comparar reyes con canallas en canciones. Diez, esta ley es
permitir que un locutor de radio pida tanques y ocupaciones en Cataluña y
perseguir que un ciudadano pida techo y trabajo a gritos frente a un
ayuntamiento. Once, esta ley es permitir que medios de comunicación
manipulen y calumnien a sueldo y perseguir a trabajadores que defienden
dignamente dichos sueldos. Doce, esta ley es permitir que Fernández Díaz
y sus miserables lacayos ocupen instituciones tras conspirar contra un
pueblo y, en cambio, perseguir a ciudadanos por llamar colega a guardias
civiles. Trece, esta ley es permitir que Pedro Cuevas se enorgullezca de
asesinar a cuchilladas a Guillem Agulló durante la operación Panzer y, en
cambio, perseguir al compañero Andrés Bódalo por enorgullecerse de ser
jornalero, republicano y de izquierdas durante tantos actos. (Aplausos).
¡Viva Andalucía libre!
En definitiva, esta ley permite que los canallas estén tan envalentonados
y los decentes tan acobardados que, una vez más, pueden contar con
nosotros para todas aquellas luchas y causas justas, sean donde sean. Lo
único que pedimos desde Esquerra Republicana es reciprocidad. Espero
haber sido lo suficientemente claro.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez
Vivas.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, he oído a lo largo de la tarde de hoy en varias ocasiones que
esto trata de un binomio entre seguridad y libertad. No se confundan, no
hay binomio alguno; esto solo va de libertad, de libertades individuales,
de lo más importante que tenemos todos los ciudadanos, nuestras
libertades individuales. La libertad es seguridad, señorías; la libertad
es seguridad. (Aplausos).
Hace apenas dos días, algunos miembros de esta Cámara estuvimos en Cádiz
celebrando el 205.º aniversario del texto que por primera vez consignó
las libertades y los derechos de los ciudadanos españoles. En su artículo
4, la Constitución de 1812 ya recoge -y cito-: La nación está obligada a
conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la
propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la
componen. Asimismo, la Constitución de Cádiz señalaba claramente las
limitaciones del poder, limitaciones que no pueden privar a ningún
individuo de su libertad ni imponerle por sí pena alguna. Y quienes en
nombre del Gobierno lo hiciesen, serían responsables a la nación y
castigados como reos de atentado contra la libertad individual. Señorías,
esa Constitución -nuestra Constitución de 1812- dotaba a las Cortes de la
facultad de proteger la libertad política de la imprenta. Señorías,
doscientos cinco años después parece que en estas Cortes hay gente que
aún no ha tomado nota de eso. (Aplausos).
Hoy debatimos en esta Cámara dos propuestas referidas a esta Ley Orgánica
de Seguridad Ciudadana que ya hemos comentado, una ley que, es cierto, ha
sido objeto de controversia por la sospecha de que pudiera atribuir
poderes arbitrarios a las autoridades en parte de su articulado y, sobre
todo -no nos olvidemos-, porque algunos de sus preceptos están por este
motivo recurridos ante el Tribunal Constitucional. De igual manera que la
Constitución de Cádiz obligaba a las Cortes a la labor de vigilar y
proteger las libertades de los ciudadanos, y singularmente aquella
libertad de imprenta y de expresión, quienes hoy ocupamos estos escaños
tenemos entre nuestras obligaciones principales custodiar esas libertades
y derechos. Las señorías del partido conservador a veces parecen
olvidarlo, quizás porque muchos de ustedes vienen de una tradición
política que siempre ha mirado el liberalismo con sospecha. Señores
conservadores, no le tengan miedo a la libertad.
Nosotros defendemos la separación de poderes, entiendo que tan bien como
ustedes pero seguramente no de la misma manera. Nosotros no queremos que
el Gobierno nos diga a los políticos qué es lo que tenemos que hacer o
qué podemos hacer. Nos gusta que nos lo digan los jueces, queremos que
sean los jueces los que nos digan -y no una persona de la Administración-
qué podemos hacer, que nos apliquen las sanciones. Si se incumple la ley,
para eso está la ley, para eso están los jueces, que son los únicos que
pueden interpretarla; no la Administración del Estado, que ustedes tienen
controlada. (Aplausos).
Ahora bien, señores del Partido Socialista, hay veces que tienen ustedes
un afán derogador que más bien parece buscar titulares periodísticos que
protección efectiva de las libertades civiles. (Aplausos). Señorías del
PSOE, como bien recordarán, en nuestro fallido pacto de investidura
cerramos un acuerdo en el que nos comprometíamos a revisar la actual Ley
de Seguridad Ciudadana; no a derogarla, a revisarla. Como muy bien han
repetido en numerosas ocasiones las señorías del Grupo Socialista, la
derogación de una ley tan importante como la que nos ocupa provocaría un
enorme vacío legal en un ámbito tan importante como es la seguridad de
todos nuestros ciudadanos. Ustedes apuestan por cubrir ese vacío
volviendo a fantasmas del pasado, como es la Ley Corcuera, llamada -les
recuerdo-, Ley de la patada en la puerta. Señorías, a nosotros nos gusta
mirar al futuro, nunca hacia al pasado, no volver nunca atrás. Qué afán
de volver siempre atrás; derogar unas cosas para volver a otras igual de
malas que las que estos señores han puesto. Igual de malas, señorías.
(Aplausos).
Señores del Gobierno, hasta la defensora del Pueblo muestra preocupación
por algunos supuestos en la aplicación de esta ley. En el informe de 2015
la defensora del Pueblo subrayó la preocupación por algunos de los
derechos y libertades que podrían entrar en colisión con la aplicación de
la ley, en concreto aquellas conductas relativas a registros corporales
en la calle, el ejercicio de los derechos fundamentales de reunión y
manifestación, así como la libertad de expresión. Pero es que en el
último informe, publicado hace escasamente un mes, la defensora del
Pueblo les ha vuelto a recordar el seguimiento que está realizando por la
interpretación de esta ley por parte de las delegaciones de Gobierno y
qué sugerencias revocatorias ha realizado ante determinadas sanciones
amparadas por la ley, en concreto los supuestos en los que existe
conexión entre la ley y los derechos fundamentales, como la libertad de
información y el
derecho de reunión o de manifestación. Ahí es donde el Grupo Ciudadanos,
el grupo liberal de este Congreso, considera necesaria una revisión
conjunta de todos los grupos, una revisión que garantice la seguridad de
la ciudadanía española a la vez que sus derechos y libertades.
El propio ministro del Interior -que es una lástima que nuevamente, en un
tema tan importante como este, ni siquiera esté presente en este debate-
reconoció la necesidad de revisar algunos preceptos de esta ley. Lo
reconoció en su primera comparecencia ante la Comisión. Y no solo eso, se
comprometió con todos los grupos parlamentarios a crear un grupo de
trabajo para estudiar de qué forma podíamos modificar la actual Ley de
Seguridad Ciudadana. No han hecho nada, señores del Partido Popular; no
han hecho nada, señor ministro, señores del Gobierno. Discúlpenme, pero
es que no hay nadie, señores del Gobierno. Señores del Gobierno, no han
hecho ustedes nada; como siempre, van arrastrando los pies, dejan que los
señores del Partido Socialista les traigan un proyecto de ley para
derogar su ley. La culpa la tienen ustedes, no han trabajado. No se puede
venir al Congreso a pretender aplicar vetos y a sacar reformas por real
decreto. Hay que venir a trabajar de verdad. (Aplausos).
Señorías, nos gustaría de verdad trabajar para alcanzar el máximo consenso
y eliminar aquellos preceptos que pudieran chocar con la
constitucionalidad de esta norma. Les anuncio que nuestro grupo
parlamentario se va a abstener en la proposición de ley que presenta el
Grupo Socialista porque nos parece -ya lo he dicho- que derogar una cosa
para volver a una peor no tiene ningún sentido. Es verdad, y lo
reconocemos, que esto hay que cambiarlo, creo que ha quedado claro
durante la exposición. Votaremos a favor de la proposición del Grupo
Parlamentario Vasco porque nos gustaría enmendar muchas de las cosas que
aquí hemos comentado y algunos de los propios artículos que plantea en
esta proposición el Grupo Parlamentario Vasco. Creo que debe ser ese el
debate que realicemos. Parece mentira que tenga que volver a ser otro
grupo parlamentario distinto del Gobierno el que traiga a la Cámara la
posibilidad de ejercer de verdad un consenso sobre algo tan fundamental
como la ley que gestiona y restringe los derechos de los propios
ciudadanos. Señorías, apostemos por una ley mejor, seamos capaces de
hacer una ley más respetuosa con los derechos y las libertades
fundamentales de nuestra Carta Magna y que garantice la seguridad de
nuestros ciudadanos. Y sobre todo, dialoguemos con cordura y con
serenidad, sin demagogias, señor Rufián, esforzándonos para alcanzar un
acuerdo sensato que pueda constituir un punto de partida de verdad para
una mejor Ley de Seguridad Ciudadana para todos, pero sobre todo una ley
de libertades, para garantizar las libertades de todos los ciudadanos.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz.
El señor SANTOS ITOIZ: Arratsalde on. Buenas tardes.
En esta democracia quizá no sepamos muy bien a dónde vamos, pero algunos
sí sabemos bien de dónde venimos. Qué felices años ochenta de mayorías
absolutas, de embriaguez de poder, hasta que llegó José Luis y dijo: ya
estamos en las instituciones, la calle ya nos sobra, que ya estuvimos
allí hace un tiempo. Hizo la ley de la patada en la puerta, la ley que
lleva su apellido, la Ley Corcuera, y luego dimitió cuando el Tribunal
Constitucional le dijo que con esto de la patada en la puerta a lo mejor
nos habíamos pasado. En este caso, el orden de los factores altera el
producto, porque si hubiera dimitido antes seguramente nos hubiéramos
ahorrado algunos calificativos que hacía la doctrina en aquel momento
sobre esta Ley de Seguridad Ciudadana, que se hizo so pretexto de regular
el espacio público, pero que, en realidad, lo que hizo fue limitar las
posibilidades que tenían los ciudadanos en aquel momento y, sobre todo
-en su momento, ya lo denunciaron los sindicatos- el derecho a la huelga
y estas minucias que ocurrían en la España de entonces. Así, peligrosos
revolucionarios como el magistrado Perfecto Andrés Ibáñez ya decía en el
año 1991 que aquello iba a afectar a los principios de legalidad, a la
presunción de inocencia, a la intervención mínima, a la quiebra de la
aproximación del derecho sancionador al derecho penal. En fin, estas
minucias que algunos doctos en derecho se empeñan en poner de manifiesto
y de relevancia. Tan es así que cuando llegó el Partido Popular al poder
en el año 1996 no necesitó cambiar nada de esto. Y tan es así que la
mayoría de las cosas y de las sanciones que se han ido haciendo hasta
hace muy poco se han hecho con base en la Ley Corcuera. Un señor como
Aznar, al que -como todo el mundo sabe- le gustan muchísimo las
manifestaciones públicas y las expresiones ciudadanas, jamás se planteó
cambiar esta ley que José Luis, con toda su magnanimidad, le había
legado.
Lo que ocurre es que el tiempo pasa y algunas circunstancias también
cambian. Entre esas circunstancias, lo que cambió fue que llegó la crisis
y con ella llegaron los recortes; con los recortes llegó la quiebra del
Estado del bienestar y esta guerra que algunos ricos iban ganando con
respecto a algunos pobres; y algunos pobres se indignaron y salieron a la
calle. Por tanto, hubo un contexto muy claro. Para muestra un botón, el
15-M, el 15 de mayo de 2011; la carga policial del 17 de agosto contra
Europa Laica; la Primavera Valenciana de febrero de 2012; la convocatoria
de Rodea al Congreso de septiembre de 2012; la huelga general del 14 de
noviembre; la marea ciudadana del 23 de diciembre. Cosas aproximadas que
hicieron que el entonces ministro Fernández Díaz apareciera en el ABC y
afirmase que se iban a modificar el Código Penal y la Ley de Seguridad
Ciudadana. Porque aquí no hablamos de ley mordaza, hablamos de leyes
mordaza; no hablamos de una sola ley de seguridad ciudadana sino de todo
un entramado jurídico que integra el Código Penal, sobre todo en lo
relativo al derecho a la huelga pero también en la ampliación de todos
los delitos de terrorismo y de todos los delitos de opinión. Y si no, que
se lo digan a Strawberry, que se lo digan a Valtonyc o a las siete
personas que hace dos semanas estaban siendo enjuiciadas en la Audiencia
Nacional en este sentido.
Este era el contexto político y así se hizo. ¿Hubo alguien que lo
advirtió? Sí, los sindicatos ya decían en el año 2003 que esto iba a
afectar decisivamente a los derechos fundamentales de reunión,
manifestación, libertad de expresión y al derecho a la huelga. Pero,
claro, estos son los rojos de guardia. A lo mejor tendríamos que ir a que
el 23 de febrero de 2015 un grupo de expertos de derechos humanos de
Naciones Unidas también dijo que la Ley mordaza vulnera la propia esencia
del derecho a manifestación y que no se podrían permitir devoluciones en
caliente a su país de emigrantes económicos porque esto acarreaba el
peligro de ser sometidas a tortura y otras formas de malos tratos en
contradicción con las disposiciones del derecho internacional. Minucias,
desde luego. También Greenpeace, el Consejo General de la Abogacía
Española y la defensora del Pueblo. Algunos ya se han planteado.
Lo más importante son las consecuencias que esto acarreó para los
ciudadanos y esto está clarísimo. En los seis primeros meses de
aplicación de la Ley mordaza hubo 6.217 sanciones, la mayoría por faltas
de respeto a la autoridad que se elevaron absolutamente, con un promedio
de 29,4 al día. Estos son algunos ejemplos, por no incluirle al señor
Salvador -que seguramente está atento- algunos otros relativos a la
libertad de información. Por ejemplo, aquel fotógrafo al que le pidieron
la cámara por informar de un accidente laboral; aquel periodista de Argía
que informó de una operación policial; a la periodista de Catalunya
Ràdio, Mercè Alcocer, que se saltó el cordón para ir a preguntar algunas
cositas a los Pujol, sin apenas interés informativo, u otra serie de
multas. Es evidente que hay una crítica política generalizada y unas
consecuencias claras por parte de los ciudadanos y también es evidente
que todos estamos de acuerdo en que este exceso no debe permitirse. Ahora
bien, el exceso que supuso la Ley mordaza no hace buena la Ley Corcuera,
de ninguna de las maneras. Mirar al pasado es un ejercicio de pura
melancolía.
Aquí se traen dos proposiciones de ley. Podemos estar de acuerdo en
algunas mejoras pero lo interesante es que les podamos decir en qué
podríamos hacer un planteamiento en positivo. ¿En qué podemos hacerlo?
Las leyes mordaza son una respuesta autoritaria a una situación de
insurgencia social. Ya que ustedes, con su abstención, no han querido
hacer otro tipo de Gobierno que genere otro tipo de políticas sociales,
por lo menos vayamos a paliar los síntomas de esta represión. Lo primero
es no confundirnos, vayamos a los principios. Ustedes hablan de
tranquilidad ciudadana o de paz pública, pero estos son conceptos
jurídicos indeterminados que lo único que hacen es asegurar la calle a
los de siempre, los más fuertes, y que normalmente van con casco y porra.
Los tipos sancionadores de la ley son una evidente desproporción y
tendremos que arreglarlo. ¿Qué tendremos que hacer con la policía? Acotar
todas las funciones de identificación y detención. No hay espacios
intermedios entre la detención y la libertad, hay que asegurar garantías
a los ciudadanos y esto, en las leyes que se presentan, no está
suficientemente claro. Todos sabemos que una cosa es lo que pone el texto
de la ley y otra lo que pasa en la calle, donde cualquier mínimo
resquicio deja paso a una situación de arbitrariedad a favor del más
fuerte, y el más fuerte no es el ciudadano que se manifiesta, es la
autoridad, el orden público que le prohíbe el ejercicio de sus derechos
fundamentales. Sé que esto ustedes, con buena voluntad, lo podrán asumir.
Es mucho más dudoso que lo pueda asumir el Partido Popular, cuando la
policía patriótica que ellos mismos pusieron en marcha y que, según hemos
sabido, hoy mismo se dedica a amenazar a periodistas, en este caso del
diario Público, por sacar a la luz determinadas informaciones. Si
llegamos a este punto, es mucho más difícil que el Partido Popular entre
en razón en otros puntos que parecen mucho menos importantes, como
ciudadanos que no tienen voz ni voto pero que están indignados y que
no tienen otro tipo de defensa que ir a la calle. Habrá que impedir el
acceso a la Función pública de empresas de seguridad privada. Ustedes se
han hartado de hablar de la seguridad perimetral de las prisiones y no lo
han incluido. Habrá que retirar todas las infracciones que tienen nombre
y apellidos, que afectan a derechos fundamentales. Tendremos que
restablecer el principio de legalidad, tendremos que establecer la
justicia restaurativa y meter la mediación en las infracciones de
policía, y, sobre todo, deberemos impedir las devoluciones en caliente y
todas aquellas actuaciones policiales que estén en contra del derecho de
asilo porque estamos infringiendo la normativa internacional en la
materia.
Nosotros votaremos a favor, no les vamos a hacer lo que nos hicieron
ustedes con la Ley Montoro, que dijeron que era insuficiente y un mero
parche. Consideramos que lo suyo también es una fotocopia y un mero
parche pero no lo vamos a hacer. En los sueños del Partido Popular está
que no nos pongamos de acuerdo y que esto siga adelante. Tendremos que
negociar, que hacer las cosas. Ahí están nuestros principios, se los
acabo de enumerar. Hablaremos, pero no vamos a dar un cheque en blanco,
no vamos a jugar con los derechos fundamentales de los ciudadanos y no
vamos a permitir que las personas que lo único que tienen es la voz, la
palabra y, muchas veces, el cuerpo para decir en la calle lo que piensan
y sienten sin ningún otro poder, vean vulnerada la única capacidad que
tienen.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
tiene la palabra el señor Martín-Toledano Suárez.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Señorías, hoy traemos de nuevo a debate
la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, un debate
recurrente y manipulado que se plantea sobre falsas premisas. Señorías,
no es cierto que esta ley suponga una regresión de los derechos de los
ciudadanos; muy al contrario, la actual ley es más garantista que la
anterior y eso lo han reconocido incluso algunos partidos políticos
bastante enfrentados al Grupo Popular. Para defender esta posición me
remito a lo manifestado por el Consejo de Estado en la tramitación del
proyecto de ley, que en su informe preceptivo reconocía que este proyecto
de ley guarda una prudente ponderación y contrapeso entre los valores de
libertad y seguridad, justo lo que se le debe pedir a una ley de
seguridad ciudadana.
Los ataques a esta ley han estado basados en criterios puramente de
desgaste político, con argumentos de manual partidista al afirmar que con
su aprobación se impediría el derecho de manifestación. ¿No ha habido
manifestaciones desde la aprobación de la ley, señorías? También se ha
dicho que sería imposible protestar ante el Congreso, y en la investidura
se protestó ante el Congreso. Asimismo se dijo que se prohibiría tomar
imágenes de las manifestaciones, y yo las he visto en televisión. También
se afirmó que se practicarían controles masivos en la calle, algo que yo
no he visto. Y que los ciudadanos serían cacheados indiscriminadamente y
conducidos de forma arbitraria a comisaría. Nada de esto ha sucedido,
señorías. Es decir, que lo que se ha pretendido predicar es que nuestra
legislación en la práctica nos llevaría a la persecución del disidente, y
eso no es cierto. Eso nos situaría dentro de los parámetros de países
nada democráticos como Venezuela, Cuba o Irán. (Rumores). Nos situaría en
esos parámetros. Pero no se preocupen, señorías, afortunadamente, estas
afirmaciones demagógicas sobre lo que supondría la Ley de Seguridad
Ciudadana han resultado ser falsas; ni mordaza ni nada, señorías.
Hoy debatimos dos proposiciones de ley, una del Grupo Socialista y otra
del Grupo Vasco, que son contrapuestas y antagónicas. La proposición del
Grupo Socialista parece una mala parodia de la película de Spielberg
Regreso al futuro, porque nos proponen, nada menos, que retroceder a una
ley del siglo pasado, a una ley de 1992 y no sé si es progresista eso de
volver a una ley de 1992. Es una ley que, hay que reconocerlo, fue
positiva en su momento, sin duda, pero que quedó obsoleta por los
importantes y numerosos cambios sociales y tecnológicos producidos
durante su vigencia. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Esta ley también fue polémica -fue
denominada como Ley de la patada en la puerta- y fue corregida por el
Tribunal Constitucional. En definitiva, fue una ley que era necesario
modificar, como así le fue solicitado al Gobierno incluso por este Pleno
del Congreso. Esta modificación fue necesaria, conveniente y oportuna
para recoger las faltas despenalizadas, para incorporar la jurisprudencia
producida durante la vigencia de la anterior ley, así como para
incorporar los cambios sociales y tecnológicos. ¿Qué nos trae hoy el
Partido Socialista aquí? Nos lleva de nuevo de vuelta al pasado, quiere
derogar la ley y volver al pasado. Solo buscan un titular, pero no se
preocupen que hoy no
se deroga, no van a obtener el titular. Presentaron una PNL y dijeron: ¡Se
ha derogado la Ley mordaza! No. Presentaron una moción y dijeron: ¡Se ha
derogado la Ley de Seguridad Ciudadana! Pues no. Y ahora presentan una
proposición y dicen: ¡Se ha derogado la Ley mordaza! Tampoco, señorías.
