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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 147, de 13/09/2018
cve: DSCD-12-PL-147
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 147
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 140
celebrada el jueves,
13 de septiembre de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo. ("BOE" núm. 188, de 4 de agosto de 2018). (Número de expediente 130/000035) ... (Página5)

- Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. ("BOE" núm. 188, de 4 de agosto de 2018). (Número de expediente 130/000036) ... (Página17)

- Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura. ("BOE" núm. 206, de 25 de agosto de 2018). (Número de expediente 130/000037) ... (Página31)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 10-1, de 9 de septiembre de 2016. (Número de expediente 127/000002) ... (Página46)

Elección de diputados, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004:

- Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Número de expediente 052/000004) ... (Página55)


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Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página55)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página56)

Votación de conjunto ... (Página58)

Elección de diputados, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Votación) ... (Página58)

SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

La Presidencia informa de que las votaciones no se realizarán antes de las 13:30 horas.

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página5)

Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo ... (Página5)

La señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (Valerio Cordero) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Del Campo Estaún, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; así como las señoras Franco Carmona, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; De Frutos Madrazo, del Grupo Parlamentario Socialista, y España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Vuelven a hacer uso de la palabra la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y la señora España Reina.

Cierra el debate la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género ... (Página17)

La señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (Calvo Poyato) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, el señor Alli Martínez, las señoras Sorlí Fresquet y Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Surra Spadea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Cuello Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, y González Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Cierra el debate la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.


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Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura ... (Página31)

La señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (Calvo Poyato) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Oramas González-Moro, los señores Martínez Oblanca y Salvador Armendáriz, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, y los señores Bataller i Ruiz y Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Villegas Pérez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Gómez-Reino Varela y la señora García Sempere, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la señora Lastra Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Fernández Díaz, don Jorge, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Cierra el debate la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página46)

Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias ... (Página46)

En defensa de las enmiendas y votos particulares formulados intervienen la señora Oramas González-Moro, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición, el señor Quevedo Iturbe, del mismo grupo; y las señoras Rodríguez Hernández, doña Melisa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Pita Cárdenes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Franquis Vera, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Fernández Bento, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Elección de diputados, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004 ... (Página55)

Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004 ... (Página55)

La Presidencia informa de que la diputada propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso es la señora Montserrat Montserrat, y de que este punto será sometido a votación tras las restantes votaciones previstas para el día de hoy.


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Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página55)

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo, se aprueba por 332 votos a favor más 5 votos telemáticos, 337, y 6 abstenciones.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, se aprueba por 335 votos a favor más 5 votos telemáticos, 340, y 2 abstenciones.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 338 votos a favor más 4 votos telemáticos, 342, y 1 voto telemático en contra.

Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, se aprueba por 172 votos a favor más 4 votos telemáticos, 176; 2 en contra y 164 abstenciones más 1 voto telemático, 165.

Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 203 votos a favor más 5 votos telemáticos, 208; 6 en contra y 128 abstenciones.

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página56)

Se someten a votación las enmiendas y los votos particulares presentados a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Sometido a votación el dictamen de la comisión, queda aprobado.

Votación de conjunto ... (Página58)

Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 237 votos a favor; 60 en contra más 4 votos telemáticos, 64, y 39 abstenciones más 1 voto telemático, 40.

Elección de diputados, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004. (Votación)... (Página58)

Elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales, de 11 de mayo de 2004 ... (Página58)

La Presidencia explica el procedimiento a seguir para realizar la votación, que será por papeleta, resultando elegido el diputado que alcance una mayoría de tres quintos, es decir, 210 votos.

Resulta elegida la señora doña Dolors Montserrat Montserrat, con 334 votos a favor y 3 votos en blanco.

Se levanta la sesión a las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.


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Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.

La presente sesión plenaria incluye el debate y aprobación del dictamen de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Por tener carácter de ley orgánica, esta iniciativa tiene que ser sometida a una votación final que, de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento, debe ser anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, les anuncio que las votaciones no se producirán antes de las 13:30; antes de esa hora no se podrán producir.

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 8/2018, DE 3 DE AGOSTO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO-LEY 16/2014, DE 19 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO. (Número de expediente 130/000035).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora con el punto correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes. En primer lugar, corresponde el debate sobre la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo.

Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.

El pasado día 3 de agosto el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 8/2018, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, que regula el Programa de Activación para el Empleo, cuya convalidación vengo hoy a solicitar a esta Cámara.

Antes de entrar en el contenido concreto de esta norma, hay que situarla en su contexto. En primer lugar, es preciso hacer referencia al origen de la norma; la finalización, el día 30 de abril de 2018, del plazo de admisión al Programa de Activación para el Empleo producida al no haber sido prorrogado, como en años anteriores, el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula, como decía anteriormente, el Programa de Activación por el Empleo, más conocido como PAE. En este sentido, quisiera recordarles que el Gobierno y los interlocutores sociales firmaron, el 15 de diciembre de 2014, el acuerdo sobre el Programa extraordinario de Activación para el Empleo, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y dotar de nuevas oportunidades a los trabajadores y trabajadoras desempleados y desempleadas con mayor dificultad de inserción.

Como consecuencia del citado acuerdo, se aprobó el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que, como les comentaba, se regula este programa conocido como PAE. Este programa extraordinario y específico se dirige a las personas desempleadas de larga duración con cargas familiares que se encuentran en una situación de especial necesidad y que están realizando una búsqueda activa de empleo. El programa fue prorrogado en dos ocasiones por el Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, y por el Real Decreto-ley 7/2017, de 28 de abril. Este último permitió que las personas destinatarias pudieran presentar su solicitud de incorporación al programa hasta el día 30 de abril de 2018. No habiéndose producido la prórroga del programa para el año 2018 en la fecha antes señalada de 30 de abril de 2018, habría concluido la posibilidad de admitir nuevas incorporaciones al programa, aunque este continuará vigente mientras las personas admitidas hasta aquella fecha realicen las correspondientes acciones de activación para el empleo y perciban la ayuda económica de acompañamiento reconocida hasta el transcurso de su duración máxima, que es de seis meses.

Lo que el Gobierno ha pretendido con esta modificación normativa es solucionar el efecto indeseado producido por el cierre del programa en esa fecha. Las personas que habían causado baja temporal en el programa por alguno de los motivos que están contemplados en el artículo 5.2 del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre -es decir, colocación por cuenta ajena o propia, o pérdida del requisito de rentas o responsabilidades familiares durante los periodos de tiempo determinados en ese apartado-, no podrían reincorporarse al mismo a pesar de tener reconocido ya previamente el derecho, ya que la reincorporación debería haber tenido lugar necesariamente antes del día 30 de abril del presente año.

La no prórroga del Programa de Activación para el Empleo significaría dejar desprotegidas a las personas participantes en el programa, que además han demostrado una mayor implicación en el mismo


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de cara a su inserción laboral, y atenta contra la finalidad del propio Programa de Activación para el Empleo recogida en el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, que es incrementar las oportunidades de retorno al mercado de trabajo. Se les penalizaría, en definitiva, por haberlo hecho, por haber cumplido con ese objetivo, desincentivando las posibles colocaciones temporales durante el desarrollo del mismo, dado que la aceptación de un trabajo de breve duración implicaría la salida del programa sin posibilidad alguna de volver a reincorporarse al mismo. Por ello, para evitar esta situación desfavorable se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, tantas veces mencionado, permitiendo que en los supuestos de baja temporal establecidos en la norma se pueda producir la reincorporación hasta que concluya el desarrollo del programa, cuya duración es de seis meses. Finalmente, la reincorporación supone evitar una situación de desigualdad entre aquellos que no han causado baja temporal y los que sí, dado que los derechos los tienen reconocidos inicialmente por igual unas y otras personas.

Consideramos que, expuestos estos antecedentes y las razones de esta norma, queda sobradamente justificada la extraordinaria y urgente necesidad que la Constitución exige en el artículo 86 para aprobar en su momento el Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, del que quiero comentarles el contenido. Se permite en este real decreto-ley que en los supuestos de baja temporal establecidos en el mismo se pueda producir la reincorporación hasta que concluya el desarrollo del programa.

En este sentido, se ha tenido en cuenta que el Programa de Activación para el Empleo, como les decía anteriormente, regulado en dicha norma, sigue vigente para los participantes que se incorporaron al mismo hasta el pasado día 30 de abril, puesto que únicamente ha desaparecido la posibilidad de admitir nuevos participantes a partir de esta fecha. Por ello, estando restringida dicha posibilidad al limitado periodo que resta hasta que finalice el desarrollo del programa, por no haberse producido la prórroga, dicha medida debe ser aplicada con urgencia, pues, en caso contrario, quedarían definitivamente desprotegidas estas situaciones, dado que la ejecución del programa concluirá en los próximos meses, una vez que finalice la participación de las personas admitidas antes del día 30 de abril de 2018.

Para paliar este efecto negativo que les acabo de comentar, se modifica, concretamente, el artículo 5.3 de dicho real decreto-ley, en el siguiente sentido. Producida la baja temporal en el programa -dice el texto- y en la ayuda por las causas previstas en el apartado anterior, se podrá reconocer el derecho a la reincorporación al mismo, siempre que se solicite, mientras se mantenga la vigencia del programa y se acredite cumplir los requisitos establecidos en las letras d) -se refiere, concretamente, a carecer del derecho a la protección contributiva o asistencial por desempleo o a la renta activa de inserción, la RAI- y f) -se refiere, concretamente, a carecer de rentas de cualquier naturaleza superiores en cómputo mensual al 75 % del salario mínimo interprofesional- del artículo 2, así como, en su caso, haber cesado en el trabajo por cuenta ajena, acreditando situación legal de desempleo. La reincorporación exigirá la previa inscripción como demandante de empleo y la reactivación del compromiso de actividad.

El período de tiempo durante el que el trabajador se encuentre en situación de baja temporal en el programa sin percibir la ayuda económica, de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 de este artículo, no se computará a efectos del período de duración de la ayuda.

Por tanto, está más que justificada la adopción por parte del Gobierno de esta decisión con carácter urgente para evitar que esa situación desfavorable y de posible desprotección afecte a un colectivo extremadamente necesitado de la misma, personas que han agotado todo tipo de ayudas y, además, acreditan la existencia de responsabilidades familiares a su cargo y que no podrían recibir las ayudas económicas y acciones de mejora de la empleabilidad, cuyo derecho se les había reconocido ya inicialmente. Además, estas personas tampoco podrían beneficiarse del subsidio extraordinario de desempleo regulado en la nueva disposición adicional vigesimoséptima del texto refundido de Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, incorporado a la misma por el apartado 5 de la disposición final cuadragésima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que ha venido a sustituir, temporalmente, a los programas de activación para el empleo y de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, ya que el apartado tres de la disposición impide expresamente el acceso al subsidio extraordinario a quienes se les hubiera reconocido previamente la ayuda económica de acompañamiento establecida en el Programa de Activación para el Empleo. Por tanto, quedarían excluidos de poder optar a esta prestación.

De no haberse aprobado este real decreto-ley, se estima que podrían quedar desprotegidas un número máximo de 41 910 personas -por cierto, la mayoría de ellas, en torno a un 65 %, serían mujeres-, que


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tendrían un derecho reconocido y que podrían reanudarlo, siendo el periodo medio que les resta por disfrutar del subsidio en torno a 2,7 meses.

Esta modificación normativa cuenta con el apoyo tanto de los agentes sociales como de las comunidades autónomas. En la reunión de la Mesa de Empleo y Relaciones Laborales de diálogo social, celebrada el día 26 de junio, los interlocutores sociales, es decir, las organizaciones empresariales más representativas, CEOE y Cepyme, y las organizaciones sindicales más representativas, UGT y Comisiones Obreras, se mostraron de acuerdo con el texto de este real decreto-ley. Igualmente, las comunidades autónomas, que fueron informadas de la tramitación de este real decreto-ley en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, celebrada el día 25 de julio, mostraron su apoyo al mismo. En esa reunión del día 25 de julio se les proporcionó el borrador del texto y el día 1 de agosto, en una conferencia sectorial celebrada a través del sistema de videoconferencia, mostraron su apoyo al mismo. No obstante, en esa conferencia sectorial se puso de manifiesto -y así también se consideró por parte del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social- que estaba pendiente hacer una revisión de todos estos programas para adecuarlos a las competencias constitucionalmente reconocidas al Estado y a las comunidades autónomas y hacer una revisión en profundidad de estos programas.

En definitiva, el carácter de las medidas a introducir exigía una norma con rango de ley, por lo que la figura del real decreto-ley se consideró la adecuada para cumplir con esta exigencia. Por todo ello, solicito a la Cámara la convalidación del presente real decreto-ley, de acuerdo con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución española, confiando en que los grupos parlamentarios van a mostrar su sensibilidad para dar solución a la situación que les acabo de describir.

Muchas gracias por su atención, señorías. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

La convalidación de las normas que regulan el plan de activación para el empleo comienza a ser un clásico del parlamentarismo nacional, porque desde la firma a finales de 2014 del acuerdo sobre el Programa extraordinario de Activación para el Empleo, PAE, esta será la cuarta vez que se debata en el Congreso una serie de medidas urgentes que, en todo caso, creemos que están justificadas, y de ahí que ya le anticipe el voto favorable de Foro.

Señorías, el desempleo es desde hace décadas una de las grandes preocupaciones de los españoles y, aunque en los últimos cinco años ha habido una paulatina creación de trabajo, persisten las amenazas sobre el mercado laboral e incluso han aparecido recientes estadísticas negativas, como son las conocidas la pasada semana sobre el paro en agosto; las peores en muchísimo tiempo. En este sentido, permítanme señalar que, si son datos alarmantes para el conjunto de los españoles, lo son más aún para Asturias, con una caída en la región de un 6,02 %, por debajo de las variaciones habidas desde 2014 y más de 2 puntos inferior a la bajada de 2017 -que fue de 8,78 %-, y con unas afiliaciones a la Seguridad Social que registran el peor dato nacional, 0,73 %, con el agravante de ser el peor registro desde 2014, con 2682 afiliaciones.

El PAE se concibió con un amplio consenso político y de sindicatos y empresarios para facilitar un respaldo a determinados colectivos de trabajadores ante unas tasas de desempleo globales superiores al 15 %. Aunque no es una buena noticia constatar que todavía queda un amplio recorrido para alcanzar el pleno empleo -que ustedes los socialistas, señora Valerio, prometieron en 2008, y ya vimos la catástrofe que pasó después-, estamos de acuerdo en habilitar nuevamente las medidas complementarias que beneficien y protejan a los trabajadores desempleados que se contemplan en este real decreto-ley que ha explicado la ministra. De hecho, los vigentes Presupuestos Generales del Estado recogen un subsidio extraordinario de activación para el empleo a la espera de concretar, si es que está el Gobierno en esa línea, que parece que no por los recientes precedentes socialistas en relación con el planteamiento de un nuevo sistema de renta complementaria de desempleo anunciado por su antecesora en el ministerio, la señora Báñez, que nosotros creemos que hizo una buena gestión, partiendo de la calamidad laboral que se encontró a finales de 2011.

Muchas gracias, señora presidenta.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.

El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta, señorías.

Señora ministra, no es este un tipo de real decreto nuevo en estos últimos años, esa convalidación de prórrogas y ayudas extraordinarias que se ha ido construyendo durante estos años de la crisis. Es muy evidente que este nuevo real decreto y la necesidad de convalidarlo esta mañana expresa un problema fundamental que no hemos sido capaces de resolver los distintos Gobiernos, incluso las mayorías de esta Cámara en los últimos años y que es ser capaces de articular un sistema de protección al desempleo capaz también de proteger a los desempleados de muy larga duración. Lo que la crisis ha puesto de manifiesto es que el sistema de protección social al desempleo es capaz de proteger el riesgo de desempleo en un contexto de una crisis económica relativamente corta en el tiempo y en el que las personas que pierden el empleo pueden volver a incorporarse al mercado de trabajo con una cierta celeridad. En un contexto de una crisis tan larga como esta, el sistema español ha hecho aguas. Hemos ido articulando distintas alternativas, parches siempre, que nunca han funcionado. Se necesita -ahí tenemos una ILP que propusieron los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT- una renta para parados de muy larga duración. Ahí hay una cuestión pendiente sin resolver.

Hay una segunda cuestión y es que además hay distintas sentencias de los tribunales que establecen que el diseño de esas rentas que el Gobierno ha ido construyendo deben ser gestionadas por las comunidades autónomas. El anterior Gobierno ha perdido todos los recursos ante los tribunales y de nuevo abordamos este real decreto sin haber resuelto esta cuestión: la necesidad de que sean los Gobiernos autonómicos quienes gestionen estas políticas.

Finalmente, hay un problema -que no se lo puedo atribuir a esta ministra, ni mucho menos, pero que es una de las principales responsabilidades de las políticas de empleo de los Gobiernos de España-, que es el fracaso de las políticas activas de empleo. En esa incapacidad de reincorporar de manera más o menos rápida a los desempleados al mercado de trabajo sabemos, por aquellas experiencias internacionales y europeas de éxito, que un factor clave es la aproximación personalizada de las políticas de empleo que permitan a aquel desempleado estar el menor tiempo posible en el desempleo y, a través de una atención y formación personalizada, ofrecerle un puente hacia el empleo. Eso en España no funciona bien y ahí los servicios públicos de empleo están fracasando y los experimentos e innovaciones que se han hecho de colaboración público-privada tampoco están funcionando.

Señora ministra, le invito a que, más allá del parche que hoy se convalide, las cuestiones de fondo -prestación para parados de muy larga duración, gestión autonómica de estas políticas activas de empleo y la reforma de las políticas de empleo- sean también prioridad de actuación del Gobierno.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señora ministra y señorías.

Señoras y señores diputados, nos encontramos nuevamente ante una repetición de otra prórroga de una nueva ayuda para el desempleo en el ámbito de las políticas activas de empleo. Nos encontramos ante un caso concreto que es el de la finalización del PAE, Programa de Activación para el Empleo, precisamente el 30 de abril de 2018 y respecto del que se solicita que puedan reincorporarse aquellos trabajadores que habiendo participado del programa no pueden volver a él porque han sido baja temporal por razones de rentas o de haber obtenido un nuevo trabajo. Nos decía la señora ministra que esta ayuda podía afectar a unas 41 000 personas, además un colectivo sumamente desfavorecido, y hasta ahí creo que absolutamente nadie puede negar la posibilidad de estas ayudas. Nosotros tampoco lo vamos a impedir, pero queremos ser enormemente críticos, tanto con esta actuación como con el conjunto de actuaciones que ha habido en la materia por parte de los diferentes Gobiernos, puesto que no es solo responsabilidad de este único Gobierno.

Sabe la señora ministra que nos vamos a mostrar críticos por una razón fundamental, y es la de que existe ya el precedente con el Plan Prepara de que, habiendo existido una sentencia del Tribunal Constitucional que señalaba que estas políticas, como lo acaba de recordar el señor Campuzano, debieran haber sido ejercitadas por las comunidades autónomas, sin embargo no lo fueron, ni las prórrogas tampoco


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asumieron esa realidad, sino que continuaron con esta dinámica de que fueran los servicios de la Administración central, el SEPE en concreto, quienes siguieran prestando estas ayudas. Ocurre que si antes fue la sentencia 100/2017 ahora es la sentencia 153/2017, de diciembre, la que respecto del PAE, el Programa de Activación para el Empleo, señala el mismo defecto competencial. Es decir, estamos hablando de un titulo jurídico determinado contemplado en el 149.1.13.ª de la Constitución respecto del que al Estado se le ha señalado que no podía actuar y que tenía que haber transferido a las comunidades autónomas esa capacidad de resolución de estas concretas ayudas y de otras anteriores. Sin embargo, continuamos con la misma situación, es decir, como consecuencia de una situación de necesidad de un colectivo sumamente desfavorecido, vamos a seguir siendo buenos y vamos a seguir permitiendo que esta situación excepcional se siga prorrogando.

Valga como respuesta por nuestra parte que no lo vamos a apoyar, pero tampoco lo vamos a impedir, es decir, nos vamos a abstener, fundamentalmente porque queremos que quede constancia de nuestra crítica a esta actuación de este Gobierno y también del anterior, porque es una actuación continuada en ese sentido, y también porque, como consecuencia de lo dispuesto en la modificación de la ley de presupuestos por la que se introdujo el subsidio extraordinario de desempleo, mucho nos tememos que esta política vaya a querer desembocar en otra aún más peligrosa, que es insertar este tipo de políticas en el ámbito de las prestaciones del sistema de Seguridad Social, no permitiendo así que sean las comunidades autónomas las que ejerzan estas políticas concretas.

Le decía el señor Campuzano, y tenía razón, que tenemos un problema concreto con estos colectivos de desempleados de larga duración, pero además lo tenemos no solo porque no haya dado resultados, no solo porque las sentencias hayan desdibujado el diseño que había efectuado el Estado, sino también porque no son efectivas y, no siendo efectivas, sin embargo ha habido ejemplos para decir dónde han sido efectivas y cómo lo han sido: cuando han sido ejercitadas en el ámbito del País Vasco por los servicios propios del desempleo y habiendo obtenido resultados concretos. ¿Por qué entonces los Gobiernos, este y el anterior, están desoyendo esa consecuencia de las sentencias del Tribunal Constitucional y esa experiencia, que es más satisfactoria por parte de las comunidades autónomas?

Señora ministra, como le he dicho, no nos vamos a oponer porque a este colectivo no se le puede responsabilizar de ello de ninguna manera, pero sí queremos que conste con nuestra abstención un severo toque de atención, sobre todo porque entendemos que esta política tiene un diseño lógico, aquel de las políticas más acertadas por la cercanía precisamente a las realidades en las que se encuentran esos colectivos desfavorecidos de desempleados de larga duración. Le rogamos, señora ministra, que, tal y como ha comentado que se ha dicho en la conferencia sectorial, tome iniciativas para que se formulen otras que contemplen esas ayudas de una forma integral y acorde con la doctrina del Tribunal Constitucional. Por eso, señora ministra, ya le hemos adelantado nuestro voto, pero le ruego que en este ámbito concreto acelere la actuación de su propio ministerio.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Bon dia a tothom, buenos días a todos y a todas.

Sean mis primeras palabras de solidaridad con Willy Toledo. Esquerra Republicana y gran parte del pueblo de Cataluña expresamos nuestra solidaridad con Willy Toledo (aplausos), una víctima más de esta justicia injusta que persigue ideas, que persigue la libertad de expresión, que encarcela a raperos, que encarcela a actores, que encarcela a cualquier disidencia política. Aquest llaç groc va per tu també, Willy Toledo. Endavant! (Aplausos).

Señora ministra, entendemos la urgencia de la tramitación de este real decreto-ley, creo que es correcto y la felicitamos por ello, porque hacía falta, pero que quede claro que este tipo de prestaciones y programas no pueden seguir ignorando las sentencias del Tribunal Constitucional ni continuar invadiendo las competencias de las comunidades autónomas en materia de políticas activas de empleo. Creo que esto es importante.

Dicho esto, la modificación que propone, vía real decreto-ley, del Real Decreto-ley 16/2014 nos parece bien -como decía- en tanto que introduce la posibilidad de que los que tuvieron suspendido el derecho del Prepara puedan acceder a recuperar la prestación por el tiempo que les restaba, dado que no pueden incorporarse al nuevo subsidio extraordinario que creó la Ley de presupuestos. Es decir, este real decreto-ley posibilita que las personas puedan recuperar y agotar aquello que ya tenían reconocido y que se haga


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con la mayor rapidez posible, teniendo en cuenta que el montante económico ya está presupuestado. El objetivo, pues, nos parece loable, ya que es evitar que -como usted ha dicho- alrededor de 41 000 personas queden desprotegidas sin las ayudas económicas por no poder reincorporarse al programa una vez finalizada su prórroga del 30 de abril de 2018. Esquerra Republicana, evidentemente y de acuerdo con su compromiso histórico con las clases trabajadoras, no votará en contra ni hará con su voto -que será favorable- que estos miles de personas queden desprotegidas. Nuestro voto -que conste otra vez- va exclusivamente -que quede claro- a que estas más de 40 000 personas cobren la cuantía que les faltaba. Nuestro voto va a salvaguardar a un colectivo necesitado de protección, al tratarse de personas que han agotado todo tipo de ayudas y que tienen responsabilidades y cargas familiares. De este modo evitamos que dichas personas queden desprotegidas al no poder reincorporarse, como decía, al programa Prepara pese al reconocimiento inicial del derecho que ya tenían. Nuestro voto, además, está en la misma línea que la de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que han bendecido la aprobación de este real decreto que permitirá que los parados sin prestaciones que interrumpieron el cobro del subsidio por desempleo de 430 euros puedan seguir recibiéndolo. El impacto económico es de unos 53 millones de euros, según los Presupuestos Generales del Estado de 2018, que son asumibles, y por todo esto votaremos a favor.

Ahora bien, que quede claro que nuestro voto es favorable solo para no perjudicar a los segmentos más débiles de la sociedad; si fuera por el respeto que ustedes tienen por el autogobierno de Cataluña, votaríamos que no de manera rotunda. Tiempo habrá, si continúan en el tema de Cataluña con las políticas del bloque del 155. Por ello, igual que pasó la semana pasada, cuando votamos a favor de la sanidad universal, votamos hoy a favor en un acto solidario con los más desfavorecidos, sean del pueblo que sean y de cualquier parte del mundo, pero les recordamos que si continúan legislando en contra de las competencias traspasadas y en contra de las resoluciones judiciales en este sentido no les apoyaremos más. Por ello -y repito-, mientras Cataluña sigue combatiendo de manera pacífica y democrática por su soberanía nacional -porque esto no ha acabado; quien piense que esto ha acabado se equivoca y mucho- nos preocupan los intereses de los más humildes y seguiremos siempre votando en consecuencia. Mientras esto pasa, exigimos el respeto al autogobierno en el tema de políticas activas de ocupación para este tema en concreto y para el presente y, para el futuro, para cualquier otro modelo o sistema de protección social o de políticas activas de ocupación que se nos presente, porque son nuestras competencias.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo Estaún.

El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías; buenos días, señora ministra.

Mi grupo parlamentario va a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley y lo va a hacer básicamente por dos motivos. El primero es un motivo de fondo que ya se ha dicho aquí. Se trata de la modificación normativa dirigida a las personas más vulnerables dentro del colectivo de los trabajadores desempleados, es decir, los desempleados de larga duración con cargas familiares, que se encuentran en una situación de especial necesidad y que, tras la búsqueda activa de empleo y de haber trabajado un tiempo en una colocación temporal, se han visto ante la imposibilidad de reincorporarse a este Programa de Activación para el Empleo precisamente por un problema administrativo, un problema burocrático que les ha dejado desprotegidos. Entendemos que este problema debería ser corregido y, como les digo, por una cuestión de fondo, votaremos a favor. También lo haremos por una cuestión de forma. En este caso entendemos que sí es urgente y que sí es extraordinaria la situación, porque, si no, estos beneficiarios quedarían desprotegidos definitivamente, dado que la ejecución del programa -como usted muy bien ha dicho- concluye durante los próximos meses.

Dicho esto, señora ministra, quiero aprovechar estos minutos en esta tribuna para transmitirle la gran preocupación de mi grupo parlamentario, como han hecho aquí otros portavoces, por el que sigue siendo uno de los mayores problemas de este país, que no es otro que el desempleo y las medidas que su Gobierno pone encima de la mesa para luchar contra el mismo. Como usted sabe, tenemos una herencia muy complicada en materia de desempleo, sobre todo en el de larga duración. Lo hemos visto con los últimos datos, según los cuales los desempleados de larga duración ya son más de la mitad del total de las personas desempleadas. Es una herencia que se traduce en que España es el único país de toda


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la OCDE que ha superado el 20 % de tasa de desempleo en tres ocasiones desde el año 1980, tanto con Gobiernos socialistas como con Gobiernos del Partido Popular; en la actualidad, seguimos -a pesar de que los datos han ido mejorando- duplicando las tasas de desempleo de la media europea. Y es que es un hecho que ni sus Gobiernos ni los Gobiernos del Partido Popular han aplicado durante estos treinta últimos años las recetas adecuadas para luchar de forma eficaz contra esta lacra para nuestra economía, contra esta lacra para nuestra sociedad, y así nos va, señora ministra, así tenemos los datos de los que le hablaba con anterioridad. (Aplausos).

