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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 145, de 11/09/2018
cve: DSCD-12-PL-145
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 145
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 138
celebrada el martes,
11 de septiembre de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Exclusión del orden del día ... (Página6)

- Propuestas de Resolución relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial:

- Propuestas de resolución presentadas con motivo del debate de la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del Consejo General del Poder Judicial y de los Juzgados y Tribunales de Justicia, así como Memoria del Tribunal Supremo, correspondientes al año 2016. (Número de expediente 245/000003) ... (Página6)

Modificación del orden del día ... (Página6)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:

- Del Parlamento de las Illes Balears, de modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 275-1, de 11 de junio de 2018. (Número de expediente 125/000019) ... (Página6)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para modificar la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en lo relativo al procedimiento de autorización de cierre de instalaciones de generación eléctricas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 269-1, de 7 de mayo de 2018. (Número de expediente 122/000238) ... (Página14)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar medidas contra la turismofobia en España. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 380, de 29 de junio de 2018. (Número de expediente 162/000696) ... (Página23)


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- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la atención del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia a las personas desplazadas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 360, de 1 de junio de 2018. (Número de expediente 162/000666) ... (Página30)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. (Número de expediente 173/000098) ... (Página36)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los problemas geotécnicos y de seguridad en el recrecimiento de la presa de Yesa y las perspectivas de transparencia y diálogo social. (Número de expediente 173/000099) ... (Página42)

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página49)

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página49)

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página50)

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página50)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página50)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres de la tarde.

Exclusión del orden del día ... (Página6)

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día del punto correspondiente a las Propuestas de Resolución relativas a las Memorias del Consejo General del Poder Judicial, lo que se aprueba por asentimiento.

Modificación del orden del día ... (Página6)

La Presidencia informa de la modificación del orden del día en el sentido de que la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (señor Campuzano), sobre la forma en la que el Gobierno piensa sustanciar el diálogo anunciado con el Gobierno de la Generalitat y sobre sus prioridades de acción de gobierno para Cataluña, se debatirá en la sesión de mañana miércoles.


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Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página6)

Del Parlamento de las Illes Balears, de modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización ... (Página6)

En turno a favor intervienen la señora Riera i Martos, del Grupo Parlamentario Popular, el señor Martí i Llufriu, del Grupo Parlamentario Més per Menorca, y el señor Casanova Peiro, del Grupo Parlamentario Socialista, representantes del Parlamento de las Illes Balears.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Navarro Fernández-Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; así como las señoras De la Concha García-Mauriño, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Hernanz Costa, del Grupo Parlamentario Socialista, y Palmer Tous, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página14)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para modificar la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en lo relativo al procedimiento de autorización de cierre de instalaciones de generación eléctricas ... (Página14)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley el señor Herrero Bono, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Rodríguez Hernández, doña Melisa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y la señora Lucio Carrasco, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposiciones no de ley ... (Página23)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar medidas contra la turismofobia en España ... (Página23)

Defiende la proposición no de ley la señora Navarro Cruz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez González, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Jiménez Tortosa, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Mixto, y Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); así como la señora Martín González, doña Lucía, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Navarro Cruz.


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Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la atención del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia a las personas desplazadas ... (Página30)

Defiende la proposición no de ley la señora Ramón Utrabo, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Sorlí Fresquet, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Clemente Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y las señoras Salud Areste, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Navarro Lacoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Ramón Utrabo.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página36)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reforma del modelo de financiación autonómica ... (Página36)

Defiende la moción el señor Marí Bosó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto, la señora Oramas González-Moro para fijación de posición, y el señor Martínez Oblanca para defender su enmienda, del mismo grupo; así como los señores De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y López Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Marí Bosó.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los problemas geotécnicos y de seguridad en el recrecimiento de la presa de Yesa y las perspectivas de transparencia y diálogo social ... (Página42)

Defiende la moción el señor Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición el señor Alli Martínez, del mismo grupo; y el señor Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Garaulet Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Santos Itoiz.


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Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página49)

El señor don Mariano Pérez-Hickman Silván adquiere la condición plena de diputado al prestar acatamiento a la Constitución.

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página49)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de las Illes Balears, de modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, se aprueba por 320 votos a favor más 5 votos telemáticos, 325, y 2 abstenciones.

Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página50)

Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para modificar la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, en lo relativo al procedimiento de autorización de cierre de instalaciones de generación eléctricas, se rechaza por 137 votos a favor, 184 en contra más 5 votos telemáticos, 189, y 1 abstención.

Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página50)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar medidas contra la turismofobia en España, se aprueba por 252 votos a favor, 65 en contra y 4 abstenciones.

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la atención del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia a las personas desplazadas, se aprueba por 317 votos a favor y 5 abstenciones.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página50)

Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la reforma del modelo de financiación autonómica, se aprueba por 169 votos a favor, 87 en contra y 66 abstenciones.

Sometida a votación por puntos la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los problemas geotécnicos y de seguridad en el recrecimiento de la presa de Yesa y las perspectivas de transparencia y diálogo social, se rechaza el punto cuarto por 70 votos a favor, 251 en contra y 1 abstención, y el resto de puntos se rechazan por 70 votos a favor, 252 en contra y 1 abstención.

Se suspende la sesión a las siete y quince minutos de la tarde.


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Se abre la sesión a las tres de la tarde.

EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN RELATIVAS A LAS MEMORIAS DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.

- PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS CON MOTIVO DEL DEBATE DE LA MEMORIA SOBRE EL ESTADO, FUNCIONAMIENTO Y ACTIVIDADES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES DE JUSTICIA, ASÍ COMO MEMORIA DEL TRIBUNAL SUPREMO, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2016. (Número de expediente 245/000003).

La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de excluir el punto IX, correspondiente a las propuestas de resolución relativas a las memorias del Consejo General del Poder Judicial. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.

MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

La señora PRESIDENTA: Por otra parte, señorías, les informo de que, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, el punto 7 del orden del día, correspondiente a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, se debatirá en la sesión de mañana.

Muchas gracias.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:

- DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN. (Número de expediente 125/000019).

La señora PRESIDENTA: Comenzamos ahora, señorías, con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de las Illes Balears, de modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Por ello, nos acompañan tres representantes del Parlamento de las Illes Balears, que integran la delegación que defenderá la propuesta y a quienes doy la bienvenida en nombre de la Cámara, así como a la señora consejera. Muchas gracias, señorías.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar, doña María Núria Riera i Martos.

La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS (Riera i Martos): Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Es un honor intervenir en esta Cámara en representación del Grupo Parlamentario Popular de Baleares y en defensa de la modificación de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en lo que se refiere a la regulación de la actividad del deporte base. Nuestro grupo considera indudable que la disposición adicional decimosexta de dicha ley surgió acertadamente para regularizar las relaciones entre los clubs deportivos y sus trabajadores. Basándose en esa disposición, se llevaron a cabo campañas de inspección que permitieron detectar muchos supuestos de irregularidad laboral y poner orden mediante contratos a tiempo parcial, protegiendo a los trabajadores que no estaban dados de alta y eran privados de sus derechos laborales. Pero también, por el contrario, la aplicación de la norma ha permitido comprobar que en otros muchos casos no existe una auténtica relación laboral, sino una actividad propia del voluntariado deportivo; un deporte amateur que no puede quedar reducido exclusivamente a una contratación laboral ni exigir que las compensaciones que reciben los voluntarios se consideren retribuciones. Ello obligaría a monitores y entrenadores, en su mayoría chavales, a darse de alta como autónomos, facturar y cotizar por las pequeñas remuneraciones que reciben, y generaría situaciones de incompatibilidad laboral para muchos otros, que quedarían automáticamente excluidos. Y a los clubs,


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mayoritariamente pequeños, les resultaría inviable pagar las cotizaciones sociales y efectuar todo el papeleo de altas y salarios. En definitiva, señorías, la aplicación rigurosa de la norma supondría encarecer el deporte base; aumentar la desigualdad de oportunidades para la población juvenil, ya que no todos podrían acceder, y eliminar de un plumazo la importante labor social y la formación en valores que desempeña este deporte.

Si estas actividades han estado durante años en una burbuja legal, en un limbo jurídico, quizás ha sido amparado por el propio sentido común o el instinto de supervivencia. Por ello, desde Baleares proponemos la elaboración de un plan de apoyo económico y de mejora del deporte base; un plan que regule esta actividad... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.

La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS (Riera i Martos): ..., un plan que determine que las compensaciones económicas no puedan ser consideradas salarios porque son eso, compensaciones, y que fije medidas para asegurar el mantenimiento de la red de voluntarios deportivos. Asimismo, se propone el impulso de un régimen especial en materia fiscal para garantizar su viabilidad.

Siempre que se ha planteado una demanda social, señorías, el Partido Popular balear se ha posicionado del lado de las personas y por dos veces hemos aprobado por unanimidad en el Parlamento balear esta proposición de ley, pero también en el Partido Popular balear somos conscientes de que hacer reivindicaciones requiere coherencia y honestidad. Honestidad es reconocer que las dos proposiciones de ley, la que formulamos en 2015 y la que presentamos hoy en 2018, que sustancialmente son iguales y tuvieron el mismo consenso en la Cámara balear, tienen una diferencia abismal, que es el entorno económico en que se producen. En 2015 estábamos en situación de recuperación económica, después de una grave crisis social y política, y las reformas urgentes que tuvimos que aplicar obligaban a sacrificar algunas demandas para salvar muchas necesidades. Actualmente, en 2018, las reformas que aplicó en aquel momento el Gobierno popular, responsable, han dado la vuelta al panorama político, han dado la vuelta al panorama económico y se pueden atender otras prioridades que quedaron hasta entonces en segundo plano. Por tanto, la interpretación de uno y otro momento, aplicando en este caso la coherencia, no puede ser la misma. Dos momentos diferentes y una misma petición que ahora sí puede prosperar, porque no depende de una urgencia económica, depende de una sensibilidad política. No hay duda, señorías, de que tienen que existir posibilidades legales para dar respuesta sensata, equilibrada y jurídicamente solvente a todas las entidades del deporte base y diferenciarlas, eso sí, de aquellas otras entidades deportivas en las que sí hay relaciones laborales y sí se generan beneficios para las mismas. Hablamos del equilibrio entre dos realidades deportivas: un deporte profesional y un deporte amateur formativo en valores. Pongamos todos, pues, nuestro esfuerzo para que este deporte de base siga siendo parte de esa realidad.

Muchas gracias por su tiempo. Gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra don Joan Manel Martí i Llufriu.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS (Martí i Llufriu): Muchas gracias, señora presidenta. Señores diputados, señoras diputadas, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Menorca, isla por la que soy diputado del Parlament de las Illes Balears.

Decía Woody Allen que el 90% del éxito se basa simplemente en insistir y hoy desde nuestro grupo, Més per Menorca, y desde el Parlament queremos insistir, como hacen los deportistas reiteradas veces, en que es necesario un régimen especial, laboral y fiscal, para los clubs y entidades deportivas sin ánimo de lucro que hacen deporte base, deporte formativo, con el fin de reconocer, proteger y fomentar su actividad. Porque hablamos de clubs y entidades deportivas que no son ni deben ser tratadas como un negocio y sí como entidades que desarrollan una labor social fundamental. Digo que queremos insistir porque no es la primera vez que se plantea esta cuestión. Ya en la tramitación en el Congreso, la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización fue objeto de múltiples enmiendas por parte de los grupos parlamentarios del Congreso que iban todas en el mismo sentido y que fueron rechazadas. También el Parlament de las Illes Balears, en el año 2015, como se ha dicho, y después, en 2017 -es la que hoy debatimos-, presentó esa misma iniciativa, propuesta firmada por todos los grupos parlamentarios y aprobada por unanimidad. No fue aceptada, fue rechazada en su tramitación.


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Queremos insistir en que el deporte es, puede y debe ser una práctica positiva desde el punto de vista tanto de la salud física y la calidad de vida personal como de la salud y la calidad de vida colectiva, que tiene que ver con los valores que fomentan la socialización y la convivencia. No es extraño, por tanto, que ya en 1975 la Carta europea afirmara que la práctica del deporte es un derecho y que los poderes públicos tienen el deber de impulsarla y estimularla de manera apropiada. Hay que insistir en que hablamos de deporte base, de deporte amateur, que se inicia y se practica en el 80% de los casos a través de entidades y de clubs deportivos sin ánimo de lucro. No hablamos del deporte profesional ni del deporte de élite ni del deporte como espectáculo. El club deportivo es, sin lugar a dudas, uno de los pilares fundamentales, si no el fundamental, sobre el cual se basa la práctica del deporte. El club es el instrumento para aprender y practicar un deporte pero también para educar a un niño y para mejorar la salud de las personas. La realidad social de los clubs deportivos en las Islas Baleares y en el conjunto del Estado no es nada despreciable. Solo en las Islas Baleares hay 1856 clubs deportivos registrados, 48 federaciones y más de 100 000 licencias federadas. Durante estos últimos años, los clubs y entidades deportivas han hecho un gran esfuerzo para incorporar la profesionalización en su gestión y formación deportivas, y ha sido muy positivo; pero esta imprescindible profesionalización sigue necesitando de la figura del voluntariado. Las dos figuras -voluntariado y profesional- no son incompatibles, sino imprescindibles y complementarias. En este sentido, vale la pena recordar la respuesta del Gobierno en el año 2016 que sirvió a la Mesa del Congreso de los Diputados para no tomar en consideración la proposición de ley aprobada por el Parlament de las Illes, y en ella el Gobierno ponía de manifiesto que entre 2012 y 2014 se habían llevado a cabo 3950 solicitudes inspectoras, de las que se habían derivado 4185 altas en la Seguridad Social. Eso es bueno y es cierto, es así, pero el Gobierno también tendría que haber dicho que en ese proceso más de 7000 voluntarios que hasta entonces eran compensados, que no tenían cabida ni en la Ley del Voluntariado ni podía considerarse que había relaciones laborales, dejaron de llevar a cabo su actividad.

En definitiva, creemos y defendemos que las entidades y clubs deportivos sin ánimo de lucro necesitan -y de ello depende su supervivencia- de una buena conjugación entre profesionalidad y voluntariado, y que esto requiere de una regulación especial y específica, tanto laboral como fiscal, que incluya exenciones en las cotizaciones, nuevas figuras contractuales, especificidades en la tributación, etcétera, que sean equitativas y que hagan efectivo, en definitiva, el derecho de los ciudadanos a practicar y aprender un deporte, que es también el deber de los poderes públicos a impulsar y estimular de manera apropiada el deporte base. Les pedimos, por tanto, hoy el apoyo a todos los grupos parlamentarios para que, al fin, esta vez sí, esta iniciativa salga adelante.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Tiene la palabra don Enrique Casanova Peiro.

El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS (Casanova Peiro): Gracias, presidenta.

Señoras y señores diputados, para mí es todo un honor estar en esta tribuna hoy, que no puedo dejar de agradecer, más cuando vengo a presentar a esta Cámara, conjuntamente con mis compañeros, una proposición de ley que llega desde las Islas Baleares y que cuenta con el consenso de todos los grupos parlamentarios de la Cámara autonómica. Por ese motivo, considero que es de justicia que se dé la aprobación aquí, porque esta propuesta necesita iniciar todo un recorrido parlamentario y necesita salir adelante con el mismo consenso con el que venimos hoy a presentarla.

¿Por qué tiene consenso previo esta propuesta? Tiene consenso porque es una propuesta que sale de la sociedad civil, sale de los mismos clubs, es una demanda que los mismos clubs hacen a los partidos políticos y que todos los partidos políticos han decidido impulsar desde la Cámara balear. En Baleares, el deporte, concretamente el deporte base, es fundamental para poder crear una sociedad más cohesionada y más avanzada. Y a pesar de que esta es una modificación de la Ley de Emprendedores, esta propuesta afecta a un aspecto muy concreto y crucial, que es el deporte, más concretamente el deporte base. Este deporte base permite que nuestros hijos puedan recibir los valores necesarios para el crecimiento personal y permite, además, generar cohesión, generar tejido social. Es el deporte base el que facilita, a través de la existencia de clubs y agrupaciones, la generación de un tejido social para que nuestras hijas puedan sentirse parte del grupo, para que nuestros jóvenes puedan desarrollar proyectos con objetivos comunes. El trabajo de los clubs deportivos, aparte de tener un carácter formativo e instructivo, también resulta fundamental para la población, porque esta tiene que entender la importancia de la práctica del deporte y


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facilitar el desarrollo de conductas que permitan mejorar la calidad de vida y los valores asociados al mismo. Los clubs y asociaciones deportivas que trabajan en deporte base muchas veces lo hacen de manera altruista, con mucha voluntad, con mucha dedicación, con mucho empeño, lo que ha permitido el desarrollo de una red de trabajo que necesita el apoyo de las instituciones y también de la Administración.

Los clubs deportivos de deporte base optaron por la profesionalización, incorporaron voluntariado con carácter deportivo a la vez que personal para poder desarrollar sus actividades, pero este personal voluntario tiene que hacer muchas veces frente a gastos de desplazamiento, equipaciones, etcétera, que no pueden ser consideradas como salario y no se pueden establecer como base de una relación laboral. Por eso, consideramos que después de la aprobación de la ley, con el trabajo que se hizo por parte de la Inspección de Trabajo, se consiguió dar de alta a muchos de estos voluntarios, pero al final la prueba evidente es que se acabaron dando de baja, lo que puso de manifiesto que los clubs deportivos no profesionales no pueden soportar toda una carga de gastos referidos a contratación de personal, etcétera, con lo cual se prescindió de muchos voluntarios, que necesitamos recuperar.

Ahora venimos aquí a insistir en esta modificación; esta modificación solo intenta facilitar la supervivencia de muchos clubs deportivos. Intenta mejorar el desarrollo y el fortalecimiento del deporte base. Intenta que a las actividades de carácter laboral se puedan añadir aquellas que realiza el voluntariado. Ahora pido a esta Cámara que apoye esta proposición e inicie su recorrido parlamentario para asegurar el equilibrio entre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de las entidades deportivas y las características de estas entidades, gestionadas muchas veces con muy pocos recursos pero que hacen una ingente labor. Señorías, es el momento de dar el apoyo institucional que requieren los clubs deportivos y, a la vez, el apoyo administrativo, y apoyar la cohesión y avanzar en las prácticas de políticas que se dedican a mejorar la vida de todos y todas y elevar la calidad de vida.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Agirretxea.

Adelante, señoría.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

Hoy es el Día Nacional de Cataluña. Quisiera felicitar a todos los catalanes y, en especial, a aquellos que no pueden compartirlo con su gente porque se encuentran en la cárcel.

Tenemos hoy una proposición de ley de modificación de la Ley 14/2013 que nos viene del Parlament de las Illes Balears y, tal y como sus representantes nos han explicado perfectamente, se trata de algo que, para empezar, habría que buscar su origen; su origen es que se metió de matute en una ley que nada tenía que ver con este asunto, en una ley de emprendedores. Es una cuestión relacionada directamente con el voluntariado y con las personas que prestan sus servicios voluntariamente en infinidad de clubs deportivos y en actividades de educación física que tanto nos benefician a todos y que tan necesarios son para nuestra sociedad.

El objeto y el objetivo de esta modificación es algo que seguramente compartimos todos, porque está claro que las relaciones entre las personas que actúan en el ámbito del deporte con clubs y entidades deportivas responden a los vínculos diferenciados: o son trabajadores y trabajadoras con vínculo laboral o son voluntarios o voluntarias, en cuyo caso se les aplica el régimen de voluntariado, en el que las cantidades percibidas como compensación no se consideran salarios.

Sin duda alguna, algunos entienden que no se han debido hacer muy bien las cosas para llegar a la situación a la que hemos llegado. En Euskadi lo hemos tenido claro desde el principio y a las personas que han prestado esto se les ha aplicado la ley que en el tema del voluntariado se aplica en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Por este motivo, el Gobierno vasco editó una guía sobre la regularización laboral y del voluntariado en el deporte base, precisamente porque veía que se producía esta situación, porque el Ministerio de Empleo y Seguridad Social suscitó nuevamente la obligatoriedad, también en el ámbito del deporte, de adecuar las normas laborales vigentes a las prestaciones desarrolladas por todas las personas vinculadas a las entidades deportivas, siempre que la actividad realizada tuviera carácter laboral. La cuestión aquí es: ¿Qué es ser un asalariado y qué es ser un elemento voluntario? Desgraciadamente, el estudio sobre la actividad desarrollada en los clubs y entidades deportivas sin ánimo de lucro, que elaboró el ministerio, suscitó su obligatoriedad y, a partir de ahí, el Tribunal Supremo ha asentado una interpretación amplia de lo que debe considerarse como vínculo laboral sin que la cuantía abonada por las


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entidades deportivas, sea elevada o sea exigua, tenga relevancia de cara a esta consideración. Por lo tanto, lo que se pretende con esta modificación que nos viene de las Illes Balears es dulcificar de alguna manera lo que la ley tan estrictamente marcaba, que hacía que todo aquel que prestara un servicio tuviera que convertirse al final en un asalariado y, tal y como se ha dicho, muchas entidades no pueden sostener lo que eso supone. También es verdad que, a expensas de eso, ha habido situaciones irregulares en las que verdaderos asalariados, o los que verdaderamente deberían haber sido asalariados, han estado funcionando como voluntarios. Por lo tanto, ni un extremo ni el otro; racionalicemos las cosas porque, evidentemente, como se dice en esta guía, se diferencia perfectamente lo que es un voluntario de lo que es un asalariado, que requiere su retribución, que requiere una voluntariedad, que requiere que esté por cuenta ajena, que tenga un régimen de dependencia efectiva, etcétera. Todos sabemos cuáles son las condiciones que hacen que alguien sea un asalariado, mientras que en el voluntariado se compensan sus gastos, y eso es lo que se tiene que acreditar. En la Ley de Voluntariado vasco se recoge perfectamente que todas aquellas personas que prestan sus servicios deben acreditar después esos gastos que se han realizado para que sean compensados.