En su proposición no existe el más mínimo análisis de la ley que se
pretende derogar, no hay estudio de lo que funciona y debe cambiarse, no
hay propuesta de mejora. Lo siento, señorías del PSOE, pero la técnica
jurídica parlamentaria que plantean es pésima; se nota falta de interés,
falta de trabajo y solo hay una pose política para parecer muy, pero que
muy de izquierdas. Pero realmente esto es volver al pasado, supondría
aumentar algunas de las sanciones previstas en la ley. Por cierto, se
dijo que con esta ley se van a llegar a poner sanciones por 600.000
euros. Bueno, pues la Ley de 1992, ¡en 1992!, ya preveía sanciones de
600.000 euros. Ya lo preveía. Volver al pasado supondría no sancionar
conductas que eran consideradas faltas y ahora no lo son. Volver al
pasado supondría no aplicar medidas preventivas para la trata de seres
humanos; no sé si eso les preocupa o no. O no regular y sancionar las
actividades con drones. ¿Nos quieren volver a la edad de piedra, señorías
del Partido Socialista? (Aplausos). Su propuesta no recoge plazos
específicos de la caducidad, con lo cual iríamos al plazo general: tres
meses para tramitar los expedientes. Llevaría a una caducidad masiva de
los expedientes tramitados. ¿Eso es lo que quieren, señorías? Su
propuesta conllevaría la derogación del régimen especial de las fronteras
de Ceuta y Melilla y de la posibilidad de aplicar el rechazo en frontera.
Supondría en la práctica poner en grave peligro a los guardias civiles
que protegen la valla, aumentaría el efecto llamada y la entrada ilegal
de ciudadanos extranjeros sin autorización y, sobre todo, de los que lo
consiguen de forma violenta. (Rumores). Qué lejos parecen las apelaciones
de los socialistas durante el Gobierno de Zapatero a una emigración legal
y ordenada, a la protección y defensa de nuestras fronteras. Yo me lo he
mirado y recuerdo las palabras de su portavoz, Antonio Hernando, en
materia de inmigración y seguridad. Reclamaba autocontención en las
críticas. ¿Recuerdan ustedes sus quejas porque en la política migratoria
se tendía a la exageración, al exceso y a la demagogia? Pues en esas
afirmaciones hay una literal del señor Hernando: Estamos pidiendo a las
fuerzas de seguridad del Estado que aquellos que incumplen la ley por no
tener documentación debida tienen que ser primero detectados, después
detenidos y, posteriormente, pasar a un centro de internamiento y ser
expulsados. O las propuestas de Zapatero para proteger las vallas de
Ceuta y Melilla con la Legión. Regresen al sentido común, señores del
PSOE. La proposición de su grupo no debería ser aceptada, tomada en
consideración.
También hemos estudiado la propuesta del Grupo Parlamentario Vasco. A
diferencia de la del PSOE, propone una reforma de la Ley de 2015, en el
sentido que ya ha propuesto el ministro del Interior: ofreciendo diálogo.
Estudiemos los problemas, veamos dónde puede haber incidencias negativas
y pongámonos a trabajar. El Grupo Parlamentario Popular está mucho más
cerca de esa propuesta, pero no compartimos la totalidad ni la
literalidad de algunos de los cambios que proponen y por ello la
definición concreta de la reforma deberá ser objeto de negociación en la
propuesta de diálogo ofertada por el ministro.
Tenemos una ley equilibrada entre libertades y seguridad, señorías, que en
su aplicación práctica día a día no ha generado grandes problemas, más
bien pocos problemas. Puede ser mejorada y algunos portavoces hoy nos
hemos acercado al diálogo y al consenso, pero otros han buscado o tienen
como referente el enfrentamiento social, la justificación de la
vulneración de las leyes; algunos son de los partidos que se emocionan
cuando un policía es agredido brutalmente en una manifestación, de los
que consideran a policías y guardias civiles bastardos o de los que en
lugar de ganar el poder, lo quieren asaltar; o algunos que cuando eran
alcaldes expulsaban a los que protestaban con camisetas de los plenos de
su ciudad. (Aplausos).
Miren ustedes, el Partido Popular no quiere estar en el club de los
rufianes; no queremos estar. Y permítanme que utilice las palabras del
portavoz del PSOE, el señor Hernando, que reclamó que la política de
seguridad ciudadana y emigración se aparte de la exageración, del exceso
y de la demagogia. Señorías, fueron palabras de hace años, pero sensatas,
y hoy deberíamos todos vernos afectados por ellas, incluso los diputados
del Grupo Parlamentario Socialista. También quiero decirles que aceptar a
trámite las dos proposiciones de ley va a suponer un choque absoluto;
vamos a tener que enmendar y tratar sobre una ley de 1992 y al mismo
tiempo, en el mismo trámite, presentar enmiendas sobre una ley del 2015.
Si al final tenemos dos textos enmendados, ¿los traemos aquí? Esto es un
auténtico disparate. No deberían tramitarse conjuntamente ambas
proposiciones de ley porque realmente son antagónicas.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA, ORGÁNICA SOBRE LA EUTANASIA. (Número de expediente 122/000060).
La señora PRESIDENTA: Corresponde ahora debatir la toma en consideración
de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, orgánica sobre la eutanasia.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar,
la señora Sibina Camps.
La señora SIBINA CAMPS: Gracias, señora presidenta. Bona tarda, buenas
tardes.
Me gustaría comenzar mi intervención diciendo que esta proposición de ley
sobre la eutanasia no es solo de nuestro Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sino que es el fruto del
trabajo que hemos realizado conjuntamente con un grupo de personas de
distintos ámbitos del conocimiento y que llevan muchísimos años
trabajando en él. Estoy hablando de sociólogos, de juristas, de
catedráticos, de enfermeras y de médicos. Esta proposición de ley sobre
la eutanasia es también de todos los colectivos que llevan años
trabajándola; es también de personas como Luis Montes, como Fernando
Marín, como Marcos Hourmann, y sobre todo es también de personas como
Ramón Sampedro o Inmaculada Echevarría y tantas otras personas anónimas;
a todas ellas, muchas gracias. (Aplausos).
La población lo tiene claro: un 78 %, según el CIS, y un 84 %, según
Metroscopia, apoyan que se regule una ley para la eutanasia, siendo
aplastante, por ejemplo, la mayoría entre los votantes del Partido
Popular. Ante semejante apoyo social, nuestro grupo está deseando
escuchar sobre todo al portavoz del Grupo Socialista, por si añaden algún
argumento al que nos comentaron ayer de forma, por cierto, muy
paternalista, porque, la verdad, no se sostiene. Señorías, deseando
estamos que suban a esta tribuna porque uno de los argumentos fuerza que
nos daban van a tener que explicárselo muy bien a la gente. Por favor,
explíquenlo aquí, en esta tribuna, que la gente lo escuche alto y claro;
díganle a la cara a la gente que la sociedad no está madura y que no hay
consenso social. Díganlo y que conste en el Diario de Sesiones. Díganle a
la gente que su libertad está secuestrada en esta Cámara, que el derecho
a decidir sobre nuestra vida está secuestrado en esta Cámara. ¿En serio
va a ser el Partido Socialista el que se dé la vuelta y diga: el debate
de esta ley y cuándo se hará lo diré yo y cuando lo diga yo, lo decidiré
yo? ¿En serio va a ser el Partido Socialista? ¿Cuánto hay que esperar,
señorías? (Aplausos). Suban aquí y explíquenlo, por favor. Díganselo a
Larraitz, quien lleva más de doce años con esclerosis lateral
amiotrófica, que decía públicamente: Solo pido que me ayuden un poquito a
terminar con esta agonía. O explíquenselo a José Antonio, enfermo de ELA,
que desea estar muerto cada mañana que abre los ojos porque está
sufriendo dolor de forma insoportable. Díganle a José Antonio que el
debate se hará más adelante, cuando ustedes decidan que la sociedad ya
está madura. A José Antonio, a Larraitz y a todas las personas que están
padeciendo sufrimientos insoportables; explíquenles a estas personas que
están sufriendo y a quienes los cuidados paliativos, ejecutados a la
perfección, no les dan respuesta a su sufrimiento y que no pueden más,
que ustedes ya hablarán sosegadamente de cuándo debe tenerse este debate.
Suban aquí y explíquenselo; expliquen a la gente que es necesario
sosiego, que ya veremos más adelante, si eso, que cuando madure la
sociedad. Suban aquí arriba y explíquenlo. (Aplausos).
En muchas comunidades autónomas han sido ustedes los impulsores de
iniciativas pidiendo al Gobierno una regulación como la que hoy
presentamos en esta Cámara; han sido ustedes. Por ejemplo, en Euskadi, en
2015; por ejemplo, en Cataluña, hace un mes escaso. Y sigo: en la
Comunitat Valenciana, Extremadura, Navarra, Cantabria, Asturias; han sido
ustedes. ¿Qué les pasa, señores del Partido Socialista? ¿Qué les pasa?
¿Que no les da la gana votar a favor de la toma en consideración de esta
proposición de ley porque la propone nuestro Grupo Confederal? ¿Pero qué
les pasa? ¡Díganlo, díganlo claro! (Aplausos). ¿Cuándo será el momento?
¿Cuándo? ¿Cuando digan ustedes? Sí, cuando digan ustedes. ¿Cuándo? ¿El
mes que viene? ¿En septiembre, en diciembre, en enero de 2018? Cuando lo
digan ustedes, ¿verdad?
Miren, el 91 % de sus votantes está a favor de despenalizar la eutanasia,
así que explíquenselo ustedes, no nos lo expliquen a nosotras,
explíquenselo a ellos. ¿Qué les van a decir, que impiden la eutanasia,
que primero va su ley de muerte digna, una ley que no es imprescindible
con el marco normativo que ya tenemos y que no ayuda a dar respuesta
social ni política ni legal a los casos que aquí están contemplados? Voy
terminando, señora presidenta.
Por último, imaginen ustedes que tienen delante a la persona que ustedes
más quieren: a un hijo, a un hermano, a una hermana, a un primo, a un
amigo, imaginen ustedes que tienen a esa persona delante,
que esa persona les mira a los ojos y les dice: mira, ¿sabes?, yo ya no
puedo más, ya no puedo más, solo te pido que me ayudes, que me ayudes a
terminar mi vida dignamente, que me ayudes a morir en libertad. Y más o
menos una cosa similar decía Ramón Sampedro en estos versos de su poema
-y ahora sí que termino, señora presidenta: Tu mirada y mi mirada / como
un eco repitiendo, sin palabras / 'más adentro', 'más adentro' / hasta el
más allá del todo / por la sangre y por los huesos. / Pero me despierto
siempre / y siempre quiero estar muerto, / para seguir con mi boca /
enredada en tus cabellos. (Aplausos de las señoras y los señores
diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Garzón Espinosa.
El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias, señora presidenta.
Los derechos civiles, como los derechos sociales, también se conquistan,
son parte de la presión ciudadana, de movimientos sociales, de gente que
la mayoría de las veces se organiza con antelación a los partidos
políticos. Quizás este sea un rasgo del tema del que estamos hablando hoy
aquí, lo ha dicho mi compañera Marta en la anterior exposición con datos,
los datos de todos los estudios demoscópicos sobre la pertinencia o no de
tener en nuestro país una ley de eutanasia, una ley por la muerte digna
que incluya la despenalización de la eutanasia. Los datos son
abrumadores. Sin embargo hoy aquí, a tenor de lo que han dicho los
principales portavoces de los grupos, se va a hundir la posibilidad de
tener una ley de eutanasia.
Nuestro grupo, sin embargo, no se va a rendir por este traspié, no se va a
rendir porque sabemos que hay que seguir presionando, tenemos que seguir
organizándonos porque sabemos que esta es una ley necesaria que cuenta
con el apoyo social y vamos a contribuir a que la eutanasia algún día
esté presente en el imaginario de nuestro país como un derecho social,
como un derecho civil conquistado. Esto ya sucedió antes, sucedió con la
legalización del divorcio y con la legalización del matrimonio entre
personas del mismo sexo, que hoy son unos derechos civiles absolutamente
asentados gracias a la lucha de muchos colectivos, de muchas
organizaciones y también de partidos políticos. Hoy la gente no se
acuerda de quién lo hizo, no se acuerda de lo que costó y no se acuerda
de que hubo mucha gente que se puso en contra de la aprobación de
aquellos derechos y que hoy se está beneficiando de aquellos éxitos.
Efectivamente, en aquellos momentos también un partido como el Partido
Socialista fue responsable de aquella aprobación, pero hoy, señores
diputados y disputadas del Partido Socialista, ustedes se han colocado en
el otro lado, se han colocado en el lado de no querer avanzar hacia la
conquista de nuevos derechos civiles y ha sido sorprendente porque son
ustedes mismos los que también han contribuido, como decía Marta, a que
en los parlamentos autonómicos se pudiera poner en marcha, se sugiriera,
se pidiera o se exigiera a este Congreso hoy aquí que pudiéramos tener
una ley de eutanasia. Sin embargo, hoy no va a ser así.
Decía Ramón Sampedro, al que ha citado Marta también y que es un ejemplo
de coraje extraordinario, que vivir es un derecho pero no tiene por qué
ser una obligación, porque hay determinadas circunstancias vitales, con
enfermedades incurables que provocan grandes padecimientos, para las que
efectivamente hace falta una ley adecuada. Eso es lo que está proponiendo
nuestro grupo hoy aquí. La humanidad ha reflexionado durante mucho tiempo
sobre el sufrimiento y particularmente también sobre el sufrimiento
perpetuo, sobre el sufrimiento infinito. Recordarán ustedes el mito de
Prometeo: por robarle a Zeus el fuego, Prometeo fue castigado a que un
águila le comiera el hígado cada noche, pero como era inmortal, ese mismo
hígado crecía una y otra vez. Es un mito que refleja muy bien que la
humanidad y concretamente nuestra sociedad siempre ha estado
reflexionando sobre el dolor perpetuo y creo que nuestra sociedad en el
siglo XXI tiene la capacidad de afrontarlo de una forma civilizada,
rigurosa y con garantías absolutas. Esta proposición ley no ha venido del
cielo, tiene mucho trabajo detrás, tiene muchas garantías detrás, tiene
mucho rigor, y aunque ha habido avances médicos en nuestra sociedad que
han hecho que aumente la esperanza de vida, también ha aumentado la
generalización de dolores que definitivamente hacen inviable seguir
viviendo con dignidad, y de una sociedad desarrollada se espera una
adaptación legislativa adecuada a estos tiempos.
Los valores de esta proposición de ley son valores conocidos de sobra por
todos, creo que representa los valores de la sociedad española, el valor
de la solidaridad pero también de la compasión. Somos conscientes cada
uno y cada una de los que estamos aquí de que compartimos un sentimiento
de vulnerabilidad. Somos conscientes de que cada uno de nosotros y de
nosotras podría sufrir una enfermedad incurable y podríamos encontrarnos
ante la necesidad de optar por poner fin a nuestra vida ante un dolor
que no se va acabar hasta la muerte. Creo que somos conscientes de que
nuestra sociedad tiene que dar una respuesta civilizada. Son valores y
principios como el de autonomía, el de tener claro que somos nosotros y
nosotras los únicos que tenemos la capacidad para decidir sobre nosotras
y nosotros mismos, que nadie puede decidir por nosotros y por nosotras.
Podríamos entender que eso es la raíz del liberalismo, pero del
liberalismo actual, porque hemos escuchado en la anterior intervención al
portavoz de Ciudadanos hablar de liberalismo, de las Cortes de Cádiz de
1812 y parece mentira que Ciudadanos, poniéndose la etiqueta de liberal,
sea hoy también otro grupo que no va a apoyar el incremento y la mejora
de un derecho civil. Parece que de tanto citar el siglo XIX se han
quedado en el siglo XIX. (Aplausos).
No podemos confundir el derecho a la vida con el derecho a vivir a
cualquier precio y bajo cualquier condición. Hay un soporte jurídico muy
claro para nuestra propuesta, hay una serie de establecimientos
garantistas que desarrollan esta proposición de ley que nosotros
presentamos hoy aquí y, en cualquier caso, no se nos olvide que es una
propuesta muy seria y muy rigurosa pero es una propuesta para llevarla a
una Comisión y para trabajarla entre todos los grupos. Eso es lo que
queremos, trabajarla con el Grupo Socialista, con Ciudadanos e incluso
con la vena cristiana del Grupo Popular, si todavía le queda algo que le
haga entender qué significa la compasión en una sociedad desarrollada.
Eso es lo que nosotros y nosotras queremos hacer, lo que hemos traído hoy
aquí para personas mayores de edad que sufren enfermedades incurables y
que tienen derecho a vivir con dignidad hasta el final de sus días. Y
también queremos las garantías profesionales necesarias, con médicos que
tienen que informar de la situación, médicos que han cumplido en lo que
han estado haciendo hasta ahora pero con unas libertades ampliadas,
médicos que tienen que contar con los equipos de trabajo de enfermeros,
enfermeras, médicos y médicas y con todos los especialistas, además de
con un médico adicional para dar una segunda opinión, con mecanismos
suficientes para que quede claro qué documentos hay que entregar. En
definitiva, una comisión de evaluación por cada comunidad autónoma, que
son las que tienen las competencias, y una comisión de seguimiento a
nivel estatal. Todo esto está desarrollado en la proposición de ley, así
que no me voy a entretener más en estas cuestiones y voy a ir terminando.
También añadimos el derecho a la objeción de conciencia de aquellos
profesionales médicos a los que les parezca inoportuna esta cuestión y al
mismo tiempo la garantía, en el caso de que no lo haga ese profesional,
de que lo pueda hacer otro. Además, es un servicio que debería estar
sufragado en el Sistema Nacional de Salud de nuestro país como en otros
países desarrollados, siguiendo la estela de países europeos como Bélgica
o los Países Bajos, pero también de Canadá y de otros países en el mundo
que han puesto ya en marcha procesos como este y que han tenido éxito.
Aprendamos de todos ellos, modernicemos nuestro país y no miremos hacia
otro lado. Por favor, Grupo Parlamentario Ciudadanos y Grupo
Parlamentario Socialista, modifiquen su voto. No queremos que dentro de
diez años se recuerde que esta iniciativa la propusimos nosotros. No es
eso lo que nos interesa, sino que haya una ley de eutanasia. Ustedes
tienen en su mano que hoy sea un día histórico o comience a serlo para
nuestro país.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Iglesias Turrión.
El señor IGLESIAS TURRIÓN: Gracias, señora presidenta.
Para preparar esta breve intervención he estado leyendo algunos
testimonios de personas con una situación de menoscabo irreversible de su
calidad de vida o de su dignidad y quería compartir con ustedes uno de
esos testimonios porque se dirigía a los políticos: Quiero morir, pero no
me dejan. No lo entiendo, ¿dónde está mi libertad? Vosotros, los que me
negáis este derecho, habéis olvidado que estáis donde estáis porque así
lo hemos querido todos y también habéis olvidado que vuestra obligación
es la de proveer en todo lo posible nuestras necesidades. ¿A santo de qué
podéis negarme el derecho a disponer de mi existencia? Yo pertenezco a
ese grupo de personas -somos muchos- que nos encontramos en una situación
muy especial. No tenemos ni la más mínima calidad de vida. Nuestra no
calidad de vida se muestra de muy diversas formas: inmovilidad total,
dolores muy intensos y constantes, sufrimiento sin fin, imposibilidad de
sentir y disfrutar del latido de esta vida. No obstante, tenemos dos
cosas en común: el sufrimiento de todos los que nos rodean, amigos y
familiares, y sobre todo nuestra mente lúcida, y esa lucidez de mente es
la que me avala tanto a la hora de expresar mi deseo de morir como a la
de exigir que se me faciliten los medios para llevarlo a cabo y, en
algunos casos, a que se nos ayude a lograrlo, pues nuestra imposibilidad
para hacerlo es total y absoluta. He aprendido a leer las caras de todas
las personas que tengo a mi alrededor. Veo la impotencia que sienten al
no poder hacer nada para mejorar mi existencia, veo el sufrimiento que
padecen al imaginarse el mío. Todos ellos no están conformes con mi
decisión,
cierto es que todos no la comparten, pero como es un acto supremo hacia
mí, la respetan porque es mi decisión. No quiero continuar como estoy
porque lo que tengo es un infierno de vida. Nadie puede comprender mis
lágrimas cada mañana cuando me despierto para descubrir que estoy abocado
a enfrentarme de nuevo a otro día de padecimiento sin límite o con la
sola perspectiva de continuar mirando el mismo trozo de techo que me
permite la movilidad de mis ojos porque no he tenido la suerte de morirme
mientras dormía, que es lo que más deseo en este mundo. Es por esto que
repito mi pregunta: ¿Dónde está mi libertad?
