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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 163, de 13/11/2018
cve: DSCD-12-PL-163
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 163
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 156
celebrada el martes,
13 de noviembre de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Modificación del orden del día ... (Página5)

Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular:

- Proposición de ley para la efectiva igualdad y equiparación salarial de las policías del Estado español. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 251-1, de 27 de abril de 2018. (Número de expediente 120/000015) ... (Página5)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 309-1, de 14 de septiembre de 2018. (Número de expediente 122/000271) ... (Página12)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la financiación suficiente del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales vía Presupuestos Generales del Estado para un adecuado ejercicio del derecho. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 445, de 5 de noviembre de 2018. (Número de expediente 162/000836) ... (Página23)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 435, de 19 de octubre de 2018. (Número de expediente 162/000822) ... (Página31)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la aplicación de medidas energéticas aprobadas en el Congreso de los Diputados. (Número de expediente 173/000118) ... (Página38)


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- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las diferencias territoriales dentro del sistema educativo español. (Número de expediente 173/000119) ... (Página46)

Declaración institucional:

- Declaración institucional sobre el mantenimiento de la actividad y el empleo en Alcoa. (Número de expediente 149/000028) ... (Página55)

Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. (Votación) ... (Página56)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página56)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página56)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página57)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Modificación del orden del día ... (Página5)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día correspondiente a la sesión del jueves día 15, en el sentido de que el debate de totalidad correspondiente al proyecto de ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud (procedente del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio) pase a debatirse como primer asunto, lo que se aprueba por asentimiento.

Página

Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular ... (Página5)

Proposición de ley para la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Policías del Estado español ... (Página5)

En turno a favor interviene el señor Delgado Ramos, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Serrada Pariente, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martín-Toledano Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página12)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales ... (Página12)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Montserrat Montserrat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador Armendáriz, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, y los señores Candela Serna y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora García Puig, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposiciones no de ley ... (Página23)

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la financiación suficiente del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales vía Presupuestos Generales del Estado para un adecuado ejercicio del derecho ... (Página23)

Defiende la proposición no de ley la señora Marcello Santos, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Beitialarrangoitia Lizarralde y Sorlí Fresquet, y el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Navarro Lacoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Marcello Santos.

Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la Ley de Enjuiciamiento Criminal ... (Página31)

Defiende la proposición no de ley el señor Muñoz González, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Prendes Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Bataller i Ruiz y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y los señores Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y De Barrionuevo Gener, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Muñoz González.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página38)

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la aplicación de medidas energéticas aprobadas en el Congreso de los Diputados ... (Página38)

Defiende la moción el señor Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


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En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Rodríguez Hernández, doña Melisa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bataller i Ruiz y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Juncal Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Capdevila i Esteve.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las diferencias territoriales dentro del sistema educativo español ... (Página46)

Defiende la moción la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y Pérez López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador Armendáriz, la señora Sorlí Fresquet y el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Mena Arca, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la señora Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Martín Llaguno.

Declaración institucional ... (Página55)

La señora secretaria (Sánchez-Camacho Pérez) da lectura a la declaración institucional sobre el mantenimiento de la actividad y el empleo en Alcoa.

Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. (Votación) ... (Página56)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley para la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Policías del Estado español, se aprueba por 316 votos a favor más 2 votos telemáticos, 318, y 22 en contra más 1 voto telemático, 23.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página56)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales, se rechaza por 161 votos a favor y 177 en contra más 3 votos telemáticos, 180.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página56)

Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la financiación suficiente del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales vía Presupuestos Generales del Estado para un adecuado ejercicio del derecho, se aprueba por 173 votos a favor, 161 en contra y 4 abstenciones.


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Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se aprueba por 206 votos a favor, 129 en contra y 3 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página57)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la aplicación de medidas energéticas aprobadas en el Congreso de los Diputados, se aprueba por 203 votos a favor, 128 en contra y 7 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las diferencias territoriales dentro del sistema educativo español, se rechaza por 157 votos a favor, 179 en contra y 2 abstenciones.

Se suspende la sesión a las ocho y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de que el punto 33, correspondiente al debate de totalidad del proyecto de ley sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, procedente del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, pase a debatirse como primer asunto en la sesión del jueves. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).

En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR:

- PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA EFECTIVA IGUALDAD Y EQUIPARACIÓN SALARIAL DE LAS POLICÍAS DEL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 120/000015).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos, señorías, con el punto relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa legislativa popular, y en concreto la proposición de ley para la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Policías del Estado español. Ha solicitado la utilización del turno a favor el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra, en nombre de dicho grupo, el señor Delgado Ramos.

El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señora presidenta.

Hoy venimos aquí a hablar de Policías y de Guardia Civil. Hoy no vamos a hablar -al menos nosotros no vamos a hacerlo- del comisario Villarejo ni de las cloacas del Estado ni de Billy el Niño. Hoy no vamos a hablar de esa minoría que no representa a los policías y a los guardias civiles. Vamos a hablar de la mayoría de esos policías y guardias civiles, de gente honrada, de gente trabajadora, de gente profesional. Vamos a hablar de dignidad laboral, de eso vamos a hablar hoy.

En primer lugar, quiero enviar un saludo en nombre de mi grupo parlamentario, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a todos esos guardias civiles comprometidos con el Estado de derecho, con las libertades y con la democracia (aplausos); no solo a esos compañeros que nos acompañan en la tribuna, también a los que están en la calle y a los que están en su destino realizando servicio. Recordarán ustedes que hace aproximadamente un año se debatió aquí mismo una proposición no de ley que trajo el Partido Popular que en realidad hablaba más de Cataluña que de equiparación salarial. Yo mismo en esta tribuna argumenté mi voto en contra, primero porque entendíamos que después de treinta años no podíamos venir aquí con una proposición no de ley que además era un brindis al sol y que no era vinculante. El tiempo me dio la razón, porque, meses después, miles de policías y de guardias civiles salieron a la calle, tuvieron que salir a la calle para reivindicar derechos laborales y una equiparación salarial real.


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Después de aquellas movilizaciones se puede decir que ya ha comenzado la equiparación salarial. Hay un acuerdo que es bueno -y nadie dice lo contrario-, pero que hay que desarrollar e implementar, incluso blindar, para que esta situación injusta de agravio y discriminación histórica que han sufrido los policías y los guardias civiles no se vuelva a repetir. Así consta en el punto 8 de ese acuerdo que se llevó a cabo entre el Gobierno, sindicatos de policía y asociaciones. Se trata, por tanto, de implementar y desarrollar ese acuerdo para que esas 13 000 familias, 13 000 policías y guardias civiles que se han quedado fuera de este acuerdo, puedan también beneficiarse del mismo.

Esta ILP que debatimos hoy aquí, efectivamente, trata de eso, de acabar con esa discriminación histórica y también blindarlo legislativamente para que los policías -repito- no tengan que volver a pasar treinta años pidiendo, reclamando dignidad laboral y mejoras sociolaborales. Por lo tanto, el objetivo de esta ley es dignificar laboralmente a policías y a guardias civiles. Lo digo para que nadie vea aquí otra intención. Esta iniciativa no trata ni de invadir competencias ni de una campaña contra policías autonómicas o policías locales, sino más bien todo lo contrario. Los policías y los guardias civiles quieren tener las mismas condiciones sociolaborales que el resto de policías. No hay nada más, que nadie vea otra cosa, porque además lo otro ni está en el debate ni está cuestionado. Lo quiero dejar claro porque algunos grupos políticos han utilizado este argumento -el de las cuestiones jurídicas, el de que invaden competencias- precisamente para cuestionar esta iniciativa y, como digo, esta iniciativa legislativa popular trata de dignidad laboral y no hay otra cosa. Se trata de eso, de mejorar, de garantizar las condiciones sociolaborales de policías y de guardias civiles como trabajadores que son.

Hoy comienza aquí un trámite, pero después habrá enmiendas en las que se puede mejorar, afinar, o como se quiera decir, para que esta iniciativa que entra hoy aquí sea respetuosa con el resto del ordenamiento jurídico. Para eso tenemos aquí a nuestros letrados, que hacen ese importante trabajo. Lo digo porque, además, sería difícil después -si aun así alguien quiere argumentar que esta iniciativa no vale porque choca con el ordenamiento jurídico- cuestionarla, cuando hemos visto aquí a diputados y diputadas de todos los grupos parlamentarios detrás de la pancarta de policías y guardias civiles firmando su iniciativa legislativa; chirría que ahora se le pongan tantas pegas, porque supongo que quien firmó esta iniciativa legislativa popular -yo la firmé- se la leyó antes y sabía lo que se pedía. Será difícil argumentar en contra porque se trata de justicia social, de derechos laborales. No hay otra cuestión.

Esta es una reivindicación histórica de los policías que lleva muchísimos años sin ser atendida, siendo engañados, con mentiras. Aquí hoy es donde tenemos que demostrar el patriotismo, aquí hoy es donde tenemos que mojarnos; ahora es cuando hay que dar la cara por los policías y por los guardias civiles. (Aplausos). En el año 2008, cuando estaba en la Asociación Unificada de Guardias Civiles, participé en una manifestación de policías y guardias civiles, y me abrieron un expediente por falta grave. En el año 2008, es decir, que esto no es de hoy, esto no es algo que los policías y los guardias civiles se hayan inventado; no, esto viene de muchísimos años atrás. Esta es una reivindicación histórica. Ya en el año 1992 hubo un intento de acuerdo que al final quedó en nada. Esta ley de hoy es apoyada no solamente por Jusapol -que es quien ha presentado esta iniciativa legislativa popular-, sino por todas las asociaciones de la Guardia Civil, por sindicatos de Policía; es decir, que hay un consenso absoluto en lo que se refiere a esta iniciativa. Es legítimo y es justo, y por eso nosotros, nuestro grupo parlamentario, va a votar que sí.

Quiero acabar con una cuestión que creo que es importante. El mérito de que se vayan a conseguir derechos laborales para los policías y los guardias civiles no es de ningún partido político de los que estamos hoy aquí. Ni es de Podemos ni es de Ciudadanos ni es del PSOE ni es del PP, es de los trabajadores, que han salido a la calle a reivindicar sus derechos (aplausos) con mucha dignidad. Lo digo para que nadie se suba aquí hoy a ponerse medallas. Es el mérito de todos esos hombres y mujeres que trabajan por el Estado de derecho, por la democracia y por nuestra sociedad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Guillaumes i Ràfols.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Gracias, presidenta.

Señorías, en primer lugar, quiero hacer notar que estamos ante una iniciativa legislativa popular y eso, de entrada, debe merecernos una cierta consideración. Cualquier iniciativa legislativa popular tiene que ser mirada con ojos especialmente atentos, especialmente amables, ya que, en definitiva, emana de la ciudadanía. Esto en el haber. En el debe, en Cataluña, Justapol, no es que genere desde hace unas semanas demasiadas simpatías porque están uniendo su reivindicación laboral, plenamente legítima, a


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otras cosas con las que creemos que no deberían ser mezcladas. Pero aquí se trata de hacer justicia, no de quien te cae bien o quien te cae mal.

Como ha dicho el portavoz de Unidos Podemos, es una muy vieja y justa reivindicación. El Estado español tiene algunas muy buenas policías, quizá de las mejores del mundo, y lo dice un independentista catalán. La Guardia Civil es una muy, muy, muy, muy buena policía y aquí, en el Estado español -y hablo sobre todo de los Gobiernos del PP y no del anterior ministro del PP, sino del anterior-, se hizo lo que se pudo para empeorar la base. Bueno, venía de antes. Lo que diré después no venía de antes, pero lo que voy a decir ahora, sí: sueldos indignos, jornadas interminables, horas extras a precio que casi resulta un insulto pero, aun así, creo que la Guardia Civil continúa siendo un gran cuerpo policial. No puedo hacer el mismo elogio -por la base, sí, por descontado, pero por arriba, no- del Cuerpo Nacional de Policía. Creo que ahí sí que el Gobierno del PP consiguió por arriba -como dice el proverbio polaco, el pescado empieza a estropearse por la cabeza-, a base de politizar la cúpula policial, a base de tolerar cosas bastante más feas que la politización, desmerecer un cuerpo policial que no tendría por qué ser desmerecido. Eso se tiene que decir, o sea, se necesita un aggiornamento importante del Cuerpo Nacional de Policía.

En definitiva, la ley es necesaria, pero tenemos que decir también que es un tema delicado, que parece fácil homologarlo, pero no está claro. Por ejemplo, un inspector, en según qué cuerpos de policía, es un gerente policial y tiene a sus órdenes veinte, cuarenta, cincuenta y, a veces, hasta cien personas. En según qué otro cuerpo policial, un inspector es un investigador. Por favor, no podemos simplificar diciendo que vamos a pagarles lo mismo a los inspectores de un cuerpo que a otro. Se requiere de un análisis muy afinado de todo esto o, si no, será pan para hoy y hambre para mañana, es decir, acabaremos haciendo nuevas injusticias para el futuro. Por tanto, tendremos que mirar esta ley con lupa. De todas maneras, creemos que la ley es necesaria. No nos gusta quien la presenta, aunque tenemos un gran respeto por las iniciativas populares, por lo que nos encontramos en un cierto brete. Insistimos en que, aparte del aggiornamento que necesita al menos una parte de los cuerpos policiales, somos unos firmes defensores de que en su mayoría son profesionales que actúan correctamente.

Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyorias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Debatimos la toma en consideración de una proposición de ley para la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Policías del Estado español, cuyo origen es una iniciativa legislativa popular en la que se propone una serie de medidas para los funcionarios de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. En concreto, que el complemento específico de la retribución salarial de estos cuerpos no sea inferior al de las policías autonómicas y locales. Y en segundo lugar, una serie de cuestiones salariales relativas a estos dos cuerpos exclusivamente.

Vemos, pues, que el título de la norma, su exposición de motivos y su objeto no se corresponden plenamente con el resto de su articulado, pues aquellos dos últimos mandatos al Gobierno nada tienen que ver con la equiparación salarial entre Guardia Civil y Policía Nacional con las policías locales o autonómicas en cuanto al complemento específico. Sorprende que se pretenda respecto a estos mandatos al Gobierno -relativos al complemento de destino y otros- que sea el Parlamento el que interfiera en la competencia del Gobierno, según el artículo 97 de la Constitución, para dirigir la administración civil y militar a través de su función ejecutiva y reglamentaria, entre las que se encuentra la negociación colectiva. Negociación colectiva cuyo contenido versa sobre las condiciones de trabajo y retribuciones de los funcionarios a su cargo. Y negociación colectiva que se articula en las correspondientes mesas de negociación de cada ámbito entre la Administración general y los representantes de los funcionarios, tal y como dispone el Estatuto Básico del Empleado Público. En definitiva, no podemos dar nuestro apoyo a una interferencia de esta Cámara en el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos y de la Administración General del Estado para determinar las condiciones de trabajo de aquellos, máxime por las consecuencias económicas y para el servicio que pudieran suponer, y de cuyo alcance y consecuencias está huérfana la iniciativa legislativa que debatimos.

En otro orden de cosas, y por lo que respecta a la equiparación del complemento específico entre Guardia Civil y Policía Nacional al de las policías autonómicas y locales, quiero señalar que tampoco contará con el apoyo de este grupo parlamentario. En primer lugar, el término de comparación es


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inconcreto. ¿Con qué Policía local se referencia de las existentes en España y con cuál de las autonómicas? Porque el complemento específico de cada policía es distinto al relacionarse con la negociación colectiva de cada Administración local y autonómica, con las posibilidades presupuestarias de cada una de ellas y con las políticas públicas que quieran desarrollarse, discriminando en función de los distintos proyectos políticos que confrontan electoralmente.

En segundo lugar, el principio general que se invoca: que a mismo trabajo ha de corresponder el mismo salario, y para el cual se alude a jurisprudencia y normativa estatal y europea, solo se cumple en el ámbito de cada empleador. Si fuera como pretende la iniciativa en su exposición de motivos y se expuso en la comparecencia en la Comisión de Interior, habría de concluirse que todas las policías integrales europeas habrían de tener el mismo salario; y lo mismo cabría sostener en este sentido de todos los funcionarios de servicios públicos equivalentes al margen de su empleador, cosa que, como es patente, no sucede ni en el ámbito público ni en el ámbito privado.

En tercer lugar, tampoco es cierto que, como se afirmó en aquella comparecencia, todo el dinero sale de los Presupuestos Generales del Estado y de todos los españoles y que por ello las retribuciones complementarias deban ser iguales. Para el País Vasco y Navarra todos los ingresos presupuestarios son propios y con ellos se financian las competencias propias y las del Estado no asumidas, en virtud de la adicional primera de la Constitución. Respecto al resto de comunidades autónomas, la financiación estatal solo afecta a una parte de los ingresos de aquellas, y estos nunca son finalistas, pues si así fuera, se interferiría en su autonomía política, y lo mismo cabe decir de los entes locales. En definitiva, recibidos parte de los ingresos desde los Presupuestos Generales del Estado, las comunidades autónomas los aplican, según su criterio político, a la prestación de los servicios de su competencia, de acuerdo con su libre decisión política, con la única limitación de las regulaciones básicas que pueden serles de aplicación. Por tanto, el Estado no paga a los policías; los paga cada Administración.

En cuarto lugar, tampoco es cierto, como se afirma por los proponentes, que las policías autonómicas tengan unas competencias disminuidas en sus ámbitos territoriales respecto a las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en sus ámbitos. Todos son policías integrales en sus ámbitos. Y no compartimos que se haya omitido en el argumentario de la iniciativa la cita y reproducción de las disposiciones finales primera, segunda y tercera que para esas policías autonómicas se contienen en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En quinto lugar, la naturaleza de la materia incidida no es la de seguridad pública, como sostiene de continuo la iniciativa, sino la de función pública y la de autoorganización. Las bases estatales, en cuanto a retribuciones de funcionarios, se hallan en el EBEP, y estas son el sueldo base, la antigüedad, y el incremento retributivo global anual fijado en los presupuestos, mientras que las retribuciones complementarias, tal y como se definen en el EBEP, quedan fuera del ámbito de lo básico, correspondiendo fijarlas en cada presupuesto a cada Administración, una vez producida la correspondiente negociación colectiva, en función de las disponibilidades presupuestarias de cada una de ellas.

Voy finalizando, presidenta...

La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señor Legarda. Ya ha excedido su tiempo.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Rivera Díaz.

El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, presidenta.

Me dicen que son cinco minutos. Como el turno a favor lo ha consumido Podemos, a pesar de no agotarlo, hablaremos cinco minutos a favor de verdad de esta iniciativa. (Aplausos). Estamos ante 550 000 firmas de ciudadanos españoles que apoyan a la Guardia Civil, a la Policía y a su dignidad; 550 000 firmas que utilizan un mecanismo democrático. Hoy vamos a votar a favor con mucho orgullo y por la dignidad de nuestros guardias civiles y policías y sus familias, y lo vamos a hacer porque esta es una propuesta justa, es de justicia; porque es de igualdad -iguala a los españoles en sus condiciones laborales-; porque es democrática -es una iniciativa legislativa popular-; porque garantiza la dignidad de policías, guardias civiles y sus familias, y porque también defiende un modelo de Estado y de sociedad que reconoce el esfuerzo y reconoce a aquellos que sirven a su país. (Aplausos).


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Es justa porque se define de una sola manera que es muy sencilla y lo va a entender todo el mundo: al mismo trabajo, mismo sueldo. Da igual el uniforme que lleves, da igual si eres una policía nacional o una policía autonómica; al mismo esfuerzo, al mismo trabajo, misma recompensa. Eso es lo que defiende esta ley. Hay desequilibrios de entre 300 y 700 euros por un mismo trabajo, por el mero hecho de ser de un cuerpo nacional o pertenecer a un cuerpo autonómico. Miren, cuando tenemos a un delincuente delante, cuando alguien nos tiene que salvar la vida, cuando nos tienen que ayudar en un momento difícil de nuestra vida, no importa si eres un policía autonómico, un policía nacional o un guardia civil; son servidores públicos que se juegan la vida por nosotros, por los españoles, así que qué menos que pagarles lo mismo a los que hacen lo mismo. (Aplausos).

Además, hemos llegado hasta aquí porque los sucesivos Gobiernos de la nación han mercadeado con los sueldos de los policías autonómicos y han desequilibrado a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en su igualdad. Sí, durante muchos años Partido Popular y Partido Socialista negociaron con los nacionalistas que, como ha dicho aquí el PNV -la verdad es que lo han dicho descaradamente, son muy sinceros-, solo se preocupaban por una policía autonómica; no se preocupaban por las demás policías. Gobiernos socialistas y Gobiernos populares durante treinta años de concesiones, mercadeos y pasteleo con los nacionalistas han hecho que la Guardia Civil y la Policía hoy tengan entre un 20 y un 30 % menos de salario. Pues con esta ley firmada de puño y letra de 550 000 españoles vamos a poner fin a esta injusticia. (Aplausos). Esta ley iguala a los españoles, y un proyecto de igualdad como es Ciudadanos para los españoles, ¿cómo no va a votar a favor de que los españoles, vivan donde vivan, trabajen donde trabajen, tengan las mismas condiciones laborales y de ciudadanía? También lo hacemos porque es un mecanismo democrático. Ciudadanos defiende que se tramiten las iniciativas legislativas populares y luego votar a favor o en contra en función de lo que uno piensa, pero que se tramiten con celeridad y que lleguen a la Cámara para que los ciudadanos participen. También es este un mecanismo de dignidad y me quiero detener aquí, en la dignidad de la Guardia Civil y de la Policía. Miren, hoy estamos aquí recompensando a los que han luchado contra el terrorismo, a los que han luchado contra la corrupción, a los que han frenado a quienes querían dar un golpe de Estado en Cataluña y separar a los españoles. Hoy honramos también aquí a víctimas, víctimas de ETA. Más de quinientos asesinatos de ETA fueron guardias civiles, policías o miembros de las Fuerzas Armadas y, por tanto, hoy también rendimos memoria a tantísimas personas que han dado su vida, que se han dedicado a trabajar por este país cobrando menos, haciendo grandes esfuerzos, sacrificando a sus familias, protegiendo a los españoles y poniendo su vida en juego. Así que hoy también es una cuestión de dignidad. (Aplausos).

Hay que devolver el esfuerzo a todas esas familias y darles las gracias. Hoy aquí les estamos dando las gracias. No quiero olvidarme de algunos testigos que he conocido durante este tiempo. Estuve en Sant Andreu de la Barca con una mujer de guardia civil y madre de sus hijos, de esos hijos a los que algunos separatistas se dedican a señalar en las escuelas de manera vergonzosa, y me dijo una frase que me quedará grabada para siempre: Estamos aquí defendiendo la democracia. Me siento orgullosa de lo que ha hecho mi marido como guardia civil. Hemos estado en cuarteles donde he tenido que coger a mis hijos y ponerlos contra la pared ante la explosión de una bomba y no voy a pedir perdón por ser mujer y por ser una familia de la Guardia Civil. A ellos hay que honrarles hoy con este voto a favor. (Aplausos).

A algunos partidos de esta Cámara, al PNV, a Esquerra, al PDeCAT, a Podemos y al Partido Socialista, les molesta además que hagamos homenajes a la Guardia Civil, pero a mí lo que me molesta es que den palizas a la Guardia Civil, a sus familias y a sus mujeres, y que se monten manifestaciones para apoyar a los agresores. Eso es lo que a mí me molesta. (Aplausos). Y me molesta que Podemos, en vez de estar con las víctimas, traiga aquí, al Congreso, a los agresores, como les trajeron. Vergüenza me da que ustedes traigan aquí a los agresores. (Aplausos.-El señor Delgado Ramos: Eso sí que es demagogia). Así que defiendan ustedes la integridad de ese salario pero defiendan primero la integridad física de las personas que cobran ese salario. (El señor Delgado Ramos: ¿Me lo vas a decir a mí?). Sí, sí, me alegro mucho de que voten a favor hoy, de verdad, porque Pablo Iglesias dice que se siente emocionado cuando dan palizas a los guardias civiles y a la policía, pero yo no, yo me emociono más cuando defienden la democracia. (Protestas.-Aplausos). Sí, eso dijo Pablo Iglesias en 2012 en un programa de televisión. Me alegro de que hoy también sea esa su posición, aunque sea por la presión de esas firmas, aunque sea por lo que defienden estos demócratas. (Rumores). En definitiva, a mí lo que me molesta es que gente que trabaja y se deja su vida cobre menos; lo que me molesta es que por ser guardia civil te llamen provocador, porque ahora va a resultar que vivir en un cuartel cobrando menos es provocar. Para mí los


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que provocan son los carniceros de Mondragón, los agresores, los que tiran piedras a la Guardia Civil; esos son los que provocan. (Aplausos).

En definitiva, señorías, nos jugamos aquí el modelo de sociedad: premio a los que defienden la democracia y castigo a los que agraden a la democracia, premio a los que trabajan con su esfuerzo y se sacrifican durante toda su vida por todo el territorio nacional, desplazándose muchas veces en condiciones muy complicadas y aguantando agresiones; hace poquito, por cierto. Quiero dirigirme a las personas agredidas de Justapol en esas manifestaciones en mi tierra, en Barcelona. La mayoría de catalanes quiere a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, son los políticos separatistas los que piden que ustedes se marchen de Cataluña pero muchos queremos que la Guardia Civil y la Policía estén en Cataluña, estén en el País Vasco y sigan en Navarra. Así que gracias por todo lo que hacen. (Aplausos).

Acabo con un voto rotundo a favor porque es de justicia, porque es de igualdad, porque es de dignidad, porque premia el esfuerzo y porque quiero vivir en un país en el que la sociedad reconozca a los que se dejan la vida por nosotros. Vivimos mejor y somos más felices porque hay un guardia civil o un policía defendiendo nuestras libertades y nuestra democracia.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie, vueltos hacia la tribuna pública).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Serrada Pariente.

El señor SERRADA PARIENTE: Muchas gracias, señora presidenta.

Yo creí que hoy veníamos aquí a hablar de elementos que unen, de elementos que cohesionan, y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sin duda son un elemento que cohesiona; cohesiona tanto como que hoy era un gran día para la democracia, era un gran día para hablar de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, era un buen día para hablar de elementos de cohesión y unión y era un buen día para hablar de cómo entre todos hemos conseguido traer esta ILP al Congreso. Sin embargo, creo que la labor que se está haciendo hoy aquí de utilizar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en vez de como elemento cohesionador, como es esta ILP, como elemento de confrontación política es un error, y creo que quien hace esto no merece jamás ganar unas elecciones. (Aplausos).

Miren, creo que hoy es el día para que en esta Cámara nos dirijamos al conjunto de la sociedad española, porque es el conjunto de la sociedad española el que ha traído esta ILP a la Cámara; es el trabajo conjunto de asociaciones profesionales de la Guardia Civil, de sindicatos de la Policía, de partidos políticos, de un amplio conjunto de partidos políticos de esta Cámara el que ha logrado traer con su esfuerzo esta iniciativa política. De una u otra manera, cada uno en su ámbito, cada uno con sus iniciativas y con sus propuestas, se ha logrado que la sociedad civil legitime la firma de un acuerdo de equiparación salarial entre los representantes de la Policía y de la Guardia Civil con el Gobierno. Por lo tanto, en términos sociales esta iniciativa es un rotundo éxito. Quédense con esto: esta iniciativa es un rotundo éxito de la sociedad civil. No es una iniciativa de nadie, es una iniciativa de todos, y es esa legitimidad la que ha llevado al Gobierno del Partido Socialista a considerar el acuerdo de equiparación salarial como un acuerdo de Estado de obligado cumplimiento y, como tal, está actuando para ejecutar todos y cada uno de sus puntos.

Este no es el acuerdo que hubiera firmado el Partido Socialista, pero este es el acuerdo que está ejecutando el Partido Socialista por responsabilidad y por sentido de Estado. Quédense también con estas dos palabras: responsabilidad y sentido de Estado. Solamente el intenso trabajo realizado por el actual Gobierno ha permitido que policías y guardias civiles cobraran hace apenas dos semanas su primera nómina con la cantidad fijada en el acuerdo (la señora España Reina: ¡Pero bueno!-Rumores), y que en líneas generales puedan tener garantizado un aumento de sus retribuciones de más del 10 % durante el año 2018, que se incrementará hasta más de un 20 % en el año 2020. En total, la cifra asciende a 807 millones de euros.