No es que lo digamos solo nosotros -señor Campuzano, en estas tesis coincidimos-, es que lo dice la Comisión Europea. La Comisión Europea viene destapando semestre tras semestre nuestras debilidades en materia de lucha contra el desempleo. ¿Y sabe qué nos dice la Comisión Europea? La clave está en las políticas activas de empleo; en la importancia de fomentar la transición rápida de empleo a empleo y, sobre todo, de desempleo a empleo; en vincular prestaciones generosas a itinerarios de activación obligatorios en los que, por otro lado, se debe invertir de forma intensiva; en el equilibrio entre políticas activas y políticas pasivas de empleo, que no se ha dado ni con sus Gobiernos ni con los Gobiernos del Partido Popular; en que la solución parte de mejorar la formación para la reinserción de trabajadores; en dejar esta formación en manos de los trabajadores para que no ocurran casos de corrupción como los que, presuntamente, han afectado a su partido en Andalucía (aplausos); en contar con un perfilado estadístico para poder ofrecer a los desempleados itinerarios de inserción adecuados y, sobre todo -cosa que tampoco se ha hecho-, en la evaluación continua de las políticas de empleo para mejorar su coordinación por todas las administraciones, para mejorar su eficacia y, también, para mejorar su transparencia.

Sin embargo, en los últimos años -y hasta que Ciudadanos llegó a este Parlamento- se ha producido todo lo contrario: recortes drásticos en materia de gasto en políticas activas de empleo, con un gran desequilibrio entre políticas activas y políticas pasivas, gastando mucho más dinero en políticas pasivas -subsidios, etcétera- que en políticas activas. Es lo que nosotros hemos intentado cambiar y hemos conseguido cambiar en los últimos Presupuestos Generales del Estado de 2017 y también en los de 2018, que esperamos que ustedes ejecuten ahora que están en el Gobierno, porque ya hemos visto, señora ministra, en estos cien días de Gobierno, que están aportando muy pocas soluciones frente al desempleo. Ya le dije en su comparecencia en la Comisión de Empleo que me parecía que aportaba pocas soluciones, precisamente porque creemos que no las tienen y, al final, el tiempo, señora ministra, nos está dando la razón. (Aplausos).

Pero no solo es eso, señora ministra, y de ahí nuestra creciente preocupación a la que me refería al principio de mi intervención. Por desgracia, lo que están haciendo es agravar el problema. Solo tenemos que ver los últimos datos de agosto en materia de afiliación y de empleo. La caída del mes de agosto -y usted ayer, respondiendo a la pregunta del señor Camps, tenía razón- está marcada por el fin de campaña, por una marcada estacionalidad, pero se trata del peor agosto en los últimos diez años, señora ministra. En menos de cien días de Gobierno ya cuentan con un récord en materia de destrucción de empleo en un solo mes en la última década: 200 000 puestos de trabajo. Entenderá que esto para mi grupo es preocupante: récord en los últimos diez años. Le traslado esta preocupación porque, desde nuestro punto de vista, la mejor de las recetas para luchar contra el desempleo es la creación de empleo y, sin duda, si hay algo fundamental en la creación de empleo es la generación de un escenario de confianza, de un escenario de estabilidad por parte de los Gobiernos, y no creo que sus anuncios de subidas de impuestos, sus anuncios de incrementos del coste a las empresas mediante el destope de bases de cotización ni el incremento de las cuotas de los autónomos y de las pymes, que son los grandes generadores de empleo de este país, estén generando ese escenario de confianza. No creemos, señora ministra, que podemizar la economía para multiplicar los gastos y los impuestos sea la solución. Tampoco creemos que atacar el bolsillo de las clases medias y de los autónomos, como ustedes presuntamente van a hacer, sea una buena solución mientras la economía parece que pierde fuelle, como todos los indicadores económicos nos están diciendo.

Nosotros, ya lo saben, porque hemos negociado con ustedes en otros momentos una serie de medidas, apostamos por la moderación fiscal, porque entendemos que nos va llevar a más actividad económica, nos va a llevar a más consumo, nos va llevar a más recaudación y, probablemente, nos lleve también a menor desempleo. Estas son nuestras tesis -que sí que son públicas y que pueden ver en nuestra página web-, estas son nuestras recetas. (Aplausos). Si alguna vez deciden volver a la senda de la cordura económica, ya saben donde estamos. (Aplausos).

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Franco Carmona.

La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidenta.

Señorías, señora ministra, en estos meses se han cumplido diez años desde que empezó una crisis que ha desembocado en una pérdida de derechos y de empleo para las españolas y los españoles que jamás habríamos imaginado. Nuestro pueblo ha pasado por años de congelación del salario mínimo interprofesional y también de las pensiones, con una pérdida de poder adquisitivo de las mismas. Ha pasado por dos reformas laborales que han permitido despedir más fácilmente y más barato, que han provocado encadenamiento de los contratos temporales, que han priorizado los convenios de empresa por encima de otros convenios, que han ensanchado la vía de la impunidad y de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y que han rebajado los salarios. Se han producido recortes en nuestros tesoros del Estado social, como son la sanidad y la educación públicas, y se ha provocado que muchas pymes y autónomos y autónomas hayan tenido que cerrar sus negocios. También hemos asistido a un máximo histórico que llegó a los 5 millones de personas desempleadas. De todas estas circunstancias no hemos sido capaces de salir por las medidas neoliberales y de recortes que se han producido en estos años. En estos años de crisis también hemos asistido a una amnistía fiscal absolutamente extravagante, a un rescate bancario que, por culpa de las medidas del Gobierno del Partido Popular, jamás vamos a recuperar y a decenas y decenas de casos de corrupción. Me encantaría poder hacer hoy aquí un repaso más exhaustivo de la crisis, pero por cuestiones de tiempo no podré hacerlo, por lo que voy a ir al fondo de la cuestión.

Convendrá usted conmigo que el real decreto-ley que hoy debatimos es una medida absolutamente residual. Digo que es residual porque, además de ser un programa temporal que ha finalizado, solo se podían acoger al mismo las personas desempleadas si cumplían miles de requisitos, solo por seis meses y, además, con una cuantía bajísima, que era solo el 80 % del Iprem. Además, es una medida residual, porque muy pocas son las personas que están en condiciones de reincorporación respecto de las personas que hay en estos momentos en nuestro país en desempleo y sin cobrar ninguna prestación. Eso sí, por muy poca, mísera e ineficiente que sea esta ayuda, estas personas tienen derecho a cobrarla, y por eso vamos a votar a favor, porque, al fin y al cabo, menos da una piedra.

No obstante, hay que aprovechar para hacer una valoración de este tipo de programas, porque pareciera que por cobrar 430 euros durante seis meses ya no tendríamos nunca más necesidad ni de vestirnos, ni de comer, ni de pagar las facturas, ni de pagar el alquiler o la hipoteca o el material escolar y otras muchas cosas más. Me estoy refiriendo a programas como este mismo PAE u otros como la RAI, el Prodi, el Plan Prepara o incluso la Garantía Juvenil, que se han demostrado altamente ineficaces, absolutamente ineficaces. Desde que comenzó la crisis, desde que la crisis fue lo suficientemente extensa como para que las personas desempleadas perdiesen sus prestaciones, la tasa de cobertura ha disminuido tanto que el año pasado el número de personas desempleadas llegó a estar por encima del 50 %, es decir, más de la mitad de las personas desempleadas de nuestro país no cobraban absolutamente nada, pero no porque no hubiese dinero, sino más bien porque el Gobierno no tenía esa prioridad, en concreto el Gobierno del Partido Popular; no era esa su voluntad. Eso lo ejemplifican muy bien los datos de la ejecución presupuestaria en esta materia. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, por favor.

Adelante.

La señora FRANCO CARMONA: Gracias.

Me voy a referir exclusivamente al Programa de Activación para el Empleo. En 2016 se presupuestaron 350 millones de euros y solo -solo- se utilizó el 36,52 %; pero es que en 2017, además de rebajarse la cantidad presupuestada, que fue de 280 millones de euros, se ejecutó todavía menos que el año anterior, un 55,8 %, es decir aproximadamente la mitad. Esto mismo pasa también, si miramos las cifras, con el Prepara y con la RAI. ¿Es que esas personas desempleadas ya no tenían necesidad de ser atendidas? No, no era así, señorías; es que para el Gobierno de España en ese momento no era prioridad rescatar a nuestro pueblo. Pues bien, era necesario en ese momento, en 2017, y lo sigue siendo hoy día, con diez años de crisis a nuestras espaldas. Es de urgencia para las personas desempleadas y sin prestación de nuestro país; lo es para el creciente colectivo de personas que están trabajando en


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condiciones de tremenda precariedad, muy temporales, y lo es también para las 300 000 personas que en agosto se vieron despedidas y sin empleo. Es terrible que después de diez años de crisis uno de cada cinco españoles y españolas se encuentren en una situación de riesgo de pobreza. Es terrible que el 37 % de la población española no pueda afrontar gastos imprevistos, pero es aún más terrible -o igual de terrible- que el 34 % de los españoles y las españolas no hayan podido tener los recursos suficientes para irse ni siquiera una semana de vacaciones y descansar. Es absolutamente terrible, y esto lo muestra la encuesta de calidad de vida. Las españolas y los españoles necesitan soluciones eficaces, necesitan una política de prestaciones en nuestro país que sea eficaz, que las prestaciones dejen de ser parches cutres para pasar a ser una garantía. Hablamos por lo tanto de una modificación urgente del sistema de prestaciones para construir una prestación no contributiva de la Seguridad Social que sea garantista, porque, en definitiva, lo que necesita nuestro país es un Gobierno valiente, que tenga como prioridad a su pueblo y que haga política colocando la vida en el centro.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora De Frutos Madrazo.

La señora DE FRUTOS MADRAZO: Buenos días a todas y a todos.

Como ya ha dicho la ministra, venimos aquí a pedir su apoyo para una cuestión muy concreta, que es evitar que 41 000 personas queden desprotegidas y pierdan una ayuda -creo que esto es muy importante- que ya tienen reconocida. Son personas, además, sin trabajo, sin recursos y sin derecho a ninguna prestación, a ningún subsidio ni a ninguna renta de inserción. Tal y como ya ha señalado Magdalena Valerio, es un supuesto muy concreto, y lo repito para centrar el tema: personas que tienen un derecho reconocido, que han causado una baja temporal y que, como ella ha dicho, no pueden reincorporarse ni al PAE ni a ningún otro subsidio extraordinario. El impacto económico son 50 millones, ya se ha dicho también aquí, y está ya presupuestado en los Presupuestos Generales del Estado.

Voy a hacer una referencia a dos cuestiones que se han manifestado aquí por distintos grupos. En primer lugar, quiero decir a PNV, Esquerra y PDeCAT que somos conscientes, obviamente, de que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto tanto el Prepara como el PAE, alegando que los servicios de empleo de las comunidades autónomas son los que tienen reconocida la concesión, la suspensión, la reanudación y el pago de estas ayudas, y que somos conscientes de que esa misma sentencia dice que la regulación, tal como estaba, ignoraba absolutamente las competencias en materia laboral de las comunidades autónomas, que conculcaba, decía el Tribunal Constitucional, el orden constitucional. Pero siendo conscientes de esto y del reproche que merece, les pedimos su apoyo -como he manifestado al principio- porque no estamos creando un subsidio nuevo ni estamos reorganizando los subsidios ni las prestaciones sin tener en cuenta a las comunidades autónomas, simplemente queremos que estas personas que ya tienen reconocida esa ayuda puedan cobrarla. Son personas que, como ya se ha señalado aquí muchas veces, están en situación de pobreza y tienen cargas familiares, y creo que ningún partido político puede obviarlo. Como también conocen, las organizaciones sindicales en su día celebraron la aprobación por el Gobierno de este real decreto-ley.

En relación con la alegación de Isabel, de Unidos Podemos, de que es una medida puntual, tengo que decir que también lo sabemos. Es una medida que trata de cubrir esta laguna concreta, por eso mismo, porque somos conscientes de que la regulación de cualquier programa, la regulación de cualquier ayuda, la regulación de cualquier subsidio no puede hacerse, como se ha hecho hasta ahora, al margen de las comunidades autónomas, no solo por cuestiones jurídicas, sino por no quedar desprotegidos y por no estar siempre poniendo en tesituras problemáticas a las personas que tienen derecho a estas prestaciones.

Somos también conscientes de que nuestro Gobierno va a tener un trabajo duro, en el sentido de que hay que revisar, reorganizar y recuperar una protección de desempleo que quedó muy deteriorada a lo largo de los años de Gobierno del Partido Popular. Ya hemos dicho desde este mismo sitio que el Partido Popular en estos años recortó prestaciones, endureció requisitos de acceso a los subsidios y a las prestaciones, disminuyó las cuantías de las prestaciones a las que las personas desempleadas tenían derecho, eliminó subsidios como el de mayores de cincuenta y dos años y, en una dinámica de la que ideológicamente nos queremos apartar, fue sustituyendo derechos por ayudas y apostando por programas temporales. Todos sabemos, como mi compañera de Unidos Podemos ha dicho, que eran de escaso éxito y, además, con muchos problemas jurídico-legales y sin ningún tipo de inversión pública en políticas activas y ayudas para la reinserción.


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Nuestro Gobierno, desde luego, quiere revertir esta situación. Estamos trabajando en ello. Como se ha comprometido nuestra ministra, no tengan dudas los representantes de Esquerra, del PDeCAT y del PNV de que se hará desde el respeto a las comunidades autónomas y no tengan dudas el resto de los grupos de que siempre se hará desde la recuperación de los derechos de las personas desempleadas y teniendo en cuenta esa circunstancia, que también se ha puesto aquí de relieve, del paro de larga duración. En esta cuestión concreta, les pedimos apoyo. Estas personas, repito, ya tienen reconocido el derecho, pero ningún servicio público de empleo de ninguna comunidad autónoma va a reconocer y va a gestionar más allá de rehabilitar el cobro de esos dos meses y poco que dice la estadística que les queda por cobrar a estas personas sin empleo. Ese es nuestro decreto-ley y esperamos contar con todos los apoyos.

Repito que somos conscientes -porque nosotros mismos lo hemos dicho desde este sitio- de que actualmente la protección por desempleo no da cobertura a los parados de larga duración y de que el Partido Popular ha ido poco a poco privando a los trabajadores sin empleo de derechos de prestación, dándoles cada vez más ese carácter de persona subsidiada. Desde luego, nuestro Gobierno no quiere eso. Por mi parte, les ruego a aquellas personas que se están repensando el voto que, como partido político que se supone que debe defender los intereses de todos los ciudadanos, se lo repiensen.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora España Reina.

La señora ESPAÑA REINA: Buenos días, señora presidenta, señora ministra, señores diputados y diputadas.

Señorías, nosotros vamos a votar a favor de la convalidación, ya que se trata de subsanar un efecto indeseado de la finalización de este Programa de Activación para el Empleo, un programa que saben ustedes que aprobó el Gobierno del Partido Popular, con la ministra Báñez. También quiero recordar que el 30 de abril de este año, cuando expiraron este programa y el Prepara, fue precisamente este grupo, el Grupo Popular, el que presentó una enmienda para aprobar un subsidio extraordinario de desempleo hasta que se aprobara la renta complementaria de desempleo, que, por cierto, no se ha aprobado en el diálogo social porque las comunidades autónomas socialistas decían que no, que querían una renta más ambiciosa. Por lo tanto, le pregunto, señora ministra: ¿Cuándo se va a aprobar esa renta mejorada? ¿O como están ya en el Gobierno van a echar atrás este tema como otras tantas cosas? ¿Ya no les interesa tanto la protección por desempleo? Lo mismo ocurre con la renta mínima, que querían agilizar cuando estaban en la oposición y que ahora que están en el Gobierno paralizan diciendo que están esperando el informe de la AIReF, informe al que ustedes se negaron. Es poca credibilidad.

Pero, señora ministra, la mejor protección para los desempleados es crear empleo, y ustedes no solo no crean empleo sino que lo destruyen. ¡Con el trabajo que ha costado crear empleo! Por eso, señoría, no todos somos iguales. El Partido Socialista es una máquina de destruir empleo; y no se lo digo yo, ahí están los datos. Señora ministra, este Gobierno ha batido el récord de destrucción de empleo. El 31 de agosto ha sido el día en la historia de España que más despidos se han producido. Si usted analiza el mes de agosto, no es que le hayan metido un gol por la escuadra, es que le han metido doscientos mil; doscientos mil empleos se han destruido en el peor agosto desde hace diez años. (Aplausos). Y claro, dice alguien: Es que ha sido un agosto negro. No, es que es la vuelta del Partido Socialista, es que el señor Sánchez es una mala copia de Zapatero, es un plagio de Zapatero, señorías. (Aplausos). Volvemos con sus bandazos. Con la falta de reformas están sembrando incertidumbre, inestabilidad y desaceleración económica -lo dice hasta la OCDE- y, además, la ralentización supera a la de Alemania, a la de Francia y a la de Italia.

Dejen los globos sonda, señorías; esta desaceleración va camino de convertirse en frenazo. Y no lo digo yo, ahí están los datos: disminuyen las ventas minoristas y de las grandes empresas; aumenta el déficit comercial; aumenta la inflación: la dejamos en el 1,6 y ya va por el 2,2. Tendrán ustedes que pagar esa diferencia a los pensionistas, ¿o ahora ya no les van a pagar el IPC después de todo lo que pidieron, como hemos visto hoy? Otra rectificación del Gobierno de Sánchez. Han bajado las firmas de las hipotecas, ha habido salidas netas de capital. Desde que gobierna el señor Sánchez han salido 11 000 millones de euros de este país. Ha habido frenazo del consumo y subida de la luz. ¡Hasta un 35 % ha subido la luz en agosto! Y yo no les oigo hablar ahora de la pobreza energética. Lo siento, pero no es manera de defender a las clases medias y trabajadoras subirles la luz, subirles el diésel.


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Señorías, es un desastre la gestión que están haciendo ustedes. Hasta en Televisión Española, la televisión que era de todos y que ahora Pedro Sánchez ha regalado a Pablo Iglesias, los informativos han perdido el liderazgo por primera vez en los últimos veintidós meses. ¡Es que la gente no quiere su manipulación, señorías! Esto, en cien días de Gobierno socialista, apoyado por Bildu, por los populistas de Podemos y por los independentistas que quieren romper este país, en cien días de Gobierno -repito-, da miedo. Tenemos dos ministros que han dimitido, un ministro que está imputado, una directora general de Empleo que ha tenido que ser cesada por descoordinación, señoría, y hasta Borrell, que era de lo mejorcito, nos ha decepcionado a todos. (Aplausos).

Señores del PSOE, sus socios, los de Podemos, han sido los que han asesorado a Venezuela y ahora está en la ruina, por tanto no se dejen asesorar por quienes dicen que quieren subir los impuestos a los ricos y luego viven en chalés de ricos. Todo este desastre económico hay que pagarlo de alguna manera, y a ustedes lo único que se les ocurre es aumentar el gasto y subir los impuestos a todos, también a los autónomos si les suben las bases de cotización. Por tanto, señorías, dejen de dar bandazos, que al Gobierno se llega aprendido.

Esto no es un Gobierno, esto es un desgobierno. Han rectificado ustedes en casi todo, desde la reforma laboral, la publicación de las listas de morosos, la inmigración, la defensa de juez Llarena, el diésel y Navantia, hasta respecto a la exministra Montón, a quien ahora apoyo y ahora dejo caer, y la tesis doctoral del presidente del Gobierno, que si está publicada en Teseo o no (varios señores diputados: Sí), que si hay plagio o no lo hay. (Rumores). Tenemos que saber la verdad, señorías; tenemos que saber la verdad. (Aplausos). Y le voy a decir algo, señoría: la desconfianza de los inversores no es mayor porque hay un magnífico presupuesto aprobado por el Partido Popular, el cual votaron ustedes en contra. Es un presupuesto que sube pensiones, un presupuesto que sube el salario de los funcionarios, un presupuesto que atiende a los jóvenes con el complemento salarial, que hace la equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles, y que recoge medidas para las familias y para los autónomos. Y le quiero decir que estoy muy preocupada con el tema del turismo y de Cataluña. Yo soy de Málaga, y hay países como Reino Unido, Alemania y Estados Unidos que están advirtiendo a sus ciudadanos de que si eligen España como país de destino tienen que tener cuidado con la inestabilidad en Cataluña. Por tanto, señorías, su política de pagafavores nos afecta a todos, no solo a Cataluña; nos salpica también el color amarillo en Andalucía y en Málaga. (Rumores). Mire usted, el diario Sur, de Málaga (muestra el diario), dice: Frenazo turístico en la Costa del Sol. Hoy decía el diario Sur que el aeropuerto de Málaga pierde viajeros en agosto por primera vez desde hace nueve años. Señorías, estamos preocupados, y se lo hemos dicho. Los bandazos, más las políticas de pagafavores, crean incertidumbre e inestabilidad, desaceleración económica y paro.

Termino. Señora ministra, se lo he dicho antes, la mejor protección a los desempleados es crear empleo, y no van ustedes por buen camino. Que no le metan más goles; no podemos volver a los 3 800 000 españoles que perdieron su puesto de trabajo cuando gobernaba el anterior Gobierno socialista. Aprenda del Partido Popular, copie, plagie al Partido Popular, que está de moda. (Protestas.-Aplausos). Nosotros hemos creado casi 3 millones de puestos de trabajo, y ese es nuestro orgullo, señorías: crear empleo. Otros lo destruyen, por eso efectivamente no todos somos iguales. Concluyo ya. Cien días de Gobierno, solo cien días de Gobierno socialista; nunca se hizo tanto daño en tan poco tiempo. La realidad, señoría, es que este país empieza a tener un problema con ustedes. (Un señor diputado: ¡Muy bien, Carolina!-Aplausos.-La señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Valerio Cordero, pide la palabra).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Adelante, señora ministra.

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): La verdad es que iba muy bien la mañana (risas), iba bastante tranquila y sosegada. Habíamos venido aquí en principio a convalidar un real decreto-ley que implicaba que cerca de 42 000 personas no perdiesen la oportunidad de poder retomar esa prestación por desempleo, no muy elevada -tenía razón la portavoz de Podemos-, de 430 euros, pero desgraciadamente, señora España Reina, a usted le encanta incendiar y una vez más ha intentado incendiar. Ya le he dicho en alguna ocasión, en el debate en Comisión, que han digerido ustedes fatal salir del Gobierno. (Aplausos). Lo han digerido muy mal, lo tienen totalmente atragantado. (Rumores). ¿Sabe usted por qué ha salido su partido del Gobierno? Porque han sido una máquina de generación de corrupción. (Protestas.-Aplausos). Sí, sí.


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La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego silencio, por favor.

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Le voy a hacer una recomendación, señora España Reina. A la hora de exigir responsabilidades éticas y políticas mire usted a su propia bancada y a su propio líder. (Aplausos). Y aquí voy a dejarlo, para centrarme en la convalidación del real decreto-ley. (Protestas.-Aplausos.-Protestas de la señora Álvarez Álvarez señalando a los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

Saben que me gusta poco llamar uno a uno al orden, pero doña Ángeles, le llamo al orden. También por los gestos se puede llamar al orden.

Continúe, señora ministra.

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Con relación a la intervención del resto de los responsables de cada grupo en esta Cámara sobre el tema que nos ocupa, que es la convalidación del real decreto-ley, quiero dejar claro que somos conscientes de que está pendiente una revisión de todas estas modalidades de subsidio de desempleo -PAE, Prepara, RAI, etcétera-, que tenemos en estos momentos la firme decisión de hacerlo, y que queremos que la regulación de estos subsidios de este nivel asistencial se haga respetando el marco competencial y la doctrina del Tribunal Constitucional. Hay que simplificar la normativa. Este asunto no se ha dejado en el olvido, sino que se acordó, junto con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial del día 25 de julio, que nos pusiéramos todos manos a la obra.

También quisiera señalarles que en la Mesa de Diálogo Social se ha creado un grupo dedicado de manera monográfica a estudiar y a adoptar acuerdos en políticas activas de empleo y sistemas de protección por desempleo. Dentro de este grupo se van a tratar la reforma del sistema de protección por desempleo, la sustitución de estos programas, y cuestiones pendientes como la recuperación del subsidio de mayores de cincuenta y dos años. También estamos a la espera del informe de la AIReF, que se ha puesto aquí de manifiesto esta mañana, sobre la ILP del ingreso mínimo. Por tanto este Gobierno va a tomarse muy en serio esta situación y va a adoptar las medidas pertinentes.

Somos conscientes igualmente, y está encima de la Mesa de Diálogo Social, de que hay que hacer una revisión de las políticas activas de empleo. Está claro que tenemos que adoptar, en coordinación con las comunidades autónomas, toda una serie de medidas para apostar por más recualificación profesional. Hay un grupo ad hoc para trabajar sobre la formación: la formación para el empleo, la formación de las personas que están en estos momentos trabajando, la formación continua, la formación de las personas que están desempleadas y que necesitan una recualificación profesional, y por supuesto lo hará en coordinación con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, que también va a formar parte de este grupo de trabajo, y así conectar totalmente formación reglada y formación profesional con el mundo del trabajo, con el mercado laboral. Y como no podía ser de otra manera sabemos que tenemos que apostar por los itinerarios personalizados de inserción; que tenemos que hacer un esfuerzo, en coordinación con las comunidades autónomas, para que toda aquella persona que está desempleada pueda recualificarse profesionalmente y pueda reinsertarse cuanto antes y de la mejor manera posible en el mercado de trabajo.

Este Gobierno -ya lo he dicho aquí en más de una ocasión- quiere apostar por supuesto por más empleo, y no estamos contentos con los últimos datos de desempleo del índice de paro registrado; sabemos que tenemos que hacer esfuerzos, ya comenté aquí que no han sido buenos datos, pero también es verdad que hay una serie de peculiaridades de nuestro mercado de trabajo, no es bueno que el último día del mes coincida con un viernes; en fin, ya puse aquí ayer de manifiesto algunas prácticas que espero que se terminen erradicando, y que ese plan director de fomento, de lucha por un empleo digno dé resultados y cada vez en este país no solamente haya más empleo, sino que el empleo sea menos precario, de menos temporalidad y de mucha más calidad.

Muchas gracias. (Aplausos.-La señora España Reina pide la palabra).

La señora PRESIDENTA: Adelante, señoría.

La señora ESPAÑA REINA: Por alusiones, señora presidenta, por el artículo 71.

La señora PRESIDENTA: Tiene un minuto para explicar la alusión.


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La señora ESPAÑA REINA: La verdad es que lamento que se haya usted molestado, yo simplemente he tratado de constatar una realidad que hoy venía en todos los medios en cuanto al tema económico y en cuanto a los plagios. Pero mire, yo soy andaluza y me duele en el alma el tema de los ERE (protestas), es decir, que el dinero de los... (Protestas). Claro, es que la señora ministra ha hablado de corrupción del Partido Popular y yo lo único que le digo es que lamento que el dinero de los parados se haya ido por el camino...

La señora PRESIDENTA: Señora España... (Rumores). Señora España, en virtud del artículo al que ha hecho usted referencia y por el que le he dado la palabra, porque se la he dado en base a ese artículo, refiérase usted a la alusión. (Rumores).

La señora ESPAÑA REINA: Sí. La alusión era a la corrupción del partido, y yo lo que le estoy diciendo es que la corrupción (rumores) del Partido Socialista en Andalucía, después de cuarenta años de Gobierno socialista... (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora España. Muchas gracias.

Señora ministra.

La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Señora presidenta, por respeto a esta Cámara y a todas las personas a las que aquí estamos representando, yo en calidad de miembro del Gobierno y todos ustedes en calidad de diputados y diputadas, no voy a entrar más al trapo de provocaciones.

Anteriormente se me ha olvidado, y con ello concluyo, dar las gracias a todos los grupos parlamentarios, porque en general van a votar que sí a la convalidación del real decreto-ley, y al PNV porque ha reconsiderado su no y se va a abstener.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

- REAL DECRETO-LEY 9/2018, DE 3 DE AGOSTO, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 130/000036).

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.

Pasamos a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora vicepresidenta, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Presidenta, diputadas y diputados, en nombre del Gobierno, pero sin duda también en nombre de toda la Cámara, una comparecencia de esta naturaleza para la convalidación de un real decreto que el Gobierno trae a esta Cámara debe iniciarse trasladando nuestro apoyo, nuestra solidaridad y también nuestro compromiso de trabajo a todas las víctimas, a todas las mujeres asesinadas y al reguero de niños y niñas que se quedan huérfanos de sus madres. (Aplausos.-El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).

En lo que va de mes tenemos 4 mujeres asesinadas en Asturias, Castellón, Madrid y Zaragoza; 957 mujeres en el plazo en el que disponemos de estadísticas; 25 menores que también han sido asesinados, 19 huérfanos y 33 mujeres asesinadas en lo que va de año. Tenemos también un caso todavía sometido a investigación en relación con una mujer y dos menores. En definitiva estamos ante el reto más importante de nuestra obligación como cargos públicos, porque estamos hablando de una tragedia constante, estamos hablando de la inseguridad de las mujeres, estamos hablando de una violencia insoportable en una sociedad pacífica, que es el fundamento de una sociedad democrática como la nuestra. No puede haber tregua, no puede haber ni un solo recurso del que podamos disponer desde las administraciones públicas y desde todos los poderes del Estado que no activemos para enfrentarnos a esto cada día.


