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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 181, de 21/02/2019
cve: DSCD-12-PL-181
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2019 XII LEGISLATURA Núm. 181
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 173
celebrada el jueves,
21 de febrero de 2019


ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 21-6, de 10 de enero de 2019. (Número de expediente 121/000021) ... (Página9)

- Proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 12-7, de 14 de febrero de 2019. (Número de expediente 121/000012) ... (Página16)

- Proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 29-5, de 14 de febrero de 2019. (Número de expediente 121/000029) ... (Página24)

- Proposición de ley de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 99-6, de 20 de noviembre de 2018. (Número de expediente 122/000079) ... (Página31)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas. ("BOE" núm. 23, de 26 de enero de 2019). (Número de expediente 130/000057) ... (Página37)


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Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:

- Acuerdo de asociación económica preliminar entre Ghana, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, hecho en Bruselas el 28 de julio de 2016. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 215, de 16 de julio de 2018. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie C, número 102-2, de 2 de enero de 2019. (Número de expediente 110/000088) ... (Página50)

- Enmienda para la supresión del artículo 124 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptada en La Haya el 26 de noviembre de 2015. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 216, de 16 de julio de 2018. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie C, número 103-2, de 2 de enero de 2019. (Número de expediente 110/000089) ... (Página50)

- Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, hecho en París el 24 de noviembre de 2016, así como declaraciones y reservas que España desea formular. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 225, de 7 de septiembre de 2018. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie C, número 104-2, de 2 de enero de 2019. (Número de expediente 110/000090) ... (Página50)

- Acuerdo de asociación global y reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus estados miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra, hecho en Bruselas el 24 de noviembre de 2017. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 226, de 7 de septiembre de 2018. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie C, número 105-2, de 2 de enero de 2019. (Número de expediente 110/000091) ... (Página50)

- Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Madrid el 5 de junio de 2017. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 227, de 7 de septiembre de 2018. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie C, número 106-2, de 2 de enero de 2019. (Número de expediente 110/000092) ... (Página50)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República Argentina sobre un programa de movilidad de jóvenes, hecho "ad referendum" en Buenos Aires el 10 de abril de 2018. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 230, de 14 de septiembre de 2018. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie C, número 107-2, de 2 de enero de 2019. (Número de expediente 110/000093) ... (Página50)

- Instrumento de enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 1986, hecho en Ginebra el 24 de junio de 1986. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie C, número 108-1, de 14 de septiembre de 2018. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie C, número 108-2, de 2 de enero de 2019. (Número de expediente 110/000094) ... (Página50)

- Convenio entre el Reino de España y Rumanía para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscales y su protocolo, hecho en Bucarest el 18 de octubre de 2017. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 232, de 14 de septiembre de 2018. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie C, número 109-2, de 2 de enero de 2019. (Número de expediente 110/000095) ... (Página50)

- Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Madrid el 12 de junio de 2018. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 241, de 5 de octubre de 2018. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie C, número 110-2, de 2 de enero de 2019. (Número de expediente 110/000096) ... (Página50)


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- Denuncia del acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 251, de 16 de noviembre de 2018. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie C, número 111-2, de 2 de enero de 2019. (Número de expediente 110/000097) ... (Página50)

- Denuncia del acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 252, de 16 de noviembre de 2018. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie C, número 112-2, de 2 de enero de 2019. (Número de expediente 110/000098) ... (Página50)

- Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador en materia de cooperación policial para la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Madrid el 26 de julio de 2018. "BOCG. Cortes Generales", serie A, número 253, de 16 de noviembre de 2018. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie C, número 113-2, de 2 de enero de 2019. (Número de expediente 110/000099) ... (Página51)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 107-1, de 24 de marzo de 2017. (Número de expediente 122/000086) ... (Página53)

- Proposición de ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 265-1, de 7 de mayo de 2018. (Número de expediente 122/000234) ... (Página60)

Elección de diputados, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004:

- Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Número de expediente 052/000004) ... (Página70)

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página70)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página70)

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página71)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página74)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (Votación) ... (Página75)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página76)

Elección de diputados, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Votación) ... (Página77)


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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Enmiendas del Senado ... (Página9)

Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril) ... (Página9)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Rivera de la Cruz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; los señores Maura Zorita, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista; y la señora García-Pelayo Jurado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Hace uso de la palabra el señor ministro de Cultura y Deporte (Guirao Cabrera).

Proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario ... (Página16)

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Beitialarrangoitia Lizarralde, del Grupo Parlamentario Mixto, y Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Gómez García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Palacín Guarné, del Grupo Parlamentario Socialista, y Paniagua Núñez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Hace uso de la palabra la señora ministra de Economía y Empresa (Calviño Santamaría).

Proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria... (Página24)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los señores Mena Arca, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Díaz Trillo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Pérez López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Hace uso de la palabra la señora ministra de Educación y Formación Profesional (Celaá Diéguez).

Proposición de ley de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer ... (Página31)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rodríguez Martínez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Cotelo Balmaseda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página37)

Real decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas ... (Página37)

El señor ministro del Interior (Grande-Marlaska Gómez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Yllanes Suárez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Pradas Torres, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Romero Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Cierra el debate el señor ministro del Interior.

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales ... (Página50)

Acuerdo de Asociación económica preliminar entre Ghana, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados Miembros, por otra, hecho en Bruselas el 28 de julio de 2016 ... (Página50)

Enmienda para la supresión del artículo 124 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptada en La Haya el 26 de noviembre de 2015 ... (Página50)

Convenio Multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, hecho en París el 24 de noviembre de 2016, así como Declaraciones y Reservas que España desea formular ... (Página50)

Acuerdo de asociación global y reforzado entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados Miembros, por una parte, y la República de Armenia, por otra, hecho en Bruselas el 24 de noviembre de 2017 ... (Página50)

Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su Protocolo, hecho en Madrid el 5 de junio de 2017 ... (Página50)

Acuerdo entre el Reino de España y la República Argentina sobre un programa de movilidad de jóvenes, hecho "ad referendum" en Buenos Aires el 10 de abril de 2018 ... (Página50)


Página 6




Instrumento de Enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 1986, hecho en Ginebra el 24 de junio de 1986 ... (Página50)

Convenio entre el Reino de España y Rumanía para eliminar la doble imposición en relación con los impuestos sobre la renta y prevenir la evasión y elusión fiscales y su Protocolo, hecho en Bucarest el 18 de octubre de 2017 ... (Página50)

Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República de Filipinas, hecho en Madrid el 12 de junio de 2018 ... (Página50)

Denuncia del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010 ... (Página50)

Denuncia del Acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010 ... (Página50)

Convenio entre el Reino de España y la República del Ecuador en materia de cooperación policial para la seguridad y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, hecho en Madrid el 26 de julio de 2018 ... (Página51)

Para fijar su posición sobre determinados convenios, intervienen los señores Bustinduy Amador, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Pons Sampietro, del Grupo Parlamentario Socialista, y Roca Mas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página53)

Proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ... (Página53)

En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene el señor Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bataller i Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Gómez Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Elizo Serrano, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista.


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Proposición de ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética ... (Página60)

En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene la señora Zurita Expósito, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Garaulet Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y las señoras Martín González, doña Lucía, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Rominguera Salazar, del Grupo Parlamentario Socialista.

Elección de Diputados, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004 ... (Página70)

Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004 ... (Página70)

La Presidencia informa de que la diputada propuesta por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea es la señora Montero Gil.

Asimismo informa de que este punto se votará después del resto de votaciones previstas para el día de hoy.

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página70)

El señor don Manuel Torres Fernández adquiere la condición plena de diputado al prestar acatamiento a la Constitución.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página70)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al objeto de conocer cuál es el compromiso de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad con la defensa de la Constitución española y de la convivencia en Cataluña, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se rechaza por 164 votos a favor, 170 en contra y 1 abstención.

Enmiendas del Senado. (Votación) ... (Página71)

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017 (procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril).


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Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.

Se someten a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página74)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, se aprueba por 335 votos a favor más 2 votos telemáticos, 337.

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios internacionales. (Votación) ... (Página75)

Sometidos a votación separada los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores que figuran en el orden del día, son aprobados todos.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página76)

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se rechaza por 133 votos a favor, 200 en contra más 2 votos telemáticos, 202, y 1 abstención.

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética, se rechaza por 164 votos a favor y 170 en contra más 2 votos telemáticos, 172.

Elección de Diputados, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Votación) ... (Página77)

La Presidencia explica el procedimiento a seguir para realizar la votación, que será por papeleta, resultando elegido el diputado que alcance una mayoría de tres quintos, es decir, 210 votos.

Resulta elegida la señora doña Irene María Montero Gil con 304 votos a favor, 6 votos en blanco y 17 votos nulos.

Se levanta la sesión a las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL, Y POR EL QUE SE INCORPORAN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LA DIRECTIVA 2014/26/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 26 DE FEBRERO DE 2014, Y LA DIRECTIVA (UE) 2017/1564 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 2/2018, DE 13 DE ABRIL). (Número de expediente 121/000021).

La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.

Comenzamos con el punto correspondiente a las enmiendas del Senado. Enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 febrero de 2014, y la Directiva de la Unión Europea 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 de abril.

En el turno de fijación de posiciones interviene por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Intervendré muy brevemente. La verdad es que vuelve del Senado algo que aquí se debatió y después de hacerlo le dije al ministro -entonces Méndez de Vigo- en esta Cámara que él era el maestro o el ministro corregidor porque rectificaba todas aquellas cuestiones que desde tantos ámbitos le habíamos recordado que tenía que rectificar. Sin duda alguna, nosotros ahora también votaremos a favor porque las enmiendas que se han incorporado no consideramos que sean excesivamente peligrosas, de hecho enriquecen de alguna manera. El problema lo tuvimos aquí cuando estuvimos en riesgo de que este proyecto se convirtiera en algo que nadie quería, pero afortunadamente muchos grupos nos conjuramos para que eso no fuera así. En su momento, hace cuatro años, cuando se trató en un verano la ley de propiedad intelectual, algunos incluimos el tema de la copia privada, que no podía ser de la manera que el Partido Popular quería. Y después de cuatro años nos dieron a todos los demás la razón aceptando cómo debía ser el tema de la copia privada, porque aquel invento que hizo Montoro, por medio de los Presupuestos Generales del Estado, al final ni acabó compensando, ni acabó recaudando ni acabó haciendo nada.

Hoy culminamos un proceso que ha sido largo, que ha sido debatido, en el que la gente ha participado bien y que puede valernos para tener un armazón jurídico en este tema tan complicado, que desgraciadamente en algunas entidades de gestión se está convirtiendo en algo casi ya bochornoso. Por lo tanto, espero que, con esta modificación, por lo menos esta ley pueda ponerse en marcha antes de que culmine esta legislatura. Espero que los autores, la gente que tiene derechos de propiedad, puedan funcionar tranquilamente, y los demás, los ciudadanos, tengamos la tranquilidad de que esos derechos serán gestionados bien y de que nadie hará daño a nadie.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, señor Eritja Ciuró. (Pausa). No está presente.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Rivera de la Cruz.

La señora RIVERA DE LA CRUZ: Señora presidenta, señor ministro, señorías, quiero comenzar mi intervención diciendo algo que ya he dicho aquí en otras ocasiones: Nuestra cultura es lo que somos, lo mejor de nosotros mismos. En un futuro, cuando pocos recuerden nuestros nombres, lo que habrá quedado de este tiempo seguramente será una obra de arte: un libro, cuyo pensamiento cambio el entendimiento de esta época; una película, que consiguió abrir una nueva puerta en el imaginario colectivo, o una obra musical, que renovó la sensibilidad de quienes la escucharon. Es esta grandeza inabarcable de la cultura la que compromete al Estado y le obliga a ponerse a su servicio, que es lo mismo que


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ponerse al servicio del que será el legado de nuestra era y así velar, en la medida de nuestras posibilidades, por todo lo bueno y lo bello que hay en este mundo.

Señorías, esta no es la mejor legislatura para poner como ejemplo de parlamentarismo eficiente, va a durar menos de tres años, en el transcurso de los cuales hemos vivido una moción de censura, un cambio de Gobierno, unos presupuestos tumbados y algunas escenas que yo personalmente prefiero olvidar. Sin embargo, mientras la disensión en esta Cámara crecía y se agudizaba, una Comisión se ha pasado los últimos meses trabajando con el único objetivo de acometer reformas esenciales sobre la Ley de Propiedad Intelectual. Esta labor se inició con el Gobierno del Partido Popular, y tengo que recordar aquí al entonces secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, que hace ya casi un año se reunió con todos los grupos para tratar la trasposición de las directivas 2014/26/UE y 2017/1564, para explorar las posibilidades que ofrecían para introducir cambios sustanciales en la Ley de Propiedad Intelectual.

Así empezamos a trabajar cuatro partidos juntos y así seguimos trabajando después de un cambio de Gobierno, en el que en todo momento contamos con el apoyo del ministro José Guirao. La tarea se desarrolló en jornadas maratonianas que llegaron a durar nueve horas, jornadas en las cada uno de nosotros se dejaba la ideología en la entrada. Fue fácil porque lo que estábamos haciendo quedaba al margen de cualquier posicionamiento político. Estábamos dedicando nuestros esfuerzos a lo que muchas de sus señorías dedican sus mejores horas: a cultivar el consenso para buscar soluciones a los problemas de los españoles.

Con este decretoley se está mejorando la eficiencia del mercado de derechos de propiedad intelectual y se establecen garantías y herramientas de control y requisitos de transparencia en las entidades de gestión; se mejora el sistema de voto; se refuerzan los derechos de los socios; se da un paso decisivo para frenar los abusos de la llamada rueda, que estaba alterando escandalosamente el reparto de los derechos de los compositores musicales. El texto establece un sistema de abono de tarifas entre titulares y usuarios que va a reducir la litigiosidad y a garantizar los derechos de los creadores, se centraliza el pago por préstamo bibliotecario, se introduce la facultad de la Administración para promover la elaboración de códigos de conducta entre servicios de intermediación de pago electrónico y de publicidad, y además damos un paso adelante en la lucha contra la piratería.

Señorías, nos hemos cansado de decir que la cultura no interesa a nadie y me temo que en cierta forma es verdad, pero en esta legislatura bronca la Comisión de Cultura se dedicó a hacer parlamentarismo, a buscar lugares de consenso, a construir un muro que defendiese la labor de las fuerzas políticas ante cualquier elemento que pudiese distraer, perturbar o condicionar y así poder hacer aquello para lo que nos eligieron: trabajar en favor de los ciudadanos. (Aplausos).

El trabajo desarrollado, del que el decreto que se vota hoy aquí es parte esencial, es lo más parecido a ese pacto de Estado por la cultura que aparece en todas las agendas políticas y del que nadie vuelve a hablar una vez que se terminan las campañas electorales. Creo que tenemos motivos para sentirnos orgullosos del modo de proceder de la Comisión de Cultura y Deporte, un proceder que inauguramos un día hace casi dos años, en el que cuatro partidos políticos de la mano llamaban a la puerta del Ministerio de Fomento y se reunían con el entonces ministro Íñigo de la Serna para explicarle que la fachada de la Biblioteca Nacional estaba empezando a tener pequeños desprendimientos que había que arreglar y no tenían dinero para hacerlo. Todavía recuerdo al ministro, tan hospitalario como perplejo, estudiando la documentación que llevábamos mientras pestañeaba al ver entrar en su despacho a los portavoces del Partido Popular, del PSOE, de Unidos Podemos y de Ciudadanos para pedirle exactamente lo mismo. Debo decir que el ministro entendió la importancia de lo que le planteábamos y atendió nuestra demanda. El día que se colocaron los andamios en la fachada de la Biblioteca Nacional puse a mis compañeros un mensaje en el chat del grupo y dije: señores, estos andamios los hemos puesto entre todos. (Aplausos).

A partir de ahí, entendimos que había una forma de trabajar que podía darnos grandes satisfacciones, aunque eso significase renunciar a ponernos medallas individuales, y así lo hicimos. El siguiente reto fue el Estatuto del Artista, el definitivo, la trasposición de esta directiva. A quienes siguen la información del Congreso les pido que cuenten también estas cosas, que no transmitan a los ciudadanos que tras la Puerta de los Leones solo hay discrepancias y ruido, y que la cultura con mayúsculas es la herramienta más poderosa para eliminar diferencias y aunar voluntades. No fuimos nosotros los artífices de todo esto, sino el objetivo que nos unía: mejorar la situación de los creadores y de las industrias culturales.

Quiero hacer aquí una mención especial al letrado de la Comisión, Ignacio Astarloa, Él ha sido un moderno Ulises que, temiendo que la tripulación del barco pudiese dejarse contaminar por los cantos de sirena, nos aconsejó no escucharlos. No hizo falta que pusiese cera en nuestros oídos, nos bastó con


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seguir su ejemplo al verle cada día amarrado al palo mayor del Reglamento del Congreso y de las leyes. Fuera de eso, no existe nada, pero bajo su amparo las cosas más difíciles pueden ser posibles. Gracias, Ignacio, por guiarnos en el laberinto. (Aplausos).

Y ahora que esta legislatura toca a su fin, dejen que extienda aquí toda mi gratitud, toda nuestra gratitud, al personal del Congreso de los Diputados, que han sido para todos en estos meses el mejor ejemplo de rigor y entrega al servicio público. (Aplausos). Querido Emilio, portavoz del Grupo Popular, querido José Andrés, portavoz del Grupo Socialista, querido Eduardo, portavoz del Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, querido Félix, portavoz de Ciudadanos, gracias de corazón por estos meses en los que he aprendido lo que es la política con mayúsculas. Hemos hecho un trabajo serio, meticuloso y discreto, el trabajo que tenemos que hacer, el trabajo que nos trajo hasta aquí. Y creo que podemos decir todos: misión cumplida.

Muchas gracias. (Aplausos.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Maura Zorita.

El señor MAURA ZORITA: Gracias, presidenta.

Señorías, ministro, esta reforma de la Ley de Propiedad Intelectual es el resultado de un proceso arduo y, por nuestra parte, también de una convicción, la convicción de que el ecosistema cultural tiene que ser sostenible, tiene que poder ser habitable por agentes públicos y privados, pequeños, medianos y grandes, agentes autogestionados, mestizos, travestis, mixtos de toda clase y condición. Y cuanto más sostenible sea el ecosistema, más diverso, y cuanto más diverso, más sostenible. Esta tensión entre ser diversa, sostenible y accesible es la característica principal de la cultura, en concreto, de la cultura en una época de transformación, de transformación de la esfera pública, de los modelos de propiedad digital, de los modelos de negocio, de las formas de consumo y de las experiencias estéticas. Y en este campo ampliado, ciertamente la Ley de Propiedad Intelectual debe ser un pilar de la sostenibilidad, a la que me he referido.

Mi primera consideración ha de ser autocrítica. La doble trasposición que culminamos hoy no se hace cargo de todos los problemas que he mencionado. Hace falta algo más que una doble trasposición, hace falta una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual y esta no lo es. A falta de esa reforma, debo decir que, tanto el Grupo Confederal como el resto de grupos parlamentarios, nos hemos esmerado en introducir elementos que hacían falta. Nos hemos aplicado a fondo y ha sido un privilegio hacerlo. Hay cosas que no compartimos de esta reforma, como la modificación del artículo 195, y otras nos generan dudas. Por ejemplo, no creemos en el paradigma administrativo como medio para resolver los conflictos en el campo digital ampliado. Y aunque hoy no votamos enmiendas sobre esa cuestión, que ya se resolvió en el Senado, no quiero dejar de apuntar la necesidad de un cambio de paradigma en esta y otras materias.

También hay muchísimas cosas que valoramos positivamente de esta reforma. Voy a rescatar tres por ir a las más importantes. El primer asunto que rescatamos es la introducción del principio de trazabilidad entre recaudación y reparto en los artículos 175 a 177, que nos parece clave en materia de transparencia. Hay que caminar hacia menos repertorio pendiente de identificar y hacia más seguridad para autoras, autores y usuarios.

El segundo aspecto es la nueva disposición final quinta, que va a permitir que en un mercado como el cultural, a menudo desequilibrado y opaco, las asociaciones profesionales y sindicatos puedan informar de los precios medios de mercado. Informar de los precios medios de mercado va a servir para que nunca más nos encontremos con negociaciones a oscuras o con ofertas ofensivas, cuando no agresiva y violentamente por debajo del precio de mercado. Así que también en la cultura, y gracias a algunas de las personas que estáis aquí hoy, nunca más solas y solos.

Por último, el tercer aspecto que quiero resaltar es la gran conquista de esta reforma, en mi opinión, que solo ha sido posible asumiendo grandes cantidades de conflicto, tras muchas conversaciones y reuniones -se ha mencionado brevemente antes-, muy a cara de perro, con mucha confianza y con mucho esfuerzo personal y político. Me refiero a la rueda. No negaré que lo hemos pasado mal. No negaré que lo hemos pasado muy mal, pero me parece justo reconocer la dureza del proceso, en primer lugar, por gratitud y, en segundo lugar, porque lo que hoy regulamos lleva la huella de ese esfuerzo. La rueda de las televisiones y de algunos socios de la SGAE, algunos con responsabilidades tan importantes como la presidencia, había colonizado la gestión colectiva, había desequilibrado un ecosistema musical y


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audiovisual ya de por sí inestable, poco valorado socialmente y con problemas acuciantes de precariedad. Y es que la rueda que hoy regulamos y a la que hoy ponemos límite no es solo ineficiente y privativa, es también un factor de empobrecimiento de la música española, de falseamiento de la diversidad cultural y de negocio de unos pocos que relegan al fin de la noche lo que debería tener su hueco en el prime time y me atrevo a decir que su hueco por ley al menos en el prime time de RTVE: en última instancia, la música hecha, coproducida, apropiada en España e interpretada en España en cualquiera de sus manifestaciones, lenguas, géneros, apropiaciones o soportes. Es evidente, señorías, que la música española -aunque no solo esta- está precarizada hasta la médula y está fuera de los medios públicos, salvo como reality o como talent show, lo cual no basta, aunque tampoco sobre. Mientras tanto, nos hemos encontrado con que algunos con responsabilidades importantes nos vendían que la salvación de la música española está nada menos que en un negocio al que solo se accede a través de conexiones opacas y sin criterio cultural conocido por más que algunas de estas personas tengan carreras muy respetables, que, si las tienen -y yo las respeto-, no es precisamente por la rueda y no es precisamente por la franja nocturna.

Este Gobierno, entre otras cosas, ha tenido que solicitar a la Audiencia Nacional la intervención de la SGAE para adaptar sus estatutos a la ley y para remover órganos de Gobierno que seguían estableciendo criterios de reparto desproporcionados. Ojalá esta intervención, que quiero saludar desde aquí en mi última participación desde la tribuna, sirva para afianzar el camino hacia una gestión colectiva equilibrada, sana y transparente, puesto que los retos a los que se enfrenta la cultura española solo se pueden afrontar de manera colectiva, en común y de forma concertada. Hasta aquí la Ley de Propiedad Intelectual y hasta aquí las enmiendas del Senado que recibimos y votamos hoy.

Antes de irme, quería pedirles una cosa y darles las gracias por otra. Lo que quiero pedirles es que hagan una buena campaña. Quiero pedirles que hagan una buena campaña, porque lo que tenemos en abril y también en mayo no es un doblete electoral, es un examen de cultura democrática e intuyo que no llegamos a ese examen de cultura democrática particularmente bien. Llegamos de manera muy vulnerable y todas las personas y partidos que estamos aquí somos profundamente vulnerables, tal como demostramos seguramente en cada sesión de control y cada día que nos encontramos. Somos muy vulnerables, pero no solamente los partidos, sino también las personas, las instituciones democráticas y como sociedad. Les voy a pedir que peleen mucho en abril y que peleen mucho en mayo, pero que no peleen por un codazo a la derecha o un grado a la izquierda, sino que peleen por las condiciones del terreno de juego, que peleen por una esfera pública democrática no tóxica, que peleen por una manera de hacer política de alguna forma descontaminada, porque estoy convencido de que los rivales de la democracia -y, más aún, sus enemigos más poderosos- con esas condiciones de juego y en ese terreno de juego favorable tienen mucho menos que hacer y muchísimo más que perder. Luego, insisto, no peleen por un grado u otro, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro, háganlo, por favor, por el terreno de juego, se lo pido de verdad en primera persona del singular y con toda la fuerza que aún me queda.

Y termino despidiéndome, como es habitual, y como no puede ser de otra manera, hablando de otras personas.

La señora PRESIDENTA: Señor Maura, está fuera de tiempo.

El señor MAURA ZORITA: Gracias, presidenta, es muy breve y estoy muy entero.

Me voy dando las gracias a las personas que me han enseñado y ayudado tanto dentro y fuera de esta Cámara, comenzando por agentes culturales, asociaciones, sindicatos, colectivos, al personal de los ministerios con los que he trabajado, a los ministros Méndez de Vigo y Guirao, a sus equipos, a nuestra presidenta por presidir, que no es poca cosa, a todas las personas que trabajan en esta Cámara -personal, prensa, todas y todos-, a Ignacio Astarloa por tantas cosas que se han dicho y las que ya le diré, a mis compañeras y compañeros de grupo y equipo técnico por el honor de servir con vosotras -gracias por dejarme servir con vosotras-, a los miembros de la Comisión de Cultura y a sus portavoces, su presidenta, y muy particularmente a quienes más horas hemos pasado juntos, Marta Rivera, José Andrés Torres Mora, Félix Álvarez y Emilio del Río. Gracias a las gentes mágicas de Podemos Cultura, aquel Podemos Cultura originario, y a Elena Gallego, porque he sudado para estar a vuestra altura y resulta que en este último balance todos los aciertos son vuestros y todos los errores, míos. Me he dejado la vida, nos hemos dejado la vida, compañeras, y ahora no puedo evitar pensar que me voy, que ojalá lo hubiera hecho mejor y que quizás podría haberlo hecho mejor.

Muchas gracias. (Aplausos.-Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Yo le doy las gracias al señor Maura Zorita por su agradecimiento a todos, pero yo les voy a pedir a todos que, si quieren dar las gracias, las den dentro del tiempo (risas), no las den fuera de él, pues, si no, tendremos un problema. (Aplausos). Agradezco también el espíritu que se está viendo esta mañana en la Cámara, para mí es muy bueno y muy positivo.

Continuamos, señorías. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Torres Mora.

El señor TORRES MORA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, señor ministro, señoras y señores, hoy votamos las enmiendas del Senado al proyecto de reforma de la Ley de Propiedad Intelectual. Con esta reforma hemos querido hacer dos cosas. La primera es cumplir con el mandato del artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos, que dice en su párrafo primero -abro comillas-: "Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten". Y continúa diciendo: "Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora". Cierro comillas. La segunda cosa que hemos hecho ha sido mejorar el control democrático y la transparencia de las instituciones que en nombre de los creadores y artistas gestionan y defienden sus derechos, instituciones que consideramos muy necesarias y que por eso sentimos que debemos proteger.

Esta reforma nació con un Gobierno y culmina con otro, pero en gran medida es hija de este Parlamento y es fruto de la deliberación y del acuerdo entre nosotros. Comprendo que la tentación de hacer campaña electoral desde esta tribuna es grande, pero cualquiera que sepa contar comprenderá que, dada la composición de la Cámara, lo que hoy aprobamos no es la imposición de ningún Gobierno sino el acuerdo de todos los grupos políticos, y lo hemos hecho por la voluntad de alcanzar un equilibrio justo entre los distintos derechos e intereses concurrentes que haga sostenible la creación cultural en nuestro país. Como se decía en la Andalucía de mi juventud, la tierra para el que la trabaja, y el acuerdo también.

No hubiéramos llegado hasta aquí sin el trabajo, la inteligencia y el aliento de muchas personas e instituciones: por supuesto, del ministro Méndez de Vigo y del secretario de Estado de Cultura, señor Benzo, en el inicio de la andadura, y del ministro Guirao y de su ministerio, en su culminación. Junto a los ministros, doy también las gracias al Ministerio de Cultura, a sus funcionarios y, entre ellos, muy especialmente al señor Guervós; también a las entidades de gestión de derechos de autor y a los usuarios de las obras protegidas. Hemos escuchado a muchas personas y todas ellas nos han ayudado a comprender mejor la complejidad y las necesidades del sector que hemos regulado. Por último, quiero darles las gracias a mis compañeros y compañeras de la Comisión y de la ponencia, y muy especialmente a mis amigos Eduardo Maura, Emilio del Río y Marta Rivera. Gracias por su inteligencia, por su coraje y su honestidad sobresalientes. Y, cómo no, gracias, señor letrado, gracias, Ignacio Astarloa.

No ha sido una tarea fácil, ninguna lo es, la vida social siempre lleva a un cierto nivel de conflicto, pero en el caso de la propiedad intelectual tengo la impresión de que ese conflicto es algo más acentuado de lo que debería ser. A lo largo de los diez años en que he tenido el honor de ser el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Cultura he visto cómo, llevados por la avaricia, la ingenuidad o la estupidez humana, hay personas que, so pretexto de defender el derecho del acceso universal a la cultura, han tratado de menoscabar los derechos de quienes crean las obras culturales y, perjudicando a los creadores, han perjudicado la creación; empobreciendo a los artistas y a los intérpretes han perjudicado la cultura española. Durante este tiempo he llegado al convencimiento, quizás exagerado, de que hay poderosos sectores de nuestra sociedad que están dispuestos a gastar más dinero en abogados para no pagar los derechos de los creadores que lo que les costaría pagar esos derechos (aplausos), con el agravante de que el tiempo y los recursos que dedican a esa guerra les hace perder magníficas oportunidades de negocio a ellos y la posibilidad de un mayor desarrollo cultural a todos. No les pido que dejen de mandarnos abogados -qué sería de la humanidad sin los abogados-, pero agradeceríamos también que vinieran con buenos informes económicos, sociológicos y de derecho comparado.

Una democracia de calidad, un parlamentarismo de calidad en una sociedad cada vez más compleja debe mejorar sus sistemas de conocimiento. En nuestros trabajos en la ponencia hemos constatado que los verdaderos problemas que hemos tenido son problemas de información; son las asimetrías en la información lo que dificulta que hagamos regulaciones justas, eficaces y a tiempo. Al menos por mi experiencia, no creo que sea la debilidad política de nuestras democracias fruto de una carencia moral,


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sino cognitiva. No es la maldad, sino el desconocimiento lo que nos puede llevar a actuar inadecuadamente. Claro, que has de ser muy inteligente para darte cuenta de que no lo eres. Nuestra democracia necesita mejorar la inteligencia de sus procedimientos y de sus instituciones, lo que ocurre es que la información es cara y el conocimiento más caro aún -de la sabiduría ni les hablo- y hay gente mucho más dispuesta a alabar la democracia que a invertir en ella, y hay que invertir en nuestra democracia.

Señora presidenta, señorías, a la espalda de la Presidencia está el Salón de los Pasos Perdidos, pero, gracias al cuerpo de taquígrafas y taquígrafos, no es este el salón de las palabras perdidas. Quisiera aprovechar mis últimas palabras de la legislatura para expresar mi gratitud y desear mucha suerte en sus vidas a todo el personal de la casa y, por supuesto, a todas sus señorías. Ya no recuerdo -ha pasado mucho tiempo- si fue a mi profesor Luis Plaza en las clases de Filosofía del bachillerato, o a Juan Trías Vejarano en las de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas en segundo de Sociología, pero estoy seguro de que fue a uno de ellos al que por primera vez le oí citar la famosa frase de Hegel que dice: "Solo al anochecer levanta el vuelo la lechuza de Minerva". Ahora, que tengo bastantes más años de los que tenían ellos cuando me daban clase, puedo sentir lo que entonces creí comprender.

Señora presidenta, señorías, muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Torres Mora.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora García-Pelayo Jurado.

La señora GARCÍA-PELAYO JURADO: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, señor ministro, considero que es obligado iniciar esta última intervención de esta legislatura ante el Pleno de la Cámara reconociendo y agradeciendo el trabajo y, más aún, el compromiso de todas y todos los miembros de la Comisión de Cultura y, por supuesto, de nuestro letrado con la industria cultural de nuestro país y con sus creadores. También han de entender que realice un reconocimiento y un agradecimiento especial a mis compañeros y compañeras del grupo parlamentario en la Comisión y, sobre todo, a los portavoces Emilio del Río y Miguel Lorenzo, y, por supuesto, además a los portavoces del resto de los grupos parlamentarios, Eduardo -un cariñoso saludo y todo mi agradecimiento por el trabajo que has hecho en esta Cámara y por tu compromiso muy especial con la cultura-, a José Andrés, a Félix y, por supuesto, a nuestra presidenta de la comisión, Marta Rivera.

Señorías, esta última intervención no solamente es para agradecer -de hecho, algunos han aprovechado y aprovecharán el debate de las próximas iniciativas para despedirse o dirigirse a la Cámara en otro sentido-, sino que también tiene que ser para hacer balance, y es un balance agridulce. Si bien el trabajo de la Comisión ha sido ágil y productivo para la cultura -ahí están iniciativas aprobadas por consenso tan importantes como el estatuto del artista o la tramitación de la Ley de Propiedad Intelectual-, mi grupo considera que, tras ocho meses de Gobierno del Partido Socialista, el balance es que estos ocho meses han abocado a nuestra cultura a una legislatura fallida.

Señorías, la Comisión de Cultura ha hecho su trabajo y lo ha hecho bien -como decía la señora Rivera: Misión cumplida-, pero al no contar con la complicidad del Gobierno socialista ni con la rapidez y agilidad de la gestión del ministerio, considero que no se ha llegado a hacer todo lo que se podía haber hecho. Les pongo un ejemplo, el estatuto del artista. Tras meses de trabajo intenso, el Gobierno socialista aprobó un real decreto-ley el 28 de diciembre que no convenció a nadie, obligando a su tramitación como proyecto de ley para corregirlo y mejorarlo. Después de tantos meses de trabajo en el seno de la Comisión, después de tantas comparecencias y de tanto consenso en la Comisión, el trabajo no bien hecho por parte del Gobierno provocó la tramitación del decreto-ley como proyecto de ley; tramitación que se va a ver fallida por la disolución de las Cortes y el estatuto del artista, después de tantos meses de trabajo -insisto-, irá al cajón.

Señoras y señores diputados, considero que el Gobierno socialista tampoco ha sabido aprovechar la inercia positiva de la gestión del Gobierno del Partido Popular; una gestión positiva que se reflejaba en el crecimiento del empleo cultural en más de 80 000 personas durante la etapa del presidente Rajoy. Se aprobó el Plan Cultura 2020 por consenso, pero es un estatuto que se ha quedado sin desarrollar. Se aprobó el nuevo modelo de financiación del cine, también por consenso, pero hemos visto que no se ha mejorado ese modelo de financiación introduciendo nuevas ayudas a la animación o a la producción del cine internacional. Se trajeron medidas para impulsar el micromecenazgo, pero no hemos visto una ley de mecenazgo, ley que sí ha registrado el Partido Popular. En definitiva, han quedado problemas sin resolver que ya estaban en estudio, como la reventa de entradas o la creación de una fiscalía contra la piratería. Iniciaron la legislatura con mal pie, con nombramientos erráticos, la continuaron erráticamente


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con las ayudas al cine y la terminan con la decisión de hace unos días de solicitud de intervención de la SGAE.

Hoy finaliza la tramitación de la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual, un trabajo que han hecho, nuevamente, las comisiones de Cultura del Congreso y del Senado y al que ha sido -así lo digo- ajeno el Gobierno; una ley que trajo a la Cámara el Gobierno del Partido Popular. Es cierto que la nueva ley mejora la transparencia, la supervisión y el control de las entidades de gestión, reestablece un equilibrio entre creadores y usuarios que explotan sus obras, fortalece la presencia del Ministerio de Cultura en la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, que vela ex ante y ex post por que las tarifas sean equitativas, se ha puesto coto a la rueda, se ha acordado el cierre rápido de páginas web en caso de estricta de reincidencia o si previamente ha existido resolución judicial.