Dicho esto, jurídicamente o según la técnica jurídica, creo que el texto que se nos presenta no ha atinado demasiado, porque consideramos que tiene ciertas lagunas que deberían ser subsanadas. Por lo tanto, esperamos que, si en algún momento este trámite es superado, este proyecto de ley pueda ser modificado o ser redactado de una manera más adecuada. Mi grupo no se va a oponer porque consideramos que esta situación es una situación real que se produce en muchísimos clubs y que eso ha de darse. Por último, quiero decir que, en el caso de Euskadi, el deporte es competencia exclusiva en materia deportiva del Gobierno vasco, es decir, de las instituciones vascas, y que en la parte fiscal que ustedes proponen en el último punto hay que tener en cuenta que en las de régimen común, evidentemente, deberá legislar el Gobierno, pero que en materia de IRPF son las instituciones forales vascas las que son competentes a la hora de decidir cuáles deben ser esas cuantías.

Muchísimas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Navarro Fernández-Rodríguez.

El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.

Quiero dar la bienvenida a los diputados del Parlamento balear; bienvenidos.

Señorías, de esta proposición de ley nos gustaría separar dos cuestiones. En cuanto a la materia que trata, es decir, el panorama general, no podemos estar más de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo en la importancia del deporte base, primero, porque ejerce una función esencial en la sociedad y todo lo que conlleva en cuanto al aprendizaje para niños y jóvenes para aprender a trabajar en equipo, a competir deportivamente, a ganar y a perder, a levantarse y volver a jugar, pero además para llevar hábitos de vida saludables. Todo esto hace que el deporte base tenga una importancia decisiva. Como ustedes saben, afortunadamente, en Baleares goza de bastante buena salud con casi 2000 clubs, 48 o 49 federaciones, cerca de cien mil licencias.

Y si estamos de acuerdo en la importancia del deporte base, también estamos de acuerdo en que ahora mismo existe una situación peculiar. En lo que se refiere al deporte profesional, se ha avanzado a pasos de gigante en aspectos como el régimen tributario, la cobertura aseguradora -en esta legislatura hemos aprobado PNL en este sentido, en ampliar la cobertura aseguradora-, en prevención médica -por ejemplo, los programas de prevención de cardiopatías-, pero en el deporte de base pasa lo contrario, existe toda una red de voluntarios -entrenadores, preparadores- sin ánimo de lucro, que no cobran salarios, que en todo caso cobran remuneraciones compensatorias por los gastos en que incurren -frecuentemente en B, en este caso-, miles de ellos sin recibir formación específica y sin que les sean reconocidas las horas que emplean, en este caso en los trabajos que realizan voluntariamente. Y por supuesto sin las garantías y coberturas, no ya de los deportistas de elite, sino de los trabajadores por cuenta propia o ajena. Son personas -no lo olvidemos- en las que hemos delegado la educación deportiva y en valores de más de quinientos mil deportistas en edad escolar y de más de un millón y medio en el ámbito universitario solo en lo que se refiere a los torneos de ámbito nacional. Por tanto, si agregáramos las cifras autonómicas y locales -que, obviamente, es la más grande- la cifra sería muy, muy superior.

Corregir esta situación, dotar de cobertura a estos voluntarios que trabajan sin ánimo de lucro, es posible que fuera el espíritu que animaba a la Ley 14/2013, cuando decía: regular la relación de los


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trabajadores de clubs y asociaciones deportivas sin ánimo de lucro. Ahora bien, está claro que limitarse a exigir la cotización de los voluntarios que prestan su servicio presenta muchos problemas. Por un lado, puede ser excesivamente gravoso para el club y eso haga que los clubs, en lugar de registrar a los trabajadores, prescindan de ellos. Pero, por otro lado, también puede ser gravoso para el propio voluntario. Pensemos en un estudiante que percibe una beca y que tiene que renunciar a ella por la percepción de un trabajo remunerado. De esto se trata entonces, de cómo regularizar la situación del voluntariado de base y de cómo ampliar su protección sin desmantelarlo. Por estas dos cosas, por la importancia del deporte de base y por la existencia de una singularidad, estamos de acuerdo en que se debe acometer una reforma.

Ahora bien, en cuanto al contenido de la proposición, ya es otra cosa. En su defensa en el Parlamento balear se pedía que exista un régimen específico o especial, laboral y fiscal, que dé respuesta a la realidad de los clubs y asociaciones deportivas del deporte de base, con lo que estamos -insisto- completamente de acuerdo. Pero esto no se traslada al texto. Miren, esta proposición de ley es poco clara en cuanto a las modificaciones fiscales que quiere hacer. Por esa misma razón, es extraño que se limite a modificar la Ley 14/2013, cuando tendría que incluir toda la legislación tributaria -que habría que modificar- e incluso el régimen de autónomos. Por otra parte, es redundante en otros aspectos, como es el hecho de que ya existe un Plan 2020 de apoyo al deporte base, el cual contenía ya deducciones significativas del 15% del gasto de publicidad en el impuesto sobre sociedades y se incluía el correspondiente logo, y deducciones de hasta el 90% de las donaciones. En todo caso, nos queda claro si el plan que se propone aquí es uno nuevo, una continuación hasta 2030 o una reforma del mismo. Y hay un asunto adicional, hay que recordar que las competencias sobre el deporte de base son autonómicas. Ustedes proponen que el Consejo General de Deportes sea quien patronee la reforma, pero -como saben- se dedica primordialmente al deporte de élite, por lo que creemos que aquí las comunidades autónomas también tienen que hacer los deberes.

En resumen, más que una proposición de ley parece una proposición no de ley, llena de buena voluntad pero que se limita a instar al Gobierno a que haga cosas. De todos modos, como ya dijimos en el Parlamento balear, nosotros vamos a votar a favor de la toma en consideración con el fin de que se abra un debate y con el fin de ir rellenándola de contenido en el proceso de tramitación.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora De la Concha García-Mauriño.

La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Señora presidenta, señorías, hoy damos la bienvenida a miembros del Parlament balear que nos traen a debate una iniciativa sobre la regulación de los clubs deportivos. Benvinguts a aquesta casa que també és la vostra.

Sus señorías conocen los datos porque ya han sido expuestos en esta Cámara y en diferentes Comisiones repetidamente. La pobreza infantil en España alcanza un escandaloso 30%, y el sobrepeso y la obesidad infantil un enorme 40%, solo por debajo de las cifras de Chipre. Ambos datos -como sabemos- están estrechamente relacionados. Para todos estos niños, niñas y adolescentes una alimentación adecuada es vital, pero también el ejercicio físico y la práctica de algún deporte.

Los clubs deportivos, especialmente en barrios desatendidos en el entorno rural, en pueblos pequeños, representan una oportunidad para nuestra infancia y para nuestra juventud, una oportunidad de salud, de autoestima, de ocio, de socialización, de integración, de igualdad entre niños y niñas. El deporte de base fomenta valores de solidaridad y de colaboración; forma parte del tejido asociativo de los pueblos, facilita la integración de poblaciones en riesgo de exclusión social y, sobre todo, crea comunidad. Además, en muchos de estos clubs se ha ido creando una cantera de deportistas que luego pudieron seguir camino gracias a esta primera oportunidad que se les brindó.

Es evidente que debería ser una tarea fundamental del Gobierno garantizar este derecho, el derecho al acceso al deporte y al ejercicio físico del conjunto de la población, especialmente infantil y juvenil. Es una cuestión de salud pública y de equidad. Pero, como en tantos otros ámbitos, la llamada crisis económica y política de recortes del anterior Gobierno afectó a los ya de por sí muy frágiles presupuestos dedicados a la infancia. Pedimos al nuevo Gobierno que tome las medidas necesarias para revertir esta situación. En España existen más de sesenta mil clubs deportivos. Los clubs sin ánimo de lucro, muchos de ellos en situación precaria, se han valido de la figura del voluntariado para poder sacar adelante a sus


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equipos y que multitud de adolescentes, niños y niñas, puedan acceder a la práctica deportiva. Gracias a la colaboración desinteresada de este voluntariado muchísimas niñas y muchísimos niños pueden disponer de un centro en el que reunirse, en el que jugar, en el que entrenar, en el que competir, en el que hacerse mayores.

El problema surge cuando en algunos de estos clubs la figura del voluntariado se utiliza como subterfugio para evitar la contratación de personal técnico deportivo. Esta fórmula se ha ido extendiendo y ha acabado por precarizar un sector que ya de por sí es complicado, perjudicando sobre todo a los técnicos deportivos, que aparecen como falsos voluntarios, como existen también los falsos autónomas en otros sectores. Se trata, además, en su mayoría de técnicos jóvenes, chicos y chicas recién formados como profesionales deportivos que están dando sus primeros pasos en su carrera profesional en estos clubs. Tampoco podemos obviar el hecho de que la mejor manera de controlar la calidad de los servicios que se están prestando a nuestros niños y niñas es mediante una relación contractual que garantice la cualificación necesaria del personal a su cargo. Estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de seguridad y estamos hablando de salud. No se nos escapa que forzar a los clubs deportivos a una regularización laboral masiva de sus técnicos puede llevarles a la ruina y a su desaparición, dejando así a muchos jóvenes sin posibilidad de acceso a la actividad deportiva. Por eso, creemos que es importante que el Gobierno incentive el Plan de apoyo al deporte de base y que se reúna con todas las partes implicadas para llegar a una solución que defienda a la vez los derechos del personal técnico deportivo, los del voluntariado y, sobre todo, el derecho de la infancia a disfrutar de actividades de deporte. Esta solución no puede llevar, sin embargo, a la desaparición de los más de sesenta mil clubs deportivos que hay actualmente inscritos. Nuestro voto será a favor de esta iniciativa presentada por el Parlament balear, donde, por cierto, fue aprobada por unanimidad.

Muchas gracias. Moltes gràcies. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Hernanz Costa.

La señora HERNANZ COSTA: Gracias, señora presidenta.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes del Parlament balear y a la consellera d'Esports y Cultura del Govern balear a esta, que es su casa, y trasladarles que su presencia en este hemiciclo me produce una especial y personal satisfacción. Benvinguts. Me satisface no solo por mi condición de orgullosa isleña, sino especialmente porque la iniciativa que hoy nos trae aquí el Parlament balear por unanimidad para su toma en consideración pone el acento en lo que en los últimos años se ha convertido en la seña de identidad de nuestra comunidad autónoma, el trabajo para y por las personas, la defensa de los derechos sociales y la lucha por la cohesión social. De eso es de lo que habla esta iniciativa, de fomento del deporte y, por tanto, de lucha contra la desigualdad, de educación en valores y de integración social. El deporte es, en definitiva, salud y bienestar. Además, el acceso al mismo viene tutelado por nuestro propio texto constitucional y, por tanto, compete a todos los poderes públicos su defensa y su promoción. Nuestra Constitución y nuestro sistema competencial convierten el deporte en una materia concurrente del conjunto de administraciones públicas y niveles de gobierno que hace imprescindible la búsqueda de consenso en un sector en torno al cual se articula una de las mayores manifestaciones del movimiento asociativo en nuestro país. Precisamente por ello, no fue un acierto del anterior Gobierno intentar regular un sector tan amplio, complejo en su realidad y necesario en nuestra sociedad a través de una breve disposición adicional de una ley, la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, que, conjuntamente con una campaña muy intensa de inspección, provocó hace tres años una intensa zozobra y temor en miles de clubs deportivos cuya máxima prioridad es y era la promoción del deporte de base.

Señorías, lo fundamental ahora es aprender de los errores pasados y asumir que el deporte, su promoción y su defensa en todas sus manifestaciones es cosa de todos, de todas las escalas de la Administración, y que legislar unos a espaldas de otros en materias tan sensibles, atrincherarse en cuestiones competenciales o la falta de comunicación entre departamentos pueden provocar consecuencias devastadoras en aquello que debe ser la máxima prioridad de todos los representantes públicos, la defensa de los derechos de los ciudadanos. Por tanto, lo fundamental hoy aquí es dejar patentes dos compromisos: uno con el deporte base y otro con el diálogo y la coordinación. Si queremos dar paso a una nueva etapa en nuestro país, a una etapa de justicia social y de concertación, el deporte es un excelente campo de juego. Pocas materias vertebran tanto el tejido asociativo de este país como el deporte, que ha


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conseguido que a menudo olvidemos las diferencias ideológicas y culturales y que es una fuente de valores y de principios para millones de niños a lo largo y ancho de nuestro territorio. El Gobierno socialista, en los pocos meses que han transcurrido desde su formación, ha hecho patente su compromiso con el deporte desde el minuto cero con el anuncio de la elaboración de una nueva ley del deporte que venga a sustituir a la que está vigente desde el año 1990, que ha devenido ineficaz y obsoleta, y, desde luego, con el diálogo y con la concertación, también en el ámbito del deporte, con la constitución el pasado mes de julio de la primera Conferencia Sectorial del Deporte, presidida por el ministro de Cultura y Deporte del Gobierno de España y con la presencia de todas las consejeras y consejeros de Deporte de las comunidades autónomas. La constitución de este órgano de coordinación, colaboración y cooperación entre las administraciones central y autonómica, ambas a su máximo nivel, muestra la importancia que tiene para este Gobierno una materia como el deporte y será el foro idóneo para trabajar conjuntamente en la elaboración de una nueva ley del deporte, así como para cualquier iniciativa destinada a la promoción del deporte como elemento de mejora de la salud, la convivencia y la integración social, cuyo máximo exponente es el trabajo que día a día realizan miles de clubs en nuestro país con su impagable esfuerzo y trabajo por el deporte base. Y, desde luego, en ese nuevo camino de compromiso al máximo nivel con el mundo del deporte, de reconocimiento de lo que para la cohesión social de este país supone el deporte base y todo lo que se mueve en su entorno, y, sobre todo, en el nuevo escenario de diálogo y concertación planteado por este Gobierno socialista cuenten con el voto a favor del Grupo Parlamentario Socialista para que esta iniciativa del Parlament de les Illes Balears sea tomada en consideración.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Palmer Tous.

La señora PALMER TOUS: Gracias, presidenta.

En primer lugar, cómo no, permítanme que dé en nombre del Grupo Parlamentario Popular la bienvenida a los representantes del Parlamento balear, a quienes nos han traído esta iniciativa al Parlamento y a quienes nos acompañan desde la tribuna. Bienvenidos.

Señorías, la Ley de Emprendedores de 2013 que hoy traemos para su modificación surgió en un momento caracterizado por una profunda crisis económica como instrumento de revitalización de un tejido empresarial fuertemente afectado por la coyuntura económica. Las medidas propuestas por la ley supusieron un impulso para la actividad y derivaron en un notable incremento de iniciativas empresariales que sin duda han sido importantes actores de la recuperación que ha vivido nuestro país en los últimos años. En concreto, si durante la última legislatura del Gobierno socialista se cerraron 222 000 pequeñas y medianas empresas y más de 250 000 autónomos tuvieron que echar el cierre a sus negocios, durante la última legislatura del Partido Popular, en virtud de las reformas aplicadas como, por ejemplo, esta Ley de Emprendedores que mencionamos, se crearon 138 000 nuevas empresas y se dieron de alta 190 000 nuevos autónomos. En fin, datos suficientemente descriptivos que creo que no es necesario entrar a valorar.

Señorías, aunque el título de la propuesta así lo puede parecer, lo que nos trae hoy aquí no es la modificación del contenido nuclear de la Ley de emprendedores y sus efectos -que, como decía, son evidentemente positivos-, sino la modificación de una disposición adicional -concretamente, la decimosexta- que impulsaba al Gobierno a analizar la naturaleza de la relación jurídica que existía entre los trabajadores y los clubs y entidades deportivas sin ánimo de lucro. Más precisamente, la disposición pretendía regularizar la situación laboral de estos trabajadores para evitar situaciones de posible fraude o de posible abuso y establecer una relación laboral en términos y condiciones similares a las existentes en otro tipo de actividades, protegiendo de este modo los derechos de los empleados, a la vez que se aseguraba el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Si bien, como digo, se perseguía dar garantía y seguridad jurídica a los trabajadores de estas entidades y proteger sus derechos a la vez que se luchaba contra la economía sumergida, la falta de concreción de la norma y su aplicación estricta a todo tipo de vinculación establecida con los clubs y entidades deportivas sin ánimo de lucro -incluyendo aquellas de perfil eminentemente voluntario y altruista- derivó en una indeseable inviabilidad de muchas de esas entidades por no poder afrontar las exigencias legales. En la práctica, la consecuencia de aplicar rigurosamente la ley era que la relación de voluntariado deportivo sin ánimo de lucro, que hasta ahora ejercía un papel fundamental en términos sociales e integradores, tenía que ser delimitada en términos eminentemente laborales; una relación que, si acabamos definiéndola en esos términos, supone darse de


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alta como autónomos y facturar y cotizar por las dietas y pequeñas remuneraciones que suelen recibir estos voluntarios, compensaciones que a menudo cubren simplemente los gastos de desplazamiento. También para los clubs suponía un coste, ya que implicaba llevar a cabo todo el papeleo relativo a tener que dar de alta en la Seguridad Social a todos esos colaboradores con contratos a tiempo parcial por cantidades ínfimas. En suma, se estaba produciendo un aumento de cargas que podía llevar a la inviabilidad de muchas de esas entidades. Se estaba produciendo un aumento de cargas que podía hacer peligrar su supervivencia y, con ello, la formación de nuestros jóvenes, unos jóvenes que sostienen un tejido que beneficia a muchos practicantes de actividades deportivas, especialmente en deportes minoritarios y a menudo en pequeñas poblaciones. La realidad es así. Para muchos de los pequeños clubs existentes en España resulta inviable cumplir con las demandas emanadas de esa ley, a lo que se añade la posibilidad cierta de propiciar que las colaboraciones desinteresadas o sujetas a mínimas compensaciones que existían hasta entonces acaben desapareciendo por problemas legales de incompatibilidad al tener que establecerse un vínculo laboral. En definitiva, señorías, con la aplicación estricta de la normativa y a falta de definición más precisa de las distintas casuísticas se producían impactos en la supervivencia de nuestro deporte base que sin duda no estaban en la mente del legislador.

Precisamente en ese contexto el Gobierno del Partido Popular, que constataba la necesidad de atender a las distintas realidades que representan, por un lado, el deporte profesional y, por otro, el deporte semiprofesional o amateur, propuso avanzar en una nueva ley del deporte, una nueva ley que, entre otros objetivos, posibilitara afrontar la problemática revelada por la aplicación estricta de la normativa que hoy estamos abordando y, de este modo, adaptar la aplicación de la legislación laboral y fiscal a las distintas figuras existentes en cada realidad. El anterior presidente del Consejo Superior de Deportes, de la mano de todos los agentes implicados en el sector -federaciones deportivas, asociaciones, sindicatos deportivos, grupos políticos, etcétera-, impulsó un nuevo marco normativo para el deporte en España a tal objeto y lo hizo de una forma decidida. Por ello, esperamos que el actual Gobierno, si tan interesado está en nuestro deporte base y en los deportistas, prosiga con la tarea iniciada y facilite la tramitación final de tal normativa, dado el avanzado estado en el que se ha dejado este proceso que, como hemos visto hoy, beneficia a todos. Por tanto, mientras se aprueba esa nueva normativa y se crea ese nuevo marco, creemos adecuado dar nuestro apoyo a la toma en consideración de la modificación propuesta por el Parlamento balear, dado que -como ya se ha dicho- compartimos el objetivo perseguido, si bien sobre la forma podríamos enmendar.

Señorías, para concluir, apoyamos ahora la propuesta porque ahora la situación económica así lo permite y es justo hacerlo, como ha comentado mi compañera de Baleares; una situación económica que, si este Gobierno no lo estropea, proseguirá su dinamismo. Y digo si este Gobierno no lo estropea porque su política, una política -no lo olvidemos- que acaba afectando a la actividad económica, se ha caracterizado por globos sonda, bandazos y continuas rectificaciones, si bien hay que decir que estas últimas siempre son muy bienvenidas, porque ha quedado sobradamente demostrado que este Gobierno acierta cuando rectifica. (Aplausos). Y es que cuando rectifican -por qué no decirlo- todos los ciudadanos españoles se ven beneficiados; justamente, si pensamos en el beneficio de todos los ciudadanos españoles, creo que solo les falta la última rectificación: convocar elecciones.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Damos las gracias a los tres representantes del Parlamento de las Illes Balears que han integrado esta delegación, así como a la señora consejera. Muchísimas gracias.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA MODIFICAR LA LEY 24/2013, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO, EN LO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE INSTALACIONES DE GENERACIÓN ELÉCTRICAS. (Número de expediente 122/000238).

La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora, señorías, al punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para modificar la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en lo relativo al procedimiento de autorización de cierre de instalaciones de generación eléctricas.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Herrero Bono.


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El señor HERRERO BONO: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero dar la bienvenida y saludar a los distintos alcaldes, presidentes provinciales y responsables de las zonas donde se encuentran algunas de estas instalaciones de generación eléctrica en España.

Hoy, el Grupo Parlamentario Popular trae a esta Cámara para su toma en consideración una proposición de ley para modificar la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, relativa al cierre de instalaciones de generación eléctrica. Esta propuesta la registramos el pasado día 3 de mayo y hoy la traemos con una posición muy diferente, pero con un mismo objetivo: defender los intereses de todos los españoles. Porque el Partido Popular sigue teniendo una misma posición, una posición firme y decidida; nosotros no diferimos si estamos en el Gobierno o si estamos en la oposición, nosotros no defendemos nunca una cosa en un territorio y otra muy distinta aquí, en el Parlamento. (Aplausos). Esa es la fortaleza, la garantía y la confianza que mi partido ofrece a todos los españoles.