Señorías, les voy a ser sincero. De la bancada reaccionaria del Grupo
Popular no espero nada hoy ni tampoco de los liberales del siglo XIX,
pero de ustedes, señoras y señores del Grupo Socialista, espero al menos
que tengan la dignidad de no impedir que en este país haya una ley de
eutanasia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
ha presentado una proposición de ley que, de llevarse a cabo en sus
términos, supondría legalizar la eutanasia, es decir, autorizar el
suicidio asistido en toda España y despenalizar su práctica por parte de
los profesionales sanitarios, porque de lo contrario sería de aplicación
el artículo 143 de nuestro Código Penal. No es la primera vez que en las
Cortes Generales se debate sobre este tipo de asuntos; de hecho, es un
tema que de una forma u otra ha sido planteado con relativa frecuencia.
Aprobar hoy esta toma en consideración supondría un volantazo del
legislador hacia postulados que no forman parte de las prioridades de la
sociedad española de 2017, aparte de ser un problema médico, político,
social, ético y moral de primerísima magnitud porque afecta al principal
derecho de toda persona: el derecho a la vida. De ahí que recuerde por su
importancia los trabajos que se desarrollaron en la VI Legislatura en la
Comisión Especial de Estudio sobre la Eutanasia creada en el Senado, en
la que se celebraron abundantes comparecencias de expertos nacionales e
internacionales en muchos de los campos relacionados con esta
complejísima materia y, aunque algunos medios lo silenciaron, con
testimonios abrumadoramente en contra de su despenalización. No hubo
conclusiones después de varios años de reuniones, como tampoco el
Congreso de los Diputados fue capaz en su momento de alcanzar un acuerdo
en su intento de creación de un órgano para estudiar la eutanasia.
Ante la iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, que voy a rechazar, quiero remarcar en nombre de
Foro nuestro apoyo a las políticas sanitarias dirigidas a mejorar la
atención a los enfermos en fase terminal y también a sus familias;
nuestro apoyo para impulsar y reconocer el derecho de todas y cada una de
las personas a vivir siempre con dignidad, y eso incluye también el final
de su vida. Actualmente se está desarrollando en toda España la
regularización de los derechos de las personas en situación terminal y de
agonía, que podrán recibir cuidados paliativos integrales. En los marcos
legales aprobados en nueve de nuestras comunidades autónomas en relación
con la muerte digna se contemplan también los deberes y la seguridad
jurídica de los profesionales sanitarios. España es un país en el que se
presta una buena asistencia sanitaria y, de hecho, en relación con los
cuidados paliativos, ha habido un rápido crecimiento de los programas y
servicios que responden al mandato de nuestra Constitución sobre la
dignidad de la persona recogido en el artículo 10. Aun así, cabría
recabar un mayor apoyo a las familias y allegados del enfermo para que lo
asistan en su trance final, además de reforzar a los sanitarios que
tienen a su cuidado a pacientes en condiciones terminales.
Votaré en contra de esta iniciativa, señora presidenta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto también, tiene la palabra el señor
Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Este tema tan serio no debe ser hoy un asunto para ponerse ninguna medalla
porque es un tema de humanidad y de valentía, y lo digo dirigiéndome al
Grupo Parlamentario Socialista; la misma valentía que tuvieron ustedes
cuando propusieron el matrimonio homosexual. Ese día se ganaron
libertades, ese día
se avanzó, ese día fueron ustedes valientes. Hoy no se trata de ponerse
medallas, hoy se trata de ser humanos, de ser valientes, de avanzar y de
ir más lejos, porque hablar de una muerte digna es hablar también de la
vida, de la libertad y del derecho de autonomía de las personas libres
para decidir cómo y cuándo desean que sea el final de sus vidas. Pero es
hablar también de dignidad, de la dignidad del paciente a escoger si
quiere morir de una manera asistida, rodeado de los suyos, libremente,
sin dolor y dignamente, porque no siempre es necesario alargar la vida
hasta el extremo, hasta la extenuación, hasta que el sufrimiento de quien
lo padece sea absolutamente una agonía, una tortura.
Desde Compromís defendemos el derecho de toda persona a disponer
libremente de su cuerpo y de su vida y, por tanto, también de su muerte,
respetando el derecho de elegir libremente el momento y los medios para
finalizarla. Queremos despenalizar la cooperación a la muerte digna
también mediante la derogación del artículo 143 del Código Penal.
Queremos que hoy el Estado español avance -como lo han hecho ya otros
países de nuestro entorno que han sido citados antes: Holanda, Bélgica,
Canadá- hacia el respeto a la voluntad de las personas enfermas
terminales que desean tanto una vida digna como una muerte digna. Por
todos ellos, por humanidad, por valentía, por compasión, por todos ellos,
votaremos sí.
Moltes gràcies, senyora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Moltes gràcies, senyora presidenta. Señorías,
buenas tardes.
El debate público que intenta resolver la difícil cuestión del tránsito de
la vida a la muerte cuando se da en una situación de sufrimiento severo
debe abordarse con serenidad, sin apriorismos ideológicos, para hacerlo
además de una forma integral, garantizando el derecho a recibir atención
de calidad que alivie el sufrimiento en un entorno idóneo, desde el
derecho a disponer de equipos paliativos veinticuatro horas, siete días a
la semana; reforzando la formación integral y continua de profesionales
sanitarios, de psicólogos clínicos, de trabajadores sociales;
promocionando el documento de voluntades anticipadas y también -por qué
no- despenalizando a quien expresa su deseo a morir dignamente. Es
asimismo necesario evitar la manipulación a que pueden verse sometidos
los más vulnerables, que no deben ser presa de fáciles intereses de
terceros o de otras personas. Todo ello debe abordarse en una ley como la
que ustedes plantean. Por tanto, sí, hay que garantizar la autonomía
personal y, sobre todo, la protección de los más vulnerables. Como les
decía, todo ello debe venir acompañado del máximo consenso y de la máxima
serenidad y estar íntimamente ligado al máximo despliegue de los cuidados
paliativos y de los recursos asistenciales.
Señorías, Cataluña ha sido pionera en legislar sobre los derechos de los
pacientes, en legislar sobre el documento de voluntades anticipadas, en
el desarrollo de los cuidados paliativos, y ahora el Parlament de
Catalunya está elaborando también una proposición para traerla a esta
Cámara desde el máximo consenso y con la serenidad de la que les hablaba.
Cuatro de los seis grupos actualmente presentes en el Parlament de
Catalunya van a enviar al Congreso de los Diputados una proposición de
consenso. Señorías, el Partit Demòcrata no será quien rompa el consenso
que se ha labrado en la Cámara catalana. El Partit Socialista, Junts pel
Sí, la CUP y Catalunya Sí que es Pot se han puesto de acuerdo en un
documento que van a remitir a esta Cámara. Nosotros abordaremos este
documento porque estamos hablando de un derecho frágil, de un derecho de
consenso, de una situación dura que debe abordarse, como decía, con
serenidad, por lo que no queremos que tenga el marchamo ni el desmarque
de nadie. Seremos fieles a este compromiso y, cuando llegue a esta
Cámara, votaremos a favor.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor
Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta. Señorías,
arratsalde on. Buenas tardes a todas y a todos.
¿Es éticamente aceptable ayudar a morir a una persona que así lo desea a
causa de su tremendo sufrimiento? ¿A quién corresponde establecer qué es
una muerte digna? ¿La prolongación de la vida es siempre un bien o en
ocasiones se ha de ceder ante otras consideraciones médicas, humanas,
etcétera? ¿Puede alargarse la vida a cualquier precio? ¿Es justificable
la obstinación terapéutica o, lo que es lo mismo, es éticamente aceptable
reducir el esfuerzo terapéutico en determinados supuestos y dejar que
una persona fallezca? ¿Tiene obligación el personal sanitario de sujetarse
a la voluntad del paciente aun cuando esta contradiga su criterio
profesional? Y si la tiene, ¿tiene derecho a la objeción de conciencia?
Todas estas preguntas y muchas más llegan a nuestra mente cuando desde la
experiencia personal o cercana nos enfrentamos a situaciones que
legislativamente en muchos casos no encuentran una respuesta
satisfactoria, pero se necesita una respuesta real.
El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
nos presenta una proposición de ley orgánica sobre eutanasia. Si hay
algún tema que requiere debate, sosiego, subcomisión, ponencia,
intervenciones, comparecencias, todo lo que ustedes estimen oportuno, en
esta Cámara es este, y no otros que hemos creado como si estuviéramos
aquí sin hacer nada. Este sí lo requiere. Por eso consideramos que
todavía en esta Cámara no se han dado los pasos previos que comunidades
autónomas como Euskadi, por ejemplo, sí han dado y que son el estadio
previo a legislar en esta materia tan compleja. En las últimas décadas
los grandes cambios socioeconómicos, las mejoras globales en las
condiciones de vida y los importantes avances técnicos y médicos, es
decir, su creciente capacidad para curar enfermedades, paliar el
sufrimiento y prolongar la vida de las personas, han supuesto un aumento
de la esperanza de vida, con el consiguiente envejecimiento de la
población y el aumento de las enfermedades crónicas e irreversibles.
También ha cambiado el tipo de atención sanitaria, sin duda alguna, y se
ha ido abriendo paso un modelo de responsabilidad compartida en el que la
persona enferma participa cada vez más de la toma de decisiones en su
proceso de curación, tratamiento o incluso final de la vida. Asistimos
igualmente a una mayor toma de conciencia y consideración de las
necesidades de las personas en el final de su vida, es decir, de toda
persona de edad muy avanzada o de aquella a la que se le ha diagnosticado
con certeza un padecimiento avanzado, incurable, progresivo, que no
responde a tratamientos específicos y que tiene una expectativa de vida
limitada en el tiempo, y también de las necesidades de quienes padecen
enfermedades incurables, degenerativas, muy penosas o gravemente
invalidantes. Vivimos, pues, en una sociedad abierta y avanzada,
preparada para afrontar y resolver con total normalidad este tipo de
situaciones, o así debería ser, por lo menos.
Nosotros, como responsables políticos y, en mi caso, como representante de
un partido democrático, plural, participativo, aconfesional y humanista,
abierto al progreso y a todos los movimientos de avance de la
civilización que mejoren la calidad de vida de las personas, consideramos
necesario y oportuno debatir abiertamente sobre estas cuestiones que
afectan y afectarán a todos y cada uno de los ciudadanos y establecer los
principios, criterios y condiciones para garantizar desde la
Administración una atención adecuada durante el proceso final de la vida.
El PNV ha debatido y tratado este tema y tiene incluso un documento
aprobado en la asamblea general celebrada el pasado año en Iruña y
llamado "Dignidad en el final de la vida. Posición del PNV". Además nos
hemos posicionado en el Parlamento vasco, junto con el Partido Socialista
y Euskal Herria Bildu, en una transacción conjunta, en base a la
necesidad de dar respuesta a una situación social y sanitaria latente, en
la que se insta al Gobierno de España a modificar el artículo 143 del
Código Penal para despenalizar el suicidio asistido. Incluso hemos
incluido este debate en el programa electoral con el cual nos presentamos
a esta Cámara.
Podría haber traído una cita de Cioran, pero seguramente hubiera sido
excesivamente duro. Sin duda alguna es mejor traer a Petrarca. Él decía
que un buen morir honra toda una vida. El ser humano, consciente de su
naturaleza mortal, ha buscado un bienestar en la vida y seguramente ha
desatendido el buen final, dando por hecho que la agonía y el sufrimiento
eran innatos al final de la vida. La evolución social y sanitaria, así
como el deshacernos de la presión moral mal entendida, han hecho que
dignifiquemos el final de la vida ante el sufrimiento y el dolor.
Nosotros entendemos que el proceso del final de la vida debe ser atendido
de forma integral e integrada, por equipos sociosanitarios que den
respuesta a las necesidades físicas, psíquicas, sociales, emocionales y
espirituales de todas las personas afectadas. Por eso hemos legislado en
Euskadi y hemos aprobado en el Parlamento vasco la Ley de garantía de los
derechos y de la dignidad de las personas en el proceso del final de la
vida. Todas las personas tienen derecho a una atención paliativa,
integral, desde el momento del diagnóstico de su enfermedad. Una atención
que deberá ser profundizada e incrementada a medida que los medios
terapéuticos de la enfermedad de base no logren su objetivo curativo o
que el paciente vaya sucumbiendo a la misma. Esta atención paliativa debe
ser universal y accesible tanto en el ámbito sociosanitario como en el
domicilio.
Dado que la muerte médicamente asistida -los denominados suicidio asistido
y eutanasia- tienen un reproche penal en el Estado español, sin duda
alguna debemos de propiciar en la sociedad un proceso de deliberación
sobre su moralidad de cara a su posible despenalización. Esto sí
corresponde a esta Cámara; en cambio, otros debates que se quieren traer
corresponden a comunidades autónomas. El tema
de la despenalización sí corresponde a esta Cámara. Y, señor Garzón,
gracias por incluirnos, junto con PSOE, Ciudadanos y Partido Popular, que
parece que son los únicos partidos que existen para el consenso. En
cualquier caso, nosotros consideramos el suicidio asistido como la
práctica médica mediante la cual se proporcionan los medios intelectuales
y/o materiales imprescindibles para que alguien pueda terminar con su
vida de forma efectiva cuando lo desee. Entendemos la eutanasia como la
práctica médica que produce de forma deliberada, directa, la muerte de un
paciente. Podríamos seguir, pero seguramente hoy tenemos que referirnos a
esta proposición de ley.
La proposición de ley que nos trae Podemos no nos gusta en su totalidad,
nos parece que tiene lagunas jurídicas y ciertos saltos políticos que
requieren un análisis más en profundidad. Hay artículos, como decía, que
no nos parecen los más correctos y creemos que algunas veces se
extralimita en algunas cuestiones de organización y en algunos criterios
en el articulado que, metodológicamente, no nos parece que estén bien.
Por ejemplo, en el del comité de evaluación a posteriori, etcétera. Pero
no será el PNV el que se oponga al debate; nunca lo ha hecho. No tenemos
miedo a debatir, no tenemos miedo a que se traten estas cuestiones. En
Euskadi hemos sido pioneros en estas materias, por lo tanto creemos que
es bueno que se traten, es bueno que se formulen las propuestas que cada
uno estime oportunas y que cada uno se posicione en esta materia. Así,
una vez tramitado, podremos desarrollar y trabajar en la futura ley que
dé satisfacción, sobre todo, a la sociedad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la
señora Capella i Farré.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda, presidenta, senyores y senyors
diputats.
Libertad para afrontar la vida y libertad para afrontar también la muerte.
Hoy, en la toma en consideración de esta proposición de ley, hablamos de
libertad, de autonomía de la voluntad, de la libertad para afrontar la
vida como la queremos vivir, pero también como queremos que sea esa parte
final de la vida: la muerte. De eso trata la proposición de ley que
presenta Podemos-En Comú Podem-En Marea para su toma en consideración. A
nadie se le escapa, puesto que se trata de un hecho objetivable, que
Esquerra Republicana a lo largo de todos estos años ha ido presentando
iniciativas en relación con la muerte digna y la eutanasia. Recogía el
sentir de muchas asociaciones y personas que defienden desde hace muchos
años el derecho a una muerte digna. Por ello es necesario recordar a
distintas y distintos diputados de Esquerra Republicana; el señor
Puigcercós, en el año 2001; la señora Bonás, en junio de 2004; los
señores Ridao y Tardà en el año 2010. Todos ellos, todos los diputados y
diputadas de Esquerra, toparon contra el muro del Partido Popular y el
muro del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, venimos desde hace
tiempo defendiendo el derecho a la libertad, el derecho a decidir que
tiene toda persona de qué manera quiere vivir y de qué manera quiere
abordar el final de sus días. Como seres humanos tenemos el derecho a
decidir si queremos vivirla o no en determinadas condiciones. Este
extremo se encuentra avalado por el propio Tribunal Constitucional, que
reconoce que el derecho a la vida es un derecho de disposición individual
y que no hay duda que el tránsito hacia una muerte digna forma parte de
lo más íntimo de un ser humano. Dicho de otra manera, no existe
obligación de vivir, la vida no es un deber, no es una obligación. El
Estado debe proteger la vida, debe garantizar el derecho a una vida
digna. Lo que no puede hacer el Estado es imponer vivir y en todas las
circunstancias. La concepción del derecho a la vida que implica el
mantenimiento de esta incluso en contra de la voluntad de su titular debe
ceder el paso a concepciones más acordes con las de un Estado
aconfesional, el respeto a la libertad individual y el derecho de
autodeterminación que tenemos como personas. Afirmaciones que tienen
cabida en la legislación vigente -artículo 10 de la Constitución española
cuando proclama la dignidad de la persona, los derechos inviolables que
le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a
la ley y a los derechos de los demás como fundamento del orden político y
la paz social-.
Es cierto que hemos avanzado un poco, hemos pasado del planteamiento en el
que el paciente no podía opinar ni decidir en el tratamiento médico que
debía serle suministrado al paciente como centro de la toma de decisiones
gracias a la Ley de Autonomía del Paciente, del año 2002. En Cataluña
vamos por delante. Hemos sido una avanzadilla en relación con la
legislación en materia de derechos de los pacientes y documentos de
voluntades anticipadas y en el desarrollo de las curas paliativas.
También en la elaboración de la carta de derechos y deberes de la
ciudadanía en relación con la salud y la atención sanitaria, elaborada en
el año 2001 y revisada y aprobada por el Departament de Salut en junio de
2015. Es necesario proteger la libertad de la persona, pero también a
quien practica la eutanasia y en qué
condiciones en practicada. Deben existir mecanismos que permitan confirmar
la voluntad de la persona y que su decisión sea fruto de una decisión
libre, informada y consciente. Informada implica que la persona conozca
su situación, las alternativas y posibilidades, incluyendo los cuidados
paliativos. Consciente sabiendo la trascendencia de la decisión y la
voluntad. Estamos hablando de regulación, de poder hacer efectivo un
derecho, de no impedir el derecho a la vida digna y a una muerte digna.
La sociedad sí está preparada. Existe una mayoría de ciudadanos a favor de
la regulación. Alguien se ha referido a ello con anterioridad. El CIS de
2011 establece que un 77,5 % de personas son favorables a la eutanasia.
Como decía anteriormente, la legislación sanitaria ha avanzado, la
persona se encuentra en el centro de la toma de decisiones, pero, por el
contrario, la legislación estatal continúa penalizando, castigando, a
través del artículo 143.4 del Código Penal. Ese es el marco legal que
impide, en este caso respecto a Cataluña, que pueda facilitarse una
muerte digna y sin sufrimiento a la persona que, en situación de
padecimiento o sufrimientos extremos y en plena posesión de sus
facultades para tomar la decisión, expresa su voluntad y deseo de morir y
solicita el auxilio para ello. A Cataluña solo le falta que se derogue o
que, en todo caso, se regule de forma distinta el artículo 143.4 del
Código Penal. En ese sentido, el Parlament de Catalunya acordó presentar
a la Mesa del Congreso una proposición de ley para la despenalización de
la eutanasia y la ayuda al suicidio. De conformidad con esta petición
expresa del Parlament de Catalunya entendemos -Esquerra Republicana lo ha
mantenido a lo largo de los años- que va siendo hora de que el derecho a
la vida digna incorpore también el derecho a una buena muerte. Morir
dignamente también incluye las curas paliativas. Sí, es promocionar el
documento de voluntades anticipadas y es también la despenalización de la
eutanasia y el suicidio médicamente asistido.
La presente proposición de ley es mejorable, sí, por descontado, entre
otras muchas cosas porque se olvida de forma palmaria de la regulación y
de la legislación avanzada de Cataluña. No obstante esta desmemoria
respecto de Cataluña y, por tanto, de la no contemplación de aquello que
allí hemos hecho, Esquerra Republicana votará a favor de la toma en
consideración de esta proposición de ley. (Aplausos).
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Igea
Arisqueta.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias.
Señorías, si de algo importante se ha hablado en este hemiciclo en estas
dos legislaturas, sin duda, es del tema de hoy. Es tan importante que
tengo que lamentar, aun reconociendo la compasión y el corazón de la
señora Sibina, la demagogia que se ha hecho aquí con algo que para
algunos es muy importante porque, señor Iglesias, le anticipo que ustedes
no tienen la exclusividad de la compasión. (Aplausos). Llevo treinta años
de mi vida dedicándome a atender a enfermos de patología digestiva:
cánceres de estómago, cánceres de páncreas o cánceres de esófago. He
visto morir a mucha gente y he asistido a mucha gente. Podría hablarle de
Luz, de Marisabel, de Charo, pacientes que se han sedado en mis brazos.
Usted no tiene la compasión en exclusiva. (Aplausos).