Finalmente, hoy, votamos las enmiendas del Senado. Creemos que, aunque son oportunas, en algunos casos se quedan cortas; enmiendas que entendemos que son oportunas, pero que han sido o han podido ser evidentemente mejorables. Unas son de carácter técnico; otras, en relación con las tarifas y la posibilidad de instar el procedimiento de fijación de las mismas por parte de las asociaciones de usuarios, relativas a los honorarios en los contratos de producción o al derecho de participación en el caso de reventa de obras en galería. También se ahonda una vez más en la transparencia en la gestión de las entidades de gestión colectiva de derechos de autor.

En definitiva, señorías, se han dado pasos importantes, pero entendemos que queda mucho por mejorar en la Ley de Propiedad Intelectual; que gracias al consenso, que entiendo no solamente ha imperado en esta legislatura, sino que seguirá imperando en la siguiente, la próxima legislatura será una oportunidad para saldar las cuentas pendientes con la cultura.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

El señor ministro quiere intervenir. Adelante, señor ministro.

El señor MINISTRO DE CULTURA Y DEPORTE (Guirao Cabrera): Presidenta, señorías, el pasado 10 mayo, el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto-ley 2/2018, de 13 abril, que acordó, a su vez, su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, garantizando así la incorporación al ordenamiento jurídico español de la Directiva sobre la gestión colectiva de los derechos de autor y la Directiva sobre ciertos usos de obras y prestaciones protegidas por derechos de autor a favor de personas con discapacidad visual. En ese momento, el Congreso consideró que la importancia de esta reforma legal, aunque necesitaba llevarse a cabo mediante real decreto-ley para evitar por razones de plazo un procedimiento sancionador por la Comisión Europea contra España, igualmente exigía hacer compatible esa aprobación urgente con un posterior debate y matización en sede parlamentaria, a fin de que la regulación de la gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual fuera también fruto del mayor consenso político posible.

Quiero agradecer de manera muy especial el trabajo intenso, delicado, extremadamente técnico de todos y todas los que en el Congreso de los Diputados y en el Senado han hecho posible el texto que hoy se aprueba como ley, pero sobre todo quiero agradecer el espíritu de consenso y concordia que han presidido los trabajos en ambas Cámaras al tratar la Ley de Propiedad Intelectual como un texto capital para el desarrollo de las industrias culturales y creativas españolas, para la exportación de los contenidos que producen nuestros creadores musicales, literarios o audiovisuales y para el mayor acceso posible de todos nosotros a esos contenidos con el pleno respeto de los derechos de autores, intérpretes productores y todos los que hacen posibles esos contenidos. Deseo destacar de este trabajo el encaje de estos últimos meses, el avance hacia una Ley de Propiedad Intelectual que, por una parte, da una mayor garantía en la remuneración cierta del esfuerzo de los creadores, supone un refuerzo de las normas de transparencia y buen gobierno de las entidades de gestión, especialmente en ámbitos como en el de la trazabilidad, en la recaudación y el reparto de derechos que evite situaciones de conflicto de intereses en el seno de la entidad o de falta de proporcionalidad y equidad, que da una mayor legitimación para acudir al procedimiento de determinación de tarifas que se sustancian ante la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual y una composición más equilibrada de este órgano colegiado que permita contar con más expertos en esta rama del derecho, que es crucial para la sostenibilidad de las industrias culturales y creativas españolas. Además, supone un refuerzo y agilización de las herramientas administrativas para combatir la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet y de la colaboración de los prestadores de servicios de la sociedad de la información en la lucha contra estas vulneraciones que


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ponen en riesgo la capacidad de la industria cultural como nicho de creación de riqueza y de puestos de trabajo.

Señorías, para terminar tenía preparadas unas breves palabras que voy a decir, pero lamento profundamente que la portavoz del Grupo Popular haya roto hoy con su intervención el consenso y el espíritu del trabajo que hemos tenido en la Comisión. (Varios señores diputados: ¡Hala!). No era momento hoy de criticar al Gobierno, no lo ha hecho usted en términos apropiados. Para criticar al Gobierno tiene todos los días; era el momento de reconocer el trabajo de la Comisión de Cultura, de todos los que han hecho un esfuerzo, de los letrados y de todos los demás que han colaborado. No obstante, señorías, quiero terminar con esas palabras: La cultura ha dado un ejemplo una vez más de que la concordia, el debate sereno, la racionalidad y la búsqueda del acuerdo da buenos frutos. Por ese camino puede haber buenos frutos no solo para la cultura, sino para todos los temas esenciales que ocupan y preocupan a los españoles.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

- PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO. (Número de expediente 121/000012).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

En el turno de fijación de posiciones, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señora presidenta.

Egun on; buenos días a todos y a todas. Tras la tramitación en el Senado, prácticamente podría repetir las razones que expuse cuando se dio la aprobación inicial para explicar por qué votaremos en contra, tanto porque se ha perdido la oportunidad de legislar a favor de las personas consumidoras como porque se desoyen las innumerables sentencias europeas al respecto y, además, no se espera al fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad de los embargos, no vaya a ser que sea un nuevo mazazo a la nefasta gestión que se ha hecho por los diferentes Gobiernos en esta materia.

Tras su paso por el Senado se mantiene la legalización de las cláusulas abusivas que diferentes sentencias habían dejado sin efecto, abriendo ahora, pues, la puerta otra vez a nuevos desahucios. Nos centrábamos para ello en la denuncia de dos elementos principales. Por un lado, la retroactividad del vencimiento anticipado, que se aplicará a todos los contratos -más de 6 millones de hipotecas activas con esta cláusula-. El añadido introducido en el Senado, salvo que sea más favorable para el deudor, entendemos que es un insulto a la inteligencia porque se trata de algo que no se da en la práctica. La única forma de proteger los derechos de los deudores sería anular la retroactividad en todos los casos, pues, de no hacerlo, lo que se presenta como un avance es, en última instancia, una nueva trampa. Por otro lado, en lo que se refiere a los intereses de demora, aun cuando el Supremo ya sentenció que los superiores a 2 puntos por encima del interés legal son abusivos, se legaliza que puedan ser 3 puntos por encima.

El resto de los cambios que se han introducido tampoco contarán con nuestro apoyo. Se hacen excepciones para permitir aquello que debería evitarse, como la venta vinculada a seguros y productos financieros distintos del préstamo propiamente dicho. Siempre buscan cómo beneficiar a la banca, como en el caso del impuesto sobre trasmisiones patrimoniales. Solo acceden ustedes a sumarse a nuestro modelo, dejar exenta la primera vivienda, cuando es la banca quien debe abonar el impuesto y no cuando era el que compraba una vivienda.

Por último, mencionaré la compensación a la banca por el reembolso o amortización anticipada del préstamo. Lejos de dejar de penalizar a quien puede pagarlo antes, buscan otra vez cómo favorecer al prestamista: suben el porcentaje a abonar por ello y así -insisto- la banca siempre gana. Por todo ello votamos en contra en su día y volveremos a hacerlo hoy.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.


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La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.

Egun on. Buenos días. Hemos dicho muchas veces que para nosotros la crisis financiera ha evidenciado una mala regulación, un crecimiento excesivo de créditos y una mala praxis de las entidades a la hora de concederlos, comportamientos que, además, tuvieron importantes consecuencias sociales y económicas para numerosas familias y personas y que no solo han debilitado, incluso quebrado, la confianza de los consumidores y las consumidoras en el sector financiero, sino que también han socavado los cimientos de ese sector. La atribución de las responsabilidades en la regulación y otorgamiento de créditos hipotecarios no depende solo de la limitada regulación hipotecaria o de la mala praxis de las entidades bancarias, sino también de otros factores. En este sentido, reconocemos que es posible que personas consumidoras hayan podido ser más o menos cautelosas a la hora de pedir un crédito, pero de lo que se debería hablar es de si han tenido suficiente información sobre lo que estaban contratando y, en definitiva, del desequilibrio existente en la relación entre entidades bancarias y clientes.

Por todo ello, con esta nueva ley nosotros hemos intentado conseguir un equilibrio en toda la regulación y para todas las partes intervinientes, teniendo cuenta, por un lado, que hay que dar una mayor protección a las personas que se endeudan para comprar una vivienda o un inmueble, y es que consumidores y entidades bancarias no están en la misma posición; por otro, la cautela, la rigurosidad y la prudencia que ha de tener una entidad bancaria a la hora de conceder un crédito, de tal manera que el análisis de riesgo presida esta concesión, sin olvidarse de que el negocio de una entidad bancaria es el de prestar dinero. También hay que recordar que la respuesta a determinadas medidas específicas que se demandan en torno a la vivienda está en manos de las comunidades autónomas que tienen competencia en esta materia y que son a ellas, por tanto, a las que compete regular y no a la Ley de Crédito Inmobiliario. Hemos de reconocer que esta ley es también consecuencia de las numerosas sentencias de los tribunales europeos y la transposición de la directiva correspondiente, que se hizo eco de las consecuencias de la crisis y que, en definitiva, lo que ha buscado es dar respuesta a una situación compleja y otorgar seguridad jurídica con unas reglas mejores de las que ha habido hasta ahora.

En cuanto a las enmiendas aprobadas en el Senado y que hoy se debaten aquí, quisiera decir que en el proyecto de ley remitido por el Congreso se reducían las comisiones por cancelación o por amortización anticipada en el caso de préstamos a tipo de interés fijo, algo que, sin embargo, pretende cambiar la enmienda del Grupo Popular. Nuestro grupo no está de acuerdo con esto, como tampoco lo está con las enmiendas referidas a la denominada hipoteca verde, un crédito refraccionario cuya modalidad de financiación, hoy en desuso, puede provocar problemas de seguridad jurídica en el mercado financiero. Además, creemos que esta denominada hipoteca verde precisaría de una regulación específica de carácter medioambiental de vivienda: sería necesario conocer de qué hablamos cuando aludimos a rehabilitación, a regeneración medioambiental o a la eficiencia energética en viviendas. Por ello, entendemos que la subrogación, en su caso, debería ir en otra ley y no en esta. En definitiva, no compartimos aquellas enmiendas que ahora tratan de desdecirse de los acuerdos que se han logrado, como la ya citada que quiere aumentar los tipos de interés por cancelación o por amortización anticipada. Tampoco vamos a apoyar lo que se propone en determinadas enmiendas que desdicen los acuerdos tomados en relación con las pólizas de seguro ni aquellas que pretenden alargar todavía más la entrada en vigor de esta ley: queda claro que los costos en los retrasos ya no son asumibles. Sin embargo, apoyaremos aquellas enmiendas que son básicamente técnicas y que también este grupo ha apoyado en el Senado.

Mención aparte merece para nosotros la enmienda de impuestos de transmisiones patrimoniales, que contará con nuestra abstención, como suele venir haciendo nuestro grupo en cuestiones impositivas, ya que Euskadi cuenta con una regulación propia. Se trata de un impuesto concertado de normativa autónoma, en virtud del concierto, y es a las diputaciones a las que corresponde tomar cualquier decisión acerca del mismo.

A pesar de que vamos a votar en contra de algunas enmiendas provenientes del Senado, votaremos a favor de la ley, porque entendemos que se logrará una regulación hipotecaria estable y precisa, lo que es esencial, ya que el mercado de la vivienda genera impactos muy importantes en la economía en su conjunto. La actual aritmética parlamentaria nos ha dado la posibilidad de dialogar y llegar a acuerdos entre diferentes, consiguiendo una ley más eficaz, eficiente y equilibrada para todos los operadores en cuanto a los derechos, las obligaciones y las consecuencias, como ya he dicho.

Aprovecho esta ocasión para dar las gracias desde aquí a todos los grupos parlamentarios por sus aportaciones y talante en este trabajo, así como a la letrada de la Comisión por habernos facilitado mucho la tarea.

Eskerrik asko. Gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano. (Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez García.

El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.

Buenos días, señorías; buenos días, señora ministra. Lo primero que quería señalar es que no sé muy bien qué estamos haciendo aquí esta mañana, qué estamos debatiendo si, el otro día, el señor Sánchez, en su primer mitin de campaña que dio desde la Moncloa, ya dijo que gracias a este Gobierno se había aprobado la nueva Ley Hipotecaria. Vale, ¡pues entonces no sé qué estamos discutiendo aquí! Pero es que tiene morro o jeta el señor Sánchez al decir que gracias a este Gobierno se había aprobado la nueva Ley Hipotecaria, cuando era un proyecto del anterior Gobierno, y que tampoco el anterior Gobierno podía sacar pecho de este proyecto, porque resulta que es una transposición de una directiva europea. (Aplausos). Yo creo que hay que tener un poco más de humildad. Ministra, yo sé que usted la tiene, pero le pediría que le dijese al señor Sánchez que más vale tener humildad y no sacar pecho de las cosas que no le corresponden; que si le corresponde el traslado del colchón, pero más allá de eso poco más, la verdad,

Ya dijimos en las diferentes intervenciones que hemos tenido en este Pleno sobre la ley que estamos ante una ley importantísima, una ley fundamental por todas las personas afectadas, por la importancia que tiene para las personas la firma de una hipoteca, la trascendencia de esa operación, por las malas praxis que ha habido por parte de los bancos y por los abusos, que se tenían que corregir y a los que había que poner coto. Ya dijimos también que los tres objetivos que tenía ciudadanos cuando se enfrentaba a la reforma de esta ley, a la presentación de enmiendas, era, en primer lugar, proteger -como no podía ser de otra manera- al consumidor, proteger de los abusos y de las malas praxis de la banca; en segundo lugar, dar seguridad jurídica y certeza a todos los operadores, para no volver a tener escenarios en los que hubiese miles de procedimientos judiciales que no benefician a nadie y que, al final, lo único que crean es inseguridad; y en tercer lugar, el objetivo era el mantenimiento del mercado hipotecario; un mercado hipotecario que, en general, había funcionado bien, que en España era bueno, y que, por lo tanto, no nos lo podíamos cargar.

Pero las enmiendas que vienen del Senado, aprobadas en su mayoría por el Partido Popular, no van en la línea de estos objetivos porque no dan más seguridad, no dan más certeza y, por supuesto, no protegen más a los consumidores, sino todo lo contrario, y pondré algunos ejemplos. El primero, la mal llamada hipoteca verde, con ese nombre tan rimbombante, tan bonito y tan vendible ahora en campaña electoral, lo único que se nos quiere colar es el crédito refraccionario. Y me dirán ustedes, ¿qué es el crédito refraccionario? Pues eso, qué es el crédito refraccionario. Si hemos tenido problemas para explicar a los consumidores qué es la cláusula suelo, cómo vamos a explicar qué es el crédito refraccionario. Si lo que queremos es evitar problemas y que no haya estos juicios y estos litigios que han surgido, pues yo creo que lo que no podemos favorecer es que nos salgan más problemas. Por eso, no apoyaremos la mal llamada hipoteca verde, que es un crédito refraccionario. Modifican la entrada en vigor de la ley, y la aumentan a tres meses, que en eso podíamos estar más o menos de acuerdo porque creo que hay que dar un tiempo a los operadores jurídicos, aunque en la ponencia entre todos se llegara al acuerdo de un mes, y no entiendo muy bien por qué ahora se cambia si el PP estaba de acuerdo con un mes. Pero luego, resulta que para los dos artículos más importantes de la ley, los artículos de la transparencia material, que son la esencia de esta ley, el Partido Popular dice que entren en vigor cuando el Gobierno apruebe un reglamento; un Gobierno que en dos semanas va a entrar en funciones, que ya veremos. Creo que esto no es dar seguridad ni dar certeza, y creo que no es razonable esperar a que un hipotético Gobierno futuro apruebe un reglamento. Todos los operadores necesitan saber cuál va a ser la fecha exacta de entrada en vigor del artículo, a no ser que lo que quisiera el Partido Popular fuera que no entrasen nunca en vigor esos artículos, que es lo que parece que quería.

La última esencia del Partido Popular -hay unas cuantas más pero les contaré la última-, con sus enmiendas en el Senado, es hacer una enmienda a su propio programa electoral. Frente a sus propios anuncios -que hacen a bombo y platillo- de bajada de impuestos, resulta que en la primera ocasión que tienen desde que se ha anunciado la convocatoria electoral, en la primera ocasión que tienen de llevar algo al BOE, de que se traduzca de verdad en hechos, resulta que proponen una subida de impuestos. Sí, de tapadillo, pero proponen una subida de impuestos porque eliminan la exención del


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impuesto de actos jurídicos documentados en el caso de las subrogaciones hipotecarias, con lo que todos aquellos que se subroguen en una hipoteca tendrían que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, cuando ahora mismo no se paga. Es decir, el Partido Popular -como ya nos tiene acostumbrados- dice una cosa, nos venden que ellos son los adalides de la bajada de impuestos pero, a la hora de la verdad, -como hizo el señor Rajoy- hace la mayor subida de impuestos de la historia de la democracia. (Aplausos). Pues esto es lo que está haciendo, subir los impuestos en la primera ocasión que tiene de llegar al BOE.

En definitiva, votaremos en contra de casi todas las enmiendas que vienen del Senado porque creemos que se hizo un buen trabajo en la ponencia, que se llegó a acuerdos y a consensos; todos los grupos tuvimos que ceder, como no puede ser de otra manera cuando se llega a acuerdos, y por lo tanto no tiene mucho sentido ahora modificar eso. Como decía, votaremos a favor de la ley porque otorga más seguridad y más protección a los consumidores, que es en definitiva lo importante.

Quiero acabar dando las gracias a todos los trabajadores de la casa y a la letrada por sus trabajos durante la ponencia. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Mayoral Perales.

El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero agradecer el trabajo de la letrada de la Comisión, que nos ha estado acompañando en toda la labor legislativa de este proyecto de ley. Lo primero es que quería felicitar. Creo que en un día como hoy, en buena lid, hay que ser capaces de felicitar a los adversarios y, en ese sentido, quiero felicitar a Ana Patricia Botín, a Francisco González, al señor Oliu y el señor Fainé, los intocables, aquellos que no quisieron venir a la Comisión de Investigación de las Causas de la Crisis Financiera para contarnos sus buenas gestiones. (Aplausos). Quiero felicitar también al BBVA, al Santander, a La Caixa y al Banco de Sabadell. Felicidades, les ha vuelto a tocar la lotería con un nuevo rescate legislativo en contra de los intereses de la gente trabajadora de nuestro país. (Aplausos).

En segundo lugar, quiero pedir disculpas al conjunto del movimiento popular que defiende todos los días los derechos humanos frente a los abusos de las entidades financieras y de los fondos buitres. El Congreso de los Diputados y el Senado no han estado a la altura de nuestro pueblo y de sus derechos, no han sido capaces de articular una norma que proteja a la población de nuestro país frente a los abusos de las entidades financieras, no se han abordado las cuestiones centrales que se debatieron en el marco de la crisis en nuestra sociedad: la limitación de responsabilidad, que no haya nadie que esté por encima de la ley. Y eso también afecta a los CEO y a los consejos de administración de las entidades financieras, que han violado sistemáticamente los derechos humanos de la población más vulnerable de nuestro país. No hay ley sin democracia y no hay democracia sin derechos económicos y sociales.

Nosotros votamos en contra de esta ley y de las enmiendas que vienen del Senado porque, como dijera aquel, la reacción es insaciable en un momento en el que vuelve la burbuja, y yo invito a sus señorías a que paseen por las calles de ciudades como Madrid o de otras grandes capitales y empiecen a ver de nuevo cómo se ofrecen hipotecas al 100 %. La burbuja está en marcha, una burbuja que camina sobre dos patas: la burbuja del alquiler de la mano de los fondos buitre y la burbuja de las hipotecas de la mano de nuevo de unas entidades financieras que están por encima de la ley, porque no hay Legislativo y porque no hay unas instituciones con la valentía suficiente como para sentarles la mano y decirles que no pueden hacer lo que quieran con nuestro pueblo. (Aplausos).

Quiero felicitar también al señor De Guindos y a la señora Calviño porque ustedes han llegado a tiempo, y es que la sentencia del 26 de marzo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre vencimiento anticipado tendrá muchas dificultades para poder proteger a los consumidores y a la población de nuestro país gracias a esta norma. Creo que las entidades financieras tienen mucho que agradecer, pero también les digo que la población de nuestro país no tiene nada que agradecerles, con una norma que apenas cumple arrastrando los pies de algunos elementos de la directiva, pero que sin duda lo que se plantea es no cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Nosotros y nosotras seguimos pensando que no entendemos por qué tenemos que ser los más tontos de Europa, por qué la población de nuestro país no puede tener la misma protección que tiene la población de Alemania frente a las entidades financieras, y por qué nuestro pueblo tiene que sufrir los abusos de las entidades financieras mucho más que cualquier otro pueblo de Europa. (Aplausos). No lo entendemos.


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Creemos que seguimos en una situación muy dura para amplios sectores de la población, que no hay rescate social, que la gente que fue condenada a la exclusión sigue en la exclusión y desde aquí se mira para otra parte, que las medidas que se toman frente a las más de 3 millones de viviendas vacías con las que se especula en manos de los fondos buitres es tapiar las puertas y las ventanas, y como dicen, tanto aquellos de la naranja mecánica como aquellos azules, la solución es que la población vulnerable acabe en prisión y nos traen proposiciones de ley diciendo que hay que meter en la cárcel a 200 000 personas en situación vulnerable. Nosotros les queremos decir que hay otro camino, que es proteger a la población vulnerable, coger esas viviendas, ponerlas en manos de la población y quitárselas a los fondos buitre, que son los que están haciendo los narcopisos para sacar a la población y para gentrificar el centro de las ciudades. (Aplausos).

Quiero decirles que ya está bien de manosear la patria; repito, que ya está bien de manosear la patria. La patria es la gente trabajadora; aquellos que creen que España es una marca y venden los servicios públicos y venden la social a fondos buitres no son patriotas, son vendepatrias y están vendiendo nuestro país a pedazos. (Aplausos). Y quiero decirles también que esto no ha terminado, que esto no ha hecho nada más que empezar, y que más temprano que tarde las entidades financieras y los fondos buitre tendrán que cumplir la ley y tendrán que respetar a la población de nuestro país. No sabemos cuánto vamos a tardar para conseguirlo, pero confiamos fundamentalmente en nuestro pueblo, y en su capacidad para poder cambiar las cosas.

Para terminar quería recordar a Pepi. Pepi afronta mañana su séptimo desahucio, en ese proceso de gentrificación salvaje, de subidas salvajes de los alquileres en el centro de Madrid; el séptimo desahucio con una resolución del Comité Desc de Naciones Unidas, perdón, una no, dos, y queremos aquí en sede parlamentaria decir que en este país se vulnera el artículo 96 de la Constitución; los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país son ley, hacen parte del ordenamiento interno, y el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tienen la obligación de cumplirlo. Y si no se están saltando la ley, y quiero decirlo aquí claramente: en este país se siguen produciendo desalojos ilegales y se siguen violando los derechos humanos de la población vulnerable. (Aplausos). Mientras el Legislativo solo se preocupa de los balances de las entidades financieras, aquí hay una fuerza política que solo se va a preocupar de los intereses de la gente trabajadora, que no les quepa ninguna duda, caiga quien caiga. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Poden-En Marea, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Palacín Guarné.

El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías; buenos días, señora ministra.

Tenemos hoy el último debate de la ley de crédito hipotecario tras la salida del Congreso y el paso de la ley por el Senado, y es una ley que entrará en vigor previsiblemente con tres años de retraso, que tenía que estar traspuesta en marzo de 2016, y ley por la que el Reino de España cuenta con un procedimiento sancionador abierto por el que cada día se van acumulando más de 100 000 euros de multa. Pero por otro lado es una más de las catorce directivas pendientes de trasposición con que se encontró el actual Gobierno cuando tomó posesión. Al señor Gómez quiero recordarle que si bien la ley se terminará de aprobar hoy, el actual Gobierno la ha impulsado, y desde junio del año pasado los que estamos en esta Cámara hemos hecho lo que nos tocaba para poder llegar hoy a este término. Y es que cumplidos diez años desde el estallido de la crisis financiera se han detectado numerosas carencias en el sistema hipotecario que debían haber sido resueltas con anterioridad, no obstante muchas quedarán hoy atajadas con la aprobación de esta ley.

Nuestro grupo parlamentario en toda la tramitación legislativa desde el mes de junio, como he dicho, ha intentado mantener una actitud constructiva en la tramitación de la ley en base a tres premisas: incrementar la protección de los consumidores, mejorar la transparencia y garantizar y reforzar la seguridad jurídica de las partes. Lo hemos hecho pensando en los más de cinco millones de personas que actualmente cuentan con una hipoteca en vigor, y en los miles de personas que firman una hipoteca para acceder a un derecho fundamental como es el de acceso a una vivienda, pues en muchas ocasiones este es el contrato más importante que firmarán muchas familias, muchas personas durante su vida, no por el importe o la duración, sino por la importancia en cuanto que supone un nuevo proyecto de vida. Hemos mantenido esta actitud constructiva pensando en la mayoría de los ciudadanos de este país y no en ningún colectivo


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concreto. Con esta actitud constructiva hemos intentado y conseguido impulsar e incentivar acuerdos durante la tramitación en la ponencia para mejorar el texto inicial, tanto en el Congreso como la semana pasada en el Senado.

Hoy votaremos aquí treinta enmiendas, de las que la mayoría son enmiendas técnicas, que han encontrado un amplio consenso en el Senado. Quiero indicar que votaremos a favor de la mayoría de ellas, sobre todo como he dicho de las enmiendas técnicas, y que en las restantes mantendremos, por coherencia, la posición que mantuvimos en el Congreso allá por el mes de diciembre. No entendemos el cambio de criterio del Partido Popular en cuanto a varios aspectos que pretendieron introducir en el Senado, hay otros que sí mantuvieron la posición que defendieron en el Congreso, pero entendemos que la hipoteca verde nada tiene que ver con lo que se planteaba con la trasposición de esta directiva.

En cuanto a la entrada en vigor, el portavoz de Ciudadanos ya lo ha explicado y no quiero abundar en ello, pero en cuanto al impuesto de actos jurídicos documentados y la exención para primera hipoteca ya dijimos en su día que entendemos que ahora que lo pagan las entidades financieras no es el momento de detraer recursos importantes para las comunidades autónomas. Igual que tampoco compartimos el incremento de la comisión de amortización en cuanto a créditos de tipo fijo que ustedes plantean, y que previsiblemente hoy decaerá.

Creo que el texto que hoy votamos objetivamente, con el texto en la mano, mejora sustancialmente la situación de los consumidores de nuestro país, porque realmente se mejoran sustancialmente términos importantes como es la transparencia material. Se conseguirá que las personas que quieran y puedan firmar una hipoteca lo hagan con muchas más garantías que las que tenían en el pasado, y sobre todo se dará seguridad jurídica a todos los firmantes. El texto que hoy aprobaremos poco tiene que ver con el que el señor De Guindos trajo a esta Cámara. Y ya lo dijimos en su día, aunque no es el texto que hubiera redactado el Grupo Socialista, sí es un texto muy mejorado respecto al que entró a esta Cámara, y objetivamente es un texto que mejora la situación actual. No hay que pretender solucionar toda la cuestión de la vivienda en la ley de crédito hipotecario, y entendemos que todavía hace falta mucho que recorrer en la mejora del acceso a la vivienda. Por eso hace pocas semanas trajimos un real decreto de vivienda a esta Cámara, que fue rechazado por la mayoría de fuerzas parlamentarias. Mientras continúe esta legislatura el Gobierno va a trabajar en facilitar un derecho fundamental, como es el acceso a una vivienda digna, y sabemos que en las próximas semanas puede haber alguna actuación en esa línea. Como he dicho antes es un texto muy mejorado respecto al que trajo el Partido Popular a esta Cámara. Desde nuestro punto de vista aspectos como la reducción de intereses de demora, la eliminación de las cláusulas suelo, la reducción de comisiones por reembolso anticipado o la ampliación de las cuotas impagadas para el vencimiento anticipado de los contratos son positivos y mejoran la situación de millones de hipotecados. Respecto a la disposición transitoria primera quiero comentar que se introdujo, por unanimidad en el Senado, un aspecto que daba la posibilidad al deudor a elegir el régimen a aplicar en situaciones de vencimiento anticipado, lo que refuerza y da más garantías a los hipotecantes actuales.

Para concluir mi grupo considera que el trabajo de estos meses ha sido positivo, que el Gobierno se ha implicado y que ha impulsado la tramitación de esta ley, a diferencia del anterior Gobierno. El Grupo Socialista está moderadamente satisfecho con el resultado de esta ley, si bien no se han cumplido todas nuestras expectativas, porque ahí están las enmiendas que registramos inicialmente. Como ya he dicho es un texto que objetivamente, artículo por artículo, mejora la situación actual de los millones de hipotecantes. Por eso votaremos a favor de las enmiendas técnicas, y respecto al resto de enmiendas nos posicionaremos en contra.

También quiero agradecer el trabajo de la letrada, de Mónica, que nos ha ayudado mucho en este aspecto, al igual que en otros, así como el del personal técnico de la Cámara y el tono mantenido por todos los grupos durante la tramitación de la ley, porque en momentos como el actual parece complicado poder tener un espacio de consenso y de diálogo, que ha sido importante para llegar adonde estamos. Han sido más de seis meses de trabajo y el resultado, aunque el tiempo lo dirá, desde nuestro punto de vista es muy positivo. Muchas gracias y esperemos que la ley que se apruebe hoy mejore sustancialmente la vida de millones de ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Paniagua Núñez.


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El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Muchas gracias, presidenta.

Buenos días, señorías, señora ministra. El pasado viernes, en su primer mitin de campaña desde Moncloa, el señor Sánchez se apuntaba un montón de tantos, de merecimientos que no eran suyos. No voy a hacer la lista, porque tengo solo siete minutos y él estuvo veinte colgándose medallas. Obviamente no me da tiempo, pero todos ustedes lo pudieron escuchar, y esta ley es una de ellas. La ley hipotecaria, dijo, pero ni es la ley hipotecaria ni es obra suya ni de su Gobierno. De hecho esta ley sale adelante a pesar de este Gobierno porque, ¿quién preparó el anteproyecto? ¿Quién recogió información de la sociedad civil y de los órganos consultivos para mejorarlo? ¿Quién presentó el proyecto de ley en esta Cámara? El Gobierno de Mariano Rajoy, el Gobierno del Partido Popular.

En la ponencia hemos trabajado todos los grupos aportando, discutiendo, reuniéndonos con la sociedad civil -en varias ocasiones con algunos colectivos- con el objetivo de que saliera adelante, porque plasma varios principios importantes para los españoles, y luego volveré sobre ellos. Todos los grupos hemos hecho un esfuerzo importante, incluido el Grupo Parlamentario Socialista, pero todo lo que debía venir del Gobierno siempre se demoraba; cambiaban de opinión y han retrasado tanto la ponencia que a punto hemos estado de no llegar a tiempo. Hemos intentado conciliar en este proyecto el mantenimiento de un mercado muy importante para España, el mercado hipotecario, y las necesidades y la protección del consumidor. ¿Por qué queremos mantener el mercado hipotecario, señores de Unidos Podemos? Por la libertad; no por esos intereses espurios que ustedes intentan colar que tenemos. No. Por la libertad de los españoles. Porque queremos que puedan decidir qué quieren hacer con su vivienda, algo fundamental en la vida personal de cualquiera. Debemos apoyar que puedan alquilar, si quieren, y debemos apoyar que puedan adquirir una vivienda, si quieren, y eso es lo que hacemos.

Con esta ley los españoles que quieran comprar una vivienda -su casa, su hogar- pueden hacerlo, porque el mercado hipotecario podrá mantenerse y en mejores condiciones que antes para ellos. Sus propuestas, señor Mayoral, lo único que pretendían, a pesar de sus soflamas, es destruir este mercado y encarecer de tal manera los préstamos que el mercado desaparezca, que nadie se plantee conceder hipotecas y por tanto que nadie ayude a los españoles que quieren comprarse una casa. Lo decían ustedes en la exposición de motivos de su enmienda a la totalidad: hay que desincentivar el acceso a la propiedad de la vivienda y facilitar otras fórmulas para acceder a las soluciones habitacionales. Porque a ustedes no les interesa la libertad, solo les interesa que los españoles necesiten al Estado para tener vivienda, para tener un salario, para cubrir todas sus necesidades, y así poder dirigirles y manipularles. Nada nuevo, el comunismo fracasado de toda la vida. Pero eso es imposible, no hay país que aguante este sistema, su sistema, porque los recursos son limitados. Si destruimos los mercados, destruimos los ingresos públicos, y sin ingresos su sistema es inviable. Ni siquiera un país con recursos naturales tan importantes como Venezuela con su petróleo ha sido capaz de hacerlo.

El esfuerzo más importante de esta ley va dirigido a la transparencia y a la protección del consumidor hipotecario, en primer lugar, en cuanto a la información en la etapa precontractual, en el momento de la contratación, así como en la posventa: información de las entidades, información de los notarios, control registral e información de los prestamistas durante toda la vida de la operación. En segundo lugar, mejores condiciones financieras: cláusulas suelo, demoras, comisiones de reembolso, índices de referencia y tipo fijo. En tercer lugar, el control de los prestamistas: normas de transparencia y de conducta, requisitos de conocimiento y competencia, su régimen jurídico y el régimen sancionador. Y por último, el mejor análisis de las operaciones -algo muy importante-: la obligación de evaluar la solvencia del potencial prestatario, que va a influir de forma muy positiva en el devenir de las operaciones hipotecarias, y también de las personas a las que ampara aumentando su ámbito personal.

Además se introducen a lo largo del articulado una serie de disposiciones que regulan aspectos que no están específicamente previstos en la normativa europea, o que van más allá de su contenido y cuya finalidad es reforzar determinados aspectos del régimen jurídico de contratación hipotecaria y de su vida contractual, referidos a determinadas situaciones que en contratos de tan larga duración pueden producirse y deben tenerse en consideración, ya sea exigiendo mayores garantías, reforzando las existentes, estableciendo una regulación clara y sencilla que evite dudas interpretativas innecesarias o estableciendo mecanismos de solución de conflictos o situaciones que pudieran variar la situación del prestatario en las condiciones que contrató. El objetivo último es reforzar las garantías para los prestatarios en el proceso de contratación, y evitar en última instancia la ejecución de este tipo de préstamos en vía judicial con la consiguiente pérdida de la vivienda.


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El proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario es una norma que traspone a nuestro ordenamiento jurídico la directiva europea sobre contratos de crédito celebrados con los consumidores para bienes inmuebles de uso residencial. El objetivo de la directiva es profundizar en la implantación de un mercado único europeo que sea competitivo, equitativo y homogéneo. No obstante el Gobierno del Partido Popular decidió ir más allá en algunos aspectos sobre la transparencia y la protección al consumidor, fundamentalmente por dos motivos: por la relevancia social de la vivienda -más del 80 % de las familias españolas cuentan con una vivienda en propiedad- y por las implicaciones que tiene el contrato más importante que en la mayoría de los casos firman los ciudadanos a lo largo de toda su vida, que es la hipoteca.

Sobre las enmiendas que vienen del Senado espero que valoren su aprobación, especialmente el plazo de entrada en vigor, pues como nos han trasladado varios colectivos un mes es muy escaso. Si no se aprueba, es posible que entre el primer y el cuarto mes no tengamos hipotecas en España, ya que los sistemas posiblemente no estén preparados. Y en cuanto a las comisiones de reembolso también espero que aprueben la enmienda del Senado, porque si no es posible que las operaciones a tipo fijo, que tanto pretendemos apoyar, es posible que no sean viables.

