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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 161, de 30/10/2018
cve: DSCD-12-PL-161
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 161
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 154
celebrada el martes,
30 de octubre de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Inclusión del orden del día:

- Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (antes denominada Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 166-1, de 13 de octubre de 2017. (Número de expediente 122/000133) ... (Página8)

- Solicitud de prórroga de subcomisiones:

- Solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo de que dispone la Subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) para emitir su Informe. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 103, de 9 de febrero de 2017. (Número de expediente 154/000007) ... (Página8)

Toma en consideración de proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre limitación de las prórrogas de plazos de enmiendas a las iniciativas legislativas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 147-1, de 8 de septiembre de 2017. (Número de expediente 410/000008) ... (Página9)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 308-1, de 14 de septiembre de 2018. (Número de expediente 122/000270) ... (Página18)


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Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para facilitar la cotización de los autónomos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 440, de 26 de octubre de 2018. (Número de expediente 162/000825) ... (Página29)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la región de América Latina y aprobar un Estatuto de protección temporal para venezolanos en España. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 411, de 14 de septiembre de 2018. (Número de expediente 162/000761) ... (Página38)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Sorlí), sobre la necesidad de aplicar la gratuidad de la AP-7 y asegurar la construcción de los tramos que garanticen la conexión con los pueblos colindantes. (Número de expediente 173/000115) ... (Página47)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el derecho a la movilidad y el transporte público, por el desarrollo y sostenibilidad de una red de ferrocarril público, ecológico, social y de calidad para una mejor competitividad, vertebración y cohesión social en nuestro país, y en particular, para conocer la orientación que pretende darle el Gobierno al sector público ferroviario en el marco de los cambios regulatorios y del avance de la logística y el transporte como áreas estratégicas de la economía. (Número de expediente 173/000116) ... (Página54)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actuación del Gobierno en política migratoria. (Número de expediente 173/000117) ... (Página62)

Solicitud de prórroga de comisiones de investigación:

- Solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo para la realización del dictamen de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair. (Número de expediente 152/000005) ... (Página70)

Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (antes denominada Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 166-1, de 13 de octubre de 2017. (Número de expediente 122/000133) ... (Página70)

Solicitud de prórroga de subcomisiones:

- Solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo de que dispone la Subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) para emitir su Informe. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 103, de 9 de febrero de 2017. (Número de expediente 154/000007) ... (Página78)

Toma en consideración de proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página79)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página79)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página79)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página80)

Solicitud de prórroga de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página81)


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Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página81)

Votación de conjunto ... (Página82)

Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación) ... (Página82)

Corrección de error ... (Página82)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Inclusión en el orden del día ... (Página8)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y lo acordado en la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno de la Cámara la inclusión en la sesión de hoy del debate relativo a los siguientes puntos: Dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (antes denominada Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias), y solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo de que dispone la subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) para emitir su Informe, lo que se aprueba por asentimiento.

Asimismo, la Presidencia informa de que las votaciones no se producirán antes de las 20:30 horas.

Toma en consideración de proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página9)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre limitación de las prórrogas de plazos de enmiendas a las iniciativas legislativas ... (Página9)

Defiende la toma en consideración el señor Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bataller i Ruiz, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Cano Leal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Elizo Serrano, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página18)

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones ... (Página18)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Candela Serna y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Margall Sastre, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Montero Soler, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Fole Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página29)

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para facilitar la cotización de los autónomos ... (Página29)

Defiende la proposición no de ley el señor Del Campo Estaún, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, así como la enmienda presentada por dicho grupo.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Alli Martínez y Candela Serna, del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto, y Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; así como la señora Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posición intervienen el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Movellán Lombilla, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Del Campo Estaún.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la región de América Latina y aprobar un Estatuto de protección temporal para venezolanos en España ... (Página38)

Defiende la proposición no de ley el señor García Hernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, así como la enmienda presentada por dicho grupo.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto, así como los señores Salvador Armendáriz, Matute García de Jalón, Baldoví Roda y Xuclà i Costa, del mismo grupo; Maura Barandiarán, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y De la Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Surra Spadea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y el señor Bustinduy Amador, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor García Hernández.


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página47)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Sorlí), sobre la necesidad de aplicar la gratuidad de la AP-7 y asegurar la construcción de los tramos que garanticen la conexión con los pueblos colindantes ... (Página47)

Defiende la moción la señora Sorlí Fresquet, del Grupo Parlamentario Mixto.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Salvador García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Campos Arteseros, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Margall Sastre, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y la señora Pastor Muñoz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Sorlí Fresquet.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el derecho a la movilidad y el transporte público, por el desarrollo y sostenibilidad de una red de ferrocarril público, ecológico, social y de calidad para una mejor competitividad, vertebración y cohesión social en nuestro país, y en particular, para conocer la orientación que pretende darle el Gobierno al sector público ferroviario en el marco de los cambios regulatorios y del avance de la logística y el transporte como áreas estratégicas de la economía ... (Página54)

Defiende la moción el señor Pascual Peña, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; Navarro Fernández-Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Ramos Esteban, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Margall Sastre, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Pascual Peña.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actuación del Gobierno en política migratoria ... (Página62)

Defiende la moción el señor Candón Adán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Alconchel Gonzaga, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Surra Spadea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y los


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señores Gutiérrez Vivas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Expósito Prieto, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra el señor Candón Adán.

Solicitud de prórroga de comisiones de investigación ... (Página70)

Solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo para la realización del dictamen de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair ... (Página70)

La Presidencia anuncia que este punto no hay debate y se someterá directamente a votación.

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página70)

Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (antes denominada Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias) ... (Página70)

En defensa de las enmiendas que se mantienen vivas para su debate en Pleno intervienen los señores Bataller i Ruiz y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; Telechea i Lozano, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Prendes Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadano, y la señora Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista.

Solicitud de prórroga de subcomisiones ... (Página78)

Solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo de que dispone la Subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) para emitir su informe ... (Página78)

La Presidencia informa de que se someterá directamente a votación.

Toma en consideración de proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página79)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre limitación de las prórrogas de plazos de enmiendas a las iniciativas legislativas, se aprueba por 176 votos a favor más 2 votos telemáticos, 178, y 163 en contra.


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Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página79)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, se rechaza por 163 votos a favor, 175 en contra más 2 votos telemáticos, 177, y 1 abstención.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página79)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para facilitar la cotización de los autónomos, se aprueba por 175 votos a favor y 164 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la región de América Latina y aprobar un Estatuto de protección temporal para venezolanos en España, se aprueba por 176 votos a favor, 74 en contra y 90 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página80)

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señora Sorlí), sobre la necesidad de aplicar la gratuidad de la AP-7 y asegurar la construcción de los tramos que garanticen la conexión con los pueblos colindantes, se aprueba por 246 votos a favor y 94 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el derecho a la movilidad y el transporte público, por el desarrollo y sostenibilidad de una red de ferrocarril público, ecológico, social y de calidad para una mejor competitividad, vertebración y cohesión social en nuestro país, y en particular, para conocer la orientación que pretende darle el Gobierno al sector público ferroviario en el marco de los cambios regulatorios y del avance de la logística y el transporte como áreas estratégicas de la economía, se aprueba por 203 votos a favor, 132 en contra y 5 abstenciones.

Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actuación del Gobierno en política migratoria, con la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, se aprueba por 172 votos a favor, 164 en contra y 4 abstenciones.

Solicitud de prórroga de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página81)

Sometida a votación la solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo para la realización del dictamen de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair, se aprueba por asentimiento.


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Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página81)

Sometidas a votación las enmiendas a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (antes denominada Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias), son rechazadas todas.

Sometido a votación el dictamen de la Comisión, se aprueba por 294 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones.

Votación de conjunto ... (Página82)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 294 votos a favor, 32 en contra y 14 abstenciones.

Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación) ... (Página82)

Sometida a votación la solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo de que dispone la Subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) para emitir su informe, se aprueba por asentimiento.

Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:

- DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (ANTES DENOMINADA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, DE REFORMA PARCIAL DEL RÉGIMEN DE PERMISOS Y LICENCIAS). (Número de expediente 122/000133).

- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:

- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CUATRO MESES DEL PLAZO DE QUE DISPONE LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA REFORMA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS (RETA) PARA EMITIR SU INFORME. (Número de expediente 154/000007).

La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la inclusión, como últimos puntos del orden del día de la sesión de hoy, el debate relativo al dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, antes denominada proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias, y la solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo del que dispone la subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, RETA, para emitir su informe. ¿Lo acuerda así la


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Cámara? (Asentimiento). Muchas gracias. Queda aprobada la inclusión en el orden del día de los puntos de referencia.

Señorías, por tener carácter de ley orgánica, la primera de las citadas iniciativas tiene que ser sometida a una votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada con antelación por esta Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, anuncio que las votaciones no se producirán antes de las 20:30 horas.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LIMITACIÓN DE LAS PRÓRROGAS DE PLAZOS DE ENMIENDAS A LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (Número de expediente 410/000008).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos, señorías, con el debate de toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Socialista de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre limitación de las prórrogas de plazos de enmiendas a las iniciativas legislativas. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Simancas Simancas.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora presidenta, señorías, reconozco que hemos tenido alguna duda a la hora de utilizar nuestro cupo de iniciativas legislativas, que es un cupo limitado, para plantear una reforma reglamentaria, pero hemos llegado a la conclusión, a la penosa conclusión de que esta iniciativa es absolutamente imprescindible para impedir que la minoría formada por Partido Popular y Ciudadanos siga obstaculizando el trabajo legítimo y esforzado de la mayoría de los diputados y diputadas de esta Cámara para mejorar la vida de los españoles. (Aplausos).

¿Qué hay tras esta propuesta, señorías? En dos frases, se trata de defender el principio democrático más elemental, que a nuestro juicio está siendo vulnerado en cada reunión de la Mesa de esta Cámara; y se trata de defender las reglas del jugo establecidas en nuestra Constitución, que a nuestro juicio están siendo incumplidas semana tras semana en el órgano de gobierno de esta casa. Señorías, el artículo 1 de la Constitución española establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español; el artículo 66 dice que el pueblo español está representado en las Cortes Generales; y el artículo 79 dice que los acuerdos de las Cortes Generales se adoptan por la mayoría de sus miembros, es decir, por la mayoría de los 350 miembros del Congreso en nuestro caso. Por eso cada vez que la minoría que forman PP y Ciudadanos obstaculiza una iniciativa de la mayoría de la Cámara, en realidad está incumpliendo la Constitución española y vulnerando el principio democrático que la rige. De ahí esta iniciativa.

¿Qué proponemos en concreto? Estamos proponiendo que la minoría que forman PP y Ciudadanos -insisto una vez más- deje de contar con el instrumento antidemocrático de bloquear la producción legislativa de esta Cámara a base de la ampliación sucesiva, interminable, arbitraria y partidista en los plazos de ampliación de enmiendas. ¿Cómo queremos hacerlo? Estableciendo una reforma reglamentaria de tal manera que tras el primer plazo obligado de quince días para enmendar las leyes, cualquier grupo parlamentario pueda pedir dos ampliaciones más, pero a partir de ese momento cualquier nueva ampliación de plazos de enmiendas deba venir avalada por dos grupos parlamentarios... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio. Silencio, por favor. Silencio.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: ... del conjunto de los diputados que representen al menos la mayoría absoluta de esta Cámara. Así se garantizará que cualquier ampliación de enmiendas responde en realidad a la voluntad, al interés de la mayoría de los españoles aquí representados, y así evitaremos que una minoría, PP y Ciudadanos, pueda bloquear la actividad legislativa en esta Cámara.

No es nada nuevo, esto ya se ha aplicado con anterioridad en esta Cámara: bajo la Presidencia del señor Posada, bajo la Presidencia del señor Bono, pero esta Mesa que ahora nos rige se ha negado a aplicar tal criterio, por eso planteamos una reforma reglamentaria al respecto. Decimos y reiteramos que la minoría PP-Ciudadanos en la Mesa está vulnerando el principio democrático. ¿Por qué? Porque en el parlamentarismo democrático y constitucional las mesas parlamentarias tienen funciones meramente instrumentales y meramente arbitrales, no tienen funciones políticas. Su misión es la de calificar los escritos, su misión es la de ordenar la actividad parlamentaria, su misión es la de trabajar para favorecer un trabajo eficaz a su vez de los diputados y de las diputadas. En ningún caso en el parlamentarismo democrático y constitucional las mesas pueden adoptar decisiones políticas ni bloquear la actividad del


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Parlamento con criterios partidistas ni mucho menos enfrentarse a la mayoría plenaria a la que se deben. Haciendo esto incumplen, insisto, la Constitución e incumplen el principio democrático que la rige.

En estos momentos, señorías, tenemos más de cuarenta iniciativas de ley bloqueadas en el trámite de enmiendas a la totalidad y al articulado por la minoría PP-Ciudadanos. La Ley sobre los plazos de instrucción judicial de los casos de corrupción se tomó en consideración, señorías, en mayo de 2017 y lleva más de cincuenta ampliaciones. La ley que pretende obligar a las empresas al registro diario del horario de entrada y salida de cada trabajador, para evitar abusos, se tomó en consideración en octubre de 2017 y lleva treinta y seis ampliaciones. La ley que pretende elevar el salario mínimo se tomó en consideración aun antes, en noviembre de 2016, y lleva sesenta y siete ampliaciones. Señorías, estas leyes se tomaron en consideración con amplias mayorías, 206 contra 132 votos y 164 contra 137. En el caso del registro diario de jornada, 136 votos a favor y ninguno en contra. ¿Pero quiénes se han creído ustedes que son para bloquear la actividad legislativa que respalda la mayoría de los representantes de los españoles en esta Cámara? (Aplausos). ¿Pero qué derecho creen ustedes que tienen para impedir que los españoles se beneficien de estas leyes? No tienen ustedes ningún derecho ni jurídico ni parlamentario ni político ni moral para hacerlo, señorías.

Además ustedes tienen una fijación especial por la reforma que hemos planteado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria que debe dar pie a la presentación de un proyecto de presupuestos, tal y como establece como compromiso inequívoco nuestra Constitución española. La reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria se tomó en consideración por el Pleno de esta Cámara el 18 de septiembre, con 181 votos a favor y 164 en contra, y desde entonces está bloqueada en esta casa. Primero, PP-Ciudadanos bloquearon la tramitación urgente de la ley, a pesar de que desde el 1 de octubre debíamos tener presentado aquí un proyecto de presupuestos, a la luz de lo que establece la Constitución. Después bloquearon la tramitación por lectura única, vulnerando flagrantemente el artículo 150 del Reglamento, que deposita esa decisión en el plenario de la Cámara. Después bloquearon la tramitación alternativa de esta reforma a través de la Comisión de Justicia, vulnerando el precedente de cuarenta años de democracia en la desautorización a la mesa de la Comisión de Justicia, y hoy mismo han vuelto a ampliar el plazo de presentación de enmiendas al articulado de esta iniciativa de ley, a pesar de que la enmienda solo podría afectar al único artículo de la iniciativa que el Grupo Parlamentario Socialista presentó.

Les voy a decir algo al respecto, señorías del PP y de Ciudadanos, con esta obstaculización no están actuando ustedes contra el Gobierno Socialista o contra el Grupo Parlamentario Socialista, ustedes están actuando contra los derechos y los intereses de la mayoría de los españoles y de las españolas. (Aplausos). Ustedes están actuando contra el interés de los trabajadores pobres de este país que necesitan la subida del salario mínimo. Ustedes actúan contra el interés de los pensionistas que necesitan acabar con el copago farmacéutico. Ustedes actúan contra el interés de los parados de larga duración que necesitan recuperar el subsidio para mayores de cincuenta y dos años. Ustedes están actuando contra ellos y ustedes no tienen ningún derecho. Claro que entendemos que ustedes cuiden la calidad de la tramitación legislativa, y que ustedes cuiden, por ejemplo, la homogeneidad entre las leyes y sus enmiendas, pero lo que no entendemos, señorías del PP y Ciudadanos, es que su sensibilidad por la calidad en la tramitación legislativa y por la homogeneidad entre las leyes y las enmiendas que enmiendan a las leyes solo surja cuando el Gobierno socialista intenta tramitar un proyecto de presupuestos, solo en ese momento, con lo cual hemos de concluir que a ustedes no les interesa ni la calidad de la tramitación legislativa ni el Reglamento ni la Constitución, lo que les interesa es parar el proyecto de presupuestos del Gobierno socialista, que quiere subir el salario mínimo, que quiere recuperar el subsidio para mayores de cincuenta y dos años, y que quiere mejorar la vida de los ciudadanos.

Ahora argumentarán que hace falta prudencia, tiempo prudencial para enmendar algunas iniciativas de ley; tres, cuatro, cinco o seis ampliaciones es prudencia, sesenta ampliaciones es abuso, señorías. Nos dirán que también lo hacemos nosotros. En pocos casos, limitados y siempre justificados, cuando hay una sentencia del Tribunal Constitucional pendiente, por ejemplo en relación con la prisión permanente revisable, o cuando hay un proyecto de ley en tramitación en relación con la Lomce. Nos dirán que hay que evitar el atasco del trabajo en las Comisiones, pero eso era antes, cuando el Gobierno del Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular no podía llegar a acuerdos en esta Cámara. En las dos últimas semanas hemos sacado adelante en ponencia y en Comisión seis leyes; no hay atasco ahora, porque ahora hay diálogo y hay capacidad de sacar adelante leyes.

Señorías de Ciudadanos -voy terminando ya-, el señor Rivera se refirió el otro día al presidente del Gobierno pidiéndole que sacara sus zarpas de la justicia. Yo no voy a hablar de las zarpas del señor Rivera


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porque zarpas tienen los animales, y yo quiero ser algo más respetuoso (aplausos), pero sí les voy a pedir, señorías de Ciudadanos, que dejen ustedes de sumar sus votos a los del Partido Popular en la Mesa del Congreso a fin de impedir que la mayoría legítima de esta Cámara siga trabajando en beneficio de los españoles, si es que quieren tener ustedes algún crédito como organización que trabaja por la regeneración democrática en este país. Y voy a pedir también a las señorías del Partido Popular algo. No les voy a llamar golpistas, como han hecho ustedes con el presidente del Gobierno, porque nosotros tenemos consideración por ese término, y sobre todo por el dolor y el sufrimiento que ese término y la realidad que conlleva han generado en la convulsa historia de nuestro país, pero sí les vamos a pedir algunas cosas. Les vamos a pedir que cumplan ustedes las reglas del juego de la Constitución para tener algo de crédito a la hora de pedirles lo mismo a otros interlocutores. Les vamos a pedir, señorías del Grupo Popular, que digieran ustedes de una vez la moción de censura (aplausos), y les vamos a pedir, señorías del Grupo Popular, que dejen ustedes de obstaculizar el trabajo legítimo de un Gobierno legítimo que ha obtenido la mayoría legítima de esta legítima Cámara. Digieran ustedes de una vez la moción de censura, por favor.

Para terminar, señorías del PP y señorías de Ciudadanos, ahora conjuntamente, les vamos a pedir que no nos hagan caer ustedes en la paradoja de obstaculizar a su vez la tramitación de esta iniciativa de ley, les vamos a pedir que permitan ustedes la tramitación rápida, urgente de esta reforma reglamentaria, porque urgente es a nuestro juicio recuperar la aplicación del principio democrático en el funcionamiento de esta Cámara, en el que tienen depositadas sus mejores esperanzas millones de españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, el filibusterismo parlamentario tiene muchas maneras de manifestarse, y una de ellas es efectivamente la que se contempla en la proposición de ley que ahora nos trae el Grupo Socialista, un filibusterismo que también ha afectado a Compromís. Fíjense, quien les habla tuvo la oportunidad de defender aquí, en esta tribuna, una proposición de ley a propósito de la reforma del Código Penal para asegurar la posibilidad de ilegalización de los partidos políticos que tuvieran en su seno tramas corruptas, y esa proposición de ley fue aprobada, fue tomada en consideración por 193 votos, y lleva más de un año esperando a que se desbloquee el plazo de enmiendas. Efectivamente, señor Simancas, un abuso esto y muchas otras cosas más. Ahora bien, a nosotros lo que nos preocupa es el aspecto político de esta cuestión. Todo esto viene, y coincidimos con usted, porque hasta ahora existe una derecha en esta Cámara que no tiene la mayoría absoluta en el Pleno, pero que sí la tiene, por circunstancias que conocemos, en la Mesa, que se ha bunkerizado y está intentando poner palos en las ruedas de todos los intentos de progreso que estamos haciendo. Y esto, que es muy importante, es lo que tenemos que evitar que continúe.

En su momento, cuando empezó la legislatura, faltaron unos liderazgos progresistas atentos para que esto no se hubiera dado. Desgraciadamente en ese momento estaban pensando en otras cosas, parece que más importantes, y quienes sí que estuvieron en la jugada colocaron sus piezas donde debían colocarlas. Pero no es momento de lamentarse, sino de buscar una solución. Nosotros apoyaremos la toma en consideración de esta proposición, pero ya les digo que enmendaremos su artículo, porque no nos convence la referencia que hacen ustedes a que haga falta un mínimo de dos grupos que representen la mayoría absoluta para que se mantenga la prórroga. Con la actual correlación de fuerzas en esta Cámara es muy difícil que dos grupos por sí solos alcancen la mayoría absoluta, a no ser que sean el Partido Popular y el Partido Socialista. No nos gustaría que esta reforma abriera la puerta a una reedición del bipartidismo, por el que el señor Casado -ahora ausente- ha estado suplicando continuamente, y al que parece que ustedes entran muchas veces, como cuando esta mañana en la Mesa han denegado la solicitud que hicimos los miembros de esta Cámara, el intergrupo Solidaridad con el Sáhara, para disponer de un local donde hacer un acto con compañeros diputados de parlamentos de Europa y autonómicos, cosa negativa, acto de censura, en el que ustedes también han participado. Cuando hablamos de temas importantes que afectan al Estado muchas veces parece que resurge el bipartidismo.

Como digo, votaremos a favor la toma en consideración, pero en nuestras enmiendas plantearemos que haga falta un mínimo de tres grupos o más que representen la mayoría absoluta. Si no, no la apoyaremos.

Gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Debatimos la toma en consideración de una proposición de reforma del Reglamento de esta Cámara respecto a la limitación de prórrogas de los plazos de enmiendas a las iniciativas legislativas, a fin de evitar bloqueos en la tramitación de proyectos y proposiciones. Son bloqueos que se han ido produciendo a través de decisiones de la Mesa, concediendo ampliaciones sucesivas del plazo de enmiendas, con tal de que así se acordara por mayoría de votos en aquella. Esta circunstancia ha dado lugar en muchas ocasiones a la paralización y bloqueo de iniciativas legislativas que no interesaban a determinadas alianzas de obstaculización y obstrucción, siendo estas también de geometría variable: en ocasiones de miembros de grupos que apoyan al Gobierno; en otras ocasiones de miembros de grupos que no apoyan al Gobierno; y en otras de composición mixta.

En principio la cuestión que debatimos podría no tener más debate si esos votos en la Mesa que acordasen la ampliación de los plazos de enmiendas representaran a la mayoría de los diputados. El debate se produce porque en muchas ocasiones los bloqueos a las iniciativas son consecuencia de una mayoría de votos en la Mesa que no tiene reflejo con la mayoría del Pleno de la Cámara. A esta situación viene a responder la iniciativa que ahora tomamos en consideración, y a la que el Grupo Parlamentario Vasco dará su apoyo. Se pretende poner fin a una argucia legal -de esa manera se la describe- que hace que determinadas iniciativas, molestas para ciertos grupos parlamentarios por causas diversas, en función de su momento y contenido, no se tramiten, condenándolas al ostracismo político, y también a los grupos parlamentarios que desearían ver cumplido legítimamente todo el tránsito legislativo, a fin de poder expresar el pluralismo político, concurrir a la manifestación y formación de la voluntad popular, y ser instrumento para la participación política, como representación libremente elegida por la ciudadanía. Urge pues reformar nuestro Reglamento para poner fin a esta práctica que consideramos que vulnera la esencia del parlamentarismo, y que no es solo un prurito teórico, sino que ha tenido reiterada manifestación en esta XII Legislatura.

Hay iniciativas que duermen el sueño de los justos. A modo de ejemplo les diré qué ha pasado con algunas iniciativas de nuestro grupo parlamentario. En la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana el plazo de enmiendas fue ampliado treinta veces; la proposición de ley del control político de las Cortes al Gobierno en funciones dieciocho veces; la proposición de ley orgánica de reforma del Tribunal Constitucional sesenta y cuatro veces; la proposición de ley de reforma de secretos oficiales cuarenta y dos veces; la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Código Penal treinta y siete veces; y esto son solo unos pocos ejemplos.

Señorías, consideramos que hemos de acabar con esta situación a la que, todo hay que decirlo, no sabemos cómo se ha llegado, pues el Reglamento vigente es claro: el periodo de enmiendas de las iniciativas legislativas es de hasta quince días, ampliable por otro tanto del plazo, y reducible hasta la mitad; y en casos excepcionales la Mesa puede no atenerse a esa regla de ampliación o reducción. Sin embargo cuando la Mesa, por encima de esos límites, amplía los plazos de enmiendas no argumenta ni da razón alguna de cuáles han sido los motivos que concitan a una iniciativa para que sea excepcional a los efectos señalados, salvo la implícita de que así lo ha aprobado y lo ha decidido una mayoría.

Señorías, a nuestro juicio no puede ser que el supuesto excepcional al que llama el Reglamento sea tener la mayoría, ya que esta es la regla general para adoptar los acuerdos en esta Cámara, una regla procesal que no contiene explicación alguna sobre la motivación que ampara una decisión. Son decisiones basadas solo en la voluntad, pero que no responden a una aplicación en casos concretos del concepto jurídico indeterminado contenido en la expresión 'en casos excepcionales', ya que si fuera detectado por el operador jurídico, la Mesa en este caso, el supuesto habilitante debiera motivar en cada caso el uso de la prerrogativa.

La iniciativa que debatimos propone poner fin a estos conceptos jurídicos indeterminados, regulando de una manera clara los criterios a tener en cuenta para las prórrogas de los plazos de enmienda; para las dos primeras, que lo solicite un grupo parlamentario; para las siguientes, que lo soliciten dos grupos parlamentarios o más, que representen la mayoría absoluta de miembros de la Cámara. Ya no hay conceptos jurídicos indeterminados que requieran de motivación su aplicación; solo criterios objetivos comprobables de manera sencilla, y que además responden a un criterio más ajustado a la función de representación de la ciudadanía, que es la función primordial de este Congreso, volviéndose además con


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ello a criterios imperantes en pasadas legislaturas, pero que ahora conviene elevar a rango normativo, dado que el uso desviado hecho de la habilitación a la Mesa, contenida en el artículo 91 del Reglamento, no ha sido debidamente aplicada a nuestro juicio.

Para finalizar, presidenta, confiamos en que lo que hoy se propone, y si se toma en consideración, no caiga ella misma en las arenas movedizas de las prórrogas de los plazos de enmienda que quiere abolir.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, vamos a votar favorablemente, aun cuando fíjense que podríamos entrar en un escenario surrealista; es decir, que hoy se admita a trámite esta iniciativa parlamentaria, y que luego, si el Partido Popular y Ciudadanos no cambian de proceder, esta iniciativa parlamentaria admitida por el Pleno del Congreso de los Diputados podría dormir meses y meses sin que pudiéramos despertarla.

Señorías, es posible que sea un bulo lo que dijo un día Pablo Casado, o que se dice que dijo: que haría todo lo posible para impedir que el salario mínimo interprofesional alcanzase los 900 euros. Es posible que fuese un bulo, lo que sí sabemos, por ejemplo, es que una iniciativa admitida por este Parlamento para incrementar el salario mínimo interprofesional se ha prorrogado sesenta y ocho veces. Todo ello en nombre de la necesidad del Partido Popular de revertir las políticas regresivas que acuñó a lo largo de su mandato.

Fíjense, suspensión de la Lomce, modificación del Tribunal Constitucional, modificación del Código Penal, modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recuperación de la justicia universal, represión penal de la financiación ilegal de los partidos políticos, modificación del reglamento para regular los lobbies o para hacer cumplir los mandatos parlamentarios, etcétera, etcétera. Hablamos de decenas y decenas de propuestas de ley que sin haber cumplido el año llevan más de treinta ampliaciones de plazo. La lista es muy larga, y hay temas muy importantes, como la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas, la regulación de las prácticas académicas o la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.

En definitiva estamos hablando de un verdadero boicot, de hacer descarrilar la tramitación de las leyes más progresistas. Todo ello utilizando la mayoría que tienen en la Mesa, una práctica legal ciertamente ilegítima, que debo decir que también había sido utilizada por el Partido Socialista Obrero Español en otras épocas. Quiero recordarles -porque a veces vale la pena tener memoria- un proyecto de ley que llegó a este Parlamento procedente del Parlament del Catalunya, que pretendía crear un fondo para rescatar las autopistas catalanas, o el mismo estatuto del periodista que canalizaron los compañeros de Izquierda Unida, y cuyos plazos estuvieron prorrogándose por la mayoría del Partido Popular y del Partido Socialista en la Mesa del Congreso de los Diputados durante cuatro años. Al final acabó la legislatura y estas iniciativas decayeron: el estatuto del periodista desapareció y la propuesta del Parlamento de Cataluña también desapareció. En cualquier caso debo reconocer que aquello que era excepcional en el caso socialista, en el caso del Partido Popular y Ciudadanos se ha convertido en norma de la casa, con lo cual mayor razón para apoyar esta iniciativa que proponen los compañeros socialistas.

Cuando ya empezaba a ser escandaloso el alargamiento sine die de la tramitación de las leyes, ha aparecido una nueva estrategia que consiste en ejercer -vale la pena recordarlo aquí- el llamado veto del Gobierno a la admisión a trámite de las proposiciones de ley, antes de que estas sean tomadas en consideración. Y, ¿qué se argumentaba? Digo esto, porque las anomalías acaban siendo normales, con lo cual lo que se hace es oficializar la perversión, el filibusterismo parlamentario. ¿Qué se argumenta? Se argumenta que implica un aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios. Este veto se utiliza abusiva y discrecionalmente, convirtiéndolo de hecho en un veto de carácter ideológico, y les pongo un ejemplo. Veto a la proposición del Parlament de las Illes Balears respecto a no conceder nuevas autorizaciones de exploración de hidrocarburos en el mar Mediterráneo, a pesar de que no afectaban al presupuesto en curso. Es decir, la interpretación expansiva, hacer -repito- del filibusterismo parlamentario academia convierte y desvirtúa incluso la razón, lo razonable, lo lógico, puesto que en este caso no hay afectación presupuestaria, sino que es algo estrictamente ideológico. Este filibusterismo parlamentario y gubernamental se basa en dos grandes factores: el Poder Ejecutivo ha usurpado las funciones del Poder Legislativo, es decir, bloquear la capacidad legislativa del Congreso, y arrogarse de manera abusiva la capacidad legislativa mediante reales decretos. Al fin y al cabo, lo que estamos haciendo es estimular a los Gobiernos de turno a que utilicen aquello que debería ser la anomalía, la excepción, es


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decir, los reales decretos. Nos estamos tirando piedras a nuestro propio tejado. ¿Y quiénes son los damnificados? La representación popular; en definitiva, la democracia. En definitiva, que vamos a votar favorablemente.

También es cierto que -permítanme la expresión popular- andamos un poco quemados con todo aquello que afecta a las modificaciones del Reglamento del Congreso, puesto que solamente tiene urgencia en modificarlo aquel partido político que cuando está en la oposición -viniendo del Gobierno- se siente más perjudicado. Entiendo las razones del Partido Socialista, pero este debe recordar que hay grupos parlamentarios que siempre hemos sufrido, siempre hemos sido damnificados en la medida en que como minoría en este Congreso de los Diputados a veces hemos sufrido tanto la prepotencia del Partido Popular como la prepotencia del Partido Socialista Obrero Español. También es cierto, y concluyo, que aquello que es menos normal -este comportamiento en el Partido Socialista- se convierte en normal y en consecuencia en perverso cuando quien lo ejerce es el Partido Popular, razón por la cual, a pesar de todo, votaremos a favor de la iniciativa del Grupo Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano Leal.

El señor CANO LEAL: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, buenas tardes. Me siento en la obligación de explicar un poco la reforma que se trae aquí por el Grupo Parlamentario Socialista porque ninguno de los que me han precedido en el uso de la palabra lo ha explicado. Básicamente se pretende reformar el párrafo primero del artículo 110 del Reglamento, que se refiere a la capacidad que tienen los grupos parlamentarios y los diputados de presentar enmiendas a los proyectos de ley que presenta el Gobierno en esta Cámara. La regulación actual es que en el plazo de quince días los diputados y los grupos parlamentarios pueden presentar enmiendas. Como se ha dicho aquí, este plazo de enmiendas se ha ido prorrogando. Esa ha sido la actividad ordinaria durante muchos años, participada muchas veces por el grupo que propone hoy día la revisión. ¿Cuál es la reforma que se propone? Se establecen tres supuestos: un primer plazo de quince días para diputados y grupos parlamentarios; unos plazos segundo y tercero que serían solo para grupos parlamentarios, excluyendo ya a diputados; y el cuarto y sucesivos plazos de prórrogas solo se podrían solicitar por los grupos parlamentarios que tengan mayoría absoluta en la Cámara. Como ustedes pueden deducir, evidentemente esto supone limitar, restringir y coartar la actividad de esta Cámara, en contra de lo que se ha dicho aquí. (Aplausos).

Me quiero detener en varios aspectos. En primer lugar, ¿cuándo presentaron ustedes esta iniciativa? La presentaron el día 30 de junio, es decir, llevaban treinta días en el Gobierno o menos. Mientras que al resto de los grupos nos pedían los cien días de cortesía, ustedes en treinta días querían cambiar las reglas del juego de una forma subrepticia. (Aplausos). Por lo tanto, queda demostrado una vez más, por si no bastaba ya, que cuando dijo el presidente Sánchez que iba a convocar elecciones inmediatamente estaba mintiendo absolutamente porque no era verdad, pretendía alargar la legislatura. Primero, presentación.

Segundo, mayoría de la Mesa. Con esta iniciativa ustedes pretenden alterar o deslegitimar las funciones que tiene la Mesa, Mesa que es resultado de unas elecciones generales, ese procedimiento que a ustedes tanto les pica y les duele. (Rumores). Efectivamente, la composición de la Mesa es resultado del procedimiento de elecciones y ustedes quieren cambiar sus facultades.

En tercer lugar, moción de censura. Parece que a ustedes les da miedo o les da vergüenza reconocer que han llegado al poder por una moción de censura. Es así. El procedimiento es legítimo, por supuesto, y nadie lo va discutir. Si no fuera legal habríamos tardado cinco minutos en llegar a los tribunales, pero es legal. Lo que ocurre es que ustedes no aceptan las consecuencias que tiene la moción de censura y una de ellas es que permanecen la composición de la Cámara y la composición de la Mesa. Es decir, ustedes con esta reforma quieren limitar un derecho; aceptan lo que les gusta de la moción de censura, que es no haber pasado por el procedimiento electoral, pero quieren quitar la facultad que tiene la Mesa de la Cámara.

Miren ustedes, desde el año 1982 hasta ahora ha habido doce modificaciones del Reglamento del Congreso. Ninguna de ellas ha tenido como objeto el procedimiento legislativo. Esta sería la primera, pero con una particularidad, y es que estaría afectando a un derecho fundamental, que es el derecho que tienen todos los diputados a ejercer su cargo público. Y esto no lo digo yo, esto lo dice el Tribunal


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Constitucional (aplausos), sentencias 4/2018 o 114/2017. La posición de fuerza que tiene la ley en nuestro ordenamiento jurídico deviene no solo de la participación de todos ustedes, diputados y grupos, en la elaboración de leyes, sino también de que las leyes son el resultado de un procedimiento que se basa en dos principios esenciales, que son el principio de contradicción y el de publicidad. Esto parte de una idea fuerza: que participen todos los grupos parlamentarios y se busque el mayor grado de consenso dentro del marco de un procedimiento que lo que busca es ese acuerdo. Pero esta reforma que ustedes proponen lo que hace es cercenar la facultad que tienen los diputados y los grupos de intervenir en el procedimiento legislativo y dar mayor protagonismo al Gobierno. Sí, a su Gobierno. Esa es la propuesta. Pero con esa iniciativa se debilita una base esencial de nuestro procedimiento, que es el pluralismo político. Eso es lo que ustedes quieren cargarse (aplausos), con la particularidad de que además en la actividad legislativa actual hay numerosas materias que requieren -lo dice toda la doctrina constitucionalista- un mayor grado de reflexión. Y le digo también que las facultades que tiene la Mesa de la Cámara están avaladas por sentencias y resoluciones del Tribunal Constitucional. Es la Mesa la que decide cuándo la solicitud de prórroga se está realizando de una forma torticera o con la finalidad que prevé la ley. En definitiva, ya le digo que esas son las características que tiene. Pero lo más llamativo -y con esto voy terminando- es que ustedes incurren en una contradicción conceptual. Hoy han presentado ustedes propuestas de prórroga de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, del Código Penal con la prisión permanente revisable, de la Ley Orgánica del Poder Judicial con la justicia universal, donde se han quedado solos, con la eutanasia, con la violencia de género... Eso son propuestas de solicitudes de prórroga que ustedes estarían cercenando con su propia iniciativa. Les voy a decir una cosa, señorías. La postura de Ciudadanos es la de no limitar, la de no bloquear. Nosotros queremos reformar el procedimiento legislativo, queremos actualizar y dinamizar el Reglamento del Congreso, pero de una forma adecuada.

Termino, señorías. Entendemos que esta propuesta limita gravemente un derecho fundamental, que es el de los diputados y grupos, y además generando un vicio que es susceptible de relevancia constitucional. Permítanme que yo les dé un consejo porque ustedes son -a la vista de lo que han presentado y de la práctica que llevan a día de hoy en este nuevo período político- la peor versión de un partido político como el Partido Socialista, que tiene muchos años de antigüedad y una tradición parlamentaria histórica. ¿Y por qué es esto? Por la obsesión del sanchismo por permanecer un día más en el Gobierno a costa de lo que sea, y con unos socios que poco creen en el diálogo y mucho en la imposición. Todo eso les está llevando a dilapidar ese crédito que tienen ustedes. Permítanme que les diga que deben volver ustedes a la normalidad democrática y a la base del constitucionalismo moderno, que es el pluralismo político. Les garantizo que todavía están a tiempo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Elizo Serrano.

La señora ELIZO SERRANO: Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.

Le quería decir al anterior diputado, que ha intervenido por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que ni la Mesa es fruto de unas elecciones generales ni tampoco la colocación de los diputados y diputadas en esta Cámara es fruto de las elecciones generales (aplausos); el pluralismo político tiene que ver con muchos factores: con el diálogo, con el consenso y con el respeto a grupos parlamentarios que tienen la misma legitimidad de representación en esta Cámara que tiene Ciudadanos.

Paso ahora a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista y tengo que decir que la acción parlamentaria se ha entorpecido desde principios de esta legislatura por el bloqueo de la tramitación parlamentaria y legislativa de las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios y también de los Parlamentos autonómicos. En una dinámica de difícil aritmética parlamentaria, nos hemos encontrado con diferentes mecanismos parlamentarios que han impedido no solo el debate en esta Cámara sino también que, inexplicablemente, han prorrogado situaciones de anomalía legislativa. La prórroga de enmiendas ha sido un mecanismo de estas características y también lo han sido -hace tiempo que han dejado de serlo- los vetos del Gobierno. Quizá uno de los asuntos más paradigmáticos sea la derogación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que en nuestro grupo hemos llamado Ley Berlusconi y que supone poner fin a los tiempos de investigación de las grandes causas de corrupción y del crimen organizado. Pues bien, como ejemplo de lo absurdo, llevamos casi año y medio de prórrogas de enmiendas para un asunto que implica la supresión de un artículo, una supresión a la que la mayoría de esta Cámara


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ha dicho que sí. No podemos operar con la utilización de herramientas reglamentarias para recomponer decisiones asumidas por la mayoría de este Pleno. Superada la cuestión de los vetos, como acabo de decir, en la línea que este grupo ha mantenido desde el principio basándonos en la doctrina constitucional, nos queda un obstáculo no menor para el buen funcionamiento de esta Cámara, y es el áspero manejo de los plazos de prórroga que se ha hecho. La posición de algunos instrumentos parlamentarios ha permitido el dominio de plazos, tiempos y de la tramitación normalizada de iniciativas legislativas, una posición de dominio que no se corresponde con las mayorías del Pleno, como se ha visto en la moción de censura. En esta legislatura se han aprobado unas 23 leyes de las 290 proposiciones presentadas. Esto, que representa apenas un tímido 8 % de las iniciativas, quiere decir que la inmensa mayoría de las propuestas no se votan ni se debaten. El abuso de la prórroga indefinida, que bloquea la acción legislativa del Congreso, es un recorte a la calidad democrática del sistema español y está respaldado por los grupos conservadores de esta Cámara. El bloqueo parlamentario demuestra cómo una minoría instrumentaliza los mecanismos institucionales para invisibilizar los avances propuestos por la mayoría de esta Cámara. Las prórrogas de enmiendas infinitas son una práctica de filibusterismo parlamentario que, utilizada espuriamente, acaba con el juego de mayorías y minorías y que coarta la actividad de esta Cámara y de su pluralismo político.