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Las mujeres son asesinadas por el solo hecho de serlo, en una sociedad machista que todavía no entiende la libertad de las mujeres, el respeto a sus vidas, la dignidad y la calidad de todos y cada uno de sus derechos. Por eso el Gobierno no ha perdido ni un solo instante, y no lo ha perdido porque trae causa de esta Cámara y del Senado, de las Cortes Generales, del trabajo que en las Cortes Generales se ha hecho durante un tiempo importante de reflexión, de consenso, de llamada de atención y de escuchar todas las opiniones técnicas y cualificadas, producto de las cuales nos dotamos como Estado de un instrumento de navegación importante para afrontar, para prevenir y para reaccionar frente a esta situación trágica. Lo denominamos el Pacto contra la Violencia de Género, un acuerdo de Estado, una política de Estado, lo que significa que decidimos coger una vía inusual en la política, una vía en la que todos bajábamos las armas de la confrontación legítima, las discrepancias naturales de una sociedad diversa como la nuestra y nos poníamos todos a disposición del objetivo final: atajar la violencia machista contra las mujeres y la protección de los menores como valor superior al que todos estamos entregamos a trabajar. Nos dotamos como decía de un instrumento que nos obliga a todos a trabajar de una manera diferente del hacer cotidiano del trabajo político. Nos correspondía la lealtad, la unidad, la coordinación y el encuentro. Ese es un instrumento excepcional de la vida democrática y requiere que todos hagamos un esfuerzo. No siempre sacaremos adelante todo exactamente tal cual lo vemos desde nuestra posición política, pero a cambio entregamos de manera magnánima la gran obligación que tenemos de parar los asesinatos y las víctimas que dejan detrás. Por eso cuando se va a cumplir casi un año de la vigencia de este pacto, ahora en este mes de septiembre, el Gobierno -repito- ha utilizado el instrumento más rápido del que dispone, el real decreto, sin invadir competencias que no puede en materia orgánica preservadas en la Constitución, y -importante porque hablamos de un pacto de todos contra la violencia de género- utilizando también el consenso y el acuerdo con quienes tienen una cuota superior de responsabilidad, que son las administraciones públicas: la Administración General del Estado -que responde al Gobierno de España-, pero también las comunidades autónomas, los ayuntamientos, las diputaciones provinciales; en definitiva las corporaciones locales, porque desde ellas, en el ámbito del Poder Ejecutivo, es desde donde se puede disponer de la efectiva actuación de este pacto que tiene ya un año. Y porque en ese espacio, que es donde se produce la eficacia de lo acordado en esta Cámara, pero también en el Senado, no perdemos un solo instante de tiempo. Nos reunimos en preparatorias los días 5 y 25 de julio, y el 31 de julio en una conferencia sectorial donde, señoras y señores diputados, se reprodujo el acuerdo y el consenso sin una sola fisura de quienes desde las responsabilidades ejecutivas entendían que íbamos desarrollando el pacto en algunas de sus medidas, y poniendo los fondos públicos a disposición de las políticas que tenían que desarrollar. No perdimos ni un minuto, a partir del minuto uno de la efectividad de los Presupuestos Generales del Estado, para trabajar con las administraciones y encontrar un espacio de rápida reacción, que es este real decreto.

Todas las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, de manera unánime, estuvimos de acuerdo en unas cuantas cuestiones que pasaron a trasladarse a este real decreto. Una, no menor, la disponibilidad de los fondos, no solamente con el reparto de 9,5 millones que de manera retrasada quedaban por repartir para prevenir y ayudar a las víctimas objeto de violencia sexual, sino también de los 200 millones correspondientes al ejercicio presupuestario. Nos preocupaba que a la altura del año en que se ponían en circulación efectiva los 200 millones correspondientes a la anualidad de 2018 tuviesen dificultades de ejecución los ayuntamientos y las correspondientes consejerías responsables de estas políticas. Nuestra preocupación, la preocupación del Gobierno era tal para saber que de manera efectiva esos fondos se gastaban este año en las políticas previstas y consensuadas en el pacto, que pedimos al Ministerio de Hacienda, dentro obviamente, de la legalidad presupuestaria, una excepción prevista en la regla de gasto para que los fondos que no diera tiempo a ejecutar a 31 de diciembre, que es lo normal en la trazabilidad de la ejecución del presupuesto, pudieran quedarse reservados y preservados para su aplicación también al año siguiente.

Hicimos un esfuerzo más de comprensión de la importancia del presupuesto del que íbamos a empezar a disponer todos para trabajar que incluso advertimos también a los ayuntamientos de la posibilidad de la aplicación de este gasto a capítulo 1, de manera que en algunos ayuntamientos se pudiera hacer contratación de personal especializado, que es una herramienta muy útil para prevenir, y de la que apenas disponen los ayuntamientos, particularmente los que no son grandes.

De estas dos cuestiones también nos habíamos preocupado preventivamente antes de la conferencia sectorial, en una responsabilidad profunda que sentíamos de saber que yendo tarde, casi un año después, teníamos que ir rápido, teníamos que hacerlo de una manera leal, coordinada, pero sobre todo eficiente.


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Y también hicimos, antes de traer a esta Cámara y previamente al Consejo de Ministros el real decreto, un diagnóstico que fuera también realista de la situación.

Señorías, de la macroencuesta, de la última que tenemos sobre violencia, y de los datos que tenemos cada día, sabemos dos cosas muy preocupantes: una, que más del 70 % de las mujeres que finalmente son asesinadas por violencia machista no habían denunciado. Esto nos coloca en un nivel de preocupación mayor; nos coloca en un nivel de preocupación tal que hemos de hacer muchos esfuerzos en el ambiente general de la sociedad a la que pertenecemos, y a la que servimos los cargos públicos, para que a las mujeres les llegue un mensaje unánime y contundente, solidario y seguro de que pueden y deben salir de esa situación en que se encuentran, porque no denuncian, y no lo hacen no solamente por la dificultad de la situación en la que viven, sino porque la sociedad tiene que dar una respuesta todavía más clara de que es necesario que lo hagan, porque a la salida de su decisión las estamos esperando todos y todas para ayudarlas.

Con este dato se nos antojaba que una fórmula de trabajo importante de carácter preventivo era ayudar a los ayuntamientos a recuperar competencias perdidas en materia de políticas de igualdad y de prevención de la violencia, modificando la Ley de Bases de Régimen Local en este real decreto para que los ayuntamientos pudieran disponer del instrumento político y también de fondos económicos que les llegaban justamente para que muchas de estas mujeres se dirigieran a los ayuntamientos, seguramente antes que a una comisaría, para empezar el camino en el que cada una de ellas hace un trabajo esforzado de salir de su propia situación. Queríamos, queremos y seguiremos esforzándonos y ampliando esta línea de trabajo porque con ese diagnóstico de las mujeres que no denuncian, y a las que por tanto no alcanzamos a proteger, había que abrir un espacio donde los ayuntamientos se convirtieran en lugares seguros para ellas, que todos los ayuntamientos, con los servicios sociales a su disposición, se convirtieran en lugares de escucha, de respuesta y de asilo de su gravísimo problema, de ellas y también de sus hijos y sus hijas. Por esta razón anunciamos en la conferencia sectorial que en los presupuestos del año que viene la partida afectada a la disponibilidad de los ayuntamientos se verá doblada. Nos parecían pocos los recursos de solo 20 millones para los ayuntamientos, los doblaremos, porque creemos que ahí se inicia un camino mejor para la política preventiva, que es sobre la que hemos de hacer grandes esfuerzos para no llegar al final de la tragedia, cuando ya no tiene ninguna solución.

En segundo lugar, nos parecía, también con los datos que teníamos de la macroencuesta, que había otro espacio particularmente vulnerable: los menores. El valor superior de los menores está por encima absolutamente de todo, tan por encima de todo que, desde que en 2014 nuestro Estado está comprometido como país firmante del Convenio de Estambul, su artículo 18 nos obliga a hacer modificaciones en nuestra legislación interna, cuantas más mejor, porque no somos todavía un Estado garantista hacia donde esa garantía es máxima en relación con la protección de los menores. Los datos arrojaban las siguientes circunstancias, señorías. Casi el 64 % de niños y niñas están en situaciones de violencia, viven la violencia, reciben la violencia y crecen en una situación donde la violencia se hace presente. Es más, el 93,7 % son menores, es decir, no están en ninguna condición de identificar con claridad qué está ocurriendo, y no están en condiciones de saber cómo reaccionar. Les condenamos a hacer un currículum vital tenebroso. Nos parecía que con esos dos datos también teníamos que poner el foco en las medidas urgentes de este real decreto que hoy traigo a la consideración y a la aprobación de sus señorías, con una segunda medida que también fuera efectiva en esta protección a la que nos obligan el pacto y el Convenio de Estambul. La medida consistía en proteger de mejor manera la ayuda en ese tramo de la minoría de edad sometida a violencia. Por eso en el real decreto se contempla una modificación del Código Civil, en su artículo 156. El Código Civil, en su inmensa mayoría -es una ley extensísima, sustantivamente hablando-, es una ley ordinaria. El Gobierno trae una modificación a una ley ordinaria, lo que significa en términos jurídicos que la trae de manera impoluta en cuanto a la constitucionalidad de la decisión del Gobierno, porque lo que modificamos exactamente en ese artículo es la posibilidad de que los menores puedan ser atendidos psicológicamente con atención especializada, con el permiso de uno solo de sus progenitores. No se afectan para nada derechos fundamentales y queda completamente intacta la posibilidad de que el progenitor que no toma la decisión no solamente deba ser informado sino que también pueda discrepar y recurrir literalmente en amparo de la justicia. De esta manera podemos proteger a niños y niñas que alcanzan la mayoría de edad que no han sido socorridos de ninguna manera; incluso a veces uno de sus progenitores, incurso en una causa -con sentencia o no-, para el beneficio de su defensa, pone en riesgo la situación psicológica de su propio hijo o hija. A esto se llama valor superior de la protección de los menores en un ordenamiento jurídico y en una sociedad sana, no solamente en una sociedad


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democrática con las obligaciones que tenemos derivadas de un Estado de derecho, sino una sociedad sana, capaz de proteger a los niños en una clave de profunda responsabilidad, y no me refiero a la solidaridad que implica armarnos todos para protegerlos a ellos.

Por último, este real decreto -que, repito, nace del consenso del Pacto contra la violencia y de lo que se trata en términos técnicos es de trasladar literalmente algunas de las más de doscientas medidas de este pacto al real decreto para su convalidación- modifica también la Ley 1/2004 en su parte no orgánica. Sus señorías saben -no hace falta que yo lo diga- que con los reales decretos-leyes se puede legislar en aquellos ámbitos en los que la Constitución no les afecta: derechos fundamentales, instituciones del Estado, la situación/condición institucional de las comunidades autónomas y el régimen electoral. En todos los demás aspectos el Gobierno puede legislar por esta vía porque obviamente luego se produce el control de la Cámara.

Queríamos modificar algunos aspectos de la Ley 1/2004 que nos resultaban particularmente débiles, particularmente necesitados de una respuesta, máxime cuando este Estado, sus señorías y el Gobierno teníamos la obligación de hacerlo. Se trata de atender mejor y de manera más rápida y efectiva a las víctimas de la violencia, no solamente a las mujeres sino también a los menores, pudiendo haber un orden de prelación rápida en la asistencia letrada, pudiendo producirse la personación en cualquier momento del procedimiento y a través de un elemento muy importante -al que nos obliga, por cierto, el Convenio de Estambul- que es la acreditación y la consideración de víctimas de las mujeres y de sus hijos a efectos meramente administrativos para que puedan acceder a las ayudas que están previstas en las políticas sociales de este país -por cierto, no solo las que están previstas en el ámbito de la acción del Gobierno de la nación sino también en las comunidades autónomas y en las administraciones locales, los ayuntamientos y las diputaciones-, a los efectos de los derechos laborales y a los efectos también de las prestaciones de la Seguridad Social. Lo que pretendemos es que no haya que esperar al momento de la sentencia -como pide el Convenio de Estambul- para que puedan ser protegidas.

Pero diré más, una parte importante de esta modificación de la Ley 1/2004 ya se está haciendo. Hay comunidades autónomas que han ido por delante del pacto y ya lo han hecho, como Galicia, Castilla y León, pero también lo hace la Administración General del Estado. A las mujeres funcionarias públicas del Estado se les protege en términos meramente administrativos cuando son víctimas de violencia, por ejemplo, en materia de traslado de su puesto público. Es decir, que en este punto el real decreto no trae nada nuevo que no se esté haciendo ya por otras administraciones -por cierto, con buen criterio- para adelantarnos a la protección de las mujeres en cualquier momento. No se afectan en modo alguno derechos fundamentales y mucho menos la capacidad jurisdiccional de jueces y juezas y de nuestros tribunales, sino que trasladamos dos medidas concretas del pacto, también de la recomendación del informe del Senado, y naturalmente una requisitoria importante del Convenio de Estambul. Sobre este diagnóstico, sobre estas decisiones rápidas en aras del consenso y con el acuerdo unánime de la conferencia sectorial, en la que todas las comunidades autónomas se sintieron no solamente concernidas sino -de manera muy grata políticamente, tengo que decirlo- coordinadas y en alguna medida también agradecidas por la rapidez con la que podíamos poner en circulación los fondos y estas primeras medidas, hemos de seguir trabajando.

Señorías, este real decreto -les pido- debe ser convalidado por esta Cámara y debe serlo porque el mensaje que hemos de trasladar hoy a nuestro país es que en esto no hay discrepancias partidistas, que tenemos que ir todos a una contra la violencia machista; que en esto pueden caber matices de trabajo, pero nunca discrepancias del esfuerzo; que en esto tenemos que seguir caminando y aportando todos, mejorando y, naturalmente, avanzando. Por esta razón queremos que se tramite, una vez aprobado, como proyecto de ley, porque entendemos que este es un camino en el que solo podemos poner metas constantes y parciales. Lo dijeron sus señorías en la Comisión de Trabajo que dio afortunadamente a la política española el instrumento de este pacto que está en vigor y que tiene un año de vida; lo dijeron sus señorías en muchas y largas sesiones de trabajo, que esto era empezar y que, a partir de aquí, todos nos sentíamos concernidos a continuar, cada vez mejor, cada vez con más proposiciones que nos permitieran afinar. Señorías, aquí vale solo el acuerdo, solo la lealtad. Desde este Gobierno no encontrarán otra cosa que esta. Es más, en mi comparecencia el 10 de julio en la Comisión de Igualdad y el 30 de agosto en la Comisión de seguimiento del pacto lo dije, y lo seguiré diciendo. En esta posición no han de encontrar sus señorías ni un solo movimiento de mi parte, ni uno solo. Este pacto requiere de mejoras y de refuerzos constantes; este pacto fue producto de algo que un día me enseñó quien presidió en su momento nuestro alto tribunal, el Tribunal Constitucional, cuando me dijo que un buen pacto era aquel del que todos salían


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medio tristes y medio contentos; medio tristes porque todo lo que querían no era aceptado, pero medio contentos porque todos habíamos cedido en algo que superaba con mucho la posición partidaria.

Seguramente en estos tiempos que corren para todos nosotros al servicio de nuestro país haya pocas cuestiones en las que no podamos hacer otra cosa que ayudar. Esta es una. En nombre del Gobierno les pido el apoyo a este real decreto, más allá del interés del propio Gobierno y de la posición legítima y diversa de sus señorías en representación de los ciudadanos y de cada uno de los grupos parlamentarios. Lo tramitaremos como proyecto de ley para que pueda ser enriquecido, pero entiendo, señorías, que solo cabe salir hoy de aquí diciéndole a la sociedad en su conjunto y a las mujeres que pueden salir de esa tragedia, que la política está a su servicio, que la eficacia de las administraciones públicas está a su servicio y que nosotros también lo estamos.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.

En turno de fijación de posiciones interviene, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.

Señora vicepresidenta, esto sí es un problema de país, esto sí es un problema urgente y no lo que nos está distrayendo en los últimos meses entre momias, lazos, currículums, etcétera. Esto sí es un problema de país. Coalición Canaria firmó el pacto y lo hizo no para sacarse una foto, por eso esta diputada fue decisiva en los presupuestos del Estado junto con doña Ángeles Álvarez para que el presupuesto tuviera la ficha del Pacto contra la Violencia de Género.

Desde Coalición Canaria consideramos que es fundamental que esté normativizada la participación y la recuperación de competencias municipales de cabildos y diputaciones. Consideramos fundamental que no tenga que haber denuncia previa para la declaración porque todos sabemos cuál es la realidad de las mujeres a la hora de denunciar; además, he de decir a todos los diputados que en Canarias se está aplicando desde siempre la compatibilidad de las compensaciones y la actuación sobre los niños.

Nosotros no teníamos problema con la convalidación, aunque creemos que se pueden hacer aportaciones. Hay asuntos urgentes como el de la exención de tasas e impuestos en el tema de sucesiones para niños víctimas de violencia. Asimismo, tiene que haber también un pacto a nivel nacional por el tema de la vivienda y en cuanto a la tutela inmediata de los abuelos, a efectos sanitarios, de colegios, etcétera.

Quiero decirle algo que nunca he dicho y es que hoy he compartido su discurso desde el principio hasta el final. En esto tenemos que sumar, en esto no puede haber batallas políticas porque es una lacra que nos parte el alma cada día con cada noticia. Es fundamental que esos niños no tengan que estar en función de los trámites y las argucias legales de padres maltratadores hasta que suceden las cosas. Cada día que nos retrasemos tendremos una parte de culpa, por eso tengo la enorme satisfacción de decir que lo vamos a apoyar con decisión y vamos a seguir trabajando para que se aborde el resto de medidas pendientes lo antes posible.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Oramas.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Gracias, vicepresidente primero. Diputados, diputadas, muy buenos días; miembros del Ejecutivo presentes, vicepresidenta.

Cómo no, Unión del Pueblo Navarro va a votar favorablemente esta convalidación del real decreto-ley en la lucha contra la violencia hacia las mujeres. ¡Faltaría más! Cuente con nosotros. No es ninguna casualidad, señora vicepresidenta, no es ninguna casualidad, porque entre las primeras comunidades en España que lucharon en el ámbito legislativo estaba la Comunidad Foral de Navarra. Por lo tanto, no es ninguna casualidad porque Unión del Pueblo Navarro estuvo al frente liderando y buscando la unanimidad de todas las fuerzas políticas tanto en la Ley 5/2001, como en la posterior Ley Foral 14/2015 y siempre insisto en esa unanimidad.

Comparto también con usted, señora vicepresidenta, que aquí no debe haber banderas, aquí debe haber esa unanimidad de todas las fuerzas políticas contra esta lacra. Ganemos esta batalla, ganémosla y abramos otras batallas como -y con esto finalizo, señor vicepresidente primero- la batalla contra el suicidio que hoy tenemos en España y que provoca diez muertos cada día. Ganemos también la batalla


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contra el sufrimiento de las personas. Por lo tanto, en cuestiones sociales y en cuestiones de apoyo contra la violencia hacia las mujeres va a tener siempre el apoyo de Unión del Pueblo Navarro.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Alli.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene ahora la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyor vicepresident.

Señora vicepresidenta, Compromís va a votar que sí porque para nosotros, para nosotras, la violencia machista es una prioridad, lo demostramos en el Gobierno valenciano y lo demostramos también aquí y vamos a actuar con responsabilidad al respecto.

Este pacto, como usted bien ha dicho, nació del diálogo, de las infinitas concesiones por parte de todos los partidos políticos que formamos la Comisión y del consenso; del consenso en mayúsculas. Eso ha hecho que este sea el único pacto de los cientos que parecía que íbamos a hacer en esta legislatura, un pacto que hemos protagonizado justamente las mujeres, y la verdad es que podemos estar orgullosas porque nosotras sí hemos entendido que la política sirve para mejorar la vida de las personas. Mediante el diálogo y con mucha paciencia conseguimos alcanzar este pacto y todas las compañeras lo sabemos.

Pero este real-decreto no ha venido con ese mismo consenso y yo le pido desde aquí que aplique también ese diálogo y ese consenso cuando quiere traer medidas a esta Cámara. Aplíquelo a su Gobierno y gobierne con nosotras, con las mismas que lo hicimos y con todas las mujeres que estamos en esta Cámara y queremos acabar con la violencia machista. Entienda esta crítica constructiva como una mano tendida al consenso, como una mano tendida al diálogo, porque tenemos la oportunidad y la obligación de que este pacto de Estado vaya más allá de una legislatura.

Dicho todo esto, solo me queda decir que hoy Compromís votará a favor pensando en todas las mujeres, en todas, en las cientos de asesinadas que figuran en las estadísticas, pero también en las cientos de asesinadas que no cuentan porque no eran parejas de; también en todas las supervivientes, en las miles de supervivientes que consiguen salir cada día de todo esto, pero también en todas aquellas mujeres que nos sentimos solas, que nos sentimos desprotegidas, que nos sentimos hasta culpables cuando nos insultan o nos agreden. Por todas nosotras votaremos un sí rotundo a este real-decreto. Y le reitero nuestra mano tendida para que este pacto de Estado sea el principio de la transformación feminista en este Estado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sorlí.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene ahora la palabra la señora Ciuró i Buldó.

La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señor presidente.

Antes de entrar en materia quisiera informar a la señora España Reina que el aeropuerto de Barcelona ha conseguido récord de pasajeros en los últimos ocho meses y que el aeropuerto de Girona ha incrementado su actividad en un 8 %. Lo digo porque a lo mejor el problema del aeropuerto de Málaga no está motivado por la cuestión que ella ha manifestado.

Quiero decirle a la señora ministra que hemos asistido a la elaboración de un pacto de Estado contra la violencia que es un documento necesario, que se han preservado -porque así nos ocupamos las fuerzas nacionalistas- las competencias de las comunidades autónomas y, por tanto, va a tener el apoyo del PDeCAT en este real-decreto. No puede ser de otra manera. Sin embargo, usted ha comentado que había una dotación presupuestaria importante para sacar adelante estas medidas, este pacto de Estado. Y es cierto, la dotación existe; sin embargo, usted conoce que en la conferencia sectorial se fijaron las cantidades pero no el criterio de reparto. Es interés de los distintos Gobiernos que el criterio de reparto se fije porque, a pesar de que se ha intentando conseguir alguna información del ministerio, no se ha conseguido y por lo tanto tampoco ha sabido dar respuesta a cuáles eran estos criterios fijados a la Delegación en Cataluña.

Señora ministra, nos gustaría que se concretaran las medidas que fija este real-decreto para empezar a desarrollarlas. Valoramos positivamente que se tramite como proyecto de ley porque va a ser una norma positiva y, como le decía la diputada anterior, será un buen marco para seguir encontrando consensos en esta materia que no entiende de partidismos y sí de una acción determinada dirigida a erradicar esta lacra.

Nada más y muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ciuró.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente. Señora ministra, señoras y señores diputados, buenos días a todos.

Tenemos hoy para convalidar un decreto de medidas contra la violencia de género que nos trae el Gobierno a partir de los acuerdos que adoptamos hace un año en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, a raíz de los trabajos que se hicieron y que desembocaron en ese pacto. Evidentemente, la lucha contra la violencia de género tiene ciertos antecedentes legales en este Estado: la Ley 27/2003 y después la Ley Orgánica 1/2004. Posteriormente el Estado español se sumó a la firma del Convenio de Estambul y, como consecuencia de todo ello y vista la necesidad, la urgencia y la situación dramática que vivían muchísimas mujeres, se creó esa subcomisión. Después de un largo trabajo, de atender todas las demandas de todos los que comparecían y explicaban su visión, se hizo un documento que es el que aprobamos, no por unanimidad, pero se aprobó.

Las medidas que allí se proponían eran de diferente índole y, como bien ha explicado la ministra, algunas requerían de cambios legislativos que son las que hoy se traen principalmente. Sin duda alguna, alguien lo ha dicho, el gran salto sociológico que se ha dado con la violencia de género es que ha pasado de ser un problema privado, un problema de las familias, a ser un problema social, un problema que hay que abordar socialmente porque nos afecta a todos, a las personas que lo padecen, sin duda alguna, a las familias, a los entornos, pero también incumbe a la acción política y a la obligación que todos tenemos de atender esta situación. Por tanto, ese salto cualitativo automáticamente genera respuestas que han de ser públicas, no respuestas privadas.

Con respecto al decreto, de acuerdo con los principios que marca de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia y quizá porque también es tan importante el principio del debate parlamentario, que aunque no aparezca como tal yo creo que lo es, o el del decoro, por decirlo de alguna manera, en algunos casos la eficacia debe tener sus límites, como es el caso de la modificación del artículo 156 del Código Civil. Por supuesto que es constitucional y lícito, sin duda alguna, y usted lo ha dicho, pero el decoro parlamentario seguramente exija que sea tramitado no por un decreto sino como proyecto de ley, y nos alegra la rectificación que ustedes han hecho en torno a este tema. Sin duda alguna -voy a repetir- se modifican para dar mayor garantía a los artículos 20 y 23 de la ley y estamos de acuerdo en modificar estas dos cuestiones. Son medidas establecidas en el pacto y hay que desarrollarlas. Si se tramita como proyecto de ley tampoco nos podemos olvidar de que la parte troncal de todo esto es el estatuto de la víctima, que es al fin y al cabo el que dota a todas las víctimas, aunque ciertas víctimas por su especificidad requieran de otras medidas complementarias que hacen que esa especificidad sea considerada también en la legislación.

En cuanto al artículo 23, la modificación introducida por el real decreto-ley amplía la forma de acreditar que se es víctima de violencia, ya que la Ley Orgánica 1/2004 contemplaba un reconocimiento siempre dentro del ámbito judicial, es decir, mediante resolución de orden jurisdiccional. La modificación introduce, además de la resoluciones judiciales, el informe del ministerio fiscal ya con carácter ordinario y no como excepción, ampliando la acreditación también a las resoluciones del ámbito administrativo como son los informes de los servicios sociales o de los servicios de acogida a las víctimas o cualquier título previsto en la normativa sectorial de acceso a recursos y derechos. La modificación añade un precepto de coordinación mediante acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad donde se diseñarán los procedimientos para regular los expedientes de acreditación. Por tanto, vemos que esta modificación facilita la acreditación de la condición de víctima haciendo más accesible la forma de acreditarlo y, por tanto, evitando cualquier obstáculo que pueda agravar la situación que de por sí ya tienen estas víctimas. Ello es acorde, sin duda alguna, a la noción amplia de víctima empleada en el contexto europeo. La acreditación de la condición de víctima también se da en otros sectores y normativas, por ejemplo, en la de víctimas del terrorismo.

Hay otro punto que es importante -y ya me queda poco tiempo-, que es el de devolver las competencias a los ayuntamientos. Sin duda que lo apoyamos. La enmienda que el Partido Nacionalista Vasco presentó al proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local y que fue introducida era precisamente para eso. Por medio de nuestras enmiendas se respetaban las competencias -en el caso de Euskadi, forales- de las instituciones vascas, así como de los interlocutores que los ayuntamientos y diputaciones tuvieran para preservar precisamente ese carácter de la Administración local para poder desarrollar las políticas que pudieran afectarles. Nosotros en Euskadi hemos seguido


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haciendo las políticas de igualdad desde los ayuntamientos, pero también desde las diputaciones y también desde el Gobierno, porque consideramos que la red institucional de cada comunidad autónoma -o de cada país, en nuestro caso- la debe organizar internamente, y es la que más conoce cuál es su red, cómo se deben conseguir esos objetivos que mantenemos en común, pero que no tienen por qué estar dirigidos desde los ayuntamientos, sean del Gobierno que sean. Por eso, en la subcomisión metimos una salvedad que solamente decía: respétense las competencias de las comunidades autónomas, respétese la singularidad de organizar internamente cada uno cómo quiere hacer las cosas. Creo que eso es importante porque lo que vale es el objetivo, que es conseguir aquellas medidas que se plantean en la subcomisión y que después cada uno las pueda desarrollar como mejor estime oportuno.

La forma propia de organizarnos institucionalmente con eficacia y coordinación creo que es la base fundamental para conseguir los objetivos. Creemos en el trabajo multinivel entre ayuntamientos, diputaciones y Gobierno, en el trabajo en red, que es lo que llevamos poniendo en práctica en Euskadi desde el año 2005, que es cuando se aprobó la Ley de Igualdad del País Vasco, en la que está integrado un capítulo específico para hacer frente a la violencia machista contra las mujeres. Porque cuanto más trabajemos en la construcción de una sociedad más igualitaria, menor espacio habrá para la violencia contra las mujeres y sus múltiples manifestaciones. Hay otros cambios también que ya se han manifestado y no voy a incidir en ellos.

Acabo, señor presidente. La violencia de género es una de las mayores atrocidades que se cometen en la sociedad, porque es una violencia que se ejerce desde el odio, la superioridad, ninguneando y despojando de dignidad a la persona a la que se le causa daño, un daño que va mucho más allá de lo físico. Pero es reparable, no el pasado pero sí el futuro; está abierto a todas las mujeres que han padecido ese calvario. Es un futuro en el que todas y todos tenemos la responsabilidad no solo de erradicarlo sino de dotar de las herramientas necesarias para que, eso sí, sea pasado.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Surra Spadea.