Por responsabilidad, el Grupo Parlamentario Socialista no ha fijado su posición sobre la ILP hasta estudiarla a fondo, hasta analizar todas y cada una de las consideraciones enviadas por los proponentes a este grupo y hasta conocer la opinión de todas las partes implicadas en el acuerdo de equiparación salarial. Fruto de este trabajo, creemos oportuno apuntar en el debate de hoy -porque es donde corresponde, en el debate de hoy- los principales problemas que creemos que presenta esta ILP. En primer lugar, es una iniciativa legislativa contraria a aspectos claves del sistema jurídico español, que entra en confrontación con preceptos constitucionales y legales como los artículos 2 y 137 de la


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Constitución; el artículo 24 del refundido Estatuto Básico del Empleado Público; el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo; el artículo 3 de la Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, y el artículo 105 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre.

En segundo lugar, la iniciativa se sustenta en una visión del modelo policial tremendamente reduccionista, porque solamente se tiene en cuenta la Ley Orgánica 2/1986, pasando por alto los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas o la Ley 22/2009, de 18 de diciembre. No entender esta realidad de tipo federal y descentralizada, sin duda, es no comprender el sistema político español.

En tercer lugar, a pesar de ser una norma destinada a promover la igualdad retributiva entre trabajadores, su efecto real sería el contrario, ya que habría trabajadores privilegiados dentro de la Administración General del Estado frente a otros.

En cuarto lugar, es una iniciativa equivocada en cuanto a la vía para conseguir la equiparación salarial. Si el complemento específico de policías y guardias civiles no puede ser inferior al de los policías autonómicos y locales, esto implica que el Estado queda supeditado a las decisiones que sobre la cuantía y estructura de tal complemento adopten las comunidades autónomas y las administraciones locales. ¿En qué forma y sobre la base de qué se podrían elaborar entonces los Presupuestos Generales del Estado si el capítulo de retribuciones de Policía y Guardia Civil depende de los acuerdos que se tomen en algunas comunidades autónomas o en algunos ayuntamientos?

A pesar de todas las dificultades legislativas señaladas y siendo conscientes de que el texto definitivo poco tendrá que ver con la iniciativa planteada debido a que hay que salvar multitud de escollos legales, el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la toma en consideración de esta iniciativa legislativa por tres razones fundamentales. En primer lugar, porque defendemos -y así lo hemos trabajado en esta Cámara- la participación directa de los ciudadanos en la vida política, y la iniciativa legislativa popular es una de sus máximas expresiones. En segundo lugar, porque creemos y apoyamos el trabajo que las asociaciones profesionales de la Guardia Civil y los sindicatos de la Policía están realizando para conseguir el cumplimiento del acuerdo, además de considerar determinante su apoyo unánime a la tramitación de esta ILP. Y en último lugar, porque creemos positivas todas las iniciativas que tengan que ver con la defensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martín-Toledano Suárez.

El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, hoy quiero empezar manifestando el total y rotundo apoyo del Grupo Popular y del Partido Popular a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Tenemos unos magníficos profesionales, una policía democrática que en ningún caso merece las agresiones que está sufriendo en algunas partes de España alentadas por partidos independentistas. No lo merecen en ningún caso. (Aplausos).

El compromiso del Partido Popular con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se plasmó en un acuerdo histórico de equiparación salarial. Lo digo porque el ministro Zoido desde el Gobierno -es fácil prometer desde la oposición, pero cumplir desde el Gobierno es más difícil- prometió iniciar una senda de equiparación y negoció, acordó y plasmó en el Boletín Oficial del Estado un acuerdo de equiparación negociado con los sindicatos de la Policía Nacional representativos y con las asociaciones de la Guardia Civil representativas. (Aplausos). Quiero decir que este acuerdo en ningún caso, en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018, fue enmendado por ningún grupo. Por tanto, entiendo que ningún grupo estaba en contra de ese acuerdo, ni Ciudadanos -señor Rivera, mucho ha hablado de que ese acuerdo no era bueno, pero es bueno; hoy no lo ha dicho, pero lo ha dicho muchas veces- ni Podemos ni el PSOE. Entiendo que, cuando no enmendaron, estaban a favor del acuerdo. También quiero recordarle a Podemos, al señor Delgado, que su jefe calificó de matones de las clases poderosas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Eso es lamentable y contradictorio con su discurso, señor Delgado.

Me alegro mucho de que este acuerdo pueda ser el lugar donde todos confluyamos, todos los policías nacionales y todos los guardias civiles. Es un acuerdo histórico, que es bueno para la equiparación, pero que tiene que cumplirse en su totalidad: la auditoría, los 300 millones para la segunda actividad, la retroactividad del 1 de enero de 2018 y que no se pueda frenar el pago de 2019 y 2020 si no se aprueban presupuestos, porque está fijado en el acuerdo que, si no, se utilizarán otras figuras legales, es decir, el


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real decreto. Señores del PSOE, no amenacen con que si no hay presupuestos, no habrá equiparación porque la tiene que haber, porque figura en el acuerdo. Léanse la enmienda que han presentado en el Senado, donde dicen que si no hay presupuestos no habrá pago de la equiparación salarial. Este acuerdo, esta concentración de todos, también de los proponentes que nos acompañan hoy desde la tribuna y de los que están en la calle, es un punto de encuentro, pero hay que exigir el cumplimiento íntegro del acuerdo pactado. El Grupo Popular siempre ha sido favorable a aceptar a trámite las iniciativas legislativas populares por respeto a las personas que las han firmado y las han apoyado, y más en este caso, porque hay 550 000 ciudadanos que entre noviembre de 2017 y febrero de 2018 firmaron para que hubiera una equiparación salarial. Tengo que señalar estas fechas porque el acuerdo de equiparación es de marzo de 2018, es decir, que en marzo de 2018 ese acuerdo da cumplimiento a lo que nos pidieron 550 000 españoles. También tengo que decir que en las últimas semanas Jusapol nos ha trasladado que lo que quiere no es reventar ese acuerdo, sino potenciarlo, reforzarlo y que además quiere el desarrollo de la cláusula octava, que prevé una ley de retribuciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ese es el encuentro que hoy podemos celebrar entre todos: asociaciones de la Guardia Civil, sindicatos de la Policía y la mayoría de los partidos políticos de esta Cámara. Es un gran éxito. (Aplausos). Y tengo que decir que, aunque el Grupo Popular ve que el texto de la iniciativa puede tener defectos legales importantes, se va a acoger a un tuit de la Asociación Jusapol, que decía que no le da miedo que se cambie y mejore el texto, sino que quiere desarrollar la cláusula octava del acuerdo de equiparación salarial.

Por tanto, vamos a utilizar como percha donde colgar el desarrollo de la cláusula octava esta iniciativa legislativa popular, porque consideramos que el Gobierno del señor Sánchez no ha cumplido con lo que le obligaba el acuerdo en la cláusula octava, que era tramitar un proyecto de ley de retribuciones salariales. No lo ha traído a esta Cámara el Gobierno de Sánchez y tampoco ha iniciado ningún trámite de negociación con sindicatos y asociaciones. Por tanto, ¿tenemos que fiarnos? Creo que no. Tenemos que ser exigentes, y el Partido Popular va a ser exigente utilizando la percha de la ILP que nos han presentado 550 000 españoles que quieren la equiparación para que el Gobierno cumpla a rajatabla y en todos sus términos el acuerdo que el Gobierno del Partido Popular, las asociaciones representativas de la Guardia Civil y los sindicatos representativos de la Policía Nacional firmamos y acordamos en marzo de este año. En el Partido Popular estamos muy orgullosos de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del acuerdo al que hemos llegado para la equiparación y también de poder tramitar esta ILP para exigir el cumplimiento íntegro del acuerdo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA DEFENSA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA NEUTRALIDAD INSTITUCIONAL Y LOS SÍMBOLOS NACIONALES. (Número de expediente 122/000271).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Montserrat Montserrat.

La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Gracias, presidenta.

Señorías, los catalanes necesitamos una oportunidad para volver a la concordia, para recuperar los lazos de amistad y entendimiento, para volver a mirarnos a los ojos con fraternidad y para que las dos Cataluñas vuelvan a darse la mano y se reconcilien dentro del marco de la ley. Los catalanes necesitamos esa oportunidad que dé por finalizado el proceso separatista, que solo ha conseguido abrir zanjas de incomprensión entre familiares, amigos y compañeros. Esa oportunidad solo llegará con una regeneración democrática de las instituciones catalanas. Solo si estas reconocen la catalanidad de todos los catalanes, solo si reconocen que los constitucionalistas tenemos los mismos derechos que el resto de catalanes conseguiremos la anhelada concordia. Solo si las instituciones catalanas respetan los sentimientos, la dignidad y la libertad de todos los catalanes podrán reconstruirse los puentes de respeto que nunca se debieron dinamitar. Lamentablemente, hoy el uso partidista, propagandístico y sectario de las instituciones


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y la ocupación abusiva del espacio público imposibilitan la concordia, porque no hay concordia sin libertad y el abuso de las instituciones y del espacio público por parte del independentismo lo que pretende es cohibir y cercenar la libertad de los que pensamos o sentimos diferente. Las tácticas usadas e impulsadas por la Generalitat de Torra hacen que la democracia pierda su buen nombre. Sirven para señalarnos, sirven para silenciarnos, sirven para imponer la voluntad del 47 % de los catalanes sobre la del otro 53 % de los catalanes. Nuestra obligación como demócratas es que ese 53 % de los catalanes que hoy estamos invisibilizados por las instituciones recuperemos la libertad y nuestros derechos, que deben ser los mismos -ni más ni menos- que los del otro 47 % de la población.

Mientras el Gobierno socialista mira hacia otro lado, en Cataluña el separatismo totaliza los espacios públicos con símbolos que ofenden, con símbolos de exclusión, con símbolos de odio y de confrontación y que ultrajan los símbolos de todos, los símbolos nacionales, autonómicos y también locales. Mientras el Gobierno de Sánchez negocia en Lledoners los Presupuestos Generales del Estado con los enemigos de España, esos mismos enemigos usan sus cargos públicos y las instituciones con fines partidistas, rompiendo la obligada neutralidad institucional e ideológica. El Partido Socialista aún ha ido más allá, porque ha dicho sí a la tramitación de la propuesta para despenalizar las injurias a la Corona y el enaltecimiento del terrorismo. Ustedes están socavando las instituciones y, por tanto, la democracia, pero yo les voy a decir una cosa: sus socios, los independentistas, no se van a saciar jamás. No pueden calmar al tigre dejando que devore nuestra democracia, porque es precisamente acabar con la democracia y sus instituciones lo que pretende el independentismo. La democracia es precisamente el obstáculo para las ansias de poder de los nacionalistas. Reforcemos la democracia. Esta proposición de ley es un refuerzo de nuestra democracia. El problema en Cataluña es que la Generalitat se ha convertido en los CDR, en la kale borroka, en un aparato de agitación y de tensión social. La Generalitat del supremacista Torra, del socio de Sánchez, subvenciona el enfrentamiento y pone en riesgo la convivencia social y democrática que proclama nuestra Constitución.

Las esteladas y los símbolos a favor de golpistas en los balcones de las instituciones y la ocupación sectaria y excluyente del espacio público generan confrontación, como hemos visto con lamentables incidentes entre catalanes este pasado sábado en Barcelona, y son por tanto un ataque a la libertad de los constitucionalistas, a los que se nos quiere arrinconar y silenciar. Los catalanes constitucionalistas vemos la libertad amenazada y un Partido Socialista que nos ha abandonado, o lo que es peor, que para mantenerse unos meses más en la Moncloa ha puesto nuestro futuro en manos del separatismo y del peor populismo de Europa. Quizás los que viven en la burbuja de TV3 o de la Moncloa no se den cuenta, pero esas tácticas de imposición y señalamiento del totalitarismo están teniendo su efecto en Cataluña. No se equivoquen, señores del Partido Socialista, porque quienes llevan lazo, al hacerlo, están señalando a los que no llevamos lazo (aplausos), nos están confrontando y dividiendo. No se engañen, señores del Partido Socialista, en Cataluña no hay una rebaja de la tensión, hay miedo y un silencio fruto de la coacción. Quienes conocemos Cataluña, sabemos a qué me refiero, pero es que además se ha contabilizado estadísticamente con encuestas. Sin ir más lejos, la que publicó El Periódico hace dos semanas confirmaba que la inmensa mayoría de catalanes constitucionalistas, un 80,7 %, siente que el procés ha perjudicado la convivencia, y la mayoría de ellos expresan que tienen miedo y prefieren no hablar de la situación política en Cataluña. Se nos está coartando la libertad de expresión en plena Europa del siglo XXI. Y, señorías, en Cataluña somos los constitucionalistas los que sufrimos, los que vemos vulnerados nuestros derechos y nuestras libertades por culpa de los abusos nacionalistas en las calles y en las instituciones con la complicidad del Partido Socialista. No confundan calma con miedo, no confundan convivencia con silencio.

Las instituciones deben ser un lugar de encuentro y de confrontación de ideas, de todas las ideas, sean las que sean, y por ello es fundamental preservar la neutralidad, la objetividad y la imparcialidad. Los espacios públicos, nuestras plazas, nuestras playas, las rotondas, las calles públicas de Cataluña y del resto de España deben ser un espacio de libertad, de convivencia, de neutralidad; un espacio en el que nos podamos volver a mirar a los ojos aquellos que pensamos diferente; un espacio en el que podamos volver a cogernos las manos para continuar trabajando a favor de la convivencia y la ley en Cataluña. El nacionalismo pretende expulsarnos de nuestros pueblos, nos quiere fuera de las fiestas mayores de nuestros pueblos, nos quiere fuera de la vida pública; quieren que nos desterremos de Cataluña, nos asfixian, nos hacen el vacío social y también económico y cultural. Este es un ejemplo (Muestra una fotografía), esta la playa de todos, la playa de Llafranc. Señor Tardà, mire estas fotos. (Muestra otra fotografía). Esta es la plaza pública del mercat de Vic. Este es un espacio de todos. Hoy decir no a la


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tramitación de esta proposición de ley es decir que nos quieren fuera de nuestros pueblos, que nos quieren desterrados de nuestra Cataluña, que quieren que continúen asfixiando nuestra libertad, nuestra manera de pensar y nuestras ideas. No creo que a los diputados socialistas les guste y toleren lo que están viendo. Por esta razón es una oportunidad única la aprobación de esta proposición de ley, porque es una oportunidad única de todos los demócratas para defender la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales. Por ello, el Partido Popular presenta esta proposición de ley. Es una proposición de ley para la defensa de nuestra democracia. Voy a decir más. La finalidad es que el uso del espacio público sea respetuoso con los valores y principios constitucionales, que sea un lugar para la convivencia de todos los españoles, para la concordia y no para la desunión de los mismos. La proposición de ley contiene el principio de convivencia y serán las autoridades públicas las que promoverán las condiciones para que ese principio de convivencia democrática sea real y efectivo y las que removerán los obstáculos que dificulten su plenitud y las que fomenten la concordia de los ciudadanos. La proposición de ley también recoge la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo, que defiende la neutralidad y rechaza el uso partidista de símbolos en los espacios públicos.

Les voy a decir más. Llevamos cuarenta años de democracia y hemos avanzado juntos, cada uno desde sus ideas. Hemos regulado que los símbolos partidistas, durante los quince días de campaña electoral -estamos a punto de empezar la campaña electoral en Andalucía-, estén puestos en sitios concretos, regulados y en un tiempo concreto, teniéndolos que retirar cuando termina la campaña, justamente porque los legisladores siempre hemos buscado la libertad, pero también la neutralidad. No me gustaría, y es impensable -esto lo dice una persona del Partido Popular-, ir a un colegio o a un hospital y que me atendiera un funcionario público con una placa del Partido Popular, porque sería ir en contra de la libertad, de la neutralidad y del ejercicio de sus funciones como funcionario. (Aplausos). Porque nosotros, ante todo, somos demócratas y, por ello, no queremos que haya maestros en las escuelas o trabajadores públicos atendiendo con un símbolo de odio, no queremos que adoctrinen a nuestros hijos con un símbolo que separa, que es sectario, que es odio. Voy a cambiar el tema, a ver si así convenzo a algún diputado del Partido Socialista. ¿Se imaginan, señorías, que alguien fuera a una comisaría a denunciar un delito de violencia de género o una agresión sexual y se encontrara a un policía nacional con un pin en la solapa con un símbolo machista? Sería impensable. No se permitan, miembros del Partido Socialista, decir no a la tramitación de esta ley que defiende la convivencia, la libertad y la neutralidad. Defendamos con orgullo nuestros símbolos, defendamos con orgullo la libertad de todos y de cada uno de los españoles.

Señor Tardà, yo defiendo cada día su libertad. Defienda también la mía. Sea valiente, no sea cobarde, (aplausos) y diga hoy que sí, para que usted, desde sus ideas, y yo, con las mías, podamos estar juntos en la plaza de Vic y podamos estar juntos en la playa de Llafranc defendiendo cada uno nuestras ideas, pero defendiendo siempre la libertad, la convivencia y la neutralidad de los espacios públicos, la neutralidad de las instituciones públicas y la neutralidad de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Defendamos juntos nuestros símbolos nacionales, pero también nuestros símbolos autonómicos y locales. Defendamos juntos la señera y no la estelada, que es un símbolo de odio, que nos la tienen puesta en todas las plazas públicas de Cataluña y que ni defiende ni representa a todos los catalanes. Y a ustedes, señores del Partido Socialista, les diré que esta tarde tienen una gran responsabilidad. Hoy nos van a demostrar si son ese Partido Socialista europeo, avanzado y moderno, que defiende de verdad las democracias, que defiende de verdad la libertad, los derechos y libertades de todos y cada uno de los españoles. Hoy, si ustedes dicen que no, no solo van a traicionar a la democracia que tanto nos ha costado y que tanto ha costado a nuestros padres y a nuestros abuelos de todas las ideologías políticas, sino también a sus propios principios, a los principios del socialismo, a tantísimos españoles que a lo largo de la historia les han votado muchas veces. Hagan hoy un ejercicio democrático de verdad, sean verdaderos demócratas y digan que sí a la democracia, a los valores constitucionales, a la libertad y, sobre todo, a la convivencia. No dejen que los independentistas asfixien a gente o la obliguen a huir de sus pueblos y a que no participen en la vida pública de sus pueblos. Demuestren que ustedes son esos demócratas del año 1978. Si hoy dicen no, ustedes serán unos traidores.

Gracias. (Algunos señores diputados: ¡Muy bien!-Prolongados aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, interviene, en primer lugar, el señor Salvador Armendáriz.


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El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, por cada Dani Mateo que se suena los mocos con la bandera de España hay millones de españoles que la aprecian, la respetan y la quieren; millones, señorías. Nosotros ya nos hemos posicionado otras veces sobre el respeto y consideración que nos merecen los símbolos nacionales porque, si la patria es la gente, la bandera que identifica a cada patria y a cada nación es la bandera de la gente y, por tanto, merece un respeto, el respeto que merece la gente.

Es verdad que hay algunos que trabajan por la ruptura de España y la separación de sus territorios desde algunas instituciones y necesitan, por tanto, irradiar enfrentamiento y odio. La verdad es que ya la conocemos, la estrategia es triple y siempre la misma: primero, invisibilizar los símbolos nacionales allí donde pueden -en Navarra, por ejemplo, el Gobierno de Navarra veta a la princesa de Viana a entregar el Premio de la Cultura de Navarra que lleva su nombre-; en segundo lugar, sustituir los símbolos nacionales por otros que no son propios y se imponen allí donde ellos tienen poder ilegalmente, por ejemplo, la ikurriña vasca en Navarra; y tercero, animando a quienes los desprecian, los atacan, los ridiculizan o los ofenden. Ya conocemos la estrategia.

Por tanto, a nosotros nos parece bien la iniciativa. Nosotros vamos apoyar la toma en consideración y ojalá podamos con ella revertir esta estrategia concertada de ataque a los símbolos nacionales. En todo caso, es verdad que podemos enfrentarnos a quienes abiertamente se posicionan contra los símbolos de todos mediante más leyes, es cierto, pero lo más eficaz son los Marc Márquez y compañía, Sandra Sánchez, Lydia Valentín, Carolina Marín, las chicas del fútbol, las chicas del jockey, la Armada de Golf Española, liderada por Carlota Ciganda o Jon Rahm, pero también miles de científicos, artistas, empresarios, trabajadores, políticos, militares, policías, guardias civiles y miles y miles de españoles, millones, que cada día se levantan para trabajar orgullosos también de esos símbolos y sirven a la gente que esa bandera representa. A quien ofende, que no nos pida a los demás que celebremos sus ofensas y, si es posible, cuando la justicia atempere y condene sus ofensas, no nos trasladen sus frustraciones, su melancolía ni su responsabilidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on.

Con la Constitución que apuntala el régimen de 1978, que no tuvo el respaldo de la ciudadanía vasca y que nos niega nuestra propia identidad como pueblo, quieren imponernos desde el Partido Popular qué debemos pensar e incluso sentir, y cuáles deben ser los símbolos que nos reconozcan. Nada nuevo. Durante décadas han intentado cambiar nuestros sentimientos y pensamientos criminalizando el euskera, limitando su oficialidad a ciertas zonas en Nafarroa, aunque le sea propio, algo que en la ignorancia de nuestra historia le lleva a decir lo contrario al señor Casado, o prohibiendo la ikurriña en Nafarroa con la ayuda de UPN y PSN, pero todo ello ha sido en vano: ni ha cambiado nuestro sentimiento de pertenencia a una nación, Euskal Herria, ni ha ahogado nuestro deseo de ser lo que nuestra ciudadanía libremente decida, pero sí les ha llevado a ustedes a ser residuales en nuestro territorio.

Buscan ustedes erradicar mediante sanciones aquella simbología que, aun representando a una mayoría, les es incómoda, aunque el espacio público debería responder a la pluralidad de la sociedad, verdadero instrumento de convivencia, y no a la imposición de una simbología determinada, en exclusividad, por encima de todo, incluso de la autonomía local. A ustedes les molestaba en el pasado en Euskal Herria la petición de repatriación de los vascos y ahora en Cataluña los lazos amarillos, pero no la apología del franquismo que nunca han perseguido. Yo les pregunto: Si se propusiera denunciar la violencia machista por medio de un cartel colocado en las instituciones, ¿también sería perseguido o sería aceptado? Ustedes quieren imponer una única forma de ver las cosas, sabedores de que en Euskal Herria y Cataluña una mayoría quiere cambiarlas. Y como nunca han sabido persuadir y convencer -solo saben imponer- nos traen esta ley para intentar acallar la voz de la ciudadanía que les molesta, y eso, señorías del PP, es puro fascismo; el mismo totalitarismo que les lleva a Altsasu, pueblo diverso, solidario, resistente, que con dignidad y serenidad hace frente a su relato, que responde unido a los intentos de criminalización, muestra de la debilidad del Estado que hace aguas y no convence. Altsasu, Euskal Herria y Cataluña no serán más que lo que su ciudadanía decida, por muchas leyes limitadoras de derechos que ustedes nos presenten.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Candela Serna.

El señor CANDELA SERNA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Señora Montserrat, ¡clarito y diáfano!: ustedes no tienen legitimidad ni para hablar de la Constitución ni de la bandera ni de símbolos comunes. Ustedes son un partido podrido hasta la médula. Ustedes son un partido que alberga diputadas que afirman que la extrema derecha no quiere acabar con el régimen democrático, o el número dos de su partido que loa la España franquista. Ustedes han puesto como vocal del Consejo General del Poder Judicial a un senador del Partido Popular que negó que los bombardeos sobre Castellón fuesen obra de los nazis. Ustedes -y muy clarito- con su corrupción, con sus recortes y con su simpatía por la extrema derecha se han pasado la Constitución y la bandera por el arco del triunfo. Lecciones de patriotismo y democracia, ni una, ni una. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Bona tarda, buenas tardes, señorías.

Señora Montserrat, antes de entrar en el tema, en las notas que llevo aquí, quiero decir que me entristece mucho que la exministra de Igualdad se atreva a comparar a la gente que llevamos lazos amarillos con la gente que defiende la violencia machista; entre otras cosas porque es una falta de respeto, en primer lugar, a las víctimas de violencia de género; es una falta de respeto a su trabajo y es una falta de respeto a nosotros. Debería usted haber aprendido algo sobre eso en su paso por el ministerio.

Necesitaba usted un milagro para hacer cuadrar en este mismo discurso regeneración democrática y esta proposición de ley que ustedes presentan hoy. Ministra, hoy el PSOE igual les tendrá que demostrar a ustedes si son los demócratas de 1978, pero usted nos ha demostrado que es la golpista de 1936, porque esta proposición de ley tiene como único objetivo impedirme a mí llevar este lazo amarillo allá donde vaya, esta proposición de ley tiene como único objetivo coartar la libertad de aquellos que hacemos política y que ganamos elecciones, a diferencia de usted. Si usted quiere defender sus ideas en Cataluña haga una cosa: gane las elecciones. Tienen 4 diputados de 135 en el Parlamento de Catalunya. Mi pregunta es: ¿Quiere usted imponer sus ideas a mis acciones políticas? Pues gane usted elecciones.

Si los ciudadanos de Girona queman fotos del rey es porque no sienten la institución de la monarquía como suya. Eso es lo que les debería preocupar a ustedes, no impedir a la gente que queme fotos del rey, porque después les pasa lo que les pasa, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos les saca los colores y les dice que quemar fotos del rey forma parte de la libertad de expresión. Eso es así y debería ser así. Lo que deberían hacer ustedes no es prohibir a la gente quemar fotos del rey, porque la gente puede quemar fotos del rey; lo que ustedes deberían preguntarse es por qué la gente quema fotos del rey. Quizá Botswana tenga algo que ver, igual Urdangarin tenga algo que ver, igual el discurso del 3 de octubre tenga algo que ver con el desprecio de la ciudadanía de Cataluña frente a la monarquía española. Eso es lo que debería preocuparles. Dicen ustedes: las autoridades públicas fomentarán las actitudes de respeto a la unidad de España. Pues, mire, señoría, yo soy independentista, soy una autoridad pública y no voy a defender la autoridad de España ni la unidad de España porque ustedes me lo digan en una proposición de ley que es, sin duda, la gesticulación más franquista que he visto en esta Cámara desde que soy diputado. Le diría otra cosa: ¡qué poco debe querer usted a Cataluña, señora Montserrat, que para que su partido saque un puñado de votos en Andalucía usted nos tire a la plaza de esta manera tan cruel y tan bestia!

Buenas tardes, señorías. Evidentemente, vamos a votar que no a esta iniciativa por todo lo que representa.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Debatimos la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular que establece la regulación sobre los símbolos que pueden utilizarse en los inmuebles en los que se alojan servicios, oficinas o dependencias públicas y en las vías y lugares públicos donde se envuelve la vida ciudadana. A tal fin, se determinan cuáles son los sujetos obligados, sus deberes, las infracciones y las sanciones modificando para estos últimos fines la Ley 19/2013, en lo relativo al buen gobierno y el Real


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Decreto Legislativo 5/2015, del estatuto básico del empleado público. Por otra parte, la proposición establece por referencia cuáles son los símbolos oficiales de los distintos entes de base territorial determinando que cualquier otro que utilicen las autoridades y empleados públicos será ilegal bien en dependencias públicas, bien en vías y lugares públicos. Asimismo, conmina a que tanto los altos cargos como empleados públicos de cualquier Administración impidan a particulares, a ciudadanos el uso de símbolos, lemas o enseñas de naturaleza partidista en las vías y lugares públicos.

La proposición dice en su exposición de motivos, que viene a establecer un catálogo de infracciones y sanciones para autoridades y empleados respecto a vulneraciones del principio de neutralidad institucional en el uso de símbolos en lo que pueda suponer demérito u ofensa, y que no alcancen el reproche penal contenido en el capítulo 6, relativo a los ultrajes a España. Se podría decir que la proposición viene a establecer una suerte de Ley de seguridad ciudadana, de Ley mordaza para altos cargos y funcionarios públicos respecto a sus conductas relativas a los símbolos oficiales y que no alcancen el reproche penal, y también para la ciudadanía al impedirles el uso de simbología partidista en las vías públicas. Llama la atención que en este momento, en que esta Cámara ha tomado en consideración una proposición del Grupo Confederal Podemos sobre la revisión de varios capítulos del Código Penal por confrontar con la libertad de expresión -en concreto, uno de ellos es el relativo a los ultrajes a España y a sus símbolos-, el Grupo Parlamentario Popular nos proponga no solo indirectamente mantener el reproche penal, sino ampliarlo a un reproche sancionador administrativo para aquellas conductas que no entren en los tipos penales. Además, llama doblemente la atención lo pretendido no ya solo por la reforma del Código Penal a la que me refería, sino también porque en el momento presente estamos revisando en ponencia la misma Ley de seguridad ciudadana y sus infracciones respecto a, entre otras, conductas que ya tienen un reproche penal, y viene el PP a proponernos nuevas sanciones administrativas; una suerte, como decía, de Ley de seguridad ciudadana bis para los cargos públicos y funcionarios para aquellas conductas que no tengan contenido penal.

Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco no dará apoyo a esta proposición y tampoco lo dará por la definición del espacio sobre el que se proyectan las obligaciones de altos cargos y funcionarios. Este espacio no se refiere solo a las dependencias públicas o inmuebles en los que se alojan servicios u oficinas públicas o incluso a su comportamiento para con los mismos durante el desempeño de las tareas de su puesto de trabajo. Lo que en absoluto compartimos es que la generalidad de los funcionarios se convierta en guardianes del cumplimiento de esta ley administrativa de símbolos oficiales en las vías y lugares públicos como una tarea de su puesto de trabajo, se encuentren donde se encuentren y al margen del día y hora; y ya no solo para que se respeten los símbolos oficiales, sino también para que ni ellos ni la ciudadanía en general puedan usar aquellos otros que conforme a su ideología resulten adecuados y que puedan confrontar con lo que representan los oficiales como la unidad de España o la misma diversidad de las naciones y regiones que la integran.

Lo mismo que decimos para con los empleados públicos lo decimos para los altos cargos. Pretender lo contrario fuera del desempeño de su cargo y de dependencias oficiales en cuanto al uso de simbología no oficial atenta gravemente contra la libertad de expresión y contra el pluralismo político. Tampoco podemos compartir que se extienda la neutralidad institucional que debe presidir el modo de actuar de los poderes públicos a una pretendida neutralidad institucional de las vías y lugares públicos, que solo se convierte en obligación de su preservación para las autoridades y que se manifiesta en que nadie pueda usarlas con símbolos o lemas o enseñas que sin ser ilícito penal supongan demérito u ofensa o desprestigio de los oficiales o aquellos de naturaleza partidista que contradigan lo que simbolizan los oficiales.

Señorías, en esta proposición, ¿en qué queda la libertad de expresión ideológica si se priva a la ciudadanía del espacio más importante para que se manifieste, como son las vías y los espacios públicos? Salvo que, lógico, con aquella expresión se difunda un discurso de odio o una incitación eficiente a la violencia.

Para el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) es más importante proteger la libertad de expresión que la necesidad de proteger la dignidad de los símbolos y de lo que representan. No estamos ante un debate sobre símbolos y la dignidad que representan, sino sobre la democracia, y esta debe prevalecer en caso de conflicto sobre la dignidad y las instituciones, incluso aunque las manifestaciones contra los símbolos sean ofensivas o injustas y mucho más si solo son expresión de ideologías políticas sobre la unidad del Estado o el encausamiento de líderes independentistas. No se puede desconocer que esta proposición viene a dar respuesta jurídica a determinadas situaciones que, según se dice, se están produciendo en algunos lugares del territorio español. -Se refiere a Cataluña-.


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El desconocimiento por parte del Grupo Parlamentario Popular de la libertad de expresión, de que la libertad de expresión se extiende también a las ideas que pueden ofender, conmocionar o perturbar, no debe llevar a restringirlas sobre todo cuando se trata de crítica o ideología política. Como señalaba el Defensor del Pueblo en su declaración institucional del 3 de septiembre pasado, la neutralidad institucional debe presidir el actuar de los poderes públicos en sus dependencias a través de la no exhibición de símbolos no oficiales, mientras que en la vía y espacios públicos debe presidir el pluralismo político, evitando, eso sí, toda forma de monopolio o exclusión pues éste no es ilimitado. Pero de ahí a prohibir el uso de simbología partidista como pretende la iniciativa, hay un largo trecho que no apoyaremos en su recorrido.

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en primer lugar desearía enviar un abrazo fraternal al compañero Óscar Reina, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, al que hoy la policía ha ido a su casa a buscarlo. (Aplausos). Ha ido a buscarlo a su casa acusado de injurias a la Corona. Es decir, estamos en una sociedad en la que la policía va a buscar a un ciudadano libre por haber opinado libremente: Óscar Reina, portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores. Estamos contigo, Óscar. ¡Salud!

Señora Montserrat, recuerdo que en alguna ocasión usted me dijo que tenía algún familiar independentista. Supongo que lo habrán expulsado de la familia. (Rumores). Creo que si tuviera un familiar independentista que fuese como dice usted que somos, lo habrían expulsado de la familia. (La señora Montserrat Montserrat: No me ha escuchado). En mi familia, mi familia cercana, hay personas, y no pocas, que no son independentistas, y constituimos una verdadera familia y nos queremos ahora lo mismo que antes. Pregúntese usted dónde acaba y dónde empieza la ideología y dónde acaba y dónde empieza la calidad humana de las personas. Punto. (Aplausos).

Resulta curioso que el primer símbolo de la nación española al que hace referencia esta proposición de ley sea la monarquía, una monarquía ilegítima, una monarquía patrocinada por uno de los asesinos más asesinos del siglo XX, el señor Francisco Franco. Y ustedes saben que no fue el pueblo quien en el año 1978 tuvo la oportunidad de decidir si aquello que convenía al Estado español era la monarquía patrocinada por el dictador o bien recuperar la legalidad y la legitimidad republicanas. Creo que ustedes deberían empezar por aquí, empezar diciendo que no hay nada legítimo si no pasa por las urnas, y la monarquía que ustedes defienden nunca ha pasado por las urnas, tiene un pecado original que es haber sido cómplice de la dictadura y no haber sido revalidada por la ciudadanía del Estado español. Pero no nos engañemos, sabemos perfectamente que esta proposición de ley es una vuelta de tuerca más en la legislación represiva para resolver a la manera tradicional de la derecha española el problema catalán: garrotazo, represión y muerte, mediante jueces, Policía, Guardia Civil y, si se requiere -la historia así lo ha demostrado- también a través del Ejército y, por supuesto, enterrando el diálogo y la negociación; fórmulas magistrales -estas sí son las fórmulas magistrales- de una verdadera democracia. Es curioso que aquellos que se niegan incluso a que desaparezcan las placas en las calles dedicadas a fascistas y a criminales, los que se niegan incluso a cambiar el nomenclátor de las calles digan defender que el espacio público no sea ocupado por símbolos partidistas. Nosotros, señorías, los republicanos, sí creemos en la libertad de expresión de toda la ciudadanía, también de los funcionarios. En las sociedades avanzadas se asume la crítica a los símbolos del Estado como el ejercicio de un derecho fundamental, justamente lo que ustedes pretenden finiquitar con esta proposición de ley. Por supuesto, nosotros no estamos de acuerdo con la neutralidad. ¿Por qué no estamos de acuerdo con la neutralidad? Porque supone no cuestionar el statu quo y porque supone defender la hegemonía vigente, es decir, criminalizar la crítica a las instituciones. Impedir por ley que se cuestione la monarquía, por ejemplo, no es neutral; es ser monárquico. Seguiremos defendiendo que en los espacios públicos se pueden exhibir símbolos oficiales, precisamente porque no son neutrales. La bandera LGTBI no es neutral; el lazo rojo en el Día del sida no es neutral; el lazo lila contra la violencia machista no es neutral; las pancartas de `Queremos acoger refugiados´ no son neutrales, y, por supuesto, el lazo amarillo que denuncia la existencia de presos políticos y de exiliados en el Estado español no es neutral. (Aplausos). Los edificios públicos tampoco son neutrales, ni lo tienen que ser. Ustedes confunden no compartir el símbolo con símbolo partidista, y son dos cosas muy, muy distintas, al olvidar que una sociedad democrática se basa en el contraste de


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pareceres y en la diversidad ideológica. Usted debería saber, como buena constitucionalista y persona que defiende la Constitución española, que el artículo 20.1 reza que por encima de todo existe la libertad de expresión.

En resumen, esta proposición de ley es un símbolo, pero es el símbolo de su derrota, de la derrota que supone tener que imponerse siempre por la fuerza, imponer por la fuerza una bandera, por ejemplo, en territorio catalán, e imponer por la fuerza a un rey, a un monarca, que es el ejemplo de aquello que se ha venido diciendo: a por ellos, a por ellos, que solo son catalanes. Intentan vencer, pero nunca han intentado convencer y, por supuesto, las libertades, la democracia, nunca pueden supeditarse ni tan solo a la sagrada unidad de España.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, presidenta.

Señores del Partido Popular, nos traen ustedes hoy una proposición de ley que creemos que es innecesaria y nos sorprende, sinceramente. Quizás a aquellas fuerzas parlamentarias que tenemos escaso cupo nos gustaría aprovechar estas cosas para asuntos que, de verdad, sean hacer política y no partidismo, como sucede muchas veces. La Constitución española creo que recoge y refuerza todos los valores de nuestros símbolos en estos momentos; además, hay una Ley de banderas que data del año 1981. En fin, consideramos que no es una ley necesaria y que este espacio público del Congreso de los Diputados está precisamente para debatir sobre proyectos de ley que interesen de verdad a toda la ciudadanía y no solamente, señora Montserrat -perdóneme que le diga-, para hacer electoralismo en algunos momentos.

¿Cómo puede ser que ustedes ahora nos digan esto cuando llevan dos o tres semanas pactando con los señores del Partido Socialista, pactando con todos los independentistas y con los populistas el Consejo General del Poder Judicial? (Aplausos). ¿Cómo pueden decirnos esto cuando son ustedes socios de pervertir un poder del Estado como es el Poder Judicial? Ustedes no tienen ningún reparo, ninguno, en repartirse las instituciones como si fuera una especie de supermercado eligiendo jueces y, eso sí, vienen ahora y nos traen una proposición de ley que debían tener guardada en un cajón para intentar apropiarse de unos votos más. Nosotros, honestamente, no lo entendemos, y no lo entendemos porque el bochorno de estas últimas semanas solo refleja la mediocridad en la que se están convirtiendo, señores del Partido Popular. Perdonen que se lo diga, de verdad, porque lo siento muchísimo.

Miren ustedes, Europa nos ha tenido que tirar de las orejas un montón de veces a través del informe Greco -creo que ustedes lo conocen perfectamente- hasta hace nada, a comienzos de este año, cuando lo han hecho nuevamente porque nos dicen que el Poder Judicial no es independiente. Bueno, pues ustedes no hacen caso y se agarran al sanchismo para pactar sus últimos coletazos de poner de nuevo a aquellas personas que a ustedes les interesa en vez de dejar que los jueces, los profesionales, sean los que elijan al verdadero Poder Judicial. Me parece tremendo que hayan sido los señores Sánchez y Casado quienes hayan pactado esta elección bajo la mirada atenta del señor Pablo Iglesias. ¿Cómo puede ser que digan ustedes quién va a ser el presidente del Tribunal Supremo antes de que lo elijan los veinte miembros del Consejo General del Poder Judicial, que son los que tienen que elegirlo? ¿Cómo podemos ver esto esta mañana en las noticias? (Aplausos). ¿Y luego viene usted aquí y nos habla a nosotros y al Partido Socialista de la defensa de los espacios públicos? ¿Pero cuál es la defensa de los espacios públicos que quieren ustedes? ¿A qué defensa de los espacios públicos se refiere? ¿Dónde estaba el Gobierno del Partido Popular cuando se pitaba el himno nacional? ¿Qué decía? ¿Quiere usted que yo le diga lo que decía su Gobierno, el Gobierno de su partido, cuando hacían esas pitadas al rey de España y el himno nacional en los partidos de fútbol, en la final de la Copa del Rey? Pues mire usted, lo que decía el señor Zoido, en aquel momento ministro del Interior, es que eso era violencia sentimental. La señora Levy, compañera suya de partido, catalana también, lo que decía es que eso no era nada más que una falta de respeto. ¿Aquello era una falta de respeto y esto es otra cosa? ¿Por qué ustedes cuando están gobernando no se dedican de verdad a defender a la nación española y solo lo hacen cuando han perdido el poder? (Aplausos). ¿Por qué solo hacen eso y se alinean con el sanchismo cuando han perdido el poder y cuando están gobernando no son capaces de hacer nada? A nosotros nos gustaría que de verdad ustedes, que son un partido, entiendo, constitucionalista, defendieran la unidad de España siempre, pero cuando están en el Gobierno, cuando están en la oposición o cuando, como en el caso


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catalán, no son nada, porque nosotros sí ganamos las elecciones en Cataluña. Yo se lo digo como partido que ganó las elecciones en Cataluña. Claro que hay que preservar los espacios públicos, claro que hay que preservar esos espacios para todos, claro que hay que hacerlo, pero ¿saben ustedes lo que nos dice el señor Casado cuando nosotros vamos a retirar esos lazos? ¿Sabe usted lo que dice el señor Casado? El señor Casado dice: Hombre, eso genera crispación. Que genera crispación; ¿ahora ya no genera crispación? Ahora es cuando a usted le parece que no genera crispación. Mire, la verdad es que lo que no se puede hacer es titubear a la hora de defender de verdad cuál es el espacio común de todos los españoles, cuál es la casa común de todos los españoles, señora Montserrat. No se puede titubear de la forma en que lo hacen ustedes. No se puede titubear cuando el otro día en Alsasua el señor Borja Sémper, que entiendo que también es una persona de su partido, nos dice que no tenemos que ir a extender la crispación. ¿Eso es extender la crispación? Entonces, según esta ley suya, ¿el acto de Alsasua es extender la crispación o es defender de verdad el espacio público de todos los españoles? (Aplausos). ¿O solamente es cuando a usted le interesa?

Nosotros no entendemos muy bien esta proposición, y se lo digo también a los señores del Partido Socialista. A mí me parece que su portavoz, el señor Ander Gil, el otro día estuvo exactamente igual de mal que el señor Borja Sémper. ¿Cómo puede ser que su portavoz en el Senado nos diga a los constitucionalistas que fuimos a Alsasua a defender el espacio español, a defender a los guardias civiles, a defender la bandera de todos los españoles, que lo que estábamos haciendo allí era pervertir la democracia, que lo que estábamos haciendo allí era crispar? (Aplausos). ¿Eso es crispar? ¿Tenemos que preguntarle y pedirle al señor Marlaska que nos diga cuál es la lista de ciudades a las que podemos ir y cuáles a las que no podemos ir? (Aplausos).

Voy a acabar con una cita que dice: Nuestra bandera no es un símbolo de un partido político porque ha de serlo de todos; no es un símbolo de la derecha ni de la izquierda porque ha de ondear en todo el espectro ideológico institucional; no es un símbolo de los militares aunque la custodien y la honren, sino de todos los ciudadanos. Esto lo dijo el señor José Bono (rumores), un socialista de verdad, no un sanchista; una persona que defiende lo que ha sido el Partido Socialista, no una persona que defiende el sanchismo que pacta con los populistas y los independentistas cómo destruir este país. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora García Puig

La señora GARCÍA PUIG: Hola. Molt bona tarda.

A veces la ficción ilumina la realidad, por eso hoy quiero empezar por contarles un cuento de la autora argentina Luisa Valenzuela. Este cuento está situado en un lugar y en un tiempo desconocido, y narra la historia de Juan. Juan quiere hacerle llegar a su amada, Mariana, una carta, pero teme que esta sea interceptada por el aparato censor del Estado. Para evitarlo, entra a trabajar en las propias oficinas de la censura con el objetivo de ser él mismo quien dé salida a la carta. Poco a poco va pasando por todos los departamentos de la oficina y aprendiendo bien el oficio de censor. Cuando llega por fin a su objetivo, al departamento que tramita las cartas, se encuentra tan embriagado por la tarea de censurar, de prohibir y de reprimir que, al encontrarse su propia carta, no duda en censurarla y denunciar a su autor: él mismo. Juan es fusilado al alba.

Como en el cuento que les acabo de contar, señorías del Grupo Popular, yo no dudo de que en un principio sus intenciones puedan haber sido honestas, pero han entrado en tal espiral de prohibición, de represión y de censura con sus actos, con sus políticas, con la proposición de ley que hoy traen aquí, que dañan, y mucho, a esa España a la que pretenden defender. Porque la España que ustedes proponen es una España gris y triste, una España que niega la diversidad y la pluralidad, una España en la que no existe la disidencia ni el derecho a pensar diferente, una España donde las instituciones y las calles están ocupadas por una única ideología, la suya, y de donde se barra para siempre un derecho tan fundamental como el de la libertad de expresión. Pero, miren, tienen a todo un pueblo enfrente. De hecho, tienen a muchos pueblos enfrente que, unidos por la fraternidad, no van a permitir que ustedes nos lleven a tiempos pasados y oscuros; no van a permitir que nos hagan renunciar a uno de nuestros mayores tesoros, la plurinacionalidad, la riqueza plurinacional, y hoy van a demostrar que aquello que decíamos del "no pasarán" iba en serio, porque hoy esta Cámara va a dar un no rotundo a este nuevo ataque, sin precedentes por su parte, a la libertad de expresión en nuestra democracia.


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Quería aquí recordar a los presos y las presas políticas de toda índole que se encuentran ahora mismo en las cárceles de nuestro país y lamentar de nuevo la acusación de la fiscalía. Para esta, y como muy bien explicaba mi admirado compañero en el Ayuntamiento de Barcelona, Gerardo Pisarello, Jordi Cuixart incurrió en rebelión por gritar: "No pasarán". Este es un grito democrático que se ha usado y seguiremos usando para decir que no a la represión y que sí a la democracia, así que lo repetiremos tantas veces como haga falta y mucho más cuando hoy alguien como ustedes quiere quitarnos el derecho a la palabra, a la manifestación y al espacio público. (Aplausos). Obligada mención aquí al compañero Óscar Reina y es obligado también repetir en su caso que "no pasarán". (Aplausos).

Hace tiempo que a ustedes, señorías del Grupo Popular, se les ve perdidos en esta legislatura. Han perdido el norte en una legislatura que ha abierto un camino de esperanza y de ilusión en la sociedad. Ni ustedes ni sus socios de Ciudadanos saben muy bien por dónde tirar y se ve que han elegido el camino más perjudicial para la sociedad española. Miren, desde el feminismo decimos muchas veces que la competición constante por la virilidad en los hombres suele esconder masculinidades frágiles y muchos complejos. Recogiendo este paralelismo, he de decirles a ustedes y a las señoras y señores de Ciudadanos que cuando alguien viene aquí semana tras semana, rueda de prensa tras rueda de prensa, con el único argumento de a ver quién tiene la bandera más grande o a ver quién hace la propuesta más descabellada, es que a lo mejor ustedes tienen un profundo complejo en su proyecto de país, un proyecto de país cada vez más frágil y que cada vez excluye a más personas.

Hoy han venido aquí otra vez, y cómo no, a hablar del procés y así justificar la senda de la represión. ¡Como si por esa vía les hubiera ido bien! Recuerden que esta fue la estrategia que les quitó del Gobierno. Esta fue la estrategia que hizo que España y su Gobierno fueran portada en el mundo entero por reprimir y apalear a ciudadanía pacífica con papeletas y urnas. Ustedes representan una amenaza para la convivencia no solo de los pueblos, sino también de las mujeres, de las personas migradas, de los trabajadores y trabajadoras y de los pensionistas. Y no lo decimos nosotras solo, lo dicen los datos del último CIS: más del 90 % de la ciudadanía cree que ha aumentado la crispación y casi la misma cifra quiere que se tiendan puentes de diálogo. ¿Saben, señores del PP, cuál es el partido que aparece como principal culpable? El suyo. ¿Y saben cuál es el líder político al que culpa la gente? El señor Casado. Es una pena que no esté hoy aquí porque quería dirigirle algunos mensajes, pero espero que tomen nota y se los hagan llegar. Mucho ha tenido que hacer usted, señor Casado, para que en tan poco tiempo la ciudadanía lo vea ya como la principal amenaza a la convivencia de este país. No en balde es el señor Casado el autor de aquellas famosas declaraciones en las que dijo -y cito-: La fosa de no sé quién y la guerra del abuelo son cosas de carcas. Se lo dice la nieta de un luchador republicano que acabó en un campo de concentración en una playa de Francia: no vamos a permitir que siga vilipendiando la memoria de nuestros abuelos y abuelas. Y no vamos a permitir que sigan difamando la historia de la lucha de este país por la democracia. (Aplausos). Aquí el mayor carca que hay, en fondo y en forma, es usted; eso sí, con Albert Rivera siguiéndolo muy de cerca, a la zaga. (Aplausos). Y como mujer, como feminista, me permitirán que le mande otro mensaje, otra advertencia: nuestro derecho al aborto no se toca, ni un paso atrás. Si sigue por ese camino, le enseñaremos la puerta de salida, como ya hicimos con su antecesor, el señor Alberto Ruiz-Gallardón. (Aplausos).

Señorías del PP, con iniciativas como esta demuestran que para ustedes hacer política significa imponer por la fuerza, que ustedes no tratan de convencer a nadie. Pueden gritar y exigir tantas veces como quieran que el rey simboliza la unidad indivisible de la nación española, pero cuando tantísima gente no siente como propia la figura del monarca es que a lo mejor el problema no es de la gente, sino de un señor que encarna una idea de España que simplemente ya no se corresponde con la realidad. La España de la Corona es tan tan estrecha que solo cabe un hombre en lo alto; en la España democrática, por la que nosotros y nosotras empujamos, cabemos todas, caben hombres y mujeres de toda edad, origen y condición, que hablan diferentes lenguas y sienten diferentes banderas, algunas incluso -fíjense qué sacrilegio- ni siquiera sienten ninguna.

Por último, me dirijo muy brevemente a los grupos catalanes, a Esquerra y al PDeCAT. Podemos diferir en muchísimas cosas, pero estoy convencida de que compartimos que ni Cataluña ni cualquier otro pueblo del Estado ni del mundo se merece volver a pasar por la década perdida de oscuridad y de persecución de todo lo que no represente esa España de sus símbolos y de su ideología. Hagamos posible la mayoría de progreso que impida que vuelvan y evitemos convertirnos en la minoría de bloqueo que vuelva a poner en la Moncloa a dos, y quién sabe si tres, partidos que nos lleven de nuevo al pasado y a la oscuridad.

Gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Rallo Lombarte.

El señor RALLO LOMBARTE: Gracias, presidenta.

Señora Montserrat -seguro que está atenta siguiendo este debate con el teléfono en la mano-, hoy ustedes, el Partido Popular, nos presentan una iniciativa que no pretende defender la convivencia nacional, busca emponzoñarla y deteriorarla. (El señor Llorens Torres: ¡Qué barbaridad!). Con esta iniciativa ustedes no quieren incrementar la adhesión afectiva a los símbolos nacionales; todo lo contrario, pretenden convertirlos en arma arrojadiza. Ustedes no persiguen la paz social ni la convivencia pacífica, solo buscan atizar el fuego del conflicto, solo quieren extender y multiplicar tensiones. Están convencidos -lamentablemente- de que cuanto peor para España y los españoles, mejor para el Partido Popular.

El Partido Popular sigue sin aprender ninguna lección de las muchas que nos ofrece nuestra historia reciente. Durante cuarenta años media España no se reconoció en unos símbolos de los que se había apropiado la dictadura y que para muchos representaban sometimiento y opresión. La Constitución de 1978 inauguró un régimen democrático que reconcilió a todos los españoles con una nueva idea de España: la España de las libertades, la España del progreso social, la España europea y moderna. Y con esa idea de España, todos hicimos nuestros y abrazamos unos símbolos que son de todos y que ustedes no tienen ningún derecho a apropiarse de ellos (aplausos) y, menos aún, a utilizarlos en beneficio partidista provocando conflicto político y generando enfrentamiento social. Esta es la primera lección que ustedes no han aprendido.

Tampoco parecen haber aprendido nada de los últimos cuarenta años de democracia constitucional que tan ufanamente parecen defender. Señorías, nuestro patrimonio más preciado son los derechos y libertades de que disfrutamos. Si de algo debemos sentirnos orgullosos es de haber situado a España en la vanguardia de la defensa de libertades y derechos fundamentales individuales y colectivos y en todos los órdenes: civil, social, económico y político. Así lo ha reconocido Europa. Así hemos ganado prestigio ante Europa y ante el mundo. Este es un bien precioso que debemos preservar y no banalizar. Pero cada vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España, se evidencia una debilidad que no deberíamos ignorar o despreciar, sino todo lo contrario, reconocer y subsanar, porque además supone una erosión a ese prestigio que tanto ha costado conquistar. Pero ustedes, señorías del PP, señora Montserrat, se empeñan en seguir introduciendo restricciones a los derechos y más medidas represivas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya les ha dicho que el convenio europeo obliga a un amplio y generoso entendimiento de la libertad de expresión, una generosidad que la democracia española se puede permitir porque la grandeza y la fortaleza de la democracia no tienen rival. El Tribunal de Estrasburgo les dijo hace pocos meses que la libertad de expresión incluye informaciones e ideas favorables, inofensivas o indiferentes, pero también las que hieren, ofenden o inoportunan. Repito: la libertad de expresión incluye informaciones e ideas que hieren, ofenden o inoportunan. Y no pasa nada, porque a eso lo llama Estrasburgo pluralismo, tolerancia y espíritu de apertura. Además, concluye Estrasburgo que sin ello no existiría una sociedad democrática.

Señorías, los socialistas apostamos por una democracia en la que el prestigio de las instituciones y de sus símbolos se construya sobre el diálogo, el acuerdo y la convivencia pacífica, pero no solo sobre eso. Nada prestigia y enorgullece más a un país y a sus símbolos que el hecho de que pague más impuestos quien más tiene, que sus trabajadores tengan salarios dignos, que sus pensionistas tengan pensiones actualizadas y que sus jóvenes no tengan que buscarse la vida fuera de nuestras fronteras. Nada prestigia y enorgullece más a nuestro país y a sus símbolos que el hecho de que sus científicos e investigadores no tengan que huir a otros países, que las personas dependientes reciban los cuidados que necesitan, que la sanidad sea universal, gratuita y de calidad y que exista un sistema digno de becas que garantice la igualdad de oportunidades. Los socialistas nos reconocemos en esta España y en sus símbolos. Esta es nuestra patria, la patria constitucional, la patria de los derechos, la patria de la dignidad, la patria de la decencia. Pero desgraciadamente el Partido Popular tiene otro entendimiento de la patria y de la defensa de esos símbolos.

Para acabar, no puedo sustraerme a recordar un episodio que a buen seguro recordarán también muchos de ustedes. El 2 de octubre del año 2002 un ministro de defensa, Federico Trillo, izaba en la plaza de Colón de Madrid la bandera más grande jamás conocida: 294 metros cuadrados, un mástil de 50 metros de altura, 19 toneladas de peso. Curiosamente, también en octubre de 2002 los papeles de


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Bárcenas recogen una entrega de 27 760 euros a Federico; un pago a Federico Trillo para compensar la reducción de su sueldo, el de presidente del Congreso, a unos nimios ingresos de ministro -dinero procedente de comisiones ilegales, dinero procedente de la corrupción-. Esta es la doble moral del Partido Popular cuando se envuelve y enfunda en la más grande de las banderas. (Aplausos). Esta es la doble moral del Partido Popular cuando enarbola la defensa de los símbolos.

Nada más y muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA FINANCIACIÓN SUFICIENTE DEL PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES VÍA PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA UN ADECUADO EJERCICIO DEL DERECHO. (Número de expediente 162/000836).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la financiación suficiente del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales vía Presupuestos Generales del Estado para un adecuado ejercicio del derecho.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Marcelo Santos.

La señora MARCELLO SANTOS: Gracias, presidenta.

Hoy traemos a debate a este Pleno una cuestión clave para nuestro grupo parlamentario, como es la financiación del sistema público de servicios sociales, que se conceptualiza como cuarto pilar del Estado del bienestar junto a la educación, la sanidad y la protección social. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor; les ruego silencio.

La señora MARCELLO SANTOS: Gracias, presidenta.