Al señor Gómez quiero decirle que todas estas enmiendas que vienen del Senado son para dar mayor seguridad y certeza; igual que le ha costado entender la hipoteca verde, señor Gómez, yo creo que el resto de enmiendas tampoco las ha entendido, especialmente la subida de impuestos que se ha inventado en esta intervención.

Nuestro grupo parlamentario y los que participamos en la ponencia, Carlos Floriano, Jordi Roca y yo mismo, nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado, y espero que todos lo que hayan participado en la elaboración de esta ley también.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Ha pedido la palabra la señora ministra de Economía y Empresa. Tiene usted la palabra.

La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Muchas gracias, señora presidenta.

Quería aprovechar la ocasión para transmitir tres mensajes fundamentales. En primer lugar, un agradecimiento muy sincero y un gran reconocimiento al trabajo que se ha realizado por parte de los grupos parlamentarios. Creo que este trabajo serio que se ha producido en estos ocho meses -y yo he tenido ocasión de participar y observarlo- ha permitido lograr un amplio consenso en una ley muy importante, como se ha señalado esta mañana. Es muy importante desde el punto de vista del papel que juega nuestro sistema económico y muy importante para todos los ciudadanos, por tanto me parece también muy importante señalarlo en esta ocasión y agradecer ese trabajo.

En segundo lugar, quiero coincidir con la valoración que se ha realizado hoy aquí de que el trámite parlamentario ha permitido mejorar el proyecto que se había presentado ante esta Cámara. Se ha mejorado en muchos y diversos ámbitos que ya han sido señalados -no lo voy a repetir-, pero sobre todo se ha mejorado porque se ha reforzado la protección de los ciudadanos con respecto a la legislación que estaba vigente hasta ahora, y eso es muy positivo. Vamos a hacer todo lo posible en lo que queda de legislatura para poder terminar la trasposición de la ley, puesto que aún faltan una serie de actos jurídicos y vamos a tratar de hacerlo antes de que termine la legislatura.

El tercer mensaje va en línea con lo que se ha venido señalando, y creo que es importante en un ámbito de tanta crispación y tanto ruido como el que nos rodea poner en valor este trabajo parlamentario, el trabajo técnico que se ha realizado, el trabajo de la política con mayúsculas de todos ustedes, señoras y señores diputados. Como decía hay que ponerlo en valor, hay que incidir en ello porque para eso nos pagan los ciudadanos, porque eso es lo que esperan los ciudadanos de nosotros, porque se trata de un trabajo que muchas veces pasa inadvertido, y esta mañana estamos teniendo dos ocasiones de celebrar que el diálogo, la negociación y el acuerdo entre los distintos grupos políticos permita sacar adelante una legislación que es importante para los ciudadanos. Creo que no debemos dejar pasar ninguna ocasión para ponerlo en valor, y para esperar que los medios de comunicación también recojan estas buenas noticias que tenemos que celebrar juntos, y que yo celebro, reconozco y agradezco muy sinceramente.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


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- PROYECTO DE LEY DE MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA Y LA ENSEÑANZA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA. (Número de expediente 121/000029).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a las enmiendas aprobadas por el Senado al proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, interviene el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Muy brevemente, porque creo que lo más importante sobre este tema ya se dijo en su momento, cuando tramitamos esta ley aquí, en esta Cámara. Tengo que disentir bastante de las incorporaciones que se han hecho desde el Senado, de la importancia y de la necesidad de las mismas, que creo que vuelven a mandar hacia atrás ciertas cuestiones que nosotros aquí habíamos adelantado. Por lo tanto ya les indico que vamos a votar en contra de esas enmiendas que se han presentado en el Senado, por lo menos de algunas, pues consideramos que nada tienen de positivo en lo que supone esto. Porque, ¿de dónde venimos? ¿Cómo llegamos a esto? De alguna manera el Gobierno, con sus facultades, tenía que darle la vuelta a aquella involución que supuso la Lomce, y sobre todo el Real Decreto 14/2012, que al igual que en sanidad el 16/2012, fueron ambos un desastre, tanto para la educación como para la sanidad; y que ese objetivo ahorrador que tenían -lo hemos citado muchas veces en esta Cámara, tanto al referirnos a un decreto como al otro- no lo cumplieron, y generaron un caos organizativo, tanto en el mundo de la sanidad como en el mundo de la educación.

Cuando el nuevo Gobierno entró lo primero que quiso fue revertir esto, y nosotros desde el primer momento dijimos que estábamos de acuerdo con las medidas que se planteaban por medio de esta ley para revertir aquella cuestión que el real decreto de alguna manera había destrozado. Ese real decreto tenía cuatro puntos fundamentales: la posibilidad de que las administraciones educativas elevaran hasta el 20 % los ratios máximos de alumnos por aula; el incremento, por la parte lectiva, de la jornada del personal docente que imparte enseñanzas hasta un mínimo de veinticinco horas en educación infantil; el establecimiento de un plazo para la sustitución de profesores por funcionarios interinos, y habilitar a las administraciones con competencias educativas para poder establecer la parte lectiva de la jornada semanal del personal docente que impartía enseñanza. Las medidas que después se plantearon para poder encauzar otra vez esto, y sobre todo -era lo más importante- dotar otra vez de autonomía, tanto a los centros como a las comunidades autónomas, que son las competentes en la materia, daban una especie de respiro, tanto a la comunidad educativa como a las comunidades autónomas, como citaba.

Cuando se trató este tema la señora Moneo, del Partido Popular, decía que esto no era ninguna revolución y le decíamos que no tenía por qué serlo, que lo único que había que hacer era volver a su cauce el agua que estaba desbordada, y poner de nuevo un poquito de orden en ese caos que se había generado. Ella hablaba sobre todo de arbitrariedad de las comunidades autónomas, pero no es arbitrariedad, vuelvo a reiterarlo, se llama competencia; no podemos confundir la competencia que tienen las comunidades autónomas con la arbitrariedad que desde el Partido Popular se entiende, porque ese miedo que existe de que las comunidades autónomas, en base a sus competencias, hagan su sistema educativo y generen los mecanismos necesarios para que el sistema educativo funcione en su comunidad, aparte de darles muchísimo miedo, creo que es una forma de coartar la libertad que las comunidades tienen, y eso es lo que seguramente no les gusta. Motivo de ello precisamente son las enmiendas que se han presentado otra vez en el Senado, que vuelven a insistir con lo mismo de querer imponer de alguna manera desde aquí lo que no se puede hacer.

Finalizo diciendo que espero que no se aprueben esas enmiendas que introdujo el Partido Popular en el Senado, que para nada benefician a aquello que pretendía esta ley, y que este reordenamiento urgente que desgraciadamente se ha quedado en el camino -esto era una especie de intento de tapar los agujeros que eran de alguna manera los desmanes que la Lomce produjo- requería una ley que, además de tapar los agujeros de urgencia, volviera a encauzar todo el tema. Nos hemos quedado a las puertas y creo que ha sido una lástima, porque ustedes llegaron al Gobierno con ese objetivo y nos hemos quedado sin nada. Por lo menos que esto sirva para lo que en un principio se dijo que tenía que servir: los agujeros ya se han tapado, pero el gran agujero todavía sigue en el aire.

Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Llaguno.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, presidenta.

Señorías, viene hoy de vuelta del Senado un proyecto con las enmiendas que, adelanto, vamos a apoyar porque, de hecho, ya las apoyamos y en parte son nuestras, pero quiero aprovechar para reiterar lo que ya dije cuando se defendió este proyecto, que no nos gustaba y no nos gusta porque genera desigualdad y agravios comparativos entre las comunidades autónomas. De lo malo, lo mejor, por lo menos hemos conseguido poner una horquilla de horas docentes y que se contemple a la concertada que, al fin y al cabo, es educación financiada con fondos públicos. Este proyecto de ley, pese a todo, sigue siendo un quiero y no puedo, como ha sido todo lo que ha rodeado a Sánchez en esta legislatura. Ya que van a hablar de condiciones para el desempeño de la docencia y que era verdad que había que estipular un marco normativo que garantizara la reversión de los recortes, por lo menos se podría haber hecho bien, es decir, eliminando las diferencias y los agravios comparativos entre las comunidades autónomas, entre los profesores, entre los centros y entre los niños. Pero no, porque eso hubiera supuesto defender la igualdad y, claro, defender la igualdad por parte del PSOE hubiera sido un riesgo muy grande porque podrían haber cabreado a sus socios independentistas y nacionalistas. (Aplausos). Esto está muy bien porque en esta legislatura hemos visto lo que entiende el PSOE por educación y lo que entiende el PSOE por algunas otras cosas que nos había dicho. Voy a hacer un repaso.

En esta legislatura, ayer, el PSOE nos enseñó lo que son las fake news. Una fake new es la que la señora Celaá dio en esta Cámara cuando dijo que el 0,2 % de los libros en este país tienen adoctrinamiento y no sabemos de dónde ha sacado el dato. Eso es una fake new. (Aplausos). Hemos aprendido también en esta legislatura lo que es la equidad educativa, que es todo lo contrario a lo que ha defendido el PSOE. PSOE y equidad educativa es como un oxímoron, es como lo de hipoteca remunerada. ¿Por qué? Porque al final lo que han decidido es que los niños españoles no merecen la misma educación en todos los territorios. Yo no soy Iván Redondo ni lo pretendo, pero sí me voy a permitir darles un eslogan para que puedan utilizarlo en su campaña electoral cuando hablen de educación: "Dime dónde vives y te diré la educación que te mereces". (Aplausos). Pero en esta legislatura hemos aprendido algunas cosas más. Hemos aprendido lo útil que es la educación para el postureo. Por ejemplo, la ley de hoy, que era al final una reversión de recortes que ya estaba más o menos implantada: proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. Es que no solo de manos, de fotos y de vuelos puede vivir un presidente, tiene que utilizar algo más, y un título rimbombante para vender algo que ya estaba medio hecho y para tratar de monopolizar un ámbito al que no pertenece, que es el educativo, les ha venido muy bien.

En estos meses de campamento en la Moncloa también nos han enseñado mucho del presidente, y tranquilos que yo no voy a hablar del colchón. Nos han enseñado que cuando Pedro Sánchez hablaba del valor de la educación, en realidad de lo que estaba hablando era del valor económico de la educación, porque las horas volando le han dado la oportunidad de darse cuenta de la capacidad y potencia que tiene sablear a los padres de la concertada para rellenar las arcas públicas y poder presentar un presupuesto. Por tanto, cuando hablen de valor de la educación, estarán hablando del valor económico de la educación. (Aplausos). También hemos aprendido en estos meses quiméricos lo que entendía el PSOE por consenso. El consenso para el PSOE es el consenso con los que piensan como ellos o con sus socios independentistas. (Un señor diputado: No, no). Sí, sí. Otra información sorprendente que hemos tenido ha sido que cuando el PSOE se levantó de la mesa no era por motivos económicos, sino por motivos de salud, porque el señor Sánchez ha demostrado que ha tenido alergia a las mesas de trabajo y una querencia excesiva por los decretazos. De hecho, la prueba es cómo han tramitado esta ley Celaá que han querido meter y cómo no han hecho ningún tipo de negociación con los colectivos; pregúntenles a ellos. (Aplausos). Por cierto, señora Celaá, que usted dijo que presentaba su ley por respeto a la gente del ministerio que había trabajado en ella. Creo que ese respeto al menos nos lo hubiéramos merecido nosotros y los 83 comparecientes que vinieron al Congreso y cuyo trabajo se ha quedado en un cajón. Así que el respeto lo pido para todos y, en especial, para aquellos que vinieron a explicarnos su visión de la educación.

También nos ha enseñado algo más el PSOE en estos meses y es que cuando hablan de educación en realidad están hablando de remember. Me he quedado muy preocupada y he entrado en shock al entender que los señores del sanchismo se han quedado criogenizados en la LOE y solamente salen de ella cuando tienen que hacer alguna cesión a los socios independistas o a los socios nacionalistas.


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(Aplausos). Así que yo creo que esto es importante que lo sepa toda España, que cuando hablan de educación hablan de la LOE, hablan del pasado.

En fin, voy a acabar con algo bueno porque siempre hay esperanza y creo que esta legislatura también ha servido para mostrar algunas cosas. Ha servido para mostrar que cuando nosotros hablábamos de que la educación nos la tomábamos en serio y nos la creíamos, ha sido verdad. Y ha sido verdad cuando hablábamos de equidad educativa no solamente porque no nos hemos levantado del pacto, porque hemos hecho propuestas y porque hemos estado aquí, sino porque ahora, cuando hemos llegado a gobernar, la primera medida que hemos tomado ha sido poner un plan de refuerzo educativo en Andalucía con 10 millones de euros que ustedes podían haber utilizado para que los niños andaluces tengan en verano un plan de refuerzo de matemáticas y de inglés porque era verdad cuando lo decíamos. (Aplausos). Así que hay esperanza y queda tiempo. Espero que los ciudadanos hayan tomado nota de lo que ha sido esta legislatura en términos de educación y espero también que tengamos la oportunidad de demostrar lo que pensamos de la educación en el Gobierno. Se lo digo de verdad no por mí ni por el bien de mi partido, sino por el bien de los niños en este país.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mena Arca.

El señor MENA ARCA: Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas.

Este proyecto de ley ha sido ampliamente reclamado por el conjunto de la comunidad educativa y supone también enterrar definitivamente el Decreto 14/2012 aprobado por el Gobierno del Partido Popular. Ese decreto fue la constatación de que los recortes forman parte de la ideología del Partido Popular, recortar los derechos y los servicios públicos forman parte del proyecto del Partido Popular. Los recortes son ideología para el Partido Popular y también para Ciudadanos. Partido Popular y Ciudadanos no solo van de la mano de la ultraderecha en la foto de la Plaza de Colón, sino que también van de la mano a la hora de recortar, de atacar a la escuela pública y de seguir privilegiando a las escuelas elitistas. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Pero, señora Martín Llaguno, tampoco me sorprende, con los sobres en B del Partido Popular o con las sociedades opacas de 2 millones de euros como los de la señora Villacís, quién va a necesitar la escuela pública. La escuela pública la necesitamos el conjunto de las clases populares (aplausos) y la mejor prueba de esto es lo que han hecho ustedes, señora Martín Llaguno, junto con la ultraderecha cuando han llegado al Gobierno de la Junta de Andalucía. ¿Sabe cuál ha sido la primera medida del trío de la foto de Colón? Recortar mil plazas de oposiciones que pretendían mejorar los datos de interinidad en la Comunidad de Andalucía. (Aplausos).

Ustedes, el Partido Popular y Ciudadanos, persiguen una escuela pública precaria, sin los recursos suficientes, con las peores condiciones laborales de toda Europa, que no sea inclusiva y que no responda a los retos del siglo XXI. En cambio, ustedes sí que apuestan definitivamente por las escuelas elitistas y las han seguido alimentando a través de los presupuestos de Rajoy y de Rivera. Ese es su modelo. Hoy, con este proyecto de ley, paramos el golpe de los recortes del Partido Popular pero, señores del Partido Socialista, si lo hemos conseguido, por desgracia, no ha sido gracias a su Gobierno; ustedes se acobardan muchas veces ante el empuje del PP y de Ciudadanos, también en lo que hace referencia a la defensa de la escuela pública. Si hoy tumbamos este decreto indigno de los recortes es gracias a la fuerza del cambio que irrumpió con la vocación y la valentía necesarias de devolver a la ciudadanía todo lo que el bipartidismo le robó en los peores años de la crisis y, a final de legislatura, esa deuda no ha sido saldada por este Gobierno. Lo que ha pasado con esta propuesta es significativo; primero, la esperanza de la gente. También en educación la moción de censura trajo una bocanada de aire fresco a la política de la corrupción, de los recortes y de la intolerancia contra la diversidad; ese aire fresco era una nueva mayoría política en este Congreso, pero ustedes han demostrado que eso no era suficiente. Lo que necesitamos es un verdadero vendaval en este Congreso si queremos acabar con las acataduras que tiene este Congreso con los privilegiados. Después, esa esperanza se tradujo en el empuje de Unidas Podemos-En Comú Podem y En Marea. El Grupo Confederal hemos arrastrado al Gobierno a romper algunas de sus propias costuras; un Gobierno débil, porque ustedes así lo decidieron, y poco valiente por sus presiones internas y por las externas de la foto de Colón, que no ha querido ir más allá, que era lo que tocaba en este momento, también en el ámbito de las políticas educativas. (Aplausos).


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Hoy sabemos lo que toda España sabe, que el Partido Socialista es un partido con ataduras, que no se atreve ni se atreverá a traspasar los límites que las demandas de la gente común exige que traspasemos, tampoco en educación, porque situarnos en el marco educativo europeo en laicidad, en la escuela inclusiva y en la apuesta por una red pública igualitaria no está en la agenda del Grupo Socialista; no sabemos si por convicciones o por miedos a la España secuestrada por Vox, y eso es lo que nos preocupa. Hay decepción, señores del Gobierno. En el ámbito educativo se limitan a parar los golpes de la Lomce y los recortes del Partido Popular, en situarnos en la LOE de 2006, cuando teníamos una oportunidad histórica y unas mayorías parlamentarias que nos permitían avanzar mucho más, responder a los retos de la España del siglo XXI y blindar nuestras comunidades educativas como, por ejemplo, la catalana, de los ataques de la foto del trío de Colón. Ayer, el señor Rivera ya nos dijo que si era presidente -yo entiendo que querrá hacer lo mismo si llega a ser vicepresidente del Gobierno Sánchez- incumplirá la Constitución y se cargará el modelo lingüístico de las escuelas públicas en Cataluña. No se lo vamos a permitir porque el modelo lingüístico que hay en Cataluña es el modelo constitucional decidido por el Parlament de Catalunya y decidido también por este Congreso de los Diputados. (Aplausos). Por tanto, señor Rivera, más respeto a la democracia que nos hemos dotado entre todos y todas.

Acabo, presidente. Esta ley es también una metáfora del Gobierno Sánchez. No han querido aprovechar la nueva mayoría del Congreso surgida de la moción de censura para hacer avanzar España. Ustedes llegaron al Gobierno después de la sentencia que confirmó la corrupción de los Gobiernos del Partido Popular porque eran el bipartidismo menos malo, porque los que representábamos la mayoría, la garantía del cambio en este país con más de 5 millones de votos, nos quedamos a solo 400 000 de ser la fuerza que liderara el bloque progresista. Pero ustedes han reafirmado la idea que siempre hemos tenido: esto va de bloque popular o del bloque de las élites. (Aplausos). Creo, sinceramente, que muchos de ustedes, porque lo hemos hablado, querrían estar con nosotras, pero sus ataduras con los de arriba no se lo permiten. Por eso sé que el futuro es de la España libre de las ataduras con los poderosos, que no le deben ningún favor, y de la España valiente, que no teme hacer políticas por el bien común porque no se puede permitir llevar a sus hijos a las escuelas elitistas, y esa España valiente, esa España comprometida, esa España fraterna es la España que va a salir a ganar el 28 abril.

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Mena.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díez Trillo.

El señor DÍAZ TRILLO: Muchas gracias, presidente.

Señorías, señora ministra, llevamos dos sesiones en las que hemos tenido un profundo -y profuso diría yo- debate sobre la educación e incluso muy enardecido, como hemos comprobado esta mañana. Conviene al país, sin duda, debatir sobre la educación, pero conviene hacerlo con datos, con cifras, con inteligencia, como ha dicho esta mañana mi compañero Torres Mora. Escribió mi paisano Juan Ramón Jiménez aquello de: "¡Inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas!". Yo diría también los datos y las cifras, y la primera cifra se la quiero dedicar a la señora Martín. Cuando un Gobierno toma decisiones -sobre todo si es la primera-, se está retratando. Ustedes han roto ya un acuerdo en Andalucía para dotar a la educación pública de 4500 plazas. Lo han roto y ya van por 3700 y bajando. Esa es la realidad de Ciudadanos cuando acaba de empezar a gobernar. (Aplausos).

Más allá de la broma y de los chistes, conviene también a este debate de educación la seriedad, la profundidad y el rigor. Hace poco más de dos años tuve la oportunidad, en nombre del Grupo Socialista, de debatir sobre el decreto de paralización de las revalidas. Era un gesto del anterior Gobierno que yo saludé como una claudicación, como una suerte de armisticio frente a lo que había sido una durísima batalla de la derecha, en la que ustedes están ahora también incorporados, frente a toda, y digo bien, toda la comunidad educativa. Parecía en aquel momento que el Partido Popular se caía del caballo -es verdad que ahora acaba de montarse, junto a Vox y a Ciudadanos, a la grupa de la ultraderecha, y ahí andan ustedes-, en aquel momento había una voluntad de acuerdo, de pacto -y sigo con la seriedad-, por cierto, propuesto el 12 de septiembre por el Grupo Parlamentario Socialista, y poco después también con un proyecto de ley para paralizar el calendario de implantación de la Lomce. Este es el partido, querido amigo Mena -se lo digo con todo el cariño-, no de las dos Españas, sino de una sola España, el partido que superó el conflicto de las dos Españas; terrible conflicto que ahora rescata la derecha y que, desde luego, yo me voy a abstener de alimentar. Hay una sola España que se consagra precisamente con


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el gran anhelo de los ilustrados en el año 1978 del siglo pasado, gracias a la Constitución. Esa es la aspiración de los liberales, de los socialistas y también de los comunistas. Por eso, creo que en este momento viene bien recordar que el Partido Socialista propone un acuerdo para derogar y para paralizar el calendario de aplicación de la Lomce; pacto, por cierto -y recuerdo la intervención de la señora Moneo, que lo hace siempre con respeto, seriedad y sobriedad incluso-, del que le recuerdo -del que usted fue parte también, señora Martín- que las líneas rojas las puso siempre el Partido Popular. El Partido Popular no aceptó que pudiéramos alcanzar el 5 % del producto interior bruto. (Rumores). No, señora Martín. Y le digo una cosa, la ley que presentó antes de ayer la ministra contempla el 5 % del producto interior bruto precisamente como suelo para dotar y financiar adecuadamente la educación. Esos son hechos. Dirá el señor Mena -lo ha apuntado- que, ciertamente, en ocho meses es difícil hacer mucho más. Estamos hablando de decenas de decretos, de leyes que han mejorado la vida de los ciudadanos de este país. Estamos hablando también de una propuesta educativa cierta y que enfila el futuro de la manera adecuada, como comprobamos el otro día.

Quiero seguir con los datos y con las cifras. El Partido Popular planteó una emboscada que ha llevado a dos cursos más de Lomce. Esa es la realidad. La emboscada, bajo la capa del pacto por la educación, era seguir implantando la Lomce. Lamento profundamente -no está aquí el señor Olòriz, al que me gusta escuchar y debatir con él- que hayamos paralizado unos presupuestos y, por tanto, a un Gobierno que hubiera llevado a cabo una ley, como se demostró también el otro día. En este sentido, me parece que el Partido Socialista no solo tiene bien hechos los deberes en materia política y educativa, sino que tiene, además, credibilidad en materia de educación. El proyecto político educativo de Ciudadanos nos remite a un ámbito preconstitucional. Ustedes quieren recentralizar la educación. Ustedes, en la misma iniciativa que quieren apoyar hoy, pretenden hacer algo que ya pasó hace mucho tiempo, una España en blanco y negro, una España que no existe, como no existen las dos Españas. Hay una sola España. (Aplausos). En ese sentido -y hablo del decreto; no quiero que se me escape el tema que nos trae hoy aquí, que también es importante-, el decreto fue una especie de avanzadilla en esa confrontación con la comunidad educativa para recortar derechos adquiridos por los profesores, pieza fundamental de la educación, y, además, hizo un daño tremendo, que todavía estamos pagando: el aumento de las ratios; el aumento del periodo de sustituciones, de las horas lectivas; congelación de los salarios. Empeoramiento, en definitiva, de la calidad del profesorado, interinidad, precariedad. Queremos recuperar parte de esos derechos con este decreto, por supuesto no admitiendo las enmiendas, porque, como les he dicho, hay que hablar de cifras. La ministra daba ayer algunas cifras -y esto es lo más triste para España, para la única España constitucional, que es la de todos, la de todos los pueblos de España, por cierto- que yo quiero recordar en cuanto a los niveles de titulación, por ejemplo, o el abandono temprano escolar; cómo se ha comprobado que con la Lomce íbamos a mucho peor. Por tanto, ningún efecto. Lamento, como españolito de a pie, que tengamos que estar pendientes, precisamente, en una crisis del mayor talento, la mayor capacidad para cambiar, para transformar un país, la mayor inversión en riqueza -se dice que un euro invertido en educación se multiplica por cinco. Yo diría que por mucho más-. Hemos perdido siete años preciosos para este país. ¿Por qué? Por un proyecto ideológico, señora Martín, puramente ideológico. Ustedes pretenden segregar, quieren crear dos Españas, la de los ricos y la de los pobres. Mire usted, no; hay una sola España, que compartimos entre todos.

No quiero que se me escape, en el día de hoy precisamente, lo que decía don Antonio Machado, autor del libro Juan de Mairena que sigue estando de total actualidad (muestra un libro), porque, como él decía también, "hoy es siempre todavía". Él decía en ese libro que "entre el hacer las cosas bien y el hacerlas mal está el no hacerlas, como término medio, no exento de virtud". Es lo que ustedes tenían que haber hecho y no hacer únicamente un enorme daño a la educación en nuestro país. No está el señor Olòriz, al que quería haberle dicho hoy desde la tribuna aquello también de Machado: "¿Tu verdad? No, la verdad; y ven conmigo a buscarla". Creo que esa es la tarea fundamental. Hablaba al principio de mi intervención de la importancia de la verdad, de los datos, de las cifras. Manejemos esa verdad. Sé que hay un cierto calentamiento electoral en este momento, pero el respeto a esta Cámara nos exige la verdad, los datos y las cifras, y la verdad es que hemos perdido con esta ley de ustedes y con su decreto anterior siete años preciosos para las generaciones futuras. Pero no se preocupen, con la ley que presentó la ministra estamos dispuestos a recuperar ese tiempo perdido.

Me queda muy poco tiempo, pero no creo que el presidente interrumpa a Machado. Como se cumplen ochenta años de su muerte en Colliure, quiero dedicar una primera estrofa de un poema que conocen ustedes al partido al que tengo el honor de pertenecer, un partido centenario...


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Tiene que concluir, señor Trillo.

El señor DÍAZ TRILLO: "Al olmo viejo hendido por el rayo..." dice luego posteriormente: "... con las lluvias de abril y el sol de mayo algunas hojas verdes le han salido". Señorías, yo les deseo a ustedes que con las lluvias de abril y el sol de mayo de las campañas electorales tengan todos y todas muchísima suerte. Este partido centenario se enfrenta a ellas con el vigor de las hojas verdes y el renacimiento que significan los olmos. Así que, compañeros y compañeras, si me lo permiten, volveremos a gobernar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Trillo.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Pérez López.

El señor PÉREZ LÓPEZ: Señor presidente, señorías, señora ministra, buenos días.

Debatimos hoy la enmienda al proyecto de ley de mejora de las condiciones de trabajo del profesorado, un título más extenso que su contenido y, sobre todo, falto total de ambición. Este proyecto que contempla suprimir tres medidas del Real Decreto-ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público, y que tenían relación con la carga lectiva del profesorado, la ratio y la sustitución de los profesores de baja, demuestra el poco esfuerzo que el Gobierno del Partido Socialista ha hecho por la educación en estos meses que lleva en el ejercicio. Es un proyecto de tres artículos donde se nos anuncia el final de las medidas de recorte olvidando que fue el propio Gobierno anterior, el del Partido Popular, el que ya inició su reversión. Por cierto, siete años donde, una vez más, el Gobierno del Partido Popular tuvo que sacar de la ruina económica a este país, como tantas veces hace, ya que el Partido Socialista a lo único que se dedica es a gastar y a dejarnos sumidos en esa profunda ruina. Con esta propuesta también se aprovecha para hacer una concesión gratuita más al hacer el Gobierno dejación de sus competencias, trasladando una responsabilidad de ámbito nacional al arbitrio de las comunidades autónomas. Y todo esto también, señorías, sin escuchar al Consejo Escolar del Estado y a la opinión mayoritaria de la comunidad educativa. Por eso, decimos que esta ley muestra la falta de ambición del Gobierno socialista y, sobre todo, la falta de rigor a la hora de cumplir con su compromiso y con la necesidad educativa de los españoles. Porque, miren ustedes, son ustedes, el Gobierno socialista, los que tienen dos agendas políticas: una agenda para la oposición y una agenda para el Gobierno. En la oposición su agenda era el 5 % del producto interior bruto para educación, y la agenda del Gobierno es que en vez de 2500 millones, se quedan en 150. Anuncian un incremento de las becas a sabiendas que el presupuesto no iba a prosperar; prometen un plan contra el abandono escolar del que nunca más se supo, y presentan una ley de educación que saben que no se puede tramitar. Por tanto, una agenda para la oposición y otra agenda muy diferente, muy distinta, para el Gobierno; un Gobierno que nosotros entendemos que no puede renunciar a sus competencias al dejar las horas lectivas del profesorado al arbitrio de las comunidades autónomas. Desde luego, nosotros entendemos que hay que tener más sensibilidad, ya que el Consejo Escolar del Estado les recomendó que las mejoras contempladas beneficien también a todos los profesores de los centros concertados, aspectos que ustedes han pasado por alto. Y es que el mencionado consejo, el pasado 2 de octubre, en su dictamen 18/2018, recomienda una homogeneización en toda España de la parte lectiva de la jornada laboral de los docentes para evitar desigualdades entre el profesorado y establecer un máximo de veintitrés horas lectivas para los docentes en infantil y en primaria, y dieciocho para secundaria, unas recomendaciones que, a la vista está, ustedes no han seguido y que son también una demanda de los sindicatos.

Por eso, tras ese título tan largo, tan sugerente, al final -decíamos- se esconde una norma sin ningún tipo de ambición. Es más, ustedes hacen referencia a la aplicación de la LOE con relación a la ratio alumno/aula pero esconden que esa referencia, antes y después de la Lomce, ya permitía un incremento del 10 % del número de alumnos, tal y como lo refiere el propio artículo 87 de la LOE. También hay que decir que el incremento de la ratio está condicionado a la tasa de reposición del profesorado. Cuando ustedes abandonaron el Gobierno en 2011 esa tasa de reposición estaba en el 35 %, mientras que en 2016, en 2017 y en 2018, con nosotros en el Gobierno, ya estaba en el 100 %. Por tanto, ha permitido no solo que se vuelva a los términos establecidos en la normativa básica sino que se encuentre por debajo de lo que establece la propia ley, sobre todo respecto a la enseñanza pública.

Desde luego, los ejemplos son claros y aquí se pedía rigor. Efectivamente, hoy sabemos que la ratio puede ser de 25 alumnos en primaria y de 30 en secundaria. La realidad hoy día de nuestros centros educativos es que en primaria la ratio está en 21,9 y en secundaria en 25,4. Nuestras ratios


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no solo están por debajo de lo que establece la propia normativa básica sino que se encuentra en la media de la OCDE. Por tanto, ese discurso que estamos escuchando de destrozo de la enseñanza pública, de hacinamiento en las aulas, etcétera, simplemente no se ajusta a la verdad, cuando se pone negro sobre blanco, comprobamos que no es real. Por eso decíamos que nada aporta este proyecto a las condiciones de mejora de la calidad de nuestro sistema educativo. No son estos los retos a los que debemos enfrentarnos ni son los que demanda la sociedad española. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Por cierto, señoría, el sistema educativo no está peor que en 2011, está mucho mejor; es más, a los profesores debemos agradecerles que nuestro país tenga una tasa de abandono educativo temprano del 18,2 % -esos son los datos oficiales-, desde luego está mucho más cerca hoy de ese 15 % que la Unión Europea nos marca para 2020 que cuando ustedes dejaron el Gobierno, que estaba en el 28 %. Esos son los datos puros y duros, les guste o no les guste.

Al menos la herencia que ustedes han recibido es mucho mejor que la que nosotros nos encontramos y no solo en relación al abandono educativo temprano sino también respecto al profesorado. Pero lo que no podemos pasar por alto es el hecho de que ustedes con su norma rompen de facto los cuerpos nacionales del profesorado, ceden sus competencias al arbitrio de lo que decidan las comunidades, diseñan un profesorado con diferentes derechos y obligaciones y dan un paso más hacia una ruptura definitiva del sistema educativo español. La igualdad de derechos, deberes y oportunidades de los docentes ha de estar presente en cuantas decisiones asuma el Gobierno y eso para nosotros es innegociable. El profesorado, señorías, requería algo más y pedía algo más a este proyecto; requiere una apuesta decidida por el diseño de la carrera profesional, por un cambio en el sistema de acceso, por un impulso al reconocimiento profesional y económico de los docentes.

Por último, señorías, dos consideraciones finales. Se ha hablado de Machado. No soy un especialista en la literatura española del Siglo de Oro, pero en mi época algo sabíamos de Fray Luis de León y de San Juan de la Cruz. No le vamos a pedir al presidente que se lea el Cántico espiritual o la Subida al Monte Carmelo -bastante tiene con cambiar el colchón de la Moncloa-, pero al menos que alguien se preocupe de revisarle los textos. De esta manera, le hubieran dicho que la célebre frase "Decíamos ayer" fue pronunciada por Fray Luis de León al retomar sus clases en Salamanca tras permanecer cinco años preso en Valladolid. E incluso, ya que se habla de Machado, alguien podría recordarle que Machado nació en Sevilla y no en Soria. Los que nos dedicamos a la enseñanza sabemos que la Logse ha provocado grandes lagunas en el conocimiento del alumnado pero si es hasta el punto de confundir personajes tan importantes, la verdad es que nos deja muy preocupados. Por esta razón a lo mejor encontramos por qué ustedes la igualdad de oportunidades la cambiaron por la igualdad de resultados.

Una última recomendación y con esto termino. Me refiero, señora ministra, a los centros de educación especial. Yo les pido que se acerquen a ellos sin ningún tipo de prejuicios, los conozcan, comprueben los recursos de que disponen, la gran preparación y vocación de sus profesionales y el nivel de satisfacción de los padres. Abandonen esos prejuicios, reconozcan su error y apuesten por ellos.

Muchas gracias. (Aplausos.-la señora ministra de Educación y Formación Profesional, Celaá Diéguez, pide la palabra).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En nombre del Gobierno ha pedido la palabra la señora ministra de Educación y Formación Profesional, a quien le doy la palabra.

La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Muchas gracias, presidenta.

Señorías, muchísimas gracias por el debate obtenido. Con la aprobación de esta ley se hace mucho más que una reversión de los recortes que se produjeron en 2012 con el Real Decreto 14/2012. Con la aprobación de esta ley, que espero pueda llevarse a cabo esta tarde la votación, se salda una deuda con el profesorado y con las familias. Un profesorado que gracias a su profesionalidad, gracias a su dedicación, ha sido capaz de, aun viendo muy perjudicadas sus condiciones de trabajo, dedicarse enteramente a la mejora de la escuela y de la educación. Y unas familias que han tenido que soportar de la noche a la mañana incrementos de ratios de hasta un 20 % en las aulas de sus hijos e hijas y una espera de hasta diez días para que un profesor, un docente, un profesional, fuera sustituido. Es de justicia revertir estos recortes porque estos recortes redundan en la mejora de la educación española y con ello redundan en la mejora de la sociedad española.


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El profesorado vio incrementadas sus horas de docencia directa, pero la cuestión pendiente en la educación española, una cuestión cultural que hemos de mejorar, es que el profesorado se dedique más a la observación, más al trabajo colaborativo con el resto del elenco de profesores para la atención individualizada al alumno. Es decir, entre las medidas que recomienda este proyecto de ley, una disminución en la docencia directa va a redundar en la mejora obviamente de la educación porque la jornada laboral del profesor sigue presente; y, desde luego, supone una mejora en la llegada de aquellas personas que han de ser sustituidas. Por tanto, este proyecto de ley es una mejora sustantiva para la educación española.

