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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 165, de 15/11/2018
cve: DSCD-12-PL-165
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 165
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 158
celebrada el jueves,
15 de noviembre de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (procedente del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 24-1, de 14 de septiembre de 2018. (Número de expediente 121/000024) ... (Página4)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas. ("BOE" núm. 260, de 27 de octubre de 2018). (Número de expediente 130/000043) ... (Página16)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación):

- Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 36-1, de 23 de septiembre de 2016. (Número de expediente 122/000025) ... (Página25)

- Proposición de ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 37-1, de 23 de septiembre de 2016. (Número de expediente 122/000026) ... (Página38)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas

- Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 29-1, de 26 de octubre de 2018. (Número de expediente 121/000029) ... (Página51)


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación). (Votación) ... (Página52)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página52)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página53)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página53)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página4)

Proyecto de ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (procedente del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio) ... (Página4)

En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene la señora Angulo Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Beitialarrangoitia Lizarralde, Sorlí Fresquet y Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, e Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Botejara Sanz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Fernández Díaz, don Jesús María, del Grupo Parlamentario Socialista.

Cierra el debate la señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Carcedo Roces).

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página16)

Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas ... (Página16)

La señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado) expone a la cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Díaz Gómez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Delgado Ramos, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora García-Pelayo Jurado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación) ... (Página25)

Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal ... (Página25)

En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo intervienen la señora Valmaña Ochaíta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno en contra interviene la señora Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Replica la señora Valmaña Ochaíta y duplica la señora Vidal Sáez.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Matute García de Jalón, Bataller i Ruiz y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Cano Leal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, así como la señora De Frutos Madrazo, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposición de ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional ... (Página38)

En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene la señora López Ares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno en contra interviene el señor Rodríguez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Replica la señora López Ares y duplica el señor Rodríguez Rodríguez.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Matute García de Jalón y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Ramírez Freire, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, así como la señora Raya Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas ... (Página51)

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria ... (Página51)

La Presidencia anuncia que en este punto del orden del día no hay intervenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación). (Votación) ... (Página52)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impacto de las medidas que baraja el Gobierno sobre los autónomos, se aprueba por 171 votos a favor, 14 en contra y 154 abstenciones.


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Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre gestión pública del agua en los municipios, se aprueba por 167 votos a favor, 165 en contra y 7 abstenciones.

Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes. (Votación) ... (Página52)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas, se aprueba por 328 votos a favor más 3 votos telemáticos, 331 y 11 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 21 votos a favor más 2 votos telemáticos, 23; 317 en contra más 1 voto telemático, 318 y 1 abstención.

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página53)

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo al proyecto de ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (procedente del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio), se rechaza por 132 votos a favor, 177 en contra más 3 votos telemáticos, 180, y 29 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, se rechaza por 135 votos a favor y 204 en contra más 3 votos telemáticos, 207.

Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional, se rechaza por 132 votos a favor, 175 en contra más 3 votos telemáticos, 178, y 32 abstenciones.

Acuerdo de tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página53)

Sometida a votación el acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria, se aprueba por 309 votos a favor más 3 votos telemáticos, 312, y 30 en contra.

Se levanta la sesión a la una y cincuenta minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.

- PROYECTO DE LEY SOBRE EL ACCESO UNIVERSAL AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 7/2018, DE 27 DE JULIO). (Número de expediente 121/000024).

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.

Comenzamos con el punto del orden del día relativo al debate de totalidad del proyecto de ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, procedente del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio. A este proyecto de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo y para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Angulo Romero.


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La señora ANGULO ROMERO: Buenos días. Gracias, presidenta.

Señorías, defiendo la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular al Real Decreto-ley de acceso universal a la sanidad por entender que es una norma... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, silencio. El silencio es para todos. Muchas gracias.

La señora ANGULO ROMERO: ... irresponsable y cuyas consecuencias serán perjudiciales para nuestro Sistema Nacional de Salud. Una norma confusa, contradictoria en su articulado y redactada sin diálogo ni consenso con las comunidades autónomas.

Decimos que es perjudicial para el sistema sanitario español por varias razones, porque crea problemas donde no los hay, porque produce un peligroso efecto llamada a la excelencia de nuestro sistema, porque supone dar barra libre al acceso a un servicio público que pagan los españoles, porque afectará a la viabilidad económica del sistema al suponer aumento de gasto y disminución de ingresos y porque no solo no mejora la situación de los españoles en su derecho a la salud sino que los perjudica, colocándonos en franca desventaja respecto a otros ciudadanos de la Unión Europea.

Me explico, su decreto crea problemas donde no los hay porque se sustenta en una premisa falsa, la de acabar con una supuesta exclusión sanitaria que, según ustedes, propició la reforma del Partido Popular, un eslogan que han repetido y abanderado hasta la saciedad desde 2012 y que, sin embargo, nunca fue aceptado por los españoles, que una y otra vez desde entonces les negaron su apoyo en las urnas. Porque lo cierto es que fue el Gobierno del Partido Popular el que consiguió que todos los españoles tuvieran acceso a la sanidad pública. Mientras toda la izquierda permanecía muy callada ante la injusticia social que los socialistas cometían con cientos de miles de españoles a los que negaban el derecho constitucional a la salud, incluidas las personas en desempleo -que perdían el subsidio-, fue el Partido Popular el que enmendó esa situación. Mientras que el Partido Socialista consentía que ciudadanos extranjeros accedieran gratis a nuestra sanidad solo por empadronarse, cientos de miles de españoles eran excluidos. Su sanidad no era universal, al menos no lo era para los españoles. Y ustedes, todos aplaudiendo. Y aun así seguían repitiendo una falacia, seguían hablando mal de nuestro sistema sanitario solo con el objetivo de desgastar al Partido Popular. Pero los datos desmienten esas manifestaciones, y no son datos míos, son datos del actual Gobierno socialista.

Dice el Gobierno socialista, en una respuesta parlamentaria fechada en este mes de septiembre, que en España el número de personas con alta en la Seguridad Social a efectos de derechos de asistencia sanitaria era, en 2012, de 43 900 000 personas; en junio de 2018, 46 130 000 personas. Es decir, 2 176 000 personas más. ¿Dónde está la exclusión sanitaria si en España somos 46 millones y medio de personas? (Aplausos). Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que en España, a pesar de la crisis, la cobertura sanitaria roza el cien por cien de la población. Por cierto, aprovecho también para decir algo con respecto al copago farmacéutico, porque en esa misma respuesta dice el Gobierno que mientras en 2012 había 1 300 000 personas exentas de copago conforme al artículo 102, en junio de 2018 eran 2 300 000 las personas exentas de copago. Es decir, 933 000 personas más exentas gracias al Partido Popular. ¿Dónde están los recortes, señores de la izquierda?

Su decreto crea problemas donde no los había porque en España se presta asistencia sanitaria a todo el que la necesita, también a quienes están aquí en situación irregular, pero de manera ordenada y sin poner en peligro la sostenibilidad del sistema sanitario español. El decreto 16/2012 contenía la asistencia sanitaria más amplia del mundo para estas personas, incluidos los programas de salud pública. Y todos ustedes han reconocido aquí que todas las comunidades autónomas prestan asistencia sanitaria integral a este colectivo. Por eso el Gobierno del Partido Popular trabajaba con las comunidades autónomas en una norma nacional que permitiera homogeneizar esa asistencia, canalizándola como prestación social a través de los servicios sociales, evitando así conceder la titularidad de un derecho exportable a otros países. ¿Y por qué no se ha avanzando en esto? Porque las comunidades gobernadas por el Partido Socialista antepusieron su estrategia política de desgaste al Gobierno del Partido Popular prefiriendo aprobar normas inconstitucionales y poniendo en peligro nuestra sanidad pública. Prefirieron el populismo y la demagogia a garantizar la viabilidad del sistema sanitario que con tanto esfuerzo pagan los españoles.

Aquella propuesta hoy es la base de nuestra enmienda. Porque aunque nos digan ustedes que su decreto impide esto, el artículo 1 dice: Serán titulares del derecho "todas las personas con nacionalidad española y los extranjeros que tengan establecida su residencia en territorio español", sin distinción. Esta redacción es otro botón más en su irresponsable y errática política de inmigración que ha provocado una inasumible presión migratoria sobre nuestro país que el propio Gobierno ha tenido que reconocer. Con


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nuestra enmienda pretendemos evitar ese efecto llamada a la excelencia de nuestra sanidad que irresponsablemente realizan y que va a tener un fuerte impacto en los servicios sanitarios y en la sostenibilidad del sistema. Porque no hay excepciones, señorías. La ministra Montón aquí, al defender el decreto, dijo: Todas las personas tendrán derecho a la atención sanitaria en las mismas condiciones que los españoles, solo por la mera condición de ciudadanía. Al eliminar el concepto de aseguramiento y sustituirlo por el de mera residencia, casi sin más requisito, están ustedes dando barra libre a todo el que quiera utilizar nuestra sanidad pública.

El discurso populista de este nuevo PSOE escorado a la izquierda pretende hacer ver que con este decreto defiende los derechos de los más vulnerables, de quienes vienen aquí buscando oportunidades que -insisto- ya están sanitariamente protegidos en España. Pero en realidad con su barra libre sanitaria están propiciando situaciones de absoluta injusticia social, donde ciudadanos extranjeros -no las personas vulnerables, no, ciudadanos con recursos económicos- se beneficiarán de un sistema pagado con los impuestos de los españoles, algo de lo que los españoles no podremos disfrutar cuando crucemos nuestra frontera a otros países. Le pongo ejemplos. Ciudadanos de la Unión Europea, de Estados Unidos, de Canadá con dinero pueden empadronarse en España, no inscribirse en el registro central de extranjería y dispondrá gratuitamente de una asistencia sanitaria que en sus países no les dan o por la que allí tienen que pagar mucho dinero. O familiares de ciudadanos que residen legalmente en España, por ejemplo de países latinoamericanos, que si tienen un problema de salud que su país no atiende o por el que allí sí tienen que pagar, podrán venir a España alegando reagrupación familiar. Se empadronan, reciben la asistencia sanitaria y se vuelven a su país. ¿Y qué pasará con los ciudadanos de países con los que España no tiene esos convenios a los que se refiere el decreto que son muchos? Que para todos ellos esa asistencia será gratis, porque serán los españoles quienes tendrán que pagarlo con la brutal subida de impuestos que prevén las extremas izquierdas de PSOE y Podemos. Ya vivimos esa barra libre; ya nos costó 1000 millones de euros al año, dinero que se podría haber destinado a reducir listas de espera, a contratar profesionales, a comprar nuevos medicamentos; una política socialista que dejó el Sistema Nacional de Salud en la UCI.

Evitar que esto pase nuevamente es la base de nuestra enmienda. Porque su decreto, como decía antes, supone un incremento de gastos y una disminución de ingresos para el sistema porque, aunque fije un confuso sistema de excepciones -lo que ya de suyo supondría que ustedes mienten en su discurso de universalidad-, insisto en que el artículo 1 concede la titularidad del derecho por el mero hecho de residir en España. Por ello, conforme al principio de no discriminación de la Unión Europea, los ciudadanos europeos, aunque tengan recursos económicos, deben recibir el mismo trato que los ciudadanos no europeos. Es decir, si un ciudadano no comunitario o en situación irregular recibe asistencia gratuita, un ciudadano europeo también. Ya en el año 2011 la Unión Europea abrió un expediente sancionador a España precisamente por esto, por una demanda de un ciudadano danés, que suponía una sanción millonaria para España y la amenaza de pérdida de fondos europeos. Y eso fue lo que evitó la reforma del Partido Popular y lo que pretende evitar nuestra enmienda. Porque el dinero que se destine a pagar esa barra libre sanitaria se tendrá que dejar de invertir en nuestra sanidad. Pero además al eliminar las competencias del Instituto Nacional de la Seguridad Social resultará complicado facturar la asistencia prestada a ciudadanos de terceros países que supone muchos millones de euros al año. Repito, fórmula socialista: aumento del gasto, menos ingresos, quiebra del servicio. ¿Y ese desequilibrio quién lo va a pagar, el Gobierno, las comunidades autónomas? Porque ustedes no han hecho un estudio económico de esta barra libre sanitaria. Ustedes legislan con prisas, sin rigor y, para más inri, señora ministra, se niegan a hablar de la financiación sanitaria tan necesaria para abordar los retos al que sistema se enfrenta y al que tanto perjudica hoy el nefasto sistema de financiación del Partido Socialista. Esa financiación sanitaria que reclamaba Pedro, pero que ahora Sánchez niega, en ese desdoblamiento de personalidad que nos ha descubierto la señora vicepresidenta, Pues, mire, quienes lo van a pagar son los españoles. Y si esto no es así, díganos dónde nos están ustedes engañando, porque si a ustedes se les llena la boca al decir que el acceso a la sanidad -por fin- será universal y ahora nos dicen que no, que hay excepciones, o es así para todos o no es así. ¿Cuál es la verdad entonces? Pues que sí es así, que han hecho ustedes una barra libre sanitaria, pero que además sitúa a los españoles en franca desventaja respecto al resto de los ciudadanos de la Unión Europea, Los españoles tendrán que seguir pagando la asistencia sanitaria que necesitemos cuando vayamos a otros países, mientras que los ciudadanos de otros países la recibirán gratis en España; gratis no, pagada con sus impuestos.


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Por ello les pido a todos que reflexionen y aprueben nuestra enmienda, especialmente a ustedes señores de Ciudadanos, porque el proyecto que defienden las izquierdas pone en peligro la viabilidad del sistema público más valorado por los españoles. Un sistema que ha contribuido a que en España no existan problemas ni riesgos de salud pública, al contrario, señores de la izquierda, somos los segundos del mundo en mayor esperanza de vida y en pocos años vamos a ser los que más y en mejores condiciones de salud vivamos. Por eso los millones de españoles les dieron a ustedes la espalda y por eso ustedes obtuvieron el peor resultado de su historia, por estas medidas. Porque ustedes son los que defienden a las personas, ¿verdad? Por eso las personas a ustedes les dieron 85 diputados y a los que les dejaban excluidos sanitariamente 137 escaños. (Aplausos). Y eso no hay ni Tezanos ni gurú en la Moncloa que lo maquille. Y por eso el señor Sánchez se niega a convocar elecciones, porque sabe que los españoles no aprueban las medidas de este nuevo PSOE de extrema izquierda y porque saben que ustedes son nefastos para gestionar nuestros servicios públicos, como la sanidad, que terminan arruinando.

Termino, señorías. Los españoles les dijeron que no a ese mantra sanitario, les dijeron que no a sus políticas por medidas como esta que nosotros hoy enmendamos. Y si creen que no es así, demuéstrenlo, convoquen elecciones ya. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto interviene, en primer lugar, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Buenos días, egun on. Gracias, señora presidenta.

El Partido Popular vuelve a proponernos un texto excluyente que olvida que el derecho a la salud es inherente a todo ser humano más allá de su situación legal. Nos presenta una vuelta atrás, un derecho basado en el asegurado que es injusto, xenófobo y recentralizador. Nos habla el PP de las competencias de las comunidades autónomas con el único objetivo de dejar las manos libres a las más excluyentes para que puedan seguir estableciendo exclusiones al derecho a la atención sanitaria, especialmente a los colectivos más vulnerables. El PP, que no respeta la capacidad de decisión de las comunidades autónomas -y a las pruebas me remito-, ha recurrido las leyes que en Gasteiz e Iruña se aprobaron con la pretensión de garantizar una sanidad universal, en un intento por impedir que adoptemos medidas para que toda la ciudadanía, sin distinciones por origen o situación legal, pueda disfrutar de una vida digna y de una atención sanitaria pública. Así pues, si bien es cierto que el real decreto presentado por el PSOE no acaba con la exclusión sanitaria practicada por el Gobierno del PP en los últimos seis años y mantiene una división entre españoles y personas con permiso de residencia por un lado y personas sin permiso, por otro, imponiendo condiciones para hacer efectivo el derecho, estableciendo barreras para el acceso a la atención sanitaria que no nos acerca a la universalidad que se busca, aun así nos ofrece un punto de partida mejor para, vía enmiendas parciales, avanzar hacia el objetivo que perseguimos: garantizar la sanidad universal con todas las garantías absolutamente, garantizar, en última instancia, los derechos de las personas de manera integral. En nuestro territorio hemos sabido hacerlo y ello hizo que el PP nos llevara al Constitucional, pese a lo cual seguiremos haciéndolo, por justicia social y porque queremos ser dueños de nuestro futuro. Votaremos en contra. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra, por el mismo grupo, la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el día que debatimos el real decreto de recuperación de la sanidad universal le dijimos a la por entonces ministra que era insuficiente y estético, y se lo dijimos porque queríamos que fuera precisamente una enmienda a la totalidad a las políticas del Partido Popular en materia sanitaria. Por eso lo tramitamos como proyecto de ley, para mejorarlo, porque entendíamos que le faltaba valentía para abordar la mala gestión que se había hecho en materia sanitaria. Hoy nos encontramos con una enmienda a la totalidad para volver a esa mala gestión y encima nos llaman irresponsables. Pues, miren, lo que es irresponsable de verdad es dejar a más de 900 000 personas fuera de la atención sanitaria; lo que es irresponsable es privatizar la sanidad con servicios más caros mientras se da un peor servicio; lo que es irresponsable es reducir las plantillas de personal sanitario; lo que es irresponsable, muy irresponsable, es dejar bajo mínimos la inversión sanitaria en los Presupuestos Generales del Estado durante la gestión del Partido Popular; y lo que es tremendamente irresponsable es que, mientras se


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suponía que ustedes hacían todo esto para ahorrar dinero, en lugar de reinvertirlo en sanidad o en servicios públicos lo reinvertían en rescatar bancos y autopistas. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora SORLÍ FRESQUET: Por si todo esto no fuera malo ya de por sí, lo peor y lo más irresponsable de todo es que vienen aquí hoy a decirnos, literalmente, que este real decreto produce un peligroso efecto llamada, que es barra libre sanitaria. Suben aquí a dar miedo a las personas, a decirles que tenemos que elegir entre atender a personas inmigrantes o atender a personas autóctonas. (Protestas). Miren, señorías del Grupo Popular, les voy a leer algunas declaraciones, seguramente las reconocerán: Cruzaran nuestras fronteras ilegalmente y se aprovecharán del sistema sanitario. Favorece la inmigración fuera de control. Les digo que les sonarán y seguramente las podrían incluso interpretar como propias, pero la primera es de Trump y la segunda es de Salvini. Saquen sus propias conclusiones. Para nosotros eso es una irresponsabilidad. Eso es realmente a lo que tendríamos que tener miedo, a la irresponsabilidad cuando gobiernan y dejan a personas fuera del sistema sanitario y a la irresponsabilidad, sobre todo, cuando hacen ese tipo de declaraciones xenófobas desde esta tribuna.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Gracias, presidenta.

Mientras ustedes siguen debatiendo si sí o si no al acceso universal a la salud, en Cataluña hace años ya que hemos hecho los deberes y siempre y por consenso, a pesar de ustedes y de sus reales decretos, hemos garantizado siempre el acceso universal a la salud.

Dicho esto, quiero decirles -ya lo he repetido en varias ocasiones- que no es nada agradable estar aquí enfrente de algunos de los máximos responsables de la farsa que mantiene en prisión al nou Govern, al Govern legítim de Catalunya. (Aplausos). Les hemos destrozado el sistema sanitario. Supongo que ustedes se acordarán de las conversaciones entre el director de la OAC, De Alfonso, y el ministro de Interior, el señor Fernández Díaz, que incomprensiblemente sigue aquí de diputado en el Congreso. Pues bien, cuando ustedes nos hacen hablar de sanidad pública, la mayoría de los ciudadanos de Cataluña nos acordamos de que un ministro español trabajó dura e incansablemente para cargarse el sistema sanitario de Cataluña. Entonces nosotros presentamos una querella criminal por delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, y lo hicimos porque tales declaraciones serían un absoluto escándalo en cualquier país democrático de Europa. Pero estamos en España y la querella que presentamos a estos individuos se archivó, y se archivó por alguien que últimamente ocupa muchas portadas, el señor Manuel Marchena, autor, intelectual también, de la represión que sufrimos en Cataluña. Derechista y a las órdenes del Partido Popular, este señor es hoy el presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo gracias también a un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular. En Cataluña cada día hay menos gente que sepa distinguirles a unos de otros. Hoy salvamos a Marchena y hoy salvamos a Borrell. También va de esto la independencia, señoras y señores, de independizarse de toda esta basura.

Moltes gràcies i llibertad presos polítics. Nuestro voto es no. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Señorías, les recuerdo que tendré que llamar a la cuestión cuando se dedique todo el tiempo que se concede a un orador a un tema que no tiene nada que ver con el asunto que estamos tratando. Es comprensible cualquier tipo de posicionamiento para defender una proposición de ley, una enmienda a la totalidad o lo que se esté tratando, pero lo que no es conforme al Reglamento es que se utilice todo el tiempo de que dispone el orador para hablar de un tema que sea diferente al asunto que estamos tratando. Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Buenos días, gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.

Mi grupo adelanta ya que votará en contra de esta enmienda a la totalidad por una cuestión de principios más allá de su posición política, que además es discordante con lo que propone una vez más el PP. Señorías del PP, ¿para qué han presentado esta enmienda a la totalidad? ¿Creen verdaderamente que tiene sentido alguno? ¿A quién quieren contentar con esta enmienda a la totalidad? Porque si su


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propuesta saliese adelante, no solo descontentarían a mucha gente, sino que convertirían a muchas personas en personas sin derechos; harían que algunas personas, precisamente las que menos derechos y oportunidades tienen, porque la vida les ha puesto en una tesitura mucho más complicada que la de todos nosotros, se sintieran todavía más vulnerables y excluidas. ¿Le gustaría a usted, dado el caso, y espero que nunca le ocurra, acceder a un país, por las circunstancias que fueren, que acabara de aprobar una ley de no universalización de la sanidad como esta? No me hable de que hay leyes y situaciones peores, porque no me vale. Los derechos humanos no se cuestionan ni se negocian, se tienen. El derecho a la sanidad es algo que responde a una ideología humanista, no somos capaces de entenderlo como algo que uno se gana según su situación, es algo que uno tiene. Su propuesta no es asumible por alguien que considera que la construcción de un Estado del bienestar, de un Estado social, ha de estar regida por el principio de justicia social, de solidaridad y de no dejar a nadie en la cuneta. Yo no quiero ni Gobiernos ni sociedades que, por ir más rápido, dejan a muchos de sus ciudadanos atrás porque no llegan o no alcanzan velocidades más rápidas. Esto se lo escuché al lendakari Ibarretxe: es mejor avanzar más despacio, pero avanzar todos. Así hemos creado un país socialmente avanzado y ejemplar como es Euskadi, no dejando a nadie en la cuneta. Ustedes, con propuestas como las que nos traen hoy, pretenden abrir una brecha cada vez mayor. Su neoliberalismo, brutal, choca frontalmente con lo que nosotros, el PNV, tan de extrema izquierda, ¿verdad?, entendemos como el sentido político de una sociedad. ¿Para qué presentan ustedes propuestas como estas, para luego parchear, de alguna manera, con medidas que lo único que hacen es poner condicionantes y obstáculos a quien bastante tiene con salir adelante?

Esta enmienda a la totalidad supondría, en caso de aceptarse, una vuelta al año 2012, cuando se publicó el famoso Real Decreto 16/2012 que puso en tela de juicio la Ley General de Sanidad y nuestra Ley de Ordenación Sanitaria, ya que retoma el antiguo concepto del derecho a la asistencia sanitaria basado en personas aseguradas y beneficiarias con arreglo a su situación laboral en Seguridad Social, rompiendo el principio de universalidad de la asistencia. Esa es la clave, ya no es la persona la destinataria del derecho a la sanidad, es el asegurado, es decir, la persona que cumple unas condiciones ligadas a un concepto. Lo hicimos saber y lo seguimos diciendo: nos parece indigno. Con este real decreto se rompió el principio de universalidad y dejó fuera del sistema a las personas extranjeras sin permiso legal de residencia. Y tras la corrección de este enorme error político por medio del actual Gobierno con su decreto, que se transformó en proyecto de ley y que se trajo a la Cámara, ustedes quieren volver a una situación que ha sido criticada y puesta en entredicho por comunidades autónomas, profesionales, entidades y asociaciones, por las ONG, etcétera. ¿A quién quieren convencer con esta medida tan injusta? ¿A quién quieren satisfacer con esta enmienda? ¿Les solucionarán más diligente y satisfactoriamente los problemas sanitarios a las personas que ustedes quitan el derecho universal de la sanidad? ¿Se sienten más humanos y solidarios adoptando estas medidas? Háganse estas preguntas. En Euskadi dijimos no a su Real Decreto 16/2012 y por principios políticos y éticos nos negamos a dejar a nadie sin asistencia. Dimos ejemplo, como muchos otros. Sepan que, si esto saliera adelante, lo volveríamos a hacer, aunque vuelvan a recurrir ante el Constitucional.

Ustedes quieren establecer un modelo sanitario, además, restando competencias a las comunidades autónomas a favor del Instituto Nacional de la Seguridad Social. No aceptaremos ningún modelo que vuelva a recentralizar la sanidad, que, además de incurrir en grave invasión competencial, la empeora. Como no nos hemos cansado de repetir, el objetivo, en su origen puramente económico, no sirvió siquiera para recaudar nada; no hizo más que poner en un brete al personal de la Administración sanitaria, generándole problemas que jamás debió tener. La sanidad se nutre y se paga con los presupuestos generales, y le corresponde a cada ciudadano, no con las cotizaciones de la Seguridad Social. Aunque la enmienda a la totalidad matiza algunas cuestiones en relación con la asistencia sanitaria de este colectivo, que son cuestiones que tienen que ver con salud pública y con otros aspectos -quizá como si tuvieran ciertos remordimientos de conciencia que les genera una cierta desazón tener que hacer esta enmienda-, lo hacen en el contexto de una norma que no universaliza el aseguramiento sanitario, algo por lo que se ha apostado claramente desde el Grupo Vasco, desde el PNV, desde el Gobierno vasco y desde la sociedad vasca. Ahora bien, si ustedes piensan que con medidas como las que proponen conseguirán los votos de los que piensan aquello de que la sanidad para el que la cotiza -que no vengan de fuera y nos quiten camas de hospitales, llegan sin papeles y quieren que les atendamos, no hacen más que robarnos, etcétera-, es que la mezquindad no tiene límite. No azucen ese panal porque la miel se la van a comer otros que dicen más barbaridades todavía que ustedes.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Diputades, diputats, señora ministra, acceso universal al Sistema Nacional de Salud, sí rotundamente.