Señorías, en este periodo de transición energética nosotros consideramos fundamental la continuidad de las centrales térmicas y de las centrales nucleares, pero también el resto de tecnologías que conforman el mix energético español. Porque nosotros creemos firmemente en el principio de neutralidad tecnológica, y hoy aquí no solo defendemos los intereses de las zonas donde se encuentran este tipo de instalaciones de generación eléctrica, defendemos algo más allá, defendemos el interés general de nuestro país, España. Y esta es una proposición de ley que pretende establecer las condiciones óptimas para hacer llegar la energía a nuestras casas, la energía que, como todos ustedes saben, es un bien de primera necesidad y un bien de servicio público; una proposición de ley que eleva las condiciones a los propietarios de las instalaciones para decretar o no su cierre de explotación basándose no solo en la seguridad de suministro las 24 horas del día, los 365 días del año, sino que además que el cierre o no de estas instalaciones garantice, por un lado, el cumplimiento de los objetivos medioambientales aprobados y comprometidos en Europa en el pasado Acuerdo de París en el año 20015 y, por otro, un precio más competitivo para nuestras industrias y nuestros consumidores.

Señorías, en el informe de la Comisión de expertos sobre la transición energética, una comisión que, como todos ustedes saben, está compuesta por expertos que se aproximan a los diferentes grupos políticos que se encuentran en esta Cámara, se afirmaba que la supresión hoy en España de tecnologías como las térmicas y nucleares supondría el aumento del precio de la electricidad en más de un 15% para nuestros consumidores habituales, para nuestras familias, y en más de un 25% para nuestras industrias. Señorías del Partido Socialista y de Unidos-Podemos, ¿todavía les parece poco lo que los españoles están pagando a día de hoy en la factura eléctrica? (Aplausos). ¿De verdad siguen creyendo que tener una energía a un precio desorbitado no es sinónimo de incremento del coste del producto, de pérdida de competitividad y de pérdida de empleo en nuestras industrias, como por ejemplo las del norte de España, las electrointensivas? Solo en Asturias más de 25 000 puestos de trabajo podrían irse al traste.

Señorías, la toma en consideración de esta proposición se debe principalmente a salvaguardar mediante normativa nuestros sistemas autóctonos de generación eléctrica. ¿Cómo es posible que para abrir cualquier tipo de instalación de generación eléctrica y acoplarla a nuestro sistema eléctrico español sea necesario todo tipo de informes, de certificados jurídicos, técnicos, ambientales, y, en cambio, para el cierre de las mismas baste únicamente con una decisión empresarial? Hoy aquí, en el Parlamento, vamos a ver algo inaudito y me temo que esta decisión puede pasar a formar parte de la historia. Por vez primera -y ojalá rectifique el Partido Socialista porque se está demostrado que, cada vez que rectifica, acierta- la izquierda de este país, y también los anticapitalistas, van a dejar en manos de particulares un servicio público como es la producción de energía eléctrica. Es una decisión que, a nuestro entender, no solo debe estar controlada por el Gobierno de una nación, sino que además tiene que venir avalada por organismos públicos, como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la Oficina de Cambio Climático o el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Señores del Partido Socialista, señores de Unidos-Podemos, ¿es que no creen en esos organismos públicos, es que no respetan sus informes técnicos, jurídicos o medioambientales?

Señorías, el objetivo de mi grupo parlamentario no es otro que seguir creando las condiciones óptimas para que en nuestra sociedad se siga creando empleo, se sigan generando oportunidades y, de este modo, se mejoren los servicios públicos de nuestra nación, y esto pasa por que nuestra energía tenga unos precios competitivos. Por ello, les pido que dejemos a un lado nuestra ideología, ya que aquí, señorías, no hay tecnologías buenas y malas, simplemente hay unas tecnologías más avanzadas que otras. Es verdad que las energías renovables están influyendo cada vez más en nuestro sistema energético


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español, para ello, el Gobierno del Partido Popular, con Mariano Rajoy al frente -y quiero agradecer a nuestro compañero diputado y anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, el enorme trabajo que realizó al frente de ese ministerio-, inyectó, en el año 2017, más de 5000 megavatios de potencia de energía renovable en el sistema eléctrico español. Ese es un compromiso y un ejemplo más de que España no solo cumple los compromisos pactados con la Unión Europea, sino que se encuentra a la cabeza de instalación de potencia de energía renovable en España.

Compañeros diputados, no deberían negar que la supresión de las térmicas y nucleares como energías de respaldo en un país como España, con deficiencias en las interconexiones europeas, resulta inviable para los intereses de todos los españoles, porque cumplir con Europa no es solo cerrar centrales térmicas y cerrar centrales nucleares, cumplir con Europa es también cumplir con los españoles. Señorías del Partido Socialista, hoy está en sus manos la continuidad o no de diferentes centrales españolas, cacereñas, asturianas, palentinas, leonesas o, como la mía, la de Andorra, la de Teruel.

Por eso les pido que rectifiquen, que vuelvan a rectificar; que rectifiquen por el bien que significa para todas estas zonas, para sus gentes, para sus empresas, para los consumidores. En fin, que no es el momento de poner excusas para que esta ley no vaya hacia adelante. Es el momento de la verdad y no hay tiempo que perder. Por eso de ustedes depende que hoy aquí nuestras tierras, nuestras gentes sigan teniendo futuro. De lo contrario, ustedes serán los responsables y habrán firmado la sentencia de muerte de nuestras zonas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Permítanme que constate la ausencia del Gobierno en un asunto de gran incidencia e importancia económica y social. Me dirigiré a la ministra para la Transición Ecológica, que seguro que estará siguiendo en directo esta sesión plenaria a través de Internet o podrá leer mañana su transcripción en el Diario de Sesiones.

Señora ministra ausente, ¿al servicio de qué intereses están usted y su Ministerio para la Transición Ecológica?, ¿al servicio de los intereses generales de los españoles o al servicio del interés particular de algún grupo económico o ecologista? Ante esta toma en consideración para modificar la Ley del Sector Eléctrico, el Gobierno debe explicar hoy a los españoles cómo en el país que tiene uno de los recibos de la luz más caros de toda Europa la ministra lo quiere aumentar aún más mediante un cierre de centrales que arrastrará al paro a sus trabajadores y encarecerá más aún el precio de la electricidad que ya pagamos los consumidores, es decir, los usuarios domésticos, las familias, los comercios, las pymes, las grandes empresas y los sectores industriales, con unas funestas consecuencias de deslocalizaciones industriales, desempleo y desertización territorial. Usted, señora ministra ausente, y el Gobierno al que pertenece, también ausente, no están al servicio de los intereses generales de los españoles, víctimas de un sistema perverso, enfermo y viciado. Hemos tenido oportunidad de certificarlo estos pasados días con tarifazos que baten todos los récords y precios de la luz disparados y disparatados. De nada ha servido el reciente diagnóstico de la señora Ribera de atribuir el continuado incremento del recibo de la luz a los derechos de emisión de carbono y al encarecimiento de los combustibles fósiles: petróleo, gas y carbón. Los últimos datos conocidos han puesto en evidencia las dobleces del Gobierno al servicio de un modelo de precios de electricidad amparado por la ley para aplicar en un buen año hidrológico los denominados costes de oportunidad, que en lugar de abaratar, como nos habían hecho creer, encarecen el recibo de la luz y lo hacen no ya con la complacencia del Gobierno, sino con la complicidad de la ministra para la Transición Ecológica y frente al interés general de los españoles, que somos -repito- los que ya pagamos el recibo de la luz más alto de Europa.

Usted, señora ministra ausente, hace exactamente lo contrario de lo que cabría esperar de un Gobierno al servicio de los ciudadanos, y con su actitud en materia de energía, que comenzó incluso antes de que los ministros tomasen posesión, está amenazando constantemente y dañando el interés general. Los problemas de las emisiones de CO2 no se resuelven cerrando industrias, sino invirtiendo en I+D+i para eliminar emisiones contaminantes. Usted y el Gobierno del que forma parte están fomentando activamente la deslocalización industrial en España. ¿Ustedes no son conocedores de que empresas multinacionales, que tienen ubicadas en nuestro país sus grandes factorías metalúrgicas de consumo electrointensivo,


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están advirtiendo muy seriamente de los riesgos de deslocalización industrial en España por el alto coste de la energía? ¿Quieren ustedes contribuir a la paulatina merma de la participación de la industria en el PIB nacional que ha pasado desde el año 2000 de un 18,73% a un 16,4%? Pues llevan ustedes camino de ello por no tener una política industrial específica y castigarnos con esta política energética perjudicial y peligrosa para la economía.

Tome el Gobierno ejemplo de lo que hacen otros países. En Alemania tienen centrales térmicas y no se les ocurre poner en marcha esta forma de hacer política que pone en riesgo la continuidad de decenas de miles de puestos de trabajo estables y cualificados, y grandes comarcas de población donde la industria tiene un enorme impacto económico y social. Es el caso de Asturias, donde todas las alarmas se han encendido, desde hace cien días, cuando desde la Presidencia del Gobierno, aún sin ministros, se comunicó al Consejo de Europa, es decir, a todos los gobiernos de la Unión Europea, la operación irresponsable de marketing ecologista que España iba a dar en política energética. Ya advertimos desde Foro que usted de ministra, señora Ribera, era un peligro cierto para España. Su colega francés, al que imita hasta en el rótulo del ministerio, ya dimitió y usted va a seguir la misma senda.

Señorías, la incertidumbre generada por el Gobierno de Pedro Sánchez a través de sus decisiones, anuncios, amenazas y tumbos, también en relación con la política energética, convierten en oportuna y necesaria la toma en consideración de esta proposición para modificar la Ley del Sector Eléctrico en lo relativo al procedimiento de autorización del cierre de instalaciones de generación de energía eléctrica. Ya hace varias semanas que registré en nombre de Foro una proposición no de ley que también será debatida en el Pleno del Congreso, y uno de cuyos puntos promueve las modificaciones legislativas oportunas que permitan al Gobierno en casos extremos autorizar el cierre de instalaciones de generación térmica, siempre que haya quedado garantizada la seguridad del suministro eléctrico de calidad, la incidencia a la baja del precio de la electricidad, la repercusión positiva en el empleo, la mejora de la competitividad de las empresas y el bienestar de las familias. La situación actual es muy preocupante. La creación de un nuevo Ministerio para la Transición Ecológica, encabezado por una reconocida fundamentalista del ecologismo urbanita, ha supuesto un varapalo para Asturias que se agita ante el anuncio de un inequívoco programa de desertización escondido bajo el eufemismo de descarbonización. Detrás de la política energética de Pedro Sánchez están la pobreza, el paro y la ruina. Por eso hay una creciente preocupación que va mucho más allá de las cuencas mineras y que se extiende por todo el territorio nacional con industria, como es el caso de Asturias. El Gobierno de Pedro Sánchez inició desde el primer minuto una cruzada contra las centrales térmicas y contra el carbón, el único combustible fósil autóctono que tenemos en España, lo que equivale a renunciar a nuestra soberanía energética y poner una parte sustancial de nuestra energía en manos de fuentes del exterior al precio que ellos nos fijen, a la par que arrastrarán a los españoles hacia un recibo de la luz disparatado en costes de producción que acarrearán merma de competitividad y la pérdida de puestos de trabajo.

Votaremos a favor de la toma en consideración porque creemos que su contenido permite garantizar eficazmente el futuro de Asturias a todos los que creemos en la necesidad de crear riqueza y no destruirla y de mantener y crear puestos de trabajo.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.

Arratsalde on, buenas tardes, señorías. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso nos presenta una proposición de ley que tiene por objeto la modificación del apartado 7 del artículo 53 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para incorporar un nuevo apartado en el que se establece un procedimiento de exclusiva competencia estatal en relación con el procedimiento de autorizaciones de cierre definitivo temporal de instalaciones de producción de energía de potencia eléctrica instalada superior a 50 megavatios eléctricos y también de las centrales nucleares.

Con el argumento de garantizar la coherencia entre los instrumentos de planificación energética y los objetivos de seguridad del suministro eléctrico, el cambio climático y el precio de la energía, lo que pretende esta proposición de ley es introducir un procedimiento para ampliar los supuestos por los que puede denegarse el cierre de una instalación de generación eléctrica y, por tanto, dificultarlo. Y todo ello, además, desde una visión, a nuestro entender, exclusivamente estatal de esta materia. Que el artículo 3.13 de la Ley 24/2013 determine en base a los artículos 149.1.13 y 25 de la Constitución española la


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competencia exclusiva del Estado para autorizar este tipo de instalaciones eléctricas, creemos que no puede ni debe obviar la existencia de otras administraciones distintas de la estatal con competencias que puedan verse concernidas por este tipo de instalaciones, tales como ordenación del territorio, medio ambiente, seguridad pública o protección civil por citar algunas.

Hay que recordar, además, que esta proposición trata de sustituir al proyecto de real decreto que en este sentido trató de implantar el anterior Gobierno, y adolece de sus mismos defectos. Un proyecto de real decreto que fue duramente criticado en el trámite de consulta pública por asociaciones, empresas del sector energético y del resto de administraciones públicas consultadas, incluyendo la propia CNMC. Sin embargo, de lo que trata esta proposición de ley también es de evadir esa consulta pública y, por tanto, la participación ciudadana, y es que, de aprobarse esta propuesta, dicha participación quedaría en manos de los grupos parlamentarios y limitada, por tanto, a las comisiones legislativas parlamentarias relacionadas con la materia. Además, los nuevos criterios adicionales al de la seguridad y suministro que se plantean: que no afecte negativamente a los precios, a la competencia, al suministro de materias primas o a los objetivos de planificación, no están suficientemente desarrollados ni previstos en la normativa vigente, ni tampoco recogidos en la normativa europea; de hecho, podrían ir en contra de la misma, en concreto en lo recogido en la propuesta de la Comisión Europea del Reglamento relativo al mercado interior, planteado en el paquete de invierno. Precisamente hay que plantear el necesario respeto a la normativa europea de mercado y libertad de empresa y, por tanto, al derecho a cierre en base a su viabilidad económica, máxime cuando ese derecho se encuentra recogido en el artículo 3 del reglamento del mercado interior común de la electricidad del citado paquete de invierno.

La normativa europea regula la libertad de actuación por parte del titular de la instalación para poder decidir si una planta debe seguir en activo, por ejemplo porque la remuneración del mercado le permita cubrir costes, o en caso contrario, debe poder decidir sobre sus instalaciones y su libertad de gestión económica. Y es que además, la directiva europea, solo recoge la posibilidad de limitar los cierres de las centrales a los casos en que ello pueda afectar a la garantía de suministro, que en España excede por mucho, ya que el consumo es de 40 y la capacidad de producción es del 70.

El carácter restrictivo del procedimiento para las autorizaciones de cierre, unido a la omisión de cualquier intervención autonómica en el mismo, se incrementa aún más cuando se otorgan a la CNMC, a la Oficina de Cambio Climático y al IDAE facultades de veto a las autorizaciones de cierre de instalaciones, que vienen soportadas en un concepto jurídico tan indeterminado como es una incidencia desfavorable, significativa en su respectivo ámbito de competencia, lo que, a nuestro entender, otorga a esos órganos estatales unas atribuciones de contornos difusos y poco delimitados que vienen a configurar las autorizaciones de cierre como auténticos casos excepcionales, cuando entre ellas se encuentran además las centrales nucleares.

La proposición de ley tampoco pondera los diferentes intereses que deben protegerse en función del órgano que emita un informe desfavorable al cierre: la CNMC, la Oficina de Cambio Climático y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Es suficiente con que uno de estos órganos emita un informe desfavorable para denegar la autorización. En definitiva, se otorga un excesivo margen de discrecionalidad a la Administración, lo que puede crear inseguridad jurídica para las nuevas inversiones, pudiendo resultar además contraproducentes para la competencia el sector eléctrico. Una proposición de ley que, a nuestro juicio, no plantea la necesidad de diseñar un procedimiento garantista que aporte seguridad jurídica y sea a la vez respetuoso con las competencias autonómicas que puedan verse afectadas por estas autorizaciones de cierre. Para este grupo es oportuno un debate de forma sosegada y general, un debate que se debe abordar sin precipitación, de forma global, incluyendo, como dice la CNMC, la revisión de los procedimientos del inicio de actividad de la hibernación, el cierre definitivo y la revisión de todas aquellas medidas económicas y técnicas oportunas para garantizar la rentabilidad necesaria de los operadores.

Por todo ello, este grupo votará en contra de la misma.

Gracias. Eskerrik asko.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.

La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidenta, señorías, compañeros, hoy estamos aquí para debatir una prueba más del filibusterismo, en este caso del Partido Popular, que para evitar ese real decreto, ya vetado o que ha argumentado la CNMC, y también el propio comisario de Cambio


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Climático, lo transforman en una proposición de ley, a ver si así nos la cuelan una vez más, porque este tema ya lo hemos debatido en muchísimas ocasiones.

Sorprende, lo primero, que no sea el propio ministro -que ha redactado, se supone, este texto- quien lo esté defendiendo. Creo que eso también nos hace ver la importancia que tenía. También nos sorprende la prioridad, puesto que esta ley podríamos decir que está en el aire, ya que debería estar basada en una ley de transición energética que, si el Gobierno anterior hizo los deberes, no entendemos por qué no se ha debatido con anterioridad. Como ya digo, las leyes sustentadas en el aire corren el riesgo de que se queden en tierra de nadie, y eso es lo que pasa con esta norma.

Como ya dije, lo intentó con un real decreto el Gobierno saliente y la CNMC y el comisario, el señor Arias Cañete -por otra parte, del Partido Popular- emitieron distintas valoraciones sobre el asunto. La CNMC dijo que estos criterios crean inseguridad jurídica, además de que dan mucho margen de discrecionalidad, y advirtió de que iría en contra de la normativa europea y del famoso y conocido Winter Package y, también, advirtió de que este Gobierno, o cualquier Gobierno, puede intervenir simplemente si está en juego la garantía de suministro, lo cual no era el caso en cuestión. El comisario Arias Cañete ha dicho que se ha instado a los países a que hagan un marco que facilite la transición energética -que no está recogido en este texto- y, además, también han dejado claro en distintos informes que no conviene poner barreras a la entrada y la salida de empresas de generación eléctrica en ninguno de los Estados miembros.

Esta mutación en proposición de ley simplemente es para sortear y para saltar estos informes. Se trata de una medida altamente intervencionista que va en contra de este mercado, por otra parte liberalizado, y que genera inseguridad jurídica. Ya lo dijimos en otra ocasión, se trata de una nacionalización encubierta (aplausos), con subvenciones al traspaso de instalaciones. La CNMC ha advertido de que estas subvenciones al traspaso de instalaciones van incluso en contra de la normativa europea. Lo están utilizando como un arma puramente electoralistas que no piensa ni en el país ni en el modelo energético ni en las empresas, y en lo que seguro no piensa esta iniciativa es en los ciudadanos de este país.

Los españoles no pueden seguir soportando parches en materia energética ni de unos ni de los otros. En la factura de la luz más del 70% son cargas impuestas por errores electoralistas cometidos en una política que se tiene que plantear a futuro. Europa ha marcado la senda y el Gobierno saliente dio la espalda, pero es que con esta proposición de ley vemos que el Partido Popular le sigue dando la espalda. Nos preocupa y nos preocupa mucho.

Aquí habló el ponente de la proposición y habló de precios, habló de factura, habló de tarifa, sin una lógica económica aparente cuando expuso sus datos, puesto que no habló de qué pasa con la subida del precio de la luz. En los últimos días, en el último año, hemos experimentado un aumento de más de 8,5 euros en la subida de combustibles, en este caso, por ejemplo, de la tonelada de carbón. Esta iniciativa pretende blindar a un tipo de instalación que, como ya ha dicho Europa -y como digo, por una legislación europea- tienen una vida determinada. Pero lo que me sonroja de todo esto es que vienen, se dan golpes en el pecho al hablar, en este caso de las zonas y de las cuencas mineras, pero no se ponen colorados cuando hemos presentado la petición de la creación de una comisión de investigación para ver qué ha pasado con todo ese dinero destinado a los mineros y al sector minero (aplausos), y tanto el partido Popular como el Partido Socialista lo han bloqueado porque no quieren saber qué ha pasado con todo ese dinero que, ya les adelanto, que no ha servido para reconvertir el sector.

Nosotros no vamos a dejar tiradas a las personas y a los ciudadanos de esas cuencas. Hay que intervenir, por supuesto; hay que invertir dinero para rehabilitar esas zonas, pero con realidades y con proyectos y no escondiendo el dinero o invirtiéndolo -quién sabe- en rotondas y otros proyectos que no han servido para reconvertir dicho sector. Les han fallado a los ciudadanos de las cuencas, les siguen fallando y como las elecciones vienen ya no dejan de utilizar iniciativas electoralistas. (Aplausos).

Además, el precio de la luz estos días está subiendo por esto. (Muestra un gráfico). Subidas del precio de la tonelada del CO2: en el último año hemos pasado de 5 a 25 euros tonelada de CO2. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más contaminante sea la tecnología utilizada para la generación, más va a aumentar el precio de la luz. Creemos que, por supuesto, como ha dicho el señor Martínez Oblanca, hay que hablar de industria y que, por supuesto, hay que hablar de I+D+i y ahí es donde se tiene que invertir el dinero, en hacer que nuestra industria, a través del I+D+i, sea eficiente y reduzca las emisiones, pero no con demagogia y no con leyes que no obedecen a la necesidad de los ciudadanos.