Este sistema es el más joven, el menos desarrollado, el más desconocido tanto en su estructura como en su funcionalidad y, a nuestro juicio, los servicios sociales deben ser los instrumentos de los que se dota el Estado para materializar sus derechos sociales estando destinados a contribuir al bienestar social mediante la prevención, la eliminación o el tratamiento de las causas que impiden o dificultan el pleno desarrollo de las personas. Venimos de años en los que hemos tenido que ver cómo las tijeras de los recortes del Partido Popular se afilaban en aquellos viernes negros de decretazos y se cebaban con el sistema de servicios sociales, y al mismo tiempo se observaba cómo los trabajadores y los profesionales de la intervención social se veían desbordados por el aumento de las demandas en situación de emergencia social. Además se produjo ya en aquel entonces la refamiliarización en la satisfacción de las necesidades, incluso en las necesidades más asistenciales: abuelas pagando hipotecas de hijos, jubilados llenando las neveras de los nietos, finalización de ayudas sin que se superara la situación de desigualdad, y las mujeres una vez más sosteniendo los cuidados, siendo estas las más azotadas por los recortes del Partido Popular. Esta realidad hizo que los servicios sociales se volvieran cada vez más de carácter asistencialista, alejándolos de los propósitos de universalidad, prevención e integración, y se hizo imposible desarrollar en aquel momento un trabajo social de carácter comunitario y de intervención comunitaria como era preciso y sigue siéndolo. Además, este carácter asistencialista de los servicios sociales no solo ha demostrado la ineficacia para determinar y detectar las necesidades de pobreza, sino que además se ha culpabilizado y estigmatizado a todas las personas beneficiarias aumentando los controladores y las condiciones de acceso a los recursos y a los programas.

Y mientras esta realidad de la red pública se imponía, paralelamente, se ha recorrido la senda de la externalización y la privatización. Nos enfrentamos ahora mismo a un sistema actual mixto, donde mayoritariamente el sector privado se ha "ocupado" -entre comillas- de los sectores más rentables, donde las grandes empresas gestionan nuestros derechos viendo estos como meras mercancías con las que lucrarse, solo hay que ver cómo se atiende y cómo se gestiona la Ley de dependencia. Sin embargo, el sector público, por otra parte, se ha quedado atendiendo a los sectores excluidos socialmente y, queramos asumirlo o no, la realidad es que la red pública de servicios sociales durante muchos años, gracias al Partido Popular, ha sido desmantelada; aprovechando la coyuntura de la mal llamada crisis o,


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mejor dicho, estafa nos encontramos ante una situación delicada que no es otra que el cuestionamiento del sistema de servicios sociales como un sistema en sí mismo. Es preciso ahora dar alas a un gran desafío que consiste en trazar un horizonte para buscar respuestas actuales a la realidad social, cultural, económica y laboral en la que nos encontramos, porque corremos el riesgo de seguir articulando el Estado del bienestar en clave mercantil, y eso en sí mismo ya es la pérdida total de lo público y de la persona como sujeto de derecho. Por lo tanto, fortalezcamos el Plan Concertado de Prestaciones Básicas, que es el instrumento estatal fundamental para el desarrollo de las prestaciones de servicios sociales. Su objetivo es mantener y desarrollar la red pública de los servicios sociales más cercana al ciudadano, gestionada por las administraciones y las corporaciones locales. Hace ya más de treinta años de la creación de este plan. Fue un avance y un reconocimiento del derecho y del concepto de la atención desde los servicios sociales, un logro abordado y puesto en marcha por un Gobierno socialista que ha hecho posible que esta red se implante en más de 5610 municipios, que más de 5 millones de personas, de un modo u otro, perciban una prestación o un servicio de esta red, incluso llegando a 7 millones de personas en épocas de crisis, y que más de 29 000 profesionales trabajen en esta red pública de servicios sociales.

¿Y cómo se financia esta red? Pues en los años noventa, cuando se creó este plan, esta red pública de servicios sociales se financiaba vía Presupuestos Generales del Estad hasta en un 90 %. Sin embargo, este es el esquema al que nos enfrentamos ahora mismo (muestra un gráfico): el Estado aportaría un escaso 2,9, no llega ni al 3 %; las administraciones locales, un 63 %, y las comunidades autónomas, un 34 %. Es inasumible este reparto financiero. Urge, por tanto, un aumento considerable de la parte que tendría que gestionar o aportar el Gobierno central en la materia para que los ayuntamientos y las corporaciones locales dejen de estar asfixiados. Por eso, también traemos hoy aquí la derogación inmediata y absoluta de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, ley que recortó las competencias de los ayuntamientos en materia de servicios sociales. Del PP sabemos que ha realizado prácticas de dolor incalculable: ha recortado más del 75 % en los servicios sociales; ha privatizado; ha desmantelado el sistema público de servicios sociales cuando socialmente era más demandado y más necesario, y han dejado solas a las administraciones y a las corporaciones locales, que son las que reciben la presión de la ciudadanía que se encuentra en situación de necesidad, asumiendo los costes de los recursos y de los programas.

Han pasado ya treinta años desde que se creó este plan y este diseño del sistema de servicios sociales y, una vez sacado el Partido Popular del Gobierno, se requiere repensar el modelo. Se necesita un cambio de paradigma, no vale solo con aumentar la financiación, que también es necesario, hay que ir más allá. Hay que hacer posible un sistema público de servicios sociales acorde con la realidad social, laboral, económica, cultural e intercultural que vivimos y desterrar la filosofía de que desde los servicios sociales se erradica la pobreza. La pobreza se erradica si hacemos unas modificaciones estructurales de los modelos económico, fiscal y laboral. Seamos valientes y apostemos por una defensa de los servicios sociales y no por un sistema de beneficencia y de caridad, que es lo que tenía el Partido Popular. Abordemos la reforma de la Constitución, donde se deben garantizar los derechos sociales y el acceso a los servicios sociales como un derecho fundamental. Apostemos por un sistema de servicios sociales universal y de proximidad. Todo esto ya lo hemos planteado en la Comisión de Servicios Sociales y Bienestar Social y siempre teníamos la oposición del Partido Popular y muchas veces, cómo no, la abstención de Ciudadanos. Cuando estábamos en la oposición y no podíamos, queríamos; ahora que pueden, demuestren que quieren. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Gracias, señora presidenta.

Señora Marcello Santos, respecto a esta cuestión, que nos parece relevante, la financiación suficiente del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales vía Presupuestos Generales del Estado para un adecuado ejercicio del derecho, usted dice que es una cuestión clave. En ese caso, ¿por qué nos traen esta proposición no de ley y cuando ustedes pactan un -entre comillas- "presupuesto" con el Partido Socialista no lo incluyen como prioridad y se les ocurren otras cosas, tipo subirles las cotizaciones a los autónomos o subir el diésel? (Aplausos).


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Nosotros hemos presentado una enmienda por varias cuestiones. En primer término, por una cuestión estructural. Si hay que dar más prestaciones básicas y estas prestaciones básicas las tienen que gestionar las comunidades autónomas y los ayuntamientos, lo lógico es que tengan la financiación reconocida y que no estén todos los años mendigando o buscando una financiación de los Presupuestos Generales del Estado. Por tanto lo que habría que hacer es modificar sustancialmente el sistema de financiación. Ya sabemos que sus socios del Partido Socialista no quieren modificar la financiación autonómica, aunque entiendan que haya comunidades claramente infrafinanciadas, como Valencia o Murcia; aunque las mismas personas cuando estaban al frente de la Junta de Andalucía decían que hacían falta miles de millones, entre otras cuestiones para el bienestar social, sin embargo ahora que están en el Gobierno ustedes no les quieren complicar la vida, y dicen que se financie a cargo de presupuestos y que no se modifique la financiación autonómica. Echamos claramente en falta que ustedes aboguen por una reforma de la financiación autonómica.

Otra cuestión que nos extraña sobremanera es que todo lo que se les ocurra sea derogar cualquier norma de control para gastar más sin control. Lo que ustedes dicen es que hay que derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, sin sustituirla por ninguna otra cosa. La semana que viene vamos a hablar de esto más en serio, porque llevamos sendas enmiendas a la totalidad respecto a una proposición de ley suya y otra del Partido Socialista que se quieren cargar la estabilidad presupuestaria. La estabilidad presupuestaria es fundamental para poder hacer frente todos los años a la sanidad, a la educación y al bienestar social.

Otra cuestión que nos parece relevante. Desde Ciudadanos somos favorables a que se aumenten los fondos de este plan. Tanto es así que hemos incrementado en 2017 y 2018 esta partida en 79 millones de euros. Ustedes toman los datos de 2016 para no reconocer que gracias a nosotros en los dos años siguientes, 2017 y 2018, tenemos más dinero. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). En concreto en la partida 2616.231.F.453 hay 194 millones de euros, de los cuales 100 millones de euros, por exigencia de Ciudadanos, eran para protección a la familia y atención a la pobreza infantil y a las prestaciones básicas de servicios sociales. Esto es el presupuesto vigente, que además se va a prorrogar dada su incapacidad y la del Partido Socialista de traer aquí unas cuentas. Lo que nosotros hemos hecho es mejorable, pero la política útil se logra aprobando presupuestos, y no yéndose a la cárcel a visitar a presuntos delincuentes a ver si les dan apoyo a estos presupuestos. (Aplausos). Sustancialmente por eso defendemos estas cuestiones.

También nos interesa decir que no hay que derogar las normas presupuestarias que establecen un mínimo de control. Lo que hay que establecer es un marco común para el ejercicio de las competencias atribuidas a los órganos de tutela de las corporaciones locales, es decir, a las comunidades autónomas, en materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, porque hay que ser serios. Como le decía en un principio lo que no son cuentas son cuentos, y lo que no es razonable es que ustedes, teniendo la oportunidad de incrementar esta financiación en unas cuentas, hayan decidido traer proposiciones no de ley que encima, en nuestra opinión, están claramente equivocadas en cuanto a su objeto. Necesitamos que las comunidades autónomas y las entidades locales tengan más capacidad financiera, y eso se consigue con un modelo de financiación y no con financiación todos los años a cargo de presupuestos. Necesitamos en cualquier caso unas cuentas y no un cuento, que es lo que vienen a presentar cada vez que se sube aquí alguno de sus portavoces.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor De la Torre Díaz.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias.

En la medida en que Euskal Herria Bildu ya propuso el año pasado instar al Gobierno a adoptar urgentemente las medidas necesarias para la derogación de la Ley de racionalización, apoyaremos esta proposición. Lo solicitamos por entender que esta ley supone un ataque a las entidades locales, a sus competencias y funcionamiento, por cuanto que instaura el principio de sostenibilidad por encima del de subsidiariedad, recortando competencias, interviniendo sobre los municipios, apostando por la privatización, empeorando las condiciones laborales y destruyendo empleo, condicionando en última instancia la prestación de los servicios públicos.


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Los municipios de Euskal Herria no renuncian a defender su autonomía. Así lo define la ley que se aprobó en el Parlamento vasco en 2016, por entender que los ayuntamientos deben de tener competencias, que tienen que venir acompañadas de financiación suficiente para poder acometer políticas públicas encaminadas a hacer frente a las necesidades sociales locales. En muchas ocasiones son los ayuntamientos además quienes, con actuaciones complementarias, cubren carencias en materia social; actuaciones importantes que la ley rechaza con la supresión de las competencias llamadas no propias. En última instancia busca reducir a la mínima expresión la autonomía municipal. Además la Ley de racionalización pasa por alto la singularidad de las administraciones de la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa, ya que la cláusula dirigida a salvaguardar la misma no satisface las expectativas en materia local de las instituciones de Euskal Herria.

En términos generales esta ley va en contra de la tendencia europea, que está apostando por reforzar la autonomía local inspirada en los principios y la filosofía de la Carta Europea de la Autonomía Local, y precisamente por eso la Ley de Entidades Locales que aprobamos en el Parlamento vasco apostaba por lo que creemos que es necesario, el empoderamiento de las entidades locales, por que estas tengan amplias competencias, y por que además estas se puedan llevar a la práctica a través de medios sólidos de financiación. Como decía por todo ello votaremos a favor.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora diputada.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyora vicepresidenta.

Los servicios sociales son por desgracia las políticas que más han sufrido los recortes del Partido Popular, y a día de hoy seguimos siendo efectivamente las autonomías y los ayuntamientos quienes estamos soportando los años devastadores de gobierno del Partido Popular, y asumiendo el coste de la atención social. En 2015, frente a los recortes del Partido Popular, ganaron por suerte los Gobiernos del cambio y empezamos a hacer políticas sociales. En el País Valencià sin ir más lejos desde la Conselleria de Politiques Inclusives asumimos los servicios sociales en 2015 en una situación totalmente precaria, y hemos hecho cosas tan radicales y tan locas como asumir más del 80 % del coste en dependencia; como asumir el coste de la atención a los desplazados dependientes; como eliminar copagos; como hacer una renta valenciana de inclusión; como -ahora lo estamos haciendo- blindar la atención social a través de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos. Pero, señorías de Ciudadanos, esto lo hicimos pese al Partido Popular, que asfixiaba a los ayuntamientos y a las autonomías, pero esto no tiene que ver con la financiación autonómica. Porque el Plan Concertado de Servicios Sociales es una competencia estatal y no autonómica, y nos parece muy raro que ustedes, que tanto quieren recentralizar las políticas, no tengan claro que esto justamente es una política estatal que se tiene que financiar efectivamente vía Presupuestos Generales del Estado. Fantástico, más financiación autonómica; estupendo, nos dará para hacer otras políticas sociales y las haremos encantados, pero eso no significa que el plan concertado esté suficientemente financiado aumentando la financiación autonómica.

Le digo esto porque justamente uno de los primeros métodos de asfixia del Partido Popular fue, en 2012, reducir a la mitad el dinero destinado al Plan Concertado de Servicios Sociales, y en 2013 otro tijeretazo a la mitad; por tanto de 86 millones de euros que había en 2011 se pasó a 28 millones de euros en 2013. Luego llegó el segundo mecanismo de asfixia, la Ley de Racionalización de Régimen Local, que fue una auténtica soga, tanto para los servicios sociales como para los ayuntamientos. Así que sí, va siendo hora de que hagamos justicia y recuperemos las políticas sociales con la financiación también en los Presupuestos Generales del Estado. Va siendo hora de que volvamos a poner a las personas en el centro de las políticas también en esta Cámara, y no solo en las cámaras autonómicas. Va siendo hora de que recuperemos la autonomía local, que recuperemos los servicios sociales, y que tengamos desde aquí la valentía que sí que han tenido los Gobiernos del cambio y los representemos como se merecen.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sorlí Fresquet.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta.

Señorías, ya les avanzo el voto favorable de mi grupo a esta iniciativa, básicamente por un motivo, y es que los dos puntos que propone esta proposición no de ley los venimos defendiendo en mi grupo desde


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hace mucho tiempo. El primero tiene que ver con la derogación de la Ley 27/2013, conocida como LRSAL, porque fue un ejercicio de recentralización de competencias y de usurpación de competencias a las administraciones locales sin precedentes, lo que hemos venido denunciando hasta ahora, no dejando escapar esta oportunidad para respaldar esta iniciativa. En segundo lugar, porque hoy que justamente se cumplen quince años de una de las últimas grandes mentiras o promesas de un Gobierno central a los catalanes, con aquel "apoyaré el Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlament de Catalunya" -dicho por el incomparable presidente Zapatero-, hablamos también de un incumplimiento reiterado y sistemático por parte de distintos Gobiernos del Estado frente a las comunidades autónomas. Es verdad que ha fluctuado en función de quién gobernase; si gobernaba el Partido Popular se acentuaba un poco más el incumplimiento, y si gobernaba el Partido Socialista se corregía un poco a favor de las comunidades autónomas, pero nunca, nunca, nunca se ha cumplido ese pacto de tercios que había con la Generalitat de Catalunya y con las instituciones autonómicas, donde el Estado, donde el Gobierno central debía asumir un tercio del coste total de las políticas sociales, que no ha hecho nunca, lo que ha obligado a las comunidades autónomas, y al Govern de la Generalitat en este caso, a reorganizar su presupuesto y a buscar fuentes de financiación desde otras partidas presupuestarias para no dejar a las familias desatendidas. Es por eso que, considerando que esta es una proposición no de ley que puede tener poca incidencia sobre las políticas del Gobierno, vamos a votar a favor de esta iniciativa.

Muchas gracias, presidenta. Gracias, señorías.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Miquel i Valentí.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes, señorías.

Hoy debatimos una PNL relativa a impulsar el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales, un plan que fue impulsado en su día por el Partido Socialista, y que se firmó con dieciséis comunidades autónomas, excepto Navarra y Euskadi, ya que disponemos de competencias en esta materia, y por tanto tenemos suficiencia económica para abordar las prestaciones básicas u otras mejoras en el ámbito social. Es un plan como decía para desarrollar una red básica de servicios sociales en el ámbito local para garantizar prestaciones básicas de servicios sociales a toda la población, independientemente de su lugar de residencia. Es una financiación además a tres partes: ayuntamientos, comunidades autónomas y Estado. Es verdad que con la Ley de Racionalización y Estabilidad Financiera se modificaba el sistema de atribución de competencias a municipios, desapareciendo la posibilidad de que los ayuntamientos desarrollasen actividades complementarias a las propias de otras administraciones. En consecuencia la organización del sistema público de los servicios sociales sufrió un profundo cambio, no así en Euskadi por la reserva foral que se reconoce en dicha ley, por lo que los servicios sociales residen fundamentalmente en los ayuntamientos, la entidad más cercana a la ciudadanía, que además no dudan en ampliar sus recursos a tal fin. El excluir a los ayuntamientos de la atención primaria de servicios sociales a nuestro entender es un error, porque como he dicho es la institución más cercana a la ciudadanía, por lo que entendemos que esta competencia debería residir en los mismos, y no se debiera haber revertido al Estado un protagonismo que a lo mejor no le compete, aunque entendemos que la asunción nuevamente de estas competencias por la Administración local conlleva el problema de su financiación en este momento. Solicitar pues la ampliación del plan concertado puede estar bien, pero entendemos que no es suficiente, y que con esto no se arregla ni el tema competencial ni el tema de financiación de estas competencias. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). No deja de ser un parche. Por otro lado no se entiende que el Grupo Podemos, que ha estado negociando los Presupuestos Generales del Estado 2019, haya obviado este tema cuando cree que es vital, y no haya conseguido un posicionamiento del Gobierno en este sentido. Por otro lado también se nos habla de la derogación de la Ley 27/2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. Una ley con la que nosotros fuimos muy críticos, sí -pero como he dicho en nuestro caso salvaguardamos las competencias forales-, pero que tal y como se plantea en esta PNL no responde ni soluciona el problema de la financiación de estas políticas. Podría resolver el tema competencial, pero si no se dispone de financiación suficiente para abordar las mismas de nada o poco sirve, ya que estará supeditada siempre a este tipo de planes estatales en la Ley de Presupuestos, y puede además que no sean suficientes para todos los ayuntamientos.


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Por todo ello, y antes de abordar supresiones de leyes o solicitar vía PNL un aumento de los importes de este plan, se tendrían que abordar este tema u otros temas de calado que van más allá de lo que plantea esta proposición no de ley. Por tanto nuestro grupo en principio se va a abstener.

Muchísimas gracias. Eskerrik asko.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Buenas tardes.

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea nos presenta un tema de reflexión: treinta años. Treinta años no es nada; veinte aún es menos, pero treinta no es nada tampoco. Han pasado cosas en treinta años. Hace treinta años había mejor voluntad en este Congreso de la que hay hoy, porque si no el pacto de Estado que fue el plan concertado no se habría producido. También había una cierta ingenuidad. Dicen que la palabra ingenuidad quiere decir libre en griego. Más ingenuidad, y se creía en la posibilidad de que los servicios sociales fuertes serían capaces de reducir la pobreza. Un auténtico plan de Estado que contemplaba una colaboración económica y técnica para el desarrollo de una amplia red local y un intercambio de información.

En buena parte se ha cumplido. Pero el compromiso financiero, como siempre cuando hablamos de dinero en este país, la voluntad inicial, ésta de -fíjense, porque tiene un cierto sentido común- tres partes: ayuntamientos, autonomías, Estado, todos juntos en unión, no se cumple y siempre quien está más cercano al ciudadano es el que acaba asumiendo una realidad, incluso más allá de sus competencias. Esto es lo que nos ha pasado con el plan concertado: ya en los años noventa se empezó a reducir sensiblemente esta protección del Estado, y ahora -como aquí se ha dicho por la proponente- es ridícula. A mí me cuesta entender que esta gente que se pone en la boca el Estado o la centralización sea luego tan mezquina al repartir el dinero. Es una cierta esquizofrenia política que llevará a estos que creen que en unas próximas elecciones ganarán a que no lo hagan. A veces cuando aquí se hacen aportaciones que dicen: es que si no se aprueban los presupuestos la derecha ganará, oigan, un poco más de confianza en el pueblo español, yo la tengo en el pueblo de Cataluña. Yo creo que si hay elecciones ganarán los progresistas, porque la gente está cansada del monotema, está cansada de que cualquier tema sea: contra los independentistas, los comunistas resucitados, los separatistas. Esto cansa. La gente quiere que le solucionen sus problemas. (Aplausos). Y esto, por ausencia de la derecha -no son Merkel, qué lejos están de Merkel-, les toca a ustedes. ¡Un poco más de brío, señores del PSOE! ¡Más confianza! (Aplausos). Es posible que no aprueben los presupuestos, pero se pueden hacer muchas cosas hasta las próximas elecciones... ¡y ganarlas! Porque hay que salir a ganar y a negociar y a hacer de este país no un espacio de gladiadores a ver quién la dice más gorda, hoy hemos empezado con el discurso de Rivera, ¡por favor! ¿Tenía algo que ver con la policía? Nulo. Tenía que ver con el monotema. Y luego otros han seguido por el mismo camino.

Pues miren: aprendamos del plan concertado, pero hagamos otra cosa. En estos momentos la sociedad ha cambiado mucho. En estos treinta años hay 13 millones de personas, ciudadanos españoles; sí, 13 millones -más que los votos que tiene toda esta bancada junta- que están en principio de exclusión social, que no se ajustan en su mayoría al modelo inicial de hace treinta años. Antes la pobreza era igual a exclusión social. Hoy hay pobres, muchos pobres que trabajan y están excluidos socialmente. Eso es lo que nos ha de preocupar. La dignidad, la bandera, son trapos si no somos capaces de hacer que la gente viva mejor y no vea a su vecino como a un enemigo. Nos podemos ver como adversarios; yo soy independentista, soy adversario de algunos de ustedes, pero enemigo nunca. A ver si lo entienden y nos dejamos de chorradas. (Aplausos). El pueblo español y el pueblo catalán se merecen respeto, y desde esta tribuna mucho más respeto. Por eso, de acuerdo con esta propuesta, intentaremos limar heridas, no poner alcohol, sino limar heridas para que en este país los pobres sean menos pobres y los ricos más generosos, ¡hombre! (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olòriz.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sahuquillo García.

El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Presidente, señorías, buenas tardes.

Como bien dice el grupo proponente -y se recuerda en su iniciativa- se cumplen treinta años de la puesta en marcha por el Gobierno socialista de Felipe González del Plan Concertado de Prestaciones


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Básicas de Servicios Sociales, que nació con la finalidad de mantener y proporcionar a las personas unos servicios sociales adecuados para cubrir sus necesidades, cofinanciando proyectos para el desarrollo de prestaciones básicas de información y orientación, ayuda a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia, alojamiento alternativo y prevención e inserción social. Un dato: actualmente en España hay 5,8 millones de personas que reciben atención de esta red social, en la que trabajan 62 000 profesionales. Por tanto para nosotros la consolidación de un sistema público y de calidad de servicios sociales siempre ha sido y sigue siendo una prioridad; un sistema capaz de hacer efectivo el derecho de acceso de la ciudadanía a un conjunto de servicios sociales básicos que garanticen la protección social a todas las personas que viven en España, y evidentemente el plan concertado era y es un instrumento básico para lograrlo.

En 1988 el entonces Ministerio de Trabajo y Seguridad Social firmó con las comunidades autónomas un plan para desarrollar una red básica de servicios sociales en el ámbito local que garantizase prestaciones a toda la ciudadanía, independientemente de cuál fuera su lugar de residencia. Se trató de un verdadero pacto de Estado que durante sus primeros años experimentó un fuerte impulso, lo que permitió su consolidación, así como ampliar todos los equipamientos complementarios, lo que facilitó a su vez la puesta en marcha de importantes servicios que beneficiaron a muchos ciudadanos en situaciones de vulnerabilidad. Inicialmente existía un compromiso de financiación a terceras partes del coste de esta red entre la Administración General del Estado, las corporaciones locales y las comunidades autónomas, que en los años noventa llegó a suponer una aportación por parte de la Administración General del Estado de más del 25 % de su coste. Ahora, tras los recortes del Partido Popular, es de apenas un mísero 2,9 %.

Venimos denunciando reiteradamente durante los siete años de gobierno del Partido Popular que se ha llevado a cabo de manera intencionada el desmantelamiento de los servicios públicos y concretamente de los servicios sociales, como demuestra lo que hoy aquí nos ocupa, pues la dotación del plan concertado paso de 87 de millones de euros en 2011 a 47 en 2012, primer presupuesto del Partido Popular. De ahí pasó a poco más de 27 millones de euros en 2013, y así reiteradamente en los ejercicios presupuestarios siguientes, hasta llegar a un recorte de más del 66 % en un momento en el que se estimó que el aumento de la demanda de ayuda por emergencia social se incrementaba en un 200 %.

El Partido Popular, para justificar lo injustificable, siempre ha utilizado la herencia recibida, e incluso la merma de 8 millones de euros de 2011 con respecto a 2010, obviando que el Grupo Parlamentario Socialista enmendó los Presupuestos General del Estado de ese año para reponer 3 millones de euros; cosa que ustedes no han hecho en los siete presupuestos que han gestionado. Y tampoco hablan del recorte que en su día hizo Zaplana del 6 %. ¿Se acuerdan de la época esa del 'España va bien'? De eso sí se acordarán, de lo que seguro que ya no se acuerdan es de Zaplana, como tampoco quieren acordarse ya ni de Cospedal. Pero de quien yo sí me acuerdo hoy es de quien realmente se ensañó con los recortes al plan concertado, que no es otro que Juan Manuel Moreno Bonilla, quien desde su cargo de secretario de Estado de Servicios Sociales fue el verdadero brazo ejecutor de estos recortes, el que se descartaba como aspirante a liderar el PP andaluz a las elecciones: yo no quiero ser candidato y no voy a ser candidato, decía en 2013. Pero el Partido Popular, no contento con esa falta de financiación, añadió la mal llamada Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, lo que supuso un ataque frontal a la red de servicios sociales, ley que aprobó en 2013 en solitario, con su mayoría absoluta, y que hizo contra todo y contra todos, lo que llevó a que se presentasen recursos de inconstitucionalidad por diputados de este Parlamento, por bastantes comunidades autónomas y por más de 3000 ayuntamientos, recursos que el Tribunal Constitucional estimó parcialmente.

Esta ley hecha a golpe de ideología demostró lo que ya sabíamos: que para el Partido Popular el municipalismo no es más que una mera unidad gestora. Nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, y este Gobierno sabemos que es desde la proximidad que dan los ayuntamientos desde donde mejor se solucionan los problemas sociales y desde donde mejor se lucha por la igualdad y la cohesión social. Por ello la ministra Batet ha manifestado la necesidad de abordar reformas en este sentido, con el fin de que las entidades locales recuperen las capacidades competenciales y gestoras en la línea de la sentencia del Tribunal Constitucional. (Aplausos).

Señorías, termino. Estamos persuadidos de que la política y la economía deben estar al servicio de las personas, fundamentalmente de los más vulnerables, y trabajamos para recuperar lo retrocedido durante los Gobiernos del Partido Popular. Por este motivo y para reactivar el pacto con la ciudadanía entendemos fundamental la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, por responsabilidad, señores del PP, que a ustedes se les llenó la boca cuando estaban gobernando, lo que


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permitiría, entre otras cuestiones, que las entidades locales reflejasen en sus presupuestos las inversiones financieramente sostenibles que decidan llevar a cabo.

Por todo lo expuesto y por nuestro firme compromiso con unos servicios sociales de calidad, apoyaremos esta iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Sahuquillo.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Navarro Lacoba.