En su momento, en el mes de julio, durante el debate de convalidación del real decreto dijimos que no podríamos dar el voto favorable a dicha convalidación sin que se tramitase como proyecto de ley y sin que el Gobierno español levantase el recurso a la ley catalana. Las dos cosas se han hecho. Es cierto que en el texto persisten determinados procedimientos que hay que corregir y que esperamos que durante la tramitación parlamentaria se haga así. Si repasamos el texto, nos encontramos aún con algún elemento que podría excluir a personas de este Sistema Nacional de Salud cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social sería el instrumento para acreditar esos tres meses de residencia por parte de los ciudadanos sin papeles, pero en este caso estoy seguro de que podremos superar este tipo de redactados, como también se pide asegurar en el conjunto del Estado que los reglamentos que se produzcan vayan en el sentido de la voluntad de que nadie, nadie, nadie quede excluido del Sistema Nacional de Salud. Nosotros estamos en esta línea; de hecho, con la vigencia de la ley catalana aseguramos que esto sea así, que sea posible. Tras seis años de la aprobación de este decreto-ley, nos parece enormemente grave que el Partido Popular nos intente volver a vender falsedades. La primera falsedad que se repite mucho en este hemiciclo es que quien ganó las elecciones y quien ha de gobernar es el Partido Popular; de hecho, lo ha hecho por omisión y no porque sea así, porque en este hemiciclo hay una mayoría contraria al Gobierno del Partido Popular, con o sin aliados. ¿Esto quién lo ha decidido? Los electores, los electores. Cada diputado de aquí representa a miles de ciudadanos, ustedes los llaman españoles y muy españoles, incluso los habrá que serán más o menos, pero todos son ciudadanos con igualdad de derechos y los representantes de estos ciudadanos en este Congreso hemos decidido, en parte por omisión, que gobierne el Partido Socialista (aplausos), y ustedes no pueden aludir una y otra vez a esta legitimidad. Yo ya estoy harto de que me llamen golpista sin ninguna prueba, de que me insulten sin ninguna prueba solo porque algún asesor electoral les ha aconsejado que insultar a diputados de esta Cámara es rentable. ¡Allá ustedes! Se descalifican ustedes. Pero hay algo importante hoy, la realidad es más importante que su ficción. ¿Y cuál es la realidad? Mire, ustedes han dicho que la reforma que hicieron hace seis años era para salvar la sanidad pública; en cambio no han hecho ningún informe de impacto en seis años: la mentira se mantiene. Dicen que en España nadie queda sin asistencia sanitaria, y sabemos de miles de casos que en comunidades gobernadas por ustedes se les ha excluido. Dicen: La sanidad es más universal que nunca, y sabemos que ustedes sacaron ¡873 000 tarjetas sanitarias!, esto sí que lo sabemos. Y dicen: Más que nunca -¡por favor! y sin rubor-. Por último añaden, cómo no: Dar tarjeta sanitaria tiene efecto llamada, turismo sanitario; al contrario, las personas migrantes acostumbran a ser jóvenes que tienen menos uso de la sanidad pública que cualquier otro. Por lo tanto la falsedad, por mucho que se repita es ¡falsedad! Como la falsedad de golpista y de golpe de Estado es ¡falsedad! Y lo diremos las veces que haga falta. (Aplausos).

Esta ley, este cambio legislativo, es imprescindible, pero insuficiente. Esperamos más de su ministerio, y pueden estar seguros de que cualquier acción a favor de la sanidad pública tendrá, estoy seguro, la mayoría de los diputados de esta Cámara. ¡Créanselo! El único, como diría yo, elemento que a veces me hace dudar es que ustedes echaron a un secretario general porque no se lo creían. ¡Suerte que ha vuelto! Porque puede que hace más de dos años podíamos haber hecho las cosas que hacían falta en este país.

Atención: Aquellos que piensan que con mentiras harán que los electores les den el voto lo único que conseguirán es que les den la espalda. En eso estamos; y no a la enmienda a la totalidad. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Igea Arisqueta.

El señor IGEA ARISQUETA: Gracias, señora presidenta.

Presentan ustedes hoy aquí, señora Angulo, una enmienda a la totalidad. Pero es, una vez más, una enmienda a la totalidad a la sanidad como derecho de la ciudadanía, y por esta simple razón nosotros no podríamos apoyarla. Nosotros hemos defendido y defenderemos la sanidad como derecho de la ciudadanía. Es también la enmienda de la igualdad porque ustedes insisten en mantener, como hicieron en su decreto de 2012, carteras de prestaciones diferentes para las comunidades ricas -para las


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comunidades a las que ustedes han dado el 'cuponazo'- que para las comunidades infrafinanciadas, con deuda. Por esa razón tampoco podemos votarles. (Aplausos).

Se trata, además, de una enmienda a la totalidad a sus propias políticas, a sus propias políticas de exclusión porque intentan arreglar con esto el desaguisado que tuvieron que arreglar las comunidades autónomas cuando ustedes enviaron a urgencias a toda la población irregular; y lo reconocen en su enmienda e intentan arreglarlo, con lo cual no está mal de vez en cuando reconocer algún error. Sin embargo, ustedes ya no gobiernan. Hace seis meses que nos gobierna el Gobierno de la dignidad, por tanto, quizás este es un buen momento, hablando de migración irregular y de asistencia sanitaria, de hacer un repaso a su política y a sus resultados. Tranquilos, porque yo no soy un diputado de Podemos, soy un diputado de Ciudadanos. Porque si fuera un diputado de Podemos les diría que son ustedes un Gobierno asesino que ha multiplicado por tres los ahogados en el Estrecho. Pero como soy un diputado de Ciudadanos y les diré que tienen que reforzar ustedes la vigilancia y el rescate en el Estrecho para evitar que continúe esta catástrofe. (Aplausos). Si yo fuera un diputado de Podemos les diría que ustedes incumplen los derechos humanos, que ustedes son un Gobierno aún más fascista que el de Rajoy porque en tres meses han multiplicado por dos las expulsiones que hizo Rajoy en cinco -de 16 000 a 8000-; pero no, yo no soy un diputado de Podemos; les diré que me alegro de que ustedes reconozcan que un Gobierno sensato tiene que hacer cumplir las leyes, también las leyes de migración. (Aplausos). Si yo fuera un diputado de Podemos les diría que son ustedes un Gobierno criminal que aún no ha quitado las concertinas; pero como soy un diputado de Ciudadanos les diré que me alegro de que mantengamos fronteras seguras y que espero que pronto hallen una solución más humana que haga compatible la seguridad de nuestros agentes y nuestras fronteras con la humanidad. (Aplausos).

No les hablaré del Open Arms, ese barco que ustedes iban a hacer patrullar por el Estrecho y que hoy está anclado en el puerto de Barcelona; si fuera un diputado de Podemos o del PSOE les diría que aquí está la solución a todo (mostrando un documento), en estos presupuestos para un Estado social, esta cosa tan cursi que firmaron ustedes. ¿Pero saben ustedes cuánto hay aquí para políticas de desarrollo en el África subsahariana? Cero euros; para programas de ayuda sanitaria y lucha contra el ébola, tuberculosis, malaria VIH, cero euros; para mejorar el rescate en el Estrecho, cero euros. Y lo mejor, ¿saben cuál es el impacto de la asistencia sanitaria universal y de reducción del copago que hay aquí? Cero. (Aplausos).

Quizás sea este el momento de evaluar el impacto que su Decreto 7/2018 tuvo, porque nosotros en ese debate se lo dijimos aquí: Ustedes mienten, ustedes no han dado una tarjeta universal que no podían dar; mienten, no la han dado -se lo dijimos aquí-; ustedes no aseguran la igualdad -también se lo dijimos aquí-; no tienen requisitos, y como no saben si poner requisitos o no ponerlos porque los requisitos son incompatibles con el amor universal, ¿qué hicieron? Dar una patada para delante y encargárselo a las comunidades autónomas. Bien, pues no seré yo, no será este diputado fascista que está hoy hablándoles aquí del IBEX 35 sino Reder (mostrando una foto oscura de un rostro, y en la parte superior se lee: REDER), los señores que trajeron ustedes para que les aplaudieran aquel día, la Red de Defensa contra el Decreto 2012: Médicos sin Fronteras, Amnistía Internacional. En este informe dicen que la situación de la asistencia sanitaria después del decreto ha empeorado. (Aplausos). Ha creado más situación de riesgo y de vulnerabilidad. Ustedes se olvidaron de menores, de embarazadas, de peticionarios de asilo, porque claro, como era universal, como era para todo el mundo, no había que hacer especificaciones. Han dejado ustedes a los pies de los caballos de verdad a los migrantes.

Ustedes no son un Gobierno criminal, no; ustedes son simplemente unos cínicos vendidos a la demagogia del populismo y al nacionalismo y, lo que es peor, unos incompetentes. (Aplausos). Son ustedes tan incompetentes que cuando voy a Valladolid, mi ciudad, yo tardo una hora en AVE, pero ustedes necesitan un Falcon, un Airbus y un helicóptero. ¡Váyanse! (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Botejara Sanz.

La señora BOTEJARA SANZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Soy diputada de Podemos, y el señor Igea, aunque quisiera, nunca podría ser diputado de Podemos. (Aplausos.-Rumores.-Varios señores diputados de Ciudadanos: ¡No quiere!).

Esta enmienda a la totalidad es cansina. Es obsesivo el posicionamiento del Partido Popular para que nuestro sistema sanitario no atienda a toda la población. ¿Por qué tiene el Partido Popular esta obsesión? Primer argumento: En esta tribuna se enseñan papeles que desde las últimas filas en muchas ocasiones


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no se ven; yo voy a hacer lo mismo (mostrando unos papeles), no se ven pero a lo mejor enseñándoselos les animo a que se los lean. Directiva de la Unión Europea de 2011 sobre la atención transfronteriza. Ustedes, que estaban preocupadísimos por la atención sanitaria, por el turismo sanitario -pensaba que harían la transposición a los tres meses, a los seis meses, al año-, se fueron a 2014 para hacerla, y menos mal que estaban preocupados ustedes; tardaron tres años en hacer esa transposición. Utilizaron un argumento que era falso, pero por mucho que ustedes repitan el argumento no va a ser verdad, diciendo lo del turismo sanitario; y la prueba está aquí, luego se lo entrego en la mano para ver si así les animo a que se la lean. (Aplausos).

Otro argumento es la terrible frase de: sostenibilidad del sistema. -Ya lo hemos dicho aquí en esta tribuna-. Ante un paciente con una patología tenemos que esperar a que ese paciente se deteriore lo suficiente para ser atendido en la puerta de un hospital. ¿Eso es más económico que el que lo atienda un médico de familia en un centro de salud? Eso es una barbaridad; este es el segundo argumento que ustedes han utilizado; ni es cierto el primero ni es cierto el segundo. Ustedes se han saltado todo: la Constitución, artículo 43, donde se reconoce el derecho a la protección a la salud y que la ley afectará a todos -todos- (aplausos); la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde la salud es un derecho fundamental. Cuando ustedes eliminaron la atención universal tampoco escucharon a los colectivos de profesionales, ni a los médicos ni a enfermeras ni a nadie, aunque se manifestaron en nuestro país.

Me van a permitir que les lea la declaración de la Asociación Médica Mundial: Toda persona tiene derecho sin discriminación a una atención médica apropiada. Cuando las normas de la Administración nieguen estos derechos, los médicos deben buscar los medios apropiados para asegurarlos o restablecerlos, que es lo que han hecho muchos profesionales en nuestro país, buscar las vueltas para atender a la población que estaba excluida. (Aplausos). Esa es una más en la línea, por supuesto, de la declaración europea de los profesionales sanitarios. Entonces, ¿cuál ha sido el móvil de esta obsesión suya? ¿Por qué desligan la atención sanitaria del aseguramiento? ¿Cuál es el móvil, si el primer argumento no vale y el segundo tampoco?

Está claro cuál es el móvil, esta claro; tenían que excluir del sistema sanitario aquello que no era rentable ligándolo al aseguramiento, para que el producto que ustedes transfieren, y que están transfiriendo donde ustedes gobiernan en las distintas comunidades autónomas, sea un producto más solvente; es la preparación previa para que nuestra sanidad fuera parasitada con rentabilidad garantizada por alguna multinacional, como ha pasado.

El martes, en un artículo de economía, en un periódico de estos de entidades financieras que pretenden dirigir siempre a nuestro país, leí que el real decreto inicialmente iba a suponer 1000 millones y, aparte de otras consideraciones que me voy a ahorrar, este posicionamiento significa que no les gusta porque va a ser menos negocio si nuestra sanidad es universal. Ya conocemos en estos últimos dos o tres años el capital que ha desembarcado en nuestro país, el capital de multinacionales que se están asentando en estos últimos tiempos; pero el negocio se puede acabar ¿eh?, se puede acabar. Ya sabemos que estas multinacionales que se están asentando ni siquiera cotizan en el IBEX 35, cotizan en otra bolsa, pero ese tema lo dejaremos para otro día.

Esperemos también que el proceso legislativo finalice con la total universalidad para toda la población. Estamos en ello y también hemos visto en los últimos días que ha habido declaraciones en prensa en el sentido de que la sanidad universal no está llegando, ahora, a toda la población. Mi grupo político está en ello y vamos estar vigilantes para que en todas las comunidades, incluidas las que están gobernadas por el Partido Popular, ninguna persona se quede fuera de la atención sanitaria. Nuestro grupo político va a estar pendiente de esto, de que nadie quede excluido, y trabajaremos por una sanidad pública libre de todo negocio.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Buenos días.

La verdad, señora Angulo, es que hay que reconocerles un toque que a mí que parece incomprensible; porque no dan batallas por concluidas ni siquiera cuando vienen a defender, una vez más quedándose aislados, una política de exclusión sanitaria que no tiene ningún respaldo social ni profesional. El señor Agirretxea se preguntaba: ¿Por qué traen aquí esta enmienda? Yo creo que ha quedado muy claro, señor


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Agirretxea: porque el Partido Popular ha comenzado a utilizar la sanidad para defender sus políticas xenófobas que se parecen más al trumpismo que a las políticas migratorias de la señora Merkel. (Aplausos).

La recuperación de la universalización sanitaria ha sido un objetivo del Partido Socialista desde el primer momento en el que ustedes aprobaron el decreto de exclusión. Fue la primera proposición de ley que trajimos en esta legislatura y que ustedes, junto con Ciudadanos, bloquearon en la Mesa del Congreso, y uno de los primeros decretos-ley que aprobó el Gobierno socialista, el Gobierno que cumple con sus compromisos.

En abril de 2012 millones de españoles perdieron su derecho individual y personal a la asistencia sanitaria para pasar a tener un derecho derivado de una relación de dependencia respecto de un titular del derecho sanitario. Se excluyó a miles de extranjeros, que no vienen a hacer turismo sanitario, señora Angulo, vienen a buscar un proyecto de vida al huir de catástrofes, de violencia y de miseria. Usted sabe que por efecto del Real Decreto-ley de 2012 cuando un matrimonio se divorcia el excónyuge pasa a tener un derecho sanitario reconocido en función de su relación de dependencia con la persona de la que se ha divorciado, y que un chico o una chica mayor de edad tiene un derecho a la atención sanitaria derivado de la titularidad del derecho de sus padres hasta los veintiséis años, y que personas que pagan impuestos, pero no cotizan a la Seguridad Social pierden su derecho de asistencia sanitaria, algo incomprensible cuando el Sistema Nacional de Salud se financia por impuestos y no por cotizaciones sociales.

Nosotros defendemos un Sistema Nacional de Salud de calidad y universal que atiende a las personas en función de sus necesidades y al que estas contribuyen en función de sus recursos. Señorías, esta es la diferencia entre ustedes y nosotros: nosotros defendemos la tarjeta individual sanitaria como un derecho individual y personal de todas las personas (mostrando una tarjeta sanitaria), tarjeta individual que introdujo por cierto un consejero socialista por primera vez en España poco después de aprobar la Ley General de Sanidad en el Gobierno vasco, y ustedes defienden la cartilla de la Seguridad Social (mostrando una cartilla de la Seguridad Social), en la que hay un titular del derecho y unas personas que tienen derecho a la asistencia sanitaria en función de la conformación de esa familia y en función -ahora lo sabemos- de las decisiones que pueda tomar el Gobierno para establecer límites en la edad o en el nivel de ingresos. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros: un derecho individual y personal o un derecho que depende de otros. (Aplausos).

Introdujeron una contrarreforma con improvisación, sin justificación, creando mucha inseguridad jurídica. Aprobaron el real decreto-ley en abril de 2012. La entonces ministra, Ana Mato, dio una rueda de prensa que ha pasado ya a los anales más grotescos de la comunicación política, porque ni entendía lo que había llevado al consejo interterritorial ni lo que le soplaban sus ayudantes a la espalda. Tardaron veinte días en hacer una corrección de errores de cinco páginas del Boletín Oficial del Estado; abrieron la posibilidad de unos convenios especiales para las personas sin recursos que tenían que pagar que nadie puso en marcha, y los que lo hicieron tuvieron que retirarlos porque no tenían absolutamente ninguna utilidad, y esos mismos convenios nos los vuelven a traer aquí hoy en su enmienda; establecieron un límite de ingresos de 100 000 que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional por considerarlo arbitrario, y después, en la Ley de presupuestos de 2014, ustedes apretaron aún más la tuerca excluyendo de la atención sanitaria a los jóvenes -hablo de jóvenes, porque son la mayoría- que salen fuera de España a buscar un empleo, a practicar un idioma o a realizar estudios cuando estuvieran fuera de España más de noventa días.

Eso sí, en el año 2013, señora Angulo, ustedes dieron el visado de residencia a aquellos extranjeros que compraron una finca de más de 500 000 euros en España, y con ese visado de residencia les venía también la tarjeta sanitaria, para ellos y para sus descendientes y sus cónyuges, y en 2015 ampliaron ese derecho a los ascendientes de las personas que compraban fincas. Vaya paradoja, ¿no? Damos la tarjeta sanitaria a los extranjeros que pueden comprarse una finca de lujo en España y se la quitamos a los españoles que se van al extranjero a buscar empleo o a estudiar un idioma. (Aplausos). Impugnaron todas las leyes y los decretos que aprobaron las autonomías para evitar su exclusión, e incluso en comunidades gobernadas por el PP hicieron sus propias normativas e instrucciones, lo que permitía seguir dando atención sanitaria en función de diferentes periodos de empadronamiento, diferentes niveles de ingresos; en fin, que ustedes introdujeron desigualdad donde no la había.

El Tribunal Constitucional dejó claro que no existía justificación ni sanitaria ni económica para excluir personas del derecho a la asistencia sanitaria. Es verdad que después les dio la razón en que ustedes tenían competencias con el real decreto-ley para excluir a personas de la asistencia sanitaria, pero tener


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competencias, señora Angulo, no es tener la razón. Ahí está también la numerosa litigiosidad: diversos tribunales superiores han dictaminado a favor de personas que han venido a España en función de su reagrupamiento familiar en contra de los criterios restrictivos que ha venido utilizando el Instituto Nacional de la Seguridad Social hasta ahora. Ustedes mismos reconocieron el fracaso de su exclusión sanitaria. El ministro Alonso y el propio Mariano Rajoy anunciaron que devolverían el derecho a la asistencia a los sin papeles porque -decían- es más práctico por cuestiones de salud pública. El señor Rubén Moreno, que se sienta en las filas de su bancada, decía: Se trata de que la puerta de entrada al sistema no sean las urgencias, sino la atención primaria. Pues bien, esta enmienda a la totalidad recoge precisamente esa propuesta que llevaron al consejo interterritorial tratando de poner algo de orden en el desorden, pero nunca llegaron a hacerlo: los ahorros que el real decreto-ley decía que iba a haber -1000 millones- no se ven por ninguna parte. No es cierto que esta medida cueste dinero; de hecho, según el último informe de la AIReF sobre los presupuestos de 2019, no hay ninguna previsión de coste de esta medida, no hay ningún impacto económico en los presupuestos de 2019, así que yo les pido que dejen de engañar. La exclusión del derecho a la asistencia sanitaria no tiene ninguna justificación sanitaria ni económica y, por el contrario, debe ser un derecho personal y subjetivo porque es un deber de justicia, es beneficioso sanitariamente para todos y es una demanda social que además aporta seguridad jurídica.

Tienen la oportunidad de sumarse al consenso. A mí me gustaría poder reconocer al Partido Popular de 2003 que aprobaba leyes por consenso -estoy seguro de que la presidenta del Congreso sabe a qué me refiero-: un partido conservador que se suma al consenso por una sanidad pública de calidad. Si ustedes se suman, serán bienvenidos; si no se suman, el Partido Socialista, junto al resto de fuerzas políticas, continuará restituyendo los derechos que en este país se han perdido.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Carcedo Roces): Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, quiero aprovechar esta oportunidad para solicitarles que continúen con la tramitación del real decreto, tramitado como proyecto de ley, que concluya con la recuperación de la universalidad en la asistencia sanitaria en nuestro país. Y lo hago por razones de responsabilidad como Estado miembro de Naciones Unidas que en diciembre del año 2012 -cuando se aprueba el real decreto-ley que ahora queremos modificar- aprueba una resolución encomendando a los países que caminen, que avancen. Dice literalmente: Alienta a los Estados miembros a que, en colaboración con otros interesados cuando corresponda, planifiquen o lleven a cabo la transición de sus sistemas de salud hacia una cobertura universal, sin dejar de invertir en los sistemas de atención de la salud. El Reino de España es Estado miembro de Naciones Unidas y estábamos entonces caminando en dirección opuesta a sus recomendaciones. Nuestro país también suscribió los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Pues bien, el director general de la Organización Mundial de la Salud recomienda: Garantizar una cobertura sanitaria universal sin empobrecimiento forma parte de la base para lograr los objetivos sanitarios así expuestos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero también como país, cuya Constitución establece como Estado social y democrático de Derecho, ha venido desarrollando -ahora que estamos celebrando el 40.º aniversario de nuestra Constitución- el Estado social con un entramado legislativo que supongo que deberíamos continuamente mejorar en lugar de retroceder. En ese entramado legislativo que hace efectivos esos derechos proclamados en nuestra Constitución en lo que afecta a la salud, tengo que recordar la Ley General de Sanidad del año 1986.

Más allá de intentar sacar conclusiones de las consecuencias que vino teniendo el Real Decreto-ley 16/2012 -que ahora se pretende recuperar con esta enmienda-, me voy a ceñir a algunos objetivos que persigue esta enmienda y que el texto de la exposición de motivos recoge con claridad. Hace la argumentación de que por una parte va la salud pública, que es competencia -dicen- de las comunidades autónomas, y por otra la asistencia sanitaria, que no conseguí aclarar de quién es competencia. Viene a decir que la cobertura de las personas extranjeras sin papeles está garantizada porque son atendidas en el sistema de salud pública. Este dualismo de la salud pública por una parte -que dependía del Ministerio de la Gobernación y que ejercían en las provincias los jefes provinciales de sanidad- desapareció con la aprobación de la Ley General de Sanidad, que en su artículo cuarenta y seis recoge las características del Sistema Nacional de Salud, del que, por no detenerme mucho, solo


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voy a citar dos apartados: La extensión de sus servicios a toda la población y la coordinación y, en su caso, integración de todos los recursos sanitarios públicos en un solo dispositivo. Esto decía la Ley General de Sanidad, que viene a consolidar la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003, que fue una ley necesaria, oportuna y conveniente en ese momento de transferencia a las comunidades autónomas y en la que se produce esa voluntad de la Ley General de Sanidad del dispositivo único. A partir de entonces, este dispositivo único viene a consolidar el concepto que desde Naciones Unidas se venía proclamando y que, como digo, en el caso de España se consolida en la Ley General de Sanidad y se ratifica funcionalmente en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, salud pública y asistencia sanitaria no las podemos segregar ni separar. Debemos ser consecuentes con el entramado constitucional y no volver otra vez a segregar algo y a superar esa función de Jefatura Provincial de Sanidad ya muy anacrónica y muy previa a nuestra Constitución. También la Ley General de Sanidad decía algo que ahora queremos recuperar, y es lo que establece en su artículo uno: Son titulares del derecho los españoles y extranjeros que tengan residencia en España. Cuestión que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud ratificaba como titulares de derecho a modo de asegurado. Estas son dos potentes razones de Estado para pedir a sus señorías que mantengan el proyecto de ley y que recojan esta atención de derecho universal. Quiero aprovechar también para recalcar el gran consenso entre las profesiones sanitarias para mantener el derecho universal a la atención sanitaria y a la protección de la salud. Asimismo, quiero recordar un informe de 2012 del Tribunal de Cuentas que decía que el turismo sanitario no era un problema, que era la base fundamental para argumentar esta exclusión de determinadas personas de la asistencia sanitaria. Los datos posteriores nos ratifican ese informe del Tribunal de Cuentas.

Hay otra cuestión que me gustaría aclarar en cuanto al entramado institucional, distribución competencial y financiero del Sistema Nacional de Salud que creo que es necesario recordar y tener presente. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003 dice: "La financiación pública del Sistema Nacional de Salud, de acuerdo con el sistema vigente de financiación autonómica". Es decir, que la atención integral y la protección de la salud, que es nuestro modelo, se financia con el sistema de financiación autonómica. Quiero recordar a sus señorías que el sistema de financiación autonómica lo componen impuestos universales, entre ellos el IVA, el IRPF, impuestos propios, impuestos cedidos, y toda la persona que esté en España paga el IVA y, en la medida de sus capacidades, el IRPF u otros impuestos por sus actos jurídicos o por su consumo de hidrocarburos, etcétera. Por tanto, está contribuyendo a la financiación de la sanidad. Es paradójico que aquí, sistemáticamente, se vuelvan a sacar asuntos que tienen que ver con aseguramientos o pertenencia a la Seguridad Social, cuestión superada por la Constitución española, por la Ley General de Sanidad y por todo el entramado jurídico, legislativo e institucional que se viene desarrollando desde el 6 de diciembre de 1978.

Hay otra cuestión que me gustaría puntualizar por cuestiones de derecho e institucionales que pretenden incorporar con esta enmienda. Me gustaría que sus señorías, por favor, tengan en cuenta que impide la portabilidad del derecho entre comunidades autónomas. Cuando ya vamos a conseguir -porque ya está lista- la interoperabilidad tanto de historias clínicas como de tarjeta sanitaria en todo el territorio español, no pongamos límites de nuevo a la portabilidad del derecho entre comunidades autónomas. Es una cuestión que también les ruego encarecidamente que tengan en cuenta.

Finalmente, quisiera expresar mi agradecimiento -porque creo que es imprescindible-, en primer lugar, a las comunidades autónomas. De una manera u otra han intentado solventar este déficit de derechos en algunos colectivos, estableciendo fórmulas de distinto nivel, de manera muy heterogénea, pero intentando resolver este problema. A pesar de que haya habido sentencias por recursos al Tribunal Constitucional por razones competenciales, las comunidades autónomas han venido haciendo un esfuerzo intenso. Por tanto, es mi obligación reconocérselo. También quiero agradecérselo a los distintos colectivos que han venido perseverando en la demanda de la recuperación del derecho universal a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria y, cómo no, a las profesiones sanitarias. Tengo que reconocer que me siento orgullosa de mi profesión, de la profesión médica, que ha dado siempre un paso adelante en la atención sanitaria; no han dejado a nadie a las puertas de ningún consultorio sin atender. Agradezco a sus señorías sus intervenciones en defensa de cada punto de vista y les ruego que tengan en cuenta estas cuestiones que les acabo de expresar, que son de responsabilidad como país, y espero que finalice feliz y prontamente la tramitación como proyecto de ley con las aportaciones y enriquecimiento que sus señorías consideren necesarios, pero de manera que nuestro país vuelva a entrar en la senda de los países que garantizan la atención universal, la protección de la salud y la asistencia sanitaria. También


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tengo que informarles de que hemos recibido, y he recibido personalmente, con motivo de la Asamblea de Naciones Unidas, la felicitación de los organismos internaciones por este hecho.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 16/2018, DE 26 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN DETERMINADAS MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS EN RELACIÓN CON LAS EMBARCACIONES UTILIZADAS. (Número de expediente 130/000043).