En definitiva, señorías, estamos hablando de medidas reales que requieren una planificación consensuada sin prejuicios, no más parches y sobre todo que aborden las medidas urgentes. Este partido


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ya lo ha hecho en innumerables ocasiones y hoy ha vuelto a registrar otra iniciativa, fíjense, para establecer una auditoría de costes junto con la CNMC para que digan quién y cómo se tienen que abordar los costes de la transición energética, así como una medida urgente: eliminar todas las cargas superfluas que se corresponden con los errores que ustedes han cometido y que están impuestas en la factura de la luz. Porque, sí, señores, aunque se rían, lo que hoy pagan nuestros ciudadanos en la factura de la luz es su incompetencia, la de los dos. (Señalando a ambos lados del hemiciclo.-Aplausos).

Saber lo que cuestan las cosas es indispensable porque lo es. Siempre que hemos preguntado tanto al Partido Popular como al Partido Socialista cuánto nos está costando su ineptitud en materia de política energética y su falta de planificación, nunca nos han dado números. Es hora, señorías, de tomarse en serio la política energética, y no usarla como un vehículo recaudatorio y empezar a utilizarla como una herramienta que puede ayudar a transformar nuestra economía y también nuestro medio ambiente. Para este partido, para el presidente de mi partido, para Albert Rivera y para mí misma, el precio que pagan los ciudadanos nos preocupa y nos ocupa, y por eso presentamos medidas que pueden responder a las necesidades urgentes y a futuro que tienen los ciudadanos.

Termino, presidenta. Por esto, más allá de los titulares de la ministra, que no está en este debate -que reprocho al igual que el compañero del Partido Popular y que el señor Martínez Oblanca- y más allá de los filibusterismos del Partido Popular, los ciudadanos no pueden soportar más parches, los ciudadanos no pueden soportar más tintes ideológicos en una política que tiene que ser de futuro y de proyecto para este país. Sin un proyecto común y sin consenso, este país se verá abocado a lo que está pasando en este momento, que es que sus ciudadanos no puedan pagar la factura de la luz porque ciertos individuos, simplemente pensando en su ombligo o en un puñado de votos, en lugar de corresponder a las necesidades de todos los ciudadanos, solamente han correspondido a las suyas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidenta.

(Comienza su intervención en catalán.-Aplausos). También hoy es el 45.º aniversario del golpe de Estado en Chile y de la muerte de Salvador Allende, defensor de la democracia y de la justicia social.

El Grupo Parlamentario Popular nos presenta una proposición de ley que no consiguió presentar estando en el Gobierno. La presentó en su momento para ahorrarse más informes desfavorables, como el que ya tuvo de la CNMC, y el rechazo en la audiencia pública de ciudadanos, entidades y organizaciones sociales; por eso lo presentaron como proposición de ley. Comienza la exposición de motivos citando artículos de la Constitución de espíritu, digamos, socializante, como el que dice que toda la riqueza del país en sus distintas formas o fuere cual fuere su titularidad está subordinada al interés general. El objetivo de esta proposición de ley es que sea el Gobierno, mediante determinados informes previos, quien decida sobre el cierre de las centrales de generación con el objetivo -ese es el objetivo- de evitar el cierre de centrales térmicas y nucleares. Si nuestro grupo hubiese presentado una proposición de ley como esta, ustedes dirían que es una ley venezolana, eso es lo que ustedes dirían; porque los Gobiernos del Partido Popular se han caracterizado por desregular, por privatizar -a diferencia de Italia o Francia, no tenemos ninguna gran empresa energética pública- y por poner el interés de las élites económicas por encima del interés general. Es cínico que ahora ustedes hablen de poner la libertad de empresa, de subordinar la libertad de empresa al interés general.

No se les ocurrió primar el interés general cuando privatizaron por un módico precio las cajas y bancos rescatados con dinero público; no primaron el interés general ni creen que el Estado debe intervenir para fijar unos límites al incremento de los precios del alquiler -como han hecho en Alemania-; no primaron el interés general cuando rescataron autopistas con dinero público ni cuando arruinaron a miles de familias con los recortes a las renovables; ni cuando pagaron en un tiempo récord la indemnización a Florentino Pérez por el fiasco de Castor; ni cuando se han opuesto al autoconsumo protegiendo los intereses de las grandes empresas. Ahí no había interés general que preservar.

¿Por qué presentan esta proposición de ley? Lo hacen porque ustedes apuestan por la continuidad de las centrales contaminantes como las térmicas y la energía cara y peligrosa como la nuclear. Cuando ustedes quieren intervenir en el sistema energético es para preservar privilegios o para mantener las


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energías contaminantes, ¡nunca para garantizar derechos o impulsar las energías limpias! Esta es una política que nos aleja del cumplimiento de los Acuerdos de París y de las políticas europeas.

Empiezan la casa por el tejado, además, porque lo que necesitamos en estos momentos es una ley de cambio climático y transición energética con el objetivo de cien por cien renovables en 2050, con objetivos ambiciosos en 2030 y que ponga a la ciudadanía en el centro del sistema energético y no al oligopolio; y con un plan de cierre ordenado de térmicas y nucleares y una política de transición justa para los territorios afectados por estos cierres. Ahora se trata de hacer lo que ustedes no hicieron: una planificación energética seria impulsando la descarbonización de la economía.

No nos digan que presentan esta proposición para preservar los puestos de trabajo: no se menciona ni una sola vez en la proposición de ley. Ni una palabra sobre los trabajadores y las trabajadoras o sobre los territorios afectados o sobre cómo abordar esa transición justa. Tampoco una palabra sobre los efectos nocivos en la salud de las personas y el medio ambiente que puede suponer el mantenimiento de este tipo de centrales. Con esta proposición de ley lo que hacen es tapar su irresponsabilidad, la directiva de emisiones industriales, cuya primera versión es de 1988 y su última versión es de 2010. Los planes de la minería tienen veinte años y, si ahora tenemos que correr con la transición energética, es porque en los últimos cinco, diez, quince años no se tomaron las medidas adecuadas para afrontar una situación que ya se sabía que era inexorable. ¿Qué han hecho ustedes para las comarcas afectadas? Nada, absolutamente nada. ¿Qué nueva política industrial proponen para los territorios afectados? Ninguna. ¿Se gastaron adecuadamente los miles de millones recibidos en los diferentes planes de la minería? ¡Pues no!, y por eso hemos pedido una comisión de investigación en el Congreso: para que se sepa qué ha pasado con esos miles de millones de euros. Una comisión que tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista rechazaron.

Esta proposición de ley forma parte de un engaño; forma parte de su relato, que se puede resumir en que por mucho que se hable de cambio climático y, a pesar de que se han firmado acuerdos internacionales, nada va a cambiar. Engañan a la gente haciendo creer que es posible agarrarse al pasado en lugar de actuar ahora y planificar el futuro. Claro, ya lo decía el exministro Nadal, ¿por qué tenemos que ser los primeros en la lucha contra el cambio climático pudiendo -añado yo- ser los últimos? La política energética del Gobierno anterior era un 'inventen ellos' del siglo XXI.

Ahora dicen que si se cierran las térmicas y las nucleares los precios subirán. También decían que los precios subían porque no llovía y los pantanos estaban vacíos. Ahora no se ha cerrado ninguna térmica ni ninguna nuclear, los pantanos están llenos y los precios están por las nubes. Los precios de la electricidad están entre los más caros de toda la Unión Europea llueva o no llueva. Todo el mundo sabe que a más energía limpia y renovable, precios más bajos. Por lo tanto, su falta de planificación y su dependencia de los combustibles fósiles también explican el incremento de los precios. Han conseguido que el precio de la electricidad se convierta en un problema social y en un problema para la competitividad de las empresas. Bajos salarios, alquileres altos y facturas de la luz impagables para muchas familias: ese es el legado que ustedes nos dejan. Porque el problema del precio de la luz es un problema político como consecuencia de una mala regulación. Los Gobiernos han permitido que las eléctricas hagan lo que quieran, les permiten un abuso intolerable. ¿Qué hicieron ustedes para tener un mercado eficiente con precios justos? ¡No tomaron ninguna medida efectiva ni estructural para resolver el gran problema, que es que las grandes empresas nunca pierden! Entre otras cosas, porque hay políticos que terminan en sus consejos de administración gracias a las puertas giratorias.

Ustedes han permitido que las grandes empresas ganen enormes sumas de dinero vendiendo energía de centrales ya amortizadas, como las hidroeléctricas o las nucleares, a precio de la tecnología más barata, que es como vender agua a precio de champán francés; son los llamados -les sonará- beneficios caídos del cielo. Han permitido que tengamos una factura de la luz que nadie entiende y a la que pagamos prácticamente igual si consumimos mucha energía o hacemos esfuerzos para ser eficientes. Han permitido que las grandes empresas especulen con el agua de los pantanos y, además, aprobaron un proyecto de ley, con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos, contra la pobreza energética, que ha sido un absoluto fracaso. Y cuando ahora quieren intervenir el mercado eléctrico es para evitar el cierre de centrales contaminantes y centrales peligrosas como las nucleares.

Estamos de acuerdo en que hay que intervenir en el sistema energético, sí, para garantizar energías limpias y con futuro, para garantizar una transición justa para los trabajadores y trabajadoras afectados, y para garantizar el derecho al acceso a la energía con precios justos, no para perpetuar su viejo modelo fósil, caro y contaminante.

Gracias. (Aplausos).


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.

La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, presidenta.

Señorías, la proposición de ley que hoy presenta el PP es un auténtico fiasco, un despropósito jurídico de un grupo político acostumbrado a generar incertidumbre e inseguridad jurídica, sobre todo en materia energética. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Debatimos una proposición de ley que está llena de contradicciones de fondo y de forma, que tiene un objetivo extraparlamentario, que no es otro que ir haciendo una campaña engañosa y desleal para ganar votos en territorios abandonados por el Partido Popular durante más de cuarenta años.

Esta iniciativa, según ustedes, los liberales, pretende poner condiciones a la libre entrada y salida de operadores en el mercado eléctrico, condición reconocida por el acervo legal europeo y español, algo que no deja de resultar paradójico. Argumentaré nuestra posición contraria como ya han hecho mis tres predecesores, digo posición contraria, tres, con nosotros cuatro grupos. En primer lugar -y este es el pecado original de esta iniciativa-, dice que el objeto de la norma es que las decisiones del cierre de centrales guarden debida coherencia con los instrumentos de planificación energética. Pues bien, si algo no hizo el Gobierno anterior ha sido planificación energética, la planificación necesaria para un desarrollo eficiente y la adaptación del sector a los desafíos del futuro. Ustedes, señorías del PP, ahora en la oposición, no consideraban prioritaria esa planificación, y sin embargo presentan una norma que dice que debe ser coherente con una planificación que no existe. Primera contradicción que va apuntando las intenciones reales de este texto.

En segundo lugar, los criterios para impedir el cierre que incorpora esta proposición son contradictorios entre sí. Ustedes proponen que, además de que se pueda impedir un cierre por cuestiones de seguridad de suministro, también sea por posibles efectos desfavorables significativos en los precios de la electricidad o en la competencia o que se produzcan riesgos en los objetivos medioambientales. Sin embargo, no dan pistas de cómo se va a hacer esa valoración de estos nuevos criterios dando pie, de nuevo, a un excesivo margen de discrecionalidad y, de nuevo, a más inseguridad jurídica. Dice que habría que pedir dictámenes a la CNMC sobre los impactos en precio, a la Oficina de Cambio Climático para ver los impactos de gases de efecto invernadero, al IDAE para ver el impacto del cumplimiento de los objetivos de renovables y de eficiencia, y también el de seguridad de suministro. Pero sería necesario clarificar un orden de prelación sobre cuál de los informes es más importante, si es más importante la competencia de los operadores frente al cumplimiento de los criterios medioambientales, o al precio. En fin, señorías, da la sensación de que ustedes han pretendido resolver el trilema de la política energética aquí con una modificación legal de un artículo de una ley que ya en sí es una mala ley.

Además de estas cuestiones de fondo, es decir, de pura lógica y coherencia, hay otras cuestiones de forma jurídica que pasaré a mencionar brevemente. Esta norma puede contradecirse con los principios generales de libertad de empresa y de libre iniciativa empresarial y también con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Es contradictoria con lo que se ha aprobado en el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea respecto del paquete de invierno, que, como saben, será el marco jurídico comunitario para los próximos años. Además, la normativa pretende hacer una subasta con una compensación que a todas luces podría ser considerada como ayuda de Estado. Señorías, el suministro de energía eléctrica es un servicio de interés económico y general y, por tanto, se trata de un sector regulado que requiere seguir una normativa estricta tanto para iniciar su actividad como para operar y cerrar. Las herramientas existen, pero el objetivo del PP no era el que aparece ni en la exposición de motivos ni el que su portavoz ha dicho hoy aquí. El objetivo era meramente político.

Hoy se produce aquí el colofón de una historia de terror político protagonizada por el Partido Popular y por el exministro Nadal, que ha salido por esta puerta porque no lo quiere oír (aplausos), una historia de órdagos políticos, de deslealtades en las negociaciones, de astucias y personalismos y de menosprecio a los oponentes políticos; la historia de cómo utilizar un parlamento con fines electoralistas en lugar de para conseguir el bienestar de la ciudadanía. Es la historia de la utilización de la incertidumbre y la desesperación de muchos trabajadores y trabajadoras, la historia de un gran engaño que ha convertido un propósito electoralista en un texto legal lleno de errores de bulto, que es el que traen aquí hoy. En definitiva, es la historia del fracaso de la forma de hacer política del Partido Popular. El Gobierno anterior sabía que esta proposición de ley era jurídicamente inviable, por eso no lo presentaron como proyecto de ley.


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Señores del PP, esta iniciativa nunca trató de resolver un problema empresarial o laboral, como ha tratado de dar a entender hoy el portavoz. Nunca lo fue, y lo ha reconocido el exministro en sede parlamentaria. Solo la utilizaron como arma arrojadiza contra la oposición, nunca hablaron de medidas sociales y nunca hablaron de transición justa; jamás han hablado de esto. (Aplausos). Y lo peor es que nunca tuvieron la valentía de abordar lo que realmente subyace a esta iniciativa, que no es otra cosa que el futuro de la energía nuclear. Esta es la historia real de esta proposición de ley que debatimos aquí hoy en un contexto muy diferente, porque ya no son Gobierno, y no son Gobierno por hacer las cosas mal, muy mal.

Señorías, afortunadamente hoy las cosas han cambiado. Hoy hay esperanza para mucha gente que antes no la tenía; hoy las personas que viven en las cuencas mineras saben que su partido es el que está gobernando; saben que somos nosotros los que llevamos defendiendo sus intereses durante cuarenta años, que nunca los hemos olvidado y mucho menos los hemos utilizado. (Aplausos). Ahora saben que hay futuro, porque el partido del Gobierno, el Partido Socialista, va a abordar de manera inmediata esa transición justa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Lucio.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A IMPULSAR MEDIDAS CONTRA LA TURISMOFOBIA EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000696).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar medidas contra la turismofobia en España. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Navarro Cruz.

La señora NAVARRO CRUZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, convencidos de la necesidad de cuidar y fortalecer los recursos que tenemos como país de especial atractivo turístico, traemos esta proposición no de ley, porque no basta con la generosidad de la naturaleza. Este es uno de nuestros principales sectores productivos y eso hay que cuidarlo. Ante los últimos datos que alertan de una considerable caída del turismo extranjero, cobra relevancia esta iniciativa parlamentaria del Grupo Popular.

Nosotros apostamos por un turismo de calidad y por la mejora de la oferta turística en alojamiento, gastronomía, entorno, infraestructuras y formación. Esta iniciativa, aunque se queda un poco atrás en los datos reflejados por el momento en el que se redactó, promueve conseguir un turismo seguro, maduro y de calidad, así como -por qué no- perseguir los actos vandálicos que se vienen realizando en contra de las personas que vienen a visitarnos mediante una declaración institucional y un pacto de Estado que consideramos fortalecería el sector, ya que es vital la importancia que tiene en nuestra economía. Representa más de un 10% del producto interior bruto español y es cada vez más competitivo y más innovador.

España supera a Estados Unidos y se sitúa en segunda posición solo por detrás de Francia. Para ponernos al día le diré que en el mes de julio unos 10 millones de turistas extranjeros visitaron España, según los datos de los movimientos turísticos de fronteras publicados por el INE, una cifra un 4,9%, casi un 5% inferior a la de julio de 2017. El gasto total de turistas disminuye en un 0,9% con respecto a julio de 2017 y lo preocupante es que estas cifras constituyen la mayor caída registrada de los últimos ocho años, en concreto desde abril de 2010. Por el contrario, cuando el Gobierno del Partido Popular lo abandonó, los datos eran otros y ahora se los voy a recordar. El turismo español batió en 2017 su récord de visitantes internacionales con 82 millones de turistas, un 8,9% más que en 2016. Pero les voy a dar otras cifras récord. Los turistas que llegaron a España en 2017 gastaron 87 000 millones de euros, un 12,4% más que en 2016. El gasto medio por turista fue de 1061 euros por persona.

Con todo esto, cabe destacar que el sector turístico es vital para nuestra economía, esa que empieza a mostrar debilidad en sus principales indicadores en tan solo tres meses. Podríamos decir que desde que llegó al Gobierno el Partido Socialista está más preocupado en fotos, aviones y puestas en escena que en tomar medidas que refuercen la economía. ¿Ustedes piensan que anunciando el incremento del gasto público, con lo que eso conlleva, y con la subida de impuestos, la subida del precio del combustible,


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liquidar el carbón, el diésel, las centrales nucleares, el incremento desorbitado del precio de la electricidad y un largo etcétera de despropósitos se genera confianza? Somos muchos los que pensamos que no.

Volviendo al tema del turismo, no podemos olvidar que este sector mantiene a 2 200 000 afiliados en la Seguridad Social y mantiene 2 millones de empleados, lo que significa un 12% del total de afiliados. La política del Partido Popular se caracterizó principalmente por varios motivos: consideró al sector turístico como una política de Estado, llegando a consensos con todos los agentes implicados, implementando la colaboración público-privada de organismos públicos y, en definitiva, haciendo más con menos dinero y obteniendo unos resultados excepcionales, y esa es una cuestión que puede demostrarse.

Como he adelantado al comienzo de mi intervención, esta proposición no de ley nace de la preocupación del Grupo Parlamentario Popular por defender un sector que comenzaba a verse atacado por grupos de ultras que no solo estaban contentos con no aportar nada a la sociedad, sino que pretendían destruir una base importantísima de la economía española. Pero, al margen de los ataques directos a autobuses turísticos y vandalismo generalizo, nos preocupan acontecimientos que se han dado este verano de ataques físicos a turistas ejercidos por grupos de personas dedicadas a la venta de falsificaciones y a cuestiones que para nada tenían que ver con turistas y que, por supuesto, no han tenido una respuesta policial, principalmente en aquellos ayuntamientos denominados ayuntamientos del cambio. Y es que no se lo estamos poniendo nada fácil a las personas que nos eligen. Nadie quiere ir a una playa donde la gente se está peleando -unos a ver quién pone cruces y otros a ver quién quita las cruces-, nadie quiere ir a un sitio donde hay bronca y nadie quiere ir a un sitio donde hay pintadas en las que continuamente se escribe: Turistas, fuera de aquí. Todas esas manifestaciones están haciendo caer al sector turístico y en este caso me estoy refiriendo concretamente a Cataluña, en donde han caído más de un 4%. Por eso es necesario reaccionar. Si no se toman medidas generales, pronto lo lamentaremos y, si no cuidamos los sectores que sustentan nuestra economía y nuestro empleo, desde luego, no tendrá vuelta atrás. No podemos permanecer impasibles viendo cómo caen una tras otra las piezas que con tanto esfuerzo de todos los españoles y la dirección de un Gobierno serio, que sabía lo que hacía, hemos ido construyendo el camino de la recuperación de la mayor crisis económica de nuestra historia.

Para terminar mi intervención, quiero agradecer las propuestas que se han planteado por parte del Grupo Socialista y también del Grupo Ciudadanos, cuyas enmiendas pienso que se han aceptado y hemos llegado a una transaccional que se recogerá y que pasaremos al letrado para que el resto de los grupos también puedan tener constancia de ella.

Solamente quiero terminar diciendo que si no somos capaces de defender uno de los sectores productivos más importantes y que más ha ayudado a salir de la crisis económica que ha tenido nuestro país nos estamos equivocando y nos estamos equivocando bastante en serio. Por eso, la proposición no de ley pretende una serie de medidas tales como fortalecer el plan de turismo seguro, perseguir los actos vandálicos, hacer una declaración institucional y un pacto de Estado en favor del sector turístico, fomentar el turismo cultural y el turismo rural y, por supuesto, hacer una oferta de turismo serio y de calidad que resulte igual de atractivo que ha venido siendo durante los años anteriores.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Navarro.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Martínez González.

El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Creo que no descubro nada en esta tribuna si les digo que el turismo es el principal motor económico de este país y la gran locomotora del empleo. La portavoz que me ha precedido ha dado algunas cifras y la EPA así lo corrobora. Hay en este país 2 650 000 personas que dependen directamente del turismo. En los últimos años el crecimiento en turistas, ingresos y mano de obra ha sido constante, llegándose a alcanzar los 82 millones de visitantes en 2017, que generaron ingresos al Estado por valor de 60 000 millones de euros. Somos líderes mundiales en turismo y la marca España goza de prestigio mundial. Entre las fortalezas más valoradas de nuestra oferta turística destacan la seguridad, nuestras infraestructuras y nuestro patrimonio histórico. Somos el destino más competitivo del mundo y nuestro liderazgo es producto del esfuerzo colectivo y del trabajo de innumerables emprendedores, la mayoría pequeñas empresas.

Por ello, resultan intolerables las campañas para dañar la imagen de nuestro país. Lo vergonzoso es que lo que se denomina turismofobia son niños de papá jugando con el empleo de los trabajadores, y lo que es más grave es que haya partidos políticos -sentados algunos en esta Cámara, aunque hoy no


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están presentes- detrás de todos estos actos vandálicos. (Aplausos). El común denominador de estos ataques es claro: juventudes de partidos radicales nacionalistas, fundamentalmente Arran, la rama juvenil de la CUP, y las Juventudes de Esquerra Republicana de Catalunya. Hay algunos ejemplos en prensa y en redes sociales. (Muestra dos carteles).