Evidente es que esta prórroga eterna tiene como finalidad llevar las proposiciones de ley en plazo de enmiendas hasta la finalización de la legislatura, cuando decaerán todas las iniciativas que no se hayan aprobado. Este es un gesto sostenido, en consonancia con la estrategia de crispación y frustración política que hemos advertido durante toda esta legislatura. Tenemos una mayoría en órganos de esta Cámara que no se corresponde con la realidad social ni la composición del Pleno; sin embargo, está bloqueando la potestad legislativa del Congreso de los Diputados. Les pedimos a esta mayoría la no utilización de herramientas parlamentarias de forma partidista y que no tengan miedo a los instrumentos y mayorías parlamentarias; que dejen paso a la participación y a la negociación política frente al caciquismo. La realidad parlamentaria ha cambiado de forma permanente y ya no sirve de nada atrincherarse provocando la parálisis legislativa. Esa parálisis mina el ejercicio del derecho fundamental a la participación política directa de la ciudadanía y es un claro ejemplo del construir de todos versus el obstruir de pocos. Nosotras somos conscientes de la necesidad de generar consensos políticos para impulsar medidas legislativas que cambien la vida de los ciudadanos y ciudadanas, por eso estaremos siempre a favor de este tipo de medidas democráticas. La alevosía con la que se utiliza la prórroga de enmienda como veto ha llegado a frustrar propuestas de gran calado para el desarrollo social, como la proposición de ley de supresión de calendario de la Lomce, con unas 69 ampliaciones de enmiendas de totalidad desde principios de diciembre de 2016; la PL de igualdad retributiva, cuya prórroga se ha levantado esta mañana; la PL sobre protección de desempleo o la PL sobre la subida del SMI, ampliada en más de 68 ocasiones y aún en enmiendas a la totalidad desde diciembre de 2016, hace casi dos años. ¿De verdad necesitan más de dos años para decidir si presentar o no una enmienda a la totalidad? Esto puede ser por dos cosas: o bien por incompetencia o bien por bloqueo legislativo intencionado. Lo interesante de una PL que Unidos Podemos hemos presentado sobre la subida del SMI, y que tiene que ver precisamente con esta doble alternativa, es que inmediatamente después el Partido Popular y Ciudadanos llegaron a un acuerdo precisamente sobre la subida del SMI. Muchas de las iniciativas que están siendo bloqueadas por la prórroga de enmiendas han sido presentadas conjuntamente por varios grupos parlamentarios, no por uno de ellos. El verdadero fondo, pues, de este debate va sobre quién ostenta la soberanía efectiva. La Constitución deja claro que la soberanía nacional reside en el pueblo español; sin embargo, los autodenominados constitucionalistas están subrogando esa capacidad a su voluntad política.

Necesitamos visibilizar que esta violencia institucional asfixia a las mayorías parlamentarias asumiendo decisiones políticas. Señores, vender la patria no es arrodillarse en Bruselas pidiendo intervenciones externas; vender la patria es impedir la acción legislativa que impulsamos para mejorar la vida de la gente. Hoy tenemos la oportunidad de aprovechar el nuevo escenario político, pero de verdad, no la farsa de esta mañana, que descubría, entre otras cosas, algunos intereses partidistas también levantando el veto a algunas iniciativas. Aunque es probable que esta iniciativa también sea eternamente prorrogada, trabajaremos para llegar a acuerdos con los demás grupos parlamentarios para acabar con este bloqueo en los órganos de dirección de esta Cámara.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro Fernández.


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El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, iba a comenzar diciendo que hay intervenciones que no dejan de sorprendernos en esta Cámara, pero la verdad es que a estas alturas de la legislatura, y con lo que estamos viviendo, ya prácticamente no nos sorprende nada. Desde luego, no nos sorprenden los discursos que se hacen en esta tribuna provenientes de la bancada de la izquierda parlamentaria. Por eso, no nos extraña nada que esta tarde hayan dedicado la mayor parte de su tiempo de intervenciones a criticar y descalificar al Grupo Parlamentario Popular en lugar de intentar argumentar y sostener su posición con un mínimo de rigor, porque, claro, eso les resulta bastante más complicado. Para empezar, porque la posibilidad de solicitar prórrogas al vencimiento de plazos de enmiendas es una facultad reglamentaria que ha venido siendo utilizada por todos los grupos en todas las legislaturas. (Aplausos). De hecho, es una práctica habitual en esta Cámara justificada, por ejemplo, por la necesidad de ordenación del trabajo parlamentario o por la complejidad o amplitud de determinados proyectos legislativos. Por eso, su proposición no se apoya en argumentos de índole jurídica, y no lo hace sencillamente porque no los hay, y menos teniendo en cuenta los precedentes parlamentarios en esta Cámara.

Se han puesto algunos ejemplos encima de la Mesa. Yo les pondré otros de legislaturas en las que el presidente de esta Cámara era socialista. Por ejemplo -lo ha dicho el señor Tardà y yo lo reitero- en la VIII Legislatura, algunas iniciativas, como la proposición de ley del Estatuto del Periodista, tuvieron, escúchenlo, ciento nueve ampliaciones del plazo de enmiendas. Sí, señorías, ciento nueve ampliaciones que necesariamente fueron respaldadas por los representantes del Grupo Socialista en la Mesa. Pero es que en una legislatura más reciente, en la IX, de las cuarenta y dos proposiciones de ley tomadas en consideración, ¿sabe cuántas caducaron y no finalizaron su tramitación al final de la legislatura? De cuarenta y dos, veintiséis, más de la mitad; entre ellas, la proposición de ley de inclusión de personas con discapacidad, que era una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular y cuyo plazo de enmiendas fue prorrogado en más de noventa ocasiones en una Mesa entonces presidida por el señor Bono. Con esos precedentes, ¿cómo tienen ustedes el valor de subir a esta tribuna y acusar al Partido Popular de bloquear las iniciativas parlamentarias?, ¿o es que lo que vale para una Mesa presidida por un socialista no vale para una Mesa presidida por un diputado del Partido Popular? ¿Qué clase de argumento es ese, señorías? Porque eso es lo que buscan, impedir que la Mesa de esta Cámara, democráticamente elegida al inicio esta legislatura, pueda decidir por mayoría sobre las prórrogas de plazos de enmiendas. Ustedes me podrán decir: De acuerdo, reconocemos que en pasadas legislaturas solicitábamos ampliación de plazo de enmiendas, pero en esta legislatura no hemos hecho. Pues bien, yo tengo aquí los datos descritos de ampliación de solicitudes de todos los grupos de esta Cámara desde febrero de este año; no desde el inicio de la legislatura, desde febrero de este año, y todos los grupos, no uno, todos los grupos han utilizado esta facultad: lo ha hecho el Grupo Parlamentario Mixto, lo ha hecho el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), lo ha hecho también Esquerra; eso sí, de manera limitada. ¡Pero es que Podemos lo ha hecho en diecisiete ocasiones! ¡Y el PSOE en diecinueve! Repito: solo desde febrero de este año. Por cierto, en una de ellas, señores socialistas, a finales de junio, ¿saben ustedes sobre cuántas iniciativas legislativas el Grupo Parlamentario Socialista solicitó ampliación del plazo de enmiendas? Pues ni más ni menos que sobre 36, señor Simancas. (Rumores). Prácticamente en todas. Y eso no es un hecho aislado y lo saben. Consejos vendo pero para mí no tengo. Esa es la curiosa forma que ustedes tienen de entender la coherencia en política. (Aplausos). Y es que una cosa son los discursos y otra cosa bien distinta es la realidad parlamentaria y la realidad parlamentaria indica que hay tantas o más iniciativas en fase de ponencia que en plazo de enmiendas, casi 40 iniciativas en ponencia y algunas llevan allí más de un año y medio. Y esa responsabilidad no es del Grupo Parlamentario Socialista ni de Ciudadanos, esa es responsabilidad de todos los grupos parlamentarios. Por cierto, a la cabeza del ranking en retrasos está la Comisión de Justicia, que está presidida por una diputada del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Y eso por qué ocurre? Pues fundamentalmente por una razón, por la dificultad de conformar mayorías para sacar adelante esas iniciativas. Pero es que en otros casos ocurre porque ni siquiera se constituye la ponencia y eso es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la reforma de la Ley del indulto, donde el plazo de enmiendas finalizó en febrero de este año y hemos tenido que obligar a la Mesa de la Comisión de Justicia a que convocara la constitución de la ponencia ocho meses después, y encima hoy, en ponencia, piden más plazo para valorar las enmiendas y convocar también nuevas comparecencias. Y luego hablan de que somos nosotros los que estamos retrasando y bloqueando las iniciativas parlamentarias, señorías. (Aplausos). Así que, señorías, yo les pediría un poco más de coherencia y también de respeto a esta Cámara, porque aquí no se está


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cercenando la posibilidad del trabajo parlamentario. Ese discurso además de falaz lo único que consigue es dañar a esta institución y esta institución no lo merece.

Y les haría una última pregunta, señor Simancas, señores socialistas: ¿por qué discuten el procedimiento legislativo ahora, al final de la legislatura, y no lo hicieron al comienzo de la misma? Pues la respuesta la ha dado usted, señor Simancas, porque todos sabemos que la verdadera razón que se esconde detrás de su propuesta es sacar adelante su reforma de la Ley de estabilidad presupuestaria para neutralizar la capacidad de codecisión del Senado para fijar los objetivos de déficit y el techo de gasto -creo que en ese objetivo coinciden también los señores de Ciudadanos-, aunque ello nos pueda llevar a unos presupuestos generales que son la receta perfecta para volver a la recesión y a la crisis. Ya lo intentaron hace un mes con una enmienda donde no tocaba, en claro fraude de ley parlamentario, y ahora lo quieren hacer con una reforma reglamentaria de última hora para servir a sus intereses. Para ello parece que están dispuestos a neutralizar todas aquellas instituciones y organismos que no pueden controlar. Esa es la nueva política, la que ha permitido a un perdedor convertirse en presidente del Gobierno de España con el único mérito de haber conseguido reunir a su favor a todos los que quieren acabar con ella. Pero, señorías, no es lo mismo ocupar el poder que gobernar; no es lo mismo, aunque eso parece que les importa poco. En realidad nunca han sido ejemplo de buen gobierno, saben bastante más de propaganda, para eso tampoco les importa poner a su servicio a determinados organismos e instituciones públicas. Pero gobernar es otra cosa y se necesita algo más que un frente anti PP. Por eso, no hablen aquí ni de bloqueo ni de distorsiones, no culpen de ello tampoco ni al Senado ni a la Mesa del Congreso porque aquí lo único que está distorsionando, lo único que está bloqueando la tramitación parlamentaria es que por primera vez en democracia está gobernando el partido que perdió las elecciones y que solo cuenta con 84 diputados en esta Cámara. (Aplausos). Y esa realidad es tozuda y no van a poder cambiarla por muchas vueltas, propuestas, maquinaciones o cambalaches que intenten hacer. ¿Saben por qué? Porque esa incapacidad que tienen ustedes para gobernar solo se va a solucionar de una manera, devolviendo la voz al pueblo y convocando elecciones. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/1987, DE 18 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. (Número de expediente 122/000270).

La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con el debate de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Rivera Díaz.

El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, presidenta.

Por fin vamos a debatir en la tribuna del Congreso la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones, un impuesto nacional cedido a las comunidades autónomas que ha generado desigualdad y un galimatías jurídico y que sobre todo... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, presidenta.

Les decía que fue una mala idea en un mal momento y que hay que corregir allí donde se generó. Aquí, en el Congreso de los Diputados, hoy sus señorías van a tener que decidir si le quieren meter la mano en el bolsillo a los que heredan un piso de sus padres o sus abuelos, si quieren meter la mano en el bolsillo a los que donan dinero para que sus hijos salgan adelante o puedan comprar un piso o si quieren que el esfuerzo y la igualdad primen por encima de las ansias recaudatorias y, además, de la desigualdad entre españoles. (Aplausos).

Señorías, hoy tenemos veinte regímenes fiscales distintos para tratar lo mismo. Luego pondré algunos ejemplos de ello para que ustedes vean la injusticia que estamos cometiendo al no suprimir este impuesto. Tenemos la situación caótica; hay españoles que piensan dónde van a morir precisamente para que el esfuerzo de su vida no quede en manos del Estado, con un gravamen diferente en cada comunidad


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autónoma. Hay españoles tomando decisiones familiares y personales en momentos muy duros dependiendo de a quién se le ha ocurrido subir o bajar o de la mayoría parlamentaria de un congreso o de un parlamento regional. Tenemos desigualdades, sí, hay españoles que, por lo mismo, o no pagan o pagan un 30 % de impuestos. Y eso, desde luego, hay que corregirlo, y hay que hacerlo aquí.

Durante cuarenta años el PP y el PSOE se han dedicado, en vez de a descentralizar, a fragmentar, y yo quiero una España descentralizada, no fragmentada; quiero una España con igualdad de derechos y oportunidades, y esa España que ustedes han desdibujado, ese Frankenstein que el bipartidismo ha dibujado de una España que ya no se reconoce como igual, donde hay diferencias tan flagrantes entre españoles, hay que corregirla. Ya sé que a ustedes no les gusta, que les gusta más pactar con los nacionalistas, pero a nosotros nos gusta pactar con los españoles para que tengan los mismos derechos. (Aplausos). Así que hoy vamos a votar la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones, que es distinto en cada comunidad, que en algunas ya no existe y en otras existe hasta un 30 %, como les he dicho. Les pongo un ejemplo, Castilla y León, Partido Popular gobernando desde hace décadas, el impuesto sobre sucesiones existe; el Partido Popular no ha quitado el impuesto sobre sucesiones en Castilla y León. O lo traemos aquí o no lo va a quitar. En Galicia, Ñúñez Feijóo no ha quitado el impuesto sobre sucesiones. O lo traemos aquí o el Partido Popular no lo va a quitar. En Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana -donde ha gobernado el Partido Popular y ahora el Partido Socialista-, existe el impuesto sobre sucesiones. Por tanto, como vemos, esto no es distinto cuando gobiernan los distintos; es siempre lo mismo. El PP y el PSOE en diferentes comunidades mantienen el impuesto sobre sucesiones. ¿Dónde se ha conseguido en esta legislatura que no haya impuesto sobre sucesiones y donaciones? En dos comunidades. Una, Andalucía. ¿Saben por qué? Porque no había mayoría parlamentaria y la mayoría la decidía Ciudadanos. (Aplausos.-La señora Romero Rodríguez pronuncia palabras que no se perciben). Sí, ustedes en treinta y siete años de oposición estarán encantados de haberse conocido, pero no han conseguido nada en Andalucía. (Aplausos). Y ahora incluso usted, diputada del Partido Popular, no va a pagar impuestos gracias a ese acuerdo de Ciudadanos si hereda un piso o una casa. No digo que nos dé las gracias, pero por lo menos no mienta. Pero es que en Murcia -donde ustedes tenían el impuesto sobre sucesiones-, en esta legislatura, para que hubiera mayoría parlamentaria Ciudadanos le exigió al Partido Popular que quitara el impuesto sobre sucesiones, y lo hicimos. Les costó mucho pero lo quitamos. (Aplausos). En Aragón, donde gobierna el Partido Socialista y gobernó el Partido Popular y nunca tocó el impuesto sobre sucesiones, hemos llegado a un acuerdo desde la oposición para que haya un umbral de 500 000 euros exentos. Bueno, los aragoneses no han quitado el impuesto de sucesiones -lo quitaremos si votamos a favor-, pero también han conseguido un pasito adelante gracias a esas negociaciones. ¿Saben por qué? Porque Ciudadanos en Aragón, en Madrid, en Murcia o en Andalucía no pedía sillas, ni secretarías ni coches oficiales ni carguitos, pedía mejoras para la clase media trabajadora. (Aplausos). Mientras otros se reparten consejerías, nosotros creemos que hay que quitarle losas a la clase media y trabajadora. Por eso seguramente en algunos lugares algunos ciudadanos creen que tienen en este momento que escoger opciones distintas al bipartidismo, porque nunca les quitaron el impuesto de sucesiones y ahora están viendo cómo libran todo ese esfuerzo.

Estoy hablando de casos flagrantes, estoy hablando de personas, por ejemplo, que han heredado y no pueden aceptar la herencia porque no pueden pagar el impuesto. Hay casos reales de gente que no acepta una herencia porque le cuesta pagar el impuesto y no puede pedir una hipoteca. Hay casos de personas mayores, incluso pensionistas, que heredan de su padre o de su madre un piso y no pueden heredarlo porque no pueden pagar el impuesto, porque tienen una pensión y no les dan la hipoteca. ¿De verdad ustedes creen que vamos a mantener este impuesto y que pueden hacerlo en nombre de la igualdad? No; esto es desigualdad, y aquellos que menos pueden son precisamente los que no hacen planificación fiscal, los que no tienen chiringuitos ni tienen, como algunos ministros de aquí, empresas pantalla; no, no, esa gente tiene que tributar. Así que menos lecciones. Díganles a algunos ministros que tienen empresas pantalla en Panamá que paguen los impuestos, y a la clase media trabajadora ayudémosla a que no tenga que pagar este injusto impuesto. (Aplausos).

Estamos hablando de gente que hereda una empresa familiar, por ejemplo, de agricultores. En Andalucía, por ejemplo, hay muchos agricultores que ahora no tienen que pagar si quieren quedarse la explotación agrícola de sus padres o sus abuelos. Eso es un gran avance, eso es política útil, no pelearse ni insultarse ni tirarse los platos a la cabeza, sino conseguir que esos agricultores, que esos pequeños trabajadores y empresarios consigan no tener que pagar impuestos por lo que es suyo, que es de su


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familia, que es de sus padres, que es de sus abuelos. ¿Queremos realmente apostar por el mundo rural? Pues hay que quitarle el impuesto de sucesiones a los agricultores. Esa es una medida para apostar por el mundo rural. Eso es lo que vamos a hacer hoy aquí si se aprueba. Menos palabrería y más apuesta por el mundo rural. (Aplausos).

Y estamos hablando de vivienda, claro que sí, estamos hablando de casos que afectan a la vivienda. Les voy a poner un ejemplo para que vean ustedes el galimatías absurdo que tenemos en España. Imagínense que tuviéramos una vivienda, en este caso heredada, una casa por valor de 350 000 euros. Pues en Castilla y León, donde gobierna el Partido Popular, pagaría 6800 euros por impuesto de sucesiones, pero si va a la Comunidad Valenciana, donde gobernó el Partido Popular y ahora gobierna el Partido Socialista, pagaría 37 000 euros por lo mismo. De 6800 a 37 000. ¿Qué maldición le ha tocado? ¿Nacer en Valencia en vez de nacer en Segovia? Pues no, ha nacido España; ha nacido en un país que tiene igualdad de derechos y libertades y, por tanto, nos parece justo que no paguen por esa casa heredada. Les voy a poner otro ejemplo. Fíjense, si fueran 400 000, en la Comunidad Valenciana se irían a 44 600 euros. Oigan, ¿de verdad todo el mundo tiene 44 000 euros para pagar un impuesto? Habrá gente que tendrá que hipotecarse, y si eres pensionista y no tienes recursos, si tienes un trabajo y no llegas a final de mes, ¿cómo vas a pagar una hipoteca por lo que es tuyo, por la herencia de lo que han conseguido tus padres y tus abuelos? Yo no le veo sentido, de verdad. No veo ningún sentido a castigar el esfuerzo, a castigar el ahorro y a castigar a aquellos que han hecho las cosas bien, que es trabajar mucho, esforzarse mucho y tener un pequeño ahorro, una casa familiar o un negocio familiar. (Aplausos). Para esa gente va esta ley.

Les pongo otro ejemplo: si ustedes hoy heredaran un patrimonio, una casa por 400 000 euros en Andalucía pagarían cero euros. ¿Porque quería el Partido Socialista? No; porque le obligamos a suprimirlo con el acuerdo con Ciudadanos, por eso. Hoy en Murcia pagarían cero euros por una casa de 400 000. ¿Porque lo hizo el Partido Popular en veinte años que estuvo gobernando? No; porque llegamos a un acuerdo negociando con el Partido Popular en Murcia. ¿Qué quiero decir con esto? Que los partidos que gobiernan y mantienen el impuesto de sucesiones y donaciones, Partido Socialista y Partido Popular, hoy tienen... (El señor Lorenzo Torres pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí. Bueno pues usted no se entera ni de donde gobiernan, se lo acabo de leer. Ustedes deberían saber lo que hacen donde gobiernan. Mire, Partido Popular, Castilla y León, 18 700 euros por una casa de 400 000. (El señor Lorenzo Torres pronuncia palabras que no se perciben). Sí, sí. Infórmese, porque usted no se entera ni donde gobiernan. Esto es lo que hay. (Aplausos). Esto es lo que hay. Es duro porque han gobernado muchos años y no lo han quitado, pero más duro es para las familias que lo tienen que pagar y para ustedes que son diputados.

Por tanto, nosotros lo que les planteamos a los señores del Partido Popular y a los señores del Partido Socialista es que rectifiquen, que igual que han tenido que rectificar en Andalucía los socialistas o en Murcia los populares, rectifiquen hoy juntos y tramitemos esta ley. Si quieren ustedes negociar, estamos abiertos a negociar esta ley, pero demos luz verde a la supresión por primera vez en España del impuesto de sucesiones y donaciones. Les planteo eso. No quiero convencerles, no quiero que lo aplaudan, no quiero que nos digan que estamos en lo cierto; me conformo con que hoy no bloqueen esta ley, con que hoy no intenten impedir este debate. Es un debate que afecta al bolsillo de los españoles, es un debate que afecta a la clase media trabajadora y es un debate que va a la línea de flotación del esfuerzo de las familias. Por tanto, creo que es un debate de los que sí interesan y de los que sí tenemos que traer al Congreso. Así que yo les propongo a todos esos partidos que han mantenido este impuesto durante décadas que hoy se autoenmienden y reconozcan que no es lo idóneo y que hay que cambiarlo.

Creo que no hay que confundir descentralizar con fragmentar. No hay que confundir acercar servicios a los ciudadanos con quitarles derechos o dinero, y este impuesto no ha mejorado en ese sentido la situación, todo lo contrario, hay personas sufriendo literalmente por dónde se mueren o por dónde se muere su padre o su madre o cómo pueden dejar la herencia o qué tienen que hacer para pedir una hipoteca con sesenta años. Quiero que en mi país la gente no esté preocupada en momentos tan difíciles como son los de morir o los de tener que dejar una herencia. Por tanto, tiene sentido lo que traemos y tiene sentido que sea igual en toda España.

El Partido Socialista dice -también se lo hemos escuchado a Podemos- que hay que igualarlo, pero para poner a todo el mundo más impuestos. Lo que plantean aquí no es como lo que plantea el Partido Popular, que es dejarlo, sino incrementarlo. Plantean, no que se quede, como hace el PP, sino que se incremente. Nosotros planteamos suprimirlo, fíjense qué diferente. Aquí plantean que hay que igualarlo,


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pero para que todo el mundo pague más; nosotros, lo que planteamos en esta ley que hoy traemos aquí, que hoy se va debatir y a la que ustedes van a votar, es suprimirlo.

Dirán ustedes: Bueno, es que eso es dinero. ¡Claro que es dinero! Son unos 1900 millones de euros, lo hemos calculado. Nosotros no somos como los de Podemos; hemos calculado cuánto cuesta. Lo que proponemos es recuperar algo que ya planteamos en el acuerdo de Gobierno con el Partido Socialista y con el Partido Popular, una comisión de estudio de las duplicidades en España. Vamos a estudiar de verdad lo que sobra y lo que falta en España. (Aplausos). Seguramente sobrará grasa y faltará músculo y seguramente sobrarán chiringuitos políticos, algunas empresas públicas, algunas duplicidades, algunos cargos de confianza y faltarán, sin duda, medidas como esta. Sabemos lo que cuesta, y son 1900 millones de euros en toda España, imagínense. La ministra del Partido Socialista dice que 1900 millones no son nada, chiqui. Pues estos son 1900 millones, chiqui, y esos 1900 millones se pueden financiar suprimiendo duplicidades. Llegamos a un acuerdo que suprimía 1000 millones cada año. Si además le metemos mano a algunos chiringuitos políticos, podemos ir más allá, pero hay que ser valientes, señorías, hay que quitar losas a la clase media y hay que quitar chiringuitos políticos de la partitocracia y eso implica valentía y coraje.

Así que yo, para acabar, señora presidenta, voy a pedir el voto favorable a esta ley. Me da igual lo que hayan hecho hasta ahora en un lugar y otro, porque creo que lo legítimo es que partamos de una base para negociar. Esta es una ley que suprime el impuesto de sucesiones y donaciones en toda España y creo que es de justicia e igualdad. Quiero vivir en un país que prime el esfuerzo, el ahorro; que prime al que se la juega, al que monta una empresa y al que, en definitiva, quiere seguir adelante trabajando y esforzándose mucho. Esta es una ley para la clase media trabajadora, no es una ley para los que quieren desigualdades entre españoles, no es una ley para los que tienen ansiedad de recaudación, sino una ley para reconocer ese esfuerzo. De verdad, tratemos todos de que ese esfuerzo se vea recompensado y de que desde este Congreso, además de trifulcas, además de broncas, además de insultos y de no sé qué otras cosas, podamos decir a los españoles mirándoles a los ojos: Entre todos nos hemos puesto de acuerdo para que no os preocupéis por cómo y cuándo tenéis que heredar y para que estéis tranquilos, porque vuestro esfuerzo será recompensado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

El voto de Foro va a ser favorable a esta toma en consideración de la proposición de ley de modificación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, porque es una iniciativa que se asemeja a la que nuestro partido viene promoviendo repetidamente en Asturias desde su fundación, en 2011, e incluso gobernando, para que deje de aplicarse la requisa socialista a los residentes de nuestra comunidad autónoma, que afecta al bienestar de quienes tienen el legítimo derecho a heredar el patrimonio alcanzado con el trabajo, el esfuerzo y el sacrificio de sus mayores.

Los asturianos, discriminados una vez más, somos líderes nacionales en la presión fiscal que supone este tributo, toda una penalización voraz que se añade a los negativos indicadores oficiales que inciden en la decadencia de la región y que está provocando deslocalizaciones tanto de personas físicas como jurídicas, por lo que tiene de usurpar las herencias para sufragar la desastrosa gestión socialista de las finanzas públicas. Así se explica el éxodo fiscal que asola la región.

El confiscatorio impuesto sobre sucesiones que sufrimos sangra los derechos patrimoniales hereditarios de quienes carecen de recursos, que se ven obligados bien a endeudarse para afrontarlo o bien a renunciar a la herencia, como sucedió en el pasado ejercicio de 2017, en el que se batió el récord en una comunidad que tiene el envejecimiento más alto de España, la tasa de población activa más baja del país desde hace años, un PIB pertinazmente divergente y donde la creación de empleo está a niveles paupérrimos, como demuestra la encuesta de población activa publicada la pasada semana, en la que se reflejó que Asturias es la única comunidad que perdió empleo en un año. En definitiva, para Foro solo cabe suprimir el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Lo que sucede en Asturias explica la urgencia inexcusable de adoptar esta medida y eliminarlo.

Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Candela Serna.

El señor CANDELA SERNA: Gracias, señora presidenta.

Señor Rivera, pondré datos, porque usted de datos va escaso, pero me gustaría hacerle una pregunta que creo que es clave: ¿qué entiende usted por clase media trabajadora, cobrar 10 000 euros al mes o cobrar 1594, que es el sueldo mediano de este país? Esa es la clave que necesitamos para dar luz a este debate.

Fíjese, le voy a hacer una propuesta para armonizar y coordinar el impuesto sobre sucesiones y donaciones y evitar, por ejemplo, el dumping fiscal que ustedes han pactado en la Comunidad de Madrid. Le voy a dar los datos y el funcionamiento de este impuesto en la Comunidad Valenciana, a la que usted hacía referencia; ahora vamos a ello. Número de autoliquidaciones, 662 325, de las que no han pagado nada 140 353. El 87 % no ha pagado nada. ¿Por qué? Porque son clase media. ¿Saben quiénes sí que han pagado? Los que han pagado más de 5000 euros son solamente el 3 %. No sabía yo que ahora ustedes estaban abonados a la banda del tres per cent. ¿Y sabe quién paga en la Comunidad Valenciana el impuesto sobre sucesiones y donaciones? Pues básicamente ese 10 % que Intermón Oxfam dice que atesora más riqueza que la mayoría de la población. ¿Le parece bien que paguen impuestos los que más tienen? ¿O es que es clase media Botín? ¿O es que es clase media Florentino? ¿O usted mismo?

Ustedes están diciendo aquí tres mensajes muy peligrosos. En primer lugar, que ustedes atacan el principio de que quien más tiene, más paga, cargándose el fundamento del Estado del bienestar, y luego se asustan de Salvini y compañía. Ustedes están intentando normalizar los privilegios diciendo que es normal, por ejemplo, que alguien posea cien pisos en propiedad, como algún familiar de algún diputado vuestro. Y en tercer lugar, y más lacerante, y nunca se lo han dicho, lo que ustedes están intentando, tanto oponiéndose al IRPF, a la subida de 2 puntos, como ahora al impuesto sobre sucesiones, es no pagar más, no contribuir más ustedes, porque ustedes seguramente van a tener que pagar más. Lo que ustedes están demostrando es que del todo por la patria han pasado al todo por la pasta. (Rumores.-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias.

Silencio, señorías.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.

Señor Rivera, señoras y señores diputados, una semana más les he de recordar la vergüenza que supone que haya presos políticos en prisión desde hace un año. (Aplausos.-Rumores). Sí, presos políticos, con una prisión preventiva no reconocida en ningún país de Europa.

Dicho esto, señor Rivera, nosotros no vamos a votar a favor de su propuesta, vamos a votarla en contra, y se lo voy a intentar explicar en los dos minutos que me corresponden.

Usted hoy no plantea aquí un debate sobre el impuesto sobre sucesiones o sobre el contenido del impuesto sobre sucesiones, plantea un debate sobre la recentralización que pretenden hacer. (Rumores). Sí. No se pongan nerviosos, que yo se lo explico y después ustedes contestan. Tienen más tiempo que yo, no se preocupen. ¿Saben lo que es la responsabilidad fiscal? ¿Conocen el concepto de responsabilidad fiscal? No lo conocen o sí que lo conocen y no quieren que se aplique a las diferentes comunidades autónomas en España. Cada uno de los diputados que es elegido en cada una de las comunidades autónomas tiene capacidad de decidir. A ustedes no les interesa, no les gusta o, quizá, no la alcancen. Aquí no se trata de si se paga mucho o no se paga mucho por el impuesto sobre sucesiones. Presenten algunas de estas iniciativas en el Parlament de Catalunya, que en algunas quizá nos podamos poner de acuerdo. Preséntenlas. (Rumores). No se pongan nerviosos. Supongo que la señora Arrimadas algo hará en Catalunya, aparte de ir quitando lazos por todas las calles. Que haga su trabajo parlamentario y seguro que en algunas de estas nos podemos poner de acuerdo.

El problema es que a ustedes no les gustan las comunidades autónomas, no les gusta que puedan legislar, no les gusta que puedan decidir, no les gusta que puedan ser responsables ante sus conciudadanos, y pretenden una recentralización en todos los ámbitos. Obviamente, esto es una excusa más y, por tanto, hay un mensaje claro. Hoy no se trata de impuestos sobre sucesiones y donaciones con unos límites u otros o de si unos pagan más y otros pagan menos, hoy se trata, una vez más, de quitar competencias a los parlamentos de las comunidades autónomas, con las que ustedes -díganlo claro- están absolutamente en contra.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes.

Hoy Ciudadanos trae a debate el impuesto de sucesiones y donaciones. Normalmente, este grupo se suele abstener en temas fiscales, porque tanto Navarra como Euskadi tienen un sistema fiscal diferenciado, pero hoy ya adelanto que este grupo votará en contra de la proposición de ley presentada, porque la misma, a través de la disposición adicional segunda, propone que los efectos de las disposiciones de su propuesta se promuevan en Euskadi y Navarra, y para nosotros esto es inadmisible y, además, totalmente improcedente, porque la competencia para lo que pretenden reside en las instituciones forales y se concreta en el concierto económico y, por tanto, se ha de tratar de forma bilateral entre Gobiernos, de la mano de la Comisión Mixta del Concierto. Es decir, que las relaciones de orden tributario y financiero entre el Estado español y Euskadi y también Navarra se regulan mediante el sistema foral tradicional de concierto económico o convenio. El impuesto de sucesiones es, por tanto, un tributo concertado de normativa autónoma y, en consecuencia, corresponde su regulación a cada diputación foral; es decir, son ellas las que recaudan y deciden los impuestos que tienen que pagar los ciudadanos y ciudadanas en función de sus capacidades y posibilidades, siguiendo, además, el principio de equidad. Estamos, pues, ante un nuevo intento por parte de Ciudadanos no ya de homogeneizar y recentralizar competencias sino de anularlas y, por tanto, ante un ataque a nuestro fuero.

Es un tema recurrente y, además, lo usan como arma electoral. Parece que no tienen claro el objetivo, porque aquí nos han hablado de suprimir el impuesto, otras veces de armonizar el tributo que grava las herencias con un mínimo exento elevado, etcétera. Por tanto, es una propuesta sin un análisis claro y sin realizar, desde luego, valoración alguna de los costes que esto puede conllevar para, luego, poder garantizar el Estado del bienestar. Es una invasión competencial también para las comunidades autónomas de régimen común, ya que en el marco de su sistema de financiación tienen cedidas diversas competencias en materia fiscal, entre las que se encuentra también el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por tanto, creemos que traen aquí un debate que no corresponde. Por otro lado, la propuesta presentada conllevaría la necesidad de compensar esa pérdida recaudatoria, y si bien la proposición de ley hace una referencia a este hecho, lo cierto es que no propone nada específico.

Hablan de las diferencias que existen, las desigualdades a la hora de tributar en las comunidades autónomas, y es verdad, en Euskadi somos más restrictivos a la hora de tributar por este impuesto; las reducciones, sí, son menores, y luego nos hablarán de que tenemos un paraíso fiscal, pero por la misma justificación ustedes deberían proceder del mismo modo con otros impuestos, por ejemplo, el de patrimonio. ¿En qué plano queda entonces la competencia de las autonomías en un Estado descentralizado? Bueno, creemos que a ustedes poco les importa, porque lo que quieren es un Estado totalmente centralizado eliminando cualquier debate acerca del reparto de competencias. Ustedes hoy nos han nombrado unos cuantos casos horribles, parece ser, con el objeto de hacer creer a la ciudadanía que van a sufrir un atraco cuando hereden de un familiar, y lo que han hecho ha sido comparar situaciones, a lo mejor, más que discutibles. Además, ustedes aplican en la base imponible una reducción de 1 millón de euros, y la verdad es que ojalá todo el mundo tuviera la suerte de heredar estas cantidades.

No voy a entrar a debatir las propuestas porque, como ya he dicho, vamos a votar que no por ese intento de recentralización en un impuesto en el que tenemos competencia, porque lo creemos necesario -porque grava el enriquecimiento y tiene una finalidad redistributiva, ya que afecta a la acumulación intergeneracional de la riqueza- y justo, porque contempla correcciones de progresividad para gravar las herencias más elevadas. En definitiva, es una medida de redistribución de renta. Desde luego, nuestra regulación protege a las rentas medias y bajas. Entendemos que están obsesionados con la uniformidad, también en materia tributaria, y cuidado, porque esto también puede suponer empeorar la situación fiscal de otras autonomías. Uniformidad no equivale ni a equidad ni tampoco a igualdad.

Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Margall Sastre.

El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta. Bona tarda, diputades i diputats.


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Señor Rivera, señores de Ciudadanos, lo han vuelto a hacer. Ustedes, supuestos liberales, no pierden ocasión para demostrar su adscripción al populismo hoy creciente con propuestas autoritarias en lo político, defendiendo por ejemplo el "a por ellos", las porras y los jueces para amedrentar a sus rivales políticos, y son ultraneoliberales en lo económico, y, claro, de toda esta concepción de la realidad económica del país, más propia de Donald Trump que de la democracia liberal, sale esta proposición de ley.

En esta ocasión, su objetivo es el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que, como bien sabrán, es un impuesto estatal cedido a las comunidades autónomas, en las cuales se delegaron las competencias normativas para configurar determinados elementos del impuesto; en el caso de Cataluña, a la Agència Tributària de Catalunya. Pero eso a ustedes les da igual. A ustedes no les importan nada las competencias cedidas a las comunidades autónomas y sus estatutos de autonomía; las intentan pisotear siempre que pueden. En este caso, ustedes nos anuncian que el objetivo de esta proposición de ley es, abro comillas, "la imprescindible necesidad de realizar una armonización fiscal del impuesto", cierro comillas. Bonita frase para decir en realidad: recentralización y control total por parte del Estado de este impuesto.

Con esta proposición, ustedes están vulnerando tanto la autonomía financiera como la potestad tributaria de las comunidades autónomas reconocidas en los artículos 156 y 157 de la Constitución Española -esa que tanto les gusta y defienden- y reguladas en la Lofca. Es cierto que en el desarrollo de esta normativa por parte de las comunidades autónomas ha tenido lugar una competencia fiscal a la baja, incumpliendo con el principio de solidaridad, que ha comportado que en algunas comunidades autónomas este impuesto se haya visto prácticamente desaparecido en algunas trasmisiones, como las que tienen lugar en el núcleo familiar más directo. Por lo tanto, nos encontramos ante un escenario en el que lejos de premiar a aquellas comunidades autónomas que realizan un esfuerzo fiscal superior, se las penaliza. Y ¿cuál es la respuesta de Ciudadanos a todo ello? Establecer aún más beneficios fiscales, dejando a las comunidades prácticamente sin un impuesto que aplicar. Y ante el riesgo de que la competencia fiscal entre países y regiones dé lugar a una carrera para ver quién baja más los impuestos y así atraer más capitales, Ciudadanos propone directamente eliminarlo. Cualquier día nos van a proponer acabar con el fraude fiscal mediante la eliminación de los impuestos. En realidad eso es lo que aquí proponen, aunque de momento solo lo hacen con este impuesto.

Suponemos que se trata de ganar votos entre los hijos de quienes hoy financian su partido, garantizarles que podrán vivir con lo que la familia les deje y que no tendrán que demostrar sus propios méritos; exactamente las antípodas del pensamiento liberal, que siempre ha defendido la meritocracia y la igualdad de oportunidades y que por eso ha defendido siempre gravar las herencias. Ustedes nos proponen justamente lo contrario a todo eso: que la desigualdad en origen defina la desigualdad en vida; que el origen devenga destino y la libertad patrimonio de los ricos, cuando lo que precisamente hace falta en el Estado español y en la Unión Europea es negociar y consensuar la armonización de este y otros impuestos para evitar todo posible dumping y armonizar al alza y no a la baja, precisamente por los mismos motivos que defienden los auténticos liberales, para evitar que el origen de cada persona prefigure su destino, haciendo de su libertad un oxímoron, y para fomentar la igualdad de oportunidades en una sociedad en la que prevalezcan el talento y el esfuerzo. Por todo ello, vamos a votar en contra.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero Soler.

El señor MONTERO SOLER: Gracias.