La señora SURRA SPADEA: Gracias, señor presidente.

Señora ministra, señoras y señores diputados, hace tan solo unos días mostramos nuestro firme apoyo al impulso de todas aquellas medidas y mecanismos que tengan como fin acabar con la violencia machista. Ustedes aprobaron y presentaron el pasado mes de agosto un real decreto-ley que introduce nuevas medidas de protección de los menores, facilita el acceso a la justicia y pretende otorgar nuevas competencias a los ayuntamientos sobre esta materia. Sin embargo, este ambicioso real decreto-ley modifica no solo una, sino tres leyes: la Ley de Bases de Régimen Local, la Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género y el Código Civil español.

Desde Esquerra Republicana de Catalunya anunciamos que nunca nos opondremos a cualquier mejora de las garantías de los derechos de las mujeres. Sin embargo, no lo haremos a cualquier precio. Con este real decreto-ley el Gobierno quiere, una vez más, restringir el ámbito de actuación de las comunidades autónomas a través de una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local. Hasta ahora, el Estado español transfería los recursos a la Generalitat, que posteriormente esta repartía de forma eficiente y coherente entre los ayuntamientos catalanes. Con la convalidación de este real decreto-ley, el Gobierno central, que desconoce la realidad del territorio en el ámbito local, quiere saltarse este paso y transferir directamente los recursos entre los consistorios municipales. Desde Esquerra Republicana de Catalunya recordamos que el informe de la ponencia de estudio para la elaboración de estrategias contra la violencia de género, aprobado por la Comisión de Igualdad del Senado en julio de 2017, estipulaba que todas las transferencias se llevarán a cabo con escrupuloso cumplimiento de las competencias transferidas a las comunidades autónomas. La solución no es recentralizar competencias, sino mejorar el actual sistema de financiación autonómica. Esto es, en nuestro caso, disminuir la diferencia existente entre los ingresos aportados por Cataluña al Estado español y los recursos que el Gobierno central destina a Cataluña para que la Generalitat pueda ejercer sus competencias de forma plena y soberana. Como ustedes saben, Esquerra Republicana de Catalunya es un partido firmemente comprometido con el principio de subsidiariedad, el principio de autonomía local. No obstante, al analizar este real decreto-ley encontramos un pequeño problema: no podemos compartir con ustedes la homogeneidad. Si se ha leído el Estatuto de Autonomía de Cataluña, recordará que a lo largo del texto se desprende la idea de que todos los entes municipales son parte de Cataluña y de que todos ellos son también la Generalitat de


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Catalunya. En este sentido, no concebimos el desarrollo de cualquier política pública en materia de igualdad sin la Generalitat de Catalunya. No se puede negar la relación entre el Govern de la Generalitat y los entes locales.

En resumen, el Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género presenta una serie de errores que pueden ser subsanados a través de la tramitación parlamentaria como proyecto de ley, de manera que garantice el debate entre todos los grupos parlamentarios. Por todo ello, Esquerra Republicana de Catalunya votará a favor de la convalidación del real decreto-ley si se garantiza la tramitación como proyecto de ley. En caso contrario, si incumplen el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con relación al respeto de las competencias autonómicas nos veremos obligados a abstenernos.

Por último, no quiero finalizar mi intervención sin recordarles que en Cataluña ya tenemos una ley en materia de igualdad, que contempla grandes medidas de erradicación de la violencia machista y que garantiza la igualdad entre hombres y mujeres, pero que, como otras leyes catalanas, se encuentran bloqueadas o han sido recortadas por el Tribunal Constitucional.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Surra.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Reyes Rivera.

La señora REYES RIVERA: Gracias, presidente.

Vicepresidenta, hace dos semanas en su comparecencia en la Comisión de seguimiento del pacto tuvimos que lamentar el asesinato de dos mujeres, y esta semana de nuevo lo mismo. Esto no para. Dos mujeres en apenas veinticuatro horas: Estela, en Madrid, y Jessica, en Asturias, y junto a ellas tres víctimas más, tres niños inocentes que se han quedado huérfanos. Expresamos desde aquí nuestra más absoluta condena y nuestro firme compromiso en la lucha contra esta violencia machista.

Señorías, hace ya casi un año salió de este Parlamento un pacto de Estado que aprobamos todas las fuerzas políticas, excepto Podemos; un pacto que incluye 214 medidas, todas ellas importantes. Entre esas medidas se estableció la creación de una comisión de seguimiento en esta Cámara que fiscalizaría el cumplimiento de dicho pacto, pero, señorías, comenzaron ustedes mal; el Partido Socialista y el Partido Popular estuvieron discutiendo varios meses quién presidiría esa Comisión, más preocupados por el sillón que por su puesta en marcha. Se alargaba tanto que mi grupo, Ciudadanos, tuvo que presentar dos escritos dirigidos a la Mesa para que se constituyera de una vez. Hasta el 18 de abril no se creó la Comisión, de septiembre a abril, todo un tiempo perdido, y lo cierto es que desgraciadamente tampoco sirvió de mucho. Exigimos al Partido Popular que cumpliera y pusiera en marcha las medidas, pero actuó como siempre, con la desidia a la que nos tienen acostumbrados. Moción de censura. Llegan ustedes, señora Calvo, señor Sánchez, y se lían a aprobar decretazos -ese es su nombre- en agosto y como churros. Entre esos decretos estaba el que tratamos ahora aquí, que ha causado un tremendo revuelo. Asociaciones de jueces, juristas de prestigio, todos ellos llevan advirtiendo desde agosto de la posible inconstitucionalidad de este real decreto. En cambio, ustedes siguen hablando de las virtudes de la figura del real decreto, siguen diciendo que lo han utilizado de una manera constitucionalmente impecable -según palabras de la señora Calvo-, de lo cual existen serias dudas, aunque el debate jurídico lo dejamos para otro momento. En la Comisión de seguimiento yo misma le pedí no una sino seis veces que transformara este real decreto en un proyecto de ley, tramitado por la vía de urgencia, eso sí. Hoy rectifican, una vez más, y hacen lo que pidió Ciudadanos, y lo celebramos, aunque parece ser que se debe a otro motivo, no porque lo pidiéramos. Lo hacen porque no tenían los votos de sus compañeros independentistas. De todas maneras, nos alegra, por la salud democrática de nuestro país, tan en peligro con tanto dedazo, decretazo, injerencias en el Poder Judicial, universidades, medios de comunicación, etcétera. Ustedes han roto el espíritu de consenso que debemos mantener en torno a una cuestión tan delicada como esta, y se lo han saltando presentando este decreto sin pasar antes por la Comisión de seguimiento, intentando burlar el debate en este Parlamento. Es más, han colado en él puntos que no se incluían como tales en el pacto de Estado, que eso no lo ha mencionado. Por eso, ministra de Igualdad, entienda que ya no nos fiemos. Ayer publicaba El Confidencial que el caso Montón y su máster de género parece tener mucha más miga. Según cuentan, la ya exministra se habría beneficiado de un presunto trato de favor de los profesores que, a su vez, recibían, parece ser, fondos públicos directamente de la Secretaría de Estado de Igualdad del Partido Socialista. A muchas mujeres nos produce verdadera indignación leer cosas como estas. Están manchando el nombre del feminismo,


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de la igualdad, y luego se permiten ustedes darnos lecciones aquí a todas diciéndonos lo que tenemos que hacer, cómo debemos pensar, cómo debemos hablar, tratando de imponer desde sus chiringuitos dogmas incoherentes que niegan la libertad de las mujeres. (Aplausos). ¿Pues saben lo que les digo yo a eso? Que no hay nada más heteropatriarcal que lo que hacen ustedes. (Aplausos).

Entienda, señora Calvo, que, por cosas como estas, tengamos ciertas dudas. Es nuestra obligación tenerlas. Tienen un pacto entre las manos que conlleva una financiación anual de 200 millones de euros, que nos costó mucho arrancar al Partido Popular. Quiero recordar que, además, no se aprobó el voto particular de Ciudadanos, que hacía obligatoria la publicación de informes con indicadores y objetivos conseguidos. Y entiendan también que nos planteemos una serie de preguntas. ¿Por qué las medidas que incluyeron en este decreto son las urgentes? ¿Por qué estas y no otras de esas 214? Básicamente, lo que hacen ustedes en este decreto es, por un lado, devolver las competencias de igualdad a los ayuntamientos y, por otro, conceder autoridad a los servicios sociales de los mismos para emitir un título que acredite que una mujer es víctima de violencia machista. Esto, por cierto, lo vuelvo a repetir, no se recogía así en el pacto. En cuanto a lo primero, a la devolución de esas competencias, le diré que sí es importante, pero ¿saben qué es básico? La detección. Un 76 % de las mujeres -usted lo ha dicho- no denuncia. ¿Y saben dónde se detecta con más facilidad si una mujer sufre o no violencia? En la sanidad, en la atención primaria, es algo que dejaron muy claro todos los expertos que pasaron por la subcomisión y todavía no se ha puesto en marcha ni una sola medida relativa a ello, ni protocolos específicos, ni formación del personal, ni compartir la historia clínica entre diferentes comunidades autónomas. Es más, el Partido Socialista votó en contra de la tarjeta sanitaria única que proponía Ciudadanos, que mucho tiene que ver con este problema, porque estas mujeres, a menudo, van cambiando de residencia precisamente para ocultar esa violencia. Es necesario que se comparta el historial. Las mujeres que la sufren y no denuncian tampoco van a acudir en masa a los servicios sociales con esta medida, en cambio sí irán al médico con lesiones o con determinados síntomas que son consecuencia del maltrato que sufren. Y, por otro lado, ¿qué profesionales son los adecuados para emitir estos informes, estos títulos acreditativos? Señorías, en los servicios sociales de los ayuntamientos hay magníficos profesionales, a mí me consta de primera mano, pero nos preocupa cómo se ha redactado el real decreto, porque da pie a una enorme inseguridad jurídica. ¿Qué profesionales de esos servicios sociales serán los que tengan la autoridad para acreditarlo? ¿Cómo se hará ese informe? ¿Dónde podrá ser utilizado? Lo han dejado todo sin atar, y esto es demasiado arriesgado. Todos -yo creo- tenemos en mente el caso de Juana Rivas, una víctima de violencia machista que, por un presunto mal asesoramiento de un centro municipal, ha tenido que sufrir la terrible consecuencia de no poder ver a sus hijos. Tenemos que hablar así de claro si no queremos que las víctimas sufran aún más. Podría seguir así un buen rato, hablar también de las víctimas de violencia sexual, que seguirán siendo juzgadas en juzgados no especializados; podría decir que todavía no cumplimos el Convenio de Estambul, por ejemplo, pero no me queda ya tiempo. Votaremos a favor pero haremos enmiendas al proyecto de ley y esperamos que se tramiten de la manera más urgente posible para que las medidas se pongan en marcha cuanto antes, porque por supuesto, como se ha dicho aquí, esto es muy urgente.

Finalizo pidiendo que los o las responsables del Ministerio de Igualdad vengan a la Comisión de seguimiento y nos expliquen con detalle cuál va a ser el plan de trabajo para la implementación de estas medidas. No olviden en ningún momento que, aunque ustedes tienen la responsabilidad de poner en marcha este pacto de Estado, es un pacto de Estado entre los diferentes poderes y la sociedad civil y ante ellos tendrán ustedes que dar cuenta.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Reyes.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.

La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias, presidente.

Vicepresidenta, a favor, claro. Porque si ya dijimos en su día que el pacto de Estado era insuficiente, no vamos ahora a no apoyar que se lleven a cabo todas y cada una de las 214 medidas del mismo. Desde luego, es preciso hacer esto y la misma frase que ha dicho usted esta mañana y que decía también en su comparecencia a finales de agosto, la de 'vamos tarde', esa frase no es que la esté diciendo la calle también, es que la calle la está viviendo. Las mujeres de este país están viviendo que 'vamos tarde'. Hace dos días mi compañero Chema mencionaba que en pocas horas habíamos tenido la noticia de tres


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asesinatos machistas en A Caridá, Villaverde y Borriol. Desde que esta Cámara aprobó hace escasamente un año el pacto, contamos ochenta y cinco asesinatos machistas. No, no se ha detenido la violencia contra las mujeres, vamos tarde -y vamos tarde- y no podemos esperar ni un segundo más. Por esto, nuestro grupo va a convalidar el real decreto que hoy trae el Gobierno, que se ponga en funcionamiento ya, pero que además sea con un proyecto de ley que podamos debatir, señora vicepresidenta, porque sin hablar con las diputadas que trabajamos en la subcomisión del pacto, lo que el Gobierno tiene -que es lo que tiene la ciudadanía- es un informe con medidas más o menos específicas, pero el Gobierno tiene que ser consciente de que además dispone de la posibilidad de interlocutar con las diputadas que lo redactaron, con quienes lo estuvimos redactando, y créanme que es necesario. Es necesario -lo vemos- porque de esas 214 medidas nos traen esto: devolver las competencias a las administraciones locales en materia de violencia de género y de promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, activar los fondos presupuestarios para el pacto, el título habilitante de víctima y garantizar que las y los menores de edad testigos y víctimas de violencia machista puedan recibir atención psicológica sin requerir que sea una decisión común de los dos progenitores cuando uno de ellos -entendemos, además, en lo que nos ocupa que estamos hablando del padre- está en un proceso penal. ¿Que son prioritarias estas medidas? Claro, es que, ante un pacto a todas luces insuficiente, no sé qué medida no lo es. Llevamos más de un año diciendo que hay que ir más allá y, desde luego, la devolución de competencias a las administraciones locales es fundamental. De hecho, mi grupo presentó una proposición de ley en este sentido el pasado 25 de noviembre. Está claro que vamos tarde. Y por las mismas es necesario destinar los fondos presupuestarios del pacto, los 120 millones de euros -100 y 20- para comunidades autónomas y municipios, y sobre los 80 millones restantes, los de Administración General del Estado, saben bien nuestra denuncia, porque, seamos coherentes, si cuando veíamos los Presupuestos Generales del Estado esos 80 millones de euros para la Administración general no estaban, de repente no han aparecido tampoco por arte de magia. Por lo tanto, es mejor hacer manifestaciones y declaraciones consecuentes y honestas que bonitos discursos triunfalistas que confunden a la ciudadanía.

Lo que nos ocurre con las prioridades que vemos en este real decreto es que, más allá de lo puramente operativo para la puesta en marcha del conjunto del pacto, hay un enfoque que es profundamente limitador. ¿Recuerdan cuál fue el mayor consenso del pacto de Estado? ¿Lo recuerda esta Cámara, aquello en lo que todos los grupos estábamos de acuerdo en aquel trabajo que hicimos? En que ya era hora de adaptar nuestra legislación y nuestras políticas públicas al Convenio de Estambul, en ampliar la idea de violencia de género, la violencia machista más allá del ámbito de la pareja o expareja. Y este paradigma este real decreto no lo recoge. Este real decreto se queda en el año 2004. Con este real decreto seguimos en el año 2004, y -creo que lo saben- mi grupo parlamentario es muy defensor de la Ley 1/2004; una ley pionera de la que sentirse orgullosas, que catorce años después requiere trabajo, evidentemente, pero de la que en su momento nos sentíamos muy orgullosas y que ojalá se cumpliera, porque entonces habría muchas medidas del pacto de Estado que ni siquiera tendrían que estar. Desde luego, iría todo mucho mejor para las mujeres en este país. Pero nuestra sociedad ha ido más allá de ese marco. Sabemos que la violencia machista no solo se da en las relaciones de pareja o expareja. ¿Qué relación sentimental existe entre los cinco agresores de los sanfermines y la víctima? ¿Qué relación sentimental existe entre cualquiera de las mujeres de esta Cámara, por ejemplo, y quienes promueven y difunden violencia simbólica? Sigo con preguntas que son retóricas. Cuando una mujer sufre violencia económica, ¿tiene que mediar una relación de pareja necesariamente? Cuando una mujer sufre violencia institucional, ¿ocurre esto en el ámbito de la pareja o expareja? La respuesta la tenemos en la calle, y estas preguntas no dejan de ser un ejercicio retórico precisamente para visualizar que, para este real decreto, con estas medidas, seguimos en el año 2004. Nuestra sociedad ha ido más allá hace tiempo. Hace tiempo que 'vivas nos queremos' no significa hablar de relaciones tóxicas; significa ser conscientes de que la sociedad está cimentada en relaciones de poder, de que este problema se llama patriarcado, de que nos atraviesa al conjunto de la población, de que si tenemos que decir que nos queremos vivas es porque nuestra ciudadanía no es todavía de pleno derecho, porque nuestras vidas no están siendo libres.

Vicepresidenta, señorías, no solo no estamos en 2004 -que es una cuestión obvia-, sino que, además, estamos en 2018-M, en el año en el que nadie puede ya obviar que el feminismo es la herramienta, el motor y la brújula de transformación social para alcanzar una democracia cierta, no un paripé blanco, heterosexual, cisgénero, occidental y de clase acomodada; una democracia que de verdad nos sirva a todas. Después de un 8-M valiente y decidido, de que hayamos estado muy cerca de una verdadera huelga general, porque se paró, porque las mujeres pararon todo el empleo -el empleo remunerado y


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todo el trabajo sin el que, cuando no se realiza, se para el mundo, pero que está invisibilizado y no remunerado-, después de un 8-M tan valiente, de que las mujeres y los hombres que nos apoyan en esta lucha saliéramos a la calle por la lucha de todas, por las pensiones, por nuestra libertad sexual, por nuestro derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos, por las vidas de todas, después de eso no podemos seguir legislando como si viviésemos en 2004.

Vamos tarde, decía usted, vicepresidenta; pero de la que vamos, vayamos hacia delante y vayamos con las mujeres, y eso pasa por escuchar lo que están diciendo ahora las mujeres. Por nuestra parte, el Grupo Confederal no está dispuesto a perder ni un minuto más porque nos va la vida en ello.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Fernández Castañón.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cuello Pérez.

La señora CUELLO PÉREZ: Gracias, presidente; gracias vicepresidenta.

Durante la hora que más o menos durará el debate de este Real Decreto-ley de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, unas diez mujeres en España habrán llamado al servicio 016 para pedir ayuda, otras veinte mujeres acudirán a una comisaría a denunciar a su maltratador y así cada hora que pasa. Es imprescindible tener presente a todas estas mujeres, a sus hijas e hijos, y también a las mujeres que todavía no han dado ningún paso que las aleje de su maltratador y del entorno de violencia en el que viven; y, por supuesto, el recuerdo hoy aquí de las mujeres que han sido asesinadas en nuestro país: 957 desde 2003 y 33 en lo que llevamos de año, que son la consecuencia más grave y más dolorosa. (Aplausos). Son también la evidencia de que el Estado y todo el sistema democrático han fallado porque se han mostrado incapaces de garantizar el derecho a la seguridad, a la libertad y a la vida. A revertir esta situación estamos llamados todos y todas, cada Administración pública, cada medio de comunicación, cada organización civil, cada institución. Toda la sociedad tiene un papel que hacer ante esta violencia que limita, que agrede, que coarta pero, sobre todo, señorías, que mata.

Señorías, ante este contexto es una satisfacción ver que el Gobierno de España asume la responsabilidad que tiene: abordar la violencia de género como una cuestión de Estado, impulsando las políticas públicas que la lucha contra la violencia machista exige. Este real decreto implementa medidas que son el resultado del consenso y del debate político que hemos mantenido todos los partidos y que son parte del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Estas medidas fueron también aprobadas en la conferencia sectorial celebrada el pasado 31 de julio y ahí también, señora Ciuró, se aprobaron los criterios de reparto de los fondos. Este real decreto devuelve a los ayuntamientos las competencias en materia de igualdad para que se conviertan en la puerta de inicio de un camino hacia la libertad y la seguridad de las mujeres. Porque, señorías, ¿saben ustedes dónde acuden las mujeres cuando están desesperadas, cuando tienen miedo, cuando no tienen independencia económica y no saben cómo salir de esta situación? ¿Lo saben ustedes, señorías? Pues yo se lo voy a decir: van a los ayuntamientos y no entienden de competencias ni de estructuras administrativas, entienden de desesperación, de miedo y piden ayuda a gritos, pero a gritos silenciosos para que no las escuche su maltratador porque temen por su vida y también por la vida de sus hijos e hijas. (Aplausos). Ante esta realidad no nos parece lógico que se les quitaran dichas competencias a los ayuntamientos. Quien tomó esta decisión de eliminar dichas competencias a la Administración local lo hizo por irresponsabilidad, porque dudo que fuera por falta de conocimiento de dicha realidad, señor Montoro -aunque no esté-. Por suerte, este Gobierno tiene presente el papel central que en esta materia tienen los ayuntamientos, el compromiso del Gobierno por el municipalismo y contra la violencia de género que se está demostrando con hechos, como la decisión de doblar el presupuesto para el año que viene para los recursos municipales contra la violencia machista. Igualmente, este real decreto recoge la acreditación de las situaciones de violencia de género y que se amplíe más allá de la sentencia o resolución judicial, tal como se indica en el Convenio de Estambul y en el pacto de Estado, esta acreditación de víctimas para el reconocimiento exclusivamente de derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social. Cuando desde las administraciones decimos: denuncia, llama, pide ayuda, tenemos que ser conscientes de que se les está pidiendo a las mujeres unos pasos de gigante. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Sabemos que lo pueden hacer -son muchas las mujeres supervivientes-, pero también necesitan de nuestra ayuda porque tienen que iniciar y transitar un camino que no es sencillo y tenemos que facilitárselo y acompañar a estas mujeres en este proceso que es urgente, necesario y, sobre todo, imprescindible. Por tanto, desde las administraciones hay que animar a las mujeres a dar ese paso de gigante. También las administraciones deben tener recursos y


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agilidad para atenderlas, para acompañarlas en el duro camino que empiezan a recorrer. Esto en política pública se llama de una forma muy sencilla: dotación presupuestaria, que es lo que está haciendo este Gobierno, y acción política. Así que el pacto tiene el valor de habernos puesto de acuerdo a los partidos políticos, pero de nada vale si no transforma la vida de las mujeres, si no lo ponemos en marcha de manera decidida y urgente. La protección de los menores es un pilar fundamental. Este real decreto incluye una adición que permite que con el consentimiento de la víctima se pueda atender psicológicamente a los menores en situación de grave riesgo sin necesidad de tener el consentimiento expreso del agresor, que puede acudir al juez en caso de desacuerdo, porque no se modifica el artículo 156, sino que se introduce un párrafo aclaratorio.

Señorías, nadie puede ponerse de perfil en la lucha contra la violencia de género. Este tema requiere unión y está por encima de cualquier interés político. Aquí el único interés debe ser acabar con esta lacra machista, y la lucha contra el machismo es una tarea colectiva de país. No es posible entenderla sin las organizaciones de mujeres, sin la sociedad civil, y tampoco sería posible entender la lucha contra este terrorismo machista con la ausencia de algún partido político. Por ello, pedimos que el espíritu del consenso del pacto perdure en esta fase de puesta en marcha del pacto. La tramitación de este real decreto como ley permite la valiosa participación en esta fase de implementación del pacto de todos los grupos políticos, y es necesario aprovechar esta oportunidad de oro. Además, el Gobierno ha acudido al diálogo y a la negociación y quiere seguir contando con las aportaciones de todas las fuerzas políticas durante la tramitación como proyecto de ley de este real decreto. Diligencia y diálogo son señas de identidad de este Gobierno y sin duda son las herramientas imprescindibles para avanzar hacia una sociedad mejor. Contra la violencia de género van a encontrar siempre al PSOE firme, leal a los pactos, creando acuerdos e impulsando consensos que hagan de la lucha contra el machismo un objetivo de país.

Gracias a todos los partidos políticos, a todos los grupos parlamentarios, por la predisposición a querer llegar a un acuerdo en torno a este real decreto. Muchísimas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González Vázquez.

La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Señora presidenta, señorías, intervengo en nombre de mi grupo parlamentario para explicar nuestra posición en torno al real decreto de medidas urgentes contra la violencia de género que el Gobierno aprobó el 3 de agosto pasado. Vamos a votar que sí a este real decreto-ley porque es el primer fruto legislativo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se acordó en esta Cámara el año pasado. Vamos a votar que sí a este real decreto-ley porque somos conscientes del esfuerzo que supuso llegar a este acuerdo a través de la voluntad de los distintos grupos parlamentarios. Vamos a votar que sí a este real decreto-ley porque somos un partido que tiene palabra y que es consciente del valor que tiene esa palabra dada. Vamos a votar que sí a este real decreto-ley porque creemos firmemente que la violencia de género no desaparecerá si no mantenemos nuestra unidad en su total rechazo y desprecio. Y finalmente, vamos a votar que sí porque el Gobierno socialista ha rectificado su intención inicial y se tramitará el real decreto-ley como proyecto de ley, lo que permitirá modificar aquellas propuestas con las que no estamos de acuerdo.

Señorías, este debate se produce cuando desgraciadamente volvemos a sufrir los embates... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: ... de este mecanismo que pretende mantener en la sumisión y la desigualdad a las mujeres, tal y como ha ocurrido durante tantos siglos. Los casos más recientes de Asturias, con dos niños de cinco y siete años huérfanos, y Villaverde en Madrid, unidos al de Alicante el viernes pasado, añaden tres trágicos nombres propios a la insoportable lista de víctimas. Estamos hartos ya de vidas truncadas sin razón, de niños y niñas que tendrán que enfrentarse al futuro sin sus madres y asumiendo que esa ausencia de sus madres se debe a la violencia extrema de sus padres, que pasarán además una serie de años en la cárcel, niños que tendrán que ser educados y criados, con suerte, por otros parientes. Queremos ser capaces de pasar página a todo eso, permitiendo a las víctimas su recuperación y devolviéndoles el derecho a una vida mejor, que les fue usurpado.

Tres han sido los puntos del real decreto-ley que han causado una mayor preocupación y polémica durante el pasado mes de agosto después de la apresurada publicación, injustificada también, del real


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decreto-ley en el Boletín Oficial del Estado, hasta el punto de que se han alzado no pocas voces que han advertido de la posible inconstitucionalidad del texto, a pesar, señora vicepresidenta, de que usted acaba de aportar mucha argumentación reconfortante en sentido contrario. Uno, tratar materias vetadas por la Constitución española para ser objeto de un real decreto-ley, pues afecta a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, regulados en el título I de la Constitución. Dos, el título habilitante para acreditar la condición de víctima, que pasa de ser exclusivamente emanado desde el ámbito judicial a poder ser emitido por una decisión administrativa. Y tres, la reforma de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, para devolverle las competencias en materia de igualdad a las entidades locales. Como estas entidades son instituciones básicas del Estado, esta reforma no puede hacerse tampoco por real decreto-ley. Muy singularmente la polémica se ha centrado en la modificación del artículo 156 del Código Civil, sobre la patria potestad, para permitir que el progenitor víctima de violencia de género pueda decidir proporcionar asistencia psicológica al menor -también víctima-, gracias a la Ley de Protección a la Infancia, aprobada en 2015 por el Gobierno del Partido Popular, sin el consentimiento del otro progenitor, presunto maltratador. Señora vicepresidenta, es una gravísima anomalía intentar modificar el Código Civil mediante un real decreto-ley; solo se ha hecho una vez, en 1928, y por supuesto nunca desde la aprobación de la Constitución de 1978. Sabemos que llevaron el real decreto-ley al Consejo de Ministros, a pesar del reparo que les puso el Ministerio de Justicia. Creemos que este tema solo podrá solucionarse instando al juez a decidir la atención psicológica como medida cautelar dentro del procedimiento penal, atendiendo al interés superior del menor y por supuesto sin privar cautelarmente de la patria potestad al padre contra el que se ha iniciado el procedimiento penal.

Señorías, el Gobierno socialista se ha caído del guindo. Después de la accidental pero triunfante llegada al Gobierno en junio pasado, se han dado cuenta de que el camino está plagado de sinsabores y de derrotas, a pesar de toda la fuerza y la determinación que reflejan tanto las manos como las gafas de su presidente. En el camino de los cien días se han quedado atrás algún ministro, alguna ministra, alguna directora general..., por temas verdaderamente asombrosos y algunos particularmente peligrosos, y hoy ni este real decreto-ley ni el real decreto-ley de la exhumación de Franco les van a salvar de la que le espera al presidente del Gobierno con las revelaciones de la prensa sobre su tesis doctoral. (Rumores.-La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Las ilusiones de un camino alfombrado de rosas rojas que esperaban en el Congreso se ha desvanecido ya para siempre con la ayuda de su disparatado y dispar grupo de socios. En este real decreto-ley las prisas han desbaratado lo que podría haber sido un trabajo mejor y más eficaz. Han levantado la sospecha de la inconstitucionalidad sobre los preceptos incluidos en el texto. Afortunadamente, la aritmética del Congreso y los votos del Grupo Parlamentario Popular obligan al Gobierno a aceptar los requerimientos de los grupos parlamentarios para transformar este texto durante su tramitación como proyecto de ley. Seremos capaces por ello de cambiar lo que nos parece incorrecto o ambiguo, incluso inconstitucional, y mejorar el texto para que refleje correctamente las propuestas acordadas por todos los grupos en el seno del pacto de Estado, unas propuestas extraídas a su vez de las comparecencias de más de sesenta personas expertas.