Ciudadanos tiene registrada una PNL sobre este mismo tema y hemos presentado una enmienda para aportar alguna mejora al texto, pero ya adelanto que nuestro voto va a ser favorable. No nos podemos quedar impasibles cuando vemos cómo se insulta, se intimida y se atenta contra turistas y negocios, siempre desde sectores del independentismo radical. Esto es bullying se mire como se mire. No es un problema generalizado. Está bien localizado en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, que son objetivos del nacionalismo expansionista catalán. Tratamos con fanáticos dispuestos a imponer su idea de país y a expulsar a todos aquellos que no les encajen. Hace unos meses atentaron contra un autobús de turistas y han dirigido sus actos vandálicos contra hoteles y restaurantes. Ahora a los ataques a turistas hay que añadir la ideologización del espacio público en Cataluña, un espacio que debería ser de todos -y, por tanto, neutral-, pero que ahora los nacionalistas tratan de copar con las cruces amarillas en las playas, las megafonías políticas dignas de Corea del Norte o las amenazas a los propietarios de terrazas que no quieren adornarlas con los lazos amarillos. Toda España ha podido ver como a Manuel García, el valiente hostelero de Blanes, se le insultaba y acosaba por no permitir poner lazos en su negocio. Desde aquí quiero trasmitir todo nuestro apoyo y respeto por su gran valentía. (Aplausos).

El PP, desde la oposición, denuncia la turismofobia, pero desde el Gobierno no hizo nada para cortarlo de raíz, ni siquiera con la aplicación del 155. Es más, con respecto a la retirada de los lazos amarillos, el PP no es que se haya puesto de perfil, es que el señor Casado ha llegado a oponerse y censurar a aquellos ciudadanos valientes que defienden la neutralidad ideológica de los espacios públicos. Esto no va de libertad de expresión, como se quiere hacer creer, o de que dos no se pelean si uno no quiere. No podemos poner en el mismo plano a las fuerzas que defienden los valores constitucionales y la libertad y a quienes quieren imponer su punto de vista situándose por encima de la ley cuando les viene en gana. ¿Y qué podemos esperar del PSOE? Yo pienso que poco. Para empezar, le deben el Gobierno a las mismas fuerzas que están atacando a turistas y minando la convivencia. También resulta imposible saber qué está haciendo la Generalitat de Catalunya, pues no existe ninguna posibilidad de control en un Parlamento vergonzosamente cerrado y donde se impide hacer su trabajo a los diputados.

Señorías, para Ciudadanos no se han aprovechado los últimos años de bonanza para afrontar los retos que tenemos por delante para renovar y modernizar nuestro destino, para reducir la estacionalidad o para adaptarse y mitigar la gran amenaza que representa para el sector el cambio climático. El Plan Nacional Integral de Turismo está vencido desde hace tres años y sin noticias de su actualización. Nuestro modelo turístico apuesta por un desarrollo sostenible y una convivencia sana y en armonía de turistas y residentes. En Ciudadanos siempre estaremos haciendo frente a los autoritarismos y a radicales exigiendo el cumplimiento de la ley, nadie por encima de la ley, siempre junto a los ciudadanos y emprendedores (aplausos) que levantan la persiana cada día para crear oportunidades y prosperidad en nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jiménez Tortosa.

El señor JIMÉNEZ TORTOSA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

En la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular y titulada "impulsar medidas contra la turismofobia en España", tanto en la exposición de motivos como en las medidas que propone para mejorar la calidad de nuestra oferta turística, no se hace referencia expresa a la turismofobia y sí a las medidas que propone para mejorar la calidad de nuestra oferta turística. Por ello le hemos planteado en un primer momento cambiar el título de la proposición no de ley para llamarla "impulsar medidas para mejorar la calidad de nuestra oferta turística". Pensamos que esta denominación define mejor el objetivo del debate.

El turismo es uno de los principales motores de nuestra economía, genera empleo y riqueza, contribuye positivamente al desarrollo de muchas regiones y consecuentemente al de España; por lo tanto, es una actividad que debemos cuidar y potenciar. Pero, más que en la búsqueda de un aumento constante del número de turistas que nos visitan -eso sería insoportable-, nuestro esfuerzo debemos enfocarlo a mantener el número de turistas al mismo tiempo que mejoramos nuestra calidad en la oferta turística


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buscando la excelencia. Frente a una estrategia de competitividad-precio, debemos enfocar más nuestra competitividad a la desestacionalización, la diversidad y la calidad de nuestra oferta turística.

La evolución del turismo como una actividad cultural, como expresión de una mejora de la calidad de vida y del bienestar, es un objetivo de cualquier sociedad. Esta evolución del turismo ha ido presentando a lo largo del tiempo actitudes favorables y desfavorables en los destinos y en los espacios afectados. Conviene analizar esta evolución para poder acercarnos a entender los problemas que puede ocasionar una mala planificación o simplemente que no haya existido dicha planificación turística, porque el turismo como fenómeno debe ser siempre deseado y nunca rechazado siempre que se tomen las precauciones para que evolucione como motor ejecutor del desarrollo económico y social de una región o de un país.

El estudio comparado de los indicadores de presión turística sobre el territorio y sobre la población local en ciudades con problemas de concentración y masificación y en ciudades que presentan indicadores determinantes de una posición de equilibrio achaca más los problemas que se manifiestan en los primeros destinos a la falta de una adecuada planificación turística que a una llegada de un turismo intensivo. En la evolución del turismo español podemos decir que no han sobrado los turistas y sí ha faltado planificación.

Señorías del Partido Popular, muchas de las medidas que proponen ahora ya las deberían haber puesto en marcha hace tiempo. Desde finales de 2011, cuando llegaron al Gobierno de España con su mayoría absoluta, no habrían tenido ningún problema en aplicar estas y otras medidas para cuidar y potenciar este sector de nuestra economía que consideramos tan importante. Pero no lo han hecho, y ahora les corre prisa. La primera medida que proponen es perseguir cualquier acto vandálico en contra del turismo, reforzando para ello el turismo seguro. Sin embargo, una de las primeras medidas que tomaron cuando llegaron al Gobierno de España con su mayoría absoluta fue la reducción de plantillas y recursos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Justo hacen lo contrario de lo que dicen que deberíamos hacer. No es posible tener más seguridad ni perseguir los actos vandálicos -por cierto, todos, no solo los que afecten al turismo- con menos recursos y menos efectivos. Por favor, sean coherentes con lo que dicen. Por otro lado, para materializar algunas de las actuaciones que proponen, es necesario emplear recursos económicos. No obstante, en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que ustedes elaboraron, y se aprobaron, no figura ninguna partida destinada a estas actuaciones. Nuevamente -se lo repito-, señorías del Partido Popular, sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen.

Soy andaluz, diputado por Almería, y para Andalucía el turismo es un sector económico primordial. Una de las medidas que proponen ahora en su proposición no de ley es la mejora de aeropuertos y carreteras con el fin de mejorar la comunicación y desplazarnos por el territorio con facilidad. Pues bien, hagan la prueba de visitar Almería o Granada por tren: se les quitarán las ganas de volver. Son dos destinos turísticos de primer orden; por ejemplo, Granada tiene el segundo monumento más visitado, después de la Sagrada Familia, en Barcelona.

Termino resumiendo las medidas, que, en su mayoría, coinciden con las expuestas en la proposición no de ley del Partido Popular, que hemos transaccionado y que, por tanto, apoyaremos. Serían las siguientes: seguir apostando por un plan de turismo seguro; promover una declaración institucional y un pacto de Estado a favor del sector del turismo; mejorar la oferta turística; fomentar el turismo cultural; mejorar la competitividad y sostenibilidad del turismo rural; impulsar a España como destino turístico de ferias y congresos; impulsar soluciones coordinadas con las comunidades autónomas con la finalidad de revisar la normativa de competencia estatal en relación con los alquileres turísticos. Estas son las medidas que planteamos para mejorar nuestra oferta turística, y les aseguro que seremos coherentes con nuestras propuestas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Jiménez.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.

El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a empezar esta intervención -como hoy es de cinco minutos, me da más tiempo- señalando los acuerdos que tengo con la iniciativa que presenta el Partido Popular. El acuerdo se basa en una obviedad, y es que el turismo en su vertiente económica es una actividad que genera riqueza y que, por tanto, tiene alto interés. Y hasta ahí los acuerdos con el Partido Popular, porque puedo decir sin temor a equivocarme que luego no compartimos prácticamente nada con su iniciativa. Ustedes nos proponen una senda para


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el turismo que desregula más la actividad y limita la capacidad de acción de las entidades locales y de las entidades autonómicas; que deja a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, también las de nuestro país, Euskal Herria, en manos de una dinámica de leyes estatales que desregulan el turismo para intentar captar cuanta más gente mejor, sin importar las condiciones ni los grados de afección al medio. Lo que ustedes están planteando genera muchos problemas a los y las habitantes, también, por desgracia, a los de nuestro país, Euskal Herria. Ustedes están consiguiendo que aumente la inflación de precios, que se reduzca la oferta de alquiler de viviendas, que se destruyan los espacios comunitarios, que se gentrifiquen las ciudades. Ante eso, hay vecinos y vecinas que expresan su malestar, pero al Partido Popular parece ser que las legítimas protestas de estos vecinos les molesta. ¿Y qué hace? Las criminaliza como protestas o actos vandálicos. Ustedes nos hablan de turismofobia para ocultar su protestofobia, temen y odian que la gente proteste, pero ustedes no entienden que eso que llaman turismofobia es el grito desesperado de mucha gente.

Hoy, en esta tribuna, nos han hablado de pintadas y nos han señalado las pintadas como uno de los elementos que distorsionan o afean el entorno, la postal que tienen que ver los turistas. Seguramente, cuando decía eso no se planteaba que todas las pintadas le disgustasen; seguramente, las pintadas que ha hecho la Guardia Civil anoche y hoy en el monte Oiz y en el balcón de Bizkaia, porque por ahí va a transcurrir una etapa de la vuelta ciclista a España, le parecerán maravillosas. Huelga decir que a mí no.

Como le decía, esta propuesta en el fondo pretende limitar aquellas iniciativas locales que persiguen frenar el efecto perverso de los alojamientos turísticos a través de las plataformas digitales, y ustedes vuelven a hablarnos -burda excusa- de la libertad individual y del respeto a la propiedad privada. Seguramente le suena el debate de Uber o de Cabify y de cómo esconden bajo economía colaborativa lo que no es sino economía especulativa y extractiva. Así, ante la dicotomía que plantea su proposición no de ley -o defender los intereses de los grandes grupos, porque son ustedes quienes creen que a través de la acción de esos grandes grupos llegará más turismo, o defender la calidad de vida de la ciudadanía, el respeto y la identidad de los barrios y la actividad local-, nosotros, evidentemente, estamos con estos segundos y frente a los intereses de los grandes grupos.

Le reconoceré -porque, además, creo que así lo pensamos todas y todos- que el turismo es positivo. Todos somos o hemos sido turistas o, si no, deseamos serlo, pero no confundamos ser turista, atraer a turistas, con no regular y dejar todo en manos de grandes plataformas que arrasan con la calidad de vida de muchos y de muchas, por no hablar de la supuesta riqueza de la que hablaba al principio como acuerdo obvio, que en muchos casos se queda en muy pocas manos y no va acompañada de condiciones laborales dignas. ¿Por qué no hablan de reparto de la riqueza también aquí, en un sector que, como usted decía, emplea a 2,2 millones de personas en condiciones absolutamente precarias, y yo diría que hasta indignas, por su alta estacionalidad y por sus condiciones laborales y horas extras escandalosas? Resulta curioso que el Partido Popular hable de competitividad, de vandalismo, de libertad individual, pero en ningún caso -al menos en esta iniciativa- de un plan para mejorar las condiciones laborales de las personas que operan en este sector cuando todos sabemos que es un sector especialmente precario.

En resumen, su proposición no de ley provoca más pisos turísticos ilegales, menos herramientas para las entidades locales y autonómicas y, por tanto, menos soberanía para poder hacer en su territorio políticas que salvaguarden la dignidad de los ciudadanos y las ciudadanas que habitan día a día en ellas. Ustedes provocan más gentrificación y deciden apostar por el catch all, por las políticas atrapalotodo en turismo. Probablemente así consigan que el 'balconing' se convierta en un deporte nacional.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Matute.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores diputados.

Si ya antes no compartíamos la visión de la proposición no de ley, después de escuchar tanto a la representación de los ponentes como a otras voces que les han apoyado aún más nos inclinamos por entender que es un auténtico despropósito. No dudamos del carácter estratégico del turismo como actividad económica; los datos nos hablan no solo de la importancia que tiene, sino de que tendrá en el futuro la misma relevancia. Donde no estamos en absoluto de acuerdo es en el análisis que hace, en la proyección que efectúa de determinado fenómeno de rechazo al turismo y en las medidas que se han señalado en la proposición no de ley.

Vamos a partir de una premisa clara y evidente, y es que donde ha habido conflictos ligados al turismo es porque ha habido masificación del turismo; esa es una cuestión fundamental. Además, hay que señalar


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otra cuestión añadida, y es que ese fenómeno se produce en lugares concretos de naturaleza urbana y vinculado a contextos y hechos determinados, sobre todo -y voy a citar las que son para mí las dos fuentes principales- la deficiente gestión de la oferta turística que se ha hecho por parte de las diferentes instituciones y otro elemento determinante en el que intervienen las corporaciones locales, que es la deficiente ordenación de un uso urbanístico del alojamiento turístico. Pues bien, siendo esas las raíces, hay que decir que esos hechos están afectando a la calidad de vida de los residentes y a la convivencia entre estos y los visitantes o turistas. Es posible que todos estos fenómenos tengan, además, otras muchas causas, pero desde luego esas -las relativas a la gestión de la oferta turística y la de la regulación deficiente del concreto uso urbanístico del uso turístico en vivienda- no han sido analizadas en la proposición no de ley.

Es cierto que, además, en ese debate convive una cuestión relevante, que es la necesidad de armonizar los legítimos intereses de una actividad comercial con el derecho de los ciudadanos residentes en áreas urbanas a vivir en unas condiciones de dignidad determinadas, pero también es verdad que la interpretación de ese debate no debe suponer la restricción de las libertades personales y colectivas de aquellos residentes en zonas urbanas que deben compatibilizar su vida con la actividad turística. En dicho aspecto, vamos a señalar también -no se ha hecho mención a ello- que creemos que es necesario realzar el papel de los ayuntamientos a la hora de entender en ese debate cuáles son las cuestiones que afectan al interés general y cuál es la ordenación que de la actividad turística y de los usos turísticos hoteleros se debe hacer desde el planeamiento y las regulaciones municipales. Ha habido algún otro factor, como es la intervención de las autoridades de competencia, que siempre han tenido en su punto de vista mayor preponderancia hacia la actividad comercial, pero seguimos entendiendo -lo acabo de manifestar- que en la existencia de ese conflicto del turismo masificado la interpretación correcta debe ser la de los ayuntamientos, que son los que van a pretender armonizar esos usos que también son convenientes para su economía con la posibilidad de continuar el uso residencial de los residentes en zonas urbanas.

A ese efecto, es importante destacar los siguientes hitos normativos en cuanto a la regulación de esta cuestión. De una parte, la potestad de regular el uso del suelo y de las edificaciones es una potestad urbanística y, como tal, es competencia de los ayuntamientos en virtud de lo expuesto en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley del Suelo y también de la Ley de Bases de Régimen Local, artículos 26 y 28 concretamente. Es a ellos, como conocedores más inmediatos de esa realidad, a quienes corresponde delimitar el uso urbanístico hotelero y regular su intensidad para que sea compatible con el carácter residencial de los ámbitos urbanos. Por su parte, la regulación sectorial de la utilización de las viviendas de uso turístico corresponde a las comunidades autónomas y no al Estado. Por ello resultan contrario a la delimitación competencial actual -al menos en lo que se refiere a Euskadi y a las determinaciones que hace la Ley 13/2016, de Turismo de Euskadi- el señalamiento de medidas que se han propuesto en esta proposición no de ley; y eso afecta no solo a Euskadi, sino también, supongo, a otras comunidades autónomas. Por su parte, si nos atenemos a lo dispuesto en el artículo 148.1.13.ª, en cuanto a actividad económica, también es a las comunidades autónomas -y a Euskadi, en virtud de los artículos 10.15 y 36 del Estatuto de Autonomía del País Vasco- a quienes corresponde, en todo caso, la capacidad normativa en cuantos aspectos afecten a la ordenación de la actividad del turismo.

Por ello, señalando que estamos en desacuerdo con el planteamiento, más aún con las medidas que se han propuesto y, sobre todo, con la deriva autoritaria que se desprende de la utilización de determinados fenómenos de rechazo para potenciar medidas punitivas absolutamente innecesarias cuando existen las del Código Penal con carácter ordinario, entendemos que esta proposición no de ley no suma ningún hecho ni efectúa un análisis certero ni, por tanto, puede conseguir que las autoridades, las entidades y las administraciones competentes se puedan sumar a un esfuerzo de este tipo.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Martín González.

La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Gracias, presidente. Buenas tardes a todas.

Hoy, 11 de septiembre, nos gustaría que fuera la última Diada en la que tuviéramos que denunciar que la judicialización de un problema político haya llevado a la cárcel a gente de forma injusta y también nos


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gustaría, por supuesto, que pudiera volver a ser un día para que toda la ciudadanía catalana reivindicase sus derechos y libertades en su sentido más amplio. (Aplausos).

Entrando en materia, hoy el Grupo Popular presenta una proposición no de ley destinada, según su título, a impulsar medidas contra la turismofobia. Lo primero que habría que señalar es que, más allá del título, la proposición del Grupo Popular básicamente propone medidas cuyo objetivo es profundizar en el modelo turístico liberalizado y precario que durante años ellos mismos han impulsado y que precisamente está en el origen de los múltiples problemas vinculados al turismo que hoy sufrimos la mayoría. Una vez más, por tanto, el Partido Popular titula de forma burda, para meter por la puerta de atrás, sus objetivos de modelo económico. Hablan de turismofobia, situando la seguridad como asunto central, para no tener que hablar de qué medidas necesitamos para que el turismo genere bienestar para la totalidad de la población y no solo para unos pocos.

Verán, señorías, aquí no hay un problema de turismofobia; bien al contrario, según demuestran todas las encuestas, una de las razones por las que somos uno de los destinos turísticos preferidos es precisamente por el buen trato que la gente recibe al venir aquí. Señorías, este grupo parlamentario lo ha dicho en numerosas ocasiones y hoy lo vuelve a repetir: el modelo de turismo que existe a día de hoy es totalmente insostenible. A expensas de ese modelo, se está fomentando la temporalidad -un 75% de los nuevos contratos son temporales-; la precariedad laboral y sus durísimos efectos en la salud de las personas que trabajan en el sector -y si no saben de qué estoy hablando, pregunten a las 'kellys', que ellas se lo explicarán muy clarito (aplausos)-; los brutales problemas de acceso a la vivienda asequible que cada vez está sufriendo más y más gente, o también la degradación del patrimonio natural y cultural de muchas zonas del Estado. Así que no, señorías, aquí no hay turismofobia, pero lo que sí hay, atendiendo a su propuesta, es fobia a que las personas que trabajan en el sector turístico tengan sueldos decentes; fobia a los contratos indefinidos en un sector en el que la estacionalidad es la norma; fobia a cualquier cambio legislativo que permita acabar con los alquileres impagables, inestables e inseguros, y fobia a poner coto de verdad a unas plataformas digitales que demasiadas veces convierten lo que debería ser vivienda para todas en hoteles encubiertos. (Aplausos).

La actividad turística no es inocua, tiene efectos concretos en lugares concretos, en la vida de la gente que ve cómo sus barrios y sus entornos se transforman en lugares hostiles, y a día de hoy, señorías, los ayuntamientos son los que prácticamente en solitario están trabajando para frenar esa sangría. Ciertamente, señorías del Partido Popular, leyendo su proposición, más que un partido preocupado por el bienestar de la mayoría parecen ustedes uno de los lobbies más agresivos del sector. Hablan de turismo de calidad refiriéndose única y exclusivamente a la capacidad de gasto de quien nos visita. Atraer turistas ricos sin cambiar ni una sola norma que permita que esa riqueza revierta en toda la población es cometer un error que nos lleva a la exclusividad y, por consiguiente, a la exclusión. Ustedes han sido durante años la imagen política del turismo de pelotazo y de plan urbanístico, de la especulación inmobiliaria y de la corrupción. Han contribuido a que la situación sea hoy la que es. Y no nos engañemos, las medidas que proponen no quieren modificar el modelo actual, sino que quieren profundizar en él, en un modelo en el que los beneficios del turismo se los llevan unos pocos mientras sus externalidades negativas las sufrimos las demás.