Señor Rivera, qué pereza me da tener el mismo debate con usted que tuve las Navidades pasadas con mi cuñado en la cena de Navidad. (Risas). Es exactamente lo mismo que vamos a discutir hoy aquí. (Aplausos).

Usted nos presenta una proposición de ley para eliminar el impuesto sobre sociedades y me sorprende que lo haga su bancada, donde tienen ustedes sentado -hoy no lo está, no sé por qué motivo- a un inspector de Hacienda al que yo respeto desde el punto de vista intelectual profundamente y que le podría haber explicado algo sobre Hacienda Pública en dos tardes para no hacer el ridículo de traer una proposición de ley plagada de falsedades, mentiras y conclusiones erróneas. (El señor Rivera Díaz pronuncia palabras que no se perciben). Se lo comentaré al señor De la Torre, no se preocupe. Tenemos buena relación y además, insisto, tengo máximo respecto intelectual por él.


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Ustedes pretenden algo absolutamente intolerable desde cualquier punto de vista, como es acabar con el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que es un instrumento fundamental para luchar contra las desigualdades y especialmente para luchar contra la transmisión de la desigualdad entre generaciones. Si no, señor Rivera, ¿por qué se cree que existe este impuesto en veintisiete de los treinta y cuatro países de la OCDE? ¿Por gusto? ¿Cree que España es una anomalía en el contexto europeo y en el contexto internacional, cuando la recaudación en España por este motivo en proporción al producto interior bruto es asimilable y está en la media de la Unión Europea? ¿A usted le parece que no es así? En los países donde no existe el impuesto lo que ocurre es que hay un gravamen superior sobre el impuesto sobre el patrimonio o sobre el impuesto sobre bienes inmuebles. Con esos datos, ¿a usted le parece que España es una anomalía?

Es más, ustedes, que se reclaman liberales y que por tanto deberían hacer apología de la meritocracia y de la igualdad de oportunidades, pretenden eliminar un impuesto que precisamente trata de luchar contra la desigualdad de partida. (Aplausos). La igualdad de oportunidades y la igualdad de las condiciones de partida debería ser parte de su patrimonio ideológico y ustedes lo están rechazando.

Evidentemente, nosotros estamos en contra de esa desigualdad y defendemos el impuesto, pero no solo nosotros, señor Rivera, lo defienden también peligrosos izquierdistas como el señor Soros, el matrimonio Gate, los Rockefeller o Warren Buffet, que en 2001 escribieron una carta que hicieron pública en la que decían textualmente: Eliminar el impuesto sobre sucesiones sería negativo para nuestra democracia, nuestra economía y nuestra sociedad. Conduce a una aristocracia de la riqueza que transmitirá a sus descendientes el control sobre los recursos de la nación y dañará a las familias que a duras penas llegan a fin de mes. Eso lo decían quienes les he dicho. ¿No tiene que decir nada al respecto?

Su proposición de ley está plagada de falsedades. ¿Usted sabe lo que es la falacia de la generalización apresurada, eso de que como he visto un burro volando todos los burros vuelan? Eso es lo que hace usted con los argumentos que presenta en la exposición de motivos (aplausos), con el tema de las deslocalizaciones y de las renuncias a herencias. Utilizaré datos provenientes de donde ustedes han conseguido aprobar este impuesto, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Sobre deslocalizaciones, ustedes parecen ignorar que la legislación que se aplica es la de la comunidad autónoma donde el difunto ha vivido durante más tiempo en los últimos cinco años y que para considerarse residente de esa comunidad autónoma ha tenido que estar viviendo en ella 183 días al año. ¿Usted imagina a mucha gente de esa clase media y trabajadora, a la que dice defender, pensando en mudarse a Madrid para que los herederos de su herencia no paguen impuestos? ¿Realmente es así? (El señor Rivera Díaz hace gestos afirmativos.-Aplausos). ¿Sí? ¿Sabe cuántos desplazamientos por motivos fiscales se produjeron en Andalucía en el año 2014, que son los últimos datos que tenemos? Se produjeron 81, de los cuales 17 -solo 17- se mudaron a Madrid, ese paraíso que es para morirse y no pagar impuestos.

Sobre el tema de las herencias, no se lo digo yo, señor Rivera -se lo habrá dicho hasta el señor De la Torre-, esto lo dice el colegio nacional de notarios de este país: el principal motivo de las renuncias no es que no se pueda hacer frente al impuesto, el principal motivo de las renuncias es que la herencia viene con tantas deudas fundamentalmente de naturaleza hipotecaria que el heredero no puede hacer frente a las mismas. En ese caso se pueden hacer muchas cosas, pero no evitar el impuesto. Se pueden establecer fraccionamientos de pago, se puede establecer una moratoria, se puede establecer la dación en pago para aquellos bienes cuya masa hereditaria viene con una hipoteca, de manera que se puedan entregar esos bienes y hacer frente a la deuda y aceptar el resto de la herencia; incluso se puede tener en cuenta la situación económica de los herederos para ajustar el gravamen a la misma. Es más, si hubiera algún tipo de relación entre el tipo impositivo del tributo y las renuncias, ¿por qué en Madrid, donde el impuesto está bonificado al 99 %, la media de renuncias es exactamente igual a la media nacional? Si nadie tiene por qué renunciar porque no se pagan impuestos, algún motivo habrá distinto al impuesto que justifique esa renuncia.

¿Saben ustedes a los únicos que han conseguido engañar con estos argumentos? Al PP de Murcia y a Susana Díaz y al Partido Socialista de Andalucía; esos son los únicos a los que han conseguido engañar para aprobar una reforma regresiva del impuesto que ha provocado que este año se recauden 75 millones de euros menos para que los andaluces y las andaluzas puedan tener, por ejemplo, mejores políticas sociales, y que ha hecho que de una supuesta clase media y trabajadora, de la cual en el año 2017 solo pagaron 20 000 herederos -¿tan reducida cree que es la clase media y trabajadora en Andalucía?-, se pase, gracias a sus reformas, a que en el próximo año se estime que solo paguen 200 personas.


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Voy terminando, señora presidenta. Así pues, el problema hoy lo tiene la bancada socialista. ¿Van a votar en contra de esta proposición de ley con nosotros, o van a hacer como Susana Díaz y el Partido Socialista Obrero andaluz, que votó una reforma del impuesto de derechas como la que les trae hoy el señor Rivera? Nosotros lo tenemos claro, aquí y en Andalucía. Ustedes parece que no tanto, así que les animo a que vayan aclarándose porque sería bueno para la mayoría social de nuestro país y de nuestras comunidades que consigamos entendernos también en esta materia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).

La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidenta.

Señor Rivera, su discurso es pura demagogia y lo sabe, pero lo más grave es que no se dé cuenta de que con ello lo único que consigue es debilitar la conciencia fiscal de la ciudadanía. Los socialistas defendemos reformar el impuesto sobre sucesiones y donaciones, así como el impuesto sobre el patrimonio, con la intención de establecer mínimos comunes de tributación en todas las comunidades, de forma que se les dote a estos impuestos de mayor equidad en el conjunto del Estado, de acuerdo con las recomendaciones de la comisión para la reforma fiscal de 2014 y la de los expertos para la reforma de la financiación autonómica de 2017. Pretendemos homogeneizar en la diversidad para conseguir equidad e igualdad porque, si no hay armonización fiscal, las comunidades que tienen mayor renta per cápita tienen incentivos para reducir los impuestos que tienen cedidos, provocando una desigual e injusta distribución de la carga tributaria entre comunidades, atendiendo a su necesidad de recursos adicionales para financiar los servicios públicos. Por tanto, sí es necesaria una armonización que evite la competencia fiscal a la baja entre comunidades, el dumping fiscal o hasta el fraude y la elusión, pero no podemos compartir ni en términos ideológicos ni en términos prácticos la proposición de ley de Ciudadanos porque es una trampa, ya que bajo la apariencia de la armonización su finalidad última es reducir de forma generalizada el impuesto y en algunos casos acabar con él.

Señorías, este es un impuesto directo personal y, lo más importante, tiene carácter progresivo, y su eliminación o la pérdida de progresividad que nos propone Ciudadanos reducen el Estado del bienestar. Ciudadanos propone modificaciones sin tener en cuenta tres elementos que para el Grupo Parlamentario Socialista son de suma importancia. En primer lugar, no tiene en cuenta el papel redistributivo que tiene el impuesto. Proponen una baja importante del impuesto y en algunos casos de facto lo suprimen, sin tener en cuenta el valor de los bienes heredados o donados, una pretensión contraria a los principios de justicia y de equidad del sistema tributario. Para Ciudadanos es lo mismo heredar tres casas que una, recibir 100 000 o 10 millones de euros. Por el mero hecho de ser pariente cercano, de primer grado, dicha acción no produce efectos tributarios al reconocer la bonificación de la cuota del cien por cien, y esto, señorías, ni es justo ni es equitativo y contribuye a incrementar la desigualdad en nuestro país, y les recuerdo que es de las mayores de Europa.

Es cierto que algunas comunidades ya aplican medidas de este tipo, pero aprobar esta iniciativa supondría la generalización de las mismas a todas las comunidades, eliminando de facto el papel redistributivo del impuesto e incidiendo en la desigualdad. En este sentido es muy interesante el tercer informe sobre la desigualdad en España de la Fundación Alternativas, donde se constata con datos que las herencias son uno de los factores más influyentes en la desigualdad. Existe una correlación clara entre la desigualdad de la renta y la distribución de la riqueza, y los altos índices de concentración que se observan en la distribución de la riqueza se reproducen en el valor de las herencias recibidas. Es precisamente esto lo que explica que este impuesto haya sido validado y respaldado ampliamente por los expertos en la materia desde una perspectiva redistributiva de la política fiscal. Además, el informe Lagares relacionaba el impuesto con la importancia de su efecto redistributivo sobre la igualdad de oportunidades, así como su relación con la equidad intergeneracional y los incentivos al esfuerzo, al trabajo y al ahorro. De ahí que se defina precisamente como un impuesto social que grava el lucro sobrevenido que supone recibir gratuitamente unos bienes sin haber desempeñado un esfuerzo personal para conseguirlos. Pero, a pesar de su reconocimiento, hay quien insiste en desprestigiar este impuesto diciendo que se paga dos veces por lo mismo, y esto es falso. El impuesto sobre sucesiones y donaciones grava la trasmisión de la riqueza y no la acumulación de la misma, por la que se tributa en otro impuesto. Son dos hechos imponibles distintos con sujetos pasivos distintos y con capacidades de pago distintas. Por tanto, no hay doble imposición.


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También es falso lo que dice el señor Rivera -y en lo que también han incidido otros compañeros que me han precedido en el uso de la palabra- de que el pago de este impuesto obliga a un importante número de renuncias. Las estadísticas, desde luego, no indican los motivos de las mismas y -ya se ha dicho anteriormente y yo vuelvo a insistir en esta cuestión- donde no hay impuesto también se producen renuncias. Por tanto, el nexo común hay que ponerlo en el contexto de la crisis y no en el del impuesto. Señorías, para resolver los problemas hay que identificarlos correctamente y culpabilizando al impuesto, desde luego, no se resuelven.

El segundo de los elementos que quería aportarles es que no tiene en cuenta el pronunciamiento de las comunidades autónomas, que tienen cedido este impuesto con amplia capacidad normativa. Técnicamente se trata de un tributo estatal del que se ha cedido a las comunidades autónomas el rendimiento producido en su territorio, por lo que aunque la competencia en exclusiva de la hacienda general corresponde al Estado -de acuerdo con el artículo 149 de la Constitución española- no tiene sentido legislar al margen de ellas.

Y el tercer elemento es que no tiene en cuenta los efectos de las rebajas fiscales sobre la financiación autonómica. De hecho, según la comisión de expertos para la reforma del sistema de financiación, este impuesto tiene una capacidad recaudatoria no desdeñable -en 2014 en torno a los 2200 millones de euros-, por lo que, ¿cómo piensa compensar Ciudadanos esta recaudación para atender la sanidad y la educación? Ni lo dicen ni lo piensan, porque en realidad lo que quieren es reducir el Estado del bienestar, en línea con las tesis más neoliberales. En una disposición adicional hablan de la reforma del sistema de financiación, pero con esta referencia, señorías, no hacen más que cuestionar su propia iniciativa, al corroborar la conveniencia de no alterar previamente con rebajas fiscales los recursos de las comunidades ante la negociación del nuevo sistema.

Para concluir, señorías, nos consta que el Gobierno trabaja para conseguir una fiscalidad en la que los que más tienen sean los que más paguen y que esta aportación se traduzca en mejores servicios para todos y todas y así avanzar en una sociedad más justa y equitativa. La armonización fiscal del impuesto sobre sucesiones y donaciones ya es una línea de trabajo del grupo impulsado por el Gobierno en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero parece ser que al Grupo Ciudadanos esta circunstancia no le importa. Por todo lo expuesto, el Grupo Socialista votará en contra de la convalidación de esta iniciativa, que consideramos populista y demagógica porque no soluciona el problema de fondo, sino que agrava la financiación de las comunidades autónomas y nos llevaría a un modelo que lo único que consigue es financiar la desigualdad.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Blanquer.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Fole Díaz.

El señor FOLE DÍAZ: Gracias, presidente.

Señor Rivera, con todo respeto, le tengo que decir -y créame que se lo digo con todo respeto- que su ansia de protagonismo parece no tener fin. Con ustedes ha empezado todo, y ya le veo venir, en el 40.º aniversario de la Constitución nos sorprenderán con que uno de los padres de la Constitución era ya de Ciudadanos. (Aplausos). Seguro que será así. Con todo el respeto se lo digo.

Traen hoy aquí una proposición de ley muestra de lo que marca tendencia en la política española, el posturno; en este caso, postureo fiscal. Y le demostraré por qué. Presentan esta proposición de ley con el objetivo, según su exposición de motivos, de armonizar a la baja el impuesto, modificando los importes; modificando los grupos; modificando exenciones y bonificaciones; limitando a las comunidades autónomas el establecer reducciones inferiores a la norma estatal, entre otras cosas, con alguna disposición adicional y demás; modificar, en definitiva, el artículo 20 de la ley que recoge todos estos casos. ¿Qué postura tiene el Partido Popular ante esta proposición? Pues, como no podía ser de otra manera, comparte esta filosofía. ¿Por qué? Porque estaba en el decálogo de prioridades del presidente Casado cuando fue elegido en el congreso nacional del Partido Popular y porque, sobre todo, lo hemos demostrado con hechos desde hace muchos años y en muchas comunidades autónomas. Madrid. Desde 2004, el Gobierno de la comunidad autónoma ha impulsado la práctica eliminación de este impuesto; en 2018 habrá reducciones parciales para familiares de tercer grado. Galicia, ley sobre la que Ciudadanos hace un especial pega copyright, que luego explicaré poco a poco. Ciudadanos dedica su tiempo a mirar donde lo hacen bien y se va a Galicia. Pues allá vamos, estudio, asumo, disfrazo.


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Le voy a poner una serie de ejemplos. Reducción del contribuyente con discapacidad del 33 %: Galicia, 150 000; Ciudadanos, 180 000, pero ya existe. Reducción del contribuyente con discapacidad del 65 %: Galicia, 300 000; Ciudadanos, 360 000, pero ya existe. En reducción por adquisición mortis causa: Galicia, 600 000; Ciudadanos, 1 000 000, pero ya existe. Una vez más, Ciudadanos peca de precipitación e improvisación y se muestra quizá como un alumno aventajado del Partido Socialista. El Partido Socialista rectifica continuamente y solo acierta cuando asume las propuestas del Partido Popular; Ciudadanos directamente las asume, pero no puede admitirlas por una vergüenza electoral, en este momento mediático y puntual, y lo disfraza un poco para darle un aire de novedad y estrategia, la estrategia del bandazo. Además, en este especial pega copyright de Ciudadanos se plantean una serie de dudas. En la exposición de motivos hablan de que el tipo máximo podría exceder del 80 % y esto es claramente confiscatorio, según diría la Constitución. Habrá que verlo, ¿no? ¿O ya están de acuerdo con Podemos en este tipo de propuestas?

Compensación a las comunidades autónomas por la pérdida de ingresos. Habrá que hablarlo con ellas, ¿o también van a hacer como el Partido Socialista, que ya no habla con las comunidades autónomas? Bonificación a Ceuta y Melilla. Artículo 23 bis, se dejan atrás bonificaciones del 99 % para los grupos I y II. ¿Es un error o, como para el Partido Socialista, Ceuta y Melilla para ustedes tampoco cuentan? La intención está clara: disfrazar una medida con denominación de origen del Partido Popular introducida en el régimen fiscal desde hace tiempo, que no solo está introducida sino también implantada con éxito.

Es evidente que estamos en año preelectoral -casualidad- y hay que llamar la atención como sea. Es cierto que lo han aprobado en Andalucía, comunidad autónoma donde solo han aprobado su entrada en vigor en 2018, donde era cien veces más caro liquidar una herencia que en la Comunidad autónoma de Madrid. Le pongo un ejemplo cuantitativo. Una liquidación de un contribuyente en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 64 974 euros; esta misma liquidación -ya que le gustan tanto los ejemplos al señor Rivera-, en la Comunidad autónoma de Madrid es de 649,75, es decir, es cien veces más barato y ya existía, donde no lo aplican con carácter retroactivo y donde hay más de 14 000 renuncias entre 2014 y 2016. Pero no dijo usted nada de Aragón, señor Rivera. ¿Por qué votó usted en contra de la supresión propuesta por el Partido Popular en Aragón y se asoció con el Partido Socialista para una reducción mínima? ¿Porque no le compensaba decir claramente que prefería la del Partido Popular? ¿En ese momento tenía alguna presión electoral mediática por la que tenía que apartarse del Partido Popular? (Aplausos). No lo ha dicho aquí.

Hay que venir un poco con el tema aprendido. Dice que en Castilla-La Mancha no había nada. Castilla-La Mancha, artículo 13 del Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de diciembre de 2017, muy nuevo, pero poco actualizado; señor Rivera, tiene que actualizarse un poco más. De todas formas, aun con todo esto, siguen apoyando a un Gobierno socialista que hizo de Andalucía en los últimos cuarenta años la comunidad autónoma más endeudada de España, la que más fondos de liquidez autonómicos se lleva de todo el Estado español; de las diez ciudades más pobres de España, nueve son de Andalucía; el 80 % de los andaluces no llega a final de mes; tienen 48 puntos menos de renta que el resto de España; la sanidad andaluza está colapsada y la educación, en situación de desventaja y es la comunidad autónoma con el Gobierno más corrupto de España. Eso es lo que están ustedes defendiendo en Andalucía. (Aplausos). Y ahora, señor Rivera, quieren hacerlo en España abriendo la puerta, según hemos podido observar al estar pendientes en estos últimos momentos de la actualidad, a la aprobación de los presupuestos socialpodemitas, semilla de otra crisis. Eso es lo que están ustedes provocando, traspasar lo de Andalucía al resto de España.

Ciudadanos prefiere -creemos- los presupuestos del Partido Popular, las medidas del Partido Popular, las medidas y las correcciones del Partido Popular, pero, electoralmente, no lo puede decir. Prefieren hundir España antes que reconocerlo y por esa vía van; dicen unas cosas el lunes, las contrarias el miércoles y otras intermedias el viernes. ¿Por qué no se siguen fijando, como hicieron con este proyecto, en dónde se hacen las cosas bien? ¿Por qué no se siguen fijando en Galicia? Año 2017, cumplimiento del objetivo de déficit, ahorro de 46 millones. Año 2018, acabará cumpliendo el objetivo de déficit, ahorro estimado de 207 millones. Últimos tres años, ahorro de intereses, 140 millones, 83 de ellos se quedan en el bolsillo de los gallegos gracias a la supresión del impuesto sobre sociedades, impuestos cero en el rural. ¿Por qué no se siguen fijando en eso? Sanidad y servicios sociales siempre mejorando, ¡Todo lo contrario de lo que están apoyando en la Comunidad Autónoma de Andalucía! Por cierto, que llevan desde el año 1996 pidiendo la supresión de este impuesto. (Aplausos). Con lo cual, verdades todas.


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¿Y sabe, señor Rivera, qué ejemplo tiene esta forma de gestionar? ¿Sabe usted cuál es el único territorio regional de toda Europa que está gobernado con mayoría absoluta después de las elecciones en Baviera? ¿Se lo digo? Galicia. ¿Sabe quién gobierna en Galicia? Pues a lo mejor ese modelo de gestión es algo más que lo que ustedes están intentando plantear ahora. (Aplausos). Y como a ustedes les gustan las historias, les voy a contar también una historia que he vivido este último fin de semana con un amigo mío. Nombres y apellidos, no vaguedades como hace el Partido Socialista: Pablo Rodríguez García, trabajador del mar, vehículo particular diésel, vehículo del trabajo diésel, embarcación diésel, autónomo -le van a subir la cuota-, trabajadores en su empresa -le van a subir las cotizaciones sociales-, y me dice: Tomás, los impuestos del Partido Socialista me van a afectar por cinco vías diferentes y yo no puedo subirle cinco veces el precio a las almejas, eso es lo que están haciendo ustedes, se van a quedar la herencia a impuestos. Es lo que me decía esta persona y estos son los que ustedes llaman ricos y esto es lo que ustedes están apoyando a partir de ahora si abren la puerta a la aprobación de los presupuestos socialpodemitas.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Fole, debe ir concluyendo.

El señor FOLE DÍAZ: Acabo ya, señor presidente.

Por este caso, señorías, es por lo que apoyaremos este proyecto aportando las modificaciones que veamos oportunas, por supuesto, porque hemos visto las carencias que tiene y los cortapegas que hacen y eso evidentemente siempre produce alteraciones. Porque hemos demostrado ya dos veces que con impuestos más bajos se puede recaudar más si se genera riqueza y empleo.

Y ya que va usted tanto a Santiago y a su capital, siguiendo al apóstol, sigan a Compostela, sigan a Galicia, sigan sobre todo al Partido Popular y por esa senda irán polo bo camiño.

Moitas grazas. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Fole.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE MEDIDAS PARA FACILITAR LA COTIZACIÓN DE LOS AUTÓNOMOS. (Número de expediente 162/000825).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley.

Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para facilitar la cotización de los autónomos. Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Del Campo Estaún.

El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señor vicepresidente. Buenas tardes, señorías.

La legislatura había comenzado bien, la legislatura marchaba viento en popa para los autónomos, para los trabajadores independientes, para los trabajadores por cuenta propia. Habíamos conseguido recuperar la confianza en los poderes públicos y si bajabas a hablar con ellos, a hablar con sus asociaciones, te dabas cuenta de que tenían la sensación de que algo había cambiado. Y claro que algo había cambiado. Gracias a Ciudadanos los autónomos ya no son únicamente protagonistas de los programas electorales, ya no son únicamente cifras y datos en los programas electorales durante la campaña, sino que gracias a Ciudadanos los autónomos se habían convertido en una herramienta para iniciar la legislatura hablando de ellos y no solo hablando sino pactando también medidas tanto al inicio de la primera legislatura con el Partido Socialista como en la segunda legislatura con el Partido Popular. Y tres años después, Ciudadanos aquí estamos, seguimos al pie del cañón peleando, como estamos haciendo hoy aquí, peleando desde esta tribuna para impedir que se les dé gato por liebre por parte del Partido Socialista y por parte de Podemos con estos presupuestos fake (aplausos) que les van a subir las cuotas a los autónomos de forma indiscriminada.

Pero no adelantemos acontecimientos. Como les decía, algo estaba cambiando, los autónomos habían recuperado la confianza en los poderes públicos porque las promesas ya no se quedaban únicamente en la campaña electoral sino que se estaban convirtiendo en realidad. Y tenemos algunos ejemplos claros. La semana pasada se cumplía un año de la aprobación de la Ley de reformas urgentes del trabajo autónomo, una iniciativa de Ciudadanos que había conseguido trasladar a la realidad algunas


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de las reivindicaciones históricas de los trabajadores autónomos. Había conseguido eliminar trabas administrativas, mejorar la cotización de los autónomos. Había conseguido eliminar de raíz esa injusta multa cuando un trabajador autónomo deja de pagar un día su cuota. Había permitido y permite que las trabajadoras autónomas puedan plantearse tener hijos y puedan plantearse conciliar. Y una de las cosas que creemos que es más importante, se les daba voz a los trabajadores autónomos a través de sus asociaciones para que estuvieran presentes en cualquier mesa de debate, en cualquier organismo donde haya alguna negociación en materia de trabajadores autónomos. Y no solo eso, la semana pasada también pusimos en marcha la ley de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Cabe recordar que durante esta crisis uno de cada cuatro trabajadores autónomos echaba la persiana por culpa de que no les pagasen sus facturas. Esto afectaba a los trabajadores autónomos y probablemente, gracias a la ley de Ciudadanos, a partir del 1 de enero será una realidad este sistema de lucha contra la morosidad de las operaciones comerciales. (Aplausos). Pero no solo eso, sino que tenemos en marcha también la subcomisión del RETA, para tratar las medidas que requieren un debate entre los distintos grupos parlamentarios, donde se habla de la cotización de ingresos, de cómo mejorar la cotización, de cómo adaptar el trabajo autónomo, el trabajo independiente, a las nuevas realidades de la economía digital. De todo eso se está hablando en la subcomisión del RETA, que próximamente va a iniciar su fase de redacción de informe.

Todas estas iniciativas -algunas ya son una realidad- hacían que los autónomos mirasen con entusiasmo hacia el futuro; el mismo entusiasmo con el que vimos a Pablo Iglesias anunciar en una rueda de prensa que subían el salario mínimo interprofesional a 900 euros en catorce pagas y que se bajarían los impuestos a los autónomos; el mismo entusiasmo con el que veíamos desde su escaño a Pedro Sánchez mentir ante la pregunta de Albert Rivera cuando le decía si se iban a subir o no las cuotas a los autónomos. Son 420 euros al año, ¡menos mal que no se les iban a subir las cuotas a los autónomos! Pero no solo es eso, es que con esta subida del salario mínimo interprofesional, tal y como va en ese acuerdo, se va a elevar en un 20 % el coste para aquellos autónomos que son también empleadores -son más de un millón los que tenemos en España- y que tienen uno o dos trabajadores a su cargo. No hace falta ser economista, simplemente pueden bajar a hablar con los periodistas parlamentarios que ganan 900 euros o ir al bar de la esquina o a la frutería y preguntarles qué ocurre si a un autónomo le subes 420 euros al año su base de cotización o le subes un 20 % los costes de sus trabajadores. Pero ya no es solo eso, no es solo los costes. Lo comentaba ayer, en la entrega de los Premios Autónomo del Año, Lorenzo Amor, quien decía: Lo que necesitamos los autónomos es confianza, certidumbre y seguridad jurídica. Y eso es todo lo contrario a lo que están haciendo ustedes en las últimas semanas.

Dijeron que venían con unos presupuestos que subían el SMI, pero que no iba a afectar a los autónomos, pero vemos que sí va a afectar a los autónomos. Lo denunciamos; salimos Ciudadanos denunciándolo, salieron las asociaciones de autónomos denunciándolo y entonces echan marcha atrás y dicen: No, con la cotización por ingresos no se preocupen, que no les va a afectar a los autónomos. Pero la cotización por ingresos entra en vigor el 1 de enero de 2020. ¿Qué vamos a hacer durante todo el ejercicio 2019? Y cuando se ven contra la espada y la pared, se reúnen con las asociaciones de autónomos y les dicen: Bueno, os planteamos tres escenarios. ¿Cuáles son los tres escenarios que les han planteado? Subida de cotizaciones, ¿sí o no? Da igual que tengan ingresos por encima o por debajo del salario mínimo interprofesional, que ustedes lo que les proponen es aumentar la cotización sí o sí, e incluso algunas prestaciones que ahora no lo son las hacen obligatorias, por no hablarles ya de la última, cuando la semana pasada vino la AIReF diciendo que las bases máximas iban a subir un 10 % y que de los 1500 millones de euros que se pretendan recaudar más de 1000 millones provienen de las cuotas de autónomos. Entonces, ¿en qué quedamos? Nosotros lo que queremos es una cosa muy sencilla y es que no se menosprecie a los autónomos, que no se menosprecie la inteligencia de los autónomos diciéndoles que con este acuerdo no se les va a subir la cuota, porque sí se les va a subir la cuota. Y lo que no queremos tampoco es que se trate a los autónomos como cajeros automáticos, que es lo que están haciendo en su grupo parlamentario. (Aplausos).

En definitiva, lo que nosotros proponemos -y lo tienen en la proposición no de ley- es que la subida de las bases de cotización sea la pactada con las asociaciones, y que esa subida sea la que ha venido siendo en los últimos veinticinco años, que tampoco es que estemos inventando nada. Segundo, tarifa plana. El Partido Socialista se ha hinchado a criticarla, aunque la votó a favor en nuestra ley. No tenemos una buena evaluación de políticas públicas pero sí tenemos unos datos, y es que en 2018 se ha triplicado el crecimiento del número de autónomos, por lo tanto creo que esa ley de la tarifa plana algo está haciendo


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bien. Así pues, mantengamos esa tarifa plana, y mientras entre todos llegamos a una solución en la subcomisión del RETA respecto a qué hacer con la cotización, ayudemos a los que peor lo están pasando, a aquellos que tienen ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional, que normalmente son jóvenes, estableciendo una tarifa plana para ellos.

Por último, se hablaba de cese de actividad. La última ocurrencia del Gobierno es decir que el cese de actividad que ellos crearon, porque hay que recordar que el cese de actividad fue creado por el Partido Socialista, y el secretario de Estado viene a decir que el cese de actividad es prácticamente un fraude porque en el 60 % de las solicitudes no se accede, y quieren hacer la cotización obligatoria. ¿No será más sencillo empezar la casa por los cimientos y no por el tejado? Es decir, vamos a arreglar la prestación por cese de actividad y después establecemos una cotización obligatoria.

Termino, señorías. De verdad que yo nunca creí que los partidos de izquierdas iban a ser los que iban a convertir la protección social en un producto de lujo al que muchos de los autónomos, si salen sus presupuestos fake, adelante no van a poder acceder. De verdad que nunca pensé que serían ustedes, los partidos que se denominan de izquierdas, los que iban a condenar a muchos autónomos a la economía sumergida si eliminamos la tarifa plana como ustedes la quieren eliminar. Nosotros por supuesto vamos a estar ahí; no lo vamos a permitir pues estaremos al lado de los autónomos, estaremos al lado de nuestras pymes, estaremos al lado de los que crean empleo en esta y en todas las batallas que les queden por librar.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Del Campo.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto -que en este turno también fijará posición-, en primer lugar, el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, buenas tardes.

Señores de Ciudadanos, una de cal y una de arena. La de cal va a ser que vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley en el incentivo, en el impulso al autónomo en un momento como este -ahora argumentaré por qué-, y la de arena va a ser que vamos a votar en contra de la proposición de ley anterior simplemente porque se les ve el plumero tal como está redactada la disposición adicional segunda, en contra del Fuero navarro. Oiga, antes de la obligatoriedad está conveniar, por eso, tal como se redacta, votaremos en contra.

Al Grupo Nacionalista Vasco quiero decirle que no metan en el argumento a la Comunidad Foral de Navarra para defender la Hacienda foral. Aquí hay cinco diputados que representamos a Navarra e intentamos defenderla muy bien. Ya sé que tienen esa obsesión, pero les quiero recordar que en las últimas elecciones generales el nacionalismo vasco en Navarra no obtuvo ninguna representación en esta Cámara.

Como decía, votaremos a favor de esta PNL simplemente porque Unión del Pueblo Navarro está a favor del autónomo. En segundo lugar, porque cuando el debate en esta Cámara debiera ser el de las medidas políticas con las que vamos a incrementar el tamaño medio de la pyme y micropyme, que es el 98 % de la empresa en nuestro país, estamos precisamente proponiendo un proyecto de ley para los Presupuestos Generales del próximo año en el que se va a incrementar la cotización social del pequeño autónomo, que está más o menos, según AIReF, valorada en 1500 o 1700 millones de euros según el rango de recaudación. Por tanto, estamos en contra en un momento como el actual, en el que hay que incentivar y apoyar al autónomo, sobre todo porque Unión del Pueblo Navarro está a favor de las clases medias en España, que son las que al fin y al cabo sustentan las políticas sociales en nuestro país.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Alli.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Candela Serna.

El señor CANDELA SERNA: Gracias, señor vicepresidente.

Tomo la palabra muy brevemente. Hay una coincidencia, una divergencia y una ausencia en la moción que el compañero presenta. En relación con el punto número 1 estamos de acuerdo, no estamos a favor de un aumento de las bases mínimas de cotización y, en su defecto, estamos a favor de un aumento escalonado y progresivo en el tiempo. En relación con el punto 2 la divergencia, estamos de acuerdo en el fondo, pero no en el instrumento para hacerlo. Nosotros no estamos por la labor de tanta tarifa, sino más bien abogamos por un sistema de cotización basado en ingresos reales.


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Respecto a las ausencias, habría que preocuparse también por toda la cuestión de los falsos autónomos derivados de sucesivas reformas laborales y derivados de sistemas de precarización, subcontratación y añadir una preocupación: el aumento constante del poder que tienen ciertos oligopolios en ciertos mercados sobre los salarios y sobre las cotizaciones de los autónomos, por ejemplo, en el sector de transportes con la plataforma Utapa que bien lo saben.

Nuestra posición dependerá al final de las enmiendas que haya. Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Candela.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gràcies, senyor president.

Señor Del Campo, de entrada y desde el cariño y el respeto que le tengo siempre, he de recordarle que la cuestión de los autónomos no empieza cuando ustedes aterrizan en estos escaños, sino que algunos llevábamos muchos años trabajando en reformas y en mejoras en el ámbito de los autónomos con distintos Gobiernos y, en concreto, al menos desde el año 2002, cuando la Comisión de Economía hizo un primer dictamen sobre esta problemática: autónomos, pequeños empresarios y microempresas que, de hecho, han marcado la hoja de ruta que se ha desarrollado durante todos estos años, incluida en esa reforma urgente que a su iniciativa se aprobó hace ya un año largo, una iniciativa que empalma con esos debates que empezaron en 2002. Y las características de la reforma de 2002 hasta la reforma urgente, incluida la reforma urgente, es siempre la insatisfacción de los autónomos en las reformas que promovemos. Esa iniciativa que usted lideró es una buena iniciativa que tuvo nuestro apoyo y que tuvo nuestras aportaciones. También es cierto que respecto a las expectativas que los autónomos tenían, además ha generado importantes frustraciones. Ello, señor Del Campo, nos lleva a compartir con usted que lo que necesitamos es una reforma global del RETA. Sin una reforma global del RETA las reformas parciales que estamos haciendo nos abocan a la frustración. En este sentido, la enmienda que mi grupo le plantea va en esa dirección: necesitamos una reforma global del RETA que supere las mini-reformas que vamos haciendo que consolidan esa frustración.

¿Qué le debemos exigir al Gobierno que evite y que el acuerdo con Podemos pone en riesgo? Que las medidas de política económica y laboral que el Gobierno tome perjudiquen la consolidación y el empleo del sector de los autónomos. Por tanto, en una parte de la moción que el señor Del Campo nos plantea existe coincidencia: el incremento del salario mínimo interprofesional que toca no puede implicar un aumento desorbitado de las bases mínimas de cotización de los trabajadores autónomos. Espero, señor Del Campo, que en esos puntos de coincidencia sobre esa enmienda, lanzar esa reforma global, hoy pueda aceptar nuestra enmienda.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Guijarro García.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Vaya por delante que el texto que se nos presenta hoy aquí, por lo menos su primera versión, era un texto que nos resultaba simpático en la medida en que se refería a los trabajadores autónomos de menos ingresos y en la medida en que pretendía garantizar que no iban a ser perjudicados en el corto plazo.

Ciudadanos nos trae aquí esta iniciativa que pretende comprometer al Gobierno para con los autónomos de menores ingresos, algo con lo que no podemos estar más de acuerdo, señor Del Campo. Por eso, precisamente por eso, porque compartimos ese interés, hemos incorporado esa garantía en el acuerdo recientemente firmado con el Gobierno, y concretamente en su punto 5.1, que reza literalmente: se acuerda reformar dentro del año 2019 el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales -aquí lo subrayo, señor Del Campo- de manera que se garantice a los autónomos con menos ingresos una cotización más baja.

Los trabajadores autónomos en este país han sido tradicionalmente maltratados por el Estado o más bien por su clase política, que desde sus despachos legisla sin tener ni idea de lo que implica ser de esta condición. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Actualmente en España existen unos 3 millones de autónomos, que suponen un poquito más del 20 % de la fuerza laboral y que


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cotizan por alrededor de unos 11 000 millones de euros, según el informe económico y financiero de la Seguridad Social del año 2017. Todo ello sin contar con las 500 000 empleadas del hogar y los más de 600 000 en el sistema especial agrario, sobre los que ya hablaremos en otro momento. El 85 % de estos 3 millones cotizan por la base de cotización mínima. De estos 3 millones además aproximadamente 900 000, es decir, casi un tercio, gana menos del salario mínimo interprofesional, gana menos de los 12 000 euros netos actuales. Adicionalmente, los autónomos en España vienen sufriendo otro tipo de maleficios. El peso burocrático y administrativo que deben soportar, como ustedes sabrán, es inimaginable para alguien que no sea autónomo.

Yo casualmente tengo un hermano que es autónomo y me explicaba ayer con un cierto sarcasmo que antes siquiera de poder adquirir la condición de autónomo, uno debe doctorarse en contabilidad, gestión financiera y fiscal, derecho laboral, derecho mercantil y en muchas otras ramas del saber; vamos, que debes ser un auténtico superdotado o superdotada para ejercer de autónomo en este país.

Por otro lado, el problema de los trabajadores pobres en España es acuciante; es quizás una de las cuestiones más alarmantes del mundo laboral ahora mismo en España el hecho de que el trabajo ya no garantiza estar fuera de la pobreza. Según datos de Eurostat, la tasa de pobreza de los autónomos en España está aproximadamente en un 23 % frente al colectivo de trabajadores en el régimen general, que supone alrededor de un 12 %, es decir, casi dobla el incide de pobreza entre los trabajadores. Paralelamente, en los últimos cinco años las bases de cotización del RETA se han incrementado hasta en seis ocasiones. De estas -corríjame señor Del Campo si me equivoco- Ciudadanos es parcialmente responsable junto al Partido Popular del último incremento, el que se puso en marcha a mediados del año 2017 y que, por cierto, supuso el incremento más importante de los últimos años. Por eso, francamente no entendemos la mejoría que en Ciudadanos afirman han experimentado los autónomos en los últimos años, según dicen ustedes en la exposición de motivos de su texto. ¿A qué país se refieren ustedes, señoría? Porque esa no es la España que conocen los autónomos. Se intuye que desean ustedes tirarse alguna que otra flor, cosa que es legítima, a propósito del acuerdo de gobierno al que llegaron ustedes con el Partido Popular, pero luego no especifican ustedes cuáles han sido esas medidas y en qué han mejorado, qué cosas concretas han mejorado en la vida laboral de estas personas, porque no me parece que haya aquí flores que repartirse, sino más bien marrones -por hablarlo claro-, porque esta última y, como decíamos, mayor subida de la base de cotización no parece haber despertado el júbilo de los autónomos, sino más bien su enésimo cabreo.

Entonces, ¿cómo es posible que ahora ustedes se quieran erigir en los garantes de un colectivo que ustedes mismos maltrataron hace apenas unos meses? Si lo que pretenden ustedes es que nosotras no hagamos lo que ustedes hicieron, es decir, aumentar las bases sin correcciones que mantuvieran la renta neta disponible, no se preocupe que nosotras sí somos coherentes y lo mismo que pedimos hace un año es lo mismo que demandamos ahora. Cierto es que, tras firmar el acuerdo con nuestro grupo parlamentario, el Gobierno ha titubeado -esto se lo concedo-, mandando, además, señales equívocas sobre sus próximos pasos en esta materia. Es por ello que debe quedar meridianamente claro que cualquier pérdida de poder adquisitivo entre los trabajadores, cualquier trabajador, supondría una flagrante violación del espíritu del acuerdo, y, por tanto, nos tendría en contra. Por esta misma razón, por nuestro acuerdo, votaremos a favor de esta iniciativa si logramos ponernos de acuerdo en las enmiendas que se han presentado, porque, como digo, este texto, en principio, nos resulta simpático. Pero insisto, señor Del Campo Estaún, en que lo importante y lo destacable es que el acuerdo que hemos firmado con el Gobierno garantiza que los autónomos de menos ingresos se verán beneficiados y los de mayores ingresos no se verán perjudicados.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Guijarro García.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ramón Utrabo.