Aprovecho la oportunidad para agradecer a los grupos su trabajo, desde luego al grupo parlamentario que sustenta al Gobierno y a todos los grupos de la Cámara, que hayan trabajado con atención en una cuestión tan importante como es la reversión de los recortes del 14/2012. Y en especial, quiero agradecer a los profesionales, los profesores y profesoras del sistema educativo español su dedicación y su mérito porque han sido capaces de soportar durante la crisis unas condiciones de trabajo muy duras y, sin embargo, hacer que su trabajo siga teniendo una gran calidad para los alumnos, verdadero objetivo del sistema, y para las familias españolas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- PROPOSICIÓN DE LEY DE MEJORA DE LA SITUACIÓN DE ORFANDAD DE LAS HIJAS E HIJOS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. (Número de expediente 122/000079).

La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con las enmiendas aprobadas por el Senado, en este caso la proposición de ley de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer.

En el turno de fijación de posiciones tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Aguirretxea Urresti.

El señor BARANDIARAN BENITO: Lo haré desde el escaño porque intentaré ser breve, señora presidenta.

Nos llegan desde el Senado en concreto cuatro enmiendas de modificación a una proposición de ley que ya fue objeto de consideración en la ponencia constituida por esta Cámara a efectos de mejorar la situación de orfandad de los hijos e hijas de víctimas de la violencia de género. De estas cuatro enmiendas, las dos primeras son de mejora técnica, y son perfectamente aceptables. La tercera es una novedosa referencia, y acertada mi modo de ver también, por la que se incluye al régimen de clases pasivas dentro de los beneficiarios de este régimen de mejora de la orfandad de hijos e hijas víctimas de violencia de género. Y, sin embargo, hay una cuarta respecto a la que, con todo respeto, me van a permitir que manifieste que vamos a discrepar y de la que vamos a solicitar, al amparo del artículo 123 del Reglamento de la Cámara, su votación separada.

En esta, simple y curiosamente, se modifica una disposición adicional quinta de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, introducida a su vez por la Ley 16/2015 de forma novedosa también, en donde se contemplaba la obligación de los secretarios judiciales entonces y ahora letrados de la Administración de Justicia de comunicar eventos de carácter criminal relacionados con la violencia de género a diferentes entidades. Estas entidades a las que se habría de dirigir eran en su momento el INSS, el ISM, Instituto Social de la Marina, y el Dirección de Personal de Clases Pasivas del Ministerio de Hacienda entre otras. Pues bien, esta cuarta enmienda elimina la referencia al INSS y al ISM, lo cual en principio nos parece ilógico y nos parece contradictorio además con el objeto de la mejora que se contempla en esta ponencia legislativa y por ello creemos que es un error, no lo entendemos, a no ser que nos lo explique el representante del Partido Popular, quien introdujo estas enmiendas en el Senado. Repito que creemos que es un claro y manifiesto error.

Por ello, señorías, simplemente manifestamos que vamos a apoyar las tres primeras enmiendas y que vamos a pedir una votación separada de la cuarta. Lo hacemos porque entendemos sinceramente que es un error técnico.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Como han visto, el interviniente no había sido el que había sido comunicado, sino que ha sido el señor Barandiarán Benito.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Llaguno.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, presidenta.

Señorías, el pasado 19 de febrero en un acto-homenaje a Soledad Cazorla la verdad es que se nos pusieron los pelos de punta a todos los que estábamos allí presentes cuando escuchamos a David contar el calvario que había pasado para adoptar a su sobrina, que había sido testigo de cómo su padre asesinaba a su madre de un tiro en la sien cuando solo tenía tres años. David nos contó todo lo que había pasado y nos pidió una cosa a los diputados, a las diputadas y a las Cámaras: Por favor, póngannos las cosas un poco más fáciles. Me acuerdo como si fuera hoy y alguna vez lo hemos comentado. David, lo hemos intentando con todas nuestras fuerzas y la ley que viene ahora con las enmiendas que se presentan ha conseguido incorporar a los niños menores víctimas de la violencia de género como sujetos de pensiones de orfandad. La verdad es que es de bien nacido ser agradecido y tengo que decir que quien abordó por primera vez este tema fue la Fundación Soledad Cazorla y que fue Soledad Cazorla la primera mujer fiscal de la sala contra la violencia contra la mujer la que puso este tema encima de la mesa. Es un tema durísimo. Los niños huérfanos víctimas de la violencia de género además de perder a su madre, asesinada por su padre, pierden a su padre porque acaba en prisión y lo cierto es que muchas veces son los familiares quienes se tienen que hacer cargo de estos menores -de hasta tres menores nos han contado en alguna ocasión- sin ningún tipo de ayuda. Este año ya hay treinta y nueve menores que han perdido a su madre por violencia de género y la verdad es que el impacto económico de la medida que vamos a aprobar es muy pequeño en comparación con el beneficio que se consigue.

Se han logrado cambios muy significativos, algunos se han mencionado, y nosotros los vamos a apoyar, pero sí que me gustaría hacer mención a una cuestión que no hemos conseguido yo no sé si es porque no se nos ha entendido bien en el Senado o porque creo que al final tanto al PP como al PSOE les ha dado un poco de pereza modificar una parte de la legislación laboral, pero creo que vamos a volver a intentarlo porque es muy importante. Cuando el papá de un niño o una niña asesina a su mamá la verdad es que entra en un calvario con la familia del asesino que muchas veces tiene muchas dificultades para reconocer la dura realidad de lo que ha sucedido. Tenemos casos, y esto nos lo han contado, de niños que tienen que seguir yendo a puntos de encuentro con los abuelos, padres del asesino que está en prisión. Lo cierto es que estas circunstancias hacen que los familiares tengan que llevar a cabo una adopción, querida porque son niños a los que se les quiere, pero impuesta, impuesta por las circunstancias especiales que supone que la familia de los asesinos tengan que asumir la realidad. La adopción también se hace por otro motivo, por la estigmatización de estos menores. Estos niños acaban no solo siendo los hijos de las mujeres asesinadas, sino también los hijos de los asesinos, si no son adoptados. Por eso, nosotros pedimos que se permitiera que, con independencia de que estos niños fueran adoptados, pudieran mantener estas pensiones de orfandad, porque esta adopción es necesaria. No lo hemos conseguido en esta ocasión; hemos conseguido la mitad de lo que queríamos. Estamos satisfechos, pero el compromiso de Ciudadanos es firme, es firme con David y es firme con todas esas familias que sé que hoy están con los dedos cruzados, supernerviosas, porque han estado muy angustiadas viendo si entraba o no la aprobación de este decreto. Hemos conseguido la mitad y en la siguiente legislatura, con independencia del Gobierno que haya, vamos a seguir trabajando en ello. Intentaremos volver a explicar bien esta enmienda que planteamos y conseguirla, porque es necesario por las familias y por los niños. (Aplausos).

Hoy es un buen día. Gracias a vosotros, a las familias que habéis luchado, porque el mérito es vuestro. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Rodríguez Martínez.

La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, es un placer poder intervenir en uno de los últimos debates de esta legislatura para un tema como este, porque no es casualidad que sea un tema con una clara perspectiva de género ni tampoco lo es que sea específicamente sobre violencia machista. No quiero dejar de decir que podríamos haber tenido muchos más debates como este. Por culpa de las prórrogas al plazo de enmiendas que han pedido el Grupo Parlamentario Popular y Ciudadano y por culpa de las elecciones precipitadas del Partido


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Socialista hay muchas leyes que se nos van a quedar en el tintero. Muchas de esas leyes son las de mi grupo parlamentario -hay otras-, pero quiero mencionar algunas que me parecen relevantes y en las que me parece una pena que no hayamos podido llegar a aprobarlas: está la ley LGTBI, la ley trans, la ley contra las violencias sexuales, la ley de permisos, la ley de precariedad, las leyes de pensiones, un montón de leyes que hablan de los derechos que la ciudadanía nos estaba pidiendo que garantizásemos en esta Cámara, y sobre todo es una pena porque creo que hubiésemos tenido consensos para sacarlas adelante. También es cierto que, sobre estos consensos y debates que hemos tenido en materia de género, ha habido dos ejes fundamentales y que la ley que hoy debatimos me sirve perfectamente para ejemplificarlos. En primer lugar -y sobre esto hemos debatido mucho las diputadas de la Comisión de Igualdad en ponencias y en la Comisión de seguimiento del pacto de Estado-, hemos hablado de para quién eran estos derechos y, en segundo lugar, hemos hablado de qué tipos de derechos les dábamos a estas personas.

En lo que tiene que ver con esta proposición de ley, que va a mejorar las pensiones de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género, hay dos cuestiones que nosotras hemos planteado con nuestras enmiendas, que nos parecen fundamentales y para las que es una pena que no hayamos conseguido un acuerdo. La primera de ellas es para quién son estos derechos. Lo hemos dicho muchas veces -yo misma lo he dicho muchas veces en esta tribuna-: hay muchas más víctimas de violencias machistas que están fuera del ámbito de la pareja y, por desgracia, mientras las señorías que estamos en este hemiciclo hemos tenido esta legislatura para llegar a acuerdos, ha habido mujeres asesinadas, no por sus exparejas ni sus parejas, que han dejado huérfanos, y a esos niños y niñas esta ley no les va a garantizar ningún tipo de pensión. Es un error que no hayamos sabido acatar lo que nos decían los organismos internacionales, el Consejo de Europa y la Cedaw. En este sentido, hemos fracasado como Congreso de los Diputados. La segunda, en lo que tiene que ver con qué tipo de derechos, no compartimos el enfoque del resto de los grupos. Puede parecer que sí, pero no lo compartimos. Nosotras no pensamos que tengamos que dar una limosna, no pensamos en dar pensiones que sean asistencialistas. Nosotras creemos que cuando hay un asesinato machista en este país lo que hay es un fracaso del Estado. Hay un fracaso de esta Cámara, que no ha puesto por delante todas las medidas necesarias para evitar este asesinato. En términos de derechos humanos, solucionar eso a posteriori es hacer políticas de reparación del daño. Unas pensiones que dependen de lo que haya cobrado la madre o de la situación laboral que tenía la madre cuando fue asesinada no es una política de reparación, es una política asistencialista. ¿Qué culpa tienen los huérfanos y las huérfanas de este país -y lo digo con toda la solemnidad y delicadeza con la que se tiene que hablar de este tema- de que su madre fuese funcionaria, estuviera en el paro o fuera cajera de un supermercado? (Aplausos). Si hay un huérfano, el Estado tiene que reparar el daño que se ha cometido contra él o contra ella.

Señorías, algo importantísimo es sobre qué tipo de derechos: las cuantías. Esto no es un empeño de mi grupo parlamentario, sino que lo dice la Cedaw y lo dice Amnistía Internacional. En España hay agravios comparativos bastante importantes en lo que tiene que ver con la reparación del daño, por ejemplo, si comparamos a las víctimas de violencia machista con las víctimas del terrorismo. Mi grupo parlamentario, puesto que no queríamos que fueran pensiones contributivas ni que dependieran de la vida laboral de la madre, redactó una enmienda para pedir que las cuantías fueran fijas. Además, propusimos que fuera una cantidad digna. A veces pienso que muchas de las decisiones que se toman en esta Cámara son tomadas por personas que les siguen debiendo cuentas a quienes nunca han tenido que vivir con 600 euros al mes. Cuando vives con 600 euros al mes, sabes perfectamente cuando vienes a este Congreso a hacer política, que no son suficientes ni para pagar el alquiler ni para pagar los recibos ni, por supuesto, para reparar el daño de que hayan asesinado a tu madre. (Aplausos).

¿Qué sucede cuando nosotras le decimos estas cosas al Partido Socialista, aunque parezca que estamos de acuerdo? Sucede que el Partido Socialista no se atreve a proponerlas. Nosotras seguimos siendo -lo hemos demostrado en esta legislatura- la garantía del cambio. Seguimos siendo la garantía de que el Partido Socialista se atreva a hacer de verdad políticas socialistas. Es una pena, porque ellos solos, como un niño pequeño cuando está haciendo los deberes y su madre gira la cabeza, hacen los deberes mal. Por tanto, tendremos que seguir haciendo esta tarea.

En último lugar, señorías, me gustaría compartir una reflexión. El debate que hemos tenido con nuestras diferencias ideológicas -diferencias ideológicas que hay que mostrar con naturalidad, porque esto es hacer política y no tiene ningún problema hacer política; no es lo mismo que hacer política de- ha sido posible expresarlo gracias al pacto de Estado. Creo que el pacto de Estado es probablemente el


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mayor logro político de esta legislatura, si no de los últimos años de la política española. Además, ha sido posible gracias a que muchísimas mujeres esta Cámara y también algunos hombres nos hemos puesto de acuerdo no solamente en determinadas medidas concretas contra la violencia de género, sino que nos hemos puesto de acuerdo en un pacto contra el machismo. Es un pacto para el feminismo. Es un pacto para hacer de vacuna contra eso que hemos visto en Colón. Sobre esto querría decir algunas cuestiones antes de terminar. Creo que no nos podemos permitir que la vacuna feminista que nos hemos puesto con el pacto de Estado deje de hacer efecto en la próxima legislatura. Aquí, frente a esa España de la unidad que se vio en Colón, se estaba dibujando otra España que es la España del pacto de Estado, que habla de otra serie de cuestiones y que representa a mucha más gente. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: No es una patria pequeña la que queremos cuando hablamos de España, es una patria mucho más grande en la que caben muchas más cosas. Para empezar, ustedes hablan de libertad, pero ¡vaya libertad la que ayer se representó en el Senado cuando se tumbó hasta una declaración institucional que hablaba de los derechos LGTBI! (Aplausos). Libertad es poder decir claramente en esta tribuna que amas a alguien de tu mismo sexo sin ningún problema. Ojalá esta vacuna feminista no se acabe para la próxima legislatura. Ojalá no se acabe, porque queremos tener una España que pueda representar no solamente a la España del 15M, no solamente a la España el 8 de marzo, no solamente a la España feminista, sino también a la España valiente que es capaz de llegar a fin de mes y que, a pesar de lo que ha pasado con las políticas del Partido Popular y del desgobierno que muchas veces hemos hecho en esta Cámara, es capaz de llegar a acuerdos desde nuestras posiciones ideológicas, como se hizo en el pacto de Estado, hacer política y mejorar la vida de la gente.

Señorías, les pediría a las mujeres que firmaron con nosotras este pacto de Estado en la ponencia que convenzan a la gente de sus partidos de que no se entreguen a la ultraderecha machista y elitista con la que se hicieron la foto en Colón. (Aplausos). Sigue habiendo esperanza, pero para eso ustedes tienen que dar un paso atrás. Les pediría, por favor, que en las próximas elecciones y sobre todo en la próxima legislatura sigan pensando en este pacto de Estado. Cada vez que firman algo, como hicieron en Andalucía con un partido que quiere derogar la Ley de violencia machista, la Ley para la Igualdad, la Ley LGTBI y, en definitiva, quieren que las personas que tenemos una orientación sexual distinta ni siquiera formemos parte del resto del país con la misma ciudadanía, es terrible, no hagan caso a esto, sálganse de ahí. Han pactado con nosotras un acuerdo que sí representa a este país, así que, por favor, hagan el esfuerzo y hagamos todo lo posible para que en España siga habiendo feminismo, es decir, siga habiendo igualdad y libertad y, sobre todo, vivamos sin miedo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Álvarez Álvarez.

La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Señorías, esta mañana vamos a sustanciar la puesta en marcha de una nueva prestación dentro del sistema de protección de la Seguridad Social. Estamos ante el ejemplo de una ley que da sentido al trabajo parlamentario y que da sentido a la política, pero parece que algo debe corregirse en el Reglamento de la Cámara para evitar que una norma sobre la que además existe unanimidad parlamentaria se demore dos años en su tramitación. Hasta once ampliaciones padeció esta ley en su tramitación, que ha llevado a que no se hayan podido ejecutar las partidas que los presupuestos de 2018 tenían previstas para hacer frente a esta prestación.

Los socialistas, como autores de la iniciativa, queremos agradecer a todos los grupos de la Cámara que se haya alcanzado este consenso a lo largo de la tramitación y en el resultado que hoy vamos a ver en la votación. Quiero recordar, señorías, que la proposición de ley que votaremos hoy fue formulada con anterioridad a los acuerdos del Pacto contra la violencia y que el Grupo Parlamentario Socialista la incorporó como una de las medidas de ese acuerdo porque los socialistas pretendemos que en este pacto se sustancie un compromiso de unidad que sea incuestionable en la lucha contra la violencia criminal. Desde que en el año 2014 la diputada Elena Valenciano intentase que el Gobierno de entonces su pusiese a la cabeza de un pacto social, político e institucional contra esta barbarie, nosotros no hemos cejado en el intento. Pedro Sánchez, como secretario general del Partido Socialista, perseveró y presentó una batería de medidas urgentes en agosto de 2015, y ahora, como presidente del Gobierno de España y con


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el empuje de la vicepresidencia del Gobierno y el Ministerio de Igualdad, no se limita a una absoluta repulsa de la violencia machista, va más allá; impulsa con la celeridad y con la urgencia que cada día le reclamamos al Gobierno desde esta tribuna el cumplimiento de los acuerdos del Pacto contra la violencia.

Volviendo a la proposición de ley, quería agradecer lo primero el tono constructivo durante los debates de la ponencia, donde cada grupo con sus enmiendas y un buen talante negociador -tengo que decirlo- ha colaborado con mejoras técnicas. La incorporación de la enmienda de Podemos para que la prestación ampare la orfandad por cualquier tipo de violencia contra la mujer se hace lógicamente en coherencia con los acuerdos alcanzados con posterioridad a la inicial tramitación de esta norma. Ahora bien, esta inclusión y reconocimiento se mejoró en ponencia para darle coherencia exigiendo que se halle en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta, porque por ejemplo un menor cuya madre haya sido víctima de un asalto sexual con resultado de muerte mantiene el vínculo familiar y de tutela con su otro progenitor, no se halla en circunstancias equiparables a una orfandad absoluta. También una de las enmiendas del Grupo Popular ha facilitado tras la negociación en ponencia el carácter retroactivo, aspecto que por cierto el Grupo Parlamentario Socialista siempre ha tenido en su horizonte. La diputada Rocío de Frutos ya apuntó cómo la configuración de las pensiones de orfandad hasta este momento exigían unos requisitos que desconocían un aspecto esencial, como es el hecho de que en demasiadas ocasiones la mujer víctima de violencia de género no se ve incorporada en el mercado de trabajo, con lo que los hijos de estas personas se veían privadas de una pensión digna. Esta circunstancia es muy importante reseñarla porque el hecho de que estén apartadas del mercado de trabajo la mayoría de las veces es consecuencia de las estrategias de control y ruptura de vínculos sociales que les impone el violento, o también de la asunción de un modelo de familia vertical que las aleja de la autonomía y la independencia económica y que tiene consecuencias que también sufren sus hijos. La nueva prestación está diseñada para fijar con parámetros de Seguridad Social un aumento desde el 70 hasta el 118 %, dependiendo de las circunstancias -lo tenemos en estos momentos en el 55 %-, de la base reguladora, lo que va a garantizar, por fin, una prestación vital con una cuantía digna.

Quiero aprovechar mi última intervención en esta legislatura para dar mi agradecimiento a la otra ponente de esta ley, a la señora Rocío de Frutos, a quien quiero manifestar mi respeto a su profesionalidad, mi agradecimiento por su trabajo en ponencia y mi afecto por su permanente demostración de compañerismo. (Aplausos).

Señorías, la fiscal Soledad Cazorla Prieto puso el foco en los menores porque conoció de primera mano las situaciones intolerables de abandono institucional que han venido padeciendo estos niños y niñas. Se sentiría hoy -estoy absolutamente segura- orgullosa de ver que esta Cámara da respuesta a este problema que tantas veces denunció y que, además, lo hacemos de manera unánime.

Voy a terminar con una reflexión y un llamamiento a los diputados que continúen y también a los que vengan en la próxima legislatura. Señorías, el espíritu del pacto contra la violencia no debe abandonar esta Cámara, pase lo que pase en las próximas elecciones. Sería una temeridad cuasi criminal romper el consenso alcanzado y dejar a las víctimas a la intemperie, expuestas a los linchamientos del radicalismo machista y de todos aquellos que pretenden criminalizar no solo a las mujeres víctimas, sino también, y sobre todo, a la estructura institucional que les da apoyo. La nueva legislatura no puede articularse mercadeando los derechos con aquellos que piensan que el feminismo y quienes defienden una radical igualdad entre hombres y mujeres son una amenaza contra la sociedad. Es desde esos discursos que son enemigos de la democracia y de la libertad de las mujeres desde donde se fomenta el machismo criminal. Hemos tejido un gran consenso en un tema fundamental como es la lucha contra la violencia machista. Señorías, permítanme que les recuerde una frase de la filósofa Amelia Valcárcel, que dice que el machismo mata, empobrece y atonta. Por tanto, les quiero pedir en mi última intervención que nadie tenga la tentación en la próxima legislatura de aliarse con ese machismo criminal.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cotelo Balmaseda.

La señora COTELO BALMASEDA: Gracias, señora presidenta. Buenos días.

Iba bajando las escaleras y pensaba que estaba sorprendida, pero realmente no lo estoy. Algunos compañeros que me han precedido veo que están contentos, que están satisfechos, e incluso algunos están encantados con el resultado de esta ponencia. Nosotros, el Partido Popular, qué quiere que le diga,


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no estamos satisfechos, estamos moderadamente satisfechos. Reconozco que yo, y creo que también los compañeros que me han ayudado codo con codo en esta ponencia -y aprovecho para reconocer su trabajo a Lola Alba y a José María Barrios-, lejos de sentirnos satisfechos, estamos impotentes, frustrados e incluso, algunas veces, enfadados con nosotros mismos. Ustedes y sus partidos se conforman con poco y, en particular, el Partido Socialista y sus socios han demostrado lo poco que realmente les importan los huérfanos de las víctimas y se escudan en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género; pacto del que, sin embargo, los señores del Partido Socialista, desde que han llegado al Gobierno, se han olvidado; pacto que no tienen prisa por cumplir ni por cumplir todas aquellas medidas que reclamaban al Gobierno del Partido Popular. Ahora ustedes, desde que llegaron al Gobierno hace ocho meses, resulta que en ningún Consejo de Ministros han aprobado alguna medida, incumpliendo reiteradamente el pacto de Estado; pacto que contaba con un presupuesto que les habíamos dejado hecho en 2018.

Ustedes no han querido ir más allá. Ustedes y sus socios se han escondido en el Pacto contra la Violencia de Género para hacer huérfanos de primera y de segunda, porque ahora solo tocaban los huérfanos de violencia de género. Se les ha olvidado el objeto final de esta proposición de ley, que es beneficiar a todos los huérfanos, no solamente a los que ustedes han convertido en privilegiados. Han querido olvidar al resto de huérfanos, que igual desgracia y derecho tienen que los hijos de víctimas de violencia de género. ¿O no tienen el mismo derecho el huérfano de una víctima de violencia doméstica y el de un homicidio imprudente en el que un padre en un accidente de tráfico mata a una madre? Está claro que para ustedes no. Tampoco tenían claro ese derecho de los huérfanos cuando las víctimas de violencia de género eran, además, funcionarias, civiles o militares, que es a lo que se refería el señor Barandiaran. Ha tenido que ser una enmienda del Partido Popular la que ha conseguido corregir esta discriminación que se iba a cometer si no se modificaba el texto refundido de las clases pasivas. Ustedes daban un trato desigual e injusto a los huérfanos en función de si su madre, fallecida como víctima de violencia de género, estaba afiliada a un régimen o a otro.

Como les decía al inicio, el Partido Popular ni está contento ni satisfecho por completo, todavía. Sabemos que se podría haber hecho más por todos los huérfanos, porque para el Partido Popular todos los menores deben estar protegidos. Con las enmiendas propuestas por el Partido Popular se hubiera conseguido, incluyendo también, como pedíamos, a los huérfanos de violencia doméstica y al resto de huérfanos. Nosotros no les proponíamos excluir, les pedíamos incluir, sumar y proteger a todos los huérfanos en un único trámite administrativo, para extender la solución a todos. Es decir, que una vez que creábamos la figura jurídica no contributiva para aquellos casos en los que la madre no hubiera cotizado lo suficiente, incluyéramos a todos los huérfanos, a los huérfanos de violencia de género, pero también al resto de los huérfanos. Como les decía, suficiente desgracia tenían como para hacerles víctimas de segunda, pero para el PSOE y para sus socios ahora no tocaba. En este sentido, hemos conseguido -también con una enmienda del Partido Popular- que se fijase un plazo de tres meses para que el Gobierno estudie de manera adecuada otros supuestos de orfandad absoluta, fijando idéntica cuantía económica que al resto de los supuestos, que se ha convertido en la disposición adicional segunda. Pero al precipitar la legislatura convocando elecciones y paralizando todo, se ha precipitado también esa diferenciación que buscaban: huérfanos de primera y huérfanos de segunda. Ahora, sí que sí, lo que han conseguido.

En cuanto a la retroactividad de esta prestación, también planteada por mi grupo en otra enmienda, nos referimos a situaciones anteriores, siempre y cuando se den las circunstancias tanto en el momento del fallecimiento como en el momento de solicitar la prestación. Esta enmienda da mayor seguridad jurídica y clarifica la situación a los huérfanos en el periodo transitorio de aplicación de la ley. A más de 260 huérfanos se les reconocerán estas ayudas de más de 600 euros. Les recuerdo que si hubiera sido por ustedes, señores del Partido Socialista, y sus socios, tampoco hubiera sido así.

Hoy damos un paso más en la mejora de los derechos de las víctimas de violencia de género más vulnerables, los que más lo necesitan, los menores; como decía, un paso más. Desde el Partido Popular podemos afirmar con orgullo, con mucho orgullo, que siempre hemos estado al lado de las víctimas, y a la hemeroteca me remito y les remito para que algunos no quieran reescribir la historia.

Desde los años noventa, con el presidente Aznar, se aprobaron los primeros planes de violencia de género; en el año 2003, se aprobó la Ley de protección de las víctimas; en el año 2004, el Partido Popular intentó que en la Ley integral los menores fueran víctimas directas y ustedes dijeron que no. Durante once años el Partido Popular intentó que los menores fueran víctimas directas de esta violencia y ustedes siguieron diciendo, literalmente, que obstaculizaba y distorsionaba el mensaje. Tuvimos que esperar hasta


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el año 2015, con una mayoría absoluta del Partido Popular, para eliminar ese no es no del Partido Socialista y conseguir que los menores se convirtiesen en víctimas de violencia el género. Aun así, en 2015, ustedes siguieron dando la espalda a los menores y no aprobaron la ley que modificaba la Ley integral para que los menores fueran considerados víctimas de esta violencia; ustedes han dado la espalda a los menores año tras año, once años. Piensen en la situación de los menores si hubiesen tenido reconocido ese derecho desde el año 2004 en lugar de en el año 2015; quince años. También les recuerdo que hemos aprobado el Estatuto de las víctimas para evitar la revictimización, que hemos concedido más derechos a las víctimas con la justicia gratuita y que hemos impedido que los maltratadores cobren la pensión de las mujeres a las que acababan de asesinar.

Desde el Partido Popular se ha estado durante estos quince años poniendo la violencia de género como cuestión de Estado y prioridad en nuestras políticas. Ahí es donde ha estado del Partido Popular, ahí es donde va a seguir estando, siempre al lado de las víctimas. En cambio, ustedes han llegado al Gobierno y se les ha olvidado. En el Partido Popular llevamos muchos años luchando por la igualdad, trabajando en contra de la violencia de género sin necesidad de ninguna etiqueta, y no es cuestión solo de datos sino de hechos, y ahí están los hechos de un Gobierno y de otro Gobierno. El Partido Popular nunca ha dejado de defender los derechos de las mujeres, aunque no hablemos de heteropatriarcado, de portavozas o de miembras. (Aplausos).

Acabo, presidenta. El Partido Popular, en la próxima legislatura, cuando volvamos a ser Gobierno -que vamos a volver a ser Gobierno-, seguiremos adelante con la proposición de ley que ya hemos presentado para que se regulen en las mismas condiciones que hoy aprobamos para el resto de huérfanos; huérfanos a los que hoy ustedes han querido dejar desamparados.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 2/2019, DE 25 DE ENERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES Y OTRAS SITUACIONES CATASTRÓFICAS. (Número de expediente 130/000057).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, al punto relativo a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.

Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro del Interior. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia).

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, antes de presentar para la convalidación de esta Cámara el Real Decreto-ley 2/2019, de medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, quisiera recordar a las personas que fallecieron como consecuencia de estas emergencias que hemos padecido durante el año pasado y hacer llegar de nuevo mi más sentido pésame a las víctimas y sus familiares. (Aplausos).

Por otra parte, quiero reconocer el esfuerzo y la generosidad de quienes intervinieron respondiendo a estas emergencias. Me refiero tanto a los trabajadores de los distintos servicios de intervención y asistencia como a los que colaboraron de forma voluntaria; a todos ellos, mi agradecimiento y el de todo el Gobierno por su trabajo en condiciones tan adversas, afrontando a veces situaciones que pueden poner en riesgo su propia vida.

Comparezco hoy para solicitar la convalidación, como se ha dicho, del Real Decreto-ley 2/2019, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 25 enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas. Desde comienzos del año 2018 han ocurrido una serie de siniestros que han ocasionado situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica, que han alterado sustancialmente las condiciones de vida de la población y han producido graves daños personales y materiales. A continuación, trataré de hacer un breve resumen de lo sucedido. Tras un otoño, en 2017, que fue anormalmente seco, durante los primeros meses del año pasado, 2018, se sucedieron temporales de lluvia y granizo, en algunas regiones incluso con temporales de nieve y en


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otras con tornados o mareas que azotaron el litoral. Estos episodios tuvieron más incidencia en la Comunidad Autónoma de Aragón y, en general, en todas aquellas zonas situadas en la cuenca del Ebro, así como en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esta inestabilidad atmosférica, como también saben, continuó en algunas regiones durante varios meses y así la Comunidad Autónoma de Extremadura sufrió daños por precipitaciones intensas, granizos e inundaciones entre los meses de marzo a mayo del año pasado. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Posteriormente, durante la época estival, que se extendió hasta el mes de septiembre, se repitieron episodios de lluvias torrenciales y pedriscos que incidieron negativamente en las condiciones de vida de la población y que conllevaron daños en municipios de las comunidades autónomas otra vez de Aragón, Andalucía, Cantabria, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura y Valencia. Durante el mes de agosto, en particular entre los días 7 y 9, un incendio forestal de grandes proporciones asoló la Comunidad Valenciana. El día 6 de agosto de 2018 se declaró un incendio forestal en la zona del término municipal de Llutxent, en Valencia. La situación meteorológica y lo abrupto del terreno hicieron que el incendio se extendiera a los términos municipales de Pinet, Quatretonda, Barx, Gandía, Ador y Rótova, viéndose afectadas hasta 3000 hectáreas, con un perímetro aproximado de 35 kilómetros. El fuego llegó a diversas organizaciones y a viviendas aisladas, de manera que las autoridades competentes tuvieron que evacuar a más de 2500 afectados.

Con la llegada del otoño, y durante todo el mes de octubre, episodios como la cola del huracán Leslie o la denominada gota fría fueron generando severos episodios de lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes que afectaron principalmente a municipios de las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha, Illes Balears y la Comunidad Valenciana. Especialmente dramáticas fueron las consecuencias de las lluvias intensas que -recordarán- se produjeron el día 9 de octubre, que conllevaron importantes desbordamientos de torrentes en las comarcas de Levante de la isla de Mallorca, en concreto en los municipios de Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar y Son Servera. La inundación provocó el lamentable fallecimiento de 13 personas, decenas de heridos y el realojo de 117 vecinos. Si bien ha de destacarse que algunos daños personales pudieron minimizarse gracias a las actuaciones de rescate y evacuación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los servicios de Protección Civil, se produjeron además daños en carreteras, vehículos, infraestructuras municipales, viviendas, establecimientos comerciales y algunas explotaciones agrícolas y ganaderas en los términos municipales afectados. Pocas semanas después fueron los sucesos de los días 18, 19, 20 y 21 de octubre, que produjeron igualmente daños causados por lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes en las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castellón, Tarragona, Teruel y de nuevo la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. En el desarrollo de este episodio tuvimos que lamentar el fallecimiento, como recordarán, de un bombero del Consorcio Provincial de Málaga cuando trabajaba en apoyo de la población de Campillos.

Por último, ha de citarse el hecho catastrófico ocurrido el 23 de mayo de 2018 en la parroquia de Páramos, en el municipio de Tui, Pontevedra, donde se produjo una explosión en un almacén de material pirotécnico que se encontraba anexo a una vivienda. La explosión fue de tal magnitud que alcanzó un radio de 600 metros y su onda expansiva se sintió a más de 4 kilómetros del lugar de los hechos. La explosión provocó también, como recordarán, el trágico fallecimiento de dos personas, padres de dos menores también heridos que han pasado a ser tutelados por la Administración autonómica; treinta y siete heridos, de los cuales siete son menores, y un total de 792 personas afectadas. Igualmente, se vieron afectadas numerosas viviendas y se produjeron daños en el tendido aéreo del alumbrado público y cableado en los viales, en la red de saneamiento, etcétera. Una vez iniciadas por parte del Ayuntamiento de Tui las actuaciones urgentes de desescombro, se comprobó la presencia de amianto entre dichos escombros, haciendo necesaria la retirada urgente de los restos contaminados por amianto en el lugar del siniestro.

A la vista de los acontecimientos, teniendo en cuenta la especial gravedad de la situación y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 y 24 y en la disposición final segunda de la Ley 17/2015, de 9 de julio, el Consejo de Ministros acordó, en su reunión del día 7 de septiembre de 2018, declarar zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil a la Comunidad Valenciana por los incendios acaecidos en el mes de agosto de 2018 y al municipio de Tui (Pontevedra) como consecuencia de la explosión de material pirotécnico anteriormente descrita. Posteriormente, en sus reuniones de los días 19 de octubre y 2 de noviembre de 2018, acordó, igualmente, declarar zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil a los municipios de Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar y Son Servera, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, como consecuencia de las


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lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes ocurridos el 9 de octubre de 2018, y las provincias de Málaga, Sevilla, Cádiz, Valencia, Castellón, Tarragona, Teruel y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, que sufrieron los daños causados por las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes anteriormente citados.

Los gravísimos daños personales y materiales derivados de las distintas situaciones catastróficas anteriormente citadas, la magnitud de las emergencias, las medidas necesarias para subvenir la grave perturbación de las condiciones de vida de la población, el pleno restablecimiento de los servicios públicos esenciales y, en definitiva, la recuperación de la normalidad de las zonas afectadas evidencian la intervención de la Administración General del Estado desde el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, complementando las actuaciones que en el ejercicio de sus competencias tienen encomendadas, como bien saben, las administraciones territoriales. En este sentido, la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, prevé que cuando se produzca una emergencia cuya magnitud requiera para su recuperación la intervención de la Administración General del Estado, se podrán aplicar las medidas recogidas en el capítulo V, previa declaración de la misma, de acuerdo con el procedimiento previsto en su artículo 23. A su vez, el artículo 24 del citado texto legal, recoge la relación de medidas que podrán adoptarse cuando se produzca la mencionada declaración en los términos que apruebe el Consejo de Ministros. Por último, la disposición final segunda de la Ley 17/2015 contempla la habilitación específica al titular del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para desarrollar las medidas de naturaleza laboral y de Seguridad Social. Adicionalmente a las medidas adoptadas en los mencionados acuerdos del Consejo de Ministros, al igual que en otras ocasiones en que ha sido necesario declarar el carácter urgente de este tipo de situaciones y con el fin de adoptar aquellas medidas que requieren una norma con rango de ley, se aprobó este real decreto-ley en la reunión del Consejo de Ministros del pasado 25 de enero de 2019.