Señorías, permítanme destacar una cuestión que me indigna especialmente. Pretenden hacernos creer que el problema que tenemos de los alquileres turísticos se va a resolver únicamente a través de reformas en las normativas turísticas. ¿Ustedes son conscientes del inmenso problema de acceso a la vivienda que hay en Madrid, en Cádiz, en Barcelona, en Valencia, en Málaga? ¿Ustedes saben que hoy hay personal sanitario que rechaza el destino de Palma porque no puede pagar el alquiler de un piso? ¿Ustedes saben que somos el país de la OCDE en el que la gente destina más cantidad de sus ingresos a pagar el alquiler? Pues todo eso tiene causas que van mucho más allá de lo que una reforma de la normativa turística puede resolver. Sin ir más lejos, les voy a citar dos causas: una, la venta de viviendas de protección oficial a fondos buitres, que llevó a cabo su Gobierno de la Comunidad de Madrid; y dos, la actual Ley de Arrendamientos Urbanos que su Gobierno modificó en 2013. Por lo tanto, claro que hace falta una mayor presión fiscal a las plataformas digitales que se dedican a los alquileres turísticos, solo hay que ver los 100 000 euros que ha pagado a Hacienda Airbnb recientemente. Hay que dejar de tratar a esas empresas como si fueran meros intermediarios digitales cuando son agentes activos de la especulación -el problema es que ustedes no tienen ninguna intención de hacerlo- y, por supuesto, hay que respetar y mantener el sector turístico, porque, al fin y al cabo, muchas personas y familias viven de él o, al menos, intentan hacerlo de forma razonable, resistiendo los embates y la precarización de las grandes compañías


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a las que ustedes llevan años beneficiando. Pero con su propuesta no están defendiendo ni al sector turístico ni a los turistas ni mucho menos a la mayoría de la población; bien al contrario, para garantizar un presente precario, están hipotecando la posibilidad de un futuro, de cualquier futuro que permita una vida en común. Por eso, señorías, vamos a votar en contra.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Martín.

Pregunto a la señora Navarro Cruz si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora NAVARRO CRUZ: Hemos planteado una transaccional y se la hemos hecho llegar al señor letrado.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien. Muchas gracias. Lo tendremos en cuenta para las votaciones.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ATENCIÓN DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA A LAS PERSONAS DESPLAZADAS. (Número de expediente 162/000666).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continuamos con el siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la atención del sistema de autonomía y atención a la dependencia a las personas desplazadas.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Ramón Utrabo.

La señora RAMÓN UTRABO: Buenas tardes. Muchas gracias.

Hoy traemos a Pleno una iniciativa que busca garantizar que las personas en situación de dependencia, que en su mayoría son personas mayores que se ven obligadas a desplazarse a una comunidad o a una ciudad autónoma diferente a la de su residencia habitual por motivos familiares, sean atendidas en igualdad de condiciones que el resto. Tanto el Gobierno socialista como nuestro grupo parlamentario son sensibles con estas personas que hasta el momento se han visto discriminadas por razones de falta de regulación y de coordinación interadministrativa, que son imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de atención a la dependencia. Ante esta situación, el Gobierno del Partido Popular no ha sabido o no ha querido dar respuesta ni solución a un problema que afecta a más de cuatrocientos traslados mensuales.

Como ha defendido mi grupo en incontables ocasiones en esta misma tribuna, fue el Gobierno socialista quien hizo realidad hace ahora doce años la aprobación de la Ley de dependencia. Esta ley supone el reconocimiento del derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos y supuso la puesta en marcha también del sistema para la autonomía y atención a las personas en situación de dependencia. El sistema comenzó a implantarse según lo previsto, con resultados satisfactorios para sus beneficiarios, generando empleo e importantes retornos económicos y con un calendario de implantación que se desplegaría de forma gradual. Pero a partir de noviembre del año 2011, con la llegada del Gobierno del Partido Popular, se produjeron importantes recortes y reformas, como la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo o la supresión de las cotizaciones de las cuidadoras familiares a la Seguridad Social. Todos estos recortes han supuesto un ataque frontal al sistema de la dependencia. El resultado de estos recortes ha sido que, con el calendario totalmente implantado desde julio del año 2015, no se esté prestando una adecuada atención a las personas en situación de dependencia, y la situación de las personas desplazadas es un buen ejemplo de ello. Le corresponde al Consejo Territorial de Servicios Sociales acordar los mecanismos de coordinación para el caso de personas desplazadas en situación de dependencia, conforme estipula el artículo 8.2.i) de la Ley de Dependencia. La atención a las personas dependientes en esta situación queda recogida en el artículo 17.5 del Real Decreto 1051/2013, por el que se regulan las prestaciones del sistema. Concretamente, en ese artículo se establece que las personas en situación de dependencia que se encuentren desplazadas de su residencia habitual dentro del territorio español mantendrán el derecho y la reserva del servicio, así como la obligación de abonar la participación en el coste del mismo o, en su caso, continuarán percibiendo la prestación económica durante un tiempo máximo de sesenta días al año con cargo a la administración competente que le haya determinado el programa


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individual de atención. Pero esta normativa es poco concreta y en la práctica ha supuesto que se deje sin atención a la gran mayoría de los casos o tan solo sean atendidos un par de meses al año.

Existe, por tanto, una laguna normativa muy importante. No lo decimos nosotros, lo reconocía la defensora del pueblo en enero del año 2015, en su recomendación ante la queja presentada por un ciudadano, en la que explicaba que la situación de estas personas no se encuentra regulada y proponía al Consejo Territorial de Servicios Sociales -que, insisto, es el órgano competente- la adopción de medidas que permitieran la continuación sin interrupción de la acción protectora del sistema y el mantenimiento de la atención a las personas en situación de dependencia en los supuestos de traslados temporales y desplazamientos entre ciudades o comunidades autónomas. Por ello, esta iniciativa, que registramos en el mes de mayo, tiene como único objetivo solucionar un problema concreto, que es la continuidad sin interrupción en la prestación de los servicios a las personas en situación de dependencia.

En relación con las enmiendas que han presentado otros grupos, tengo que hacer algunas observaciones. En primer lugar, quiero recordar que la Ley de dependencia encomienda la gestión de la dependencia a las comunidades autónomas y se han presentado enmiendas que pretenden convertir la dependencia en una competencia estatal encubierta. No obstante, quiero indicar que la mayoría de las enmiendas introducen elementos con los que estamos en clara sintonía; prueba de ello es el anuncio por parte de la ministra de la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las cuidadoras no profesionales o la voluntad, también manifestada por el Gobierno en su comparecencia, de la recuperación de la financiación del nivel mínimo del sistema de dependencia o de la recuperación del nivel acordado en el marco de la colaboración entre las administraciones. Está claro que compartimos la necesidad de revertir la situación creada por el Gobierno del Partido Popular, pero entendemos que esta proposición no de ley no es el lugar adecuado donde deben ser abordadas estas cuestiones.

Para concluir, quiero dejar claro que, como siempre, el objetivo de mi grupo, el objetivo del Grupo Socialista, es garantizar las prestaciones que por derecho tienen reconocidas las personas en situación de dependencia y terminar con las situaciones discriminatorias como las que proponemos en esta iniciativa. Por tanto, y como no puede ser de otra manera, entiendo que todos los grupos estaremos de acuerdo en este aspecto e intentaremos llegar a un acuerdo vía transaccional.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ramón.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyor president.

Señorías del Partido Socialista, es muy fácil cenar todos los días fuera de casa cuando la cuenta la pagan otros; es muy fácil venir aquí y proponer que atendamos a las personas dependientes desplazadas y que paguen la cuenta las comunidades autónomas. Se les ha vuelto a olvidar la financiación. Queremos garantizar la atención a las personas desplazadas, evidentemente, pero no nos hagan un `simpa´ y asuman la financiación que eso supone. Se les olvidó pagar la cuenta en 2006, cuando se aprobó la Ley de dependencia, pero es que se les sigue olvidando hoy pagar la cuenta de sus propuestas, así que les proponemos enmiendas para subsanar esta anomalía precisamente, para que las autonomías que tenemos la atención a las personas dependientes como prioridad podamos seguir asumiendo ese servicio con el dinero que merecemos.

En el País Valencià tenemos una financiación ridícula y tenemos que pagar cosas tan importantes como los servicios sociales, como la dependencia, como la educación o como la sanidad. Luego, el Gobierno central se lleva nuestro dinero y nos da una parte ínfima, una parte que no nos da para suplir todos esos servicios. Lo saben. La financiación no es un capricho, es lo justo para atender y dar una vida digna a los valencianos y valencianas y también a las personas dependientes que atendemos en nuestro territorio. Hoy nos piden desde el PSOE que incluyamos en nuestra cartera de servicios a las personas dependientes desplazadas, y desde Compromís les decimos: Estupendo, pero comprométanse a pagar las medidas que proponen. Es muy fácil, como les decía, cenar todos los días fuera, de restaurante, si la cuenta la pagan otros. Así que comprométanse; comprométanse a pagar la atención a las personas desplazadas, a asumir el 50% del coste del servicio de dependencia, a reestablecer los recortes de los últimos años, a aumentar el IPC el precio de los servicios, porque, si no, ¿qué va a pasar con la atención a las personas dependientes desplazadas?, ¿lo mismo que pasa con la atención en sanidad a las personas desplazadas? Hasta 400 millones de euros debe el Estado a las arcas valencianas, porque la ciudadanía


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recibe la atención y el Gobierno valenciano da la atención a pesar de las malas prácticas del Gobierno español, a pesar de la infrafinanciación, a pesar de aportar solo un 12% del coste de dependencia, a pesar de ahogar económicamente a los valencianos y valencianas. A pesar de todo eso, hemos duplicado el número de personas dependientes atendidas, hemos reducido a la mitad la lista de espera, hemos eliminado el copago de los servicios, pagamos las prestaciones entre el 1 y el 5 de cada mes, hemos multiplicado por cinco la plantilla de profesionales de valoración, y todo eso asumiendo nuestra parte del coste y la del Gobierno central. Hasta 630 millones de euros cuesta la dependencia a las arcas públicas valencianas. El Gobierno aporta solo una octava parte de todo ese dinero cuando debería aportar la mitad, ¡la mitad! Eso lo hacemos con ustedes en el País Valencià, gobernando con el Partido Socialista. No hagan que esas políticas que en el País Valencià hacemos con ustedes sean a pesar de ustedes en el Gobierno de España. Proponer medidas a cargo de las comunidades autónomas es que paguen sus cuentas los que hace años que suplimos la incompetencia y la irresponsabilidad del Gobierno español. Así que comprométanse a pagar sus cuentas en las medidas que proponen, comprométanse a financiar la atención a las personas desplazadas en dependencia.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sorlí.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.

El señor BARANDIARAN BENITO: Nuevamente, buenas tardes, señor presidente.

Señorías, señoras y señores, si en el ámbito del derecho procesal existe un instituto que es el de la caducidad, yo diría que sería de aplicación también al caso concreto de esta proposición no de ley que nos ocupa hoy, no tanto por las intenciones, que compartimos y respecto de las que, además, hemos planteado una enmienda de la que hablaremos más tarde, sino porque el hecho y la solución concreta están dados ya en este supuesto.

Esta iniciativa se produce con ocasión de una queja ante el Defensor del Pueblo de un destinatario del sistema que, como consecuencia de su situación de dependencia, alternaba sus cuidados, primero, en su lugar de residencia habitual, Castilla-La Mancha, y luego en Madrid, como consecuencia de que tenía allí a sus dos hijos. Ante esta situación, Castilla-La Mancha le reconoció las medidas oportunas y Madrid, en cambio, le dijo que las ayudas económicas las tenía que solicitar en su lugar de residencia de origen. Tal situación dio lugar a que el Defensor del Pueblo, con fecha 29 de enero de 2015 y con una queja número 12012570, hiciera una recomendación al Consejo territorial de servicios sociales y del sistema para la autonomía y atención de dependencia para que adoptara medidas que permitieran la continuación sin interrupción de la acción protectora del sistema.

Efectivamente, eso no solo tenía que ser así, sino que estaba ya regulado -como ha recordado antes la ponente- en los artículos 8.2.i) de la Ley 39/2006 y en el 17.5 del Real-decreto 1051/2013. Es decir, correspondían a ese consejo territorial las funciones de coordinación en los casos de desplazamiento y eso es lo que se le requería en aquel momento que hiciera. Pero sucede además que existe ya en el seno de esa comisión delegada un grupo de trabajo constituido por técnicas y técnicos de las distintas comunidades autónomas que ya ha estado trabajando sobre este tema y sobre los problemas que ocasiona. La última vez que se reunió este grupo de trabajo fue el día 10 de mayo de 2018; recibió su mandato de la comisión delegada de 21 de febrero y el de los directores generales de dependencia, en Oviedo, los días 24 y 25 de abril. Como consecuencia de ello, dio una serie de recomendaciones que no les voy a repetir porque son bastante largas, pero hablan de que la solicitud de traslado será única, de que el empadronamiento en la comunidad autónoma de destino no será un requisito inicial, de que el papel del Imserso lo diseñan dos frentes distintos, de potenciar la comunicación entre comunidades autónomas, de que las solicitudes de traslado se pueden presentar en cualquier comunidad autónoma, de la documentación, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo esto lo que pone negro sobre blanco es que, primero, existían problemas respecto de lo que se remitió a la comisión de coordinación en cuanto a las comunidades autónomas que se pusieron en marcha y dieron solución a esta cuestión. Por tanto el hecho, el procedimiento como tal, la PNL habría caducado.

Como conclusión a esta PNL -por eso le hemos planteado una enmienda- queríamos trasladarme unas reflexiones. Queremos subrayar que si bien es al Consejo Territorial de Servicios Sociales a quien corresponde esa labor de coordinación entre administraciones competentes en esta materia, también conviene advertir que esa función no puede suponer sustitución de las administraciones que disponen de competencia exclusiva, y usted lo ha recordado también y le agradezco esa mención. Curiosamente


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también hay otra cuestión respecto de la que nos han advertido los profesionales, y es que conviene señalar que en casos parecidos al que nos ocupa hoy existe otro problema subyacente, y es que se debe evitar que sobre la base de este acuerdo se pueda facilitar desplazar a las personas en situación de dependencia sin contar con su voluntad, porque se causaría una situación de desarraigo. Y una tercera -que la interviniente que me ha precedido en el uso de la palabra señalaba- es que se debe subrayar también que dicho mecanismo no puede servir para facilitar la entrada indistinta al sistema en cualquier parte del estado cuando suponga una traslación de gastos de una comunidad autónoma a otra, en función de los distintos niveles de servicio. Por eso les hemos planteado una enmienda en la que se tuvieran en cuenta estas tres cuestiones. Una, la relativa a la calidad del servicio; dos, a las competencias exclusivas de las comunidades autónomas; y tres, se hacía mención también a la compensación económica en su caso de la asunción por parte de la Administración desplazada de los gastos de la Administración reconocedora de la situación de dependencia. En función de su aceptación o no girara nuestro voto.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Clemente Giménez.

El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Señor presidente, señorías, buenas tardes. Permítanme ustedes alejarme del tema en cuestión y empezar con la oportunidad que se me da desde esta tribuna de manifestar mi más firme condena a la lacra de la violencia machista, ya que este triste fin de semana ha habido tres mujeres asesinadas. (Aplausos).

La proposición no de ley que nos trae esta tarde el Grupo Socialista tiene mucho que ver con una de las principales reivindicaciones de la política de ciudadanos: la igualdad. La igualdad consiste en que no debe haber privilegios ni de personas ni de territorios; no es otra cosa que la verdadera igualdad real y efectiva de todos los españoles en obligaciones y derechos, y no según el código postal o el DNI, de donde vengan o donde residan. Por ello desde ciudadanos en materia de sanidad y servicios sociales apostamos por la movilidad geográfica y la equidad de servicios y prestaciones de igual manera en todas las comunidades autónomas, una materia que al PSOE ha parecido importarle más bien poco a la luz de la cantidad de veces que han votado nuestra iniciativa en esta materia, como por ejemplo recientemente en el asunto de la tarjeta sanitaria única, una medida que va en la línea y en la filosofía de esta proposición que nos trae esta tarde, ya que para el servicio y cobertura sociosanitarios no hay españoles de primera y de segunda o incluso de tercera, por desgracia, en algunas comunidades autónomas, según los indicadores de los que disponemos. Se habrán dado cuenta sus señorías de que hasta este punto de mi intervención he utilizado la palabra igualdad dos veces. Igualdad es de lo que se trata aquí o de lo que aspiramos que sea la filosofía que lleva esta proposición no de ley. Parece que sus señorías del Partido Socialista no comprenden el significado de la palabra igualdad ni aun teniendo un supuesto máster por ello. (Aplausos).

La iniciativa que se debate esta tarde aquí expone dos causas principales a la hora de limitar la asistencia a las personas dependientes, cuando se desplazan a otras regiones que no son la suya. Uno, la falta de una cobertura legal que proteja su derecho a recibir esos cuidados; y dos, la falta de elementos de coordinación efectivos. Aun estando a favor de lo que se pretende en esta proposición no de ley, sobre todo por atender la recomendación ya emitida por el Defensor del Pueblo en esta materia en el año 2015, donde recomienda su aplicación, no se distinguen -aquí esta el quid de la cuestión- fronteras virtuales autonómicas en cuanto a materia de prestación de servicios, lo cual viene recogido en la propia ley, aunque nunca se ha desarrollado este concepto de manera real y efectiva.

Hemos presentado enmiendas que humildemente esperábamos que fuesen aceptadas y que por el tono de la intervención de la señora Ramón no lo sé si será así o no, porque no me ha comunicado si acepta alguna, pero sí me gustaría de manera significativa y más allá de la semántica hacer hincapié en los dos últimos puntos del texto de nuestra enmienda, que dicen literalmente: establecer que las valoraciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia puedan realizarse en cualquier provincia o comunidad autónoma, de manera que los ciudadanos puedan optar por otras comunidades autónomas que posean una menor lista de espera para la evaluación, si así lo desean, y desarrollar una tarjeta única del sistema para la autonomía y atención a la dependencia que identifique a las personas dependientes con derechos reconocidos, a fin de que puedan recibir los servicios y prestaciones correspondientes en cualquier punto del territorio nacional. (Aplausos).


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Para concluir, ahora que el PSOE es el partido del Gobierno y que el señor presidente, volador de altos vuelos, está al frente interpretando ese papel, por favor, aterricen ya de estos primeros cien días. Este tipo de iniciativas sí suponen preocupaciones reales de la gente y no desenterrar el pasado para dividir y fragmentar aún más la sociedad. Esperamos que traigan pronto las medidas oportunas para corregir esta laguna normativa y facilitar así el desplazamiento de los dependientes, pero sobre todo escuchen a siete de cada diez españoles que quieren elegir en las urnas un Gobierno estable, con peso parlamentario para poder tomar decisiones respaldadas con mayorías dialogadas y no mediante récords de decretazos en apenas tres meses. No íbamos a apoyar la moción de censura tras estos cien días vista la trayectoria. El que les habla, a día de hoy, si se repitiera, votaría lo mismo, pero con dos manos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Clemente.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Salud Areste.

La señora SALUD ARESTE: Gracias, presidente. Buenas tardes.

Desde nuestro Grupo Confederal vamos a apoyar esta iniciativa del Partido Socialista, que insta al Gobierno a garantizar la protección a aquellas personas dependientes que se trasladen temporalmente entre comunidades. Sin embargo nos parece totalmente insuficiente esta propuesta dada la gravedad de la situación de la dependencia en nuestro país. Por eso hemos registrado cinco enmiendas al texto que lo mejoran notablemente, y que esperamos sean aceptadas -ya veremos, porque no nos han comunicado nada- por tener mucha importancia, dado que nos encontramos en plenas conversaciones sobre los próximos Presupuestos Generales del Estado. Luego comentaré las enmiendas brevemente.

La Ley 39/2006 supuso entonces un importantísimo avance para las personas necesitadas de apoyo en su vida diaria, y contó entonces con el apoyo de Izquierda Unida al considerarla un pilar fundamental de nuestro sistema de protección social. También en el año 2012 Izquierda Unida se opuso al Real Decreto-ley 20/2012 del Gobierno Rajoy, denunciando entonces el asalto al Estado social y los intolerables recortes en dependencia. Recientemente esta diputada ha preguntado al Gobierno Sánchez sobre los motivos por los que se han dejado de ejecutar 44 millones de euros en 2017, cómo va a afrontar la larga lista de espera, y qué medidas va a tomar el Gobierno para superar la infrafinanciación del sistema de atención a la dependencia. La respuesta ha sido decepcionante: nada. No se aporta ningún dato que aclare qué pasó y mucho menos cuáles van a ser sus intenciones. Esperamos que por lo menos el Gobierno atienda esta proposición no de ley, porque el sistema tiene muchas deficiencias que requieren una actuación urgente por parte del Gobierno, y no lo decimos solamente nosotras. Los datos aportados por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales, sindicatos como Comisiones Obreras o UGT, entre otros agentes sociales, así lo acreditan. Estamos hablando de recortes que acumulan un total de 4600 millones de euros. Un 24% de las personas dependientes no reciben ninguna prestación del sistema, a pesar de tener reconocido el grado. La Administración General del Estado ha reducido la financiación a las comunidades autónomas y ahora se sitúa el gasto de las comunidades autónomas en un 80% y el de la Administración General en un 20%, lejos del objetivo del 50% por parte de cada Administración. Sigue sin resolverse la larga lista de espera de personas que han solicitado su valoración. Sigue sin valorarse el impacto de género que supone la feminización de los cuidados familiares, y más después de retirarse las cotizaciones a la Seguridad Social. Y ante toda esta situación le decimos al Partido Socialista que hay que ser más ambicioso al instar al Gobierno a que actúe ya, que la dependencia necesita financiación en lo inmediato, pero probablemente también, aunque ese es otro debate, un cambio de modelo a medio plazo. Por eso nuestras enmiendas van en la línea de revertir los recortes del real decreto-ley del año 2012, enmiendas que hemos concretado en los aspectos siguientes: un plan urgente de 2500 millones de euros para atender a las personas que han realizado ya la valoración, pero que aún no reciben prestación; la recuperación de las cotizaciones a la Seguridad Social de las personas, en la mayoría mujeres, que cuidan de un familiar; un calendario de actuación para asegurar el aumento de la financiación a las comunidades autónomas hasta alcanzar el objetivo de financiación del 50%; la puesta en marcha de la evaluación del impacto de género que supone la feminización de los cuidados, y por último, y en coordinación con las comunidades autónomas, aumentar los presupuestos de todas las administraciones en otros 2500 millones de euros para acabar con las listas de espera.