La señora RAMÓN UTRABO: Gracias, presidenta.

El Grupo Parlamentario Ciudadanos nos trae hoy aquí una proposición no de ley que, en teoría, es para mejorar la cotización de los autónomos, pero lo que busca, fundamentalmente, es el oportunismo político y la demagogia. Ustedes saben que hay una subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, donde se ha debatido una serie de cuestiones troncales del RETA, como son los requisitos para ser autónomo, cómo se va a cotizar, cómo avanzar hacia una confluencia con el régimen general, el cese de actividad, las bonificaciones, tarifas, etcétera; en definitiva,


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confluir en derechos y en obligaciones. Creo que hay que ser respetuosos con su trabajo y tener en cuenta sus conclusiones; más aún cuando, por unanimidad, se ha solicitado su ampliación hasta el mes de febrero. Hoy mismo ha sido aprobada esa ampliación, porque lo que se está haciendo es trabajar para que haya consensos y un dictamen serio que, de alguna manera, vincule a todos los grupos políticos. Esta reforma no requiere de una proposición no de ley, sino de consenso, de diálogo y de posterior regulación.

Señorías, ustedes saben que este Gobierno está actuando y mantiene su firme compromiso, como ya ha manifestado en diversas ocasiones, de no subir las cuotas mínimas a los trabajadores y trabajadoras autónomas como consecuencia del incremento del salario mínimo interprofesional a 900 euros. No olviden que es una cuestión de dignidad en el trabajo. Así lo manifestó el presidente del Gobierno, y yo se lo vuelvo a repetir: dignidad en el trabajo (aplausos), subida del salario mínimo interprofesional que ustedes, hace unos años, fijaban en 1000 euros. Dejen de enredar. Este Gobierno sube los impuestos a las clases más pudientes. Subimos el impuesto sobre patrimonio 1 punto a los patrimonios de más de 10 millones de euros y 2 puntos en el IRPF a aquellos que cobran más de 130 000 euros. Esa es la subida de impuestos que plantea el Gobierno socialista. Saben perfectamente que el Gobierno ha planteado a los autónomos una propuesta para que sus bases de cotización no se vean afectadas por el salario mínimo interprofesional, y que la intención de este Gobierno es alcanzar un amplio grado de consenso con las asociaciones de autónomos para implantar un nuevo modelo de cotización de este colectivo que permita aportaciones razonables a la Seguridad Social y que, a la vez, garantice mejoras notables en la protección social que reciban durante su vida profesional, así como una equiparación de las prestaciones de jubilación con el régimen general. En este sentido, hemos planteado nuestras enmiendas.

Tienen que ser conscientes de que la problemática de los autónomos no se basa solo y exclusivamente en la cotización, sino que hay muchas cuestiones que afectan a los niveles de protección y a las que el Gobierno socialista también quiere dar respuesta desde ese consenso. Saben que existe consenso sobre la conveniencia de ir aproximando la cotización de cada autónomo a sus ingresos reales, disminuyendo la cotización en los casos en los que los rendimientos sean inferiores al salario mínimo interprofesional, y aumentándola cuando los ingresos sean superiores a la base de cotización. El 85 % de los trabajadores y trabajadoras autónomas trabaja por la base mínima de cotización, por lo que se considera por todos, tanto Gobierno como asociaciones del sector, que hay una infracotización en la mayoría de los autónomos. Esta infracotización provoca una merma en la protección social; es decir, peores prestaciones y peores pensiones. Como conocen, estamos en un sistema contributivo; en función de lo que se contribuye, tenemos luego la cuantía de la pensión. Por ello, para los propios autónomos, la idea de que vayan ajustando sus cotizaciones a sus ingresos va a ser también positiva en un futuro porque les permitirá tener mejores prestaciones. Para superar esta situación, el Gobierno ha planteado un conjunto de escenarios para que en el diálogo social se alcance un acuerdo, en términos de beneficio para el sector y para el conjunto de la sociedad, que necesita de un sistema de protección social con mayor protección y más sostenible. Lo contrario sería condenar a los autónomos a planes de pensiones privados, que igual es lo que quieren otros grupos, pero no se atreven a decirlo.

Por ello, insisto, el Gobierno mantiene su firme compromiso de adaptar las cotizaciones a los ingresos reales, tal y como ha manifestado en diversas ocasiones y tal y como quedó reflejado en el pacto con Podemos, que hablaba de reformar, dentro de 2019, el sistema de cotización de los trabajadores autónomos para vincularlo a los ingresos reales, de manera que se garantice a los autónomos con menor ingreso una cotización más baja. Pero mientras se lleva a cabo esta modificación que requiere tiempo y es compleja, que quede claro que no vamos a subir las cuotas mínimas a los autónomos como consecuencia de la subida del salario mínimo.

Con respecto a la posición de voto de nuestro grupo, hemos planteado unas enmiendas y estamos a la espera de lo que nos diga el Grupo Parlamentario Podemos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Ramón Utrabo.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señora presidenta, señorías, señoras y señores diputados.

Tenía prevista la contestación para Sergio, a quien desde luego todos reconocemos la labor que está efectuando con relación a los autónomos, pero tengo que decir que en concreto esta iniciativa, como ya


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se lo he explicado anteriormente, no nos ha gustado, a pesar de que sean bien intencionadas las dos propuestas que contiene: la de que el aumento de la cuantía del salario mínimo, que se prevé en la nueva normativa gubernamental, al parecer, no suponga un aumento de las bases mínimas para los autónomos, o que se cree una tarifa plana indefinida de 50 euros para los autónomos cuyos ingresos reales no alcancen esa cifra, o 30 euros para autónomos menores de 30 años, o que acrediten un grado de discapacidad superior al 33 %.

Decía que tenía prevista la respuesta para el diputado proponente del Grupo Ciudadanos y, sin embargo, al oír a los enmendantes del Grupo Podemos y del Grupo Socialista, tengo la impresión de que la misma crítica que le iba a hacer a esta iniciativa, dirigida a usted, se la tengo que hacer también a los demás. Porque, dicho sea con todo respeto, esta iniciativa tiene un determinado defecto de fundamentación que, incluso al margen de esa equiparación que nos ha parecido un tanto frívola de los menores de treinta años con determinado grado de discapacidad, entendemos que es incompatible con dos hechos concretos; uno, con la tramitación que se está efectuando en el ámbito de la subcomisión de discusión del RETA, sobre cuál es el régimen jurídico que se debe modificar respecto al existente en el ámbito los autónomos y respecto a su cotización; y, sobre todo, aquella referida al Pacto de Toledo respecto del cual, y con todo respeto, creemos que se está haciendo caso omiso a sus determinaciones, tanto a las existentes actualmente en las recomendaciones de 2011 como a aquellas que tenemos anticipadas. Mi crítica iba en ese sentido, en el sentido de decir que son de rabiosa aplicación a este supuesto algunas de las determinaciones que ya tenemos avanzadas en el ámbito del Pacto de Toledo.

Lo son, y se lo voy a intentar cotejar de alguna manera con los siguientes ejemplos. Del texto de una nueva recomendación 0 se desprende que la equiparación del sistema español de Seguridad Social se asocia a un modelo social europeo basado en diferentes principios, de los que destacan los relativos a solidaridad, suficiencia de prestaciones, equidad en el reparto de cargas y responsabilidad en la gestión. ¿No cree usted que alejar la base de cotización del salario mínimo interprofesional solo no tendrá otro efecto que empobrecer y alejarlo de ese ámbito de solidaridad y que necesita de una mayor financiación?

La recomendación 1 trata sobre separación de fuentes y reestablecimiento del equilibrio financiero. ¿Puede explicar qué condición tienen esos nuevos tipos de cotización y a partir de qué sistema presupuestario se van a financiar los déficits de cotización que usted propone? Decía que el 86 % de los autónomos tributan por la base mínima, y con esta medida, y a la vista de la recomendación 2, que antes y ahora nos habla de la suficiencia de las pensiones, entendemos que solo se consigue alejar desde esa idea de suficiencia, entendida como la cuantía a partir de la cual una pensión debe garantizar un modo de vida digno. La recomendación 4 de las actualmente en borrador habla directamente de simplificación e integración de regímenes especiales. Hace una referencia específica, por ello, al régimen de los autónomos y plasma la idea de un modelo de cotización propio que se aleje de esos parámetros, y en concreto de su texto, e indica textualmente que la comisión recomienda continuar avanzando en la plena equiparación de los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los del régimen general; derechos y obligaciones. En otro apartado habla de conseguir una elección responsable de sus bases de cotización, con el objetivo de mejorar el grado de suficiencia de sus prestaciones. ¿No piensa que con esta medida va en dirección contraria a dicho pronunciamiento? Es más, de forma previa y para justificar que existen motivos de utilidad colectiva debidamente justificados que propicien un trato favorable en la cotización, la misma recomendación advierte que estos deben contar con recursos financieros adicionales y específicos para asumir de manera diferenciada las obligaciones de pago. Desde ese prisma de responsabilidad en la gestión, ¿me puede concretar cuáles son en esta iniciativa y en este texto esas fuentes de financiación?

A mayor abundamiento, la recomendación 5 advierte de la necesidad de un equilibrio entre aportaciones realizadas por los trabajadores y prestaciones recibidas, lo que también creo que va en sentido contrario de la propuesta. La recomendación 6 dice que debiera ser de preferente aplicación el supuesto, ya que entiende que el empleo es una variable clave en el sistema de Seguridad Social y que cabría entender algún tipo de tratamiento diferenciado, si bien -como sigue a continuación- precisa además que los incentivos a la contratación a través de bonificaciones en las cotizaciones sociales deben ser concebidos como una herramienta excepcional. Se lo digo, porque sí menciona algunas situaciones excepcionales -mayores de 52 años y jóvenes-, pero, a diferencia de lo que dice la recomendación 8, ¿entiende que si propone alguno de estos mecanismos quizá podría resultar de aplicación al manifestar que no existían otras medidas como las previstas en la recomendación 8 de aplazamiento y fraccionamiento? Seguiría con la 10, que también resulta de aplicación, con la 11, en cuanto a preservar y reforzar el principio de contributividad, o con la recomendación número 15 respecto a los valores de solidaridad y garantía de


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suficiencia que también se pretenden reforzar en el ámbito del Pacto de Toledo. No sigo con más, primero, porque la señora presidenta me está advirtiendo de que se me acaba el tiempo, pero entre otras cosas, porque esta mañana hemos empezado con la recomendación 16 y, por tanto, tampoco podría advertir otro incumplimiento.

En todo caso, sí les quiero señalar -no solo a usted, sino también al resto de enmendantes- que esta proposición hay que enmarcarla en el ámbito del Pacto de Toledo, cosa con la que todos se han mostrado ajenos. Sin embargo, la sostenibilidad del sistema exige también que se haga desde esa perspectiva, con esos mecanismos que he citado en mi intervención, a los que entiendo que no se presta atención en esta propuesta, por lo que votaremos de forma negativa.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Barandiaran Benito.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenas tardes. Bona tarda.

Hoy Ciudadanos nos trae aquí una proposición no de ley de medidas para facilitar la cotización de los autónomos, una PNL no vinculante para defender un tema tan importante como el que hoy nos concita aquí, que está a la orden del día y que, cómo no, Ciudadanos aprovecha para sacar tajada supongo que mediática y poco más.

Con el señor Del Campo no hago más que coincidir, excepto cuando hablamos en el plenario. Desde Esquerra Republicana siempre hemos defendido todas aquellas medidas que tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de los autónomos, sin que se nos cayesen los anillos cuando coincidíamos como hemos coincidido con Ciudadanos, y no nos duelen prendas admitirlo porque entendemos que hay un bien superior.

Nos parece imprescindible trabajar en la adecuación de la cotización según los ingresos reales. También nos parece imprescindible ampliar las contingencias por las cuales los autónomos no cuentan con protección y con ello reducir la discriminación versus los asalariados del régimen común. Daré un dato -que usted ya conocerá, señor Del Campo, porque suele estar muy al día de los estudios- recientemente publicado por UPTA. Sabemos que los autónomos solicitan menos bajas, pero cuando lo hacen es porque tienen una mayor necesidad, es decir, lo hacen debido a situaciones de mayor gravedad, y eso se refleja en periodos temporales más largos. Es imprescindible, por ello, legislar también en este sentido y no a golpe de proposiciones no de ley -perdóneme- insulsas y con un contenido más mediático que otra cosa. Coincido con el diagnóstico y el argumento de mi ilustre colega el señor Barandiaran: de todo esto ya se está hablando, se está discutiendo con tanta luz y tantas taquígrafas como aquí y seguramente con menos eslóganes y menos apasionamiento en la subcomisión del RETA y, como es sabido, en la del Pacto de Toledo.

Más que brindis al sol queremos propuestas serias que tengan una aplicación práctica y quizás algo menos de optimismo y algo más de realismo. Las medidas urgentes aprobadas en la ley ídem de hace cosa de un año en la que usted y yo participamos nos debieran servir de escarmiento. Usted recordará con qué ahínco defendimos enmiendas para que los autónomos pudiesen desgravar el ticket restaurante y cómo Hacienda se está riendo de nosotros en su cara y en la mía. Y eso sería poco más o menos gracioso o grave, pero sí lo es para los autónomos, esos que vamos invocando con las persianas, etcétera. Por eso, salvo que nos entusiasmen las enmiendas que vemos que están ustedes discutiendo, nuestro voto va a ser en blanco.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Capdevila i Esteve.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Movellán.

El señor MOVELLÁN LOMBILLA: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, hoy se ha dicho ya por los que me han precedido en el uso de la palabra que traemos uno de los debates más importantes y que afectan a más número de españoles, el debate de la situación actual y el futuro de los autónomos en España, que son más de tres millones y suponen el 25 % del total de trabajadores en nuestro país.

Quiero comenzar diciendo -he oído todas las intervenciones- a aquellos que se echan flores que si ha habido un Gobierno realmente comprometido, un Gobierno que ha trabajado por y para los autónomos,


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ese ha sido nuestro Gobierno, el Gobierno del Partido Popular. Nada más llegar, en 2011, nos pusimos manos a la obra y atendimos las principales demandas que nos hacía el colectivo, mejorando el marco regulatorio, el entorno empresarial, facilitando la reestructuración del crédito o rebajando los impuestos y reduciendo la morosidad que tanto afectaba a los autónomos en España. Hubo leyes que demostraron su efectividad y eficacia, como la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, que ha facilitado que más de quinientos mil jóvenes españoles se acogieran a tarifa plana, o la Ley de Apoyo a los Emprendedores y su Internacionalización, que ha permitido la conversión de más de quinientos mil contratos en indefinidos por emprender.

Pero en esta legislatura la prioridad del Partido Popular fue tal que en las primeras semanas de octubre de 2016 pusimos en marcha una serie de medidas urgentes para mejorar las condiciones laborales y la protección social de nuestros trabajadores autónomos, medidas que beneficiaron de una forma positiva a más de tres millones y medio de españoles, ampliando en seis meses la cuota reducida de 50 euros para nuevos autónomos, apostando por la cotización por el tiempo realmente trabajado y otra serie de medidas que se formalizaron posteriormente en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que no fue un mal comienzo, pero lástima que para el comando Top Gun, aquellos que querían asaltar los cielos y luego solo han sido capaces de asaltar Galapagar, los autónomos no hayan sido más que daños colaterales.

Señorías, hay quien cree que ustedes los socialistas y su Gobierno son el Gobierno de la desaceleración. Yo no lo creo. No son ustedes el Gobierno de la desaceleración, son ustedes el Gobierno de la descomposición, son la bacteria que provoca la descomposición del tejido productivo en nuestro país. Claro que imaginamos que a ustedes estos asuntos les parecen temas menores. ¿Qué puede importarles que un autónomo tenga que pagar unos 30 euros más mensuales? Con lo fácil que es para algunos crear sociedades y así evitar el pago. Pero afortunadamente los autónomos en España no son como los ministros del Partido Socialista, no se olvidan de lo que tienen que pagar, y además yo diría que últimamente les producen ustedes muchos quebraderos de cabeza porque hay millones de españoles que todas las noches piensan cuánto van a tener que pagar para poder trabajar. Pero es normal que esas pequeñas diferencias a ustedes no les importen o no las vean, porque es difícil verlas desde el Falcon presidencial con las gafas de sol puestas. Son demasiados peajes los que tenemos que pagar y va a tener que pagar este Gobierno para mantenerse en la Moncloa. Y esos peajes, esa desconfianza y esa incertidumbre están haciendo que los españoles estén preocupados por la amenaza de sus presupuestos, sí, esos presupuestos a los que ya parece que les han puesto la alfombra roja los señores y señoras diputados de Ciudadanos. Yo no sé si será roja o naranja, pero han abierto la puerta a un futuro presupuesto que va a ser la semilla de la futura crisis económica de nuestro país. (Aplausos).

Yo no sé si el Partido Socialista miente hoy o si mintió la semana pasada el señor presidente del Gobierno, porque aquí dicen una cosa pero en los papeles que ustedes mandan a Bruselas dicen la contraria. Ustedes dicen una cosa y el presidente de la AIReF desvela que ustedes van a subir en más de 1000 millones las cotizaciones a los autónomos. Dicen ustedes que solo suben los impuestos a los más pudientes y yo me pregunto si los diecisiete millones de usuarios del diésel son ricos en España. Creo que es tal el descrédito que tienen ustedes que ya no juegan al despiste, ya no se los cree nadie ni aquí ni en Europa. Pero además son incapaces de valorar los efectos, la incertidumbre, la inseguridad que están generando ustedes en sus acuerdos con Podemos y el resto de grupos. Frente a un Gobierno como el del Partido Popular, que generó confianza, que generó seguridad y certidumbre y que ha sido capaz de crear 250 000 autónomos más, nos encontramos con un Gobierno que hace todo lo contrario.

Claro que el Partido Popular va a apoyar esta iniciativa, y apoyaremos todas las iniciativas que sean en beneficio de los autónomos, y con más motivo, señores de Ciudadanos, viendo la autoenmienda que presentan hoy por la mañana, que es una copia casi literal de la moción que presentó ayer el Grupo Popular en el Senado. Contarán con nuestro apoyo, pero hay que preguntarles si de verdad ustedes a veces no se sienten bomberos pirómanos, porque por un lado quieren abanderar a los autónomos y por otro abren la puerta a aprobar unos presupuestos que van a ser lo peor para los autónomos en España. (Aplausos).

Finalizo, señora presidenta. Hoy quiero preguntarles si por la mañana se han levantado como el doctor Jekyll o mister Hyde, porque hablan de defender a los autónomos y van a facilitar la tramitación de la aprobación de los presupuestos que van a contribuir a una mayor destrucción de empleo, a unas mayores cuotas para los autónomos, a unas mayores subidas de impuestos y a un mayor coste energético para todas las empresas. Apoyemos a los autónomos; el Grupo Popular lo va a hacer porque apoyar a los


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autónomos es sinónimo de apoyar al conjunto de España. Pero seamos responsables, señores de Ciudadanos, no hace falta colgarse tantas medallas, que ya no les van a caber en el pecho.

Muchas gracias. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Movellán Lombilla.

Señor Del Campo, por favor, tiene la palabra a efectos de que diga si acepta o no las enmiendas presentadas.

El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Estamos transaccionando.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Perfecto. Hagan llegar la transacción a la Mesa. Gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONDENAR LA DICTADURA DE VENEZUELA, CONTRIBUIR A LA ESTABILIZACIÓN DE LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y APROBAR UN ESTATUTO DE PROTECCIÓN TEMPORAL PARA VENEZOLANOS EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000761).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso por la que se insta al Gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la región de América Latina y aprobar un estatuto de protección temporal para venezolanos en España. Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor García Hernández.

El señor GARCÍA HERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías y gracias a los luchadores por la libertad en Venezuela que hoy nos acompañan, sin ningún tipo de camisetas (aplausos), con una palabra tatuada en su corazón para ejemplo del mundo.

La historia maestra de la vida, la historia de una nación hermana como Venezuela es ya la historia de España y de los españoles. Hoy rendimos homenaje a los más de cuatrocientos presos políticos que siguen en Venezuela, en La Tumba, esa cárcel a metros de profundidad con la sofisticación de las torturas; en El Helicoide, con la abyección de la corrupción moral, o en arrestos domiciliarios que apresan a familias enteras. ¿Y quiénes son los cómplices de esto en España? Espero que, con la excepción de los alumnos aventajados, ninguno más quiera caer en ese lado de la historia que hará que nunca se olvide que en el momento determinante hubo quienes dieron oxígeno a un narcodictador, mientras otros clamábamos por democracia, libertad y dignidad. No caben las equidistancias; no caben las ambigüedades. Esto va de la vida de personas, de su dignidad, pero también de la nuestra, de su memoria histórica y de nuestra memoria histórica. Y como la historia es maestra de la vida, solo podemos aprender por los errores propios.

Se escucha el estruendo de millones de venezolanos que claman al mundo que abramos los ojos. España, despierta. Es su consejo. Españoles, os necesitamos, no nos dejéis solos con estos sátrapas, no les sirváis la coartada infantil con la apelación al diálogo que ya han usado con la Iglesia católica o con la oposición en la República Dominicana. Españoles, decíamos que Caracas no era La Habana, que esto no podía pasar nunca en Venezuela, pero hoy el G2, el temible servicio de inteligencia cubano, es virrey en Venezuela. España, despierta.

La puerta al chavismo la abrió la debilidad de los partidos que creyeron que si alimentaban con lechuga al cocodrilo Chávez este se volvería vegetariano. A ver si la música les suena: la antipolítica; no nos representan; la casta; el fin del sistema del bipartidismo y, más grave -a ver si les suena-, la necesidad de reformar la Constitución venezolana en 1993 para hacer más descentralizada Venezuela, para que no se concentrase el poder en la Jefatura del Estado. Y, sobre todo, un indulto a un preso como Hugo Chávez. A ver si les suena. ¡Cuánto darían los venezolanos hoy sentados aquí para gritar que no transitemos por el camino hollado de la desolación! España, despierta.

Debemos recoger sus anhelos, ahora que están ellos de rodillas, apilados en esas cárceles, torturados, expoliados, sometidos al control social de la estrategia cubana del hambre para derrotar moralmente a una población para que no se levante, para que no pueda pensar en otra cosa que alimentarse. Debemos abrir un canal humanitario, no un canal de diálogo. Espero que nos expliquen esa posición acordada bajo mesa en un almuerzo sin todos los ministros de Exteriores. Solo el Parlamento Europeo parece resistir a Federica Mogherini y por eso se aprobó el pasado jueves por todos los grupos que están aquí presentes,


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con excepción de Podemos e incluido el Partido Socialista, una posición contra Venezuela. Yo espero que el Partido Socialista hoy no vote distinto en España porque esté preso de Podemos a lo que votó el jueves en Bruselas. Aquí se trata de introducir ese factor de moralidad entre lo que separa a una élite narcodictatorial y a los venezolanos.

Sabemos que la iniciativa de establecer un diálogo parte del propio presidente Sánchez, no consideramos que el padre del engendro sea Zapatero. Pedro Sánchez, en su onírico reflejo ante el espejo, tiene que ser más que Zapatero en todos los sentidos: desenterrando a Franco, pactando un referéndum con los 'indepes', indultando a presos, con un presupuesto de gastos cuando viene otra crisis que no sabemos a cuántos españoles va a volver a mandar al paro, a lo que espero que Ciudadanos no abra la puerta. Pedro Sánchez desarrolla una política personalísima de fotos, de charletas elevadas a categorías de diálogos políticos como, por ejemplo -y es verdad que es muy divertido y causa sonrojo-, cuando el presidente de Apple, Tim Cook, se reunió con el presidente y dijo que habían trazado juntos los retos del futuro en el contexto digital, así, en media hora. Pedro Sánchez está buscando su lugar en la historia, pero no puede ser a costa del Partido Socialista ni de España.

Pocos pensábamos que no hubiera contrapesos en el Partido Socialista; ni Susana Díaz ha dicho esta boca es mía. Ese PSOE tan necesario en España parece haberse rendido, y esto es una mala noticia para todos. Por eso nosotros estamos ahora planteando esta proposición no de ley. Y les necesitamos, señores del Partido Socialista, les necesitan todos los vascos que viven en Venezuela, todos los catalanes que viven en Venezuela, todos los gallegos que viven en Venezuela, todos los canarios que viven en Venezuela y todos los que han venido aquí. ¿Qué van a decir de vuelta a sus circunscripciones? ¿Que Sánchez domina todo y se lo sabe mejor que nadie? Ya veremos qué le dicen. Todos sabemos quién le abrió la puerta a Chávez, todos sabemos a quién ha ido a visitar Pablo Iglesias. Por eso pedimos ese estatuto de protección temporal, para mejorar la vida de los venezolanos que han tenido que salir de la mayor prisión del mundo que hoy es el Estado de Venezuela. Por eso también pedimos -y no podemos contemporizar dada esa resolución que hemos apoyado en el Parlamento Europeo con 268 votos a favor y 25 en contra- que se reclame que asumamos la iniciativa de varios países americanos para que la Corte Penal Internacional investigue al Gobierno de Nicolás Maduro por supuestos crímenes de lesa humanidad.

No podemos estar de lado. Francia y Alemania son los últimos países que han manifestado su posible apoyo a la investigación de esos crímenes de lesa humanidad por las autoridades de Venezuela. Hay un fundamento en el artículo 7, hay un fundamento en los artículos 13,14, 15,17 y en el 53. La fiscal lo hará de oficio. Sumémonos. Nos cuentan, y lo vemos con preocupación, que el Gobierno había presionado a Francia para que esto no sucediera, y nos gustaría que nos lo aclarasen. Pero, por favor, no lleven a toda España al lado equivocado de la historia. Ya se dictó orden contra los distintos presidentes de Sudán, de Libia y del Congo y la Organización de Estados Americanos dice que hay fundamentos -y cito literalmente- porque son ataques sistemáticos y generalizadas contra la población civil, detenciones masivas, desapariciones forzosas, asesinatos, torturas y violaciones, más de 131 ejecuciones extrajudiciales, 8292 homicidios, más de 12 000 detenciones y 289 de torturas denunciadas. ¿A qué esperamos?

Para terminar, queremos traer dos casos más: la muerte desde un décimo piso del concejal Fernando Albán y la agresión que ha sufrido María Corina Machado. Por eso hacemos nuestras las palabras de un defensor de los derechos humanos de Venezuela, Loren Salé, hoy en España: La mejor forma de resistencia a un dictador siempre es el desafío. Señores del Partido Socialista, desafíen ustedes la mediocridad moral que van a asumir al apoyar a Maduro y repitan siempre, junto a todos los venezolanos: ¡Hasta aquí! ¡Ya no más! ¡Basta! (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor García Hernández.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, la primera oradora, la señora Oramas González-Moro, que tiene además una enmienda que defender. Tiene un minuto.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: En un minuto.

Es tremendo. Un Ciudadanos y un PP peleando por ver quién es más duro. Un Ciudadanos proponiendo ponernos de acuerdo con el loco del presidente americano y el presidente de Brasil. Un Podemos que justifica lo injustificable y un Partido Socialista que se pone de lado.

Coalición Canaria no tiene nada que demostrar. En la época del Gobierno del PP ya pedimos que se diera solución a la renovación de los pasaportes en España. Hemos sacado el tema del problema de las


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pensiones de la gente que llevan dos años sin cobrarlas. Estamos hablando de drama humanitario fundamentalmente. Yo sé que a ustedes les interesa más el tema político. El tema político claro que es importante, pero es importante tener una posición europea y que la lidere España, que es la que sabe lo que pasa. Y eso es lo que se le dijo a la responsable de Exteriores y lo debe decir este Parlamento. Y el Partido Socialista no puede seguir poniéndose de lado. El Gobierno socialista tiene que liderar esa posición europea en la parte política. Pero el drama humanitario, un millón de personas muriendo, sin medicinas, con hambre, con desnutrición, es una tragedia.

Yo hago mío lo que ha dicho el Defensor del Pueblo, Paco Fernández Marugán, que es poco sospechoso, que hizo suyas todas las propuestas de esta diputada de Coalición Canaria. O sea, dejémonos de política, de justificar lo injustificable y de decir tonterías y trabajemos en el ámbito humanitario y en una posición europea centrada y con posibilidades.

Gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Oramas González-Moro.

Tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Es verdad, los líderes de Podemos tienen razón cuando denuncian que algunos acudimos a Venezuela cuando queremos atacar dialécticamente el avance del movimiento podemita en España. Tienen razón. Lo cual no impide reconocer la terrible situación que vive el pueblo de Venezuela: la desaparición de la democracia, la nueva cleptocracia, una economía en crisis, una sociedad sin libertad, violencia institucionalizada y abuso de poder, una clase política corrompida y otra perseguida. Un fracaso, señorías, sin paliativos. Y es obvio que a nosotros lo que nos importa por encima de todo es su situación porque es un pueblo hermano.

Ocurre, señorías, que Venezuela es un modelo referencial para Podemos, su modelo de sociedad, la nueva utopía socialista, el espejo bien pagado al que parecerse. Y, obviamente, los que somos sus adversarios políticos tenemos la obligación de mostrarles a los españoles adónde nos puede llevar su emulación venezolana. Alertar sobre su colaboracionismo con la dictadura es una obligación para un demócrata.

Ya denunciábamos Aló Presidente antes de que ustedes, señores de Podemos, debutaran en la arena política y no creo que se ofendan si yo les digo que ustedes son a España lo que Maduro o Chávez son a Venezuela. Mientras ustedes elaboran efectistas discursos populistas, reproducen sus tics autoritarios y minimizan las consecuencias de un ejercicio dictatorial de la política, construyen una nueva casta desde Galapagar. Otros seguiremos ayudando al pueblo venezolano a recuperar su libertad, la justicia y sus derechos y denunciando el fracaso social, la inseguridad, la violencia sistemática que sus correligionarios no pueden o sencillamente no quieren garantizar. Aunque a ustedes no les guste, deben oírlo. Obviamente, votaremos a favor.

Nada más y muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Armendáriz.

Tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.

En un minuto. Decía el proponente que no caben las equidistancias y creo que en eso tiene razón; probablemente en lo único que ha dicho. Las mujeres y hombres de Euskal Herria Bildu estamos con el proceso bolivariano y estamos con el orden constitucional bolivariano y estamos con la mayoría social y política de Venezuela. Por eso no podemos apoyar esta declaración de guerra que ustedes han traído a este Congreso para que sigamos apoyando una campaña contra el Gobierno legítimo de Venezuela.

Ustedes plantean que condenemos la dictadura de Venezuela. Curiosa dictadura que ha convocado y ganado más elecciones de las que ustedes han convocado en cuarenta años. Pero, claro, nos hablan de condenar, ustedes que en el 2002 no tuvieron ni la valentía ni la voluntad de condenar el golpe de Estado contra Hugo Chávez que provocaron otros y que ustedes, presidiendo el Consejo de Europa, aplaudieron de manera holgada. Nos dicen que nos posicionemos ante la grave crisis y creemos que es necesario hacerlo, pero también ante la de Honduras y también ante la de los 7 millones de personas migrantes desplazadas en Colombia. Pero ustedes ahí callan porque esos Gobiernos son amigos, son sus verdaderos


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amigos en América Latina. Y nos hablan de impulsar la democracia. ¿Quiénes, ustedes, que traen la Ley mordaza por bandera? ¿Quiénes, ustedes, que quieren hacer que los insultos a la Macarena sean delito?

Para terminar porque se me ha acabado el tiempo, nos hablan también de promover convocatoria de elecciones libres. ¿Qué quieren?, ¿otro 155, esta vez en Venezuela? ¿Quieren exportar su modelo de éxito? Ustedes ven golpes de Estado donde no los hay y aplauden los que se dan realmente. Ustedes no quieren la diplomacia, ni siquiera hacen caso a lo que dice el responsable del Comando Sur americano cuando dice que hay que hablar de diplomacia y diálogo y, sin embargo, son altamente diplomáticos con sátrapas como el de Arabia Saudí y otros, como hemos visto en esta Cámara. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Matute García de Jalón.

Tiene la palabra al señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Es curioso las veces que ha salido aquí el país de Venezuela y curioso que otros no salgan prácticamente para nada. Lo suyo es verdadera obsesión con Venezuela, porque, ¿qué tiene Venezuela que no tenga Arabia Saudí o Guinea o Marruecos o China o Israel u Honduras? Yo estoy esperando que venga aquí una proposición que diga: Condenar la dictadura de Arabia Saudí, de Marruecos, de China, de Guinea, de Israel, de Filipinas. (Aplausos). Estoy esperando que venga aquí una iniciativa que impulse la defensa de la democracia y los derechos humanos en Arabia Saudí, en Marruecos, en Guinea. (El señor García Hernández pronuncia palabras que no se perciben).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señor García, no entre en diálogo con el orador.

Prosiga.

El señor BALDOVÍ RODA: ¿Cuándo van a traer esa? ¿Cuándo van a pedir la plena liberación de todos los presos políticos de Guinea, de Arabia Saudí, de Marruecos, de todos los presos saharauis? ¿Cuándo la van a pedir? Hipocresía, muchísima hipocresía.

Moltes gràcies. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Baldoví Roda.

Tiene la palabra el señor Xuclá i Costa.

El señor XUCLÁ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

Que conste en acta que se votan en el Parlamento los textos y no los discursos, porque si fuera por el discurso del señor García Hernández tendría que variar el sentido del voto.

Señor García Hernández, usted ha entrado en la misma lógica que tanto critica de Podemos, que cuando habla de Venezuela quiere hablar de España y parece que también esta tarde ha querido hablar de España. Se puede llegar de forma democrática a las instituciones, se puede producir la degradación de las mismas y se puede trabajar desde dentro de las instituciones para socavar la arquitectura democrática de un determinado país, y esto es lo que ha sucedido en Venezuela con respecto a la democracia, los derechos humanos y las instituciones. Y ante esta situación, tendría que ser posible, debería ser posible un amplio acuerdo de esta Cámara, porque hay aspectos muy objetivos; un acuerdo que incluyera, como mínimo, al Partido Socialista. Y cuando leemos la enmienda del Partido Socialista que respecto a Venezuela dice "condenar la destrucción de libertades", el Partido Socialista claramente se queda corto respeto al diagnóstico de la situación de Venezuela con ese "condenar la destrucción de libertades". Algo más grave está pasando en Venezuela, y este Parlamento condena a Venezuela y condena a Arabia Saudí, al menos el Partido Demócrata mantiene la misma posición esta semana y la semana pasada. No somaticemos los debates de política internacional como debates de política interna para el desgaste y la erosión entre grupos políticos.

Finalmente, Venezuela requiere de reconciliación. Se ha producido una grave degradación de la convivencia. No requiere vías militares ni requiere ataques por la vía militar, como alguno tiene la pulsión de decir en los últimos tiempos. A la intolerancia no se le responde con la intolerancia, sino con la democracia.

Nada más y muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Xuclà.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Maura Barandiarán.


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El señor MAURA BARANDIARÁN: Un saludo muy especial a nuestros amigos, nuestros compañeros, nuestros hermanos venezolanos luchadores por la libertad de su pueblo, tan absolutamente asediado desde hace tantos años.

La dictadura de Maduro, que ya viene siendo conocida por narcodictadura, ha conseguido el singular resultado de que en el país que tiene los mayores yacimientos energéticos petrolíferos del mundo, 9 millones de personas no puedan siquiera comer dos veces al día. Un país en el que las farmacias no tienen medicamentos, en el que las clínicas y los hospitales carecen de material sanitario, en el que no hay suficiente electricidad y donde la inflación medida por el Fondo Monetario Internacional para este año 2018 alcanzará la pavorosa cifra de un millón por ciento. Pues bien, esa narcodictadura sigue aferrándose al poder, mantiene en prisión a centenares de presos políticos. Quiero recordar el caso de Fernando Albán, el concejal presuntamente asesinado después de sufrir torturas, y por el que la comunidad internacional y nosotros mismos ahora pedimos una comisión objetiva internacional de investigación. (Aplausos).

A propuesta de nuestro grupo, este Parlamento decidió no reconocer las elecciones celebradas el pasado mes de mayo. No puede, por lo tanto, resultar extraño que los venezolanos voten con los pies. Dice Naciones Unidas que más de 3 millones de venezolanos han abandonado su país, no diré que en busca de un mejor futuro, basta decir que en busca de un futuro para ellos y para sus hijos. Muchos de ellos se encuentran en países latinoamericanos, como es el caso de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Panamá, de Brasil, pero otros tantos han venido a España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, a enero de 2018 más de 90 000 venezolanos se encuentran entre nosotros; hay otros cálculos que aseguran que podríamos multiplicar esa cifra por cuatro. Se trata del contingente de peticionarios de asilo más importante que hay en España, por encima incluso de los ciudadanos sirios afectados por una pavorosa guerra civil. ¿Cómo estamos afrontando en España este exilio venezolano? Diré que muy mal. Según datos, en este caso de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de los 2300 peticionarios de asilo que lo solicitaron el año pasado 2017, solo se concedieron 15 condiciones de refugiados. Repito 2300, año 2017, 15 concesiones, Gobierno del Partido Popular.

Pues bien, nosotros lo que estamos pidiendo con esta enmienda es que se conceda el procedimiento temporal de asilo. Significa básicamente que los que tengan derecho al mismo tendrán un permiso de residencia durante un año, tendrán también permiso de trabajo, podrán acceder a la sanidad pública y, al mismo tiempo, podrán tener una libertad de circulación. Eso lo está pidiendo el Defensor del Pueblo, lo está pidiendo Acnur, lo está pidiendo el Parlamento Europeo, lo están pidiendo los venezolanos y lo estamos pidiendo y exigiendo nosotros como una exigencia de solidaridad recíproca, la misma que tuvo Venezuela después de la Guerra Civil española con el exilio republicano, señorías del Partido Socialista y señorías de Podemos, la misma que ellos, la misma solidaridad que prestaron a nuestros conciudadanos. (Aplausos). También pedimos que se garantice la inserción laboral de ese exilio y que España, junto con otros países afectados, los proteja de la persecución y de la miseria.

Además, queremos que España lidere la exigencia del retorno de Venezuela a la normalidad democrática. Queremos que se condene la dictadura de Maduro. Queremos que España se adhiera a la solicitud de la fiscalía de la Corte Penal Internacional como lo han hecho países como Argentina, Canadá, Colombia, Paraguay, Chile y Perú y entre los países europeos, Alemania o Francia. No nos podemos quedar atrás, tenemos que liderar y no ponernos a la cola de las demandas de otros países.

Queremos también la ampliación de sanciones contra quienes son responsables de este estado de cosas. Por cierto, señores del Partido Socialista, ni una sola sanción más desde que ustedes están gobernando, ni una sanción más se ha aprobado contra los responsables de este estado de cosas. Y queremos, por fin, la convocatoria de unas elecciones auténticamente libres que pongan fin a este drama, a este horror y a esta verdadera vergüenza internacional.

Este Parlamento ha hecho repetidas veces gala de su apoyo a los derechos humanos, de su solidaridad con los desprotegidos y este Parlamento, señorías, no debería mirar para otro lado ante esta reclamación.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Maura.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor De la Encina Ortega.

El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Buenas tardes, señorías.