La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con el punto correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas.

Para presentar el real decreto-ley, tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora ministra de Hacienda.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.

Buenos días, señorías. Efectivamente, someto en el día de hoy a la consideración de esta Cámara el Real Decreto-ley 16/2018, por el que se adoptan determinadas medidas en la lucha contra el tráfico ilícito de mercancías, pero también de personas que, como recordarán, se aprobó el pasado día 26 de octubre por el Consejo de Ministros. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Señorías, se trata de una norma de elevada relevancia, yo diría que importante, fundamentalmente en el ámbito de la lucha contra el tráfico de drogas, contra el contrabando de tabaco y también, atendiendo a los últimos acontecimientos, desgraciadamente para evitar la inmigración ilegal. Es una norma que permite dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también al Servicio de Vigilancia Aduanera de un instrumento con el que pueden hacer frente con mayor eficacia al trabajo arduo -que desde aquí queremos reconocer- para evitar que las organizaciones criminales, tanto en relación con las drogas como con las personas, tengan su razón de ser. Por tanto, en este real decreto-ley se trataría de calificar como género prohibido las denominadas embarcaciones neumáticas y semirrígidas de alta velocidad, que en el argot popular conocemos como narcolanchas. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Les ruego silencio, señorías.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Son unas embarcaciones que están siendo utilizadas de manera generalizada para el contrabando de drogas y tabaco y, como les decía más recientemente, para el tráfico ilegal de personas, como hemos tenido ocasión de comprobar en las últimas semanas. De hecho, las organizaciones criminales se valen de estas embarcaciones para alijar con rapidez en la playa cargamentos que transportan fundamentalmente hachís, cocaína y tabaco, y posteriormente darse a la fuga a toda velocidad, haciendo muy ineficaz la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Señorías, no sé si conocen ustedes las circunstancias, pero se está produciendo que, cuando las fuerzas de seguridad detectan la comisión de un delito, saben que hay sustancias irregulares en una embarcación de este tipo, incluso cuando se produce esta situación a raíz de una persecución, estos delincuentes arrojan la mercancía por la borda. Cuando se da estas circunstancia y posteriormente se consigue incautar esta embarcación que ha estado implicada en este delito, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tienen una complicada capacidad de actuar, fundamentalmente contra los patrones y los tripulantes, de forma penal o, dicho de otra manera, hay una cierta impunidad sobre este tipo de embarcaciones en las que cuando no aparece la mercancía en sí, porque previamente se han desecho de ella, hay poco margen de actuación por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Quizá lo más grave es que estos cuerpos no disponen de un instrumento que les permita intervenir estas lanchas, que siguen siendo utilizadas de forma reiterada por los delincuentes para estas actividades ilícitas. Ustedes entenderán, señorías, que esta situación genera una suerte de sensación de impunidad frente a


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los ciudadanos, que muchas veces ven cómo se acercan estas embarcaciones mientras están en la playa tranquilamente y, sobre todo, provocan impotencia y desánimo en las fuerzas de seguridad que tienen encomendada esta tarea de represión del contrabando y del narcotráfico y que necesitan instrumentos adicionales complementarios para poder ser más eficaces. Me consta que las diputadas y diputados de Andalucía, que están más cerca, sí son conscientes de esta realidad que se produce en el litoral español, con más frecuencia en la zona próxima a Gibraltar, porque durante el verano -hemos visto las noticias- se ha atestiguado y se han hecho grabaciones por los bañistas en las que se ha podido plasmar cómo se producía un alijo de droga a plena luz del día o cómo se desembarcaba a decenas de inmigrantes de estas embarcaciones neumáticas que, inmediatamente, una vez que llegaban a la playa, se daban a la fuga a una gran velocidad. A este problema importante, de personas y de mercancías, hay que añadir otro que tampoco es menor y que, como ustedes entenderán, es el riesgo de que las lanchas aporten una inseguridad marítima, una inseguridad para las personas que se están bañando o para otras embarcaciones que sí circulan con absoluta tranquilidad, porque es frecuente que naveguen en la oscuridad, que alcancen altas velocidades y que además no tengan dispositivo de señalización o de localización. Un ejemplo al que nos hemos referido ya en esta Cámara y que fue fatal tuvo lugar en mayo en la playa de Getares, en Algeciras, donde una lancha de este tipo arrolló a una embarcación de recreo causando la muerte a un niño de nueve años. Por eso, señorías -creo que los hechos son evidentemente demostrativos-, ante esta situación el Gobierno se vio obligado a actuar, de manera que aprobamos en el mes de julio un anteproyecto de ley de modificación de la Ley de Represión del Contrabando que pretendió acotar y poner fin al uso indiscriminado y sin control de estas lanchas neumáticas y, de hecho, se declararon género prohibido y se restringió su uso. Desde entonces, hemos visto cómo el problema detectado se ha ido incrementando con una nueva utilización cada vez más extendida y en este caso respecto al tráfico de personas, una circunstancia que comenzó siendo anecdótica pero que se ha convertido en una nueva dimensión del problema, de manera que el Gobierno ha decidido actuar de manera urgente para hacerle frente sin ningún tipo de dilación.

Señorías, les voy a dar solo algunos datos respecto al impacto que tiene esta medida para que ustedes sepan la importancia de que se convalide este decreto-ley. Entre los años 2012 y 2016, el Servicio de Vigilancia Aduanera y la Guardia Civil, solo en el Campo de Gibraltar, interceptaron 93 embarcaciones neumáticas semirrígidas de alta velocidad y detuvieron a 326 personas. Además, se tiene constancia de que se ha actuado en 141 intentos de alijo, en los que se pretendía introducir en nuestro país aproximadamente 107 toneladas de hachís, cifras en las que no se incluyen las numerosas embarcaciones que aparecen vacías pero de las que se tienen fundadas sospechas de que estaban vinculadas en tareas de narcotráfico. Algún dato más: durante la pasada década, el Servicio de Vigilancia Aduanera llevó a cabo la Operación Marinas contra el blanqueo de capitales, que estaba vinculado al narcotráfico y que se basó en el análisis de los titulares de esa lancha, y les tengo que decir que los resultados fueron espectaculares. De hecho, como consecuencia de esa investigación se instruyeron 500 atestados, se intervinieron 800 embarcaciones semirrígidas y también vehículos, inmuebles, activos financieros en total por un valor de casi 40 millones de euros. Coincidía que los titulares de estas embarcaciones formaban parte de una red extendida en el narcotráfico en la zona de España y que concretamente abastecía al sur de Europa. Por eso, creo que no podemos seguir dando la espalda a un problema de esta magnitud, porque tenemos que mejorar la eficacia en la prevención y lucha contra el contrabando llevando a cabo incautación de estas embarcaciones incluso en tierra y aunque no tengan una carga ilícita, para poder incoar los correspondientes expedientes sancionadores o formular denuncias que resulten pertinentes. Es decir, separar el hecho de que solo se puede actuar cuando se encuentra mercancía y reconocer que este tipo de embarcaciones se utiliza de una forma muy prioritaria justamente para ser un coadyuvante, para ser una medida necesaria para que esa mercancía pueda llegar a tierra o para que personas en situación ilegal también puedan hacerlo.

La norma que sometemos a convalidación considera género prohibido las embarcaciones neumáticas y semirrígidas con más de 8 metros de eslora total o, siendo menores, que dispongan de una potencia máxima, independientemente del número de motores, igual o superior a 150 kilovatios. En el caso de embarcaciones distintas a las que acabo de describir, serán también consideradas género prohibido cuando se acredite que ha habido delito e indicios racionales de que van a ser utilizadas para cometer o facilitar la comisión de un acto de contrabando. Entre estos indicios, está la modificación significativa de la embarcación para aumentar su potencia o cuando se habilitan dobles fondos dentro de estas embarcaciones, espacios que evidentemente tienen como objetivo ocultar algún tipo de mercancía y que


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no estaba previsto en el diseño original de estas embarcaciones. También se va a considerar indicio delictivo el empleo de equipamiento o materiales que dificulten su detección, es decir, que inhiban la frecuencia que permite que se sepa dónde están las embarcaciones que en ese momento están en el mar, porque todos son indicios de que se están intentando ocultar bien a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bien ante situaciones de competencia en el contrabando que se puedan estar produciendo en la zona. Obviamente, quedan fuera de esta consideración las propias embarcaciones que utilizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Salvamento Marítimo, que hacen un uso de estas embarcaciones semirrígidas, y las que se dedican a la defensa nacional o a la prestación de determinados servicios públicos. Tampoco van a alcanzar la calificación de género prohibido las que son de recreo en uso privado, siempre que cumplan con una serie de requisitos que se dificultan y que ponen algunas variables en materia de seguridad técnica o de comercialización. En todo caso, sea quien sea su titular o se utilice para lo que se utilice, va a ser necesario que los titulares inscriban en el Registro Especial de Operadores de Embarcaciones Neumáticas este tipo de vehículos o embarcaciones, y va a ser un registro -esto es lo importante- único a nivel nacional para que las comunidades autónomas puedan consultarlo y se ubicará en la Agencia Estatal de Administración Tributaria, sobre la que va a recaer su gestión. Por tanto, va a haber capacidad de comunicación de esa información entre todas las comunidades para de esa manera hacer más efectiva la intervención de las fuerzas de seguridad.

En definitiva, señorías -y termino-, se trata de un real decreto cuyo objetivo es hacer frente a un medio logístico utilizado de manera profusa, indiscriminada y no adecuada por las organizaciones criminales que se dedican al contrabando de drogas y tabaco y que más recientemente lo dedican al tráfico de personas. Una norma que espero que redunde en una mayor eficacia de los medios humanos con los que se está dotado el Estado para luchar contra este fenómeno y que acabará -espero que así sea- con la sensación de impunidad que a veces tienen estas mafias, que utilizan una y otra vez estas embarcaciones sin que las fuerzas de seguridad puedan incautarlas ni hacer nada. Una razón suficiente, señorías, para que los grupos políticos de esta Cámara puedan votar a favor el apoyo a este real decreto-ley. Lo que esta en juego, recuerden, es ni más ni menos la seguridad y el bienestar de nuestra ciudadanía y la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que realmente la lucha contra el narcotráfico, contra las drogas, o la lucha contra el contrabando de tabaco y el tráfico ilegal de personas sea una realidad dotando a estos cuerpos de los mayores instrumentos posibles. En esa tarea es en la que solicito su aprobación.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene en primer lugar la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora ministra de Hacienda.

Respaldaré la convalidación de este real decreto-ley, que resulta necesario, porque en España precisamos con urgencia ampliar los instrumentos legales para hacer frente a la proliferación de lo que en el argot se conoce como narcolanchas, que no son otra cosa que embarcaciones de uso privado utilizadas para el tráfico de drogas, el contrabando de tabaco y, en los últimos tiempos, el tráfico de personas. Por cierto, son tres tipos o figuras delictivas... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: ... que están proliferando y, por tanto, obliga a la adopción de más y mejores medios para su combate. Si bien en los pasados años ha habido un paulatino incremento de los medios materiales para fortalecer la prevención, vigilancia, investigación y represión de las organizaciones criminales para acotar su espacio y perseguir sus movimientos, también se hacía necesario disponer de nuevos instrumentos legislativos que, como este que nos acaba de presentar el Gobierno, contribuyeran a dotarnos de medidas de seguridad mayores y mejores; de hecho, las que hoy se proponen ya habían sido anunciadas por el anterior Gobierno.

Todos hemos visto imágenes aéreas de nuestros patrulleros persiguiendo embarcaciones cuyos tripulantes van deshaciéndose de la mercancía que transportan antes de ser detenidos por las fuerzas y cuerpos policiales o por los servicios de aduanas, incluso hemos visto a esas embarcaciones escabulléndose


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o realizando desafiantes embestidas y abordajes gracias a la gran potencia de sus motores, como ha recordado la ministra Montero en la defensa de este asunto. A partir de esta nueva norma, estas embarcaciones tendrán la consideración de género prohibido y podrán ser intervenidas en tierra si existen elementos o indicios racionales que, por sus características, pongan de manifiesto la intención de ser usadas para cometer actos de contrabando delictivos. Con todo ello estamos de acuerdo y, por tanto, votaré a favor.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Tiene la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gràcies, presidenta.

Señorías, hoy nos encontramos ante un dilema interesante, un equilibrio entre libertad y seguridad. Estamos hablando de la proscripción, con alguna excepción, de determinados tipos de motonave. Cuando leí el decreto por primera vez he de confesar que me parecía matar mosquitos a cañonazos; es decir, no podemos prohibir determinados cuchillos de cocina solo porque puedan tener utilidades criminales. Desde una perspectiva de mentalidad liberal, me provocó un cierto rechazo. Luego leí el prólogo del decreto, que es prolijo, largo, y está el otro pilar, el de la seguridad. Estamos hablando no solo de narcotráfico y de tráfico de tabaco, sino también de tráfico de personas, y nunca se es suficientemente prudente cuando se trata no solo del cuidado de la salud pública sino de derechos humanos. A veces digo que en este Parlamento tenemos lo que se llama efecto túnel. A mí, aparte del decreto, me hubiera gustado leer estudios que justificaran mucho más la necesidad de prohibir este tipo de motonaves, y la verdad es que no los he encontrado. Pero ante un dilema de este tipo, por muy prolija y convincente que sea la introducción de la ley, y también atendiendo a que el decreto prevé sistemas de seguridad jurídica que nos parecen muy correctos, optaremos por lo que llamaríamos prudencia preventiva y votaremos a favor de la medida.

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyories.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Intervendré brevemente. Se nos presenta a convalidación un real decreto-ley por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías, cuyo incremento lo constituye el uso de embarcaciones neumáticas y semirrígidas de unas determinadas características, a cuyo través se ha incrementado el contrabando de determinados géneros, en especial drogas y tabaco, y recientemente se ha iniciado el transporte ilegal de inmigrantes africanos para su entrada en España a través de sus fronteras, principalmente la del sur. Todo ello está suponiendo una dificultad añadida, como se dice en la exposición de motivos, a los servicios públicos encargados de que tales tráficos ilícitos no se realicen y, además, una sensación de impunidad en la ciudadanía y un riesgo para la navegación marítima. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).

A tal fin, se dispone la calificación como género prohibido de aquel tipo de embarcaciones neumáticas y semirrígidas, así como de aquellas otras de porte menor, las de menos de 150 toneladas de arqueo neto, o cualquier otra neumática o semirrígida que no sea de las anteriores, pero que a través de una serie de indicios tasados pueda colegirse la intención de usarse para el contrabando; calificación como género prohibido que se exonera para ciertas actividades de particulares, siempre que se registren los operadores y se autorice el uso de cada embarcación por la Administración pública.

El Grupo Parlamentario Vasco votará favorablemente la convalidación de este decreto-ley porque considera que las medidas que contiene son, con carácter general, adecuadas al fin perseguido, como es dificultar el contrabando de mercancías y traslado ilícito de inmigrantes, pero, además, debe hacerse sin demora y con carácter urgente. Sin embargo, también consideramos que el decreto-ley debiera tramitarse como proyecto de ley a fin de reconsiderar alguno de sus aspectos, tales como la determinación de ciertos supuestos en los que debe declararse como género prohibido embarcaciones en atención a circunstancias concurrentes que se erigen en indicios de que el destino de las mismas será coadyuvar al contrabando y que requerirá, si se quiere oponerse a esa presunción, de la inversión de la carga de la prueba. Además, tal y como están definidos estos indicios, pudiera dar lugar a encontrarnos ante manifestaciones del


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llamado derecho sancionador de riesgos con marcos muy amplios que convendría aquilatar y valorar más sosegadamente. Señorías, estamos ante una regulación con consecuencias penales.

Tampoco queda medianamente claro en el decreto-ley si la falta de registro y autorización es subsanable si se probara que su uso efectivo sería autorizable, máxime cuando de manera transitoria y tras la entrada en vigor del decreto-ley los actuales operadores de las embarcaciones que se declaran a futuro como prohibidas disponen de un plazo de seis meses para solicitar la inscripción en el registro de operadores y de autorización de uso con arreglo a lo dispuesto en el decreto-ley y máxime también cuando el silencio sobre esas solicitudes de inscripción y de autorización de uso se entiende provisionalmente concedido.

Por último, y respecto de esta última cuestión, debiera considerarse por esta Cámara, vía enmiendas, la que parece una medida cautelar positiva a favor del solicitante en tanto se resuelve sobre su solicitud de inscripción como operador y autorización de uso. Esta es una cláusula que genera confusión jurídica respecto a la técnica de licencia o autorización cuya finalidad es, precisamente, comprobar ex ante el cumplimiento de las condiciones legales que posibilitan el uso. Pero también pudiera interpretarse como una posibilidad para que la Administración resuelva en contra de un acto producido por silencio, lo cual es una regulación que vulnera un modo inveterado de proceder administrativo y de la regulación contenida en la vigente Ley 39/2015, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. En cualquier caso, esta es una previsión que junto a otras convendría aclarar a fin de evitar inseguridad jurídica en una actividad que puede dar lugar a la comisión de ilícitos penales.

Voy finalizando, presidente, manifestando nuestro apoyo a la convalidación del decreto-ley que debatimos, sin perjuicio de su tramitación como proyecto de ley.

Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz Gómez.

El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, señor presidente.

¿Ven, señores del partido sanchista, antes Socialista? Esto es un decreto con urgencia real; para esto sí están los decretos, para una urgencia. (Aplausos). No son para nombrar amiguetes, no para anular instituciones, no para ocupar Radiotelevisión Española, no para compensar una debilidad parlamentaria cada vez más evidente y no para no traer presupuestos a esta Cámara. Los decretos están para cosas urgentes y este asunto lo es, el motivo es que las embarcaciones utilizadas por los narcotraficantes de tabaco, de narcóticos y de personas son muy potentes y es difícil darles alcance antes de que hayan realizado la descarga o lanzado por la borda la droga que transportan. Así lo han venido denunciando los agentes que tienen que hacer frente a esta situación y por ello considerar este tipo de embarcaciones como una herramienta para el narcotráfico y para el transporte que las mafias efectúan de inmigrantes, como propone este decreto, es necesario. Por otro lado, está el riesgo para la seguridad que supone tener embarcaciones de altísima potencia maniobrando en zonas con público, con bañistas o con embarcaciones de recreo, situaciones como la del pasado mayo en la playa de Getares, en Algeciras, cuando un niño de nueve años que estaba en una embarcación de recreo con su padre fue aplastado y resultó muerto por una narcolancha.

La red clientelar del narcotráfico de drogas y tabaco es muy extensa, son muchas las personas que se lucran con esta actividad y tiene una profunda penetración en el tejido social, el 80 % del hachís que va destinado a Europa entra por nuestras costas; pero imaginen también el dineral que mueve esta actividad y la violencia que conlleva. ¿Les parece normal que saquen a un narco asaltando un hospital? ¿Les parece normal que en mayo pasado nueve guardias civiles, estando fuera de servicio, fueran reconocidos por los asalariados del narco y apaleados en frente de sus familias? Y todo porque en la bahía de Cádiz los narcos y sus asalariados, que son miles, han perdido el respeto a la autoridad y operan impunemente.

Ante esta tesitura, ante este panorama que planteamos, ¿cómo creen que son las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en esta zona? Veamos con datos qué han hecho los Gobiernos del Partido Popular y del partido sanchista, antes Socialista, en este tiempo. La comisaría de Algeciras tiene 495 agentes y debería haber 603 para tener el catálogo de personal completo; faltan 108. La comisaría de La Línea tiene una previsión de 324 agentes y tiene 275; faltan 49. La comandancia de la Guardia Civil en el Campo de Gibraltar estima que debe tener un millar de agentes, hay 850, faltan 150. Es decir, en la zona hay 307 agentes menos de los necesarios. ¿Para cuándo tienen prevista una unidad policial de intervención permanente?


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Señores sanchistas populistas, cuando estaban en la oposición pedían un plan integral para esta zona, tenían grandes ideas y pretendían fuertes inversiones en personal y en material. Bien es cierto que la señora Calvo dirá que quien decía esto no era el presidente del Gobierno, pero calvinismos aparte, para poder ser serios, ¿por qué no dotan de personal y medios de una vez a los agentes del Campo de Gibraltar? Y señores del Partido Popular, ustedes recorren el camino inverso, sin sonrojo alguno y a la semana de salir del Gobierno, están ustedes pidiendo todo lo que negaron mientras podían hacerlo. Y claro, también pueden decir eso de: es que ahora no somos Gobierno, en una suerte de calvinismo inverso para la campaña de las andaluzas. (Aplausos). Ni Partido Popular ni partido sanchista, antes Socialista, han hecho nada para evitar que las costas andaluzas sean el ecosistema del narco. Si ahora usan submarinos ¿qué hacemos, los prohibimos? Hace falta voluntad política para combatir a los narcos en mi tierra, en Andalucía, den medios, den coches, den lanchas, den medidas protectoras a nuestros agentes, que, mientras, son acosados cuando trabajan y cuando descansan. Sean un Gobierno digno de tan fieles servidores públicos, que siempre están dispuestos a cumplir su deber hasta las últimas consecuencias. El narco no puede llevar siempre la delantera en medios a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Con este decreto afirman que quieren ayudar a los agentes en su trabajo, ¿de verdad quieren ser un Gobierno que apoya a su Policía y a su Guardia Civil? Pues miren, si es así, den medios materiales a nuestros agentes, doten de efectivos a las plantillas de las comisarías, fomenten que se les respete, ¿saben cómo? No haciendo socios suyos a quienes los insultan o los llaman matones por defender el Estado de derecho allí donde el secesionismo quiere quebrantarlo. Apoyen a los guardianes de nuestras libertades; vayan a sus homenajes, en Cádiz o en Navarra (aplausos), y si en algún lugar de España apalean a los miembros de la Policía o de la Guardia Civil, sean un Gobierno digno y actúen en su defensa, no hagan su aliado preferente a quien recibe a las familias de los paliceros. No se enfrenten a quienes apoyan a los agentes del Estado. Si quieren apoyar a los servidores públicos, rectifiquen; este decreto es una forma, pero no basta. Señores sanchistas, no se equivoquen, es indigno elegir como aliados a quienes quieren arrebatarnos la unidad, la igualdad y la libertad por seguir encaramados en la Moncloa. Es indigno para el socialismo, es indigno para un Gobierno, es indigno incluso para el Gobierno de la indignidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Díaz.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Delgado Ramos.

El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, hoy, que hablamos de prohibir lo que se viene denominando como narcolanchas, yo quiero empezar trasladando mis condolencias tanto a los familiares como a los amigos de esos diecinueve inmigrantes que ya han aparecido consecuencia de aquella patera que se hundió en Cádiz. Hay que acabar con ese drama, hay que poner medidas para eso. La inmigración es un drama horrible, y se lo dice alguien que le ha tocado vivirlo a pie de playa. Alguna que otra vez, desgraciadamente, me ha tocado custodiar algún cadáver de alguna criatura que venía de aquella zona con muchas ilusiones, quizás pobre para llevarse algo a la boca, pero los hay más pobres aquí de conciencia y de humanidad. (Aplausos).

Es verdad que viene aquí una medida, señora ministra, que es más que necesaria y, por lo tanto, nosotros vamos a apoyarla, sin tanto populismo como viene haciendo Ciudadanos. (Rumores). Y viene con retraso, porque hace más de diez años que se viene pidiendo, y viene motivada por la situación que se está produciendo en el Campo de Gibraltar especialmente. Yo creo que para los diputados andaluces, como usted ha dicho, es muy importante, pero no para todos los diputados andaluces, porque el Partido Popular lleva diez años desmantelando las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hoy tenemos veinte mil policías menos en España y, por lo tanto, no es lo mismo para unos que para otros. Pero también hay que hacer autocrítica.

La consecuencia de lo que hoy se está viviendo en el Campo de Gibraltar tiene su origen en una política fallida. Primero, la invisibilidad a la que se ha visto sometido el Campo de Gibraltar; sus ciudadanos están hartos de ser portadas en los telediarios y en las páginas de sucesos, porque la inmensa mayoría es gente honrada, gente que trabaja, que madruga en la zona del Campo de Gibraltar para buscarse las habichuelas, como decimos nosotros por allí, y creo que algo tendrá que ver también esa política desde la Junta de Andalucía, desde el Gobierno central, en los últimos cuarenta años del bipartidismo. Es decir,


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que Andalucía sea la comunidad que cuenta con el mayor fracaso escolar también tendrá que ver con la falta de oportunidades para muchos jóvenes en aquellos municipios donde los datos de desempleo llegan al 70 % y donde hay ayuntamientos de todos los colores que, prácticamente, están en bancarrota. Yo creo que también eso es importante abordarlo hoy aquí.

En el Campo de Gibraltar hacen falta más guardias civiles y más policías, pero sobre todo hacen falta más puestos de trabajo, para que eso no sea un caldo de cultivo donde las mafias organizadas hagan su negocio; eso es importante, y atender políticas y que los planes integrales no duerman después el sueño de los justos en un cajón, como se suele decir. La Junta de Andalucía ha prometido en varias ocasiones un plan integral, y yo creo que esta medida, que es buena, tendría que venir acompañada dentro de un plan integral para la zona del Campo de Gibraltar.

Miren, les voy a poner un ejemplo que se entiende muy bien. En cuestiones de infraestructuras, si la vía de tren Algeciras-Bobadilla se hubiese puesto en marcha hace treinta años, hoy el puerto de Algeciras sería el más importante de Europa; no uno de los más importantes, sino el más importante. Hemos tenido tiempo y, al igual que esta medida viene con diez años de retraso, lo mismo sucede con el Algeciras-Bobadilla. Es importante acabar con el desempleo y, por supuesto, también tener más y mejores plantillas; o mejorar los recursos judiciales, que los jueces en la provincia de Cádiz tienen montañas de diligencias que no pueden atender por la falta de recursos.

Es importante que se trabaje de forma sería y, desde mi grupo parlamentario, les ofrecemos el apoyo para hacer un pacto de Estado, de consenso, sin partidismos, sin hacer política de la situación que sufre y que vive el Campo de Gibraltar para hacer un plan integral de verdad, para pensar en la gente. Esta medida viene vacía de contenido; que es importante, pero después ¿qué hacemos, prohibimos también las aeronaves que utilizan los narcotraficantes? Es que en la provincia de Cádiz ya entra la droga a través de aeronaves también, y en barcos pesqueros, que algunos han sido aprehendidos con droga, y en las embarcaciones de recreo; es decir, al final es un coladero, pero también hay que ir a la raíz del problema para ver que hay un problemón enorme; un problemón de puestos de trabajo, de dignidad, de una política fallida que, entre todos, tenemos que darle la vuelta a esta situación del Campo de Gibraltar.