Todas las medidas contempladas en este real decreto-ley cuya validación se pide, y que a continuación resumiré, son directamente aplicables respecto a todos los sucesos ocurridos en zonas declaradas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil en el año 2018. Por eso, mediante el procedimiento previsto en los artículos 1.2 y 1.3, resultarán aplicables a sucesos ocurridos en otras zonas durante el año 2018 o que pudieran ocurrir hasta el próximo 31 de marzo de 2019, en los términos que se determinen reglamentariamente. Las medidas extraordinarias previstas en este real decreto-ley en el ámbito del Ministerio del Interior se refieren al régimen de ayudas establecidos en el Real Decreto 307/2005, de 18 de marzo, por el que se establecen las subvenciones en atención a determinadas necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica y se constituye el procedimiento para su concesión. Estas ayudas van dirigidas, en primer lugar, a unidades familiares o de convivencia económica que hayan sufrido daños personales o materiales en su vivienda habitual o en sus enseres de primera necesidad. También van dirigidas a corporaciones locales para hacer frente a los gastos de emergencia que han realizado; también a los titulares de establecimientos mercantiles, industriales o de servicios, y también a comunidades de propietarios por los daños sufridos en los elementos comunes.

El real decreto-ley también prevé ayudas extraordinarias para la retirada -como decíamos- del amianto en la zona afectada por la explosión en Tui, así como para aquellas personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo prestación personal o de bienes a requerimiento de la autoridad competente en materia de protección civil. Aunque estas ayudas son de aplicación inmediata, sin necesidad de dictar ningún real decreto-ley, la gravedad de la situación ha hecho necesario adoptar las siguientes medidas extraordinarias recogidas en el presente real decreto-ley. En primer lugar, eximir del impuesto de la renta de las personas físicas los importes derivados de las ayudas por daños personales. En segundo lugar, simplificar la acreditación de la titularidad sobre los inmuebles afectados. En tercer lugar, extender las ayudas para sufragar hasta el cine por cien de los gastos de emergencia de las corporaciones locales. En cuarto lugar, subvencionar los gastos de desescombro urgente de piezas de amianto y otros materiales tóxicos proyectados por la explosión ocurrida en el municipio de Tui. En quinto lugar, sufragar el pago de las franquicias de los daños indemnizados por el Consorcio de Compensación de Seguros. Y finalmente, abrir un nuevo plazo de dos meses para que los afectados puedan presentar nuevas solicitudes.

Por último, pero quizá uno de los aspectos más importantes, con este real decreto-ley se modifican las cuantías de las ayudas a las comunidades de propietarios y establecimientos industriales, comerciales y de servicios para adaptarlos al incremento del coste de la vida, algo que no se hacía desde 2007, desde hace doce años. El real decreto-ley establece importantes medidas en el ámbito competencial de otros departamentos ministeriales. Se aprueban una serie de beneficios fiscales para los afectados. En concreto,


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se prevén exenciones de la cuota del IBI correspondiente al ejercicio en que haya tenido lugar el siniestro y reducciones en el impuesto sobre actividades económicas, así como exenciones de las del organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico en la tramitación de las bajas de vehículos afectados por los hechos catastróficos, así como la expedición de permisos de circulación o de conducción destruidos o extraviados.

Por otro lado, se prevé la compensación, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, por la disminución de ingresos en tributos locales que se hayan producido con ocasión de estas situaciones de emergencia en ayuntamientos, consejos insulares, cabildos insulares, diputaciones provinciales y comunidades autónomas. También se prevén reducciones fiscales especiales para las explotaciones de actividades agrarias en las que se hayan producido daños como consecuencia directa de estos siniestros.

En cuanto a medidas laborales y de Seguridad Social, este real decreto-ley prevé una serie de medidas que corresponden a las que habitualmente se incluyen en este tipo de decretos para situaciones de emergencia. En primer lugar, se prevé exonerar a los empresarios del abono de cuotas durante los periodos de suspensión de contratos, considerando el periodo de suspensión como efectivamente cotizado. En segundo lugar, se permite no computar el tiempo de suspensión del contrato causado por las emergencias en los períodos máximos para la percepción de prestaciones de desempleo. Finalmente, este real decreto-ley permite solicitar moratorias en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social y que, para llevar a cabo las obras de reparación de los daños causados, las administraciones públicas y las entidades sin ánimo de lucro puedan solicitar del servicio público de empleo competente la adscripción de trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo para trabajos de colaboración social.

En el ámbito de la cooperación con la Administración local, el real decreto-ley contempla la posibilidad de conceder una subvención de hasta el 50 % de los gastos de proyectos relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios directamente relacionados con los siniestros que ejecuten los ayuntamientos, las diputaciones provinciales, los consejos y cabildos insulares, las comarcas, las mancomunidades y las comunidades autónomas uniprovinciales.

En relación con las actuaciones de restauración forestal y medioambiental, se faculta en este real decreto-ley al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para declarar zona de actuación especial las zonas afectadas en las materias de su competencia y para declarar la emergencia de las obras que en consecuencia hubieran de ser ejecutadas por dicho departamento para la restauración hidrológica, forestal, colaboración para la recuperación de los espacios en la Red Natura 2000, apoyo directo a retirada de biomasa quemada, colaboración en el tratamiento de plagas y restauración de infraestructuras rurales.

De forma similar y para actuaciones en el dominio público hidráulico, se faculta a la ministra para la Transición Ecológica para declarar zona de actuación especial para la restauración del dominio público hidráulico las zonas afectadas en la cuenca hidrográfica correspondiente y la emergencia de las obras a ejecutar por dicho departamento para la eliminación de los tapones formados por restos vegetales, retiradas de los sedimentos de los cauces que puedan provocar una disminución de la capacidad de desagüe de los mismos y reparación de los márgenes que hayan sufrido procesos erosivos, así como ejecución de defensas en aquellos puntos más sensibles a sufrir erosiones.

Por último, y en cuanto a las actuaciones en el dominio público marítimo terrestre, el presente real decreto-ley faculta a la ministra para la Transición Ecológica, asimismo, para declarar zona de actuación especial para la restauración del dominio público marítimo terrestre las zonas afectadas en el litoral correspondiente y la emergencia de las obras a ejecutar por dicho departamento para la restauración y demás obras necesarias para asegurar la conservación y disminuir los efectos de futuros temporales en el dominio público marítimo terrestre, incluyendo playas, arenales y humedales litorales, así como en estructuras dañadas en el litoral.

Señorías, con la adopción de todas estas medidas, el Gobierno no solo ha pretendido ser sensible a la realidad de los afectados, sino también hacerlo desde el rigor y la responsabilidad con las cuentas públicas. En este sentido, quiero poner de manifiesto que las medidas referentes a daños se financiarán de conformidad con lo previsto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y serán atendidas con cargo a las disponibilidades presupuestarias existentes en los departamentos ministeriales y entidades de ellos dependientes. En aquellos casos en que se acrediten insuficiencias presupuestarias en los departamentos ministeriales, las actuaciones se podrán financiar con cargo al fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.

Por último, no quería finalizar esta exposición sin referirme a la justificación jurídica que respalda la utilización de la figura del real decreto-ley para adoptar las medidas a las que acabo de aludir. La jurisprudencia constitucional ha señalado reiteradamente que el real decreto-ley, como bien saben, es un


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instrumento legislativo de urgencia al que resulta lícito recurrir cuando se trata de subvenir a situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el que permite el procedimiento legislativo ordinario; o incluso el de urgencia, para la tramitación parlamentaria de las leyes, correspondiendo siempre al Gobierno el juicio político sobre la concurrencia del presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad exigido por el artículo 86.1 de la Constitución española. Además, se viene exigiendo de forma reiterada, como bien saben, una conexión de sentido o relación de adecuación entre el presupuesto habilitante y las medidas adoptadas mediante el real decretoley.

Los mencionados requisitos entiendo que, evidentemente, concurren en las situaciones provocadas recientemente por los fenómenos ya descritos, que han ocasionado grandísimos daños personales y materiales en numerosos municipios de distintas comunidades autónomas. Las medidas que han podido adoptarse mediante los citados acuerdos del Consejo de Ministros, al amparo del artículo 24.1 y concordantes de la Ley 17/2015, no son suficientes, como he tratado de explicar, para restablecer la normalidad de las zonas afectadas y la adopción, con la necesaria celeridad que demandan las circunstancias, de aquellas otras contempladas por el artículo 24.2 de la mencionada ley, como son determinados beneficios fiscales y medidas laborales y en materia de Seguridad Social, que requieren de la aprobación urgente de una disposición con rango de ley como la presente.

Se trata, por lo demás, de medidas adecuadas para paliar en parte los efectos ocasionados por sucesos en viviendas, establecimientos y explotaciones de distinta naturaleza, infraestructuras y equipamientos, dominio público hidráulico o dominio público marítimo terrestre. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, entiendo que este real decreto se adecúa a los principios de buena regulación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor ministro.

En turno de fijación de posiciones interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señor ministro del Interior.

El voto de Foro apoyará la convalidación de este segundo real decreto-ley del año 2019 que avanza -ahí es nada- hacia la treintena de los ya tramitados por el Gobierno. En esta ocasión, tratándose de daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas, está más que justificada la urgencia en la adopción de medidas, más aún, si cabe, porque hay episodios que se produjeron hace un año.

En la exposición de motivos que sirve de introducción o preámbulo al texto dispositivo de esta normativa legislativa, se hace referencia a los graves daños en diferentes comunidades autónomas, si bien no se citan las emergencias sufridas en el norte de España el pasado mes de enero, precisamente unos días antes de reunirse el Consejo de Ministros que la aprobó, tampoco las ha citado ahora el señor ministro; hubiese bastado una breve mención para incluir expresamente la existencia de estos daños en la tanda de medidas directas y complementarias que el Gobierno promueve para su aplicación mediante este conjunto normativo. No obstante, llamo la atención sobre que en el contenido del artículo 1.2 del real decreto-ley se abre su aplicación a los daños causados por los temporales de lluvias torrenciales, nieve, granizo y viento, inundaciones, desbordamiento de ríos y torrentes, incendios, explosiones, etcétera, acaecidos desde el mes de enero de 2018 hasta la entrada en vigor de este real decreto-ley publicado por el BOE el pasado 26 de enero de 2019. Por lo tanto, confío en que también las comunidades afectadas en esos días de enero por el temporal Klaus sean beneficiarias del régimen de ayudas y atendidas conforme el contenido de esta normativa. Les recuerdo que el 23 y el 24 del pasado mes de enero solo en Asturias grandes inundaciones, riadas y desprendimientos provocaron el fallecimiento de cuatro personas y multitud de pérdidas en infraestructuras ferroviarias, viarias, portuarias, así como en viviendas, locales, enseres, agroganadería, equipamientos, saneamientos, líneas de alta tensión, cauces, vehículos y embarcaciones.

Es de esperar, en definitiva, que esta nueva herramienta legislativa permita afrontar con eficacia, solvencia y rapidez las compensaciones, beneficios y ayudas por los daños catastróficos producidos en 2018 y también en lo que va de 2019. De hecho, el ministro lo acaba de recordar extendiendo los efectos de este real decreto hasta finales del próximo mes de marzo. Por supuesto, me sumo al reconocimiento a


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cuantos profesionales y voluntarios participaron en el auxilio de los damnificados, arriesgando en no pocas ocasiones su propia vida.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Señor ministro, en primer lugar, quiero decirle que vamos a votar a favor. Evidentemente, aquí hay ayudas que afectan al territorio valenciano, por los daños del incendio de Llutxent, que afectó a gran parte de esta comarca de la Safor y de la Vall d'Albaida, Pinet, Quatretonda, Barx, Gandía, Ador y Rótova y también por los temporales de lluvia de octubre que afectaron a grandes áreas de las comarcas de Valencia y de Castellón, y, por supuesto, evidentemente, a todos los afectados de toda la geografía española. Entendemos que es justo que se ayude a los afectados, aunque probablemente el real decreto se hubiera podido aprobar un poquito antes y tener un poco más de inmediatez con estos daños.

Vemos que en este real decreto hay ayudas, exenciones y reducciones fiscales, ayudas directas y hay un apartado específico de reducciones fiscales para las actividades agrarias. Le pediría al actual Gobierno que tuviera en cuenta la moción que aprobamos el martes aquí por unanimidad para ayudar a los agricultores afectados -valencianos, murcianos, andaluces y catalanes- por esa catástrofe no natural que ha sido la entrada masiva de fruta en la Unión Europea de países terceros. Se pidieron aquí medidas de exención del IBI, reducciones en el índice de rendimiento neto para el sector citrícola o estudiar algún sistema de compensación a través de los mecanismos de gestión de crisis que permite la normativa comunitaria para aquellos citricultores que no han podido vender su producción a consecuencia básicamente de las importaciones de cítricos de países terceros. Esperemos, sinceramente, que no tarden esas ayudas y nos gustaría que fueran antes de las elecciones de abril.

Acabo mi parlamento, como le he dicho al señor presidente, pidiendo disculpas a la presidenta, a la Cámara y a todos los ciudadanos. En el Diario de Sesiones del día 19 de febrero el señor Cantó se refirió a mi partido como que somos una castaña y yo le dije que era un moniato, y eso ha quedado escrito en el Diario de Sesiones. Creo que los dos dimos un feo espectáculo del que no me siento especialmente orgulloso y no debe empañar el prestigio de esta Cámara. Lo siento, de verdad, pero me pudo el hígado. El señor Cantó debe tener alguna obsesión conmigo porque me citó hasta catorce veces en un discurso de cinco minutos. Lo siento, de verdad, porque me pudo el hígado por encima de la razón. Pido disculpas, sinceramente, a todas las diputadas y diputados y a todos los ciudadanos en general. (Aplausos). Querría que figurara mi disculpa en el Diario de Sesiones, como veo que así está pasando.

Para acabar, también quiero reivindicar el buen nombre de los profesionales de la televisión autonómica valenciana À Punt que en su discurso el señor Cantó reiteradamente llamó TeleCompromís.

Me quedan treinta segundos, señor presidente. Quiero decirle al señor Cantó que yo entré en este Congreso en diciembre de 2011 y Canal Nou se cerró el 29 de noviembre de 2013, dos años más tarde. ¿Saben de alguna noticia o alguna entrevista que me hiciera Canal Nou en esos dos años? Cero, cero y cero.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Baldoví, tiene que ir concluyendo.

El señor BALDOVÍ RODA: ... una televisión de la que el señor Cantó cobró 134 000 euros en cinco meses. Le pido al señor Cantó públicamente...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Baldoví, un momento. Señor Baldoví, además de haber excedido su tiempo, debería usted atenerse a la cuestión. Por tanto, concluya.

El señor BALDOVÍ RODA: El señor Cantó...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): No estamos en un debate entre usted y el señor Cantó. El Reglamento tiene instrumentos para solicitar, en su caso, las rectificaciones por alusiones, pero no es el caso del debate que nos ocupa ahora, así que, por favor, concluya, porque no es la cuestión...

El señor BALDOVÍ RODA: Acabo. Me quedan diez segundos...


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): ... y porque ha excedido en más de treinta segundos su tiempo. Por favor, vaya concluyendo.

El señor BALDOVÍ RODA: Le pido diez segundos.

Pido al señor Cantó que respete el trabajo de los profesionales de À Punt...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Su tiempo ha finalizado, señor Baldoví.

Muchas gracias. (El señor Baldoví Roda continúa en la tribuna). Su tiempo ha finalizado, señor Baldoví. (Aplausos). Ha finalizado su tiempo.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti. (El señor Baldoví Roda continúa en la tribuna).

Señor Baldoví, por favor, abandone la tribuna. (El señor Baldoví Roda: Me quedaban cinco segundos). Señor Baldoví, no está en el uso de la palabra; por favor, abandone la tribuna. (El señor Baldoví Roda: Me parece que está haciendo usted...). Señor Baldoví, usted no tiene el uso de la palabra, tiene que concluir. (El señor Baldoví Roda: Me parece intolerable...).

Abandone la tribuna, no se lo voy a volver a advertir. (El señor Baldoví Roda abandona la tribuna).

Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Intervengo muy brevemente desde el escaño para citar tres cuestiones en torno a la convalidación de este real decreto. En primer lugar, manifiesto el apoyo de mi grupo a esta convalidación. Evidentemente, nunca hemos dudado en apoyar las cuestiones de esta índole, porque es la herramienta necesaria y la justificada, tal y como ha dicho el ministro para este tipo de emergencias. En segundo lugar, mostramos nuestra solidaridad con todas las personas damnificadas por los hechos acontecidos y que han generado este real decreto, sean inundaciones o situaciones catastróficas que se han dado en otros lugares del Estado español, y damos nuestro más sincero pésame a las familias de las personas que fallecieron, así como nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que contribuyeron en labores de salvamento, en labores de emergencia y en subsanar las situaciones que se dieron.

Dicho esto, por último, quiero decir que estos elementos que son una especie de paliativos, que son necesarios, fundamentales, cuando se dan este tipo de cuestiones, son básicos, pero no han de ser los únicos. Cada vez que tenemos un real decreto porque se han producido ciertas situaciones, siempre nos hacemos la misma pregunta. Además de todas las causas naturales, que no podemos controlar, ¿hemos hecho algo como instituciones, como personas, para que cada vez sea menor el impacto de esta nueva situación llamémosle de cambio climático, de vorágine, que estamos padeciendo? Es decir, ¿no hay ciertas cuestiones que podemos prevenir un poquito más? Todos sabemos que se pueden dar causas que son incontrolables, pero en más de una situación la mano humana también tiene algo que ver. Por tanto, además de decretos que palíen estas emergencias, trabajemos un poquito con perspectiva y hagamos que cada vez podamos actuar de una manera más previsora.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Margall Sastre. (Pausa). No está.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Álvarez Palleiro.

El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor ministro, creo que es de justicia antes de nada que mis primeras palabras sean de recuerdo para todas aquellas personas que, desgraciadamente, perdieron la vida en los trágicos sucesos que el señor ministro ha relatado con detalle. Quiero mandar un abrazo enorme a sus familiares, a sus amigos y a sus seres queridos. A los heridos que afortunadamente ya se encuentran bien y a todos aquellos que siguen luchando por recuperar la salud -¡bendito tesoro!-, quiero enviarles toda la fuerza y todo el apoyo para que esa recuperación se produzca cuanto antes. Pero también quiero acordarme de todas aquellas personas que no sufrieron daños físicos, pero que vivieron esta desgracia traumática y dolorosa, sintiendo cómo se ponía en riesgo su vida o la de sus familiares, amigos o vecinos y viendo cómo el agua, el viento, el fuego, la pedriza arrasaba sus casas, sus campos de cultivo, su ganado, su patrimonio, su forma de ganarse la vida, sus esperanzas y sus ilusiones. También quiero señalar que en


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estos momentos duros y trágicos aparece lo mejor del ser humano. Los actos de solidaridad, ayuda y entrega de un montón de gente anónima no tienen que caer en el olvido, como tampoco el trabajo de los servicios de emergencia, los servicios médicos, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la UME, esa institución de la que todos los españoles nos sentimos orgullosos. A todos ellos también les expreso nuestro respeto y nuestro apoyo.

Este tipo de leyes son distintas a otras porque se redactan con el ánimo y la ambición de paliar el dolor, la pérdida y la angustia sufrida e intentan devolver algo de esperanza, optimismo y alegría a estos compatriotas a los que este tipo de causas y los azares les hicieron pasar tan malos momentos. Para este tipo de situaciones, señor ministro, están los reales decretos -para urgencias, para emergencias y para desastres- y no para otras cuestiones que ni eran urgentes ni extraordinarias, pero de las que ustedes sacaron o pretendían sacar tajada política. Me estoy ahora acordando del real decreto de Radiotelevisión Española, que, más que un real decreto urgente, era una emergencia para señalar con el dedazo a quienes querían ustedes poner ahí.

Este real decreto llega tarde, señor ministro. ¿Sabe usted que este real decreto prevé ayudas para gente que sufrió este tipo de incidentes en el primer trimestre de 2018? ¿Le parece a usted bien que estas personas reciban ayudas casi un año después? Yo soy de Cantabria y, desgraciadamente, hace un mes escaso hemos pasado por unas inundaciones; no solo Cantabria, sino también la vecina Asturias, el norte de Castilla y León, Euskadi y La Rioja. A causa de lluvias torrenciales miles de vecinos se vieron afectados por desbordamientos de ríos, inundaciones, argayos y desprendimientos de tierras. Hace muy poco, la semana pasada, también hemos visto -aunque con unas connotaciones distintas- cómo ardían los montes de Cantabria. Es un auténtico desastre humano, ecológico, medioambiental y económico. ¿Van a incluir estos desastres en el real decreto o mis paisanos y mis vecinos asturianos van a tener que esperar casi un año para recibir las ayudas que les corresponden?

Dicen que el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra y yo añadiría que los distintos gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista son los únicos gobiernos que se inundan y se queman una y otra vez, decenas de veces, en los mismos sucesos repetidos. Los expertos en cambio climático prevén que en España habrá un descenso de las precipitaciones medias con un aumento de las temperaturas, lo que hará que las lluvias se concentren en episodios menos frecuentes y más intensos y las sequías y las inundaciones serán más comunes. Pongámonos manos a la obra y apliquemos las medidas de prevención que puedan minimizar los efectos de estos fenómenos. Elaboremos, aprobemos e implantemos los planes de gestión de riesgos de inundaciones regulados por los capítulos 4 y 5 del Real Decreto 903/2010 en trasposición de la Directiva 2007/60 relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundaciones. Elaboremos un plan nacional contra los incendios para que las administraciones actúen de manera conjunta. Los incendios no entienden ni de fronteras ni de autonomías. Un incendio que se genera en Asturias no para por llegar a la frontera con Cantabria, y viceversa. Necesitamos trabajar conjuntamente todas las comunidades autónomas, porque es la seguridad y el patrimonio de todos los españoles.

Evidentemente, vamos a apoyar este real decretoley. Podríamos matizar algún pequeño detalle en cuanto a cuestiones técnicas, pero lo vamos a apoyar.

Y antes de terminar, con el permiso del presidente, como probablemente sea mi última intervención en esta Cámara, quiero darle las gracias a todos y todas las diputadas por el trabajo, por el tiempo compartido y por el respeto que siempre he sentido y que siempre he procurado trasladarles a todos ustedes. He de reconocer que me marcho con un regusto amargo, porque ha habido cuestiones que no hemos podido rematar en la Comisión de Cultura, pero bueno, como esta legislatura ha terminado de forma abrupta, como no podía ser de otra manera, señores del PSOE, era algo previsible desde que el señor Sánchez decidió subirse en el coche con Thelma y Louise, con Rufián y con Torra, con el señor Iglesias y con Maribel... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Álvarez, aténgase a la cuestión, por favor.

El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Pero permítanme que les haga el spoiler de la película. Yo no sé si la han visto, pero la pueden ver las veces que quieran, la película siempre termina igual: el coche cae por el precipicio, siempre cae por el precipicio. Y ustedes verán lo que hacen con su coche, pero en Ciudadanos nunca vamos a permitirlo; estoy seguro de que a partir del 28 de abril, con el apoyo mayoritario de los españoles, no vamos a permitir que el señor Sánchez arrastre a España por ese precipicio, porque con esos compañeros de viaje... (Rumores.-Protestas).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Álvarez, aténgase a la cuestión, se lo vuelvo a decir otra vez.

El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: ... con esos compañeros de viaje, el final siempre va a ser el mismo: el precipicio.

También me voy con la satisfacción del trabajo bien hecho, del deber cumplido. He hecho lo que he podido en esta etapa. Me hubiera gustado haber hecho más, pero seguramente también hemos hecho más de lo que pensábamos con tan solo un grupo parlamentario, treinta y dos hombres y mujeres comprometidos, valientes y capaces. (Rumores). También me acuerdo de mi equipo técnico, a los que quiero y respeto y a los que siempre llevaré en mi corazón; creo que hemos hecho un trabajo realmente bueno. Asimismo, quiero agradecer a todos los empleados del Congreso, que siempre se empeñan en hacernos la vida más fácil y sencilla y más agradable nuestro trabajo. (Rumores).

Señor presidente, gracias por su tiempo, y a todos ustedes muchísimas gracias por esta etapa compartida. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Álvarez.

Antes de continuar con el debate, quiero aclararles una cuestión, porque he oído algunos murmullos en torno a la última intervención que acabamos de escuchar. A lo largo de las últimas semanas, de los últimos tiempos, hemos oído reiteradas intervenciones desde esta tribuna de diputados que se han despedido y en un tono u otro han mostrado su agradecimiento o han hecho una intervención de despedida entendiendo que era su última intervención, su intervención final. Me parece que es de todo punto lógico y aceptable que se puedan admitir ese tipo de intervenciones, y desde luego, mientras yo esté llevando esta Presidencia, lo admitiré, como se ha hecho reiteradamente por diputados de un partido y de otro. Lo que yo no permitiré mientras esté en la Presidencia será que se abran debates que no tengan nada que ver con la cuestión que se está tratando en el orden del día, pero desde luego gestos de despedida y de agradecimiento me parece que son de todo punto pertinentes y no entiendo que por ellos se pueda emitir ninguna sorpresa ni protesta. Nada más y muchas gracias.

Tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia en representación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Perdón, tiene la palabra el señor Yllanes, pero lo que teníamos en los papeles era la intervención del señor López de Uralde.

El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, señor presidente.

Asumo la responsabilidad de nuestro grupo por no haber avisado de que había un cambio del interviniente.

Buenos días a todos y a todas. El señor ministro ha hecho ya un resumen completo de cuáles son los contenidos del real decreto. Mi primer recuerdo es para las trece personas que murieron en el Llevant de Mallorca, para las dos personas que murieron en Tuy y para las cuatro personas que murieron en Asturias en enero de este año, así como para todos aquellos que se han visto seriamente perjudicados por todas estas circunstancias que precisamente viene a paliar de alguna manera el decreto-ley que nos traen hoy aquí. El día 9 de octubre de 2018 una ola inmensa asoló el Llevant de Mallorca. Hubo cinco pueblos que sufrieron esencialmente el golpe de esta catástrofe natural, pero el epicentro estuvo en Sant Llorenç des Cardassar. También Artà, Capdepera, Manacor y Son Servera, como ha recordado el ministro, sufrieron las consecuencias. Una tragedia que, además, se prolongó en su angustia porque durante una semana se estuvo buscando a la última víctima, al pequeño Arthur, que fue localizado -insisto- una semana después de haber ocurrido los hechos. Lo primero que quería hacer es manifestar mi agradecimiento a todas las personas de los servicios de emergencia por la eficacia que demostraron en esos días y, sobre todo, a la inmensa solidaridad ciudadana que desbordó cualquier previsión y que demostró que personas de todas las Islas Baleares estaban dispuestas a acudir para ayudar y participar en las tareas de limpieza y desescombro. Por tanto, vaya por delante nuestra solidaridad con todos los que han sufrido las consecuencias de estos fenómenos naturales. (Aplausos).

Este decreto-ley, como no podía ser de otra manera, va a contar con el respaldo del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, porque creemos que es el paso adelante de las instituciones para unirse a esta inmensa solidaridad ciudadana que se produjo a raíz de esta tragedia. Pero, además de agradecer la colaboración y que se responda con este decreto-ley, más o menos oportuno en el tema del tiempo, y sin entrar a valorar los aspectos concretos que el ministro ha glosado


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suficientemente, nos interesan todas aquellas medidas que tienen que ver con la prevención, pues creemos que eso es lo más importante. ¿Por qué?, porque en el fondo de lo que estamos hablando no es ni más ni menos que de las consecuencias nefastas del cambio climático que algunos todavía se empeñan en negar, pero que es evidente que se nos ha venido encima y del que tendremos que preocuparnos muy seriamente a partir de ahora.

Glosando a un poeta mallorquín: "Al meu país la pluja no sap ploure: / o plou poc o plou massa; / si plou poc és la sequera, / si plou massa és la catástrofe".

Es cierto que en el Mediterráneo estamos acostumbrados a este tipo de fenómenos atmosféricos que provocan consecuencias catastróficas, pero es importante tener la respuesta siempre adecuada para lo que se nos pueda venir encima. Ese es el trabajo que hemos hecho en el Parlament de las Illes Balears con la aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en fechas muy recientes, que nos convierte en pioneros en el Estado. No ha habido oportunidad -ayer lo dijo mi compañero Juantxo López de Uralde en esta misma tribuna- de aprobar la ley estatal. Somos pioneros también en Europa y es cierto que lo que hacemos es adelantar una serie de medidas para combatir las consecuencias de la utilización abusiva de combustibles fósiles que también han despertado el interés de Bruselas. Además, es una ley -ya lo dije ayer- que ha merecido la atención de medios internacionales de contrastada solvencia como The New York Times o The Washington Post. Y no solo eso, sino que hemos hecho bien el trabajo y eso lo demuestra la apuesta que el Parlamento Europeo ha hecho para que las tres islas de Baleares, Mallorca, Menorca e Ibiza, sigan el ejemplo que ya inició la isla del Hierro y se unan a la isla de La Palma y a la isla de Arousa para iniciar un proyecto piloto en transición energética. Desde aquí esperamos que ese trabajo tenga absoluta eficacia. Nosotros también en Baleares, y en aplicación dels Acords pel Canvi, hemos dado el primer paso limitando la entrada de vehículos este verano, en la época más alta de entrada de turistas, en la isla de Formentera, que es un territorio de especial fragilidad, precisamente para conseguir esto.

Sepamos una cosa, y es que esta Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que es pionera y despierta las alabanzas de todo el mundo, sin embargo no le gusta nada al Partido Popular de las Illes Balears. Es más, el candidato que presentan ha dicho que si ellos gobiernan en Baleares lo primero que harán será derogar esta Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Es una demostración evidente más de que, primero, es una persona que no respeta en absoluto a las futuras generaciones de nuestra comunidad autónoma, que son las que finalmente van a recibir lo que nosotros seamos capaces de utilizar de manera sensata, pues somos usufructuarios de lo que las anteriores generaciones nos transmitieron, y además cuenta ya con un currículum envidiable. Siendo conseller de Medi Ambient en el Gobierno del malhadado don José Ramón Bauzá, el señor Company demostró la eficacia que tiene para convertirse no en un verdadero conseller de Medi Ambient, sino en una plaga absoluta contra la protección del medio ambiente y del territorio en Baleares.

Iba a terminar con unas palabras de agradecimiento, pero no quiero que se me desvíe el discurso, como les ha pasado a anteriores intervinientes. Lo importante es que tengamos muy claro que nos estamos jugando el futuro, que nos estamos jugando el mundo que vamos a transmitir a los que vienen detrás de nosotros y que es importante reaccionar a posteriori después de que todos estos fenómenos naturales causaran la tragedia que tuvo que soportar el Llevant mallorquín en octubre de 2018.

Aprovecho mis últimos treinta segundos para decirles que probablemente es mi última intervención en esta tribuna, que ha sido un inmenso honor representar a la ciudadanía que depositó su confianza en el Grupo Confederal en las elecciones de 2015 y 2016, que a partir de ahora el trabajo empieza en la comunidad autónoma, que es un trabajo absolutamente apasionante y que queremos repetir el Gobierno de progreso que ha mejorado notablemente la vida de los ciudadanos de Baleares durante estos últimos años. Por supuesto, quedo a disposición de todas sus señorías, ha sido un enorme placer compartir con ustedes los trabajos de esta legislatura.

Muchas gracias a todos y todas, muchas gracias, señor presidente. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Yllanes.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Pradas Torres.


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El señor PRADAS TORRES: Gracias, presidente.

Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición favorable a la convalidación del Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.

Las primeras palabras de este grupo quiero que sean para hacer constar nuestro pésame a los familiares de las víctimas y a sus amigos. Vaya para todos ellos nuestro recuerdo.

Señorías, si hay un caso en el que queda plenamente justificada la utilización del real decreto-ley, además de los que establece la propia ley y que ha reconocido el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones, como ha manifestado el ministro, es este tipo de situaciones de libro. Una norma con rango de ley que nace del Gobierno y que es dictada en caso de extraordinaria y urgente necesidad. En el caso que nos ocupa no hay lugar a discusión, los efectos devastadores de las inundaciones, los incendios y catástrofes relatadas en este real decreto exigían una respuesta rápida y extraordinaria de los poderes públicos.

Tan cierta es esta afirmación como que esta norma viene a complementar -es algo que quiero destacar porque algunos grupos nos han acusado de tardanza en la publicación de este real decreto- y a formalizar presupuestariamente medidas que, de forma inmediata, ya se adoptaron por parte del Gobierno de España a través del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, siendo ayudas de distinta índole, como la muy valorada en mi comunidad autónoma de reducir el número de jornadas reales para los trabajadores del campo en las zonas afectadas por estas inclemencias. Por cierto, permítanme un paréntesis. Esta respuesta inmediata puso de manifiesto la insensibilidad del anterior Gobierno del Partido Popular, que hablaba de la exigencia de determinados aforos que había que tener claros en el campo y otros inconvenientes técnicos para dar respuesta inmediata a situaciones similares que se vienen produciendo prácticamente todos los años. Pues bien, aquí la decisión fue inmediata y no se ha roto ninguna costura del Estado. Lo que se ha puesto de manifiesto es que los Gobiernos del Partido Popular son capaces, en una semana, de quitar impuestos a los terratenientes, pero necesitan muchos meses para quitar quince peonadas a un trabajador del campo. (Aplausos).

Señorías, por desgracia, estas situaciones a las que se refiere el real decreto que hoy vamos a convalidar son ya tan habituales que empiezan a no ser algo tan extraordinario. Les voy a dar un ejemplo: en algo más de veinte años se han aprobado cincuenta y cinco reales decretos relacionados directamente con inundaciones, sequías e incendios; los motivos son diversos, pero hay una cosa que no cambia y es que el cambio climático está detrás de todos esos fenómenos. En esta ocasión hablamos de Baleares, de Andalucía, de Aragón, de la Comunidad Valenciana, de Extremadura, de Cantabria, de Castilla-La Mancha, de Cataluña o de Galicia, pero no hay ni una sola comunidad española que no se haya visto sometida a lo largo de estos años a una de esas catástrofes y, por desgracia, así va a seguir siendo.

Se hace urgente, por tanto, señorías, adoptar medidas preventivas que pongan énfasis en la protección de nuestro medio ambiente a través de políticas de desarrollo sostenible. El negacionismo del cambio climático, en este caso, suele ser el peor enemigo de la naturaleza. También es justo decir que estas situaciones ponen a prueba la eficacia de nuestras instituciones, especialmente de nuestro ejército, de los cuerpos de seguridad, de Protección Civil, de los bomberos, de nuestra sanidad, del voluntariado, y es en situaciones como estas en las que la solidaridad de los españoles y españolas se hace más evidente y cobra mayor fuerza el principio de solidaridad; yo quiero personalizar, en este caso en el Ministerio del Interior, la coordinación de todos esos trabajos.

El Estado es la primera institución que debe dar respuesta para minimizar las consecuencias de los desastres. Por desgracia, la pérdida de vidas humanas no tiene remedio y no nos queda otra cosa que lamentar su desgracia y aliviar a sus familias, pero en muchos casos, aunque existan víctimas mortales, estas desgracias se llevan por delante los sueños y el trabajo de miles de personas que pierden sus casas; trabajadores, pequeños empresarios y agricultores ven desvanecerse sus proyectos bajo el bajo el barro o tras las llamas de un incendio demasiadas veces provocado.

