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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 16, de 22/11/2016
cve: DSCD-12-PL-16
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 16
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 15
celebrada el martes,
22 de noviembre de 2016


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)

Exclusión del orden del día ... (Página5)

- Propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial:

- Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, correspondientes al año 2014. (Número de expediente 245/000001).

- Propuestas de creación de subcomisiones:

- Propuesta de la Comisión de Cultura, de creación de una Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 48, de 11 de noviembre de 2016. (Número de expediente 158/000014).

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 37-1, de 23 de septiembre de 2016. (Número de expediente 122/000026) ... (Página5)

- Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 17-1, de 9 de septiembre de 2016. (Número de expediente 122/000007) ... (Página17)


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Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a alcanzar un gran pacto nacional para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones dentro del marco del Pacto de Toledo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 18, de 21 de septiembre de 2016. (Número de expediente 162/000137) ... (Página29)

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de un pacto social, político e institucional para la mejora, modernización, agilización e independencia de la Justicia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 11, de 12 de septiembre de 2016. (Número de expediente 162/000091) ... (Página37)

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:

- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con un señor Diputado. (Número de expediente 240/000001) ... (Página46)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página47)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página47)

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página48)

Corrección de error ... (Página48)

SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página5)

Los señores don Tomás Javier Fole Díaz y don Javier Calvente Gallego, así como la señora doña Celia Alberto Pérez adquieren la condición plena de diputados al prestar acatamiento a la Constitución.

Exclusión del orden del día ... (Página5)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día de los puntos referidos a las propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la Memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, correspondientes al año 2014, y a la propuesta de la Comisión de Cultura, de creación de una subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista, lo que se aprueba por asentimiento.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional ... (Página5)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Vidal Sáez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Matute García de Jalón y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Ramírez Freire, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora López Ares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años ... (Página17)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Rufián Romero, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, la señora Sorlí Fresquet y el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Prendes Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Bescansa Hernández, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Cámara Villar, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Escudero Berzal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Proposiciones no de ley ... (Página29)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a alcanzar un gran pacto nacional para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones dentro del marco del Pacto de Toledo ... (Página29)

Defiende la proposición no de ley la señora España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Candela Serna y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición la señora Oramas González-Moro y el señor Alli Martínez, del mismo grupo; el señor Yllanes Suaréz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la señora Perea i Conillas, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Del Campo Estaún, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas interviene la señora España Reina.

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de un pacto social, político e institucional para la mejora, modernización, agilización e independencia de la Justicia ... (Página37)

Defiende la proposición no de ley el señor Gómez Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; así como para fijación de posición el señor Bataller i Ruiz del mismo grupo, y el señor Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y los señores Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista, y Molinero Hoyos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo interviene el señor Gómez Balsera.

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados ... (Página46)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con un señor Diputado ... (Página46)

Se suspende la sesión con carácter público y comienza con carácter secreto.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página47)

Se reanuda la sesión con carácter público.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional, se aprueba por 173 votos a favor más 1 voto telemático, 174; 137 en contra y 30 abstenciones.

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de 16 años, se rechaza por 167 votos a favor más 1 voto telemático, 168, y 173 en contra.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página47)

Sometida a votación la enmienda transaccional firmada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Mixto, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a alcanzar un gran pacto nacional para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones dentro del marco del Pacto de Toledo, se aprueba por 267 votos a favor y 72 en contra.

Sometida a votación la proposición no de ley el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de un pacto social, político e institucional para la mejora, modernización, agilización e independencia de la Justicia, con la incorporación de la enmienda presentada por ese mismo grupo, se rechaza por 165 votos a favor, 169 en contra y 4 abstenciones.

Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados. (Votación) ... (Página48)

Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados acerca del suplicatorio formulado en relación con un señor Diputado ... (Página48)

Se suspende la sesión con carácter público y se reanuda con carácter secreto.

Se reanuda la sesión con carácter público.

Se suspende la sesión a las nueve y treinta minutos de la noche.


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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.

Con carácter previo al examen del orden del día, vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento. (Rumores).

Silencio, por favor.

En sustitución de doña Irene Garrido Valenzuela, pregunto a don Tomás Javier Fole Díaz si jura o promete acatar la Constitución.

El señor FOLE DÍAZ: Sí, juro.

La señora PRESIDENTA: En sustitución de don José Enrique Fernández de Moya Romero, pregunto a don Javier Calvente Gallego si jura o promete acatar la Constitución.

El señor CALVENTE GALLEGO: Sí, juro.

La señora PRESIDENTA: En sustitución de doña Matilde Pastora Asián González, pregunto a doña Celia Alberto Pérez si jura o promete acatar la Constitución.

La señora ALBERTO PÉREZ: Sí, juro.

La señora PRESIDENTA: Los señores don Tomás Javier Fole Díaz, don Javier Calvente Gallego y doña Celia Alberto Pérez han adquirido la condición plena de diputados. Enhorabuena, señorías. (Aplausos).

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN RELATIVAS A LAS MEMORIAS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL:

- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014. (Número de expediente 245/000001).

- PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES:

- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE CULTURA, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTATUTO DEL ARTISTA. (Número de expediente 158/000014).

La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión de los puntos 31 y 32, correspondientes a las propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los juzgados y tribunales de Justicia correspondientes al año 2014, y a la propuesta de la Comisión de Cultura de creación de una subcomisión para la elaboración de un estatuto del artista, respectivamente.

¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la exclusión de los puntos de referencia.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE FIJACIÓN DE LA CUANTÍA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (Número de expediente 122/000026).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos con el punto primero del orden del día: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Vidal Sáez.


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La señora VIDAL SÁEZ: Buenas tardes, señorías e ilustres invitados.

Hoy traemos una propuesta de reforma legislativa que, por encima de cualquier consideración, es necesaria y de sentido común. Hoy tomamos en consideración una proposición de ley sobre el salario mínimo interprofesional. ¿Qué es lo que pretende esta ley? Principalmente, tres cosas. En primer lugar, dignificación. Proponemos un incremento sustancial del salario mínimo con tal de que la cuantía sea suficiente para llevar un nivel de vida digno. En segundo lugar, garantías. La cuantía debe ser objeto de revalorización al comienzo de cada año como mínimo en función del IPC previsto y debe ser revisada a 1 de enero de cada año por si el IPC real supera el IPC previsto. En tercer lugar, concreción. Para el 1 de enero de 2018, 800 euros; para 2020, 950 euros, cumpliendo por fin con el mandato de la Carta Social Europea. ¿Por qué? Porque la importancia de establecer un suelo de las condiciones laborales no ha desaparecido, sino todo lo contrario, la desigualdad crece y la situación de pobreza y exclusión lo hace indispensable. La pobreza, señorías, no es un estado natural, no es una ley física o un fenómeno de la naturaleza, la pobreza tiene causas, y en España muchas de ellas tienen que ver con las reformas precarizadoras del Partido Popular, que han contado, eso sí, con la inestimable colaboración del artista antes conocido como Convergència i Unió. Las estadísticas y numerosos estudios demuestran la acumulación de rentas y riqueza en los percentiles más altos, la transferencia de renta desde abajo y el centro hacia arriba y el hundimiento de la renta media y mediana, es decir, la paulatina desaparición de la clase media y la expansión de la clase baja y la pobreza.

Últimamente se habla mucho de esta nueva y emergente categoría de trabajadores y trabajadoras pobres. Tener un puesto de trabajo ya no es sinónimo de estabilidad laboral y aún menos económica. El empleo que se está generando es de peor calidad que el que se está destruyendo, y eso es gracias a sus reformas laborales. Es tan precario que en España y en toda Europa se ha generalizado esta nueva categoría laboral y uno de cada diez empleados y empleadas son pobres por culpa de la temporalidad, la rotación o los bajos salarios. Según un estudio de Cáritas, publicado recientemente, un 14,8 % de los trabajadores son pobres y la cifra se dispara hasta un 44,8 % en el caso de las personas que están en situación de paro. Con o sin trabajo, las mujeres son quienes más están padeciendo los efectos de la pobreza. En todos los rangos laborales cobran menos que los hombres, aproximadamente unos cinco euros por hora. Una de las conclusiones a las que llegaba un reciente informe de la Generalitat de Catalunya pone los pelos de punta: se cree que prácticamente la mitad de las mujeres serían pobres si tuvieran que depender solo de sus ingresos. ¿Y por qué? Pues por culpa del trabajo a tiempo parcial, de la brecha salarial, de la subocupación, del desguace al que ustedes están sometiendo a los servicios públicos, que por supuesto va a costa de las mujeres de este país, o por el escaso valor que se da socialmente a los sectores mayoritariamente feminizados, es decir, por culpa de la cultura heteropatriarcal y de las reformas del Partido Popular. Hoy, para una mujer trabajadora el riesgo de caer en la pobreza sigue creciendo a pesar de la supuesta recuperación. La desigualdad no solo debe ser combatida por sus destructivas consecuencias en la vida de las personas, sino porque es un factor con una gran repercusión sobre el crecimiento y por su contribución al estancamiento. A más desigualdad, menores salarios, mayor descapitalización de los trabajadores, aumento del desempleo estructural y, cómo no, menos demanda.

En la lucha contra la desigualdad el salario mínimo tiene un papel fundamental: establecer la parte mínima de la riqueza que le corresponde precisamente a aquellos que han generado toda la riqueza. Pero me pregunto: ¿para qué sirve un salario mínimo si está por debajo del umbral de la pobreza? Díganme, ¿qué puede hacer una persona con 655,20 euros -teniendo en cuenta las cuantías, 20 céntimos son importantes- al mes? Por aquello de no caer en la manida comparación entre el salario mínimo y los sueldos de sus señorías, déjenme que les ponga un ejemplo práctico. Hoy, en Barcelona, es prácticamente imposible encontrar un alquiler por debajo de 700 euros; ni hablamos del carro de la compra o del transporte, porque ya de partida uno no puede llegar ni siquiera al alquiler. Mientras el precio del metro cuadrado ha subido un 287 % en los últimos veinte años, los salarios solo lo han hecho en un 51 %. Sé que para muchos de ustedes no lo es, pero lo cierto es que el salario mínimo es una referencia muy cercana para muchísimas personas; para miles de personas en nuestro país es su único sustento. Si en 2008 el volumen de trabajadores y trabajadoras que cobraban un sueldo inferior al salario mínimo era de un 8,8 %, en 2014 ya era cercano a un 14 %, más de cuatro puntos por encima. Hoy, más de 5,5 millones de trabajadores están cobrando un sueldo inferior al salario mínimo; más de 3,5 millones cobran sueldos que, como máximo, llegan a la mitad del salario mínimo y 2 millones tienen sueldos que se acercan al salario mínimo. A estos les podríamos recordar las palabras que hoy mismo pronunciaba la ministra en la Comisión del Pacto de Toledo, en la que nos decía que mejor un mal empleo que un no


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empleo. (Rumores). A eso parece que se reduce -supongo- la responsabilidad del Ejecutivo, a darnos a escoger entre Guatemala y guatepeor. Qué suerte la nuestra, ¿verdad? Los trabajadores hemos perdido un 11 % de poder adquisitivo durante los últimos años por la caída de los salarios y por la subida del IPC, y hay medidas que lo han favorecido. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señora Vidal.

No se escucha a la oradora. Por favor, ruego silencio. Las conversaciones que tienen entre ustedes, si quieren tenerlas, las tendrían que tener fuera, porque aquí estamos para escuchar al orador.

Adelante, señora Vidal.

La señora VIDAL SÁEZ: Gracias, señora presidenta.

Incentivar los convenios de empresa para evitar la protección del convenio sectorial ha provocado, por ejemplo, una caída brutal del salario de muchísimos trabajadores, trabajadoras sobre todo. Hoy por la mañana le he puesto este mismo ejemplo a la ministra. En el sector de comercio, la Audiencia Nacional ha anulado cuarenta y cuatro convenios de empresa creados para saltarse a la baja el convenio del sector, es decir, creados para pagar menos a sus trabajadores. Su reforma sirve para eso, para ejercer de condena para miles de trabajadores de este país. Pero en este cuento no todos los personajes corren la misma suerte. Según la última encuesta salarial, el salario anual de directores y gerentes fue un 130 % superior al salario medio. Mientras la clase media se hundía, el 1 % más rico ha visto como sus beneficios subían hasta un 40 %. Solo desde el cinismo se puede asegurar que los salarios no suben porque no hay dinero. Por cierto, ante la muerte de una mujer mayor la semana pasada en Reus por culpa de la pobreza energética, no puedo dejar de mencionar que el sector de la energía, con empresas como Gas Natural al frente, bate récords tanto en salario como en ganancias. Dinero, haberlo haylo, solo que a algunos les pierde la avaricia y les importan más los beneficios que la vida de las personas, pero volvamos al salario mínimo. Si bien en 2004, con el Gobierno de Zapatero, experimentó proporcionalmente una notable subida -todo hay que decirlo-, la evolución del salario mínimo es una triste historia de congelaciones y de subidas ridículas, que han permitido que año tras año se devaluara y perdiera cualquier rastro de poder adquisitivo. En nueve años ha subido 55,20 euros -55 euros en nueve años- y la última subida, la de este año, ha sido de 6,80 euros, que no da ni para un menú de mediodía. La cuantía que ha fijado este año el Ministerio de Empleo y Seguridad Social para el salario mínimo ha sido de un lamentable 0,5 % más respecto del año anterior. Esta es una decisión política y ustedes, el Gobierno del Partido Popular, han decidido un año más reírse de toda la clase trabajadora. Han decidido que el salario mínimo siga por debajo del umbral de la pobreza.

Salgamos de España y veamos cómo les va a otros países europeos. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que el salario mínimo en el Estado español es la mitad que el de Bélgica o que en el Reino Unido son 1.343 euros y 1.466 en Francia?, y eso sin llegar a los 1.922 de Luxemburgo. Lo cierto es que son numerosos los tratados internacionales que obligan a España a garantizar unos mínimos, en concreto el Convenio número 131, de la Organización Internacional de Trabajo. Este convenio obliga a España, en palabras del propio convenio, a asegurar protección a los trabajadores contra remuneraciones indebidamente bajas, y para ello los salarios mínimos tendrán fuerza de ley y no podrán reducirse, debiéndose establecer su cuantía en función no solo de parámetros de carácter económico de interés general, sino también teniendo en cuenta las necesidades de los trabajadores y de sus familias, habida cuenta del interés general de salarios en el país. Pero no se queda aquí. El Convenio 131 de la OIT obliga a que se regulen mecanismos adaptados a sus condiciones y necesidades nacionales, que hagan posible fijar y ajustar de tiempo en tiempo los salarios mínimos, y todo ello a través de consultas con las organizaciones sindicales y patronales y respetando, obviamente, la libertad de negociación colectiva. Sé que protección, mecanismos, interés general, negociación colectiva son palabras que a ustedes, al Grupo Popular, les resultan ajenas, pero sin duda para los organismos internacionales son importantes.

No está solo el Convenio 131; le sigue caballería: la Carta Social Europea, que es la norma más importante nacida del Consejo Europeo. Tiene que ver con un modelo europeo determinado, un modelo inclusivo, de derechos económicos, sociales y civiles. La Carta Social Europea constituye una pieza angular de la Europa social. Pues bien, en su artículo 4.2, sobre cómo garantizar el derecho a una remuneración equitativa, establece que las partes contratantes se comprometen a reconocer el derecho de los trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus familias un nivel de vida decoroso. El Comité Europeo de Derechos Sociales emitió el 23 de enero del año 2015 su informe anual sobre el cumplimiento por parte de España de la Carta Social Europea, y -no se lo van a creer-


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nos ponían rojos. El informe denunciaba graves incumplimientos en materia salarial, laboral, negociación colectiva y por supuesto libertad sindical. La resolución menciona siete incumplimientos de las obligaciones de España establecidas en dichas normas internacionales, además de reservarse su opinión en diversas materias sobre las que el Gobierno -parece ser- no les ha facilitado suficiente información para poder pronunciarse. El primero de los incumplimientos, como no podía ser de otro modo, menciona el salario mínimo interprofesional. El comité considera que el salario mínimo establecido por el Gobierno y la Ley de Presupuestos no asegura un nivel de vida decente; pero el concepto decente puede ser muy amplio, por lo que recuerda que, a fin de garantizar un nivel de vida decente, la remuneración debe estar por encima del umbral mínimo, fijado en el 60 % del salario medio neto. Estos tratados internacionales forman parte del ordenamiento interno y por eso exigimos su cumplimiento.

Pero no todos los antecedentes legales los encontramos en tratados internacionales. También podemos recurrir a la Constitución. El artículo 35 de la Constitución española, además de afirmar que todos los españoles tienen el deber y el derecho al trabajo, reconoce a los trabajadores el derecho a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia. ¿Les parece a ustedes que 655,20 euros son suficientes para satisfacer alguna necesidad? Si entendemos que el derecho al trabajo es algo fundamental y que este debe estar protegido y debidamente remunerado, hagámoslo posible. Esta ley lo hace y tiene un doble objetivo: establecer una cuantía del salario mínimo suficiente para garantizar las necesidades de los trabajadores y trabajadoras y dar cumplimiento por fin a los tratados internacionales, muy en concreto a la Carta Social Europea. Por eso, las cuantías que se establecen responden al 60 % del salario medio.

Esta es una ley realista por mucho que digan algunos. Es una ley realista, puesto que da un plazo para la adecuación del salario mínimo a lo largo de toda una legislatura. Pero sobre todo, como decía al principio de mi intervención, es una ley justa, necesaria y de sentido común, con un evidente impacto en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Hoy no debatimos el articulado concreto de la presente ley; para ello habrá tiempo suficiente y en nuestro grupo parlamentario estaremos encantados de debatir y llegar a acuerdos con todos ustedes. Hoy votamos que podamos discutir sobre un tema clave como el salario mínimo. Hagamos, pues, nuestro trabajo.

Termino simplemente con Ovidi Montllor. (Pronuncia palabras en catalán).

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta.

Como se ha señalado por la señora diputada Vidal Sáez, el artículo 35 de la Constitución hace referencia al derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer las necesidades personales y familiares de todo trabajador. También, entre otros textos, la adhesión de España a la Carta Social Europea nos aboca hacia el derecho a una remuneración justa, en la que se considera que el salario mínimo neto no debe ser inferior al 60 % del salario medio estatal. Estos objetivos no han podido alcanzarse nunca en España, pero conseguirlos pasa sin duda por el crecimiento económico y la lucha contra el paro con la paulatina creación de empleo. Esas son las únicas recetas conocidas para que los españoles alcancemos, entre otras necesidades, la suficiencia de un salario mínimo interprofesional gradual y paralelo a nuestro desarrollo económico.

Para fijar el salario mínimo interprofesional hay que tener en cuenta siempre diversas referencias como el IPC, la productividad, los tipos de cambio y el mercado internacional, entre otras que también se han citado. Para la adopción de medidas que tienen un efecto multiplicador en la economía, hay que considerar de forma muy especial un riesgo latente que sorprendentemente no aparece ni se menciona en la iniciativa del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Ese factor de riesgo para la economía en su conjunto se llama inflación. Ya empieza a ser costumbre que Unidos Podemos plantee asuntos que, de llevarse a término, tendrían como contrapartida el descontrol del gasto, lo que arrastraría -entre otros efectos- a una inflación muy dañina para la economía y el bolsillo de todos los españoles y sus familias.

Señorías, en pos del trabajo decente hay que combatir toda forma de tiranía laboral. En Foro consideramos el salario mínimo interprofesional como un instrumento para evitar el trabajo esclavo, entendiendo como tal una jornada normal que no es retribuida suficientemente y, por lo tanto, no cubre las


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necesidades básicas de una persona. Nos parece muy importante reiterar que la sucesión de medidas económicas sin control desestabilizaría las cuentas y, lo que es peor, acabaría por tener consecuencias nocivas sobre el poder adquisitivo que repercutirán muy negativamente y de forma regresiva en todos los españoles, incluidos los desempleados, las personas de rentas más bajas y los pensionistas. De hecho, el recién estrenado índice de precios del trabajo, nuevo dato oficial del INE, ofreció el pasado viernes una cifra alarmante: los salarios se devaluaron -los de Andalucía y Asturias los que más- y el poder adquisitivo de los españoles se redujo un 10 % en la crisis. La posibilidad de ahondar en ese riesgo se ignora en una ley para la que esta tarde se propone su toma en consideración y que rechazaré con mi voto.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Arratsalde on.

En primer lugar, en nombre de Euskal Herria Bildu, quiero agradecer al grupo proponente que haya traído esta iniciativa a debate en esta Cámara. Creemos que es un tema de vital urgencia o de urgencia vital, como cada uno lo quiera entender, porque se dirige a preservar la vida y la dignidad de las personas; en definitiva, de vidas dignas de ser vividas, algo que conecta con la acción política y con los propósitos fundamentales de Euskal Herria Bildu en nuestro país, en Euskal Herria.

Hoy, en el año 2016, tenemos que asistir al entierro del mal llamado Estado del bienestar y a la certificación de un Estado que se contenta con, mediante la caridad, repartir la miseria, porque no hay otra forma de llamar al salario mínimo interprofesional que actualmente rige en todo el Estado español que esa, la de miseria. Siendo esto así, señorías del Gobierno y partidos políticos que lo sostienen, ¿no les da vergüenza ofrecer a sus ciudadanos y ciudadanas, a aquellos que ustedes han empobrecido con recortes, con su política de sumisión a la troika, con salarios mínimos interprofesionales como el que aquí nos trae a debate, un salario de 650 euros al mes? ¿Alguno de ustedes cree que se puede sobrevivir mes tras mes con 650 euros? ¿Alguno de ustedes aceptaría para sí o para sus hijos e hijas un salario de este tipo? Porque no se engañen, ustedes, nosotros y nosotras sabemos que, por desgracia, para la gente que se incorpora al mercado laboral esos salarios se convierten en su suelo y su techo. Salarios de 650 euros al mes mientras vemos cómo grandes empresas y sus directivos se embolsan millones mensualmente; así es como se enriquecen las empresas, con una cobertura política que les permite legalmente robar a los trabajadores para el enriquecimiento de unos pocos. Así ha sido mientras han gobernado tanto unos como otros durante muchos años. En esto tampoco ha habido grandes diferencias.

Debemos señalar que Euskal Herria Bildu no comparte la literalidad de la propuesta presentada, porque no creemos que fijar un salario mínimo interprofesional para el conjunto del Estado uniforme y lineal sea la mejor manera de abordar las diferencias que en la actualidad existen en el Estado español. Echamos nuevamente en falta que no tomen en consideración las realidades nacionales diferenciadas del actual Estado español, también en términos económicos, porque la carestía de la vida seguramente no es la misma en un lugar que en otro; probablemente vivir en un sitio o vivir en otro requiera de más o menos recursos económicos. Reclaman ustedes un salario mínimo interprofesional de 800 euros mensuales. Desde nuestro punto de vista, es claramente insuficiente para cualquier ciudadano o ciudadana del Estado español, pero aún más para los ciudadanos y ciudadanas vascas en su conjunto. Usando su cálculo, basado en la Carta Social Europea, el salario mínimo interprofesional en Euskadi tendría que ser 1.288 euros y en Nafarroa de 1.234 euros. Es nuestra voluntad cambiarlo todo para poder cambiar también en nuestro país este tipo de medidas. Siempre hemos sido y seremos solidarios con la clase trabajadora del Estado español. Como decía alguien hace más de tres décadas, lo que nos une a las y los trabajadores vascos con las y los trabajadores españoles y franceses no es pertenecer a una misma nación, sino pertenecer a una misma clase. Por eso, y a pesar de las diferencias, apoyaremos la iniciativa. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Señorías, agradecemos también esta iniciativa que ha defendido la señora Vidal.