No hay que olvidar que los beneficios serían no solo para las personas dependientes, que esto ya estaría de por sí muy bien, sino que supondría una inversión real en empleo de entre 100 000 y 200 000


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puestos de trabajo. Además, señorías, si ya hay más de 4000 millones de euros para la guerra, habrá también más de 4000 millones de euros para la paz y los cuidados.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Salud.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Navarro Lacoba.

La señora NAVARRO LACOBA: Gracias, señor presidente.

Esta tarde el Grupo Socialista trae a debate una iniciativa social y una iniciativa positiva que aborda uno de los problemas más importantes de la sociedad del bienestar y uno de los problemas que más preocupa a los españoles, que es precisamente la dependencia, y desde luego no será mi Grupo Parlamentario Popular el que votará en contra de cualquier medida que pueda redundar en el beneficio de los dependientes. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Pero lo que sí lamento -y además mucho me lo temo- es que el trasfondo de la iniciativa que presentaban esta tarde a la Cámara no era precisamente apostar por los dependientes. Ustedes, señorías del Grupo Socialista, están más interesados en el titular que en los titulares del derecho a la dependencia, y bien lo ha hecho la portavoz del Grupo Socialista en materia de servicios sociales que ha dedicado más tiempo a criticar la gestión del Partido Popular que por supuesto a adoptar medidas que puedan beneficiar a los dependientes.

Su iniciativa podría significar grandes e importantes reformas -según ustedes la dependencia las necesitaba no hace ni apenas tres meses-, sin embargo se ha quedado muy corta en el petitum de esta iniciativa, y tan solo habla de la cobertura sin interrupción de los dependientes que se trasladan de una a otra comunidad autónoma. Y yo les voy a decir a las personas que están a su casa, a los que están ahí fuera y a los dependientes de verdad qué es lo que le importa al Partido Popular. Los dependientes que se trasladan de una a otra comunidad autónoma son como un grano de arena en el desierto. Ojo, no seré yo ni el Grupo Parlamentario Popular quienes digan que un grano de arena no hace montaña, que lo hace sin duda, pero que no deja de ser eso, un grano de arena en el desierto, por dos razones, y una de ellas es porque este problema ya está solucionado en la normativa. La Ley de Dependencia señala que la cobertura es universal, y no solo eso, sino que la competencia para ejecutarla le corresponde a las comunidades autónomas, y por tanto están previstas las obligaciones que tiene cada comunidad autónoma de origen y de destino cuando se traslada a un dependiente de una a otra.

Además el número de expedientes que se trasladan entre comunidades autónomas es mínimo. Les voy a poner un ejemplo. En mi tierra, CastillaLa Mancha, el número de traslados que se tramitan al año no supera ni los 400 expedientes. Sin embargo hay otras cifras que sí que nos preocupan, porque aumentan los ceros y son absolutamente escalofriantes. De ellas también son partícipes sus señorías de Podemos, porque les recuerdo que CastillaLa Mancha es la única comunidad autónoma donde cogobierna el Partido Socialista con Podemos, y son responsables de las siguientes cifras: 8000 dependientes a la espera de prestación, 6400 solicitudes a la espera de valoración y 5000 dependientes que han fallecido durante el mandato de GarcíaPage esperando la prestación. Señora Ramón, entienda ahora que la materia que hoy nos trae aquí es un grano de arena. Han puesto las luces cortas para hacer política. Lo saben muy bien, porque para hablar de dependencia hay que hablar de financiación autonómica, de Presupuestos Generales del Estado, y en definitiva de previsión económica. Pero ya sabemos que su Gobierno tiene otras prioridades. Están pensando en desenterrar muertos, en trasladar presos terroristas, en pagar los peajes de su investidura y en las muchas rectificaciones -una detrás de otra- que ya llevan en sus cien días de Gobierno. Por eso sabemos que su presidente Sánchez de financiación autonómica no habla, los Presupuestos Generales del Estado ni están ni se los espera, y mucho me temo que si llegan a entrar a esta Cámara servirán para poner la alfombra roja a ese cogobierno que ya anunciaba el líder de Podemos la semana pasada.

No jueguen con los dependientes, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, y sobre todo no jueguen al despiste con ellos. Si quieren que esta tarde hagamos algo bueno por ellos tengan a bien aprobar la enmienda que el Grupo Parlamentario Popular les presenta, y generemos un fondo de compensación entre las comunidades autónomas, que son las competentes para gestionar esta materia, evitando que vuelvan a generar rotos como ya hicieron en el pasado, para que luego tengan que venir los Gobiernos del Partido Popular a coser esos rotos. De hecho sé bien de lo que hablamos, porque fue un Gobierno del Partido Popular desde el año 2011 el que garantizó la sostenibilidad del sistema de dependencia, y lo hicimos pagando sus deudas, 1034 millones de euros que debían de las cotizaciones de las cuidadoras no familiares. Corregimos las deficiencias del sistema del que se fugaban millones de


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euros al año por su falta de transparencia. Apostamos por los cuidados de calidad al dependiente, profesionalizando la atención, y hemos incorporado a más de 600 000 personas al sistema de la Seguridad Social. Creímos en la inyección económica a las comunidades autónomas para sus servicios esenciales, como la dependencia. Por eso en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y 2018 inyectamos 5400 y 4248 millones de euros, y aumentamos la partida finalista del Estado en 100 y en 121 millones de euros respectivamente.

En definitiva, y para acabar, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, casi que este grupo parlamentario esta tarde se da la enhorabuena, porque con esta iniciativa tan poco pretenciosa del Grupo Parlamentario Socialista han venido sin duda a felicitarnos indirectamente. Primer Pleno, inicio del periodo de sesiones, y la principal preocupación del Grupo Parlamentario Socialista no es otra que los traslados de los dependientes. Algo habremos hecho bien cuando esa es su principal preocupación en materia de dependencia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Navarro Lacoba.

Señora Ramón Utrabo, a los solos efectos de decir si acepta o no las enmiendas presentadas tiene la palabra.

La señora RAMÓN UTRABO: Voy a ver unas transaccionales con el resto de los grupos.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Perfecto.

Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA REFORMA DEL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. (Número de expediente 173/000098).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la reforma del modelo de financiación autonómica. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Marí Bosó.

El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señora presidenta.

Señorías, ante la pretensión del señor Sánchez de olvidarse de la educación, la sanidad y los servicios sociales de los españoles hasta la próxima legislatura, el Grupo Popular con esta moción insta al Gobierno a presentar inmediatamente un nuevo modelo de financiación autonómica y local que garantice la igualdad de acceso de los españoles a estos servicios públicos, con independencia del lugar en el que vivan, porque no pueden darse discursos de justicia social si se posterga la mejor financiación de la educación, la sanidad y los servicios sociales de nuestras comunidades autónomas y ayuntamientos. O aún peor, no puede hablarse de justicia social si se beneficia u olvida a unos españoles frente a otros solo por el territorio en el que viven, porque entonces la aspiración de la justicia social se convierte inmediatamente en la perversión del justicialismo peronista.

Conseguido el objetivo de la moción de censura, que era que el señor Sánchez fuera a toda costa presidente del Gobierno, ya advertíamos que habían desaparecido las urgencias, que la mejor financiación de nuestras escuelas, nuestros centros de salud y nuestros servicios sociales no importaba nada, porque al señor Sánchez le bastaba con ser presidente, y siendo él presidente se abría para los españoles una nueva era, como ha dicho, el advenimiento de doce años de prosperidad y justicia social. Sin embargo, señorías, el problema es que la prosperidad de los españoles y sus servicios públicos no habita en los titulares ni en la grandilocuencia. Ustedes, señores del Grupo Socialista, piensan que con un titular o la grandilocuencia ya no hace falta aprobar el techo de gasto, no hace falta siquiera cumplir la ley y presentar un nuevo techo de gasto en el mes siguiente a no haber sido aprobado el primero. ¿Por qué incumplen la ley, señorías? ¿Por qué aún no ha entrado en esta Cámara un nuevo techo de gasto? ¿Es culpa acaso de los señores de Podemos, porque aún no se lo han dictado? No valen, señorías, las trampas ni los atajos con el objetivo de eliminar la voz territorial del Senado en el debate sobre cuáles deben ser los objetivos de estabilidad de nuestras administraciones territoriales. Es que ustedes un día se levantan como los campeones del federalismo asimétrico, al otro como los adalides de la nación de naciones, y al tercero nos


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montan una comisión para potenciar el Estado autonómico, pero su verdadero rostro es el del autoritarismo de la portavoz del Grupo Socialista, enfadada porque se contraría su voluntad y dispuesta a cargarse con escasos conocimientos la representación de la soberanía en las Cortes Generales. ¡Qué gran farsa, señorías; qué gran farsa! (Aplausos).

La verdad de las cosas, sin embargo, es que no pueden presentar un techo de gasto, difieren ad calendas graecas el presupuesto de 2019, y ni pueden abordar el sistema de financiación porque sus socios separatistas les exigen bilateralidad para que el señor Sánchez siga siendo presidente del Gobierno, porque pese al compromiso de la señora Montero el pasado día 27 en esta Cámara, han decidido someter la igualdad entre españoles al hecho de que el señor Sánchez siga siendo presidente. Se han decidido a hacer diferenciación entre españoles, esa es la verdad, señorías, y sin embargo nosotros, el Grupo Popular, no vamos a consentir eso, no vamos a consentir eso. La realidad es también que no pueden presentar techo de gasto, ni presupuestos, ni abordar la reforma del sistema de financiación, porque no saben ni les han dictado aún cuál es la cifra de ingresos tributarios. ¿Cómo van a saber la cifra de ingresos tributarios del año que viene, y por tanto la recaudación, que es la base de reparto del sistema de financiación, si el señor Sánchez asegura un nuevo hachazo fiscal con el impuesto al diésel y su ministra de Industria dice que eso es un globo sonda? Ojo al dato, el impuesto al diésel, que es muy progresivo y muy de justicia social, porque solo lo pagan los muy, muy ricos, que como todo el mundo sabe en este país solo son 17 millones de españoles los que usan el diésel. (Aplausos).

¿Cómo puedan formular un sistema de financiación basado en el reparto de la cesta de impuestos si un día el hachazo fiscal de la señora Montero en el IRPF afecta a los ricos, al día siguiente a los muy ricos, al otro a los muy, muy ricos, o si el que ya se conoce como vicepresidente del gasto descontrolado, el señor Iglesias, un día le pega un hachazo fiscal a los autónomos bajo el eufemismo de la progresividad, pero al tiempo nos impone el impuesto sobre las transacciones financieras, que es muy progresivo y muy de justicia social? Todo el mundo sabe en este país que solo los muy, muy ricos sacan dinero del cajero o pagan con la tarjeta de débito en el supermercado. ¿Cómo es posible determinar los ingresos tributarios, señorías, si el señor Sánchez el mismo día, por la mañana, con una mano firme de la determinación, engaña a la Comisión Europea, y por la tarde, con la otra mano firme de la determinación que le queda, sigue los dictados del señor Iglesias y se compromete al gasto descontrolado y a manos llenas? ¿Cómo es posible, señorías? Señores del Partido Socialista -se lo digo con respeto-, no pretendan tomar el pelo a los españoles, no pretendan insultar nuestra inteligencia. (Aplausos).

Es tal el desbarajuste, señorías, de estos primeros cien días de estiramientos en La Moncloa, que los españoles ya solo esperan en este tema de la financiación autonómica y local una nueva rectificación, la que les falta en estos primeros cien días de rectificaciones. Rectifiquen, y en lugar de diferir la mejora de la financiación a la próxima legislatura, presenten en la Cámara un modelo de financiación autonómica y local por el que se permita que lleguen mejores recursos a nuestras escuelas, a nuestros centros de salud, prestaciones a nuestros dependientes y a aquellos que sufren la discapacidad. Rectifiquen, señorías, porque en estos cien días de rectificaciones aún no han rectificado lo suficiente. Rectifiquen, y háganlo con urgencia, porque mejorar la financiación de los servicios públicos fundamentales no admite diferimientos, y merece más la pena que el hecho de que el señor Sánchez siga siendo presidente del Gobierno.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Marí Bosó.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto fijará posición en este turno el señor Martínez Oblanca. (Pausa). ¿No está el señor Martínez Oblanca? (Pausa). Lo hace el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.

Hay que ver lo bien que les sienta la oposición, hacen ya hasta mociones que somos capaces de votar los de Compromís. Desde luego el cambio es brutal. Pero, como decimos los valencianos, ¡quina barra! ¡Qué cara que el Partido Popular se atreva a hacer una propuesta de financiación autonómica! Tuvieron mayoría absoluta y no hicieron nada, han tenido casi dos años y no han hecho nada, y hoy nos presentan este papelito (lo muestra) de financiación autonómica. Cuatro líneas es la contribución del Partido Popular a un sistema de financiación que lleva casi cinco años caducado.

Hoy ha salido un informe de Fedea con cifras del Ministerio de Hacienda. La Comunidad Autónoma Valenciana en 2016 sigue por debajo de la media en ingresos por habitante, en financiación por habitante,


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211 euros menos cada valenciano y cada valenciana, 694 menos que la comunidad mejor financiada, y encima hemos empeorado. Usted, señor Marí, como valenciano tendría que saber esto. El Partido Popular no ha hecho nada en este tiempo, no ha hecho nada por disminuir la anomalía democrática de una comunidad autónoma 12 puntos más pobre que la media, y que sigue siendo solidaria con las comunidades más ricas. Su contribución al sistema de financiación autonómica es este papelito que solo le sirve para hablar de otras cosas, no de financiación autonómica. Justamente las cosas importantes de cada día son la sanidad, la escuela, los servicios sociales, pero ustedes presentan esto para hablar de muchas otras cosas. Por eso los valencianos de Compromís hemos presentado nuestras enmiendas, y da igual que no las admitan, ya que votaremos a favor de su propuesta, porque este es un tema de justicia y debería empezar de una vez por todas.

Moltes gràcies.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Baldoví Roda.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.

La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.

Hay algunos que cuando están en la oposición tienen un discurso y cuando llegan al Gobierno cambian el discurso. Yo tengo la suerte de poder ser coherente y reclamar lo mismo cuando gobernaba el PP que cuando gobierna el Partido Socialista, porque una tiene un déjà vu, cierra los ojos y oye al portavoz del PP decir lo que decía hace unos meses el Partido Socialista. El tema de la financiación autonómica es un tema importante que afecta a los servicios esenciales de los ciudadanos: la sanidad, la educación y la dependencia -nosotros queremos que la materia de dependencia se incluya en el sistema de financiación-, y desde luego no puede retrasarse más. No hay excusa, los estudios técnicos están terminados.

La enmienda presentada por el Grupo Socialista dice: ... teniendo en cuenta la situación particular de cada comunidad autónoma, se reduzcan las consecuencias negativas del retraso. ¿Ustedes qué están diciendo, que se reconozca la deuda histórica en aquellas comunidades mal financiadas de 2014? ¿Ustedes hablan de esas condiciones especiales, como Coalición Canaria, que está reclamando que las comunidades que tenemos superávit podamos invertirlo en los servicios esenciales de la comunidad? En ese sentido, creo que es urgente que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Todas las comunidades ya tienen analizados los estudios técnicos. Hagamos una propuesta con sentido de Estado, como hicieron ayer los presidentes autonómicos de comunidades del PSOE y del PP, instando al Gobierno; barones de ustedes y barones de ustedes. (Señalando a los escaños de la derecha y de la izquierda). Dejémonos de guerritas PSOE-PP, centrémonos en lo que hay, porque es lo que afecta a lo que más importa a los ciudadanos de este país.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Oramas González-Moro.

Señor Martínez Oblanca, le hemos cambiado el turno.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

Tal y como hemos manifestado reiteradamente en los últimos años, coincidimos en la imperiosa necesidad de que España cuente con un nuevo sistema de financiación autonómica que sustituya al que está vigente desde el año 2009 y que responda a los mandatos constitucionales quebrados entonces por los desaguisados discriminatorios de Rodríguez Zapatero a la medida de las exigencias del tripartito catalán. Para Foro, además del sistema ordinario de financiación que garantice la misma cobertura y calidad en los servicios públicos esenciales -sanidad, educación, servicios sociales y dependencia- en todas las comunidades autónomas, es imprescindible articular el modelo europeo de cohesión del territorio nacional, asignando las consignaciones presupuestarias anuales destinadas al capítulo VI, de inversión, en los Presupuestos Generales del Estado con criterios que preserven la eficiencia en la selección del gasto público y la equidad en su distribución, evitando agravios comparativos entre regiones. De ahí que hayamos presentado una enmienda de adición que responde, además, al programa conjunto con el que el Partido Popular y Foro comparecimos ante los electores asturianos y que, por cierto, fue el más votado en las elecciones generales.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.


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El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Popular vuelve a traer a esta Cámara la cuestión de la financiación autonómica, cuestión que es muy importante porque es hablar de los derechos sociales, del derecho a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Es cierto que lo hace ahora, cuando el anterior sistema de financiación, que denunció sistemáticamente por injusto, venció en 2014 y en ese año el Partido Popular tenía mayoría absoluta. Este retraso, en buena medida, también es imputable al Partido Popular. Hemos llegado a una transacción con dicho partido a la que esperamos que se sumen más grupos. Respecto a esta transacción, en nuestra enmienda planteábamos, en primer término, que debía traerse este tema en el plazo más breve posible y el Partido Popular insiste en que se traiga de acuerdo con el proyecto de presupuestos. Pero, dado lo que está tardando el proyecto de presupuestos, paralizado a la espera del techo de gasto y a instancias de reformas legislativas, creo que nosotros teníamos razón y que debía traerse en el plazo más breve posible porque no está nada claro ni de momento hemos visto el más leve atisbo de presupuestos en España. Además, en nuestra enmienda, que ha aceptado el Partido Popular -lo que le agradecemos-, se incluyen los principios constitucionales en los que debe basarse una reforma del sistema de financiación autonómica, porque no vale con decir que sencillamente se quiere un sistema de financiación autonómica. El primero de ellos es el de igualdad, una cosa que ha olvidado el bipartidismo; se olvidó de ello ayer una ministra -casi debería decir exministra- cuando decía que no todos somos iguales. (Aplausos). Y, efectivamente, no todos somos iguales, tampoco en los servicios públicos a nivel territorial, pero sí deberíamos ser mucho más iguales. Debería haber una mayor equidad y también debería haber una mayor transparencia y corresponsabilidad fiscal.

Sin embargo, no hemos logrado que el Partido Popular admita la cuestión de la armonización fiscal. ¿Por qué? Porque para ellos -y también para el Partido Socialista- armonización es un eufemismo para subir impuestos y el Partido Popular cuando está en la oposición dice que no quiere subir impuestos, que quiere bajarlos. La realidad es que se puede hacer una armonización fiscal a la baja, se puede dar el derecho a los españoles a pagar menos impuestos, que es lo que nosotros hemos hecho, por ejemplo, en el impuesto de sucesiones, no solamente consiguiendo en sitios como Andalucía o Aragón que se pague menos impuesto de sucesiones -cosa que no ocurre en algunos sitios donde gobierna el Partido Popular, como Galicia-, sino sobre todo trayendo una ley nacional para eliminar el impuesto de sucesiones, dando más derechos a los españoles en todos los territorios y no menos. (Aplausos). Porque nosotros queremos igualar impuestos a la baja. Además, celebramos que el Partido Popular cambie de opinión, pero normalmente trae cosas distintas, una en cada sitio: por ejemplo, el master señor Moreno Bonilla votó a favor en marzo de 2018 de este documento, que es el dictamen de financiación autonómica. (Muestra un documento). Aquí dice, con la oposición de Ciudadanos y el voto a favor de todos los demás, que el sistema de financiación autonómica necesita 16 000 millones de euros adicionales; 16 000 millones de euros adicionales solamente pueden salir, evidentemente, de una subida de impuestos de 16 000 millones de euros. Esto es muchísimo dinero. Pensemos que la subida de impuestos estatales más elevada de la historia la hizo Montoro en el año 2012 y fueron 11 000 millones. Por tanto, lo que votaron a favor el Partido Socialista y el Partido Popular en Andalucía -Podemos también, pero eso no nos extraña- era 'un montoro y medio' de subida de impuestos y eso es una barbaridad. Por eso votamos en contra, porque nosotros no estamos votando una cosa distinta en cada sitio, sino que queremos más derechos para todos los españoles.

Permítanme, para concluir, que pasemos de la teoría a la práctica. Desde 2014 no se ha modificado el sistema de financiación autonómica, pero esto no es absoluto porque sí se ha modificado el sistema de financiación autonómica de los territorios forales. Me refiero, naturalmente, a que en lo único en lo que se pusieron de acuerdo el PSOE, el Partido Nacionalista Vasco, Podemos y el Partido Popular fue en el cuponazo, en dar una mayor financiación a la comunidad autónoma con mayor financiación per cápita, y eso no es precisamente igualdad de todos los españoles ni mejor acceso a los servicios públicos. (Aplausos). Por cierto, tampoco es transparencia, porque se hizo por un procedimiento opaco. Como decía el máximo experto en financiación autonómica -ya voy concluyendo, señora presidenta-, el señor De la Fuente, el cuponazo era magia. Bueno, pues es una magia que acabamos pagando todos los españoles. Nosotros hemos llegado a una transacción y estamos satisfechos porque, aunque sea a nivel de propuestas, estamos consiguiendo que se pueda votar hoy por más igualdad, que siempre es votar por menos nacionalismo.

Muchas gracias. (Aplausos).


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La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor De la Torre Díaz.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Álvarez.

El señor LÓPEZ ÁLVAREZ: Gracias, presidenta.