Es verdad que en España se muere mal, es verdad; en España se muere con
dolor en habitaciones de tres porque una enfermera del turno de noche
tiene que atender a treinta timbres y nadie ha pautado una bomba de
morfina. Es verdad. También es verdad que hay gente que se muere
ahogándose durante semanas, claro que es verdad, porque nadie les ha
explicado que tienen el derecho a recibir sedación, aunque esto acorte su
vida. Es verdad que hay gente que se muere en la ansiedad y el
desconocimiento de que se está muriendo porque nadie le ha informado de
qué es lo que le pasa. Todo eso es verdad, pero de nada de eso habla su
ley. Es verdad que hay gente que se muere conectada a una máquina, o el
lamentable caso de Andrea, una niña con una enfermedad irreversible que
obligó a sus padres a ir al juzgado para desconectarle de una sonda de
nutrición enteral. Es verdad y es lamentable. ¿Cómo se mueren nuestros
ancianos? En residencias, desorientados y atados a una cama. El 40 % de
los ancianos con demencia en este país se mueren con sujeciones físicas,
atados. ¿Por qué nadie, salvo Ciudadanos, ha traído una iniciativa a esta
Cámara para acabar con eso? (Aplausos). ¿Por qué la única alternativa es
esta?
Es verdad que hay enfermos con lesiones neurológicas que están en su casa
secuestrados sin ayudas técnicas. Es verdad que hay gente que tiene una
tetraplejia o una esclerosis lateral avanzada que se muere sin ni
siquiera haber sido calificado como discapacitado, que se muere sin
ayudas técnicas, que se muere sin esa silla manejada por un mentón que le
permitiría moverse y salir de casa. Es verdad que todo eso pasa. ¿Alguien
ha venido aquí a hablar del catálogo ortoprotésico o de esas prestaciones
que
ayudarían a los enfermos a vivir los días que les quedan con mayor
comodidad? (Aplausos). Todas estas cosas son verdad y la Sociedad
Española de Cuidados Paliativos ha dicho hace escasamente tres o cuatro
semanas que es urgente que en este país se regule el derecho y las
garantías de las personas al final de su vida. Es tan urgente, que el
primer partido que trajo una ley a este Parlamento fue el nuestro, los
liberales del XIX. (Aplausos). Pero voy a hablarles de cuál es su
alternativa; una ley que regulase el suicidio asistido, y punto.
El suicidio asistido no es el derecho a disponer de tu propia vida, es el
derecho a morir a manos de otros, cosa bien diferente, y hacen
responsable al Estado de participar en esa decisión porque ustedes lo
quieren convertir en una prestación y así está en su ley, por eso no es
un derecho individual, es un derecho que afecta a toda la sociedad y que
por tanto tiene que estar bien regulado, y cuando las cosas se regulan,
se regulan en una ley. Lo que nosotros hemos hecho, que dudo mucho que
algunos de los oradores que han intervenido por parte de Podemos lo hayan
hecho, es leernos su proposición de ley. (Aplausos). Su proposición de
ley es una ley sin garantías, una ley que abre la puerta a la eutanasia
en casos de sufrimientos psíquicos sin necesidad de que sea una
enfermedad irreversible. Eso es una barbaridad. La Asociación Americana
de Psiquiatría ha dictaminado en noviembre que no se debe ayudar a morir
a un paciente psiquiátrico, y esto está en su ley. (Aplausos). Ustedes
dan como un periodo de garantía suficiente 15 días. ¿Alguno de ustedes
superaría en 15 días el diagnóstico de una esclerosis lateral
amiotrófica? ¿Alguno de ustedes superaría en 15 días una depresión mayor?
¿Alguno de ustedes superaría en 15 días una tetraplejia? Pues esto es lo
que dan ustedes, 15 días. (Aplausos). Hay una ausencia absoluta de
fedatario en la toma de esta decisión. El único fedatario es el médico.
Usted no puede testar sin un registrador, sin un notario, pero sí puede
declarar que quiere morir. Ustedes dicen que garantizan la objeción de
conciencia y obligan al médico a que haga la objeción de conciencia, le
obligan a él a buscar otro médico, obligan a un facultativo que piensa
que lo que está haciendo no es correcto a ser cooperador necesario
buscando otro facultativo. Esto no tiene ni pies ni cabeza. (Aplausos). Y
no les voy a hablar del comité de evaluación a posteriori porque esta
ley, como ustedes dicen, es una copia de muchos que están aquí y de lo
peor de las leyes peores que hay de la eutanasia e incluyen ahí un comité
de evaluación que va a decir si la eutanasia o el suicidio asistido se
hizo bien después de hecho. Poca utilidad. Pero no solo eso, sino que
ustedes se saltan el Código Penal porque deciden que si hay una sospecha
de que no se ha hecho correctamente, es necesaria una mayoría de dos
tercios, que es que si tres personas piensan que se ha cometido un
homicidio no tienen que ir a la fiscalía. ¿Ustedes no les van a dejar ir
a la fiscalía? Esa es su ley. Además, su ley dice que tienen que hacerlo
en un periodo de tres meses. ¿La prescripción del delito de homicidio va
a pasar de cinco años a tres meses porque ustedes lo dicen? (Aplausos).
Eso sí, ustedes se aseguran de que los familiares cobrarán el seguro
porque se certifica como muerte natural. Eso sí lo incluyen en su ley.
Es una ley para unos pocos, solo es una ley para unos pocos, porque he de
decirles una cosa, son muy pocos, muy pocos, en mi experiencia, los que,
cuando les das un diagnóstico fatal, te dicen: quiero morir. La mayoría
dicen: quiero vivir. (Aplausos). La dignidad, señores diputados, no está
en cómo morimos, la dignidad está en cómo vivimos porque somos ciudadanos
libres hasta el último de nuestros días. Ese es el último de nuestros
días de vida. La vida es lo que nosotros queremos garantizar con dignidad
hasta el último de los días. (Aplausos). La alternativa a pasar días de
dolor, de disnea, conectado a una máquina o a morir atado no puede ser
únicamente su ley. La alternativa al horror no puede ser únicamente el
suicidio. (Aplausos).
Nosotros hemos propuesto una ley que incluye muchas más alternativas: el
derecho a cuidados paliativos integrales, el derecho a retirar las
medidas de soporte vital, el derecho a la información. Todos esos
derechos y muchos más están en nuestra ley. Ustedes solo hablan del
derecho al suicidio asistido, solo hablan de eso. Nosotros no hemos
cerrado los ojos a la realidad; tan no hemos cerrado los ojos a la
realidad que en nuestro acuerdo con el Partido Popular está la creación
de esta ley; y tan no hemos cerrado los ojos que la ley integral de
derechos y garantías vendrá la semana que viene a este hemiciclo para ser
debatida. (Aplausos.-Rumores).
Señora Sibina, voy a concluir. El día que llegue mi hora me gustaría tener
una enfermera como usted, pero una ley como la mía.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la
palabra el señor Cámara Villar.
El señor CÁMARA VILLAR: Señora presidenta, señorías, la proposición que
debatimos es de la mayor importancia social y de fundamental
trascendencia jurídico-constitucional, en tanto que afecta directamente,
entre otros, al derecho a la vida; un derecho, en palabras de nuestro
Tribunal Constitucional, esencial y troncal en cuanto que es el supuesto
ontológico sin el que los restantes derechos no tendrían existencia
posible. De ahí que en este debate se conciten profundos sentimientos
humanos, inevitablemente relacionados con creencias religiosas y
convicciones ideológicas y morales. Tenemos que ser conscientes de que
este debate no solo se produce en nuestro país; tenemos que ser
conscientes de que son todavía muy escasos los ordenamientos jurídicos
que permiten la eutanasia y el suicidio asistido. Aunque desde el pasado
siglo se han desarrollado movimientos cada vez más extendidos en pro de
su legalización, casi todos los países siguen prohibiendo penalmente la
eutanasia sin referirse a ella, aunque en algunos pudiera parecer
subsumida en conductas de colaboración con el suicidio ajeno o en el
homicidio a petición. Así ocurre, por ejemplo, en Suiza, país que solo
castiga la cooperación al suicidio cuando obedezca a motivos egoístas,
generando una regulación tan insegura que abre un hueco considerable a
prácticas eutanásicas y da pie al llamado turismo eutanásico. Otros
países, muy pocos, y no sin un importante grado de polémica, han
despenalizado ciertas conductas eutanásicas y de suicidio asistido. Así
ocurrió en 1995 en el territorio del norte de Australia, Darwin, y en el
Estado americano de Oregón, pero en el primer caso la medida fue derogada
en el transcurso de unos meses y en el segundo un tribunal federal
declaró inconstitucional la ley. La vía jurisprudencial sigue abriendo
también este camino en algunos países. En Colombia, mediante una decisión
de la Corte Constitucional de 1998; en Canadá, la sentencia Carter de la
Corte Suprema de 2015 revocó la prohibición del suicidio médicamente
asistido y esto ha dado lugar a que, en aplicación de esta doctrina, haya
una ley de esta naturaleza en Quebec de 2015 y otra ley federal. En
relación con los casos de Holanda y de Bélgica, que suelen ser vistos
como paradigmáticos y modélicos hasta cierto punto, el sistema
establecido no está exento de fuertes críticas; críticas que tienen que
ver de manera especial en Holanda con la insuficiencia de las garantías
establecidas, con la supervisión deficiente de las decisiones médicas,
con la debilidad de la garantía del control a posteriori y con el
argumento de la llamada pendiente resbaladiza, consistente en la
ampliación progresiva que se va produciendo desde el suicidio asistido a
la eutanasia, de los enfermos terminales a los crónicos y de la
enfermedad física al sufrimiento psicológico y aun se llega a decir al
sufrimiento existencial. Incide en todo ello, además, el dato de las
elevadas cifras de eutanasia practicadas en este país por comparación con
otros, como es el caso de Oregón, que dispone de una legislación
garantista que goza de amplio consenso y es prudentemente aplicada, pero
aún así, allí también hay controversia por razón de la escasez de
garantías.
Señorías, si hago este breve esbozo es para constatar que estos casos de
legalización no son la regla ni constituyen modelos incontestables en el
panorama mundial, sino excepciones que muestran avances, que muestran
retrocesos, aciertos y errores. En definitiva, estamos ante un debate
socialmente instaurado espinoso, complejo, necesitado de aclaración y de
establecimiento de amplios consensos, también médicos. No podemos dejar
de lado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos zanjó por unanimidad
y de manera negativa la cuestión de si el artículo 2 del convenio europeo
ampara de algún modo el suicidio asistido en la famosa sentencia Pretty
contra Reino Unido del año 2002, destacando que este precepto no puede
ser interpretado en el sentido de que exista un especular derecho
fundamental a morir. Nuestro Tribunal Constitucional ha seguido el mismo
camino y ha sostenido en su jurisprudencia este mismo criterio, pero ha
precisado que forma parte del mismo una facultad de autodeterminación que
legitima al paciente para decidir libremente sobre las medidas
terapéuticas y tratamientos que pueden afectar a su integridad,
escogiendo entre las distintas posibilidades, consintiendo su práctica o
rechazándola, lo cual casa perfectamente con la legislación en materia de
muerte digna. En la más reciente sentencia Lambert y otros contra Francia
del año 2015, el tribunal europeo ha considerado que incluso ante los
casos de una persona que está siendo artificialmente mantenida con vida
no existe un consenso, señorías, que esté extendido en esta materia en
los Estados miembros del Consejo de Europa por lo que -dice el tribunal-
es necesario observar un margen de apreciación debido por tratarse de una
cuestión muy delicada, muy compleja desde las perspectivas médica, legal
y ética.
Como podemos observar, el debate está instaurado también
jurisprudencialmente, y lo mismo se puede decir en el ámbito
deontológico-médico. Baste comprobar a estos efectos la resolución de la
Asamblea médica mundial sobre la eutanasia de 2002, reafirmada en 2013,
según la cual se declara la eutanasia contraria a la ética en todo caso,
lo cual no impide al médico respetar el deseo del paciente de dejar que
el proceso natural de la muerte siga su curso en la fase terminal de su
enfermedad. Lo mismo ha dicho respecto al suicidio asistido en su
declaración de 1992, revisada en 2005.
Así las cosas, el Partido Socialista considera que debería abrirse en
nuestro país un debate social sosegado sobre la regulación de la
eutanasia y el suicidio asistido, como queda reflejado claramente en
nuestro programa electoral, con la mirada puesta en que pueda fraguarse y
establecerse un necesario consenso amplio en esta fundamental cuestión.
Estamos ante un debate que afecta a la dignidad y al núcleo de los
derechos fundamentales de las personas y por tanto tiene una dimensión de
alcance constitucional y no exclusiva ni principalmente sanitaria. Por
ello, la prioridad de nuestra formación política es dotar a España de una
buena y evolucionada ley básica de muerte digna que todavía no existe y
del desarrollo de todos los servicios y recursos necesarios en el
Servicio Nacional de Salud para hacer realidad, para hacer exigible el
derecho a una muerte digna en todo el territorio del Estado (Aplausos) en
condiciones de igualdad y en condiciones tales que no exista
discriminación de ninguna clase. Hay todavía muchas diferencias,
señorías, muchas deficiencias, muchas divergencias y es preciso
garantizar en plenitud el acceso al testamento vital, el acceso de todos
los pacientes al final de su vida a los cuidados paliativos y a la
sedación terminal a todos los pacientes que la soliciten. Por esta razón,
el Grupo Socialista presentó el pasado 7 de febrero una proposición de
ley de muerte digna recogiendo los contenidos del proyecto de ley que
presentó el Gobierno socialista en 2011 y que decayó por obvias razones,
la proposición de ley que presentó en la X Legislatura nuestro grupo y
los avances que han experimentado en esta materia las legislaciones
autonómicas, especialmente en Andalucía, Navarra, Canarias e Islas
Baleares. Ya ve, señor portavoz del Grupo de Ciudadanos, que su
proposición no ha sido ni mucho menos la primera.
Señorías, somos muy conscientes de que la sociedad española parece estar
dispuesta, de acuerdo con lo que reflejan los sondeos de opinión, a
abrir, es verdad, un debate profundo sobre la eutanasia. Nosotros no lo
rehuimos, al contrario, lo consideramos necesario y así se lo expliqué
ayer, señora Sibina, pero entendemos que este debate no debe ser
precipitado sino riguroso y sereno. El Partido Socialista considera que
la regulación que presenta Unidos Podemos es precipitada. Los ciudadanos,
los juristas, los médicos y otros sectores sociales y profesionales
tienen que ser escuchados, deben tener la oportunidad de participar en la
formación de un consenso claro sobre la cuestión en nuestro país. Sabemos
que las regulaciones nacionales existentes difieren en muchos aspectos y
que en ocasiones dan lugar a situaciones de falta de seguridad jurídica
que se deben estudiar y se deben revisar con la máxima cautela, pero ese
debate no debe detener el proceso necesario y urgente de disponer de una
buena ley básica de muerte digna.
Señora Sibina, usted ha dedicado su tiempo no a explicar el contenido de
su proposición, sino a amenazar al Partido Socialista, por cierto,
aprovechándose de manera desleal de una conversación que ayer tuvimos.
(Aplausos.-Rumores). Pues bien, yo le voy a decir por qué no me parece
adecuada su proposición. No nos parece adecuada porque presenta
deficiencias importantes y cae en errores ya cometidos en los países
mencionados, además de ser muy precipitada. Solo a modo de ejemplo le voy
a decir, porque me falta tiempo: en la propia delimitación del supuesto
de hecho por referencia a padecimientos psíquicos que el paciente
considere intolerables y en la ausencia del relevante elemento de
garantía, entre otros, falta de testigos y solo presencia del médico a la
hora de firmar la solicitud o revocarla, capacidad de dirigirse por el
médico responsable a otro médico consultor de su elección, lo que
contamina la elección y devalúa la garantía, así como que no se
establezca la especialización de tal médico, inexistencia de un
procedimiento generalizado de orden psicológico, inconcreción de los
plazos -como se ha dicho- para realizar la prestación solicitada, no
establecer el procedimiento de comprobación y valoración último antes de
la muerte, inexistencia de un control previo, previéndose solo uno a
posteriori, lo que puede dar pie a prácticas derivadas o a graves errores
que serían irreversibles, deficiencias en la garantía de la objeción de
conciencia, obligando al objetor a que ofrezca efectivamente al
solicitante de eutanasia o suicidio asistido otro profesional, función
que debe corresponder solo a la Administración una vez informada.
Ustedes no han buscado el consenso, si así fuera hubieran recurrido a
nosotros para presentar una iniciativa conjunta. Ustedes han buscando
ponerse la medalla tratando de humillar a otros grupos de esta Cámara.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
la señora Cortés Bureta. Silencio, señorías.
La señora CORTÉS BURETA: Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas
tardes.
Lo que debatimos aquí esta tarde va más allá del análisis de una
proposición de ley, se trata de un debate social que, más allá de su
dimensión sanitaria, suscita interrogantes éticos, jurídicos y políticos.
Estamos planteando o plantea el grupo proponente cuál es el alcance de
las decisiones de la persona sobre el final de su vida y cuál es la
misión de los profesionales sanitarios en ese punto, y en ese debate es
verdad, se ha dicho ya desde esta tribuna, intervienen grupos de
bioética, medios de comunicación, profesionales de medicina, sociólogos,
juristas y, por supuesto, también políticos. El Grupo Parlamentario
Popular tiene una clara posición avalada por algunos argumentos que
intentaré exponer. Señorías, no hablaré, aunque algunos lo esperen, de
santos padres ni de sumos pontífices. Mi perspectiva será especialmente
humana, pero no podemos olvidar que esa humanidad se encuadra dentro de
nuestro marco jurídico constitucional. Y es que en la eutanasia están
comprometidos derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la
integridad física y moral, los principios de la dignidad humana y el
libre desarrollo de la personalidad, el valor de la libertad, la libertad
ideológica y religiosa. Por un lado, están quienes afirman que la
capacidad de autodeterminación del ser humano es total y absoluta, de
manera que estaría legitimado para ejercer esa libertad y decidir poner
fin a la propia vida y, por otro lado, se sitúan aquellos que entienden
que la vida se debe administrar autónomamente, pero esa capacidad de
autodeterminación no se puede traducir en una disponibilidad absoluta.
Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos mantienen que el derecho a la vida no incluye el derecho a
disponer de ella. El derecho a la vida no es un derecho de libertad que
incluya el derecho a la propia muerte. El derecho a la integridad,
entendido como libre disposición del propio cuerpo, tampoco es absoluto,
porque muchas veces lo querido no está legitimado a la luz de las normas.
En ese sentido, piensen ustedes, señorías, en algunas prácticas de
manipulación genética. Al igual que no existe un derecho a la mutilación,
tampoco en ese precepto podemos entender que existe un derecho a disponer
de la propia vida. Piensen en un ejemplo muy, muy sencillo. ¿Qué dirían
si en el ejercicio de disponer de la propia vida y del propio cuerpo una
persona -un ciudadano español- decidiese vender su cuerpo y dedicar su
vida a la esclavitud? ¿Permitirían que fuese un esclavo o una esclava?
¿Querrían que elaborásemos una ley que regulase y despenalizase otra vez
la esclavitud? ¿Verdad que no sería así, señorías? Por tanto, esa
libertad que defienden a la propia vida tiene unos límites en cualquier
sociedad.
Se ha dicho aquí también que la protección jurídica de la vida. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora CORTÉS BURETA: tiene en el artículo 15 una importante dimensión
social que el Tribunal Constitucional también ha reconocido. Que alguien
quiera morir no conduce sin más a que alguien pueda matar, señorías. Una
cosa es dejarse morir y otra muy distinta pedir a un tercero que te cause
la muerte. Si reconocemos el derecho de una persona a obtener ayuda a la
hora de morir, simétricamente estamos creando para otra persona una
obligación de matar, señorías. Las palabras no son envoltorios para
ayudar a quien escribe o a quien habla, sino el instrumento adecuado para
saber lo que las cosas son y no son y a veces se producen errores, de
manera que en algunos casos en puridad no podríamos hablar de un derecho
a la propia muerte, sino al propio homicidio, señorías, como muchas
publicaciones de expertos ponen de manifiesto. En la eutanasia se implica
siempre a una tercera persona, que es un profesional sanitario, alguien a
quien la sociedad encarga el cuidado de las personas más débiles y
vulnerables por encontrarse enfermas. Por mucho que intentemos negarlo,
se produciría un cambio en el rol del médico o en la imagen profesional,
porque ese médico que está obligado a curar y a mitigar el dolor pasaría
a convertirse, señorías, en ejecutor de muertes cuasi oficiales.
(Rumores). Sí, sí, lo digo. Algunos no esperaban nada, pero lo digo.