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He de empezar recordando que la semana pasada la Comisión de Empleo, a propuesta del Partido Demócrata, aprobó con los votos de una mayoría amplia de la Cámara el siguiente mandato: Instamos al Gobierno a acordar con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas y escuchando a las comunidades autónomas un calendario de incremento continuado del salario mínimo interprofesional que permita alcanzar en el plazo de los próximos cuatro años el objetivo de situarlo en los 12.000 euros al año y, posteriormente, de acuerdo con lo establecido en la Carta Social Europea, situarlo permanentemente en el entorno del 60 % del salario medio neto. Es un mandato claro al que se comprometió una mayoría de esa Cámara, que además empalma también con otro mandato aprobado en la pasada legislatura, a propuesta del Partit Demòcrata y de Esquerra Republicana, en el que también reiterábamos la necesidad de un aumento del salario mínimo. Ese es un primer elemento a destacar. Hay una amplísima coincidencia en la Cámara en que el salario mínimo debe aumentar.

Además, también existe una coincidencia amplia en la Cámara -quizá no todos los grupos estén en ello- en que la devaluación salarial ya no tiene sentido y en que tenemos un problema de desigualdades derivado del mal funcionamiento de nuestro mercado de trabajo que afecta a los distintos niveles salariales y, por tanto, que toca mover el salario mínimo. Quizá se recurra menos al argumento de que esta también es una discusión sobre el modelo competitivo por el que apostamos y por el tipo de empleo que queremos crear. Mejores empleos son imprescindibles para tener un modelo productivo que sea capaz de competir en bienes y servicios de valor añadido y no competir en salarios bajos. Esa es una convicción que el Partit Demòcrata quiere expresar. También queremos decir que es imposible financiar un buen Estado del bienestar, es imposible tener un buen sistema público de pensiones sin buenos salarios. Por tanto, la batalla para la mejora del salario mínimo y la batalla para la mejora de los salarios es también la batalla para la sostenibilidad del sistema público de pensiones que esta mañana debatíamos. Con los amigos de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea podemos discrepar sobre los ritmos para alcanzar ese objetivo, y no es asunto menor que el ritmo de crecimiento del salario mínimo debe ser acompasado en el tiempo para no perjudicar la creación de empleo. De ahí, señorías, que en la tramitación de esta iniciativa legislativa tendremos que modificar seguramente los ritmos que nos surgieren, y, además, junto con otros grupos, vamos a plantear que salarios mínimos únicos para toda España son injustos para los trabajadores de los territorios donde la vida es más cara y que, por tanto, hay que abrir la posibilidad de salarios mínimos autonómicos distintos en función del coste de vida para permitir mejores salarios.

En cualquier caso, hoy van a tener nuestro apoyo. Es una cuestión de decencia. Salarios decentes marcan una sociedad digna.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Señora presidenta, señorías, al margen del contenido concreto de la propuesta que nos ha presentado Unidos Podemos, lo cierto es que este es un debate absolutamente inaplazable. La parte expositiva -brillante, por otra parte- nos recuerda que tanto del contenido del convenio de la OIT como del artículo 4.2 de la Carta Social Europea se deduce la necesidad de garantizar a todos los trabajadores el derecho -lo señala literalmente- a una remuneración equitativa, entendida esta como una remuneración suficiente que proporcione a los trabajadores y a sus familias un nivel de vida decoroso. Al fin y al cabo, señorías, de lo que se trata precisamente es de la garantía de ese nivel decoroso, de esas cuantías mínimas sin las cuales una persona no podría ser reconocida en su dignidad. Esa cuantía, señorías, ha sido reconocida también por la propia Carta Social Europea en una cifra determinada, que es la del 60 % del salario medio neto del territorio de cada Estado, y esa conclusión se obtiene a su vez de determinadas estadísticas obtenidas a partir del Reglamento 1177/2003, que define, entre otras cuestiones, la tasa de riesgo de pobreza, entendida esta como una cuantía a la inversa que identifica como una renta inferior al 60 % de la renta nacional disponible equivalente. Es decir, tengamos clara la primera cuestión. De lo que estamos hablando es de si vamos a condenar o no a los trabajadores a aquello que la Carta Social Europea, a aquello que los reglamentos europeos entienden que sería constitutivo de una renta de pobreza. Por eso el artículo 4.2 de la Carta Social Europea exige ese mínimo del 60 %, precisamente para evitar que la remuneración, que la retribución por el trabajo no sea inferior a esa cuantía, sin la cual -vuelvo a repetir- las condiciones de vida de cualquier trabajador no serían equivalentes a unas condiciones de dignidad.


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Sin embargo, señorías -como ustedes saben y como también se ha repetido desde esta tribuna-, el Real Decreto 1171/2015 -el último de los habidos- y el desarrollo del artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores precisan una cuantía del salario mínimo interprofesional de 655,20 euros brutos al mes en catorce pagas; o, dicho de otro modo, de 764 euros al mes. También se ha señalado una cifra en esta tribuna y quisiera ampliarla, y es que ese salario mínimo, en los últimos cuatro años, ha crecido ni más ni menos que 13,46 euros, lo cual da una idea también de la imposibilidad absoluta de que -sobre todo en tiempos de crisis como los que hemos vivido- nadie haya podido abordar con ese salario mínimo ningún tipo de necesidad vital. Esa progresión, entre comillas, lo que hace es constituir una condena; una condena a que solo quienes puedan obtener ese salario mínimo interprofesional deban de obtener, en consecuencia, un salario de pobreza. En esto es en lo que no podemos coincidir, en un modelo que condena a que todo trabajador que perciba el salario mínimo interprofesional tenga la categoría de pobre.

En este sentido conviene recordar que el capítulo tercero del título I de la Constitución, que se refiere a los principios rectores de la política social y económica, obliga a los poderes públicos a promover condiciones favorables para el progreso social y económico, y eso resultaría imposible de concretar sin un salario del que se pudieran predicar esos caracteres de remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, tal y como recoge el artículo 35 de la Constitución. Esas y otras muchas razones que se han advertido desde esta tribuna -por cierto, previamente el señor Carles Campuzano me ha robado, por decirlo de alguna manera, la idea de algunas de ellas y las comparto- son las que obligan a mi grupo a pronunciarse a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley, sin perjuicio de manifestar -como también se ha dicho desde esta tribuna- que no todo su contenido íntegro es participado por mi grupo. Desde nuestro particular punto de vista, el debate que se produzca en su momento debe atender a diferentes cuestiones. En primer lugar, entendemos que el salario mínimo interprofesional nunca debe abandonar la garantía del 60 % del salario medio territorial. En segundo lugar, creemos que esa garantía debe tener acogida en la normativa laboral, es posible que en el artículo 27 del texto refundido del Estatuto de los Trabajadores. En tercer lugar, y atendiendo a la necesidad de que este debate debe venir precedido y condicionado por el diálogo social, es necesario contemplar su aplicación gradual a través de disposiciones transitorias oportunas que permitan modular su aplicación en plazos que no interfieran en ámbitos económicos que también pueden ser sustanciales.

Finalmente -y también compartiendo otra de las manifestaciones que se han hecho en esta tribuna-, atendiendo a la diferencia de realidad, tanto jurídica como económica, que caracteriza al Estado y atendiendo también a las facultades y competencias que están recogidas en diversos estatutos de autonomía, en concreto en el artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco de ejecución de la legislación laboral, también nosotros solicitaremos que se considere en la iniciativa para que se contemple la existencia de una habilitación a las autoridades autonómicas para poder precisar un salario mínimo de ámbito territorial propio. Repetimos, es obligación de los poderes públicos la promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico de los individuos y de las sociedades. En estos momentos, evitar este debate no conduce más que a impedir que las autoridades y todos aquellos que tengamos una responsabilidad la asumamos en las condiciones debidas.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, señora presidenta.

Buenas tardes a todas y a todos. ¿Quién puede vivir con 655,20 euros al mes? Así empezaba, el pasado abril, mi discurso sobre la proposición no de ley que presentamos el Grupo Parlamentario del Partit Demòcrata Europeu Català y Esquerra Republicana, y que salió aprobada en el Congreso con el caso omiso del Gobierno en funciones. Esta misma propuesta de subir el salario mínimo interprofesional también fue aprobada en la Comisión de Empleo con el mismo resultado. Ahora, la vuelve a representar el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y esperemos que hoy se vuelva a aprobar y se empiece su tramitación en forma de ley. Pensemos en personas y pensemos en 655,20 euros. Hay gente que no puede esperar más meses a que esto se apruebe. Vamos a votar a favor de esta proposición de ley, concretamente de los dos artículos que nos propone la diputada Aina, por dos razones. La primera razón, por dignidad, humanidad y porque es posible. Y la segunda razón es por necesidad económica. Me explico, por dignidad y porque se puede no podemos permitir que un trabajador o trabajadora que trabaja a jornada completa cuarenta horas semanales continúe siendo pobre. El problema de los salarios bajos


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no es nuevo y es anterior a la llamada crisis económica, pero sin duda la llamada crisis lo ha acentuado por la magnitud de la misma y por las reformas laborales impuestas que se han cargado la negociación colectiva, lo que ha significado un aumento de la jornada de trabajo y la imposición de una bajada sustancial de los salarios. Hasta tal punto que el salario mínimo interprofesional -el que nos ocupa ahora- ya no es una mera referencia, sino que es el salario real de muchísimos trabajadores y trabajadoras. El salario mínimo español está muy por debajo del de otros países europeos -como ya dijimos en abril y como hoy nos ha recordado la diputada Aina-, en Francia son 1.458 euros; en Alemania, 1.473; en Bélgica, 1.502; en Reino Unido, 1.379; en Irlanda -un país rescatado- está situado en 1.462 euros, y aquí estamos con 655,20 euros. Es tan flagrante que esta desigualdad incluso infringe la Carta Social Europea, que reconoce que el salario mínimo interprofesional debería ser el 60 %, como mínimo. Pues bien, en el Estado español no se llega ni al 35 % del salario medio. Con esta propuesta se pretende cambiar esta situación y sacarlo del límite del umbral de la pobreza, rescatar a las personas y no a los bancos, a centenares de miles de ciudadanos que han sido desahuciados de sus casas, que no pueden pagar la luz y el agua. Son datos que todos conocemos.

Decía que debemos tramitar esta ley no solo por dignidad sino también por motivos puramente económicos, incluso egoístas. Aliviar las condiciones de vida de una parte considerable de la población -que además es la que lo pasa peor-, mediante el aumento del salario mínimo es bueno para la economía. La subida del salario mínimo tiene un efecto multiplicador, como ya dije recordando el estudio del gran economista el doctor Arrizabalo, al estimular la demanda. Al aumentar el salario mínimo aumenta el consumo. Cuando uno cobra 1.000 euros estos 1.000 euros mejoran la economía en general, ya que se quedan en el barrio, en la ciudad o en el pueblo y no se marchan a otros lugares más lejanos, como puede ser Panamá. Y también mejoran la economía en general, porque hay que producir más para satisfacer una mayor demanda y esto es igual a más personas trabajando, cuyo salario aumentará a su vez la demanda.

Para terminar, Esquerra Republicana de Cataluña no renuncia a la creación de un marco catalán de relaciones laborales en el que se establezca el salario mínimo interprofesional para Cataluña. Por ello ya les anuncio que, entre algunos asuntos más, vamos a presentar enmiendas en ese sentido para que, por ejemplo, las comunidades que lo consideren oportuno puedan subir en este caso concreto el salario mínimo interprofesional. La otra vez en la Comisión de Empleo se tumbó esta propuesta. Creo que si una comunidad autónoma quiere subir el salario mínimo interprofesional es bueno para todos; no es un dumping social para abajo sino que es un dumping social para arriba. Por todo ello y por mucho más, vamos a votar a favor de esta medida y esperemos que, hoy sí, ya se empiece a tramitar esta ley porque a muchas personas les corre prisa.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez Freire.

El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señora presidenta.

Señorías, nos encontramos ante una legislatura histórica, histórica por diversas cuestiones, muchas de ellas negativas -en las que hoy no voy a entrar-, pero también positivas. Tenemos la oportunidad de cerrar de una vez por todas la brecha social que ha desgarrado este país, que es tierra de cultivo donde se desarrollan mensajes populistas, demagógicos y radicales de distinta índole y que atacan directamente nuestro Estado social y democrático de derecho. Es nuestra obligación como representantes de todos los españoles corregir todas las deficiencias que se han producido en la anterior legislatura. En el día de hoy, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea -y perdonen si me olvido de alguno- nos trae una propuesta de toma en consideración para la revalorización del salario mínimo interprofesional. Señorías, no creo que en esta Cámara haya nadie que esté en contra de esa subida, ya que se trata de una política social y de distribución. Les adelanto que mi grupo en el día de hoy no votará en contra para que podamos tener una reflexión seria y profunda, según la necesidad que todos tenemos claro que tiene esta sociedad. Eso sí, como todas las políticas públicas, tiene que ser tomada en función del contexto, y el contexto en el que nos encontramos es nuestro mercado laboral, un mercado laboral que no les voy a descubrir nada si les digo que tiene una alta tasa de temporalidad y una alta tasa de precariedad; un mercado laboral donde tenemos contratos basura -personas que entran y salen sin ton ni son- y con un bajo nivel de salarios. En el día de hoy nos encontramos con cerca de 6 millones de trabajadores que no llegan a final de mes, trabajadores pobres que paradójicamente, y a pesar de estar


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en situación activa, no pueden pagar ni la luz ni el gas ni, en muchos casos, los productos básicos. En este contexto es en el que tenemos que aplicar la subida del salario mínimo interprofesional que nos trae para su toma en consideración la señora Vidal.

Hay que tener en cuenta que en un mercado laboral donde el 25 % de los trabajadores están continuamente entrando y saliendo del mismo, este salario mínimo interprofesional puede quedarse a todas luces ineficiente. Señorías, esto me lleva a una pregunta sencilla: ¿hay alguna política pública que pueda mejorar, que pueda completar la situación de esos 6 millones de trabajadores que están peor remunerados en nuestro país? Desde luego que existe. Nosotros la recogíamos en el acuerdo de Gobierno con el Partido Socialista de diciembre y la hemos incluido en las 150 exigencias firmadas con el Partido Popular en el acuerdo de investidura: el complemento salarial.

Señorías, déjenme que les relate las ventajas de ese complemento salarial tan altamente criticado. La primera de ellas es que tiene en cuenta la situación familiar y particular de los trabajadores. No es lo mismo un trabajador que no tiene personas a su cargo que aquellos trabajadores que tienen hijos, esposos o esposas e incluso ascendientes. Lo segundo es que computa las rentas de forma anual, una de las ineficiencias que puede tener en función de nuestro sistema actual laboral el salario mínimo, ya que el complemento salarial se computa con la renta de todo el año. El tercero es una política importante, y es que hay que tener en cuenta que están incluidos nuestros trabajadores más jóvenes, por tanto, también puede ser una política para incentivar su independencia y que puedan iniciar ese proyecto vital tan fundamental, sobre todo cuando tenemos un país con una de las tasas de natalidad más bajas de toda Europa. Está claro que si nuestros jóvenes pueden tener unas rentas dignas y se pueden independizar, podrán crear sus proyectos vitales, podrán tener hijos y podremos acabar también con un problema que está en ciernes y que es el de las pensiones. En cuarto lugar, el complemento salarial no desincentiva el trabajo, no como otras soluciones que se ofrecen desde el ámbito populista, como las rentas universales, que pueden hacer que algunos trabajadores piensen que no es óptimo ir a trabajar. Además, es un mecanismo de lucha contra el fraude.

En conclusión, señorías, tengan la seguridad de que en esta legislatura requeriremos entre todos soluciones completas para problemas complejos y de que Ciudadanos estará trabajando de forma constante para mejorar, como no puede ser de otra forma, las ratios de igual social, a nuestro entender uno de los pilares fundamentales de un Estado social y democrático como el nuestro.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simancas Simancas.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, señora presidenta.

Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista va a respaldar la toma en consideración de esta proposición de ley que plantea elevar el salario mínimo en nuestro país. Y lo vamos a hacer porque elevar y dignificar los salarios ha sido y es una constante en nuestra acción de Gobierno cuando gobernamos y en nuestra labor de oposición cuando es esa nuestra responsabilidad. De hecho, una de las primeras iniciativas que hemos registrado en esta legislatura persigue también elevar el salario mínimo, alcanzar el 60 % del salario medio en el salario mínimo y facilitar así que la recuperación económica alcance a todos y no solo a unos pocos.

Durante la tramitación de esta propuesta ajustaremos cifras y ajustaremos plazos, porque hay alguna que otra deficiencia en el planteamiento del grupo proponente. En el punto 7 del preámbulo se establece, por ejemplo, el objetivo de alcanzar el 60 % del salario medio a fecha 1 de enero de 2019, sin embargo, en el artículo 1 de la ley se especifican cifras para el 1 de enero de 2018 y para el 1 de enero de 2020, pero nada para el 1 de enero de 2019. La cifra que aparece en 2020 además es inferior al cálculo del 60 % del salario medio que debió alcanzarse el año anterior, según el preámbulo. En fin, alguna que otra carencia, alguna que otra deficiencia que tendremos que solventar en el trámite de las enmiendas.

Lo relevante, sin embargo, es que resulta prioritario elevar el salario mínimo interprofesional de manera significativa en este país para cumplir con el artículo 35 de la Constitución -se ha dicho aquí-, que nos obliga a garantizar una remuneración suficiente a los trabajadores, pero sobre todo para recuperar el retroceso significativo en la cuantía de los salarios que se ha producido durante los últimos años merced a la reforma laboral del Partido Popular y a su estrategia para ganar competitividad de la peor manera posible, mediante la devaluación de salarios y derechos de los trabajadores. Porque, señorías, un país que apuesta por crecer económicamente mediante salarios bajos es un país socialmente injusto,


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económicamente débil y, añadiría más, democráticamente enfermo. Por el contrario, elevar el salario mínimo interprofesional y con él los salarios en general nos ayudará a configurar una sociedad más justa, una economía más sólida y unas instituciones más saludables. Esta es la razón fundamental de nuestra apuesta y de nuestro voto positivo en el día de hoy.

La fijación del salario mínimo es un instrumento clave, fundamental para las políticas de cohesión social, para asegurar poder adquisitivo y de compra a los trabajadores, para prevenir y para combatir, por tanto, la pobreza y la exclusión social. Fíjense si es importante que la Agencia Tributaria nos asegura hoy que más de un tercio de los trabajadores cobra salarios por debajo del salario mínimo interprofesional merced a la precariedad de nuestro mercado de trabajo. La evolución del salario mínimo durante los últimos años en este país es muy significativa. Nunca, desde la transición democrática, se había dado una secuencia tan empobrecedora en la evolución del salario mínimo como la sufrida durante el último Gobierno del Partido Popular: salario mínimo congelado en 2012 y en 2014, y en 2013, 2015 y 2016 no se compensó en modo alguno la pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores. Entre 2004 y 2011, con un Gobierno socialista, el salario mínimo se elevó de 460 a 641 euros mensuales, un 40 % de subida. Sin embargo, entre 2011 y 2016, con un Gobierno del Partido Popular, el salario mínimo apenas subió 13 euros en términos absolutos. Asegurar, por tanto, que las políticas laborales, las políticas sociales del Partido Popular y del Partido Socialista son semejantes no se sostiene de ninguna manera y responde más bien o a la ignorancia o a la mala fe.

Es importante recordar también que el salario mínimo en España se sitúa prácticamente en la mitad de los salarios mínimos de nuestros vecinos europeos. Como ya se ha dicho, estamos a la mitad del Reino Unido, a la mitad de Alemania, a la mitad de Francia, a menos de la mitad de Bélgica. En definitiva, señorías, la evolución del salario mínimo es un instrumento importante para incidir en la evolución general de los salarios en un país, en una economía, en un contexto que ha sufrido un empobrecimiento muy relevante a este respecto. Ahí están los datos. Los más recientes, los del índice de precios del trabajo, reflejan que entre 2008 y 2014 la capacidad de compra de los salarios se ha reducido en un 9 %; el Consejo Económico y Social nos dice que la retribución de los salarios ha caído en los últimos cuatro años un 1,5 %; la contabilidad de la renta nacional refleja que la participación de las rentas del trabajo en la renta nacional bruta ha caído del 51,6 al 47,7; el estudio de la evolución de los deciles en los salarios por parte del CES nos dice que los salarios por debajo de 655 euros han caído un 15 %, mientras los salarios por encima de 3.353 euros al mes subían un 10,4 %. Trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital: desigualdad, desigualdad, desigualdad.

La desigualdad también está relacionada con la calidad y la duración de los contratos de trabajo. Ahí están los datos de la estructura salarial en 2014. Los salarios de los contratos temporales están un 31 % por debajo del salario medio, los salarios correspondientes a los contratos a tiempo parcial están casi un 12 % por debajo del salario medio. Por tanto, salarios bajos, precariedad laboral y pobreza son fenómenos que se dan la mano hoy en España. Por favor, a la hora de tomar en consideración esta propuesta pensemos en los millones de hogares que han de sobrevivir con este salario mínimo, pensemos en ese 12,3 % de trabajadores pobres según Oxfam Intermón, en ese 28,6 % de españoles pobres según muchas organizaciones no gubernamentales.

Señorías del Partido Popular, si no quieren subir el salario mínimo por justicia social o por humanidad, háganlo por racionalidad económica. Sabemos que este Gobierno del Partido Popular comparte la falsa doctrina liberal que confía en la flexibilidad del mercado de trabajo y en la devaluación salarial para aumentar competitividad y fortalecer la economía, pero es que la fórmula no funciona. Además de injusta, además de provocar desigualdad, empobrecimiento y pérdida de derechos a las mayorías, no funciona. Estos modelos económicos están desincentivando la adopción de otras decisiones que sí generan competitividad y sí fortalecen la economía, como la innovación, la investigación, la formación o la internacionalización. Los modelos económicos que confían la competitividad a los salarios bajos siempre encontrarán una economía que baje aún más los salarios. Es injusto, es inequitativo, es inhumano y además es ineficaz. Hasta el Fondo Monetario Internacional alerta ya de los riesgos de las economías que apuestan por competitividades basadas en salarios bajos, caída de estímulos a la educación y la formación, caída del consumo y caída de la credibilidad y confianza en las instituciones. Las economías más competitivas y más sólidas son las economías más justas y más equitativas a la vez, las que apuestan por competir mediante la formación, la educación, la calidad de las instituciones, la estabilidad de los empleos y los mejores salarios.


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Acompáñennos en la apuesta por elevar el salario mínimo, háganlo por justicia social y, si no quieren, háganlo por racionalidad económica o por salud democrática, porque la desigualdad es el principal enemigo de la democracia. No hay mayor disolvente en la credibilidad y la estabilidad de la democracia que el incremento de las desigualdades y la desesperanza de las mayorías en su propio futuro y en el futuro de sus hijos. Desigualdad, populismo y riesgo para la democracia son caras de la misma moneda. Cuando el ciudadano desesperado acude al médico y este no le escucha o no le resuelve, el ciudadano acude al curandero, al brujo, al chamán o al taumaturgo. No le resolverá nada, le agravará los problemas, pero le proporcionará una manera de encauzar frustración y enfado. Tengámoslo en cuenta. El populismo, señorías de Ciudadanos que acaban de mencionarlo como riesgo, cabalga en realidad a lomos de la injusticia y no se combate negando los problemas o esgrimiendo inmovilismo frente a liquidacionismo o rechazando propuestas positivas como esta. El cuestionamiento al sistema se combate minando sus fuentes y sus causas, reconociendo los problemas y cambiando la realidad en el sentido de la equidad y la justicia, por ejemplo, elevando el salario mínimo interprofesional hasta el 60 % del salario medio, como propone esta iniciativa.