La señora NAVARRO LACOBA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, esta tarde una vez más Podemos interpreta su mejor papel: saca su cara más dulce a esta tribuna e interpreta el Robin Hood de los servicios sociales, pero yo les emplazo a que salgan a la calle para escenificar su populismo a ver a quiénes engañan, desde luego a más españoles no; se les ha caído la careta, cada vez que anuncian una política social se les cae la careta. Hay tantos ejemplos que no sé por dónde empezar. Por ejemplo, política social de vivienda: casoplón en Galapagar; política de bienestar y nutrición en Venezuela: se come tres veces al día -lo dice Íñigo Errejón-; o, por ejemplo, en contraprestación a su apoyo a la investidura, ustedes no pidieron vía decretazo una inyección para paliar la pobreza y la exclusión social en España, no, ustedes se pidieron Radiotelevisión Española y el control de los medios de comunicación. (Aplausos). Pero sí, esta tarde suben a la tribuna Podemos y el Grupo Socialista -que están ustedes que parecen la pareja de Pimpinela, están encantados de haberse conocido- y alardean de ese aumento que van a hacer, vía Presupuestos Generales del Estado, para la financiación del plan concertado.

Señorías, ¿qué nos estamos perdiendo? ¿Es que va a haber Presupuestos Generales del Estado? ¿Es que el vicepresidente económico del presidente Sánchez ha llegado a un acuerdo con los independentistas? ¿Es que ha sacado fruto de su periplo por las cárceles catalanas? No, señorías, nosotros lo sabemos y ustedes también lo saben: no va a haber Presupuestos Generales del Estado, pero han utilizado esta tarde esta iniciativa para tener un poco de guiño social. Pero miren, el plan concertado, como muy bien han dicho aquí otras señorías esta tarde en la tribuna, fue fruto de consenso, de concordia, de la que había en el año 1988 en esta Cámara, de la que sentó las bases para establecer los servicios sociales básicos, la cuarta pata del Estado del bienestar, para homogeneizar el acceso a los servicios sociales universales en condiciones de igualdad en todo el territorio. Y sí, hoy atienden a más de siete millones de españoles, y se extienden a través de una red que prestan los ayuntamientos en más de seis mil municipios de España, y sobre todo que facilitan los empleados del plan concertado, los trabajadores sociales. Esos son los profesionales a los que esta tarde el Grupo Parlamentario Popular les va a rendir homenaje, porque son el primer rostro, la primera cara, la primera mano que tienden a los ciudadanos que más lo necesitan (aplausos) cuando acuden precisamente a la Administración más cercana que tienen, a su ventanilla, a la ventanilla de un ayuntamiento.

Ustedes han seguido haciendo una puesta en escena esta tarde aquí aprovechando para dar cera al Partido Popular. Recortes, privatizaciones, desmantelamiento son sus palabras fetiche, ya las tienen incluidas y las dicen de carrerilla. Pero ¿quién dijo que el plan concertado estaba obsoleto? Un secretario de Estado del Partido Socialista, sí. ¿Y quién les ha asegurado el plan concertado? El Partido Popular, con 100 millones de euros en los últimos Presupuestos Generales del Estado para el plan de apoyo a la familia y lucha contra la pobreza infantil, prestaciones sociales básicas. Y eso se hace porque hasta ayer -solo hasta ayer- España crecía económicamente y España creaba empleo, que es lo que pasa cuando gobierna el Partido Popular. Por eso hemos podido liderar los dos presupuestos más sociales de toda la historia de la democracia, destinando 7 de cada 10 euros a gasto social en 2017 y en 2018. ¿Y saben por qué? Porque las personas son el centro de nuestras políticas, de las políticas del Partido Popular. Y ustedes no pueden decir lo mismo, sus recetas ya las conocemos: más paro y más pobreza. ¿Y saben por qué? Porque ya la están empezando a cocinar: subida del impuesto al gasoil, subida del impuesto a los autónomos, subida del impuesto tecnológico, subida del impuesto a la banca. El Grupo Parlamentario Popular esta tarde no puede votar en contra de las medidas que frenaron la crisis del país y que garantizaron la sostenibilidad de los servicios sociales. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia).

Les voy a recordar que se aprobó un catálogo de prestaciones sociales básicas en 2013 con el acuerdo de todas las comunidades autónomas, cualquiera que fuese su signo político, que además se puso en marcha el Plan de Pago a Proveedores, al que pudieron acogerse los ayuntamientos para la


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sostenibilidad de los mismos, y que 3000 millones se destinaron a las entidades del tercer sector, que son clave para prestar los servicios sociales. Además, hubo una ley de racionalización y sostenibilidad de las entidades locales, que ha permitido volver a distribuir el marco de competencias; y que las competencias sociales son de las comunidades autónomas, pero nada impide que las puedan prestar los ayuntamientos. De hecho, nosotros estamos completamente de acuerdo en ello, porque es la Administración más cercana, pero eso sí, con la transferencia financiera suficiente para que los ayuntamientos puedan hacerlo. (Aplausos).

Así que si quieren trabajar en servicios sociales, pónganse a trabajar, como muy bien ha dicho su señoría de Ciudadanos, en la financiación autonómica, en la reforma de la financiación autonómica, y reclamen que esta sea finalista para los servicios sociales, porque las comunidades autónomas hacen como una gran canción de un gran autor español: volando voy, volando vengo y por el camino yo me entretengo, y pasa lo que pasa en Andalucía ¿verdad?, que mucho dinero se pierde. ¿En qué? En puticlubs y otras viandas.

Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Navarro Lacoba.

Señora Marcello Santos, a los solos efectos de si aprueba o no la enmienda presentada, tiene la palabra.

La señora MARCELLO SANTOS: No.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. (Número de expediente 162/000822).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Muñoz González.

El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Buenas tardes. Gracias, señora presidenta.

Subo a la tribuna para defender la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta proposición no de ley, aparte de tener este contenido, en primer lugar, claro, tiene un sentido de crítica a la situación en la que nos encontramos en este Parlamento porque desde mayo de 2017, en que se tomó en consideración una proposición de ley de un grupo parlamentario en esta Cámara, tendente a la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esta iniciativa, por sucesivas prórrogas, sigue estando paralizada. Por tanto, es también esa función de denuncia de esta situación lo que ha hecho que nuestro grupo haya presentado y defienda hoy en la tribuna esta iniciativa parlamentaria.

La reforma que operó con mayoría absoluta el Gobierno del Partido Popular en el año 2015 produjo una modificación del texto del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal hasta el punto de fijar unos plazos máximos para la investigación para la instrucción de los delitos. Pretendiendo envolver aquello en una suerte de buscar la fórmula de decir que la justicia si no es rápida no hay justicia, lo que en definitiva estaba buscando esa iniciativa parlamentaria que desgraciadamente vio la luz, fue aprobada, se publicó y es aplicada -y bien que fue aplicada por el Gobierno del Partido Popular-, lo que conllevó ni más ni menos fue la impunidad de muchas causas, causas que necesariamente son complejas en su estudio porque están relacionadas fundamentalmente con delitos asociados a la corrupción política. Esos delitos llevan una instrucción en la que hay que efectuar comisiones rogatorias, hay que buscar las pruebas y hay que hacer una investigación que necesariamente lleva tiempo y por eso la forma más rápida de acabar, la forma más rápida de crear una situación de impunidad que se le ocurrió al Partido Popular fue precisamente, como digo, modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que, poniendo un plazo a la instrucción, de esta forma se llegase ni más ni menos que a la no imputabilidad y, por tanto, a la exoneración de responsabilidad de responsables políticos que habían cometido delitos relacionados con la corrupción.

Eso fue criticado en la fase de estudio por los distintos órganos consultivos. El Consejo de Estado criticó fuertemente esa modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo criticó también mucho más


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fuertemente incluso el Consejo Fiscal cuando además estaba diciendo que no se podía poner la capacidad de pedir la prórroga en los plazos que se prevén en este artículo en manos del ministerio fiscal porque, siendo el ministerio fiscal una de las partes acusadoras, no tenía ningún sentido que fuese aquel al que se le dejaba la única capacidad para que pudiese prorrogarse la instrucción. También fue criticado por el conjunto de las asociaciones con independencia de su sesgo ideológico, las asociaciones judiciales y las asociaciones de fiscales, que cuando iba a entrar en vigor también se refirieron a esta iniciativa, pidiendo que esta situación de impunidad no se llevase a cabo. Todo eso fue desoído por los Gobiernos del Partido Popular.

Y necesariamente cuando suba aquí a la tribuna el representante del Partido Popular volverá a decirnos aquello de que en el año 2011, al final de la legislatura en la que gobernaba el Partido Socialista, se puso en marcha un anteproyecto de un nuevo código procesal en materia criminal, pero se le olvidará decir, y por eso ya lo digo yo, que era un modelo distinto al que tenemos, que era un modelo en el cual la instrucción se le otorgaba al ministerio fiscal y la garantía de los plazos de la instrucción quedaba en manos de una figura neutral en la instrucción como era el determinado como juez de garantías. Por tanto, nada que ver con la barbaridad que se llevó a cabo por el Partido Popular cuando modificó en 2015 esta decisión parlamentaria que hoy hace que volvamos a pedir que el Congreso inste a quien corresponda, que en este caso es un órgano de esta Cámara, la Mesa de la Cámara, a que de una vez deje de prorrogar los plazos de enmienda. Cincuenta y tres plazos de enmienda son los que pesan desde mayo de 2017 que están impidiendo que se siga adelante con la tramitación parlamentaria de algo que el Congreso tomó en consideración en el debate de toma en consideración. Y no solo fue una iniciativa, por ejemplo, en este caso del Grupo Podemos, sino que en otras iniciativas que también se tomaron en consideración hubo alguno de los grupos que componen la mayoría en la Mesa y que son los que bloquean este tipo de iniciativas como se puso de manifiesto en la necesidad de reformar el artículo 110 del Reglamento de esta Cámara en una iniciativa que tuvo que presentar el Grupo Parlamentario Socialista de modificación del reglamento, que se debatió y se tomó en consideración la semana pasada. Tuvimos que decir y poner sobre la mesa que este tipo de actuación, de violentar el reglamento de esta forma y este tipo de utilización en abuso de derecho de una fórmula que está utilizando la Mesa de la Cámara sin una cobertura legal porque lo que dice el reglamento no es aquello que se aplica, sino un uso parlamentario y por eso no tiene ningún sentido que sigamos con esta situación y tenemos que ir a la razón de esta iniciativa.

Esta iniciativa lo único que va a intentar es poner coto a que no sigan prescribiendo investigaciones que tienen un contenido fundamental, que es el contenido que algunos grupos parlamentarios han dicho en esta Cámara que defienden, pero que con sus actos, como, por ejemplo, el Grupo Ciudadanos, bloqueando este tipo de iniciativas en la Mesa lo que hacen es aquello que es lo contrario a lo que predican que hacen. En este sentido, nosotros proponemos que esta iniciativa se apruebe hoy, pero que la consecuencia de esta decisión que adopta el Pleno de la Cámara en este acto político que constituye aprobar una proposición no de ley sea que a partir de la semana próxima la Mesa del Congreso deje de bloquear iniciativas de este tipo para que, tomadas en consideración, se debatan y para que no tengan que pasar meses. Por eso no deja de sorprendernos -aunque relativamente, conociendo al Grupo Ciudadanos- que nos haya presentado una enmienda a nuestra proposición no de ley, que en el fondo son dos enmiendas -será por un error que han cometido ustedes-, porque el texto que proponen es el mismo que el nuestro, aunque hay otro segundo texto que proponen; es un dos por uno. En todo caso, no tiene mucho sentido que no aprueben esta iniciativa estando en su mano, como lo está, hacerlo junto con el resto de los grupos, lo que no está en manos del resto de los grupos es que cesen ustedes en el bloqueo. Dejen de ser los cancerberos de las iniciativas que toma en consideración la mayoría de esta Cámara, porque eso sí que es subvertir.

Durante esta tarde hemos asistido a un debate en el cual algunos de los miembros de los grupos parlamentarios del Partido Popular y de Ciudadanos han venido a hablar de la recuperación de las formas democráticas. Una manera de recuperar las formas democráticas es que, cuando una mayoría en este Congreso tiene un sesgo político, eso también se traduzca en las actuaciones que lleve a cabo la Mesa y no bloquear, no hacer política desde la Mesa, sino hacer una labor puramente técnica de calificación de los escritos y de impulso de los mismos, porque eso es lo fundamental en el derecho parlamentario hasta la consecución de la finalidad, que es el trámite parlamentario. Porque lo que está en juego aquí es que cada vez que ustedes, el Partido Popular y Ciudadanos, bloquean esta iniciativa van prescribiendo en los juzgados españoles instrucciones complejas, complicadas y que atañen a casos muy importantes


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relacionados con la corrupción política. Por tanto, rechazaremos su enmienda y solicitamos al conjunto de los grupos que apoye esta iniciativa.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Muñoz González.

Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.

El señor PRENDES PRENDES: Gracias, señora presidenta.

Señorías, la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Socialista es curiosa. La función de orientación, que es la que se cubre con las proposiciones no de ley, es una función de orientación al Gobierno o a instar a alguna entidad u organización pública, en su caso, que tiene funciones ejecutivas a que despliegue o desarrolle determinada política. Lo curioso de esta proposición no de ley es que el Congreso se insta a sí mismo a desarrollar una determinada tarea legislativa en el sentido que pretende el Grupo Socialista. Y es una cuestión -llamémoslo así- bastante excéntrica, que no se corresponde exactamente con el objetivo de la función de orientación. En cuanto a la forma, es evidente que, cuando la proposición no de ley insta a acelerar la tramitación de la proposición de ley de derogación del plazo máximo tomada en consideración, estarán instando a los grupos parlamentarios, que son los que tienen en su mano, en su caso, la tramitación de las distintas iniciativas legislativas. Por tanto, vuelvo a decirlo, hay una función de orientación un poco en vacío.

Más allá de eso y respecto al fondo del asunto, estamos de acuerdo. Y tan estamos de acuerdo con esta iniciativa que esta es una iniciativa que se toma en consideración el día 9 de mayo de 2017 y dos meses antes, exactamente el día 21 de febrero de 2017, una iniciativa similar, más amplia -luego explicaré por qué- pero, en todo caso, en la que se contemplaba la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, había sido tomada en consideración en esta Cámara, y había sido tomada en consideración a instancia e iniciativa de mi grupo parlamentario, de Ciudadanos. Por lo tanto, estamos de acuerdo con el fondo del asunto. Compartimos la necesidad de derogar este límite máximo a la instrucción. Lo considerábamos así por dos cuestiones. En primer lugar -y ahora se puede constatar de forma objetiva-, porque no iba a ser un instrumento útil para agilizar la tramitación de los procedimientos penales. Ahora ya sabemos que eso ha sido así, porque las últimas estadísticas que publica el propio Consejo General del Poder Judicial están a su disposición y ahí se puede contemplar cómo los tiempos medios de tramitación de los procedimientos penales, precisamente aquellos afectados por el artículo 324, tanto las diligencias previas como los sumarios, no solo no se han acortado, sino que se han aumentado esos tiempos medios de tramitación. Por tanto, no ha sido un instrumento útil.

En segundo lugar, nos parecía que el derecho fundamental a un procedimiento sin dilaciones indebidas forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 y exige que los procedimientos judiciales, especialmente los penales, se tramiten en el tiempo más breve posible. Pero lo cierto es que en la realidad de nuestros juzgados y tribunales ni se ha abordado una reforma legislativa del procedimiento penal -como todos deseamos y llevamos exigiendo desde hace tiempo- ni se ha abordado una reforma de la estructura de nuestra planta judicial y ni siquiera se ha conseguido la digitalización y la modernización de la justicia y una dotación de medios y recursos materiales y humanos suficientes. Ante esa falta de medios, no se puede empezar a construir la casa por el tejado imponiendo unos plazos a la tramitación que en muchos casos han hecho que algunos procedimientos penales bordeasen la impunidad. Desde luego, en el combate contra la corrupción, en el combate contra esa lacra que carcome los cimientos de nuestra democracia, no estamos dispuestos a ponerles más obstáculos a nuestros juzgados y tribunales y a nuestros fiscales, que son los que están combatiendo -como digo- contra la lacra de la corrupción en primera línea. (Aplausos).

Precisamente por eso le digo al portavoz del Grupo Socialista que creemos que la simple derogación del artículo 324 es un puro parche; lo que necesitamos son muchas más medidas eficaces. Por eso, esta medida de supresión del artículo 324 se contempla en la proposición de ley integral contra la corrupción que vuelvo a repetir que fue tomada en consideración aquí el 21 de febrero de 2017 y que se encuentra tramitándose en esta Cámara. En ella se contempla la derogación del artículo 324 a instancias de Ciudadanos, pero, además, una batería de medidas que son absolutamente imprescindibles para combatir la corrupción: aprobar un estatuto del denunciante de corrupción para proteger a los denunciantes; crear una autoridad independiente de integridad pública; regular la actividad de los lobistas; reformar la Ley de transparencia; regular, por ejemplo, la prohibición de concurrir en listas electorales a los políticos a los que


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se les haya abierto juicio oral y a los que estén acusados de delitos de corrupción; o incorporar el delito de enriquecimiento ilícito de autoridades y funcionarios, que es otra petición de los fiscales e incluso del Fiscal General del Estado en sus memorias de forma reiterada.

Esa pluralidad de medidas son las que tenemos que implementar para combatir con eficacia la corrupción y toda esa serie de medidas son las que permanecen bloqueadas, señor Muñoz. Permanecen bloqueadas en la ardua tramitación parlamentaria que, dada la pluralidad de la composición de esta Cámara, se vuelve complicada y difícil para todos los procedimientos y para todas las proposiciones, señor Muñoz; para las suyas, pero también para las nuestras y para las del resto de los grupos. (Aplausos). Precisamente ustedes y el Partido Popular han estado bloqueando la tramitación de esta proposición de ley integral contra la corrupción en la cual vuelvo a decir que vamos mucho más allá de lo que ustedes contemplan con esta derogación del artículo 324. Han estado bloqueando toda esta retahíla de medidas y alguna más que no me da tiempo a desgranar. Por lo tanto, le insto a aprobar la enmienda de Ciudadanos, en la cual vamos más allá de la derogación del artículo 324. Vamos al desbloqueo, al corazón de las medidas que son necesarias para atajar de forma eficaz, decidida e integral la corrupción. Por eso, si usted está dispuesto a apoyar lo menos, estoy seguro de que también estará dispuesto a apoyar lo más y, por tanto, estoy seguro de que estará dispuesto a apoyar la enmienda que ha planteado Ciudadanos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Prendes.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, cuando la derecha española tiene que elegir entre realismo y ordeno y mando, ya saben, siempre elige el ordenancismo, siempre elige esa confusión de medios y fines, ese arbitrismo, y piensa que simplemente con algunas disposiciones que coloquen plazos, como en este caso, se pueden solucionar problemas de tanta complejidad como los que afectan al enjuiciamiento, a la instrucción de los procedimientos criminales. Nosotros, en Compromís, siempre vamos a apoyar la derogación de ese artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y ahora también lo vamos a hacer, porque, aunque efectivamente tenemos textos normativos que están todavía esperando su debida tramitación, no está de más que en una proposición no de ley de estas características se acuda también al efecto propagandístico que tiene el hecho de que haya una mayoría de la Cámara que reitere algo que debía haberse solucionado hace ya mucho tiempo. Este artículo 324 es un texto que parece que nos viene de un remoto pasado, allá del año 2015, traído por el nada llorado exministro, señor Gallardón, que nos dejó eso más otras lindezas como las tasas judiciales y otras cuestiones de las que ahora ya nadie quiere acordarse, pero que no acabamos de solucionar de una vez por todas.

Entendemos que este es un buen momento y vamos a apoyar esta proposición no de ley. Además, esto es algo que tanto la ciudadanía como todos los operadores jurídicos están pidiendo, y en eso ha habido un consenso de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia para que se avance en esta línea. Evidentemente, hace falta trabajar en otras cuestiones, hemos de llegar al papel cero, hemos de desatascar los juzgados, pero demos este primer paso y recordemos cuál es la voluntad de la Cámara en este sentido.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bataller i Ruiz.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Muñoz, espero que ni se le ocurra, como ha dicho, aceptar la enmienda que les presenta Ciudadanos. Hoy el Grupo Socialista nos ha venido a evidenciar que en esta Cámara se bloquean sistemáticamente a antojo del Grupo Ciudadanos y del Grupo Popular aquellas iniciativas que no les gustan o no les apetece tramitar por el motivo que sea y, en cambio, son los mismos que vienen aquí a reivindicar que ciertos lazos amarillos les causan estupor, rubor o incluso les incomodan, aquellas personas que tienen la desfachatez de incendiar las calles para poder provocar porque es así donde encuentran su caldo de cultivo, aquellas formaciones políticas que solo tramitan las que les vienen en gana. Quiero recordar que fue Ciudadanos el que dinamitó específicamente el pacto por la Justicia o el que hizo saltar por los aires una Comisión de calidad democrática en la que teníamos que tratar lo que era el denunciante


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de corrupción presentando su propia iniciativa al margen del resto de fuerzas políticas cuando lo que esperaban los ciudadanos era que hubiese un consenso para poder dar una solución a esta cuestión tan importante.

Nosotros daremos apoyo a esta proposición no de ley. Esperemos que se pueda tramitar la derogación de este artículo 324. Es un artículo que, como se ha dicho, pone trabas a tener una tutela judicial efectiva y además prohíbe al juez instructor, que hoy en día es en quien recae la instrucción de los casos judiciales, que pueda solicitar las prórrogas si así lo considera oportuno por la complejidad del caso; tal y como está redactado, solo puede solicitar las prórrogas el fiscal si atiende a una determinada complejidad el asunto. Por tanto, es un artículo puesto para que pudiesen vencer plazos de instrucción de causas complejas y que daba amparo a situaciones nada deseables y que debían ser bajo todos los conceptos juzgadas y que, curiosamente, han visto el freno en esta Cámara a instancias del Partido Popular y de Ciudadanos. Estamos de acuerdo con el Grupo Socialista. Votaremos a favor esta proposición no de ley y esperamos poder desarrollar una proposición que derogue este artículo 324 y favorezca la tutela judicial efectiva.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Ciuró i Buldó.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Se trae a debate por el Grupo Parlamentario Socialista el controvertido artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fue modificado por la Ley 41/2015 para limitar la duración de la fase de instrucción de los procesos penales. Esta modificación se produjo solo con el apoyo de la mayoría absoluta del Partido Popular y con la oposición mayoritaria de los profesionales de la justicia, que sostenían y sostienen que no se pueden acortar los plazos sin incrementar los medios, tanto humanos como materiales. Esta falta de medios, ya desde la aprobación de la reforma, está suponiendo falsos sobreseimientos provisionales, declaraciones abundantes de causas complejas, acusaciones poco fundadas, ya que no cabe el archivo salvo por motivos generales de la Ley de Enjuiciamiento, ni practicar diligencias fuera de plazo, ya que serían inválidas. A esta situación, la de haber hecho una reforma sin tener en cuenta la situación real de la justicia, se añade la circunstancia de que se dejan en manos de la fiscalía las prórrogas de las diligencias de instrucción, lo cual supone una incongruencia y un desapoderamiento de los juzgados o de los jueces de instrucción. Es una incongruencia ya que, según la Ley de Enjuiciamiento, la instrucción la dirige el juez de instrucción y, además, porque es un desapoderamiento de este en favor de la fiscalía, a la que, además, se la percibe, históricamente, dependiente del Gobierno.

Lo hasta el momento señalado ha llevado a este Grupo Parlamentario Vasco, en las ocasiones en que hemos debatido esta cuestión, a apoyar las reformas de este artículo 324 y que ahora volveremos a hacer con ocasión de la iniciativa que debatimos. Sin embargo, también hemos señalado en esas mismas ocasiones que la duración de la instrucción no puede ser ilimitada. La instrucción debe tener una duración limitada. Una pena de banquillo no puede durar años, sin limitación, salvo que hablemos de un Estado inquisitorial o policial, algo que consideramos inaceptable en nuestro Estado de evolución cultural. No podemos desconocer los perjuicios que supone para el investigado o inculpado una pena de banquillo sine die. Por eso, el Estado debe tener un tiempo limitado para investigar a los ciudadanos y, por eso también, en nuestra cultura democrática no caben las causas generales contra la ciudadanía.

En definitiva, una instrucción sin tiempo vulneraría el principio de seguridad jurídica, el derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas y las garantías procesales y de derechos fundamentales de las partes. Pero de la misma manera que una instrucción no puede tener duración ilimitada, el derecho fundamental a un juicio sin dilaciones indebidas que predica el artículo 24.2 de la Constitución tampoco puede basarse en plazos que no se puedan cumplir y que se excepcionan una vez tras otra, sino que debe basarse, como decíamos, y hay consenso en esto, en más medios humanos y materiales y mejor organización judicial.

Voy finalizando, presidenta, manifestando que daremos nuestro apoyo a la iniciativa debatida, en congruencia con el mismo apoyo dado a iniciativas similares tramitadas con anterioridad en esta Cámara.

Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Legarda Uriarte.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.


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La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta. Bona tarda, diputades i diputats.

A los seis meses de la entrada en vigor del nuevo artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, las asociaciones de jueces y magistrados, uniones de fiscales y sindicatos de letradas de la Administración de Justicia ya pusieron en evidencia la inoperatividad de esta reforma, que pretendía la agilización de la Administración de Justicia y que, sin embargo, ha conseguido todo lo contrario, inseguridad jurídica y no garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva. Dicha medida de acortar los plazos de instrucción y los procedimientos penales no ha servido para la función a la que estaba destinada; estamos igual o peor. Aun así, votaremos a favor de esta derogación, pero dejando constancia de que esto es una proposición no de ley, que, por si hay gente que nos escucha y no lo entiende, no sirve de nada, ya que su carácter vinculante es nulo, solo insta al Gobierno. Si realmente se quiere derogar, que se dejen de bloquear las proposiciones de ley, se traigan al Pleno, se voten y sirvan para derogarlo de manera efectiva.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Telechea.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz.

El señor SANTOS ITOIZ: Mila esker, presidente andrea. Buenas tardes a todos y a todas.

En primer lugar, agradecemos al Grupo Socialista este apoyo en favor de que se tramite nuestra proposición de ley de derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dado que ha sido este grupo el que ha promovido esta derogación o esta eliminación de la reforma que, como se ha dicho aquí, se impuso con mayoría absoluta del Partido Popular y que ha traído una serie de inconvenientes, tanto técnicos como procesales, de difícil aceptación en la legislación actual. Todos y todas estamos de acuerdo en que tenemos una Ley de Enjuiciamiento Criminal absolutamente vetusta, con una serie de procedimientos que casan poco entre sí. Estamos hablando de procedimientos abreviados, de sumarios y diligencias urgentes, del Tribunal del Jurado, todos y cada uno de ellos con sus especificidades.

Desde el punto de vista ideológico, porque en el derecho procesal penal también existe ideología, la agilización, que es lo que se pretende, siempre tiene que ver con otro lado de la balanza, que son las garantías procesales, las garantías que se dan a la persona enjuiciada a la hora de someterla a un proceso inquisitivo por parte del Estado que puede acabar en una sanción penal. Aquí hay una doble vara de medir. Es evidente que en las ilegalidades populares sí se han hecho reformas, singularmente en el año 2013, también con mayoría absoluta del Partido Popular, en las cuales hemos hablado de diligencias urgentes y de conformidades privilegiadas. Es decir, que a la gente que comete la mayoría de las ilegalidades en este país -hablemos de poca monta- se le somete a un proceso rápido donde se disminuyen las garantías y donde muchas veces está obligado a aceptar una coacción implícita -cualquier abogado de guardia en un juzgado lo sabe-, en la cual o hay una conformidad o se puede aumentar la condena, eso sí, renunciando a la posibilidad muchas veces de defenderse.