Por todo ello, señora vicepresidenta, una última demanda por parte del Grupo Parlamentario Popular. La proposición no de ley aprobada en noviembre de 2016 y que dio lugar a la constitución de una subcomisión para la elaboración del pacto de Estado exige que los textos legales que se elaboren a partir de las decisiones tomadas sean remitidos a las Cortes Generales para su tramitación. Lo dice expresamente, es decir, la proposición prevé que sean tramitados como proyectos de ley y no como reales decretos-leyes. Por tanto, nos exige trabajo parlamentario, nos exige rigor, nos exige consenso. Ese trabajo y ese acuerdo que puede darnos la fuerza para rematar, de una vez por todas, esta violencia intolerable que nos llena de dolor y de indignación. Empecemos por este real decreto-ley que tiene que tramitarse, sí o sí y en aras del consenso, como proyecto de ley. Solo así contarán ustedes con el apoyo del grupo mayoritario de la Cámara, el Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora González Vázquez.

Señora vicepresidenta.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, presidenta.

Vaya por delante el agradecimiento del Gobierno por la posición favorable de sus señorías en nombre de sus grupos parlamentarios a la convalidación de este real decreto, justamente por ese agradecimiento


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que quiero materializar aquí sin reabrir el debate contestando a algunas cuestiones, sobre todo, porque creo que pueden ser útiles para el trabajo que hemos de seguir afrontando entre todos en esta Cámara. Yo no voy a mezclar nada que no sea el objeto de este real decreto sobre un asunto tan grave y tan rotundo como la violencia machista; no voy a mezclar absolutamente nada y, por tanto, no voy a contestar a absolutamente nada que no sea el objeto de este debate. (Aplausos). Sin embargo, sí conviene, para nuestro mejor trabajo, que algunas cuestiones también queden claras. Primero, los criterios de reparto estaban hechos en la conferencia sectorial, aprobados y publicados. Para tranquilidad de todos los grupos, cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento sabe perfectamente, por población, territorio, dispersión de la población, los recursos exactos que les van a llegar porque está publicado. Están aquí (muestra un documento), los sometimos a debate, no hubo ni siquiera que votarlo porque todo el mundo estuvo de acuerdo con ello. Cuando decía que al Gobierno le preocupaba la rapidez y la eficacia con algunas cuestiones que también les he detallado a sus señorías era en serio.

Señorías, no se me ocurre, dadas las circunstancias de la estructura de la Cámara, que haya ningún instrumento constitucional, por tanto legal, más rápido para ser más eficientes en la acción de Gobierno que el real decreto; ni siquiera por la vía de urgencia, porque eso sus señorías lo pueden parar en la Mesa, como bien sabe. Así que si pedimos urgencia, hacemos urgencia en el marco de las posibilidades constitucionales y estamos todos de acuerdo. No hay más vía de urgencia que esta que, como es natural, en nuestro sistema democrático no secuestra a la Cámara el debate en esta convalidación, pero a partir de este momento la urgencia, la rapidez, se hace cierta porque las medidas se ponen en marcha. Siempre, absolutamente siempre, pensamos que tendría una tramitación de ley. Lo dije en el minuto uno de mi comparecencia en la Comisión de seguimiento y por una razón, que algunas de sus señorías han querido explicitar, muy simple: porque aquí nadie tiene el monopolio de ninguna verdad absoluta, porque estamos avanzando y constantemente mejorando y entendiéndonos unos a otros, unas a otras, para hacer el trabajo que nos corresponde.

No se merece este real decreto el nombre de decretazo, no se lo merece. Aparte de porque no existe como categoría jurídica tampoco en el argot político se merece la palabra decretazo lo que intenta abordar cuestiones tan complicadas como esta. Y sí es verdad, el pacto nos obliga -no puede ser de otra manera si vamos a hacer modificaciones legales- a traerlas a donde la Constitución y el Reglamento de las Cámaras nos dicen, aquí, que es donde se elaboran las leyes con diferentes impulsos de propuesta, en este caso del Gobierno. No confundamos ni nos confundamos: cualquier medida de modificación de ley podrá hacerlo con formatos distintos pero todas pasan por aquí, y conviene que no enredemos con esto ni un solo instante.

Yo propuse a sus señorías en la Comisión del seguimiento del pacto en la que comparecí, al igual que en la Comisión de Igualdad, a la que también he acudido -en cien días o algo más de Gobierno he comparecido tres veces en tres comisiones, y en las muchas en las que seguiré compareciendo- que fuésemos capaces, de aquí a final de año, de completar las medidas de modificación legal que conlleva el pacto y que son responsabilidad de esta Cámara y de todos nosotros. Les emplazo a que lo cumplamos por la vía más rápida, más participada, más útil y más democrática posible.

Muchas gracias por el respaldo que esta Cámara va a dar con esta respuesta a todas las mujeres de este país. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora vicepresidenta.

- REAL DECRETO-LEY 10/2018, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA. (Número de expediente 130/000037).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Para presentar el decreto-ley tiene la palabra en nombre del Gobierno la señora vicepresidenta, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. (Aplausos.-La señora presidenta ocupa la Presidencia).


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La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Presidenta, diputados y diputados, vuelvo a subir esta tribuna por segunda vez esta mañana para pedir a sus señorías la convalidación de un real decreto de 24 agosto, del Gobierno. Voy a ser breve porque este es un asunto que lleva debatiéndose en nuestra sociedad más de cuarenta años y en los últimos tiempos más todavía. Es un debate que se aborda desde infinitas perspectivas, pero que desde 2007, año en el que nace la denominada Ley de la memoria histórica, requiere de un cierre en la única dirección posible, en la dirección en la que obliga la democracia. Llevamos mucho retraso en normalizar una situación que ninguna democracia madura y larga en el tiempo como la nuestra, por fortuna -cuarenta años que celebramos este justamente-, habría requerido de no tener una anomalía extraordinaria que consiste en tener al dictador en un mausoleo de Estado y en un lugar donde puede ser exaltado. Deberíamos haberlo resuelto antes, pero desde hace once años, desde la entrada en vigor de la Ley de memoria histórica, el retraso de facto, es insostenible, máxime cuando esta Cámara se ha pronunciado con diferentes formatos de figura parlamentaria en tres ocasiones: En la ley, en el informe de los expertos y el año pasado, en el mes de mayo, sin ningún voto en contra de los grupos parlamentarios, a favor de resolver una anomalía que ninguna democracia con la que nos queramos comparar sostendría ni ha sostenido: la presencia de los restos del dictador en el mismo lugar donde están las víctimas, las víctimas de uno y otro bando.

Por esta razón este Gobierno, haciéndose eco y responsable de los tres pronunciamientos de esta Cámara, de la obligación de la ley, así como de las insistentes peticiones de Naciones Unidas al Estado Español para que no sostenga esta situación, ha querido no dilatar el tema ni un solo instante. Lo queremos hacer por razones éticas, lo queremos hacer desde los valores profundamente democráticos, desde donde una democracia se increpa a sí misma y a todos los demócratas acerca de esta situación. Y lo queremos hacer, como no puede ser de otro modo, con las garantías propias de un Estado de derecho. Las garantías propias de un Estado de derecho que dan las garantías a los afectados, el respeto a los restos mortales que se han de trasladar pero sobre todo el respeto a todas las víctimas y particularmente a los miles de víctimas que tenemos todavía sin identificar en fosas comunes y con un agravio rotundo a sus familias (aplausos), a quienes no pueden saber dónde están sus familiares, a quienes no pueden identificarlos ni rendirles también el respeto a su memoria.

Nuestro país celebra ¡por fin!, en su historia reciente, cuarenta años de democracia; de una sociedad que la practica de manera madura y profunda; de una Constitución acatada, aplicada y desarrollada; de un país que se reconoce a sí mismo en el contexto europeo como una de las grandes democracias del mundo, que no puede sufrir el agravio comparativo y constante a unas víctimas que no han recibido todavía el respeto ni la honra que se merecen. No hay respeto, no hay honra, no hay justicia, no hay paz ni concordia mientras que los restos de Franco estén en el mismo lugar que los de las víctimas. No la hay. Por esta razón el Gobierno, mediante real-decreto que trae a convalidación a la Cámara y a su posterior tramitación como ley, pide el aval para que con el procedimiento previsto en la disposición adicional que se añade a la ley del 2007, pueda sacar adelante el procedimiento que exhume los restos del dictador, los entregue a su familia en su caso si procede y si no que los pueda llevar a un lugar digno. Y que el Valle de los Caídos, que se construyó en una parte muy importante en condiciones inhumanas por quienes habían sido las víctimas del bando republicano, quede para la paz y para el respeto de las más de 30 000 víctimas de uno y otro bando que allí están. Se merecen la paz, se merecen el respeto y nosotros estamos obligados a hacerlo.

Este real-decreto desarrolla la Ley de la memoria histórica y la desarrolla con la modificación y el añadido de un artículo al artículo 16, donde dice que no pueden permanecer los restos de Franco en el Valle de los Caídos, que han de ser exhumados y que no pueden permanecer allí porque esta ley ya decía que está prohibido en nuestro país la exaltación de la Dictadura y de quien la encarnó en el nombre de Francisco Franco. ¡Que está prohibido hacerlo!, y si está prohibido hacerlo por ley, no es posible que esta ley se esté cumpliendo si los restos están en el Valle de los Caídos.

Este real-decreto añade una disposición adicional para facultar al Gobierno a poder hacer la exhumación y el traslado de esos restos y plantea también los diferentes escenarios posibles: el escenario en el que sus familiares puedan hacerse cargo de ellos, en el que no y en el que con arreglo a la normativa de nuestro país, bastante garantista y estricta, como no puede ser de otra manera, los traslademos con el respeto merecido. No hay más dilaciones. No debe haber más debate en el plano de los hechos y de las obligaciones. Quien no vea la urgencia no ve la necesidad, quien no vea la forma es que no está viendo el fondo. Cada cual ha de quedarse interrogado ante sí mismo como demócrata sobre una cuestión que,


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repito y para terminar, es una atroz anomalía de un Estado democrático. Cumplamos con nosotros mismos, con esta Cámara y con sus pronunciamientos, con lo que nos han dicho en reiteradas ocasiones expertos y expertas, con Naciones Unidas: saquemos a nuestro país de esta vergüenza. Y para eso en nombre del Gobierno les solicito la aprobación, convalidándose este real decreto y la tramitación como ley que nos permita mejorar todas aquellas cuestiones frente a las cuales nos hemos posicionado en numerosas ocasiones, cada cual desde su particular perspectiva ideológica, que se trazó en la ley de 2007, y que tiene que ser mejorada porque no puede haber paz sin justicia y porque no puede haber concordia sin resolución democrática de lo que ha sido injusto durante cuarenta años.

Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Coalición Canaria apoyó y participó en la Ley de memoria histórica y, desde luego, como no podría ser de otra manera, vamos a apoyar el decreto. Eso no quiere decir que no tengamos críticas al Gobierno porque yo creo que las cosas hay que hacerlas con cabeza, meditadas y sabiendo cómo se van a hacer. No se puede tener a un país con los problemas que tiene seis meses, más tres meses, haberlo pensado, haber buscado la fórmula, haberlo hablado y haberlo resuelto y que la momia -que no lo digo yo, lo dice el propio nieto de Franco- esté con su familia donde quieran que esté. En este país más de la mitad de los españoles ni conocieron esa época y yo quiero recordar algo porque ahora se están radicalizando los odios y las confrontaciones y es que Alemania no destruyó los campos de concentración porque es importante recordar y no olvidar para que no se vuelva a repetir. En esa guerra pelearon hermanos contra hermanos, amigos y pueblos, con más de un millón de muertos. Y ahí está la gente enterrada, pero también tienen el derecho los familiares que no quieren que estén enterrados allí a que se les facilite la salida. En este país todavía queda gente en cunetas cuyos familiares quieren recuperarlos y no estamos priorizando eso para que los hijos o nietos que todavía viven puedan tener a su padre o a su madre. Creo que, a lo mejor, las prioridades en materia de memoria histórica deberían haber sido otras, pero ya que estamos, hagámoslo, dejémoslo ya y dediquémonos a otra cosa. Muchos estamos hartos de los lazos amarillos, de la momia de Franco y de los malditos currículos. Resolvámonoslo. Nosotros, desde luego, lo vamos apoyar, pero podría haber otras medidas dentro de la memoria histórica porque hay gente viva todavía que quiere ver a su padre o a su madre con ellos.

Pongámonos a trabajar, menos demagogia y menos enfrentamiento.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra ahora el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

En cien días el Gobierno ha enfangado a este país con unas guerras sectarias y partidistas donde los misiles son los másteres y las tesis doctorales que derriban ministras o, tal vez, un presidente del Gobierno, donde las grandes gestas son las maniobras publicitarias que despiertan oleadas de inmigrantes atraídos por la solidaridad irresponsable de un coreógrafo compulsivo, donde la ambición de poder se ceba en la expansión de los presupuestos sin techo de gasto, donde la conquista del bienestar social se reduce al manejo bolivariano de la caja tonta de TVE o donde la imprescindible cortina de humo la constituyen unos restos inhumados hace cuarenta y tres años para reabrir las heridas suturadas por nuestra Constitución.

Señora vicepresidenta, no cuente con el aval de Foro para esta escalada de dislates y disparates políticos, que espero que muy pronto la sofoquen unas elecciones generales que se lleven por delante a los responsables. La mayoría de los asturianos y de los españoles no estamos por atizar estos conflictos que distraen y dan carnaza al personal sino que estamos por afrontar soluciones a nuestra situación económica y social, a la contención del paro, a la bajada de la cesta de la compra, a la bajada del precio de la luz, que estos días ha elevado a máximos históricos los recibos eléctricos; a alejar el fantasma de la Santa Compaña, que nos visita a muchas regiones disfrazada de desertización industrial; a la condonación


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discrecional de deudas multimillonarias a los Gobiernos amigos; en definitiva, soluciones a todas estas cosas que empeoran y no mejoran la vida diaria.

Votar este real decreto-ley nos convertiría en cómplices de este desaguisado, que falsea nuestra historia reciente y nuestra Transición democrática, mientras se encubre la deriva perniciosa del mandato de Pedro Sánchez para los intereses de España.

Gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, mucho me temo, señora vicepresidenta, que el Gobierno ha perdido muchas de las razones que tuviera para exhumar los restos del dictador al equivocar el instrumento normativo elegido para hacerlo, porque lo que no ha sido ni urgente ni extraordinario ni necesario en veintitrés años de Gobiernos socialistas menos lo puede ser después de cuarenta y tres años de democracia. Con solo leer el decreto se desmontan todos los argumentos para justificarlo. Por eso, una parte importante de la doctrina ha advertido que podría ser una norma inconstitucional: arbitrariedad, abuso de derecho, fraude de ley, desviación de poder, fraude de Constitución e incluso vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Señores del PSOE, hemos escuchado al señor Sánchez decir que él no abusaría, como presidente, del uso de los reales decretos-leyes y que él hace lo que dice. Yo tengo que apelar a su coherencia y pedirles que hagan honor a la palabra dada, porque la verdad es que les han sobrado días para hacer todo lo contrario de lo que dicen. Con todo, señorías, podemos discutir y llegar a acuerdos sobre dónde deben depositarse los restos de Franco, no tenemos absolutamente ningún problema, pero a lo que no tendríamos derecho es a despreciar el abrazo histórico entre partícipes activos y pasivos de aquellos tiempos, que dio lugar a la Transición más exitosa de nuestra historia y, menos aún, si el objetivo último de hacerlo fuera etiquetar como franquista al discrepante.

Termino, señorías. He leído en estos días una frase que dice que el oficio del político es el futuro. Esa debería ser nuestra prioridad: garantizar el futuro de los trabajadores de Navantia y de Vestas y de Davalor y de Findus en Navarra; solucionar el problema del taxi, combatir la fractura de la convivencia en Cataluña, el drama de la inmigración, la violencia machista y, desde luego, también, no generar más incertidumbre en la economía con sus constantes rectificaciones. Esas y otras muchas son las verdaderas urgencias de los españoles, las que requieren toda nuestra atención y también su liderazgo y la voluntad de acuerdo entre todos, confiando mucho más en el futuro y mirando mucho más hacia delante.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señora presidenta.

Euskal Herria Bildu dice claramente sí a la exhumación dictador Franco y apoya la convalidación del real decreto a debate, pero considera insuficiente la decisión del Gobierno. En primer lugar, por considerar del todo alejado a lo ocurrido calificar lo sucedido como Guerra Civil o catalogar a Primo de Rivera víctima, y así pensar que sacando únicamente a Franco del mausoleo edificado en Cuelgamuros se evita la exaltación del franquismo. Aceptarlo supondría renunciar a nuestro pasado antifranquista y no lo vamos a hacer.

En segundo lugar, el real decreto menciona la larga lista de recomendaciones de Naciones Unidas, pero no impulsa el cumplimiento íntegro de las mismas, que le pide una hoja de ruta clara con partida presupuestaria, que va mucho más allá de la exhumación de los restos de Franco y que es la vía para acabar con la impunidad del franquismo. Para ello, en primer lugar, deberían crear una oficina de víctimas del franquismo desaparecidas, junto con un banco de ADN que se gestione desde la misma, para que los familiares que lo deseen puedan recuperar los restos de sus seres queridos. Solo en el mal llamado Valle de los Caídos hay más de un millar de vascos enterrados cuyo traslado a Euskal Herria están demandando familiares y asociaciones memorialistas con las que el Gobierno debería trabajar de la mano a la hora de darle al paraje de Cuelgamuros otro sentido, empezando por desacralizarlo y cambiarle la denominación.

El Gobierno no ha mostrado hasta el momento voluntad política de abrir el cerrojo de la impunidad del franquismo que supuso la aprobación de la Ley de Amnistía. Se negaron, señorías del PSOE, a su reforma,


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única vía para acabar con la mencionada impunidad de renunciar a su pasado dejando de lado a sus propias víctimas, ya que la Ley de memoria histórica no es el instrumento válido para ello, y lo saben, dado que ni siquiera contempla la posibilidad de enjuiciamiento de los actos cometidos durante la Dictadura. Y es que el problema no son los restos de Franco, sino la permanencia del franquismo en las estructuras del Estado, gozando de total impunidad y con una fundación que lo ensalza y que no parecen atreverse a ilegalizar.

A las víctimas del franquismo les debemos reconocimiento y reparación. Este real decreto no es más que un mero golpe de efecto que por sí solo no nos acerca a la demanda de las víctimas: cuarenta y tres años pidiendo justicia.

Muchas gracias.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.

El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, la muerte nos iguala a todos, pero desgraciadamente hasta ahora unos muertos han pesado más que otros en el ánimo de los responsables gubernamentales, como ese dictador cuyos restos constituyen todavía un lugar de peregrinaje y exaltación de su régimen criminal. Este decreto-ley supone un punto de partida -tímido, pero punto de partida- para resolver esta anomalía democrática, para que el dictador reciba sepultura en lugar privado y para que Cuelgamuros deje de ser un monumento a la barbarie institucionalizada.

Es de agradecer la honestidad del señor Pedro Sánchez al reconocer sus vacilaciones en este desagradable asunto, porque entendía que se debían a su condición de presidente en construcción. Por ello, desde el Parlamento, el centro del debate político, le ayudaremos a que encuentre una solución de paz para Cuelgamuros, para que deje de ser un insufrible memorial franquista y para que se hagan otras muchas actuaciones imprescindibles, por ejemplo, la anulación de los juicios del franquismo por motivos políticos.

Posiblemente suban a esta tribuna más oradores que critiquen este decreto diciendo que rompe el consenso de la Transición, y yo entiendo que se equivoca quien va por ahí. Señorías, estamos en 2018, Franco ha muerto, vivimos en una democracia y simplemente vamos a solucionar el problema de un sitio que sirve para exaltar una dictadura. La Transición es historia. Para el que no lo recuerde, fue un acuerdo de hace cuarenta años entre los representantes del franquismo y los demócratas, y creo que algunos de los actores que en ese momento hicieron el acuerdo -suponemos- ya han desaparecido de la historia, porque, claro, los demócratas de entonces ahora están representados en este Congreso, para eso se hizo la Transición, pero, pregunto: Los franquistas, ¿dónde están? ¿Aún existen? ¿Aún tienen capacidad para imponer pactos o para decirnos cómo hemos de leer los pactos de hace cuarenta años?

Porque, si alguien aquí plantea el presente debate como crítica a una supuesta ruptura del contrato de la Transición, entonces, ¿es que quiere subir a la tribuna a ser el abogado de la parte contratante franquista? Vaya papelón. Espero, por el bien de nuestra democracia, que todos dejen la Transición en paz ya, que todos nos comportemos como herederos de los demócratas que hicieron posible el arranque de un régimen de libertades y espero, por favor, que nadie se atribuya el papel de guardián de la memoria del franquismo.

Gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, el señor Xuclà i Costa.

El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.

La preconstitucional Ley de Amnistía se convirtió en una ley de amnesia, una máquina de memoria selectiva que permitió que durante cuarenta años no se afrontara la desfranquización del Estado español. ¿Les suena la palabra desnazificación? Empezó el día después de la caída del régimen fascista. La desfranquización del Estado español es indispensable para afrontar la construcción de una sociedad democrática. Nosotros vamos a votar sí a este real decreto, pero también hemos registrado una proposición no de ley con un paquete de medidas para afrontar integralmente la profundización de nuestra sociedad democrática. No tengo tiempo de detallarlas, pero lo vamos a hacer en una rueda de prensa posterior.

Quiero terminar, señora presidenta, expresando mi sorpresa. Creo que este real decreto debería haber recogido el consenso de todos los grupos democráticos de la Cámara, también el de Ciudadanos y


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el del Partido Popular. El campo de juego democrático está en la exclusión del totalitarismo, del fascismo y del comunismo, y en este campo de juego todos se deben sentir identificados. ¿Es que hay algún nostálgico del franquismo en este hemiciclo, algún vindicador del franquismo? Se habla de que esta medida se ha tomado precipitadamente. Fue anunciada en junio, teóricamente materializada en julio y aprobada en agosto, convalidada por real decreto, convalidada por esta Cámara, por el Congreso de Diputados. Se les ve el plumero, se le ve el plumero a la gallina. Señorías, tenemos que hacer más. Si el Valle de los Caídos es un cementerio civil, como plantea el Gobierno, hay que secularizar el Valle de los Caídos. ¿Qué es esto de estar rezando por el alma de un dictador bajo el manto del presupuesto público? Retirada de monumentos de simbología franquista. Efectiva identificación de los restos mortales. Urgente modificación de la Ley de Secretos Oficiales y la de archivos militares de la Dictadura. Nulidad de las sentencias políticas del franquismo, modelo alemán, condición indispensable para nuestra votación a favor de este real decreto. Ilegalización de la Fundación Francisco Franco y cualquier otra...

La señora PRESIDENTA: Señor Xuclà, se ha terminado su tiempo.

El señor XUCLÀ I COSTA: Termino en un segundo. ¿Puedo?

La señora PRESIDENTA: Sí, adelante.

El señor XUCLÁ I COSTA: Anulación de los títulos nobiliarios concedidos bajo la Dictadura en reconocimiento de los servicios prestados a la misma y, también, anulación definitiva de una Audiencia Nacional creada en enero del año 1977 en un régimen preconstitucional. Esta es materia para trabajar con el resto de los grupos. Estoy convencido de que, a partir de ahora, trabajaremos para sacar al dictador de un espacio mantenido con presupuesto público y nos convenceremos de que una sociedad democrática se construye solo con la desfranquización del Estado español cuarenta y pico años después de vida demócratica.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Se nos presenta a convalidación el Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica, parcialmente, la conocida como Ley de memoria histórica, modificación que persigue, según su memoria, un triple objetivo: establecer que solo podrán yacer en el Valle de los Caídos los restos mortales de personas que fallecieron a causa de la Guerra Civil, habilitar la exhumación de los restos mortales de personas distintas a las fallecidas durante la Guerra Civil y consagrar, de manera expresa, el Valle de los Caídos como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje igualitario a las víctimas. Tengo que manifestarles desde este primer momento nuestro voto favorable a la convalidación del decreto-ley y que también votaremos favorablemente a que se tramite como proyecto de ley. Hay aspectos de la presente Ley de memoria histórica que consideramos que deben mejorarse a través de las correspondientes enmiendas.

Nuestro apoyo al decreto-ley se funda, de manera breve y directa, en lo que se expone en el informe de la comisión de expertos para el Valle de los Caídos, realizado en 2011 a petición del Gobierno. En este se dice algo que todos sabemos, pero no está de más que una comisión de expertos lo refleje negro sobre blanco. En el informe se dice que Franco dispuso en 1940 la construcción del Valle de los Caídos; que en su construcción se empleó mano de obra forzada constituida por presos políticos de su Dictadura; que el Valle de los Caídos nace como memoria de parte, pues tiene que ver más con la intención de Franco que con la significación de las víctimas; que es un espacio para significar a unas víctimas e invisibilizar a otras, para recordar la victoria de unos y la derrota de otros, para exaltar la victoria de Franco en la Guerra Civil, la ideología nacionalcatólica que se implantó, y el deseo de convertir en héroes y mártires a quienes murieron en la autodenominada cruzada, ignorando a los vencidos. Y también dice que el Valle de los Caídos nace como lugar simbólico de la dictadura franquista, que es una construcción que almacena sufrimiento y sangre y el símbolo monumental más importante de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.

Después de la descripción por la comisión de expertos de lo que fue y sigue siendo el Valle de los Caídos, cómo seguir manteniendo ahí enterrado, y en su lugar más preeminente y simbólico, a su artífice, Francisco Franco, que lo construyó para recuerdo y como símbolo de su golpe de Estado, de la Dictadura


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que vino a continuación y de los crímenes cometidos durante su casi medio siglo de Dictadura. Francisco Franco, que además es el único que, sin haber muerto en la Guerra Civil, se encuentra allí enterrado, y cuya presencia -señala también la comisión de expertos- dificulta el propósito de hacer del conjunto un lugar para la memoria de las víctimas allí enterradas y sin connotación alguna ideológica o política. Por eso se recomienda tanto la resignificación de la jerarquía funeraria establecida desde su constitución como la resignificación integral del sitio, recomendando a este propósito que los restos de Franco sean exhumados y trasladados fuera del Valle de los Caídos.

El Grupo Vasco comparte estas reflexiones y conclusiones del informe de los expertos y por ello también el real decreto-ley que las ejecuta y cuya convalidación, como ya adelanté, apoyaremos sin perjuicio de su posterior tramitación como proyecto de ley, que creemos adecuada, a fin de poder valorar otros aspectos de la Ley de memoria que en su día no quedaron debidamente resueltos, tales como hacer efectiva la nulidad de las sentencias adoptadas en violación de principios fundamentales del derecho y del debido proceso durante la Guerra Civil y el franquismo, como propone el relator especial del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recordando a tal fin otras experiencias de países que han enfrentado retos similares, muchos de ellos en el contexto europeo, y que nos podrían resultar provechosos, tal y como sucedió en Alemania hace ya casi veinte años, cuando en 1988 aprobó la ley de anulación de los juicios injustos nacionalsocialistas, por lo que dejaba sin eficacia jurídica las sentencias de esos tribunales. También la participación pública en las labores de localización y exhumación de fosas e identificación de cadáveres de personas víctimas de desaparición forzada de la Guerra Civil y de la Dictadura es una responsabilidad apremiante para el Gobierno del Estado tras haber sido recriminado por el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU en 2017, por no haber seguido sus recomendaciones de 2013 y abandonar -dice literalmente- a su suerte a las víctimas de la Dictadura. En el año 2016, en España había 2382 fosas comunes identificadas y pendientes de su adecuado tratamiento, como la identificación de las víctimas y su entrega a sus familiares.

En fin -voy finalizando, señora presidenta-, hay otros aspectos como la retirada de la simbología franquista, un más decidido apoyo presupuestario y a la propia oficina, la misma promoción para recuperar la memoria histórica y también habría que abordar, como ya se ha señalado, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, pendiente en la Comisión Constitucional, y que siempre por a o por be se encuentra un motivo para no abordarla por los grupos mayoritarios de la Cámara, dificultando su debate y modificación tras la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, que permitiese el acceso a la documentación clasificada de la Guerra Civil y dictadura franquista tanto a víctimas como a historiadores e investigaciones y al público en general. Todas estas y otras son cuestiones urgentes que afectan a la memoria histórica y que confiamos poder debatir cuando tramitemos el decreto-ley una vez lo convalidemos como proyecto de ley.