Señorías, hagámoslo por justicia social, hagámoslo por racionalidad económica, hagámoslo por salud democrática. Entre tanta deshumanidad demos un paso, aunque sea un pequeño paso, para humanizar esta casa, para humanizar sus decisiones y su reflejo en la vida de los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora López Ares.

La señora LÓPEZ ARES: Gracias, señora presidenta.

Señor Simancas, no hay mayor desigualdad que tres millones y medio de personas que perdieron su puesto de trabajo. Esa es la mayor desigualdad que dejó a este país el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. (Aplausos).

En el Partido Popular consideramos que es necesario incrementar el salario mínimo interprofesional, pero también todos los salarios, bajos y medios, de nuestro país. Por eso hemos hecho una reforma tributaria para minorar la carga fiscal de los que menos tienen; hemos hecho una ley para la formación profesional para el empleo, porque pensamos que la formación y la cualificación son las mejores armas para combatir los salarios bajos, y sobre todo hemos hecho de la lucha contra el desempleo nuestro objetivo final, porque cuando se destruye empleo no se pueden subir los salarios. Señorías, creo firmemente que todos los que formamos esta Cámara coincidimos en que estamos aquí para dar respuesta a las necesidades de los españoles, y que estamos de acuerdo en que en materia laboral nos demandan políticas adecuadas -y digo adecuadas- que permitan continuar en la senda de la creación de empleo, y que permitan la mejora de la calidad de ese empleo, tanto en lo referente a la reducción de la temporalidad como en el aumento de la remuneración real; y, señorías, digo adecuadas porque la creación de empleo y la mejora de su calidad es un proceso complejo que no se resuelve con medidas básicas y menos con medidas aisladas como la que se nos trae hoy a debate. Y lo que en un análisis superficial puede parecer una mejora para los trabajadores, especialmente para los que tienen menores remuneraciones, cuando se profundiza en las consecuencias se observa que pueden suponer desempleo y pérdida de poder adquisitivo, ya que no se puede aislar la subida del salario mínimo interprofesional, como se hace en esta propuesta, de la evolución de nuestra economía y de la productividad.

La proposición de ley que se somete a la Cámara eleva el salario mínimo interprofesional a 800 euros mensuales en 2018 y a 950 euros para 2020, con lo que al finalizar el periodo se habría producido un incremento del 45 %. Ante esta propuesta debemos preguntarnos: ¿pueden afectar estos cambios al empleo y al salario real? Y la respuesta es que sí. Con subidas en el salario mínimo interprofesional se incrementaría significativamente la probabilidad de perder el empleo para el reducido número de trabajadores para los cuales este salario es vinculante, digo reducido, menos de un 1 %, porque en nuestro país -y deberían saberlo, señorías- existen salarios mínimos de convenio establecidos en la negociación colectiva que están por encima del salario mínimo interprofesional, tanto actual como del máximo que se incorpora en esta proposición de ley. Si no me creen pregunten ustedes a un auxiliar de cocina o a un ayudante de camarero de Canarias con 1.111 euros mensuales; de Melilla con 930; de Asturias con 1.025 o a un peón de la construcción de Madrid que tiene un salario bruto anual de 17.771 euros, muy superior a los 13.300 que nos traen hoy. Por eso no podemos olvidar que tradicionalmente en España los aumentos en el salario mínimo se trasladan de forma paralela hasta los salarios mínimos de convenio.


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El efecto negativo de la subida del salario mínimo afectará también a todos aquellos trabajadores que de forma indirecta, vía negociación colectiva, vean su salario incrementado en función de la variación del salario mínimo interprofesional. Y esto, señorías y señor Simancas, no es una teoría, es algo que ya ocurrió en este país. Según el estudio llevado a cabo por la Dirección General del Servicio de Estudios del Banco de España, en diciembre de 2012, este fue uno de los efectos de la aplicación del Real Decreto-ley 3/2004, de 25 de junio, que supuso que la probabilidad de perder el empleo ocasionada por este decreto llegase a un 23,7 % para los trabajadores vinculados al salario mínimo interprofesional, pero también supuso que la probabilidad de perder el empleo casi se duplicase, llegando al 15,1 % para aquellos trabajadores cuyos salarios mínimos definidos por convenio estaban de forma indirecta afectados por el salario mínimo. Y esta traslación de incrementos de salarios a desempleo sucedió y volverá a suceder en tanto en cuanto en las empresas afectadas no se produzcan las ganancias de productividad necesarias que avalen las subidas salariales, directas e indirectas, ocasionadas por un incremento del salario mínimo, porque su evolución debe ser acorde a la evolución actual de la economía. Debemos mejorar la participación de los salarios dentro de la renta nacional, pero sin perjudicar la competitividad de nuestras empresas, especialmente de las pymes y de los autónomos con asalariados.

Además esta proposición incorpora de forma implícita pérdidas futuras de poder adquisitivo, ya que junto a la propiamente vinculada al aumento nominal de la masa salarial en la propuesta se introduce una cláusula de indexación que, además de no cumplir la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española, tiene efectos económicos negativos, pues contribuiría a la consolidación de espirales inflacionistas de precios-salarios, introduciría rigideces, produciría desequilibrios, y sobre todo reduciría el nivel adquisitivo de todos las familias españolas. Tampoco debemos olvidar que toda proposición de ley debería venir acompañada de una memoria económica, y, señorías, el efecto de esta ley sobre los presupuestos sería importante, ya que significaría en el caso del Servicio Público de Empleo un incremento de gastos de 310 millones de euros para 2018 y de 633 millones para el año 2020. En el caso del Fogasa el impacto sería de 17 y 36 millones de euros respectivamente. Pero a las cifras anteriores debería incorporarse el efecto adicional que se derivaría del aumento del número de beneficiarios potenciales de prestaciones por desempleo de nivel no contributivo. Aproximando este impacto a partir de la encuesta de condiciones de vida del año 2015 esta ley conllevaría aumentos del gasto de 1.050 millones para 2018 y 2.150 millones para el año 2020, es decir, sin incorporar el efecto de incremento de gasto que también tendría sobre el presupuesto de la Seguridad Social, esta proposición llevaría asociado un aumento del gasto de 1.377 millones de euros para 2018 y de 2.819 millones para 2020. Señorías, ¿qué sugieren para cubrir ese gasto? ¿Qué otras partidas de gasto reducirían o se haría vía subida de impuestos con el consiguiente perjuicio para familias y para la competitividad en nuestras empresas?

Señorías, lo dije al inicio de mi intervención: los problemas complejos no suelen tener soluciones sencillas y esta propuesta supondrá destrucción de empleo y pérdida de poder adquisitivo. Nosotros estamos a favor de seguir trabajando en aquellas normas que signifiquen una mejora de los salarios, incluido el salario mínimo interprofesional, pero consideramos que la subida debe ir acompañada de las reformas que eliminen los efectos negativos de esta subida. Desde el punto de vista de la forma, mi grupo parlamentario no entiende por qué en la modificación del sistema de determinación del salario mínimo interprofesional para los años 2018 y 2020 se prescinde de los aspectos positivos que tiene la actual regulación. No entendemos por qué se cambia el instrumento normativo; el real decreto se caracteriza por ser más flexible, al no estar sometido al cumplimiento de determinados porcentajes para su aprobación, revisión o derogación. Además tampoco entendemos por qué, si la regulación actual garantiza que sean oídos los interlocutores sociales en la fijación del salario mínimo, el artículo 1 prescinde de este hecho. El Grupo Popular considera que en la normativa se debe incorporar la concertación social; mal precedente se sienta en esta propuesta, sobre todo si se tiene en cuenta que el salario mínimo legal no es el mayoritariamente aplicado, sino que por medio de la negociación colectiva generalmente es mejorado.

Para terminar, señorías, les diré que el pasado mes de abril -y aquí ya se ha comentado desde la tribuna- se aprobó por unanimidad una proposición no de ley en la que se instaba al nuevo Gobierno a incrementar el salario mínimo interprofesional. Todos, todos los diputados acordamos fijar con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas un calendario de incremento del salario mínimo profesional, y el Grupo Parlamentario Popular no va a renunciar a ello. Nosotros no vamos a excluirles de la fijación del salario. Acordamos que este calendario fuese acompasado a la evolución de nuestra economía y productividad y no vamos a renunciar a ello. Acordamos que el objetivo


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fuese alcanzar lo antes posible los objetivos contemplados en la Carta Social Europea, 60 % del salario medio neto, pero en el calendario que se trae no se alcanza este 60 %. Acordamos reformar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores para fijar nuevas bases para la determinación anual del salario mínimo, y evitar que se produzcan futuras pérdidas de poder adquisitivo y tampoco renunciamos a ello. En el mes de abril fuimos capaces de acordar, y sin embargo hoy se busca el desacuerdo, trayendo a debate un planteamiento que contradice lo aprobado el pasado mes de abril. Somos coherentes y mantenemos y mantendremos lo aprobado. Sí a la subida del salario mínimo, pero no a un planteamiento como el que hoy se presenta que generará destrucción de empleo y bajada de salarios reales. Ustedes serán los responsables, unos por acción y otros por omisión.

Muchas gracias. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA AMPLIAR EL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO A LOS MAYORES DE 16 AÑOS. (Número de expediente 122/000007).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto segundo del orden del día: Toma en consideración de la proposición de ley orgánica del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de dieciséis años.

Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra el señor Rufián Romero.

El señor RUFIÁN ROMERO: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, como saben, el pasado 19 de abril presentamos esta misma proposición de ley orgánica para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de dieciséis años, una propuesta en aras de ampliar la democracia, una propuesta que debería trascender cualquier ideología, una propuesta que debiera interpelar directamente al sentido democrático de cada uno de nosotros, más allá de nuestras siglas, y en aquella ocasión salió adelante con 174 votos frente a 144. Lo hizo gracias al apoyo de la buena gente de Podemos, de parte del Grupo Mixto y del PSOE. Fue una gran tarde en la que se reflejaron grandes cosas, entre ellas que había una mayoría de cambio, una mayoría alternativa a lo que había, y, señores del PSOE, fueron ustedes quienes aquella tarde decantaron la balanza, en una decisión valiente, rememorando lo mejor de su historia. Como es lógico hoy aquí no esperamos nada de la derecha ni azul ni naranja, no esperamos nada de quienes persiguen a Santi Vidal o a Francesc Homs y premian a De Alfonso o a Fernández Díaz.

La señora PRESIDENTA: Señoría, le llamo a la cuestión. Adelante.

El señor RUFIÁN ROMERO: Gracias.

De ustedes sí que esperamos algo, de ustedes esperamos lo mejor. Siempre les han pasado un montón de cosas, como sabemos que les han pasado estos meses, y lo sabemos, pero estamos seguros de que hoy aquí harán honor a sus principios. Estamos seguros de que hoy aquí como representantes del PSOE harán de PSOE. Estamos convencidos de que hoy aquí dignificarán la memoria que les precede.

La tesis es sencilla y es la siguiente. Si en esta Cámara se precariza y excluye a millones de personas con sendas reformas laborales o endurecimientos del Código Penal, y no lo digo yo, lo dice la propia Organización Internacional del Trabajo y Naciones Unidas, si en esta Cámara algunos neoliberales del BOE inciden negativamente en la vida de millones de personas, entre ellos a quienes hoy ya tienen dieciséis y diecisiete años y por tanto pueden trabajar, si aquí a tantos chicos y chicas se les puede negar e hipotecar impunemente el futuro, y si aquí se puede hacer de cientos de miles de chavales carne de cañón laboral con un paro estimado del 66 %, entiendan que algunos de nosotros defendamos que esos cientos de miles de chicos y chicas hasta ahora excluidos del sufragio general se defiendan ante todo eso. Entendemos que en democracia uno se defiende de dos formas: en las calles, plazas y centros, algo que ya hacen, y frente a una urna, algo que por hoy les vetan. Y eso es precisamente lo que venimos a defender hoy aquí con esta proposición de ley: que quien puede ser precarizado, encarcelado y excluido por el Estado pueda defenderse frente a una urna. Por todo ello exhortamos en esta Cámara a todas las fuerzas políticas de bien, a todos y cada uno de ustedes a ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de dieciséis años, a ampliar en definitiva la democracia de este país.


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Forma parte del ideario y de los anhelos de la derecha más reaccionaria infantilizar a la sociedad, creer y hacer creer que hay quien no merece ni sabe ni puede ni debe participar en política. Es aquello de: haz como yo y no te metas en política. Suele ser gente a quien ofende más una rasta que un sobre con dinero negro en el bolsillo, suele ser gente que dice que no es ni de izquierdas ni de derechas, y acaba siendo ni de derechos, suele ser gente que le tiene más miedo a una urna pública que a un micro escondido, suele ser gente que considera que llamar gángster a un gángster es una falta de respeto, y en cambio decirles a seis millones de parados en esta Cámara "que se jodan" es un pequeño desliz. Suele ser gente que lleva demasiado tiempo ganando y que quizá conviene que pierdan. Por suerte siempre hay quien planta cara, siempre lo ha habido. En este país todo lo que se ha logrado, todo lo que se ha ganado, se ha logrado y ganado en la calle. Lo que tenemos, lo tenemos por nosotros mismos, y entre los que han luchado, entre los que han llenado las calles de este país, como el que más, están centenares de miles de chicos y chicas de dieciséis y diecisiete años; chicos que han filtrado el dolor de estos últimos ocho años, el inmenso dolor que han visto en sus casas, en sus colegios y en sus familias, y lo han convertido en concienciación política y en un enorme mecanismo de transformación social. Han filtrado su dolor y su sentido crítico y lo han puesto al servicio de manifestaciones, de protestas, de mareas, de centros autogestionados, y sobre todo lo han puesto en determinación de ganar, en voluntad de ganar. Nosotros queremos ponerles una urna delante y darles la oportunidad de que lo hagan.

Estamos ante una de las generaciones más contestatarias de nuestra historia, aunque a algunos les gustaría que esos chicos que están en la calle sepan más de la cobra de Bisbal a Chenoa que de la cobra que a veces aquí ustedes hacen a la democracia. En muchos casos no ha sido así, les han privado de tanto que ya lo quieren y pueden todo. Esos chicos y chicas que están dejándose la piel, esos chicos y chicas que hacen política en el mejor sitio del mundo para hacerla, en la calle, merecen como el que más participar y votar, sobre todo cuando, según la propia Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, un 63 % de todos ellos así lo reclama. Si con dieciséis años el Estado puede exigirte responsabilidades penales, laborales, médicas y tributarias, si con dieciséis años el Estado te permite casarte, este Estado debe permitirte votar, y no hacerlo es de una enorme hipocresía derivada del miedo a la capacidad contestataria de toda una generación, del miedo a que al que nunca has tenido en cuenta te arrebate un sillón que crees tuyo cuando en realidad es de ellos. Si hoy aquí no se aprueba esta propuesta es por simple y miserable miedo, y sobre todo por no querer realizar políticas de juventud, por no querer alcanzar un sano equilibrio democrático y electoral entre los más jóvenes y sus mayores.

El pasado 9 de noviembre y el próximo otoño Cataluña ha demostrado y demostrará que se puede hacer, que hay toda una generación dispuesta a ser interpelada. Cataluña se ha alineado con países como Escocia y Austria y con instituciones como el Consejo de Europa y el Foro Europeo de la Juventud. Nosotros queremos un país de todos, para todos y para todo. Estoy seguro, estamos seguros de que la mayoría de ustedes también lo quieren para el suyo. Hoy aquí tienen una enorme oportunidad para demostrarlo, una enorme oportunidad. Estoy seguro, señores del PSOE, de que una vez más no la desaprovecharán. Les esperamos.

Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer término, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Por tercera vez en lo que va de año se propone al Congreso de los Diputados una iniciativa con el fin de rebajar a dieciséis años la edad para ejercitar el derecho de sufragio activo. Esquerra Republicana de Catalunya ya lo formuló en la pasada XI Legislatura, y en la actual ya se había planteado por vía de enmienda en el trámite de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, la Loreg, hace un mes en este mismo Pleno. Este inédito fervorín sufragista no tiene precedentes. La cuestión de la edad mínima para votar jamás ha formado parte de las agendas políticas desde la aprobación de nuestra Constitución, cuyo artículo 12 señala inequívocamente que los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.

La iniciativa de ERC solo cabe interpretarla como una artimaña para pescar votos, arrimar el ascua a su sardina particular y descomponer, deprisa, deprisa, las trascendentales reglas del juego electoral para tratar de acomodarlas a gusto del proponente. Se trae al Congreso como secuela de la ofensiva independentista iniciada en Cataluña, donde el partido del diputado señor Rufián Romero es un acreditado


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ariete, y de hecho Esquerra Republicana de Catalunya no se esconde para vincular esta iniciativa al proceso -ilegal, por cierto- perpetrado el 9-N o a la Ley de Consultas Populares no Referendarias, gestada en el Parlament hace dos años, dentro de la espiral separatista abierta por algunas organizaciones políticas. Sorprende que partidos que han tenido y tienen responsabilidades de gobierno se incorporen ahora al elenco promotor del voto a los dieciséis años, y tomen en consideración lo que de llevarse a efecto supondría una sensible modificación del sistema electoral vigente, que restaría permutas aritméticas de calado en las diferentes convocatorias nacionales, autonómicas y locales. Hasta ahora en ninguna Cámara legislativa de España, en ninguna, se había planteado esta cuestión. De hecho también son muy excepcionales y contadísimas las democracias europeas o del resto del mundo en las que el ejercicio de voto no está ligado a la mayoría de edad y a los dieciocho años.

En definitiva el voto de Foro será de rechazo a esta toma en consideración, en coherencia con nuestra Constitución, con los usos y costumbres de la inmensa mayoría de los países democráticos, y con el respeto hacia unas normas electorales elaboradas con amplio consenso y que no están para ser objeto de estrategias separatistas o de trueques a conveniencia de parte.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, señora presidenta. (Continúa su intervención en catalán).

Déjenme, señorías, que hoy adapte un discurso que se hizo en este mismo Parlamento en 1931. Déjenme que lo adapte mínimamente en la proposición de ley que hoy debatimos. Déjenme que sustituya la palabra mujer por persona joven y que actualice las reivindicaciones a las que hoy tenemos en la agenda política. En este momento vamos a dar o negar el voto a 900.000 de los individuos del Estado y es preciso que nos levantemos aquí para decir: es necesario aplazar el voto de las personas mayores de dieciséis años. Es necesario, señores diputados, aplazar el voto de los dieciséis a los dieciocho años, porque yo necesitaría ver, para variar de criterio, a jóvenes en la calle pidiendo que se eliminaran las reválidas; yo necesitaría haber visto en la calle a jóvenes pidiendo que se derogue la Ley Mordaza; yo necesitaría ver a jóvenes todas unidas pidiendo que las instituciones las representen. Supongo que lo han reconocido. Son los argumentos de Victoria Kent contra el sufragio femenino, argumentos que seguramente hoy oiremos en esta Cámara para justificar de nuevo la exclusión de una parte de la sociedad del sistema democrático, argumentos que casi cien años después se repetirán para intentar dejar fuera del sistema democrático a personas de entre dieciséis y dieciocho años. Son los argumentos de las personas que tienen miedo al cambio, los argumentos de quienes tienen su mayor volumen de voto en las personas mayores de sesenta y cinco años, argumentos de quienes hacen viajes a residencias de mayores en jornada electoral para garantizar sus buenos resultados, pero sigue existiendo una parte de la población que puede casarse, trabajar y hasta tiene responsabilidad penal. Existe una parte de la sociedad a la que estamos cargando de deberes, dejándoles fuera de los derechos, del derecho a elegir quién les gobernará y qué políticas delimitarán sus vidas. Son las personas jóvenes a las que hoy podemos decidir darles voto para que puedan tener ciudadanía plena. Por suerte ese día los argumentos de Victoria Kent fueron desestimados y el Parlamento eligió la democracia por encima del miedo. Por eso quiero adaptar las palabras de Clara Campoamor, a la que hoy muchas personas recordamos: Yo, señores diputados, me siento ciudadano antes que joven, y considero que sería un profundo error político dejar a las personas jóvenes al margen de ese derecho, a la persona joven que espera y confía en vosotros, a la que, como ocurrió con otras fuerzas nuevas en la Revolución francesa o en la Transición democrática, será indiscutiblemente una nueva fuerza que se incorpora al derecho, y no hay sino que empujarla a que siga su camino.

Así pues, señorías, hoy decidimos si queremos ser recordados como Victoria Kent o como Clara Campoamor.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

A continuación tiene la palabra el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, quiero hacer dos consideraciones en nombre del Partit Demòcrata sobre esta proposición de ley que plantea el Grupo de Esquerra Republicana. En primer lugar, cada grupo parlamentario en el


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ejercicio de sus derechos tiene la oportunidad de plantear en el orden del día, por cupo, varias iniciativas. Hoy nos encontramos una para permitir, modificando el artículo 2.1 de la Ley Electoral, de la Loreg, la posibilidad del derecho de voto a partir de los dieciséis años. Nosotros vamos a votar a favor, en coherencia con lo que hicimos en la anterior legislatura, en coherencia con varios posicionamientos de organismos internacionales que se han manifestado en este sentido, como por ejemplo la Resolución 1826, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del año 2011, que yo precisamente voté a favor, por lo que parece lógico que hoy también lo exprese, y siguiendo la línea argumental ya expresada por otros compañeros y colegas parlamentarios. A partir de los dieciséis años existe la posibilidad de acceso al mercado laboral, la posibilidad consecuentemente de pagar impuestos, la posibilidad de contraer matrimonio, y debemos considerar la posibilidad de que se pueda votar a partir de los dieciséis años sin miedo. Hace unos años se podía votar a partir de los veintiún años y en algunos países europeos, como Italia y Francia, uno se puede presentar a senador a partir de los treinta y cinco años. Señorías, no debemos tener miedo a afrontar la posibilidad de ampliar los derechos de ciudadanía, el derecho elemental al voto a partir de los dieciséis años. El señor Rufián decía que el mejor lugar para hacer política es la calle, pero yo discrepo parcialmente. Creo que es la calle, pero también y especialmente el Parlamento en el marco de una democracia representativa o complementariamente.

Señorías, dicho esto quiero hacer una consideración de carácter procedimental sobre cómo afrontar la reforma de la Ley Electoral. La última gran reforma de la Loreg se produjo en los años 2010-2011 a través de una subcomisión de estudio de reforma en la cual cada grupo parlamentario planteó sus objetivos y llegamos a un consenso. Hoy se ha hecho de otra forma. Hubiera sido mejor una subcomisión de reforma de la Ley Electoral en la que planteáramos todos a la vez los distintos aspectos, pero cuando en el orden del día figura un punto concreto de debate los grupos parlamentarios debemos tomar partido votando a favor o en contra. Si se tramita esta reforma de la Ley Electoral, nosotros exclusivamente nos vamos a centrar en el objeto de la misma y no consideramos que este sea el mejor instrumento para plantear enmiendas de cualquier tipo.

Señora presidenta, con esto termino. Se debería requerir el consenso, como siempre se ha hecho en este Parlamento, para la reforma de una ley orgánica tan importante como es la Ley de Régimen Electoral General.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.