En su proposición hacen referencia a la dignidad humana y aquí quiero
hacerles un planteamiento. ¿Dignidad como punto de partida o como punto
de llegada? Si entendemos la dignidad como punto de partida, ese concepto
de dignidad es congénito a la vida y acompaña a la persona desde su
nacimiento hasta el final. Si entendemos la dignidad como punto de
llegada, eso va ligado a unas condiciones de calidad humana. Entonces, si
esas condiciones de calidad humana se pierden y la vida deja de ser
indigna, quizá no merezca ser vivida, pero si la dignidad la tenemos
desde el día que nacemos hasta el
día en que morimos, aunque esas condiciones se pudieran perder, señorías,
la vida seguiría siendo digna. Desde esta tribuna se ha hecho referencia
a testimonios concretos -como decía el portavoz de Ciudadanos, es un
alarde querer monopolizar la sensibilidad o la compasión- en los que
alguien pide morir, pero, señorías, si una persona que ha perdido su
calidad de vida o su dignidad pide morir, ¿qué le decimos a quien ha
perdido esa calidad o se encuentre en esa situación y quiera seguir
viviendo y luchando? ¿Qué le decimos, que su vida no es digna, que va a
vivir indignamente? (Rumores). Eso no se puede hacer, señorías, no se
puede. El Grupo Parlamentario Popular nunca aceptará ese planteamiento
porque para nosotros la vida siempre es digna, desde el principio hasta
el final. Si aceptásemos ese planteamiento, estaríamos privando de
dignidad y valor a personas que padecen graves limitaciones o severos
sufrimientos psicofísicos, que son justamente las que más atención
necesitan. Cuando en términos coloquiales se habla de unas condiciones de
vida indignas, lo que son indignas son las condiciones y los
comportamientos de quienes las consienten. Por tanto, luchemos para que
esas condiciones sean dignas y para que esos comportamientos no se
produzcan, pero nunca será indigna la vida del enfermo. Para mi grupo,
señorías, morir con dignidad supone vivir dignamente hasta el último
momento. Por eso, hemos de garantizar la atención técnica y humana que
necesitan esos enfermos con la mejor calidad posible y buscando la
excelencia profesional, precisamente porque tienen dignidad. En un
discurso que he escuchado se asocia el hecho de morir con dignidad con la
ausencia de sufrimiento. Nadie quiere sufrimiento y nadie quiere dolor y,
señorías, ahí es donde entran en juego los cuidados paliativos, que es la
dirección en la que está trabajando tanto el Grupo Parlamentario Popular
como el Gobierno del Partido Popular. Así lo demuestra una de las medidas
que hemos firmado con Ciudadanos, que es aprobar una ley que regule
políticas que permitan una muerte digna de las personas en el proceso
final de su vida y el derecho a que las ayudas con cuidados paliativos
eviten el sufrimiento en caso de enfermedad no tratable, pero sin abordar
la eutanasia activa o la sedación final inadecuada.
No es verdad que oponerse a la eutanasia responda a imposiciones éticas y
religiosas por parte de poderes públicos, porque, además, defenderla
tampoco es éticamente neutral. Puede haber personas que éticamente
acepten la eutanasia en determinadas circunstancias extremas, pero que a
la vez estén en contra de su legislación o de su regulación, porque
entienden que las consecuencias que se pueden derivar de una ley pueden
ser más negativas que positivas. Se ha dicho aquí que existe un riesgo
para los más débiles en el sentido de que de una manera quizás silenciosa
o indirecta se pueden ver coaccionados pensando que son una carga para la
sociedad o para las familias. Hay un riesgo de debilitamiento de la
confianza del enfermo hacia el sistema sanitario, hay un riesgo también
para el avance en los cuidados paliativos y, sobre todo, hay un argumento
que es el de la pendiente resbaladiza que han puesto encima de la mesa
autores que no tienen reparos éticos ante determinadas peticiones de
eutanasia, pero que consideran que su legalización llevaría en la
práctica a la eutanasia no solicitada y consideran que eso es inaceptable
y que tiene graves repercusiones. Podemos correr el riesgo de que, una
vez legalizada la eutanasia en caso de solicitud voluntaria, el clima
social pueda deslizarse hacia una aplicación en casos de enfermos
inconscientes o incapaces que no hayan expresado esa autorización. Por
eso, entendemos que no es el momento y no es ni oportuna ni prioritaria
una ley sobre la eutanasia en España. Señorías, permitir la muerte
evitando el encarnizamiento médico o respetando el derecho a rechazar
tratamientos no precisa una norma legal en nuestro país.
Quiero terminar, presidenta, recordando la pregunta de una de las
portavoces del grupo proponente al Grupo Parlamentario Socialista. No
seré yo quien responda en su lugar, pero su pregunta me ha hecho pensar.
Decía: ¿qué le dirían a un hijo suyo si le mirase a los ojos y le dijese
que quiere morir? Yo soy madre y me niego a ponerme en esa situación
porque me resulta dura, pero le digo que les voy a enseñar a mis hijas a
vivir dignamente y a que sepan que cuando llegue el día final también lo
tienen que afrontar con dignidad. Las voy a ayudar en todo lo que pueda
y, si por desgracia me encuentro en esa situación, buscaré asistencia
médica, lograré que su entorno sea amable, las ayudaré a que luchen con
todas sus fuerzas y a que quieran seguir viviendo y, en última instancia,
señorías, yo a una hija que le di la vida no sería capaz de darle la
muerte.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INDUSTRIAL PARA NAVANTIA,
S.A. (Número de expediente 162/000238).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a
proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea
relativa a la elaboración de un plan industrial para Navantia, S.A. Para
la presentación de la iniciativa y de su enmienda, tiene la palabra la
señora Díaz Pérez.
La señora DÍAZ PÉREZ: Buenas tardes.
Señoras y señores diputados, vengo aquí a hablarles de futuro, vengo a
hablarles de tres ciudades de este Estado: de Cádiz, de Ferrol y de
Cartagena. En estas tres ciudades sabemos hacer barcos -sabemos hacer
muchas otras cosas, pero sobre todo sabemos hacer barcos-, nos sentimos
muy orgullosas de saber hacer barcos y nos gustaría -por eso hablamos de
futuro- seguir haciendo barcos, no como una especie protegida, que parece
que es lo que somos en Cádiz, en Ferrol y en Cartagena, sino con
dignidad, con futuro, con altura y con un nuevo modelo productivo para
este país.
No sé si saben ustedes que hablar de barcos es hablar de ciencia, es
hablar de técnica, es hablar de conocimiento, es hablar del Siglo de las
Luces, de la luz, de hombres y mujeres brillantes que tuvieron la
inteligencia de ubicar tres magníficos astilleros en nuestro Estado. Es
hablar de Jorge Juan, es hablar del Marqués de la Ensenada, es hablar de
lo mejor que tenemos en nuestros pueblos y en nuestro Estado. Es hablar
también de ese orgullo que sentimos en esas tres ciudades de las luchas
obreras. Sí, nos sentimos muy orgullosas de los trabajadores y
trabajadoras que han luchado de manera ejemplar en nuestro país por
defender sus derechos. (Aplausos). Por ejemplo, en mi país el Día de la
Clase Obrera Gallega se debe a los dos asesinados nada más y nada menos
que en la empresa Bazán. Nos sentimos orgullosas de ese legado y queremos
seguir haciendo barcos a pesar de que hay algunos que no creen en la
industria, a pesar de que hay organizaciones políticas que han gobernado
este país que nos dijeron que la mejor industria era aquella que no
existía. Del legado de aquel ministro socialista y de aquellas fuentes
seguimos bebiendo. Seguimos sin una política industrial activa, seguimos,
por ejemplo, señores y señoras del Partido Popular, sin un ministerio de
industria. ¿Qué futuro puede tener un país cuando carece de ministerio de
industria? Seguimos, señores y señoras del Partido Popular y del Partido
Socialista, con esos restos del bipartidismo en los que daba igual que
gobernase el Partido Popular o el Partido Socialista, porque seguíamos
sin hacer barcos, y es que la historia ha sido muy pesada para nosotros.
Hay tres hitos en el sector naval sobre los que voy a pasar muy
rápidamente. El primer hito fue cuando entramos en la Comunidad Económica
Europea y tuvimos que vivir un pequeño sacrificio. Nos dijeron que
teníamos que reconvertirnos, pero no reconvirtieron nada; lo que hicieron
fue convertirnos en un desierto industrial, pero nos decían que era
necesario reconvertirnos, desguazar nuestro sector naval, para poder
entrar en la Comunidad Económica Europea. Eso sí, con un alto precio:
desde aquellos tiempos nos hemos dejado nada más y nada menos que un
millón de puestos de trabajo industriales por el camino. Un segundo hito
fue cuando nos incorporamos a la unión monetaria, al euro; qué les voy a
decir, más especulación y por supuesto nada de economía productiva,
porque incidir en la economía productiva es malo. Hacer cosas de verdad,
hacer barcos, hacer eólica, hacer cosas que ayudan a caminar a los
pueblos es malo para los partidos que han gobernado este país. Y
finalmente, un tercer hito fue la crisis de 2007, gestionada por el
Partido Popular y por el Partido Socialista de la misma manera:
gestionada contra los trabajadores y las trabajadoras de este país;
gestionada también contra el sector naval.
Yo no sé si ustedes conocen algún sector industrial en este país que reúna
las características, un sector del que podamos decir que es la joya de la
corona de nuestros pueblos. No sé si lo conocen, pero les voy a dar
algunos datos. Estamos hablando de un sector industrial que alberga nada
más y nada menos que a 25.000 trabajadores y trabajadoras, que no es
pequeña cosa en los tiempos que corren. Estamos hablando de un sector
industrial, el naval, vital para la economía de estos tres enclaves, de
esas tres comarcas; vital para los pueblos que están en las comarcas de
Ferrolterra, vital para los compañeros y compañeras de Cádiz y vital para
los compañeros y compañeras de Cartagena. Vivimos de hacer barcos y es lo
que queremos seguir haciendo. (Aplausos).
Voy a darles más datos. No sé si conocen algún sector industrial que sea
netamente exportador, profundamente internacionalizado y en el que
podamos presumir de tener los proyectos y los equipos de
ingeniería, por ejemplo, en Australia. Estamos exportando lo mejor que
sabemos hacer. No estamos exportando chapa y pintura, estamos exportando
I+D+i, tecnología; estamos exportando el futuro de este país, y desde
luego el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quiere que así
sigan caminando los pueblos de nuestro Estado, así como los hombres y
mujeres que tienen el derecho y la dignidad de seguir trabajando por los
sectores productivos estratégicos. No sé si saben ustedes que,
efectivamente, un sector profundamente tecnologizado merece las
atenciones de un Gobierno. Si uno gobierna, debería decir que para él
este sector es estratégico y, por tanto, como es estratégico, hombres y
mujeres del Partido Popular y del Partido Socialista, tiene que estar en
las manos de lo público para poder intervenir, para poder comerciar, para
poder definir nuestro futuro.
Yo hoy vengo a pedirles dos cosas: decisión e inteligencia. Decisión,
porque hemos aprendido -las que somos de las comarcas del naval lo
sabemos perfectamente- que si hay un sector que está profundamente
politizado es justamente el sector naval. Solo aparecemos en campaña
electoral; si no, que se lo digan al Partido Popular en abril, que
obviamente se hizo la foto con todos los sindicatos y con todos los
comités de empresa para decirnos que ese plan industrial ya iba a estar
hecho. (Aplausos). Y seguimos sin tener absolutamente nada. Pero les pido
también inteligencia, porque un país que tiene un sector puntero, que
tiene un sector estratégico nunca renunciaría a él. Nunca renunciaría a
él para que Alemania, Polonia, Holanda, para que muchos otros países -no
voy a abrumarles con los datos- sigan construyendo lo que nosotros ahora
mismo no hacemos. Señores y señoras del Partido Popular, ya no hay veto
en la construcción civil, ya no está el señor Almunia, que era el malo,
ya no pesa nada sobre nosotros, ya podemos y queremos hacer barcos, y
nuestras gradas, nuestro equipos técnicos siguen sin saber lo que
queremos hacer. Por tanto, inteligencia para no renunciar al sector
estratégico. Pero les pido una cosa para ese plan industrial. Lo primero
que tienen que hacer ustedes es cesar a una persona que en el día de hoy
es un auténtico riesgo para esa empresa: el presidente de Navantia, el
señor Revuelta, que es el que está poniendo en jaque a esta empresa.
(Aplausos). Solo voy a dar un único dato. Llevamos como nunca en la
historia del sector naval en España la peor gestión posible, de un señor
del que les invito a que lean su currículum: lo mismo trabajó en Prisa
que vendiendo zapatos. Lo han puesto ustedes, señor Montoro -ausente-,
nada más y nada menos que a regir los designios de una empresa tan
potente y tan importante como es Navantia. Semeja que este señor es el
mayor riesgo que tenemos porque a día de hoy llevamos casi 300 millones
de euros de pérdidas. Les pedimos que apoyen esta iniciativa, que este
sector sea estratégico, que rejuvenezcamos las plantillas, que digamos
que queremos cooperar con la universidad pública para hacer proyectos y
diseños estratégicos, que digamos que queremos que se cumplan los
acuerdos con las compañías auxiliares, esos acuerdos de 2001 y de 2006
que, señores y señoras del Partido Popular, están incumpliendo.
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.
La señora DÍAZ PÉREZ: Les pedimos, en definitiva, que se pongan del lado
de los modelos productivos, de la decencia, de la vida y de los
trabajadores y las trabajadoras de esa comarca; de lo contrario, como
dijo un insigne representante del Partido Popular que no voy a nombrar,
convertiremos -lo decía cuando gobernaba el Partido Socialista- Navantia
en un cementerio industrial. Sean ahora ejemplares, voten a favor y
pónganse a trabajar. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus
grupos, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el
señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Si bien Navantia es una empresa pública que también tiene otros cuatro
astilleros en Cádiz y Cartagena... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: ... tanto el texto de la iniciativa como buena
parte de los argumentos de la diputada señora Díaz Pérez hacen exclusiva
referencia a los dos astilleros que la naviera tiene en Galicia. Una
correcta política de interés general tiene que contemplar el conjunto de
los astilleros españoles, sin perjuicio de considerar algunos de sus
aspectos más específicos.
En relación con la industria naval militar, no dispongo de tiempo para
extenderme sobre el doble lenguaje del grupo parlamentario proponente
cuando aborda este sector estratégico del que dependen en España 5.000
puestos de trabajo, a los que cabría añadir los de las empresas
auxiliares e indirectos. En Navantia, Cádiz, se van a construir cinco
corbetas por encargo extranjero, y he escuchado al alcalde de la ciudad,
de Podemos, remontarse hasta los fenicios para explicar ahora, en 2017,
los beneficios del magnífico contrato de los astilleros gaditanos con los
saudíes. Bienvenidos una vez más al baño de realidad.
Señorías, esta proposición aprovecha el inequívoco varapalo que ha
supuesto la decisión de la Audiencia Nacional de invalidar el cuarto
convenio colectivo de los astilleros públicos al considerar que la
dirección de Navantia obró de mala fe. Pero esta iniciativa no va en la
línea, para Foro imprescindible, de generar y conseguir mejores
condiciones para la naviera pública y para todo el sector naval, que aún
arrastra un periodo de ocho años, iniciado en 2006, de falta de carga de
trabajo, sin contratos significativos y, ¡atención!, severamente
perjudicado por las denuncias interesadas de otros países, denuncias que
consiguieron los desvelos y el amparo del comisario europeo Joaquín
Almunia. A causa de ello, el sector español de los astilleros sufrió un
devastador impacto, con pérdidas de decenas de miles de puestos de
trabajo, por una injustísima discriminación que suspendió durante años
nuestros incentivos fiscales, el tax lease, hasta que el Tribunal Europeo
de Justicia dio la razón a España hace un año, sentencia recurrida, por
cierto. En España nuestro sector naval está dotado de personal muy
cualificado y de magníficas instalaciones. De ahí que sea muy importante
impulsar la industria naval en Galicia, en Asturias y en toda España, en
todos los astilleros españoles, para que compitan a nivel mundial. Pero
la proposición no reclama al Gobierno el fomento de la competitividad
para que esta naviera pública y todo el sector de los astilleros afronten
reformas estructurales y ayudas que les permitan competir en régimen de
condiciones de igualdad con otros países en el mundo. En Foro esto nos
parece esencial para el presente y para el futuro de Galicia, de los
trabajadores de Ferrol y de Fene, para los de toda España, incluidos los
de Asturias, que también tienen buenas constructoras navales con
capacidad y tecnología para generar muchos puestos de trabajo. En ese
sentido, señora presidenta, he presentado una enmienda de modificación
que aspira a contemplar para los astilleros españoles los puntos
importantes para ello.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta. Desde el escaño.
La señora Díaz nos ha trasladado una propuesta de transacción a su
iniciativa fruto de las enmiendas que los grupos han planteado. El texto
de esta transacción incide en la necesidad de diversificar la actividad
de la empresa pública Navantia, una apuesta por programas de reciclado
ecológico de buques y también en materia eólica offshore, y al mismo
tiempo apuestas en inversiones en investigación, desarrollo e innovación,
en un contexto de rejuvenecimiento de las plantillas y de recualificación
profesional de esos trabajadores. Es un texto que en esta literalidad, si
goza del apoyo de los grupos que han enmendado, va a encontrar también el
apoyo del Partit Demòcrata. Cualquier iniciativa de política industrial
orientada al mantenimiento del empleo, a la modernización de la industria
y a sectores estratégicos e innovadores nos parece adecuada. Eso sí, de
manera inevitable -se hacía mención a ello hace unos segundos- no deja de
ser curioso, de una cierta contradicción en el discurso, el texto que
ahora vamos a votar en relación con los debates que tenemos en esta
Cámara sobre la industria del armamento, porque el texto que vamos a
votar y que va a contar lógicamente con los votos de Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea es también una
apuesta por la industria armamentística española, en concreto por la
capacidad de continuar construyendo buques de guerra. Ese es un buen
debate en el que todos debemos ser capaces de ser lo suficientemente
serios y coherentes en la defensa de nuestras posiciones. Cuando en esta
Cámara discutimos sobre el comercio de armas del Estado español y
evidenciamos que España es la octava o novena potencia exportadora de
armas, tiene que ver también con el mantenimiento del empleo. Seamos
serios en esta discusión. Estamos hablando aquí de los puestos de trabajo
en Cádiz, en Galicia, en Cartagena y estamos apostando también por
continuar construyendo corbetas de guerra. Sepámoslo.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el
señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenas tardes, presidenta. Señorías, bona
tarda.
Compañeras, excelentísimas compañeras de En Marea, entendemos la
preocupación que mostráis en defensa de los puestos de trabajo en Ferrol,
en Cádiz y en Cartagena. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa
la Presidencia). Y, por supuesto, nos gustaría que estos puestos de
trabajo se mantuvieran y, si es posible, se incrementaran en cantidad y
en calidad. No obstante -tenía que venir la adversativa-, cuestionamos
que el mantenimiento de estos puestos de trabajo sea a costa del
sufrimiento que Arabia Saudí pueda generar con la adquisición de las
cinco corbetas fabricadas por Navantia o de las que se puedan fabricar en
un futuro con el mismo fin o parecido. Por eso, insistimos en que no se
autorice la venta de estas corbetas y que se busquen soluciones
alternativas a la viabilidad industrial de Navantia. Porque consideramos
que existen alternativas, más allá de hacer negocio con el sufrimiento y
la muerte. Por eso, y pensando en las trabajadoras y los trabajadores de
Navantia y en sus familias, hemos planteado una enmienda por la que
instamos al Gobierno español a hacer un estudio sobre la reconversión
industrial de Navantia para que deje de ser una empresa militar y sea una
empresa de producción civil. En este sentido, consideramos que existen
posibilidades de viabilidad en el campo de la deconstrucción naval para
el reciclado ecológico o en la producción de aerogeneradores marítimos,
la llamada eólica offshore.
El problema no es el de la viabilidad más allá de la industria militar; el
problema es que el Gobierno del PP ha hecho una clara apuesta ideológica
por la industria militar y se niega a estudiar -ni siquiera a estudiar-
otras posibilidades. Asimismo, el PSOE. Es por eso que año tras año,
tanto PP como PSOE, votan en contra de un clásico que es la enmienda que
Esquerra Republicana presenta a los presupuestos para hacer un estudio de
la reconversión de la industria armamentística. Allí os esperaremos.
Confiamos en que el futuro pase por una cultura de la paz, en el que el
mantenimiento de los puestos de trabajo no dependa de que haya guerra en
otros lugares del mundo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor
Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Cano Leal.
El señor CANO LEAL: Gracias, presidenta.
Señorías, la PNL presentada por Podemos ha sido enmendada también por
Ciudadanos habida cuenta de que solo se refería a la unidad productiva de
Ferrol y al plan industrial sobre el contenido de esta iniciativa. Por
tanto, es una PNL bastante enmendable.
¿Por qué hablamos de que hay que incluir las otras dos unidades
productivas que hay en España, que son las de Bahía de Cádiz y la de
Cartagena, Murcia? Por dos razones. En primer lugar, por el origen.
Navantia tiene su origen en el Real Arsenal de la Carraca de San
Fernando, en el año 1717. A partir de ahí se crearon, posteriormente, el
de Cartagena en 1731 y el de Ferrol en 1750, precisamente el que era
origen exclusivo de la PNL en su redacción originaria. Por lo tanto,
primera razón, origen. Segunda razón, potencialidades de la industria. En
Cádiz se encuentran las mayores instalaciones de toda la empresa en
superficie, tiene uno de los mayores diques del mundo, tiene dos grúas
pórtico que son las mayores de España y está especializado en la
construcción de BAC -buques de aprovisionamiento en combate-, BAM -buques
de acción marítima- y patrulleras de altura, reparación y transformación.