Muchas gracias, señorías, y muchas gracias, presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señora vicepresidenta, como portavoz reuní al Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y les pedí que, sin ninguna duda, votaran a favor de este real decreto y les dije que era porque tenía la palabra dada de la vicepresidenta del Gobierno y el compromiso contraído por parte del Gobierno que ella representa. ¿Y por qué este inicio tan anómalo, por qué tuve que dirigirme yo a mis compañeros pidiendo que me dieran confianza a mí de la misma manera que yo tenía su confianza? Porque ha quedado grabado en el imaginario de las entidades memorialistas catalanas cuando la vicepresidenta del Gobierno, Fernández de la Vega, en el año 2004, al lado del molt honorable president, Pasqual Maragall, en el Fossar de la Pedrera -el altar de miles de víctimas antifascistas y antifranquistas, y de Lluís Companys-, dijo: El Gobierno español anulará la sentencia del president Lluís Companys y de todos los demócratas caídos bajo la barbarie de la Dictadura. Y en el año 2018 estamos igual.

¿Qué quiere decir todo ello? Que tenemos el pasado que tenemos. Y nosotros tenemos absoluta confianza en usted; de hecho, esperamos mucho de su compromiso. ¿Cuál fue el compromiso de la vicepresidenta del Gobierno? Que durante el trámite parlamentario procederíamos a trabajar a fin y efecto de conseguir la anulación de las sentencias de los tribunales franquistas. Estamos hablando de los consejos de guerra, del Tribunal de Orden Público, del Tribunal contra la Represión de la Masonería y el Comunismo, y del Tribunal de Responsabilidades Políticas. Por cierto, el Parlamento de Cataluña


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ha anulado estas sentencias, solamente las que fueron sustanciadas en territorio catalán, y les recuerdo -y vale la pena recordárselo- que fue con el voto favorable del Partido Popular y de Ciudadanos, lo cual tendremos que tener en cuenta cuando empiecen con una cierta locura ante esta iniciativa y este compromiso. Ciudadanos y el Partido Popular votaron a favor, es decir, el Parlamento de Cataluña por unanimidad aprobó la anulación de las sentencias que se sustanciaron en territorio catalán. Comoquiera que tenemos el compromiso de que durante el trámite parlamentario procederemos a trabajar a fin y efecto de anular las sentencias de los tribunales franquistas -por cierto, esa fue una de las razones por las cuales Esquerra Republicana no votó a favor de la Ley de la memoria-, aun cuando llegue tarde, por supuesto, nosotros nos sentimos un tanto aliviados de que, al menos en el año 2018 hayamos conseguido este acuerdo con ustedes.

Dicho esto, sabemos que el acuerdo es este y solo este, pero, para que no se lleven a engaño y no puedan decir que jugamos sucio, les anuncio que durante el trámite parlamentario intentaremos alcanzar otros objetivos. Y voy a decirle cuál es el decálogo de nuestros objetivos, y nadie puede decir que nos los sacamos de la chistera, porque siempre han sido los mismos. Uno, reconocimiento jurídico de las víctimas como tales. Dos, responsabilidad de la Administración pública y del sistema judicial en la política de fosas. Lo que no puede ser es que el Estado español trate las fosas como si fuesen enterramientos romanos. Tres, responsabilidad del Estado en las deportaciones de republicanos españoles y catalanes a los campos de exterminio nazi, que pudieron ser ejecutados a raíz de los tratados entre las dos cancillerías que consideraban a los ciudadanos españoles y catalanes apátridas. Cuatro, reconocimiento de los guerrilleros, de los maquisards, es decir, de aquellos republicanos españoles y catalanes, algunos de ellos condecorados por la República Francesa, que siguieron luchando por la democracia y que hoy día siguen siendo considerados bandoleros. Cinco, estudiar qué hacemos con las víctimas de la Transición, aquellos ciudadanos que fueron muertos por la ultraderecha o, por ejemplo, por funcionarios, es decir, personas sobre las que, como mínimo, deberíamos plantearnos si son invisibles o no. Entre 1977 y 1978 hay unos meses de un gran vacío. ¿Vivíamos en democracia? A medias, todavía no se había aprobado la Constitución. Este es un agujero negro que hay que plantear. Seis, reparación de las personas y los colectivos -también partidos políticos- víctimas de incautaciones, como el papel moneda; todavía hay miles de personas que tienen pagarés del Banco de España, cuyos bienes fueron incautados y sobre los que, a día de hoy, la Administración española no ha dicho nada todavía. Siete, niños robados. El tema de los niños robados no está solucionado. Ocho, no hemos acabado bien el trabajo de todo aquello que tiene que ver con la nacionalidad de la tercera generación de ciudadanos españoles y catalanes que se exiliaron; no está resuelto esto. Nueve, no puede ser que la Ley de Amnistía dé cobertura a los crímenes de lesa humanidad. Al menos hay que plantearse qué actuaciones delictivas no pueden quedar resguardadas bajo el paraguas de la Ley de Amnistía. Décimo -y termino-, la anulación de las sentencias.

Dicho esto, señora Carmen Calvo, tenemos plena confianza en usted. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Villegas Pérez.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, presidenta.

Señoras y señores diputados, primero quiero felicitar a la vicepresidenta del Gobierno. Resulta casi enternecedor el apoyo y la confianza que tienen en usted aquellos que quieren romper España; el apoyo y la confianza que tienen aquellos que quieren romper España como el señor Tardà en la vicepresidenta del Gobierno de España. Creo que eso explica buena parte de la situación que está viviendo este país. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio a todos, por favor.

El señor VILLEGAS PÉREZ: Más allá de eso, estamos de acuerdo con usted en que hay una anomalía, estamos de acuerdo en que una democracia como la nuestra no puede tener un monumento que exalta la Dictadura y al dictador. Por tanto, hay que poner soluciones para subsanar esa anomalía. Lo que pasa es que ustedes, con este real decreto, por mucho que digan no subsanan la anomalía. Presentan una solución parcial e insuficiente y la presentan mediante un instrumento que no es el adecuado, que es el real decreto. Y todo ello lo hacen -presentan una solución parcial e insuficiente y lo hacen mediante un instrumento inadecuado- diciendo que hay una extraordinaria y urgente necesidad, cuando no es verdad,


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porque quien realmente tiene una necesidad urgente y extraordinaria es el presidente del Gobierno, el señor Pedro Sánchez.

Después de cuarenta años, desenterrar el cadáver de Franco no es prioritario ni urgente para la inmensa mayoría de los españoles, pero, como decimos, el señor Pedro Sánchez sí tiene una necesidad urgente, que es lanzar una cortina de humo que tape las vergüenzas y las debilidades de su Gobierno. (Aplausos). El señor Pedro Sánchez tiene la necesidad de tapar su incapacidad para parar los pies a los separatistas que tanto halagan a su Gobierno, recuerdo que son aquellos que quieren romper nuestro país, que quieren romper nuestra democracia. El señor Pedro Sánchez tiene urgencia en tapar su incapacidad para gestionar la economía de este país sin poner en riesgo la recuperación económica. El señor Pedro Sánchez tiene urgencia para tapar su incapacidad para aprobar un techo de gasto en esta Cámara. El señor Pedro Sánchez tiene urgencia para tapar su incapacidad para hacer frente al problema de la inmigración ilegal. El señor Pedro Sánchez tiene urgencia para tapar su incapacidad para no hacer el ridículo en política internacional dando bandazos. El señor Pedro Sánchez tiene urgencia para tapar su incapacidad para reformar el sistema de financiación autonómica. Y así podríamos seguir, desglosando las incapacidades del señor Pedro Sánchez. Pero, señor Pedro Sánchez, le voy a dar una mala noticia: la cortina de humo del cadáver de Franco no da para tapar su incapacidad, su debilidad y su incompetencia. (Aplausos).

Como el tema de solucionar esta anomalía, aunque no sea un tema urgente, hay que afrontarlo, afrontémoslo bien, no utilicemos un mecanismo inadecuado que solo sirve a los intereses y a las urgencias del señor Sánchez. No nos traigan chapuzas, trabajemos en serio para que el Valle de los Caídos no sea un monumento al dictador ni a la Dictadura. Busquemos soluciones y no cortinas de humo al servicio del señor Sánchez. Trabajar bien, trabajar en serio, buscar soluciones, es hacer caso al dictamen de expertos de 2011, que yo creo que todos los que han subido a esta tribuna han barajado. Pero es que este dictamen de expertos que antes defendía también el Partido Socialista, cuando quería afrontar este tema con seriedad -ahora que lo quiere utilizar como cortina de humo parece que se desmarca del consenso de ese dictamen-, tiene dos ejes fundamentales: la resignificación como lugar de memoria y de reconciliación del Valle de los Caídos, por supuesto sin el dictador -no se puede hablar de memoria de todos y de reconciliación con el dictador enterrado en el Valle de los Caídos-, y, segundo eje, búsqueda de los más amplios consensos. Esa es la primera de las recomendaciones del dictamen de expertos.

Ustedes nos traen un real decreto que por su propia naturaleza no busca los consensos, busca una solución rápida para que el señor Sánchez pueda tapar sus problemas, y tampoco busca que el Valle de los Caídos sea un monumento a la reconciliación. De hecho, hemos oído algunas declaraciones del Gobierno en el sentido contrario, diciendo que ya no va a ser un monumento a la reconciliación, sino que va a ser otra cosa. Suponemos que algo tiene que ver con eso que sus socios en esto y en todo sean aquellos que quieren dañar España, que quieren dañar la democracia española, aquellos que quieren romper nuestro país, aquellos que no creen en la Transición y aquellos que no creen en la reconciliación.

Nosotros nos mantenemos en el posible consenso del dictamen de los expertos de 2011, es decir, solución integral para el Valle de los Caídos, reconciliación y los más amplios consensos posibles. Ustedes nos quieren hacer cómplices de las urgencias del señor Pedro Sánchez, y nosotros comprendemos que está en una situación complicada, de debilidad, en manos de populistas y separatistas y que esa es una situación complicada, pero no nos pidan que seamos cómplices de sus urgencias ni nos pidan que apoyemos sus chapuzas. No nos vamos a oponer a la convalidación de este real decreto-ley, pero pedimos que se tramite como proyecto de ley para intentar, en esa tramitación parlamentaria, transformar esa chapuza incompleta y totalmente insuficiente que ustedes nos han traído en algo más parecido a lo que indicaban los expertos en su informe: resignificación del Valle de los Caídos, reconciliación y consenso.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra, en primer, lugar el señor Gómez-Reino Varela.

El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Ochenta años de vergüenza: cuarenta años de dictadura, más cuarenta años de impunidad. Frente a esto, una sociedad nueva y joven que se avergüenza de aquel pasado, frente a esto una sociedad madura democráticamente que quiere pasar página de una vez. Queremos pasar página, claro que sí, pero los que estamos hoy aquí y el conjunto de la sociedad no debemos olvidar a las miles de mujeres represaliadas, a los más de 30 000 bebés desaparecidos, a los


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más de 190 000 fusilados y a los más de 114 000 desaparecidos que continúan enterrados en el Valle de los Caídos y en tantas cunetas y a los que tenemos que sacar. (Aplausos).

En relación con el real decreto que viene a ratificación hoy, desde nuestro grupo manifestamos nuestra clara insatisfacción. Consta de un solo artículo, cuyo contenido nos parece absolutamente insuficiente, diría más, nos parece dolorosamente inexacto. No hubo, señores del Gobierno, una contienda, lo que hubo fue un golpe de Estado (aplausos), antesala de una salvaje represión y antesala de cuarenta años de dictadura. No vamos a caer en la mentira de los dos bandos que parece que desliza ese real decreto. Ningún Estado democrático puede igualar a los asesinos con sus víctimas. No es lo mismo el torturador que el torturado, no es lo mismo la cultura y la educación que la violencia y el terror, no es lo mismo un dictador golpista que aquellos que fueron los legítimos defensores de la democracia y del orden constitucional. (Aplausos). Señores del Partido Socialista, cierto es que los socialistas, por desgracia, no disponen de demasiada credibilidad. Precisamente en esta Cámara hace pocas fechas votaron ustedes contra la ley de amnistía, y estamos en 2018. Después de veinte años de Gobiernos socialistas seguimos así.

¿Pero, qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue un golpe del fascismo contra la democracia. Lo lacerante, lo doloroso es la anomalía española. En Europa quienes lucharon por la libertad fueron reconocidos como héroes de la democracia, mientras que en España fueron tratados como proscritos y como delincuentes. ¿Y qué decir de los combatientes antifascistas?, todos aquellos que, por ejemplo, entraron con La Nueve liberando París. (Aplausos). En España, ocultamiento y humillación; en Europa, orgullo y reconocimiento.

Señores del PP y de Ciudadanos, por desgracia, el fascismo no es pasado, el fascismo vuelve a recorrer Europa, ese con el que se alía el señor Rivera, ese con el que flirtea el señor Casado. Nosotros lo decimos alto y claro: La mayoría de esta sociedad está contra esas ideologías fascistas que muchos de ustedes llevan aireando todo el verano. Y, señor Villegas, quien rompió España fue Franco, no somos las fuerzas democráticas, que estamos tratando de construir un cambio en este país. (Aplausos). Señores del PP no nos vengan con una falsa concordia negacionista. ¿A qué viene seguir a estas alturas defendiendo el golpismo? Aprovechen este momento para sumarse al futuro democrático y para condenar claramente el pasado golpista.

Como gallegos y gallegas estamos indignados y tenemos que hablarles de todo lo robado y, por supuesto, del Pazo de Meirás. ¿Cómo puede ser que los privilegios de la Dictadura y de la familia del dictador continúen en democracia? ¿Cómo puede ser que la familia de un dictador continúe disfrutando de lo que es de los gallegos y las gallegas? Y se lo decimos: Franco, además de un golpista, un dictador y un asesino, era un ladrón. (Aplausos).

Acabo ya, señorías. Hemos madurado como sociedad y hoy somos una sociedad sin miedo; la ciudadanía ya no consiente la impunidad. Y recuérdenlo, cuando decimos "fascismo nunca más", decimos verdad, justicia y reparación. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: También por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora García Sempere.

La señora GARCÍA SEMPERE: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías del Partido Socialista, ya era hora. Han tenido que pasar cuarenta y tres años de la muerte en cama del dictador y más de veinte años de Gobiernos del Partido Socialista para que hoy, por fin, vayamos a votar el fin de una infamia. Somos el segundo país del mundo en número de desaparecidos forzosos; tenemos más de cien mil víctimas en fosas comunes y, sí, ese mismo país ha tardado cuarenta y tres años de democracia en exhumar de su mausoleo al dictador -lo han dicho otros compañeros antes-; un mausoleo construido en condiciones de semiesclavitud por los presos políticos a los que había mandado encarcelar el dictador genocida; un mausoleo con una cruz espada de 150 metros de alto concebida para ser vista a kilómetros de distancia y homenajear a quienes lucharon de la mano de Hitler y Mussolini para derrocar la República, concebida para ser vista y concebida para atemorizar.

Ustedes hoy, sí, se deciden por fin a acabar con una infamia y nosotros nos alegramos, pero es una infamia que nunca debió darse; una infamia que, si se dio, fue por la decisión del sucesor designado por Franco, el señor Juan Carlos de Borbón, ese mismo señor al que junto con Partido Popular y Ciudadanos siguen protegiendo para que no venga a esta Cámara a ser investigado de manera democrática por posible corrupción. Nos parece que eso también es enterrar el franquismo.


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Por supuesto que vamos a votar -ya lo ha dicho mi compañero- a favor de exhumar a Franco. Nosotros, desde Izquierda Unida antes ya lo planteamos; ahora, como Grupo Confederal seguimos, lógicamente planteándolo, pero no es un cheque en blanco. Exhumar a Franco es necesario, pero nosotros les urgimos a enterrar el franquismo, porque este decreto no resuelve. Piden exhumar a Franco porque no fue un caído y, señorías, eso es una barbaridad, porque de alguna manera están reconociendo el deseo del dictador de que ese fuera un espacio de reconciliación entre fascismo y democracia y no puede ser, porque no se puede ser demócrata sin ser antifascista, y esto nos lo enseñaron quienes dieron su vida por la democracia durante cuarenta años.

Les vamos a decir cosas que faltan en este decreto. Este decreto debería dejar claro que si se exhuma a Franco es porque fue un genocida, no porque no fue un caído. Este decreto debería dejar claro que Primo de Rivera también debe salir de allí, porque fue el fundador de un movimiento que justificó la barbarie. Este decreto debería dejar claro que los miles de cadáveres republicanos que fueron enterrados allí, sin consentimiento de sus familias, también van a ser exhumados. Y este decreto también debería dejar claro que una cruz que reivindica una cruzada nacional-católica como la que emprendió Franco no puede seguir en pie. Este decreto, en definitiva, debería dejar claro que el valle sí se toca, se desacraliza y se resignifica. Porque mientras la familia del dictador sigue gozando de un patrimonio saqueado, nunca devuelto y de títulos nobiliarios que ustedes les permiten -ustedes, con la connivencia de Partido Popular y Ciudadanos-, miles de familias de este país siguen sin ser reconocidas como víctimas de un crimen contra la humanidad que violó, torturó, asesinó, encarceló y robó bebés durante más de cuarenta años.

Nosotras, junto a las víctimas, hemos registrado recientemente una ley de memoria democrática en la que le damos algunas ideas, si es que no tienen, si es que no han tenido cuarenta y tres años para pensarlas. Algunas de ellas las decía mi compañero antes: homenajear, por ejemplo, a los luchadores antifascistas. Se pueden resumir en algo muy sencillo: que la verdad, la justicia y la reparación sean algo más que un lema muy bonito que repetimos en algunas movilizaciones, que sean la base que construya la no repetición para que nunca más en ninguna parte, en ningún lugar del mundo, nadie pueda volver a sufrir el fascismo. Y no es una cosa menor, no es un lema que lanzamos, es algo que está sucediendo en Europa y que tendremos que enseñar a las nuevas generaciones a combatir y frenar.

Señorías, nosotras hoy vamos a apoyar su decreto para exhumar al dictador, pero les pedimos que mañana nos ayuden a enterrar el franquismo. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lastra Fernández.

La señora LASTRA FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, compañeros del Grupo Socialista, hoy es un día para la historia, hoy es un día para celebrarlo. ¡Al fin! ¡Al fin! (Aplausos). Agradezco a mi compañera Anita Molina, noventa y ocho años, de Jaén, histórica del Partido Socialista, que esté hoy aquí arropando al Gobierno, arropando al Grupo Socialista y arropando a los demócratas que hoy venimos a convalidar este real decreto-ley que supone un paso más en el fortalecimiento de nuestra democracia. Debemos hacerlo, señorías, por la memoria de muchas víctimas que sufrieron la represión durante los años de la guerra y de la Dictadura y para quienes la llegada de la democracia no supuso una reparación en materia de libertad y de justicia. En este sentido, hoy avanzo que el Grupo Socialista apoyará la tramitación como proyecto de este real decreto-ley, para que entre todos, como ya dijeron otros portavoces que me precedieron, podamos sumar un segundo impulso a la Ley de memoria histórica donde podamos incluir, entre otras medidas, una comisión de la verdad, la anulación de los tribunales franquistas, para así anular sus sentencias crueles e inhumanas y también para levantar, al fin, a las 115 000 personas que siguen en cunetas y en fosas comunes.(Aplausos).

En la última escena de Las bicicletas son para el verano, obra de Fernán Gómez, un padre dice a su hijo una frase que explica muy bien lo que ocurrió en 1939, cuando las tropas franquistas ganaron la guerra: Hijo mío, no ha llegado la paz, ha llegado la victoria. Señorías, no engañen ni pretendan engañar a nadie: el Valle de los Caídos ha representado durante todos estos años la exaltación del franquismo. Nuestra obligación es precisamente corregir esa anomalía inadmisible para una democracia como la española, y eso empieza por trasladar la tumba del dictador, para así terminar con la historia del criminal reinando por toda la eternidad sobre sus víctimas -esto es una obligación democrática (aplausos)- y con el fin de que en ese lugar solamente puedan yacer los restos mortales de aquellas personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda y, por supuesto, respetando el deseo de aquellas familias que quieran recuperar a sus seres


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queridos. Esto es lo que debatimos hoy aquí, y en este consenso nos gustaría encontrar al resto, al conjunto de las fuerzas políticas de este Parlamento.

Señorías de la derecha azul y naranja, ustedes están utilizando la forma de un real decreto-ley como excusa para negar la urgencia de un mandato político de este Congreso, que en el año 2017, en mayo, aprobó una iniciativa a propuesta de nuestro grupo, siguiendo las recomendaciones de la ONU y aprobada sin ningún voto en contra, en la que se instaba al Gobierno urgentemente a exhumar al dictador de forma preferente. Sí, señorías, ustedes, los naranjas, los de Ciudadanos, votaron a favor entonces de lo que hoy critican, pero permítanme que les diga que se les ve perdidos en este laberinto ideológico en el que se han metido, en una lucha fraticida, como hemos dicho muchas veces, por hacerse con los votos de la extrema derecha en la que compiten con el Partido Popular. Señorías del Partido Popular, están ustedes compitiendo por los votos de la extrema derecha, pero, háganme caso, no son tantos, son muy pocos, afortunadamente, y no merece la pena; no merece la pena traicionar los valores de la democracia por cuatro votos, no merece la pena. (Aplausos). No pueden abstenerse de la democracia, no pueden abstenerse de la dignidad, de la reparación, de la justicia. Nosotros sí consideramos que es urgente porque así lo ha considerado este Parlamento. Ustedes no desvelan si se sienten cómodos con un monumento que exalta a un dictador y se quedan en otras excusas. ¡¿Pero de verdad se sienten cómodos teniendo a veinte kilómetros de Madrid un monumento a un dictador?! ¡¿Ustedes se imaginan a veinte kilómetros de Berlín un monumento a Hitler o a veinte kilómetros de Roma un monumento a Mussolini?! Yo no quiero eso para mi país porque quiero un país avanzado democráticamente, quiero acabar con esa anomalía, y como yo, el presidente del Gobierno y la sociedad española en su conjunto. (Aplausos).

Miren, otra de las excusas que hemos oído en estos meses es que este debate divide a los españoles. ¿De verdad ustedes piensan que evitar la exaltación del franquismo divide a los españoles? Dividirá a su grupo, pero a los españoles les aseguro que no. Háganselo mirar, señorías de la derecha de la Cámara, porque este tipo de afirmaciones genera una brecha insalvable entre ustedes y una sociedad democráticamente abierta y moderna. A esta sociedad moderna, democrática, europea le da vergüenza esto: que en pleno siglo XXI, a las afueras de la capital de España siga habiendo un monumento en honor a un golpista, un dictador y un genocida, pues eso es lo que tenemos ahora mismo. (Aplausos).

Pero, ¿qué podemos esperar de un líder del PP que decía hace ya unos años que somos unos carcas los que pensamos en la guerra de nuestros abuelos y en las fosas comunes donde siguen enterradas sin identificar 115 000 víctimas del franquismo, 115 000 personas cuyas familias siguen buscando? ¿Qué podemos esperar del señor Rivera, que asegura que hablar de memoria histórica es tan obsoleto como escuchar música en cassettes y vinilos, como si fuera una cosa distinta a la calidad democrática y la justicia en una sociedad avanzada? Desde que anunciamos este compromiso, ustedes han hecho públicamente un discurso contrario a la exhumación que finalmente se queda en una abstención. Yo les imploro, si quieren, que no se abstengan de la democracia. Se lo decía antes: no se abstengan de la dignidad, no lo hagan; pero háganlo sobre todo por ustedes mismos. Miren, ya estamos acostumbrados a la tretas de Ciudadanos, a votar una cosa hoy y luego hacer otra, a las rectificaciones -a peor, siempre a peor-, pero en política, señores, lo importante no son los votos sino los principios. Son estos los que permiten que reconozcamos nuestra propia cara en el espejo y que gracias a ello la ciudadanía pueda reconocerse sin fisuras en nosotros. A ustedes, con su nuevo cambio de posición en esta materia, ya no los reconoce nadie.

Señor Casado, ¿usted piensa que la gente de nuestra generación realmente no está de acuerdo con esta posición? ¿Usted cree que nuestra democracia no se merece este avance? ¿Ustedes piensan realmente que no se puede hablar de esto por la concordia? ¡La concordia llegó a nuestro país hace cuarenta años en forma de Constitución! (Aplausos). No nos hablen de concordia con el dictador o con la Dictadura, con el fascismo; entre españoles, sí, y esa se dio hace cuarenta años. Nosotros lo tenemos claro, y es así porque a diferencia de ustedes nosotros no tenemos ningún problema ni con la historia ni con nuestra historia como partido ni con la historia de España como país. Es nuestro deber y nuestra obligación, señorías -y hablo para los 350 diputados de la Cámara-, cambiar estas reminiscencias que todavía quedan dando este paso. Porque, no lo olvidemos, mientras un dictador sigue recibiendo flores frescas diariamente en una tumba de Estado, seguimos recordando a las 13 Rosas, a los 18 de Funeres y seguimos buscando en cunetas y fosas comunes a Federico García Lorca -querido Ian Gibson, que estás en la tribuna- y a miles de personas asesinadas durante el franquismo. A todas ellas les debemos este impulso democrático, pero sobre todo se lo debemos a nuestra democracia. (Aplausos).


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Señorías, concluyo. España se merece la unanimidad en este momento histórico. Las generaciones futuras estudiarán el final de este capítulo con el triste desenlace de una derecha que en 2018 no fue capaz de estar a la altura de la sociedad española. Por eso apelo en este último momento a que reconsideren su posición. Todavía están a tiempo. Señorías, cerremos juntos el capítulo más negro de la historia de nuestro país; nos merecemos cerrarlo cuanto antes por dignidad democrática.

Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista, puestos en pie).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández Díaz.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jorge): Gracias, señora presidenta.

Señora Calvo, vicepresidenta del Gobierno, de lo que ha expresado usted en la presentación de este real decreto-ley para este debate de convalidación me ha preocupado especialmente una cosa que usted ha dicho: Quien no vea la forma, no está viendo el fondo. Es una manera de decir que el fin justifica los medios. Me preocupa mucho porque, efectivamente, la calidad de una democracia se mide por el respeto a las formas y por el respeto a los procedimientos. Que lo diga yo tendría un valor descriptible, pero ilustres juristas a lo largo de la historia y de todas las latitudes han hecho sentencias y han formulado frases que son lapidarias en lo que hace referencia a esta cuestión.

Usted parece entender que la forma es algo así como una mera liturgia, un decorado o un trámite que hay que cumplir porque lo que importa es el fondo. Pues mire, señora Calvo, un ilustre jurista español, el principal artífice de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, afirma: Si nuestro Estado es un Estado de derecho, el derecho y no el capricho del gobernante debe dominar la totalidad de sus decisiones. Tome nota. El respeto a la forma es la garantía frente a la arbitrariedad de los poderes públicos. Un ilustre jurista alemán, Von Ihering, dijo lo mismo de otra manera. He subrayado la frase que un amigo mío y compañero de bancada, Francisco Martínez, publicó en un magnífico artículo al respecto hace unas fechas: La forma es la hermana gemela de la libertad y la enemiga jurada de la arbitrariedad. Tome nota, señora Calvo. (Aplausos). La forma, señora vicepresidenta del Gobierno, no es un trámite que hay que cumplir, es una exigencia y una garantía de una democracia frente a la arbitrariedad de los poderes públicos.

Ustedes, cuando estaban en la oposición, se comprometieron públicamente, y aquí se les ha recordado, a no hacer el uso abusivo, decían ustedes, que los Gobiernos de Mariano Rajoy del Partido Popular estaban haciendo. En cien días llevan ustedes nueve reales decretos-leyes. ¡No está mal! Incluso convendría que se leyeran los fallos del Tribunal Constitucional frente a recursos de ustedes ante reales decretos-leyes nuestros, recursos que fueron aceptados parcialmente, según el Tribunal Constitucional y en coherencia con su demanda, por no darse las características de extraordinaria y urgente necesidad que justificaran el real decreto-ley. Y usted ahora nos intenta convencer, señoría, de que es de extraordinaria y urgente necesidad exhumar el cadáver de Franco cuarenta y tres años después de haberlo enterrado. Un respeto al sentido común y un respeto a esa democracia madura -no sé si tiene algo que ver con Venezuela- que dice que tenemos en España. Porque, claro, ¿cómo se hace compatible que hayamos tenido cuarenta años de Gobiernos constitucionales, de democracia madura, efectivamente, de los cuales más de la mitad con Gobiernos socialistas, y que no hayan tenido el arrojo, la valentía y la fortaleza, como dice la explicación de motivos del real decreto-ley, que ahora sí que tienen al parecer para exhumar los restos de Franco?