Sin embargo, en otro tipo de ilegalidades -recordemos que el debate sobre el artículo 324 se produjo en un contexto en el cual estábamos hablando de grandes casos de corrupción- se quitan de una u otra manera armas, en este caso al ministerio fiscal y a los juzgados, para perseguir este tipo de delitos. Podemos hablar mucho sobre el fondo del asunto, y ahí está la atenuante normalmente simple o muy cualificada de dilaciones indebidas para corregir excesos en la instrucción, así como también el ejercicio del derecho de gracia e indulto; podemos hablar muchísimo sobre el fondo, y aquí entraría a debatir con el señor Legarda muchísimas cosas que nos parecen muy interesantes. Pero en el fondo y en la forma estamos debatiendo aquí la necesidad de derogar una proposición que no ha solucionado nada y más bien ha sometido a un estrés inmerecido al sistema penal, con una serie de consecuencias que se derivan de que es el ministerio fiscal el que tiene que determinar cuáles son las causas simples y las complejas en detrimento de otro tipo de acusaciones, y no se sabe muy bien cuáles son las consecuencias de no hacer la prueba en ese momento, no se sabe muy bien cuáles son las consecuencias de llevar un tema a juicio sin las pruebas suficientes. Por tanto, sin dotar de medios a los juzgados o tribunales, esto puede derivar, como aquí se ha dicho y se reitera, en una impunidad generalizada de muchos de los temas relativos a instrucciones que son complejas porque afectan a ilegalidades más tecnificadas y, por tanto, de gente que sabe más y mejor cómo delinquir o está mejor asesorada.

Es evidente que lo tenemos que apoyar. Y en este apoyo a mí me sorprenden algunos de los discursos que hemos escuchado aquí, singularmente el de Ciudadanos, que dice que, efectivamente, hay que perseguir la corrupción y hay que tirar hacia delante con este asunto. Ahora bien, como lo mejor es


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enemigo de lo bueno siempre hay una excusa, que es que como tenemos otra ley mucho mejor, más bonita, más ómnibus y en la que hemos mezclado de todo, vamos a tramitarla, y esta, que es sencilla, que consiste solo en derogar un artículo, que se quede en el cajón, porque ya haremos lo que nosotros hemos propuesto que tenemos que hacer, que es, evidentemente, la solución a todos nuestros problemas. Igualmente yo podría decir: hagamos una nueva ley de enjuiciamiento criminal. Es evidente que también es la solución a nuestros problemas, pero van y se lo explican ustedes a los juzgados o tribunales, los que hoy en día están soportando todo este tipo de conflictos.

Por otro lado, me gustaría dirigirme al Partido Popular, porque es verdad que el anterior ministro de Justicia, señor Catalá, y el presidente de su partido, como a ustedes les gusta llamarle, presidente Casado, se reunieron con todas las asociaciones judiciales y públicamente se comprometieron a esta derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. No sé qué tipo de discurso van a hacer hoy ustedes aquí o si harán honor o no a la palabra públicamente dada por su presidente Casado, pero estamos impacientes por escucharles.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Santos Itoiz.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor De Barrionuevo Gener.

El señor DE BARRIONUEVO GENER: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, en el año 2015 el Grupo Parlamentario Popular introdujo la reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal con el fin de fortalecer las garantías procesales de las personas investigadas, evitando la denominada pena de banquillo durante años y años. Todo ello para dar cumplimiento a un mandato constitucional recogido en el artículo 24.2 de la Constitución española, en el que se establece que todos los españoles tienen derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas, y también para dar cumplimiento a los artículos 5 y 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establecen que la tramitación de un procedimiento penal ha de realizarse en un plazo razonable. Gracias a esta reforma, más de trescientos mil asuntos que estaban pendientes, durmiendo el sueño de los justos en los armarios de los juzgados, se han tramitado.

Pero les voy a exponer un caso real, el caso Astapa, en Estepona donde el anterior alcalde, del Partido Socialista -repito, del Partido Socialista-, es detenido junto a otras personas por un delito de corrupción urbanística con el fin de sufragar gastos de campaña electoral. (Muestra un documento). Pues bien, diez años después del inicio de la instrucción, de los noventa y cinco imputados originariamente, el juez ha dictado auto de sobreseimiento de treinta y nueve de ellos, siguiendo la instrucción sobre cincuenta y uno de ellos. Señorías, creemos que esto no se puede permitir. ¿Quién resarce el honor de esas treinta y nueve personas que durante una década han estado sufriendo la pena de banquillo? Ciudadanos además, que durante ese tiempo posiblemente hayan visto mermadas sus expectativas laborales. Aquí, con la reforma del artículo 334 se pretendía, como regla general, fijar un tiempo máximo de instrucción de seis meses para aquellas causas que fueran sencillas, pero el propio artículo permitía que cuando las causas fueran complejas, causas sobrevenidas, se podría ampliar el plazo de instrucción a dieciocho meses. Además, en el apartado segundo del artículo 334 se facultaba a una segunda prórroga por igual plazo de dieciocho meses o menos, si así lo determinaba el juez. Estamos hablando de treinta y seis meses, de tres años que posibilita el artículo para que se lleve a cabo una instrucción penal. Pero, señorías del Partido Socialista y de Podemos, no mientan a esta Cámara ni al resto de los ciudadanos al decir que unos tiempos máximos de instrucción generan un riesgo de impunidad inaceptable. Díganme, en los dos o tres años que lleva vigente este artículo, cuántas causas de impunidad ha habido, díganme una, por favor.

Como ya dijo mi compañero Carlos Rojas, que estuvo en la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, no existe ningún riesgo de que el plazo de instrucción genere una impunidad porque lo que se limita es la instrucción y no la investigación; puede existir una fase de investigación policial, una fase dirigida por el ministerio fiscal, que es previa a la instrucción. Léanse, además, el apartado 8 del artículo, que dice textualmente: En ningún caso, el mero transcurso de los plazos máximos fijados en este artículo dará lugar al archivo de las actuaciones. Además, y a mayor abundamiento, diríjanse al Diario de Sesiones, cuando en sede parlamentaria el señor Mazas, el fiscal general del Estado, que en paz descanse, decía que limitar el tiempo máximo de una instrucción podría suponer algún tipo de disfunción pero nunca impunidad. La reforma del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se hizo en el convencimiento de ir adaptando nuestra reforma procesal penal, que


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data del año 1882, a la nueva legislación de nuestro entorno. Creo que lo positivo no es derogar sino afrontar de una vez por todas una reforma íntegra de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el Gobierno del Partido Popular así tenía previsto. (Aplausos).

Concluyo, señorías, no sin antes dejar claro que la reforma que lleva a cabo mi grupo parlamentario respecto de los tiempos máximos de instrucción ha tenido como objeto fortalecer las garantías procesales de los encausados, tal y como recoge el artículo 24 de la Constitución española y el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, en ningún momento esta limitación ha supuesto ningún tipo de impunidad; es más, creo que más que derogar lo que tenemos que hacer es trabajar en elaborar un nuevo código de enjuiciamiento criminal propio del siglo XXI y no derogar un artículo de los 999 que componen nuestro texto legal. Si es para modificar o mejorar, ahí siempre nos tendrá al Partido Popular.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor De Barrionuevo Gener.

Señor Muñoz González, aunque he creído entender de su intervención que no aceptaba la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra para ratificar si es así o no.

El señor MUÑOZ GONZÁLEZ: Sí, señora presidenta. No la aceptamos y solicitaremos la votación en sus propios términos.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS ENERGÉTICAS APROBADAS EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 173/000118).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la aplicación de medidas energéticas aprobadas en el Congreso de los Diputados.

Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenas tardes, señora presidenta. Con su permiso. Bona tarda, diputades i diputats.

La moción que defendemos hoy aquí hace referencia a un hecho tan lógico como es defender el legítimo cumplimiento de todo aquello que se ha ido trabajando y aprobando en estas Cortes, y más aun en un ámbito de tal importancia como es el energético. Por tanto, es un reclamo a la coherencia y al reconocimiento, y un poco también la reivindicación del trabajo de un diputado de segunda -ustedes ya saben de quien hablo: de mí mismo, sin ir más lejos- que se esfuerza diariamente en fabricar, defender, transaccionar y negociar PNL que luego parecen morir en pequeños rompeolas de la historia y que no pasan de ahí. A ese ánimo también quiero apelar, concretamente en el campo de la transición energética, un camino largo y que, no lo debemos obviar, ha estado plagado de piedras que dificultaban su recorrido; siguen ahí muchas de ellas. El camino hacia la transición energética es largo y no lo debemos obviar. Las consecuencias del lento avance en este sendero son claras: un modelo obsoleto, caro, contaminante que acaba repercutiendo negativamente en las empresas, sobre todo autónomos y pymes, y en los consumidores. De hecho, ayer mismo leíamos en prensa una vez más otra noticia sobre la subida del precio de la luz y cómo sigue lastrando la actividad de los autónomos.

Por ello, han sido diversas las iniciativas parlamentarias presentadas, debatidas y aprobadas a instancias del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, con el objetivo de alcanzar un mercado energético más democrático, sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Hoy hemos pedido que nos convoquen estas cinco PNL por las que interpelaba la semana pasada a la ministra de Transición Ecológica desde esta misma tribuna. El cambio de Gobierno ha supuesto un posible allanamiento del camino, ya que parece que tiene intenciones de dar pasos en ese sentido: un real decreto que se discutirá en breve por la Cámara y el anteproyecto de una ley de cambio climático y transición energética que hoy empezaban a circular parecen así indicarlo. Pero mientras no se materialicen estos cambios globales en la necesaria transición energética, entendemos necesaria la aplicación de muchas de estas medidas que no deben


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quedarse en una declaración de intenciones y fomentar así la competitividad de aquellos sectores que realizan un uso intensivo de la energía, en especial la agricultura y la industria. Así, instamos a que en el periodo máximo de un trimestre el ministerio o la Cámara o los grupos que puedan sumar mayorías, impulsen las acciones legislativas pertinentes para dar cumplimiento a las siguientes proposiciones no de ley acordadas -repito- por estas Cortes.

Uno. Proposición no de ley sobre la creación del contrato de potencia estacional. Con ella queremos realizar los cambios en una normativa arcaica que no contempla algo tan básico como las necesidades temporales de producción y de consumo de muchas empresas. Todo ello queda muy claro con un ejemplo. Qué tiene que hacer una cooperativa agrícola que necesita mantener durante dos o tres meses una cámara frigorífica para conservar su cosecha: debe aumentar su capacidad de potencia contratada y, por tanto, la tarifa que se le aplica. Pero el problema reside en que no solo pagará este incremento de coste durante ese periodo en el cual es necesario el aumento de potencia, sino que tendrá que asumirlo durante el resto del año; ello se traduce automáticamente en un coste injusto, a menudo desproporcionado. Por todo ello, la creación de un contrato de potencia estacional, poder cambiar solo dos veces al año el término de potencia del contrato, supondrá una mejora de la competitividad y, por tanto, de la supervivencia de muchas pymes, sobre todo de aquellos que basan su trabajo en actividades de carácter estacional, como serían los agricultores.

Dos. Una proposición no de ley relativa a la actualización de planes de emergencia nuclear de la provincia de Tarragona -y de todas las provincias donde hay centrales nucleares- y la dotación de medios para una implementación efectiva. Ni más ni menos, el último simulacro en Tarragona fue el del año 1987; hagan cuentas, unos treinta años. Y por ejemplo, desde 1985 hasta hoy han aparecido tecnologías como la telefonía móvil y en muchas poblaciones de las comarcas de Terres de l'Ebre hay severas dificultades de cobertura.

Tres. Proposición no de ley relativa a la implantación de redes energéticas cerradas. Se trata de una iniciativa muy importante para la industria de la demarcación de Tarragona, donde se encuentra el polígono petroquímico más importante del sur de Europa, una industria que genera el 30 % del PIB del territorio -uno de cada tres puestos de trabajo de los municipios donde está instalada proviene de esta industria; de ahí su repercusión-, pero también para muchos territorios que cuentan con la presencia de polígonos industriales. La implementación de redes energéticas cerradas permite que las diferentes empresas de un mismo polígono integrado dispongan de una sola conexión a la red eléctrica. ¿Anticiparán ustedes estas consecuencias? ¿Reducirán costes, aportarán eficiencia energética y se abrirán a la oportunidad de adoptar nuevas inversiones que se traduzcan en más puestos de trabajo?

Me quedan solo tres cuartos de minuto para hablarles de la proposición no de ley sobre contadores inteligentes. Entendemos que es un elemento clave de la democratización y emancipación del consumidor poseer los datos que se generan. La proposición no de ley sobre autoconsumo fotovoltaico del sector agrícola, ligada a la primera que hemos propuesto, trata de promover el autoconsumo fotovoltaico para el sector agrícola. El sector agrario es el único donde el autoconsumo fotovoltaico ha cobrado algo de protagonismo. Concretamente, según agentes del sector, el 25 % de las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en España se concentran en estos sectores mediante esta iniciativa y la implementación de un marco reglamentario favorable al autoconsumo fotovoltaico sin ningún tipo de recargo, desarrollando la posibilidad de que la instalación del autoconsumo pueda ser gestionada por terceros o que se valoren los excedentes de energía inyectados en la red, entre otros.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Capdevila.

Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidenta, miembros de la Mesa, compañeros, aunque parezca que es un debate sobre energía, lo que estamos debatiendo aquí es algo mucho más general, y es la ejemplificación de la falta de utilidad del trabajo que hacemos cada uno de nosotros en las distintas comisiones en este Congreso. A cada iniciativa que se debate en Comisión le ponemos nuestro esfuerzo; como decía el señor Capdevila, intentamos transaccionar, intentamos llegar a acuerdos, procuramos que las iniciativas salgan aprobadas y luego quedan en la nada, en la más absoluta nada. Nos gustaría saber si el Gobierno ha tenido a bien utilizar alguna y también si el exgobierno del Partido Popular instó o tomó en consideración algunas de las PNL que aquí se han debatido. Porque, más allá de


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presentar y de engrosar la lista del trabajo parlamentario que hacemos todos, me gustaría saber si lo que aquí se registra y se debate en las comisiones sirve solo para un titular, si el Gobierno las tiene en consideración o si realmente estamos trabajando por trabajar, por esta teoría de que cuantas más horas estamos somos más eficientes y, al final, el esfuerzo de todos no se transforma en políticas reales. (Aplausos).

Debatimos un toque de atención; un toque de atención al Gobierno actual, al Gobierno anterior y a los precedentes Gobiernos, pero entre las iniciativas que aquí se pide que se tomen en consideración que ya han sido aprobadas y debatidas -algunas desde hace más de un año-, hablamos de los planes de emergencia nuclear. La seguridad nuclear es una cuestión prioritaria para nuestro partido y para todos los ciudadanos de nuestro país. El señor Capdevila hablaba del último simulacro sobre seguridad nuclear que se hizo; justo en esa época nacía yo, así que, imagínense cómo está la actualización de nuestros planes. Tampoco ayuda a la credibilidad del sector nuclear la politización del regulador. El descrédito y la falta de confianza repetitiva y reiterada de este hacen que cuando nos dan datos, aunque queramos realmente confiar, siempre esté presente el margen de la duda. También hemos enmendado añadiendo la proposición no de ley 161/001958, que se aprobó el 21 de junio de 2007, que trata sobre la reforma del Consejo de Seguridad Nuclear. ¿Por qué? Porque ya está el runrún por ahí, después de lo que ha pasado con el Consejo General del Poder Judicial, de que también se ha llegado a un acuerdo para señalar quiénes van a ser los nuevos ocupantes de las sillas del Consejo de Seguridad Nuclear. Esperamos que tenga a bien, en este caso el señor Capdevila, aceptar que se incluya esta iniciativa que fue aprobada por la Comisión para garantizar la independencia del regulador. (Aplausos).

Se habla de redes cerradas. Hay que destacar el valor del sector industrial en nuestra economía: puestos de trabajo estables, volúmenes de negocio grandes, que dan estabilidad a nuestra ciudadanía. La industria debe jugar un papel creciente en la economía española. Por eso es necesario promover y potenciar ese papel innovador. El alto coste de la electricidad -que ya hemos debatido y sobre el que hemos tenido malos titulares también en las últimas semanas- ha llevado a la situación de que haya muchas industrias que se planteen y se cuestionen si seguir operando o, lo que es lo mismo, si despedir a todos sus trabajadores y engrosar las listas del paro. Por eso, creemos que todas las medidas que se apliquen y se pongan sobre la mesa que garanticen o que fomenten la reducción de estos precios a nivel competitivo para la industria serán una buena noticia y también influirán directamente en la competitividad de esta porque, según los datos de Eurostat, España es el tercer país con la tasa de precios de la energía para el sector industrial mayor de Europa. Creemos en la posibilidad de que estas redes cerradas dentro de polígonos y con previo acuerdo puedan contribuir a la reducción de estos precios. Los contadores inteligentes también. Se habla de una iniciativa sobre el autoconsumo agrícola y reiteramos nuestra apuesta por que el consumidor tenga un papel destacado en la generación. Por eso hemos promovido distintas veces la auditoría de costes de la factura de la luz y de todo nuestro sistema, para saber qué se está pagando y cómo se está pagando, y en el sector agrario o en el sector industrial la generación distribuida y la autogeneración son claves también para el futuro energético, pero, claro está, todos tenemos que plantear hacia qué futuro energético queremos ir.

Para acabar, señorías, quisiera decir que aunque hemos hablado de energía, o yo he hablado de energía en gran parte de mi intervención, aquí se está dando un toque de atención al Gobierno actual y a los Gobiernos anteriores. Me gustaría conocer el porcentaje de PNL que se han tenido en consideración por los distintos Gobiernos, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, en los últimos años, porque el debate de fondo de hoy, lamentablemente, no es la energía, sino la dejadez de los distintos Gobiernos que no hacen caso a lo que se trabaja en las comisiones de este Parlamento.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el señor Capdevila nos ha expuesto un texto que tiene el valor de constituir una moción escoba que sirve para recoger todo el trabajo que hemos ido haciendo desde el Pleno y en las comisiones en estos dos años largos que llevamos de legislatura y, efectivamente, coincido con la señora Rodríguez en que lo interesante sería, a la vista de esta exposición, abundar un poco más y saber qué es lo que el anterior Gobierno del Partido Popular tomó en consideración de nuestro trabajo y qué es lo que el actual


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Gobierno también piensa tomar en consideración. En cualquier caso, hemos estado asistiendo a una situación en la cual, en materia tan importante como esta y de tanta preocupación para la ciudadanía, al final la voz del Legislativo, de quienes representamos la soberanía nacional, parece que o ha sido poco escuchada o lo ha sido de una manera más bien dispersa y poco efectiva. Esto, evidentemente, sería una cuestión que habría que reconducir y por eso el valor, el sentido y el interés de la moción que nos presenta Esquerra Republicana. Nosotros, en Compromís, apoyamos el real decreto que trajo el Gobierno recientemente, ya convalidado, sobre medidas urgentes para la transición energética, porque estamos de acuerdo en que son importantes; justifican la urgencia y la necesidad del real decreto cuestiones como el bono social eléctrico, el bono térmico, la eliminación del impuesto al sol o la prohibición del corte de suministro al consumidor en riesgo de exclusión. Estas y muchas otras cuestiones que se tocan en este real decreto, ahora tramitado como proyecto de ley, cuentan, evidentemente, con nuestro apoyo, pero nos preocuparía que se continuase con un tratamiento superficial de la materia, que únicamente buscara el impacto de un titular y se agotara en ese simple fogonazo, y se olvidaran cosas mucho, mucho más importantes; por ejemplo, la necesidad de acabar con la pésima regulación del mix eléctrico. Es un mix inadecuado que responde a un mercado sin competencia, que es el causante real de la pobreza energética. Nos preocupa también que las medidas fiscales y sobre contratación dejen de ser coyunturales y entren en aspectos realmente estructurales.

También queremos advertir una última cuestión que para Compromís es muy importante. Echamos de menos que se haga ya no un guiño, sino realmente un enlace entre las demandas de los consumidores y usuarios y los agregadores de demanda, para que puedan participar activamente en el mercado eléctrico a través del autoconsumo y las infraestructuras de recarga. Sinceramente, Compromís detestaría que el autoconsumo y la recarga de vehículos eléctricos -por ejemplo- fueran actividades capturadas por un renovado oligopolio de eléctricas y petroleras. Esto es algo que ya conocemos y lo nuestro nos está costando salir de la encrucijada en la que siempre pierde la ciudadanía.

Por tanto, señorías -y concluyo-, no podemos olvidar que la transición energética y la lucha contra el cambio climático solo tienen una dirección, que es abrir el mercado eléctrico a una participación en la que se incorporen criterios que abunden en la democratización energética y en premiar criterios ecológicos frente a la simple ganancia economicista.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bataller.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gràcies, senyora presidenta. Gracias, señor Capdevila.

Lógicamente, votaremos a favor de su iniciativa. El debate formal que usted nos plantea pone de nuevo de manifiesto la poca credibilidad de la que por desgracia hoy gozan en esta Cámara las proposiciones no de ley. Así, hemos de recordar que hay alguna iniciativa de reforma del Reglamento que pretende subsanar esa realidad y es bueno recordar que en el Parlament de Catalunya existe una obligación del Gobierno de que una vez aprobada una proposición no de ley, finalizado el mandato que la misma da al Gobierno para que ejecute aquello que se le exige que haga, el Gobierno está obligado a informar a la Cámara. Ojalá que en este Congreso tuviésemos también un mecanismo parecido al que tiene el Parlament, que evitaría en el fondo una moción tan extraña como la que usted defiende, que supone reafirmarnos en aquello que ya hemos aprobado. En cualquier caso, bienvenida sea su iniciativa.

Estoy convencido además, habiendo leído su debate con la ministra de Transición Ecológica de hace una semana, de que en los próximos meses, semanas diría yo, tendremos algunos debates importantes en relación con la tramitación del Real decreto-ley de medidas urgentes en materia energética. Ahí usted y yo coincidimos en la necesidad de poner fin a los sobrecostes que están castigando a la industria catalana, que hace un uso intensivo de la energía. En esa interpelación, la ministra se reiteró en el compromiso que asumió en el debate parlamentario, que es el de retornar las competencias en esta materia a la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia. Hay una amenaza de sanción de la Comisión Europea. Esperamos que eso se realice, porque fue un compromiso de la ministra. La ministra en su interpelación le habló de que esperaba llevar pronto este cambio legislativo al Congreso. Si eso no ocurre de manera inmediata, tanto Esquerra Republicana como el Partit Demòcrata -el Partit Demòcrata seguro- nos veremos obligados a enmendar el real decreto en esa dirección.

Al mismo tiempo, en esa batalla contra el cambio climático, que poco o mucho es lo que articula los consensos parlamentarios en esta materia, para un país industrial como el nuestro, Cataluña, no debemos


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olvidar en esa transición ecológica, en esa transición energética los aspectos vinculados a la competitividad de nuestro tejido empresarial y a su capacidad de mantener y generar empleo de calidad. Desde este punto de vista, el real decreto es una muy buena oportunidad para introducir medidas que reduzcan el coste energético de las empresas industriales. Ahí el apoyo y el impulso a la cogeneración van a ser fundamentales en nuestras enmiendas. Estoy seguro de que ahí también vamos a poder coincidir con el señor Capdevila.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes.

Hoy Esquerra nos trae una moción relativa a materia energética. Nuevamente volvemos a este tema, pero parece que ahora ya algo va a cambiar. Si bien anteriormente teníamos la sensación de que iba a ser la legislatura de la solicitud de parches en materia energética, porque ningún grupo estaba de acuerdo con la regulación eléctrica, parece que con el nuevo Gobierno se vislumbra un cambio. Es un cambio de filosofía, no un cambio estructural, como dice Esquerra en su moción, pero también hay que reconocer que el Gobierno lleva pocos meses para haber podido establecer, como dice la moción, esos cambios estructurales.

Esquerra propone en su moción una serie de iniciativas que fueron debatidas en la propia Comisión de Energía, hoy de Transición Ecológica. Nuestro grupo estaba de acuerdo con algunas y con otras tenía algunas dudas, por lo que entendemos que deberíamos abordar las mismas mediante otro tipo de leyes para realizar determinadas adecuaciones. Por un lado, obliga a las distribuidoras eléctricas a atender las peticiones de modificación de tarifa, las variaciones voluntarias en caso de contar con un contrato de potencia estacional, y a adecuar los planes de emergencia nuclear, regulación de redes energéticas cerradas y autoconsumo en el sector agrícola. A pesar de que la energía es uno de los factores que influye en la competitividad de las empresas y el modelo energético no ha dado respuesta a este problema, lo cierto es que nosotros volvemos a reiterar que no es cuestión de ir adoptando iniciativas para solventar los problemas que han ido generándose a lo largo del tiempo, sino que es el momento de abordar una verdadera reforma energética y de impulsar un mix energético para hacer frente al aumento de la demanda energética, la volatilidad de los precios y las perturbaciones en el suministro y, por tanto, intentar dar respuesta de una forma eficiente a los retos de sostenibilidad medioambiental, seguridad del suministro y, tal y como han dicho algunos ponentes también, competitividad de costes. Teniendo en cuenta además que hay un compromiso del Gobierno en torno a la regulación de la nueva ley de cambio climático y transición energética, de la que conocemos ya los elementos en los que se va a basar para abordar la planificación de dicha transición -medidas en el sector eléctrico adicionales a las del Real decreto de medidas urgentes para la transición energética aprobado recientemente, en el que además podremos introducir aquellos cambios que consideremos pertinentes-, no creemos que sea el momento de tomar medidas parciales, sino más bien de ver un conjunto y tener en cuenta el escenario global que se enmarque en esta ley para abordar las cuestiones clave para esta reforma.

Todos los grupos vemos que es necesario introducir en el sector eléctrico reformas que tengan en cuenta el cambio climático, la descarbonización del sector, la modificación del mercado mayorista de la electricidad, redes inteligentes, eficiencia energética, energías renovables, generación distribuida, autoconsumo, movilidad eléctrica y almacenamiento de energía, pero -como he dicho- hay que abordar todos ellos y dar una salida regulatoria en un nuevo marco energético debatido y consensuado. Por ello, nos vamos a abstener en esta moción, no porque no creamos necesarias estas reformas que se plantean, sino porque entendemos que los cambios van a ir más allá de las mismas y porque creemos que hay que abordar esta transición de manera global. Como en algunas cosas tenemos dudas, nos gustaría poder realizar las modificaciones pertinentes en su momento. No vemos que haya que adaptar las mismas en su literalidad y de ahí la abstención.

Muchísimas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.


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El señor VENDRELL GARDEÑES: Bona tarda. Gracias, presidenta.

No puedo dejar de reconocer que el señor Capdevila es un diputado práctico con esta propuesta de moción que insta al Gobierno a dar cumplimiento a cinco PNL aprobadas en el plazo de un trimestre. Como él ha dicho, en el fondo también plantea otra cuestión, que es la utilidad de las PNL, que tendrían que ser algo más que esgrima parlamentaria en el Congreso. Efectivamente, como señalaba antes el señor Campuzano, hay otros parlamentos, como el Parlament de Catalunya, en los que, como mínimo, el Gobierno tiene la obligación de presentar un informe de cumplimiento de estas PNL. Sería un derecho no solo de los diputados y de las diputadas, sino del conjunto de la ciudadanía saber de qué han servido y hasta dónde se ha llegado en los mandatos que hace el Congreso de los Diputados.

Entro ya en materia. Coincidimos con los compañeros de Esquerra en que el Real Decreto-ley 15/2018 no ha supuesto un cambio estructural; sí la parte de autoconsumo, que celebramos y que sentimos como propia, pero no el resto de contenidos de este real decreto. Compartimos también que los retos en materia de transición energética requieren una visión amplia, diálogo y negociación y no una sucesión de parches a través de reales decretos-leyes. Ya tenemos una larga y nefasta experiencia de lo que sucede cuando se van tomando medidas sin contemplar la importancia que tiene la planificación energética. Ya indicamos en la convalidación de dicho real decreto-ley que tiene que haber soluciones globales y no parciales. Podemos poner como ejemplo la modificación de las tarifas, que ha provocado agravios territoriales y que, efectivamente, es una cuestión a resolver en el trámite de enmiendas.