Permítanme que dedique un minuto del tiempo que tengo para defender la enmienda de mi grupo parlamentario a una reflexión sobre América Latina. Estamos en un momento transcendente, un momento convulso en muchos de los países de América Latina porque estamos hablando de Venezuela, pero


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tenemos a Nicaragua, a Honduras y sin ir más lejos, por no dedicarle mucho más tiempo, el resultado del pasado domingo con el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se plantean tiempos también de incertidumbres internas e internacionales porque él mismo se ha declarado de extrema derecha populista. Por tanto, tenemos que hacer una reflexión sobre Latinoamérica no solo por que hable nuestra lengua, sino porque tenemos infinidad de vínculos culturales, sociales y económicos. Todos deberíamos reflexionar y enfocar esto desde una perspectiva de Estado y desde un contexto europeo. Desde la perspectiva de Estado -he hablado antes de la intervención con José Ramón y se la agradezco en parte-, no le quepa duda alguna de que nosotros desde el primer día de Gobierno, el día 1 de julio, tuvimos con nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, como prioridad absoluta a Venezuela, como la tenemos con los demás países de América Latina. Aquí hoy toca hacer una reflexión sobre qué camino adoptamos si el que ustedes piden, que compartimos, que es la crítica u otro. No sé si saben sus señorías que hoy se han debatido en la Comisión de Iberoamérica del Senado tres mociones sobre esto y aquí una, casualidad o no. ¿Habrá problemas en el mundo? Sí, Venezuela, para utilizarlo en clave interna de desgaste como usted ha hecho hoy aquí nombrando a la presidenta Susana Díaz que está en campaña electoral. Usted sabe bien que el presidente Pedro Sánchez -se lo he dicho- lo ha condenado públicamente, sin ir más lejos en su último viaje: Pedro Sánchez condena la destrucción de las libertades democráticas en Venezuela y exige al régimen de Maduro la liberación de todos los presos políticos. ¿Qué quiere usted más, que nos sumemos a su iniciativa? Sí pero, ¿qué ofrece usted de más? ¿Dónde aparece la palabra diálogo en su iniciativa? Sabe usted que se aprobó, don José Ramón, y no puede usted cambiar la realidad, está aquí el acta del día 25 de octubre. ¿Qué se aprobó el día 25 de octubre, el jueves pasado, en el Parlamento Europeo? Se aprobó con 268 votos a favor del Partido Popular, del Partido Socialista Europeo, de Los Verdes, etcétera, 25 en contra y 26 abstenciones. Pues esta resolución. Fíjense, seguro que les suenan Esteban González Pons, Luis de Grandes, Agustín Díaz de Mera, compañeros suyos que votaron a favor. ¿De qué? De la propuesta del Consejo y de la propuesta de la alta representante de Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea, doña Federica Mogherini. Tengo aquí el acta traducida al español, aunque no hace falta porque usted habla inglés.

El diálogo es la única vía para solucionar la crisis, y no solo humanitaria, por supuesto social, económica y política de recorte brutal de libertades, y también de dictadura, si hay presos políticos. Le he leído el titular del presidente del Gobierno. Ustedes no aparecen en ningún momento diciendo lo que acabo de decir, que es lo que nos pide la Unión Europea, lo que ha votado su partido en el Parlamento Europeo. Aquí está, lléveselo. Por tanto, le pedimos que acepte nuestra enmienda, que apuesta por la única vía que cabe, señorías. Esto no se resuelve con golpe militar ni intervención externa, se resuelve con un diálogo participando por y para los venezolanos, sin injerencia, con mediación, como está haciendo la Unión Europea, y como ha dedicado desde el primer día de su nombramiento el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell. Yo le puedo leer aquí manifestaciones suyas de tres momentos posteriores muy recientes en el mismo sentido que ha aprobado el Consejo de Europa el día 25 en su resolución que su grupo parlamentario europeo apoyó: los días 15, 17 y 22. ¿Sabe usted qué dice? La tiene usted, léala: La creación de un grupo de contacto por parte de la Unión Europea con los países de la región para explorar una mediación entre el Gobierno y la oposición -no ha citado usted esa palabra- que propicie una solución pacífica, democrática, negociada entre venezolanos en el marco del Estado de derecho.

Señorías, este es el camino. Las sanciones, ¿la suma a que se lleve a la Corte Penal Internacional? También, pero no haga usted trampa, no diga que vamos a votar, hemos votado en contra. ¿Por qué? Porque si pedimos diálogo, no podemos a la vez seguir insistiendo en actuaciones en las que la CPI, a través de su fiscalía, ya ha abierto un procedimiento de investigación. Por tanto, no haga trampas aquí con la realidad de un problema tan complejo, tan importante en el que España -y termino- quiere manifestar sobre todo la solidaridad con los venezolanos y la ayuda desde todos los ámbitos, como Gobierno y nosotros como partido, a ese pueblo hermano de Venezuela.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor De la Encina Ortega.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, EAJ-PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.

El Grupo Parlamentario Popular presenta a debate una iniciativa en la que se insta al Gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, a contribuir a la estabilización de la región y a aprobar un estatuto de


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protección temporal para los venezolanos en España. Según dice la PNL, se trata de hacer frente a la grave crisis que sufre Venezuela, que ciertamente es de una dimensión manifiesta y se muestra de manera poliédrica, simultánea y acumulativa en la dimensión constitucional e institucional democrática, económica y social. Esto está generando una inflación histórica, una permanente escasez, un drama humanitario y una crisis de los derechos fundamentales en forma de arrestos arbitrarios, casos documentados de malos tratos y torturas, presos políticos, etcétera. Esta crisis en Venezuela también está generando una afección regional por tensiones con los países limítrofes y una migración que llega a alcanzar también al Estado español. Son los ciudadanos venezolanos los que registran el mayor número de solicitudes de refugio y asilo en España a día de hoy. También hay una extrema polarización social, que conduce a que en Venezuela no haya retratos neutrales, tal y como pone de manifiesto, y valga a modo de ejemplo, el último proceso electoral presidencial de mayo pasado, que tanto le vale al chavismo para sostener que Venezuela es una democracia y que su presidente está legitimado, como a la oposición para sostener la irregularidad del proceso electoral, antes de la jornada electoral, por haber impedido a la MUD concurrir al proceso y por la ausencia de una campaña justa, lo que condujo a la oposición a no concurrir a dicho proceso, y también durante la jornada del voto, por el uso del llamado carné de la patria, en lo que podría suponer un chantaje y una compra ilícita de votos, y por las casi mil irregularidades ocurridas en los colegios electorales al permitirse el proselitismo chavista en su interior y aledaños. A esta deslegitimación del proceso electoral se suma la deslegitimación derivada de la baja participación y el no reconocimiento por un importante número de países sudamericanos, por Canadá, por la Unión Europea, por numerosos países europeos y por organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la presidencia).

Todas estas circunstancias son conocidas, pero nos preguntamos qué motiva esta PNL que insta al Gobierno a adoptar una postura reactiva frente al Gobierno venezolano y proactiva con su oposición, como si no se estuviera haciendo nada en estos dos ámbitos. Esta cuestión, la de la actitud del Gobierno frente a la crisis del Venezuela, fue uno de los temas debatidos la semana pasada, con ocasión de la comparecencia del presidente del Gobierno para dar cuenta de la última cumbre europea, y objeto de graves acusaciones, por haber pedido el diálogo y no tomar e impulsar medidas sancionadoras, lo que fue tajantemente desmentido, replicando que se utiliza el sufrimiento y el dolor de los venezolanos para consumo electoral doméstico. Compartimos esta valoración, porque coincide con el modo en que afrontan tanto el Partido Popular como Ciudadanos las crisis de convivencia, tal y como sucede con la crisis constitucional en torno a las identidades nacionales distintas dentro del Estado español. Sus métodos son siempre los mismos, palo y tentetieso y nada de diálogo, la política de la fuerza y no la fuerza de la política.

Señorías, lo hemos repetido hasta la saciedad y ahora lo reiteramos: los problemas políticos necesitan soluciones políticas y el diálogo y la negociación nunca pueden quedar excluidos. Esto sin perjuicio de que, en ocasiones, como esta, puedan ir acompañadas de otras medidas, siempre que no supongan un sufrimiento añadido para los que ya lo están sufriendo, medidas como las que, recientemente, ha anunciado la Unión Europea para penalizar a los responsables de la organización electoral venezolana, con el objetivo de que convoquen nuevos comicios, y que se suman a otras ya acordadas en noviembre del año pasado y que nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Vasco, también comparte.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Surra Spadea.

La señora SURRA SPADEA: Gracias, señor presidente.

Señorías, señores del Partido Popular, ustedes, que han instigado y legitimado la existencia de presos políticos catalanes, ¿qué legitimidad pueden tener para hablar de si existen o no existen presos políticos en otros países? (Aplausos). Ustedes, que la semana pasada legitimaron que España vendiera armas a los sátrapas de Arabia Saudí y fueran cómplices de los crímenes de guerra que se cometen en Yemen, ¿qué legitimidad pueden tener para hablar de si se cumplen o no los derechos humanos en otros países? Ustedes, que son el partido con más casos de corrupción en los tribunales de toda Europa, ¿qué legitimidad tienen para hablar de la corrupción en otros países? Ustedes, que han censurado, distorsionado y manipulado interesadamente aquello que está pasando en Cataluña, ¿qué legitimidad tienen para hablarnos con propiedad de lo que pasa en Venezuela? Ustedes no son nadie para dar lecciones de


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democracia a nadie. (Aplausos). Y desde América Latina ya estamos hartas de que España siga con esta mentalidad imperialista y que se crea con el derecho de injerir en los gobiernos de nuestros países.

Señores del Partido Popular, los países latinoamericanos hace dos siglos que dejaron de ser colonia española; asúmanlo y déjennos en paz, que ya somos mayorcitos. Su narrativa está instalada contra el Gobierno venezolano sin interesarse en contrastar hechos ni abogar por el diálogo y la mediación. De julio de 2017 a mayo de 2018 Venezuela celebró cuatro procesos electorales. Esto ustedes no lo tienen en cuenta; usan su visión interesada, desacreditan la legitimidad del Gobierno venezolano elegido democráticamente, al igual que la Asamblea Nacional, como lo han hecho con el Gobierno catalán. En dinamitar y sabotear un proceso democrático ustedes tienen un máster.

En su discurso obvian mencionar el obstáculo al que se enfrenta Venezuela, el bloqueo económico y financiero impuesto al país. La mayor parte de los venezolanos que están migrando lo hacen como consecuencia de este bloqueo financiero y la crisis económica inducida que se vive en Venezuela que, de manera tangible, ha precarizado la vida de la gran mayoría de los ciudadanos. Y ustedes, de forma irresponsable, han protagonizado un efecto llamada, pues al seguir afirmando que en Venezuela hay una dictadura han animado a esa gente a venir aquí a pedir asilo político a sabiendas de que no lo podían obtener, y ahora le piden al Gobierno del PSOE, cosa que ustedes no hicieron, que se salte vuestra propia Ley de extranjería solo para los venezolanos. Si hay papeles, que sean para todos. (Aplausos).

Les informamos, aunque ustedes lo saben pero no lo dicen, de que el Gobierno venezolano ha fletado aviones a diferentes países de América Latina para ayudar a sus ciudadanos a que vuelvan a su patria porque fuera estaban pasando más penuria que en su propio país. Reiteradamente, el Gobierno del Estado español ha intentado intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de la República Bolivariana. El Gobierno del Estado español viene usando el derecho internacional a su antojo e interés; cuando les conviene usan la narrativa de la no injerencia en asuntos internos de los Estados para bloquear y condenar a los países que se solidarizan con Cataluña; y cuando les interesa hacen suyo el derecho a la injerencia humanitaria y a la intervención. ¿O me van a negar que después de vanagloriarse de la perfecta separación de poderes existentes en el Estado español y de oponerse a aceptar la existencia de los presos políticos catalanes, el secretario de Estado de Cooperación Internacional, Juan Pablo de Laiglesia, no ha ido a negociar con el Gobierno venezolano la obtención de la libertad de Lorent Saleh, estudiante encarcelado? Entonces, ¿por qué no hacen lo mismo con Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Quim Forn, Josep Rull y Jordi Turull? (Aplausos). Si realmente estuviesen preocupados por el pueblo venezolano, si estuviesen comprometidos con el principio de solidaridad y fraternidad, se comprometerían con el diálogo; con el diálogo que se expresó ya en Unasur y que ustedes tanto le han criticado a Rodríguez Zapatero.

Desde nuestro partido deseamos que el pueblo venezolano encuentre un camino cívico, pacífico y democrático en la resolución de sus controversias. ¡Y gloria al bravo pueblo!

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señora Surra.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Bustinduy Amador.

El señor BUSTINDUY AMADOR: Esta es la decimoquinta iniciativa que traen el PP y Ciudadanos en esta legislatura para apoyar la democracia y el orden constitucional en Venezuela, condenar las violaciones de derechos humanos y pedir que sean objeto de una investigación independiente. Quince sobre Venezuela, ninguna entre los dos sobre el salario mínimo, por ejemplo, pero es igual, nuestro grupo está de acuerdo con ese mensaje. (Aplausos). ¿Saben cuál es el problema? Que es mentira, que eso no es lo que quieren.

Durante años, el Partido Popular ha utilizado la crisis en Venezuela como cortina de humo para tapar sus escándalos de corrupción, hasta el punto de que hoy en España todo el mundo sabe que cuando un portavoz del Partido Popular dice Venezuela hay algo de lo que no quiere hablar o que quiere ocultar y para criminalizar a sus adversarios políticos. Llegaron ustedes a utilizar como una mafia el Ministerio del Interior, fabricando informes falsos para desacreditarnos sin que nadie haya asumido responsabilidades por ello.

El problema es que ahora están haciendo ustedes algo mucho más grave. Todo el mundo sabe que la única solución, la única salida pacífica a la crisis que vive Venezuela, pasa por la negociación política. De hecho, en marzo pasado un proceso de mediación internacional en la República Dominicana propició la


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liberación de varios opositores y logró un principio de acuerdo para la celebración de elecciones reconocido por todas las partes que fue roto en el último segundo por un sector de la oposición venezolana sin que sepamos todavía por qué.

El problema no es que ustedes no apoyaran ese proceso, es que se han dedicado a obstaculizar por todos los medios cualquier forma de negociación o de diálogo; es que ustedes han llegado a orquestar una campaña vergonzosa contra el presidente Zapatero por ofrecerse como mediador y su única propuesta en una carrera a ninguna parte con Ciudadanos para ver quién es más irresponsable es seguir asfixiando la economía de Venezuela con sanciones que provocan el éxodo de sus gentes, generando una situación insostenible en el país. ¿Con qué objetivo? ¿Con qué horizonte? El pasado 8 de septiembre The New York Times desveló que el Gobierno de Estados Unidos lleva meses manteniendo reuniones secretas para preparar un golpe de Estado en Venezuela. Lejos de desmentirlo, el propio Donald Trump lo confirmó al declarar (entrecomilla con los dedos): Tenemos una opción militar para Venezuela si fuera necesario.

Ahogar el país con sanciones, criminalizar el diálogo, bloquear cualquier intento de negociación o solución pacífica equivale hoy a preparar el terreno para un golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos, cuyo objetivo no va a ser defender la democracia y los derechos humanos en Venezuela, sino controlar las mayores reservas de petróleo del mundo. (Aplausos). Con la polarización y el riesgo de confrontación civil que vive el país, con los niveles de violencia y el número de armas que hay en la zona, eso supone avalar un conflicto que tendría consecuencias desastrosas para toda la región y para las poblaciones que ustedes dicen defender. Uno se preguntaría cómo pueden ser tan irresponsables si no sonara en esta tétrica vuelta de la aznaridad tan dolorosamente familiar. Señorías, 280 000 muertes costó la guerra del señor Aznar (entrecomilla con los dedos) para defender la democracia y los derechos humanos en Irak. Han pasado quince años y sigue muriendo gente cada día. Los responsables de aquellas mentiras deberían estar sentados ante un tribunal.

Uno se pregunta también de cuánto cinismo son capaces. En esta PNL piden aportar ayuda humanitaria a las personas que huyen de Venezuela ¿Ustedes, que recortaron el presupuesto de la ayuda humanitaria un 95 % en cuatro años? (Aplausos). ¿Piden que se garantice la sanidad a las personas que vienen de Venezuela a España? Si no la han tenido es porque se la quitaron ustedes con el real decreto del año 2012, que después apoyó Ciudadanos, y si la recuperan es gracias a la lucha por la sanidad universal en este país. ¿Piden que se les ofrezca protección migratoria cuando llegan a España y resulta que entre el año 2016 y 2017 la pidieron 14 000 venezolanos y venezolanas y ustedes de 14 000 expedientes concedieron 19? Son ustedes quienes no se la han dado. (Aplausos).

Pero, ¿cómo se atreven ustedes a hablar en esta Cámara de derechos humanos cuando todavía resuenan en esta tribuna los diez segundos -diez segundos de veinticuatro minutos- que dedicó el señor Casado a hablar de Jamal Khashoggi, el periodista descuartizado por los servicios secretos saudíes? ¿Cuando 8 millones de personas dependen de la ayuda humanitaria para comer en Yemen por una hambruna utilizada como arma de guerra por Arabia Saudí y 20 000 personas han muerto en bombardeos donde se utilizan las armas que ustedes vendieron a ese Gobierno? ¿Cómo hablan de ayudar a personas que huyen de la miseria cuando miraron hacia otra parte mientras 15 000 se ahogaban en nuestro mar Mediterráneo huyendo de guerras que ustedes apoyaron y no dijeron nada mientras Trump metía en jaulas a niños de cinco años en la frontera como si fueran animales? (Aplausos).

Hablan de separación de poderes y votaron el mes pasado para proteger al presidente de Hungría, Viktor Orbán, en el Parlamento Europeo. ¿Cómo se atreven a dar lecciones de nada? Hablan de estabilidad en América Latina cuando un caudillo neoliberal, xenófobo, violento y machista ha llegado a la Presidencia de Brasil después de que metieran en la cárcel al candidato que lideraba las encuestas y ustedes no han dicho una sola palabra. Miento: Rajoy fue a Brasil en persona a avalar el golpe que ha permitido que Bolsonaro alcance el poder en Brasil. (Aplausos). El error de la dictadura fue torturar y no matar. Son declaraciones del nuevo presidente de Brasil. Si ustedes han elegido sumarse a Trump, a Salvini, a Orbán y a Bolsonaro en esa internacional del odio, les auguro que España les va a cerrar el paso. Y a las mujeres de Brasil, a las minorías étnicas y raciales, a las personas LGTBI, a los demócratas que hoy temen por su suerte les decimos que España no les va a dejar solos, que nuestro pueblo va a estar a su lado. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bustinduy.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, pregunto ahora al señor García Hernández si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

El señor GARCÍA HERNÁNDEZ: Estamos haciendo una transaccional entre distintos grupos.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias. Lo tendremos en cuenta para la votación.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA SORLÍ), SOBRE LA NECESIDAD DE APLICAR LA GRATUIDAD DE LA AP-7 Y ASEGURAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS QUE GARANTICEN LA CONEXIÓN CON LOS PUEBLOS COLINDANTES. (Número de expediente 173/000115).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señora Sorlí), sobre la necesidad de aplicar la gratuidad de la AP-7 y asegurar la construcción de los tramos que garanticen la conexión con los pueblos colindantes. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyor vicepresident.

Hoy este Parlamento debate sobre la necesidad de que la AP-7 sea gratuita a su paso por el País Valencià. Una vez más Compromís trae a Madrid las necesidades valencianas que otros partidos a veces parece que olvidan. Para ponerles en antecedentes les diré que la AP-7 es la única vía de comunicación segura que conecta el País Valencià de norte a sur. La concesión se otorgó hace cuarenta y ocho años, todavía firmada por un ministro franquista. Se ha prorrogado tres veces. En 1998 acababa dicha concesión, pero se le dieron veinte años de propina a la empresa concesionaria por si no había hecho suficiente caja. Hoy en día la alternativa a la AP-7 en el País Valencià son carreteras peligrosas, congestionadas y precarias, que atraviesan pueblos que tienen infinidad de puntos negros y que se cobran cada año demasiadas vidas.

La N-332 en el sur atraviesa hasta once poblaciones; conecta Valencia con Alicante, dos ciudades importantísimas, pasando por poblaciones como Oliva, Bellreguart o Palmera: un auténtico peligro. La N-340 en el norte es otro peligro: atraviesa poblaciones como Alqueries, Cabanes o Torreblanca, pero además está repleta de puntos negros -entre ellos, Alcalà de Xivert, sin ir más lejos, mi pueblo-, donde nos jugamos la vida cada día para ir a casa, y donde contamos cada año los accidentes y las muertes en nuestra carretera.

Frente a esta triste realidad venimos aquí a pedirle al Parlamento que se pronuncie con claridad, que la AP-7 sea -y se diga desde este Parlamento- una infraestructura gratuita y con conexiones a los pueblos por los que pasa. Y eso es lo que propone esta moción. Propone una AP-7 gratuita -ni euroviñetas ni peajes blandos ni otro tipo de pago por circular por la misma-, una AP-7 pública, de gestión estatal, y una AP-7 útil, con conexiones a los diferentes pueblos: algunas las que propone la Generalitat y otras que sumamos Comprimís; conexiones y adecuaciones a diferentes carreteras para que se pueda acceder a pueblos tales como Vinaròs, Alcalà de Xivert, Benicàssim, Vila-real, Almenara, Sagunt, Alzira, Tavernes de la Valldigna, Gandia, Oliva, Ondara-Gata de Gorgos, Calp o Altea. Además también pedimos que mientras llega esta liberalización se apliquen las mismas bonificaciones que se están aplicando en Cataluña: el 50 % de bonificación para los camiones y el cien por cien para los turismos que circulan de manera recurrente por esta carretera. En definitiva, proponemos que la AP-7 sea una infraestructura gratuita, pública y útil para los pueblos por los que pasa.

Parecía que hasta hoy esta gratuidad de la AP-7 generaba cierto consenso en los diferentes partidos. El PP empezó a demandar, tanto que sea gratuita la infraestructura como la bonificación de los peajes, en cuanto salió del Gobierno. El PSOE y Podemos hasta el día de hoy se habían sumado constantemente a todas las iniciativas que aquí y en les Corts Valencianes se proponían demandando que la AP-7 fuera gratuita. Parecía que generaba consenso, hasta hoy. Inexplicablemente esta mañana Podemos y PSOE se han aliado para presentar dos enmiendas exactamente iguales, eliminando toda referencia a que la AP-7 sea una carretera cien por cien gratuita para la población. Según el partido en el Gobierno, el


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PSOE, ya no podemos hablar de AP-7 gratuita. Tampoco podemos hablar de garantizar la no aplicación de peajes blandos, de euroviñetas y demás fórmulas de pago. Solo podemos derivar esta decisión a una subcomisión de estudio (entrecomilla con los dedos) que decidirá cómo y cuándo los valencianos y las valencianas vamos a poder utilizar una infraestructura que tenemos amortizada.

El diputado del PSOE que hace un tiempo decía -cita textual- que el PSOE es el único partido de ámbito nacional que ha exigido que se garantice la gratuidad a partir del 1 de enero de 2020, hoy subirá aquí a decir que debemos estudiar si la AP-7 es gratuita o no el 31 de diciembre de 2019. Supongo que cuando salgamos de aquí explicará a su consellera d'Infraestructures, la consellera del Govern del Botànic y militante del Partido Socialista, que sí se puede contemplar que la AP-7 continúe siendo de pago. La diputada de Podemos, por su parte, que decía no hace mucho que la liberalización de la AP-7 es vital para la Comunitat Valenciana, pensaba subir -y digo pensaba- a tribuna a decir que ahora hay que estudiar (entrecomillas con los dedos) esa liberalización. Quería sumarse a la ambigüedad del Partido Socialista, a la ambigüedad del ministro y a la ambigüedad del Grupo Socialista. La verdad es que me alegro mucho de que su grupo parlamentario en Valencia le haya hecho rectificar y retirar esa enmienda, porque hoy aquí debatimos si debe ser gratuita, y es lo único de lo que tenemos que hablar. Ni estudios ni medias tintas: AP-7 gratuita. Y desde Compromís eso es lo que vamos a defender, es lo que hemos dicho siempre y es lo que vamos a mantener aquí, en los ayuntamientos donde gobernamos, en les Corts Valencianes, en la oposición y en el Gobierno. Queremos una AP-7 gratuita, pública y útil para los pueblos por los que pasa.

Eso ha generado unanimidad en les Corts Valencianes y queremos que también la genere aquí, donde tenemos competencia. Por eso no vamos a tocar el texto, y se lo he dicho a los demás enmendantes. Ni enmiendas que dejan abierta la posibilidad de euroviñetas, peajes blandos y demás, ni enmiendas que añaden temas que no tienen que ver directamente con la AP-7. Que quede claro, hoy votamos aquí si queremos que la AP-7 sea una infraestructura gratuita y con conexiones a los pueblos, si queremos eso o queremos seguir pagando por esa infraestructura.

Quería acabar leyendo una cita del ministro Ábalos del 18 de junio de 2018, que decía: vamos a ser coherentes con nuestros compromisos y las propuestas que hemos planteado en el Congreso y en el Senado, para que estas autopistas se incorporen a la red pública a partir de su vencimiento y se liberen de peaje. Esto lo decía Ábalos. En el caso de la AP-7 no puede estar fuera de esta evaluación de ninguna manera. No tenemos una vía alternativa segura, todos los partidos en les Corts Valencianes están de acuerdo con que la AP-7 tiene que ser gratuita, todos los partidos en algún momento en esta Cámara han reclamado que esa vía sea una vía gratuita. Haciendo mías las palabras del señor ministro, seamos coherentes, votemos hoy lo mismo que votaríamos si estuviéramos en la oposición o si estuviéramos en el País Valencià, votemos sí a que la AP-7 sea una infraestructura gratuita y a que sea una infraestructura útil para los pueblos.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sorlí.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, en primer lugar, el señor Salvador García.

El señor SALVADOR GARCÍA: Presidente, señorías, estamos hoy aquí para ver una iniciativa del Grupo Comprimís, que vuelve a mostrar las incoherencias que tienen los distintos grupos políticos a la hora de ceñirnos a este tipo de planteamientos. En primer lugar, como ha dicho la propia proponente, cuando el Partido Popular rechazó hasta doce propuestas desde 1989 para rescatar la AP-7. Entonces estaba en el Gobierno, ahora está en la oposición, y ahora se apunta en este sentido al gratis total. O el Partido Socialista, que cuando estaba en la oposición se apuntaba a todas las iniciativas -como se ha dicho también- para el gratis total, pero ahora, cuando está en el Gobierno, ajusta el planteamiento y cambia otra vez de posicionamiento. Quiero decirle también a la señora Sorlí que esta iniciativa que usted ha presentado -y le voy a dar una pequeña alegría, y es que la vamos a votar a favor- también es un poco incoherente. Y le voy a decir por qué. Es incoherente, en primer lugar, porque es una iniciativa que exclusivamente habla de unos tramos de la AP-7, cuando hay muchos más tramos que están en las mismas situaciones y que también están pendientes de vencimiento. Y sobre todo es incoherente porque encima nos propone una serie de conexiones única y exclusivamente a una serie de carreteras que afectan solo al territorio en el que usted se cree que es competente. Estamos en el Congreso de los Diputados y aquí somos diputados nacionales, independientemente de que todos defendamos nuestra


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circunscripción. (Aplausos). Pero esto, que tendría que haber ido a la Comisión de Fomento del Congreso o haber ido acompañado del resto de conexiones en todos los demás tramos que afecten a la AP-7, usted lo trae aquí, junta las dos cosas e intenta que si no lo apoyamos quedemos como que estamos en contra de quitar la gratuidad de la AP-7 o que estamos en contra de que se puedan hacer estas conexiones. Y ahora entenderá por qué desde Ciudadanos defendemos que partidos como el suyo, si no alcanzan el 3 % como umbral mínimo, vayan al Senado a defender estas cuestiones, que son de ámbito territorial. (Aplausos).

La posición de Ciudadanos está clara en esta materia. Nosotros estamos a favor de que no se renueven las concesiones conforme vayan venciendo. No así rescatarlas, como en algún momento ha llegado a plantear alguien, porque eso nos supondría el coste del mantenimiento más el lucro cesante. Por tanto conforme vayan terminando no irlas renovando. El PSOE de la oposición -repito- se apuntaba a todas las iniciativas, pero el mismo PSOE desde el Gobierno, cuando esta iniciativa estuvo en el Senado recientemente, se abstuvo. ¡Qué casualidad! Y poco después -una semana- propuso la creación de una subcomisión. Y hoy nos damos cuenta de que justamente también su ministro de Economía y el Partido Socialista se ponen de acuerdo para irse a la subcomisión para no darle vía suelta a una petición que ustedes están haciendo: cuando venza; no están diciendo que eso se consiga hoy, sino cuando venza, lo que significa que estamos hablando del 31 de diciembre de 2019. Pero igual que están estos dos tramos de la AP-7 hay otros muchos tramos que están pendientes de concluir precisamente entre este año y el 2026.

El debate en este momento no es si vamos a decir que sí o no a esto, sino que el debate es cuando el ministro Ábalos nada más llegar dice: vamos a quitar todos los peajes y vamos a convertirlo en carreteras públicas; esta autopista se incorporará a la red pública. Por cierto, al ministro Ábalos quiero preguntarle cuál es el coste de mantenimiento por kilómetro/año, si es el que él dice de 50-68 000 euros o es el de 100140 000 euros que dicen las concesionarias. O cuando toda la red pase a ser pública, ¿cómo vamos a pagar ese mantenimiento? ¿Lo vamos a hacer con los ciudadanos españoles, independientemente del uso, pagándolo como si fuera la sanidad o la educación? ¿Vamos a hacer que la Unión Europea defienda la equidad en sus rutas de tráfico? O, por ejemplo, ¿los camiones españoles cuando vayan por Francia pagarán impuestos y cuando los camiones franceses vengan por España no pagarán ningún tipo de impuesto y lo harán los ciudadanos españoles? Por tanto el debate es grande. Es el debate de la contaminación, es el debate de si el ferrocarril paga un canon o el transporte aeroportuario paga tasas, y por tanto qué vamos a hacer con el transporte terrestre. Se sabe que el transporte pesado deteriora el pavimento en el orden de un camión pesado por cada 10 000 vehículos. Por tanto el Partido Socialista esto no lo puede envolver en pedir simplemente la subcomisión, que no se sabe tampoco si se va a crear, cuándo va a funcionar y si le va a dar tiempo a determinar alguna acción. Esto es responsabilidad de un Gobierno que en este momento, cuando su ministro dijo que iba a acabar con esto, tiene que poner un plan encima de la mesa, y sobre ese plan debatimos. Aunque, ante la carencia de ideas, lanzan siempre con el gatillo rápido, como dijeron con las concertinas, como han dicho con tantas propuestas, como han dicho ahora también con quitar los peajes, y se monta una subcomisión que nos arregle el problema.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campos Arteseros.

El señor CAMPOS ARTESEROS: Buenas tardes.

En primer lugar, quiero decirle al Grupo Mixto, al Grupo Compromís que compartimos el fondo, pero no las formas. Compartimos el fondo siempre que sea para conseguir la igualdad entre todos los españoles en el uso y disfrute de las infraestructuras, y no las formas si se trata de tener agravios comparativos que ya antes hemos tenido los valencianos para peor. Ya lo dijo el ministro desde esta tribuna, que él es un ministro de Fomento y valenciano y que lo que debe buscar es garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a las infraestructuras. Por tanto va a acabar con el agravio comparativo que ha venido sufriendo la Comunidad Valenciana durante muchos años, y que se ha prorrogado muchos años por el Partido Popular.

Usted ha mencionado aquí al PSPV, pero es que el PSPV ha estado defendiendo continuamente una posición clara; lo hace el president, lo hace la consellera, lo hacen los alcaldes socialistas, y el grupo mayoritario de izquierdas valenciano en esta Cámara, que es el Grupo PSPV, también lo defiende constantemente con iniciativas, al igual que con esta enmienda transaccional, por mucho que usted se


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empeñe en no verlo, ya que decimos lo mismo, pero con una diferencia: que el PSOE -yo soy diputado del PSPV, pero intervengo en nombre del PSOE- debe velar por tener una visión global de lo que hay que hacer en toda España, y por tanto corregir como decía esos agravios, que se han visto empeorados por la inacción del Partido Popular en materia de inversiones. El ministro dijo claramente desde esta tribuna que íbamos a acabar con esos agravios, y usted habla precisamente de agravios comparativos en la AP-7, en la AP-1 y en la AP-4 y en todas aquellas autopistas que van a ir acabando la concesión.

Es injusto que usted diga que todos los partidos han tenido una visión centralista de España en materia de infraestructuras, es simplemente injusto. No sé, pero en plena crisis se han invertido 500 millones de euros en la Comunidad Valenciana en carreteras. Usted sabe que hay una autovía que se llama autovía central que hizo el Gobierno socialista, pero también la A-38, también la ampliación de capacidad de la Nacional-332 y la 340 en algunos tramos. Es decir, lo que se ha hecho, lo han hecho Gobiernos socialistas. Por tanto es injusto que usted diga esto. Es el PP el que ha paralizado las inversiones en carreteras y fue el PSOE el que hizo estas inversiones en carreteras, el nuevo aeropuerto de Alicante, el de Valencia, inversiones en puertos, en cercanías, en la línea de alta velocidad a Valencia, respecto de la que Rita dijo que se iba a tirar del tren si llegaba a tiempo; no se tiró, pero llegó a tiempo. En definitiva es injusto que usted equipare la acción política del Partido Socialista en esta Cámara con la del Partido Popular.

En cuanto a su propuesta en la parte propositiva he de decirle que nuestro primer punto pide exactamente eso, es decir, hágase una subcomisión para estudiar cómo vamos a entrar a mantener la red de carreteras del Estado, y si esa subcomisión, como decía nuestra transaccional, no llega a ninguna conclusión antes de que expire la concesión, trátese por igual a los usuarios de esa concesión que a otras carreteras que no son autopistas. Lo dice muy claro, y si usted no lo quiere ver es que usted no quiere tener este debate conjunto sobre la red de carreteras del Estado. Yo lo entiendo, porque usted forma parte de un grupo que se centra únicamente en la Comunidad Valenciana, y el PSPV-PSOE es un partido o una federación del PSOE en la Comunidad Valenciana que defiende sus intereses, pero al mismo tiempo comparte la visión global de la cohesión territorial de España, y por eso tenemos una visión coherente; ya que usted ha hablado de coherencia, somos coherentes porque esa propuesta, esa enmienda es coherente. Como lo es también que usted decida aquí que a lo largo de la historia de iniciativas ustedes han pedido dos accesos a la AP-7. Ahora me pide catorce u once; no me acuerdo. Bueno, pues vamos a verlos. Pero que se vean con la comunidad autónoma, porque eso es lo que quiere el Partido Socialista, ese nuestro modelo, yo no sé cuál es el de usted. El nuestro es que las infraestructuras se han de gestionar y pactar con las comunidades autónomas, por eso hacíamos protocolos y convenios de infraestructuras con el PSOE y dotados con inversiones. El PP en cambio no lo hacía. Eso vale para las conexiones y para las bonificaciones que, por cierto, la de Torreblanca ya la incluíamos en nuestra enmienda y además pedíamos que el resto se trabajara.

El PP vendrá aquí y pedirá todo lo que no ha hecho en estos años. El PP es sinónimo en la Comunidad Valenciana de despilfarro, corrupción y peajes. Y peajes porque fueron ellos los que los prorrogaron y los que no los iban a eliminar.

Acabo. Trabajemos juntos para conseguir esa igualdad también en el uso y disfrute de las infraestructuras.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campos.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Barrachina Ros.

El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes. El Partido Popular no es partidario del gratis total y hoy dice exactamente lo mismo en la oposición que ayer en el Gobierno. Nos parece muy razonable que en aquellas autopistas como las nueve radiales que no han sido amortizadas el Gobierno valore, entre las posibilidades, potenciales peajes. Como nos parece muy razonable esta propuesta y el hecho de que en aquellas cinco concesiones y seis autopistas que terminan su periodo de concesión en los próximos dos años aquellos vecinos, aquellos usuarios que han tenido que pechar con su peaje durante más de cuatro décadas, desde el final del franquismo hasta ahora, vean esas autopistas pudiéndose utilizar gratuitamente.

Esta potencial gratuidad no es fortuita, se produce por cuatro motivos. Primero, porque efectivamente todos los Gobiernos de todos los partidos han venido prorrogando estas concesiones; excepto uno, el de Mariano Rajoy, que decidió no prorrogarlas, por eso no ha habido prórroga. El segundo motivo es porque


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el partido en el Gobierno hereda un crecimiento de ingresos del 8 % y medio millón de nuevos españoles que trabajan cada año. Y el tercero, porque el presupuesto heredado por la izquierda y votado por el Grupo Parlamentario Popular y nuestros socios parlamentarios en el Gobierno concede algo más de 900 millones de euros para el mantenimiento de carreteras. Porque no aceptamos aquellas enmiendas socialistas que dejaban a cero (aplausos) la partida en mantenimiento de carreteras. Por eso hoy podemos dar una solución global, no solo para mi comunidad, la valenciana, sino también para la primera autopista, la AP-I, la de Burgos, que termina el próximo mes, para las sucesivas que transitan por mi tierra, por Alicante, por Valencia, por Castellón, en Tarragona, en Barcelona, y con posterioridad en los dos próximos años en Girona, en Lleida y también en Zaragoza, además de en la tierra de Teófila el año próximo, la Sevilla-Cádiz. El tratamiento ha de ser diferenciado para procesos diferenciados. Hay autopistas amortizadas durante cuarenta años y otras que no lo han sido.

Y en cuanto a la discriminación lo que proponemos son soluciones globales, es decir la totalidad de las amortizadas como la totalidad de las que no son amortizadas, porque tan importante es el pago o no pago como la no discriminación. Y en cuanto a discriminación, a la portavoz interviniente, la señora Sorlí, le recordaría que este es el primer Gobierno de la historia de España que coge un presupuesto heredado del Partido Popular -con una partida que dice Presupuestos Generales del Estado 2018, para compensar por la bajada de peajes a las empresas concesionarias-, que coge una decisión presupuestaria del Partido Popular y la secciona en un límite provincial, y decide que desde el 1 de septiembre -y lo celebramos- es gratis totalmente en la comunidad de Cataluña y es pagando totalmente en la Comunidad Valenciana. Y lo hace teniendo un presupuesto del Partido Popular que le permitía hacer extensible ese beneficio, negociado por el ministerio de don Iñigo de la Serna con el Gobierno catalán y con los alcaldes, también a la Comunidad Valenciana. Porque este agravio, si ahora se produce -como deseamos- la liberalización y la oportunidad de que los vecinos de Burgos puedan disfrutarlo, sería ya el cuarto agravio en cinco meses del Ministerio de Fomento con la Comunidad Valenciana. Además de que en un lado del límite provincial sea gratis al cien por cien para los vecinos, y que en el otro lado del límite provincial, en Castellón, Alicante y Valencia, sea pagando el cien por cien; además de que se haya aplazado la compra de 52 trenes para cercanías y más de 400 para el conjunto nacional que en enero el ministro don Iñigo de la Serna anunció -32 de esos trenes de cercanías entre Valencia y Castellón, 21 entre Alicante y Valencia-; y si a eso agregamos que se hayan decidido aplazar los anuncios del presidente Rajoy de enero y febrero sobre la construcción con el Plan Juncker -con un 42 % de financiación europea- de las obras de la nueva autovía entre el aeropuerto de Castellón y el límite con Tarragona, así como la comunicación de la A-7 entre Alicante y Murcia, además de la duplicación del by pass en Valencia, vemos cómo el grupo que presenta esta iniciativa, pero que da soporte al Gobierno socialista, está amparando y respaldando injustificadas discriminaciones con la Comunidad Valenciana. (Aplausos).

Concluyo ya anunciando nuestra disposición a apoyar esta iniciativa -y por eso hemos presentado una enmienda para mejorar este texto-, con la advertencia que hice hace cuatro meses, y frente a la que algunas de sus señorías sonrieron. Dije que el Gobierno premeditadamente estaba aplazando todas las actuaciones acordadas por el Partido Popular para poder ponerse la medalla. Y esta semana hemos visto cómo aquella aprobación del Partido Popular en diciembre, consistente en multiplicar por dos los trenes entre Alicante y Villena y por tres los trenes entre Castellón y Vinaroz, que debían haber entrado en vigor en junio, se ha aplazado para que esta semana pasada, en la inauguración de ese proyecto con presupuesto del Partido Popular y con decisión del Consejo de Ministros del Partido Popular, el señor presidente de la Generalitat Valenciana haya ido a la inauguración para poder decir -leo literalmente-: esta -es decir, el tren puesto por el Partido Popular con presupuesto del Partido Popular, al que él votó en contra- es una operación progresista para mejorar la vida de los ciudadanos.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Barrachina, vaya concluyendo.