Por cierto, deben legislar bien y además saber sobre qué legislan. ¿Usted sabe, señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, que la aplicación literal de este real decreto-ley lleva necesariamente a la exhumación de los restos de diecinueve monjes benedictinos que, con sus lápidas, nombres, apellidos y fecha, están enterrados en el cementerio, siguiendo la tradición de la orden benedictina en todo el mundo, en el Valle de los Caídos, perfectamente identificadas las diecinueve tumbas? ¿Verdad que no lo saben? Claro, el presidente del Gobierno ya se ha rectificado a sí mismo y ha rectificado el real decreto-ley antes de ser convalidado, porque, siguiendo al relator Pablo de Greiff, de Naciones Unidas, y siguiendo él a su vez las conclusiones de la Comisión de expertos del año 2011, había que resignificar el Valle de los Caídos, y el señor Pedro Sánchez ha dicho ahora que no es posible resignificar un lugar como el Valle de los Caídos con las connotaciones de todo tipo que tiene. Se han rectificado ustedes a sí mismos antes de convalidar el real decreto-ley, y hablo de rectificaciones porque es evidente que si es verdad que rectificar es de sabios, rectificar permanentemente es de ignorantes,


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y tener un Gobierno que está rectificando cada día genera inestabilidad, inseguridad jurídica, y es lo más contrario a lo necesario para una democracia madura. ¿Lo sabe usted? (Aplausos).

Y nos viene la portavoz de su grupo dándonos lecciones e intentando conmovernos, porque nos implora -repito, implora- que salgamos de la abstención y que vayamos al buen camino, que, evidentemente, es el de ustedes, el de los señores de Podemos y el de los independentistas que quieren romper España. Ya es grave que tengamos que aguantar que ustedes, el Gobierno de España, estén en el banco azul no con los votos de los españoles, porque fueron derrotados por dos veces en seis meses con la mayor derrota de la historia reciente del Partido Socialista Obrero Español, sino con los votos de los que quieren destruir España. Sin el voto de los independentistas ustedes no hubieran alcanzado la mayoría necesaria para que hubiera triunfado la moción de censura. Es legal, pero la legitimidad de origen es esa. (Aplausos).

Señorías, han intentado fundamentar la extraordinaria y necesaria urgencia que exige el artículo 86 de la Constitución sobre la base de que interpretan ustedes un sentimiento mayoritario de la sociedad española, de la proposición no de ley aprobada por el Congreso, por esta Cámara, el 11 de mayo del pasado año y de las reiteradas recomendaciones de un relator de Naciones Unidas, como si las recomendaciones de un relator de Naciones Unidas -que, por cierto, fue invitado a España por el Gobierno del señor Rajoy, con perdón- fueran resoluciones del Consejo de Seguridad o de la Asamblea General de Naciones Unidas. Un respeto a lo que dice el relator, que por otra parte antes de venir aquí estuvo en Burundi. ¿Sabe por qué? Estuvo en Burundi porque allí sí que se produjo un genocidio entre los hutus y los tutsis con un millón de víctimas. ¿Lo sabe usted, no? (Rumores). Sí, sí, lo reitero. Comparar la democracia española en el año 2014 con lo sucedido en Burundi hace escasamente trece años, porque acabó la guerra civil en el año 2005, es un insulto a España y a la democracia española. ¿Lo tiene claro? Así se lo digo. (Aplausos).

Pues bien, dicho todo eso, señorías, nos han vuelto a amenazar con la comisión de la verdad. Sinceramente, me da vergüenza que en España se hable de una comisión de la verdad, cuando la bibliografía respecto a la guerra civil española es una de las mayores que hay en relación con cualquier hecho histórico a lo largo de la historia de la humanidad, así de claro. Pero puesto que hablan de una comisión de la verdad y se ha hablado del Valle de los Caídos -lógicamente, teniendo en cuenta cuál es la naturaleza y el objeto de este real decreto-ley-, les pongo a su disposición este libro que nos ha sido enviado a más de cien diputados de esta Cámara. (Muestra un libro). A mí me llegó a mi despacho la semana pasada: Los presos del Valle de los Caídos. (Rumores). Escúchenme, por favor, porque este es el resumen de una tesis doctoral, ¿les suena? Este es el resumen de una tesis doctoral fruto de ocho años de investigación, de ingente material documental, entre ello los fondos de Patrimonio Nacional contenidos en más de sesenta cajas, que están en el Palacio Real y que ningún investigador, ningún presunto historiador se había acercado a comprobar. Esto que lo vea la comisión de la verdad para que de una vez por todas, cuando traten de decir según qué cosas, se pongan a trabajar, se pongan a investigar y no se pongan a dogmatizar sin saber de lo que hablan.

Señora Lastra, termino diciéndole que lo lamento, porque nos ha implorado el voto. Lo siento mucho, no me conmueve, lo siento mucho. Ya sabe usted que dijo la señora Carmen Montón, ministra de la Igualdad, que no todos somos iguales, y nosotros no les vamos a acompañar en esta aventura.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora ministra.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.

A veces utilizamos con demasiada frecuencia el adjetivo de histórico o de histórica para referirnos a una situación, sin embargo hoy al menos yo tengo la sensación de que sí lo es, y lo es sin ambages y sin grandilocuencias, porque cada uno de ustedes -yo no tengo voto- va a quedar para la historia retratado consigo mismo y con el conjunto de los hombres y mujeres que son nuestros compatriotas. Por esta razón entiendo que resulta muy difícil ponerse de perfil delante de la Dictadura, y explicar algo así es muy difícil en 2018, en Europa y en una Cámara democrática.

Quiero dar las gracias a los grupos parlamentarios que han anunciado que van a acompañar al Gobierno en la convalidación de este real decreto, y su posterior tramitación como ley, para mejorar con mucho nuestra Ley de Memoria Histórica, ley que hizo otro Gobierno socialista -tarde, ciertamente-,


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y nos disponemos a cerrar con justicia algunas cosas que la Transición dejó abiertas. La Transición con mucho fue extraordinariamente útil y se acercó bastante a la perfección, pero la perfección no existe, así que les traslado mi agradecimiento. Pero también conviene que, al menos por parte del Gobierno, dejemos claras algunas de las cosas que se han dejado caer en las intervenciones. En cuarenta años de vida democrática, hoy podemos decir -dentro de un tiempo no lo sé- que el récord de utilización de reales decretos lo alcanzó en 2012 un Gobierno del Partido Popular que tenía mayoría absoluta, que ya es absurdo utilizar este mecanismo con mayoría absoluta. (Aplausos). A día de hoy. Se trata de una fórmula de legislación plenamente constitucional y democrática, pero a día de hoy han sido ustedes, desde el Grupo Parlamentario Popular, y desde su partido, quienes han hecho una extralimitación estadísticamente incontestable de la misma: veintinueve, y sin necesidad, porque tenían mayoría absoluta. Ese también es el espejo frente al cual ustedes se tienen que reflejar.

Habrá muchas cosas que debatir y que mejorar en el procedimiento de tramitación, después de esta convalidación, que se adivina cierta, para mejorar la Ley de Memoria Histórica, y no entraré en ello. En cualquier caso sí diré, con relación a la petición que hacía la comisión de expertos, que el primer elemento para resignificar de manera diferente al Valle de los Caídos es sacar los restos de Franco. Estamos en el inicio de este orden que tenemos que poner en pie con relación a ese lugar. Pero, fíjese, señor portavoz del Partido Popular, ha querido venir a dar una pequeña clase, seguramente siguiendo a Chomsky, que ya decía que fondo y forma no se pueden separar porque forman parte de lo mismo, y en el derecho mucho más, pero en ese venirse arriba de su señoría se ha metido en un jardín extraordinario, queriendo separar legalidad de legitimidad de este Gobierno. Ha dicho usted literalmente aquí que el anterior Gobierno sí gobernaba con los votos legítimos y legales del pueblo, y este quizá no. (Protestas.-Risas.-Rumores). Le pido que lo retire.

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Le pido que lo retire, porque está usted no solamente incumpliendo la Constitución, sino colocando en un berenjenal extraordinario a la consolidada democracia española, cuyo cuarenta cumpleaños celebramos este año. Pero, es más, hay quien se ha atrevido a ordenar, en clave de mayor o menor calidad, los escaños de esta Cámara, porque hay escaños que son peores, y esos que son peores son los que pueden estar detrás del apoyo a este Gobierno, y el representante de uno de esos escaños confía en mí. Como si confiara usted, señor Villegas. Si tiene usted algo que decir acerca de la legalidad y de la legitimidad de algún grupo parlamentario, de algún escaño, de algún partido, las leyes están a su disposición, como a la mía, como a la de todo el mundo. Pero esos discursos son extraordinariamente escabrosos en una Cámara. Quedan bien fuera de la Cámara, pero poner en cuestión dentro de la Cámara la legalidad y la legitimidad de un Gobierno constitucional, legal y legítimo, el de España, que comparece en estos momentos a través de mi modesta persona, y calificar los escaños de mejores o peores por su proyecto ideológico, es grave. Eso es grave en democracia, y es grave porque está regulado por nuestras leyes, garantizado por nuestra Constitución, y eso no puede ser objeto de esas palabras. O todos cumplimos la Constitución, o todos cumplimos todas las leyes orgánicas que regulan los partidos políticos o no. (Rumores.-Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Silencio.

La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Pero ustedes han ido hoy muy lejos en este debate. Todos, absolutamente todos, y con cada una de las normas. Fíjense en la dificultad que han tenido para decir que se van a abstener, y que finalmente no van a decirles a los españoles y a las españolas que un dictador no puede ser enaltecido. Qué dificultad más grande han tenido para hacerlo, algunos incluso cambiando de posición. (Aplausos). Ese es el resumen final de este debate.

Concluyo, señora presidenta, como no puede ser de otra manera y como ya he dicho, con mi agradecimiento a quienes nos van a acompañar, y también, como no puede ser de otra manera, con mi respeto a quienes no lo van a hacer. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


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DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANARIAS. (Número de expediente 127/000002).

La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto relativo a dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, y en concreto al relativo a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. Doy la bienvenida al presidente de Canarias, que nos honra en la tribuna con su presencia. Muchas gracias.

Para defender las enmiendas y votos particulares formulados a esta iniciativa legislativa tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Oramas González-Moro, que también fijará posición en este turno. (Rumores). Señorías, silencio. Quien no vaya a estar en este debate, que abandone el hemiciclo. (Rumores). Silencio, por favor.

Adelante, señoría.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Señores diputados, señor presidente del Gobierno de Canarias, hay días que hacen historia. Hay días tristes, cuando muere alguno de nuestros padres, y a cambio hay días inolvidables, cuando nace alguno de nuestros hijos. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Hoy es un día de felicidad, porque hoy aquí está naciendo una nueva comunidad y un nuevo pueblo. Canarias va a subir el último peldaño de su ordenamiento jurídico para situarse, con un nuevo estatuto de autonomía, en el reconocimiento dentro del Estado como una autonomía de máximo nivel. Casi cuatro décadas después de haber empezado el camino del autogobierno las islas han demostrado que son capaces de gestionar su propio futuro, está naciendo un nuevo futuro. Hay algunos que desearían robar el niño que nace a su madre verdadera, pero esta cuna está defendida por la historia. Este estatuto es el hijo del nuevo nacionalismo canario, ese nacionalismo firme, responsable y sensato, ese que se ha movido con lealtad y firmeza dentro de la Constitución, sin cultivar la xenofobia y sin pescar en las aguas envenenadas del secesionismo. Nosotros siempre hemos estado en el mismo sitio, luchando por Canarias, explicando una y otra vez que somos una realidad distinta y distante, en Bruselas y en Madrid, y poco a poco hemos logrado que se reconozca la realidad de un archipiélago lejano y fragmentado donde vive un pueblo de más de 2 millones de personas que se sienten orgullosamente parte de Europa.

Hoy es el día de Canarias; hoy es el día de Manuel Hermoso, de Victoriano Ríos, de Antonio Castro Cordobez, de Adán Martín, de Juan Manuel García Ramos, y del trabajo incansable durante tantos años de José Miguel Ruano. Es el día de tantos y tantos políticos nacionalistas canarios que aguantaron con firmeza y trabajaron para que esto fuera una realidad, que lucharon por el reconocimiento de las aguas canarias cuando nadie creía en ellas, que defendieron que el autogobierno no era una deslealtad, sino un derecho, y que lograron que llegáramos hasta este día. Pero esto no hubiera sido posible sin el impulso final que con pasión y con mucho, mucho diálogo retomó Fernando Clavijo. En estos tiempos en donde tantos luchan por dividir, nosotros trabajamos por unir. Somos un pueblo que tendríamos todas las razones del mundo para sentirnos llamados a la ruptura, pero somos habitantes del siglo XXI, somos profunda y radicalmente nacionalistas, pero creemos en la Europa de los pueblos y regiones, creemos en la necesidad de los Estados del bienestar como una garantía para la justicia social, y creemos en la solidaridad entre las personas y los territorios. Esa es la bandera que levantamos y el código por el que funcionamos, con una lealtad y una responsabilidad que hemos demostrado de forma incesante.

Canarias por fin tiene un nuevo estatuto que la convertirá en plataforma de las políticas europeas y españolas hacia África, que le dará un nuevo liderazgo en el Atlántico medio y que fomenta nuestro desarrollo económico. Nuestro pueblo se ha puesto alas para volar más alto y más lejos. Solo puedo decir que siento una enorme felicidad y que siento una enorme gratitud por todos los que han trabajado para que este momento se hiciera realidad. Nunca tantos le debieron tanto a tan pocos y valientes políticos que nunca se rindieron, que creyeron en los canarios y en su mayoría de edad.

Termino ya, señora presidenta. La sombra de un diputado canario llamado Ramón Gil Roldán aplaude hoy desde las fantasmales tribunas donde estuvo en la malograda República; su viejo sueño de estatuto


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de autonomía hoy se hace realidad, y sus palabras hoy cobran vigencia: Dicen que murió la raza y nunca fue raza muerta. Canarias hoy está más viva que nunca.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.

El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todas y a todos.

Señorías, hoy es un día importante para Canarias. Once años después de la lamentable retirada del anterior nuevo estatuto, con el único objetivo de evitar la reforma del injusto sistema electoral canario, después de haber perdido la oportunidad de que Canarias se colocase con su estatuto en lo que otras comunidades han conseguido, situándose en lo que se llaman segundas y terceras generaciones del estatuto, todo eso ha ocurrido en perjuicio de los intereses de Canarias, pero hoy tendremos un nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. No representa la totalidad de las aspiraciones de Nueva Canarias, como no puede ser de otra manera, pero es el resultado del esfuerzo de todos, desde la discrepancia o desde el acuerdo. Es el resultado en consecuencia de un proceso perfectamente democrático que ha generado un estatuto perfeccionado sensiblemente sobre el ya mejorado que había venido del Parlamento de Canarias.

Algunos asuntos son especialmente relevantes. Anunciamos que las islas Canarias ya no están suspendidas en el éter, ya existe un reconocimiento del ámbito territorial de las aguas canarias, de que la isla de La Graciosa es una isla con todos sus derechos. También ocurre que en el plano de los derechos, donde hubo un amplio debate -no tengo tiempo de explicarlo-, se habla de la lucha contra la pobreza, de una renta de ciudadanía como una aportación sensible; el fortalecimiento del Régimen Económico y Fiscal y la garantía de que nunca más formará parte de la financiación autonómica, algo que ha hecho un daño irreparable a Canarias y que se resolvió a partir de los Presupuestos Generales del Estado del año 2017, o las garantías para que su reforma se produzca con una participación canaria suficiente. Por último la cuestión el sistema electoral, aunque hay más asuntos que no puedo tratar. Este fue el motivo de que no se aprobase hace once años un nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias. Hoy hay una propuesta de un nuevo sistema electoral que no es la de Nueva Canarias ni la de nadie, es la de todos los que lo hemos apoyado, porque si no llega a ser la propuesta de todos, si llega a ser la propuesta de uno, sencillamente no hubiese sido posible. Es una propuesta seguro que insuficiente, pero que empieza a corregir las deficiencias democráticas, las graves deficiencias de representación que hoy tiene el sistema electoral canario.

Para terminar haré una apelación a la urgencia de este proceso. Si después de todo este trabajo nosotros no conseguimos que este estatuto sea de aplicación para las próximas elecciones autonómicas y locales, entonces nos sentiremos engañados. Pedimos un procedimiento de urgencia para su trámite posterior en el Senado y su ulterior vuelta al Parlamento de Canarias, para que dé tiempo de verdad a que este estatuto, muy relevante, sea posible.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidenta, señorías, presidente del Gobierno de Canarias y distintos compañeros de Canarias que se han desplazado hasta aquí, antes de todo quiero dar las gracias al letrado, señor Peñaranda, por habernos sufrido todo este tiempo, y también a Ángeles que nos ha sufrido para que acabara de discurrir la votación.

Esta semana partía como una semana muy importante para Canarias y ha acabado siendo una semana agridulce, vamos a decirlo así, para las islas Canarias, porque Canarias pierde una gran oportunidad, sobre todo pierde la oportunidad de mirar hacia el futuro. Nos vamos casi dos años atrás y vamos a recordar la voluntad de diálogo del señor Ruano y del señor Lavandera, que estaban aquí en esta tribuna exponiendo este texto. Y digo por qué lo vamos a recordar, porque han secuestrado totalmente el diálogo en la Comisión. Han llegado con un pacto cerrado, han rechazado el 70 % de las enmiendas de Ciudadanos, y no solamente es que hayan llegado con un pacto cerrado, sino que no han disimulado lo más mínimo. Es decir, se ha evitado el debate. En Canarias es normal, puesto que no hay oposición, ya


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que el Partido Popular y el Partido Socialista están vendidos a Coalición Canaria (aplausos), pero que no haya diálogo aquí no tiene sentido. Se ponen de acuerdo para que no haya un diálogo aquí y sin embargo en Canarias no se ponen de acuerdo para dejar de ser los últimos en sanidad o en educación. ¡Cosas que tiene la vida! ¿Quién piensa en los canarios y quién piensa en su ombligo?

Se ha perdido la oportunidad de defender el derecho de todos los canarios, y dentro de este sabor agridulce vamos a empezar con las luces, con esa parte dulce. Gracias a una enmienda de ciudadanos -y nos ha costado mucho- se eliminan los aforamientos en las islas Canarias. Y digo que ha costado mucho porque desafortunadamente no ha sido un voto unánime, porque muchos siguen pensando que el aforamiento, aunque nos diferencie del resto de los ciudadanos, es un derecho que tienen, y para nosotros es un privilegio. Así que su eliminación es una de las luces, de las cosas buenas que tiene este texto. La inclusión de más derechos sociales que empiezan a pensar en los canarios es otro sabor dulce, pero no suficiente. La separación del Régimen Económico y Fiscal del sistema de financiación autonómica es otro de los aspectos positivos de este texto, y por supuesto algo que creemos que es muy positivo, y es que en un período no superior a tres años se tiene que desarrollar la Ley Electoral de las islas Canarias y dejar de ser una disposición adicional transitoria. Hay una parte que no es luz ni sombra, y que está vamos a decir que en la gama de los grises: la reforma de la Ley Electoral. Falta de ambición. Se ha anulado el debate. No se nos ha permitido debatir la propuesta, la enmienda de Ciudadanos ni otras opciones, cuando pusimos sobre la mesa incluso un plan B. ¿Mejora la situación actual? Sí y por eso nos hemos abstenido en esta reforma de la Ley Electoral, pero no obedece a la realidad de las islas Canarias, y sobre todo en lo que no estamos de acuerdo es en que las cosas no se solucionan siempre sumando más, más y más diputados; lo que hay que hacer es que los que estén trabajen de una vez, y trabajen por todos los canarios. Por eso creemos que la reforma de la Ley Electoral mejora sustancialmente, pero no es suficiente. No ha habido ambición y no ha habido ganas de llegar al fondo de la cuestión. (Aplausos).

Déjenme que defienda nuestras enmiendas que enfatizan los aspectos negativos. Regeneración. Todas las enmiendas establecidas por Ciudadanos en relación con la lucha anticorrupción, regeneración y transparencia, todas han sido tiradas en bloque, absolutamente todas, vaya, sobre todo pensando en los canarios. Justicia. Todas las enmiendas de Ciudadanos destinadas a que el Poder Judicial realmente fuese independiente y que diese derechos a todos los canarios, todas han sido tiradas; siguen queriendo crear ese consejo que coordina el Poder Judicial que, sorpresas de la vida, no se elije por meritocracia, no lo eligen los jueces, lo eligen los políticos a dedo. Déjenme no ser malpensada y que eso no sea por supuestos indicios de posibles imputaciones que pueda haber de distintos cargos de las islas, y que se quiera controlar por ello el Poder Judicial en las islas Canarias. Me parece una vergüenza sonrojante. (Aplausos). Además, por utilizar un término familiar, parece que les ripia el hecho de que la justicia sea independiente, y sinceramente no tiene sentido. La televisión pública. Las enmiendas presentadas por Ciudadanos para que la televisión sea pública, independiente y plural tampoco fueron aceptadas. Que nos expliquen desde el bipartidismo o algunos cuando se suben aquí con golpes en el pecho diciendo que la televisión pública tiene que ser de todos, tiene que ser plural y tiene que representarnos a todos, pero si vamos a la de casa, esa no, esa no la queremos independiente, esa no la queremos plural, esa la queremos mangonear. Eso es denigrar a la profesión periodística y sobre todo denigrar la capacidad de comunicación que tiene que tener un medio público. Y nos vamos con otra parte negativa -han tirado también todas las enmiendas y esperamos que se vuelvan a votar-: siguen creando y construyendo una infraestructura faraónica de la Administración de las islas Canarias. Ya no hay duplicidades, hay triplicidades también, o lo que es lo mismo están creando sus chiringuitos para colocar a los amiguetes, no sea que pierdan poder electoral y no tengan donde colocar a cargos de confianza. (Aplausos). Por supuesto que sí. Mi pregunta es: ¿cuánto se ahorraría Canarias simplificando la Administración? ¿Cuánto dinero se ahorraría Canarias, dinero que podríamos revertir en educación y en sanidad, si se eliminaran todos estos chiringuitos?

Como digo es un sentimiento agridulce. Mejora el estatuto el texto que llegó, pero no es un estatuto pensando en el futuro, no es suficiente, en su mayoría no soluciona los problemas reales de los canarios. Hay aspectos positivos, como he dicho, y eso hace que nos abstengamos en la resolución final de este texto, pero también que manifestemos nuestra opinión. El problema que tiene Canarias, como ya dije, es que tenemos políticos que solo miran su ombligo, y cuando digo que solo miran su ombligo me refiero a que no hacen textos que representen y trabajen por todos los ciudadanos de las islas. Pido al Partido Popular y al Partido Socialista que despierten de una vez, que dejen de menearle el agua a Coalición Canaria, que en Canarias no hay oposición, que parece mentira que un Gobierno en minoría saque unos


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presupuestos sin despeinarse, saque cualquier proceso legislativo sin despeinarse y sin oposición. ¿Qué es lo que están haciendo? Solucionen y dejen de bloquear.

Para ir terminando les quiero decir lo siguiente: Ciudadanos va a entrar en las próximas autonómicas y municipales en el Parlamento de Canarias. No hemos mirado al otro lado desde fuera, pero les aseguro que cuando estemos dentro del Parlamento de Canarias, porque vamos a entrar, no vamos a mirar hacia otro lado. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Pero también les digo otra cosa: cuando Ciudadanos gobierne las islas Canarias se van a acabar los mangoneos de unos pocos, que en lugar de pensar en todos los ciudadanos de las islas, siguen pensando en sus chiringuitos, en sus amigos y en su ombligo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pita Cárdenes.

La señora PITA CÁRDENES: Gracias, señor presidente.

Señorías, yo creo que empezamos nosotras, diciéndolo alto y claro: hoy no es un día importante para Canarias. Si acaso lo será para un reducido grupo, pero desde luego no para la mayoría social del archipiélago. Si alguien tiene motivos para estar contento hoy -y eso parece- son los partidos del régimen del 82 en Canarias, las mismas formaciones que alimentan sin ningún tipo de rubor ese dañino sentimiento de insularismo que destruye la sororidad que ha marcado la historia de las clases populares en Canarias, y digo sororidad porque a nadie que conozca nuestra historia se le escapa el papel cardinal que han jugado las mujeres canarias en la reproducción de nuestros valores éticos y culturales a lo largo de los siglos. La propuesta que hoy debatimos aquí sin embargo no tiene nada que ver con nuestras abuelas y con nuestras madres. El texto es patriarcal, obedece a la soberbia de una élite tan arrogante que se autoproclama propietarios de la patria canaria al mismo tiempo -cómo no- que la han destruido, la han contaminado y la han empobrecido.

Quizá oiremos más de una vez hoy que es un día histórico, y alguno se atreverá a decir además que este texto es un texto de la nueva generación, de última generación, pero crean que ninguno de estos titulares, ninguno, resumirá de manera objetiva la realidad, porque, ¿en qué se traduce este nuevo estatuto? Pues en la continuidad de los políticos que durante toda nuestra historia moderna nos han convertido en un territorio profundamente desigual, extremadamente dependiente, y lo que es peor sin herramientas democráticas que pongan en manos de la mayoría de la población la posibilidad de cambiar el rumbo que llevan las islas. Por eso es importante que se sepa que esa alegría, que hoy van a expresar aquí y han expresado aquí de manera efusiva e incluso impostada los representantes de Coalición Canaria y los otros partidos que han gobernado y cogobernado Canarias en los últimos cuarenta años, esconde una realidad amarga, muy amarga.

Tengo que recortar el discurso, porque tenía preparado más tiempo y me dice el presidente que son siete minutos, así que adelanto. Los niveles de pobreza que están machacando a nuestro pueblo son insoportables, casi la mitad de nuestra población está en riesgo de pobreza o en riesgo de exclusión social. Evidentemente estos partidos no lo van a admitir nunca, porque su manera de hacer política ficción no les permitirá hablar de esa realidad. En cualquier caso nosotros seremos los que pongamos esos datos, esas cifras, esa verdad encima de la mesa. ¿Por qué están contentos ustedes hoy si realmente el estatuto no responde a esa mayoría social? Pues se lo voy a decir. Porque la educación concertada, por ejemplo, extraordinariamente numerosa en las islas, va a continuar recibiendo cuantiosas subvenciones mientras -eso sí- no hay dinero -nunca lo hay- para ayudas a comedores o para adquisición de libros de texto para familias sin recursos. Han logrado también que la sanidad privada prorrogue -cómo no- conciertos millonarios con el Ejecutivo canario que nos han convertido en la tercera comunidad que más destina al negocio empresarial de la salud, después de Madrid y Cataluña, fíjense. Eso sí, mientras tanto en nuestros hospitales públicos están los pasillos que no cabe una camilla más, no cabe un enfermo más, mientras el consejero de Sanidad, señor Baltar, amo y señor de la medicina de pago, consolida el trasvase de recursos públicos a empresas privadas para las que ha trabajado. Cómo no también se alegrarán porque han logrado que los grandes promotores inmobiliarios y especuladores se froten las manos al comprobar que el acceso a la vivienda en las islas continuará siendo un negocio rentable y no un derecho constitucional y estatutario. Entre tanto, ¿qué pasa con la Empresa Pública de Vivienda de Canarias, Visocan? Pues yo se lo cuento. Que continúa desahuciando a familias sin alternativa habitacional, que se


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ahoga en un mar de demandas laborales tras aplicar un ERE criminal y un recorte salarial ignominioso, y encima tiene que indemnizar a sus exdirectores, que como bien conocen algunos esos sí son de libre designación y han llegado a cobrar por ocupar ese puesto la friolera de 100 000 euros anuales. Lo triste, lo verdaderamente triste de hoy es que los responsables de Coalición Canaria, del Partido Popular, del Partido Socialista y de Nueva Canarias se han subido a esta tribuna a hablar a nuestra gente de progreso, de desarrollo económico y social, cuando no es así. No se hace ni una sola mención en ese texto al objetivo de aumentar nuestros niveles de soberanía alimentaria y energética. Han bloqueado ustedes toda posibilidad de incluir en nuestro estatuto cláusulas que hagan posible el cambio de modelo productivo que nuestra economía necesita como agüita de mayo para crecer de manera equitativa y sostenible. Por lo que se ve, los derechos de nuestro pueblo deben continuar subordinados a los de las grandes empresas importadoras de productos alimenticios y, cómo no, también a los de las compañías eléctricas, ¡solo faltaba!, que seguirán produciendo energía en nuestra tierra, quemando petróleo y escupiéndolo a la atmósfera mientras se hace efectivo el soterramiento del gas en unas islas volcánicas, señorías, que registran más de 1500 seísmos al año. Lo hemos dicho mil veces y lo repetiremos hasta la saciedad: nuestro mar, nuestro suelo, nuestro aire, nuestro sol, son un auténtico tesoro, pero este estatuto tampoco está diseñado para la sostenibilidad. ¿Y le digo por qué? Porque a los poderes económicos no les interesa, sencillamente, como tampoco les renta a esos poderes económicos reverdecer nuestro campo, salvar nuestro medio ambiente de la depredación urbanística y mantener limpios nuestros mares.