Hemos votado a favor de todas las PNL que se recogen en esta moción y hemos presentado enmiendas en su momento para mejorarlas. Para que el listado que anuncia la moción se compadezca con su parte expositiva faltan propuestas que avancen precisamente en un sistema más democrático en el que la sociedad sea partícipe de la transición energética. Hay muchas medidas que favorecen la competitividad y el emprendimiento, pero hemos echado en falta medidas para la erradicación de la pobreza energética, que es un grave problema que tienen la sociedad y el sistema energético. Entre las proposiciones no de ley aprobadas -en algunos casos por la extinta Comisión de Energía- destacan medidas positivas que quiero señalar, como la flexibilización de la petición de cambios de potencia y la creación de contratos de potencia estacional según las necesidades, una propuesta positiva para los suministros y actividades de temporada, como el sector turístico o agrícola, o la propuesta de implantación de redes energéticas cerradas. Precisamente hace unos meses nuestro grupo parlamentario presentó una proposición de ley en este mismo sentido.

En el caso de la relativa a la actualización de los planes de emergencia nuclear de la provincia de Tarragona, con la que por supuesto estamos de acuerdo, queremos llamar la atención sobre la parálisis del Consejo de Seguridad Nuclear en esta y otras materias -quizá por la próxima renovación del propio consejo- que hay que tratar con urgencia, puesto que la gestión del regulador, como la propia ministra ha dicho en varias intervenciones, es clave para el futuro energético del país. Desde luego, mientras operen centrales nucleares en nuestro país -esperemos que por poco tiempo- han de tener las mejores condiciones de seguridad.

La proposición para garantizar un acceso neutro a los datos de personas consumidoras, la incorporación de planes de sustitución de contadores, imputar costes reales y separar distribuidores de comercializadores son también cuestiones importantes. Recientemente, nuestro grupo presentó -y se aprobó- una proposición de ley para la desintegración vertical de las empresas eléctricas. Quizás esta medida sea igual o más urgente que las que se proponen aquí -ya lo dijo el señor Capdevila en su interpelación-, dada la necesidad de avanzar y superar el oligopolio, que no tiene sentido en un momento de enorme penetración de las renovables y de cambio de modelo energético que debe contar con una mayor participación de la ciudadanía. Finalmente, quiero señalar la proposición no de ley sobre autoconsumo fotovoltaico para el sector agrícola sin ningún tipo de carga o peaje para la energía autoconsumida.

Todas las medidas planteadas supondrían debilitar el poder que tienen sobre el mercado las grandes empresas que mantienen situaciones de privilegio. Por tanto, votaremos a favor de la moción, dejando constancia de que necesitamos soluciones globales, soluciones estructurales no solo para resolver el problema del precio de la energía eléctrica, sino para proteger a las personas vulnerables y avanzar en la transición ecológica y también para que el Gobierno haga caso no solo al Grupo de Esquerra Republicana, sino a todos los grupos, cumpliendo con lo que se aprueba en este Congreso de los Diputados.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Vendrell Gardeñes.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.


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La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, presidenta.

Veo que la moción presentada en el día de hoy por el Grupo de Esquerra Republicana está teniendo una acogida interesante por parte de todos los grupos, porque, efectivamente, nos brinda la oportunidad de poner en valor los consensos y los acuerdos conseguidos en esta Cámara.

Lejos de lo que podrían imaginarse la mayor parte de los españoles y las españolas, son muchas las iniciativas que aprobamos cada día en esta casa, en el Pleno y en las comisiones; y ahora miro a las personas que están en las tribunas y a aquellas que nos están viendo por algún medio de comunicación. Es cierto que son muchas las iniciativas que aprobamos cada uno de nosotros y, por tanto, quería aprovechar para reivindicar el diálogo y poner en valor la intención general de todos los miembros de este Parlamento de mejorar la vida de la gente.

La otra virtud que tiene esta iniciativa es demostrar que antes de la moción de censura que ha cambiado el rumbo del país ya había una amplia mayoría que quería que las cosas en materia de política energética se hicieran de manera diferente. Esa mayoría ya existía antes del Gobierno del Partido Popular. De hecho, de las iniciativas que hoy reclama el grupo proponente, tres fueron aprobadas por todos los grupos excepto por el Grupo Parlamentario Popular, por su peculiar afición de ir contra todos. En una de ellas al Grupo Parlamentario Popular se sumó la derecha de Ciudadanos y de UPN y otra de las iniciativas fue aprobada por unanimidad. Por lo tanto, sí que tenemos capacidad para llegar a acuerdos.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista no ha presentado ninguna enmienda a esta iniciativa. Ya la ministra, cuando fue interpelada la semana pasada, mostró su voluntad de incorporar en distintas iniciativas legislativas todas y cada una de las propuestas aprobadas por la Cámara; todas aquellas que el ministerio puede abordar dentro de sus competencias. Digo esto porque, como todos ustedes conocen, el Ministerio de Transición Ecológica quiere terminar con el atropello que supuso la decisión del señor Nadal de quitar las competencias relativas a la estructura de peajes y precios a la CNMC. La Comisión Europea instó al Gobierno de España a dar cumplimiento al dictamen motivado en relación con la trasposición de la Directiva del mercado interior de la electricidad, pero el Gobierno anterior lo incumplió y el comisario Cañete tuvo guardado en un cajón el expediente sancionador durante más de un año. Eso fue lo que encontró la ministra Ribera cuando llegó al Gobierno. Sin embargo, dentro de la responsabilidad que nosotros sí tenemos y que asumimos como miembros de la Unión Europea y, por supuesto, como seguidores de su acervo legal, el Gobierno atenderá a esa petición y a ese llamamiento y se revocará esa decisión del Gobierno anterior; es decir, la CNMC volverá a tener las competencias que tenía y, por lo tanto, la creación del contrato de potencia estacional le corresponderá a ella.

El Ministerio de Transición Ecológica también está trabajando junto con el Ministerio del Interior para proceder a la actualización de los planes de emergencia nuclear en todo el territorio español. De la ponencia de seguridad nuclear formamos parte el ponente de esta iniciativa y muchos de los portavoces que hemos intervenido aquí hoy, y cada año hemos solicitado a través de esa ponencia que estos planes que quedaron ya obsoletos se actualicen y se renueven en los próximos meses. También el Gobierno está comprometido a cumplir ese compromiso.

Respecto a la implantación de las redes energéticas cerradas, quiero decir que es una medida que contemplaba la Directiva 2009/72/CE del Parlamento y del Consejo, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, y que trata de conseguir una mayor competitividad mediante las redes de distribución más eficaces para zonas muy concretas, como polígonos, zonas comerciales, puertos, aeropuertos, etcétera. Se están implantando desde hace años en otros países, pero en España el Gobierno anterior se negó a hacerlo. Sin embargo, la ley de cambio climático y transición energética, que todos los portavoces de esta Cámara conocen, ya lleva incluidas las redes energéticas cerradas para favorecer la competitividad. Por lo tanto, es un compromiso en cumplimiento también.

Asimismo, el grupo proponente quiere poner orden respecto a los contadores inteligentes, objetivo que nosotros compartimos y votamos a favor en su momento. Hoy estamos saliendo a defender algo que ya defendimos y aprobamos en su momento, pero nos reiteramos en la necesidad de que los consumidores tengan un conocimiento adecuado de la información y un acceso adecuado a la misma, cuestión que debemos resolver de forma inmediata. Tal y como dijo la ministra la semana pasada, debemos hacer un uso inteligente de los contadores inteligentes, para que no sean solo un instrumento de control del mercado y de las pautas de consumo de todos los usuarios, sino que sirvan para el usuario individual. Por último, respecto a la petición sobre autoconsumo, ha quedado sustanciada en el real decreto-ley que ya se aprobó en esta Cámara hace tres semanas.


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Señor Capdevila, debo decirle que nuestro grupo no solo votará a favor, sino que reitero en el día de hoy la garantía de que se dará cumplimiento a todas las demandas establecidas en esta moción y en los plazos que se solicita. La necesidad de hacer cambios de gran calado en nuestro sistema energético es un clamor que compartimos, todos los portavoces lo han dicho aquí hoy, pero hoy tenemos la suerte de que el presidente Pedro Sánchez haya puesto por fin en la primera página de la agenda política estas prioridades.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Lucio Carrasco.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Juncal Rodríguez.

El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señoras y señores diputados.

Señor Capdevila, usted aprovecha el Real Decreto 15/2018 para poner en valor esas iniciativas. Vaya por delante el voto en contra del Grupo Parlamentario Popular, pero quiero reconocerle públicamente el esfuerzo que usted hace como diputado para sacar todos estos temas adelante. Lo que pasa es que, como también ha apuntado algún otro portavoz, creo que es conveniente esperar a tener todo el árbol de Navidad -el sistema eléctrico en general- bien definido y con tiempo, como la propia ministra pidió con motivo de la aprobación del Real Decreto 15/2018. Así pues, sus PNL serían unos adornos que quedarían más o menos bien en ese árbol, pero esperemos a ver ese árbol completo, porque nos podemos encontrar con un árbol frondoso y bonito o con un árbol chamuscado, porque con las experiencias del Partido Socialista en estos temas, francamente, yo me temo lo peor. Por lo tanto, como decía usted, haciendo referencia a Romanones, esperemos los reglamentos, esperemos las leyes y veamos qué dibujo nos hace el nuevo Gobierno.

Hacía usted referencia, por cierto, a una cantidad de pagos de capacidad realizados y los acusaba de ser uno de los problemas del sistema. Quiero aclararle que en la liquidación del año pasado los pagos por capacidad han sido 393 millones, no la cantidad que usted ha dicho en la exposición de motivos.

Debemos tener claro que el sistema eléctrico, haciendo un símil, es un banco con tres patas, y esas tres patas son el precio, la seguridad del suministro y la sostenibilidad ambiental. En cuanto a seguridad de suministro, le voy a poner un ejemplo. A día de hoy muchos de ustedes conocerán esa aplicación de Red Eléctrica Española, que es el Smart Group. Si entran hoy verán que el dios Eolo y el dios Ra, dioses del viento y del sol, no han sido muy favorables, porque la producción eólica y solar en el día de hoy -lo he visto a las cuatro de la tarde, lo digo por si alguien se conecta ahora y hay alguna diferencia- llegaba al 11 %, con lo cual, volvemos a las incógnitas de siempre. Tenemos que manejar esas tres patas del banco de manera que no falle ninguna y que no provoque caos en el sistema. En cuanto a esas cifras que he manejado, usted pide un simulacro para su provincia, Tarragona. ¿Qué pasaría si un día como hoy hiciéramos un simulacro y prescindiéramos de la energía nuclear y del carbón, que es a lo que parece que apuntamos? Claro, plantear un simulacro de ese tipo ocasionaría millones de problemas, de pérdidas y, probablemente, hasta de vidas humanas, por eso hay que ser muy cuidadoso.

Vamos a reflexionar sobre la liquidación del sistema, el precio. El año pasado la liquidación de 2017 movió 41 000 millones de euros. Tenemos un bloque de 14 000 millones, que es el coste del pago a los generadores en energía; 6700 millones, que es el pago de transportes y distribución, y aquí encajan algunos de sus propuestas: potencia estacional, redes eléctricas, autoconsumo... Pues esto es sistema, y eso lo tenemos que pagar; eso no es retribución de las eléctricas, eso es la red. Si uno necesita consumir nada más dos meses, me parece muy bien, pero es que la red tiene que llegar a él los 365 días del año y las 24 horas del día; no se pueden andar desmontando subestaciones, estaciones, etcétera, con lo cual, es un coste del sistema. Vamos a otras partidas, a costes indirectos. Tenemos 7000 millones de pago de primas renovables y 2800 del déficit de tarifa generado en ejercicios anteriores. Es decir, si le quitásemos la parte proporcional de ese importe al recibo, este bajaría un 30 %. Por tanto, ese 30 % más caro de la electricidad es culpa -voy terminando, señora presidenta- de las políticas que se han tomado en ejercicios anteriores.

Hablan de pobreza energética, y con esto termino, aunque tendría muchas más cosas para hablar. En 2005, y no gobernaba Mariano Rajoy, el precio era de 109. Hasta el año 2018, se ha incrementado en un 117 %. ¿Sabe cuánto es el porcentaje que sube desde 2012 a 2018? El 17 %. El 99,63 % es culpa de estos señores del Partido Socialista y de su política energética. (Aplausos). Eso es generar pobreza


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energética y por eso, señores del PSOE, tienen que pedir perdón por la pobreza energética que han generado.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Juncal Rodríguez.

Señor Capdevila, a los efectos de si acepta o no la enmienda presentada, tiene la palabra.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: No la aceptamos.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Capdevila.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS DIFERENCIAS TERRITORIALES DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000119).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las diferencias territoriales dentro del sistema educativo español. Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Presidenta, señorías, hace dos semanas interpelé a la ministra de Educación sobre las diferencias territoriales en materia educativa, que son evidencias, no opiniones mías, y ella me las negó; no admitió los datos objetivos y se escudó en las diferencias históricas y socioculturales para explicarlas. (La señora vicepresidenta, Romero Sánchez, ocupa la Presidencia). Entonces ya le dije que el PSOE podía contar con Ciudadanos si lo que pretendía era hacer una reforma educativa de calidad, pero que no contaría con nosotros para hacer cualquier tipo de enjuagues. Celaá se mostró muy sorprendida y me dijo que no había entendido eso de los enjuagues. Pues en estas dos semanas, el Gobierno ha sacado las líneas del anteproyecto de modificación de la Lomce y ha puesto todas las cartas encima de la mesa. Cuando hablaba de esos enjuagues, que yo conocía pero que no eran públicos todavía, estaba hablando de la negociación que ha hecho el pacto de la cárcel, el sanchismo, con el populismo, por una parte, que se ha cobrado la cabeza de la concertada y de la religión, y con los nacionalistas, por otra parte, que se han cobrado la cabeza de la defensa del castellano como lengua vehicular en todo el territorio. Esos son los enjuagues, y sigo manteniendo que Ciudadanos no van a estar ahí. (Aplausos).

Señores del sanchismo, han mostrado esta semana, sin ningún tipo de complejos, su concepción de la educación. Ustedes, en primer lugar, conciben la educación como moneda de cambio; por eso la han cedido a los nacionalistas cuando han podido gobernar con ellos y por eso la van a ceder ahora. A ustedes les interesa la educación como medio para otros fines. En este caso el fin es mantener al señor Sánchez en La Moncloa.

Pero más allá de este maquiavelismo, el segundo punto es que ustedes creen que la educación es suya. Se lo dije hace tiempo: la educación no es suya. Con una especie de despotismo ilustrado llevan décadas haciéndonos creer que en temas educativos están en posesión de la verdad y que es o su modelo o la nada. Pues miren, sanchismo y consenso educativo es hoy en día un oxímoron, es como hablar de hipoteca remunerada. El consenso y el sanchismo en la educación no pueden ir de la mano. (Aplausos). Y no pueden ir de la mano porque hace meses que se levantaron del pacto educativo con una excusa peregrina que ya no han vuelto a mencionar. Pero es que además la semana pasada sacaron las líneas básicas para la remodelación de la Lomce sin tener siquiera la decencia de esperar a que pasara el periodo de enmiendas y de escuchar a la comunidad educativa. Mucho consenso mucho consenso no creo que quieran tener.

El tercer punto es que se anclan ustedes en un modelo de planificación, de tutelaje de padres, de profesores y de menores, que es absolutamente contrario a la libertad, y lo hacen además cada vez con un fundamentalismo más inusitado. Su modelo es antitético al nuestro. Donde ustedes creen en un modelo de mediocridad y de adoctrinamiento, que se preocupa por el sistema, nosotros creemos en un modelo de equidad, de libertad y de calidad, que se preocupa por las personas, por los niños, por los padres y por los maestros, y no por el sistema. (Aplausos). Lo grave con sus propuestas de esta semana es que, como es suya, como creen que es suya, no les importa matar la educación. Antes que compartirla, que consensuarla, que rectificar, que mejorarla, prefieren matarla. La matan porque la creen suya. ¿No se dan cuenta de que el modelo que están poniendo encima de la mesa está situando en una condición de inferioridad a nuestros niños con niños de Singapur, de Polonia o de Portugal, que sí han hecho buenas reformas educativas?


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Algunos ejemplos del destrozo educativo que quieren ustedes hacer: Para eliminar el abandono escolar temprano -modelo Celaá-, al Gobierno lo que se le ocurre es que se pueda titular suspendiendo asignaturas. Es el no va más. En lugar de abordar los problemas, meten el modelo del CIS, el modelo Tezanos, manipulan las estadísticas y así ya eliminan el problema. Para potenciar los modelos plurilingües, ustedes les dan vía libre, manga ancha, a las comunidades para que establezcan los modelos de inmersión lingüística, pero prohíben contratar a profesores nativos para reforzar las clases de inglés. Sí señor, ¡eso es reforzar el modelo plurilingüe! O por ejemplo el tema de la defensa del profesorado, del que les llena a ustedes la boca. En lugar de desarrollar el estatuto docente que garantice en condiciones de igualdad el sistema de docencia, lo que proponen es dejar al libre albedrío de las comunidades autónomas que establezcan las horas lectivas.

Señores del PSOE, los problemas del futuro que va a traer la mala educación no se solucionan mirando al pasado. Los problemas educativos se solucionan mirando al futuro y mirando al entorno, mirando con mucho cuidado al entorno que sí que está haciendo cosas bien, y se solucionan haciendo una revolución. ¿Saben por dónde empieza esa revolución? ¿Saben qué es lo más revolucionario que se puede hacer en educación? Cumplir simple y llanamente la Constitución, el artículo 27 de la Constitución, que garantiza el derecho a la educación de todos los niños españoles y la libertad de enseñanza; cumplir la Constitución (aplausos) y cumplir el reparto competencial, que dice que el Estado no puede seguir haciendo una dejación dolosa de funciones y que tiene que desarrollar algunos instrumentos para establecer políticas de Estado educativas. Eso es lo que le proponemos en la moción que hemos presentado, a la que hemos añadido algunos puntos transaccionando. Hemos propuesto cosas tan revolucionarias como desarrollar una agencia que garantice la equidad y la igualdad educativa en todos los territorios con independencia de dónde se esté. Hemos propuesto cosas tan revolucionarias como reformar el sistema de financiación autonómico para que haya unas condiciones de inversión en educación en condición de igualdad en todos los territorios. Hemos planteado cosas tan revolucionarias como reestructurar los currículums para que los niños den las asignaturas en los mismos cursos y no haya un caos cada vez que tienen que moverse de comunidad autónoma. Hemos hecho cosas tan revolucionarias como proponer que haya estándares de contenidos, de evaluación o de aprendizaje que puedan ser homologables en todo el territorio. Hemos planteado cosas tan revolucionarias como eliminar barreras lingüísticas para que los profesores puedan tener movilidad. Hemos propuesto cosas tan revolucionarias como ordenar de manera homologable, en todo el territorio, las listas de interinos -en las que hay un caos brutal- para que en todos los sitios las listas que hagan las comunidades autónomas tengan criterios transparentes y homogéneos, que cada comunidad no lo haga como quiera. En definitiva, hemos propuesto mirar al futuro y no al pasado. Están ustedes, señores del PSOE, en su bucle: Logse-LOE, Logse-LOE, Logse-LOE. Están ustedes en Cuéntame y son cada día más reaccionarios. A ver si son capaces ustedes de salir del día de la marmota y votarnos esta moción.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Señora Martín -no sé dónde está; bueno da igual; ahí está y está bien acompañada-, lo han dado todo, no se han dejado nada esta vez. A partir de ahora no sé qué van a proponer ya más, porque en cualquier caso lo que han presentado es un despropósito general. ¿Por qué presentan ustedes una moción de doce puntos pudiendo tener una de un único punto que dijera: Instamos al Gobierno a que se autoadjudique la competencia de educación, quitándosela a las comunidades autónomas, con un programa educativo uniforme, en una única lengua -el castellano-, un profesorado único para toda la nación española y con una única inspección? Ese debería de ser el tenor del texto que tenía que haber presentado usted. (Aplausos). Seguro que les gusta más esa redacción. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Tengo varias versiones, algunas incluso incluyen frases como: unidad de destino en lo universal o incluso el nombre del ministerio, que podría volver a llamarse de Formación del Espíritu Nacional. No sé si le parece mejor, porque todo lo demás que han propuesto sobra. (El señor Cantó García del Moral pronuncia palabras que no se perciben). Estoy hablando yo, señor Cantó. Y todo lo demás decía, que sobra.


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La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señor Cantó, por favor, no interrumpa al orador. No está en el uso de la palabra. Por favor, deje al orador que está interviniendo.

Adelante.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Le decía que todo lo demás sobra, como en el franquismo; todo lo demás sobraba.

Podemos analizar y rebatir punto por punto lo presentado en la moción, pero en cualquier caso veo que poco o nada tiene que ver con la educación o con la calidad educativa el texto que han presentado, sino con la propaganda más casposa, para ser los campeones del centralismo, los gladiadores que luchan contra las aberraciones educativas del nacionalismo vasco y catalán. -Frente al español no, porque no existe, como todos sabemos-. Ya les dije una vez que su ideario de escuela mezcla lo mismo el espíritu de la Falange como la escuela nacional republicana francesa, una república con Borbones de jefe de Estado -claro, eso no se cuestiona, como ustedes saben ya-. Ustedes que dicen que son los defensores de la ley, para sacar adelante esta moción lo que proponen es de cambiar leyes muy básicas, como los estatutos de autonomía, por ejemplo. Llevan tal enconamiento y tal derechización que se van a pegar con la pared, con el PP y con Vox, todos a la vez, como en el camarote de los hermanos Marx, porque ya no hay más sitio a la derecha. Lo peor es que esta deriva ya va en serio y lo que proponen en esta enmienda lo pueden conseguir si es que esta gente gobierna. Por lo tanto, está en manos también de ustedes permitir que este modelo educativo funcione y vaya adelante o no.

Están obsesionados con el tema de la alta inspección, porque mira que lo han traído varias veces, ¿eh?, mira que lo han traído varias veces. En Euskadi somos competentes en materia educativa. Hemos presentado una enmienda en la que claramente se enuncian los argumentos que precisamente utilizamos a la hora de plantear aquel famoso pacto de Estado por la educación. Somos competentes en materia educativa y las comunidades autónomas han asumido las competencias en materia de educación, si bien, en el caso de la Comunidad Autónoma de Euskadi se ha ido construyendo un sistema educativo propio basándose precisamente en el desarrollo de esas competencias otorgadas por el Estatuto de Autonomía de Gernika, de manera que la educación y la formación de las personas se materializa a través de esas competencias exclusivas.

Usted dirá que es una materia compartida con el Estado, ya, pero eso es una trampa y es una trampa; porque se marca excepcionalmente cuándo es competente el Estado, lo que pasa es que el Estado decide cuándo lo es en el sentido de que decide cuando algo es básico. Por lo tanto, ensancha el campo de actuación a su libre albedrío dejando cada vez menos espacio para las capacidades de las comunidades autónomas por medio de la elaboración de disposiciones normativas que se consideran de carácter básico y, a su vez, si no es el Gobierno, es el Tribunal Constitucional el encargado de concretar materia por materia la competencia sustantiva que le corresponde al Estado, y por otra parte, por medio de la judicialización de esas decisiones. Es decir, el Gobierno vasco o el andaluz o el gallego o el catalán pueden tomar sus decisiones, pero se judicializan y automáticamente ya se resuelve de la manera que todos sabemos.

Tengo que acabar. Tendría muchas cuestiones que comentarle, señora Martín, pero, ¿por qué creen ustedes que la inspección del Estado que ustedes plantean va a ser más ecuánime, más diligente y más objetiva que la que existe en estos momentos en las comunidades autónomas? ¿No se está dando cuenta usted de que está diciendo que esas personas están incapacitadas para esa función? ¿No está usted pensando que las personas que ejercen la inspección en las comunidades autónomas también ejercen esa función? Lo que pasa es que lo que resuelven no les gusta, ahí está el problema. Confunden y pervierten igualdad con uniformidad y por ahí nosotros no pasamos. Le puedo leer el léxico que ustedes utilizan en el texto que han presentando y todo son criterios de orden estándares, homologación de currículos básicos, prueba única, condiciones de igualdad, independencia del territorio, barreras en el acceso, eliminar requisitos lingüísticos, normativa básica común a todo el territorio, prueba nacional estandarizada, centros homologados por el Ministerio de Educación. Ese es el modelo educativo que ustedes están planteando. Señora Martín, lo que ustedes están planteando es un retroceso tal del sistema educativo, que por ahí nosotros, evidentemente, no vamos a pasar. Confunden uniformidad con igualdad; es más, creo que lo que ustedes entienden por igualdad no es lo que los demás, o muchos por lo menos, entendemos.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez López.


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El señor PÉREZ LÓPEZ: Señorías, buenas tardes.

Debatimos hoy una moción sobre diferencias territoriales en el sistema educativo español pero, si ustedes me lo permiten, antes de abordar la cuestión, quisiera recordar a tres personas que tuvieron la desgracia de morir en la explosión que se produjo ayer tarde en la pirotecnia María Angustias de Guadix, mi ciudad, y por ello toda mi solidaridad y mi ánimo para las familias de Eduardo, de Miguel y de José. (Aplausos).

Es verdad que en España, en lo que respecta al sistema educativo, existen diferencias territoriales muy preocupantes, máxime cuando se da un amplio consenso entre los estudiosos e investigadores acerca del papel que juega la educación como uno de los elementos fundamentales de la cohesión nacional. Hoy en día existe una brecha educativa territorial muy profunda que debe abordarse mediante una verdadera política de compensación de desigualdades territoriales que ayude a disminuir la diferencia educativa entre las comunidades autónomas. El actual Ministerio de Educación tiene muy complicado abordar los desequilibrios del sistema educativo; baste leer el proyecto que pretenden imponer sin dialogar con la comunidad educativa para darse cuenta de que les importa muy poco la calidad educativa, la equidad y la misión de la educación como un instrumento eficaz de ascenso social. A ustedes les importan muy poco los valores basados en el trabajo y en el esfuerzo; desean una vuelta a los años noventa del siglo pasado, en donde lo más importante era igualar el sistema por abajo olvidando que lo importante no es la igualdad de resultados, sino la igualdad de oportunidades. Por lo tanto, señorías, vuelve la Arcadia educativa, el mundo feliz de Huxley, es la vuelta a la LOGSE. Por eso, y también hay que decirlo, el gran laboratorio educativo del Gobierno, que es el Gobierno andaluz, lidera todos los ranking negativos en materia educativa, y no lo dice el Grupo Parlamentario Popular, lo dicen, por ejemplo, estudios como el del domingo pasado en el diario ABC, donde se dice que en 16 de los 17 parámetros del informe BBVA, Andalucía solo cumple uno; solo cumple uno, señorías, y ese es el ejemplo educativo que ustedes quieren ponernos en práctica una vez más.

Para abordar el problema con rigor tenemos que evaluar los recursos y las políticas destinadas a mejorar la atención a la diversidad, la compensación educativa, la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, la política de becas y ayuda al estudio, las medidas aplicadas para luchar contra el fracaso escolar o el abandono educativo temprano. Algunos datos tienen que servir de ejemplo para ver cómo en todas las comunidades autónomas no se cumplen estas premisas. Por ejemplo, la tasa bruta de fracaso escolar se sitúa en España en el 22,4 %; comunidades como Galicia, Castilla y León o Madrid están claramente por debajo, sin embargo entre las que peores datos arrojan están Baleares, Valencia, Castilla-La Mancha, Aragón y Andalucía, todas con gobiernos socialistas y muchas de ellas acompañadas por Podemos.

Si hablamos de acceso a la universidad, la última EBAU nos muestra cómo el País Vasco o La Rioja obtuvieron un porcentaje de aprobados del 97,5 %; Andalucía es la última con el 90,19: más de 7 puntos de diferencia. Si nos vamos a las tasas de abandono educativo temprano, la media española es del 18,3 %; Cantabria, Madrid, Galicia Castilla y León o La Rioja están por debajo de la media, mientras que Baleares, Andalucía o Castilla están muy por encima de la media nacional. Señorías, el 23 % de los jóvenes andaluces abandona los estudios y este hecho no solo los aboca al fracaso escolar, sino que es algo más preocupante, los sume en el fracaso social. Y respecto al índice de desarrollo educativo, que valora el rendimiento, la equidad y la calidad, también vemos cómo los parámetros en Andalucía, Extremadura o Baleares se ubican por debajo de la media nacional. Igual con los titulados superiores, en Andalucía un 30 % de los titulados superiores tienen serias dificultades para encontrar trabajo, muy diferente a lo que pasa en Aragón, Baleares o en Madrid. Y qué decir de la remuneración del profesorado; los docentes andaluces de primaria y secundaria son los peor pagados de España y hay diferencias con un maestro en el País Vasco o en Navarra, que superan los 6000 euros. Igual cabe decir de las infraestructuras educativas, de apoyo educativo temprano o de alumnos con necesidades educativas especiales.