Miren, en el año 2004 yo mismo, cuando estaba en la Asociación Unificada de Guardias Civiles, hice un informe sobre la situación de seguridad en el Campo de Gibraltar; en el año 2004, hace 14 años. Y entonces ya se hablaba de la situación que hay ahora. Hay un escrito del CNI, del 27 de octubre del año 2003, en el que decía que el dinero del narcotráfico financiaba el terrorismo yihadista. ¡En el año 2003! Es decir, hemos tenido tiempo de trabajar; y no de desmantelar como ha hecho el Partido Popular diciendo: aquí no hacen falta guardias civiles, en esa parte que les gusta a ellos de la privatización de lo público, y después se dan golpes de pecho, ponen la bandera muy grande, etcétera; pero aquí es donde se ve también la patria, en rescatar a la gente. Es decir, es muy importante acabar con el narcotráfico, pero no solo con medidas policiales, con las que yo estoy de acuerdo -yo soy guardia civil, qué le voy a decir-, sino que también hay que potenciar las unidades de investigación, que están bajo mínimos. Sí, la plantilla está cubierta, pero resulta que el catálogo de puestos de trabajo es de hace veinte años; está cubierto según las necesidades de hace veinte años, por tanto, lo tenemos que actualizar.

Lo importante, y usted lo sabe porque también es andaluza, es que tenemos que ponernos a trabajar de una forma real y efectiva, y aunque estas medidas sean necesarias, no debemos parchear sino ponernos a trabajar para hacer un plan integral de verdad para toda nuestra gente del Campo de Gibraltar, que está en situación de desempleo, de falta de infraestructuras, de políticas de formación y muchas otras cuestiones. Pongámonos a trabajar de forma real y efectiva contando con el consenso de todos los partidos políticos para sacar de esa situación al Campo de Gibraltar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Delgado.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado Zurera.

El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.

Gracias, ministra, por abordar con carácter de urgencia una necesidad y por facilitar una solución tan importante para el Campo de Gibraltar y para esas 600 000 personas que tienen minados su desarrollo y su progreso debido al contrabando, al narcotráfico y últimamente también al tráfico de personas. Gracias.

Yo creo que debemos empezar lanzando un mensaje positivo a la ciudadanía del Campo de Gibraltar en el sentido de que no se nos puede ir de las manos su progreso, su futuro y su dignidad, y, por tanto, va


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a haber unidad por parte de todos los grupos políticos ante iniciativas que vayan en pro de la dignidad y del desarrollo del Campo de Gibraltar. Por eso, pido unidad, pido solidaridad y traslado esperanza a las personas que ahí habitan. Como dice Europol, se trata de un punto muy difícil: el 50 % del tráfico de hachís a nivel mundial se incauta en el Estrecho, el 75 % de toda Europa. Un punto caliente, duro. La ministra también ha dado datos al respecto. Los que yo tengo dicen que en los últimos años -de 2012 a 2018- se han incautado 165 toneladas de hachís, 81 embarcaciones han sido intervenidas y se ha detenido a 282 personas. Un punto duro, un punto muy caliente. Y también quiero trasladar un mensaje de reconocimiento para quienes allí trabajan, porque lo hacen asumiendo muchísimo riesgo, Policía, Guardia Civil, Servicio de Vigilancia Aduanera. (Aplausos). Se trata de trabajos muy duros, en los que se asume mucho riesgo y estos trabajadores tienen derecho a unas mejores condiciones de trabajo.

Se puede criticar al Gobierno, pero creo que en esta materia no se lo merece. En cuatro meses de Gobierno se ha puesto en marcha un plan especial de seguridad en la zona, que ha contado con una inyección de 7,7 millones de euros, 5,5 millones para cubrir toda la plantilla, no como se ha dicho aquí, sino todo el catálogo de puestos de trabajo en Guardia Civil y Policía Nacional, y para aumentar un 30 % los efectivos de Vigilancia Aduanera. También el resto, hasta siete millones y medio, se va a destinar a medios materiales y técnicos: se han adquirido siete vehículos, drones, un nuevo helicóptero y embarcaciones semirrígidas. Por tanto, no se le puede decir al Gobierno que no ha actuado, por favor. Valoremos en conciencia lo que se hace y ayudemos a que se haga aún más porque queda mucho por hacer, porque ahí sigue ese punto; seguimos teniendo esas dificultades, tenemos a esas 300 000 personas que tienen minado su futuro y que necesitan el apoyo de todos, pero reconozcamos el esfuerzo.

La portavoz del Gobierno también anunció recientemente, el pasado junio, un plan integral para toda la comarca porque hay que abordar esto desde el punto de vista social, económico y asistencial. La Junta de Andalucía se ha comprometido a hacer un esfuerzo especial para dotar de más equipamiento de servicios públicos sanitarios, como el hospital de La Línea, y para hacer programas de rehabilitación de viviendas. En definitiva, el compromiso tiene que venir por parte de todos y tiene que haber una unidad política, que es fundamental para abordar ese punto rojo de tensión en el que no se merecen vivir esas 300 000 personas, que tienen derecho al progreso, al desarrollo y al bienestar al igual que el resto de ciudadanos españoles.

El contenido no lo voy a repetir. Se trata de prohibir la posesión, la construcción de gomas, como las llaman ellos, de narcolanchas, que son la Fórmula 1 en el mar: llegan a los 130 kilómetros, a los 60 nudos, y las fuerzas de seguridad del Estado en muchos casos -Salvamento Marítimo, Vigilancia Aduanera- no pueden alcanzarlos porque no tienen medios técnicos, pero ya se les está dotando de ellos. Son lanchas que actúan de forma temeraria, peligrosa, porque peligra la vida de los que las persiguen; no actúan solos, uno lleva la mercancía y tres se dedican a obstaculizar la persecución de los agentes de la autoridad. Por tanto, se merecen nuestro reconocimiento. Esta es una herramienta jurídica importantísima porque hay que incautar esas gomas, esas narcolanchas; hay que evitar que otras se puedan usar, porque se pueden legalizar a través de ese registro. Por tanto, creo que hay valorar esa herramienta y agradecer a la propia ministra que la haya introducido con carácter de urgencia. Ha decaído un anteproyecto de ley que se tramitó en el mes de julio sobre la modificación de la Ley Orgánica de Represión del Contrabando y, ante las circunstancias tan duras y tan dramáticas del tráfico de personas, evidentemente la ministra ha tenido la sensibilidad suficiente para abordar esto con carácter de urgencia porque es algo que está más que demostrado y que nadie cuestiona. Y quiero decir que ya está teniendo efectos: cuando ya estaba en vigor este real decreto, desde el 28 de octubre, se puso en marcha un proceso judicial contra tres personas teóricamente contrabandistas que necesitaron ayuda de Salvamento Marítimo en una lancha; ya están inmersos en un procedimiento judicial, pero evidentemente se les ha incautado esa goma, con lo cual no se va a poder utilizar de nuevo para el contrabando.

Pido -y con ello concluyo- unidad, consideración, solidaridad con el Campo de Gibraltar, pero también pido sentido de Estado y una valoración justa de estos avances que se están dando en los últimos meses porque antes hubo muchos anuncios pero ninguna ejecución, se quedaron en meros anuncios por parte del Gobierno del Partido Popular.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Hurtado.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora García Pelayo.


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La señora GARCÍA-PELAYO JURADO: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores diputados, tengo el honor de intervenir en la tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Popular y voy a hacer una intervención distinta a la que han hecho los diputados que han intervenido antes que yo.

En primer lugar, tengo que decir que me siento profundamente orgullosa de ser diputada por la provincia de Cádiz. Es una provincia muy bonita, muy rica, muy plural; una provincia, sobre todo -y creo que hoy más que nunca hay que decirlo-, llena de gente trabajadora y muy honesta, pero una provincia que sufre, es verdad, el drama de la inmigración, y digo drama de la inmigración porque, realmente, la inmigración es un drama.

Hoy venimos a convalidar un decreto en relación con la ilegalización de las narcolanchas. El Gobierno justifica la ilegalización de las narcolanchas -algo que mi grupo evidentemente comparte- en que son un instrumento del que se valen las mafias del tráfico de drogas y del tráfico de personas, pero creo que no podemos equiparar ambas realidades. La inmigración es un drama y lo estamos viviendo estos días. La provincia de Cádiz se despierta un día sí y un día también con la conciencia de que hay inmigrantes muertos en las costas. Últimamente ha habido 19 fallecidos, 19 personas que pusieron sus vidas en manos de las mafias, a las que pagaron 1500 euros cada una para que las trajeran, en teoría, a un mundo mejor. Lo que no sabían era que ese mundo iba a ser su final, la muerte, porque venían en pateras de madera corroída. Eso es algo que ninguno de los que estamos aquí podemos permitir ni tolerar y es algo que por sí solo justifica que apoyemos la convalidación de este decreto y, por supuesto, hagamos mucho más, de lo cual voy a hablar ahora. Pero también tenemos otra realidad, que es una tragedia, la de las mafias de la droga. Esta cuestión quiero tratarla de manera distinta, porque las mafias de la droga, evidentemente, no son un drama, son delincuentes, unos delincuentes a los que el Campo de Gibraltar les lleva alzando la voz desde hace más de treinta años, junto con el Partido Popular, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de Vigilancia Aduanera. No podemos olvidar que, junto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios de Vigilancia Aduanera, la buena gente del Campo de Gibraltar se lleva alzando contra la realidad de la droga desde hace más de treinta años.

Deducirán de mis primeras palabras que el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la convalidación de este decreto, pero además sumo un motivo más, y es que el Partido Popular, concretamente el Gobierno de España de Mariano Rajoy, se había comprometido a ilegalizar las narcolanchas y había iniciado los trabajos para esa ilegalización. Por lo tanto, hoy estamos culminando la realización de una promesa del Partido Popular y del Gobierno de España del Partido Popular y unos trabajos que inició el citado Gobierno. A partir de ahí, ¿qué les digo? Que no es suficiente. Creemos -y lo digo de corazón- que contra el tráfico de drogas y de personas no se lucha solamente a golpe de decreto -repito, solamente a golpe de decreto- ni a golpe de poner más policías y más guardias civiles. Evidentemente, hacen falta más policías y más guardias civiles -posiblemente nunca será suficiente el número-, pero el Campo de Gibraltar necesita más, necesita una actuación seria. En el Campo de Gibraltar se habla -y el Partido Popular lo apoya al cien por cien- de la necesidad de un plan integral para el Campo de Gibraltar.

¿Por qué se está pidiendo desde el Campo de Gibraltar ese plan integral? Porque la realidad de la droga aparece allí en el año 2008, cuando surge la crisis económica. Del empleo se pasa a unos altos índices de desempleo y los capos de la droga que están en África, en Marruecos, descubren que tienen una magnífica plataforma de distribución logística en el Campo de Gibraltar. Allí no están los capos de la droga; los capos de la droga utilizan el Campo de Gibraltar como subcontrata, como plataforma logística para llevar la droga desde Marruecos hasta Europa. ¿Qué es lo que ofrece el Campo de Gibraltar como plataforma logística a los capos? Ofrece servicios de guardería de la droga, transporte a través de las narcolanchas, seguimiento a la Guardia Civil... Lo importante -insisto- es que se vaya al origen, a los capos. Evidentemente, hay que detener a todo aquel que interviene en el proceso de tráfico de drogas, pero hay que detener al capo, hay que ir al origen, y para eso -insisto- también hace falta colaboración europea. ¿Por qué pedimos el plan integral? Porque nosotros consideramos que solamente si el Campo de Gibraltar se ve apoyado con medidas desde el punto de vista de la seguridad, que son importantes, pero también por otras medidas -a las que ahora me voy a referir- pondremos fin y coto a las mafias.

En primer lugar, ¿qué significa plan integral? Significa plan de todos. Lo que me preocupa es que cada vez que ustedes hablan de plan integral solamente oigo medidas policiales -que son necesarias, insisto, no quiero confundir a nadie-, y plan integral significa plan de todos y plan de todo. Plan de todos, ¿qué es? Involucrar no solamente al Gobierno de España sino a todas las administraciones -Junta de Andalucía, mancomunidad, ayuntamientos-, tener el consenso de todos los grupos políticos y, por


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supuesto, escuchar a la sociedad civil, porque por respeto se merece ser escuchada, porque es quien lleva dando la cara treinta años en contra de las mafias. ¿Eso qué nos garantizaría? Primero, que los planes se desarrollen y, sobre todo, que las medidas puedan ser eficaces porque van coordinadas y compartidas por todos.

En segundo lugar, ¿qué medidas son las que nosotros planteamos? Evidentemente, medidas de seguridad, en las que no voy a volver a entrar porque aquí se habla mucho de ellas. Felicitamos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por su trabajo, pero necesitamos que el Campo de Gibraltar se convierta en una prioridad, y no lo es cuando se habla de él y no se habla, por ejemplo -lo ha dicho usted, portavoz del Partido Socialista-, de rehabilitación de viviendas. ¿Saben ustedes desde cuándo no se rehabilitan viviendas en el Campo de Gibraltar, en concreto en La Línea? Desde el año 2009 no se rehabilitan ni hay planes de rehabilitación. ¿Saben ustedes que, en concreto, en La Línea las viviendas sociales o de VPO que se han construido han sido realizadas por el ayuntamiento y no por la Junta de Andalucía? ¿Saben ustedes que en La Línea, por ejemplo, se ha negado la construcción de un instituto o de un colegio de infantil y primaria, alegando la Junta de Andalucía que no hay demanda cuando es la provincia con mayor tasa de abandono temprano y de fracaso escolar? Si queremos que haya empleo tendrá que haber formación, pero también un entorno de calidad de vida. ¿Saben ustedes que han abierto un hospital en La Línea que no tiene suficientes especialistas? Por lo tanto, ahora que parece que se ha cerrado el círculo -gobierna el Partido Socialista en todas las administraciones que afectan al Campo de Gibraltar-, espabílense, cumplan cada uno con las competencias que les corresponden, que la Junta de Andalucía mueva ficha por el Campo de Gibraltar. No dejen fuera de este plan integral que les estamos planteando a la Junta de Andalucía, porque si la dejan fuera va a tener la excusa perfecta para lavarse las manos otros treinta años y olvidarse del Campo de Gibraltar. Y si queremos que no haya drogas, si queremos que no haya mafias, si queremos que no haya tráfico de drogas ni de personas en el Campo de Gibraltar, necesitamos un Campo de Gibraltar fuerte, un Campo de Gibraltar que progrese en empleo, en igualdad de oportunidades para todos y, en definitiva, en calidad de vida. Eso es lo que nosotros creemos: más policías, sí, pero más derechos también para el Campo de Gibraltar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora García Pelayo.

DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (CONTINUACIÓN):

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000025).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos a debatir el siguiente punto del orden del día, relativo al debate de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, debate de totalidad de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

A esta proposición de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, la señora Valmaña Ochaíta.

La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.

Tomo la palabra para defender la enmienda a la totalidad del Grupo Popular a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, para la derogación del artículo 315.3 del Código Penal y la inclusión de alguna disposición con pretensión de eliminar los efectos de la aplicación de dicho artículo una vez derogado.

Lo primero que les quiero decir es que, por favor, no entiendan nuestra enmienda como empecinamiento ni tozudez, algo que sería perfectamente lícito si se hace en defensa de las ideas, de los valores y, sobre todo y por encima de todo, en defensa de los derechos de los ciudadanos. Nuestra enmienda deben entenderla como lo que es, una oportunidad; una oportunidad para volver a reflexionar sobre un planteamiento que creemos radicalmente equivocado, que creemos perjudicial para los derechos de los trabajadores y que creemos que debe ser revisado para partir, en la posible necesidad de su reforma, desde el mismo precepto, desde la misma ley y no desde la dinamitación de la ley. Es, por tanto, una oportunidad. En el ánimo de los proponentes que elaboraron esta proposición de ley no estaba -creo yo- endurecer el castigo a los trabajadores, reforzar una exacerbación de la punición de estas conductas


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y castigar más duramente. Sinceramente, no creo que fuera su ánimo, pero desde luego las cosas hay que hacerlas bien para que surtan los efectos deseados y no los efectos contrarios a los que pretenden. Como creemos que esta iniciativa es -lleva siéndolo en la sociedad, en la calle- producto de la acción y la reacción, pero no de la suficiente reflexión, volvemos a introducir la cuestión a través de la oportunidad que la enmienda a la totalidad nos presenta. Es una segunda oportunidad para que se unan a nosotros en la defensa de los derechos de los trabajadores, la defensa real, más allá de demagogias, más allá de planteamientos maximalistas que pueden dar resultado en la calle, pero que no dan resultado ni en el Código Penal ni en los Tribunales de Justicia. Por eso -les pido de antemano que me perdonen la petulancia de la cita- les pido que retomemos el "decíamos ayer" de Fray Luis de León, que está tan presente, tan cercano a nosotros, incluso en este hemiciclo, y les pido a los grupos parlamentarios que centremos el debate en la protección de los derechos de los trabajadores en lugar de engañarles, de utilizarles y de abandonarles después a su suerte.

Si descartamos la reforma y apostamos por la derogación, apostamos por un endurecimiento de las penas frente a la proporcionalidad en la persecución de las conductas penalmente relevantes. Eso es un hecho. Se puede hacer demagogia, pero la realidad es que la derogación traería de manera inmediata el endurecimiento de la pena a aplicar a las personas que realizaran esa conducta. Como ya les dije en la anterior ocasión que subí a la tribuna en relación con esta cuestión, su propuesta, esa acción-reacción sin reflexión, supone un espejismo de despenalización, porque no consigue realmente esa despenalización. Ustedes mismos, el grupo proponente, en su intervención del día 16 de mayo del año pasado, nos reconocía que las conductas que ahora contiene el artículo 513 del Código Penal nunca quedarían impunes; ustedes mismos lo reconocían en su intervención. Pues a partir de ese reconocimiento reflexionemos, pensemos y apliquemos los conocimientos del derecho, los que nos proporciona la doctrina más autorizada, para determinar cuál debe ser el camino a seguir para conseguir un objetivo más justo.

Estoy de acuerdo en que el derecho a la huelga es un derecho que debe ser protegido, debe ser protegido en la acción y también en la omisión de conductas que lo perturben o que lo dificulten. Además, nos parece que ese instrumento legítimo, de cuya mano han venido en muchas ocasiones los grandes avances sociales en nuestro país, debe ser utilizado con libertad -con libertad para los trabajadores que quieren secundarla, por supuesto-, de manera muy radical y con las penas durísimas que establecen los artículos 315.1 y 315.2 del Código Penal, delitos especiales frente al tipo básico de coacciones del artículo 172 del Código Penal, delitos más duros, pero, no se engañen, también delitos castigados con penas menos duras: tipo especial pero privilegiado, el 315.3. Son tipos que incrementan las penas para el que impide el ejercicio de la huelga, pero que establecen una pena menor para aquel que impide, en paralelo, el derecho al trabajo.

¿Por qué lo digo? Porque del análisis de los tipos penales vemos que si nosotros derogáramos este artículo inmediatamente esas dos conductas se iban a desplazar a otros dos artículos. Podrían desplazarse -sería gravísimo- al propio 315.2, por una razón muy sencilla, porque se estaría dando entrada, desde el momento en que desaparece la punición de la vertiente negativa de este derecho al trabajo, desde la desaparición de esa vertiente expresamente tipificada en el 315.3, al 315.2: penas gravísimas, de hasta cuatro años, más graves de las que ahora mismo existen. Pero es que, incluso si esa no fuera la interpretación mayoritaria, la que ustedes proponen es la del 372.1, es decir, la misma pena que ahora mismo recoge el 315.3, la misma pena pero no la misma conducta, porque la conducta que recoge ahora mismo el 372.1, es decir, el delito de coacciones para aquellas personas que participando en un piquete realizaran actos violentos, con violencia física, para imponer, secundar o iniciar una huelga, queda ahora mismo restringido el castigo en el 315.3 -delitos contra los derechos de los trabajadores- para los que actuando en grupo y frente a una pluralidad de sujetos pasivos hicieran esa coacción; pluralidad de sujetos activos y pasivos, por tanto un único delito. Sin embargo, si rompemos ese criterio lo que estaremos haciendo es dar la posibilidad al juez de que, a través de las reglas del concurso, castigue cada una de las conductas respecto de cada una de las víctimas. ¿Quieren traducir qué significa eso a los trabajadores a los que no se les está diciendo la verdad? Se les está diciendo que las penas se incrementarán por razón de ese concurso de delitos. Fíjense ustedes si nosotros creemos en lo que realmente se propone -que el exceso en el ejercicio de un derecho fundamental, el exceso antijurídico, el exceso ilícito, debe penalmente ser castigado precisamente para la protección de todos los trabajadores, y creo en eso todos estamos de acuerdo-, que planteamos incluso -para que quede más claro, para que los jueces reciban una interpretación auténtica por parte del legislador de lo que debe representar una proporcionalidad real de la pena- bajar el grado mínimo, aumentar ese margen de discrecionalidad. Somos conscientes de


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que con esta propuesta estamos rompiendo la proporcionalidad entre las coacciones y las coacciones que se producen en el ejercicio de los derechos fundamentales. Somos conscientes de ello, pero a pesar de eso preferimos hacer una propuesta que reduzca la penalidad mínima para que ese lenguaje quede trazado de una manera más nítida.

Por favor, no engañemos; por favor, no engañen a los trabajadores utilizándolos para una ficción, para decirles que se va a realizar algo que no se va a realizar, y no les confundan, porque quiero pensar que todos nosotros nos oponemos a los comportamientos violentos, también a esos excepcionales comportamientos violentos que, en nombre del derecho de huelga, algunas personas concretas realizan. Yo nunca apoyaré esos comportamientos violentos, nunca defenderé esos comportamientos violentos y, además, nunca pediré la impunidad para esos comportamientos violentos, pero lo que sí quiero es que este Parlamento traslade a la opinión pública la necesidad de que esa conciliación entre el derecho a la libertad de trabajar y a la libertad de ejercer el derecho a la huelga en sus vertientes positiva y negativa, ese equilibrio, se traduzca en una interpretación constitucional no solo de la ley -en palabras de Terradillos Basoco- sino también de la interpretación constitucional de la aplicación de la ley. Ahondemos en ese camino, profundicemos en ese camino, pero no utilicemos un camino erróneo, un camino torticero que nos lleve a esas consecuencias indeseadas. Les tiendo la mano para ello, y además con una cuestión importante. Digan también la verdad en cuanto a los efectos que realmente tendría la revisión de las sentencias puestas en relación con los delitos que se pretenden derogar; o no tendría ningún efecto, o estaríamos ante una amnistía encubierta de los actualmente penados por estos delitos, pero no de a los que a futuro se penarán. Por lo tanto, seamos sinceros, seamos sensatos, seamos coherentes y no intentemos con efectismos, con engaños o con camisetas confundir a la opinión pública, porque estamos hablando de modificar el Código Penal, que es el instrumento más eficaz, más duro si se quiere, pero también más riguroso de protección de los derechos fundamentales de todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Valmaña.

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra la señora Vidal Sáez.

La señora VIDAL SÁEZ: Buenos días, señorías.

Es curioso que la derecha política y mediática siempre haya dado una batalla cultural de las palabras, además de forma tremendamente eficiente; cambian y banalizan conceptos y con ellos, además, pervierten la realidad. Permítanme que les ponga un ejemplo de ello, porque la criminalización es un instrumento tremendamente efectivo para lo que les cuento: el uso en esta Cámara -últimamente bastante reiterado- del término golpe de Estado referido a lo sucedido en Cataluña. Deformar la realidad hasta tal punto es tremendamente peligroso, señorías, insulta a la historia de este país. En esta Cámara sí que ha habido golpes de Estado. Les propongo además un juego, señorías: cada vez que alguno tenga la tentación de utilizar estas palabras, solo tienen que levantar la vista y mirar esos agujeritos, y a partir de ahí lleguen ustedes a sus propias conclusiones.

¿Por qué hacen este tipo de movimientos? Es muy sencillo, porque necesitan legitimar toda una batería de propuestas que, si no fuera alterando la realidad, serían absolutamente inaceptables. Por eso criminalizan el derecho a huelga, porque les molesta, porque las huelgas conducen básicamente a cambios y porque necesitan ustedes crear un marco en el que la represión sea básicamente aceptable. (Aplausos). No es casualidad para nada que la persecución del derecho a huelga y la criminalización de aquellos que la hacen posible empezara básicamente y se disparara en el año 2012; no es casualidad que sucediera justo cuando a raíz de las injustas políticas del Partido Popular, tan regresivas, se incrementara básicamente la presión social y la respuesta social en la calle. Frente al desmantelamiento del Estado del bienestar, crecieron las huelgas y las protestas, y el Partido Popular necesitaba no solo lo obvio, reprimir y acallar en este caso las críticas, sino además dotarse de un nuevo marco mental de la represión que justificara los recortes y aceptara la supresión de derechos, un marco que legitimara unas políticas contrarias a los intereses de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas de este país, y nada más efectivo, evidentemente, que la criminalización y el odio, señorías. La derecha de este país nos ha invitado a odiar y a temer a ciertos colectivos eliminando cualquier lazo de solidaridad y empatía que exista entre las personas. Lo hicieron con los funcionarios; nos explicaron que eran gente vaga, maleante, ineficiente, que duplicaban tareas, etcétera, en definitiva ineficientes y fácilmente sustituibles. Lo hicieron también con los maestros; cómo se les ocurría tener vacaciones y encima tener el desdén de querer utilizarlas, disfrutarlas.


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Lo hicieron también con los mineros -gente subvencionada, anacrónica, sucia- y lo asociaron incluso a imágenes tremendamente violentas. ¿Por qué? Porque se atrevieron básicamente a luchar por sus derechos y a luchar por la continuidad del trabajo en sus pueblos. Empezaron a utilizar el término privilegio en vez de derecho. Lo hacían, por ejemplo, cuando hablaban de salarios que estaban por encima de la media, de vacaciones o de permisos. Enfrentaron a trabajadores temporales con aquellos que tenían unas jornadas más estables alegando una supuesta competición de intereses. Lo hicieron también con los estibadores, que en esta misma sala tuvieron que soportar cómo se les insultaba y difamaba, porque a algunos les molestó que no bajaran la cabeza y que continuaran organizados. Y, claro, tenían que ir a por los sindicalistas, mala gente, de hecho, probablemente los peores para ustedes.

Este marco, donde los derechos han pasado a ser privilegios, donde los salarios decentes son una especie de anomalía a celebrar, donde las vacaciones son un privilegio y donde las personas que se organizan para luchar por sus derechos son peligrosas y energúmenas violentas, nos arrastra a la individualización del conflicto. Algunos quisieran que los derechos fueran meras libertades, libertades abstractas reconocidas en algún papel, pero desposeídas de cualquier tipo de mecanismo que les permita su cumplimiento efectivo. Miren, la criminalización es la estrategia para legitimar las políticas regresivas, contrarias al sentido común y a los intereses de la mayoría.