La toma en consideración de la proposición que hoy tratamos ya fue abordada por este mismo Pleno en la anterior legislatura, por lo que no seré muy original y circularé por los argumentos que ya expusimos en el anterior debate. Ya dijimos que era un asunto de gran trascendencia, porque podría influir en el orden del día de la agenda política y quizá contribuiría al crecimiento de la democracia en general y a un mayor equilibrio de la distribución generacional del poder político. En fin, había una serie de cuestiones que no me voy a reformular porque ya quedaron reformuladas en esta Cámara hace unos pocos meses. Pero desde una visión general y retrospectiva también quiero decir que, aunque existe una tendencia a rebajar los límites de la mayoría de edad al estándar de los dieciocho años, esto se ha flexibilizado en ocasiones en relación con el ejercicio de determinados derechos y libertades. En este sentido, el Tribunal Constitucional en el año 2000 en su Sentencia 141 ya dijo que esto se podía hacer en función de la madurez para adquirir la mayoría de edad y de los distintos estados en que la legislación gradúa la capacidad de obrar. Estas reflexiones nos conducen a la cuestión que tratamos, al elemento nuclear, que es la conveniencia y la oportunidad de la reforma propuesta desde varias perspectivas; quizá una de las más relevantes sea la constitucional y, en concreto, si se requiere o no reforma constitucional. Ya comentamos en la anterior intervención que de la combinación de los artículos 68.5, 23 y 12 se puede colegir que hay un blindaje para el ejercicio de los derechos políticos a los dieciocho años en la Constitución o, al menos, es una cuestión que no es irrelevante y que está regulada de una manera aparentemente contundente. Por eso manifestaba hace ya un tiempo que se requeriría un estudio sosegado y doctrinalmente sustentado para flexibilizar la edad en la que se adquiere la ciudadanía política.

Por otro lado, también manifestamos que una decisión de esta naturaleza arrastraría a buena parte del ordenamiento jurídico hacia la rebaja de edad a los dieciséis años, desde el Código Civil al resto del ordenamiento jurídico, y casi con toda certeza abriría un intenso debate. Además, acarrearía decisiones


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de trascendencia en relación con la Ley de Transparencia en la medida en que habría que generar espacios de aprendizaje y participación ciudadana adecuados a esta nueva edad y establecer el derecho a la información significativa en lenguajes propios y espacios específicos de expresión, así como una escucha activa y oportunidades para insertarse en actividades colectivas.

En el derecho internacional ya se ha tratado suficientemente la cuestión. Quizás habría que decir -para no abundar en lo ya dicho- que tanto la Convención de Naciones Unidas de 1959, que ya se ha citado, como la Carta europea del año 1992, la Carta de Derechos Fundamentales o la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en resolución del año 2011 lo que hacen son recomendaciones, en ningún caso se establece una imperatividad; se alienta, eso sí, la profundización de los derechos del niño en cuanto a la protección, provisión y participación, pero sin hacer mención expresa al voto, en concreto en la Convención del año 1959. Respecto a la Asamblea Parlamentaria, como ya se ha dicho, son dos recomendaciones en las que se sugería que se investigara la posibilidad de rebajar a dieciséis años no solo el sufragio activo, sino también el sufragio pasivo.

No me voy a extender mucho en las razones que se han ido esgrimiendo a favor y en contra, simplemente voy a resumirlas en que la medida se sustenta por sus promotores en dos argumentos básicos: el fortalecimiento de la democracia y su legitimación. Por el contrario, hay dos grandes bloques de argumentos: uno sería de carácter endógeno de los propios ciudadanos a los que se les quiere permitir el acceso al voto, los menores de dieciocho años y mayores de dieciséis, es decir, el debate sobre su inmadurez y su posible manipulación vinculada a esa sedicente inmadurez, y a su vez una causa de derecho comparado, los pocos ordenamientos que han dado ese paso. Sin embargo, estas objeciones obviamente tienen sus detractores y sus defensores. Cierto es que en debates de esta naturaleza, como ya han puesto de manifiesto compañeros que han subido a la tribuna y me han precedido en el uso de la palabra, pudiera haber un cierto paralelismo con el debate que se suscitaba hace cien años respecto a la exclusión de las mujeres por prejuicios patriarcales.

En definitiva, ¿adónde nos llevan todas estas cuestiones? Nos llevan a que nos encontramos ante una cuestión muy relevante para la vida democrática, que tiene un impacto notable en el ordenamiento jurídico, tanto en el Constitucional, como en el político electoral, como en el civil y, en definitiva, en casi todos los sectores regulados, y que afectaría a lo público y a lo privado, lo cual -y ya voy concluyendo- requeriría una reflexión para la toma de esta decisión. Además, lo requeriría en todos los órdenes, en cuanto a la psicología juvenil, la sociología, el derecho, los servicios públicos, los medios de comunicación, etcétera. Asimismo, quisiera hacer una reflexión, como ya apuntamos hace meses, sobre la gradualidad en su caso en la implantación de la medida tanto por tramos de edad como por procesos electorales.

Nos encontramos ante un debate importante que, si no queremos que pueda ser acusado de oportunista, consideramos que no puede abordarse desde el tejado. Debe ser objeto de un gran pacto social y político, debe ser resultado de un proceso de debate que genere un cambio de cultura en las relaciones generacionales, que excluye a la generación joven del debate del poder político. Así se hizo en Austria y así debiera ser nuestro modelo procesal. Por esto no consideramos adecuado que aquí lo comencemos por una proposición de ley, ya que consideramos que el trámite de enmiendas no es hábil para abordar las cuestiones expuestas en esta intervención.

La reforma de la Loreg es una reforma estructural en el sistema, ya que es una norma básica de la democracia, como lo son todas las leyes electorales. El derecho electoral quizá juega un papel análogo respecto a las ideologías políticas que conforman o que confrontan en un proceso electoral al que juega la acción procesal respecto a las pretensiones de las partes en un proceso judicial. Por eso se dice que la acción es el derecho en pie de guerra y por eso creemos que podemos decir, como ya se dijo también en esta Cámara, que el derecho electoral nunca es inocente, ya que articula la competencia de las ideologías que concurren en un proceso electoral con el objetivo de ordenar la futura gobernabilidad en relación con la participación política a través de la democracia representativa. Por esto, la reforma de la Loreg necesita una mayoría amplia y transversal a la que solo se pueda llegar después de un debate sosegado. Es un debate que hemos de hacer en profundidad, con todas las voces implicadas, buscando un consenso político y social amplio, ya que estamos hablando de las reglas de juego, de la socialización política del individuo y del sentimiento de responsabilidad por lo público.

Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.


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El señor PRENDES PRENDES: Señora presidenta, señorías, como ya han repetido otros oradores, es la segunda vez en poco tiempo que los partidos nos damos cita en este Parlamento para votar una modificación de la Ley Electoral, de la Loreg. Desgraciadamente, en las dos ocasiones anteriores las propuestas no eran oportunas ni necesarias, ni tampoco lo era el método por el cual se puede llevar a cabo la reforma de una norma tan importante. Hace unas semanas se trataba de reformar la norma electoral para evitar un disparate político, votar en Navidad en caso de que el bloqueo político que se prolongaba en aquel momento continuase de forma irresponsable, y hoy se trata de cometer otra irresponsabilidad, atribuyendo toda suerte de bienes y de beneficios a la rebaja de la edad electoral a los dieciséis años.

Se han citado ejemplos de derecho comparado, se ha dicho que hay recomendaciones de instituciones internacionales -es cierto-, solo a título de recomendación, la de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, pero el único país en Europa -señor Rufián, estoy seguro de que usted lo sabe- que tiene establecida la mayoría de edad para votar a los dieciséis años es Austria. Más allá de la discusión académica de los efectos que puede producir esa rebaja de la mayoría de edad electoral, tenemos ahí una cuestión que no es discutible: los efectos. Creo que usted estará al tanto de la actualidad política europea y sabrá que en Austria, con la próxima repetición de las elecciones presidenciales, está muy próximo a acceder a la presidencia de un país tan importante de la Unión Europea un partido llamado el Partido de la Libertad de Austria, el FPÖ, un partido de corte ultraderechista y nacionalista; en ese país es donde tienen esa maravilla de mayoría de edad electoral a los dieciséis años y donde los jóvenes pueden votar. Por tanto, cuidado con atribuir esa suerte de beneficios y de bálsamo de Fierabrás, para solucionar todos los problemas de una sociedad, a la rebaja de la mayoría de edad electoral, que ya ve los efectos prácticos que ha producido. No digo que sea esa la causa, pero es el único país en Europa que tiene ahora mismo esa mayoría de edad electoral. Hay otros países de Europa donde se han hecho experimentos con esta cuestión, en algunos Länder alemanes o también en Noruega en unas elecciones locales. También en Argentina. Decía en una anterior intervención, porque esta ya es una intervención repetida, que hasta el año 2012 Irán tenía el gran honor de ser el país con la edad más baja para poder votar, los quince años, hasta que se aprobó en el año 2012 la ley del voto juvenil en Argentina, por la que los quince años son ahora también la mayoría de edad para poder votar. Eso sí, a partir de los dieciocho años es obligatorio el voto. No sé si también usted pretendería trasladar eso a nuestro país. En derecho comparado, como ya hablamos en la otra ocasión, están Cuba, Nicaragua, Ecuador o Indonesia, que no sé si son los mejores ejemplos para esa mejora democrática que todos buscamos. Ya le digo que en Europa, excepto en Austria y Chipre, no existe esa mayoría de edad a los dieciséis años. El anterior portavoz, el compañero Legarda, ha colocado la cuestión en sus justos términos. Lo que de verdad deberíamos discutir aquí es si queremos disociar la mayoría de edad de la mayoría de edad electoral.

Si lo queremos hacer así, no tengo ninguna duda de que por coherencia con nuestro ordenamiento jurídico seguro que acarrearía otra serie de consecuencias. Usted hablaba sobre el endurecimiento de las penas del Código Penal para los jóvenes. Usted sabe que el artículo 19 excluye del Código Penal a los menores de dieciocho años. No sé si lo que usted pretende también es que se les incluya en ese caso. Por eso, este es un debate de fondo, es un debate profundo, y las consecuencias que podría acarrear el romper esa coherencia que existe en nuestro ordenamiento jurídico, yo creo que es para que nos lo pensemos y mucho. Es verdad que todos los menores son titulares de los derechos fundamentales, y así lo ha señalado el Tribunal Constitucional reiteradamente, pero luego hay una graduación en su ejercicio. No es lo mismo la titularidad de los derechos que el ejercicio de los mismos. Hay una graduación. Si queremos alterar esa graduación, que de alguna manera da coherencia a todo nuestro ordenamiento jurídico, hagámoslo, pero pensemos en las consecuencias que ello pueda producir. Tampoco en otros países -en el caso de Austria es clarísimo y hay algunos estudios al respecto- está demostrado que esa rebaja de la edad propicie una mayor participación de los jóvenes en la política, o incluso que las políticas que diseñen los gobiernos sean especialmente atentas con la problemática juvenil. Yo no creo que sea ese el instrumento, aunque ya digo que debería ser un debate de fondo, un debate jurídico, de bastante más profundidad que lo que se pretende traer aquí con esta iniciativa.

Lo que sí creemos es que deberíamos dejarnos de estos debates más bien interesados u oportunistas e ir al meollo de la cuestión. El meollo de la cuestión -y todos los portavoces que han subido hoy aquí lo han dicho- es que prácticamente todos estamos dispuestos y de acuerdo en abrir el debate sobre la reforma de la Loreg, una norma estructural de nuestro sistema democrático. Prácticamente todos lo dijeron aquí en el debate anterior, y algunos lo han vuelto a repetir; creemos que el método para hablar


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sobre la reforma de la Loreg no es este, no es una proposición de ley oportunista como la que debatimos hace escasas fechas, sino un debate en una subcomisión creada al efecto para que en el seno de la Comisión Constitucional todos podamos hacer las propuestas que consideremos oportunas, y escuchando también las voces de la sociedad y de los expertos podamos llegar finalmente a un acuerdo sobre una reforma tan importante como esta. Ya lo hemos dicho, nosotros somos partidarios, es una bandera de nuestro partido la reforma de la Loreg y, además, hemos dicho claramente cuáles son los principios sobre los cuales creemos que se tiene que estructurar esa reforma. Yo no tengo ningún inconveniente en volver a repetirlos hoy aquí porque me parece muy importante.

Esos principios son, en primer lugar, rescatar el principio de la igualdad en el voto, el principio por el cual el valor de los votos de todos los ciudadanos pesen y cuenten lo mismo, vivan en Soria, en Madrid, en Barcelona, en Guadalajara o en Gijón. Ese principio ahora mismo no se respeta con la Loreg. El otro día, en el anterior debate, hacíamos referencia a lo que le cuesta a cada una de las fuerzas políticas que están aquí representadas obtener un escaño, y ustedes saben que hay una distancia enorme. El segundo principio es que es verdad que se está abriendo una sima entre los ciudadanos y sus representantes, que somos nosotros, y esa sima se puede evitar si conseguimos que de verdad los ciudadanos sientan que su voto sirve para elegir a las personas concretas que quieren que los representen. Por eso, creemos que, como mínimo, hay que desbloquear las listas electorales y propiciar una verdadera rendición de cuentas de los representantes ante los representados. Por lo tanto, planteamos ese desbloqueo de las listas electorales. También planteamos otra cuestión que nos parece fundamental, y es que los partidos tenemos que acometer una reforma de nuestras estructuras, unos procesos de democratización, y por lo tanto tenemos que acudir a procesos de selección en los que cuente el voto y la opinión de los afiliados, de los simpatizantes, de las personas que se sienten vinculadas por una fuerza política y no exclusivamente dejarlo en manos de las élites políticas de los dirigentes políticos. Queremos también suprimir todos los impedimentos que hacen que las personas con algún grado de incapacidad física o algún impedimento puedan ejercer ese derecho tan fundamental como es el derecho al voto. Y, desde luego, queremos suprimir el voto rogado; ese voto rogado que hurta un derecho fundamental a los españoles que no viven en nuestro país y que la propia Constitución obliga a que se les garantice su derecho a emitir el sufragio.

Queremos también la mejora de nuestra democracia con la obligatoriedad de los debates, porque, como dijimos en la anterior ocasión, el derecho a ser informado, el derecho a obtener una información sobre los programas electorales y lo que plantea cada partido no es una concesión graciable de los partidos políticos, sino un derecho fundamental de la ciudadanía. Lo mismo ocurre con otras cuestiones, como el voto anticipado o la mejora de los mecanismos de participación. Todo eso tiene que formar parte de los trabajos de esa subcomisión si de verdad nos queremos comprometer con una reforma tan importante como es la reforma de la Loreg.

Para eso, señor Rufián, para la mejora de la democracia, encontrará a nuestro partido, pero donde no nos va a encontrar nunca será en propuestas de carácter oportunista como esta, que en ningún caso tratan de mejorar la democracia sino atender a sus propios intereses, esos intereses que les han llevado, por ejemplo, a que Cataluña sea la única comunidad autónoma que no cuenta con una norma electoral propia. En eso usted y sus socios en el Gobierno de Cataluña tienen muchísima responsabilidad.

Estoy seguro de que lo que ustedes no han sido capaces de hacer en Cataluña lo vamos a poder hacer aquí, en el Parlamento español, si somos capaces de llevarlo por los cauces democráticos propios del parlamentarismo moderno, que son el trabajo en esa comisión y la búsqueda del acuerdo entre todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Común Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Bescansa Hernández.

La señora BESCANSA HERNÁNDEZ: Buenas tardes, señorías.

Algo va mal en esta institución si para empezar a discutir algo hay que traerlo a esta Cámara tres veces. Algo va mal si para que un proyecto salga adelante hay que repetir y repetir procedimientos porque son estériles y se agotan en sí mismos.

El sistema electoral español es uno de los pilares centrales sobre los que se construyó el régimen de 1978 y es responsable no menor de eso que en la ciencia política llaman la mala calidad de la democracia española. El sistema electoral español ha deteriorado la democracia porque, en lugar de servir con lealtad a la expresión de la voluntad popular en nuestras instituciones, ha servido para manipular


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esa voluntad. Desde 1977 el sistema electoral ha alterado sistemáticamente la voluntad de la gente beneficiando al Partido Popular y al Partido Socialista y perjudicando básicamente al resto de los partidos. Ha fabricado mayorías absolutas en el Congreso y en el Senado cuando nunca han existido. De las trece elecciones que se han celebrado en nuestro país al Congreso y al Senado, en ninguna de ellas, en ninguna, las urnas dieron mayoría absoluta a ninguno de los partidos, sin embargo, casi la mitad de esas elecciones, seis, dieron como resultado mayorías absolutas en esta Cámara. Ni que mencionar tiene el caso del Senado, donde la alteración de la voluntad popular es tan manifiesta que se construyen sistemas de desproporción tan escandalosos que impiden prácticamente que ningún otro partido que no sea el Partido Popular gobierne en esa Cámara.

El sistema electoral español empeora la calidad de la democracia por tres razones fundamentales. La primera de ellas es que quizás es de los sistemas electorales menos proporcionales de Europa. (Rumores). A través de una combinación perversa de la circunscripción electoral y la asignación automática a través de la construcción... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señora Bescansa.

Por favor, ruego silencio a sus señorías para escuchar a la oradora.

Continúe, señora Bescansa.

La señora BESCANSA HERNÁNDEZ: Gracias.

A través de la asignación automática y constitucionalizada de diputados por circunscripción, junto con la combinación de la fórmula electoral y otros elementos secundarios, se crea un sistema electoral enormemente desproporcional, un sistema electoral en el que sistemáticamente el primer y el segundo partido obtienen más escaños de los que les corresponden, un sistema que hace que el primer partido, el partido que gana las elecciones, tenga siempre entre el 4 % y el 8 % más de escaños de los que le corresponden.

Nuestro sistema electoral empeora la calidad de nuestra democracia, porque muchos de los elementos del sistema electoral, los más perniciosos, los más perversos, están constitucionalizados, y eso no es lo más normal en los países de nuestro entorno. Las leyes electorales en general son leyes importantes, leyes protegidas parlamentariamente, pero lo normal no es que estén constitucionalizadas. ¿Aquí no, verdad? Aquí, los que diseñaron este sistema, básicamente para beneficiarse de él, se encargaron de ponerle el candado de la Constitución, para que modificarlo fuese prácticamente misión imposible. Y por último, este sistema electoral es muy injusto porque excluye del derecho al sufragio, del ejercicio del derecho al voto, a personas que tienen obligaciones tributarias, a personas que tienen el derecho a trabajar; excluye del derecho de sufragio a jóvenes de dieciséis y diecisiete años.

No voy a hacer ningún descubrimiento si digo que nuestro sistema electoral necesita una transformación profunda, muy profunda. Pero históricamente el debate sobre los sistemas electorales, sobre su proporcionalidad, era un tema básicamente o bien de partidos políticos o bien del establishment o bien de la academia. Pero nuestro país, en los últimos cinco años, ha cambiado y ha cambiado profundamente. El 15 de mayo de 2011, primero cientos, luego miles y luego cientos de miles de personas salieron a las calles y a las plazas de nuestro país para decir que esta democracia funciona mal, que es de mala calidad, y se sentaron durante días, durante semanas y durante meses para debatir e identificar en qué funcionaba mal. Se abrieron largos debates, y uno de ellos -no menor en importancia- fue el debate sobre el sistema electoral español. Cinco años después la gente en este país conoce el sistema electoral.

No se crean ustedes, señores del PP, que la gente no sabe que de todos esos escaños que tienen ahí, si el sistema fuera proporcional, habría 21 que tendrían que dárselo a otra fuerza política, porque 21 de las personas que están ahí sentaditas no lo están porque los votos les hayan puesto ahí, lo están porque un sistema electoral perverso, al que se le dobló el brazo, hizo que el sistema diese en escaños lo que no daban las urnas. Y la gente en este país también sabe, señores del PSOE, que 8 de los diputados que están ahí sentados tampoco les corresponden, no son suyos, son de otras fuerzas parlamentarias. (Un señor diputado: ¡Eso lo dices tú!). No, lo digo yo, no, no, qué va, no. Es muy sencillo, es tan sencillo como ver qué proporción de votos tienen ustedes y qué proporción de escaños tienen ustedes. Y ustedes, si tuvieran el 33 % de los escaños, tendrían 116 diputados y no 137, como tienen ahora. Así que hay 21 diputados que no les corresponden. (Aplausos). Pero esas cuentas -que antes eran cuentas que echábamos en las facultades y en los libros sobre los sistemas electorales- ahora las conoce la gente y de eso es de lo que ustedes no se han enterado, de que esas cuentas ahora las hacen en la calle. La gente sabe que este sistema electoral lo diseñaron ustedes y ustedes (Señala a ambos lados de la


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Cámara) para salir beneficiados ustedes y ustedes, haciéndoles trampas a todos los demás. La gente sabe que diseñaron este sistema para salir ganando. Incluso la semana pasada, gracias al periodismo de investigación de este país, nos hemos encontrado con la prueba fehaciente de que los artífices del sistema electoral también se encargaron de hacerlo funcionar siempre a su favor, y cuando sabían que no iba a funcionar a su favor, sencillamente no lo ponían a funcionar. ¿Verdad? Supimos que en elementos centrales, como la definición de la Jefatura del Estado, cuando sabían que el sistema no iba a funcionar a su favor, sencillamente no se preguntaba a la gente. Y esto lo sabemos como prueba fehaciente de los que lo hicieron. Lo peor que le puede ocurrir a un sistema electoral es que responda únicamente a la lógica de conservación del poder de aquellos que lo diseñaron y lo pusieron en pie; es exactamente el mal que padece nuestro sistema electoral.

En nuestro grupo defenderemos siempre avanzar en la mejora de la calidad de nuestra democracia y eso pasa necesariamente por defender dos principios, que son muy viejos y muy simples pero no por eso menos válidos. El primer principio -y es un principio elemental de la democracia- es que el voto de todas las personas tiene que valer lo mismo; insisto, el voto de todas las personas tiene que valer lo mismo, y un sistema electoral democrático se construye precisamente para garantizar que el voto de todas las personas vale lo mismo y que todas las personas, todas las que tienen obligaciones y derechos en el ámbito laboral y fiscal, tienen también el derecho a participar, el derecho a votar. Así pues, votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley y trabajaremos sin poner excusas, excusas que tienen que ver con procedimientos básicamente irrelevantes; trabajaremos para avanzar en que este sistema electoral, el sistema electoral de nuestro país, garantice que el voto de todas las personas vale lo mismo.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Cámara Villar.

El señor CÁMARA VILLAR: Señora presidenta, señorías, recordarán que durante el debate relativo a la proposición de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para el supuesto del artículo 99.5 de la Constitución, el populismo volvió a enseñorearse a sus anchas en este hemiciclo. Aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, algunos grupos políticos pretendieron introducir un aluvión de importantes reformas de nuestro sistema electoral para aprobarlas en veinticuatro horas y se rasgaban las vestiduras porque nuestro grupo demandaba seriedad, tranquilidad y rigor para centrarse entonces en el concreto y acotado objeto de aquella proposición, dejando para cuando hubiera mayor estabilidad política la realización de otras reformas ciertamente precisas con el consenso necesario.

En mi intervención reiteraré en nombre de mi grupo esta idea y este compromiso. No obstante, representantes de estos grupos desataron oportunistas invectivas contra los socialistas, pretendiendo presentarnos como aquellos que queríamos impedir, entre otras reformas, el voto de los jóvenes mayores de dieciséis años en España. Poco importaba para ellos que esta misma iniciativa, como se ha recordado, ya hubiera tenido en abril de este mismo año el pleno respaldo de los diputados del PSOE frente al voto en contra del Partido Popular, de Ciudadanos y la abstención del PNV: 174 votos a favor frente a 144 avalaron la toma en consideración de aquella iniciativa que ahora se reitera, y se reitera porque decayó al disolverse automáticamente las Cámaras por no haber habido investidura. Recuérdenlo bien, sin tergiversación, señor Rufián; recuérdelo especialmente también usted, señor Iglesias; recuérdenlo todos, los que, exhibiendo un pretendido marchamo de izquierda fetén, convergieron objetivamente con el PP y negaron su voto de investidura para un Gobierno progresista. Recuerden cuántas medidas de cambio, regeneración y progreso social y democrático han quedado por este motivo en el limbo. Recuerden que con su actitud lo que han conseguido es fortalecer a esta derecha que mal gobierna España desde el año 2011. Que lo recuerde la ciudadanía.