En definitiva, señorías, nosotros entendemos que es importante poner coto a estas grandes y graves diferencias y, por eso hemos presentado nuestra enmienda, en donde para nosotros es muy importante cumplir el artículo 27 de la Constitución y la obligación de todas las administraciones de cumplirlo fielmente. También entendemos nosotros que para conseguir un equilibrio de nuestro sistema educativo debemos abordar los problemas de equidad que limiten el rendimiento de alumnos con entornos desfavorables. Y por supuesto para equilibrar las diferencias necesitamos, en definitiva, dotarlo de un fondo de cohesión y calidad de la educación basado en el principio de equidad y garantizar un sistema de becas y ayudas al estudio en el que los requisitos socioeconómicos y la cuantía de las ayudas sea igual para todos los estudiantes españoles vivan donde vivan.


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Termino, señorías. En todo sistema educativo que se precie cuya pretensión sea la calidad no debemos desdeñar al profesorado. Es urgente impulsar una ley de ordenación general de la profesión docente y un diseño básico de la carrera profesional, incluido un sistema de acceso formativo similar al MIR sanitario. Todas estas medidas que incorporamos en nuestras enmiendas mejoran el texto sustancialmente e inciden directamente en el equilibrio de las preocupantes diferencias que ofrece el sistema educativo español y, por supuesto, el actual Gobierno de España ni tiene ni quiere ni ve posibilidades de mejorarlo.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Pérez López.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Creo que es bueno, siempre que debatimos de educación, recordar el artículo 27 de nuestra Constitución, en el que se recoge el derecho de los padres a elegir libremente la educación que quieran para sus hijos. También creo que conviene repetir que ni el Estado ni las comunidades autónomas tienen hijos a los que educar. Por eso las administraciones deberían respetar más la libertad de elección y harían bien en abstraerse de obsesiones, adoctrinamientos identitarios y laicismos antirreligiosos. Conviene también en este debate poner el acento en la necesidad de alcanzar un pacto -creo que eso es lo fundamental-; un pacto que tendría al menos estos seis objetivos. Primero, conseguir la equidad, la mejora de la calidad y la garantía de una verdadera igualdad de oportunidades. Segundo, elevar el nivel profesional y retributivo de los docentes. Tercero, garantizar una mayor exigencia curricular. -Señorías, hablan ahora de un bachillerato con una asignatura pendiente o suspendida. ¿Por qué no dos o tres? Creo que vamos hacia atrás-. Cuarto, adoptar las enseñanzas a la realidad laboral de un mundo en constante y rápida transformación y, por tanto, darle mucha más importancia al inglés. Quinto, pactar un respeto a los valores y creencias de los padres; quiero aprovechar para denunciar el experimento de ingeniería social que intenta el Gobierno de Navarra en mi comunidad denominado Eskolae. Y sexto, garantizar una evaluación constante de todo el sistema y una inspección real e integral.

Su propuesta, señoría, tiene doce puntos. Son muchos puntos; con algunos estamos de acuerdo, con otros no. Desde luego, compartimos la necesidad de lealtad, la necesidad de verdad y la garantía de una inspección -es verdad- que controle los excesos de quien instrumentaliza la educación para adoctrinar. Por eso dar más poder a quien se sabe que lo utilizará para subvertir el régimen de libertades o para demoler los pilares de nuestra convivencia no deja de ser una irresponsabilidad. Aprobar su moción en conjunto supondría prácticamente una enmienda de totalidad a todo el sistema educativo navarro, público, concertado o privado, que hoy por hoy supera con nota cualquiera de las evaluaciones más exigentes. Por eso, como nos acaban de pasar una transacción, vamos a consultarla antes de tomar posición.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Salvador.

Tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyora presidenta.

Señora Martín, cuánto odio. (La señora Martín Llaguno la señala con el dedo). Cuánto odio y cuánta bilis cada vez que suben aquí a hablar de educación. Sorprende muchísimo que vengan aquí y traigan una moción que habla de reducir las diferencias territoriales y no hablen de cosas tan sumamente importantes como, por ejemplo, la inversión en educación pública o el compartir entre comunidades autónomas buenas prácticas (la señora Martín Llaguno pronuncia palabras que no se perciben), como es el caso del decreto de plurilingüismo, que Europa dice que es una buena práctica y que ustedes aborrecen. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Porque no hay nada más mediocre en este mundo que venga una persona monolingüe a decirnos al resto que también tenemos que ser monolingües. Nosotros queremos ser bilingües. (Aplausos). Se lo voy a preguntar: ¿qué sentido tiene para una valenciana conocer los ríos de Galicia si no conoce los ríos valencianos? Pues nos parece perfecto conocer eso, nos parece perfectísimo; queremos conocer los gallegos y también queremos conocer los valencianos, y eso justamente es construir puentes.

Respetar y dignificar al profesorado por sus funciones y no querer controlarlos como si fueran niños de preescolar también es construir puentes, y hablar castellano y valenciano, como es nuestro caso,


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también es construir puentes, por mucho que les duela. Las propuestas de Ciudadanos buscan eliminar lenguas propias, impulsar desconocimiento del entorno, perseguir al profesorado, en definitiva, destruir, y esa justamente es la peor educación que se puede dar, la de la destrucción. Frente a ese discurso del odio que siempre trae aquí Ciudadanos nuestro lema, con el que queremos que la gente estudie valenciano: Construiré mil ponts mil vegades. Mira qué diferencia, qué diferencia, señora Martín. El Estado español y el País Valencià son tierras diversas, por mucho que les duela, y eso ustedes lo ignoran intencionadamente y no lo vamos a tolerar. Mientras ustedes atacan, nosotros construiremos puentes entre lenguas; mientras ustedes siguen atacando, nosotros construiremos puentes entre familias y profesorado; mientras ustedes atacan, nosotros construiremos puentes hacia una educación tolerante e inclusiva, por mucho que les duela, porque respetamos a nuestro profesorado, amamos nuestra lengua y educamos en tolerancia. Así que frente a su odio, frente a su menosprecio y frente a su ataque constante nosotros seguiremos construyendo mil puentes mil veces.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sorlí.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidente.

Señora Martín, se dice de Corea del Norte que es el país más homogéneo del mundo donde la gente es igual entre sí, no hay diferencias; es una característica de ese país que usted, afortunadamente, no tiene que defender en el Congreso de los Diputados de Corea del Norte, que sería una lástima para usted y para nosotros que nos perderíamos su dosis semanal de nacionalismo español. Fíjese, le reivindico lo que le reivindico cada vez que usted trae una iniciativa de esas características a esta Cámara, que es: en primer lugar, el problema del sistema educativo español no son los alumnos ni las lenguas cooficiales ni los profesores; es esta Cámara, que ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en cuarenta años en celebrar un gran pacto de Estado para la educación que culmine en lo que debería culminar un gran pacto de Estado por la educación, que es en un pacto de Estado por la educación. (Rumores). Céntrese usted en eso, que es el gran problema, el gran fracaso de esta Cámara. No es el catalán ni el euskera ni el español; el gran problema del sistema educativo español es esta Cámara y hasta que no se acepte eso, hasta que no se empiece a trabajar para que esto cambie, el sistema educativo español va a seguir como está. Usted, señora Martín, ha nacido en un país plural y usted presenta una iniciativa donde habla de diferencias,... (Continúan los rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Silencio, señorías.

Continúe, señoría.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: ... donde habla de diferencias territoriales, de barreras lingüísticas, y yo le digo ¿no será que es riqueza lingüística y no barrera lingüística lo que tiene este país? Al final nos ha sacado hoy un ejemplo nuevo -y se le agradece que actualicen el argumentario- que es el del profesor nativo. ¿Cómo es posible que un profesor nativo no pueda estar en Cataluña impartiendo clases de inglés porque no sabe catalán? Y yo le digo, ¿cómo es posible que un profesor nativo no pueda estar en Madrid impartiendo clases de inglés sin hablar español? Pues muy sencillo, señora Martín, porque la Constitución española y el Estatuto de Autonomía de Cataluña permiten que aquellos ciudadanos que viven en España y en Cataluña puedan recibir la educación en su lengua materna, en catalán en el caso de Cataluña y en español en el caso de España. Y yo le digo: ¿no será que usted con esta iniciativa está dinamitando el Estatut d'Autonomia de Catalunya, donde se dice de forma muy clara que todos los ciudadanos de Cataluña tienen derecho a recibir la educación en catalán? ¿O no estará usted dinamitando la Constitución española, donde dice que todos los ciudadanos de España deben conocer el español? Esta es la dosis semanal de nacionalismo español, vinculada otra vez al sistema educativo, y sobre todo vinculada a los problemas que genera el sistema educativo catalán, que todos sabemos cuáles son: un desconocimiento por parte de todos los catalanes de la lengua española y una repulsa total del pueblo de Cataluña frente al español, nos sangran las orejas a los catalanes cuando oímos hablar en español. Pues no; no. Ponga usted en valor la riqueza de su país, póngala en valor, si yo solo le pido eso, que la pongan en valor de una vez por todas. Que el catalán no es un problema, que el euskera no es un problema, que son riqueza que deberían ustedes apreciar, valorar y sobre todo proteger, que es lo que no han hecho ningún día en su historia. Porque usted igual no conoce la historia


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de su partido pero yo lo vi nacer en Cataluña, sé lo que defienden, sé cómo piensan y sobre todo sé por qué nacieron.

Muchas gracias, presidente. Gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Miquel.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz Serra.

El señor OLÒRIZ SERRA: Diputades, diputats, me toca intervenir en la hora bruja. La hora bruja es el último punto del orden del día y los corrillos de los diputados, que tienen mucho trabajo durante la tarde, ahora nos acompañan. Gracias.

Hay desigualdades en la educación. Cierto. ¿Algunas de ellas pueden ser territoriales? También, pero ¿estas últimas son determinantes, señora Martín, las que fundamentan un diagnóstico y justifican una batería heterogénea de acciones urgentes como las que ustedes, Ciudadanos, nos proponen? Rotundamente no. Esta moción tiene un objetivo político más que educativo, y esto supone una tentación de hacer también un discurso político, pero Joseba Agirretxea ha hecho un excelente discurso político en defensa de la educación, no quiero repetir y como amo, me gusta y quiero a la educación, intentaré hablar de educación. Ya sé que es contracorriente, lo entiendo, pero intentaré hablar de educación.

¿Qué factores explican las diferencias, contrastados por las evidencias científicas que tengan suficiente base? Mire, muy rápidamente, cuatro categorías; no una, cuatro. Primero, los relacionadas con el entorno económico, social y cultural del alumnado. Segundo, los que tienen que ver con el proceso histórico de conformación de la educación en un territorio: la demanda de escolarización en los siglos XIX y XX, la consideración social de la educación y la actuación de las familias y el respeto por la educación, el capital cultural acumulado en un territorio. Tercero, los que recogen la influencia de la estructura económica y productiva: la distribución sectorial del empleo o de la industria en el sector servicios, la tasa de ocupación cualificada. Y cuarto, los que son responsabilidad de las instituciones escolares y de determinados patrones educativos; la investigación basada en la evidencia científica. Ojalá tengamos en este Parlamento una oficina científica que antes de un debate como este nos hable de educación, de las bases científicas que hay, y a lo mejor no tendremos determinados debates que son más de ignorancia política que de otra cosa.

Miren, el primer elemento fundamental que la OCDE nos recomienda se basa en lo siguiente: cambiar la peculiaridad española para no entender que la no titulación de la ESO es fracaso escolar. Se llama titulitis. No es el camino adecuado y aún nos metemos dentro de esta realidad. La segunda, no caer en criterios obsoletos y tener en cuenta que el alumno real es diverso; aún creemos en ese alumno tipo que hace exámenes, que hace reválidas y que se pone ordenado al final de curso. En tercer lugar, y relacionado sobre todo con las políticas educativas que deben ponerse en práctica, el gasto público de educación. Deberíamos detectar tempranamente el riesgo del fracaso escolar y poner en marcha mecanismos que corrijan el retraso escolar. Hay que promover todo esto. Y por eso la Lomce es un problema, porque iba en dirección equivocada, por eso la queremos derogar y por eso con la ministra Celaá queremos hablar de una serie de temas que pueden mejorar la educación en España rápidamente, en Cataluña, en Euskadi. La mejora de la educación infantil, las reformas en los programas de segunda oportunidad al acabar la ESO, la apuesta por la calidad de los centros, etcétera. La diferencia entre ustedes y nosotros, más allá de su obsesión por el euskera y el catalán -por esa Arcadia feliz en que el castellano es la única lengua; se han equivocado de país porque España no es así-, es que ustedes creen en una especie de milagro educativo: la centralización. La centralización lo cura todo. Miran el pasado. La centralización es lo que hemos tenido en el pasado y ha sido un fracaso. ¿Cuál es el camino? La descentralizacion, la cooperación, la autonomía, la solidaridad. A eso hemos de ir. Y hoy me ha defraudado, señora Martín, porque coincidíamos en muchos de estos puntos en la subcomisión, pero hoy ha sido de nuevo martillo de herejes. Como ha empezado hoy la sesión con su presidente, seguido por otras intervenciones; aquí había que machacar y no que llegar a acuerdos. Nosotros continuaremos por este camino porque la educación, que combate la ignorancia, es la base de la convivencia, de la libertad y no es un campo de batalla para hacer mala política. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olòriz.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Mena Arca. (Rumores).

Les ruego silencio, señorías.


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El señor MENA ARCA: Buenas tardes a todos y a todas.

Señora Martín, hoy le traigo una invitación. (Muestra una fotocopia). Esta invitación es para una sesión de teatro que se celebra en el Espai Ágora de Sabadell del grupo Xerrem. Son un grupo de personas de entre cincuenta y setenta años que aprenden catalán haciendo teatro. Todos ellos tienen dos cosas en común: llevan más de cuarenta años viviendo en Cataluña y quieren aprender una lengua, el catalán, que el sistema educativo del franquismo no les permitió aprender, y ustedes empiezan a ir por ese mismo camino. (Aplausos). La invito, señora Martín, a que venga usted conmigo un día al Espai Ágora, abra su mente y entienda que el conocimiento de las lenguas, de todas las lenguas oficiales del Estado, debe estar garantizado por el sistema educativo. Ustedes basan esta moción en las supuestas desigualdades entre comunidades autónomas en educación y lo que nos dicen todos los estudios es que las desigualdades se dan por el nivel socioeconómico y por el nivel sociocultural de las familias. Hasta la OCDE lo recalca. La distancia -fíjese usted- entre los alumnos de familias ricas y los alumnos de familias pobres en España es de 35 puntos y eso no es porque los hijos de los ricos sean más listos, es porque los hijos de los pobres tienen menos oportunidades, y ustedes son incapaces de combatir eso. (Aplausos). Yo reconozco que hay desigualdades territoriales en España, pero no son entre comunidades autónomas, señora Martín, sino entre ciudades y barrios ricos y ciudades y barrios pobres. Las desigualdades se dan entre Los Pajaritos y el centro de Sevilla, entre Pozuelo y San Cristóbal, entre Ciutat Meridiana y Pedralbes, entre El Limonar y Palmilla en Málaga. ¿Y sabe por qué? Porque, por desgracia, la escuela está reproduciendo las desigualdades del entorno social y eso es lo que hay que combatir y a lo que ustedes son incapaces de dedicar una sola propuesta.

Tenemos dos herramientas: los presupuestos del Estado que ustedes están bloqueando y la ley de educación, porque usted no quiere enjuagues porque probablemente con la Lomce ya está cómodo el Partido Ciudadanos. Pero díganos la verdad, señora Martín, esta moción no va de educación. La moción que ustedes presentan hoy no va de educación, la moción habla del modelo de Estado y del modelo de país que ustedes quieren para España. Ustedes sueñan constantemente con una España uniforme, monolingüe, eliminando nuestra riqueza lingüística, nuestra riqueza cultural, recentralizando el Estado y destruyendo la España plurinacional, porque el debate importante es el debate de las desigualdades sociales y ese a ustedes no les interesa porque ya están cómodos en el marco de la confrontación entre los pueblos. Hemos visto al señor Rivera recogiendo lazos amarillos como si fuera un hooligan. Se inventan el adoctrinamiento en las escuelas catalanas y, cuando lo niega la justicia, ustedes se niegan también a pedir perdón. Piden, como hemos visto este fin de semana a la señora Arrimadas, recuperar el artículo 155 para Cataluña. Se van a Alsasua para provocar porque probablemente con el incendio en Cataluña ustedes no tienen suficiente. Rivera no descarta pactar con Vox y evita llamarlos ultraderecha. Ustedes, señores de Ciudadanos, son el combustible que necesita cualquier incendio. Y yo, señora Martín, últimamente tengo una duda. No sé si ustedes son conscientes de que mienten, aunque eso haga daño al sistema educativo, o es que ustedes se empiezan a creer sus propias mentiras. Por eso, les recomiendo que salgan ustedes de su caverna, y no me refiero a la caverna mediática, que tanto les gusta, me refiero a la caverna de Platón, a la que explicó en La República, aunque sé que esta palabra a ustedes les genera alergia porque ustedes son más de blindar la monarquía de los amiguetes. Salgan fuera de esa España de blanco y negro, de esa España de la bronca y verán que este país y su gente, señora Martín, tienen mucha luz y nuestra escuela pública ha colaborado a que esto sea así.

Acabo. Señora Martín, ustedes lo que pretenden es ese relato ficticio en el que se sienten cómodos, pero que ya no se les aguanta. Son ustedes como un escenario de cartón piedra, detrás de ustedes no hay nada; no tienen proyecto educativo, y lo demuestran en cada intervención, ni tienen proyecto de país, como ha demostrado su presidente Rivera esta tarde con un discurso por el que tendría que pedir perdón no solamente a esta Cámara, sino a toda España. No tienen proyecto educativo ni tienen proyecto de país, y por eso traen ustedes mociones como esta, que no buscan solucionar nada, sino caldear el ambiente para que su relato cuaje. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Mena.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Martínez Seijo.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señor presidente.

Señora Martín, qué orgullosos nos sentimos los socialistas de ser diametralmente distintos a ustedes, Ciudadanos, en el modelo educativo. (Aplausos). Porque nosotros defendemos la igualdad de oportunidades y, lamentablemente, su modelo cada vez nos recuerda más al de Cuéntame, muy cercano


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a la época franquista y a esas escuelas nacionales. Afortunadamente, ese modelo acabó hace muchos años.

¡Y que nos venga a dar usted lecciones de consenso cuando nada más anunciarse una ley educativa ya dicen que la rechazan y que van a votar en contra! Con ese talante de la nueva política de Ciudadanos para hablar de educación y aportar al sistema educativo, lecciones poquitas.

Yo creía que venían a hablar de las diferencias territoriales en el sistema educativo, pero ya nos han dejado muy claro que de lo que venían a hablar era de su proyecto electoral, reducido a doce propuestas, de su rechazo a la Lomce y de una serie de barbaridades educativas que a estas alturas deberían haber empezado a modificar. Nos habla de que nosotros rozamos en algunas cuestiones la Constitución, pero, señora Martín, toda su moción está basada en un ataque permanente a principios constitucionales y ustedes van de partido constitucionalista. Yo creo que ya deberían empezárselo a mirar. (Rumores).

¡Qué obsesión tienen con que seamos todos iguales! ¡Qué obsesión tienen con que todos seamos gemelos y que nos metan a todos en el mismo saco de querer ser gemelos! Creo que ya lo han conseguido con el Partido Popular, lo de ser gemelos, pero no intenten evitar que el resto de los partidos tengamos nuestra propia posición política y educativa, que la tenemos y muy distinta. Por cierto, nos gusta lo heterogéneo, nos gusta la diversidad, nos gusta la pluralidad, porque entendemos que enriquecen el conjunto del sistema educativo. (Rumores). Y cuando habla de esas diferencias territoriales en materia educativa debe recordar que ustedes han apoyado al Partido Popular en el Gobierno y han sido responsables de muchas de esas diferencias que se han incrementado precisamente por la política de recortes educativos que se ha producido en los últimos años y que nosotros ya hemos empezado a revertir. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Martínez.

Señorías, les ruego silencio.

Continúe.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Nos parece tremendista e irreal que digan que hay una dejación de funciones por parte del Estado como garante de la calidad y la equidad educativa. Los indicadores que usted utiliza pertenecen al sistema no obligatorio. Habla de la educación de cero a tres años, de la tasa de abandono escolar y utiliza también el informe PISA. Le debo recordar que el informe PISA es una evaluación de competencias, no de contenidos, y que solo evalúa a un 2 % del alumnado español; por tanto, un porcentaje muy reducido. Además, el informe PISA indica que hay más diferencias entre los centros educativos que entre las comunidades autónomas.

La EBAU única -ya que la ha sacado a colación en la exposición de motivos- también entra en el campo de las competencias autonómicas y de la autonomía universitaria. Hay que recordarle que en Castilla y León la competente es la Consejería de Educación y que precisamente ha sido el consejero de Educación el que ha optado por poner más temas en la prueba de acceso a la universidad que en otras comunidades autónomas, castigando así a los alumnos de esa comunidad, cuando podía haber intentado homologar las pruebas con otras comunidades autónomas y facilitar así ese proceso de homologación que usted defiende. Y sobre la tasa de abandono escolar, ya que ha entrado en la comparación con Castilla y León, debo decirle que en Castilla y León durante muchos años se ha tenido una tasa de abandono escolar por encima de la media nacional y que en los últimos años, desde que hay competencias en materia educativa, da la casualidad de que Andalucía ha reducido en 15 puntos la tasa de abandono escolar frente a los 7 puntos que la ha reducido Castilla y León. (Aplausos). Digo yo que eso se deberá a las políticas autonómicas de cercanía del territorio. Pero puestos a comparar, señora Martín, y ya que estamos hablando de esa comparativa entre Castilla y León y Andalucía que su gemela, la señora Tejerina, ya introdujo en el debate político nacional, he de decirle que en Andalucía, precisamente por las políticas de inversión en educación de esa comunidad, se ha conseguido que la tasa de escolarización de cero a tres años sea de más del 40 % frente al 20 % de Castilla y León. Eso quiere decir que los indicadores que usted ha estado utilizando no funcionan, señoría.

Vuelven a traer una vez más la creación de la agencia externa de la alta inspección. No vamos a volver a entrar en ese debate porque ya fue rechazada y creo que le dejamos nuestros argumentos muy claros en debates anteriores. Nos vuelven a traer también el clásico de las lenguas cooficiales y también saben cuál es nuestra posición. Y nos vuelven a traer también la situación del profesorado. Como


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comprenderá, se lo vamos a rechazar porque es una iniciativa que ustedes están instando al Gobierno a realizar cuando ya saben que se ha empezado un proceso de reflexión y de comunicación para alcanzar un modelo dentro de la función docente. Pero lo que más nos sorprende verdaderamente es que instan al Gobierno a llevar adelante un programa intensivo de becas, cuando precisamente este Gobierno en la propuesta anunciada de presupuestos destina 536 millones adicionales a becas y ayudas al estudio. Así que yo sí le instó a usted a que colabore precisamente para apoyar a aquellas familias más vulnerables que necesitan de esas becas para salir adelante y que necesitan el voto favorable de Ciudadanos a estos presupuestos para volver a traer la justicia social a este país. (Aplausos).

En definitiva, señoría, que sus doce propuestas son una mezcla inconexa que se resume en la recentralización. Pretenden modificar las bases de todo el funcionamiento del sistema educativo, que se sustenta, primero, en la Constitución y, segundo, en los propios estatutos de autonomía, que han gozado y gozan de un gran consenso que ahora ustedes pretenden cargarse. El Grupo Parlamentario Socialista cree profundamente en la riqueza del Estado autonómico y no en un modelo que restrinja las posibilidades y la diversidad que este ofrece. Lo que ustedes pretenden es hacernos a todos iguales, homogeneizar y acabar con la riqueza...

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora Martínez, tiene que ir acabando.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Finalizo.

... y la pluralidad que el sistema de autonomías ha aportado al sistema educativo a lo largo de los años, gracias al cual muchas de las diferencias de las que ustedes hablan han sido reducidas a lo largo de todos estos años.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Martínez.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, pregunto a la señora Martín Llaguno si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas. (Rumores).

Les ruego silencio.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Sí, hemos redactado una transaccional con el Partido Popular; está registrada.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien, muchas gracias.

En tres minutos pasaremos a las votaciones. (Pausa.-La señora presidenta ocupa la Presidencia).

DECLARACIÓN INSTITUCIONAL:

- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE EL MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD Y EL EMPLEO EN ALCOA. (Número de expediente 149/000028).

La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de proceder a las votaciones vamos a hacer una declaración institucional de compromiso con el mantenimiento de la actividad y el empleo en Alcoa, así como a trasladar el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de las plantas de A Coruña y Avilés-Gozón.

Señora secretaria.

La señora SECRETARIA (Sánchez-Camacho Pérez): Gracias, señora presidenta.

El Congreso de los Diputados quiere reafirmar el compromiso con el mantenimiento de la actividad y el empleo en Alcoa, así como trasladar su apoyo a los trabajadores y a las trabajadoras de las plantas de A Coruña y Avilés-Gozón.

Lamentamos y rechazamos la decisión unilateral de la empresa de cerrar tanto la instalación de A Coruña como la de Avilés-Gozón y le demandamos la búsqueda de alternativas para las dos factorías, que son una pieza clave del tejido productivo en Galicia y en Asturias.

El Congreso de los Diputados se compromete a impulsar a todas las administraciones para, desde la unidad de acción, instar a la compañía Alcoa a retirar el expediente de extinción de empleo que pesa sobre todos los trabajadores y las trabajadoras y abrir una mesa de negociación con todas las partes implicadas para encontrar una solución urgente que garantice el mantenimiento de la actividad empresarial


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y el empleo, así como a proporcionar seguridad y permitir al conjunto de las empresas electrointensivas competir en igualdad de condiciones con el resto de factorías a nivel internacional.

Las diputadas y los diputados nos comprometemos a hacer un frente común para seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de Alcoa y el futuro de esta industria en Galicia y Asturias.

Gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR. (VOTACIÓN):

- PROPOSICIÓN DE LEY PARA LA EFECTIVA IGUALDAD Y EQUIPARACIÓN SALARIAL DE LAS POLICÍAS DEL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 120/000015).

La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar las votaciones.

Señorías, votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley para la efectiva igualdad y equiparación salarial de las Policías del Estado español.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338 más 3 votos telemáticos, 341; a favor, 316 más 2 votos telemáticos, 318; en contra, 22 más 1 voto telemático, 23.

La señora PRESIDENTA: Se toma en consideración. (Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA DEFENSA DE LA CONVIVENCIA SOCIAL, LA NEUTRALIDAD INSTITUCIONAL Y LOS SÍMBOLOS NACIONALES. (Número de expediente 122/000271).

La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la defensa de la convivencia social, la neutralidad institucional y los símbolos nacionales.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338 más 3 votos telemáticos, 341; a favor, 161; en contra, 177 más 3 votos telemáticos, 180.

La señora PRESIDENTA: No se toma en consideración.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA FINANCIACIÓN SUFICIENTE DEL PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS DE SERVICIOS SOCIALES VÍA PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA UN ADECUADO EJERCICIO DEL DERECHO. (Número de expediente 162/000836).

La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora, señorías, a votar el texto de las proposiciones no de ley según lo acordado en el curso del debate. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la financiación suficiente del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales vía Presupuestos Generales del Estado para un adecuado ejercicio del derecho. Se vota en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 173; en contra, 161; abstenciones, 4.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL. (Número de expediente 162/000822).

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La vamos a votar en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 206; en contra, 129; abstenciones, 3.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, SOBRE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS ENERGÉTICAS APROBADAS EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (Número de expediente 173/000118).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con las votaciones correspondientes a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, vamos a votar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre la aplicación de medidas energéticas aprobadas en el Congreso de los Diputados. La vamos a votar en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 203; en contra, 128; abstenciones, 7.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS DIFERENCIAS TERRITORIALES DENTRO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. (Número de expediente 173/000119).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre las diferencias territoriales dentro del sistema educativo español. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 157; en contra, 179; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Muchas gracias, señorías.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Eran las ocho y cinco minutos de la noche.

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