En este contexto que les explico es donde recupera el Partido Popular el artículo 315.3 del Código Penal, un artículo que recoge básicamente los delitos de coacción perpetrados por piquetes y por empresas -empresas también, que lo olvidan siempre-; un artículo cínico, señorías, anacrónico y, además, absolutamente innecesario, que ha hecho pasar a centenares de personas por tortuosos procesos penales totalmente innecesarios, ejerciendo, además, un derecho constitucional. Aprobamos en este Pleno la toma en consideración para su reforma. Ha habido cincuenta y tres prórrogas de ampliación de enmiendas, y hoy el Partido Popular nos presenta esta enmienda a la totalidad. Es una propuesta que demuestra claramente cuál es su intención, que es seguir criminalizando y que exista esa tipificación, porque no importan las penas, lo que importa es que exista un mecanismo para criminalizar a los piquetes. El artículo 315.3 es cínico, porque equipara piquetes, es decir, trabajadores, a empresas, y eso no tiene ningún sentido. La capacidad y los instrumentos para coaccionar que tienen y usan muchas empresas no tienen punto de comparación con los que tienen los trabajadores. Es una relación intrínsecamente desigual la de trabajadores y empresarios; intrínsecamente desigual, señorías. Permítanme un acto de realismo, para aquellos que anden despistados. El piquete más efectivo en cualquier huelga general, el más violento, es el de la patronal, señorías, que coacciona, amenaza y vulnera derechos constitucionales, derechos que, por cierto, parece ser que a ustedes, al Partido Popular, le importan poco o nada. (Aplausos). ¿Dónde está el Partido Popular cuando las empresas vulneran derechos constitucionales? ¿Dónde está? ¿Dónde está cuando los trabajadores denuncian, en este caso, coacción? ¿Dónde está? Empiezan, además, muchos días antes de la huelga; empiezan con susurros, con comentarios, con miradas, con amenazas. Cualquier persona que tenga un contrato temporal sabe perfectamente que si se pronuncia de forma favorable a la asistencia a una huelga no va a renovar su contrato. Es algo conocido y sabido. Curiosamente, no existen casos de empresarios juzgados por coacciones. Los casos imputados por el delito del artículo 315.3 son sindicalistas, hombres y mujeres sin antecedentes penales que han cometido el delito de luchar por sus derechos y por los de sus compañeros.

Es un artículo, además, ridículo, señorías, porque intenta generar una imagen de los piquetes absolutamente apocalíptica, que, si me lo permiten, no se asemeja en absoluto a la realidad. Desconozco cuántos de los aquí presentes han participado en alguna ocasión en un piquete en un día de huelga general, pero si lo hubieran hecho en alguna ocasión sabrían que la mayor parte del tiempo que uno pasa en un piquete es aburrido y que en los días de huelga general lo que se pasa, principalmente, es mucho sueño, señorías, muchísimo. Son horas de espera y de control, repito, control. El Tribunal Constitucional -no lo digo yo; no es que sea mi opinión- reconoce que la huelga es un derecho de titularidad individual, pero que su ejercicio, como no puede ser de otra manera, solo puede ser colectivo, evidentemente. Incluye las facultades de información, publicidad y extensión mediante la persuasión de los demás trabajadores como parte esencial, dice el Tribunal Constitucional, del contenido del propio derecho. Los piquetes, señorías, son fundamentales, porque el derecho a huelga es de ejercicio colectivo. Sirven básicamente para hacer efectivo el derecho a la huelga, para que pueda ser ejercido con libertad, porque, señorías, los derechos no se cumplen solo por evocarlos, hay que poder garantizarlos, y eso es lo que hacen los piquetes en una huelga general. Se convierten en la excusa para que miles de trabajadores y


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trabajadoras de este país que no pueden ejercer el derecho a huelga, porque se juegan su puesto de trabajo, señorías, tengan en este caso la posibilidad de ejercer ese derecho, que, insisto, es constitucional.

El artículo 315.3 es además profundamente anacrónico, y eso es lo que más me sorprende de su exposición, totalmente injustificable en una democracia. Es un fósil tardofranquista, si me permiten decirlo así, y nace del Código Penal de Primo de Rivera del veintiocho, y esto lo tiene que saber la gente; de ahí viene, del año veintiocho, se recupera en el setenta y seis e incomprensiblemente se mantiene en el Código Penal del noventa y cinco. Nace básicamente en un contexto de represión, en un contexto donde la huelga era básicamente ilegal. ¿Cómo se puede justificar que en una democracia, donde esencialmente el derecho de huelga es un derecho fundamental, se mantenga este fósil franquista del año veintiocho? (Aplausos). A mí no me entra en la cabeza.

Uno se puede preguntar por qué antes de 2012 nunca habíamos oído hablar de este fatídico artículo; es muy sencillo, porque no se había utilizado jamás. Fue a partir del año 2012, cuando el Partido Popular tenía la necesidad de reprimir básicamente la movilización social, cuando se dio una instrucción a la fiscalía y esta actuó. Eso es lo que sucedió, una instrucción a la fiscalía. Lo curioso es que no existe ningún tipo de fundamento para el incremento de la represión penal, porque se pone el acento en los piquetes cuando las vulneraciones contrastadas vienen básicamente por parte de la empresa. De hecho no se conocen acciones de la fiscalía contra las principales fuentes de coacción que existen en una huelga, que son, insisto, las perpetradas por parte de la patronal. ¿El resultado? Más de 300 sindicalistas encausados por el ejercicio, insisto, de un derecho constitucional, sin que importaran las pruebas ni los hechos ni los derechos fundamentales ni absolutamente nada; yo misma podría estar perfectamente encausada, porque allí lo que se perseguía era fundamentalmente el derecho a huelga, no importaba nada más. Los ocho de Airbus, Jorge Merino y Pablo Alberti, de La Rioja; Lola y Gonzalo, de Málaga; Catiana, de las illes Balears; Ricardo, de Barcelona, en cuyo juicio, por ejemplo, estaba el conductor al que supuestamente habría coaccionado de forma terrible, y este ni siquiera le reconoció; Rubén Sanz o José Manuel Nogales, de la Lealtad, de Madrid. Son tantísimos que es imposible poder reflejar todos los nombres de los hombres y mujeres que han pasado injustamente por estos procesos penales.

Además, señorías, lo más gracioso de todo es que es un artículo tremendamente innecesario, porque la coacción obviamente debe ser objeto de sanción, por supuesto, y por eso está recogida en los artículos 171 y 172 del Código Penal. La cuestión, señorías, no es si estamos a favor o en contra de la coacción, claro que no, la cuestión es si debe existir un tipo específico para los piquetes. Esa es la cuestión, y por supuesto que no, en democracia no. Nuestro ordenamiento jurídico a día de hoy está criminalizando a aquellos que promueven y garantizan un derecho fundamental; la criminalización de los piquetes es una auténtica barbaridad, y además lo es también la desproporción salvaje de las penas y la utilización del Código Penal para reprimir la protesta social.

Hablan del derecho al trabajo, y eso es todo una alegría -para mí, de verdad-, pero es una alegría muy cortita, si me lo permiten, porque algunos solo se acuerdan del derecho al trabajo los días de huelga general, solo esos días. El tipo penal genérico de coacciones ya permite de hecho proteger sobradamente la libertad en este caso de no hacer huelga, y no existe además en este caso la segunda oportunidad para los huelguistas. La condena impone ingreso en prisión aunque sea el primer delito que cometas en tu vida, lo cual es muy curioso, porque nuestra legislación a día de hoy es más benigna con el homicidio imprudente o con el agresor sexual, incluso en el caso de menores, que con los huelguistas.

La constitucionalización del derecho de huelga es uno de los elementos más importantes, claves absolutamente del pacto en este caso del Estado del bienestar, porque la democratiza, señorías. Criminalizar, demonizar las huelgas, tratarlas como una especie de patología social o reprimirlas nunca jamás ha evitado su ejercicio, nunca, y por mucho que las repriman van a seguir existiendo y va a seguir habiendo huelgas. No van a evitar que existan, en todo caso lo único que van a conseguir va a ser extremar su ejercicio y además agravar sus consecuencias. El 315 debe reformarse. Debatamos en la ponencia -como debe ser- el articulado, pero les pido en este caso a todos los partidos que votaron de forma favorable y que permitieron la tramitación de este proyecto de ley que impidan que esta enmienda a la totalidad prospere. El derecho a huelga es un elemento clave para analizar la calidad democrática los países, y en este país está en juego.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Vidal.

Para la réplica tiene la palabra la señora Valmaña Ochaíta.


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La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Gracias, señor presidente.

La verdad es que no tenía previsto utilizar este turno de réplica, porque como les he expuesto en realidad nuestra enmienda a la totalidad era una mano tendida, una propuesta a la reflexión. Está claro que con algunos es complicado reflexionar, porque vienen con el mantra de siempre, aunque ese mantra suponga realmente demagogia, embustes o mentiras. Mire, embustes y mentiras directamente. Están diciendo que el Partido Popular realiza incrementos punitivos, utiliza la criminalización... Mire, no, no; el Código Penal de 1995 no tuvo unas penas aún más graves de las que realmente contemplaba gracias a una enmienda del Partido Popular en el Senado, que las limitó. Pero es además en el año 2015 el Partido Popular hizo una reforma que redujo las penas privativas de libertad, y dio además la opción de que se establecieran penas de multa. Es el Partido Popular el único, una vez más, que ha venido a limitar el exacerbamiento punitivo en determinados contextos. (Aplausos). Pero es que, fíjense la paradoja, sigue siendo el Partido Popular el que propone eso, porque todo lo que están diciendo ustedes traslada dos mensajes peligrosísimos a la población, y se lo tengo que decir, porque ustedes pueden adornarlo con derechos, con garantías y con cosas que realmente no tienen fundamento, porque son falsas, porque están creando una apariencia de verdad sin ningún sustento, sin ningún sustrato, sin ninguna base. Están ustedes engañando a la gente cuando le dicen, usted puede hacer actos violentos porque hemos descriminalizado a los piquetes violentos, que son los únicos castigados en el 315.13. Solo a esos. Y ustedes están diciendo que cualquiera puede realizar conductas violentas porque ya está descriminalizado, y es mentira. Pero el mensaje es peligroso para esas posibles víctimas, esas personas que se sienten indefensas cuando piensan que a los otros, a los demás les tienen que dejar hacer, que tienen que dejar que cierren violentamente su tienda, su pequeño negocio, su panadería, su pub, porque todo eso no tiene consecuencias. Mentira, tiene consecuencias en el ámbito civil y en el ámbito penal. Y si no repásense ustedes la sentencia del Tribunal Constitucional, recientísima, de 2016. Y además están engañando a los propios trabajadores que se pueden ver tentados a subir la intensidad de su acción en el piquete porque crean que tienen una falsa sensación de impunidad. Están ustedes alentando conductas violentas cuando les están diciendo que esto no va a tener consecuencias penales. Las va a tener, y además van a ser más graves de las que se contemplan en el actual Código Penal, y desde luego mucho más graves que en la reforma que nosotros proponemos.

Yo les reto a que ustedes, si mantienen la regulación del 315, expliquen luego a las personas que vayan a ser condenadas por ese artículo del Código Penal que realmente se ha descriminalizado su conducta, porque será falso, no se habrá descriminalizado, seguirá siendo una conducta que se encuentra en el Código Penal solo que se castigará con una pena más grave. Y todo lo demás es bla, bla, bla. Pueden hacer demagogia, pueden llenar boletines, pueden ponerse camisetas (aplausos), pero al final ustedes meterán en la cárcel con penas más graves a los piquetes violentos y además trasladarán a la sociedad el mensaje de que todo vale. El tipo privilegiado del artículo 315.3, el tipo que reduce la penalidad del 315.3, si desaparece, si supone la agravación de las penas para los que ahora mismo están procesados o han sido procesados con arreglo a ese tipo penal, si se produce ese incremento de las penas la responsabilidad será solo suya, nosotros lo hemos intentado.

Muchas gracias. (Varios señores diputados: Muy bien.-Aplausos.-Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Valmaña.

Señora Vidal. (Rumores y protestas). Silencio, señorías.

La señora VIDAL SÁEZ: Yo tengo la sensación, señoría...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Vidal, por favor. (Pausa).

Ahora.

La señora VIDAL SÁEZ: Yo tengo la sensación, señoría, de que usted no ha escuchado nada de lo que yo he dicho; nada en absoluto.

Mire, cuando usted habla de violencia yo le respondo con la realidad que se vive en las huelgas, y la realidad que se vive en las huelgas es que hay centenares de empresas que amenazan un derecho que es constitucional. Yo entendería que un partido de Gobierno como ha sido el Partido Popular lo lógico sería que defendiera derechos constitucionales y fundamentales como lo es este. ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde está el Partido Popular cuando hay aún este tipo de amenazas en las empresas?


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Yo vengo del ámbito del sindicalismo -no es una sorpresa, creo, para muchos de los presentes-, yo me he dedicado a montar huelgas generales y sé muy bien cómo funciona la organización de las mismas. ¿Sabe usted la cantidad de llamadas que tenemos cuando hay huelga general de trabajadores y trabajadoras diciéndonos que les han encerrado en su empresa y no les dejan salir? ¿Sabe usted la cantidad de llamadas que recibimos las semanas previas para pedirnos, por favor, que les expliquemos cómo funciona esto del ejercicio del derecho a huelga? Eso es coacción, es violencia, y ahí el Partido Popular básicamente silva y mira para otro lado, señoría.

Yo entiendo que al Partido Popular no le gusta el derecho a huelga y además lo persiguen allí donde pueden. (La señora Valmaña Ochaíta: Nosotros no). Ustedes buscan la criminalización de los piquetes y es un hecho. Nadie niega el delito de coacción, ya está recogido en el Código Penal, lo que cuestionamos, insisto, es el típico específico para los piquetes, señoría. Mire, la propuesta que ustedes hacen no soluciona absolutamente nada, mantiene el tipo penal agravado o coacciones para las empresas en este caso, y para que la fiscalía pueda continuar criminalizando a los piquetes. De hecho la propia enmienda del Partido Popular es perfecta para visualizar cuál es la intención en este caso del apartado 3 del artículo 315, que es que no importan las penas, ustedes lo demuestran en su propuesta precisamente. (La señora Valmaña Ochaíta: No). No importan las penas, lo que importa es que exista un mecanismo penal de criminalización de los piquetes, eso es lo único que a ustedes les importa.

Miren, aunque les moleste, básicamente la Constitución establece el derecho de huelga en su artículo 28.2, y además como un derecho fundamental, específicamente protegido en el artículo 53. Y lo es porque sin ella, señorías, la libertad sindical quedaría en agua de borrajas, no sería absolutamente nada. (La señora Valmaña Ochaíta: Absolutamente de acuerdo). No disimulen además con el derecho al trabajo, porque a ustedes no les importa en absoluto el trabajo. Si les importara no habrían aprobado, por ejemplo, una reforma laboral que lo que facilita es la salida del mercado laboral. (Aplausos).

Al Partido Popular le molesta profundamente el derecho a huelga y además es que lo disimulan tremendamente mal. Ustedes preferirían que las huelgas fueran en domingo, en fin, que fueran silenciosas, y que además no se enterara absolutamente nadie; y las persiguen y las criminalizan por tierra, mar y aire. Además, señorías, no solo lo hacen en España, tenemos la suerte de que ustedes también han participado en organismos internacionales. También lo hacen por ejemplo en el ámbito de la OIT. Quedó patente -cuando se estaba dando la discusión en este caso en el ámbito del artículo 86- que ustedes, el Partido Popular, se pusieron del lado en aquel momento de aquellos que estaban defendiendo que el derecho a huelga saliera del convenio 86 de la OIT, eso es el Partido Popular también. No tienen suficiente con arramblar con los derechos de los españoles y españolas que tienen que ir también al ámbito internacional para ver si así el resto del mundo conoce su estampa. (La señora Valmaña Ochaíta hace gestos negativos.-Aplausos).

Además algunos aquí tenemos memoria, Yo recuerdo estupendamente cómo el ministro Catalá salió contentísimo -y además tremendamente imprudente- cuando se hizo una interpretación muy restrictiva relacionada con el uso de huelga con las subcontratas. Un ministro de Justicia dando pie básicamente a un serio cuestionamiento de un derecho fundamental; es un hito del Partido Popular si me lo permiten. Y es que es normal que les incomoden las huelgas, porque las huelgas son útiles y les dejan a ustedes en muy mal lugar. Por ejemplo, recientemente los transportistas de Air Liquide en Barcelona consiguieron, gracias a la huelga, mantener toda la plantilla con igual condición, pese en este caso a las amenazas, que ahí no estaba la fiscalía ni el tampoco el Partido Popular. O los taxistas sin ir más lejos, o los compañeros de Amazon, que siguen ahí. Ahora además los compañeros de Amazon, gracias a la lucha -que no tengo ninguna duda que van a conseguir ganar-, están empezando a escoger representación legal. Y aprovecho, ya que estamos cercanos al centenario de 'la Canadenca', y que nuestro grupo también ha tramitado alguna iniciativa al respecto, promovida por mi compañero Josep Vendrell (la señora Valmaña Ochaíta muestra un ejemplar del Código Penal: De esto hablamos), como va a ser su centenario, gracias a ello disfrutamos de la jornada de ocho horas.

Las huelgas son un elemento de presente, que no de pasado, son un elemento de futuro que nos permite avanzar como sociedad, y les decía que es un factor determinante en términos de calidad democrática de un país. Y sin ir más lejos, por cierto, acaban de convocar una huelga los trabajadores de la Generalitat de Cataluña para recuperar las pagas extras que les quitaron durante los recortes, y no me cabe ninguna duda de que van a conseguir resultados en este caso. (La señora Valmaña Ochaíta: Eso está muy bien, pero estamos hablando de otra cosa). Quítense un poquito que les ha quedado enganchado del año veintiocho, y asuman que el artículo 315 debe ser derogado.

Gracias. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.

Que nadie se me ofenda si digo que en esta casa he oído cosas que a mí personalmente me parecen delirantes en muchas ocasiones; supongo que muchas de las que yo digo puedan parecérselo a otros, pero lo que he oído decir hoy será difícil que se me olvide. Que diga que el Código Penal es el instrumento más eficaz en la defensa de los trabajadores, cuando ese instrumento coercitivo ha servido para encarcelar a decenas de trabajadores es poco menos que delirante, siendo suave. En definitiva usted está hablando en este debate sobre la coacción del Estado y sobre las capacidades de la derecha para desmontar aquello que se llamaba el Estado del bienestar. Esto no es más que otro paso; criminalizar los piquetes, como ya le han señalado, es un paso para ustedes necesario para sembrar el miedo en los trabajadores y las trabajadoras. No es sino una consecuencia de la involución democrática en la que ustedes vienen trabajando y empeñándose desde hace ya décadas. Se lo han dicho en las reformas laborales, en los insultantes servicios mínimos que imponen y también en la detención de piquetes y en la criminalización de piquetes. Pero sería injusto decir que ustedes no se preocupan de los asalariados y las asalariadas, porque hay veces en que sí lo hacen; cuando tienen que defender a aquellos que precisamente tienen que ejercer el poder coactivo del Estado, la policía, no tienen ningún problema en apoyarles y en votar la equiparación salarial para todos. Les espero en esta Cámara cuando vengan los maestros y las maestras y los trabajadores de la sanidad a ver si tienen esa misma voluntad de equiparación salarial y de igualdad para todos y todas.

En cualquier caso no vamos a apoyar la enmienda de totalidad por una cuestión muy básica. Durante bastante tiempo me han preguntado, quizá a modo de sorpresa, qué tenían los pensionistas y las pensionistas vascas para manifestarse de manera tan persistente en las calles de Bilbao, cuando sus condiciones sociales y laborales y sus pensiones probablemente eran superiores a las del resto del Estado, y yo les decía una cosa muy clara: tienen conciencia de clase, porque toda esa gente que hoy se manifiesta por sus pensiones es gente que hace décadas, en la margen izquierda del Nervión y en otros lugares de Vizcaya, en Altos Hornos y en Euskalduna, peleó y luchó por la defensa de sus puestos de trabajo de una forma que haría que ustedes hoy los metieran a la cárcel. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Matute.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señor presidente, señorías, Compromís no va a votar a favor de la enmienda que nos presenta el Partido Popular por dos motivos; el primero, porque rompe con la lógica en la escala de los valores que deben ser protegidos con el delito de coacciones; y en segundo lugar, porque con esta propuesta ustedes demuestran que no entienden lo que quiere decir que el derecho de huelga tenga la consideración de derecho fundamental en nuestra Constitución. Con respecto a lo primero resulta que, a diferencia de los tipos base del delito de coacciones, el artículo 315.3 no distingue entre coacciones graves y leves, no modaliza de ninguna manera y simplemente tira al bulto contra el trabajador, porque su conducta siempre va a estar penalizada de una manera grave. Se castigan, por ejemplo, más fuerte las coacciones que se hayan podido producir en un contexto de huelga que, por ejemplo, la coacción que se pueda ejercer por parte de un hombre contra su exesposa o expareja -artículo 172.2, que empieza con una penalidad más baja-; o también se castiga más gravemente que la coacción que se ejerza con intimidación o violencia contra una persona para obligarla a contraer matrimonio -artículo 172 bis-. Por tanto con esta inversión en la jerarquía de los valores que están presentes en nuestra sociedad lo que se está abonando es el caldo de cultivo que nos lleva a sentencias como las de La Manada. En segundo lugar, no se entiende qué quiere decir que el derecho de huelga sea fundamental. El ordenamiento privilegia a quien actúa en ejercicio de los derechos fundamentales, y por eso en nuestro Código Penal se encuentran numerosas atenuantes e incluso eximentes cuando una persona ha cometido un acto reprochable, pero en el ejercicio de un derecho fundamental, por ejemplo, el derecho a la vida o el derecho a la integridad física o moral. Fíjense, este tipo de comportamientos incluso debería plantearse que fueran objeto de una atenuación, bien en el artículo 21 del Código Penal o bien en la parte especial, artículos 172 y siguientes. En cualquier caso lo que nosotros vemos es que con esta enmienda que nos trae el Partido Popular quieren seguir manteniendo un delito de clase, un delito que penaliza gravemente a la clase trabajadora por el simple hecho de serlo y de reivindicar sus derechos, por tanto no lo vamos a apoyar, porque en Compromís no queremos un Código Penal clasista.

Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bataller.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gràcies, senyor president.

Señorías, vamos a rechazar esta enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Popular. Estamos convencidos de que ningún conflicto social y político nunca tiene respuesta en el Código Penal, ni en el campo del ejercicio del derecho a la huelga ni por supuesto tampoco respecto a lo que estamos viviendo en Cataluña. La filosofía de la presencia en el Código Penal de ese tipo específico con relación a la huelga parte de la convicción de que, frente a un conflicto social en ejercicio de dicho derecho, es posible que la respuesta esté en el Código Penal. Este es un planteamiento equivocado y eso nos va a llevar a apoyar la iniciativa planteada por Unidos Podemos en su momento, y a mantener el compromiso que asumimos con las organizaciones sindicales hace tres años para ir en esa dirección.

Señorías, otra cosa es que el sistema democrático español tenga pendiente desde la aprobación de la Constitución la regulación por ley orgánica del derecho de huelga. Hoy la regulación de esa materia es el resultado de un decreto previo a la elaboración de la propia Constitución, y en cada ocasión en que se produce una huelga y existe algún tipo de conflictividad en ejercicio de ese derecho constitucional reclamamos su desarrollo. Señorías, permítanme que aproveche mi presencia en la tribuna para reclamar de los interlocutores sociales hoy, que es un momento de tranquilidad en términos globales en materia económica y social, que se pongan de acuerdo en la regulación del derecho de huelga, y que el Gobierno nos traslade el correspondiente proyecto de ley orgánica para desarrollarlo, porque quizá algunos de los problemas que existen se podrían resolver mediante el desarrollo inteligente, moderno y consensuado del derecho de huelga.

En cualquier caso durante el trámite parlamentario de esta iniciativa tendremos ocasión de valorar si algunas de las consideraciones de la portavoz del Grupo Popular mejoran el texto, pero hoy por hoy vamos a rechazar esta enmienda a la totalidad.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Plantea el Grupo Parlamentario Popular una enmienda a la totalidad de la proposición de modificación del Código Penal que, a propuesta del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, fue tomada en consideración por esta Cámara y se refería al tratamiento penal que al derecho de huelga dispensa el actual artículo 315 del Código Penal; proposición que se encuentra pendiente de tramitación en la Comisión de Justicia, y durante la cual se abordará el citado artículo 315, al que siempre ha acompañado la polémica desde la misma aprobación de la Constitución: el reconocimiento del derecho de huelga, en su artículo 28.2 y singularmente respecto a la actuación de los piquetes de extensión de la huelga. Esta polémica tuvo especial relieve con la aprobación en el año 1995 del llamado Código Penal de la democracia, cuando introdujo el actual artículo 315, posteriormente modificado en el año 2015 durante la X Legislatura, y en el que se rebajó la punibilidad de los responsables de los piquetes, pero ciertamente sin afectar sustancialmente a la tipicidad de las conductas. Ahora la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Popular plantea volver a rebajar las penas mínimas de la horquilla sancionadora, manteniéndose las penas superiores previstas para los piquetes llamados de extensión de huelga. Sin embargo no creemos que esta sea la cuestión exclusiva y más relevante a debatir en este momento respecto al artículo 315. Centrarnos en ella, como nos propone la enmienda a la totalidad, evitaría el debate de fondo planteado desde tiempo atrás, consistente en si debe establecerse un tipo penal en que incurrirían los piquetes cuando impiden coactivamente el derecho a no hacer o seguir una huelga por los trabajadores. Por esta razón no apoyaremos la enmienda a la totalidad, porque a cambio de una rebaja menor de las penas mínimas de la horquilla sancionadora se impide el debate de fondo en ponencia sobre la conveniencia de la existencia misma del tipo penal.

El Grupo Parlamentario Vasco considera que ese debate de fondo tiene que tener lugar, sin prejuzgar el resultado final en este momento, tras haber escuchado a los distintos operadores jurídicos y partes afectadas tras más de veintitrés años de aplicación del llamado Código Penal de la democracia.

Como ya manifesté en el debate sobre la toma en consideración de la proposición que ahora se propone enmendar a la totalidad, el término coacciones, que define la tipicidad de la conducta prohibida,


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quizá no se modula suficientemente en el contexto de una huelga respecto a su significado estricto, y eso da como resultado la asociación, muy habitual en el ámbito judicial, de la acción de los piquetes a una violencia de contenido penal, olvidándose que una huelga supone el enfrentamiento de fuerzas en conflicto, y que es una medida de presión que tiene en sí misma un elemento de coacción al menos en sentido social, ya que pretende extender una huelga, tanto frente a la inercia negativa de muchos trabajadores a su ejercicio, por los sacrificios que comporta -básicamente la suspensión del contrato de trabajo y el descuento salarial-, como también frente a otros mecanismos de presión empresarial en sentido contrario, que incluso cuando son antisindicales y contrarios al derecho constitucional a la huelga son considerados habitualmente por los tribunales sin relevancia penal, como, por ejemplo, la contratación de trabajadores para sustituir a los que se encuentran en huelga o los mismos actos de retorsión frente a la huelga a través del despido o en su caso de sanciones. Todo lo contrario de lo que sucede con los piquetes, ya que respecto a su actuación irregular se utiliza preferentemente la vía penal, muy generalizada para los trabajadores, mientras que lo habitual es la vía laboral para los empleadores. Esta es una cuestión de fondo respecto al artículo 315, cuyo debate no conviene eludir, situación que acontecería si aprobáramos hoy la enmienda a la totalidad que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular, y también eludiríamos en relación con el 315 la modulación aconsejable respecto al ejercicio del derecho fundamental que sobrepase las fronteras de la protección del derecho, el de huelga y el de los piquetes de extensión, y la reacción sancionadora frente a esa extralimitación, que no debe suponer un sacrificio desproporcionado del infractor ni un efecto disuasor o desalentador del ejercicio de un derecho fundamental, como es el de huelga, y su concreción en los piquetes de extensión; por no hablar de aquellas otras conductas de los piquetes que, aun apreciando excesos en el ejercicio del derecho, estos no alcanzan a desfigurarlo o desnaturalizarlo completamente, o de las conductas que debieran hacernos reflexionar si la gravedad que representa la sanción penal implica o no un sacrificio desproporcionado e innecesario de derechos en juego, y que también pudieran tener un efecto desalentador o disuasor para su ejercicio futuro.