Nos definen -nos acaba de definir la señora Oramas, además de una manera grandilocuente- en ese texto que quieren aprobar como un territorio alejado y fragmentado. ¿Alejado de quien? ¿Fragmentado en relación a qué? Que nosotras sepamos, Canarias es un territorio insular y atlántico, igual que Madeira, Azores, Cabo Verde, las Islas Británicas, Islandia, las Antillas, y de verdad es que no me imagino a sus dirigentes defendiendo en clave victimista su ubicación geográfica y su papel en el mundo. ¿A eso se resume el hecho diferencial canario para ustedes, a la instrumentalización política de los tópicos que han definido nuestra colonialidad histórica en Madrid y en Bruselas?

Nuestro país insular es un territorio trasmarino, forjado a partir de una mezcla envidiable de decires y sangre, y con una incuestionable extroversión que nos ha llevado a recorrer las tres esquinas continentales que bañan nuestro océano. Somos un pueblo orgullosamente heredero de la valentía de los indígenas canarios, claro que sí, pero también del esfuerzo de los numerosos pobladores europeos, africanos, americanos, asiáticos, que han arribado a nuestras costas con el humilde y bello propósito de vivir dignamente. Es muy triste que el apasionado carácter consular de la cultura y la historia de nuestro archipiélago sea reducido por ustedes a un preámbulo como el de este estatuto. Si esta es la visión que tienen ustedes de nuestro pasado, da miedito pensar en lo que quieren convertir el futuro.

La falta de democracia en Canarias es alarmante y, por si fuera poco un sistema electoral seudodemocrático, en este estatuto se incluyen medidas como la autorización a la presidencia autonómica para que pueda gobernar el archipiélago a golpe de decreto-ley. No quiero ni imaginar un gobierno en minoría, como el actual del señor Clavijo, con la posibilidad de acordar decretos-leyes sin contar con el Parlamento.

Voy terminando, presidente. Tenemos muchas razones para votar que no a este texto del estatuto: el principio archipiélagico, la demanda de superar el marco laboral, la declaración de Canarias como territorio de paz; todas estas enmiendas nos fueron rechazadas de plano, no querían ni oír hablar de todas estas cuestiones. Vamos a votar que no y lo vamos a hacer apelando a la responsabilidad -termino, presidente, permítame treinta segundos- y al compromiso que hemos suscrito con la ciudadanía de Canarias y de todo el Estado, que no nos permite flaquear en la defensa a ultranza de un proyecto político con el que nos hemos presentado a las elecciones tanto aquí como en Canarias. Este no es el estatuto de la mayoría social de Canarias, no lo es. Nosotros creemos en otra Canarias posible y en otra manera de gobernar nuestra tierra. Nuestro archipiélago es mucho más de lo que ustedes han escrito en esta pobre y continuista propuesta de modificación de nuestro estatuto, y hasta que tengamos la fuerza suficiente para plasmar la realidad en la que debe convertirse en nuestra Constitución diremos que no a quienes todavía quieren hacer naufragar nuestro sueño de vivir en unas islas que no sean más nunca o nunca más silencio amordazado.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Pita.

En turno de fijación de posiciones, por Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.


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El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Debatimos la propuesta de reforma del Estatuto de Canarias tras casi treinta y seis años de andadura y después de la aprobación de su dictamen en la Comisión Constitucional, a la vista del informe elaborado por la ponencia. Ahora lo debatimos en Pleno, después de algunos intentos fallidos de reforma en pasadas legislaturas. Por fin parece que llega a su fin, y no tanto para instaurar un nuevo y particular régimen político, institucional y normativo para el archipiélago canario como para actualizarlo.

El archipiélago canario siempre ha tenido una identidad singular desde su conquista e incorporación a la Corona de Castilla, con manifestación en un régimen normativo, administrativo-institucional y económico-fiscal particular a causa tanto de sus circunstancias geográficas de lejanía e insularidad y de su tardía incorporación a la Corona de Castilla como de una realidad cultural absolutamente distinta a aquella corona. El régimen particular de Canarias también deviene de haberse convertido en el eslabón con América y, más recientemente, con el norte atlántico africano.

En definitiva, la propuesta de reforma del Estatuto de Canarias que hoy debatimos tiene como objetivo, según su exposición de motivos, afrontar mejor los retos inmediatos y futuros a los que se enfrenta la sociedad canaria en un mundo de economía globalizada, lo que se llama la glocalización, sin olvidar la consolidación del Estado de bienestar. El desarrollo económico no es que no sea deseable sin desarrollo y bienestar social, es que no es posible para el logro de una sociedad competitiva y una cohesión social, dotándose también para ello de instituciones que permitan una participación más activa de la ciudadanía y los principios de transparencia y eficacia, ampliando su acervo competencial, consolidando su régimen económico y fiscal y dando una nueva delimitación a su ámbito espacial, en el que se incluye el mar comprendido entre las islas del archipiélago por ser elemento de autorrepresentación del archipiélago, a los efectos de visualizarse como unidad en su representación simbólica y político-institucional. En fin, quiero desear a nuestros amigos canarios que este texto, cuando llegue a buen puerto -si así lo consideran-, les ayude a navegar de manera favorable en la incertidumbre que es el vivir y el convivir.

Por último, no quisiera dejar de señalar una deriva apreciada durante la tramitación de este proyecto en esta Cámara y que no es otra que el haber modificado el texto remitido por la asamblea legislativa canaria en cuestiones de opción política y sin que constituyeran denunciadas infracciones constitucionales, confundiendo que como los estatutos se aprueban por una ley orgánica de las Cortes estas pueden tramitarlo con el mismo grado de disposición con que lo hacen con una proposición o proyecto de ley cualquiera y desconociendo el principio dispositivo que faculta a las asambleas legislativas autonómicas para dotarse de su norma institucional básica; una deriva que no compartimos y que tiene manifestación a lo largo de buena parte del proyecto de estatuto que hoy tramitamos. Solo hay que contrastar el texto que entró en esta Cámara y el que hoy votamos, cuyas diferencias se ven a través de las negritas del texto que consta en la documentación soporte de la sesión de este Pleno. Son modificaciones que afectan a aspectos tan sustanciales como los derechos y deberes o los principios rectores de las políticas de los poderes públicos canarios, también a sus instituciones y ámbitos de actuación y a un sinfín de aspectos en los que no voy a demorarme más; no sin antes mencionar que aspectos sustanciales del sistema o régimen electoral canario también han sido modificados en su tramitación en esta Cámara. Quiero citar a modo de ejemplo los cambios introducidos en el número de escaños totales del Parlamento canario o en el número de escaños de cada circunscripción o en la atribución de escaños a una circunscripción autonómica cuando la decisión del Parlamento canario era diferirlo con carácter transitorio, en su caso, a la futura ley electoral canaria prevista en el artículo 37 y que se exige, en novedad también introducida por esta Cámara, que esté aprobada por el Parlamento canario antes de transcurridos tres años desde la publicación del estatuto.

No compartimos con carácter general este proceder de esta Cámara a la hora de abordar la tramitación y aprobación del proyecto de una norma institucional básica de una comunidad autónoma porque la autonomía lo es también para decidir cómo se quiere ordenar su convivencia a través de su estatuto, salvo que ello fuera incompatible con el marco constitucional. En el resto de casos, entendemos que no proceden injerencias en su autodisposición. No obstante lo dicho, con carácter general, apoyado en una realidad concreta, su valoración particular en el caso que nos ocupa corresponderá hacerla a las instituciones y ciudadanía canarias y nuestro voto no lo impedirá.

Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Franquis Vera.


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El señor FRANQUIS VERA: Muchas gracias, presidente.

Quiero que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida a los representantes e instituciones de Canarias, a su presidente y al representante del Cabildo de Gran Canaria por acompañarnos en el debate del día de hoy. Hace casi dos años, en este mismo debate, cuando tomamos en consideración el Estatuto de Autonomía de Canarias propuesto por el Parlamento de Canarias, planteaba mis dudas sobre si ese debate iba a ser un debate histórico para Canarias, y planteaba mis dudas porque se volvía a repetir el debate que se había producido diez años atrás. Casi dos años después me atrevo decir que, hoy sí, es un debate histórico para Canarias, pero más que un día diría que es una semana histórica para nuestra comunidad. Empezamos la semana aprobando el régimen económico y fiscal, con lo que representa eso para Canarias, y hoy acabamos la semana aprobando -porque va a haber votos suficientes- el Estatuto de Autonomía de Canarias, que es un estatuto que siempre hemos pretendido que sea el marco de convivencia de todos los canarios, de la mayoría de los canarios. Ese ha sido el objetivo que hemos pretendido siempre los socialistas.

Quiero recordar que este es un documento que viene de muy lejos y en el que han trabajado mucha gente y muchas instituciones durante mucho tiempo y que la base de este documento ya se debatió en este Congreso en el año 2006. Por eso quiero recordar -porque tengo imágenes, recuerdos de intervenciones, de declaraciones públicas de dirigentes políticos y de responsables, de agentes sociales y económicos- la historia de este documento y quiero centrarlo fundamentalmente en el compañero que hace doce años vino aquí a representar, en nombre del Parlamento de Canarias, este documento, que es mi compañero, ya fallecido, Juan Carlos Alemán. Esté donde esté, estoy convencido de que hoy será un día en el que va a ver colmado mucho esfuerzo y trabajo que durante muchos años desarrollaron muchas generaciones en Canarias, que fueron capaces de llevarnos hoy a este documento.

Lo fundamental de este documento es que no es de un partido, no lo es, y el error es que algunos intenten decir que esto tiene el cuño o sello de un partido. La victoria de este documento significa que es un documento aprobado o apoyado por la mayoría de los partidos de esta Cámara. Quiero recordar que más del 65 % de los partidos que representan a esta Cámara, por tanto, de la sociedad española, van a aprobar paralelamente este documento. Y quiero recordar que este documento va a ser apoyado por la suma del 80 % de las fuerzas políticas que representan al Parlamento de Canarias. Por lo tanto -no sé cómo definirlo-, que alguien se atreva a decir que este documento parece que es el acuerdo de algunos que representan en Canarias muy poco. Insisto: el 75 % de este Parlamento y el 80 % del Parlamento de Canarias.

Los socialistas siempre hemos venido a este debate con las ganas de buscar un acuerdo; somos de los que creemos que un documento de esta naturaleza tiene que tener cuantos más apoyos mejor. Una ley de esta naturaleza, que tiene mucho poder, cuanto más apoyo ciudadano tenga, mejor, y creo que hemos conseguido entre todos que esto sea así, que tenga un apoyo suficiente en este Congreso y en el Parlamento de Canarias para ver colmadas -lo hemos oído durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo- frases y objetivos que tenían que estar no solo en el Régimen Económico y Fiscal, sino también en este documento que hoy afortunadamente se hace realidad. Los socialistas hemos intentado sumar a la mayoría de las fuerzas políticas porque, insisto, creo que es importante que un documento de esta naturaleza cuente con el mayor apoyo posible. Pero desgraciadamente no ha sido así, no hemos podido contar con la mayoría casi absoluta de la Cámara, con unos porque no creen en un acuerdo, porque creen que sumarse a lo que significa la esencia de la política, que es votar un acuerdo -como hoy-, es débil, creen que pierden su identidad política y no son partidarios de acordar, de comprometerse con una sociedad como la canaria en buscar el mayor marco de convivencia posible. Y los otros porque no creen en el estatuto. No creen; creen que la debilidad de este documento es la debilidad del Estado autonómico y no creen en el estatuto, y lo hemos visto aquí. Miren, en Canarias, además de españoles, hay gracioseros, palmeros, conejeros, majoreros, grancanarios, tinerfeños, herreños, gomeros; una comunidad en su conjunto comprometida, con una vocación comprometida históricamente de pertenecer a este proyecto común, plural, que es España. Y nunca ha estado en esa duda, nunca. Por eso me extraña cómo algunos intentan trasladar que lo que aquí se ha discutido, que lo que aquí se ha acordado, poco tiene que ver con las preocupaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias. Miren, dibujan una realidad que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ni con el debate que se produjo en la Comisión o en la ponencia, absolutamente nada que ver. Algunos van a votar en contra de este documento, cuando sus propuestas solo representan el 20 % del documento en su conjunto. Y otros se van a abstener cuando sus enmiendas solo representan el 30 % de este documento.


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Ustedes, cuando no forman parte de un acuerdo, acusan a los demás de pinza. Y no entendieron el mensaje de la sociedad canaria, no lo entendieron. ¿Saben por qué? Porque no forman parte de la historia de la comunidad autónoma, porque no saben lo que se ha discutido y lo que representa cada uno de los acuerdos que se han adoptado aquí en el futuro de Canarias. Entre todos hemos conseguido cimentar nuestra comunidad en valores como la igualdad, la solidaridad, la libertad, el progreso, la justicia social, que están contemplados en este estatuto. Hay un catálogo importante de derechos y deberes de los ciudadanos que no tenía nuestro estatuto. Recuerden que el estatuto actual solo tiene 65 artículos, y lo que se propone hoy a este Pleno va a contar con 201 artículos. Por lo tanto, no se puede negar lo que hemos conseguido estos últimos dos años, una ambiciosa tarea de armonización de nuestra comunidad autónoma, de nuestro autogobierno, de nuestra capacidad de acercar a la Comunidad Autónoma de Canarias, que los problemas se decidan en Canarias.

Claro que hemos resuelto un tema de déficit histórico de nuestra comunidad que es el sistema electoral de Canarias. El sistema electoral en Canarias lo va a decidir el Parlamento de Canarias. Que a nadie le quede ninguna duda. Eso sí, con unas bases que están en este estatuto: que sea más democrático, más proporcional, que la foto final del Parlamento de Canarias represente mejor a la sociedad canaria. Porque la gente no termina de entender cómo el presidente del Gobierno de Canarias en los últimos doce años no ha sido el más votado por la sociedad canaria. Y esto lo queremos cambiar aquí porque está en el Estatuto de Canarias. Por lo tanto, a partir de ahora, el futuro Gobierno de Canarias tendrá tres años para cambiar la ley electoral y se hará en Canarias, se hará en el Parlamento de Canarias, que es donde se deben hacer estas leyes. No va a ocurrir lo que ha pasado durante treinta y seis años de historia de Canarias, porque aquellos que se proclaman nacionalistas y que solo creen en Canarias se negaron a que en la propia comunidad autónoma, allí en Canarias, hubiera una ley electoral. Los socialistas siempre lo hemos defendido, desde el primer momento, desde 2006, de acuerdo con este estatuto. Lo defendimos en 2006, en 2007, en 2015 y lo volvemos a defender. Estamos enormemente satisfechos porque este documento que recoge el apoyo de otras fuerzas políticas, fundamentalmente del Partido Popular, que se incorpora al consenso al que hemos llegado en el trabajo en ponencia, refuerza, justifica y amplía el documento que queremos que sea, insisto, un instrumento de convivencia en nuestra Comunidad Autónoma de Canarias.

Acabo, presidente, como acabé en la Comisión Constitucional. Este documento no hubiera sido lo mismo sin tener el conocimiento, la experiencia y la solvencia de mi compañero Gregorio Cámara. Gregorio ha sido el único diputado de la ponencia que no era canario, pero de su sabiduría y de su aportación, que ha hecho además con absoluta generosidad, quiero dejar constancia en este Pleno como lo hice en la Comisión y quiero agradecérselo personalmente en nombre de mi propio grupo, en nombre de los socialistas canarios y en nombre, estoy convencido, de la mayoría de la sociedad canaria, que cuando lean este documento verán que aquí más de uno se va a quedar retratado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Franquis.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Hernández Bento.

La señora HERNÁNDEZ BENTO: Presidente, señorías, presidente del Gobierno de Canarias, me gustaría comenzar dando las gracias; gracias al letrado, José Luis Peña Aranda, por su disponibilidad, gracias a todos los compañeros de la ponencia, al señor Cámara especialmente, y a la señora Pita también porque, aunque yo no comparta su visión oscura y casi amarga de mis islas, tengo que agradecerle su trabajo y su esfuerzo por conseguir el mayor de los consensos posibles.

Hemos trabajado, desde mi punto de vista, desde la responsabilidad, conscientes de que eran muchas las expectativas generadas, pero también muchas las dudas, por qué no decirlo, y la desconfianza. Había mucha gente que pensaba que no íbamos a ser capaces de llegar a aquí, pero aquí estamos y hemos superado todos esos obstáculos. Les aseguro que para Pablo Matos, para Guillermo Mariscal y para mí misma ha sido un privilegio poder hacerlo en nombre del Grupo Popular. (Aplausos).

Señorías, lo voy a decir de forma clara y tranquila, hoy es un día importante para Canarias y lo es porque un estatuto de autonomía no es una norma cualquiera, es la norma, la norma que regula la convivencia de los canarios en nuestro territorio, en nuestras islas. Reconoce y protege nuestros derechos y libertades constitucionales y nuestra forma particular de autogobierno. ¿Cómo no va a ser un día importante? (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


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Esta propuesta de reforma fue avalada en el Parlamento de Canarias por dos grupos políticos, Coalición Canaria y el Grupo Socialista, y el Grupo Popular en aquel momento no se sumó al acuerdo, pero desde la toma en consideración de la Cámara nosotros hemos trabajado intensamente y lo cierto es que hoy sí estamos en condiciones de mostrar nuestro apoyo a este nuevo estatuto y de esta manera sumarnos al consenso que se ha logrado en torno al estatuto como proyecto político común de todos los canarios. Esta es la vocación clara de cualquier estatuto de autonomía. Nosotros lo hemos entendido así y hemos hecho un esfuerzo en dos sentidos: buscando el equilibrio e intentando respetar la voluntad que emana del Parlamento de Canarias, pero también incorporando todos aquellos aspectos que mejorasen el texto. Y lo hemos hecho, aunque algunos no lo quieran reconocer hoy, desde el diálogo, buscando el entendimiento y el acuerdo y hemos alcanzado -les aseguro- el máximo de los consensos posibles. En el Grupo Parlamentario Popular lo tenemos claro: los canarios, con este nuevo estatuto, ganamos. Estamos convencidos de que es la herramienta adecuada que va a permitir a nuestro archipiélago alcanzar mayores cotas de desarrollo económico y social. Un archipiélago como es el canario, por su situación geográfica excepcional, constituye un territorio singular. Claro que está marcada, por la lejanía del territorio peninsular, la insularidad y también por su carácter atlántico. Han sido a lo largo de la historia muchísimas normas las que lo han reconocido y nos han dado un estatus propio, desde la incorporación -lo recordó alguien aquí- a las Cortes de Castilla. Singularidad, lejanía, insularidad, atlanticidad y ultraperificidad han marcado nuestra historia, nuestro carácter, y lo van a seguir haciendo. En el Grupo Popular lo sabemos y por eso hoy damos un paso más en el reconocimiento de nuestras singularidades. Es necesario que los poderes públicos, en el ámbito de sus competencias, lo tengan en cuenta, que tengan en cuenta estas circunstancias cuando sea preciso adaptar sus leyes y sus políticas.

Los canarios ganamos con este estatuto. Este estatuto refuerza los derechos de los canarios, de todos, de los mayores, de los menores, de las personas con discapacidad, de los dependientes. En el Grupo Popular lo hemos entendido y por eso apoyamos que la política que se impulse desde los poderes públicos canarios sea garantía de libertad, de transparencia, de buen gobierno, de solidaridad, de participación ciudadana, de accesibilidad, de igualdad, de la cohesión económica, social y territorial de nuestro archipiélago.

Señorías, claro que Canarias gana con este nuevo estatuto Gana La Graciosa, que se le reconoce como octava isla. Nosotros, en el Partido Popular, hemos entendido también la voluntad de los canarios de poder participar en lo que atañe a las islas, que se cuente con nosotros en aquellas competencias que, aunque sean estatales, nos afectan como consecuencia de nuestras singularidades. Siempre sin perjuicio de las competencias exclusivas del Estado, apoyamos que se establezcan medidas de cooperación y convenios entre la comunidad autónoma Canaria y el Estado.

Sin duda -lo han hablado prácticamente todos los que me han precedido en el uso de la palabra-, aquí hay dos aspectos relevantes: el régimen electoral y el Régimen Económico y Fiscal. En relación con el régimen electoral, la postura del Grupo Popular ha sido muy clara aquí y también allí en Canarias. Nos hubiese gustado que fuese el Parlamento canario el que llegase a un acuerdo. Esta ha sido nuestra posición siempre, pero es que no ha sido posible; lo hemos intentado pero no ha sido posible. Por eso, nos hemos sumado a la propuesta, que sin ser la nuestra -no lo es, no es la nuestra- es la que ha conseguido el mayor de los consensos posibles, rebaja de los topes electorales, se incorpora la circunscripción autonómica, todo esto con el objetivo de mejorar la proporcionalidad a favor de las islas más pobladas y sin restar diputados a ninguna isla. También entendemos que esta no es la forma deseable y por eso apoyamos también que se establezca un plazo para que en tres años el Parlamento de Canarias elabore la ley.

En relación con el REF, esta semana se aprobó en la Comisión de Hacienda su modificación y de esta forma se han reforzado sus principios, que vienen derivados de nuestro reconocimiento como región ultraperiférica. Y estos principios son los que garantizan que lejanía, insularidad y todas las limitaciones estructurales, porque mi archipiélago las tiene, deben de ser compensadas a través de políticas específicas.

Señorías, el régimen canario no es ningún tipo de privilegio; es la garantía que tenemos los canarios de ser iguales. No queremos ser más, pero tampoco queremos ser menos que el resto de los españoles. Por lo tanto, nos coloca en igualdad de condiciones y nos da las mismas oportunidades que al resto de los españoles. Por eso, en el Partido Popular creemos que es de justicia que todas las partidas adicionales sean eso, adicionales, y por lo tanto no computen en el sistema de financiación autonómica.

Finalizo y lo hago mostrando la satisfacción de mi grupo, del Grupo Popular, también la mía como canaria y seguro que del resto de mis compañeros canarios, porque al sumarnos a este proyecto de


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reforma del estatuto lo hemos hecho posible. Y este nuevo estatuto, sin duda, gana cuando suma; sumando al Grupo Popular gana, pero sobre todo los que ganan son los canarios. Gana Canarias.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

ELECCIÓN DE DIPUTADOS, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004:

- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (Número de expediente 052/000004).

La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a examinar el último punto del orden del día, relativo a la elección de un señor diputado, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales de 11 de mayo de 2004. La diputada propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso es doña Dolors Montserrat Montserrat. Este punto será sometido a votación tras las restantes votaciones previstas para el día de hoy.

Señorías, en tres minutos comenzarán las votaciones. (Pausa).

CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):

- REAL DECRETO-LEY 8/2018, DE 3 DE AGOSTO, POR EL QUE SE MODIFICA EL REAL DECRETO-LEY 16/2014, DE 19 DE DICIEMBRE, POR EL QUE SE REGULA EL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN PARA EL EMPLEO. (Número de expediente 130/000035).

La señora PRESIDENTA: Vamos a proceder a las votaciones.

En primer lugar, señorías, votamos el Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Programa de Activación para el Empleo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338 más 5 votos telemáticos, 343; a favor, 332 más 5 votos telemáticos, 337; abstenciones, 6.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.

- REAL DECRETO-LEY 9/2018, DE 3 DE AGOSTO, DE MEDIDAS URGENTES PARA EL DESARROLLO DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 130/000036).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, al Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más 5 votos telemáticos, 342; a favor, 335 más 5 votos telemáticos, 340; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.

Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338 más 5 votos telemáticos, 343; a favor, 338 más 4 votos telemáticos, 342; en contra, 1 voto telemático.

La señora PRESIDENTA: Se tramita por el procedimiento de urgencia.


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- REAL DECRETO-LEY 10/2018, DE 24 DE AGOSTO, POR EL QUE SE MODIFICA LA LEY 52/2007, DE 26 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE RECONOCEN Y AMPLÍAN DERECHOS Y SE ESTABLECEN MEDIDAS EN FAVOR DE QUIENES PADECIERON PERSECUCIÓN O VIOLENCIA DURANTE LA GUERRA CIVIL Y LA DICTADURA. (Número de expediente 130/000037).

La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, al Real Decreto-ley 10/2018, de 24 de agosto, por el que se modifica la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338 más 5 votos telemáticos, 343; a favor, 172 más 4 votos telemáticos, 176; en contra, 2; abstenciones, 164 más 1 voto telemático, 165.

La señora PRESIDENTA: Queda convalidado. (Prolongados aplausos).

Señorías, se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más 5 votos telemáticos, 342; a favor, 203 más 5 votos telemáticos, 208; en contra, 6; abstenciones, 128.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se tramitará por el procedimiento de urgencia.

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):

- PROPUESTA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CANARIAS. (Número de expediente 127/000002).

La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos a la votación de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias. En primer lugar, vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Enmienda número 18.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 91 en contra, 236; abstenciones, 9.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda 32.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 334; a favor, 30; en contra, 295; abstenciones, 9.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmiendas 54 a 59.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 30; en contra, 296; abstenciones, 9.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Enmienda 77.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 91; en contra, 236; abstenciones, 9.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Enmienda 98.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 31; en contra, 297; abstenciones, 8.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 31; en contra, 297; abstenciones, 8.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Vamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Votamos en bloque las enmiendas de dicho grupo.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 64; en contra, 264; abstenciones, 8.

La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.

Vamos a votar ahora, señorías, los votos particulares. Voto particular del Grupo Parlamentario Mixto en relación con el artículo 37.2 b).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 96; en contra, 230; abstenciones, 10.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Voto particular del Grupo Parlamentario Ciudadanos en relación con el artículo 37.2 b).

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 91; en contra, 235; abstenciones, 10.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Resto del voto particular del Grupo Parlamentario Mixto en relación con el artículo 37.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 108; en contra, 219; abstenciones, 8.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Voto particular del Grupo Parlamentario Mixto en relación con la disposición transitoria primera.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 13; en contra, 314; abstenciones, 8.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Vamos a votar el dictamen de la Comisión. En primer lugar, votaremos los artículos 42, 44, 46, 56 a 58, 75, 78, 79, 82, 149 y 163.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 234; en contra, 94; abstenciones, 8.


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La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.

Disposición transitoria primera de dicho dictamen.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 282; en contra, 15; abstenciones, 39.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

Resto del dictamen de la Comisión.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 260; en contra, 64; abstenciones, 11.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.

VOTACIÓN DE CONJUNTO:

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a hacer la votación de conjunto de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias por tener carácter orgánico.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336 más 5 votos telemáticos, 341; a favor, 237; en contra, 60 más 4 votos telemáticos, 64; abstenciones, 39 más 1 voto telemático, 40.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias.

Muchísimas gracias.

ELECCIÓN DE DIPUTADOS, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (VOTACIÓN):

- ELECCIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO TERCERO DE LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE SECRETOS OFICIALES, DE 11 DE MAYO DE 2004. (Número de expediente 052/000004).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora, señorías, a la elección de diputados, de conformidad con el punto tercero de la resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos oficiales de 11 de mayo de 2004.

Vamos a proceder a la elección mediante votación por papeletas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 205 en relación con el 204 del Reglamento, resultando elegido el diputado que alcance una mayoría de tres quintos, es decir, 210 votos. Cada diputado escribirá un nombre en su papeleta. Les recuerdo que serán nulas las papeletas que contengan más de un nombre o este no corresponda con un diputado del Grupo Popular en el Congreso. La diputada propuesta por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso es doña Dolors Montserrat Montserrat. En esta votación se han emitido cinco votos telemáticos: de doña Irene María Montero Gil, de doña María Auxiliadora Honorato Chulián, de don Alberto Garzón Espinosa, de don Miguel Ángel Bustamante Martín y de don Rodrigo Gómez García, que voy a proceder a continuación a introducir en la urna.

Ruego al señor secretario proceda al llamamiento de las señoras y los señores diputados.

Por los señores secretarios de la Mesa se procede al llamamiento de las señoras y los señores diputados, quienes van depositando su papeleta en la urna.

La señora PRESIDENTA: ¿Alguna señora o señor diputado no ha sido llamado a votación? (Denegación). Comenzamos el recuento.


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Comienza el escrutinio.

Terminado el escrutinio, dijo

La señora PRESIDENTA: El resultado de la votación ha sido el siguiente: votos emitidos, 337; votos a favor de doña Dolors Montserrat Montserrat, 334; votos en blanco, 3. Por tanto, al haber obtenido más de los tres quintos de los votos de los miembros de la Cámara, la señora Dolors Montserrat Montserrat ha resultado elegida a los efectos de la resolución de la Presidencia de 11 de mayo de 2004.

Enhorabuena, señoría. (Aplausos).

Se levanta la sesión.

Eran las dos y cincuenta y cinco minutos de la tarde.

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