Señorías, el Partido Socialista está comprometido desde hace tiempo con el debate para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de dieciséis años y con la necesidad de fraguar el máximo consenso posible. Así lo venimos contemplando en nuestros programas electorales. Nos hubiera parecido más adecuado tratar este tema en el cauce de una subcomisión de estudio, junto con las demás reformas electorales, y esperamos que así se haga lealmente en las que quedan por venir. En esto estamos completamente de acuerdo, coincidimos con lo que ha manifestado el señor Xuclà. Pero una vez planteada la proposición de ley para su toma en consideración tenemos que pronunciarnos con coherencia sobre su contenido. Somos un partido progresista que siempre se ha situado a la vanguardia del desarrollo de los


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derechos y las libertades, sirviendo de referencia incluso para otros muchos países, no solo en Europa. Por ello anunciamos nuestro voto favorable, porque estamos convencidos de la pertinencia, de la justicia y de la coherencia democrática de esta medida, tal como propugna el Consejo de Europa. Pero no por sus melifluas y tramposas consideraciones de hoy, señor Rufián, en absoluto.

Los argumentos que la avalan, a nuestro entender, prevalecen claramente -esto es lo que importa- sobre los que se esgrimen en su contra, que vienen a resumirse, como se ha visto aquí, en un conjunto de afirmaciones concatenadas sobre la presuntamente característica falta de madurez de los jóvenes de estas edades. Más que argumento se trata más bien de prejuicios, de estereotipos infundados con los que se quiere negar a estos jóvenes un derecho político fundamental -recuerden sus señorías- vinculado a la participación, que tiene la misma impronta, como señala el profesor Presno Linera, de los derechos fundamentales de manifestación, de reunión, de asociación y de libertad de expresión que ya se ejercen a los dieciséis años. Señorías, con dieciséis años los jóvenes tienen o pueden tener derechos y responsabilidades de adultos -se ha recordado aquí-, y siendo esto así no tiene ningún sentido que no puedan participar democráticamente en la elección de quienes les van a representar y adoptar las decisiones que afectarán a su presente y a su futuro vital. Baste señalar que tienen responsabilidad penal, que pueden trabajar, que se pueden sindicar, que pueden acceder al ejercicio de la Función pública, asociarse, emanciparse, contraer matrimonio, pagar impuestos o decidir sobre tratamientos médicos.

Así las cosas, resulta indiscutible que disponen de una perspectiva propia sobre los asuntos públicos y que tienen intereses y demandas específicas que es necesario que los partidos y los gobernantes tengamos en cuenta. Junto a ello, como ha subrayado el profesor Jorge de Esteban, tienen amplio acceso a la información y a las nuevas tecnologías de la comunicación y del conocimiento, por lo que hoy un joven de esta edad -cito literalmente- es probable que sepa más del mundo y de sus circunstancias que un joven de veinte años de hace cuatro décadas. A esta edad ya se está en disposición de haber alcanzado una formación adecuada para la participación política. José Antonio Marina y María de la Válgoma, en un dictamen para el Ayuntamiento de Sevilla, sostienen que el derecho a voto podría usarse como un rito de paso de la adolescencia a la madurez que coincidiría con la terminación de los estudios obligatorios, que son en realidad un certificado de ciudadanía. Es muy coherente con esta idea que la vigente Ley Orgánica de Educación, señorías, establezca los dieciséis años como el final de la educación secundaria obligatoria y que entre sus objetivos contemple, en el artículo 23, "asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos (...) y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática" en una sociedad plural. Por esta razón podemos representarnos el gran potencial que tendría esta medida si va acompañada del establecimiento en el sistema educativo de una progresiva educación para la ciudadanía que merezca tal nombre.

Desde 1812 a 1978 hemos evolucionado desde la exigencia de los veinticinco años a los dieciocho, pasando por los veintitrés y por los veintiuno. Una evolución parecida se puede apreciar en el derecho comparado. En algunos países se ha rebajado ya, como se ha dicho aquí, la edad electoral a los dieciséis años, como es el caso de Brasil, Nicaragua, Ecuador, Argentina, Austria, Malta, varios Estados alemanes y cantones suizos, Eslovenia, Croacia, Serbia o Bosnia Herzegovina -en estos últimos casos si trabajan-. También hay muchos otros países donde se han venido haciendo propuestas en este mismo sentido o se está estudiando muy seriamente y se está debatiendo la medida. Señor Prendes, para mí no cuentan los países que no son demócratas.

Especial consideración merece la resolución 1826/2011, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. No la rebajemos, porque efectivamente no es compulsiva jurídicamente, pero tiene un gran valor político y un gran valor evolutivo en materia de avance democrático y de respeto y desarrollo de los derechos y libertades fundamentales. En ella se sostiene que existe una creciente marginalización de los jóvenes en el proceso político en tanto que dominan las cuestiones e intereses de las personas mayores. Lo dice esa resolución. Igualmente se aprecia que cuanto más se tiene que esperar para participar en la vida política menos comprometido social y políticamente se es cuando se llega a adulto. Subraya también la necesidad de que los jóvenes puedan votar a los dieciséis años y que estén bien preparados para esta participación, es verdad, toda vez que tienen responsabilidades muy serias para con la sociedad. A este propósito reitera la importancia de mejorar la educación para la ciudadanía. Aprendamos también de este sabio consejo, señorías.

De otra parte, frente al abuso de estereotipos negativos sobre la adolescencia, los más recientes estudios de psicología evolutiva vienen a concluir que el joven de dieciséis años dispone ya de capacidad suficiente para ejercer razonablemente su voto, poniendo de relieve que sus capacidades cognitivas y las


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habilidades para el razonamiento abstracto y el pensamiento lógico están ya desarrolladas con suficiencia a partir de los quince años, siendo el joven de esta edad capaz de comprender, de razonar, de anticipar consecuencias y de actuar libremente.

Señorías, si estas son las razones más importantes para apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, entendemos que no deben ser eludidas otras consideraciones. Aquellas fuerzas políticas que estén sopesando su posición por intereses puramente electorales deberían abandonar excesivos temores o infundadas esperanzas al respecto, pues se ha demostrado que los 780.000 nuevos posibles votantes de entre dieciséis y diecisiete años no cambiaría demasiado el estado de cosas porque los jóvenes de esta edad también son diferentes entre sí ideológicamente, serían muy pocos para cambiar la correlación de fuerzas y además suelen abstenerse mucho. Lo importante es que esta medida, desde el punto de vista democrático de participación política, es coherente y desde el punto de vista jurídico y constitucional, justa y posible, y si, en fin, la queremos mirar desde un punto de vista utilitarista, quienes se beneficiarían serían los jóvenes y el entero sistema democrático.

Termino, señora presidenta. Brevemente. Me pregunto: ¿Requeriría esta reforma, como algunos sostienen, la previa reforma del artículo 12 de la Constitución? Entiendo que no. Lo que este artículo regula es la institución de la mayoría de edad a los dieciocho años referida a la capacidad de obrar desde un punto de vista general y de culminación gradual, pero permitiendo siempre regulaciones específicas y no siendo una frontera para la titularidad y el ejercicio de los derechos fundamentales, derechos que se tienen ya en la minoría de edad de manera parcial o total, dependiendo de los casos.

Termino ya definitivamente. Nuestra Constitución establece en el artículo 48, por otra parte, un principio rector para los poderes públicos que consiste en promover las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural. Y es evidente que con la adopción de esta medida se estaría desarrollando en un modo relevante este principio, hoy de tan menguado compromiso jurídico con la realidad como lo calificara mi añorado maestro el profesor Juan José Ruiz-Rico.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias por su atención, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Escudero Berzal.

La señora ESCUDERO BERZAL: Presidenta, señorías, permítanme que antes de entrar en el fondo de la proposición de ley me dirija primero al señor Rufián.

Señoría, la provocación sustituye en el debate la falta de argumento y usted interviene solo para ofender; toda su argumentación no ha respondido a la formación de un juicio de valor sobre el asunto del que hablamos sino solo a la ofensa. Le dejo la reflexión que hizo Leonardo Da Vinci: He ofendido a la humanidad porque mi trabajo no tuvo la calidad que debería haber tenido. Cada intervención suya en esta Cámara, señor Rufián, es una ofensa -no a toda la humanidad, por supuesto, pero sí a todos los españoles-. Y por lo que nos afecta a nosotros, al Grupo Parlamentario Popular, me quedo con lo que decía Maquiavelo: Los hombres ofenden antes al que aman que al que temen. Deje de querernos tanto, señor Rufián.

Señora diputada de Podemos, sus cuentas son las de la lechera. ¿Podría decirnos cuántos escaños tiene la oposición en Cuba? ¿Y en Grecia? ¿A quién le debe Syriza los cincuenta escaños que el sistema da al ganador? Señorías, aunque hayan cambiado los ponentes estamos reproduciendo las mismas intervenciones, los mismos argumentos que hace siete meses, exactamente el 19 de abril y, por otro lado, es lógico. La postura del Grupo Parlamentario Popular es exactamente hoy la misma que la que tan brillantemente defendió y expuso mi compañera Pilar Cortés. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana propone la modificación de parte del articulado de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con la finalidad de ampliar el derecho de sufragio activo a los españoles mayores de dieciséis años, introduciendo además otras modificaciones relativas a la composición de las mesas electorales para permitir la designación de los mayores de dieciséis años y establecer una actualización anual y no mensual del censo electoral.

Los argumentos esgrimidos por las formaciones políticas que apoyan la iniciativa y por lo referido en la exposición de motivos de la propia proposición de ley para permitir que los mayores de dieciséis años puedan votar son, resumiendo, según Esquerra para transformar el dolor de los jóvenes por culpa de la crisis económica en un instrumento de transformación política; Compromís habló de nostalgia y coherencia en los derechos de civiles y adquiridos; Democracia y Libertad para dar una lección de democracia a los


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jóvenes; para mejorar la formación de la juventud, acabar con el tópico de que los jóvenes son infantiles, los partidos se verán obligados a impulsar mejoras en la relación con la juventud y porque es una medida de rejuvenecimiento, necesaria para la regeneración democrática, según Podemos, y porque esto es progresismo, señorías, y el PSOE es progresista, y por coherencia con otras regulaciones de la edad. Quiero felicitar al señor Legarda y al señor Prendes por la reflexión profunda y el estudio intenso de esta iniciativa con la que estamos en buena parte de acuerdo.

Señores diputados, rebajar la edad de sufragio activo no es un debate baladí. Una modificación tan importante en el requisito principal para poder ejercitar un derecho fundamental, el derecho que tienen todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal como proclama nuestro artículo 23 de la Constitución, no puede tener razones de tanto peso como la nostalgia, el dolor, el rejuvenecimiento de la democracia, problemas de la juventud, la recomendación -que no obligación- contenida en una resolución del Consejo de Europa de 2012 ni en la Ley del Parlamento de Cataluña de 2014, de consultas populares no referendarias, ni en informes del Consejo de la Juventud de España ni en el Foro Europeo de la Juventud ni en el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña, con todo el respeto que me merecen. Señorías, no se trata -aunque algunos parece que quieran reducir a eso el debate- de si están o no preparados los jóvenes de dieciséis años para votar. El Grupo Parlamentario Popular no va a entrar en eso. Cada persona es titular de los derechos que tenemos reconocidos por nuestro ordenamiento y los ejercita conforme al mismo. Señorías, la edad de la persona es un estado o una cualidad que tiene una extraordinaria importancia sobre la determinación de la capacidad de obrar de las personas, esto es la actitud o la posibilidad que tienen los seres humanos para ejercer o poner en práctica los derechos y obligaciones de los que son titulares. La edad de una persona condiciona de forma general su capacidad de obrar. Los ordenamientos jurídicos suelen establecer un límite de edad, llamado la mayoría de edad, que determina el paso a la capacidad de obrar plena, es decir, a la posibilidad de ejercer por sí mismo los derechos y obligaciones propios de su persona y sus bienes. Nuestro Código Civil reconoció la mayoría de edad a los dieciocho años desde noviembre de 1978 -antes era a los veintiuno como bien se ha dicho- y nuestra Constitución en su artículo 12 lo declara igualmente, siendo a partir de esa edad cuando se obtiene plena capacidad para realizar actos jurídicos válidos y ser responsable de los mismos, es decir, se puede votar y ser votado, firmar cualquier tipo de contrato, comprar o vender cosas, ejercer acciones jurídicas, ser titular de negocios. En definitiva, ser responsable personalmente de las consecuencias de todos sus actos. Adelantar la edad de voto a los dieciséis años en España no sería consecuente con nuestro marco jurídico, aunque existen argumentos a favor. Es cierto, como han dicho ustedes, que a esa edad un joven tiene derecho a acceder legalmente al mercado laboral, de dar su pleno consentimiento a un tratamiento médico o a mantener relaciones sexuales con un adulto y que tiene responsabilidades penales pero olvidan -todos ustedes olvidan y lo hacen con intención- decir que esas responsabilidades penales son las que contempla, señorías, la Ley del Menor y no el Código Penal. Porque un menor de dieciocho años no puede ingresar en la cárcel ni cumple las mismas penas que un adulto. También olvidan respecto al ámbito laboral que los menores que quieran trabajar necesitan la autorización de sus padres. Rebajar la edad para votar a los dieciséis años implicaría también rebajar la edad penal y la edad laboral, ya que si no se hace así estaríamos ante una enorme demagogia, consistente en ganarse el favor de los menores concediéndoles el derecho de voto pero, al mismo tiempo, declarándoles inmaduros e irresponsables para trabajar o para rendir cuentas ante la justicia. Declararles responsables para el voto pero no para el trabajo o para la prisión sería convertir a los nuevos votantes en unos privilegiados, señorías, con los mismos derechos que el resto de los ciudadanos pero no con las mismas obligaciones. Esto, señorías, también va en contra de nuestra Constitución española porque va en contra de la igualdad de todos los españoles. De lo anterior se desprende que adelantar el voto a los dieciséis años no solo supondría reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General sino también modificar el artículo 12 de nuestra Constitución.

Por otro lado, creo que es conveniente que se sepa que el límite de la mayoría de edad fijada en nuestro ordenamiento está equiparado con el de nuestro entorno político y cultural -Francia, Alemania, Italia- y la gran mayoría de países, ya que, como ya se ha dicho, solo en ocho países del mundo se puede votar los dieciséis años; en otros como Japón a los veinte, en Kuwait a los veintiuno y en Irán, por contra, a los quince. Me ha llamado mucho la atención que sólo un grupo parlamentario, Democracia y Libertad apuntó que habría que estudiar la posibilidad de que pudieran ser elegidos a esa edad. Realmente, si se propone rebajar la edad para el sufragio activo, ¿por qué no para el pasivo? Sería justo y lógico que


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quien pueda votar también pueda ser votado. ¿Se imaginan un presidente del Gobierno en España con dieciséis años? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¡Si eso puede ser progresismo!

Hay otro argumento empleado en defensa de esta rebaja de edad para votar que me preocupa, que diferentes grupos parlamentarios reclamen esta reforma como medida para que se tenga en cuenta la juventud y así los partidos políticos se preocupen por los jóvenes, señorías, nos ha sorprendido. No lo sé de sus formaciones políticas, pero la mía lleva muchísimos años preocupándose y trabajando por la juventud. No hay programa electoral en ningún ámbito ni acción de Gobierno en ninguna Administración que no vaya dirigida a mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes y a mejorar las condiciones para que tengan el futuro que se merecen. No necesitamos en el Partido Popular rebajar la edad de votar para que los jóvenes, su presente y su futuro, sean una prioridad en nuestras acciones.

Por último, argumentar la necesidad de rebajar la edad de voto para así conseguir la madurez entre los menores, discúlpeme que lo cuestione. Nosotros creemos que es exactamente al revés, que la edad del voto se fija en función de la madurez de los votantes, pero ante esta argumentación de ustedes de si rebajar la edad de voto genera madurez como por arte de magia, ¿por qué no rebajarla aún más y tener personas maduras con quince, con trece e incluso con nueve años? También argumenta que se mejoraría la calidad democrática y cuesta entender que por el hecho de que voten las personas de dieciséis años nuestro país vaya a tener más calidad democrática. Le sirve el mismo argumento que el anterior, que entonces voten los de nueve años porque así tendríamos más calidad democrática.

Señorías, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General ha sido modificada en diversas ocasiones y estas modificaciones han dado lugar a la presentación de numerosas iniciativas. Incluso en la IX Legislatura se creó una subcomisión sobre las posibles modificaciones el Régimen Electoral General sin que a ninguna de estas iniciativas ni en el informe de la subcomisión se hayan presentado propuestas de ampliación del sufragio a los mayores de dieciséis años. Solo hay dos preguntas escritas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista en esta legislatura y la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra hace seis meses. La resolución europea es de hace cinco años, del año 2011, y la ley catalana de hace dos años, del año 2014. ¿A nadie le ha interesado este tema? ¿Y ahora sí? Creo que se lo dijo muy claro mi compañera Pilar Cortés: Las leyes electorales, señorías, nunca son inocentes.

Ni el Grupo Parlamentario Popular ni el Gobierno del Partido Popular, señorías, tienen miedo. No tenemos miedo para afrontar esta reforma, no tenemos miedo al cambio y no lo tenemos porque si alguien ha cambiado España, si alguien ha dado la vuelta a este país con grandes y profundas reformas y ha cambiado a mejor la vida de los españoles generando futuro, generando confianza y generando ilusión para los jóvenes también, ha sido el Gobierno del Partido Popular. Muchos de ustedes, señorías, hasta ahora solo han gritado, pero hacer lo que se dice hacer, nada de nada. Llevan ya más de dos años gobernando en muchos ayuntamientos y los españoles ya han visto lo que significa su cambio. No lo digo yo, señorías, sino los españoles y lo han dicho en dos ocasiones: el 20 de diciembre y el 26 de junio.

Señores de Esquerra, termino señora presidenta, y señores de Podemos, tal vez ustedes proponen esta reforma basándose en la premisa de que los menores de dieciocho años son más de izquierdas, pero no se engañen, señorías, porque rebajar la edad del voto no hace ganar las elecciones a nadie. Los últimos estudios indican que la franja de edad donde hay más abstención es entre la de dieciocho a veinticuatro años porque la gente más joven prefiere otras formas de participación política.

Acabo, señorías. Trabajemos todos para mejorar esta ley, pero no con parches ni con engaños, sino desde la responsabilidad y la lealtad con todos a los que representamos que son, nada más y nada menos, que a todos los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A ALCANZAR UN GRAN PACTO NACIONAL PARA FORTALECER Y GARANTIZAR NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES DENTRO DEL MARCO DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 162/000137).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa a alcanzar un gran


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pacto nacional para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones dentro del marco del Pacto de Toledo. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora España Reina.

La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias.

Señorías, buenas tardes. Desde el Grupo Popular hemos presentado una proposición no de ley para impulsar en el Pacto de Toledo y en el diálogo social un nuevo acuerdo que contenga nuevas recomendaciones y orientaciones para seguir garantizando el futuro del sistema público de pensiones. Se han presentado enmiendas por varios grupos y finalmente hemos alcanzado una enmienda transaccional que va a ser aceptada y firmada por la mayoría de los grupos parlamentarios -Ciudadanos, Partido Socialista, lógicamente el Grupo Popular, Grupo Mixto y PNV- y se nos han descolgado algunos grupos como Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. Estamos haciendo un esfuerzo y espero que al final de la jornada también puedan sumarse a este espíritu de diálogo, colaboración y consenso que esta tarde ha impregnado este acuerdo, que deseo se mantenga a lo largo de toda la negociación.

Señorías, la Seguridad Social ha sido una prioridad para el Partido Popular en toda la legislatura porque somos conscientes de que las pensiones son la columna vertebral del Estado del bienestar y han sido el sostén de muchas familias durante la crisis. Tenemos un sistema público de reparto eminentemente contributivo y queremos que se siga siendo así, público y de reparto. En este sistema destinamos el 12,5 % del PIB al pago de pensiones, que es el noveno porcentaje más alto del mundo, exactamente 4,6 puntos más que la media de la OCDE, dedicando el 38,5 % de nuestros presupuestos al pago de pensiones. Señorías, hoy en España se pagan más pensiones que nunca a más pensionistas que nunca y con unas pensiones más altas que nunca y por eso creo que tenemos que estar orgullosos de lo que hemos construido entre todos. Es un sistema que ha venido demostrando fortaleza desde los inicios de la crisis en el año 2008, si bien es cierto que la demografía está poniendo cada vez más en tensión nuestro sistema de pensiones. Como saben ustedes, tenemos 9,4 millones de pensiones y vamos a sobrepasar los 16 millones en el año 2050. El gasto en pensiones se ha más que duplicado desde el año 2000 -53.000 millones de euros- ascendiendo en la actualidad a 118.000 millones de euros. Tenemos un millón más de pensionistas en la última década y además del reto demográfico tenemos el reto del empleo. Desde el Partido Popular hemos defendido siempre que la mejor medida para garantizar las pensiones es la creación de empleo. Señorías, ya hemos recuperado la mitad del empleo perdido durante la crisis; 1.600.000 empleos recuperados de los 3.300.000 que se perdieron en la crisis. Señorías, hoy el crecimiento del empleo en España es tres veces superior al crecimiento de las pensiones, algo fundamental para sostenibilidad del sistema. Se han hecho muchas reformas de calado para mitigar los efectos demográficos. Ahí está la propia Ley 27/2011 que presentó un Gobierno socialista, donde se elevaba la edad de jubilación. Ahí están las reformas del Gobierno del Partido Popular, como la restricción de la jubilación anticipada -no es posible que más del 50 % se jubilara antes de la edad de jubilación-, favorecer la compatibilidad entre trabajo y pensión -factor de sostenibilidad que empezará a producir sus efectos a partir de enero de 2019- o el índice de revalorización de pensiones, que es una de las recomendaciones del Pacto de Toledo.

Señorías, los pensionistas han tenido ganancias de poder adquisitivo en los últimos años y la pensión media de jubilación ha pasado de 915 euros en el año 2011 a 1.049 euros, decía hoy la ministra. Por lo tanto, se ha incrementado cerca de un 14 %. Muchas de estas reformas no han finalizado su implantación, es decir, tienen que seguir causando sus efectos, pero han sido reformas adecuadas. La consecuencia de todo esto es que no hay recomendaciones de la Unión Europea en materia de pensiones en los años 2014, 2015 y 2016. Hay que recordar, señorías, que tenemos una de las tasas de sustitución más elevadas de Europa, en concreto, la segunda después de Holanda. Es decir, estamos hablando de la relación entre el último salario y la primera pensión. La tasa de sustitución en España es de más de un 80 % cuando la media de la OCDE es algo superior al 50 %.

Señorías, es cierto que nuestro sistema para ser viable a medio y largo plazo necesita mecanismos que lo sostengan y hay que seguir insistiendo en la senda de las reformas iniciadas para que el sistema sea sólido y quede garantizado para generaciones venideras. Por este motivo queríamos alcanzar con todos los grupos un pacto nacional que avale el futuro de las pensiones para que en el Pacto de Toledo se puedan analizar las circunstancias económico-financieras y demográficas que puedan garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones. Yo les pido, señorías, que hagamos posible que los pensionistas de este país se sientan orgullosos de sus políticos. Es un primer paso el que hemos dado hoy, es un acuerdo importante y tenemos que demostrar que somos capaces de alcanzar un gran acuerdo


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nacional por las pensiones. Los integrantes de la Comisión del Pacto de Toledo tenemos que ser un equipo, el equipo de las pensiones, y juntos, unidos en la defensa del mejor sistema de protección social que tenemos en España, tenemos que lograr entre todos ese gran pacto de las pensiones. Por tanto, señorías, seamos responsables y dejemos a un lado los intereses partidistas.