En definitiva, la cuestión de fondo -y voy terminando, señor presidente- que debemos enfrentar es la de si la actual regulación penal sobre los piquetes encierra en ocasiones un problema de desvalor de la conducta y de desproporción sobre el bien jurídico protegido, como señalaba en su día el fiscal general Torres-Dulce. Y estas cuestiones no se abordan en la enmienda a la totalidad, que se contrae a una mínima rebaja de las sanciones mínimas, impidiéndose además -como decíamos-, si la aprobáramos, que pudiéramos tratar esas cuestiones de fondo que nos interpelan desde el artículo 315 del Código Penal. Razones estas por las que la enmienda a la totalidad no recibirá el apoyo del Grupo Parlamentario Vasco, también, tengo que decir, sin desechar de antemano su propuesta material sin una consideración previa de la cuestión en todos sus aspectos.

Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Buenos días, bon dia a tothom.

Esquerra Republicana ya en la legislatura anterior exigió, con la máxima fuerza que le permite tener siete diputados, la derogación del artículo 315, concretamente en su punto número 3. De hecho, fue la primera proposición que hicimos: pedimos la derogación de este artículo del Código Penal pensado para combatir a los trabajadores y trabajadoras organizados. Lo hicimos mucho antes de que ocurrieran los hechos de octubre de 2017 en Cataluña y de su brutal represión. No es un tema de oportunismo, es un tema de valores democráticos, es un tema de la deriva autoritaria de este Estado podrido. Ya hace años que cualquier demócrata lo ve, no viene nuevo de ahora. La sociedad en general -la sociedad catalana pero la sociedad en general-, la que no está adoctrinada -palabra que les gusta aplicar a otros sin mirarse al espejo- por sus medios de comunicación masivos, está harta de su Tribunal Supremo, está harta de su Tribunal Constitucional, está harta de su Audiencia Nacional y está harta de interpretaciones abusivas de la ley, de la vulneración de derechos sociales, civiles y políticos un día sí y otro también. Está harta y asqueada de este excremento de justicia que sí provoca alarma social.

Pero volvamos a uno de esos puntos alarmantes, la represión sindical, contra la cual desde un inicio -y como siempre- nos pusimos a disposición de todas las organizaciones sindicales una vez supimos de la existencia de más de 300 imputados, gracias a la Comisión Internacional en defensa de los 300 y en particular al Comité por la Alianza de los Trabajadores y de los Pueblos.


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Por todo ello, no será una sorpresa que hoy demos el apoyo a la derogación del artículo 315 del Código Penal, concretamente en su punto 3, a propuesta de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y lo haremos porque el citado artículo rememora el franquismo y el neofranquismo tan presentes aún en esta Cámara, porque es un artículo que, afinado y en manos de la fiscalía, se convirtió en la última huelga general -la de 2012- en un artículo contra la libertad, contra el derecho a la huelga y que fue utilizado para amedrentar y atar de pies y manos a los trabajadores organizados en defensa de sus reivindicaciones. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Salvador. Les ruego silencio, señorías. (Pausa). Continúe.

El señor SALVADOR I DUCH: Como les decía, fue utilizado para dar miedo a los trabajadores y trabajadoras organizados en defensa de sus reivindicaciones. El artículo 315, como el artículo que regula la rebelión y la sedición, ha sido utilizado por una judicatura cada día más deslegitimada en Cataluña y en el resto del Estado para encausar a más de 300 sindicalistas, trabajadores y trabajadoras, encausar a las mejores personas de esta sociedad, las que luchan por mejorarla, para darles una lección, para crear el pánico y el miedo a los que se organizan para defender los derechos conquistados a lo largo de los años. Frente a la sumisión al capital financiero por parte de los Gobiernos de Zapatero y de Rajoy, esa interpretación judicial justifica -o afinada del 315, como diría el señor Fernández Díaz- lo que en los últimos cuarenta años nunca fue utilizado. ¿Por qué no fue utilizado durante cuarenta años este artículo? En cambio, se utilizó de nuevo en 2012 para coaccionar a los trabajadores y trabajadoras, como decía, y asestar un duro golpe al derecho de huelga.

Sería imposible defender -y esto va para las izquierdas españolas y las izquierdas de los demás pueblos de España- la libertad de nuestros presos políticos sin defender la libertad de otros imputados políticos y otros presos políticos como los sindicalistas, porque también son presos políticos. (Aplausos). Sería imposible defender esta libertad sin defender el sobreseimiento y la anulación de todos los expedientes abiertos al calor del 315.3 del Código Penal y la Ley mordaza -la que también se han olvidado de derogar-, con el único objetivo de paralizar y atenazar al movimiento obrero y amenazarlo con sentencias que van de los dos a los ocho años de prisión. Igual que ahora pretenden imponer a Junqueras, Forcadell, Bassa, Turull, Romeva, etcétera, un montón de años simplemente por ejercer derechos y libertades civiles. El único objetivo era paralizar y amenazar no solamente a la disidencia catalana sino también a todos los trabajadores y trabajadoras de este Estado, concretamente a la parte de Cataluña que se siente nación y que quiere ejercer su derecho a la autodeterminación, libre y democráticamente. Para esto sirve su judicatura. Como decía, la coacción en la huelga de 2012 no vino de la mano de los piquetes informativos, de los huelguistas, sino de una parte de la patronal favorecida por la reforma laboral, en particular con la facilidad de despido debido, entre otras cosas, a los contratos en precario y por la posición de poder que da la posibilidad de despedir y amenazar a quienes se juegan el pan de cada día. Esa es la gran coacción. (Aplausos). Para esta patronal no hay artículos, para esta patronal no hubo ningún imputado por ningún artículo del Código Penal. Esta es vuestra sociedad, esta es esa sociedad.

No solo pedimos la derogación del artículo 315.3 sino -y ahora va por ustedes, los del PSOE- que animamos al PSOE a que haga de PSOE y que haga de partido no solo español, que lo hace muy bien, sino también de partido socialista obrero y que lo sea a favor de los sindicalistas, de verdad. Le pedimos al PSOE que sea valiente y que haga todo y más para que se anulen todas las causas abiertas en relación con el artículo 315.3 y que derogue la Ley mordaza de una vez, y todas las causas contra los demás presos políticos del Estado, incluidos los catalanes evidentemente. Son este tipo de hechos, señores del Partido Socialista, los únicos que se pueden interpretar como que realmente quieren hacer honor a las siglas históricas que llevan. Queremos hechos que demuestren que realmente son una alternativa al neofranquismo naranja y azul de Casado y de Rivera; que realmente hicimos bien expulsándolos del Gobierno. Déjense de chantajes a los republicanos y ocúpense de las libertades de la gente que dicen gobernar; acaben con las malas prácticas clientelares de la justicia; acaben con su politización reconocida por todas las personas de bien de esta misma Cámara; no sean hipócritas y cojan, como dicen en un buen español, el toro por los cuernos, si se atreven, que de momento no es así.

Hay que recordar que solo en Cataluña hay más de 1200 personas imputadas e investigadas, más de 700 son cargos electos que cumplen sus programas electorales -no como otros- en partidos legales y que encima ganan elecciones. El señor Jordi Cuixart, por ejemplo, encarcelado sin juicio está acusado,


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por un mal llamado juez por haber dicho en un mitin "No pasarán". (Aplausos.-Muestra su camiseta en la que se lee "No pasarán"). Pues sí, un día ustedes, señores del Partido Socialista, también estuvieron detrás de una pancarta del "No pasarán". Les pedimos que vuelvan a la pancarta del "No pasarán" y que no permitan que se condene a personas por decir en una manifestación, en un mitin "No pasarán". (Aplausos). Esto es lo que les pedimos, que vuelvan al "No pasarán" y entonces quizás podamos pensar que hay una España alternativa para los diferentes pueblos y para los trabajadores y trabajadoras de este Estado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Cano Leal.

El señor CANO LEAL: Gracias, presidente.

Yo, relacionado con el tema de justicia, quiero comenzar partiendo una lanza a favor de los jueces y magistrados que diariamente realizan su función jurisdiccional, incluso tomando decisiones como las de la prisión preventiva. Jamás aceptaré que haya diferencias entre presos preventivos; no hay personas mejores que otras, hay personas sometidas a un procedimiento judicial con sus derechos y con un principio de presunción de inocencia.

Entro ya en el debate que nos trae aquí y ahora el Partido Popular y lo primero que tenemos que decir es que estamos hablando de tipos delictivos relacionados con el ejercicio del derecho de huelga y su posterior encauzamiento. Es una PL que presentó el partido de Podemos en septiembre del año 2016. Actualmente el Partido Popular presenta una enmienda a la totalidad. En definitiva, es un enfrentamiento parlamentario entre ambos partidos. Señorías, qué diferencia, qué diferencia con el escenario que hemos vivido estas semana donde ha habido amor y armonía entre el Partido Socialista, el Partido Popular y Unidos Podemos para repartirse, como si fueran cromos, el Consejo General del Poder Judicial. (Aplausos). Y lo han hecho incluso antes de que fueran nombrados los vocales, lo cual ha dado lugar a que alguna asociación de jueces y magistrados esté pensando en impugnarlo ante el Tribunal Supremo. Señorías, Ciudadanos tiene claro que no queremos participar en el manejo de los hilos de la justicia, porque entendemos que no puede haber hilos en la justicia.

¿Cuál es el objeto de la enmienda? Descendiendo al debate en concreto, se trata de la conveniencia de suprimir o mantener el párrafo tercer del artículo 315 del Código Penal, el que se refiere a un tipo específico de coacciones, las coacciones laborales, es decir, las que sufren aquellos trabajadores que son sometidos a una violencia, a una intimidación antes de iniciar o mantener una huelga. ¿Este delito está actualmente recogido en el Código Penal? Sí. ¿Es nuevo? No -ya se ha dicho aquí-, viene del Código Penal de 1928 de la dictadura de Primo de Rivera y se volvió a instaurar en nuestro Código Penal con dos tipos separados en la ley del año 1976. A partir de ahí, sorprendentemente, con el Código Penal del año 1995 del Partido Socialista se instauró este aparado 3 del artículo 315, cuando en realidad por la situación de la sociedad parecía no aconsejable mantenerlo. En la reforma que hizo el Partido Popular en el año 2015 también se mantuvo -por eso lo tenemos a día de hoy en nuestro ordenamiento jurídico-, pero suavizando las penas, como ha dicho la representante del Grupo Popular.

¿Por qué se presenta la PL y por qué se presenta la enmienda? Queremos pensar -pensar bien- que la PL se formula de acuerdo con nuevos criterios jurídicos más modernos y más actualizados que inducen a suprimir este apartado 3. Siempre hay malpensados que relacionan una cosa con la otra, en este caso con nuestro compañero de bancada el señor Cañamero. (Muestra una fotografía). Le pido al Grupo de Unidos Podemos que haga un esfuerzo sobrehumano para desmitificar esa idea y garantizar que su PL está más relacionada con criterios jurídicos que con la protección de personas afines a su grupo.

En cuanto a la razón de la enmienda del Partido Popular, nos la ha explicado un poco la representante del Grupo Popular, aunque yo no la he entendido, pero, desde un punto de vistas jurídico, no tiene sentido, entre otras cosas, porque hay un delito general de coacciones, en el artículo 172, que castiga estas acciones. Además, si entramos en cualquier base jurídica de sentencias, veremos que muchos de los casos han terminado en sentencias absolutorias por dificultad en la prueba; pero sobre todo está la doctrina del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional dice que el derecho de huelga implica requerir de otros la adhesión a la misma y a participar, dentro del marco legal, en acciones conjuntas dirigidas a tal fin. Es decir, este derecho del artículo 28 de la Constitución integra todos los procedimientos necesarios para asegurar su eficacia. En definitiva, señorías, señores de Unidos Podemos y del Partido


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Popular se están ustedes peleando por un tipo delictivo que está hoy en día de más. Desde luego Ciudadanos no va a participar en este juego porque consideramos que no se ajusta a la realidad actual de nuestra sociedad.

¿Cuál es la postura de Ciudadanos respecto de esta enmienda? Ya en la toma en consideración en el debate tuvimos ocasión de decir que estábamos a favor de la supresión del apartado 3 del artículo 315, no así con la transitoria y la final que incluía esa iniciativa de Podemos y que ponían en riesgo gravemente el principio de seguridad jurídica porque atacaban situaciones ya juzgadas y sentenciadas. Estamos tan de acuerdo en suprimir el apartado 3 del artículo 315 que lo incluimos en el acuerdo de negociación de investidura en la Legislatura XI, esa legislatura breve que tuvimos. Lo incluimos en un acuerdo de legislatura, que curiosamente el partido de Podemos rechazó; es decir, con una diferencia de meses, el Grupo de Unidos Podemos pasó de rechazar la derogación del 315 a pedir su postulación, otro ejemplo más de coherencia. En cualquier caso, les doy la bienvenida al sentido común.

Consecuentemente, Ciudadanos no va a apoyar esta enmienda. Sí formularemos enmiendas parciales, sobre todo dirigidas a combatir esa transitoria y esa final porque ponen en riesgo gravemente la seguridad jurídica, todo ello, claro, siempre y cuando la izquierda escorada del Grupo Parlamentario Socialista, la del Grupo Parlamentario Popular, la derecha, y el Grupo de Unidos Podemos no lleguen a otro acuerdo como el del reparto de cromos que han tenido esta semana con el Consejo General del Poder Judicial.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Cano.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora De Frutos Madrazo.

La señora DE FRUTOS MADRAZO: Buenos días.

Le aseguro que mi grupo va a contestar sin demagogias, desde la reflexión, desde el conocimiento de las relaciones laborales y desde el conocimiento de la doctrina del Tribunal Constitucional y de la doctrina acreditada en esta materia. Ustedes lo que nos traen aquí es algo muy simple, es que quieren mantener el artículo 315.3 del Código Penal y para ello dan en su enmienda una serie de argumentaciones jurídicas un tanto incorrectas y deberían saber que contrarias a las sentencias del Tribunal Constitucional en esta materia.

Dicen en primer lugar en su argumentación que legislativamente se ha considerado conveniente mantener este precepto y yo creo que eso es no decir toda la verdad. Es cierto -ya se ha dicho aquí- que este precepto viene de 1976, es cierto que se asentó en 1995 y en el 2015, pero también lo es que desde la Constitución española el Tribunal Constitucional hizo una interpretación extensiva del derecho de huelga y uno de los preceptos que se tildó de inconstitucionalidad en sus sentencias fue este. A partir de ese momento se dejó de aplicar, inaplicación absoluta hasta que, de buenas a primeras, con el Gobierno del Partido Popular cambió esta tendencia. O sea, este precepto se tildaba de inconstitucional por la doctrina y no se aplicaba. (Rumores). Que yo sepa no hay ninguna sentencia de antes de su Gobierno. ¿Qué pasó? Que llegó el Partido Popular y hubo como una especie de acción concertada: el Ministerio del Interior, con la Ley mordaza, que también limitó el derecho a la manifestación de los sindicatos; llegó la policía con los atestados donde, además de informar, se prejuzgaba ya que podía existir cierto ilícito; y llegó el ministerio fiscal calificando estas actuaciones. ¿Qué sucedió? Pues que se pasó de no utilizar este artículo a una utilización abusiva del mismo. ¿Contra quién? Contra sindicalistas que participaban en estos piquetes de extensión de la huelga: Airbus, Arcelor, hasta trescientas personas, como se ha dicho aquí y no me voy a repetir.

¿Qué hace el Partido Popular con su enmienda? Desconoce la doctrina del Tribunal Constitucional. La doctrina del Tribunal Constitucional ha dicho que los piquetes forman parte del contenido esencial del derecho de huelga y lo traigo escrito para que vea hasta qué punto amplía este derecho. Dice el Tribunal Constitucional que los trabajadores pueden dar publicidad, proyección exterior a la huelga, remover los obstáculos que consideren para extender sus efectos, requerir la adhesión de más trabajadores y disuadir a otros trabajadores que han optado por seguir con el trabajo. Todas estas actividades, que es lo que hace un piquete de extensión, forman parte del contenido esencial de la huelga. Es más, dice el Tribunal Constitucional que esto es esencial para equilibrar la posición de los trabajadores en un conflicto donde, por su posición en el contrato de trabajo, tienen debilidad. Y añade mi grupo: Y es más necesario aún en un momento en que se han cercenado todos los mecanismos que tienen los trabajadores para reclamar sus derechos, como es la negociación colectiva y como son los trámites de consulta y participación en


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actuaciones de los trabajadores de gran importancia. Y uno de esos casos actuales lo tenemos en el supuesto de Alcoa.

Consideran ustedes también -se ha dicho aquí- un tanto incomprensible ese doble rasero de medir, es decir, derecho penal para las actividades de los trabajadores y sindicatos que realizan estas acciones en la huelga y nada de Código Penal para acciones de los empresarios -que sabemos que existen- que vulneran el derecho de huelga. Pongo el ejemplo del esquirolaje; seguro que todos conocemos casos de empresas que han sustituido a trabajadores huelguistas y simplemente el estado de prevalencia que tiene el empresario con la posibilidad de extinguir el contrato de trabajo. Este doble rasero ha dicho la doctrina que es incomprensible en un Estado social y democrático de derecho, porque, por otra parte -y también se ha dicho aquí-, sí tenemos el caso de sentencias del Juzgado de lo Social o actas de Inspección de Trabajo que consideran que hay actitudes empresariales susceptibles de ser incumplimiento administrativo pero que nunca han sido calificadas por los jueces y tribunales conforme al artículo 315 apartados 1 y 2 como delitos. Así pues, se pretende acabar con este doble rasero de medir con la supresión del 315. ¿Qué pasa? Que en el 315.3 es donde no se garantiza el derecho de huelga, donde se está perjudicando el derecho de huelga como un instrumento para solucionar conflictos de los trabajadores, porque claro usted aquí ha tomado la mayor, la violencia, pero hay muchas veces que los piquetes no actúan con violencia y según el 315.3 también podría ser susceptible de delito. Eso es así, como se ha visto, con esas trescientas personas que han pasado con mejor o peor resultado por la jurisdicción de lo penal.

Señala también usted en la enmienda que la protección penal de la huelga requiere el artículo 315.3, y eso es incierto. Ustedes saben muy bien que en el 315 apartados 1 y 2 se tipifican las conductas que con coacción, con miedo o incluso con violencia impidan o limiten el ejercicio de huelga. Dentro de este artículo está contenido lo que es el derecho positivo de huelga, de ir a la huelga, de hacer que la huelga sea positiva, y también protege el derecho negativo de no ir a la huelga. Por lo que le he querido entender yo aquí, al derogar el 315.3 todos los jueces y tribunales se van a volver locos dirigiéndose contra los piquetes, que van a ver agravadas sus sanciones, y esto obviamente estimo que no puede plantearse ni interpretarse así, ni se puede vender aquí ese discurso.

Junto a estos tres argumentos jurídicos que he dado, quiero hacer referencia a dos cuestiones muy graves que hacen aún más necesario eliminar el artículo 315. Por un lado, la pérdida de derechos de los trabajadores, el empobrecimiento de los trabajadores y, sobre todo, muy importante, el desmantelamiento de los cauces ordinarios de negociación. Un trabajador va a la huelga como último recurso, un trabajador va a la huelga como último recurso porque entre otras cosas pierde su salario. Si el trabajador no es capaz de negociar sus condiciones con el convenio colectivo o con los cauces de consulta y representación y además le cercenan el derecho de huelga, ahí ustedes no nos van a tener. Además este debate no se puede desvincular de esta cuestión de la pérdida de derechos de los trabajadores a reclamar sus derechos desde la negociación. Por otra parte, esto va en la línea de su despliegue premeditado, ordenado y sistemático de ir contra el disenso de los trabajadores, de los derechos de manifestación, como se ha demostrado con el repunte del 315.3 y con la Ley de Seguridad Ciudadana. Para mi grupo derogar el 315.3 es una necesidad, de hecho nosotros también lo habíamos presentado como proposición de ley. Incluso el Tribunal Constitucional dice -como usted parece conocer tanto- que habría que dar un pasito más allá porque incluso habría que interpretar las coacciones desde un punto de vista más estricto teniendo en cuenta cuando nos referimos a la acción de los piquetes.

Por este motivo, reflexionando mucho, desde una doctrina penalista, desde el conocimiento de las relaciones laborales, nos tenemos que oponer frontalmente a esta enmienda a la totalidad que ustedes plantean y que creo que jurídicamente no han diseñado aquí como deberían haber hecho. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora De Frutos.

- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE FIJACIÓN DE LA CUANTÍA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (Número de expediente 122/000026).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos a continuación al siguiente punto del orden del día: Debate de totalidad de la proposición de ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional.

A esta proposición de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada, por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora López Ares.


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La señora LÓPEZ ARES: Señor presidente, señorías, comenzaba mi intervención en la toma en consideración de esta proposición de ley dejando clara la postura del Partido Popular. Decía en aquel momento, y repito hoy, que nosotros estamos a favor de incrementar el salario mínimo interprofesional, así como de poner todos los medios necesarios para que aumenten todos los salarios, los bajos, los medios y los altos, en nuestro país. El Partido Popular está a favor de crecimientos salariales basados en una economía que crece; de crecimientos salariales basados en la mejora de la competitividad de nuestras empresas; de crecimientos salariales basados en ganancias de productividad; de crecimientos salariales que se puedan mantener en el tiempo y, sobre todo, de crecimientos salariales que no supongan la destrucción del empleo. En definitiva, en el Partido Popular estamos comprometidos con la creación de empleo y con la mejora de la calidad de ese empleo.

Prueba de este compromiso son los hechos, son los datos, les gusten o no les gusten, los datos ciertos que ustedes, ahora, en su momento de posverdad, intentan negar. Pero los datos son tozudos y no pueden esconder que durante el Gobierno del Partido Popular se redujo el número de parados: frente a los 2,5 millones de personas que el PSOE envió a la listas del paro, el Partido Popular sacó 1,2 millones de las mismas. No pueden tapar que durante el Gobierno de nuestro partido se creó empleo de forma intensa: frente a la destrucción de 2,3 millones en empleos del PSOE, la creación de 1,7 millones de empleos, de oportunidades creadas para 1,7 millones de españoles por parte del Partido Popular. Hechos en la generación de empleo y hechos en la mejora de la calidad de ese empleo, aumentando el porcentaje de trabajadores con contrato indefinido, tres de cada cuatro trabajadores disfrutan de un contrato indefinido, y con mejoras salariales, incluidos los sucesivos aumentos del salario mínimo interprofesional, ya materializados por el Gobierno del Partido Popular.

A estas subidas del salario mínimo me voy a referir, porque la subida del salario mínimo interprofesional de forma intensa también es una realidad en el Gobierno del Partido Popular. Desde 2016, con la ministra Báñez al frente del Ministerio de Empleo, el salario mínimo ha crecido desde los 655,2 euros del año 2016 hasta los 735,9 del año 2018. Estamos hablando de una subida del 1 % en el año 2016, del 8 % en el año 2017 y del 4 % en el año 2018. Estamos hablando de una subida real que ya se ha trasladado al bolsillo de miles de trabajadores. Pero debemos ir más allá y no olvidar que, cuando hablamos de la evolución del salario mínimo interprofesional en nuestro país, debemos considerar estos incrementos y, además, tener en cuenta las subidas ya programadas y que son consecuencia del trabajo del Partido Popular de forma conjunta con los agentes sociales, subidas adicionales del 5 % para 2019 y del 10 % para el año 2020, que permitirían que el salario alcanzase los 850 euros en el año 2020. Pero estos incrementos no son espontáneos, no son aleatorios, no son el fruto de la improvisación, sino que son resultado, como ya he dicho antes, del trabajo, pero sobre todo son consecuencia de la negociación y del acuerdo, porque en el Partido Popular creemos firmemente en la negociación y en el acuerdo; negociación y acuerdo con quienes son los representantes legítimos de los trabajadores y de los empresarios, negociación y acuerdo con quienes saben qué equilibrios se deben mantener para que el empleo siga creciendo al mismo tiempo que lo hacen los salarios.

Esa es la razón por la cual hoy estamos defendiendo esta enmienda de totalidad con texto alternativo. Porque frente a una propuesta de subida de salario mínimo negociada, acordada y firmada con aquellos que legalmente representan las dos partes del mercado laboral, nos encontramos con una iniciativa que, señores de Podemos, han acordado ustedes con ustedes mismos, una iniciativa a la que ahora se ha sumado el señor Sánchez. Frente a una propuesta firmada y que ha sido pensada y trabajada en profundidad, con un análisis detallado de los efectos para trabajadores y empresarios, especialmente para pequeños empresarios y autónomos, nos encontramos con una propuesta ajena a la concertación social, y con tal nivel de improvisación que cuando aún no se había secado la tinta de las firmas del doctor Sánchez y de su vicepresidente económico, el señor Iglesias, ya habían tenido que corregirla porque de repente se dieron cuenta de que su iniciativa, tal y como estaba planteada, tenía consecuencias negativas para millones de españoles, especialmente para los autónomos.

Señorías del PSOE y de Podemos, frente a su improvisación, nuestra coherencia; frente a su desprecio a los sindicatos y asociaciones empresariales, el Partido Popular que defiende la concertación social y el papel que en ella desempeñan los agentes sociales. Prueba de nuestra coherencia es el texto alternativo que hemos presentado y que no es más que lo que hemos trabajado, negociado, acordado y firmado, reafirmándonos en todos y cada uno de sus puntos, que son nuestros puntos, pero también lo son de UGT, de Comisiones Obreras, de CEOE y de Cepyme, y que por eso fueron firmados por ellos el pasado mes de diciembre, hace menos de un año.


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Las subidas del 4 % para 2018, que ya es una realidad; del 5 % para el 2019 y del 10 % para el 2020, son subidas salariales que son posibles con las reformas llevadas a cabo por el Partido Popular y que han permitido cuatro años seguidos de crecimiento económico, porque si no se crea riqueza, la riqueza no puede ser repartida. Son subidas salariales cuya prioridad, no deben olvidar, es el crecimiento económico y la creación de empleo porque el crecimiento tiene que llegar a los trabajadores con la subida de los sueldos, pero también, señorías, tiene que llegar a aquellos a los que todavía no les ha llegado un empleo. Son unas subidas salariales compatibles con la mejora en la competitividad, unas subidas salariales, en definitiva, que están apoyadas por ganancias de productividad, siendo este el indicador de que la capacidad de expansión de la economía continúa en vigor.