Este real decreto recoge medidas que seguramente no vendrán a dar respuesta completa a todas estas pérdidas, pero al menos vendrán a paliar algunos de los efectos. Son medidas que vienen a complementar -insisto en esto- las contempladas en los acuerdos de los Consejos de Ministros del 7 septiembre, de 19 octubre y de 2 noviembre del pasado año, y dejan abierta la posibilidad de extender sus ayudas a fenómenos que pudieran producirse hasta finales del mes de marzo; por cierto, están recogidas incidencias de incluso el anterior Gobierno y no escuchamos al Grupo de Ciudadanos quejarse desde el mes de marzo, en que se produjeron, hasta el mes de junio, en que se cambió de Gobierno, de ninguna


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de estas situaciones; ha tenido que llegar un Gobierno como el socialista para recoger esto. Son medidas dirigidas a ayudar a las personas por el fallecimiento o incapacidad en base a los procedimientos establecidos en el Real Decreto 307/2005 o las recogidas en ese mismo real decreto para la destrucción de enseres y daños en viviendas. Se recogen ayudas para sufragar los gastos por daños en establecimientos industriales, mercantiles, agrarios, turísticos, pesqueros, etcétera, al igual que se contemplan ayudas fiscales, como la exención del impuesto de bienes inmuebles y el impuesto de actividades económicas y la compensación a las administraciones, cosa que deja bastante tranquilos tanto a las comunidades autónomas como las diputaciones y, sobre todo, a los ayuntamientos, para que no pierdan el volumen de esos ingresos.

En relación a medidas de orden laboral y de Seguridad Social, se recogen como situación de fuerza mayor las suspensiones de contratos y reducciones de jornadas como consecuencia de estas catástrofes. Asimismo, el Servicio Público de Empleo establecerá exenciones a los efectos del cómputo de los periodos de desempleo cuando traigan causa inmediata de los sucesos recogidos en este real decreto. Se establecen ayudas a los agricultores a través de la reducción del índice que se usa para el cálculo de la estimación tanto de la renta como del IVA, aparte de la reducción de peonadas que he comentado anteriormente y, por último, se recogen una serie de ayudas a las corporaciones locales para compensar determinados gastos como consecuencia de estas catástrofes, así como la consideración de inversiones financieramente sostenibles de las obras y reparaciones que forman parte de este decreto.

En orden a la prevención a la que hacía referencia al principio de mi intervención, se recogen una serie de medidas relacionadas con la restauración forestal y medioambiental dirigidas a evitar que estos episodios se repitan en el futuro. Termina el real decreto recogiendo procedimientos más ágiles y flexibles para la ejecución de todas estas obras.

Señorías, creo que es un real decreto que ha puesto de manifiesto la diligencia del Gobierno en acometer situaciones de crisis como las vividas en todas estas zonas y que merece, por tanto, la aprobación de esta Cámara.

Yo no voy a despedirme, pero sí quería contestar a las palabras que ha pronunciado el portavoz del Grupo Popular al comparar un viaje en un coche y nombrando el título de una película. Yo prefiero mencionar la película de Alien, porque ellos se metieron con un alien en la nave y vamos a ver cómo acaban. Ese alien es Vox. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Pradas.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Romero Rodríguez.

La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

Mis primeras palabras y las de mi grupo son de apoyo y de pésame por los fallecidos. Queremos dar nuestro total apoyo a las personas que fueron afectadas por estas desgracias tanto directa como indirectamente. Coincido con el análisis de quienes me han precedido en la intervención. El año 2018 fue convulso en términos de climatología, sucediéndose una cascada de siniestros y catástrofes. Los primeros meses de 2018 en la Comunidad Autónoma de Aragón con intensos temporales en la cuenca del Ebro; de febrero a marzo en mi tierra, Andalucía, con inclemencias que azotaron y arrasaron el litoral; en Extremadura de marzo a mayo y también en agosto y septiembre, con fuertes inclemencias en distintas localidades de Cáceres y Badajoz; en agosto las lluvias torrenciales fueron tremendas en Andalucía, Cataluña, Aragón, Cantabria y Castilla-La Mancha. A ello se sumó el gravísimo incendio que asoló la Comunidad Valenciana. Especialmente duro fue septiembre en la comarca del levante de Mallorca, donde perdieron la vida trece personas y hubo cuantiosos daños, heridos y centenares de afectados. En octubre el temporal y las inundaciones afectaron gravemente a la Comunidad Valenciana y a varias provincias limítrofes. En Andalucía octubre fue nefasto, pues muchos municipios de la sierra sur de mi provincia, Sevilla, se vieron afectados: Osuna, El Rubio, Aguadulce, Martín de la Jara, Morón, Marchena, Montellano, Los Corrales, Puebla de Cazalla, Badolatosa. En Málaga una veintena de municipios resultaron anegados, muy especialmente en las comarcas de Sol y Guadalhorce. Otra catástrofe es lo que ocurrió en la zona de Campillos, Antequera, Ardales, Humilladero, Teba y Ronda.

Es obligación del Gobierno ofrecer a cualquier persona previsión y amparo ante las catástrofes de todo tipo, ya que en ello está en juego la vida, la integridad física, el disfrute normal de bienes y derechos y la defensa de los recursos naturales y culturales, cuya protección es una, si no la más importante, de las razones del Estado mismo. El Gobierno del PP actualizó la Ley de 1985 del sistema nacional de Protección Civil con la Ley 17/2015, con la finalidad de afrontar de la manera más rápida y eficaz posible las situaciones


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de emergencia que puedan producirse, en beneficio de los afectados y en cumplimiento del principio de solidaridad interterritorial. Se agiliza la respuesta en esta ley, ya que, por acuerdo del Consejo de Ministros, se determina qué ayudas son las que se destinan a paliar los daños que se ha producido en las zonas afectadas, cuyas administraciones públicas han debido solicitar esa declaración, de tal manera que el mecanismo desde 2015, gracias a la actuación del Gobierno del Partido Popular, es mucho más ágil.

Somos conscientes de que los citados acuerdos del Consejo de Ministros tienen un límite de reserva de ley en el caso de los que afectan a bonificaciones fiscales o a la Seguridad Social, que tienen que hacerse por real decreto. El Gobierno del Partido Popular registró, al producirse estos hechos, diversas iniciativas en esta Cámara. Se quedan fuera dos de las que pedimos, que eran para Asturias y Cantabria. Espero que, como habilita este real decreto, se puedan recoger los daños y las situaciones afectadas en esas dos comunidades autónomas. Las administraciones afectadas ya se han puesto en marcha. Por poner un ejemplo, en mi tierra, la Diputación de Málaga -la que más conozco- aprobaba esta misma semana 3 millones de euros ampliables para los municipios afectados. Los afectados han solicitado las ayudas y con este real decreto se amplía el plazo para presentar la solicitud. Por supuesto, van a contar con el apoyo de mi grupo, pero les pido que utilicen este tiempo que les queda no torticeramente, como pretenden hacer con la Diputación Permanente de esta Cámara, sino para agilizar y pagar estas ayudas y no dejar a la gente sin cobertura.

Quiero destacar y agradecer, si me lo permiten sus señorías, la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como dar las gracias a todas las personas que han participado en los dispositivos de seguridad y en numerosas actuaciones de rescate y evacuación. Muchas gracias a todo el personal de Protección Civil y Emergencias dentro de la red nacional, de las distintas comunidades autónomas y de los municipios. También quiero mostrar el agradecimiento de mi grupo a la Guardia Civil, a la Policía, a la Unidad Militar de Emergencias (aplausos), así como a los efectivos del resto de comunidades autónomas y efectivos locales, en especial a la Cruz Roja, que se esforzaron mucho en estas catástrofes, sin tener en cuenta la hora ni las condiciones climatológicas, y estuvieron siempre ayudando a todos los afectados.

Como esta legislatura llega, por fin, a su fin, aunque una ya tiene un manual de cómo curarse de espanto después de lo dicho, quisiera, si me lo permite el presidente, despedirme con un deseo y una esperanza. Deseo que la vocación de servicio público de estas personas, especialmente del bombero malagueño José Gil, que perdió la vida en la riada, sirva de ejemplo a todos los que estamos, a los que vuelvan y a los que vayan a venir a esta Cámara. Espero que los representantes de los verdaderos titulares de la soberanía nacional desempeñen esa vocación de servicio en interés general de todos los españoles, libres e iguales, con independencia de donde vivan y, como dice el himno y el escudo estatutario de mi tierra, que lo hagan por sí, por España y por la humanidad.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Romero.

Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor ministro del Interior.

El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Señor presidente, muchas gracias.

En primer lugar, para agradecer al conjunto de grupos parlamentarios las manifestaciones y, sin pretender anticipar el voto de ninguno de los grupos, el apoyo generalizado que se ha materializado y que es una manifestación propia del principio de solidaridad que nos une a todos los españoles. En segundo lugar, quería hacer una reflexión, que quizá venga bien para la próxima legislatura y que este Gobierno y este Ministerio del Interior han realizado desde el primer momento: es la necesidad de la prevención a la que he hecho referencia en primer lugar y también el conjunto de portavoces. El cambio climático, aunque se trate de negar por determinadas posturas ideológicas, es una realidad incuestionable. En determinados viajes -permítanme solamente un minuto- y, recientemente, en el de ayer, cuando estuve en el África subsahariana por otras cuestiones como son la emigración, he visto la preocupación de sus políticos por el tema de la protección civil. Piden ayuda para la cooperación y formación en materia de protección civil. Siempre he dicho, y tenemos aquí los resultados, que en la actualidad será más previsible que gran parte de la sociedad nos enfrentemos como víctimas a una catástrofe natural que no a otras situaciones tan trágicas como estas. Por eso, hago un llamamiento a esa política de prevención, de respuesta a cualquiera de estos acontecimientos para el futuro.

Finalmente, quiero referir también la preocupación por estos acontecimientos catastróficos que se han indicado, sucedidos posteriormente tanto en Cantabria como en Asturias. El real decreto-ley es de finales del mes de enero, pero prevé en sus artículos 1.2 y 1.3 la aplicación a todos los hechos catastróficos


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acontecidos hasta el 31 de marzo de este año 2019 y que se desarrollará reglamentariamente. Es evidente que el sentido y el espíritu es ese.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor ministro.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES:

- ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR ENTRE GHANA, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 28 DE JULIO DE 2016. (Número de expediente 110/000088).

- ENMIENDA PARA LA SUPRESIÓN DEL ARTÍCULO 124 DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, ADOPTADA EN LA HAYA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015. (Número de expediente 110/000089).

- CONVENIO MULTILATERAL PARA APLICAR LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS TRATADOS FISCALES PARA PREVENIR LA EROSIÓN DE LAS BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS, HECHO EN PARÍS EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, ASÍ COMO DECLARACIONES Y RESERVAS QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000090).

- ACUERDO DE ASOCIACIÓN GLOBAL Y REFORZADO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE ARMENIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. (Número de expediente 110/000091).

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 5 DE JUNIO DE 2017. (Número de expediente 110/000092).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE UN PROGRAMA DE MOVILIDAD DE JÓVENES, HECHO "AD REFERENDUM" EN BUENOS AIRES EL 10 DE ABRIL DE 2018. (Número de expediente 110/000093).

- INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 1986, HECHO EN GINEBRA EL 24 DE JUNIO DE 1986. (Número de expediente 110/000094).

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y RUMANÍA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCALES Y SU PROTOCOLO, HECHO EN BUCAREST EL 18 DE OCTUBRE DE 2017. (Número de expediente 110/000095).

- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS, HECHO EN MADRID EL 12 DE JUNIO DE 2018. (Número de expediente 110/000096).

- DENUNCIA DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES EN BARCELONA, HECHO EN MADRID Y TOKIO EL 28 DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente 110/000097).

- DENUNCIA DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y UBICACIÓN DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES EN BARCELONA, HECHO EN MADRID Y TOKIO EL 28 DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente 110/000098).


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- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN MATERIA DE COOPERACIÓN POLICIAL PARA LA SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, HECHO EN MADRID EL 26 DE JULIO DE 2018. (Número de expediente 110/000099).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, con números de expediente 110/88 a 110/99. De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, se abre un turno de tres minutos para que los grupos parlamentarios fijen su posición. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Bustinduy Amador.

El señor BUSTINDUY AMADOR: Gracias, presidente.

Intervengo desde el escaño de forma breve para fijar la posición de nuestro grupo en relación con alguno de estos convenios. En primer lugar, sobre el acuerdo de asociación económica con Ghana; ayer mismo tuvimos en esta Cámara la oportunidad de debatir sobre las nefastas consecuencias que el Acuerdo de asociación comercial con Sudáfrica ha tenido sobre sector el primario, especialmente en la región valenciana. Este tipo de acuerdos inciden en un modelo de relaciones comerciales asimétricas, desiguales, injustas, que tienen un tremendo impacto sobre sectores económicos fundamentales en nuestros países, que generan desigualdad y desempleo, presentan gravísimos déficits democráticos y, además, en el caso que nos ocupa, ponen en riesgo el principio de coherencia de las políticas para el desarrollo y, por lo tanto, nuestro grupo se opondrá a la ratificación de este convenio.

En segundo lugar, el Acuerdo fiscal con Cabo Verde también contará con nuestro voto negativo, por una sencilla razón: el marco de fiscalidad internacional empleado para suscribir este tipo de acuerdos de doble tributación está siendo sistemáticamente instrumentalizado por las grandes cooperaciones transnacionales, con el objetivo de, a través de mecanismos de ingeniería fiscal, hurtar recursos especialmente a los países en desarrollo. Además Cabo Verde está en la lista gris de paraísos fiscales de la Unión Europea. Nuestro país tiene su propia lista de paraísos fiscales y, según va concluyendo acuerdos con estos países, les va sacando de esta lista. Este es uno de los principales problemas que tenemos a la hora de prevenir y combatir el fraude fiscal internacional: que no existe una lista única ni coordinación de las acciones. En estos tiempos en los que tanto hablamos de amenazas a la democracia, el fraude fiscal internacional es la primera amenaza a la viabilidad de nuestros sistemas democráticos y de bienestar. Nos opondremos a este acuerdo también.

En último lugar, los dos acuerdos para la salida de nuestro país de la Universidad de las Naciones Unidas presentan un caso particularmente grave. Los recortes presupuestarios impuestos por el Partido Popular hicieron que España incumpliera sus compromisos de financiación de un organismo internacional con sede en Barcelona, pero la situación es todavía más grave, porque el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat se comprometieron a completar esa financiación, y el Gobierno del Partido Popular tardó dos años en firmar el papel que hacía viable esa subsanación de los fondos. Nos encontramos hoy con que un organismo internacional va a abandonar nuestro país por esa dejación de funciones inexplicable del Gobierno del Partido Popular. Nos vamos a abstener porque entendemos la voluntad de este organismo de buscar una sede que haga viable su trabajo, pero es triste para la proyección exterior de nuestro país, es triste para el papel que queremos desempeñar en el sistema multilateral, que un organismo de las Naciones Unidas tenga que abandonar nuestro país, porque el Gobierno anterior no cumplió sus compromisos presupuestarios, y cuando se encontró una manera de subsanar ese problema tardó dos años en firmar el papel que lo hacía viable. Por lo tanto, nos abstendremos en esos dos acuerdos. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bustinduy.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Pons Sampietro.

El señor PONS SAMPIETRO: Muchas gracias, presidente.

En primer lugar, vamos a empezar por el final. El Grupo Socialista va a dar apoyo a los dictámenes, tal y como hizo en la Comisión de Exteriores. Sobre el acuerdo de Naciones Unidas que acaba de mencionar el señor Bustinduy, en 2010 España y la Universidad de Naciones Unidas firmaron el acuerdo que estableció el Instituto Internacional de la Universidad de Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona. Por una adenda de 2016 pasó a denominarse Instituto de la Universidad


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de Naciones Unidas para la Globalización, la Cultura y la Movilidad, y se establecieron los compromisos anuales para el periodo 2016/2018, que ya ha finalizado, donde había efectivamente cuatro patas, como ha dicho señor Bustinduy, el Ministerio de Educación, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Generalitat de Catalunya. La adenda se completó en 2016 por un convenio de colaboración interadministrativo, entre estas cuatro administraciones, y ha habido una inyección de España en este proyecto, pero desde su establecimiento hay que decir que el camino ha sido difícil, tortuoso, complejo, y digamos que los frutos no han sido los esperados por ninguna de las dos partes. Por tanto, se ha decidido la finalización de ese acuerdo.

Con respecto al acuerdo de asociación económica con Ghana, dentro del marco de los acuerdos de Cotonou con la Comunidad Europea, el acuerdo persigue que se tenga un acceso reforzado al mercado europeo, pero que además promueva la integración, la cooperación y la reducción de la pobreza. El Grupo Socialista cree que este acuerdo se enmarca dentro de los objetivos tradicionales de la política exterior de España y que promueve la integración, la reducción de la pobreza -como decía antes- y el crecimiento sostenible.

Por último, el convenio entre España y Cabo Verde para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal tiene por objeto facilitar la cooperación entre las respectivas autoridades fiscales en el desempeño de sus funciones, y habilita a ambos Estados para un nivel significativo de intercambio de información tributaria y también bancaria. Por tanto nosotros vamos a dar apoyo a todos los convenios y a estos especialmente.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Pons.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Roca Mas.

El señor ROCA MAS: Muchas gracias, presidente.

Debatimos convenios internacionales del Gobierno de España, y una vez más la izquierda populista vota contra los intereses de España, contra el comercio y contra nuestras relaciones exteriores. Sé que no les gustan los españoles, pero, ¿qué les han hecho los pobres ghaneses o los pobres caboverdianos? Y es que en el nuevo tablero internacional -que se dibuja ya no tan difuso- hay dos bloques: nosotros, los que estamos con la libertad, la democracia y el bienestar y el progreso de las personas, y ustedes, los que están por controlarnos, planificarnos y subyugarnos a todos. Comparten bloque con los de las fake news, contra España y por el procés, es el bloque de las teocracias, de las dictaduras... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Les ruego silencio, señorías. Continúe.

El señor ROCA MAS: Forman parte ustedes del bloque de los que quieren destruir la Unión Europea de la paz y la democracia. También el bloque de la doble moral, porque votan hoy ustedes contra el comercio con Ghana, pero vimos a uno de sus líderes cocinando y al fondo se veía un electrodoméstico capitalista, de 1200 euros -debe ser por aquello de que los animales son todos iguales, pero ustedes son más iguales que los otros-, y vistiendo un chándal de la dictadura socialista de la Alemania del Este. Votan ustedes contra el comercio y hacen homenaje al genocida Stalin. Es sencillamente escalofriante. Vimos también ayer a un portavoz suyo con una camiseta por Maduro, por los que hace veinte años desembarcaron en el país de mi infancia, en Venezuela, el más bonito y rico del mundo y que ahora, por su culpa, es el más pobre. Sus discursos ya no valen porque su foto será siempre la de la barrera de camiones cisterna para volar la ayuda humanitaria. Pero el problema no son ustedes -en todos los países hay gente que defiende ideas equivocadas-, el problema es el Partido Socialista y su triple alianza del resentimiento, con la que pacta desde la moción de censura y con la que seguirá pactando.

Encaramos cien días de la campaña más fácil de la historia de España. Los españoles decidiremos -eso sí, en dos turnos- si en verano ponemos a gobernar toda España y sus ciudades al Partido Socialista de la triple alianza de nacionalistas, populistas y socialistas, la alianza de las peores ideas del siglo XIX, los peores sentimientos del siglo XX y las fake news del XXI, o si por el contrario ponemos a gobernar al PP, que crea empleo, aumenta el bienestar y trae progreso, al de las ideas de humanidad, humanismo, libertad y democracia. En otras palabras, decidiremos sobre si nos gobierna el bloque del supremacista Quim Torra, el terrorista Arnaldo Otegi, el dictador Nicolás Maduro o el ultrarradical Sánchez Pérez-Castejón, o un Gobierno del PP, a favor de la Unión Europea, de la paz y la España... (Protestas).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías, silencio.

El señor ROCA MAS: ... de la democracia.

Señorías, vienen unas elecciones y nosotros haremos campaña con tres vivas: viva la Unión Europea y el comercio; viva la España que va bien, y visca catalunya lliure de nacionalisme. (Un señor diputado: ¡Muy bien! ¡Muy bien, Jordi!-Aplausos).

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROPOSICIÓN DE LEY DE DEROGACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PREVISTO PARA LA INSTRUCCIÓN EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. (Número de expediente 122/000086).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continuamos con el siguiente punto del orden del día, correspondiente al debate de totalidad de la proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. A esta proposición de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Rojas García.

El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, proponemos una enmienda a la totalidad con texto alternativo. No hay motivo para derogar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sí se puede mejorar, y es precisamente lo que traemos en nuestro texto alternativo.

Verán, señorías, el Gobierno del Partido Popular puso en marcha en el año 2015 el nuevo 324 de la Lecrim para cumplir con un mandato constitucional recogido precisamente en el artículo 24.2 de la Constitución, que dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a un proceso sin dilaciones. En el mismo tenor se expresa el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, artículos 5 y 6, que habla de un procedimiento penal sin plazos excesivos. Pues bien, señorías, eso es lo que hace este 324 que algunos quieren derogar: marca plazos razonables para que un juicio no dure diez o doce años, es decir, nadie entiende que un procedimiento judicial pueda durar tanto tiempo. Por tanto tenemos que ser ambiciosos para conseguir una justicia eficaz y ágil, y por eso el Gobierno del Partido Popular en 2015 hizo esta propuesta, una propuesta que está en conexión con los principios constitucionales antes mencionados, y que por tanto no se debe derogar. Son principios básicos que tenemos que mantener y tenemos que mejorar.

Señorías, algunos partidos han basado su política en derogarlo todo: derogar el 324, derogar la Ley de Educación, derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, luego nos hemos enterado que por debajo de la mesa querían derogar también España, pero eso no va a ocurrir, señorías; eso no va a ocurrir porque está aquí el Partido Popular para defender nuestra Constitución y nuestra democracia. (Protestas.-Aplausos). No, señorías. Se ríe la señora Montero, pero no es una hipérbole, es que lo hemos visto todos los españoles: la foto del señor Sánchez con los independentistas que quieren romper España la ha visto toda España, y ahora los españoles se van a pronunciar sin duda sobre lo que han visto y lo que han sentido, señorías.

En definitiva, señorías, el 324 es una regla general de plazo máximo de instrucción de seis meses para causas sencillas, dieciocho meses para causas más complejas, que se pueden prorrogar otros dieciocho meses, es decir, tres años, pero además hay otra cláusula que dice que puede haber incluso una segunda prórroga a juicio del juez instructor. ¿Dónde está la impunidad que ahora seguramente -con grandes alharacas- dirán que existe en este artículo? Sencillamente no existe si hablamos en estrictos términos jurídicos, y no hacemos demagogia política con algo de la justicia, algo que desgraciadamente estamos habituados a escuchar en esta Cámara. Este 324 del 2015 instaura la cultura de los plazos en el derecho penal a sabiendas, señorías, de que los plazos son los mandatarios del tiempo, que es un doctor muy grande, porque cura muchas cosas, pero también ejerce su dictado de forma implacable, y lo hace en todos los órdenes de la vida, también obviamente lo hace en el derecho.

Pero, más garantías, por si esto fuera poco. En la ley vigente hay otra disposición que elimina cualquier riesgo de impunidad por el transcurso de los plazos, al excluirse que su agotamiento dé lugar al archivo automático de las actuaciones. Esta reforma de 2015, señorías, era una reforma lógica que había que instaurar, y el Partido Popular tuvo la valentía de instaurarla y llevarla a la Cámara; no debe haber causa con una instrucción de diez años o más de diez años. Una justicia lenta no es justicia, las víctimas no pueden esperar tantos años a ser resarcidas, y los investigados no pueden recibir una pena de banquillo


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que se lleve sus vidas y su honor por delante. El ejemplo lo traía muy bien a esta Cámara hace unos meses el diputado Avelino cuando hablaba del caso de corrupción del Partido Socialista en Estepona, el caso Astapa: diez años de instrucción, señorías, 95 investigados, pero 39 fueron exculpados. Muchos de sus compañeros de la bancada socialista en Andalucía decían entonces que eso era inadmisible en una justicia que tendría que ser ágil y eficaz, y es verdad, tenían razón, ¿quién puede resarcir el honor de estos 39 inocentes que vivieron diez años con la espada de Damocles sobre sus cabezas? ¿O la de miles de ciudadanos que se han topado con denuncias falsas? O en Galicia, como me recordaba mi compañero el diputado Miguel Lorenzo, donde 30 alcaldes y concejales de todos los partidos han sido exculpados en distintos procedimientos que han durado ocho y diez años. ¿No les parece, señorías, que no podemos quedar, como legisladores, indiferentes a todo esto? Les aseguro que aun en estos turbulentos días el honor de las personas sigue siendo un patrimonio muy valioso que este grupo político piensa cuidar y defender por encima incluso de sus propias siglas.

Porque ya está bien, señorías, de doble vara de medir. Esta propuesta derogatoria no va a ver la luz, es obvio, pero sí quedan las palabras y quedan los hechos, y algunas han sido hirientes y fútiles, se alojan en debates que sollozan como plegarias que se desvanecen en discursos huecos y en medias verdades. ¿En qué balanza de la justicia queda ver a un presidente del Gobierno dar un mitin de veinte minutos antes de anunciar con solemnidad la convocatoria electoral adelantada? Ahora que hablamos de justicia, señorías, ¿qué sentido de la justicia puede tener un presidente del Gobierno que miente sobre la justicia, y que como prólogo del acto más higiénico e institucional que tiene que existir en democracia como es el solemne anuncio de una convocatoria electoral, que solamente puede hacer él porque solamente él tiene ese privilegio, se jacta de que puso una moción de censura porque una sentencia declaró corrupción en el PP, cuando en la sentencia no había reproche penal alguno y la sentencia no es firme?

Otrosí digo, señorías, usando términos jurídicos, ¿qué clase de dirigente puede sostener esto la misma semana que la Audiencia Nacional atribuye al Partido Socialista e Izquierda Unida la participación a título lucrativo en el escándalo de Fitonovo, es decir, la misma figura jurídica que el caso Gürtel, según el cual el señor Sánchez puso la moción de censura? (Aplausos). Seamos claros, hablemos sin doble vara de medir, actuemos de forma objetiva en estrictos términos jurídicos, y legislemos para el futuro de los españoles, no para el futuro político de los partidos. Legislemos con responsabilidad, señorías. Y este 324 ha tenido muchísima responsabilidad. A la justicia se la respeta y el que gobierna la tiene que hacer respetar. Sin embargo aquí nos hallamos ante el presidente del Gobierno que es capaz de pactar con otro que dice que no admitirá la resolución que salga del Tribunal Supremo en el caso del procés. Es que el señor Torra ha dicho eso, dice que se rebela ante una decisión de la justicia, y con ese señor quiere pactar el señor Sánchez, y ha dicho que lo volvería a hacer. El señor Torra ha dicho que hablamos el idioma de las bestias y que tenemos un bache en el ADN. Eso, señorías, lo ha visto toda España. Por tanto pedimos más responsabilidad al Partido Socialista y que actúe en consecuencia de lo que queremos la mayoría de los españoles, que es una convivencia en libertad y siempre con los criterios de nuestra Constitución, señorías. (Aplausos).

Señorías, después de todo lo que está pasando, quiero pensar que el presidente del Gobierno es rara avis y, como decía Cervantes, una golondrina no hace verano, pero esto es lo que tenemos y en términos de debate de justicia tenemos mucho que mejorar, pero es o sería conveniente que en el futuro se apartara la demagogia política y partidista a la hora de legislar, y a la hora de hacer futuro en un servicio público que es esencial y se está demostrando en estos años afortunadamente, que es un pilar del Estado de derecho, como es la justicia.

Señorías, esta reforma está funcionando. Se han sacado adelante en estos tres años cientos de miles de expedientes que dormían el sueño de los justos. Se han resarcido derechos, se han dictado sentencias y se han agilizado procedimientos penales, y es cierto que ha habido críticas, claro que sí, porque, como todo en la vida, todo es mejorable y lo sabemos, nos hemos reunido con los operadores jurídicos para mejorar este texto normativo, pero también hay que decir que ha habido alabanzas importantes al 324. Señorías, lo que es seguro es que es mejorable, como muchas cosas en la vida; como la propia ciencia perfecciona sus avances el legislador tiene que perfeccionar sus normas. Estos tres años han servido para mucho, se ha auditado la reforma, y la realidad nos ha dado un campo de experiencia nada desdeñable, que aspirábamos a compartirla juntos, sí, con toda la Cámara, y ahí está nuestra portavoz de Justicia, María Jesús Moro, que ha hecho un trabajo extraordinario por concitar esa unión de todos para hacer un gran pacto por la justicia. (Aplausos).


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¿Pero qué ha ocurrido, señorías? ¿Qué ha ocurrido? Lo hemos visto y ustedes lo saben, señorías. Ha ocurrido que los que hoy proponen derogar ayer se levantaban abruptamente de la subcomisión de Justicia donde pretendíamos alcanzar ese gran pacto que nos demandan los españoles. Ha ocurrido que los que hoy gobiernan hacían saltar el pacto parlamentario por los aires, porque eligieron otra vía, otro pacto extraparlamentario con los que quieren romper España, y además un pacto extramuros de la Constitución.

En nuestro texto que defendemos hoy, señorías, mejoramos la reforma y planteamos una comunicación obligatoria del instructor al ministerio fiscal un mes antes de concluir los plazos. También junto al concepto de instrucción compleja proponemos un nuevo concepto de instrucción prorrogable, cuando las pericias de prueba o la investigación se retrasaran en la ejecución. Este concepto habrá de ser motivado por el instructor, en el que los legisladores confiamos. Aquí no hay impunidad, confiamos en la justicia, señorías, apoyamos la justicia. Aquí no hay impunidad, ni con esta norma ni con ninguna, y no la hay porque tenemos una Constitución que nos obliga a todos, que no es a la carta, sino que es una Carta Magna en sí misma, que permanece como raíz de una España unida. Quien pretenda atacar esa raíz nos va a atacar a todos, porque en todos nosotros reside la soberanía, en todo el pueblo español. Por eso, señorías, en estos momentos más que nunca, como decía mi compañero Jordi Roca, vamos a combatir el populismo, vamos a combatir el ataque a las instituciones. Y lo vamos a hacer en las urnas y luego lo vamos a hacer en el Gobierno, con toda la ley y con todo el derecho. Ni España nos roba ni hay impunidad ni hay relatores que valgan, señorías. Se acabó la farsa, los únicos relatores son los españoles, que han sacado adelante a este país durante estos cuarenta años, con mucho esfuerzo, con mucho sudor y con mucha concordia. (Aplausos). Esos son los relatores de nuestra democracia, de nuestra Constitución y de nuestra historia, desde Barcelona hasta Huelva, desde A Coruña hasta Almería, desde Bilbao hasta Granada. Y quien mantenga lo contrario, señorías, que lo explique, pero que lo explique con transparencia, diciendo la verdad a todos los españoles. Porque aquellos que hicieron una moción de censura para traer la transparencia a nuestro país, lo que han traído son pactos bajo la mesa que quieren romper España y la Constitución. Que lo sepa toda España, si es eso lo quieren para volver a pactar con ellos, que se lo digan mirando a la cara a todos los españoles, que ejerzan la transparencia que predicaban.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Rojas.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, como ustedes saben, en el mundo encontramos diversos tipos de Estados: tenemos el Estado centralista, tenemos el Estado federal o confederal, y tenemos el Estado al que hemos llegado, porque lamentablemente vivimos en un Estado donde las prioridades de gasto están pervertidas en perjuicio de las personas. En 2018 los Presupuestos Generales del Estado que elaboró el anterior Gobierno, del Partido Popular, incluyeron 2800 millones de euros para los programas especiales de armamento; y en 2019 el proyecto frustrado de Presupuestos Generales del Estado, presentado por el Partido Socialista, incluía 2164 millones de euros para esta partida. Esta alegría en el gasto belicista repercute directamente en las penurias de la justicia. Dense una vuelta por los juzgados de nuestro país, especialmente por los de localidades pequeñas, y verán la escasez de medios con que se trabaja. Por eso resultan ridículas las pretensiones contenidas en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre limitación a seis meses del plazo general para la instrucción. En muchos sitios no hay medios para cumplir con este plazo. Y el propio artículo 324, en su apartado segundo, ya produce sonrojo cuando enumera los supuestos excepcionales en que podrá ampliarse ese plazo, porque desvela la impotencia de nuestro sistema judicial para abordar en tiempo situaciones ahora tan corrientes como, por ejemplo, la investigación de grupos criminales o la revisión de la gestión de personas jurídicas, excepciones que muestran un sistema judicial propio de un país pobrete o, mejor dicho, de un país que no tiene claras cuáles han de ser sus prioridades de gasto. Por ello, y mientras que los que tengan responsabilidades de gobierno no se aclaren sobre las prioridades que benefician a las personas, es mejor que deroguemos ese artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en beneficio del principio de igualdad y del principio de seguridad jurídica. Por tanto Compromís apoyará esta proposición de ley.

Para concluir me gustaría acabar el discurso que mi compañero Joan Baldoví no ha podido concluir antes, porque en ese discurso nos lamentábamos de la denigración a la que se somete a la televisión


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pública de los valencianos, À punt, por parte del señor Cantó, que la llama reiteradamente 'telecompromís'. Señor Cantó, en esa televisión que usted denigra yo he visto noticias suyas, he visto entrevistas a usted y a otros miembros de Ciudadanos, del Partido Popular y de todos los partidos, así que le pido públicamente que respete el trabajo de los profesionales; que no ensucie su nombre con burdas mentiras y descalificaciones soeces; que haga política de una manera digna, limpia y honorable; y, por favor, que deje el fango en los pantanos. Señor Cantó, si usted se retirara los auriculares de los oídos, a lo mejor estaría oyendo lo que en esta tribuna le estaba diciendo para concluir la intervención de mi compañero Joan Baldoví.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Debatimos sobre la enmienda a la totalidad con texto alternativo del Grupo Parlamentario Popular a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, de derogación del plazo máximo de instrucción establecido en el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que tomamos en consideración el 9 de mayo de 2017 en este Pleno del Congreso de los Diputados. Señorías, lo primero que queremos poner de manifiesto en este debate es el tiempo transcurrido desde que tomamos en consideración la proposición de ley hasta el día de hoy en que debatimos esta enmienda a la totalidad. Han pasado casi dos años, y ha habido nada menos que sesenta y tres prórrogas del plazo de enmiendas, promovidas todas ellas por el Grupo Parlamentario Popular y por Ciudadanos.