Para mí es un honor formar parte de la Comisión del Pacto de Toledo, el gran pacto social de la democracia y, como les decía esta mañana en la Comisión, nuestras manos están abiertas y tendidas al diálogo, al acuerdo, a la negociación y al consenso, como este que hemos tratado de alcanzar esta tarde. Lancemos un mensaje de tranquilidad a nuestros pensionistas diciéndoles que somos capaces de alcanzar un gran acuerdo. Es nuestra obligación, señorías, y es nuestra responsabilidad. Se lo debemos a nuestros mayores y también se lo debemos a nuestros jóvenes, porque además se lo merecen. Agradezco a todos los partidos el espíritu de diálogo y de consenso que ha habido esta tarde y tengan siempre en cuenta que al Partido Popular nos encontrarán siempre en el diálogo, en la negociación, en el acuerdo y en el consenso por el beneficio de nuestro sistema público de pensiones y de nuestros pensionistas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, intervienen, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Candela Serna.

El señor CANDELA SERNA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, en primer lugar, para poder llegar a un consenso en el Pacto de Toledo tenemos que partir de una constatación: las políticas en materia de empleo y de pensiones del Partido Popular han sido un fracaso. La reforma laboral del Partido Popular ha bajado los salarios un 10 % de media, lo que ha ocasionado que, habiendo los mismos empleos, las cotizaciones sean inferiores. Estos son los principales problemas del sistema de pensiones y sobre esto tenemos que actuar.

Como solo tengo un minuto, les diré una sola cosa. Nosotros estamos abiertos al consenso, pero partimos de una realidad. No se puede repetir un consenso sobre las mismas propuestas, sobre las mismas políticas que han llevado a la situación actual del sistema de pensiones. Consenso sí, pero alejado de las políticas del Partido Popular.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés. (Rumores).

Ruego silencio antes de que empiece el señor Campuzano. Silencio, por favor.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.

Señora España, estamos por el pacto, estamos por el Pacto de Toledo, nos sentimos corresponsables del Pacto de Toledo, fuimos los impulsores del mismo en la década de los noventa y nos sentimos además partícipes del fortalecimiento del sistema público de pensiones. Por tanto, votaremos sí al texto que se nos ofrece.

Simplemente quiero recordarle que esa actitud que hoy han mostrado en esta Cámara en esta iniciativa ojalá la hubiesen tenido en el año 2011 y en el año 2013. Entonces el Partido Popular, cuando estaba en la oposición o luego cuando tuvo la mayoría absoluta, no practicó esta política en esta materia. Bienvenidos, por tanto, de nuevo al Pacto de Toledo, pongámonos a trabajar y tengamos claro que el reto es la sostenibilidad, pero también la suficiencia de las pensiones. No puede haber un sistema que sea sostenible sin que la cuantía de las pensiones sea suficiente para garantizar la dignidad de los pensionistas. Este también va a ser un reto de la actual renovación del Pacto de Toledo.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Yo quiero decir dos cosas. En primer lugar, en este momento se está creando una verdadera angustia en mucha gente mayor de este país porque el discurso que se está dando de que se ha esquilmado el Fondo de la Seguridad Social -que no es así porque ese fondo existía precisamente para momentos como este- y que las pensiones están en riesgo produce ansiedad y angustia en este país y todas las fuerzas políticas tenemos la responsabilidad de no usar las pensiones como un arma electoral, un arma


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política contra el contrincante, sino tranquilizar a la gente. En segundo lugar, nosotros vamos a apoyar esta proposición, pero nos gustaría que, como en todos los pactos de Estado, no lo hagan solo los grupos parlamentarios, sino todas las fuerzas políticas. Por eso vuelvo a decir que si es un pacto de Estado solicitamos todos los partidos y el mixto estar. Por último, me alegro de que el Partido Popular haya puesto también el análisis de las pensiones no contributivas; esas pensiones no contributivas que son tan importantes en mi tierra, de gente que no es que no haya trabajado, sino que trabajó como una burra toda su vida pero que no ha podido cotizar porque emigró o porque en aquella época no se cotizaba en determinados ámbitos. Por eso creo que este tema es importante: las pensiones y las pensiones no contributivas.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, Unión del Pueblo Navarro está a favor de llegar a nuevos acuerdos dentro del marco del Pacto de Toledo para garantizar las pensiones. ¡Faltaría más! Y también estamos a favor de que todas las fuerzas políticas, no grupos políticos sino todas las fuerzas políticas estemos representadas en ese pacto de Estado. Lo dije en el debate de investidura y lo vuelvo a reiterar. Actualmente nos encontramos en un momento en el que en España tristemente cada vez nacen menos niños, donde por fortuna vivimos más años y por tanto donde no hay un relevo generacional. Ante esta situación, los sociólogos ya anticipan un suicidio demográfico, una debacle poblacional. Dejemos de mirar a los pies, dejemos de mirar los próximos cuatro años en clave electoral y miremos realmente por el futuro de este país para garantizar las pensiones y, cómo no, el sistema social y sanitario y el futuro de la conveniencia intergeneracional.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Yllanes Suárez.

El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, tengo que reconocer que cuando leí por primera vez el título de la proposición no de ley que presenta el Grupo Popular mi sorpresa fue grande ante lo ambicioso de su redacción: gran pacto nacional, Pacto de Toledo, fortalecimiento del sistema público de pensiones. Sorpresa no por los términos utilizados, con los que estamos absolutamente de acuerdo, sino por el hecho de que el grupo parlamentario que los propone es el mismo que ha gobernado con mayoría absoluta en los últimos cuatro años y que en el año 2013 realizó una reforma de las pensiones, ahondando en la que se había producido en el año 2011, que tendrá como necesaria consecuencia la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en los próximos años, Gobierno que además ha vaciado la hucha de las pensiones hasta dejarla en cifras que garantizan que se quedará sin fondos para cumplir su función en el año 2017, además de haber dejado las cuentas de la Seguridad Social con el mayor agujero que hemos conocido en la historia de nuestra joven democracia; nada más y nada menos que 18.000 millones de euros. Es más, la última reforma que el Gobierno del PP hizo en el año 2013 introdujo en nuestra regulación el factor de sostenibilidad, que hará perder hasta un 15 % de poder adquisitivo a las pensiones durante los próximos años, lo que no deja de ser contradictorio con su afirmada voluntad de fortalecer el sistema público de pensiones.

Esta mañana, en la Comisión del Pacto de Toledo, hemos tenido la oportunidad que se nos había negado hasta hoy de escuchar en comparecencia a la ministra de Empleo. No voy a desarrollar lo que ha dicho en esa comparecencia, pero sí puedo hacer algunas menciones como, por ejemplo, que considera la Seguridad Social como un pilar insustituible de nuestro modelo de sociedad, lo que no deja de ser un completo brindis al sol; afirma que las pensiones están garantizadas a medio y largo plazo, pero sin dar ninguna razón de ciencia sobre esa afirmación; se felicita porque la Unión Europea no nos ha hecho ninguna recomendación desde el año 2013 y eso de alguna forma fortalece la solidez del sistema; o también se felicita por que China haya elegido el sistema español de pensiones para inspirarse a la hora de crear su propio sistema público de pensiones. No les aburriré con las cifras concretas que se han dado, pero baste con aportar dos detalles. Primero, se nos dice que la pensión media ha subido hasta 1.050 euros, eludiendo cualquier mención a que el 49 % de las pensiones en este país están por debajo del


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umbral de la pobreza, y además que el mayor porcentaje de las perceptoras son mujeres, lo que convierte a España en el país con mayor porcentaje de brecha de género en pensiones según la propia Unión Europea. Segundo, que los pensionistas y las pensionistas han ido ganando poder adquisitivo desde el año 2013 gracias al índice de revalorización, pese a que esta misma mañana se publicaba en la portada de un diario de tirada nacional -cito textualmente- que los pensionistas perderán poder adquisitivo por el encarecimiento de la energía, añadiendo que el IPC aumentará un 0,9 % mientras que las pensiones lo harán un 0,25 %.

Por estas razones que acabo de exponer y por las que a continuación voy a desarrollar, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se abstendrá en la votación de esta proposición no de ley. En ese gran pacto que nos proponen tendremos que hablar de muchas cosas que hay que cambiar para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones. La primera y más urgente de todas es la reforma del mercado de trabajo. Pese al sostenido autobombo acerca de las políticas de creación de empleo por parte del señor Rajoy en cuantas intervenciones ha tenido ante esta Cámara, lo cierto es que el empleo en España es de baja calidad, precario y temporal, con salarios muy bajos y cotizaciones sociales en mínimos. Solo así se explica que el número de afiliados a la Seguridad Social sea el mismo en la actualidad que en el año 2011 y, sin embargo, hayan descendido los ingresos por cotizaciones, demostrando que una parte importante del problema que hoy nos ocupa lo han creado ustedes, el Gobierno del Partido Popular, con sus políticas de empleo. A pesar de recuperar puestos de trabajo, la caída de salarios, la menor protección de las personas en paro a consecuencia de su reforma laboral y las políticas de tarifas planas y bonificaciones no han permitido recuperar el nivel de cotizaciones que había anteriormente. No bastará con recuperar los niveles de empleo anteriores a la crisis, sino que hay que subir los salarios, especialmente el salario mínimo interprofesional, pues resulta imposible modernizar nuestro sistema productivo con salarios que rozan el umbral de la pobreza, y hay que recuperar la negociación colectiva de los salarios para que puedan recuperar lo perdido. La caída salarial solo nos permite competir por abajo y nos conduce al abismo. La competencia por arriba no solo nos permite modernizar el sistema productivo, sino que además mejora las cuentas de la Seguridad Social. Tendremos que hablar de que no es la demografía la que pone en peligro las pensiones, aunque se haya aludido constantemente a la misma en la exposición de motivos de la proposición no de ley, y que la Seguridad Social es sostenible desde el punto de vista económico. El problema que arrastramos es el de mantener un sistema exclusivamente financiado por las cotizaciones sociales, por lo que propondremos las medidas necesarias para asegurar los ingresos suficientes, tanto eliminando los actuales topes a las cotizaciones como mediante un sistema tributario más progresivo a través de los Presupuestos Generales del Estado. Habrá que volver a ligar las pensiones a la inflación para evitar que los perceptores y las perceptoras sigan perdiendo capacidad adquisitiva año tras año, impidiendo que en el futuro las pensiones públicas se puedan convertir en pensiones de calidad.

Termino, señora presidenta. Solo revirtiendo las reformas laborales que han erosionado los salarios o la creación de empleo de calidad como principal objetivo y la ampliación de las fuentes de ingresos de la Seguridad Social, considerando la posibilidad de financiar el sistema a través de otros ingresos tributarios, eliminando los actuales topes a las cotizaciones, las bonificaciones y las tarifas planas y combatiendo con mayor eficacia el fraude se podrá dotar de contenido las palabras gran pacto nacional, Pacto de Toledo o fortalecimiento del sistema público de pensiones. Si por el contrario, como nos tememos, su finalidad principal es introducir variables que hagan necesario privatizar en parte el sistema público de pensiones o recortar su cuantía, les aseguramos que nos tendrán enfrente.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Perea i Conillas.

La señora PEREA I CONILLAS: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, la propuesta que se discute presentada por el Grupo Popular no debería ser discutida en el Parlamento de esta XII Legislatura. En primer lugar, por tratarse de una propuesta cínica y, en segundo lugar, por ser una propuesta tramposa, sobre todo en su exposición de motivos -lo han dicho otros ponentes que me han precedido-, al derivar todo a esa demografía. Es cínica porque el Partido Popular, a lo largo de la X y XI Legislatura -esto es, cinco años- ha estado ninguneando día sí, día también a este Parlamento, y tramposa porque quiere asentar -de la lectura de la exposición de motivos a la que me refería se desprende- un Estado de opinión de una realidad que no es. Señores del Partido Popular,


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por mucho que repitan que la crisis del sistema es por el incremento del envejecimiento no van a conseguir que sea verdad. Esa letanía falsaria dice muy poco de ustedes, cuando lo que están planteando en este momento en esta Cámara y esta mañana por parte de la señora ministra es el consenso.

Señora España, le negamos la mayor. Todos los grupos de esta Cámara hemos recordado esta mañana el ninguneo del Partido Popular al Pacto de Toledo a lo largo de estos cinco años, y no solo al Pacto de Toledo, sino también al consenso con los agentes sociales, a las reformas unilaterales, y no les han dolido prendas en aquello que les hemos manifestado y recriminado. Han ninguneado de forma espectacular, como les decía esta mañana. Incluso en el periodo de Gobierno del Partido Popular de los años 1996 a 2004, cuando el presidente era Aznar, se había venido respetando el contenido del Pacto de Toledo, que en cada momento ha estado vigente, y siempre sin romper la concertación social y política.

Esta mañana escuchábamos a la ministra, Fátima Báñez, y francamente estábamos alucinando -lo puedo decir claro-, porque hablaba de una realidad que tiene en su mente junto con sus responsables del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Señores del PP, se lo recuerdo porque parece que tengan amnesia selectiva; ustedes no han aportado nada al consenso en esta Cámara desde hace justo cinco años, y menos aún al consenso en esta materia tan delicada, como es la sostenibilidad de las pensiones. Honestamente debo decirles que deberían haber retirado esta PNL, pero como considero que ustedes llevan las cosas hasta el final no quiero dejar de decir que el Grupo Socialista va a estar aquí hasta el último momento para conseguir un consenso (Aplausos), pero un consenso dirigido a recuperar aquello que ustedes han desmontado. Esto es así, han sido capaces de desmontar y de poner en quiebra el sistema de pensiones por la puerta de atrás, debilitando los ingresos con una reforma laboral que tendrán que rectificar. Por mucho que el presidente del Gobierno -que por cierto no está- diga que no piensa rectificar nada, van a tener que rectificar esa reforma laboral, como van a tener que rectificar ese factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones que tan regresivo ha sido para el poder adquisitivo de los pensionistas. Perdóneme que lo diga, señora España, me alucina que usted diga que tenemos un sistema que a la Unión Europea le parece ejemplar. Claro, le parece ejemplar porque ha ido a la baja. Usted me dice que formamos parte del noveno puesto en el PIB del gasto. Estamos por detrás de Grecia y de Portugal. ¿Le parece poco? Y encima quieren recortar más. Esta mañana lo decía la ministra. Decía: estamos muy contentos porque la Unión Europea nos reconoce las reformas que hemos hecho y rebajaremos más el gasto público. Ahí no estaremos con ustedes, y menos en detrimento de la pensión de jubilación de los ciudadanos de nuestro país, que son más de 9 millones y medio en este momento. El hecho de que crezcan los pensionistas no es gracias a usted ni a su grupo; crecen los pensionistas porque ya estaba previsto, por ejemplo, en la reforma de 2011 que acordó el Gobierno del Partido Socialista con los agentes sociales. Por cierto, un consenso al que ustedes renunciaron en el último momento por una cuestión electoral; venían elecciones y no querían reconocer que habían ampliado la edad de jubilación a sesenta y siete años. (Aplausos).

Nosotros hemos llegado a este acuerdo, a esta transaccional, porque queremos que el pacto se consiga. Tenemos muy claro que vamos a llevar hasta el final estas PNL y estas PL -proposiciones que, por cierto, la señora ministra se ha dedicado a desglosar a lo largo de su intervención; es decir, nosotros ya aportamos, ya llevamos trabajo hecho en este Parlamento-. Para empezar, la proposición de ley de revalorización de las pensiones, a fin y efecto de que en 2017 sea el IPC el que revalorice las pensiones de jubilación.

Voy acabando. Cuando estudiaba derecho, de esto hace ya unos cuantos años, había un artículo del Código Civil que hablaba de la buena fe, un artículo del Código Civil que venía a recoger el abuso de derecho. No porque uno aplique la ley no hay abuso de derecho. Ustedes, a lo largo de cinco años, han estado abusando de su mayoría absoluta para actuar en contra del sistema de pensiones, y la prueba la tenemos ahora; en contra del sistema laboral, que lo tenemos ahora como lo tenemos. No le reconocemos la mayor, señora España, ni aprobamos la actitud prepotente -siento decirlo así-, no de usted, sino la del Partido Popular a lo largo de estos cinco años, y esta mañana alguna cosa hemos visto también en la comparecencia de la ministra.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Señora presidenta, señorías, no es de extrañar que se haya oído un determinado tono en las intervenciones habidas hasta el momento respecto a la proposición no de ley


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presentada por el Grupo Popular para alcanzar un gran pacto nacional a fin de fortalecer y garantizar el sistema público de pensiones en el seno del Pacto de Toledo. La semana pasada, los portavoces tuvimos una entrevista con la ministra, donde ya hubo determinadas exposiciones, y hoy mismo por la mañana, en la comparecencia de la ministra, ha habido suficiente y amplia información, con la que se puede discrepar o no pero que ha sido otorgada de forma fidedigna por parte de la ministra, pero también ha habido una ausencia de autocrítica e incluso se ha justificado la necesidad de esta concreta proposición no de ley. Uno de los aspectos que más ha destacado la ministra, tanto la semana pasada como hoy, ha sido que el Pacto de Toledo debía guiarse sobre una necesidad de acuerdo entre las partes y un cierto grado de complicidad o confidencialidad entre todos los participantes, algo a lo que hemos accedido gustosamente, con independencia de las diferencias que podamos haber tenido. Todos hemos coincidido no solo en la importancia del sistema de pensiones y en los caracteres que todos reconocemos al sistema de pensiones como tal, sino también en la necesidad de adoptar determinadas medidas. Veremos cuáles, porque el amplio espectro del Congreso permite adivinar que van a ser muchas y muy diversas las que se van a proponer. No obstante, por intentar ser lo más breve posible, puesto que el tema no va a dar para mucho más, por lo menos se ha conseguido que haya un cierto acuerdo en darle impulso y en no crear conflicto con el sistema de pensiones y con el Pacto de Toledo. Ha habido un cierto acuerdo en no hacer fracasar algo que todos han calificado, y es cierto, como un elemento esencial de cohesión en cualquier sociedad, y también en la sociedad española.

Por ello, señorías, sabiendo además que hay una proposición transaccional que ha sido aceptada ya por la mayor parte de los grupos, nos felicitamos y participamos de ese espíritu; no de cada una de las medidas -nosotros tenemos nuestras precisiones, que hemos hecho patentes por la mañana en la comparecencia del Pacto de Toledo, y así se lo hemos hecho saber a la ministra y al Partido Popular-, sino de poder reflejar nuestras precisiones en los trabajos de esa Comisión, y no precisamente en este ámbito, en donde se está tratando una proposición no de ley precisamente para pretender aunar la voluntad de todos los grupos políticos. Repito que vamos a participar de ese consenso que se ha conseguido con una enmienda transaccional para esta proposición no de ley. Nos congratulamos y esperamos que ese espíritu continúe.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas.

El Partido Popular nos trae una proposición no de ley en la que nos invita a alcanzar un pacto nacional para garantizar el sistema público de pensiones dentro del marco del Pacto de Toledo. Para empezar, los pactos nacionales nosotros los hacemos en el Parlament de Catalunya. Pero bueno, entrando en materia, nos resulta curioso que los populares nos planteen un diálogo y un pacto cuando han gobernado durante cinco años a golpe de decreto-ley, a golpe de ley mordaza y sin diálogo social. ¿Por qué plantean un pacto ahora? Porque no tienen mayoría absoluta. Por eso quieren un pacto, porque los pactos se hacen cuando se tiene cultura del pacto o cuando no se tiene la fuerza suficiente. Con las pensiones, puede ser que sea su caso. Por eso, nos plantean ahora un pacto estatal, para fortalecer el sistema público de pensiones; un sistema de pensiones que ya, en la misma exposición de motivos, ustedes reconocen que está en crisis. Ahora bien, después de una exposición bastante triunfalista, como la comparecencia de esta mañana de la ministra, achacan el problema a causas prácticamente demográficas o de aumento de la esperanza de vida, principalmente, cuando no es cierto. Lo más importante es la economía y la calidad del empleo. Si fueran solamente demográficas, con el tema de la inmigración lo tendríamos prácticamente resuelto si hubiera trabajo. Pero no es ese el caso. Las causas, principalmente, son económicas y no como si fuera un desastre natural achacado a una crisis, como si fuera un tsunami o un terremoto. No, no es verdad. Las causas son humanas y están muy bien localizadas en las políticas económicas neoliberales de la troika; unas políticas que han recibido la complicidad de los últimos gobiernos -tanto del Partido Popular como del Partido Socialista-, por ejemplo, cambiando el artículo 135 de la Constitución o sometiéndose a las directrices políticas erróneas, como lo reconoce cínicamente el mismo Fondo Monetario Internacional.

La crisis económica es un desastre provocado por unas políticas económicas determinadas. El sistema de pensiones español es un buen sistema, siempre y cuando haya una economía que funcione y que haya una calidad de empleo suficiente para tener unos salarios dignos para vivir y para contribuir al sistema público de pensiones. No es este el caso y es esto lo que ha fallado. El Gobierno continúa defendiendo a


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capa y espada como buenas unas reformas laborales, cuando nos están llevando a mayores índices de pobreza y a una profunda crisis del sistema de pensiones. Después de todas sus reformas, el paro continúa en cifras inaceptables para cualquier sociedad, con la consecuente incidencia en la falta de ingresos por cotizaciones y el aumento del gasto de la reserva. Los salarios han bajado y, como consecuencia de la bajada, la cantidad aportada en forma de cotizaciones es del todo insuficiente. Las bonificaciones a la Seguridad Social a los empresarios han sido más que dudosas y habría que estudiar bien qué retorno han tenido. Lo mismo se puede decir -por decir alguna cosa- de la calidad del empleo creado, que es claramente precario, temporal, mal pagado y que tampoco sirve para mantener el actual sistema de pensiones. En resumen, durante su mandato, las rentas del trabajo han bajado respecto del producto interior bruto -estos también son datos incuestionables- en comparación con las rentas del capital. Esa es la realidad de sus reformas y, en cierto modo, ya nos da una primera pista del trabajo sobre el que hay que incidir para compensar el salario diferido perdido en forma de pensiones.

Para acabar, estamos abiertos al pacto, pero somos escépticos, pues nuestro grupo parlamentario parte de la base de que son las políticas económicas a gran escala -las que han aplicado en estos últimos quince años- las causantes de la actual crisis de pensiones. Y pensamos que no cambiará, pues no hemos visto ni una gota de autocrítica ni en el discurso de esta mañana ni en el discurso de Rajoy ni en la exposición de motivos de está proposición no de ley. Estamos abiertos al pacto, es verdad, pero no a cualquier pacto. Un pacto, ¿para qué? Estamos abiertos a pactos pero no vamos a hacer un cheque en blanco a esto. Valoramos la actitud de la diputada Carolina España, que ha presentado una buena actitud en cuanto al diálogo, pero la actitud no se gana en una tarde, y durante cinco años esta actitud ha fallado. La valoramos y esperemos que tiempo habrá para discutir y para debatir. Si llegamos a un acuerdo, fantástico, y si no, los votos decidirán si hay pacto o no hay pacto. De todas maneras, valoramos su actitud, pero, repito -quiero que quede claro-, la credibilidad perdida en cinco años no se recupera en una tarde, aunque mejor es empezar ahora que nunca.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo Estaún.