Igualmente, dentro de la Bahía de Cádiz, radicada en San Fernando, está
la fábrica de sistemas, que presenta la última tecnología y desarrolla
sistemas de combate, armas, control de buques y seguridad marítima, así
como otros productos de aplicación civil. En Cartagena está la
especialización en construcción de submarinos y cazaminas, fábrica de
motores y reparación. Por lo tanto, primero, origen; segundo,
potencialidades y, tercero, carga de trabajo.
Si alguna de las unidades productivas de Navantia hoy en día tiene poca o
nula carga de trabajo es, precisamente, la de la Bahía de Cádiz y, en
concreto, San Fernando. En Ferrol se ha construido un buque de apoyo a la
plataforma, hay cuatro jackets para el parque eólico marino del Mar del
Norte, 42 jackets para el Reino Unido, con un millón de horas de trabajo.
Se está construyendo un BAM, igual que en San Fernando, y después de
verano se van a construir dos BAC, cada BAC equivale casi a dos buques de
acción marítima. Sin embargo, en San Fernando se está construyendo única
y exclusivamente un BAM que se va a botar el 30 de este mes. A partir de
ahí, cero patatero. No hay carga de trabajo en San Fernando. Hasta tal
punto es así que en la Bahía de Cádiz se creó desde hace mucho tiempo una
plataforma cívica que ha elaborado 123 medidas en las que ha participado
Podemos. Por eso llama la atención que su iniciativa en la redacción
original no contemplase la Bahía de Cádiz. Señora Díaz, ¿usted le ha
explicado a la diputada de Unidos Podemos por la provincia de Cádiz,
Noelia Vera, que su iniciativa no contemplaba la Bahía de Cádiz? Señora
Vera, ¿usted le ha explicado a los colectivos de desempleados de Cádiz
que la PNL de Unidos Podemos se olvidó de Navantia en la Bahía de Cádiz?
En general, señores de Unidos Podemos, ¿sus compañeros en las
corporaciones locales de la Bahía de Cádiz saben que no es una prioridad
de su partido luchar, aquí en Madrid, por reducir los niveles de
desempleo en Cádiz, que son los mayores de todo el país? Afortunadamente
para ustedes, Ciudadanos les va a salvar la cara con la enmienda y con la
presión que se ha hecho este fin de semana. (Aplausos).
Hablábamos, en primer lugar, de que hacía falta incluir las dos unidades
productivas y, en segundo lugar, del contenido. ¿Qué pedimos en nuestra
enmienda? Pedimos impulsar un plan estratégico para toda la compañía
Navantia, no solo para Ferrol. Definir un plan de inversiones I+D+i; una
plantilla rejuvenecida y con cualificación profesional manteniendo los
salarios; atender las necesidades de la Armada española; desarrollar una
política comercial al interior y al exterior; mejorar los procesos
productivos; crear un polo de investigación e innovación de acuerdo con
la universidad; desarrollar una política de recursos humanos basada en el
mérito, capacidad, transparencia e igualdad; establecer y aprobar un
convenio colectivo único en el que se incluyera especialmente a los
técnicos superiores e impulsar un pacto de Estado por la industria.
Señora Díaz, entiendo que la PNL que presentó con su redacción original es
fruto de la ambigüedad de su partido en estas posiciones según cómo se
levanten cada día. Le pongo el ejemplo de las corbetas de Arabia Saudí,
por un lado, se apoya en Cádiz y, por otro, se dice que se va a
desarrollar un plan para reconquistar a los antimilitaristas que ha
perdido Podemos. En cuanto a Navantia, estuvimos hace unos días en la
puerta de Navantia, en su sede, apoyando y respaldando a los trabajadores
y a renglón seguido Podemos -o las confluencias de Podemos- desarrollan
una manifestación en las puertas de la industria Olsen. En definitiva,
señorías, la política industrial de Podemos realmente no está basada en
una consolidación industrial ni en una conquista del trabajo, sino
básicamente en ideas exclusivamente ideológicas. Les advierto una cosa:
con sus intervenciones en prensa están poniendo en riesgo el futuro de
miles de familias españolas.
Para concluir, señora presidenta, señora Díaz, bienvenidos a la sensatez,
a la cordialidad y a la unidad. Trabajemos y apostemos todos por una
industria pública española, Navantia, garantizando los puestos de trabajo
y los salarios, consolidemos la viabilidad de la empresa y potenciemos la
innovación como sector estratégico. Es para mí un verdadero orgullo -y ya
finalizo definitivamente- que el acuerdo transaccional al que se ha
llegado por todos los grupos políticos tenga como referente y como base
fundamental la iniciativa legislativa que Ciudadanos presentó en el
Senado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Cano
Leal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor García
Mira.
El señor GARCÍA MIRA: Boas tardes.
La iniciativa que estamos debatiendo en este Pleno supone la recuperación
de un acuerdo que fue firmado en abril del año pasado, hace ahora casi un
año, y que reunió un amplio consenso por parte de los partidos de esta
Cámara en repetidas comisiones y fue fruto del acuerdo con las
organizaciones sindicales más representativas del sector. Desearíamos que
esta vez el Gobierno hiciera el esfuerzo de plasmar de forma definitiva
la presente iniciativa, atendiendo a la necesidad de elaborar un plan
industrial urgente para los astilleros de Navantia y que no podemos
considerar más que básico y de importancia clave para el desarrollo
económico y social de los distintos territorios en los que se asientan
los astilleros. Navantia constituye hoy un sector de gran valor
estratégico tanto para Galicia como para Andalucía y Murcia, comunidades
en las que la crisis ha sido especialmente agresiva al producirse a lo
largo de estos años una notable reducción de sus plantillas, un
envejecimiento del personal y una sensible pérdida de cualificación
profesional.
Señorías, estamos del lado de impulsar ese plan industrial -máxima
garantía para la supervivencia de los astilleros-, pero pedimos que se
incorpore como valor añadido la negociación colectiva y se comparta con
el acuerdo de los representantes de los trabajadores. Este plan debe
incluir un plan financiero que conlleve el correspondiente saneamiento
económico de la empresa, la garantía de contar con los recursos
necesarios, pero también un plan laboral que impulse la creación de
empleo y que afronte el
ineludible relevo generacional con los mecanismos de regulación y
fidelización de la industria auxiliar. Navantia debe tener al frente
profesionales que conozcan el sector y que sean capaces de reconducir el
rumbo de una compañía que es clave para el desarrollo industrial de las
comarcas donde se ubica y para la política industrial de todo el país.
Más que cualquier otra, una empresa pública ha de velar por garantizar los
méritos y capacidades a la hora de nombrar a su alta dirección, debiendo
dar ejemplo tanto en lo organizativo como en lo financiero y en las
relaciones laborales. Pero así como manifestamos nuestro acuerdo con la
iniciativa del plan industrial, consideramos que, como grupos políticos
que representamos a la ciudadanía, debemos ser responsables e ir más allá
de unas gestiones oportunas, lo que significa hacer hincapié en la acción
política y no en gestiones indeterminadas que dejarían en manos del
Gobierno la capacidad para decidir a su antojo, para hacer o deshacer o
para no hacer ni caso de lo que se plantea, lo que nos ha obligado a
formular la correspondiente enmienda.
El Grupo Socialista ha presentado esta enmienda, que pretende una
aproximación al consenso en esta Cámara, que permita impulsar lo que
hasta ahora no ha sido más que una repetición de excusas, un ignorar
repetidamente al sector o un dar la espalda a potenciar el desarrollo
económico de un sector con capacidades, que es justo lo que ha
caracterizado la actuación en la política del Gobierno del Partido
Popular.
Hacer hincapié en la necesidad de reconocer al sector naval su carácter
estratégico para la industria y la economía de Galicia, Andalucía y de
Murcia por su elevada capacidad para generar empleo directo e indirecto
constituye una prioridad. Pero no menos prioritario es poner en marcha
las iniciativas necesarias para recuperar el clima de normalidad y de
negociación entre la parte empresarial y la parte sindical y resolver así
todas estas incertidumbres en torno al futuro de los astilleros
consiguiendo una carga de trabajo sostenible y sostenida también en el
tiempo. Los socialistas consideramos que se deben abordar las necesarias
inversiones que permitan afrontar los próximos contratos con el
Ministerio de Defensa como, por ejemplo, el de las fragatas F-110,
preferentemente en este ejercicio. Recordemos que el comienzo de los
trabajos de parte de los sistemas ya fue aprobado en el Consejo de
Ministros del pasado 30 de junio de 2015, así como otro tipo de
contratos.
Pensamos que se deben establecer nuevas vías de comercialización que
fomenten la exportación de productos realizados en los astilleros y la
búsqueda de mecanismos para la regulación y fidelización de la industria
auxiliar por cuanto constituyen otro elemento clave de lo que
consideramos que debe ser parte de la acción que debe impulsar el
Gobierno. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). La política
comercial de la defensa debe tratarse como una cuestión de Estado
ejecutando un programa de inversiones productivas que consoliden las
capacidades de los astilleros de la ría de Ferrol, de la Bahía de Cádiz y
de Cartagena, en el que se lleven a cabo las actuaciones que apuntalen la
mejora de los procesos productivos y la mejora de las instalaciones, que
sirva para su modernización y que permita su adaptación a las nuevas
necesidades del sector. El Grupo Parlamentario Socialista apuesta, pues,
por una mayor capacitación de la plantilla, adoptando las decisiones
oportunas que permitan impulsar un proceso de rejuvenecimiento y
formación continuada y una apuesta de fuerte intensidad por la inversión
tecnológica y productiva, y en definitiva por la investigación y la
innovación, que garantice el futuro del sector como tractor de la
actividad industrial en las comarcas de influencia y en donde se asientan
los astilleros.
En conclusión, señorías, esta Cámara no puede ser ajena a las necesidades
de desarrollo de un sector que ha sido de vital importancia para el país
pero que ha estado conducido por direcciones y gestiones erróneas e
ineficientes, y debe impulsar un plan para Navantia de acuerdo con su
representación sindical que contemple y defina las actividades
estratégicas y de mercado en lo que se refiere a construcción naval, que
defina los recursos necesarios y un plan de inversiones en I+D+i. Las
inversiones deben dirigirse claramente a la modernización organizativa,
funcional y tecnológica, de modo que pueda llevarse a cabo tanto la
construcción como la reparación de los nuevos buques.
La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que terminar.
El señor GARCÍA MIRA: Termino.
Pero de un modo en que Navantia siga siendo una compañía líder de
astilleros y referente internacional en la construcción naval, civil y
militar.
Teniendo en cuenta que la enmienda presentada supone la aceptación de
todos o prácticamente todos los puntos que planteábamos, vamos a apoyar
esta iniciativa con nuestro voto.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Moraleja
Gómez.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Presidenta, señorías, buenas tardes a todos.
Créanme cuando les digo que he leído varias veces esta iniciativa y no
consigo sacarme de la cabeza dos palabras: oportunismo e hipocresía
política. Oportunismo e hipocresía política son dos de las palabras que
salen con más fuerza de mi cabeza; seguramente podría haber otras que
explicasen mejor lo que quiero decir, pero en estos momentos son las que
me salen. Espero, señora Díaz, que me equivoque y que al final de esta
sesión todos los grupos parlamentarios que estamos aquí componiendo este
Pleno podamos tener altura de miras y por supuesto siempre beneficiar el
interés general de nuestro país.
Lo cierto es que es difícil decir tan pocas verdades o faltar un poco al
rigor en tan pocas palabras. Y, claro, lo que no entiendo es cómo podemos
venir a esta Cámara a hablar de Navantia en los términos expuestos en la
proposición no de ley. Sabe usted, lo saben todos pero usted lo sabe muy
bien, que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo pocas veces visto
en los astilleros públicos. Cuando mi partido empezó a gobernar en el año
2011 no había pedidos pendientes. (Rumores). No, no había pedidos
pendientes, porque se dedicaron a otra cosa. No se podían vender barcos.
Y si algo hay que reconocer en esta Cámara es el fuerte impulso comercial
que ha tenido Navantia gracias, entre otros, a la Marina española y a la
Casa Real. Y me da igual que les guste escuchar esto o no escucharlo, es
la verdad y alguien tiene que reconocerlo en esta Cámara.
Como todas sus señorías saben, Navantia está realizando una activa
política comercial en todos los mercados: de construcción naval, militar
y civil; así como en los mercados a los que se orienta la actividad
diversificadora de la compañía, como por ejemplo la eólica marina, la
energía eólica. Estamos estableciendo alianzas estratégicas comerciales
de cara a los próximos años, por tanto se está haciendo un gran esfuerzo
y una apuesta decidida por la internacionalización.
No sé si hay que poner ejemplos de los contratos que se han ido haciendo
desde el año 2013. Estos contratos han ido aumentando y a lo mejor hay
que recordarlos. Hay que recordar el flotel, los cuatro petroleros, los
dos BAC, los dos BAM, los cinco jaquets de Noruega, los treinta y cuatro
jaquets del parque eólico marino Wikinger, los cuarenta y un jaquets del
parque marino East Anglia One; a lo mejor también hay que poner encima de
la mesa el concurso puesto en marcha por el Departamento de la defensa
australiana o también el adjudicado por la Armada de Indonesia. Claro,
también hay que poner de relieve las cinco corbetas de Arabia Saudí.
Sabemos que desde 2013 la cartera de pedidos de Navantia ha ido creciendo
y los nuevos contratos y las opciones que están abiertas en varios
mercados aseguran no solo el mantenimiento de nuestros astilleros de
Ferrol, Cartagena o Cádiz, sino también todos los puestos de trabajo. Eso
es lo que nos ocupa y nos preocupa a todos los grupos parlamentarios que
estamos en esta Cámara. (Aplausos).
Además, todos conocemos el efecto importante captor que se genera en las
localizaciones del país donde está Navantia sobre todas las industrias
auxiliares y las unidades de producción, porque de ello dependen muchos
empleos indirectos y los externalizados, y también luchamos por ellos.
Por tanto, señorías, no se puede comenzar una propuesta como la que nos
trae hoy a este debate, faltando cuando menos a la verdad. Realmente hay
actividad comercial en Navantia. Todos estamos de acuerdo, o sea que la
debe haber.
Viene usted a criticar la carga de trabajo, pero hace pocas fechas en este
hemiciclo su partido y usted se posicionaron en contra del contrato con
Arabia Saudí, como decía antes, y sin embargo, hoy dice que hay poca
actividad comercial. Me gustaría que explicase a nuestro grupo y a todos
los grupos de la Cámara, incluso a los ferrolanos donde usted reside,
cuál es el motivo por el que no quieren que Navantia construya barcos
para Arabia. ¿Y si fuese para Irán? Dígame usted qué dijo sobre las
patrulleras que construimos a Venezuela. ¿Qué dijeron ustedes?
(Aplausos). ¿Esos regímenes son más respetuosos que otros? No, señoría.
Por tanto, a esto es a lo que me refería al principio de mi discurso con
hipocresía política. Espero poder equivocarme -señora Díaz, usted y yo
nos entendemos-; espero poder equivocarme al final del día.
Habla usted de situación económica. Es verdad, tiene razón, Navantia está
en pérdidas, pero en pérdidas porque no es todo lo competitiva que tiene
que ser; en pérdidas porque hay competidores en todo el mundo cada vez
mejor preparados -y usted lo sabe- con los que competimos una y otra vez
en todos los contratos a los que concurrimos. Y esa es una tarea que nos
ocupa y nos preocupa desde hace mucho tiempo. Sabemos que no está
concluida, que hay mucho trabajo por hacer y a eso estamos dedicando
todos nuestros esfuerzos. Pero, claro, señora Díaz, no se le ocurra poner
como ejemplos las reconversiones porque ninguna las hizo el PP. Ninguna
las hizo el PP y, sin embargo, usted y los suyos en aquel momento las
pedían, las apoyaban, pero no consiguieron nada. Usted bien sabe que la
comarca en la que vive nunca pudo recuperar lo que fue. Y aunque intente
mezclar asuntos, unos con otros, los ciudadanos no son tontos. En
Navantia se está trabajando por hacer competitivos sus astilleros. El
camino está diseñado; usted también lo sabe, lo hemos hablado: los
astilleros 4.0. Y se están dando los pasos, en el caso de Galicia, en
colaboración con la Universidad de La Coruña y con la Xunta de Galicia,
como no podría ser de otra manera. Hay fondos para la formación de los
trabajadores del naval. La Xunta de Galicia acaba de aprobar 12 millones
de euros en su anterior consejo. Eso es preocuparse por la formación.
Bien es verdad que habrá que seguir explorando nuevos mercados, ya se ha
metido el pie en la eólica marina. Piden un plan industrial; de acuerdo,
es necesario, no lo ocultamos. Además, estamos comprometidos con ello.
Hace pocos días incluso llegamos todos a un acuerdo en el Senado, pero
ustedes no se han querido sumar. Espero que hoy no sea esa la actitud
porque a veces prefieren la pancarta y la manifestación antes que
arreglar un problema o buscar una solución. Hoy, como hace días en el
Senado, este grupo parlamentario se compromete a llegar a un acuerdo en
el que creo que todos estamos involucrados, con el naval y con Navantia.
Y espero que ahora veamos quién quiere trabajar y quién prefiere estar
detrás de la pancarta.
Muchas gracias, y todos con el naval, por favor. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco
tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Arratsalde on. Buenas tardes.
Yo estoy un poco sorprendida porque ustedes hablan de ayudas al sector,
unas ayudas al sector que en definitiva son ayudas a una empresa
determinada, aunque el sector no solamente lo conforma Navantia, el
sector lo conforman también otros astilleros, y en Euskadi somos
conscientes de ello. Efectivamente, Navantia tiene muchos problemas:
problemas financieros, de personal, de carga de trabajo, que están
poniendo en riesgo su viabilidad, pero también quiero hacer tres apuntes
acerca de la reconversión de este sector.
La reconversión naval fue especialmente intensa por la crisis del
transporte marítimo iniciada en 1974. La crisis del sector y la entrada
de España en la Comunidad Económica Europea supusieron la necesidad de
una reconversión del sector de la construcción naval para competir en un
nuevo escenario más global, ajustando entre otras cosas la capacidad
productiva y las plantillas. Así, nos encontramos con varias etapas en la
reconversión de este sector desde el año 1977 hasta el año 1996 que lo
que supusieron fue estímulos a la demanda y concesión de ayudas. El
Estado se hizo cargo en exclusiva de numerosas empresas ante la retirada
masiva de capital privado. A partir del año 1998, la SEPI procedió a una
nueva reorganización de los astilleros españoles, quedando un único
astillero público, en Sestao, dedicado a la construcción naval y civil,
para posteriormente fusionarlo con Bazán, dedicado a la construcción
naval militar, dando lugar a IZAR.
En el año 2005, las autoridades comunitarias, que declaraban incompatibles
con el mercado determinadas ayudas recibidas por IZAR, exigen su
devolución, y ante la imposibilidad de esta de hacer frente, se decide la
liquidación ordenada de IZAR; liquidación de IZAR para mejorar su
eficiencia empresarial, objetivo que parece no lograrse. Esta última
reconversión del sector público naval supuso la desaparición de los
astilleros IZAR, privatizando el negocio civil y centrando a Navantia en
el negocio militar con restricciones en cuanto al negocio de construcción
civil. Se pensaba entonces que dada la competencia de los constructores
asiáticos, era más seguro circunscribir la actividad a lo público que a
la competencia, y por ello desde el Grupo Vasco reclamamos en su día que
LaNaval de Sestao formara parte de Navantia, porque creíamos que así la
empresa estaría más protegida, siendo pública. Sin embargo, la SEPI no la
incluyó en Navantia, optando por su privatización. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Empresa que hay que decir que ha
logrado sobrevivir a la competencia especializándose en buques de alto
nivel tecnológico o en sectores con mayor nivel añadido, buscando nichos
de mercado donde el margen para competir es algo más elevado.
Y por ello no ha tenido ningún otro tipo de ayuda; ha habido ayudas al
sector pero no específicamente para ella.
Sin embargo, la dura crisis económica de los últimos años y su impacto en
las cuentas públicas han hecho que los recursos destinados a la
construcción naval de Navantia se hayan visto mermados
significativamente. La crisis de Navantia no es una crisis coyuntural
sino estructural y la empresa se debe enfrentar a verdaderos cambios para
mejorar su competitividad y rentabilidad, que van más allá de inyecciones
puntuales de dinero y que han de permitir el futuro a todo el sector, no
solo a la empresa pública de construcción naval sino a todo el sector de
la construcción naval del Estado. La realidad es que Navantia no
atraviesa un buen momento económico debido a la espectacular caída que ha
tenido el mercado de defensa naval como consecuencia de las restricciones
presupuestarias públicas a nivel internacional y nacional, con una fuerte
caída, ya que su principal cliente ha sido el Ministerio de Defensa.
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría. Un segundo, por favor. (Pausa).
Puede continuar.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: También quiero recordar que en
los diez primeros años Navantia ha tenido limitada un 20 % la facturación
por negocios del segmento civil, tope que desapareció en 2015, por lo que
Navantia puede entrar a competir libremente con el resto de astilleros en
el mercado civil, segmentos, como he dicho, de alto valor añadido en los
que toda la construcción naval trata de tomar posiciones.