El señor BARRACHINA ROS: La operación progresista es retrasar desde junio a noviembre para venir y ponerse la medalla. (Protestas por parte del señor Campos Arteseros).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señor Campos, le ruego silencio.

El señor BARRACHINA ROS: Y ese es un Gobierno también, señora Sorlí, al que ustedes están amparando.

Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barrachina.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Margall Sastre.

El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidente. Buenas tardes.

Vamos a votar a favor de la moción. Nos parece que el futuro de las infraestructuras viarias de alta capacidad es una cuestión central en el debate sobre qué modelo de movilidad y gestión de infraestructuras viarias queremos para el próximo siglo. El final de la concesión de la AP-7 Tarragona-Valencia en 2019 y de la AP-7 y AP-2 Tarragona-La Junquera en 2021 abre de nuevo el debate sobre la gestión de las infraestructuras viarias de alta capacidad y el sistema de peajes. El día a día y la visión territorial generan demandas y soluciones ad hoc pero cualquier nueva actuación en este ámbito habría que pensarla ya en base a un modelo de futuro, ergo el debate de las infraestructuras viarias de alta capacidad se tiene que hacer con urgencia. En Esquerra Republicana llevamos muchos años reflexionando sobre qué modelo queremos para la red viaria en Cataluña y cómo este debe ser gestionado. En el caso de la red de alta capacidad -autovías y autopistas-, tenemos que abordar el asunto de las competencias compartidas con el Estado y de carencia de recursos económicos de la Generalitat, así como la desinversión del Estado en la mejora y mantenimiento de dichas infraestructuras durante décadas.

El pago por uso de las infraestructuras viarias de alta capacidad es una constante en los países de la Unión Europea hasta el punto de que la media europea es del 97 % de vías de pago. Alemania es un caso aparte, y ya se está valorando la medida. Nosotros apostamos por ello. La media española es del 21 % y la catalana del 43 %. Los ciudadanos van a tener que pagar de una manera u otra por el uso de las infraestructuras, pueden hacerlo vía impuestos o con un sistema de tarificación racional y justo que permita el correcto mantenimiento de las infraestructuras. No podemos seguir con el modelo de concesiones que sirve para el enriquecimiento desbocado de las concesionarias del IBEX, que luego devuelven los favores políticos con sillas en el consejo de administración. Para ir hacia un sistema de pago universal de las infraestructuras viarias de alta capacidad hace falta que este sea público y tiene que incorporar sistemas de control electrónico, como por ejemplo la viñeta, euroviñeta para el transporte de mercancías de gran capacidad. Un sistema de pago universal y electrónico permite equilibrar el coste por uso de las infraestructuras, eliminando las actuales discriminaciones territoriales; permite incluir reducciones para los ciudadanos de núcleos distantes de las grandes redes o con poco servicio de transporte público, y permite canalizar el transporte internacional de mercancías, evitando que este se disperse por carreteras para no pagar peajes.

Todos estos cambios suponen un giro de 180 grados y requieren abordar el debate desde los distintos agentes sociales e institucionales. El debate ciudadano sobre el pago por uso de las infraestructuras, el debate en los sectores económicos y de transporte de mercancías sobre los beneficios del nuevo sistema, la negociación con el Estado para la asunción de la titularidad de toda la red de vías de alta capacidad por parte de la Generalitat y la negociación con las actuales empresas concesionarias de las vías, todo esto obviamente también requiere el consenso político mayoritario y la participación de la sociedad civil organizada.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Margall.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pastor Muñoz.

La señora PASTOR MUÑOZ: Moltes gràcies, senyor president.

Orgullosa de defender los intereses de ciudadanas y ciudadanos de la Comunidad Valenciana, de que este Grupo Confederal esté aquí también para defender los intereses de todas y todos en la Comunitat Valenciana.

La AP-7 es una infraestructura que atraviesa nuestra comunidad, es una infraestructura clave para nosotras. La Comunitat Valenciana es un territorio con uno de los mayores déficits en inversiones de todo el Estado, además es una comunidad infrafinanciada históricamente. Los ciudadanos y ciudadanas valencianas no queremos ser más que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie. En este Grupo Confederal estamos trabajando con todo nuestro empeño por acabar con el agravio que vienen sufriendo valencianas y valencianos y por eso creemos que hay que eliminar el agravante que supone la


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existencia de un peaje en el territorio valenciano para las personas que diariamente tienen que pagar por utilizar una carretera en buen estado de conservación y de seguridad cuando no existen alternativas. Porque después de años de reivindicaciones, de campañas, de reuniones y de cartas a todos los ministros de turno, los ciudadanos y las ciudadanas de la Comunitat Valenciana hemos tenido que vivir que en la N-340, en el norte de nuestra comunidad, solo entre 2010 y 2018 hayan muerto 114 personas. Incluso estando todo listo para aplicar la solución de la liberalización a partir de enero del siguiente año, con un profundo sentimiento de impotencia hemos tenido que lamentar 11 muertos más. Y en este grupo Confederal queremos también recordar un poco más al sur en nuestra comunidad, en las comarcas de La Safor y La Marina, vecinas y vecinos que sufren atascos, contaminación y accidentes en la N-332, también una carretera con tramos peligrosos y sin alternativa.

En este Grupo Confederal seguimos trabajando sin demora y sin estridencias por la reversión de esta situación y eso se consigue con acuerdos, como los que este grupo ha negociado con el ministro Ábalos. Se necesita una solución inmediata que, a nuestro juicio, sin demagogia, sin populismos y sin ambages, pasa por extender a la Comunitat Valenciana de manera inmediata el modelo que desde este grupo parlamentario se pactó con Fomento en el mes de agosto para el tramo de Tarragona. Esta solución puede ponerse en marcha de manera inmediata y consiste en la bonificación al 100 %, el libre acceso o la tarifa cero, como prefieran llamarlo, para que las ciudadanas y los ciudadanos valencianos no tengan que llevarse la mano al bolsillo cada vez que se desplazan por el territorio para trabajar, estudiar, ir al hospital, ir de compras o ir al teatro, una bonificación por la cual están exentos del peaje los vehículos ligeros en los trayectos de ida y vuelta en veinticuatro horas. El transporte también deberá contar con bonificaciones, con porcentajes de reducción, reducción del 50 % o del 42 o 43 % por ciento en el importe del peaje al resto de vehículos pesados.

Pero además somos un grupo responsable, con 67 diputadas y diputados, con implantación estatal y que cree y defiende la cohesión y la igualdad entre territorios. Estamos de acuerdo en que hay que encontrar una solución a medio plazo que equilibre y cambie el modelo de la red de vías de alta capacidad del Estado para evitar errores del pasado. Nuestra visión pasa por una gestión pública de las carreteras, respetando las competencias y las particularidades de cada territorio. La sostenibilidad energética y ecológica son dos principios igualmente ineludibles para nosotras. La gratuidad no existe, nada es gratis. Creo que gratis es el amor, pero nada más es gratis. No nos hagamos trampas en el solitario, no pretendamos engañar a nadie con las palabras, la vía de financiación de la construcción de conexiones necesarias en nuestro territorio, la mejora, la conservación, la seguridad y el mantenimiento de las carreteras tiene que concretarse y requiere de grandes debates de consenso, por eso creemos que es necesaria una solución que pasa por una subcomisión parlamentaria para el estudio de la financiación de las vías de alta capacidad y el modelo de movilidad que necesitamos como país. Eso es imprescindible. Este grupo rechaza totalmente la política del tuit y seguirá trabajando con la fuerza inequívoca de sus 67 diputadas y diputados. Seguiremos trabajando para mejorar las condiciones de vida de las ciudadanas y ciudadanos de la Comunitat Valenciana, como ya hemos hecho con el acuerdo al que llegamos con Fomento y que fue llevado al Consejo de Ministros el 31 de agosto para aprobar bonificaciones y excepciones a los usos de la AP-7 a su paso por Cataluña. Hacemos política con hechos; hacemos política con acuerdos constatables que se materializan y que se concretan, no hacemos política con intenciones ni con tuits. No queremos engañar a nadie, la gratuidad no existe, el dinero sale de algún sitio. No nos hagamos trampas, no hagamos trampas a los ciudadanos y ciudadanas la Comunitat Valenciana y hagamos política a través del acuerdo, de la palabra y del consenso.

Moltes gràcies. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Pastor.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto a la señora Sorlí Fresquet si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora SORLÍ FRESQUET: Como he dicho en mi intervención, no vamos a aceptar las enmiendas y queremos que se vote el texto tal y como está registrado.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien, lo tendremos en cuenta para la votación.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE EL DERECHO A LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE PÚBLICO, POR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE UNA RED DE FERROCARRIL PÚBLICO, ECOLÓGICO, SOCIAL Y DE CALIDAD PARA UNA MEJOR COMPETITIVIDAD, VERTEBRACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL EN NUESTRO PAÍS, Y EN PARTICULAR, PARA CONOCER LA ORIENTACIÓN QUE PRETENDE DARLE EL GOBIERNO AL SECTOR PÚBLICO FERROVIARIO EN EL MARCO DE LOS CAMBIOS REGULATORIOS Y DEL AVANCE DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE COMO ÁREAS ESTRATÉGICAS DE LA ECONOMÍA. (Número de expediente 173/000116).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el derecho a la movilidad y el transporte público, por el desarrollo y sostenibilidad de una red de ferrocarril público, ecológico, social y de calidad para una mejor competitividad, vertebración y cohesión social en nuestro país, y en particular para conocer la orientación que pretende darle el Gobierno al sector público ferroviario en el marco de los cambios regulatorios y del avance de la logística y el transporte como áreas estratégicas de la economía.

Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Pascual Peña.

El señor PASCUAL PEÑA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, discutimos aquí una moción consecuencia de la interpelación urgente que el pasado miércoles nos trajo el debate sobre el derecho a la movilidad en nuestro país. Estoy convencido de que probablemente tengamos discrepancias entre los distintos grupos sobre los ritmos, las intensidades e incluso los enfoques para garantizar este derecho a la movilidad, pero también estoy persuadido de que sabremos llegar a un acuerdo para instar al Gobierno a que efectivamente busque un amplio pacto de Estado para la garantía del derecho a la movilidad de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. En ese sentido, en nuestro grupo pensamos que hay tres principios inspiradores que tienen que regir el desarrollo y la vertebración de ese pacto de Estado. El primero es la necesidad de adoptar un enfoque holístico, omnicomprensivo de la red de transporte en nuestro país, y en particular de la red ferroviaria, porque de otro modo será imposible garantizar que los posibles modos intermodales se coordinen entre sí, será imposible garantizar un servicio pleno a la ciudadanía. El modelo alternativo, el modelo que propugna la CNMC y que hemos conocido en otros países, es un modelo que trocea las líneas ferroviarias de nuestro país. Estaríamos ante el nuevo gran desfalco a las arcas públicas de nuestro país; los 30 000 millones de euros que se ha llevado la red de alta velocidad serían vendidos al mejor postor después de que ha habido una inversión ingente por parte de los contribuyentes. Desde nuestro punto de vista, esto generaría lo que podemos llamar corredores taifas ferroviarios, corredores desconectados los unos de los otros, incapaces de coordinarse entre sí y que darían lugar a un fenómeno como el que ya vivieron en el Reino Unido. Aquí les pido que por una vez escarmentemos en cabeza ajena. En el Reino Unido vivieron el desmantelamiento de su red ferroviaria y a los pocos años de que esto sucediera tuvieron que rescatar de nuevo la red con recursos públicos después de que unas cuantas empresas, esos buitres del hormigón, se hicieran con pingües beneficios. En ese sentido, insisto, enfoque holístico de la red y fortalecimiento -y este es el segundo punto- de nuestro operador de infraestructuras, ADIF, y de servicios, Renfe. Esto es algo plenamente viable en el marco definido por la Unión Europea en la Directiva 2370/2016 y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, como ustedes saben. Es más, Alemania y Francia han integrado verticalmente su operador de infraestructuras y su operador de servicios para garantizar una mejor coordinación. Les invitamos a apoyar en esta moción que esto también suceda en España.

En segundo lugar, queremos que a los españoles deje de costarles 800 euros al año el transporte público en España. Estamos francamente a la cola en gasto presupuestario en servicios públicos, en el puesto número 22 de la Europa de los Veintiséis. España se gasta 5 céntimos por cada viajero y kilómetro en servicios públicos, mientras que la media europea es de 14 céntimos por viajero y kilómetro, en una red que por otro lado está inframantenida. Lo decía el otro día, señorías, en España cada trabajador de la red ferroviaria tiene que encargarse de 5470 tren/kilómetro versus los menos de 2950 que constituyen la media europea. Somos el último país de Europa en número de trabajadores por kilómetro en el mantenimiento de la red. En último lugar, creo que también nuestro operador público se fortalecerá si efectivamente somos capaces de transparentar los métodos de contratación y planificación de ADIF y de Renfe, para que no tenga que venir de nuevo el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea a tirarnos de las orejas, diciendo que lo estamos haciendo de forma dolosa e ineficaz para los ciudadanos.


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Decía también el miércoles, y este sería el tercer punto, que es imprescindible corregir el grave desbalance que hay entre los ejes troncales-radiales de la red de alta velocidad, en la que se ha invertido la parte del león de los presupuestos de nuestro país, y empezar a gastarlos en la parte mallada, en la parte capilar de la red, que es la que utiliza el 94 % de los ciudadanos. Hasta ahora se han venido invirtiendo dos tercios de los recursos en aquello que utilizaba solo el 6 % de los ciudadanos, en la red de alta velocidad, frente a un tercio en la red convencional y de cercanías. Eso es una ratio de 30/1 que hay que revertir, y hay que hacerlo para poder empezar a desarrollar nuestra red de media distancia y de cercanías. ¿Cómo lo haríamos? Lo definimos en nuestra moción. En primer lugar, en materia de cercanías hay que incorporar a todos los municipios de más de 20 000 habitantes a los núcleos de cercanías metropolitanos, todo ello antes de 2030. En segundo lugar, hay que hacer que Renfe se incorpore a los consorcios metropolitanos de transporte con integración tarifaria para conseguir la verdadera integración intermodal de los distintos servicios de transporte urbano y de transporte ferroviario. Y, en tercer lugar, hay que conseguir que nuestras estaciones sean accesibles, reducir el riesgo en el cruce de las vías y que sean intermodales para modos no contaminantes, como la bicicleta. En el caso de las redes de media distancia, apostamos por que todos los núcleos de más de 50 000 habitantes se conecten a la red cuanto antes. En Andalucía, por poner solo un ejemplo, tenemos nueve municipios de más de 50 000 habitantes, que juntos serían la cuarta ciudad de España, que siguen desconectados de la red. Es imprescindible que apostemos por esa conexión.

En definitiva, señorías, como venía diciéndoles, el derecho a la movilidad es un metaderecho, es un derecho que garantiza otros derechos. Es el derecho que va a permitir el acceso en igualdad de condiciones de los ciudadanos y las ciudadanas a la educación, a la sanidad, al ocio o a la cultura. De cómo implementemos ese metaderecho, el metaderecho a la movilidad, dependerá que podamos rescatar del uso privativo de los aparcamientos de los automóviles en nuestras ciudades, que ocupan en 65 % de las mismas, el espacio público. Y de cómo implementemos ese metaderecho también dependerá que podamos recuperar parte de las 187 horas que están nuestros ciudadanos en los atascos, con un coste de en torno al 1 % del PIB. Está mucho en juego, señorías. Les pediría que aparquen sus prejuicios y se suban al tren del derecho a la movilidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Pascual.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Resulta imposible condensar en poco más de dos minutos la argumentación para rechazar esta moción ómnibus, que de aplicarse en su amplísima extensión supondría el descarrilamiento de la política ferroviaria nacional. He formulado una enmienda que sustituye el texto original para poner en valor algunos aspectos que son clave para España, que se acomodan a las directrices europeas y que responden a necesidades urgentes para llevar a término una buena política de infraestructuras y transporte por ferrocarril, tanto de viajeros como de mercancías, ya que estamos hablando de un modo de transporte que es fundamental para el desarrollo económico de nuestro país.

Para Foro, el ferrocarril requiere de una gestión responsable, que se traduzca en una apuesta por una mayor transparencia y en la promoción de la liberalización de los servicios de transporte de viajeros y mercancías, en coherencia con las políticas promovidas desde la Unión Europea, para lo cual es imprescindible recuperar el ritmo de ejecución en las infraestructuras, sin vulnerar las obligaciones de estabilidad presupuestaria. Unidos Podemos, cuyos compromisos presupuestarios con el Gobierno de Pedro Sánchez pasan por el absoluto descontrol del gasto público, reniega de la liberalización y pretende reforzar el monopolio de Renfe, empresa sancionada en 2017 con 65 millones de euros por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por obstaculizar la liberalización y la libre competencia, de cuyas andanzas en torno al transporte de mercancías algo sabemos los asturianos, ya que quieren endosarnos el caduco ancho de vía ibérico, o sea, el ancho Renfe, en el corredor de alta velocidad en la variante de Pajares, paso previo a que el nuevo Ministerio de Fomento recupere la disparatada teoría socialista de las altas prestaciones para perpetuar nuestra discriminación.

En un país necesitado de crecimiento económico y creación de empleo son irrenunciables las fórmulas de colaboración entre el sector público y el sector privado que permitan incrementar los recursos destinados al ferrocarril y crear empleo. Unidos Podemos también abomina de ello, por lo que


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valgan estos argumentos y el propio contenido de nuestra enmienda de sustitución para rechazar, señor presidente, la moción.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.

Señorías, nuestro planteamiento en relación con esta iniciativa es positivo, la vemos con buenos ojos. No obstante, nos preocupan algunas cuestiones y hemos presentado algunas enmiendas, y en todo caso, aunque no son transcritas literalmente, se está llegando a una transaccional que vemos con buenos ojos y, por lo tanto, la vamos a apoyar.

Nuestras enmiendas iban en el sentido de que entendemos que hay comunidades autónomas, como la Generalitat de Catalunya -también entidades locales en menor medida-, con competencias en el ámbito ferroviario -competencias inacabadas porque falta la financiación-; en cercanías, las competencias son de la Generalitat de Cataluña y cualquier pacto de Estado debería contemplar también la participación de la Generalitat de Cataluña y de otras comunidades autónomas. Entendemos que esta cuestión es básica.

Por otra parte, cuando se está reclamando el impulso de determinadas infraestructuras, nosotros entendemos que hay un pacto, un acuerdo entre, en aquel momento, el Ministerio de Fomento y el Departamento de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya respecto a unas infraestructuras ferroviarias -yo mismo interpelaba al ministro hace pocas semanas- que debían estar finalizadas en 2012 y no lo están. Por tanto, sería necesario que en un plazo razonable estas infraestructuras fueran finalizadas en Cataluña.

Finalmente, cuando hablamos del traspaso de rodalies, en aquel momento con un Gobierno socialista en el conjunto del Estado español, se traspasaron rodalies, pero la financiación necesaria para compensar el déficit tarifario a la compañía operadora, a Renfe, no se ha transferido a la Generalitat de Catalunya, sino que todavía hoy aparece como una transferencia del Ministerio de Fomento a Renfe, lo cual le da a la Generalitat muy poca capacidad de negociación en cuanto a la prestación del servicio, en cuanto al cumplimiento de la calidad del servicio. Quien paga este déficit tarifario a Renfe todavía es el Ministerio de Fomento. No tiene ningún sentido; esta financiación debería ir a la Generalitat de Catalunya y, obviamente, la Generalitat de Catalunya cumplir sus obligaciones con la operadora. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Aunque no está estrictamente la literalidad que hemos planteado, entendemos la buena voluntad por parte de los proponentes y por parte de los otros grupos que también de alguna forma tienen responsabilidad en el Gobierno y por lo tanto vamos a aceptar esta transaccional y vamos a votar a favor, en la confianza de que es una iniciativa ambiciosa y aunque solo pudiéramos cumplir el 50 % creo que nos daríamos por satisfechos.

Muchísimas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Navarro Fernández-Rodríguez.

El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.

Señorías, cuando el presidente leía antes el título interminable de esta moción me he acordado de Federico Trillo quien, leyendo uno similar, terminó con una expresión que lo hizo famoso. El presidente hoy ha sido más discreto. En todo caso, el contenido de la moción también es excesivo, tiene un sesgo ideológico claro en algunos puntos y sobre todo es contradictorio en otros, como veremos, aunque tiene cosas que nos gustan.

La moción habla de movilidad, pero a continuación se centra exclusivamente en el ferrocarril. Es cierto que debe potenciarse el ferrocarril como modo sostenible desde el punto de vista medioambiental, social y económico, pero debe hacerse de forma integrada con el resto de modos de transporte existentes, y además, dentro del ferrocarril, olvidan las mercancías. A continuación, ustedes hacen su diagnóstico de la situación: en los últimos veinticinco años los sucesivos Gobiernos se han centrado exclusivamente en el AVE, se han olvidado del ferrocarril convencional, que es el que usa la mayoría social, etcétera. Nosotros sobre la alta velocidad no hacemos una enmienda a la totalidad, como hacen ustedes. Criticamos el uso electoralista que se ha hecho de la misma -todo político en víspera de elecciones ha querido tener


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un AVE que prometer-, pero también es cierto que ha servido para modernizar una red mucho más atrasada que la del resto de Europa y para alcanzar velocidades medias comerciales solo superadas por China, Japón y Francia con un coste de construcción inferior a la media europea, y esto habla mucho de las empresas españolas. En todo caso, como mencionan ustedes, en el informe del Tribunal de Cuentas Europeo de junio de este año se señala una pavorosa falta de planificación en los Gobiernos de los últimos veinticinco años, lo cual enlaza con el núcleo de su petición: un pacto de Estado por la movilidad. Ustedes lo llaman de otra forma que nos gusta menos, pero no nos vamos a pelear ahora por eso. Esto, señorías, es lo que llevamos pidiendo en Ciudadanos desde el comienzo de la legislatura: lo llevábamos en nuestro programa, lo llevábamos en nuestro acuerdo de investidura, lo recordamos continuamente en la Comisión de Fomento. El anterior Gobierno arrastró los pies, el Gobierno actual parece que lo quiere usar para no mojarse en cuestiones conflictivas y ustedes hablan de ello pero tampoco parecen haberlo entendido del todo. Y lo que nosotros queremos lograr con el plan es algo sencillo: que las decisiones sobre el transporte y las infraestructuras no emanen de la agenda electoral; que los Gobiernos afronten sus inversiones con criterios de utilidad social y no de retorno esperado en votos. (Aplausos). Por eso, el pacto tiene que ser el punto final de un proceso en el que intervengan las administraciones, los técnicos, las empresas y los usuarios; un proceso en el que se tiene que definir un modelo de transporte y movilidad en el marco definido por el Libro Blanco del transporte, unas directrices estratégicas y unos criterios para valorar las inversiones, y para eso hemos incluido en la Ley de Contratos la Oficina Nacional de Evaluación, que ahora, señores del Partido Socialista, tienen que desarrollar, y unos mecanismos de control ex post para evaluar las actuaciones realizadas y compararlo con lo que se pretendía conseguir. El objetivo, como digo, es que las infraestructuras dejen de ser usadas como una gigantesca bolsa de caramelos por el político y evitar el despilfarro de radiales sin coches y aeropuertos sin aviones. Este proceso para llegar a un plan se ha hecho en otros países y nosotros tenemos un borrador sobre ello. Sentémonos.

Nosotros hemos presentado una enmienda a esta moción muy larga. Lo que nos importa es el acuerdo, pero ya que presentan esta iniciativa queremos que incluya no solo el ferrocarril, sino todos los modos de transporte, y que no esté sesgada ideológicamente contra las empresas y contra la carretera. Por cierto, acaba de decir el señor Pascual que quiere un ferrocarril en todo municipio de más de 50 000 habitantes. Dígaselo a sus socios de Rivas, donde quieren un enlace con la M-50 para llenarlo de coches, esos artefactos contaminantes y desagradables. En todo caso, queremos que su moción no pase por alto la apertura y la competencia que impone el cuarto paquete del sector ferroviario. Usted ha mencionado la experiencia del Reino Unido, pero la experiencia del Reino Unido fue la liberalización de las infraestructuras, no de los operadores; el cuarto paquete ha aprendido de ese error. Queremos que se tenga en cuenta el mantenimiento, que no corta cintas y es poco vistoso; queremos que se tenga en cuenta la especial situación de las áreas metropolitanas y, sobre todo, queremos que en la lista a los Reyes Magos que ustedes acompañan al plan se nos diga cuánto cuesta, a cuántos ciudadanos va a beneficiar y qué ventajas sociales va a provocar.

Les hemos presentado esta enmienda. Creo que vamos a llegar a un acuerdo, pero, en todo caso, es necesario que nos sentemos ya a estudiar de verdad ese necesario acuerdo sobre el transporte y las infraestructuras.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Esteban.

El señor RAMOS ESTEBAN: Buenas tardes. Gracias, presidenta.

Hoy nos toca hablar de ferrocarril y, como comprenderán, siendo diputado extremeño y socialista, tengo que empezar reivindicando un tren digno para Extremadura, porque es lo que toca y además, como he dicho, porque soy diputado socialista y extremeño. (Aplausos). Seguramente, si la intervención fuera del Partido Popular y quien gobernara fuera su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, no diría nada del tren extremeño, como no ha dicho nada en estos siete años, pero como nosotros nos queremos diferenciar, como no queremos ser iguales que el Partido Popular, vamos a reivindicar lo que es justo.

Hablando del ferrocarril, lo que tenemos que garantizar con la red es que todos los ciudadanos se sientan iguales y lo que han provocado los últimos siete años de Gobierno del Partido Popular con sus políticas es un desequilibrio sin precedentes. Hay ciudadanos que tienen una magnífica conexión por ferrocarril, hay ciudadanos que se pueden desplazar cómoda y rápidamente a través de trenes de alta velocidad, pero todavía hay muchos españoles que no lo pueden hacer. Cada día que pase sin que los


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gallegos tengan un tren de alta velocidad es un día que pierden en igualdad de oportunidades; cada día que pasen los asturianos sin un tren de alta velocidad es un día que pierden en igualdad de oportunidades; cada día que pase la gente de la Rioja sin un tren igual que el del resto de españoles tendrán menos oportunidades. Por eso nosotros lo reivindicamos.

Nos resultan curiosos los discursos del Partido Popular, porque cuando estaban en la oposición lo único que se dedicaron a hacer fue parar todas las inversiones previstas y anunciar compromisos que no cumplían. Los ciudadanos españoles están cansados de que sus políticos anuncien compromisos y vean que cuando pasa el tiempo no se cumplen; una frustración permanente es la que se produce en la ciudadanía y tenemos que acabar con ella. Fíjense, en los últimos seis años de Gobierno del Partido Popular la inversión en ferrocarril disminuyó en un 55 %; en los dos últimos años, de lo presupuestado para ferrocarril no se ejecutó el 50 %; en los cinco primeros meses de 2018, cuando gobernó el Partido Popular, solo ejecutaron el 22 % comprometido. Sinceramente, ¿cómo iba a cumplir los compromisos el Partido Popular si no se gastaba lo que se ponía en presupuestos, si no cumplían los compromisos? (Aplausos). Esa es la verdad que nos dejó el Partido Popular, esa es la verdadera herencia del Partido Popular.

Reconozco que siento verdadera vergüenza cuando veo a los dirigentes del PP decir que se paralizaron y que ahora se han ralentizado algunas obras. No es cierto, hemos impulsado y lanzado muchas de las obras que el Partido Popular tenía paradas. En Extremadura dijeron en 2015 que el AVE llegaría en 2016; estamos en 2019. En Galicia dijeron que estaría en 2018, y está muy claro que el AVE no estará en 2018, porque el Gobierno del Partido Popular dejó de invertir en 2017 el 45 % comprometido. Por eso, le pido al Partido Popular que no haga el ridículo, que no mienta más a los españoles, que diga cómo dejaron la situación del tren en España, que diga cómo consiguieron que muchos españoles, siendo de territorios donde no hay duda de nuestro sentimiento español, nos sintamos abandonados por el Estado español. Les voy a recomendar una cosa: como se hace más patria -y lo he dicho muchas veces- no es con más banderas; como se hace más patria es con políticas que consiguen garantizar que todos los ciudadanos nos sintamos iguales. Por eso apoyamos la iniciativa de Podemos, porque apoyamos un tren que sea para todos los españoles, un tren que garantice que todos los españoles vamos a tener las mismas oportunidades, un tren que cuando se diga que va a llegar en 2020 llegue en 2020, porque es el compromiso, y que no se nos engañe permanentemente con cifras para intentar arañar algún voto. Creo que nos jugamos mucho. Creo que con las políticas de transportes nos jugamos mucho en este país.

Lo último que prometió el Partido Popular fue un plan de choque en cercanías de Madrid, en el que se había comprometido a invertir 500 millones de euros en los próximos dos años y 240 en la compra de trenes. Únicamente había ejecutado antes de salir del Gobierno el 13 %, ¡el 13 %! ¿Cómo quieren mejorar las cercanías de Madrid si solo invirtieron el 13 % comprometido? (Aplausos). ¿Cómo querían garantizar que los madrileños tuvieran los mismos trenes que el resto y tuvieran los mejores trenes en cercanías si no lanzaron la licitación, si no encargaron la construcción de esos trenes? Por eso digo que no nos hagamos trampas, que digamos la verdad. Nosotros en el Gobierno lo vamos a hacer, vamos a decir los plazos reales, diremos las modificaciones que haya en esos plazos y los problemas que tengamos, para que en este país los ciudadanos dejen de sentir frustración y dejen de tener la permanente sensación de que los políticos, cuando nos comprometemos con la obra pública, nunca cumplimos. Por eso defendemos un tren de calidad, un tren digno, un tren sostenible y un tren que haga a todos los españoles sentirse parte de este país que se llama España, porque, si no, seremos parte cada uno de nuestro sitio, defenderemos cada uno lo nuestro, pero no nos sentiremos parte de un conjunto.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario del PNV, el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señora presidenta.

Señorías, señoras y señores diputados, la música de esta moción nos sonaba bien en principio, primero, porque participábamos del modelo de transporte intermodal, público y con valores que propone la moción. Participábamos también de que haya un modelo de transporte con garantías, siendo público y de calidad, sin perjuicio de otros modelos de gestión privada de los que no renegamos.

Coincidimos con la exposición de la moción en que ha habido determinado modelo de gestión del transporte ferroviario -porque es al que se refiere en concreto- que ha llevado a solapar todos esos


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ámbitos necesarios de transporte de viajeros, de cercanías y de transporte de mercancías en favor de otro modelo, que es el de la alta velocidad, que también entendemos necesario, pero no entendemos la descompensación de inversiones que ha habido entre uno y otro y que creemos que es muestra de un modelo de gestión deficiente. Ese modelo, el del tren de alta velocidad -que, como usted ha señalado muy bien en su exposición, ha supuesto el 47 % de la inversión de las ayudas públicas que vienen desde la Unión Europea, por un importe de 11 232 millones de euros- no ha conseguido -a pesar de tener el carácter estructurante con la Unión Europea, precisamente porque eran ayudas de carácter comunitario- ni siquiera concluir los ejes principales para los que estaba diseñado, es decir, ni el eje atlántico ni el eje mediterráneo, lo cual también es una muestra de su fracaso. También lo es que ese defecto haya sido achacado a la falta de viajeros, demoras, sobrecostes, etcétera, que ya fueron puestos en cuestión por el Tribunal Europeo de Cuentas... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor BARANDIARAN BENITO: ... con una excepción precisamente, porque lo que hizo fue reflejar que había un elemento, que era el de la Y vasca, el del tramo vasco del tren de alta velocidad, que calificó como un proyecto prioritario y que podía tener determinado interés. Esta es la valoración que me interesa destacar. De un lado, que se han ejecutado proyectos de escaso interés desde el punto de vista social, económico y estratégico, aunque posiblemente desde el punto de vista político a otros les han parecido interesantes, y que se han dejado de ejecutar otros que, por su naturaleza estratégica, debieran haber sido considerados prioritarios. Eso supone, en primer lugar, mi primera pequeña crítica a su moción, y es que, estando de acuerdo en muchos de sus términos, ¿por qué no sostienen el mismo discurso y la misma postura en Euskadi, donde su grupo brilla precisamente por su labor de obstrucción a este proyecto del tren de alta velocidad que para la Unión Europea es estratégico y prioritario? Esta es la primera cuestión. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

El señor BARANDIARAN BENITO: La segunda -se lo han dicho ya-, ¿por qué no simplifican sus propuestas? Con todo respeto, les quiero decir -y no es la primera vez que se lo decimos además- que una moción no puede tener un contenido programático, no puede tener dieciocho puntos en su parte dispositiva. Primero, porque es muy posible que no participemos de alguno de ellos, lo cual pone en duda la viabilidad de ese apoyo y, segundo, porque, aun cuando estemos de acuerdo en muchos de esos puntos, aquí no venimos a votar su programa, y se lo digo con todo respeto.

Para empezar, de los dieciocho puntos, el primero nos pone los pelos de punta, porque cuando ustedes hablan de un pacto de Estado -ustedes y todos- generalmente suelen tratar de homegeneizar y centralizar competencias que ya tenemos asumidas. ¿Por qué no hablan de alcanzar acuerdos entre administraciones públicas competentes? Esto nos llevaría además a recordar que aún resta por ejecutar el Estatuto de Autonomía del País Vasco para transferir competencias en materia de ferrocarriles que no tienen la consideración de interés general o que, incluso teniendo esa consideración, son susceptibles de transferencia. Me preguntaba hace unos días por la intermodalidad y por la integración tarifaria que se podría producir, y yo ahora le pregunto: ¿Por qué esa realidad que está implantada en algunas partes de Euskadi, incluso con servicios ferroviarios de Renfe, no le lleva a concluir que la gestión de esos servicios puede ser inmediatamente transferida a la Comunidad Autónoma del País Vasco y, posiblemente, a otras comunidades autónomas precisamente porque son garantía de eficacia en ese sentido? Y así podría seguir con otras muchas referencias.

Hay muchas cuestiones en las que voy a estar de acuerdo: las relativas a la visión multimodal; a nuevas líneas, si se demuestra que son rentables; a evitar ineficiencias e impulsar labores de mantenimiento que tanto tienen que ver con la calidad; a implementar medidas de seguridad y accesibilidad de la vía y para los usuarios, que son imprescindibles también. Pero le vuelvo a repetir lo mismo: en esta moción, por mucho que haya muchas cuestiones en las que tengamos puntos de vista tremendamente coincidentes, hay tres puntos de fricción. Uno, que no son congruentes con lo que practican en Euskadi; dos, que insisten en iniciativas que pretenden homogeneizar, bajo nuestro humilde punto de vista, y finalmente, que entendemos que siguen confundiendo iniciativas como las mociones con su programa. Lo siento, no van a poder participar de nuestro apoyo y se lo digo con harto sentimiento.

Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Margall Sastre.

El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta.

Desde el Grupo de Esquerra Republicana vamos a dar apoyo a esta moción que viene a reafirmar lo que llevamos años denunciando en esta Cámara. El modelo de desarrollo de infraestructuras en el Estado español es una oda a la ineficacia, al desequilibrio y a la injerencia política sobre la planificación técnica. Europa ya ha avisado de cómo una España radial está drenando los recursos de la periferia para fomentar un modelo de Estado centralista y atrofiado, que perjudica las potencialidades industriales y comerciales no solo del litoral mediterráneo sino de todo el conjunto de territorios del Estado. El Estado ha utilizado las infraestructuras para hacer política de ordenación del modelo político-administrativo en vez de hacer política de productividad, movilidad ciudadana, sostenibilidad, creación de riqueza y cohesión territorial. Estamos cosiendo España con cables de acero, dijo la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, en mayo de 2008. Estas declaraciones escondían toda una declaración de intenciones políticas compartida por el bipartidismo español, auténtico sustento del régimen, que es la de querer disponer de un modelo de infraestructuras ferroviarias al servicio de un proyecto político y no basado en las necesidades de movilidad de las personas. Mientras gastábamos millones en alta velocidad abandonábamos inversiones imprescindibles para la vertebración y el desarrollo del territorio, como, por ejemplo, el corredor mediterráneo, que supondría un gran avance en el transporte ferroviario de personas y mercancías, principalmente por el acceso ferroviario a los puertos mediterráneos del Estado, permitiendo una política de ahorro de costes y beneficio medioambiental. Pero todo esto parece que no vale, ya que preferimos invertir en corredores centrales de mucho menor rendimiento por el simple hecho de potenciar la centralidad y la dimensión radial del Estado.

Otra consecuencia de las nefastas políticas de Fomento es el agravio comparativo de las inversiones en la red ferroviaria de media distancia respecto a la alta velocidad. Cataluña es el paradigma de cómo desinvertir en una red ferroviaria... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio. Señor Lamuà.

Adelante.

El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta.

Cataluña es el paradigma de cómo desinvertir en una red ferroviaria usada diariamente por centenares de miles de trabajadores que sufren las consecuencias de una nefasta gestión de Renfe de la cual este Gobierno es responsable por activa y por pasiva. Por pasiva, por no invertir en los trenes de rodalies y regionales, y por activa, por detraer estas inversiones para financiar AVE vacíos.

La mala calidad que ofrece Renfe-ADIF en Cataluña causa gravísimas molestias a miles de ciudadanos y ciudadanas en sus desplazamientos. Los usuarios de la red ferroviaria son víctimas continuadas de un mal servicio, sufriendo frecuentes incidencias y retrasos prácticamente a diario. La propia Renfe reconoce líneas con un 60 % de incumplimiento de horarios, hecho que pretende mejorar cambiando los horarios de los trenes en lugar de mejorando el estado de las infraestructuras y del material rodante. Hemos llegado a una situación esperpéntica en la que los tiempos de trayecto son mayores que décadas atrás. Esta carencia de inversión provoca que las estaciones se encuentren en pésimas condiciones. En muchas de ellas, los andenes no se han adaptado al nuevo material rodante o a sus composiciones, dificultando a personas con movilidad reducida subir y bajar los vagones con una mínima seguridad. Este hecho afecta especialmente a las estaciones gerundenses de Portbou, Llansà, Vilamalla, Sant Miquel de Fluvià, Sant Jordi Desvalls, Bordils-Juià y Celrà. Volvemos a reclamar, y lo haremos las veces que haga falta, un traspaso integral de la red ferroviaria de Rodalies de Catalunya. Eso implica la gestión total de las vías, estaciones, infraestructuras, material móvil y unidad empresarial de gestión, así como la financiación suficiente para poder prestar un servicio de calidad; una financiación que los ciudadanos catalanes pagamos con nuestros impuestos. La gestión de infraestructuras de movilidad debe recaer en aquella administración que responda mejor a las necesidades del ciudadano y en Cataluña tenemos un problema en la gestión de rodalies y queremos asumir este problema para ponerle remedio.

Gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Delgado Arce. (Rumores). Silencio, por favor.


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El señor DELGADO ARCE: Señora presidenta, señorías, señor Pascual, no vamos a apoyar su megamoción, con la que discrepamos en muchos apartados y, sobre todo, en la filosofía, en la ideología que está detrás de la misma y que usted ha expresado aquí sucintamente, pero que el otro día manifestó con más profusión en la interpelación.

Señor Pascual, no compartimos esa visión negativa, casi catastrófica de la situación de la movilidad en nuestro país. España está en el puesto décimo de todo el mundo en el ranking de competitividad global, y a nivel europeo y por la calidad de sus infraestructuras figura en cuarto lugar, solo superada por Francia, Holanda y Suiza. Es decir, somos un país pionero en cuanto a movilidad y así se nos reconoce.

En ferrocarril, en España hemos alcanzado, en 2017, nada menos que 488 millones de viajeros y 19,6 millones de toneladas de mercancías. Renfe-Viajeros transportó en el año 2017 nada menos que 16,5 millones más que en el año 2016. Todas estas cifras y la posición en este ranking internacional se han producido sin que Podemos haya estado nunca al frente de los Gobiernos de España. Han sido Gobiernos alternos del Partido Popular y del Partido Socialista con alianzas; es mérito de la sociedad española, es mérito de los trabajadores del Grupo Fomento y es mérito de las empresas españolas del sector, a las que usted ha denigrado, a las que ha acusado de connivencias ocultas con el poder político y a las que ha tildado de empresas poco fiables, y eso no es justo. También ha sido así gracias a los responsables políticos de este país de un signo político y de otro, a ministras como Ana Pastor, a ministros como Iñigo de la Serna y como otros que le precedieron. Esto es una obra de todos.