Podemos afirmar sin error que esta proposición de ley ha sufrido y está sufriendo un auténtico bloqueo parlamentario a manos del Grupo Parlamentario Popular y de Ciudadanos de una manera sistemática y coordinada. Incluso esta misma semana se ha vuelto a prorrogar el plazo de enmiendas, también a petición conjunta del Grupo Parlamentario Popular y de Ciudadanos, la sexagésima tercera vez que lo hacen. Sorprende que sea precisamente Ciudadanos el que esté empeñado en bloquear esta proposición de ley, si nos atenemos a lo que dijo durante su toma en consideración en esta Cámara en mayo de 2017, así como en distintos documentos de su partido, tales como programas electorales, acuerdos de gobernabilidad, iniciativas parlamentarias y un largo etcétera. En aquella toma en consideración Ciudadanos afeaba la conducta a Podemos -cito literalmente- por haber reproducido tarde y mal una iniciativa cuya paternidad no le concernía. Se lo decía porque la derogación del artículo 324 ya estaba siendo tramitada a través de la proposición de ley integral contra la corrupción y protección del denunciante, a iniciativa de Ciudadanos. Sin embargo, y a la par que les afeaba la conducta, les felicitaba por traer al Pleno una iniciativa que -decían literalmente- estaba íntimamente ligada a la lucha contra la corrupción, pues la derogación del artículo 324 -continuaban- era imprescindible por mermar este la posibilidad de abordar causas complejas como las que habitualmente conciernen a los entramados corruptos. Remachaba su intervención la portavoz de Ciudadanos recordando a las señorías del Grupo Parlamentario Popular lo que reclamaban las asociaciones de jueces y fiscales al Ministerio de Justicia respecto a la suspensión de la entrada en vigor de la reforma, pues iba a provocar la impunidad de hechos delictivos que debieran ser castigados, para seguidamente también recordar a la señorías del Grupo Parlamentario Popular el archivo del caso Pasarela, relativo al expresidente de Murcia. Sin embargo todo lo que Ciudadanos dijo en aquel no tan lejano mayo de 2017 en esta Cámara, refiriéndose al artículo 324, no le ha impedido oponerse sistemáticamente a la tramitación parlamentaria para su modificación, y precisamente de la mano del Partido Popular y en nada menos que en sesenta y tres ocasiones.

Y por si no fuera poca la incongruencia de Ciudadanos, a la vez que firmaba junto al PP prórrogas a los plazos de enmiendas, bloqueando metódicamente la tramitación de la reforma, en el mes de octubre pasado, parlamentariamente hace casi nada, y con ocasión de una PNL del PSOE, volvía a reclamar -eso sí, enfáticamente- la derogación del artículo 324 para abordar la lucha contra la corrupción. Vamos, que no se entiende que si en mayo de 2017, según palabras de Ciudadanos, era imprescindible la derogación del referido artículo 324, porque impedía el combate contra la corrupción, sin embargo decidieran bloquear hasta hoy mismo, junto a su autor, el Partido Popular, la revisión de este artículo y por ende permitan a sensu contrario que la corrupción no sea eficientemente combatida.

Señorías de Ciudadanos, supongo la perplejidad en la que tienen que estar sumidos sus seguidores por su comportamiento parlamentario, solo comparable con la del apóstol Felipe cuando le decía al Señor: Cuanto menos te entiendo, más creo en ti, después de que aquel les dijera al final de una cena: hoy me


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veréis, mañana no me veréis y luego volveréis a verme. En fin, "cosas veredes, amigo Sancho, que farán fablar a las piedras".

Y por lo que se refiere al Partido Popular solo quiero preguntarle si era preciso bloquear durante casi dos años la iniciativa de Podemos para precisamente ahora traer al Pleno, una vez la legislatura está acabada materialmente, esta enmienda a la totalidad que podría haber articulado hace ya mucho tiempo como enmienda parcial, sin necesidad de este bloqueo a través de sesenta y tres ampliaciones y durante casi dos años. A esto solo se le puede llamar postureo.

Por nuestra parte -voy finalizando, señor presidente- quiero señalar que nos opondremos a esta enmienda a la totalidad, y en aras de la brevedad y dado el momento postrero de esta XII Legislatura, damos por reproducido lo que ya sostuvimos ante este Pleno respecto al vigente artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a la hora de la toma en consideración de la iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Muchas gracias, señorías; muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Telechea. (Pausa). No está presente. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez Balsera.

El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Dudaba yo si tomar la palabra o no, porque el señor Legarda nos ha dedicado toda su intervención, y bien parecía que fuera él el que marcara la posición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Pero conviene aclarar algunas cosas.

Durante el año 2015 el Gobierno del señor Rajoy se dio cuenta de que nuestra justicia tenía algunos problemas; descubrieron que los procedimientos judiciales se alargaban mucho en unos juzgados infradotados de medios materiales y humanos y con una gran sobrecarga de trabajo. ¿Y cuál fue la solución propuesta por el Gobierno del señor Rajoy? ¿Fue traer a la Cámara una nueva y necesaria Ley de Enjuiciamiento Criminal? No. ¿Fue dotar de más y de mejores medios humanos y materiales a nuestros juzgados y tribunales? Tampoco. Su solución fue limitar los plazos de instrucción, decirle a nuestros jueces, a nuestros fiscales y a nuestros funcionarios: tienen ustedes que hacer el mismo trabajo que venían haciendo, pero en menos tiempo. Lo más grave, señorías del Grupo Popular, es que ustedes no han tenido la humildad de reconocer que su reforma no ha tenido los efectos esperados, que ha sido ampliamente criticada por cuanto abría la puerta a que algunas causas pudieran quedar impunes por el transcurso de esos plazos o, por el contrario, llegaran a juicio como una instrucción incompleta y deficiente, y se mantienen en sus trece con esta enmienda a la totalidad.

Dicen en el texto de su enmienda que la reforma ha sido beneficiosa para la justicia, que derogando esta limitación del artículo 324 volveremos al 2015, y, cito literalmente: "a una justicia lenta e incapaz de resolver en plazos razonables asuntos pendientes". ¿Así es como ustedes definen la Administración de Justicia que gestionaba el Gobierno de la mayoría absoluta del Partido Popular, una justicia lenta e incapaz? Les recuerdo que era su responsabilidad, señorías, ustedes gobernaban entonces. (Aplausos). Creo que no han comprendido que el problema no es cuánto dura la instrucción sino por qué dura tanto. Seguramente, la clave esté en nuestro modelo del juez instructor, un juez inquisidor y garante al mismo tiempo, y quizá la reforma que deberíamos plantearnos en el futuro es la de transitar al modelo del fiscal investigador. Pero antes de plantearnos una reforma de tal calado hay que reforzar la autonomía del ministerio fiscal y hay que reforzar la independencia judicial. Sabemos que esto no le interesa al Partido Popular, un partido que tiene mucho más interés en controlar la Sala segunda desde atrás, como decía el señor Cosidó, contando para ello, eso sí, con la inestimable ayuda y colaboración del Partido Socialista, siempre dispuesto a repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial, siempre dispuesto a torpedear las iniciativas que Ciudadanos ha traído a esta Cámara para reforzar la autonomía del ministerio fiscal y la independencia del Poder Judicial. Iniciativas como nuestra proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y protección del denunciante, una proposición de ley que contiene la derogación de los plazos de instrucción del artículo 324, una proposición de ley que se registró el 15 de septiembre de 2016, hasta seis meses antes de la que estamos debatiendo hoy. Se trata de una ley fundamental para la regeneración de España y para la lucha contra la corrupción en los partidos que, desgraciadamente, no va a ver la luz en esta legislatura. Así que no me hable, señor Legarda, de bloqueo, porque el único bloqueo es el que hace el bipartidismo de siempre con su no anuencia a las reformas que necesita este país. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista presentaron enmiendas de supresión a la


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disposición final de nuestra proposición de ley integral de lucha contra la corrupción que contiene precisamente la derogación de los plazos máximos de instrucción. Es muy habitual que esto suceda, es muy habitual que el Partido Socialista y el Partido Popular pacten juntos en materia de justicia y en materia de corrupción. Les recuerdo, señorías del PSOE, que no solo han pactado repartirse los vocales del Consejo General del Poder Judicial como si fueran cromos, sino que ustedes pactaron con el PP que el señor Rajoy no viniera a la Comisión de investigación en esta casa. (Aplausos). Sabemos perfectamente que para ustedes justicia y lucha contra la corrupción no son cuestiones importantes y por eso se permiten pactar con el Grupo Popular. Sabemos que para lo importante, para formar Gobierno, para aferrarse a la Moncloa, ustedes prefieren pactar con los populistas y los independentistas.

Hablando de populismo, termino dirigiéndome al Grupo Confederal de Unidos Podemos, el grupo proponente de la iniciativa, que se presenta en la exposición de motivos prácticamente como un adalid de la justicia. Pues, miren, eso igual colaba antes de que ustedes se sentaran a repartirse los vocales del consejo con el PP y con el PSOE, pero ya no cuela, ya no se lo cree nadie. (Aplausos). Pero es que además ustedes abandonaron el Pacto de Estado por la Justicia sin ninguna razón, como después abandonaron el Pacto por la Educación y como el martes pasado rompieron el Pacto de Toledo. (Aplausos). Así que sabemos exactamente lo que a ustedes les importa la justicia, les importa lo mismo que la educación y que las pensiones, nada, no les importa nada. Por tanto, nuestra postura en esta cuestión ha sido siempre clara e invariable: vamos a votar en contra de esta enmienda a la totalidad con texto alternativo que bien parece una enmienda con devolución del texto porque en realidad no cambia prácticamente nada acerca de la regulación actual, porque nosotros sí, repito, nosotros sí queremos reformar el 324 y acabar con el plazo máximo de instrucción.

Muchas gracias, señorías, muchas gracias a la Presidencia por su labor, muchas gracias a todos los empleados que trabajan en la Cámara y muy especialmente a los técnicos y asistentes del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y, por supuesto, muchas gracias a todos ustedes, señorías. He aprendido mucho de todos y cada uno de ustedes en los trabajos que hemos compartido. Gracias de corazón. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Gómez Balsera.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Elizo.

La señora ELIZO SERRANO: Buenos días, señorías, buenos días, presidente.

Sí, la historia de la modificación, derogación o como quieran llamar al artículo 324 es la historia de una infamia. En la larga historia de sus vicios quedará la mancha horrenda de esta reforma. La proposición de ley de la que trae causa esta enmienda a la totalidad fue aprobada a iniciativa de mi grupo parlamentario hace aproximadamente dieciocho meses. Aprovechando las prórrogas en los plazos de presentación de enmiendas y en contra de lo manifestado por la mayoría de esta Cámara, no se va a aprobar esta propuesta, la derogación de un solo artículo. Un artículo que ustedes, con el amparo de su mayoría absoluta y ante el acoso de la realidad de su corrupción, impusieron a una atónita sociedad contra el criterio de toda la sociedad jurídica, la queja de los operadores y el desprecio de una sociedad cada vez más atónita. Como en todo crimen perfecto, para encubrir unos pocos expedientes, los que en realidad les interesaba que naufragaran en la burocracia del proceso penal y la injuria material de medios, hicieron que la fiscalía tuviese que examinar en tiempo récord miles de causas, provocando un auténtico caos y un desplazamiento de la atención de la ya de por sí maltratada Administración de Justicia. Les llovieron las críticas como golpes que se fueron estrellando en el muro impenetrable de su cinismo. Al fin y al cabo, ustedes mandaban y mandaban mucho, manejaban carreras, cargos y prebendas.

Somos conscientes de que, de por sí, esta derogación no es suficiente para una adecuada Administración de Justicia como un auténtico servicio de calidad, pero este artículo sí que impide su funcionamiento normalizado. Digamos claramente que su intencionalidad no puede ser otra que la impunidad. La enmienda que presenta el Grupo Popular es más de lo mismo, una llamada grosera a la impunidad. Señorías, nosotros seguimos abogando por la derogación de este artículo, cuestión que debería ser pacífica y asumida. La mayoría de esta Cámara lo lleva en su programa electoral. No entendemos cómo Ciudadanos en esta operación ha consentido hacerle el juego al Partido Popular, con sus imprescindibles e incomprensibles prórrogas. Seguimos -este es un hecho- ante dificultades serias para que los jueces y fiscales puedan desarrollar su labor, y ustedes lo saben. Acortar los plazos de investigación sin incrementar los medios, en la situación real de la Administración de Justicia equivale a


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introducir serias dificultades para que la investigación de delitos se complete en los plazos previstos. Ello tendrá especial incidencia en las instrucciones más complejas, como suelen ser los grandes delitos patrimoniales, de defraudación, de corrupción y de criminalidad organizada. La ciudadanía puede pensar, legítimamente, qué habría sido de los grandes casos de presunta corrupción que se investigan en este país y qué resultado habrían tenido de tener que juzgarse o archivarse en estos plazos de seis o dieciocho meses. La reforma demostró legislar de espaldas a la realidad. La vigencia del artículo 324 ha supuesto el archivo de numerosas causas, lo que directamente es un artificio tramposo de impunidad. Pero no solo en casos de corrupción, como el caso Pasarela en Murcia por la adjudicación en 2006, en la que resultó implicado Pedro Antonio Sánchez, o la causa seguida contra Rafael Montero y Francisco Márquez por adjudicaciones en Ceuta, o las adjudicaciones irregulares en La Alhambra, sino también en causas relacionadas con el crimen organizado e incluso, a modo de ejemplo, dos causas de violencia contra la mujer en A Coruña o Tarragona.

Saben que a día de hoy es imposible instruir muchas causas penales en un plazo de seis o dieciocho meses. Saben que, en la mayoría de los asuntos que precisen algo más que el atestado y la declaración de un investigado y de la víctima o testigo -es decir, informes periciales, documentación y ya no digamos si hablamos de comisiones rogatorias-, es materialmente imposible que se instruyan en seis o dieciocho meses. Saben que su reforma restableció un coste económico cero, pero con un alto coste en derechos, en este caso la tutela judicial efectiva amparada por el artículo 24 de la Constitución. Saben que dejar la prórroga en manos únicamente del ministerio fiscal es una falta de coherencia en un sistema en el que todavía el juez es instructor, el que investiga y el que sabe que muchas de las causas complejas son precisamente tramas de corrupción política, lo que puede llevar a la impunidad de hechos en los que cabe incluir los que previsiblemente son de mayor gravedad o de mayor complejidad en el Código Penal. Lo saben porque seis asociaciones judiciales y fiscales pidieron la suspensión de la entrada en vigor antes de que se consumara este despropósito calificando públicamente la reforma de auténtica ley de punto final, un auténtico artículo para la impunidad; porque el Consejo General de la Abogacía también lo pidió en su día al Ministerio de Justicia, ante la entrada en vigor de la reforma; porque las conclusiones de la XXV Reunión Nacional de Jueces Decanos de España, en el apartado tercero dijo literalmente respecto de esta reforma: Va a tener un efecto sumamente negativo, como es el establecimiento de plazos límite en la instrucción, medida de evidente carácter voluntarista que nada soluciona ni aporta... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Elizo. Señorías, les ruego silencio.

La señora ELIZO SERRANO: ... cuando su causa radica precisamente en la permanente escasez de personal y medios, así como en leyes anticuadas que aplicamos al proceso penal y que, Gobierno tras Gobierno, nadie se atreve a modernizar. Lo saben porque, en palabras de la Unión Progresista de Fiscales, la reforma del 324 ha resultado una operación de mero marketing ministerial en un fracasado intento por terminar con las desdeñadas, por todos, dilaciones indebidas en los procedimientos.

La verdad es que no hemos sido capaces -y varios grupos de esta Cámara, entre ellos, Ciudadanos, que no ha parado de solicitar prórrogas a esta ley-, de culminar una ley que desate las manos a los jueces y a los fiscales de nuestro país para que puedan luchar contra la delincuencia económica y contra la corrupción, que es hoy uno de los escándalos más importantes que está socavando la democracia de nuestro país. Al igual que han hecho las asociaciones de jueces, fiscales y otros operadores jurídicos, le pedimos al Gobierno socialista que derogue este artículo por real decreto ahora que nuestra proposición de ley va a decaer gracias al Partido Popular y al grupo de Ciudadanos. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Elizo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rallo Lombarte.

El señor RALLO LOMBARTE: Gracias, señor presidente.

Señorías, en 2015, el Partido Popular reformó la Ley de Enjuiciamiento Criminal buscando la impunidad de sus encausados por corrupción. Con la grosera excusa de agilizar la justicia penal, el Partido Popular impuso plazos a jueces y fiscales para finalizar las instrucciones penales. Todo el mundo de la justicia contestó la que se dio en llamar ley de punto final de la corrupción. Fiscales, abogados, jueces, todos denunciaron esta maniobra del Partido Popular para sobrellevar su agónica existencia por la multiplicación de sus causas penales.


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El Partido Popular lo había intentado todo, recurrió a policías corruptos para entorpecer y dinamitar investigaciones policiales, instrumentalizó la fiscalía a través de los nombramientos, desató campañas contra jueces para desprestigiarlos y deteriorar la legitimidad de sus actuaciones. Pero nada parecía suficiente en su desesperación, había que agotar todas las posibilidades y nada más sencillo que aprovecharse de uno de los males endémicos de nuestra Administración de Justicia: la falta de medios. Eran plenamente conscientes de la complejidad de las causas judiciales por corrupción, tramas organizadas, decenas de integrantes, cuentas bancarias en paraísos fiscales, testaferros, un modus operandi reproducido en todas las causas penales vinculadas a la corrupción del Partido Popular. Lo hemos visto en infinidad de ejemplos del 'paquí pallá'. El 'paquí pallá' nos lo refrescaba hace pocos días el caso Erial, con Eduardo Zaplana al frente, una red corrupta de dieciocho integrantes que se apropió de casi 11 millones de euros, comisiones ilegales procedentes de la adjudicación de ITV y parques eólicos en la Comunidad Valenciana. Contaba con empresas radicadas en Luxemburgo, constituidas el mismo día del año 2001, con idénticos testaferros, adquiridas por los sobrinos de Juan Cotino y el exdirector de gabinete del señor Zaplana; empresas no inscritas en el Registro Mercantil, una de ellas liquidada en 2012 para acogerse a la amnistía fiscal del señor Montoro -la cuadratura del círculo de la impunidad-, y otra que retornaba fondos mediante un entramado de sociedades con nombres irrepetibles: Costera del Glorio, Medlevante, Geodesarrollos Integrales, Turnis Silvatyca. Dinero ilegal recorriendo la geografía mundial: Uruguay, Panamá, Luxemburgo, Andorra, Suiza. Delincuencia de guante blanco la llaman, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita, pertenencia a grupo criminal, medio Código Penal. Todos esos delitos les atribuye la UCO, y todo esto el Partido Popular quería que se investigara en seis meses y, si no, en caso contrario, carpetazo. Y lamentablemente hay que reconocerles que en algún caso este plan les ha salido bien. Seguro que el señor Antonio Pedro Sánchez les está muy agradecido. El pasado 20 de diciembre conocíamos que el expresidente de Murcia se libraría del banquillo gracias a esta reforma. La Audiencia Provincial de Murcia le absolvió de los delitos de prevaricación y falsedad porque la solicitud del fiscal para reabrir la investigación se había producido dos días después de agotarse los seis meses de instrucción. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). En su sentencia la Audiencia Provincial de Murcia hablaba de indolencia en la instrucción atribuible a la Administración de Justicia, pero no es verdad. La culpa no fue de un juez o de un fiscal negligente, la razón última de esta absolución reside en un plan perfectamente orquestado por el Partido Popular del que esta reforma legal formaba parte; un plan para procurar la impunidad de los cargos del PP acusados por corrupción. (Aplausos). Señorías, el Partido Socialista se opuso a esta reforma desde el primer momento. En julio de 2016 presentamos una proposición de ley para derogar el artículo 324 de la Lecrim. En mayo de 2017 apoyamos la toma en consideración de esta iniciativa; en noviembre de 2018 defendimos en este Pleno acelerar su tramitación, y hoy votaremos en contra de la enmienda a la totalidad del Grupo Popular.

Señorías, esta Cámara no ha derogado esta ley en esta legislatura -y hay que decirlo alto y claro- por el bloqueo, obviamente, del Partido Popular y de Ciudadanos, y de Ciudadanos; bloqueo que ha durado casi dos años -ya se ha dicho-, con sesenta y tres ampliaciones del plazo de enmiendas, despreciando absolutamente el principio democrático para posibilitar la impunidad contra la corrupción, y hoy Ciudadanos, en un ejercicio de incoherencia habitual al que nos tiene acostumbrados, intenta enarbolar supuestos pactos. Ciudadanos es el que tiene que dar respuestas de sus actos. Pero no lo duden, señores del Partido Popular, una nueva mayoría parlamentaria derogará esta reforma y los corruptos, sin excepción, soportarán inexorablemente el peso de la justicia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- PROPOSICIÓN DE LEY DE EMERGENCIA HABITACIONAL EN FAMILIAS VULNERABLES EN EL ÁMBITO HABITACIONAL Y DE LA POBREZA ENERGÉTICA. (Número de expediente 122/000234).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el debate de totalidad de la proposición de ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética. A esta proposición de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Zurita Expósito.


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La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos, señorías. Saludo también a los representantes de la PAH que probablemente nos estén escuchando.

Empiezo diciendo que hoy debatimos una enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular sin connotaciones políticas, que no tendrá más recorrido, pero que es un tema de principios, con el absoluto convencimiento -se lo digo de verdad- de que este texto que proponemos es realmente mejor que el texto de la proposición de ley original. Proponemos esta enmienda a la totalidad porque creemos que esta ley de emergencia habitacional y de la pobreza energética va a ser absolutamente ineficaz y no resolverá ninguno de los problemas que han de abordarse desde el diagnóstico. Lo que hace falta es oferta de vivienda y seguridad jurídica. Se lo digo con honestidad, porque así lo creo, con la misma honestidad, señores de la PAH, si me están escuchando, con la que al principio de la legislatura subí a esta tribuna con un flyer de su organización (muestra el flyer), con este que conservo porque no quiero perder de vista sus objetivos. No queremos perder de vista sus objetivos y creemos firmemente que estos son los que debe cumplir una política de vivienda. Me quedo con terminar con los desahucios, acabar con los cortes de agua y luz, conseguir un alquiler digno y asequible, ampliar el parque público de vivienda y la vivienda como derecho. Todo esto lo quiere el Grupo Popular y hemos trabajado por y para ello, y no con los métodos que se proponen en su ley original, que tienen como principios básicos el absoluto intervencionismo del mercado de la vivienda y atentar contra la propiedad privada.

Tras aquella intervención, ustedes interpretaron que el Grupo Popular iba a apoyar esta ley de la PAH -así lo divulgaron en redes sociales-, pero nada más lejos de la realidad. Se lo habíamos dicho. Habíamos dicho que no nos gusta esta ley, y lo decimos aquí, como también se lo hemos dicho en las innumerables reuniones que hemos mantenido junto a mi compañera Raquel Alonso y mi compañero Miguel Ángel Paniagua. ¿Por qué no nos gusta? Esta ley contiene artículos que podrían declararse anticonstitucionales, como convertir el derecho a la vivienda en un derecho subjetivo; la invasión de competencias autonómicas y locales; la prohibición de vender sus propios bienes patrimoniales. Son medidas absolutamente intervencionistas y desproporcionadas respecto al fin que se persigue. Van todas ellas encaminadas a la intervención del mercado libre, que, además, no es el de los fondos ni el de los bancos ni el de las Socimi, sino que corresponde al de los particulares y a pequeños empresarios, que representan el 96 % del mercado del alquiler. Esa es la realidad que ustedes proponen. Lo que nos gustaría, señores de Podemos y representantes de la PAH, promotores de esta ley, es convencerles de que nuestras soluciones, las que ya hemos adoptado en los periodos que hemos gobernado y hemos puesto en marcha desde 2011 y las que proponemos, van a ser capaces de resolver el problema de la vivienda en España. Deben pivotar sobre tres ejes: facilitar el acceso a la vivienda, edificaciones y ciudades sostenibles y seguridad jurídica en el mercado del alquiler y en las actuaciones urbanísticas territoriales, así como agilidad en la concesión de autorizaciones. El problema, señorías, se resume en dos conceptos, escasez de oferta y seguridad jurídica, y todo lo que se salga de ahí no sirve, porque va a resultar absolutamente ineficaz.

Señorías, no es un no por el no, porque dentro de la ley hay cosas que nos pueden parecer bien, como por ejemplo las modificaciones que plantean en la Ley del Suelo para aumentar el parque de vivienda pública, o lo que llaman objetivos de solidaridad urbana, aunque habría que definir también el encaje competencial. Y al resto de grupos de esta Cámara, que no sé lo que votarán, les recuerdo algunas de las propuestas de esta ley, algunas de ellas requeridas por Podemos en ese acuerdo de letra pequeña de los Presupuestos Generales del Estado de 2019, que afortunadamente para los españoles no han salido adelante. El control de los alquileres por parte de los ayuntamientos está en esta ley. Permitir las ocupaciones ilegales también está en esta ley. Considerar gran tenedor de vivienda al que tenga más de cinco viviendas u 800 metros cuadrados de superficie también está en esta ley. La cesión obligatoria de viviendas, no expropiación, en determinadas circunstancias también está en esta ley. Y en los pasillos, la verdad es que todos coincidimos en que esta ley es absolutamente perjudicial, incluso el PSOE. El PSOE también, y prueba de ello es que ninguna de las medidas que estaban en ese decreto de alquileres, afortunadamente, ha salido adelante por los votos de los que hemos actuado con sensatez, como el Partido Popular, y los que han votado no por despecho, como Podemos. Pero aún el Partido Socialista sigue mareando la perdiz con el control de los precios de alquiler, sigue vendiendo los derechos de los españoles por un plato de lentejas en la Moncloa, cocinando un futuro pacto con Podemos y riéndose de los que no se leen la letra pequeña; y si no, que el representante que suba ahora a la tribuna a defender esto, explique esta noticia de ayer mismo (muestra un titular de prensa): Fomento abre la puerta ahora


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a que se limiten los alquileres. Yo no voy a decir más; que lo expliquen, por favor, y que nos lo aclaren a todos. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora ZURITA EXPÓSITO: Pero, al final, les digo que el Partido Popular es el único que les mira de frente y que llama a las cosas por su nombre. Porque pretender controlar los precios de alquiler es intervenir el mercado libre; que alguien quiera vivir en una propiedad que no es suya y gratis se llama ocupación ilegal, y es delito. Y, encima, esta proposición de ley garantiza que al okupa se le realoje en una vivienda de similares características. Ya hemos registrado una proposición de ley en defensa de la propiedad privada, que espero que se convierta en proyecto de ley, para la lucha contra la ocupación ilegal, y va a ser un pilar fundamental en nuestra política de vivienda. La cesión obligatoria de viviendas también es anular el derecho a la propiedad y también va en contra de la Constitución. Pero asumimos que existen familias vulnerables a las que hay que seguir dando respuesta. Ya el Partido Popular ha hecho un gran trabajo desde 2011 con los decretos, y luego leyes, de protección de deudores hipotecarios, que han reducido de manera notable los desahucios por hipoteca; y, la última, la moratoria de 2017, con el Fondo Social de Vivienda, con nuestros planes de viviendas, que el último garantizaba una vivienda a familias vulnerables objeto de desahucio tanto de hipoteca como de impago del alquiler; también la Ley Hipotecaria que hemos debatido hoy en este Pleno, que garantiza la transparencia, refuerza los términos del contrato y aumenta los plazos de impago antes de que se pueda realizar una ejecución hipotecaria.

Estamos de acuerdo con que una política de vivienda no es un plan de vivienda, no es un real decreto con cuatro medidas que no convencen a nadie. Todos queremos una política de vivienda con mayúsculas, y así lo vemos desde el Partido Popular, que es en lo que se basa nuestra enmienda a la totalidad. Proponemos un paquete de medidas complementarias a las que ya venimos trabajando desde 2011 y que deben pivotar sobre cuatro ejes: Facilitar el acceso a la vivienda, edificaciones y ciudades sostenibles, seguridad jurídica y defensa de la propiedad privada y lucha contra la ocupación. A partir de ahí, hemos desarrollado nuestras medidas a las que nos gustaría que se sumaran. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora ZURITA EXPÓSITO: Hemos propuesto medidas para facilitar el acceso a la vivienda e incentivos fiscales al alquiler, que consisten en flexibilizar el mercado y que haya vivienda a corto plazo pero incentivando al arrendador, no penalizando; medidas de incremento del parque de vivienda en alquiler y vivienda de gestión pública a precios asequibles. Destacamos la creación de viviendas dotacionales de titularidad pública para solventar situaciones temporales de emergencia habitacional y medidas para paliar la pobreza energética, medidas de impulso a la rehabilitación, con especial incidencia en la mejora de la eficiencia energética, considerando que esta es la inversión más eficaz para reducir los consumos de energía y consecuentemente los costes de la misma. A todos se nos llena la boca hablando de sostenibilidad y de reducción de emisiones de efecto invernadero pero lo que hay que hacer realmente es poner en práctica medidas que lo hagan factible. El bono social, señorías, está funcionando y da cobertura a más de 2,5 millones de personas pero entendemos que hay que mirar a futuro, hay que mirar hacia delante porque esto es pan para hoy y hambre para mañana, y lo que proponemos son medidas para disminuir los consumos.

Por último, les pido que hagamos una reflexión. No se trata ahora de llenar las redes sociales diciendo que los que no estamos de acuerdo con su ideología política fomentamos la situación crítica de la vivienda, etiquetando al Partido Popular y a algunos compañeros, tratándonos de sinvergüenzas y ruines. Hay que dejar dos cuestiones muy claras. Primera cuestión, que quien fomenta la situación crítica es quien lleva gobernando ocho meses y no ha sido capaz de poner una medida sobre la mesa excepto un real decreto que no servía para nada. Y siguen mareando la perdiz. Y repito al diputado del PSOE, que venga y explique esto en la tribuna. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

La señora ZURITA EXPÓSITO: Y segunda cuestión, se trata de dar solución a un problema y ser realista, no se trata dar soluciones unilaterales sino soluciones donde intervengan todos los agentes del sector de la vivienda, de dar soluciones segmentada -vivienda protegida, vivienda social y vivienda libre-, flexibilizar el mercado, hacer vivienda asequible con colaboración público-privada -seamos


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realistas, colaboración público-privada- y poner en uso la vivienda vacía. Nunca apostaremos por soluciones que apuesten por un intervencionismo total y absoluto del mercado libre de la vivienda, desarrollado mayoritariamente por un 96 % de particulares. ¿Y a quiénes afectan estas medidas que ustedes proponen? A diez millones de inquilinos, que lo tienen como fórmula de acceso a la vivienda, porque el efecto con esta ley será el contrario, contraerá el mercado del alquiler, subirán los precios y nadie querrá alquilar nada; y a 4 millones de familias ahorradoras, que lo tienen como complemento a sus rentas y pensiones.

La enmienda a la totalidad que hoy presentamos, señorías, es una propuesta absolutamente realista, con medidas diametralmente opuestas a las del texto que había propuesto Podemos pero que estamos convencidos de que serán -junto con las que pondremos en marcha a partir del 28 de abril- las que marcarán la política de vivienda con mayúscula en todo el territorio español.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde. (Rumores). Y les ruego, señorías, silencio.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señora presidenta.

Nos dice la representante del Partido Popular que ellos no abogan por una política intervencionista y estoy de acuerdo cuando se trata de intervenir para defender a las personas, a la ciudadanía en general, pero sí intervienen cuando toca defender a la banca y a las grandes élites. Que no se equivoquen, porque tanto el PP como el PSOE en los últimos tiempos nos han traído muchas propuestas con temas de vivienda pero ninguna de ellas ataja el problema de raíz, ni una de ellas pone en el centro la defensa de las personas, de esas personas que antes lo tenían difícil para acceder a una vivienda en propiedad y que ahora ni siquiera encuentran un techo bajo el que vivir en alquiler.

Me van a permitir que diga que yo creo en una Administración pública que interviene en el mercado de la vivienda, porque es un derecho básico y lo tiene que garantizar, y tiene que conseguir que la gente no destine gran parte de sus recursos a pagarse una vivienda para que pueda tener un techo bajo el que cobijarse. Yo al menos creo en ese tipo de políticas públicas. Por tanto, ni me convencen las propuestas que en los últimos tiempos han venido ni evidentemente voy a apoyar la enmienda a la totalidad del Partido Popular. Porque, insisto, antes hablábamos de los desahucios por el impago de los créditos hipotecarios, que se agudizaron con la crisis, pero ahora hablamos de una realidad que sigue en aumento, que no se termina de atajar y que está trayendo un aumento a un ritmo del 5 % anual en los desahucios por la imposibilidad objetiva de poder pagar esos alquileres. Ello tiene su origen en la desproporción de los recursos que debemos destinar al acceso a la vivienda, que nos impide mantener una vida digna y hacer frente al resto de los gastos que nos permitan hacerlo. Es un derecho básico, insisto, al que no deberíamos destinar tantos recursos y en el que deberíamos contar con la protección de la Administración.

A todo eso habría que unir también la falta de un parque público de vivienda de alquiler que aparece siempre en todos los programas pero que luego no tiene las inversiones que necesita. También faltan políticas públicas que intervengan sobre el mercado sobre todo para movilizar el parque de vivienda vacío. Ante una vivienda vacía que no responde a la función social que tiene la Administración no debe quedarse sin hacer nada al respecto, hay que poner límite al precio del alquiler -no se quiso en el último real decreto- y hay que garantizar, cómo no, los suministros y las alternativas habitacionales a quienes tienen dificultades -insisto otra vez- objetivas para hacer frente a los pagos.

En la medida en que las políticas del Gobierno no han estado dirigidas a implementar políticas en este sentido y se han limitado a poner parches del todo insuficientes, fue la PAH la que tuvo que presentar un texto que viene a dar un importante paso en la dirección apuntada, con límites a la actualización de los alquileres, con una importante ampliación de plazos para el alquiler o la limitación a las fianzas, además de medidas para evitar que cada vez haya más viviendas vacías a la par que más personas y viviendas, algo del todo, si me permiten, anormal y contrario de todo punto a la necesaria cohesión social. La propuesta del PP viene a intentar limitar esos avances y por ello decía que no contará con el apoyo de nuestro grupo, que lamenta que la legislatura termine sin que se hayan logrado avances sustanciales en el tan necesario cambio de rumbo que requiere la política de vivienda. Si por algo se ha caracterizado la legislatura actual y las anteriores es por medidas parciales, muchas de ellas derivadas de sentencias europeas que demandaban mayor protección de las personas consumidoras, y que además han sido adoptadas parcialmente, tarde, mal y a regañadientes. Ello ha llevado a plataformas como la PAH a


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intentar ir más allá, a las que agradecemos desde aquí su trabajo incansable, que en el futuro seguirá contando con el apoyo de Euskal Herria Bildu.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Con su permiso, señora presidenta, lo voy a hacer desde el escaño.

A estas alturas de la legislatura, tal y como le he adelantado antes a la señora Zurita, un debate como este de una enmienda a la totalidad tiene muy poco sentido. Son dos los motivos por los que he anunciado ya que no vamos a apoyar la propuesta del Partido Popular; uno este, el debate sobre la política de vivienda, sobre la escasez de vivienda, que se está celebrando ya como consecuencia de otra iniciativa legislativa que desde luego entendíamos que podrían haber aportado en forma de enmiendas, que ya lo han hecho pero podrían haber incidido más en ellas, y no en un discurso que en estos momentos y en estas circunstancias de un final de legislatura, sin ninguna posibilidad no ya de debatirlo sino de constituir siquiera la ponencia a ese efecto, no tiene ningún sentido.

Por otra parte, en cuanto al contenido, le comentaba que de alguna manera le pasaba lo mismo que al texto que en su día aprobamos que era de Podemos. A Podemos le decíamos en su momento que su propuesta tenía un carácter dogmático y un tufo centralizador, y a esta le pasa un poco lo mismo y por el mismo motivo también la vamos a rechazar, porque si bien el carácter dogmático lo tiene en cuanto al carácter centralizador, las medidas concretas que contempla, exceptuadas algunas del capítulo 2 de las señaladas, entendemos que son francamente dudosas o claramente vulneradoras de las competencias de las comunidades autónomas, o al menos de la competencia autónoma de Euskadi. Los artículos 1 y 2 son principales pero incluyen también alguna diferencia. Las medidas de los artículos 3 y 4 son, en cambio, algunas en las que nosotros podríamos coincidir con el Partido Popular en cuanto a los contratos excluidos, plazos mínimos de contratos, prórrogas o enajenación de viviendas, o la muy acertada propuesta relativa a los pisos turísticos que se deben contemplar también en legislación sustantiva de competencia estatal.