Estas, señorías, son las palabras del Partido Popular pero también, vuelvo a repetir, son las palabras de UGT, de Comisiones Obreras, de CEOE y de Cepyme, porque son los principios en los que se basa el acuerdo firmado hace menos de un año. En estos principios se basan las subidas del salario mínimo interprofesional acordadas y que incorporamos; subidas muy por encima del 2,5 % de crecimiento del PIB, llegando incluso a cuadruplicarlo en el año 2020; subidas que se fijan en la creación de empleo porque tenemos la obligación de mejorar la calidad del empleo de aquellas personas que ya lo tienen con subidas salariales, pero también tenemos la obligación de seguir trabajando por aquellos que todavía se encuentran en paro y que tienen derecho a un empleo. Por eso, en lo acordado se subía el salario mínimo profesional siempre que se creasen al menos 450 000 empleos. Por cierto, las dos condiciones -crecimiento del PIB y creación de empleo- se cumplían cuando gobernaba el Partido Popular. Repito, es un modelo trabajado, negociado y acordado y que ha tenido en cuenta cuáles son los efectos de lo firmado frente a su modelo, un modelo, señores de Podemos y del PSOE, que todos los organismos independientes consideran que tendrá efectos negativos para el empleo. No ha habido ni un solo organismo independiente de reconocido prestigio que les haya dado la razón. Así, la AIReF calcula que como consecuencia de esta subida se crearán 40 000 empleos menos en 2019, la Comisión Europea calcula que se crearán entre 70 000 y 80 000 empleos menos en 2019 y 2020, y el Banco de España estima que el impacto final de sus improvisaciones será la pérdida de 150 000 empleos. Su modelo es un modelo de desigualdad, ya que, según el informe del modelo del Banco de España, una subida de este tipo afectará negativamente a los colectivos de jóvenes y de trabajadores menos calificados, precisamente los colectivos con mayores tasas de desempleo. Su modelo afecta negativamente al empleo de personas con discapacidad; si no, hablen con los centros especiales de empleo. Su modelo plantea dificultades en todas aquellas empresas intensivas en mano de obra que contratan con las administraciones públicas -estoy hablando de sectores de limpieza, de sectores de jardinería- y que tendrán también importantes subidas en sus costes laborales que no podrán trasladar. Además su modelo se ceba especialmente con los autónomos porque esta subida, aunque parece que ya han sido capaces de corregir el efecto que tiene sobre las subidas de las cotizaciones en los autónomos, no les han ofrecido respuestas a los autónomos a las subidas en los costes laborales, al más de un millón de autónomos que tienen empleados a su cargo, a quienes la subida les puede suponer un incremento de casi el 30 % en el coste por trabajador.

Señorías, finalizo solicitando que modifiquen su postura, solicitándoles que cambien su modelo, que cambien su modelo en el proceso y el contenido. En el proceso, y por ello les solicito que vuelvan a la negociación, que vuelvan a la concertación, que no prescindan de lo firmado con los agentes sociales porque ellos representan a los protagonistas de esta medida. Y cambien su propuesta también en el contenido porque las subidas salariales no pueden plantearse de forma aislada porque tienen efectos en el empleo, tienen efecto en las oportunidades para nuestros jóvenes, para los parados de larga duración y los trabajadores de baja cualificación, para los autónomos, para las personas con discapacidad. ¿Alguien piensa que los 1500 millones de subidas en las cotizaciones sociales vinculadas al incremento en el salario mínimo no tienen efecto?

Señorías, recapaciten porque todos los españoles nos merecemos participar del crecimiento económico; todos los españoles nos merecemos una oportunidad. Los 18 915 668 trabajadores ocupados nos merecemos mejores salarios, pero nunca a costa de los 3 252 130 españoles que no encuentran un empleo. Y ese es el compromiso del Partido Popular, trabajar tan intensamente en la mejora en la calidad del empleo de los 19 millones de españoles que tienen un empleo, como en la búsqueda de oportunidades para los más de 3 millones de parados que aún no han encontrado un empleo. Y de estos dos compromisos es de lo que trata esta enmienda que se votará hoy en la Cámara, porque lo que es necesario es que votemos a favor de los ocupados y de los desempleados, y nunca


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pongamos a unos por delante de otros que es lo que ustedes, señores de Podemos y señores del PSOE, pretenden con esta iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora López Ares.

Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra el representante de dicho grupo, el señor Rodríguez Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Buenas, señor presidente.

Buenas, señoría. -Por ahí anda, y espero que se haya quedado a escucharme-. Primero, aunque parezca mentira, quiero darles las gracias porque -ya lo saben, me he cansado de repetirlo- hace más de dos años que presentamos esta iniciativa, y no es la primera vez que lo digo. Son cuatro páginas (mostrándolas a la Cámara): una, dos, tres, cuatro páginas tiene la iniciativa, ¡y llevan dos años para hacer enmiendas! Creo que solo hay dos posibilidades: o son muy gandules -como se dice en mi tierra- y no les gusta nada trabajar, o sospecho que no tienen ninguna intención de subir los salarios a quienes menos cobran en este país. Y les doy las gracias porque después de quince iniciativas sobre Venezuela y otras tantas sobre la bandera -la bandera p'arriba, la bandera p'abajo-, iniciativas sobre el drama que supone que los niños y las niñas catalanes hablen catalán en Cataluña..., después de todos esos asuntos de máxima importancia, por fin el Grupo Parlamentario Popular trae por primera vez una iniciativa sobre el salario mínimo interprofesional. Y es, por supuesto, para bajarlo, para rebajar lo que tenemos firmado en el acuerdo de presupuestos con el Gobierno.

Tengo que admitir que son coherentes; su actividad parlamentaria guarda relación directa con su forma de pensar: nunca, nunca han querido acabar con la desigualdad salarial y siguen firmes en esa posición. Yo creo que eso hay que admitirlo y al César lo que es del César. Aun así no me resisto a hacerles una pequeñita radiografía del país que hay detrás de las banderas.

Según los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística, para que no digan que soy yo que me los saco de la manga, el 45% de la gente trabajadora cobra entre cero y dos salarios mínimos. Esto es para ser exactos; y para calcular la magnitud de lo que estamos hablando: 8 253 450 personas -8 millones-. Y otro dato fundamental que no quiero dejarme atrás: el 55 % de las mujeres que tienen un empleo en este país cobra entre cero y dos salarios mínimos, más de la mitad. Al contrario de lo que ustedes dicen, multitud de voces de la sociedad civil, entre ellos todo un Premio Nobel de Economía, ponen en evidencia las ventajas de la subida de los salarios más bajos. Es una medida que incrementa el poder adquisitivo de la población, por lo tanto aumenta el consumo interior e impacta positivamente en las cuentas de autónomos y de pymes, porque sube el número de clientes con capacidad de compra. Esto a su vez provoca generación de empleo y reducción de las desigualdades. Además, no solo nos basamos en estudios y en proyecciones de expertos y de expertas, también la realidad y la experiencia nos da la razón. Una de las economías más potentes del mundo -no sé si conocen el ejemplo, pero se lo expongo aquí- Corea del Sur, que tiene un PIB muy similar al español, fue uno de los países del mundo que el año pasado disminuyó más la desigualdad, y lo basó fundamentalmente en tres medidas: por un lado, aumentar la presión fiscal a las grandes empresas, por otro, aumentar la protección social y, la tercera y definitiva, incrementar el salario mínimo interprofesional en un 16 % en ese país -en un 16 %-. Me voy a la otra punta del mundo: en Seattle, en pleno Estados Unidos, la subida del salario mínimo fue de un cien por cien, y no tenemos constancia -no sé si ustedes la tienen, nosotros no- de que haya habido ningún tipo de apocalipsis económico en Seattle ni que se hayan destruido miles de empleos; lo que sí parece que consiguieron fue que la gente trabajadora viviera un poquito mejor.

Una de las mayores mentiras que se cuentan sobre la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros es que va a perjudicar a los sectores más desfavorecidos; esto es profundamente, pero profundamente cínico y rotundamente falso. ¿Por qué digo falso? Porque la subida beneficiaría -beneficiará, porque espero que salga adelante- a quien ahora mismo cobra el salario mínimo o por debajo de él; esto puede parecer una obviedad, pero vistas las intervenciones para muchos no es tan obvio. Les voy a contar muy rápido quiénes son estas personas destinatarias de la subida y por qué decimos que es abiertamente falso lo que ustedes afirman. 2 de cada 3 personas que cobran el salario mínimo interprofesional o menos son mujeres; 3 de cada 4 personas que cobran el salario mínimo interprofesional o menos tienen entre 20 y 49 años; 1 de cada 2 personas que cobra el salario mínimo interprofesional o menos tiene una antigüedad menor a un año en su empresa; 3 de cada 4 personas que cobran el salario mínimo interprofesional o


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menos tienen una jornada a tiempo parcial, en la mayoría de los casos no deseada, por supuesto. En resumen, que las principales beneficiadas de la subida del salario mínimo interprofesional son los jóvenes, las mujeres y los trabajadores y las trabajadoras precarias en general. (Aplausos).

Eso sin entrar a hablar de los territorios. En Canarias y en Extremadura recibiríamos con los brazos abiertos esta subida; sería como agüita de mayo, por razones otra vez tristemente obvias, pero las reitero porque somos los territorios del Estado con los salarios más bajos. Y cínico, ¿Por qué digo cínico? Porque lo es, es cínico y mezquino, pero hasta el infinito. El relato de que la subida es insostenible y perjudicial para la economía lo están difundiendo principalmente determinados partidos políticos, bancos e instituciones europeas. Aquí paso a presentarles públicamente la Champion League del cinismo, de la hipocresía y de la poca vergüenza. En cuarta posición de esta Champion League tenemos a políticos de esta Cámara, principalmente del Partido Popular y de Ciudadanos, con el señor Casado y el señor Rivera a la cabeza. Dicen que subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros es una medida trasnochada. ¿Saben cuánto cobra un diputado del Congreso? Los que no donan parte del sueldo como hacemos nosotros claro, ¿saben cuánto? Casi 5000 euros.

En el podio con medalla de bronce, en tercera posición, tenemos al Banco de España, que en boca de su gobernador también se ha dedicado a meter miedo sobre los efectos negativos de esta subida. ¿Saben cuánto cobra este señor? Gana 14 800 al mes, y por supuesto que no se me olvide sumar 1000 euros en dietas cada vez que va a una reunión, no sea que no vaya a llegar a fin de mes. En segunda posición, como no podría ser de otra manera, se sitúa la Comisión Europea, que tantas alegrías nos ha dado a este país y que no podía quedarse atrás criticando duramente que los trabajadores puedan cobrar 900 euros. Y esos señores que dicen estas cosas, ¿cuánto ganan? Pues nada más y nada menos que 32 000 euros mensuales, y están criticando que la gente pueda ganar 900. Esto es en el sector público, pero vamos a la medalla de oro, al que se llevó la Champions League y que, como no puede ser de otra manera, es la banca privada, que siempre se lleva la palma y a la que no hay quien le quite la medalla de oro al cinismo. Al Banco BBVA le parece un peligro que la gente cobre 900 euros y dice que va a provocar paro y desaceleración. ¿Saben cuánto cobra el consejero delegado del BBVA? Cobra 15 800 euros, pero no al mes, como los austeros compañeros del resto de la Champions, no, no al día, 15 800 euros al día. (Aplausos). Para que nos hagamos una idea, ese señor llega a su casa por la noche, pone la televisión, ve una película, se pone el pijama, se acuesta, se levanta, y cuando se levanta se hace un juguito de naranja, se lo bebe, mira la cuenta y descubre que ha ganado en unas pocas horas lo mismo que está criticando que pueda ganar un trabajador o una trabajadora cualquiera en todo un año. Esa persona durmiendo una noche gana el mismo dinero que ganaría un trabajador o una trabajadora trabajando todo un año con el salario mínimo que estamos proponiendo. ¡Hay que tener la cara de cemento! ¡Hay que tener la cara de hormigón armado para criticar que los trabajadores puedan ganar 900 euros!, que creo que no es ninguna fortuna. (Aplausos).

Ustedes tienen todo el derecho del mundo a hablar continuamente de Venezuela, de las banderas y de que si Cataluña para arriba y Cataluña para abajo para defender fervientemente -a lo que por supuesto también tienen todo el derecho del mundo- los intereses de los bancos, porque para eso les pagan las campañas electorales, cuando no las pagan en dinero B, pero bueno, cuando lo hacen legalmente lo pagan a través de los bancos. Repito, tienen todo el derecho del mundo, pero solo les pido una cosa: Déjennos trabajar a los que sabemos que la principal preocupación de la gente es tener un empleo, y es que antes un empleo era sinónimo de seguridad y de estabilidad; hoy en día tener un empleo ni siquiera asegura que puedas llenar la nevera, que puedas llegar a fin de mes o que puedas pagar el alquiler. Para nosotros esta es nuestra prioridad absoluta y para ustedes también debería serlo -se lo digo humildemente-, porque creo que para eso nos eligieron y para eso nos pagan; además, por cierto, mucho más de 900 euros.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Rodríguez.

Para la réplica tiene la palabra la señora López Ares.

La señora LÓPEZ ARES: Gracias, señor presidente.

Señorías, señor portavoz del Grupo Podemos, aquí los únicos que faltan a la verdad y mienten a todos y cada uno de los españoles son ustedes. Si tuviesen valor, ustedes bajarían hoy aquí y les dirían a los españoles que están proponiendo una subida de 50 euros por encima de la que tiene acordada el Partido Popular con los sindicatos y con los representantes de los empresarios, pero que les están dando 10


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euros con una mano (levantando una mano) y les van a quitar 100 euros con esta otra mano (levantando la otra). Eso es lo que tienen que bajar a decir en esta tribuna. (Aplausos).

Señor portavoz de Podemos, ¿por qué no le dice usted al trabajador que gana el salario mínimo que cada vez que vaya a poner gasoil o diésel a su coche va a tener que gastar 10 euros de esos 50 que usted quiere subir al mes para poder llenar el depósito de su coche diésel? ¿Por qué no le dice usted a ese trabajador, al que quiere subirle 50 euros al mes, que cada vez que vaya a hacer una transferencia o sacar dinero con su tarjeta en un cajero el banco le va a cobrar una comisión por su impuesto de transacciones financieras? ¿Por qué no le dice usted a ese trabajador que cuando compre a través de Internet o cuando haga alguna transacción de información a través de Internet va a tener que pagar algo, y que lo que se va a poder ahorrar va a tener que pagarlo porque tiene que pagar ese impuesto suyo en el ámbito tecnológico? ¿Por qué no se lo explica? ¿Por qué no les explican que, como siempre, ustedes les dan con una mano 10 y con otra mano les quitan 100? Porque ustedes todavía no han entendido que las personas consumimos no con el salario bruto, sino con el salario neto después de impuestos, y ustedes son los reyes en subir los impuestos (aplausos). Por cierto, no precisamente a los ricos, sino a las clases medias y a los trabajadores.

Mienten. Mienten a los que ganan 2000, a los que ganan 1000 y a los que ganan 900 porque ustedes lo que no les garantizan es un empleo, y si no se tiene empleo no se tiene salario. Les mienten. Ustedes mienten a los trabajadores de la provincia de Cádiz, a los 6000 trabajadores que no van a tener ni 900 euros porque ustedes se dedican a jugar con las corbetas. Ustedes mienten cuando sus compañeros se reúnen con los trabajadores de Alcoa, en Avilés y en Coruña, porque ustedes no les dicen que van a perder su puesto de trabajo porque hay que jugar con la energía. Ustedes mienten. Por cierto, su compañera miente a los mineros porque el 31 de diciembre se van a cerrar las minas en el país, en este país, todas las minas, hasta las rentables: ustedes mienten a los mineros. Ustedes mienten, ustedes también están mintiendo (aplausos) a todos los trabajadores del sector del automóvil, a 200 000 trabajadores, ni siquiera el salario mínimo interprofesional... Ahora resulta que todos tenemos que ir en coche eléctrico porque a la señora ministra de Transición Energética se le ocurrió no sabemos qué día. Ustedes mienten. Ustedes siguen mintiendo -lo vuelvo a repetir- a los jóvenes, a las mujeres, a los parados de larga duración. Les mienten a todos. Mienten a los autónomos. ¿O no les miente usted a los autónomos cuando el dueño de una cafetería, con tres trabajadores que cobran el salario mínimo interprofesional, de repente les sube un 30 % el coste de cada trabajador, incluyendo las cotizaciones? ¿Qué hace ese pequeño autónomo? O sube el precio del café, ¿o qué hace? Poner jornada a tiempo parcial o uno de ellos se va al paro. Se lo pongo con ejemplos. No hablo de banca, no hablo de otra cosa; hablo de personas con nombres y apellidos, hablo de lo que nos dicen a todos y seguro que también se lo dicen a usted.

Mienten, mienten a todos los trabajadores de este país, y le voy a poner un ejemplo muy claro. (Mostrando un gráfico). Aquí tenemos un gráfico con los salarios y el paro. Todos queremos un empleo de calidad, queremos un empleo. La línea es la evolución de los salarios desde el año 2006 y las barras son la evolución del paro desde el año 2006. ¿Sabe qué hacen ustedes? Lo que hacen siempre: enviar a la gente al paro. Cuando gobierna el Partido Popular, suben los salarios y las personas salen de la lista del paro porque encuentran un empleo. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. (Aplausos).

Para finalizar, no sé si lo que hacen ustedes es porque no saben o porque lo quieren. No tenemos muy claro en el Partido Popular hasta qué punto a ustedes les interesa que los trabajadores se vayan a las listas del paro para intentar conseguir la movilización de la cual creen ustedes que pueden beber para sus futuras elecciones, pero el Partido Popular no está en eso. El Partido Popular está para todos y cada uno de los españoles, estén parados o estén ocupados, porque todos tienen derecho a participar del crecimiento vía ingresos o por el camino de no pagar los impuestos que ustedes quieren quitarles de sus bolsillos.

Muchas gracias. (Prolongados aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora López Ares.

Señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.

No tenía pensado utilizar el turno de réplica, pero ante la sarta de mentiras y el hecho de haber batido el récord mundial por hablar cinco minutos y no decir ni una sola verdad, voy a poner sobre la mesa una cosa usando uno de los ejemplos que usted puso. Es sobre esos autónomos ficticios que comentaba -que puede ser real-; por ejemplo, un autónomo que tiene un bar y que tiene tres trabajadores o


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trabajadoras contratados y que ahora va a ver cómo sube el salario mínimo? ¿Sabe lo que va a pasar? ¿Sabe cuál es el problema que tiene ese negocio, que tiene ese bar, que tiene ese autónomo? ¿El problema realmente es el salario de los trabajadores y las trabajadoras? No, no mientan; el problema es que no tiene clientes. Y no tiene clientes porque la gente no tiene un duro, y la gente no tiene un duro por culpa de ustedes... (Aplausos), porque ustedes desarrollaron una reforma laboral que echó a la calle a millones de personas y que facilitó el despido.

Les doy un dato, por si no lo conocen. El PIB del país, la riqueza que generamos los trabajadores ya es mayor hoy a la que había antes del estallido de la crisis económica y antes de sus políticas de austeridad y sus políticas de recortes. El PIB es mayor. ¿Sabe lo que no es mayor? Los salarios. ¿Sabe cuánto hemos perdido en los salarios de los trabajadores y las trabajadoras? 35 000 millones de euros. Con esos 35 000 millones de euros a lo mejor la gente común y corriente de esta país tendría dinero para ir al bar de ese autónomo, para que pudiera hacer mayor negocio, mayor caja y para que les pudiera pagar a sus tres trabajadores y trabajadoras no ya 900 euros, sino mucho más de 900 euros, que es lo que se merecen. O sea que no mientan y no digan que esto es una medida contra los autónomos, porque no lo es. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Rodríguez.

En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.

Anuncio primero el sentido de nuestro voto. Votaremos en contra de la enmienda a la totalidad que presenta el Partido Popular.

Quisiera aprovechar parte del tiempo que tengo para señalar que la proposición de ley de Podemos, que apoyaríamos -relativa al salario mínimo interprofesional de 900 euros- nos sigue pareciendo -igual que nos parecía hace dos años, y así lo señalamos- que homogeiniza y no fomenta un aterrizaje a la realidad demasiado justo. Me parece razonable y desde luego Euskal Herria Bildu no se opondría nunca a que se eleve el salario mínimo interprofesional de donde está ahora a los 900 euros. Creemos que si eso ayuda a dignificar siquiera parcialmente la vida de la gente es algo que hay que apoyar. Pero no es igual la realidad económica que se vive en los diferentes territorios del Estado español, por lo que el propio Podemos de Euskadi, como Euskal Herria Bildu, con la mayoría sindical vasca, están planteándose en Euskal Herria, en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra un salario mínimo interprofesional que esté por encima de los 1200 euros. Por tanto, cuando se hacen unas lecturas que tienden a homogeneizar si quiera -aunque sea con este aumento- se está quedando fuera una realidad que, por desgracia -o por fortuna, no lo sé- hace que 900 euros sea un salario con el que no se puede vivir dignamente en nuestro país.

Más allá de eso, quisiera dirigirme a la representante del Partido Popular en lo que tiene que ver con su enmienda a la totalidad. Nos plantea una subida más menguada que la que plantea la proposición de ley, y además condicionada a un progreso de la economía por encima del 2,5. Como han sido unos artistas haciendo crecer la economía en según qué épocas, para largo se lo fían a esta gente con esa subida salarial. En cualquier caso, fíjese lo anacrónico y lo injusto de este modelo económico, que hace que nos parezca excesivo subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros, pero nos parezca de todo punto razonable que el señor Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, cobre 42 000 euros al día -y este supera al anterior ejemplo-. Así de injusto es este modelo: es razonable que alguien que vende su fuerza de trabajo y que genera una plusvalía tenga que tener un sueldo tan miserable y nos parece absolutamente razonable que el señor Galán se lleve 42 000 euros al día, porque eso es el progreso de la economía.

No voy a dedicar mucho más tiempo porque creo que al final esto es una cuestión de prioridades, y el Partido Popular ha expresado en más de una ocasión que su prioridad pasa por ensalzar el orgullo patrio y por hacer de la bandera española un símbolo al alcance de todos y expuesto en todos los lugares. No sé, quizás podrían decirle a toda la gente a la que hoy le niegan la posibilidad de que tengan un salario mínimo interprofesional un poco digno que, cuando les echen del trabajo, paguen la hipoteca con la bandera; que, cuando les corten la luz, se alumbren con la bandera; o que, cuando les corten el agua, se duchen con la bandera y, cómo no, que, cuando les desahucien, se pongan a vivir bajo su bandera. (Aplausos).


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matute.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.

Vamos a rechazar esta enmienda a la totalidad. Somos de los convencidos de que la economía, el mercado de trabajo y el Estado del bienestar necesitan un incremento del salario mínimo interprofesional. Estamos convencidos de que el cambio de modelo productivo y el hacer frente al problema de la pobreza laboral, entre otras medidas, exige ese incremento del salario mínimo. Estamos convencidos, además, de que la sostenibilidad del Estado del bienestar y, singularmente, la sostenibilidad del sistema público de pensiones están muy vinculados a medidas de este tipo. Podemos compartir la preocupación que expresan algunos portavoces económicos sobre si un incremento significativo como el que, hipotéticamente, se produciría -si finalmente el Gobierno aprueba la correspondiente norma para incrementar el salario mínimo-, pudiese tener algún tipo de contraindicación, pero lo que es cierto es que el horizonte de ese crecimiento del salario mínimo hay que abordarlo absolutamente.

Ahora bien, como estamos en el debate de una proposición de ley del Grupo de Unidos Podemos que tiene pendiente su tramitación, yo voy a expresar una reflexión, compartida con la que ha expresado el portavoz de Bildu y que van a ser enmiendas que el Partit Demòcrata planteará en esta proposición de ley, que es la necesidad de ir a salarios mínimos de carácter territorial. El salario mínimo que para el conjunto del Estado puede ser adecuado, para países como Cataluña claramente es insuficiente. Este no es un debate que podamos plantear en una lógica soberanista o nacionalista, sino que es bueno recordar que en otros países de corte federal los salarios mínimos son salarios de Estados, como en Estados Unidos; incluso en el propio Estados Unidos son salarios de las ciudades. Estos mismos días, en el marco del Consejo Económico y Social de la ciudad de Barcelona se planteaba la idea de un salario mínimo específico para Barcelona y su área. Este es un debate pendiente que debemos de abordar.

Al mismo tiempo, en cuanto a los impactos del crecimiento del salario mínimo en aquellas personas con mayores dificultades para incorporarse al mercado de trabajo, les quiero trasladar no tan solo al Grupo Popular sino singularmente al Grupo Socialista, la necesidad de tener en cuenta el impacto que el incremento del salario mínimo puede tener en los centros especiales de empleo. Habrá de articularse alguna fórmula, algún mecanismo -si finalmente se produce ese incremento del SMI-, para compensar a esos centros especiales de empleo, especialmente a los centros especiales de empleo que trabajan con personas con especiales dificultades. Cataluña y Euskadi tenemos un tejido sin ánimo de lucro muy activo en ofrecer empleo a estos perfiles profesionales, a los que esta medida puede perjudicar. En estos casos habrá que establecer alguna medida de compensación.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señor presidente, señoras y señores diputados. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

Cuando leí esta iniciativa lo primero que se me pasó por la cabeza fue pensar para qué y por qué. ¿Por qué se presenta ahora esta iniciativa en un contexto determinado en el que existe ya otra iniciativa parlamentaria que aborda el mismo tema, en un contexto en el que esa iniciativa lleva ya ni más ni menos que dos años de tramitación o sin tramitación, porque está bloqueada por la Mesa, precisamente por voluntad tanto del Partido Popular como de Ciudadanos? ¿Para qué se aborda una cuestión tan importante como la del salario mínimo interprofesional y por qué en ese ámbito y en ese tiempo no se ha intentando plantear esta misma alternativa, pero en el marco del debate parlamentario en Comisión y no en el contexto de una enmienda a la totalidad? Porque si vamos al fondo, de lo que estamos hablando, tanto en aquella iniciativa legislativa como en esta, es si garantizamos con ella el contenido de lo dispuesto tanto en el Convenio de la OIT como en el artículo 4.2 de la Carta Social Europea, que pretende garantizar a todos los trabajadores el derecho -y así lo señala literalmente- a una remuneración equitativa, entendida esta como una remuneración suficiente que proporcione a los trabajadores y a sus familias un nivel de vida decoroso. Y esa es la pregunta: ¿Con esta iniciativa conseguimos aproximarnos a eso? Porque en el debate sobre la iniciativa legislativa que planteó Podemos y que se tomó en consideración en esta Cámara, también planteamos algunas dudas y las proyectamos hacia la posterior ponencia en la que se iba a debatir, cosa que podíamos haber hecho si no hubiera estado obstaculizada, pero lo que no cabe es


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plantear un modo de obstaculización permanente de este debate de una actualización necesaria de un concepto tan elemental como el del salario mínimo interprofesional, respecto del que, dicho con todo respeto, estamos demasiado alejados como para entender que como sociedad podemos aproximarnos a parámetros de justicia y de dignidad suficientes.