Y es aquí donde nos surgen las dudas. La SEPI se reservó para Navantia la
construcción naval militar con su creación y privatizando el negocio
civil. Que Navantia pueda operar libremente en el sector civil una
actividad complementaria, haciendo la competencia con financiación
pública y con otro tipo de ayudas no dinerarias pero públicas también a
otras empresas, que también están sufriendo y que con mucho esfuerzo en
un mercado global muy complicado están logrando mantenerse en este sector
después de todas las reconversiones, privatizaciones, inseguridades
jurídicas e inversiones importantes, nos preocupa y nos preocupa a todo
el sector. Sabemos de sobra que el problema está ahí y que afecta a un
número importante de trabajadores de este sector de la construcción
naval, y que además conlleva un considerable impacto territorial, pero
solicitar que el Gobierno garantice un plan para asegurar la viabilidad
de Navantia con presupuesto público, también para la parte civil, creemos
que puede perjudicar al resto del sector, y en todo caso entendemos que
lo que se debe hacer por parte del Gobierno es defender a todo el sector
naval y no solo a unos cuantos. No se entiende un apoyo especial a
Navantia, un astillero público, cuando otros astilleros privados han
hecho una reestructuración importante para estar preparados para
enfrentarse al nuevo mercado. Navantia no puede basar su estrategia
solamente en ayudas públicas o ayudas del Estado; es hora de hacer una
reflexión estratégica con rigor, visionando hacia dónde va el sector,
analizando las unidades de negocio, ver su posicionamiento para adoptar
medidas efectivas y que estas no vayan en contra o perjudiquen a otros
privados en la misma actividad. El sector naval en Euskadi hay que decir
que es innovador, produce con calidad y se ha internado hace años en la
investigación y producción de barcos cada vez más limpios que facilitan
un transporte marítimo sostenible, con técnicas de construcción y
desguace también cada vez más innovadoras.
Igualmente, los constructores navales se están implicando con su
tecnología, inversiones y riesgos en el desarrollo de las energías
renovables, tanto aplicando sus conocimientos para productos conocidos
como también para los generadores eólicos que se instalan en el mar para
trabajar en nuevos campos como la energía maremotriz.
Todos los Gobiernos tienen, quien más quien menos, sus procedimientos de
apoyo al sector, pero no específicamente a una empresa, sino de apoyo a
todo el sector. Creemos que no se pueden otorgar ayudas públicas a una
empresa determinada que además es pública cuando esta va a competir en el
mismo mercado, en los mismos nichos, por el mero hecho de que el nicho
principal militar para el que estaba destinada no es rentable o viable,
contribuyendo de esta manera a lo mejor a la distorsión de la libre
competencia, y con esto no quiero decir que no haya que ayudar a
Navantia, pero por todo ello nos abstendremos en esta votación,
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pregunto a la señora Díaz Pérez si acepta su grupo alguna de las enmiendas
presentadas.
La señora DÍAZ PÉREZ: Señora presidenta, hemos alcanzado una transaccional
que le haremos llegar a la Mesa.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A POTENCIAR LA
CONTRATACIÓN INDEFINIDA. (Número de expediente 162/000208).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a debatir la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a
potenciar la contratación indefinida.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Echániz
Salgado.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en los mercados la rigidez suele dar lugar a la pérdida de
oportunidades, de competitividad, de crecimiento y eso es exactamente lo
que ocurrió hasta diciembre de 2011 en el mercado laboral español. El
empleo se desplomó porque la oferta se redujo drásticamente; quienes
generaban esa oferta se encontraron con que no tenían ninguna alternativa
al despido y la rigidez o, dicho de otro modo, la falta de flexibilidad,
de adaptabilidad de nuestro mercado, junto con la miopía ante la crisis,
produjo una destrucción masiva del empleo. (El señor vicepresidente,
Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).
En cuatro años, señorías, el paro aumentó un 300 %, 15 puntos de tasa, y
más de 3.500.000 españoles y sus familias se vieron en la calle. De cada
10 parados europeos, 6,5 eran españoles. Un Gobierno avestruz enterró la
cabeza bajo tierra esperando que otros les resolviesen la situación;
recortaron prestaciones, recortaron derechos, congelaron pensiones y
reconocieron que no podían hacer frente a la situación. Ni siquiera,
señorías, fueron capaces de hacer un presupuesto. Incapaces de diseñar
una estrategia, un plan, un programa y sus herramientas, tiraron la
toalla, renunciaron a actuar y convocaron elecciones anticipadas para
apartar de ellos ese cáliz. Los resultados de esta conducta, señorías,
fueron evidentes: aumentó la pobreza, aumentó la desigualdad, se puso en
riesgo todo el Estado del bienestar que tanto había costado crear en las
décadas anteriores y los ciudadanos urgieron un cambio de Gobierno, un
Gobierno que sí tenía un plan, que sí tenía una estrategia, que tenía
objetivos y que sobre todo tenía determinación; determinación de no
perder el timón, determinación de no perder la cara a la tormenta,
determinación de no permitir el rescate, de reformar lo que no funcionaba
y, en definitiva, de devolver a los españoles cuanto antes estabilidad,
oportunidades y bienestar. Con una brújula en la que siempre estuvo
marcado el empleo como norte, con una tripulación y una sociedad que
siempre remó en la misma dirección.
La estrategia, señorías, dio resultado: el plan funcionó y el tiempo dio
la razón y transformó el acuerdo y el anhelo colectivo en una verdad
absolutamente inapelable y contundente. En primer lugar, se frenó la
destrucción de empleo; después la destrucción se convirtió en generación
de empleo y ahora, señorías, tenemos la oportunidad de la consolidación y
de perseverar en lo realizado. De destruir el 8 % de empleo se ha pasado
a crear el 10 %, casi 20 puntos de diferencia. Casi nada: 20 puntos de
diferencia en este país. Mientras que otros obsequiaron a la sociedad
española con 3,5 millones de parados, el Gobierno del Partido Popular ha
restituido con esfuerzo la mitad de todo ello y se ha propuesto recuperar
el cien por cien -todos- y seguir avanzando en esa dirección. Por eso,
señorías, a ningún español le puede extrañar que hoy volvamos a ocuparnos
del empleo desde esta tribuna con esta iniciativa del Grupo Popular. A
otros les importa más derogar, eliminar o complicar la vida a los
ciudadanos, pero a nosotros nos gusta el bienestar, las oportunidades y
los proyectos vitales de los españoles. Y las oportunidades no van a
dejarnos parar hasta que consigamos recuperar el cien por cien de lo que
otros destruyeron e incluso ir más allá. Por eso no nos basta, señorías,
haber ganado 5 puntos a la contratación temporal -hoy ya hay más de un 5
% de contratos indefinidos que con el Gobierno anterior; hemos pasado del
70 al 75 %-; no nos basta que el 90 % de los contratos sean a tiempo
completo; no nos basta que los contratos indefinidos lleven treinta y
cinco meses consecutivos creciendo a una media del 15 % ni nos basta que
las conversiones de contratos temporales en contratos indefinidos sean un
47 % superior a 2011 y que se hayan disparado un 22 % en comparación con
el año anterior. Por eso no nos basta, señorías, con las medidas
adoptadas: con la tarifa plana para nuevas contrataciones indefinidas,
con el mínimo exento de cotizaciones a la Seguridad Social, que ha
generado cerca de 700.000 contrataciones indefinidas, muchas de ellas
para jóvenes, y, lo que es aún más importante, efectos económicos muy
positivos para todos. Por eso, señorías, queremos impulsar nuestro tercer
gran objetivo: no solo frenar el paro y generar nuevo empleo, sino
hacerlo estable y de calidad. Queremos seguir diseñando medidas,
iniciativas orientadas a la potenciación de la contratación indefinida
para que los que hicieron mal su trabajo en este terreno no puedan
encontrar excusas; queremos encontrar alternativas para transformar hasta
el límite de las causas justificadas por las necesidades transitorias de
la empresa contratos temporales en indefinidos, porque benefician a los
trabajadores, porque benefician a los empresarios al dotarles de más
estabilidad y sobre todo de mayor implicación laboral.
Durante este tiempo, señorías, hemos desarrollado diferentes medidas para
fomentar la contratación indefinida, como las bonificaciones a las
cotizaciones sociales, pero también la capacidad de ampliarlas en el
futuro. Es muy importante conseguir que los empleadores encuentren más
atractivo en crear contratos indefinidos que en utilizar la contratación
temporal y por eso hemos propuesto, y solicitamos el apoyo de la Cámara,
estas iniciativas: que los nuevos contratos indefinidos estén exentos de
pagar en los primeros 500 euros las cotizaciones a la Seguridad Social
por contingencias comunes durante cuatro años y que la conversión de
contratos temporales en indefinidos se pueda beneficiar también de esta
bonificación durante cuatro años. En definitiva, señorías, se trata de
apostar por la contratación indefinida para que no exista ninguna excusa
para contratar de forma temporal pudiendo hacerlo de forma indefinida.
Señorías, España crece al 3,2 % y su empleo al 3,24 %, y por eso queremos
más empleo, y empleo más estable y de más calidad, porque las políticas y
la rigidez antiguas nos legaron 6 millones de parados sin alternativa.
Hoy con apertura, flexibilidad y reformas podemos cambiar esta situación.
Señorías, hemos presentado una iniciativa que les ofrecemos con la mano
tendida. El Grupo Ciudadanos ha presentado una enmienda que recoge
literalmente el texto del acuerdo que firmamos en agosto con ellos, que
se podría sumar perfectamente al texto de nuestra iniciativa para mejorar
la capacidad de España de tener más contratación indefinida. En sus manos
está, señorías, que hoy esta iniciativa pueda beneficiar a millones de
españoles en todo el territorio nacional. Les pedimos, pues,
responsabilidad y seriedad para que entre todos consigamos las mayores
cotas de empleo pero también de estabilidad y de calidad laboral que
nunca haya tenido nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Echániz.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene en
primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también
fijará posición, el señor Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señor Echániz, esta mañana en la Comisión de Empleo hemos tenido diversos
debates en relación con nuestro mercado de trabajo y nosotros hemos
centrado nuestra intervención en uno de los aspectos que su iniciativa
pretende abordar, que es el problema de la temporalidad del mercado de
trabajo en España. Estamos hablando de un problema estructural que
caracteriza al menos desde los años ochenta -desde el año 1985- la
realidad del empleo y que tuvo un momento récord en el año 2006, cuando
la temporalidad llegó al 34 %. Ahora, en el proceso de creación de empleo
que estamos viviendo en estos últimos años, y a pesar de las dos reformas
laborales que se han aprobado durante la crisis, en España el empleo
temporal continúa siendo excesivo.
La iniciativa que nos plantea hoy el señor Echániz pretende abordar no
solo la creación de empleo, sino también la creación de empleo
indefinido. Respecto a la política de bonificación y reducción de
cotizaciones a la Seguridad Social, a la que después me referiré, desde
la perspectiva del Partit Demòcrata nos parece fundamental abordar dos
cuestiones. Una de ellas es la que esta mañana hemos aprobado con el voto
favorable de los grupos parlamentarios Vasco (EAJ-PNV), Ciudadanos y
Popular, que es avanzar hacia el modelo que existe en Austria de fondo de
capitalización de la indemnización por despido con el objetivo de dar
seguridad al empresario para que apueste por la contratación indefinida
y, al mismo tiempo, avanzar en la simplificación contractual. Y, por otro
lado, el debate sobre la reducción de los costes de contratación en
términos de las cotizaciones a la Seguridad Social. Quiero recordar -y
parte de la enmienda que hemos presentado los diputados del Partit
Demòcrata lo explica- que la semana pasada en un muy duro informe de la
OCDE sobre la realidad del mercado de trabajo y de la situación social en
España se apuntaba que hacer frente al paro de larga duración de los
trabajadores poco cualificados exige políticas muy contundentes de
reducción de los costes de contratación. De ahí -ya termino, señor
presidente- que defendamos que la medida que ustedes proponen de exención
de cuotas a partir de determinado nivel afecte de manera indefinida a los
trabajadores poco cualificados. Nos parece
imprescindible para tener una política activa de empleo en la línea de
aquello que nos recomiendan las instituciones internacionales para hacer
frente al paro de larga duración.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Candela Serna.
El señor CANDELA SERNA: Moltes gràcies, senyor president.
En el poco tiempo que me dan quería empezar por decir una frase: La
realidad se define por palabras y quien domina las palabras domina la
realidad. Esto afirmaba Gramsci en el siglo pasado dando contenido
teórico y profundidad a la configuración de la realidad y a la
importancia del relato político. Quería decirles esto a ustedes, señorías
del Partido Popular, porque paradójicamente son ustedes los alumnos más
aventajados, y lo son porque han creado un relato sobre su gestión de la
crisis económica.
Ustedes afirman en esta proposición no de ley, y día a día en los medios,
que gracias a que ustedes llegaron y aplicaron una serie de medidas que
supusieron un gran sacrificio ahora nos va mucho mejor. Afirman en esta
iniciativa que ahora se puede empezar a crear trabajo de calidad mediante
la bonificación de los contratos indefinidos. Y más allá de que esté
demostrado empíricamente que las bonificaciones no crean empleo -el
famoso efecto peso muerto-, me voy a detener en el concepto contrato
indefinido. ¿A qué llaman ustedes contrato indefinido, a un contrato que
puede ser finiquitado cuando la empresa considere que se puede descolgar
del convenio colectivo? ¿A un contrato que a partir de su reforma laboral
significa más rotación, menos salarios y peores condiciones laborales? ¿A
un contrato que en definitiva ya no es una garantía de seguridad o de
futuro de vida?
Su modelo económico, su apuesta de país, no es otra cosa que precariedad,
desigualdad y pobreza, y frente a todo esto nuestra apuesta de país,
nuestro proyecto de futuro pasa por un pacto nacional de rentas que
permita reducir las desigualdades y libere recursos y ahorro para el
necesario cambio de modelo productivo. Nuestro proyecto de país es
inclusivo, es un proyecto de país justo y es, a diferencia del suyo, un
proyecto de país en el que la política protege a la gente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Candela.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del
Campo. (Rumores). Señorías, les ruego silencio, por favor.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señor presidente.
Hoy nos trae a esta Cámara el Partido Popular una iniciativa para
potenciar la contratación indefinida. Hemos visto cómo el señor Echániz
nos hablaba de lo bien que lo ha hecho el Partido Popular en su Gobierno
de mayoría absoluta y nos hablaba también de que cuando llegaron al
Gobierno, en el año 2011, tenían tres grandes objetivos en relación con
el empleo. El primero de ellos, frenar la destrucción masiva de empleo;
el segundo, la consolidación del mercado laboral, y el tercero, creación
de empleo estable y de calidad. En relación con el primero, estamos de
acuerdo en que se ha avanzado mucho, en que se ha conseguido cambiar la
tendencia y en que es verdad que ahora ya no se habla de destrucción de
empleo sino de creación de empleo, recuperando gran parte de los empleos
perdidos en la crisis anterior. En relación con el segundo, consolidación
del mercado laboral, desde nuestro punto de vista quedan todavía muchas
cosas por hacer, sobre todo teniendo en cuenta que todavía contamos con
3,5 millones de desempleados y que probablemente, como hemos discutido
esta mañana en la Comisión de Empleo, tendremos que darles un vuelta a
las políticas de empleo y dirigirlas sobre todo hacia estos parados, al
drama de los parados de larga duración y a las personas en riesgo de
exclusión social. Pero es el tercero de los objetivos de los que usted
nos ha hablado el que más dudas nos crea: creación de empleo estable y de
calidad. Aquí no podemos estar de acuerdo con usted, señor Echániz.
Ustedes, durante el Gobierno de la mayoría absoluta, adoptaron medidas en
esta materia manifiestamente insuficientes, y no solo eso sino que las
medidas que trajeron no han dado los resultados que creían que iban a
dar. En este sentido, quiero referirme a un titular de este fin de
semana: España es el país de la OCDE donde menos temporales pasan a ser
fijos. Apenas uno de cada diez trabajadores temporales consigue un empleo
indefinido en España. Esas son las medidas que ha traído el Partido
Popular, señorías. Y si hablamos de estabilidad, nos dicen que el
incremento de contratos indefinidos es esperanzador y que en la
actualidad tres de cada cuatro contratos son indefinidos. Esas cifras ya
las
teníamos en el año 2011: siete de cada diez contratos en el año 2011 eran
contratos temporales. El problema no es ese, el problema son los
contratos que estamos generando en la actualidad. En la actualidad, nueve
de cada diez contratos son temporales, señoría. Y no han innovado en
otras cosas, pero si hablamos de calidad aquí sí lo han hecho, han creado
un nuevo fenómeno, el del trabajador pobre: 6 millones de trabajadores,
señorías, que tienen contratos temporales, que entran y salen del mercado
de trabajo durante todo el año y que no llegan a final de mes porque sus
ingresos no llegan al salario mínimo interprofesional. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Del Campo.
(Pausa).
Muchas gracias. Les ruego silencio. Si pudiésemos continuar con este
sonido ambiente, sería mucho mejor para poder escuchar al orador; se lo
agradecería.
Continúe, señor Del Campo.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Les quería citar un programa, el programa
Informa, donde dicen los funcionarios en activo de la Inspección de
Trabajo que, entre los incumplimientos con mayor trascendencia social, se
encuentra el fraude en la contratación temporal. El tercer incumplimiento
con mayor trascendencia social en nuestro país es el fraude en la
contratación temporal. Entiéndame, no le quiero decir que haya que poner
un inspector o un subinspector detrás de cada empresa. Probablemente esa
no es la solución y seguramente es imposible, teniendo en cuenta que
contamos con 1.800 funcionarios, los mismos con los que contábamos en el
año 2009, para vigilar 20 millones de contratos. Ese no es el problema,
el problema es que ustedes en cuatro años de mayoría absoluta no han
llevado a cabo las reformas estructurales necesarias para invertir esa
tendencia y para reducir de forma significativa la dualidad.
Nosotros les hemos puesto alternativas encima de la mesa. Tenemos un
acuerdo con ustedes en el que les ofrecemos alternativas, de algunas ha
hablado el señor Campuzano. Esta mañana se ha debatido sobre el
establecimiento de un fondo de capitalización, conocido como mochila
austriaca, medida que viene pactada con ustedes y también en su día con
el Partido Socialista; igual que en su día venía pactada con el Partido
Socialista, y después lo pactamos con ustedes, la creación de un contrato
temporal con indemnización creciente y causas definidas, que impactaría
frontalmente en la línea de flotación de la temporalidad, o el
establecimiento de un complemento salarial como instrumento contra la
pobreza laboral. Es decir, señorías, tenemos opciones, reformas de calado
por hacer que afectan a la calidad, como usted decía, y a la estabilidad
en el empleo y que podrían tener, como vemos, el respaldo de la mayoría
de esta Cámara. No obstante, ustedes han optado por traer un nuevo parche
que ni siquiera tenemos la certeza de si es eficaz o no, porque una
medida como esta ya la trajeron ustedes en el año 2015. Ha estado vigente
hasta mediados de 2016 y nosotros nos preguntamos: ¿se ha evaluado el
impacto de esta medida? ¿Se ha evaluado el impacto que esta medida ha
tenido en el empleo? ¿Se ha evaluado el coste que ha tenido esta medida?
Porque, como saben, existe un consenso avalado -de ello también se ha
hablado- por la evidencia respecto a la escasa eficacia de las
bonificaciones, reducciones y exenciones de cuotas cuando se generalizan
de forma indiscriminada, como es en este caso, creando un elevado peso
muerto y perjudicando a otros colectivos vulnerables.
Tampoco nos han dicho si estas medidas las podemos pagar. ¿Tienen hecho
algún informe? ¿Tienen hecha alguna evaluación sobre cuál va a ser el
impacto aproximado de estas medidas? Por otro lado, ¿se financiarán a
cargo de los Presupuestos Generales del Estado o se financiarán a cargo
de las cuotas de la Seguridad Social? Ustedes mejor que nadie saben cómo
están las cuentas de nuestra Seguridad Social.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Tiene que ir concluyendo, señor
Del Campo.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Término, señor presidente.
En definitiva, señorías del Partido Popular, déjense de parches, cumplan
con el acuerdo que tienen firmado con nosotros, acepten nuestra enmienda
y solo en el caso de que traigan a esta Cámara reformas de calado tendrán
el voto favorable de nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Del
Campo.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra la señora Franco Carmona.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, señor presidente.
Señorías, para cerrar la sesión de hoy el Partido Popular nos trae una
proposición que yo he llamado bipolar; una proposición que, leyendo el
título, parece que viene a hablar de cómo potenciar la contratación
indefinida, cosa que a mí me ha extrañado mucho, pero la sorpresa me duró
poco, me duró el tiempo de leer dos o tres líneas de la proposición y ver
que en realidad el Partido Popular lo que venía a decir es que hay que
seguir...
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Franco.
Por favor, silencio. No me gustaría tener que pedirlo cada cinco minutos e
interrumpir al orador.
Continúe. Muchas gracias.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias.
Decía que la proposición en realidad lo que viene a decir es que hay que
seguir subvencionando a las empresas en vez de crear realmente contratos
indefinidos.