Mire, usted plantea una megamoción que es en realidad un plan de movilidad. Este país no ha hecho las obras de una manera aislada, las ha hecho conforme a unas planificaciones, y la que está vigente en este país es el Pitvi 2012-2024, que ha movilizado ya más de 75 000 millones de euros. Señor Pascual, nosotros hemos dejado unos Presupuestos Generales del Estado aprobados, los que ustedes están disfrutando y de los que, apoyando al Gobierno socialista, se están beneficiando. Y no son unos presupuestos raquíticos, son unos presupuestos inversores muy importantes, que en este año dedican más de 9000 millones de euros a inversión y que al modo ferroviario dedican el 48 % de esta cifra, 4286 millones de euros, de los que el sector ferroviario se va a beneficiar claramente.

Usted ha calificado de catastrófica la situación de las cercanías y eso es simplemente injusto, porque no puede hablarse de un sistema catastrófico que transporta a 424 millones de usuarios y que tiene unas fuertes inversiones que han crecido nada menos que un 54 % más que en el año 2017.

Habla usted de la alta velocidad. Usted ha ocultado hoy en la moción que ha presentado sus intenciones en relación con la alta velocidad, pero las explicitó en la interpelación y las tienen ustedes explicitadas en una proposición no de ley que registraron el 20 de septiembre de este año. Ustedes proponen una moratoria de las líneas de alta velocidad en este país y proponen una reformulación de las que están en curso para convertirse en líneas de altas prestaciones. Y yo le digo que nosotros no creemos en un modelo en el que haya una gente de primera y otra gente de segunda. Me duele especialmente que sea un diputado de una provincia que recibió la alta velocidad en España hace veintiséis años el que justamente pretenda que gallegos, (aplausos) que asturianos, que extremeños, quedemos en otro nivel. ¿Es que a usted le molesta la solidaridad? ¿Es que a usted le molesta la cohesión territorial? ¿Por qué esta doble velocidad? Y hágaselo mirar. Me gustaría saber si sus aliados del Grupo Parlamentario Confederal, en concreto En Marea, defendiendo este tipo de postulados, están informados de cuáles son sus pretensiones.

Termino, presidenta. Nosotros defendemos las obligaciones de servicio público, y las defendemos porque creemos que tenemos que seguir subvencionando las líneas de cercanías, las líneas convencionales y las líneas de ancho métrico, y por eso estamos también dedicando unos fortísimos recursos presupuestarios en este presupuesto de 2018 que, como dije, hemos dejado aprobado. El Partido Popular cree en una política de infraestructuras que vertebre territorialmente el país, que lo cohesione, que proporcione igualdad de oportunidades, y lo hacemos desde una política económica que, para sostener todo esto que acabo de explicar, crea riqueza y crea empleo. Es muy fácil venir a la tribuna y proponer un gasto desmedido de todo (rumores) y ni una sola palabra de cómo se obtienen los recursos públicos para sostenerlo.

Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto al señor Pascual Peña si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.


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El señor PASCUAL PEÑA: Estamos negociando una transaccional con el Partido Socialista, Ciudadanos y PDeCAT.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN POLÍTICA MIGRATORIA. (Número de expediente 173/000117).

La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actuación del Gobierno en política migratoria.

Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Candón Adán. (Rumores).

Yo, señorías, les ruego silencio. Les ruego que todos los que llevan como veinte minutos de pie salgan del hemiciclo; que no puede haber tertulias en el hemiciclo; que no hay conversaciones bilaterales en el hemiciclo; que no hay conversaciones bilaterales en los escaños; que es imposible seguir a los oradores. Les ruego que quien no quiera seguir el debate abandone el hemiciclo, se lo digo sinceramente. No se puede... (Rumores). Señorías, algunos de ustedes continúan hablando cuando estoy diciendo esto.

Adelante, señor Candón.

El señor CANDÓN ADÁN: Gracias, señora presidenta.

La política migratoria del Gobierno no ha tenido hasta ahora un criterio formado. No podemos decir que en estos meses el Gobierno se haya reconocido por un criterio único y firme en esta materia. ¿Les importa de verdad una política coherente en materia de inmigración o van a ir dando tumbos según se levanten o según decidan ese día? Desde que ocuparon la Moncloa ustedes han seguido dando bandazos. En estos últimos meses se han caracterizado por su falta de coordinación y por las constantes rectificaciones, por el afán de aprovecharse de la política migratoria en términos partidistas. En lugar de atender las recomendaciones de los socios europeos y trabajar en conjunto, prefieren su habitual buenismo, que les lleva a tomar hasta decisiones contradictorias, como la primera acogida de los refugiados del Aquarius, que conlleva un efecto llamada, y a hacer lo contrario unos días después, al desdén hacia socios históricos del Estado español, como Marruecos, y a un largo etcétera que en el mejor de los casos chocan con la realidad y realizan análisis pormenorizados y no de titular de prensa.

No podemos olvidar que los problemas migratorios están, además, vinculados al tráfico de personas, incluida la reforma del Código Penal en 2015 que impulsó el Partido Popular, por lo que hablamos de un problema real y de delitos penales que amenazan directamente a la integridad de las personas y que el buenismo del Gobierno fomenta que sigan dándose. Ustedes nos han atacado por decir que habíamos creado el efecto llamada. Señorías, les quiero recordar las palabras de algunos compañeros suyos, como el nuevo director general de Seguridad Nacional, que dijo textualmente que el Aquarius ponía en riesgo a España, porque si abres un portillo, por ahí van a entrar todos. O, por ejemplo, su ministro, el señor Borrell, que dijo que el efecto llamada era inmediato. ¿Saben lo que supone el efecto llamada? Yo se lo voy a decir. Supone que las bandas organizadas aprovechen la situación de España para hacer su negocio; supone incrementar el tráfico de personas; supone incrementar los dramas humanos de personas desesperadas que se juegan la vida en lugar de proponer soluciones razonables. Parece que al Gobierno no le importan mucho estas cuestiones, lo único que le importa es la foto.

El número de llegadas irregulares a España ha crecido exponencialmente, llegando a batir el récord de llegadas de todos los tiempos en lo que llevamos de 2018. Un total de 48 669 inmigrantes llegaron a España entre el 1 de enero y el 15 de octubre por vía marítima y terrestre, frente a los 19 134 que lo hicieron en el mismo periodo del año pasado, es decir, un 154 % más, según los últimos datos del Ministerio del Interior que han publicado ustedes el pasado 15 de octubre. Son 43 463 los inmigrantes que llegaron en pateras; una cifra muy superior a la de 2017, cuando los inmigrantes que alcanzaron la costa española fueron 14 195, lo que supone un incremento del 206 %. La semana pasada, sin ir más lejos, más de 400 personas fueron rescatadas en el Estrecho, en la provincia de Cádiz. Ahora aprueban el real decreto por el que adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas. Es un buen paso, evidentemente -muy esperado, por cierto-, pero recuerden que solo es un paso más. Si no se incluye en una estrategia global, si no se responde con


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un conjunto de acciones coherentes, que es precisamente lo que le pedimos hoy en esta moción, de poco nos servirá. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia).

Merece también especial mención la preocupante situación de los menores extranjeros no acompañados, puesto que es sorprendente que puedan atravesar España sin que las autoridades nacionales tengan constancia de ello y sin que se haya producido su acompañamiento, tutela o custodia. Esto se debe a la grave descoordinación del Gobierno de Pedro Sánchez y a la falta de recursos, ya que la mayoría de la carga de estas llegadas masivas de menores extranjeros no acompañados las están sufriendo principalmente seis comunidades autónomas, la primera la nuestra, Andalucía. Hasta Susana Díaz le exige a Pedro Sánchez medidas para atender la crisis migratoria y le dice que no se puede esperar hasta 2019. Hay una descoordinación total. Lo veíamos el otro día en un debate en la televisión de Cádiz, donde las ONG y los centros de acogida dicen que están desbordados. La situación es caótica, centros de menores con masificaciones, agresiones, fugas, etcétera. Por no hablar de los ayuntamientos, que son los más perjudicados por estas cuestiones, pues son los que están soportando la dejadez, la desfachatez y, sobre todo, la ausencia del Gobierno de España. (Aplausos). O en Cataluña, con centenares de menores durmiendo en el suelo, o en Murcia, donde se pide ayuda financiera para acoger y alojar a los menores no acompañados, así como en otras comunidades como Valencia, Madrid, País Vasco, etcétera.

Los centros de atención de menores no se pueden improvisar, deben estar dotados de medios humanos y materiales, puesto que los menores no acompañados son un colectivo vulnerable que debe ser protegido con las máximas garantías. El pasado viernes han aprobado una serie de medidas para responder a la situación de los MENA, pero este país no necesita solo medidas urgentes cada viernes. España necesita una estrategia global y útil, y los menores que sufren este drama también necesitan esa estrategia global y útil. Ante un drama como la inmigración no sirven los bandazos, señorías, como están dando ustedes desde que empezaron con este Gobierno de ocupación; sirve una respuesta responsable y global que piense en quienes sufren este drama, en esas personas que se juegan la vida, en la responsabilidad de España ante sus socios europeos, en evitar hechos delictivos como el tráfico de seres humanos y en los motivos que originan y provocan esos dramas.

En cuanto a las enmiendas que han presentado, señores del Partido Socialista, sean ustedes serios. No se las vamos a aceptar, ponen lo mismo que nosotros pero con sus palabras o con los informes técnicos que les mandan. Esta moción insta al Gobierno a tomar la responsabilidad de Estado que esta materia se merece, por eso pedimos el voto a favor. Señores del PSOE, hagan ustedes una reflexión ante tanto descontrol, ante tanto desmadre. Por el bien de España, y con todos mis respetos, convoquen elecciones ya. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Candón Adán.

Para la defensa de la enmienda formulada por su grupo, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto -que en este turno también fijará posición- el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, si tuviéramos que fijar nuestra posición en esta moción exclusivamente según la literalidad del texto que el Grupo Popular nos ofrece, difícilmente nos podríamos oponer a la misma. El contenido de la moción es correcto, pero si uno escucha el discurso del portavoz del Grupo Popular y analiza las posiciones que el Grupo Popular viene manteniendo desde que está en la oposición en materia migratoria, entonces existe preocupación. Existe preocupación por ese discurso porque, en lugar de adoptar una actitud corresponsable ante quizá una de las principales políticas de Estado como es la política de inmigración, el Partido Popular ha decidido casi desde el momento cero en esta materia situarse en el discurso de la exageración de los hechos y en la transmisión de más preocupación a la ciudadanía de la que era estrictamente necesaria. Además, el Partido Popular parece olvidar que el incremento del flujo migratorio y la presión migratoria en el Estrecho de Gibraltar y en las ciudades de Ceuta y Melilla empezó mucho antes del cambio de Gobierno. Por tanto, atribuirle al actual Gobierno la situación que se vive en las costas del sur de la península simplemente no es serio. Y si tuviésemos que alarmarnos de alguna cuestión en política migratoria deberíamos alarmarnos e indignarnos por las muertes de 3000 personas en el Mediterráneo cada año; eso sí que debería formar parte de nuestra indignación. Son argumentos que a la hora de fijar nuestra posición vamos a tener en cuenta.

Pero junto a ello figuran también los elementos de la enmienda que les hemos formulado. En primer lugar, hay que recuperar el fondo para las políticas de acogida e integración de inmigrantes. Fue un fondo creado en el año 2009 si no recuerdo mal, en tiempos del Gobierno Zapatero, y que con la llegada de la


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crisis el Gobierno Popular suprimió. Hay que recuperar ese instrumento que permite a comunidades autónomas y a ayuntamientos desarrollar políticas de acogida y de integración, políticas imprescindibles en la gestión del flujo migratorio. En segundo lugar, los recursos europeos del fondo de asilo, migración y refugio en una parte deben ir destinados a las comunidades autónomas que gestionan esa política. Estamos viviendo estos días con una discriminación hacia Cataluña, por ejemplo, la gestión del flujo de menores no acompañados. Hay recursos que llegan de Europa que deben también invertirse en esas políticas de integración y de acogida.

Finalmente, tenemos pendiente una reforma del reglamento para luchar contra la irregularidad sobrevenida, una de las principales consecuencias de la mala gestión de la política migratoria del Gobierno durante estos años. Esa reforma es imprescindible. Si el Partido Popular acepta nuestras enmiendas, contará con nuestro apoyo y, si no las acepta, no podrá contar con nuestro apoyo.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Campuzano.

Tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: No intervendré en este punto.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Perfecto. Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Alconchel Gonzaga.

La señora ALCONCHEL GONZAGA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señores del Partido Popular, se empeñan en presentar iniciativas plagadas de expresiones incendiarias, repletas de falsedades alarmistas y por eso desde la responsabilidad hemos presentado una enmienda porque tratamos de llegar a acuerdos en este asunto de Estado, pero ustedes la rechazan porque lo único que buscan es la confrontación a cualquier precio.

Hablan de bandazos y bandazos es pasar de la derecha a la extrema derecha, bandazos es afirmar que 50 millones de personas vienen a invadirnos e inmediatamente hacerse la foto con los migrantes recién llegados a nuestro país utilizando el sufrimiento sin pudor. Con ustedes en el Gobierno ya se produjo un aumento de los flujos migratorios. Distintos organismos internacionales y Frontex advertían de que el cierre de otras rutas estaba provocando un incremento de la llegada a nuestras costas, pero ¿qué hizo el Partido Popular en el Gobierno? Nada, solo contemplaron la inmigración irregular muy sesgadamente en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 como un riesgo y una amenaza para la seguridad de este país. En la práctica disminuyeron los recursos humanos y técnicos -y aprovecho para reconocer el gran trabajo de policías, guardias civiles, ONG y demás personas que trabajan en la frontera y en nuestras costas-, no se coordinaron con otros Estados para canalizar debidamente los flujos migratorios, jibarizaron los fondos para la cooperación y ayuda humanitaria, se cargaron el Fondo para la acogida e integración de inmigrantes y convocaron la última Conferencia Sectorial de Inmigración en 2015 y ahí es donde ustedes verdaderamente abandonaron en esta materia a comunidades autónomas y a ayuntamientos a su suerte, y eso sin hablar del incumplimiento de todos los compromisos en materia de asilo.

Hablan del efecto llamada. La única llamada peligrosa es la de su partido a la xenofobia, al populismo y al extremismo, lanzando falsedades y generando alarma. (Aplausos). Este país es solidario y tolerante, y ustedes se empeñan en radicalizar su discurso hacia la extrema derecha, encendiendo una mecha muy peligrosa. Lean los informes de Frontex y ahí verán como son muchísimos los factores que influyen en los flujos migratorios. Una persona tarda años en llegar a nuestras fronteras huyendo de conflictos y de catástrofes humanitarias, la mayoría siendo objeto de trata de seres humanos y lo que hay, por tanto, es un efecto huida de esos dramas humanitarios. Pero ustedes utilizan sin escrúpulos un gesto humanitario como ha sido el del Aquarius para atacar al Gobierno. Hablan de los menores no acompañados, precisamente una prioridad para este Gobierno, que ha aprobado un fondo de 40 millones para reforzar los recursos de las comunidades autónomas en la atención, acogida e integración de los niños y niñas. A ver si ustedes, señores del PP, convencen a las comunidades autónomas donde gobiernan para que asuman su responsabilidad, que eso es lo que está reclamando Andalucía y su presidenta porque no es cuestión de voluntarismo, es una cuestión de responsabilidad de todas las comunidades autónomas, no solo de las que por su situación geográfica son puerta de entrada.

Con el Gobierno socialista, por fin, volvemos a tener políticas migratorias en este país desde la responsabilidad, el respeto a los derechos humanos y el estricto cumplimiento de la ley; por fin, tenemos


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un presidente socialista que lidera asuntos en la Unión Europea, que tanto tiene que decir en esta materia, que aporta soluciones y que, además, recibe el reconocimiento público de la Unión por esta labor. El Gobierno trabaja por una migración segura, ordenada y legal, promoviendo la cooperación y diálogo con los países de origen y tránsito, llegando a acuerdos con países fronterizos para el control de las fronteras, y aborda este fenómeno desde un enfoque integral, multilateral, llegando a acuerdos para la lucha contra las mafias que trafican con los seres humanos. Se trabaja en los canales seguros de migración y se trabaja para la acogida e integración de las personas que legalmente pueden quedarse en nuestro país, y a la vez se apuesta por la cooperación al desarrollo.

¿Saben cuál es la diferencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular? Que el Gobierno defiende los valores que constituyen los pilares de la construcción europea y de su desarrollo mientras ustedes abrazan los discursos de la extrema derecha radical, xenófoba, peligrosa que prolifera por otros países de la Unión Europea y que ya tiene nombre y organización en este país. Les exigimos que sean responsables, que abandonen el discurso falso y alarmista y que apoyen al Gobierno en este asunto de Estado.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Alconchel Gonzaga.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Presenta el Grupo Parlamentario Popular una moción sobre políticas migratorias instando al Gobierno a la adopción de una serie de medidas que en principio parecen obvias por su generalidad y que aparentemente no debieran producir rechazo, pero si nos separamos de lo aparente y profundizamos un poco más, la cuestión adquiere otro matiz, pues en política, como en otros órdenes de la vida, es igual de importante lo que se dice, quién lo dice y con qué intención lo hace. Así, si se insta al Gobierno a hacer algo es porque va de suyo que no lo está haciendo. La moción plantea instar a la realización de una serie de medidas que ya se están acometiendo con mayor o menor intensidad y éxito. Asimismo, llama la atención que sea el Grupo Parlamentario Popular el que inste a la realización de actuaciones en las que no fue mínimamente diligente mientras gobernaba, lo que nos lleva a inferir que ahora su motivación es palmariamente partidista en una cuestión como las crisis migratorias, en que las políticas para abordarlas han de ser compartidas y superadoras de planteamientos en los que el cálculo particular sea el hilo conductor.

Nos enfrentamos a un problema estructural de una complejidad enorme en el que hay sobre todo dolor humano y cuyo origen deriva de un modelo económico en el tercer mundo basado en la desigualdad y generador de pobreza y éxodo hacia regiones en las que un modo mejor de vida juega como proyecto vital. Y ahí hemos de sumar las crisis climáticas y sus hambrunas, los conflictos armados y otras causas que anudan movimientos migratorios de base económica con aquellos otros en busca de refugio y asilo de difícil separación a medida que se amplían las causas de concesión de asilo y refugio; movimientos migratorios que demandan respuestas comunes, no unilaterales, pues como vemos día a día en Occidente y Europa tienen potencialidades divisorias para nuestras sociedades al excitar respuestas xenófobas y de confrontación, como señaló el presidente del Gobierno la semana pasada en esta Cámara.

En este sentido, el marco en el que debemos afrontar esta cuestión es el de la Unión Europea, tanto para el establecimiento de una política común de asilo -y, caso de que no sea posible, una cooperación reforzada entre los países que estén dispuestos a ello- como para la llamada migración económica, en un replanteamiento de la directiva de retorno sobre la inmigración ilegal económica y de la cooperación política de seguridad y desarrollo con África, en cuanto origen y tránsito mayoritario de estos flujos de movimiento. Señorías, no se puede decir que en estos ámbitos no se esté avanzando y siendo propositivos tanto en el ámbito de la Unión como en el control de fronteras exteriores de la Unión, así como en la lucha contra las redes de tráfico de migrantes.

En este contexto, no se entiende la moción del Grupo Parlamentario Popular, pues no deja de ser una desfiguración de la realidad, de lo que realmente está sucediendo, y sin que lo dicho signifique complacencia para con el Gobierno en este asunto, pues está pendiente mucha tarea por delante. Así, estamos a la espera del desarrollo del apartado 2 de la disposición adicional décima de la Ley de extranjería en cuanto a las llamadas devoluciones en caliente. También estamos pendientes del desarrollo general de esta misma Ley de extranjería; del establecimiento de rutas legales y seguras, de modo que se pueda solicitar refugio y asilo en las embajadas y consulados, evitando periplos inhumanos a sus solicitantes; de un


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mayor apoyo a las ONG, que salvan vidas en el Mediterráneo, en la que ya es la frontera más mortífera del mundo; de una revisión de los acuerdos de la Unión con Libia, pues su actuación con los migrantes no responde a unos mínimos estándares de respeto de los derechos humanos, tal como nos informan día a día las organizaciones internacionales y no estatales de ayuda humanitaria y defensa del derecho internacional humanitario; de la regulación de aquellos migrantes económicos que cuentan con contrato de trabajo, como recientemente ha hecho Portugal, o de unas políticas de coordinación respecto a los menores no acompañados, a fin no solo de financiar en parte a las comunidades autónomas que los acogen, sino también para establecer cupos entre las comunidades autónomas, que está pendiente, y lo mismo que proponemos para la reubicación y reasentamiento de demandantes de refugio y/o asilo entre los países miembros de la Unión.

En fin -voy finalizando, presidenta-, queda mucho trabajo por hacer, pero de ahí a presentar una moción como la debatida queda un largo trecho, pues tampoco es cierto que no se esté haciendo nada o que lo que se hace pueda calificarse de bandazos, falta de rumbo, tumbos, marketing político, actividad errática, populismo, demagogia, improvisaciones y otra serie de expresiones basadas en la exageración y en lo que no es cierto.

Muchas gracias, presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Legarda Uriarte.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Surra Spadea.

La señora SURRA SPADEA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, parece mentira que el Partido Popular, que ha estado en el Gobierno hasta hace pocos meses, nos traiga hoy esta moción consecuencia de interpelación urgente sobre la política migratoria cuando en todos los años de su Gobierno no ha hecho más que aplicar una Ley de extranjería que solo benefició al gran capital. La primera causa de la emigración hacia Europa es el expolio permanente de recursos naturales, que dejan en la miseria y en la guerra a los países originarios de los inmigrantes, por parte de los capitales europeos. Por lo tanto, el problema no se resuelve poniendo vallas, por muy altas que sean, ni ejércitos armados hasta los dientes en las fronteras, ni pagando a países terceros para que nos alejen del problema.

Me voy a referir a la situación de la inmigración que ya está aquí, que representa a muchísima gente que ya forma parte de nuestra ciudadanía y que ha sido machacada y continuará siéndolo si no ponemos fin a la Ley de extranjería. Porque el Partido Popular, contrariamente a lo que dice, dejaba entrar a la inmigración, pero con la Ley de extranjería, al no proporcionarle papeles o hacerlo tarde, mal y nunca, la mantenía en la economía sumergida, trabajando de sol a sol con salarios de miseria. ¿Y de esto quién se beneficia? El gran capital, que tiene mano de obra barata y sin derechos. ¿Y quién se perjudica? El Estado, que somos todos, pues nadie paga a la Seguridad Social ni a Hacienda. Esta Ley de extranjería el Partido Popular la ha ido modificando a su antojo, pues puso cada vez más trabas para que los inmigrantes no pudieran regularizar su situación administrativa. Pasamos de unos trámites normales, rápidos y accesibles a enfrentarnos con trabas tales como el no reconocimiento de tratados bilaterales con otros países; limitaciones del número de expedientes diarios que provocaban enormes colas nocturnas para poder obtener cupos; trámites de reagrupamiento familiar con requisitos extremos, que hacían humanamente imposible acceder a ellos; demoras de meses para la obtención de citas, así como de años para su resolución favorable.

Cuando por fin los echamos del Gobierno, la situación de su política de inmigración era: solicitudes de citas de extranjería únicamente por Internet con los sistemas siempre bloqueados; residencias ligadas a la situación laboral, de manera que al perder el trabajo automáticamente se perdía la misma; generalización de los casos llamados de indocumentación sobrevenida, es decir, después de tener la residencia por muchos años se buscaba algún incidente fortuito en años anteriores y la persona y toda su familia perdían la residencia y pasaban a ser nuevamente indocumentados o a tener que abandonar el país de la noche a la mañana. En cuanto a la solicitud de nacionalidad, los latinoamericanos, que por ley necesitan dos años para obtenerla, con suerte lo hacen en cuatro o cinco. La espera de resolución que comenzó siendo de un año, hoy la mayoría de las solicitudes sin resolver llevan siete u ocho años. Y lo peor sobre la nacionalidad es que de ser un trámite gratuito pasó a ser de pago y, además, agregándole exámenes irrisorios e innecesarios, otro negocio redondito que no aseguró tampoco la disminución de los plazos de resolución.


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Todo esto se perpetraba mientras que una campaña mediática presentaba la inmigración como la causante de todos los males de la humanidad. Así se evitaba que se buscara a los verdaderos culpables de los recortes, de la falta de puestos de trabajo, de vivienda, etcétera, y creaban una opinión pública desfavorable al fenómeno y también hacia las personas migrantes. Pero todos saben que eso no es cierto y que, incluso, hoy se necesitan nuevos cotizantes a la Seguridad Social si queremos asegurar las pensiones y su equiparación permanente con el IPC.

Proponemos algunas medidas que ya se pueden implementar: regularizar a los trabajadores indocumentados que ya viven en el territorio; otorgarles permiso de residencia y trabajo sin contrato; eliminar los tres años de espera para la solicitud de la primera tarjeta de residencia; agilizar y facilitar los trámites de reagrupamiento familiar; desligar el permiso de residencia de la situación laboral; eliminar la posibilidad de indocumentación sobrevenida; mejorar y agilizar el acceso a la nacionalidad y eliminar el pago de tasas y la realización de exámenes; eliminar de forma inmediata los centros de internamiento para extranjeros, CIE; conceder derecho al voto a aquellos extranjeros con más de cinco años de residencia y no ligarlo a acuerdos de reciprocidad. Estas son soluciones para mejorar la política migratoria.

Termino con el decir de la calle: La Ley de extranjería mata gente cada día; cárcel, CIE, redadas y fronteras, así se construye la riqueza europea.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Surra.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidenta.

Señorías, señorías del Partido Popular, la verdad es que al ver su moción parece que uno podía esperar o preveía que en su intervención ustedes fueran un poco más allá y fueran algo propositivos. La verdad es que se han limitado a hacer el mismo debate simplista, el mismo debate de siempre que llevamos escuchando en esta Cámara mucho tiempo, tanto cuando estaban en el Gobierno como desde la oposición, y me parece que es una lástima. Y es una lástima porque ustedes, sobre el criterio responsable, parece que no tienen nada que decir.

Señorías, estamos hablando de un drama. Estamos hablando de un drama de seres humanos, que yo creo que a todos se nos encoge el corazón cada vez que tenemos que ver ese Mediterráneo, que es una tumba incontable de seres humanos. A mí me gustaría que en este debate se huyera de la retórica inflamable, del discurso tóxico, pero ya veo que ni ustedes ni, por otra parte, el Partido Socialista vienen a ofrecer otra cosa más que lo de siempre: cuánto tú; cuánto yo. Están ustedes echándose números de personas a la cabeza, hacen anuncios oportunistas, ocurrentes, pero al final ni el Partido Popular ni el Partido Socialista tienen una solución de verdad de futuro y valiente para tratar el drama de la migración.

Señorías, en estos momentos y con sus debates viejos y caducos solo ganan las mafias que trafican con personas -solo ellas son las que están ganando-, y frente a eso, nada nuevo. Frente a ese debate frentista, desde Ciudadanos nos gustaría proponerles un enfoque moderno que represente una auténtica política de Estado. Nos dice el Partido Socialista que ellos están haciendo política de Estado con la migración. ¿Dónde está esa política de Estado? Porque para mí la política de Estado es la política que se consensúa con el resto, no la política que espera un seguidismo del resto de los grupos parlamentarios. ¿Dónde han estado sus llamadas al consenso del resto de grupos parlamentarios? ¿Con quién han hablado ustedes para diseñar esa política de Estado? Ya se lo digo yo: con nadie, porque ustedes no hacen una narrativa responsable del problema de la migración en estos momentos.

Frente a esa falta de modelo que tanto el Partido Popular como el Partido Socialista llevan años sin afrontar sobre el debate de las migraciones, frente a esa política reactiva y sin planificación alguna, nosotros queremos proponerles un debate activo, un debate propositivo, un debate que realmente hable de facilitar la integración y que favorezca la migración para traer talento exterior, porque en este país es muy necesario el talento exterior. Señorías, tenemos que diseñar un sistema que contribuya a la sostenibilidad de nuestras pensiones y del Estado del bienestar, y nosotros no vemos a los migrantes como un problema, que es lo que han traído ustedes aquí, los vemos como una oportunidad. La migración tiene que ser una oportunidad para este país -la migración de verdad-, y yo creo que la cuestión es enfocar el trabajo y la planificación por encima del buenismo de unos y por encima de los gestos vacíos e improvisados de los otros. Queremos un sistema que parta del cumplimiento de la ley y del mantenimiento del orden que es esencial para que la política de migración sea eficaz.


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Yo les propongo combinar dos valores que para nosotros son clave: la responsabilidad y la solidaridad. Señorías, solidaridad, porque es la política más fiel a los valores liberales que hay. ¿Existe algo más liberal que la dignidad del ser humano? ¿Hay algo que ustedes consideren más liberal que la dignidad de las personas? Yo creo que España ha demostrado ser un país solidario. Lo ha demostrado en el pasado y lo demuestra en el presente. Nosotros no queremos que personas que se juegan la vida en un viaje lleno de peligros del que solo se aprovechan las mafias no tengan la oportunidad de comprobar que se puede ser solidario con ellas, porque este país necesita mostrar esa solidaridad. Y responsabilidad, señorías, porque sin responsabilidad al final ponemos en riesgo la cohesión de nuestro país. Tenemos el ejemplo cercano de Italia, donde ya están ustedes viendo cómo las migraciones son el alimento de ese populismo xenófobo. No queremos que esto pase en nuestro país, porque nuestro país no es así; nuestro país es un país solidario.

Así pues, señorías, yo les propongo a ustedes una nueva política, una política valiente, una política moderna -no como esa de la que ustedes están hablando-, una política que se apoye en varios pilares, uno de los cuales es la inmigración legal, una inmigración controlada, canalizada a través de un sistema por puntos, como se ha hecho por ejemplo en Canadá; un modelo liberal que, por cierto, ha resultado un éxito para gestionar de forma adecuada la migración. Estoy hablando de un modelo donde haya una ruta corta hacia la integración de esos migrantes y donde, además, prevengamos la inmigración ilegal en origen, cuestión esencial para el sostenimiento de las políticas eficaces; un modelo con un sistema eficaz de retorno importante, de devolución de migrantes en situación irregular, desde la ley y con la ley.

Señorías, finalmente, hay que potenciar el papel de España como líder en las políticas de migración europea. No oímos nada de eso. Este es un debate valiente que yo les propongo. Me gustaría que en algún momento este Gobierno quisiera hablar de verdad con este grupo parlamentario, y espero que también con otros, sobre migraciones, para hacerlo con valentía y con modernidad; y no, como siempre, para tirarse los trastos a la cabeza unos a otros. Eso ya es viejo, eso es el pasado. Los migrantes no necesitan volver otra vez a ese pasado.

Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Gutiérrez Vivas.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Expósito Prieto.

El señor EXPÓSITO PRIETO: Muchas gracias, presidenta.

Compañeros y compañeras diputadas, se afirma tópicamente que el Parlamento es la casa de la palabra, pero durante los largos años en los que se ha venido ampliando la brecha que separa a la ciudadanía de las instituciones democráticas el Parlamento se ha convertido muchas veces en el lugar donde la palabra se ha devaluado. Las palabras en política son un territorio de disputa. La política consiste en muchas ocasiones, de hecho, en luchar por lograr imponer el sentido que uno desea a los términos que conforman un sentido común, pero el tira y afloja por dotar de contenido a palabras vitales como seguridad, legalidad u orden ha llegado a veces al extremo de convertir estas palabras comunes en mentiras políticas. Escuchamos hablar de seguridad a Gobiernos que infligen dolor a la ciudadanía y llaman orden a destruir los consensos sociales, dividiendo a la gente común entre amigos y enemigos. Si hay un mandato que hemos recibido del 15-M, del movimiento feminista, de los movimientos ciudadanos que nos exigen reconstruir las instituciones, ese mandato es volver a dotar de un sentido verdadero a palabras como democracia, y en el debate que ahora nos afecta, en la discusión sobre las políticas migratorias, seguridad, regularidad, orden, responsabilidad, solidaridad o cooperación son un campo de batalla entre dos extremos irreconciliables, entre la mentira y los derechos.

La moción del Partido Popular sobre la actuación del Gobierno en política migratoria es un ejemplo de cómo la derecha cuando se radicaliza en España, en Europa y en otros lugares del mundo instrumentaliza asuntos vitales como son la inmigración o la seguridad pública con un mismo modo de operar: en primer lugar, se identifica un problema real -en este caso, el aumento de los flujos migratorios y la deficiencia de las políticas de acogida-; en segundo lugar, ese problema se aísla de circunstancias más generales y se amplifica para generar alarma mediante informaciones insuficientes o directamente falsas, por ejemplo, el fantasma del efecto llamada o las declaraciones de un Pablo Casado -no es posible que España absorba millones de africanos-, construyendo una imagen amenazadora de una absurda invasión de millones de indocumentados. El objetivo no es otro que oponer a problemas reales falsas


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soluciones contrarias al respeto de los derechos y al fortalecimiento de la democracia. Más derechos y más democracia son las condiciones necesarias para construirnos como una comunidad cohesionada y sin miedo. Los problemas que instrumentaliza la derecha cuando se radicaliza, sin embargo, pueden resolverse mediante políticas públicas razonables, inclusivas y garantistas.

Dos ideas en particular conforman un tópico que se repite últimamente cuando se quieren justificar unas políticas migratorias aún más agresivas y contrarias a los derechos. La primera idea es la insistencia en que no se pueden ampliar las políticas migratorias propias sin una coordinación previa con la Unión Europea y un plan integral para África. Esto en su moción significa fortificar nuestras fronteras a cambio de un brindis al sol.

¿De qué coordinación europea nos habla el Partido Popular si en esta Cámara reprobamos a dos ministros del anterior Gobierno por incumplimiento de los acuerdos de reubicación de personas refugiadas contraídos con Europa? (Aplausos). Y un Gobierno cuyo presidente, Mariano Rajoy, defendió con entusiasmo el infame acuerdo con Turquía para mantener a raya a los refugiados sirios. ¿Qué plan integral para África proponen ustedes si desde hace una década la política de cooperación española se ha ido degradando? Ha habido un 55 % de recortes en siete años hasta empujar la Ayuda Oficial al Desarrollo de España a una situación de excepcionalidad entre los países de nuestro entorno, por debajo del 0,2 % desde el año 2012. En los últimos diez años, como resultado de las políticas de austeridad, ha caído vertiginosamente nuestra financiación de la ayuda humanitaria, de la educación para el desarrollo y la ciudadanía global y de los convenios con organizaciones no gubernamentales para el desarrollo.

La segunda idea es aquella que expresa diferentes variaciones del 'nosotros primero' o 'defendamos primero a los nuestros'. Les voy a contar, para concluir, una historia. Hace pocos días el número dos del Partido Popular, Teodoro García Egea, responsabilizaba a la alcaldesa de Barcelona de no haber evitado los atentados terroristas que se cometieron en nuestra ciudad. El 12 de febrero del año 2013 se discutió en este hemiciclo una iniciativa legislativa popular sobre vivienda digna elevada por casi un millón y medio de ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Fue Teodoro García Egea quien subió a esta misma tribuna de oradores para explicar a los portavoces de la iniciativa que el Partido Popular iba a apretar el botón de destrucción. Entre los portavoces de la iniciativa a los cuales se dirigió allí arriba, desde esta misma tribuna, entre el público se encontraba precisamente la actual alcaldesa de Barcelona, y esa detonación que provocó el Partido Popular lanzó al sufrimiento a millares de familias de nuestro país. Fueron entonces los centenares de ciudadanos que lucharon por el derecho a la vivienda y fueron las docenas y docenas de hombres y, sobre todo, mujeres inmigrantes de Latinoamérica quienes salieron a defender a nuestros compatriotas de una violenta oleada de desahucios. (Aplausos). Eso es lo que ustedes hicieron por los nuestros en el momento de la verdad. Eso significa para la derecha, cuando deviene xenófoba, 'los nuestros primero', ponerse al lado de los poderosos para ejercer la fuerza contra los débiles.

Acabo ya, presidenta. La descoordinación del Gobierno en políticas migratorias nos tiene a nosotros mismos, a este Grupo Parlamentario Confederal, entre descontentos e irritados. No vamos a ser tibios con las negligencias de este Gobierno; y claro que necesitamos grandes acuerdos en materia de políticas migratorias, pero esos acuerdos tienen que darse sobre la base de restituir la verdad democrática a las palabras seguridad, regularidad, solidaridad, orden y derechos. Mientras tanto, porque su moción significa lo contrario de lo que expresa y por el respeto al mandato que hemos recibido de restituir un sentido verdadero a las palabras importantes, vamos a votar hoy en contra.

Una última cuestión sobre el uso de la palabra buenismo. Buenismo es la palabra que utiliza constantemente Salvini para justificar su política agresiva contra los inmigrantes. (Aplausos). ¿Sabe, señor Gutiérrez, lo que le responde la gente decente italiana? Yo no soy buenista, tú eres racista. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Expósito Prieto.

Señor Candón Adán, a los solos efectos de si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra.

El señor CANDÓN ADÁN: La del Partido Socialista no y, la de adición del PDeCAT, sí.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias.


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SOLICITUD DE PRÓRROGA DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:

- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CUATRO MESES DEL PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN RELATIVA AL ACCIDENTE DEL VUELO JK 5022 DE SPANAIR. (Número de expediente 152/000005).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos al punto del orden del día relativo a la solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo para la realización del dictamen de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair.

Este acuerdo se adopta sin debate previo y se someterá a votación al final de esta tarde.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (ANTES DENOMINADA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DE REFORMA PARCIAL DEL RÉGIMEN DE PERMISOS Y LICENCIAS). (Número de expediente 122/000133).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Entramos en el nuevo punto que hemos incluido relativo al dictamen de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (antes denominada proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias).

Para defender las enmiendas y votos particulares formulados a esta iniciativa legislativa, tiene la palabra, por el grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, el señor Bataller i Ruiz. (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, por favor, ¿guardamos silencio?

El señor BATALLER I RUIZ: Gracias presidenta.

Cuando hablamos del Poder Judicial en España nos falta una fotografía, la fotografía de la transición democrática. Y me explico: todos recordamos esa foto famosa de Dolores Ibárruri, La Pasionaria, presidiendo la Mesa de Edad de este Congreso después de las primeras elecciones legislativas en 1977; fotografía que se convirtió en un icono del paso a una nueva situación democrática en el Poder Legislativo. Todos recordamos también la fotografía de Felipe González al tomar el relevo de Calvo Sotelo como presidente del Gobierno; fotografía que se convirtió en un icono también de la normalidad democrática en el Poder Ejecutivo. Pero yo les pregunto, esa fotografía en el Poder Judicial, ¿dónde está? ¿Cuál sería? Yo creo que no la tenemos. Y por esto deberíamos ir a la raíz, deberíamos empezar, aunque sea tímidamente, para entender que hace falta una renovación de los conceptos, de las ideas en que se ha basado nuestro Poder Judicial, sobre todo en su relación con el público, con la ciudadanía.

La correlación de fuerzas parlamentarias actual no permite otra cosa más que los muy tímidos pasos que se han dado en la reforma que ahora estamos debatiendo, una reforma que empezó por un régimen de permisos y licencias, que ha trascendido ese título y ha llegado a más cosas que apuntan, por lo menos, a remover la concepción rancia, jerárquica y opaca que claramente había presidido el Consejo General del Poder Judicial, y que es evidente en la calle. Por eso saludamos que esta reforma aborde cuestiones muy importantes como que el pleno del consejo asuma mayores competencias y la comisión permanente deje de ser un órgano ómnibus con vis tractiva competencial sobre los demás. También es de alabar que todos los vocales, sin distinción, tengan dedicación exclusiva y roten al menos un año por la comisión permanente, o que la memoria judicial incluya datos que aporten transparencia a la actuación y gastos del presidente y vocales. Igualmente que se informe sobre el uso de las lenguas cooficiales en la Justicia.