El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, desde mi grupo parlamentario celebramos que sea precisamente el Grupo Popular quien traiga hoy a la Cámara una iniciativa con el objeto de alcanzar un gran pacto nacional, dentro de la Comisión del Pacto de Toledo, para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones. Y digo precisamente, porque son ustedes, señorías del Partido Popular y su Gobierno, los que durante cuatro años de mayoría absoluta han tomado las decisiones, no solo en materia de pensiones sino en otras cuestiones importantes en materia de Seguridad Social, totalmente de espaldas a la Comisión del Pacto de Toledo, o lo que es lo mismo, de espaldas a los demás grupos parlamentarios y de espaldas a los agentes sociales; cuatro años de mayoría absoluta donde se han agravado los problemas que ahora deberemos afrontar entre todos a corto plazo. Hablamos de problemas en materia de financiación de las pensiones teniendo en cuenta que, como todos ustedes saben, en la actualidad contamos con un déficit que ronda en torno a los 17.000 millones de euros y que todas las previsiones nos dicen que el Fondo de reserva de la Seguridad Social se agotará a finales del año 2017. Pero tampoco han tenido el valor de acometer las reformas estructurales que necesita el sistema y se han dedicado a ir poniendo parches al problema y, lo que es más grave, siempre de espaldas a la Comisión del Pacto de Toledo, algo que pensamos que es una costumbre en este Parlamento porque también se lo vimos hacer al Partido Socialista en su momento a la hora de congelar las pensiones, que tampoco contaron con el pacto.

Hablan ustedes en esta iniciativa de que el principal problema o reto al que se enfrenta el sistema emana de cuestiones demográficas, y en parte llevan razón. Por eso, Ciudadanos en el acuerdo de 150 medidas para la investidura les exigimos medidas que fomenten la natalidad, como es el incremento de los permisos por maternidad o paternidad hasta las veintiséis semanas, o recuperación de bonificaciones en materia de trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo en los dos años siguientes al parto. Pero desde nuestro punto de vista el verdadero problema es nuestro modelo de crecimiento, en especial nuestro mercado de trabajo. Como saben todos ustedes, contamos con un desempleo estructural que ronda el entorno del 18 % y un mercado de trabajo dual y precario, como ha dicho mi compañero Saúl anteriormente, en el que en torno a 7 millones de trabajadores obtienen ingresos anuales que no superan el salario mínimo. Por tanto, debemos traer cambios a nuestro modelo de relaciones laborales que generen


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empleo, pero no solo eso -y lo decíamos esta mañana-, no solo es necesario o suficiente generar empleo, sino que se debe generar empleo de calidad porque, señorías, sin empleos dignos difícilmente vamos a conseguir tener pensiones dignas.

Además, nos encontramos ante un nuevo reto tras las sentencias que todos conocen de septiembre de 2016, que en esencia vienen a dar la razón a nuestras tesis de que se debe avanzar hacia un modelo de contratación que tienda a acercar en derechos a trabajadores temporales y trabajadores indefinidos. A dichos efectos, celebramos la comparecencia de la ministra de Empleo y Seguridad Social, doña Fátima Báñez, esta mañana, en la que ha asegurado que las intenciones del Gobierno son avanzar en el cumplimiento de los acuerdos con Ciudadanos tanto en materia de reordenación de fuentes de financiación, en materia de prolongación voluntaria de la vida laboral, así como en materia de desempleo y lucha contra la precariedad laboral, avanzando hacia un mercado de trabajo que reduzca la dualidad y la precariedad de nuestras relaciones laborales. No obstante, en la materia que nos ocupa en esta iniciativa y sobre la que hemos debatido esta mañana, quiero decirle a la señora ministra -no la tenemos aquí, pero sí a la señora España- que sinceramente estamos decepcionados, porque la realidad es que esta mañana cuando hemos entrado en la Comisión esperábamos salir de la misma conociendo por lo menos cuál iba a ser la hoja de ruta de este Gobierno para dar solución al problema de financiación a corto plazo de las pensiones con el alto déficit que tenemos y el agotamiento del Fondo de reserva.

En definitiva y para ir acabando, celebramos, como no puede ser de otra manera, que el Gobierno quiera recuperar el Pacto de Toledo tratando de buscar el consenso, pero nosotros pensamos que a ustedes y a su Gobierno es a quienes les corresponde tomar la iniciativa. Ustedes han tomado la iniciativa a la hora de dejar el Fondo de reserva como lo han dejado y llevarnos a este déficit y entendemos que ahora también tienen ustedes que llevar la iniciativa a la hora de proponer soluciones. Vamos a votar a favor de esta iniciativa de reabrir el Pacto de Toledo, como no puede ser de otra manera, porque además es una de las exigencias que Ciudadanos llevaba en el acuerdo con el Partido Popular, pero tienen que ser ustedes -y repito, tienen que ser ustedes- quienes pongan las soluciones encima de la mesa para acabar con esta situación.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto a la señora España Reina si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora ESPAÑA REINA: Hemos firmado una transaccional que hemos elevado ya a la Mesa.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA CREACIÓN DE UN PACTO SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN, AGILIZACIÓN E INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA. (Número de expediente 162/000091).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto 4.º del orden del día. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación de un pacto social, político e institucional para la mejora, modernización, agilización e independencia de la justicia. Para la presentación de la iniciativa y de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Gómez Balsera.

El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señora presidenta. Señorías, buenas tardes.

Montesquieu ha muerto. Seguro que conocen esa frase. Se atribuye a don Alfonso Guerra, vicepresidente del Gobierno cuando se aprobó la reforma legislativa que dio a este Parlamento la facultad de elegir a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial. La frase ha trascendido a su autor, de hecho él mismo en sus memorias niega que la dijera. Se ha convertido en uno de esos tópicos que todos entendemos que ejemplifica en este caso la injerencia de la política en el Poder Judicial y la pérdida de confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia. Sin embargo, no dudamos en reconocer que la inmensa mayoría de los jueces, magistrados y fiscales ejercen su trabajo diario de manera imparcial y sin prejuicios. El problema está en el sistema. Pero dijera o no la frase don Alfonso Guerra, sí parece que todos los Gobiernos han tenido un especial interés en matar a Montesquieu, en nombrar a los jueces que luego les tienen que juzgar. De hecho, el propio señor Rajoy, que prometió salvarlo en su programa electoral de 2011, sucumbió también a la tentación acompañado de la mayoría presente entonces en esta Cámara. Pero el señor Rajoy tiene ahora un acuerdo de investidura con Ciudadanos y tiene que cumplirlo,


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un acuerdo que establece en su apartado 131 poner en marcha una estrategia nacional de justicia desde el diálogo con las fuerzas políticas, los distintos operadores de la justicia y los ciudadanos para promover una justicia acorde a la realidad del siglo XXI, asegurando la independencia de su funcionamiento y fortaleciendo la configuración como servicio público de calidad. Este texto y otros puntos del acuerdo de investidura son los que hemos incorporado a nuestra iniciativa original por medio de una autoenmienda. Por cierto, conviene recordar también que en el acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso, suscrito con el Partido Socialista, hablábamos de asegurar el mérito y la capacidad en los nombramientos judiciales. Señorías, donde priman el mérito y la capacidad no caben los nombramientos políticos. Considérenlo. No nos imaginamos que el Partido Socialista no quiera sumarse hoy a lograr una justicia más independiente. No nos imaginamos que ningún partido presente en esta Cámara quiera seguir metiendo las zarpas en la Administración de Justicia.

Conviene recordar igualmente que esta misma iniciativa ya se aprobó en el seno de la Comisión de Justicia. Así que se preguntarán sus señorías por qué la traemos hoy a Pleno. Señorías, es que desde entonces hasta ahora han sucedido algunas cosas. En primer lugar, con aquel texto acordado y aprobado se puso en duda o se cuestionó nuestro compromiso con la independencia del Poder Judicial, nuestro modelo de elección de vocales del Consejo General, que no ha variado ni un ápice. Nosotros seguimos manteniendo que de los 20 vocales, los 12 de procedencia judicial sean elegidos directamente por los jueces y magistrados. Señorías, decimos quiénes los tienen que elegir -los jueces y los magistrados- pero no decimos cómo, la fórmula está abierta. Tendremos que consensuarla los partidos políticos en torno a las propuestas que nos hagan llegar las asociaciones, por supuesto conjugándolo también con la necesaria representación de los jueces no asociados o jueces llamémosles independientes. En segundo lugar, ha sucedido también que el Gobierno ha vetado nuestra proposición de ley, la de mi grupo parlamentario Ciudadanos, para reformar las tasas judiciales y suprimir las que gravan a pymes y ONG, así que, señores del Partido Popular, hoy es un buen día para que nos expliquen cómo piensan adaptar la Ley de Tasas a la sentencia del Tribunal Constitucional y sobre todo si están dispuestos a eliminar, a suprimir en todo o en parte las tasas judiciales a las pymes y a las ONG. A nosotros nos da igual que no sea a través de nuestra iniciativa, a nosotros nos da igual que se acabe llamando la ley Catalá de supresión de las tasas judiciales; lo que queremos es que se haga, así que háganlo ya, por favor. (Aplausos).

En definitiva, señorías, queremos que cuando nuestros conciudadanos crucen la puerta de una sala de vistas no tengan que pagar un peaje por reclamar esos créditos, ese pequeño crédito de una empresa familiar, por ejemplo, y que además tengan la garantía de encontrarse con un magistrado independiente e imparcial, como ya lo son -porque ya lo son-; señorías, lo que no queremos es que recaiga sobre ellos la más mínima sombra del poder político, de un poder político con capacidad de influencia o decisión sobre sus destinos, sus ascensos, sus permisos o su régimen disciplinario. Por ello, señorías, presentamos a su consideración un texto enmendado más ambicioso que el original, en el que además de emplazar a todos los partidos políticos a participar en la llamada estrategia nacional de justicia, les proponemos dotar suficientemente el presupuesto destinado a justicia, porque no queremos que la justicia siga siendo la hermanita pobre de los presupuestos; poner en marcha un plan específico de modernización de la Administración de Justicia, dotado con 500 millones de euros en el acuerdo de investidura suscrito con el Partido Popular; reformar la Ley de Tasas Judiciales, adaptándola a la sentencia del Tribunal Constitucional y contemplando exenciones para las pymes y ONG; implementar las oficinas judicial y fiscal, buscando una mayor eficiencia de las mismas y, por supuesto, asegurar la independencia de nuestros jueces y magistrados, no solo en cuanto al nombramiento de sus órganos de gobierno sino también revisando su régimen de incompatibilidades, las puertas giratorias y reforzando su carrera, primando el mérito y la capacidad y no solo la antigüedad en procesos que sean más transparentes. Piensen, señorías, que esta proposición no de ley no pretende cerrar ninguna puerta; lo que pretende es abrir las puertas del diálogo entre los partidos políticos y también con los llamados operadores jurídicos. Tendremos que escucharles y tendremos que tenerles en cuenta si queremos llegar a buen puerto. Lo que no queremos en modo alguno, señorías, son más titulares como este (Muestra el titular de un periódico), titulares en los que se recoge una reprobación del Consejo de Europa y donde se dice: La institución cree que no ha habido avance alguno para garantizar la independencia de los jueces.

Termino ya, señorías. La reforma y mejora de la Administración de Justicia es una prioridad para el Grupo Parlamentario Ciudadanos porque estamos convencidos de que con ello mejorará la lucha contra la corrupción, mejorará la percepción que la ciudadanía tiene de las instituciones en su conjunto y además


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favorecerá positivamente nuestra capacidad para superar la profunda crisis económica sufrida en los últimos años.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, intervienen en primer lugar por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

He presentado una enmienda a la iniciativa sobre la justicia que ha defendido el diputado señor Gómez Balsera para ampliar con otros dos puntos el contenido de la proposición original. Por un lado, en Foro consideramos imprescindible que se reforme la Ley de Demarcación y de Planta Judicial a los efectos de adaptar la planta judicial a las nuevas necesidades sociales y transformar la demarcación para que la existencia de los partidos judiciales se base en un criterio de población mínima de 50.000 habitantes de derecho, teniendo siempre en cuenta la facilidad de las comunicaciones. Con el tiempo se ha demostrado que la planta judicial se ha revelado obsoleta, siendo preciso modernizar la red judicial conforme a criterios objetivos de población, comunicaciones y servicios. En este sentido apostamos por una nueva demarcación territorial concentrando los partidos judiciales en sedes que permitan extender a todos los ciudadanos los servicios que actualmente solo pueden prestarse en las capitales, así como dividir o separar las jurisdicciones, implantar servicios comunes generales de registro y reparto, notificaciones y embargos, archivo, ejecución, etcétera. En suma, ofrecer un servicio de calidad a los ciudadanos. Por otra parte, en Foro también consideramos necesario revisar el concepto de la nueva oficina judicial con el objetivo de promover la modernización y agilización de la justicia, redefinir y determinar con precisión la distribución de competencias entre jueces y secretarios judiciales, así como para impulsar la implantación del expediente digital, que, junto con otras medidas, permita hacer frente al aumento de la litigiosidad y dar mayor rapidez a la resolución de los pleitos.

Finalmente, en relación con el contenido de la proposición, estamos de acuerdo con este gran pacto por la justicia que, entre otros aspectos, devuelva la independencia al órgano de gobierno del Poder Judicial y fomente la regeneración institucional que se hizo trizas en las Cortes Generales con el reparto de los miembros del consejo en base a cuotas de partido. Tal y como consta en el Diario de Sesiones, me cabe el honor de haber sido el único senador que entonces, hace exactamente tres años, lo rechazó.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Mixto también, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.

Debatimos la proposición no de ley que nos presenta hoy Ciudadanos, el doctor Jekyll de la política española en materia de justicia en este caso, porque en estos momentos se erigen ustedes en adalides de cómo alcanzar la independencia judicial, de cómo caminar hacia su imparcialidad, adornado con recetas grandilocuentes, todo dirigido a conseguir el Shangri-La en materia de justicia, y dentro de un ratito se tomarán ustedes la pócima 'estoy dispuesto a no tener credibilidad por España' y se van a convertir en mister Hyde para votar sí a la antológica vergüenza de permitir un proceso político con la autorización de esta Cámara. ¿Así es como ustedes pretenden dar lecciones de cómo conseguir una justicia independiente? ¿Sobre estos cimientos van a construir una justicia... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un momento, señoría. Por favor, guarden silencio.

Adelante.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, presidenta.

¿Sobre estos cimientos -decía- van ustedes a construir su independencia judicial? Pues no cuenten con nosotros para ello. ¿Quiénes son ustedes de verdad, señores de Ciudadanos? ¿Doctor Jekyll, en pro de la independencia judicial por la vía de las declaraciones por escrito, o mister Hyde, votando sí a que se realice un proceso político en este caso contra el diputado Francesc Homs por defender ideas políticas? (Aplausos.-Rumores). ¿De qué hablan? Hoy se va a producir que doscientos cincuenta y cuatro diputados alterarán el voto de tres millones y medio de personas, permitiendo que se juzgue a Francesc Homs en un proceso político que tendrá consecuencias, que el Poder Judicial...


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La señora PRESIDENTA: Señoría.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Acabo.

... que el Poder Judicial...

La señora PRESIDENTA: Un segundo. Solamente llamarle a la cuestión, señoría.

Continúe.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias.

El Poder Judicial alterará la composición de esta Cámara, que equivale a decir que no es el pueblo quien elige soberano a sus representantes. Señorías, con estos mimbres no comulgaremos con su independencia judicial.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Por el mismo Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, Compromís apuesta decididamente por la modernización de la justicia, entendiendo que una justicia digna de tal nombre ha de ser ágil, próxima y económicamente accesible. Para ser ágil hay que suprimir los recursos intraprocesales superfluos, hay que dotar a juzgados y a fiscalía del apoyo necesario de profesionales del peritaje especializados. Es necesario que mejoren los servicios de notificaciones para evitar suspensiones de procedimientos, de vistas. Hemos de fomentar el uso de las videoconferencias. Hemos de asegurar la permanencia de los jueces en los juzgados de pueblos para que no sean lugares de paso y evitar así instrucciones que siempre recomienzan, como aquella famosa del señor Carlos Fabra que duró hasta ocho años. También queremos una justicia de proximidad y para ello hace falta que se mantenga una planta basada en el partido judicial, que ha de hacerse coincidir con las comarcas naturales y administrativas. Es necesario también que se garantice que jueces, fiscales y funcionarios tengan un conocimiento suficiente y usen la lengua propia del lugar donde actúan y de su cultura, para así asegurar la comodidad de los usuarios y asegurar igualmente que la aplicación de las leyes se haga de acuerdo con la realidad social, que es un criterio aludido por el artículo 3.1 del Código Civil. Hay que asegurar también que las sucesivas instancias judiciales se agoten en el ámbito de los respectivos tribunales superiores de justicia, descargando así de trabajo al Tribunal Supremo y siguiendo la previsión del artículo 152 de la Constitución. Para ser económicamente accesible es necesario que se ensanche la base de los beneficiarios de la justicia gratuita y que se haga que los profesionales que sirven el turno de oficio, por fin, cobren bien y puntualmente. En todos estos puntos y en otros, Compromís fía la modernización de la justicia.

Nosotros, respecto a esta proposición no de ley, vemos que hay algunas cuestiones que no podemos compartir como, por ejemplo, la vuelta al corporativismo en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Pero, además, nos preocupa un problema de método y es que esta PNL está mal dirigida. Se quiere decir al Gobierno que haga una estrategia nacional de la justicia, a este Gobierno que es triste epílogo del Gobierno de la X Legislatura, que es el Gobierno que nos regaló una ley de seguridad ciudadana que transformó muchas faltas en ilícitos administrativos, reduciendo así el acceso a la tutela judicial. Un Gobierno que nos puso unas tasas judiciales de las que poco a poco, votación a votación, estamos intentando librarnos y aún no lo hemos conseguido. Un Gobierno que nombró como presidente del Tribunal Constitucional a un señor que entró en ese órgano con un carné de partido en el bolsillo; Popular, por supuesto. No es ese Gobierno el que debe ser destinatario de nuestros esfuerzos. Traigan aquí propuestas concretas para que en la nueva pluralidad que hay en esta Cámara las debatamos pormenorizadamente y no lo fíen a una instancia que sabemos que poco va a hacer por el desarrollo de la justicia, como hemos visto hasta ahora.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz.

El señor SANTOS ITOIZ: Mila esker, lehendakari andrea. Muchas gracias, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes a todos y a todas.


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Intervengo en nombre de mi grupo básicamente para reiterar algo que ya dijimos. Hay que decir que esta PNL es consecuencia de una PNL anterior ya presentada en la Comisión de Justicia y que fue debatida el 4 de octubre. Se esforzaba el ponente, representante del Grupo Ciudadanos, en justificar que se volvía a presentar otra vez porque habían pasado cosas. En realidad, lo único que ha pasado desde el 4 de octubre es tiempo, nada más; y ese tiempo no se ha aprovechado o no lo hemos aprovechado para hacer algo que nosotros ya establecimos en aquel momento. Ustedes han hablado sucesivamente en sus redacciones de esta proposición no de ley de pacto nacional por la justicia, estrategia nacional, pacto social y político por la justicia; han ido cambiando la denominación y el objetivo a medida que la iban presentando en Comisión, ahora en Pleno, en la medida en que les iban metiendo enmiendas, etcétera. Iban pactando de una u otra manera con el Partido Popular la redacción definitiva de esta proposición que nos hacen ahora. En aquel momento nosotros les dijimos: independientemente del nombre que le estén dando a este pacto o estrategia o como ustedes quieran llamarlo, ¿qué es? Pues es una lista de tareas, es un diagnóstico sobre cómo está la justicia y es una lista de las tareas que deberíamos hacer o ponernos de acuerdo para hacer. Entonces les decíamos: no mezclen ustedes las tareas con las recetas o las soluciones que ustedes dan, ya habrá tiempo de debatirlo. Si lo que quieren es ponerse a trabajar, dialoguen y háganlo. En ese momento nos abstuvimos y lo que les dijimos fue: Dialoguemos, vamos a hacer conjuntamente esta lista de tareas y a partir de aquí discutiremos las soluciones, cada uno desde nuestro punto de vista. Debo admitirles, en nombre de mi grupo, que tenemos cierta decepción, porque en ese tiempo que ha pasado desde el 4 de octubre no ha habido ningún acercamiento ni diálogo para ponernos de acuerdo en aquello que nosotros abrimos como muestra de voluntad, si usted quiere, negociadora. Hoy nos traen aquí esta proposición no de ley con la que vuelven a incidir, desde nuestro punto de vista, en la justicia simplemente como un poder del Estado. En esta corrección y modificación que ustedes han presentado hoy mismo había cierta luz de esperanza porque estaban hablando -así la habían puesto-, aunque fuese con la boca pequeña, de servicio público de justicia. Dijimos: qué bien, nos escucharon en la Comisión. No dijeron solo que era un poder, sino, además, un servicio público. Vamos, vamos caminando. Pero escuchándole ahora en esta tribuna, lamento decir que vuelven a incidir en lo mismo. Ustedes tienen una concepción de la justicia como poder del Estado y está muy bien, también es un poder del Estado, pero nosotros también entendemos que hay que abordarla como un mecanismo de corrección democrática, de equilibrio de poderes, etcétera. ¿Es eso lo que les está preocupando a los ciudadanos en el día a día? Si usted se pone en la piel de jueces, abogados, procuradores y ciudadanos que están todos los días en el juzgado, verá que no están tan preocupados por la arquitectura jurídica del Estado. Sin embargo, al leer la exposición de motivos de esta proposición no de ley que ustedes plantean, hay dos cuestiones que saltan a la vista. Ustedes hablan de la politización de la justicia, la falta de imparcialidad y también -aquí está la sorpresa- de un problema de competitividad generado por la justicia. A nuestro juicio, esto deriva en que ustedes no están realmente interesados en hacer una lista de tareas para abordar la justicia como servicio público, porque entonces tendríamos que hablar de dotar a los jueces y tribunales de suficientes mecanismos de apoyo, tendríamos que hablar de la justicia gratuita, tendríamos que hablar de qué pasó con aquellas tasas que iban a ir a la justicia gratuita, tendríamos que hablar del reparto competencial, absolutamente enloquecido en ocasiones y que genera un triángulo isósceles demoníaco entre las comunidades autónomas y el Consejo General del Poder Judicial. En definitiva, tendríamos que hablar de muchas cosas que, desde luego, no están aquí.

Sí quiero hablar un segundo de la imparcialidad. El problema no es cómo se eligen los jueces, si nosotros estamos a favor del parlamentarismo; que se haga o no en un Parlamento no tiene importancia. El problema que se ha dado durante estos últimos tiempos no es la elección parlamentaria -y lo digo sabiendo que nosotros tenemos otra manera de elegir, directa por la ciudadanía-, el problema que se ha dado, señores proponentes, es la partitocracia, es el hecho de que al final los jueces sean elegidos por motivos partidistas, ni siquiera políticos. Alguien tendrá que decir que en este país de países los jueces tienen ideología, como todas las personas, y que, por lo tanto, actúan conforme a la ideología, pero que el mecanismo de elección no tiene que ser necesariamente partidista porque entonces sumamos un régimen clientelar, y además de ese régimen clientelar ustedes, con la introducción de las asociaciones de jueces, lo que pretenden también es hacer un régimen corporativo.

La señora PRESIDENTA: Señor Santos, tiene que terminar. Se ha agotado su tiempo.

El señor SANTOS ITOIZ: Por tanto, no comprendemos ni compartimos esta solución. En resumen, faltan medidas de servicio público, mezclan los problemas con las recetas y no dialogan desde la última.