Señores del Partido Popular, les voy a revelar una cosa. Ya existen
bonificaciones a la conversión de contratos temporales en contratos
indefinidos. Les recomiendo que se den una vuelta por la página web del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y miren algunas propuestas, como
el programa de fomento del empleo o la del mal llamado contrato de apoyo
a los emprendedores. De hecho, según el INE, el coste laboral registra en
las últimas semanas la mayor caída de los últimos cuatro años. Mienten
ustedes cuando insinúan que contratar a trabajadores por tiempo
indefinido es caro. Nuestro país desde la década de los setenta o de los
ochenta viene sufriendo lo que hemos llamado la cultura de la
temporalidad, que nos lleva a que incluso hoy en día la tasa de
temporalidad de España sea una de las mayores de la Unión Europea
-solamente por debajo de Polonia-, con un 26 % de temporalidad. Además,
las últimas reformas laborales se han demostrado totalmente ineficaces.
Les doy otro dato. Hoy en nuestro país nueve de cada diez nuevos
contratos son temporales. La única forma de incentivar la contratación
indefinida, y por tanto el empleo estable, es dotando de causa a la
contratación temporal, no solo subvencionando a las empresas para que
realicen contratos indefinidos cuando además han abaratado la
indemnización por despido. No está mal ayudar a los empresarios, pero la
mejor forma de hacerlo y a la vez promocionar empleos estables no es
sacarse de la chistera otra modalidad de bonificación, sino hacer
políticas anticíclicas que permitan a la economía crecer, a las familias
volver a consumir y a las empresas y a los empresarios volver a producir
y a vender. Llegados a este punto, les formulo una pregunta muy sencilla.
¿Para quiénes gobiernan ustedes, señorías del Partido Popular? ¿Para el
IBEX 35 y para empresarios como el señor Roig, presidente de Mercadona, o
como Amancio Ortega, propietario de Inditex? ¿O para los autónomos, para
las pymes y para los trabajadores y trabajadoras que no llegan a fin de
mes? Tienen ustedes que elegir.
La proposición que hoy nos presentan tiene además nefastas consecuencias
para la caja de la Seguridad Social. En un momento en el que el Fondo de
reserva de nuestro sistema público de pensiones no va a dar ni para la
paga extra de Navidad de este mismo año y en que además, según la Airef,
a la caja de la Seguridad Social se le prevé un déficit de 20.000
millones de euros para finales de este año, lo que ustedes proponen es
reducir ingresos para la Seguridad Social. Así lo único que vamos a
conseguir es que las pensiones públicas no sean sostenibles; eso sí, van
ustedes a conseguir su objetivo, que las pensiones sean un negocio para
las grandes empresas y para los grandes bancos de nuestro país.
(Aplausos). Lo que hoy nos proponen, como decía, es totalmente
irresponsable y solo nos va a llevar a seguir siendo la cafetería de
Europa.
Para fomentar la contratación indefinida les propongo varias medidas, como
reformar el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores; acabar con los
contratos precarios, que hoy en día son los que más se llevan y que han
aumentado en más de un cien por cien, como los contratos de una semana o
de un solo día; establecer la nulidad para las finalizaciones
fraudulentas de los contratos temporales; suprimir el contrato de
emprendedores, como ya se hizo a finales de los años noventa con el
contrato de lanzamiento de nueva actividad, e iniciar a la mayor brevedad
posible una modificación de la Ley sobre infracciones y sanciones en el
orden social para adaptarla a la nueva realidad y aumentar los medios
humanos y los recursos materiales de la Inspección de Trabajo.
En definitiva -voy terminando, señor presidente-, tengan una cosa clara,
con esta proposición no se ayuda a los trabajadores ni se crea
estabilidad ni se mejoran los derechos laborales de los trabajadores y
trabajadoras de nuestro país; con esta medida se normaliza la
precariedad. Y tengan clara otra cosa, desde mi grupo parlamentario vamos
a hacer todo lo que esté en nuestra mano para evitarlo; vamos a
votar que no hoy a su propuesta; votaremos que no hoy y siempre; votaremos
que no a edificar nuestro país sobre la base del cementerio social que
ustedes han creado. El empleo indefinido se fomenta poniendo barreras a
la precariedad y gobernando para la gente.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Franco.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Vasco, el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor
presidente.
De verdad que cuando leí esta proposición no de ley tuve que releerla para
estar seguro de lo que veía y me costó darme cuenta porque, en principio,
pensaba que no era algo demasiado serio y que parecía más una broma.
Porque como tal broma se podía tomar tranquilamente que el partido del
Gobierno sea quien sugiera a la Cámara medidas para impulsar convertir en
indefinidos no ya algunos tipos diferentes de contratación que existen y
que han sido creados con diferentes reformas, sino aquel que de forma
genérica se define como nuevo contrato, sin precisar de qué está hablando
en ese momento. Incluso pensé que la propuesta, si hubiera sido hecha en
serio, podía ser tratada como un auténtico galimatías o error jurídico,
porque no es posible extraer otra conclusión de su lectura cuando cabe
comprobar que en su primera medida habla de exenciones para nuevas
contrataciones indefinidas y en la segunda habla de bonificaciones,
cuando se trata de conversión de contratos temporales en indefinidos.
(Rumores). Y no solo por el alto grado de confusión sobre lo que
realmente se quiere, si no porque además el uso de ese mecanismo -el de
las bonificaciones- se coloca ya al margen incluso
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Barandiaran.
Por favor, la siguiente vez lo pediré ya sin favor. Seguramente la tarde
está siendo muy intensa, pero el murmullo lo único que consigue es que se
hable de todo menos de lo que interesa, que es la intervención del
orador. Así que, por favor -será la última vez que lo pida por favor-,
les ruego silencio. Muchas gracias.
Continúe, señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Decía que la proposición como tal presentaba
un alto grado de confusión, entre otras cosas, porque el uso de dicho
mecanismo ya se ha calificado no solo como un uso no recomendado sino
devaluado por los expertos que han comparecido en la Comisión del Pacto
de Toledo, quienes incluso han destacado la escasísima o nula eficacia de
ese tipo de medidas, al margen también del deterioro que ese mecanismo
produce en el erario público y en la Seguridad Social. Eso lo hemos
podido comprobar, por ejemplo, hoy por la mañana en la Comisión de Empleo
y Seguridad Social al hablar de determinadas cifras. Por ejemplo, veíamos
uno en concreto que era el del contrato para la formación y el
aprendizaje. Las consecuencias de este tipo de prácticas han supuesto 180
millones para las arcas de la Seguridad Social, con la escasa
consecuencia de que solo un 2 % de los contratos convenidos se
convirtieron en indefinidos; eso sí -también hay que decirlo-, frente a
Alemania, donde el porcentaje de aprendices que permanecen en la empresa
es del 57 %. También veíamos que, al margen de que sean unas ayudas al
empleo, deben ser entendidas también en el ámbito de las políticas
activas y, por lo tanto, son competencia -en el caso de Euskadi- de la
comunidad autónoma, pero seleccionando precisamente aquellos sectores en
los que vale la pena efectuar ese tipo de deducciones.
Convertir en indefinidos los contratos que hasta el momento, y en virtud
de la reforma laboral, han sido trazados como temporales solo puede ser
consecuencia de determinada cultura de la relación laboral en la que el
contrato de trabajo esté causalizado y, por lo tanto, su finalización o
su continuación esté sometida a ese rigor y a ese análisis y no al de
prácticas de buenismo a cuenta del erario público que, repito, han sido
expresamente desaconsejadas por los expertos, además, por ineficaces y
por costosas. Por eso sé, señores del Partido Popular -si me hacen caso-,
que la propuesta no quiere decir eso. Eso sí, de lo que no estoy seguro
es de qué quiere decir. Lo que aún llama más la atención es que,
existiendo una pluralidad tan grande de diferentes modalidades de
contratación temporal, tan poco eficaces como hemos visto y para las que
durante los últimos tiempos se han asociado bonificaciones, reducciones,
exenciones o cualquier otra fórmula tan poco imaginativa como que todos
paguemos el precio de una política de contratos de auténtica
esquizofrenia, solo nos queda preguntarnos para qué sirve esta
iniciativa. Y nos hacemos la pregunta sobre todo después de haber visto
la página de SEPE, porque quizás sea para hacer frente a las
consecuencias de las nada menos que treinta variedades de contrato
temporal a que se refiere
la página del Servicio Público de Empleo Estatal, a las cuatro de
formación o a las tres de contrato en prácticas para, precisamente,
convertirlas en uno de los diecisiete tipos de contratos indefinidos a
los que se refiere la misma institución cuando describe los modelos de
diferentes cláusulas aplicables a todos ellos. Esto nos hace pensar que,
en principio, solo querían recordarnos que toda esa variedad de contratos
temporales es una consecuencia indeseada que se pretendía corregir. Pero
para eso ya tienen un camino, el de la modificación o derogación de la
reforma laboral para adecuarla, de verdad, a las necesidades tanto del
mercado laboral como de los derechos de los trabajadores. Por eso,
entendemos que este no es un buen camino, que este no es el camino.
Quiero seguir pensando que es un error o una broma porque un partido que
se considera serio -y que creo que lo es- y que tiene a su exclusiva mano
todos los mecanismos directos o indirectos para corregir esa consecuencia
indeseable de la reforma laboral, no haría esto. Por eso, queremos darle
una oportunidad pero para corregirlo y, por ello, votaremos no a esta
proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor
Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el
señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidente. Bona tarda a tothom.
La verdad es que me sorprendí al ver el título de esta proposición no de
ley del Partido Popular. El partido de la precariedad nos presenta una
proposición no de ley para potenciar la contratación indefinida.
Rápidamente me dije a mi mismo: ¿dónde esta la trampa? Me extrañaba que,
aunque tímidamente, nos propusiera alguna corrección a su fracaso en
materia de empleo a lo largo ya de cinco años, pero, una vez más, en la
exposición de motivos ya demuestran su incompetencia o mala fe. Dicen
así, sin ningún rubor: En diciembre de 2011, cuando el Partido Popular
llegó al Gobierno, la rigidez de nuestro mercado laboral nos llevaba a
una destrucción masiva de empleos. Pero, si el mercado de trabajo era tan
rígido, ¿cómo se pueden destruir masivamente empleos? Primera pregunta.
Excusas. Nos traen una PNL de nuevo ideológica, un nuevo regalo a la
patronal más rancia. Vuelven a las andadas, cargando los sacrificios de
las políticas económicas y de empleo sobre las espaldas de los
trabajadores, las trabajadoras y los autónomos. Es una medida que busca
rebajar más el coste del trabajo. Me comentaba un veterano compañero del
movimiento obrero, Juan Miguel -a quien aprecio mucho-, y algunos
compañeros también de Tarragona -muy acertadamente, como siempre-, que en
el fondo esta medida hace responsable del paro a los propios
trabajadores, a sus salarios y a sus derechos y, muy especialmente, a los
derechos de la Seguridad Social y a nuestro sistema de reparto. Sabio,
Juan Miguel. La propuesta es un nuevo misil a la solidaridad entre
generaciones de trabajadores cotizantes a la Seguridad Social. Una vez
más, su incompetencia e imaginación se agotan en excepciones y más
excepciones, bonificaciones y más bonificaciones a la Seguridad Social;
es decir, en quitarnos nuestro salario en diferido y en vaciar de dinero
la caja de la Seguridad Social para emplearlo en una supuesta
recuperación económica. Y digo supuesta mejora económica porque no hemos
visto en ningún momento ningún estudio serio, ni aquí ni en la Comisión
de Empleo ni en la del Pacto de Toledo, que demuestre la causalidad entre
bonificaciones y exenciones a la Seguridad Social y la creación de
empleo, y mucho menos indefinido. Lo que sí he escuchado con preocupación
es que la sostenibilidad del sistema de pensiones cinco años después de
que ustedes llegaran al poder son insostenibles e insuficientes. Estos
cinco años de Gobierno del Partido Popular nos han llevado a ser
espectadores de cómo se vaciaba la hucha de las pensiones a un ritmo
vertiginoso; eso sí que lo sabemos. Pero ustedes continúan como si
tuvieran mayoría absoluta, presentando propuestas que ni siquiera esperan
las recomendaciones del Pacto de Toledo respecto de las bonificaciones a
la Seguridad Social -luego nos hablarán de diálogo- porque saben que
muchos de los expertos que han comparecido han cuestionado severamente su
política de bonificaciones. Si no hay trabajo fijo, estable y de calidad
ya pueden ustedes regalar el dinero a la gran patronal que continuarán
recogiendo sus fracasos en la gestión de la Seguridad Social y en el
empleo digno. Sí, ya nos sabemos la canción de que primero hay que tener
un empleo y después este se convertirá en empleo de calidad, haciendo de
nuevo una falsa relación de causalidad, porque tiene que ser así o puede
no serlo.
En cualquier caso, dicen que los datos acreditan que hemos superado dos
grandes retos: el de frenar la destrucción masiva de empleo -quizá ya
habíamos tocado fondo- y continúan diciendo -y aquí viene lo peor-: hemos
consolidado el mercado laboral. ¡Cielos, lo que han dicho!, diría el gran
Forges. Lo que se ha consolidado es una economía basada en la
precariedad, la temporalidad, en lo toma o lo deja con cifras
inaceptables de economía sumergida, etcétera. Esto es lo que se ha
consolidado. Nos
hubiera gustado alguna medida más interesante, como el aumento
significativo de inspectores de Trabajo para luchar contra los falsos
autónomos o el fraude directo a la Seguridad Social, pero eso nunca toca;
de hecho, tenemos los mismos inspectores de Trabajo hoy que en 2009,
mejor dicho, tenemos dos más en todo el Reino de España. ¿No se dan
cuenta ustedes de que la mayoría de los contratos temporales no lo son
porque no haya subvenciones o bonificaciones, sino porque el empresariado
y las políticas de los últimos Gobiernos no han apostado por un modelo
productivo ni distributivo?
Desde nuestro punto de vista, la política del Gobierno es a favor de los
empresarios, pero si incluso poniéndose en su piel hiciera falta
subvencionar a los empresarios, pensamos que esto debería financiarse con
los impuestos generales y nunca a partir de las cotizaciones de la
Seguridad Social, porque estas cotizaciones son para financiar
prestaciones sociales. Por todo ello, votaremos que no a seguir vaciando
la hucha de la Seguridad Social y poner en mayor peligro todavía su
sostenibilidad y su suficiencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González
Bayo.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Buenas tardes.
Señor presidente, señoras y señores diputados de la Cámara, hoy nos trae
aquí el señor Echaniz, bajo el pomposo título de "potenciar la
contratación indefinida", más tarifa plana y más bonificaciones por
conversión de contratos temporales en indefinidos, la única política
activa que, por lo visto, saben hacer. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora González.
Silencio, señorías, silencio.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Una tarifa plana que, como venimos
permanentemente insistiendo, supone un ahorro para el empresario que se
paga con el dinero de los pensionistas porque se detrae de las arcas de
la Seguridad Social. (Aplausos). Como siempre, señor Echániz, esa es su
política: barra libre para los empresarios a costa de los más
desfavorecidos, los pensionistas, a los que ustedes les han dicho que no
pueden revalorizarles las pensiones más del 0,25 -que supone
aproximadamente algo más de un euro para la mayoría de los pensionistas
españoles- y que están teniendo una pérdida constante de poder
adquisitivo del 2,75, lo que supondría alrededor de 20 euros más al mes
para la mayoría de los pensionistas de este país, ya que la inflación se
ha situado en el 3 %. A esto habría que añadir el punto del copago
farmacéutico que impusieron.
Ahora nos traen esta iniciativa, sin discriminar, a todas las
contrataciones indefinidas, desoyendo las recomendaciones del Pacto de
Toledo y las conclusiones de la subcomisión que se llevó a cabo en esta
Cámara, en la cual se alertó, como han dicho otras señorías, de que era
ineficaz este tipo de medidas, que son contratos que los empresarios
terminarían llevando a cabo. ¿O piensan ustedes que en este país nunca se
va a contratar indefinidamente? Comprobamos que no conocen otra política
de empleo que no sea cargar sobre las arcas de la Seguridad Social. En
consecuencia, actúan en contra de la primera recomendación del Pacto de
Toledo, donde se dice que hay que tener en cuenta la separación de las
fuentes de financiación y que todas las políticas de empleo y su
mantenimiento tienen que sufragarse por imposición general, es decir, a
través de los Presupuestos Generales del Estado. Y se niegan a traer al
Pacto de Toledo, previo pacto social, medidas para solventar el
equilibrio financiero del sistema, provocado, entre otras cosas, por las
reducciones de ingresos que suponen estas políticas que les gustan tanto
de exenciones y tarifas planas, pero nunca provocado por exceso de gasto
como le quieren hacer creer a la ciudadanía, y se empecinan en seguir
detrayendo recursos del sistema de la Seguridad Social. En los
Presupuestos Generales del Estado de 2016 las reducciones ascendían a
2.100 millones de euros, a los que hay que sumar 3.000 millones de euros
en tarifas planas para autónomos.
Señorías, sus políticas han contribuido a minorar fuertemente los ingresos
del sistema, haciendo que ejercicio tras ejercicio se sitúe continuamente
en déficit sin hacer nada para corregirlo; lo único que han hecho es
detraer dinero del Fondo de reserva; Fondo de reserva que han esquilmado
en estos cinco años; Fondo de reserva del que desde septiembre de 2012 a
diciembre de 2016 han detraído 66.401 millones de euros, el mismo dinero
que había cuando ustedes llegaron al Gobierno. Por tanto, señor Echániz,
dejen de una vez de parecerse a las empresas de telefonía móvil dando
tarifas planas y apuesten verdaderamente por políticas activas de empleo.
Escuchen ustedes a los organismos internacionales, a la OCDE o al
Fondo Monetario Internacional, entre otros, que les piden que apuesten
fuertemente por políticas activas de empleo, políticas de impulso a la
orientación, de cualificación de las personas que estén en paro, de
fortalecimiento de los servicios públicos de empleo, que han bajado la
dotación personal en todas las provincias, en Huelva un 20 %. Y, por
supuesto, olvídense de las comunidades autónomas, que es la
administración más cercana a los ciudadanos.
Por último, si analizamos los gastos en políticas activas, vemos que en el
año 2011, gobernando el Partido Socialista, había 39.900 millones de
euros destinados a políticas activas, mientras que si nos vamos al año
2016 vemos que tan solo había 25 millones de euros. Señor Echániz, hay
14.900 millones de diferencia; esto es tener respeto por las personas
paradas. Le pedimos responsabilidad y seriedad, y que apuesten por
políticas activas de empleo.
Muchísimas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señora González.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto
al señor Echániz Salgado si su grupo acepta alguna de las enmiendas
presentadas.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha aceptado una enmienda del
Grupo Parlamentario Ciudadanos, que incorporaba el cien por cien del
texto de su enmienda en la transaccional y aun así no ha sido finalmente
aceptada por dicho grupo. Por lo tanto, solicitamos el voto de nuestra
iniciativa en los términos originales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien, Muchas gracias, señor
Echániz.
Finalizado este punto, pasaremos a las votaciones en tres minutos.
Muchas gracias. (Pausa.-La señora presidenta ocupa la Presidencia).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA SOBRE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA Y DEROGACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 4/2015, DE 30 DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA. (Número de expediente
122/000050).
La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar las votaciones.
Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre protección de la segunda
ciudadana y derogación de la Ley orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la seguridad ciudadana.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más
1 voto telemático, 341; a favor, 177; en contra, 130 más 1 voto
telemático, 131; abstenciones, 33.
La señora PRESIDENTA: Por lo tanto, queda tomada en consideración.
(Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA
4/2015, DE 30 DE MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA
(ORGÁNICA).
(Número de expediente. 122/000062).
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma de la Ley orgánica
4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana
(orgánica).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más
1 voto telemático, 341; a favor, 211; en contra, 129 más 1 voto
telemático, 130.
La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA, ORGÁNICA SOBRE LA EUTANASIA. (Número de expediente. 122/000060).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a la toma en consideración de
la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, orgánica sobre la eutanasia.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más
1 voto telemático, 340; a favor, 86; en contra, 131 más 1 voto
telemático, 132; abstenciones, 122.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada o no se toma en consideración la
proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA, RELATIVA A LA ELABORACIÓN DE UN PLAN INDUSTRIAL PARA NAVANTIA,
S.A. (Número de expediente 162/000238).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar el texto de las proposiciones
no de ley, según lo acordado en el curso del debate. En primer lugar, la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea relativa a la elaboración de un plan
industrial para Navantia, S.A. La vamos a votar en los términos de la
enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular,
Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
Ciudadanos, Mixto y Esquerra Republicana.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a
favor, 334; abstenciones, 6.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A POTENCIAR LA
CONTRATACIÓN INDEFINIDA. (Número de expediente. 162/000208).
La señora PRESIDENTA: Votamos a continuación la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a potenciar la
contratación indefinida. La vamos a votar en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a
favor, 131; en contra, 171; abstenciones, 37.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se suspende la sesión hasta las nueve horas de mañana.
Eran las siete y treinta minutos de la tarde.
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