En suma, se han dado, como digo, unos pasos tímidos para que vayamos teniendo un Poder Judicial más transparente, más democrático en su funcionamiento interno y externo y más arraigado en la pluralidad territorial. Se ha conseguido un poco, se debería hacer más; pero en cualquier caso, como digo, este avance lo vamos a apoyar y Compromís votará a favor del dictamen.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bataller.

Tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.


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El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Yo en este debate, señorías, necesariamente he de empezar recordando a Oriol Junqueras y a Joaqin Forn. Esta semana va a hacer un año que están injustamente encarcelados (aplausos), y en un debate sobre el Consejo General del Poder Judicial no podíamos obviar esa realidad. Es una injusticia que se proyecta en la sociedad catalana con la convicción de muchos ciudadanos de que en este asunto no hay justicia, sino que hay venganza. Aquello que se necesita para recuperar la confianza de muchos ciudadanos en el sistema judicial español es que este proceso absurdo, que seguramente va a volver a ser noticia esta semana, con la presentación de los escritos de la Fiscalía y de la Abogacía General del Estado, termine en la absolución de las personas hoy imputadas. Deseamos, además, que esa prisión provisional que se está prolongando de una manera absolutamente inadmisible termine de una vez y, que el conjunto de los presos políticos, puedan entrar por su pie a ese ignominioso juicio que está en marcha.

Hechas estas consideraciones, señorías, en primer lugar, y en relación con este proyecto de ley, hemos de decir que no deja de ser sorprendente que un proyecto de ley inicialmente pensado para compensar a los miembros del Poder Judicial en materia de permisos, se convierta en una reforma sustancial del Consejo General del Poder Judicial; además, en la medida en que nuestra ponente en este proyecto de ley, la señora Ciuró, no ha tenido una participación, digamos, informada de otros grupos, nos lleva de manera prudente a abstenernos en este trámite. Nos sentimos muy poco partícipes de las reformas que se adoptan, con independencia de que podamos compartir alguna de las mismas. Pero sí que queremos constatar que si hace unos segundos les hablaba del desprestigio que en Cataluña tiene el Poder Judicial, hemos de recordar también en esta semana, en estos días, que lo que se ha vivido en el Tribunal Supremo en relación con la sentencia ya firme y que va ser objeto de revisión, tampoco invita a la confianza de la ciudadanía en el buen funcionamiento de la justicia. Por tanto, señorías, al margen del debate parlamentario que hoy tengamos y que, ojalá, las reformas que hoy se ponen en marcha sean útiles, lo que es muy evidente es que un Estado de derecho necesita para funcionar la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento de ese Estado de derecho, y hoy eso no existe.

Ojalá que esta reforma sea útil y ojalá que la reforma en ciernes o la renovación en ciernes del Consejo General del Poder Judicial sirva para corregir lo que, sin lugar a dudas, en los últimos años ha sido una historia de horror.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Campuzano.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.

La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.

Bona tarda, diputades i diputats. En primer lugar, quiero recordar que este viernes, día 2 noviembre, Oriol Junqueras y Joaquim Forn, amigos y compañeros, cumplirán un año de encarcelamiento injusto. (Aplausos). ¡Llibertat presos polítics!

Estamos aquí porque todos hemos aprovechado una proposición de ley que inicialmente estaba orientada a la reforma de permisos y licencias de los jueces y fiscales para modificar aquellos aspectos más urgentes y de extrema necesidad de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Aprovechamos todos esta situación porque nuestro grupo cree necesarias una serie de reformas que democraticen los órganos judiciales, en especial el Consejo General del Poder Judicial. También, porque era urgente dar cumplimiento a los requerimientos del informe Greco y dotar al sistema judicial de más independencia y transparencia pero, aun así, nos queda mucho camino por recorrer. Es cierto que muchas de nuestras enmiendas ha sido admitidas y transaccionadas, pero las principales enmiendas que mantenemos vivas, las relativas al cambio de modelo en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, fueron rechazadas por los principales grupos de esta Cámara. Presentamos estas enmiendas porque consideramos que es urgente y de extrema necesidad cambiar este sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial, que en la actualidad es bipartidista, y pase a ser un modelo plural, más transparente y donde los miembros del consejo sean el reflejo plural de la sociedad, pero también con mayor urgencia por el descrédito que el Tribunal Supremo y las altas instancias judiciales están teniendo últimamente entre la ciudadanía y las instituciones.

Entiendo que hace falta valentía y romper acuerdos y pactos internos con determinadas personas por los favores personales, pero la sociedad lo pide a gritos cuando cada vez está más en desacuerdo con las orientaciones que tienen determinadas sentencias en determinados casos de gran impacto y trascendencia social. (Rumores). El modelo que proponemos podría ser como cualquier otro, por eso estamos abiertas


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a hablar de otro modelo, de dialogar y llegar a un acuerdo en cuanto a cuál debe de ser el modelo más óptimo y que nos satisfaga a todos, pero ni un grupo de la Cámara se acercó para comentar estas enmiendas.

La segunda de nuestras enmiendas que mantenemos vivas son las relacionadas al Consell de Justícia de Catalunya, un órgano que está previsto en nuestro Estatut d'Autonomia de Catalunya en los artículos 97 y siguientes. El Consell de Justícia de Catalunya es un órgano desconcentrado del Consejo General del Poder Judicial, reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, que dotábamos de funciones en virtud de nuestras competencias en materia de justicia, pero que la mayoría de sus funciones han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional. Claro ejemplo de la centralización y el recorte cada vez mayor de competencias a las comunidades autónomas, y en especial a Cataluña. El Tribunal Constitucional lo tumbó como muchos otros temas, por ejemplo, las veguerías. Pero lo tumbó, no por inconstitucional, sino porque consideró que el Estatut d'Autonomia de Catalunya no era el mecanismo. (Continúan los rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Un momento, señora Telechea.

Señorías, mientras la señora Telechea se dirigía a la tribuna, todo el mundo estaba en silencio. Cuando ella ha empezado a hablar, a intervenir desde la tribuna porque para eso es su turno, todo el mundo ha empezado a hablar también. Yo les pediría, por favor, un poquito de silencio porque la veo que mira a un lado y a otro porque no creo que se pueda concentrar en lo que está diciendo, y creo que estamos aquí para escuchar lo que ella está diciendo porque es quien está en el uso de la palabra.

Muchas gracias.

Continúe.

La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.

Por lo tanto, ahora tenemos la oportunidad -teníamos la oportunidad- de rectificar mediante la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de devolver las competencias a Cataluña en la regulación del Consell de Justícia de Catalunya. Por eso las mantenemos vivas, porque creemos en ese modelo de los beneficios que puede aportar a la transparencia del sistema judicial.

A pesar de todo ello, nuestro grupo se va a abstener en la votación de hoy, aunque tal vez se merecería un voto negativo porque, a pesar de que se transaccionaran algunas enmiendas ni tan siquiera se dirigieron a nuestro grupo para hablar o poner sobre la mesa los dos asuntos más importantes que traíamos y que defendemos ahora. Esta reforma del sistema de nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y el Consell de Justícia de Catalunya. Pero, por responsabilidad, Esquerra se va a abstener. Agradezco personalmente el esfuerzo, pero para nosotros no es suficiente. Se queda corto, falta audacia y sobre todo voluntad de entendimiento con Cataluña.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Telechea.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Prendes Prendes.

El señor PRENDES PRENDES: Señora presidenta, señorías, quizá les interese saber a los ciudadanos, y seguramente a muchos de ustedes, el conocer que esta mañana, con diurnidad y alevosía se ha alterado el orden del día de este Pleno para introducir esta proposición de ley en este debate. Y es que esta ley, que ha tenido muchos nombres desde que comenzara a tramitarse yo quisiera calificarla, y permítanme la licencia cinematográfica, señorías, con un nombre más apropiado. A mi modo de ver, esta es una ley MacGuffin. Como sabrán, un MacGuffin es un truco narrativo que se usa en el cine, es una excusa, un señuelo que en realidad carece de importancia pero que permite a los personajes principales que avancen en el desarrollo de la trama. Hitchcock es considerado como el rey del MacGuffin. Pero tal vez a partir del día de hoy convendría revisar tal honor a la luz de la maestría para el señuelo exhibida durante la tramitación de esta proposición de ley por el Partido Socialista, el Partido Popular, Podemos y el PNV.

Hablemos claramente, señorías: esta ley es un señuelo gigante, un señuelo que oculta su verdadera intención. Esta ley se nos dijo que serviría para que los jueces recuperasen ciertos permisos y licencias pero en realidad es una excusa que sirve a PSOE, PP, Podemos, PNV y otros para repartirse una vez más el pastel político de la renovación del Poder Judicial. (Aplausos).

Señorías del PSOE, señorías del PP, llevan ustedes muchos años intercambiándose los cromos del Consejo General del Poder Judicial y ahora, con esta ley, han preparado el bautismo de Podemos para


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que se incorpore al chanchullo de la politización de la justicia. Cuando empezó a tramitarse esta ley, que se llamaba Ley de reforma parcial del régimen de permisos y licencias, constaba exclusivamente de la modificación parcial de dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Hoy, cuando llegamos aquí al punto final de su tramitación, resulta que se ha convertido en la modificación de más de cincuenta artículos de dicha ley, algunos de ellos de importante calado y trascendencia. Desde el año 1985 ha habido cincuenta y tres modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Nunca ninguna se ha hecho de esta manera, por este procedimiento y con este atropello democrático al procedimiento legislativo. Y claro que es una ley de calado; una ley de calado que hurta los informes preceptivos, que hurta la participación de los operadores jurídicos y un debate informado... (Continúan los rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Un momento. Por favor, les ruego que guardemos silencio. Nos quedan muy pocos minutos; por favor, guardemos silencio.

Gracias.

Continúe.

El señor PRENDES PRENDES: Hurta la participación de los operadores jurídicos, hurta el debate informado y transparente ante los profesionales de la justicia y sus representantes, y también ante el conjunto de los españoles. Señorías, que no se nos quiera vender esta ley con el señuelo de que se trata de adoptar las recomendaciones del grupo Greco de la Unión Europea, del Consejo de Europa. En absoluto, los magros avances que se consiguen en cuestiones como transparencia o puertas giratorias no pueden ocultar el verdadero objetivo de esta ley y, sobre todo, su principal efecto. Su principal efecto es blindar el nombramiento político y partidista de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ese es el principal efecto que se busca, esa es la principal reforma que nos había pedido el grupo Greco y esa es la principal reforma que con esta ley queda ocultada. (Aplausos).

Podríamos hablar de muchas cuestiones, del contenido. Realmente me gustaría tener un debate con tiempo y sosegado sobre el contenido de esta ley, pero tenemos cinco minutos. ¿Realmente ustedes creen que una reforma de más de cincuenta artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial se puede despachar en esta Cámara con cinco minutos de tiempo? ¿Y creen que eso no es un fraude al proceso legislativo? Sí lo es y ustedes lo saben. Sí lo es. (Aplausos).

Muchos de los cambios que se proponen tienen como objetivo recortar las facultades judiciales. Se introduce una mayor mediatización del Ejecutivo en la labor de los jueces y tribunales. Hay cosas curiosísima. La ministra de Justicia, por ejemplo, al inicio de la legislatura dijo que se paralizaba absolutamente el fracasado proceso de digitalización de la justicia. Muy bien, pues ustedes aquí en esta ley no solo lo paralizan, sino que pisan el acelerador. Ya no se van a poder transcribir ni interrogatorios ni declaraciones. Vayan y díganselo ustedes a los jueces de instrucción o a los fiscales. Dígales que no van a contar con una transcripción de las declaraciones en la fase de instrucción. Díganselo. (Aplausos). Y qué me dicen de ese concepto que introducen ustedes de centro de destino. El centro de destino, que será el municipio para todo el personal al servicio de la Administración de Justicia. Eso van a tener que explicárselo también a los sindicatos de la Administración de Justicia; pueden empezar mañana ante las concentraciones convocadas frente al Ministerio de Justicia para protestar por este verdadero atropello a sus condiciones de trabajo que se ha hecho hurtándoles la necesaria negociación.

Podríamos hablar de muchas cosas más, pero voy a ponerles un ejemplo de las bombas de relojería que se contienen en este proyecto y que ustedes, señores del Partido Popular y señores del Partido Socialista, han aceptado. Esta mañana en la Mesa rechazamos una propuesta de Podemos de que compareciese el señor Lesmes en esta Cámara para dar explicaciones por un procedimiento jurisdiccional en curso. Olvídense, es la última vez que vamos a poder rechazar esa iniciativa. Ustedes han introducido una modificación en esta ley que va a permitir que esta Cámara convoque no al presidente del Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Supremo, sino a cualquier vocal del Consejo General del Poder Judicial para pedirle explicaciones en esta Cámara. ¿Saben cómo se llama eso? Intromisión de un poder en otro poder (aplausos); no entienden nada, no saben lo que significa la independencia del Poder Judicial. En absoluto, no lo saben; lo desconocen absolutamente. Ustedes lo desconocen. Desde luego, los señores de Podemos han conseguido algunas victorias: esa propuesta de que los jueces tenían que mostrar su adhesión inquebrantable al programa del Gobierno del cambio. Bueno, poco a poco van avanzando, van consiguiendo avances en esa dirección. Lo que me extraña es que los señores del Partido Popular y los señores del Partido Socialista comulguen con esta cuestión.


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En todo caso, señorías, nosotros vamos a votar en contra. Vamos a votar en contra porque, como les decía, esta ley MacGuffin es una bomba de relojería que vulnera los procedimientos democráticos, el respeto a la separación de poderes y la independencia judicial. Ningún pastel puede ser tan goloso como para saltarse los procedimientos democráticos, señorías. La democracia se define precisamente por el respeto a los procedimientos y su ley MacGuffin es una artimaña, una excusa que les permitirá continuar repartiéndose el Consejo General del Poder Judicial, incorporando además ahora también a los populistas de Podemos o a algún independentista que pasaba por allí, seguramente.

Señorías, todo esto ¿a cambio de qué?, ¿cuál es el precio a pagar? Explíquenlo, tendrán que explicarlo ustedes, señores del Partido Popular y señores de Partido Socialista. Tendrán que explicar qué hay detrás de esta atropellada tramitación. En todo caso, lo que sí les puedo asegurar es que ciudadanos seguirá defendiendo lo que ha sido santo y seña de su actuación: la independencia del Poder Judicial, la renovación del modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial, para, esta vez sí, atender las recomendaciones del grupo Greco del Consejo de Europa y para evitar la politización de la justicia y el mangoneo de la justicia que ustedes llevan practicando desde hace tantos años.

No lo duden, votaremos en contra. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Prendes Prendes.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro Almaraz.

La señora MORO ALMARAZ: Señora presidenta, señorías, buenas tardes. Muchas gracias.

Sometemos a la consideración del Pleno un dictamen aprobado en la Comisión de Justicia por 31 votos a favor, 2 abstenciones y 3 votos en contra, que modifica distintos aspectos de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con un trabajo parlamentario serio por parte de algunos grupos, cerramos con amplio consenso un capítulo que se abrió con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular el pasado octubre de 2017. Hace un año, señorías. El resultado final responde al trabajo parlamentario plural de aquellos grupos preocupados por aprovechar oportunidades para avanzar en la mejora y actualización de la Ley Orgánica del Poder Judicial, además de permitir la recuperación de derechos que ya se había producido en el resto de las administraciones públicas y que aquí debía hacerse a través de una reforma de la ley orgánica. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).

En este año, como tuve ocasión de decir en la Comisión de Justicia, hemos tenido que superar vicisitudes múltiples, como la voladura de un trabajo parlamentario en la subcomisión por quien ahora ha dicho una serie de cosas de las que supongo que tendrá que responder, porque no vale decir cualquier cosa en esta Cámara. Sin embargo, nosotros nos hemos querido olvidar de esas actitudes y valoramos algo que se cita mucho pero en lo que no se cree, aunque nosotros estamos demostrando que sabemos hacerlo y que es posible: el trabajo paciente y el acuerdo parlamentario, anteponiendo lo fundamental a lo accesorio, lo que une frente a lo que divide, la voluntad de avanzar frente a la resistencia al cambio; en definitiva, el objetivo al que tenemos que contribuir desde el Parlamento, que es mejorar en este caso la justicia.

La conjunción de fuerzas que se dan en esta reforma supone esa senda que nosotros consideramos correcta para avanzar especialmente en la modificación del órgano de gobierno de los jueces ahormándolo a aquella posición en la que mejor se encuentre. Pero, señores de Ciudadanos, con el discurso que hizo el señor Prendes en la Comisión, con el que ha hecho hoy en la Cámara y con el que ha hecho ante los medios de comunicación, confundiendo a todos, realmente no avanzamos. Ustedes por lo que optaron legítimamente, aunque tiene consecuencias, es por no sentarse, por no acordar nada en materia de justicia si no hacían lo que ustedes querían y solo aquello que ustedes querían. Por tanto, ustedes se están comportando como un niño con la pataleta cuando no le dan una golosina que quiere. Eso es lo que hacen. (Aplausos). Hoy lo han hecho una y otra vez, y usted ha puesto la guinda en su intervención gloriosa en esta Cámara. Nada de lo que ha dicho es verdad. Ustedes vienen manifestando una y otra vez con su actitud que son los únicos que pueden presentar iniciativas saltándose todas las normas y todos los actos, que son los únicos que pueden presentar informes en las subcomisiones y que pueden presentar enmiendas, pero no el PP. Esto, señorías, no es admisible.

Ha habido luz y taquígrafas, luz completa sobre el trabajo, menos ágil de lo que hubiéramos querido, es verdad, pero siempre en los términos comprometidos en la Mesa de Justicia, con tantas reuniones individuales y colectivas como fueran necesarias para afrontar una ponencia con un texto con el mayor consenso y llevarlo así a las ponencias y a la Comisión. Les recuerdo que estamos ante una ley orgánica.


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Señorías, señores de Ciudadanos, dicen que los de Justicia somos aburridos, pero somos serios. Tenemos palabra, el Grupo Popular también es serio y tiene palabra. (Aplausos). Lo único cierto es que ustedes han querido colaborar y no quieren votar aquello que anuncian en sus discursos. ¡Un poco de coherencia! Quieren tapar sus fallos, como el de presupuestos de hoy, quieren tapar su incompetencia y quieren confundir y enfangar.

Nosotros queremos un trabajo por la mejor justicia, es lo que hemos hecho en esta reforma, en esos tres bloques que hemos abordado. Incorporamos demandas profesionales, disposiciones de adaptación rápida y compensación a los que han sufrido por un tiempo imprevisto en la ley. Sí, señorías, incorporamos lo que nos pide el Informe Greco, mejores niveles de percepción e independencia judicial, criterios más objetivos de selección, informes más motivados y limitación de mandatos. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!

La señora MORO ALMARAZ: Y tenemos una pena y es que no se incorpore la figura del magistrado autonómico, la supresión del llamado magistrado autonómico. Por eso mantenemos tres enmiendas para las que pido la atención de sus señorías, porque en la enmienda sobre el magistrado autonómico se propone a personas que van a ejercer jurisdicción y creemos que, además de todo lo que incorporamos, que es mucho e importante, debería tenerse en consideración.

También modificamos el consejo, pero no en eso que ha dicho el señor Prendes, no; lo modificamos con prudencia, con compromiso y con ecuanimidad. Dejamos claro que los vocales pueden ser ya vocales en exclusiva, las competencias del pleno y papel de la comisión permanente. Queremos una mejor cercanía del consejo con esta Cámara, pero no vamos a ejercer ningún control. Está medido, muy medido, solo hay que leer la reforma.

Tengo que terminar, señora presidenta, agradeciendo el trabajo de mucha gente y lo voy a representar en mis compañeros ponentes Lola Alba y Carmen Dueñas, en los portavoces y en los ponentes de los otros grupos parlamentarios, especialmente aquellos que le han echado horas, que le han echado valentía y que no han mirado de dónde venían las enmiendas. Nosotros tampoco lo hemos hecho y eso es lo que hay que hacer en esta Cámara. Quiero agradecérselo a las letradas y a todo el personal de la Cámara porque hemos trabajado, cuando ha habido que hacerlo, fuerte y de manera intensa, nunca oculta, nunca en fraude de ley y siempre en beneficio de la justicia. No hemos terminado y la tarea sigue. Esta es una norma que ha salido del Parlamento, del trabajo de los grupos parlamentarios, con el máximo consenso, y ustedes ahora se arrepienten porque, señores de Ciudadanos, ustedes tenían que estar en esta reforma.

Gracias a todos los demás. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. (Rumores).

Les ruego silencio, señorías. (Continúan los rumores). Señorías, no lo repetiré más, les ruego silencio.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.

Intervengo de manera breve. Debatimos una modificación parcial de la Ley Orgánica del Poder Judicial que ha contado en ponencia y Comisión con un amplio consenso, como ya han expuesto los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y del que es buena muestra el número de enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios y las que se mantienen, que son muy escasas.

Este consenso se fraguó en los tres ámbitos sobre los que se proyecta la reforma. El primero y originario, sobre licencias y permisos. Se trataba de recuperar los beneficios sociales que con ocasión de la crisis les fueron suprimidos a los jueces, magistrados y fiscales, al igual que ya se ha hecho con el resto de la Función pública, en aspectos como el periodo de vacaciones anuales, los permisos para asuntos particulares, los días adicionales por razón de antigüedad y el permiso de paternidad, equiparando el contenido al del Estatuto Básico del Empleado Público, así como una importante cláusula espejo que consiste en que todo lo relativo a la conciliación de la vida familiar y laboral para el ámbito de las administraciones públicas se trasladará a la Administración de Justicia de manera automática. Un segundo ámbito que ya se ha explicitado es la reforma, también parcial, del Consejo General del Poder Judicial con


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una vuelta a un diseño del órgano de gobierno del Poder Judicial que responda más fielmente a la naturaleza colegiada del mismo, suprimiendo la doble naturaleza de sus vocales, implantando la dedicación exclusiva y volviendo a erigir el órgano plenario a su posición original y preeminente respecto a las competencias del consejo, tal y como puede colegirse del artículo 122 de la Constitución.

Otra serie de cuestiones también se abordan en el proyecto y constituirían el tercer bloque, relativas a las mejoras en la gestión de la Administración de Justicia respecto a la planificación y ordenación en materia de recursos humanos para responder más eficazmente a las necesidades de la propia Administración de Justicia, entre las que destacaríamos la creación de las secciones judiciales de instancia (rumores), el establecimiento y el criterio del mérito y capacidad...

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

El señor LEGARDA URIARTE: ... en los concursos para la provisión de destinos, ascenso y promociones. Y respecto a los cargos judiciales, la limitación de mandatos, la obligación de declaración de bienes y la convocatoria abierta y con criterios claros para el procedimiento de nombramiento. Asimismo, el desarrollo de aspectos relativos al uso de medios electrónicos, informáticos, telemáticos, implantación definitiva de la NOF y un largo etcétera en materia de recursos humanos. En fin, una serie de medidas cuya aprobación urge antes de fin de año para que tengan plena vigencia en el ejercicio y disfrute de esos beneficios sociales que, en caso contrario, correrían el riesgo de perderse, y también para que sea de aplicación una renovación del Consejo General del Poder Judicial que actualmente se encuentra en curso.

Por último, y como ha hecho la portavoz que me ha precedido, no quiero finalizar sin agradecer el trabajo de las letradas de la Comisión y del resto de los servicios técnicos.

Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz. (Rumores).

Señorías, les ruego silencio, les ruego que ocupen sus escaños y les ruego que terminemos el Pleno de una manera razonable.

El señor SANTOS ITOIZ: Arratsalde on. Buenas tardes.

Confieso que cuando preparaba un poco este discurso me acordaba de un cuento de Bolaño que se llama El policía de las ratas. Se trata de una historia de detectives donde una rata investiga la muerte de otra rata y en el cual está prohibido pensar que las ratas matan ratas, y esto es un hándicap. Hay un momento en que, ante la desoladora visión del ser humano que presenta este cuento, el personaje principal, dramatizando, dice: ¿en qué momento empezó a ser demasiado tarde? Claro, cuando uno piensa en la justicia y en el Consejo General del Poder Judicial, vienen a la mente estas palabras: ¿en qué momento empezó a ser demasiado a tarde? ¿Empezó a ser demasiado tarde cuando el órgano constitucional dijo cómo tenía que ser el Consejo General del Poder Judicial? ¿Empezó a ser demasiado tarde cuando en el año 1985 se aprobó el sistema de designación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial? ¿Empezó a ser demasiado tarde cuando el bipartidismo se puso a organizar un sistema de designación del consejo que venía más a cuento de intereses de correa de transmisión de algunos partidos, de algunas asociaciones, que del interés general? ¿Empezó a ser demasiado tarde con los fines de semana caribeños? ¿Empezó a ser demasiado tarde cuando el ministro Gallardón nos impuso una ley, la 4/2003, que al final ha acabado generando que ni siquiera sean ya los jueces correa de transmisión de nada sino que el consejo actúe por criterios pura y simplemente personales en una red clientelar? ¿Entonces empezó a ser demasiado tarde?

Son preguntas que legítimamente podemos plantear en esta sala y que posiblemente no tengan respuesta, porque cada uno de nosotros y cada una de nosotras seguramente tendrá una visión de lo que ha sucedido. Pero esto compone un relato bastante adecuado de lo que ha ido pasando en el Consejo General del Poder Judicial, que ha acabado en un relato absolutamente presidencialista, de manejo personalista, un manejo en el ámbito de los nombramientos de los altos cargos judiciales absolutamente opacos, sin mérito ni capacidad ninguna. ¿Y qué hacemos frente a eso? ¿Qué hacemos cuando tenemos la oportunidad de cambiar la Ley Orgánica del Poder Judicial?


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Por supuesto que no es la ley que nos hubiera gustado, no es la ley que soñamos. Es la ley con la que ponemos pie en pared. Es la ley en la que nos dimos cuenta que era demasiado tarde y que, a partir de aquí, había que avanzar. Es la ley en la cual buscamos el consenso básico, que es decir: ya que no tenemos que cambiar la Constitución mañana, vamos a cambiar las reglas y formas de funcionamiento. Porque teníamos otra opción, señor Prendes, teníamos la opción de únicamente prepararnos este discurso y hacer en cinco minutos el trabajo de todos los demás hemos hecho en horas y horas de ponencia y teníamos la opción de utilizar esta tribuna como un diván donde plantear sencillamente nuestras frustraciones o exhibir impúdicamente la incapacidad absoluta de llegar a acuerdos con el resto de grupos, lo que denota en sí mismo una falta de criterio en lo que es la Administración de Justicia. Porque ustedes no tienen criterio. Si lo hubieran tenido y nos lo hubieran dicho nos lo hubieran aportado aquí y ahora podría contestarle a algunas cosas. Pero es que no lo tienen, y ese es su gran problema y por eso están fuera de este consenso y de este planteamiento. (Aplausos).

En definitiva, ya era demasiado tarde cuando reprobamos al ministro señor ministro Catalá por sus injerencias en la justicia. Ya era demasiado tarde cuando nos salimos de aquel pacto que servía para cambiarlo todo para que todo siguiera igual. Ya era demasiado tarde cuando pedimos la derogación de la Ley 4/2013. Efectivamente. Pero es que ahora lo que hacemos es dar un paso. Por lo menos cambiamos el sistema en el que va a funcionar este consejo, con veinte vocales en exclusiva. Esto va a evitar el palo y la zanahoria; va a evitar elegir tú sí, tú no; va a evitar que los nombramientos se produzcan por ese consenso del que alardea el presidente actual del Consejo General del Poder Judicial y que no encubre más que su dedo directamente; vamos a incorporar, de una vez por todas, la paridad, para tratar de que no se reproduzcan esas fotos de togas negras de señores, en una carrera judicial con una mayoría de mujeres; vamos a incorporar medidas anticorrupción y transparencia; vamos a incorporar de una forma sistemática que todas las situaciones laborales que en la Administración General del Estado vayan en beneficio de las personas que son funcionarias se incorporen automáticamente y de forma sencilla a la Administración de Justicia.

Ganamos en maniobrabilidad; ganamos en transparencia; incorporamos el informe Greco; ganamos en derechos laborales. Eso es poner pie en pared. Eso es buscar un consenso. Eso es empezar a trabajar. Si ustedes quieren hacerlo, están invitados.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo Moreno.

El señor CAMPO MORENO: Gracias, señora presidenta.

Señorías, sabemos de lo que hablamos; estamos hablando de la aprobación o no del dictamen que la Comisión de Justicia aprobó hace una semana. Me gustaría hacer dos reflexiones que creo que nos pueden ayudar a comprender mejor el objeto y los límites de este dictamen, y después también entender la intervención del señor Prendes.

En primer lugar, es verdad que la justicia no encuentra ese tono justo para abordar las grandes reformas de modernización, reformas normativas, organizativas y tecnológicas, y vive envuelta en ese mito de Sísifo, de acuerdo. Pero podemos verlo: Ley Orgánica del Poder Judicial, que es la que ahora retocamos; la de 1870, que fue provisional y duró más de un siglo; la de ahora, señor Prendes, 54 años, no 53, y no cuento las dos que están a punto de ir al Senado para su nueva modificación. Esa es la realidad. Igual que es una realidad cuando pensamos en las reformas y pensamos, conforme a la segunda acepción del diccionario de la lengua, que es la modificación de algo para que mejore. No siempre es así. Quizá el Partido Popular nos tiene acostumbrados también a volver la vista atrás para ver la senda que nunca debimos dejar. Por eso jugamos tanto a las contrarreformas, de acuerdo. Y en esos términos es en los que se puede entender esta modificación que ahora se presenta.

Es cierto que nace con un ámbito muy concreto. En octubre de 2017 vimos aquí la toma en consideración de una modificación de ley orgánica para hablar de las licencias, permisos y vacaciones del sector justicia, jueces y todos los demás; correcto. Pero han pasado muchas cosas desde aquel octubre de 2017, en un año ha cambiado el Gobierno. Ha habido una gran pasividad en materia de justicia, señor Prendes, y algo habrán tenido que ver ustedes. Usted invocaba juegos de magia y me recordaba cuando hablaba a un gran mago, al Gran Houdini, porque cada vez que le llamábamos se escapaba, no había manera de localizarle. Se ríe porque sabe que es verdad, sabe que es verdad. (Aplausos). Abordan así las comisiones


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y las ponencias, las múltiples reuniones, siempre: el Gran Houdini. Por eso le digo que me ha gustado su ejemplo de la magia.

¿Qué ha pasado? Que teníamos el reto. Cuidado, el Grupo Parlamentario Socialista presentó seis enmiendas, no más, seis, porque éramos conscientes del gran error del ministro Gallardón cuando quitó esta licencia de permisos y vacaciones diciendo que lastraba la salida de la crisis. Hoy nos hemos dado cuenta -el Partido Popular lo ha hecho- de que aquello no fue bueno y había que recuperar esos derechos. Pero ¿debemos dejar la posibilidad, con ese vacío normativo que tenemos, de no retocar algo la Administración de Justicia y mejorarla? Y ese fue el reto que aceptamos. Por eso, la ley, de tener un solo bloque monolítico, licencias, permisos y vacaciones, es decir, los seis permisos de tres días, las vacaciones de 22 días acumulables con años de antigüedad en Función pública o los permisos de maternidad, posparto, guarda con fines de adopción o acogimiento, pasó a tener dos bloques más, uno del Poder Judicial, porque se entendió -y así lo entendió el propio partido que lo propició- que la organización y funcionamiento del consejo no había dado los fines deseados. No entramos en otras disquisiciones. No tocamos las formas de elección, ni siquiera la debatimos, pero sí entendimos que era necesario articular ese mecanismo que nos permitiera hablar de una organización mejor para el Poder Judicial, porque es para quién trabaja el consejo. Así, pensamos que era mejor que los veinte vocales tuvieran dedicación exclusiva; pensamos que era mejor articular normativamente la paridad de hombres y mujeres; era necesario articular los mejores mecanismos para la selección y reconocimiento del mérito y la capacidad; era necesario regular nuevamente las competencias del Pleno, y era necesario nuevamente regular las competencias de la comisión permanente.

Después se abría un bloque complejo, extraño, donde realmente había muchas cuestiones, unas de tipo organizativo y otras relativas a mejoras. Así, se ha tocado la posibilidad de que el consejo designe unos órganos superando el partido judicial para que se preocupen de unas materias siempre del mismo orden jurisdiccional, artículo 98; se han establecido mecanismos de limitación de mandato; se ha establecido el mecanismo de la declaración de bienes de autoridades judiciales -presidentes, vocales del consejo, secretario general y las altas magistraturas-; se han establecido mecanismos de mejora, por ejemplo, los JAD, los jueces de adscripción territorial. Son cuestiones puramente técnicas. ¿Qué susto le da eso, señor Prendes? ¿Qué le ocurre a Ciudadanos con las mejoras técnicas? ¿Tampoco las aprecia? ¿Qué le ocurre con la mejora de la estadística judicial? ¿Qué le ocurre con las mejoras relativas a toda la organización judicial?

Por otra parte, ha hecho una referencia, que no me suscribo, relativa a los centros de destino. Invoca la cuestión, pero siempre tirando hacia el Gran Houdini, contando solo la mitad. Claro que éramos conscientes todos los grupos proponentes de que había una limitación y un problema, y es que no se había negociado con las centrales sindicales, pero todos hemos sido respetuosos con eso, se les ha explicado y por eso se ha incluido. Señorías, la reforma tiene un artículo único con 51 apartados que se tocan y unas amplias disposiciones adicionales, transitorias y finales. Por eso, se dice: No entrará en vigor mientras no se apruebe el reglamento pactado con las centrales sindicales. Luego, no hay ningún temor, porque si las centrales no quieren no se negociará el reglamento y, por tanto, no existirá ese cambio que usted ve como un cataclismo.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:

- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CUATRO MESES DEL PLAZO DE QUE DISPONE LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA REFORMA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS (RETA) PARA EMITIR SU INFORME. (Número de expediente 154/000007).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, al último punto del orden del día, relativo a la solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo de que dispone la subcomisión para el estudio de la reforma del régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA) para emitir su informe. Dicha solicitud la someteremos a votación al final de esta sesión. En tres minutos comenzarán las votaciones. (Pausa).


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):

- PROPOSICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE LIMITACIÓN DE LAS PRÓRROGAS DE PLAZOS DE ENMIENDAS A LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (Número de expediente 410/000008).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos con la toma en consideración de proposiciones de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. Proposición del Grupo Parlamentario Socialista, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados sobre la limitación de las prórrogas de plazos de enmiendas a las iniciativas legislativas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 2 votos telemáticos, 341; a favor, 176 más 2 votos telemáticos, 178; en contra, 163.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- PROPOSICIÓN DE LEY DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 29/1987, DE 18 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. (Número de expediente 122/000270).

La señora PRESIDENTA: Votamos la proposición de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos de modificación de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impuesto sobre sucesiones y donaciones.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 2 votos telemáticos, 341; a favor, 163; en contra, 175 más 2 votos telemáticos, 177; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: No se toma en consideración.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE MEDIDAS PARA FACILITAR LA COTIZACIÓN DE LOS AUTÓNOMOS. (Número de expediente 162/000825).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre medidas para facilitar la cotización de los autónomos. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Ciudadanos y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 175; abstenciones, 164.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONDENAR LA DICTADURA DE VENEZUELA, CONTRIBUIR A LA ESTABILIZACIÓN DE LA REGIÓN DE AMÉRICA LATINA Y APROBAR UN ESTATUTO DE PROTECCIÓN TEMPORAL PARA VENEZOLANOS EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000761).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular por la que se insta al Gobierno a condenar la dictadura de Venezuela, contribuir a la estabilización de la región de América Latina y aprobar un estatuto de protección temporal para venezolanos en España. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Ciudadanos y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 176; en contra, 74; abstenciones, 90.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y del Grupo Parlamentario Ciudadanos, puestos en pie, dirigiéndose hacia la tribuna pública).

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA SORLÍ), SOBRE LA NECESIDAD DE APLICAR LA GRATUIDAD DE LA AP-7 Y ASEGURAR LA CONSTRUCCIÓN DE LOS TRAMOS QUE GARANTICEN LA CONEXIÓN CON LOS PUEBLOS COLINDANTES. (Número de expediente 173/000115).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora, señorías, las mociones consecuencia de interpelaciones. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señora Sorlí), sobre la necesidad de aplicar la gratuidad de la AP-7 y asegurar la construcción de los tramos que garanticen la conexión con los pueblos colindantes. La vamos a votar en sus términos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 246; abstenciones, 94.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE EL DERECHO A LA MOVILIDAD Y EL TRANSPORTE PÚBLICO, POR EL DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE UNA RED DE FERROCARRIL PÚBLICO, ECOLÓGICO, SOCIAL Y DE CALIDAD PARA UNA MEJOR COMPETITIVIDAD, VERTEBRACIÓN Y COHESIÓN SOCIAL EN NUESTRO PAÍS, Y EN PARTICULAR, PARA CONOCER LA ORIENTACIÓN QUE PRETENDE DARLE EL GOBIERNO AL SECTOR PÚBLICO FERROVIARIO EN EL MARCO DE LOS CAMBIOS REGULATORIOS Y DEL AVANCE DE LA LOGÍSTICA Y EL TRANSPORTE COMO ÁREAS ESTRATÉGICAS DE LA ECONOMÍA. (Número de expediente 173/000116).

La señora PRESIDENTA: Vamos a votar ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el derecho a la movilidad y el transporte público, por el desarrollo y sostenibilidad de una red de ferrocarril público, ecológico, social y de calidad para una mejor competitividad, vertebración y cohesión social en nuestro país, y en particular para conocer la orientación que pretende darle el Gobierno al sector público ferroviario en el marco de los cambios regulatorios y del avance de la logística y el transporte como áreas estratégicas de la economía. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 340; a favor, 203; en contra, 132; abstenciones, 5.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN POLÍTICA MIGRATORIA. (Número de expediente 173/000117).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la actuación del Gobierno en política migratoria. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 172; en contra, 164; abstenciones, 4.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).


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SOLICITUD DE PRÓRROGA DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN. (VOTACIÓN):

- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CUATRO MESES DEL PLAZO PARA LA REALIZACIÓN DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN RELATIVA AL ACCIDENTE DEL VUELO JK 5022 DE SPANAIR. (Número de expediente 152/000005).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo para la realización del dictamen de la Comisión de Investigación relativa al accidente del vuelo JK 5022 de Spanair.

¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (ANTES DENOMINADA PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, DE REFORMA PARCIAL DEL RÉGIMEN DE PERMISOS Y LICENCIAS). (Número de expediente 122/000133).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora, señorías, la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (antes denominada proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias). Vamos a votar, en primer lugar, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Campuzano, y vamos a votar en bloque esas enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 21; en contra, 318; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que vamos a votar también en bloque.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 22; en contra, 316; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Votación en bloque de dichas enmiendas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 32; en contra, 305; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Vamos a votar ahora las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. Primero la enmienda 57.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 167; en contra, 172; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda 93.

Comienza la votación. (Pausa).


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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 166; en contra, 173; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda 96.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 134; en contra, 204; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Votación del dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 294; en contra, 32; abstenciones, 14.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen.

VOTACIÓN DE CONJUNTO:

La señora PRESIDENTA: Votación de conjunto de la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (antes denominada proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias), por tener la misma carácter de orgánica. Les recuerdo, señorías, que para la aprobación se requiere mayoría absoluta de los miembros de la Cámara.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado; votos emitidos, 340; a favor, 294; en contra, 32; abstenciones, 14.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN):

- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE CUATRO MESES DEL PLAZO DE QUE DISPONE LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DE LA REFORMA DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS (RETA) PARA EMITIR SU INFORME. (Número de expediente 154/000007).

La señora PRESIDENTA: Señorías, ahora pasamos a votar la solicitud de prórroga de cuatro meses del plazo de que dispone la subcomisión para el estudio de la reforma del Régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA) para emitir su informe. ¿Se puede entender aprobado por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobado. Muchas gracias.

Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.

CORRECCIÓN DE ERROR:

En el Diario de Sesiones número 160, correspondiente al Pleno celebrado el jueves 25 de octubre de 2018, en la página 43, título "VOTACIÓN DE CONJUNTO", en el resultado de la votación donde dice: "votos emitidos, 345; a favor, 343; abstenciones, 2", debe decir: "votos emitidos 345 más 2 votos telemáticos, 347; a favor, 343 más 2 votos telemáticos, 345; abstenciones, 2".

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