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Ya veremos en esos presupuestos, que ustedes parece que van a negociar, en qué se concreta esta apuesta del pacto o la estrategia.

Gracias. (Aplausos.-Rumores).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, el señor Legarda Uriarte.

Ruego silencio, por favor.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta.

Respecto al pacto por la justicia que nos propone Ciudadanos, comenzaré por hacer unas reflexiones preliminares. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). La primera es una reflexión terminológica: pacto por la justicia, acuerdo nacional por la justicia, estrategia nacional por la justicia. Nosotros hablaríamos más bien de administración de justicia que de justicia. La justicia es una idea, una abstracción y un valor; la administración de justicia es algo más humano, es lo que nosotros hacemos, como la caverna de Platón, sin pretender ahora nombrarla. Además, nos manifestamos a través de leyes en sociedades plurales con intereses contrapuestos, de ahí que alguna doctrina haya señalado que la ley es simplemente una diagonal entre intereses contrapuestos.

La segunda reflexión que quiero hacer es una reflexión política sobre cómo deben ser los pactos de convivencia en el siglo XXI en una sociedad pluralista en la que conviven proyectos distintos. Deben ser acuerdos de mínimos. Se buscan consensos básicos y estables. Deben ser pactos líquidos en los que floten distintas opciones; pactos de principio no cerrado y que, en la medida en que ordenan la convivencia de forma esencial, deben ser aceptados por la gran mayoría. Las minorías no deben quedar excluidas. Deben ser reglas del juego de convivencia básica que no queden sometidas a los vaivenes políticos.

La tercera es una reflexión metodológica. Consideramos que el documento base para un acuerdo por la Administración de Justicia no debe arrancar del Poder Ejecutivo, sino de la colaboración del Poder Judicial, de su órgano de Gobierno, con el Poder Legislativo. El Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno del Poder Judicial, es, a nuestro juicio, quien debe hacer un diagnóstico, exponer las alternativas que considere y presentarlas a esta Cámara para que las estudie, debata y decida sobre su conveniencia u otras alternativas, con la participación del Poder Ejecutivo, del Gobierno, y todo esto sin perjuicio de las iniciativas que el Poder Ejecutivo decida plantear en cualquier momento en virtud de sus facultades y a las cuales, por supuesto, también atenderemos.

Después de estas consideraciones preliminares cabe hacer un breve repaso sobre cómo hemos operado en el pasado en esta cuestión. En el año 1997, se arrancó con un libro blanco del consejo sobre la justicia, del cual dimanaron una serie de pactos en cascada. En 2014 se pretendió, a través de una proposición de ley aprobada en esta Cámara, encargar al consejo un nuevo libro blanco que finalmente no se elaboró. Mañana mismo, en este Pleno, debatiremos otra propuesta de resolución de este grupo parlamentario -aunque creo que se ha pospuesto la sesión- instando al consejo a la presentación de un nuevo libro blanco sobre los problemas y las alternativas de la justicia.

Por último, quisiera resaltar que existe un consenso general sobre el papel estratégico de la Administración de Justicia para la sociedad desde todas las ópticas posibles y que hay que hacer una reflexión-diagnóstico sobre su estado, sobre sus retos presentes y futuros, debiendo ese diagnóstico y esas prescripciones básicas y transversales involucrar a agentes sociales y profesionales, políticos, institucionales y, por supuesto, judiciales para alcanzar consensos básicos, como decía, estables y transversales.

Entrando ya en la proposición de Ciudadanos, nos parece metodológicamente adecuada, porque diagnostica y prescribe, porque encomienda al Ejecutivo la elaboración de lo que llama un pacto por la justicia y porque es una propuesta cerrada, no abierta. Por ejemplo, en este grupo parlamentario no compartimos muchas de las reflexiones que se vierten sobre la falta de independencia del Poder Judicial, ni tampoco otras muchas afirmaciones que se dan como presupuesto indubitado a soluciones que se apuntan. Tampoco compartimos propuestas cuya motivación implícita se da como indiscutible por obvia, porque quizá para nosotros no son tan obvias ni tan indiscutibles.

¿Qué quiero decir con todo esto? Que para que un pacto por la Administración de Justicia sea transversal y estable y ordene la convivencia de forma esencial no debe basarse en aspectos previos que no sean contrastados y validados. Se recogen muchos ejemplos en el documento de cuestiones que se citan y tratan de manera discutible y de otras sobre las que nada se dice o de las que se hace mención de


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manera oblicua, por ejemplo, la adecuación de la estructura de la Administración de Justicia al Estado autonómico. En definitiva -y voy finalizando-, no apoyaremos la propuesta que ahora debatimos ni por la metodología sugerida ni por los diagnósticos y principios contenidos en la propuesta ni por la actitud de su proponente, dicho sea en términos parlamentarios. Consideramos que este documento es más de discordia que de concordia. Creemos que un arranque saludable y constructivo para un llamado pacto por la justicia no puede arrancar trayendo al Pleno de esta Cámara su modelo y visión de la cuestión. Tampoco nos vale si nos trae su pacto de investidura. Para que un acuerdo sea un marco básico en el sector debe incluir a la oposición y a sus minorías desde el principio, no dando nada por supuesto y sin un debate previo.

Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella i Farré.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Es evidente que a priori nadie puede estar en contra de lo que el título de la PNL anuncia. Otra cosa distinta es si el contenido tiene o no tiene recorrido y hasta qué punto existe una voluntad real de abordar los problemas que aquejan a la Administración de Justicia. Por eso me apetece recordar aquellos encuentros de juristas progres de los años setenta y ochenta -a mí me lo explicaron mis mentores-. Por cierto, alguno de aquellos juristas que se reunían para debatir sobre la justicia terminó siendo ministro de Justicia y alguna de ellas actualmente es alcaldesa de Madrid. Estos juristas se planteaban la eterna cuestión: ¿La justicia tiene solución? Seguramente, sí, pero desde el punto de vista de Esquerra Republicana evidentemente no pasa por... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Capella. Por favor, les rogaría silencio para que pudiéramos escuchar a la oradora. Muchas gracias.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Como les decía, seguramente la solución no pasa por la proposición no de ley que nos plantea hoy aquí Ciudadanos. A criterio de Esquerra, es una proposición que es un queda bien con cierta pretensión y con poco contenido; es más, yo diría que es la misma que presentó el Grupo Popular en Comisión. Por tanto, continuaré formulando y reformulando las preguntas que a lo largo de los años nos hemos hecho los juristas. ¿Por qué la justicia no es eficaz ni eficiente? ¿Cuál es el presupuesto que anualmente se dedica a la justicia? ¿Qué partidas dedica anualmente el Gobierno de turno a la Administración de Justicia? ¿Qué incrementos ha tenido durante estos últimos cuarenta años? ¿Por qué la ciudadanía no tiene confianza en la justicia? ¿Qué conduce a pensar a un ciudadano que no funciona la justicia? Ya hubo un Pacto de Estado para la justicia. ¿Se acuerdan ustedes? Fue en el año 2001. En ese pacto hay algunas cosas salvables, por ejemplo, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la introducción de la oralidad en el proceso civil y la grabación de los juicios; la grabación de los juicios penales nos costó un poco más. Europa día tras día tira de las orejas a España en materia de justicia y año tras año España se encuentra a la cola de los países europeos en materia de justicia. ¿La planta y la demarcación judicial responden a las necesidades reales de la justicia del siglo XXI? ¿Cabe la justicia de proximidad? ¿El acceso a las profesiones jurídicas responde y garantiza la calidad del servicio que se presta? Respuestas honestas a estas preguntas y a unas cuantas más seguramente nos darían soluciones.

¿Qué dice Ciudadanos en su proposición no de ley? Pues nos habla de la falta de independencia efectiva del Poder Judicial. Totalmente de acuerdo, pero ¿de dónde arrancan los males de este consejo? Pues del famoso Pacto de Estado por la justicia. Ya dije también en Comisión que las sucesivas reformas del sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial han terminado en un sistema totalmente presidencialista -y lo dejo aquí-, por cierto, seguramente no imputable al actual ministro de Justicia, pero sí imputable al nefasto ministro de Justicia que le precedió. El historial de la presidencia actual del Consejo General del Poder Judicial es digno de estudio y el Tribunal Supremo le revoca a menudo los nombramientos que efectúa. Por cierto, ¿algo que decir en relación con los magistrados y jueces que dan conferencias y cursos cobrando a determinadas entidades y empresas cuyos litigios con terceros deberán dirimir después? ¿Esto es también independencia? ¿Falta de medios materiales y humanos? Sin recursos, carecemos de medios materiales y medios humanos. Por tanto, no solucionaremos las malas ratios de jueces por cada 10.000 habitantes. A Ciudadanos se le ve el plumero, porque en determinadas cuestiones nunca alude a aquellas comunidades autónomas que hacen bien su trabajo, por ejemplo, en materia de


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justicia, a Cataluña, Euskadi o Navarra, pioneras en la implantación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, en contraposición con LexNET. Claro, esto significaría reconocer el mérito de los independentistas cuando gobiernan.

Después de este pequeño repaso, que no ha sido para nada exhaustivo ni lo pretendía ser, ¿no creen que antes de hablar del nuevo pacto, se llame como se llame, sería más conveniente -a los efectos de que algunas nos sintiéramos interpeladas, con independencia de que nos sintamos ya muy lejos de este Estado- que hablasen más a menudo de la derogación de aquellas leyes que nos han llevado a esta falta de independencia judicial o a un mal funcionamiento judicial? Por ejemplo, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de la última reforma, la que confiere capacidad para ejecutar sus sentencias e inhabilitar a cargos públicos, o de la Ley antiterrorista, la que recoge en un artículo una reforma que evidentemente está pensada para los independentistas, entre otras reformas más. Y como estas, otras cuestiones.

Señoras y señores diputados de Ciudadanos, su proposición no de ley está cargada de buenas intenciones. Compartimos su espíritu, pero -ya se lo he dicho- obedece más a su voluntad de aparecer como primus inter pares, que a servir efectivamente al objetivo noble de la reforma de la Administración de Justicia.

Acabo, presidente. A Esquerra Republicana le cuesta creerles; tenemos motivos para ello. Como muy bien saben, la confianza se teje despacio y con lealtad; se cose con hilo de seda, frágil en apariencia, pero resistente. Lo que hoy ustedes pretenden no es un marco de confianza y lealtad, porque no mencionan, como decía, lo que deberían mencionar, porque no abordan la necesidad de derogar aquellas leyes que atentan a los fundamentos de un Estado de derecho. Por eso, nosotros vamos a votar en contra de su proposición no de ley.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Capella.

Antes de que dé la palabra al siguiente orador, me gustaría que este silencio que se ha hecho ahora continuase cuando esté hablando el siguiente orador y no tener que interrumpirle para rogarles silencio. Dado que no he tenido éxito con mi primera petición, espero tener más éxito esta vez. Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo Moreno.

El señor CAMPO MORENO: Señor presidente, señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Ciudadanos nos propone la aprobación de una iniciativa no legislativa con la que aunar voluntades sobre la creación de un pacto social, político e institucional de la justicia, pero además nos lleva a postulados definidos conforme a su exclusivo credo. Basta leer su propuesta para constatar que ya tiene modelo para muchas de las cosas, por ejemplo la elección por los jueces de los vocales del Poder Judicial. Por cierto, en su enmienda, y sin duda buscando el acuerdo de los demás grupos, profundiza aún más en su propuesta. Creemos que no es el camino adecuado y de ahí nuestra negativa a tal propuesta.

No voy a aburrirles hablándoles sobre la situación de la justicia ni sobre lo necesario que es dialogar, discutir si hace falta y transigir para llegar a acuerdos. Me quedo hasta con lo que expresó el ministro de Justicia hace unos días: Es la hora de los frutos y no de las flores. Entonces, ¿por qué el Grupo Ciudadanos nos presenta ahora este juego floral? Deberíamos estar preocupados por buscar una metodología, por priorizar temas y fajarnos en ellos hasta encontrarles solución. No queremos que el Grupo Socialista caiga otra vez, como en un tiempo no muy lejano, en esa dinámica de las palabras huecas y las realidades inmutables, abrigadas por un presunto pacto. Queremos realidades como las que se llevaron a cabo bajo el último Gobierno socialista. Esos sí fueron frutos y de los buenos. Entre todos -todos, señorías- determinamos qué hacer, cuándo y cómo hacerlo.

Señorías, ustedes nos piden un contrato de adhesión bajo la fórmula del aparente consenso y no es buen método de trabajo. Para justificarlo, me van a permitir que les lea unas líneas de una cita muy breve, que se refieren precisamente al consenso o al mal entendimiento del mismo. Comienzo de la cita: Estamos ante una especie de talismán, pues a veces con su sola invocación se nos quiere presentar como todo un programa de actuación pública, pero la verdad es que no nos dicen más. No explican cuál es su criterio, cuál es su forma de enfocar el problema. Les leo algo más de la cita: El diálogo y el consenso no pueden convertirse en el taparrabos de quien no tiene rabo, porque proceder de ese modo es confundir el procedimiento con la sustancia, el camino con la pasada y el humo con el fuego. Fin de a cita. Creo que muchos de ustedes ya habrán averiguado el autor de la cita que acabo de mencionar; efectivamente, el doctor Sosa Wagner, tan invocado hasta hace muy poco por aquellos que enarbolaban la nueva política.


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Y sí, la dice en el libro La trampa del consenso, libro de Thomas Darnstädt, donde analiza el modelo alemán. Pero no nos desanimemos y marquemos un método de trabajo; fijemos prioridades y entre todos resolvamos lo que tenga solución. Y, señores del Gobierno, arbitren presupuestos para llevar a cabo lo que seamos capaces de consensuar. Sí, señoras y señores del Gobierno, ábranse a la acción colectiva y dejen de lado su individualismo excluyente, ese del que hicieron gala durante la X Legislatura, que pasará a la historia como la legislatura del rodillo. Hoy la cosa va de citas, discúlpenme. Ahora le toca a Kapuscinski. Sí, señorías, no olviden que el mayor descubrimiento del hombre no ha sido la rueda, sino el encuentro con el otro, con el semejante. Ustedes, desgraciadamente, se olvidaron de este descubrimiento y solo se preocuparon de hacer a los demás responsables de todos los problemas. Legislatura nefasta en materia de justicia, aunque tengo que decirles que me alegro enormemente de la retirada en su escrito de la enmienda 8863.

El Grupo Ciudadanos pide consenso ante la falta de independencia judicial, la falta de medios y la organización obsoleta. Disculpen, pero no distinguen entre lo que deben ser reformas de la justicia y reformas en la justicia. Es más, ni siquiera, en su confusión, esos puntos parecen tomarse pacíficamente. Fíjense, por ejemplo, en la falta de la independencia judicial. Señorías, con todo el respeto les digo que hablar de la independencia judicial y del Consejo General del Poder Judicial es equivocado. En el Poder Judicial cada juez tiene que ser independiente y lo es en la medida en que juzga y hace ejecutar lo ejecutado. No se predica eso en el órgano político del Consejo General del Poder Judicial. Me remito precisamente a la doctrina del Tribunal Constitucional en esta materia. El propio presidente del Tribunal Supremo decía hace unos días que nuestros jueces son rabiosamente independientes cuando resuelven sus asuntos. El consejo y la forma de elegir los vocales es otra cosa. La Constitución y el Tribunal Constitucional, como digo, ya se refieren a ello. ¡Qué pena no contar con tiempo para explicarles una vez más que el sistema actual es mejorable! Pero no olviden una cosa: las Cámaras no eligen a los miembros de la carrera judicial que desean; los eligen entre aquellos que los jueces han seleccionado previamente.

Termino. La justicia ha vivido y vive hoy bajo el foco de la provisionalidad, lo que ha determinado la petrificación de un modelo. No podemos mejorar la justicia, tenemos que construirla. Busquemos un nuevo modelo de justicia que mire al ciudadano y no le ponga obstáculos como, por ejemplo, las tasas judiciales. Busquemos un proceso ambicioso que entrañe modificaciones normativas, organizativas y tecnológicas. Por añadidura, ese proceso modernizador se convertirá en una condición indispensable no solo para la recuperación económica, sino también para la refundación de un modelo económico más inclusivo y ético. Bajo estas premisas siempre encontrarán al Grupo Parlamentario Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campo.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Molinero Hoyos.

El señor MOLINERO HOYOS: Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, como no podía ser de otra manera, va a votar favorablemente la proposición no de ley presentada por Ciudadanos. Lo vamos a hacer por coherencia y por el respeto que nos merecen los acuerdos de esta Cámara. No podemos olvidar que esta proposición no de ley es una reproducción del acuerdo adoptado en la Comisión de Justicia del día 4 del corriente mes y que tiene el mismo objetivo y finalidad, que es intentar la modernización de la justicia. Por eso es por lo que vamos a apoyar esta proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Por esta razón, por el acuerdo con el pronunciamiento favorable de la mayoría de los grupos en la Comisión, queremos seguir mejorando la modernización de la justicia. Queremos la máxima participación de todos los grupos y la manera correcta es la creación de una subcomisión que ya hemos solicitado y que se está tramitando por los cauces reglamentarios adecuados.

Señorías, como muy bien saben -aunque de todas maneras quiero recordárselo-, el texto que hoy debatimos no es ni más ni menos que una proposición no de ley. No es un documento definitivo ni un contrato de adhesión ni una lista cerrada de medidas ni tampoco es una lista de tareas con sus correspondientes recetas, como la han calificado algunos de los portavoces que me han precedido. No es ni más ni menos que instar al Gobierno para que comience a ejecutar una serie de trabajos. Este documento es un punto de salida, el comienzo de una hoja de ruta, para que el Gobierno impulse el diálogo con las fuerzas políticas, con los operadores jurídicos, con expertos y con ciudadanos hasta alcanzar una


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estrategia nacional para la justicia acorde con el siglo XXI. No se trata de imponer o aceptar desde este momento las recomendaciones que aparecen en la proposición no de ley; tampoco quiere decir que no puedan ser ampliados los temas a debate ni pretendemos someter a control los acuerdos bilaterales alcanzados; se trata única y exclusivamente de poner unas líneas mínimas para debatirlos en su momento. Ese fue el encargo que nos hicieron los españoles en las últimas elecciones generales cuando nos mandaron hablar, dialogar, consensuar y llegar a acuerdos, y eso es lo que está haciendo el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tratar de dialogar para construir una justicia moderna y acorde con el siglo XXI.

Señorías, todos los aquí presentes coincidimos en que es necesario modernizar la justicia para convertirla en un servicio más ágil y eficaz, que responda a las necesidades de los ciudadanos y mejore la calidad del Estado de derecho y con ello la democracia, como también coincidimos en el diagnóstico de los males que afligen a la justicia. Tenemos un sistema de una alta calidad profesional y técnica, pero poco ágil en la respuesta a los litigios. Pues bien, este es el momento para instar al Gobierno a que inicie los trabajos para la mejora de la calidad de la justicia.

Partimos con una ventaja muy notable, y es que el Gobierno está en sintonía para formalizar un acuerdo estratégico para la mejora de esa justicia desde el diálogo y desde el consenso. Por eso hemos solicitado la creación de una subcomisión, para debatir en su seno y no en otro lugar la reforma de la justicia; puntualizo: en el seno de esa subcomisión. Ni este es el momento ni este es lugar adecuado para debatir puntos estratégicos de la justicia; el lugar será precisamente la subcomisión donde se debatirá. Por eso, señor Gómez Balsera, no se preocupe, hablaremos de las tasas judiciales. El Partido Popular no tiene ningún inconveniente en hablar de las tasas judiciales, pero lo haremos en su momento y en su lugar, que no es otro que la subcomisión que se creará a tal efecto y en la que todos los grupos parlamentarios podrán presentar sus iniciativas, sus ideas y sus programas. Señorías, aprovechemos la actual composición del Parlamento para construir, desde las distintas perspectivas y sensibilidades políticas y sociales, una justicia de calidad.

Para terminar, señorías, les pido tranquilidad por la enmienda que se ha presentado, les pido generosidad en la valoración de la enmienda y les pido flexibilidad para que podamos votar conjuntamente este texto, porque, en definitiva, lo importante en la enmienda es instar al Gobierno a que se inicien los trabajos. No podemos salir de este Pleno sin un acuerdo en una materia que la sociedad nos demanda a gritos, no podemos enredarnos en debates estériles cuando están en juego los derechos y libertades de los españoles.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto al señor Gómez Balsera si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.

El señor GÓMEZ BALSERA: Aceptamos, señora presidenta, como no podía ser de otra manera, la enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS:

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS ACERCA DEL SUPLICATORIO FORMULADO EN RELACIÓN CON UN SEÑOR DIPUTADO. (Número de expediente 240/000001).

La señora PRESIDENTA: Señorías, continúa la sesión con carácter secreto. (Rumores).

Por favor, guarden silencio.

Como saben, al tratarse de un suplicatorio, en primer lugar procedo a que los servicios de la Cámara inviten a los señores que están en las tribunas a abandonarlas.

Se suspende la sesión con carácter público.

Comienza la sesión con carácter secreto.


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Se reanuda la sesión con carácter público.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE FIJACIÓN DE LA CUANTÍA DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. (Número de expediente 122/000026).

La señora PRESIDENTA: Señorías, ocupen sus escaños. Va a comenzar la votación.

Votamos, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre fijación de la cuantía del salario mínimo interprofesional.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 1 voto telemático, 341; a favor, 173 más 1 voto telemático, 174; en contra, 137; abstenciones, 30.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO, DEL RÉGIMEN ELECTORAL GENERAL, PARA AMPLIAR EL DERECHO DE SUFRAGIO ACTIVO A LOS MAYORES DE 16 AÑOS. (Número de expediente 122/000007).

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, para ampliar el derecho de sufragio activo a los mayores de dieciséis años.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 1 voto telemático, 341; a favor, 167 más 1 voto telemático, 168; en contra, 173.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A ALCANZAR UN GRAN PACTO NACIONAL PARA FORTALECER Y GARANTIZAR NUESTRO SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES DENTRO DEL MARCO DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 162/000137).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con la votación del texto de las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a alcanzar un gran pacto nacional para fortalecer y garantizar nuestro sistema público de pensiones dentro del marco del Pacto de Toledo. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Socialista, Ciudadanos, Vasco (PNV) y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 267; abstenciones, 72.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA CREACIÓN DE UN PACTO SOCIAL, POLÍTICO E INSTITUCIONAL PARA LA MEJORA, MODERNIZACIÓN, AGILIZACIÓN E INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA. (Número de expediente 162/000091).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, a continuación, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la creación de un pacto social, político e institucional por la mejora, modernización,


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agilización e independencia de la justicia. Se vota en los términos resultantes de la incorporación de la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 165; en contra, 169; abstenciones, 4.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (Aplausos).

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):

- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS ACERCA DEL SUPLICATORIO FORMULADO EN RELACIÓN CON UN SEÑOR DIPUTADO. (Número de expediente 240/000001).

La señora PRESIDENTA: Señorías, continúa la sesión en este momento con carácter secreto. Ruego cierren las puertas. No hay ningún miembro invitado en las tribunas.

Se suspende la sesión con carácter público.

Se reanuda la sesión con carácter secreto.

Se reanuda la sesión con carácter público.

La señora PRESIDENTA: Continúa la sesión con carácter público y se suspende la sesión.

Eran las nueve y treinta minutos de la noche.

Corrección de error.

En el Diario de Sesiones número 15, correspondiente al Pleno celebrado el martes 15 de noviembre de 2016, en la página 20, primera línea, donde dice: "... la aplicación de estas mentiras...", debe decir: "... la aplicación de estas medidas...".

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