Sin embargo, las otras relativas a medidas fiscales tanto en el ámbito de renta como en el del impuesto sobre sociedades o las relativas a pobreza energética, que entendemos que son competencia al menos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, no son aceptables para nosotros y no podremos apoyarlas en ningún momento en la ponencia que actualmente está en marcha y menos aún en el ámbito de este debate de una enmienda a la totalidad. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!

El señor BARANDIARAN BENITO: Por eso ya adelanto que nuestra posición va a ser contraria a esta enmienda e invito a que en próximas ocasiones aquellas propuestas que se deban de hacer en esta materia se hagan teniendo en cuenta una expectativa de realidad y de viabilidad y no como esta en la que se presenta una enmienda a la totalidad que no va a poder ser tramitada de ninguna manera.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Rufián Romero.

El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, señores del Partido Popular, ustedes hoy aquí presentan una enmienda a la totalidad a la Ley de emergencia habitacional y de pobreza energética, ni más ni menos. Luego, en cambio, ustedes se califican constantemente de constitucionalistas conjuntamente con su filial naranja y próximamente con su filial verde. Les pregunto directamente: ¿son ustedes constitucionalistas? Lo dicen cada día. Se dan golpes de pecho por la Constitución, la sacrosanta Constitución, las Tablas de Moisés.

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. ¿Saben qué es esto? (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Señor Rufián, un momento.

Señorías, les ruego silencio, por favor. (Pausa).

Continúe, señor Rufián.


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El señor RUFIÁN ROMERO: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. ¿Saben qué es esto? Esto es el artículo 47 de su sacrosanta Constitución y es un artículo hermoso que llevan violentando cuarenta años sin pestañear. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuera su titularidad debe estar subordinada al interés general. Artículo 128 de su sacrosanta Constitución. Llevan violentando este artículo, un artículo hermoso, cuarenta años sin pestañear. Aún no les he visto en tres años ni a ustedes ni a su filial naranja defender ni este artículo ni el 47.

Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. ¿Saben qué es esto? Es el artículo 50 de su sacrosanta Constitución. Aún en tres años ustedes, señores constitucionalistas, no les he visto defender ninguno de estos artículos, ni el 47 ni el 128 ni el 50, seguramente porque son hermosos y seguramente porque son artículos sociales. Igual es que ustedes, como están demostrando en esta enmienda, no son constitucionalistas, sino que son hipócritas.

En los últimos diez años 500 000 desahucios, 800 000 personas sin asistencia sanitaria, 750 000 familias sin ingresos, 13 millones de pobres, un 25 % de pobreza infantil y casi un 40 % de paro juvenil. Señores del PP, esto es lo que rompe un país, esto es lo que rompe a una patria y no que la gente en Cataluña vote, y durante cuarenta años conjuntamente con Gobiernos del Partido Socialista Obrero Español ustedes son responsables de este dolor. Hoy en este país hay gente que cada mes tiene que elegir entre comer o pagar la luz y eso es inmoral e indecente y da igual el apellido que tengas. Da igual la bandera que tengas en el balcón o en el corazón. Da igual la lengua que hables y da igual el pueblo del que vengas para saber que es una inmoralidad y una indecencia. (Aplausos).

Señores del Partido Socialista Obrero Español, en los últimos tiempos les hemos escuchado quejarse, incluso culparnos a nosotros, del auge del fascismo. Lo que pasó en Andalucía no es culpa del republicanismo catalán. Lo que pasó en Andalucía -y no es opinión, es información- es culpa de la abstención del votante de izquierdas, de su votante y del votante de Podemos, que no se sintió representado y decidió quedarse en casa. Nosotros no somos responsables del auge del fascismo, como no somos responsables de Trump, de Bolsonaro, de Salvini o de Orbán. Lo que pasó en la Junta de Andalucía es el reflejo de una deriva. Nosotros apoyamos su moción de censura gratis; aprobamos su techo de gasto gratis; aprobamos ocho reales decretos de los nueve, excepto el de fondos buitre, lógicamente. Hoy, nosotros aquí decimos a todo el mundo que todos aquellos que compartan los valores de la justicia social, de la democracia, de la libertad y del antifascismo son de los nuestros, que seremos un frente contra el fascismo y que nos da igual, repito, la bandera que tengan en el balcón o en el corazón.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Garaulet Rodríguez.

El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

La verdad es que tanto el señor Mayoral esta mañana como ahora el señor Rufián se han quedado a gusto; espero que estén tranquilos. Me acuerdo de un anuncio de la ropa Mayoral que decía: 'Mayoral haciendo amigos'. Pues usted hace amigos con esos discursos, señor Mayoral. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Efectivamente, señor Rufián, sí soy constitucionalista. Usted ha empezado a leer el artículo 47, pero yo voy a seguir leyéndole otro tramo que usted no ha leído y que dice: Los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para que los ciudadanos tengan derecho a una vivienda digna y adecuada. Por tanto, dice que los poderes públicos, las administraciones que sean competentes deben trabajar coordinadamente, cosa que no estamos haciendo a día de hoy, y deben pensar en el ciudadano tanto la local como la regional y la Administración central. Y cuando se legisle, se debe hacer escuchando a todo el sector, dialogando, pero no imponiendo, como se quiere hacer con esta ley. Y sobre todo, dialogando y escuchando, ¿para qué? (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.


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El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Para conseguir en este país una ley de vivienda moderna y buena para los próximos veinticinco años. Porque España necesita un mercado de vivienda moderno, con seguridad jurídica, eficiente de emisiones, renovado, que dé soluciones a todos los ciudadanos, tanto a aquellos que estén en situación de alta vulnerabilidad y en riesgo de exclusión -por supuesto, los primeros- como a los jóvenes, a la gente con rentas más bajas o a cualquier ciudadano que quiera entrar en el mercado de la vivienda ya sea en régimen de alquiler o en régimen de compra. Tenemos que incrementar la política de vivienda social, porque entre el Partido Popular y el Partido Socialista en los últimos cuarenta años lo que se ha generado es que solo un 2,5 % del parque total de viviendas de alquiler sea de vivienda social, cuando en Alemania o en Francia estamos hablando de un 15 %. Pero para conseguir eso, tenemos que ayudar a las administraciones competentes. Hay que ayudar a los ayuntamientos a que puedan invertir en vivienda social; hay que ayudar a las comunidades autónomas a invertir en vivienda social. Nosotros, desde aquí, tenemos que elaborar una ley que las apoye. También tenemos que incrementar el parque de viviendas en alquiler asequible, que supone solamente un 1,25 % del parque total. Habitualmente en otros países estamos hablando de entre un 15 y un 20 %. ¿Y ustedes quieren limitar la oferta? Ese parque de vivienda será un parque de viviendas de alquiler público con el derecho a superficie y con los cambios dotacionales. La titularidad es pública y se debe colaborar desde el punto de vista de las administraciones públicas o con colaboraciones públicoprivadas, pero garantizando transparencia y un alquiler digno y asequible para muchas familias. (Rumores). Pero no, en vez de esto que es lo necesario y en lo que todos creemos, señora Belarra -no está-, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea con la PAH nos traen una ley de emergencia habitacional y de pobreza energética -efectivamente, señor Rufián- en la que se atenta contra la propiedad privada, se promueve y fomenta la ocupación ilegal, se interviene el mercado regulando precios y tiempos y se impone la cesión obligatoria de las viviendas. ¡Toma ya! ¿Esto es constitucional? No, no lo es. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Garaulet. Voy a parar su tiempo.

Señorías, las conversaciones fuera del hemiciclo. Se lo ruego, por favor. Que estemos en el último punto del orden del día no significa que los oradores tengan menos derechos que los que intervinieron en primer término. (Pausa).

Continúe, señor Garaulet.

El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Esto atenta contra la seguridad jurídica. Esto atenta contra el mercado, contrae el mercado. Estas son políticas de antaño. Esto lo hacía Franco. ¿Les gusta tanto Franco, señor Mayoral? Esto lo hacía Franco. Sí, la expropiación de viviendas la hacía él y la contracción de los precios y la ampliación de los tiempos de alquiler. ¿Y saben lo que consiguió? Que de un 50 % de alquiler que había en 1950 -50 % en propiedad y 50 % en alquiler- se pasara en 1975 solo a un 10 % en alquiler. ¿Eso es lo que quieren ustedes, señor Mayoral? ¿O quieren algo más moderno, algo mejor, algo para la gente trabajadora?

Le voy a contar un caso. Dos amigos míos, Enrique y Diana, tenían una casa en alquiler por 400 euros. Como tuvieron un hijo y no podían comprarse una casa, hicieron lo que está haciendo mucha gente con contrato de alquiler: se fueron de alquiler a una casa mayor y pusieron en alquiler la suya por 400 euros en Murcia. No es mucho, ¿verdad? Pues no les han pagado ni un mes de alquiler. Han tardado un año en recuperar su casa y les ha costado 15 000 euros. Son una familia trabajadora. ¿Eso es lo que ve usted bien, señor Mayoral? ¿A qué no? ¿A que hay que poner las fórmulas para que haya seguridad jurídica y se puedan poner más casas en alquiler? Estos amigos míos ya no van a poner más la casa en alquiler. A lo mejor se la podemos expropiar o hacer alguna de esas cosas que les gustan a ustedes.

Para que sepan bien lo que queremos nosotros, en Ciudadanos trabajamos por un nuevo modelo de urbanismo responsable, que apueste por el derecho a una vivienda digna, señor Rufián, pero también por una mejora del hábitat urbano. Apostamos por una política de vivienda pública que permita dar una solución habitacional a familias en situaciones vulnerables. También apostamos por una política pública de vivienda que permita dotar de viviendas en régimen de alquiler asequible a jóvenes y rentas bajas. Apostamos por la política de las tres erres -renovación, regeneración y rehabilitación- en los barrios más proletarios y más de trabajadores, señor Mayoral, que son los que necesitan que se renueven, que se regeneren y que se rehabiliten; pero ahí no hay ninguna política para hacer esto. Necesitamos apostar por replantear el concepto de vivienda, por el cohousing, por nuevas fórmulas que permitan mejorar la vivienda. Apostamos por eliminar las trabas burocráticas, lo que permitirá agilizar los permisos y facilitar


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la construcción de nuevas viviendas con más trasparencia. Apostamos por crear otra categoría de suelo orientada principalmente al alquiler, como son los suelos dotacionales o los demaniales. Registramos una PNL de segunda oportunidad, señor Mayoral, en la que se facilitaba la reestructuración y el perdón judicial de las deudas, la dación en pago y el alquiler social para 400 000 familias; además, se quedaban en su propia casa. Señor Mayoral, entiendo que no la leyó. Apostamos por medidas antiocupación, por supuesto que sí. La ocupación no es legal ni constitucional, señor Rufián. Apostamos por incentivos fiscales al alquiler y por una oficina pública de alquiler de viviendas. En definitiva, señora Martín, señora Zurita, señora Rominguera, hemos trabajado en esta legislatura por la vivienda, pero se ha quedado a medias. Les conmino a que en la próxima legislatura trabajemos todos juntos dialogando y evitando el ruido para generar una ley de vivienda moderna para los próximos veinticinco años. Eso es lo que necesita nuestra sociedad.

Muchísimas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Martín González.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Gracias, presidenta.

Buenos días. Madre mía, lo que hay que escuchar, esto es un aprendizaje continuo.

En este penúltimo Pleno de la legislatura tenemos la oportunidad de que todo el mundo vea en apenas un solo debate la total y absoluta falta de vergüenza de los que nos llevaron a la peor crisis en décadas a golpe de pelotazo urbanístico. Señorías del Partido Popular, ni siquiera voy a entrar al fondo de su enmienda a la totalidad, porque insisten en las medidas que nos han traído a la situación de emergencia habitacional que tenemos hoy, más especulación inmobiliaria, más regalos fiscales a los fondos de inversión, etcétera. Esto de hoy, señorías, no es una enmienda a la totalidad de una ley, esto de hoy es un burdo intento de borrar del mapa a todas las personas y movimientos sociales que en estos últimos diez años han demostrado que su falta de política de vivienda no era solo una vulneración de derechos o un modelo económico de pelotazo y corrupción, sino que le estaba costando la vida a la ciudadanía a la que el Gobierno tenía el deber de escuchar y proteger. Ustedes han hecho lo imposible por impedir que la dignidad de tanta gente se concrete en este Congreso con la ley de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, la alianza por la pobreza energética y los sindicatos de inquilinas. Primero, la vetaron; después, votaron no; y luego presentaron esta enmienda a la totalidad con el único objetivo de seguir impidiendo su trámite. Pero todo eso no lo han hecho solos, lo han hecho ustedes y lo ha hecho Ciudadanos. Porque claro, ¿quién necesita que el derecho a la vivienda esté garantizado cuando se tiene a una sociedad opaca de más de 2 millones de euros con la que comprarse una casa como la señora Villacís, verdad? ¿Quién lo necesita? (Rumores). Ustedes, que ahora en campaña jugarán a las siete diferencias, no solo tienen en común haber pactado en Andalucía con la extrema derecha...

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): ... y una foto en Colón que representa a todo aquello que amenaza hoy los derechos de todos y todas, también comparten que cuando son los derechos de la gente los que están en juego y la ciudadanía se organiza para que este Parlamento haga el trabajo que el bipartidismo no ha hecho nunca, ponen todas las zancadillas posibles para que nada pueda salir adelante.

Esta infamia viene de antes, de mucho antes. ¿Se acuerdan cuando ustedes, señorías del PP, hace seis años cogieron la ILP de la PAH con un millón y medio de firmas detrás y le tiraron a la basura? Pues eso es lo mismo que hacen hoy aquí, porque el PP de Casado grita más que el de Rajoy, pero le importan exactamente lo mismo los derechos más básicos de la gente, es decir, nada. (Aplausos). Pero hoy, como decía, no están solos, a su lado, Ciudadanos hace dos años tumbando la ILP por el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid, a su lado votando no a la tramitación de esta ley y a su lado en la plaza de Colón. El partido de la regeneración se hacían llamar, y pasa el tiempo y lo único que han conseguido regenerar es a la extrema derecha y la crispación en Cataluña. ¡Bonito currículum, señorías!

La verdad es que hoy Ciudadanos tiene aún menos credibilidad que cuando dijo que nunca investiría a Rajoy, y eso me lleva a la siguiente pregunta, señorías del Grupo Socialista. ¿Esta es la gente con la que quieren pactar ustedes, con los que dijeron no a la tramitación de esta ley o con los que dicen, demostrando de nuevo su absoluta ignorancia sobre el tema, que regular las subidas abusivas del alquiler


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es hacer política franquista? Porque eso es lo triste, señor Garaulet, que no tienen ni puñetera idea de lo que hablan. (Aplausos). ¿O acaso media Europa está haciendo hoy políticas de vivienda franquistas? Hagan el favor de informarse, que no tienen ni idea de vivienda, nunca les ha importado. ¿Con esta gente es con la que quieren pactar, con la que ha estado bloqueando esta ley con su mayoría en la Mesa? ¿Con esta gente es con la que se imaginan haciendo políticas fiscales? Señorías del Grupo Socialista, voy a decirlo muy claro, el pacto con Ciudadanos, ese que sus baronías desean, ese que emula el Gobierno de la señora Díaz en Andalucía, ese que el señor Collboni querría poder cerrar con Valls en Barcelona, lo único que garantiza es la continuidad de un Gobierno para las élites, de los recortes, de la especulación y de la precariedad para la mayoría de la gente de todo el Estado, ténganlo presente.

El 18 de septiembre de este año dijimos desde aquí que aprobar esta ley era enmendar no uno sino muchos errores; errores de una política de vivienda que ha destrozado vidas, que provoca centenares de desahucios cada mes y que ha llevado al suicidio a José Miguel Domingo, a Amaia Egaña, a Victoria Mesa, a Francisco Lema o a Inocencia Lucha. (Rumores). Dijimos también que solo de la mano de la ciudadanía se puede dictar una legislación de vivienda que respete los derechos de todos y todas, porque si no -y cito literalmente-, contribuimos a generar esa sensación de inseguridad, de incertidumbre y de miedo que hoy en día alimenta... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, silencio, por favor.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Sé que la vivienda les importa cero, pero un mínimo de respeto por la gente que ha presentado esta iniciativa legislativa.

Contribuimos a generar esa sensación de inseguridad, de incertidumbre y de miedo que hoy en día alimenta el crecimiento de proyectos racistas y xenófobos en toda Europa, y aquí estamos, sin ley de la PAH y contra la ultraderecha llamando a las puertas del Congreso de la mano del PP y Ciudadanos. Debería darles vergüenza, señorías. Todas las personas que se organizan y defienden el derecho a una vivienda digna, las que sufren en sus carnes lo que es no saber si mañana van a perder su vivienda o si van a tener que dejar su barrio o su ciudad, no se merecen que esta legislatura acabe sin que empecemos a dar la vuelta a las desastrosas políticas de vivienda que se han hecho en los últimos años en este país.

Señorías del PSOE, señorías del PSOE, se comprometieron, no ya con nuestro grupo sino con toda la ciudadanía, a aprobar una reforma que permita que vivir de alquiler no sea un imposible, que le empiece a parar los pies a los fondos buitre, que proteja de verdad a las familias y a las personas que sufren desahucios, que acabe con los múltiples abusos que sufren los y las inquilinas, y que permita que los ayuntamientos puedan impedir una subidas de precios que están ahogando a las familias en todo el Estado. (Aplausos). Hasta ahora no lo han hecho, el decreto que Blackstone podía tolerar no respondía a ese compromiso, pero esta legislatura no puede acabar sin que un nuevo decreto salga adelante. Estoy bastante segura -y muchas como yo- de que si en las urnas no lo paramos, después del 28 de abril van a volver a ceder a los deseos de Guerra, de Collboni, de Díaz, de Lambán o de Fernández Vara para reeditar un pacto con sus amigos de Ciudadanos. Pero hasta el último día, ustedes tienen un compromiso, en primer lugar, con la ciudadanía, con la PAH y con los sindicatos de inquilinos, que están todos esperando estas medidas, y, en segundo lugar, con este grupo confederal que ha trabajado como la verdadera garantía de cambio que ustedes nunca, nunca se atreven a ser. Así que cumplan su compromiso. Esa es nuestra exigencia.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rominguera Salazar. (Rumores). Silencio, señorías.

La señora ROMINGUERA SALAZAR: Con todo el respeto que merece un asunto tan serio y tan sangrante como es la falta de vivienda, la falta de la garantía absoluta de este derecho por parte de las administraciones a todas las familias, especialmente a las más vulnerables, tengo que decirles a las señorías del Partido Popular que ante esta última iniciativa suya de enmienda a la totalidad de la ley de emergencia habitacional nos da la risa, por ser suaves, porque no es exactamente risa; pena, preocupación e incluso vergüenza ajena son los sentimientos que provocan su enmienda a la totalidad, porque además la traen como una burla a todas esas personas que esperan una respuesta seria y rigurosa a este problema; la traen mientras han tenido bloqueada su tramitación. Podíamos haber trabajado en enmiendas.


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La presentan revistiéndola como la iniciativa que va a garantizar el derecho a la vivienda que ustedes mismos han dinamitado con sus políticas nefastas estando en el Gobierno y con su negativa a todas las iniciativas que tanto desde el Gobierno actual como desde los distintos grupos hemos traído a esta Cámara. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora ROMINGUERA SALAZAR: El anterior Gobierno del Partido Popular vetó la ley de alquileres asequibles que mi grupo presentó; un veto que no tenía mayor finalidad que la de seguir favoreciendo un intenso auge del sector inmobiliario, orientado principalmente a la vivienda en propiedad y a favorecer a promotores particulares. Políticas nefastas con las que se redujeron las ayudas y los fondos destinados a vivienda. Se dejó de regular el mercado, con la consiguiente desprotección del inquilino y, a su vez, entorpecían las iniciativas en el ámbito autonómico. También se privatizó el stock de vivienda pública, de manera que solo el 2,5 % del parque de nuestro país es vivienda social. Con esta desastrosa gestión se permiten venir a darnos lecciones. Y no solo hoy, ya la semana pasada evitaron que prosperasen los Presupuestos Generales del Estado, eliminando así la posibilidad de llevar a cabo ese incremento económico, que el Gobierno contemplaba, de casi un 43,5 % en materia de vivienda, con el objetivo principal de fomentar la oferta de alquiler social y asequible y proporcionar ayudas al alquiler para las familias más vulnerables. Con su negativa a los presupuestos han evitado que aumente la dotación presupuestaria del Plan de Vivienda 2018-2021 y que se reoriente su contenido para reforzar, precisamente, su carácter social y, además, han evitado la puesta en marcha, a través de SEPE, de esas 20 000 viviendas destinadas a alquiler a precios asequibles. (Rumores).

Señorías, ese es el compromiso...

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora ROMINGUERA SALAZAR: ... del Partido Popular con las familias que demandan el acceso pacífico a una vivienda, que, en definitiva, demandan un derecho que nuestra Constitución reconoce. Así que no vengan a darnos lecciones, porque han demostrado a la sociedad que no tienen credibilidad para ello. (Aplausos).

Además de ese afán de impedir el ejercicio de este derecho a miles de familias, también votaron en contra del real decreto de medidas urgentes en materia de vivienda el pasado 22 de enero. Ahí no estuvieron solos, estuvieron con Bildu, con Esquerra, con Unidos Podemos. Votaron en contra, pese a que contenía medidas necesarias para, precisamente, favorecer el alquiler. Ya saben, ampliar la prórroga obligatoria en los contratos de tres a cinco años, limitar la fianza, imputar los gastos del arrendamiento al casero, garantizar la protección de los inquilinos frente a los fondos de inversión, limitar el alquiler turístico en comunidades de propietarios y muchas otras medidas. Y, repito, en este caso votaron de la mano Partido Popular y Unidos Podemos.

Escuchando las intervenciones de hoy, me ha dado la sensación de que ya se han puesto todos en modo campaña. No se preocupen, los socialistas sí seguimos trabajando y queremos explicar que desde aquí no nos rendimos, y menos si se trata de la defensa y protección de los más vulnerables, por mucho que unos y otras intenten evitar que ofrezcamos soluciones reales y eficaces a estas familias que demandan algo tan básico como el derecho a la vivienda. Por tanto, seguimos trabajando y nos parece lamentable que con estas políticas tan nefastas y con toda esta dejación el Partido Popular venga ahora a burlarse de la mayoría del país haciéndonos creer -o por lo menos intentándolo- que tienen soluciones para frenar el incremento de los precios del alquiler. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio. Silencio.

La señora ROMINGUERA SALAZAR: Vienen a contarnos las bondades de sus planes estatales de vivienda que, precisamente, están carentes de medidas sociales eficaces, carentes de financiación y que están destinados, como decía antes, a promover la venta de inmuebles.

En esta enmienda nos hablan de medidas sobre eficacia energética, pero nos parecen insuficientes. Y, sobre todo, nos hablan de su interés por garantizar una vivienda en alquiler a todas las familias que la requieran, pero, a su vez y de un modo absolutamente cínico, se atreven a ofrecer como solución aquello que saben que ha fallado: prórrogas forzosas en los contratos de alquiler de tres años, beneficios fiscales en el impuesto sobre sociedades a los fondos de inversión y beneficios a los grandes tenedores que


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tributan por impuesto de patrimonio. No quieren saber nada de la vivienda turística, de cómo da problemas a las comunidades de propietarios ni ofrecen alternativas serias contra el desahucio. Esas son sus medidas estrella. Les anticipo que si algo conseguirían con ellas, sería empeorar la situación de quienes quieren acceder de una forma pacífica a una vivienda digna. Así que ya sabemos como funciona, ya nos lo mostraron y, sinceramente, España no merece sus políticas, no le convienen si queremos que este país sea más igualitario. Por eso, vamos a votar que no.

Muchas gracias. (Aplausos).

ELECCIÓN DE DIPUTADOS, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004.

- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (Número de expediente 052/000004).

La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a examinar el último punto del orden del día, relativo a la elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. La diputada propuesta por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea es doña Irene María Montero Gil. Este punto será sometido a votación tras las restantes votaciones previstas para el día de hoy.

Señorías, en cinco minutos comenzarán las votaciones. (Pausa).

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:

La señora PRESIDENTA: Señorías, con carácter previo a las votaciones, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución, conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.

En sustitución de don Rafael Merino López, pregunto a don Manuel Torres Fernández si jura o promete acatar la Constitución.

El señor TORRES FERNÁNDEZ: Sí, juro.

La señora PRESIDENTA: Don Manuel Torres Fernández ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena, señoría. (Aplausos).

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, AL OBJETO DE CONOCER CUÁL ES EL COMPROMISO DE LA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD CON LA DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y DE LA CONVIVENCIA EN CATALUÑA. (Número de expediente 173/000134).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos, señorías, las votaciones.

En primer lugar, votamos la moción consecuencia de interpelación gente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al objeto de conocer cuál es el compromiso de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad con la defensa de la Constitución española y de la convivencia en Cataluña. La vamos a votar en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 164; en contra, 170; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


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ENMIENDAS DEL SENADO. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE PROPIEDAD INTELECTUAL, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1996, DE 12 DE ABRIL, Y POR EL QUE SE INCORPORAN AL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL LA DIRECTIVA 2014/26/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 26 DE FEBRERO DE 2014, Y LA DIRECTIVA (UE) 2017/1564 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 2/2018, DE 13 DE ABRIL). (Número de expediente 121/000021).

La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado. Proyecto de ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/26, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero 2014, y la Directiva de la Unión Europea 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, procedente del Real Decreto-ley 2/2018, de 13 abril.

Vamos a hacer votación separada de las enmiendas. Vamos a comenzar con la enmienda a la disposición adicional primera, apartado 1, en cuanto sustituye al párrafo único del texto aprobado por el Congreso de los Diputados.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; en contra, 331; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda a la disposición adicional primera, en cuanto añade un apartado 2 al párrafo único del texto aprobado por el Congreso de los Diputados.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 197; en contra, 136; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Resto de enmiendas de dicha ley.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 197; en contra, 135; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

- PROYECTO DE LEY REGULADORA DE LOS CONTRATOS DE CRÉDITO INMOBILIARIO. (Número de expediente 121/000012).

La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, también enmiendas del Senado. Vamos a hacer votación separada de las enmiendas y comenzamos, señorías, con la enmienda al preámbulo, apartado II.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 333; en contra, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Enmiendas al preámbulo, apartado IV, en lo relativo al número de disposiciones adicionales.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 156; en contra, 179.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas al preámbulo, apartado IV.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 230; en contra, 105.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Enmiendas al preámbulo, apartado V.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 263; en contra, 72.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Enmiendas al índice, en lo relativo a la disposición adicional decimotercera (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 135; en contra, 199; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas al índice.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 259; en contra, 76.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 13.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 168; en contra, 167.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Enmienda al artículo 17, apartado 3.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 165; en contra, 170.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmiendas al artículo 19.6, a la disposición adicional tercera, a la disposición final quinta y a la disposición final octava.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 260; en contra, 10; abstenciones, 65.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Enmienda al artículo 23.7.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 135; en contra, 200.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda a la disposición adicional duodécima. Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 325; en contra, 10.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Enmiendas a la disposición adicional decimotercera (nueva) y a la disposición final primera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 135; en contra, 200.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas a la disposición transitoria primera.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 231; en contra, 104.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Enmienda a la disposición final segunda, en lo relativo a la modificación del artículo 29 del texto refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, primer párrafo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 163; en contra, 163; abstenciones, 8.

La señora PRESIDENTA: Al haberse producido un empate, en unos minutos votaremos de nuevo. (Pausa).

Señorías, volvemos a votar la enmienda a la disposición final segunda, en lo relativo a la modificación del artículo 29 del texto refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, primer párrafo. (Rumores). Silencio, señorías.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 163; en contra, 170; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (Aplausos.-Rumores). Silencio. (Continúan los rumores). Señorías, les ruego silencio.

Enmienda a la disposición final segunda, en lo relativo a la modificación del artículo 29 del texto refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, segundo párrafo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 31; en contra, 302; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda a la disposición final segunda, en lo relativo a la modificación del artículo 45 del texto refundido de la Ley del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 133; en contra, 200; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmiendas a la disposición final decimosexta, primer párrafo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 173; en contra, 161; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Enmiendas a la disposición final decimosexta, segundo párrafo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 135; en contra, 200.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Resto de enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 322; en contra, 11; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


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- PROYECTO DE LEY DE MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA Y LA ENSEÑANZA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA. (Número de expediente 121/000029).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora, señorías, a las enmiendas del Senado al proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. Vamos a hacer votación separada de las enmiendas. Comenzamos con las enmiendas al preámbulo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 335; a favor, 250; en contra, 83; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.

Enmiendas al artículo único.2.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 335; a favor, 163; en contra, 168; abstenciones, 4.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

- PROPOSICIÓN DE LEY DE MEJORA DE LA SITUACIÓN DE ORFANDAD DE LAS HIJAS E HIJOS DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. (Número de expediente 122/000079).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar las enmiendas del Senado a la proposición de ley de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. Vamos a hacer votación separada de las enmiendas. En primer lugar, enmienda a la disposición final primera (nueva).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 335; a favor, 135; en contra, 200.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Resto de enmiendas a dicha proposición de ley.

Comienza la votación, (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 335; a favor, 334; en contra, 1.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas. (Aplausos).

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 2/2019, DE 25 DE ENERO, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR TEMPORALES Y OTRAS SITUACIONES CATASTRÓFICAS. (Número de expediente 130/000057).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.

Comienza la votación, (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 335 más 2 votos telemáticos, 337; a favor, 335 más 2 votos telemáticos, 337.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.


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DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES. (VOTACIÓN):

- ACUERDO DE ASOCIACIÓN ECONÓMICA PRELIMINAR ENTRE GHANA, POR UNA PARTE, Y LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 28 DE JULIO DE 2016. (Número de expediente 110/000088).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. En primer lugar, acuerdo de asociación económica preliminar entre Ghana, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bruselas el 28 de julio de 2016.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 260; en contra, 75.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE CABO VERDE PARA EVITAR LA DOBLE IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SU PROTOCOLO, HECHO EN MADRID EL 5 DE JUNIO DE 2017. (Número de expediente 110/000092).

La señora PRESIDENTA: Convenio entre el Reino de España y la República de Cabo Verde para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y su protocolo, de 5 de junio de 2017.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 260; en contra, 75.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

- DENUNCIA DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES EN BARCELONA, HECHO EN MADRID Y TOKIO EL 28 DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente 110/000097).

La señora PRESIDENTA: Votamos a continuación la denuncia del acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas, relativo al Instituto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 230; en contra, 8; abstenciones, 97.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DENUNCIA DEL ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO, FUNCIONAMIENTO Y UBICACIÓN DEL INSTITUTO INTERNACIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES EN BARCELONA, HECHO EN MADRID Y TOKIO EL 28 DE JUNIO DE 2010. (Número de expediente 110/000098).

La señora PRESIDENTA: Denuncia del acuerdo entre el Reino de España y la Universidad de las Naciones Unidas relativo al establecimiento, funcionamiento y ubicación del Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones en Barcelona, hecho en Madrid y Tokio el 28 de junio de 2010.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 225; en contra, 8; abstenciones, 102.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


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- ENMIENDA PARA LA SUPRESIÓN DEL ARTÍCULO 124 DEL ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, ADOPTADA EN LA HAYA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015. (Número de expediente 110/000089).

- CONVENIO MULTILATERAL PARA APLICAR LAS MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS TRATADOS FISCALES PARA PREVENIR LA EROSIÓN DE LAS BASES IMPONIBLES Y EL TRASLADO DE BENEFICIOS, HECHO EN PARÍS EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016, ASÍ COMO DECLARACIONES Y RESERVAS QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000090).

- ACUERDO DE ASOCIACIÓN GLOBAL Y REFORZADO ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y LA COMUNIDAD EUROPEA DE LA ENERGÍA ATÓMICA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, POR UNA PARTE, Y LA REPÚBLICA DE ARMENIA, POR OTRA, HECHO EN BRUSELAS EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. (Número de expediente 110/000091).

- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE UN PROGRAMA DE MOVILIDAD DE JÓVENES, HECHO "AD REFERENDUM" EN BUENOS AIRES EL 10 DE ABRIL DE 2018. (Número de expediente 110/000093).

- INSTRUMENTO DE ENMIENDA A LA CONSTITUCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 1986, HECHO EN GINEBRA EL 24 DE JUNIO DE 1986. (Número de expediente 110/000094).

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y RUMANÍA PARA ELIMINAR LA DOBLE IMPOSICIÓN EN RELACIÓN CON LOS IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y PREVENIR LA EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCALES Y SU PROTOCOLO, HECHO EN BUCAREST EL 18 DE OCTUBRE DE 2017. (Número de expediente 110/000095).

- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE FILIPINAS, HECHO EN MADRID EL 12 DE JUNIO DE 2018. (Número de expediente 110/000096).

- CONVENIO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR EN MATERIA DE COOPERACIÓN POLICIAL PARA LA SEGURIDAD Y LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, HECHO EN MADRID EL 26 DE JULIO DE 2018. (Número de expediente 110/000099).

La señora PRESIDENTA: Vamos a hacer la votación conjunta de los dictámenes con número de expediente 110/000089 a 110/000091, 110/000093 a 110/000096 y 110/00099.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 321; en contra, 1; abstenciones, 13.

La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROPOSICIÓN DE LEY DE DEROGACIÓN DEL PLAZO MÁXIMO PREVISTO PARA LA INSTRUCCIÓN EN LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. (Número de expediente 122/000086).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar los debates de totalidad de iniciativas legislativas.

Votación de la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334 más 2 votos telemáticos, 336; a favor, 133; en contra, 200 más 2 votos telemáticos, 202; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


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- PROPOSICIÓN DE LEY DE EMERGENCIA HABITACIONAL EN FAMILIAS VULNERABLES EN EL ÁMBITO HABITACIONAL Y DE LA POBREZA ENERGÉTICA. (Número de expediente 122/000234).

La señora PRESIDENTA: Vamos a votar ahora la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334 más 2 votos telemáticos, 336; a favor, 164; en contra, 170 más 2 votos telemáticos, 172.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

ELECCIÓN DE DIPUTADOS, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (VOTACIÓN):

- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (Número de expediente 052/000004).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, a la elección de diputados, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004.

Señorías, vamos a proceder a la elección mediante votación por papeletas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 205 en relación con el 204 del Reglamento, resultando elegido el diputado que alcance una mayoría de tres quintos, es decir, 210 votos. Cada diputado escribirá un nombre en su papeleta. Les recuerdo que serán nulas las papeletas que contengan más de un nombre o este no se corresponda con un diputado del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. La diputada propuesta por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea es doña Irene María Montero Gil. En esta votación se han emitido dos votos telemáticos, de don Pablo Iglesias Turrión y de doña Esther Peña Camarero, que procedo a introducir en la urna.

Ruego ahora a la señora secretaria proceda al llamamiento de las señoras y los señores diputados.

Por los señores secretarios se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, quienes van depositando su papeleta en la urna.

La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio.

¿Algún señor diputado o señora diputada presente no ha sido llamado a votación? (Denegaciones).

Pueden abrir las puertas. Procedemos al escrutinio.

Terminado el escrutinio, dijo

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Votos emitidos, 328; votos a favor de doña Irene María Montero Gil, 304; votos a favor de don Pablo Iglesias Turrión, 1; votos en blanco, 6; votos nulos, 17.

Por tanto, al haber obtenido más de los tres quintos de los votos de los miembros de la Cámara, la señora Irene María Montero Gil ha resultado elegida a los efectos de la resolución de la Presidencia de 11 de mayo de 2004.

Enhorabuena, señoría. (Aplausos).

Se levanta la sesión.

Eran las tres y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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