¿Y para qué? En la propia exposición de la ponente se ha planteado una disyuntiva que ya se revela en la parte expositiva de la enmienda a la totalidad y plantea una disyuntiva que viene a decir algo así como que la potenciación o el crecimiento excesivo del salario mínimo interprofesional viene a ser un elemento que altera el sistema productivo de tal manera que se convierte, como consecuencia de añadir costes, en entorpecedor del crecimiento del empleo, actuaría como disuasor de la posibilidad de creación de nuevo empleo. Pues bien, señoría, esa es una afirmación de la que no participamos, con la que no estamos de acuerdo, pero no es que lo digamos nosotros que somos legos en la materia, es que lo ha dicho -hace pocos días hemos podido leer su entrevista en El País- George Stigler, prestigioso Nobel de Economía, en la que viene a recordar que no solo esa afirmación es falsa, sino que posiblemente la doctrina económica vigente en estos momentos propone su interpretación en el sentido contrario. Es decir, lo que se viene a señalar es que precisamente la elevación de los salarios de aquellos que están en peores condiciones, de aquellos salarios que afectan más a la dignidad de las personas, de aquellos salarios que necesitan tener mayor capacidad de poder adquisitivo, porque hoy no la tienen, lo que viene a redundar es en dos efectos determinados: uno, en que se esfuerce el tejido empresarial para que adecue su gestión y su estructura a ritmos de eficacia que no hagan depender únicamente del salario su proyección, su viabilidad; y por otro parte, hay un elemento tan sencillo como que no es que les proyecte la capacidad de consumir más, es que el colectivo de quienes van a poder recibir un salario mínimo mejor, más adecuado a aquel parámetro del 60 % al que se refiere el artículo 4.2, lo que va a hacer es redundar en la mayor capacidad de consumo, precisamente porque son quienes tienen menos capacidad de ahorro. Pues bien, en esa situación entendemos mal esta propuesta, mal porque incluso -permítame decírselo- es hasta en cierto modo incongruente o contradictoria con la posición que ha mantenido el Partido Popular cuando ha estado en el Gobierno. Recordemos -dicho con todo respeto, pero es justo decirlo- que el Gobierno en su momento planteó otra disyuntiva, y es que era necesario crear empleo y que, para la creación de empleo, había que sacrificar otros parámetros como el de la calidad del empleo, entendido también en el parámetro de la cuantía salarial. Y aquella explicación estaba vinculada a una situación de crisis, de contracción de la economía. Y la pregunta es: Si ahora estamos en una situación de expansión, ¿no es justo que en este momento sean precisamente aquellos que han sufrido mayor impacto como consecuencia de la crisis quienes se puedan beneficiar y en una grado mayor y no tan mayor, sino aproximándose a parámetros de la Carta Social Europeo, de ese incremento del salario mínimo para que puedan finalmente obtener un grado de dignidad que se pueda reconocer? Pues bien, a diferencia de lo que está señalando, el planteamiento de esta proposición de ley se aleja de esos parámetros, y lo hace además con una característica añadida. Hay que reconocerles una cuestión en la que tienen razón, consiguieron, por ejemplo, en diciembre de 2007, un elemento necesario para esta actualización, que es el acuerdo social. Es cierto que la presencia de los agentes sociales legitima de alguna manera la propuesta que ha hecho el Partido Popular, pero quiero señalarles ahora dos cosas: una, aquel acuerdo es de hace un año, es decir, su vigencia y su actualidad quizás haya que ponerla en cuestión tanto en su contenido por su antigüedad como también porque el Gobierno vigente en aquel momento era el del Partido Popular que tenía otros parámetros ideológicos diferentes que se proyectaban también sobre el propio acuerdo social; dos, hay un elemento del que no se ha hablado y es que para la actualización del salario mínimo interprofesional quien está habilitado, por el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, es el Gobierno. Pues bien, como consecuencia de aquel acuerdo, el Gobierno del Partido Popular no actualizó el salario mínimo interprofesional pudiendo haberlo hecho; no lo hizo en los términos y en los parámetros que están señalados en esta proposición legislativa. Por tanto, tampoco entendemos desde ese parámetro esta proposición.

Por consiguiente, señoría, vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra porque creemos que no es la medida necesaria, quizás en su contenido podríamos aproximarnos un tanto más a lo que ustedes estaban planteando que a lo que en su momento planteó el Grupo Podemos, fundamentalmente en la secuenciación de ese incremento, pero sobre todo no nos parece oportuno porque entendemos que es una decisión deliberadamente obstaculizadora de un debate que ya estaba presente en la Cámara. Por tanto, señoría, permítame decirle que no vamos a poder apoyar su enmienda.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch. (Rumores). Silencio, señorías.

El señor SALVADOR I DUCH: Bon dia de nou a tothom.

Es obvio que estamos en contra de la enmienda a la totalidad del Partido Popular. Ya no vamos a perder el tiempo en discutir con la derecha extrema, pero sí vamos a aprovechar la intervención para hablar del salario mínimo interprofesional, para hablar... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, silencio.

El señor SALVADOR I DUCH: Parece que interesa poco el salario mínimo interprofesional.

Vamos a hablar con los que realmente pueden hacer cambios en este Estado.

Valga entonces una previa. Supongo que la próxima vez -esto va dirigido a todos los grupos de izquierdas- que hablen de presupuestos no engañarán a nadie más vinculando la aprobación de la subida del salario mínimo interprofesional con los presupuestos. Seamos un poco honrados en este sentido. El salario mínimo interprofesional se puede aprobar con un simple proyecto de ley o con un real decreto-ley, no nos engañen más. Dicho esto, una vez más nos colocan ante la disyuntiva de escoger entre lo malo y lo menos malo. Si apoyamos la propuesta -la apoyaremos, evidentemente, no la enmienda a la totalidad sino seguir adelante con esta proposición de ley- no será sin manifestar que la citada propuesta no nos satisface igual... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor SALVADOR I DUCH: ... que la que nosotros presentaríamos o la que traeríamos hoy aquí de tener mayoría o incluso la que legislaríamos para una Cataluña de tener plena soberanía. Realmente, cuesta entender esa cantidad de 800 o 900 euros mensuales, cantidades con las que no se pueden cubrir las necesidades mínimas de los trabajadores y trabajadoras. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor SALVADOR I DUCH: No podemos mostrarnos satisfechos de que personas que trabajen durante cuarenta horas o más a la semana no lleguen a final de mes. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un momento, señoría.

Les ruego, señorías, silencio.

El señor SALVADOR I DUCH: Es una pena que no interese el salario mínimo interprofesional, la verdad.

La señora PRESIDENTA: Continúe, señoría.

El señor SALVADOR I DUCH: Igual algunos lo tienen cubierto.

¿Cómo podemos aceptar la cantidad propuesta cuando una persona que vive en Girona, por ejemplo, con solo andar unos kilómetros más allá traspasa la frontera, llega a Perpinyà y ya no puede trabajar por menos de 1480 euros, que es el salario mínimo francés? ¿Es que esas empresas tienen menos competitividad por estar unos kilómetros más allá? ¡Por favor! ¿O cómo podemos aceptar que propongan estas cantidades unos Gobiernos de izquierda si no llega ni a la recomendación salarial de la Carta Social Europea de 1961, ratificada por el Reino de España en 1980? Es decir, treinta y ocho años después el Reino de España aún no cumple con esta Carta Social, en esta España suya, esa España a la que defienden a golpe de porra mientras son incapaces de impedir la pobreza a más del 30 % de sus habitantes. Son incapaces de fijar un salario mínimo interprofesional superior a los 1100 euros, como nos dice la Carta Social Europea ratificada y que viene de hace ya treinta y ocho años. Tampoco nos satisfacen los elementos o condiciones establecidas a la hora de fijar el salario mínimo interprofesional, son demasiado generales y poco controlables por las organizaciones sindicales y por la ciudadanía en general. Por ejemplo, el que aparece en el apartado como punto d), el que se establece como elemento a considerar de la coyuntura económica general, concepto que ya sabemos lo que significa, que paguen los platos rotos los de siempre. Sin duda, nos gustaría otra cantidad más elevada


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y otra redacción más garantista, pero somos los que somos y, como se dice en mi país o caixa o faixa. Por ello, vamos a dar apoyo a la proposición de ley, no a la enmienda a la totalidad, como paso transitorio para su posterior mejora y controlando hasta donde podamos su cumplimiento en cuanto a su incremento cuando se den las circunstancias. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. Señora Díaz Pérez, lleva usted tanto tiempo de pie hablando que no le hacen efecto mis palabras. Y digo señora Díaz, pero podría referirme a muchas más de sus señorías.

Continúe, por favor.

El señor SALVADOR I DUCH: Muchas gracias, presidenta.

Lo hacemos también por compromiso y dando a entender a la ciudadanía que si las izquierdas y los progresistas se unieran, podríamos cambiar muchas cosas.

Ahora me dirijo al Partido Socialista, que son los que mandan. Les vuelvo a decir lo que un día les dije aquí desde su tribuna cuando nos trajeron una moción de estas que no sirven para nada: la única moción que esperábamos de los trabajadores y trabajadoras de este país, como ustedes dicen, era la moción de censura, y se la votamos gratis. Bien, ahora les pedimos más cosas. Siguiendo en la misma línea, les pedimos lo que realmente esperan las clases trabajadoras de los diferentes pueblos de este Estado, que no solo -como les decía en la anterior propuesta no de ley- defiendan las libertades civiles y las resoluciones de los conflictos como el de Cataluña de manera democrática. Les pedimos también que sean valientes de verdad y que se diferencien de una vez por todas de esta extrema derecha que expulsamos todos juntos del Gobierno con nuestros votos. Les pedimos que se diferencien también siendo socialistas de verdad y que se empleen a fondo con el programa electoral con el que ustedes se presentaron, y no nos digan que no suman, porque sí pueden sumar, como decíamos en la moción de censura. Deroguen ustedes las reformas laborales causantes de la devaluación salarial, que ni lo han intentado, sean valientes, la de Zapatero y la de Rajoy, dando a los sindicalistas lo que es suyo, el derecho a la negociación colectiva. Hoy en día no hay negociación colectiva porque la tumbaron ustedes. Sean valientes, aquí pueden sumar, pero ni lo intentan. (Aplausos). Como decía, sean socialistas de verdad. Y si nos tienen que hacer chantajes con los presupuestos y otras cosillas, si nos tienen que hacer chantajes, si tienen la vergüenza de pedirnos cambiar derechos sociales por libertades civiles, si tienen vergüenza para pedirnos derechos sociales a cambio de no liberar a nuestros presos, a nuestros amigos, a nuestros exiliados, si tienen esta vergüenza, al menos esfuércense un poco más, esfuércense un poquitín y tráigannos alguna cosa más que lo que nos están trayendo, porque pueden hacerlo: libertades civiles, libertades sociales, laborales, la Ley mordaza. Cumplan con su programa y sean realmente una España alternativa de una vez. Sean valientes, sean un nuevo Suárez pero de izquierdas, que no lo están haciendo. Entonces igual empezaremos a hablar y a dialogar, mientras no.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez Freire.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señora presidenta.

Señorías, debatimos en el día de hoy una enmienda a la totalidad con texto alternativo sobre la proposición de ley de subida del salario mínimo de Unidos-Podemos. En este hemiciclo creo que no hay ni un solo diputado de un solo grupo que no esté de acuerdo en la necesidad de subir el salario mínimo, por justicia, por dignidad y porque es responsabilidad nuestra garantizar que nuestros ciudadanos tengan la mejor calidad de vida. La discrepancia, en lo que podemos estar o no de acuerdo, que es legítima, es en cuanto a la cuantía de esa subida y la velocidad con la que se lleva a cabo. He de decirles que, mientras preparaba esta intervención, revisé una gran cantidad de trabajos, de estudios y de publicaciones de distintos economistas -algunos ya los han nombrado aquí- como Paul Krugman o Joseph Stiglitz, a los que no se les puede acusar de ser neoliberales, precisamente. Ambos defienden la subida del salario mínimo para el Estado español, y lo dicen como algo muy positivo. Ponen como ejemplo cientos de estudios, pero, como bien decía el señor Rodríguez, los estudios que nos plantean son de Seattle y de otras ciudades de Estados Unidos. He de decirles que el mercado español no tiene ni la sensibilidad ni el dinamismo de Estados Unidos. Por cierto, señor Rodríguez, me alegro de que ponga el ejemplo de Corea del Sur y no de Corea del Norte. Me parece muy bien. (Aplausos).


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Como les decía, señorías, creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de la subida del salario mínimo. Analicemos cuáles son las ventajas. La primera ya la han dicho claramente, al tener mayor renta disponible las personas con menos salario se va a ocasionar un círculo virtuoso, ese crecimiento económico del que nos han hablado, mayor renta, mayor gasto o mayor demanda interna, mayor crecimiento económico y, por consiguiente, mayor crecimiento de empleo. Luego hay otro elemento importante, y es que los que están a favor de la redistribución de las rentas hablan de que esas rentas salen de los teóricos beneficios de las empresas, que van a mejorar sin que haya un esfuerzo fiscal de ningún tipo. Estos dos argumentos serían definitivos para que estuviéramos todos de acuerdo en que hay que subir el salario mínimo, pero en economía, como ustedes saben, no siempre la realidad va de la mano de la teoría.

Déjenme que les diga que hay también prestigiosos economistas que son detractores y que hablan claramente de cuáles pueden ser las desventajas de esa subida, cuando sobre todo es radical. Lo primero de todo hay que decir que, cuando hablamos de empresas en España, todo el mundo piensa que El Corte Inglés, Telefónica o Zara son referentes de nuestro mercado laboral, de nuestro mercado de empresas, y la realidad es que la estructura económica de España está cuajada de pequeñas y medianas empresas, de micropymes y de autónomos, más del 90 %, y para ellos una subida del salario mínimo interprofesional del 22 % en un solo año puede ser un golpe sin anestesia que provoque el cierre de muchas de ellas. Les voy a poner un ejemplo. El otro día estuve reunido en Canarias con un colectivo agrario y me comentaban que en la explotación típica que tienen está el propio trabajador, el propio autónomo, y dos o tres peones. Me comentaban que lógicamente una subida de ese tipo les iba a golpear de tal forma que solo tendrían dos soluciones: la primera, prescindir de uno de esos operarios, de uno de esos peones, y la segunda, que me parece también muy grave, utilizar la economía sumergida. El segundo de los elementos que tenemos que valorar a la hora de hablar del salario mínimo es a quién afecta. Afecta al 10 % de la población, y hablamos principalmente de nuestros jóvenes sin experiencia y de los mayores que se quedaron descolgados, por desgracia, después de la crisis económica; es decir, personas que realmente tienen una cualificación baja y que tenemos que apoyar. Hay que adoptar unas medidas complementarias para evitar, precisamente, esa posible destrucción de empleos. Hay estudios que hablan de hasta 180 000, y los más optimistas hablan de 40 000, pero lo que tenemos claro es que puede tener efectos perniciosos.

Como no me gusta hablar tampoco de las teorías de Estados Unidos o de Corea del Sur, déjenme que hable de nuestros vecinos europeos. Entre los países más exitosos a la hora de aplicar ese salario mínimo, encontramos a Polonia, a Hungría, a Eslovaquia y a la República Checa, los cuales -es cierto- han conseguido mantener y crecer, incluso en el empleo, con un aumento importante del salario mínimo. Pero estamos hablando de economías que se basan, principalmente, en la industria, además orientadas a la exportación, y que han desarrollado sus mercados internos y han modernizado sus economías y, por tanto, han conseguido aumentar la productividad, lo que ha hecho que ese aumento del salario mínimo no haya provocado la destrucción de empleo. En el lado opuesto hay ejemplos recientes de otros países de Europa. Puedo hablarles de Portugal, de Letonia, de Lituania, que también apostaron por subir el salario mínimo, pero con las consecuencias desastrosas que se pueden plantear.

Señorías del Partido Popular, puedo compartir cosas de su enmienda, desde luego me parece importante que recuperemos la negociación colectiva, que se cuente con los agentes sociales, pero déjenme que les afee la forma de presentarla. Sabe perfectamente que, ahora que se abre un plazo de enmiendas, la puede presentar como una enmienda parcial. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, debatir todos mejorando claramente el texto sobre el que va a colgar la subida del salario mínimo.

Señorías del Partido Socialista, déjenme que les pida dos cosas. La primera es que hablen con el señor Sánchez, con el doctor Sánchez o con el presidente del Gobierno, con cualquiera de las tres personalidades que tenga en el día en que hablen con él, y que le digan que ya sabemos que está trabajando, que está dialogando, que está estudiando y que está negociando, pero que el mundo sigue mientras hace todo eso y que este país no se puede mantener a base de globos sonda diarios, como el último que hemos conocido hoy del supuesto acuerdo que tiene con las asociaciones de autónomos. Ya veremos si cristaliza. La segunda cosa que les voy a decir -y me permitirán que les diga que ya sabemos que están trabajando, dialogando, estudiando y negociando- es que hay otro verbo del que siempre se olvidan y que de verdad deberían de conjugar porque es el que más hacen, que es mentir y les voy a decir por qué. Ustedes mintieron, el señor Sánchez mintió cuando dijo que presentaba una moción de censura para devolverles la palabra a los españoles... (Rumores).


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La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor RAMÍREZ FREIRE: También mintió y miente cuando dice que la subida de los impuestos la iban a pagar los ricos, pero tenemos claro que el dieselazo no lo van a pagar los ricos. Sigue mintiendo y miente cuando dice que los que estamos en contra de unos presupuestos generales que hacen aumentar los presupuestos estamos en contra del salario mínimo. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Ustedes saben que pueden aprobar el salario mínimo sin tener que contar con los Presupuestos Generales del Estado. Por último, miente y mintió cuando dijo que esa subida del salario mínimo no iba a conllevar ningún aumento de los costes de las cotizaciones de los autónomos y lo último que conocemos es que van a ser al menos 60 euros. Ya veremos, porque ya sabemos que son ustedes muy dados a cambiar de opinión de la mañana a la tarde. (Aplausos). En definitiva, señorías, hoy nos abstendremos porque entendemos que lo importante es no acabar perjudicando a aquellos trabajadores a los que queremos beneficiar.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Raya Rodríguez.

La señora RAYA RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista dice no a la enmienda que aquí se debate y que se opone al incremento del salario mínimo interprofesional, incremento que además está previsto en los Presupuestos Generales del Estado del próximo año. La negativa del Grupo Parlamentario Socialista a que se apruebe la enmienda presentada por el Grupo Popular se sustenta en la necesidad imperiosa de aumentar el salario mínimo interprofesional y en la firme y determinante voluntad de combatir los argumentos catastrofistas de quienes acostumbrados a sembrar la política del miedo, muestran su incansable empecinamiento en reincidir en las actuaciones que profundizan en la merma de calidad de vida de las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Señorías, el incremento del salario mínimo interprofesional acordado por el Gobierno y por Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora RAYA RODRÍGUEZ: ... contribuye a aminorar la carga vejatoria y plena de desigualdades que, con el pretexto de la crisis, se depositó de manera alevosa e injusta en las espaldas de la clase trabajadora. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Por favor, la tertulia, fuera del hemiciclo. Se lo ruego, señorías.

La señora RAYA RODRÍGUEZ: El incremento fijado en 900 euros, y que entrará en vigor en el próximo ejercicio, es un paso ambicioso, pero sólo un paso en la inmensa tarea de equilibrar la balanza de las desigualdades que el Gobierno del Partido Popular practicó y ejecutó contra las trabajadoras y trabajadores españoles. El aumento del salario mínimo interprofesional es un acto solidario con aquel segmento de la sociedad española que, atónito, ha tenido que oír hablar del presunto milagro económico español y de una cacareada recuperación económica que la clase trabajadora no ha visto por parte alguna y que mucho menos ha sentido que le repercutiera siquiera mínimamente en sus bolsillos. Mientras en nuestro país las sociedades no financieras incrementaron sus ventas en un 67 %, la masa salarial disminuyó un 12 %, es decir, 75 000 millones más de beneficios y 42 000 millones menos en salarios. Señorías, el aumento del salario mínimo interprofesional no solo supone la concreción de un avance económico en el ámbito laboral, sino que, además, podría decirse que está revestido de la condición de elemento reparador de unos agravios más que documentados con estudios y estadísticas que refrendan la bochornosa injusticia sufrida por la clase trabajadora que, mientras contemplaba cómo se empobrecía, el club selecto de las grandes fortunas incrementaba su insultante cuenta de resultados.

Señorías, los socialistas nos oponemos frontalmente al posicionamiento del Partido Popular porque queremos avanzar por el camino de la recuperación económica de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y también progresar en la restauración de los derechos arrebatados a la clase trabajadora,


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una clase trabajadora que lamentablemente, pese a tener un empleo, en muchos casos no ha podido salir de la pobreza relativa ni del riesgo de exclusión social.

El discurso del miedo, el de la incertidumbre económica, es la herramienta que esgrimen los que se oponen al incremento del salario mínimo, pero esa siembra de terror económico choca con la depauperada realidad en la que se desenvuelve la clase trabajadora. ¿Es que acaso en esta Cámara existe una voz que se sienta moralmente autorizada para negar la existencia de los tristemente conocidos como trabajadores pobres? Señorías, un 15 % de los trabajadores de nuestro país son pobres. ¿Es que acaso alguien en este hemiciclo se siente en la condición moral de negar la manifiesta evidencia de que mientras una mayoría se empobrecía una minoría aumentaba sus niveles de riqueza apoyándose en el sufrimiento y recortes de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país?

Señorías, la teoría del miedo, la teoría del caos esta vez no cuela. Y no cuela porque la inmensa mayoría de los españoles y españolas es sabedora de las rimbombantes cifras de la macroeconomía; cifras que se han escrito con el sudor y el esfuerzo exclusivo de la clase trabajadora. Como también saben sus señorías que no han supuesto efectos negativos otras subidas del salario mínimo interprofesional, como la llevada a cabo por el Gobierno socialista entre los años 2004 y 2008; o las aprobadas en 2017 y 2018. Pero es más, ya existe un acuerdo para elevar el salario mínimo de convenios a 1000 euros en catorce pagas, y este acuerdo ha sido alcanzado por la CEOE, Cepyme, Comisiones Obreras y UGT. Por lo tanto, la propuesta pactada entre el Gobierno y Unidos Podemos lo único que hace es continuar en esta misma dirección.

Es tal el hartazgo imperante entre los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, que esta vez la trompetería apocalíptica al servicio de los voceros de quienes han hecho el agosto y las cuatro estaciones completas con el esfuerzo de los trabajadores, no surtirá el efecto del pánico global que sembraron en el inicio de la crisis y que sirvió de extraordinaria excusa para aniquilar gran parte de los derechos conquistados por los movimientos obreros en diferentes etapas de nuestra historia. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora RAYA RODRÍGUEZ: En esta ocasión, el miedo, el pánico e incluso la incertidumbre como arma menor que se intenta asumir desde los centros de poder no tienen ni un pase. De tal forma es así que el debate de las consecuencias económicas resultantes del incremento del salario mínimo interprofesional no conoce en estos momentos de una mayoría de voces que puedan certificar con autoridad la debacle que vaticinan los agoreros al dictado de los que viven sobresaltados ante la adopción de cualquier medida que redunde en beneficio de los trabajadores y trabajadoras españoles.

Queda claro, por tanto, el posicionamiento del Partido Socialista Obrero Español, que dice no a la enmienda presentada por el Partido Popular en contra del incremento del salario mínimo interprofesional. Pero, miren, señorías, hoy su derecha, la derecha del Partido Popular, ha votado en contra de la sanidad pública universal, del derecho a la huelga y ahora del salario mínimo interprofesional. Más que votar en contra, se han posicionado en contra de servicios públicos, de derechos y libertades fundamentales y de las mejoras en las condiciones de vida de los ciudadanos. Por eso le invitamos a reflexionar y a buscar una respuesta a la siguiente pregunta: ¿De qué vale hablar de patria si son incapaces de hacer políticas para los compatriotas?

Muchas gracias. (Aplausos).

ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY DE MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA Y LA ENSEÑANZA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA. (Número de expediente 121/000029).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, al acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria. No se prevén intervenciones en este punto, así que pasaremos a las votaciones. En tres minutos comenzarán las votaciones. (Pausa).


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MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN). (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS QUE BARAJA EL GOBIERNO SOBRE LOS AUTÓNOMOS. (Número de expediente 173/000120).

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a comenzar con la votación de las mociones consecuencia de interpelaciones. En primer lugar, votaremos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre el impacto de las medidas que baraja el Gobierno sobre autónomos. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 171; en contra, 14; abstenciones, 154.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS. (Número de expediente 173/000121).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora, señorías, la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre gestión pública del agua en los municipios. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 167; en contra, 165; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOSLEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 16/2018, DE 26 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN DETERMINADAS MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE PERSONAS Y MERCANCÍAS EN RELACIÓN CON LAS EMBARCACIONES UTILIZADAS. (Número de expediente 130/000043).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Vamos a votar el Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 3 votos telemáticos, 342; a favor, 328 más 3 votos telemáticos, 331; abstenciones, 11.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda convalidado el real decreto-ley.

Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 3 votos telemáticos, 342; a favor, 21 más 2 votos telemáticos 23; en contra, 317 más 1 voto telemático, 318; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


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DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROYECTO DE LEY SOBRE EL ACCESO UNIVERSAL AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 7/2018, DE 27 DE JULIO). (Número de expediente 121/000024).

La señora PRESIDENTA: Vamos a votar ahora enmiendas de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, la enmienda de totalidad de texto alternativo al proyecto de ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, procedente del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338 más 3 votos telemáticos, 341; a favor, 132; en contra, 177 más 3 votos telemáticos, 180; abstenciones, 29.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL. (Número de expediente 122/000025).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica de modificación de la Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 3 votos telemáticos, 342; a favor, 135; en contra, 204 más 3 votos telemáticos, 207.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

- PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE FIJACIÓN DE LA CUANTÍA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (Número de expediente 122/000026).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 3 votos telemáticos, 342; a favor, 132; en contra, 175 más 3 votos telemáticos, 178; abstenciones, 32.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- ACUERDO DE TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DEL PROYECTO DE LEY DE MEJORA DE LAS CONDICIONES PARA EL DESEMPEÑO DE LA DOCENCIA Y LA ENSEÑANZA EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN NO UNIVERSITARIA. (Número de expediente 121/000029).

La señora PRESIDENTA: Y votamos ahora, señorías, el acuerdo de tramitación directa y en lectura única del proyecto de ley de mejora de las condiciones para el desempeño de la docencia y la enseñanza en el ámbito de la educación no universitaria.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 3 votos telemáticos, 342; a favor, 309 más 3 votos telemáticos, 312; en contra, 30.


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La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la tramitación directa y en lectura única por el Pleno del citado proyecto de ley.

Muchas gracias, señorías.

Se levanta la sesión.

Era la una y cincuenta minutos de la tarde.

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