Hemos tenido otros ejemplos esta tarde pero esta es la típica moción que el Grupo Popular puede presentar a un concurso de cinismo y hace podio. Desde el año 2013, en el que el sistema de financiación autonómica actual caducó, han pasado cuatro años en los que lo único que han hecho ha sido poner excusas, mirar hacia otro lado, no enfrentarse al problema y dejar la patata caliente para el que venga después. (Aplausos). Es decir, como poco, hemos tenido cuatro años de Gobiernos del Partido Popular en los que no hicieron absolutamente nada, y ahora pretenden que el Gobierno socialista, en cien días, resuelva de la noche a la mañana un problema que tiene una gran complejidad política. ¿Y si no, me pueden decir por qué en su enmienda dicen que en los presupuestos de 2019 aparezca ese modelo en base a lo que dijeron los expertos en 2017, cuando ustedes no lo presentaron en los presupuestos de 2018? ¿Me lo pueden decir? (Aplausos).

Primero nos dijeron que estábamos en crisis y que, claro, en esa situación no se podía hacer nada. Pues yo les digo que justo al contrario, que precisamente el impacto de la crisis en los presupuestos de los territorios debía haber sido un acicate, una razón de peso para afrontar la reforma del modelo, porque las comunidades autónomas, y también por cierto los ayuntamientos, afrontaron los peores años de la crisis abandonados por este Gobierno. Tuvieron que endeudarse para poder garantizar los servicios públicos, tuvieron que sacar de donde no había para sostener unas políticas sociales con las que aliviar, aunque fuera en algo, la vida de millones de personas, y tuvieron que hacer frente a unos enormes intereses en su deuda, que aumentó no por despilfarro sino por garantizar el Estado del bienestar, mientras el Gobierno de España no solo les abandonada, sino que les asfixiaba cuando se quedaba con la parte del león del déficit autorizado por la Unión Europea. ¿Se quedaba con esa parte el Gobierno de España para garantizar el Estado del bienestar? ¿Para sostener las políticas sociales? No, para recortarlas. Y aún así, resulta que nos han endeudado en más del cien por cien del PIB. La pregunta es: ¿qué han hecho con ese dinero? (Aplausos).

Después nos dijeron que había crisis territorial en Cataluña y que tampoco se daba el clima para afrontar el debate sobre el modelo. Pues una vez más se volvieron equivocar, porque era justo lo contrario. Estoy convencido de que si hubieran abordado a tiempo la reforma de la financiación autonómica, seguramente se hubiera rebajado la tensión territorial también en Cataluña.

Más tarde, como la situación de no hacer nada ya era insostenible, Rajoy se comprometió en 2017 con los presidentes autonómicos a presentar un nuevo modelo y los presidentes autonómicos, incluidos los socialistas, le tendieron la mano para buscar un consenso, para hacerlo posible. Ya, pero 540 días después solo había tirado balones fuera. Primero creó una comisión de expertos, que con abandonos y con votos particulares por medio -que demuestran la complejidad del asunto-, elaboró un informe. Después, como con ese informe ya tenía que hacer algo, dijo: ahora creo una comisión de técnicos para que estudien el informe de los expertos. ¡Menuda cuestión! Esto nos lo tendrán que explicar. La pregunta es: Después de esto, ¿qué hicieron? Nada. En todo este tiempo, en los cuatro años, ¿qué hizo el Gobierno del Partido Popular en este asunto? ¿Hizo propuestas? Ni una, no se conoce ni una sola propuesta del Gobierno del Partido Popular y mucho menos un modelo de financiación. Nada. ¿Hicieron trabajo político? Porque el trabajo técnico ya estaba, lo habían hecho los expertos, pero el de buscar el acercamiento con las comunidades autónomas, el político, para buscar el consenso, ¿se movieron? Porque las comunidades sí habían hecho su trabajo, sí habían presentado propuestas. ¿Hablaron con las comunidades, con los consejeros de Hacienda, para acercar posiciones? Absolutamente nada. Es decir, gracias a ustedes partimos de cero en el trabajo político, y quieren que partiendo de cero nosotros arreglemos de la noche a la mañana este problema.

Pero este Gobierno en cien días no ha estado quieto; en estos cien días hemos presentado nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria que ustedes, a los que tanto preocupa la financiación de las comunidades, han rechazado, pero que suponían flexibilización en los objetivos de déficit para que las comunidades tuvieran más recursos para poner en marcha presupuestos que les permitieran hacer políticas reales: 2500 millones de euros que ustedes han rechazado. Ha impulsado medidas para mejorar la liquidez y la financiación de las comunidades con más dificultades: 762 millones de euros. Y ahora -y termino, presidenta- lo que les decimos, en una enmienda que me parece de lo más razonable, es que en este momento, con urgencia, concluyamos esa comisión política para hacer el


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trabajo político, que empiece a trabajar este mes de septiembre y todo aquello que se consensúe, todas aquellas medidas que logren el consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera llévense a los presupuestos de 2019. Esto es lo lógico y lo razonable, y ahí se evidencia la diferencia enorme entre un Gobierno y un partido que lo que hace en sus intervenciones es puro cinismo y un Gobierno que pone voluntad política para resolver los problemas que tiene la ciudadanía.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor López Álvarez.

En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Guijarro García.

El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidenta. Buenas tardes.

Querría comenzar antes de nada recordando a las tres mujeres asesinadas en Asturias, en Madrid y en Castellón este pasado fin de semana, deseando que no se vuelva a producir nunca más. (Aplausos).

Nos vemos hoy aquí discutiendo sobre financiación autonómica a instancias de un Partido Popular que ahora mete prisa por arreglar un problema que ellos mismos cronificaron. De hecho, la exposición de motivos de esta iniciativa no es más que un cúmulo de excusas no pedidas para justificar la inacción cuasi absoluta que protagonizaron como Gobierno durante siete largos años, como ya se ha dicho aquí, frente a un plan que debía revisarse cada cuatro. Dejaron ustedes, literalmente, colgando este asunto desde diciembre del año 2013. En marzo de 2014 todas las comunidades autónomas habían emitido ya informes de evaluación del funcionamiento del sistema, pero el Partido Popular incumplió la obligación legal de constituir el comité técnico permanente de evaluación, bloqueando de este modo la reforma del sistema de financiación autonómico. Así, fueron ustedes dejando un agujero a razón de 20 000 millones de euros anuales. Sin embargo, en el colmo del cinismo -y esto hay que decirlo así-, llegan a afirmar ahora categóricamente en el texto sometido a moción que dejaron las cuentas públicas saneadas. Así lo dicen. ¡Claro que las dejaron saneadas!, a fuerza de descargar el ajuste sobre las espaldas de miles de familias en todo el país, que vieron desaparecer servicios públicos esenciales para su bienestar porque ustedes, señores del Partido Popular, tenían que presumir de números impolutos ante la troika.

A día de hoy, mi comunidad autónoma, el País Valencià, es la que paga el precio más descarnado de esta falta de actualización, pues es la única que resulta ser contribuyente neta pese a tener una renta per cápita 12 puntos inferior a la media nacional. ¿Acaso esto no rompe de manera flagrante con el principio de solidaridad interterritorial? ¿Qué tipo de cohesión estatal se pretende cuando ni siquiera se cumple con la premisa primera del manual? A base de congelar el proceso autonómico y denegar la financiación necesaria de los servicios públicos transferidos a las comunidades, el Partido Popular completó así su máquina de los recortes, su trituradora de lo público. Ahora, a escasos meses de comenzar una campaña electoral a nivel autonómico, acuden aquí con la desfachatez del 'qué hay de lo mío'. Sin embargo, creemos que el Partido Popular tiene razón en una cosa: hay prisa, señores y señoras del Gobierno, y ustedes lo saben, lo sabían ya antes en la oposición, cuando su entonces portavoz, Margarita Robles, reclamaba a Rajoy en esta misma Cámara, en enero de este año, la reforma del sistema de financiación autonómica. Es un asunto de máxima urgencia, dijo entonces la portavoz Robles. ¿Es que ahora ya no lo es?

Estamos en menos 45 000 millones de euros ahora mismo en las cuentas públicas de la Comunitat Valenciana y la deuda se ha multiplicado por tres en los últimos nueve años. En este tiempo, los servicios públicos no han mejorado, más bien al contrario. El resto de las administraciones autonómicas del Estado no están mucho mejor; de hecho, caminan también al borde de la asfixia económica. ¿Van a explicar ustedes a la ciudadanía que no ha sido suficiente con apretarse el cinturón durante una década? De sobra hemos dicho que el régimen del 78 muestra pruebas inequívocas de agotamiento, también en lo que se refiere al modelo autonómico. ¿Acaso no tenemos en Cataluña su síntoma más dramático? Desde el Grupo Confederal somos los primeros que hemos abogado por renovar el contrato entre el Estado y sus conciudadanos para abrir un proceso constituyente en todo el país que redefina jurídica y democráticamente la España plurinacional y solidaria que creemos ya existe en lo social. Pero tampoco somos ingenuos, somos conscientes de que la actual correlación de fuerzas parlamentarias no invita a pensar en los grandes pactos para la reforma del Estado que este país necesita; quizá no sea en esta legislatura. Ahora bien, la cuestión de la financiación autonómica para el 96% de la población que vive bajo este régimen fiscal es sencillamente inaplazable y el Gobierno no puede esperar a vientos favorables, porque de ello depende el alivio de mucha gente que lo necesita después de haber pasado ya años muy duros. Es posible acometer reformas útiles y relativamente rápidas en estos próximos meses; para comenzar las


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reformas en materia fiscal que están ahora sobre la mesa de negociación, deben coadyuvar a ello. Pero el Gobierno puede también promover otras acciones desde una mayor coordinación entre administraciones para mejorar la gestión tributaria hasta facilitar una mayor liquidez a través del Fondo de Liquidez Autonómico o pasando por evitar el tan denostado dumping fiscal entre comunidades que tanto se ha extendido en los últimos meses.

Me gustaría poder decirle a la señora ministra, si estuviera aquí, que la creo consciente de que se ha exigido a las familias españolas un esfuerzo monumental y sostenido en el tiempo y que la paciencia se les ha agotado; sencillamente, no están en disposición de aceptar retrasos en la reforma del sistema. No tienen ustedes, no tenemos todas, más opción que estar a la altura de esas demandas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Guijarro García.

Señor Marí Bosó, a los efectos de si acepta o rechaza las enmiendas presentadas, tiene la palabra.

El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señora presidenta.

Agradeciendo el acuerdo en diferente grado que han expresado los distintos grupos parlamentarios, hemos presentado además una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Ciudadanos y con Foro Asturias, que ya tiene la Mesa de la Cámara.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Marí Bosó.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LOS PROBLEMAS GEOTÉCNICOS Y DE SEGURIDAD EN EL RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA Y LAS PERSPECTIVAS DE TRANSPARENCIA Y DIÁLOGO SOCIAL. (Número de expediente 173/000099).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los problemas geotécnicos y de seguridad en el recrecimiento de la presa de Yesa y las perspectivas de transparencia y diálogo social.

Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Santos Itoiz.

El señor SANTOS ITOIZ: Arratsalde on denoi. Buenas tardes.

Nos toca hablar hoy de la presa de Yesa como consecuencia de la interpelación que magníficamente llevó a cabo antes del verano -en aquella época- mi compañero Pedro Arrojo ante la ministra de Transición Ecológica, y en la cual se planteaban diversos problemas relativos a esta obra que afecta principalmente a Navarra y Aragón, pero que es exponente también de un modelo de cultura del agua que empieza en el franquismo, en los años cincuenta, con una presa ya en su día cuestionable y que generaba incluso malos sueños a su entonces ingeniero jefe, René Petit. En el año 2000, en aquellos tiempos donde el hormigón campaba alegremente a sus anchas y que llegó también a temas básicos como el agua, temas de primera necesidad, tuvo un momento de agravamiento cuando se decidió de una manera no consensuada, de una manera, digamos, bastante impuesta y sin ningún tipo de diálogo, hacer una obra de recrecimiento para suministrar agua a demanda, en lugar de plantear una cultura del agua que tuviera en cuenta las cuestiones que ya en Europa se estaban debatiendo y que cristalizaron posteriormente en la Directiva Marco del Agua, y respetando también los convenios internacionales de los que España es parte, como el Convenio de Aarhus.

Esa presa, hecha sin consenso, ese recrecimiento, se vio que tenía una serie de problemas. El primer problema fue de cohesión social. Generó una controversia muy importante, tanto en Aragón como en Navarra, con determinados conflictos que cristalizaron, por ejemplo, en detenciones -y aquí tenemos que reclamar la memoria de aquellos '8 de Yesa', alguno de los cuales tengo el honor de que se siente conmigo en el hemiciclo-, y que son exponente de un rechazo social que es evidente cuando las cosas se hacen de manera impuesta y sin consenso. Pero no es el único problema. Se generó otra serie de problemas y es posible que el presupuesto de esta obra cuadruplique las previsiones iniciales y lo que acabe de costar todavía está por ver. Y después se ha generado un grave problema técnico y medioambiental. En materia técnica, porque la presa está situada en una zona geológicamente inestable, como así se han ocupado de decírnoslo algunas personas pertenecientes tanto a la Universidad de


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Navarra como a la de Zaragoza -y aquí hay que hacer mención a Antonio Casas y a Antonio Aretxabala-, que determinan que haya una crisis de seguridad. Crisis de seguridad que en un principio era negada por aquellos informes de la Administración que apoyaban la obra, pero que fueron cada vez más evidentes en el momento en que esa ladera se movió y además obligó a evacuar dos urbanizaciones próximas, lo cual generó una crisis de confianza en las administraciones de consecuencias todavía imprevisibles, y un riesgo y una alarma.

A eso se sumó que estas previsiones de recrecimiento también afectaron de manera muy notable a los pueblos aragoneses del Pirineo, que son los afectados por la presa en materia de expropiaciones y también deforestaciones que incidieron negativamente en la forma de vida de sus habitantes y en las expectativas que podían tener de quedarse en el territorio. En Navarra es conocido que hay una alarma social intensa e inmensa aguas abajo por lo que puede suceder en esa presa. Puede que pase o puede que no, pero si pasa, las consecuencias van a ser dramáticas e imprevisibles y mucho nos tememos que si no hay diálogo y consenso y no generamos confianza, desde luego no se va a calmar ese deseo de la población de saber qué es lo que ocurre aguas abajo. Por todo ello, se han generado diferentes iniciativas por parte de algunas administraciones, y hay que mencionar aquí al actual Gobierno de Navarra que, en sus competencias de seguridad, trata de hacer ahora mismo un informe para saber exactamente cuál es el riesgo real que puede correrse en esta presa y qué soluciones se pueden dar. Insistimos en que la cuestión no es tanto hacer, determinar o acabar las obras de una presa casi coronada como saber cuáles pueden ser las consecuencias de llevar a cabo el proyectado recrecimiento, que supondría llenar la cuota del pantano hasta las previsiones máximas que es lo que generaría un riesgo real, aparte de ser inútil dada la actual configuración del canal de Bardenas. Por lo tanto, en nuestra moción proponemos una cosa muy sencilla para intentar arreglar todos estos desaguisados que se han ido produciendo a través de una obra cuestionada social y políticamente. Lo primero es abrir un diálogo interinstitucional. No es posible que el Gobierno no tenga en cuenta la posición de Gobiernos como los de Navarra o Aragón, los ayuntamientos afectados de Navarra y Aragón, y la ciudadanía en general en términos de escuchar su opinión. A esto nos obliga la normativa medioambiental y eso es una gestión moderna de las grandes infraestructuras. En segundo lugar, hay que promover un equipo de estudio que genere confianza. Ya está bien del actual oscurantismo de la Confederación Hidrográfica del Ebro; ya está bien de ocultar información a los ayuntamientos afectados; ya está bien de que la ciudadanía no pueda confiar en las instituciones, que son las que le tienen que dar la seguridad de las consecuencias que asumen por los riesgos medioambientales que generan las infraestructuras. Se deben estudiar urgentemente las actuaciones de regulación en tránsito para prevenir aquellos problemas que puedan generarse si existen nuevos deslizamientos en la ladera. Hay auténtica preocupación en la zona, y eso se tiene que ver y prevenir. Hay que detener aquellas obras que no sean estrictamente necesarias para la consolidación de la obra y la prevención de estos problemas. No es posible que mientras estemos estudiando de una forma prudente y legítima cuáles pueden ser las consecuencias de este llenado sigamos saqueando y tirando dinero público en unas obras que puede que no sean necesarias. Estamos hablando de las obras de cola de Sigüés o de otro tipo de obras que, al final, puede que no tengan ninguna repercusión ni ninguna utilidad para la ciudadanía.

Por último, hay una cosa muy clara, y es que no podemos repetir los errores del pasado. Nos corresponde instar al Gobierno a reformar la legislación y la normativa vigente de manera que no estemos en esta inseguridad, de manera que tengamos unos límites normativos claros para determinar cuáles son las fronteras que no debemos cruzar en cuanto a riesgo en obras como las de Yesa. Así ganaremos todos; ganará la ciudadanía y, desde luego, avanzaremos en la gestión de unas obras públicas más respetuosas con los derechos de todos y todas.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Santos Itoiz.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Beitialarrangoitia, que en este turno también fijará posición,

Señorías, les pediría por favor un poquito de silencio. Hay un murmullo bastante considerable.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señora presidenta. Arratsalde on.

Euskal Herria Bildu ha mostrado desde el principio su preocupación por las denuncias de falta de seguridad y ha apoyado la necesidad de realizar estudios independientes fiables para conocer al detalle la situación creada a raíz de las obras de recrecimiento de Yesa. Una vez conocidos los resultados de


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estos estudios es cuando se debería decidir qué hacer con las obras, contando con las instituciones navarras y las localidades de la zona. Para ello es necesario parar las obras mientras se realizan los estudios, dejar de gastar ingentes cantidades de dinero público que hasta ahora no han conseguido hacer frente a los problemas encontrados, hasta el punto de que es la propia Confederación Hidrográfica del Ebro la que ha reconocido que sin futuras e importantes obras adicionales en la ladera derecha de Yesa, el embalse no podrá llenarse por motivos de seguridad. Así pues, nos encontramos ante una obra sobre la que no hay certeza ninguna y que puede finalizar sin utilidad, pero tras múltiples afecciones ambientales, sociales, económicas y de seguridad.

Ante la nula voluntad de abordar el tema con la seriedad y el rigor que requiere por parte del anterior Gobierno español, las instituciones navarras sí han venido actuando, y entendemos que si hay voluntad ahora de tomar cartas en el asunto debe ser teniéndose en cuenta lo realizado y, por tanto, no pensando que se empieza de cero. A ello responde nuestra enmienda que, estando a favor de lo que se propone, pone en valor lo ya realizado, el estudio independiente puesto en marcha por el Gobierno navarro, y aboga por que el nuevo estudio que se pueda impulsar tenga en cuenta y valore las conclusiones del que ya se está elaborando. Asimismo, entendemos que, atendiendo a lo acordado por el Parlamento de Navarra el pasado mes de junio, las obras de recrecimiento deberían parar, salvo en lo que respecta a la seguridad de las mismas obras y de la presa, mientras no se aclaren los temas relacionados con la seguridad, básicamente por los estudios independientes en curso o a realizar.

A nuestro entender, por tanto, no es suficiente con paralizar las obras en torno a Sigüés. Por ello, y partiendo de la base de que las enmiendas de nuestro grupo vienen a completar lo propuesto por el grupo proponente, esperamos que sean aceptadas. No se puede permitir que continúe el descontrol presupuestario recogido por el propio informe del Tribunal de Cuentas, informe que cifra en 253,5 millones el importe ejecutado. Y si tenemos en cuenta lo que los presupuestos de 2018 contemplaban, aún quedarían otros 188,5 millones por invertir hasta los 442 estimados para las obras de recrecimiento de Yesa. Estamos hablando de un sobrecoste de un 110% en un proyecto cuyo interés social está más que en entredicho y que presenta serias incertidumbres sobre nuestra seguridad.

No sé si me he perdido algo de lo que ha dicho el señor Santos en su discurso, pero no me ha quedado claro qué va a pasar con las enmiendas. Desde luego, desde Euskal Herria Bildu queremos dejar claro que, aunque se queda corta, apoyaríamos la propuesta. Desde luego, no hacer ninguna propuesta, como el Partido Socialista, o hacer una propuesta en la que no se hable en absoluto de paralización no es aceptable para Euskal Herria Bildu.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Alli Martínez.

El señor ALLI MARTÍNEZ: Gracias, vicepresidenta segunda de esta Cámara. Señores diputados, señoras diputadas, muy buenas tardes.

Voy a fijar la postura de Unión del Pueblo Navarro. Señor Santos, nosotros siempre hemos estado a favor de la inversión pública en infraestructuras que desarrollen, que vertebren, que den progreso y que, por tanto, generen riqueza en la Comunidad Foral de Navarra. Nosotros siempre hemos estado a favor de esas inversiones inteligentes; ustedes ya sabemos en qué situación han estado, siempre en contra no ya de las obras pasadas, por ejemplo, del embalse de Itoiz, que hoy abastece el canal de Navarra, sino también con relación al pantano de Yesa todos estos años. Y lo mismo ocurre con las infraestructuras actuales y a futuro, como el tren de alta velocidad; ustedes quieren un tren social. Miren, ustedes nunca han querido el progreso de la Comunidad Foral de Navarra, pero estamos de acuerdo en una cosa, señor Santos, en la seguridad de la ciudadanía, en la seguridad de las familias, pero no se pueden ustedes amparar en la seguridad para poner en duda la profesionalidad de los funcionarios y de los técnicos tanto de la CHE -Confederación Hidrográfica del Ebro- como del ministerio y del propio Gobierno en Navarra, que han trabajado todos estos años por el recrecimiento de la presa de Yesa.

Para finalizar quiero señalar que nadie de su grupo se ha puesto en contacto con nosotros para decirnos si se va a poder votar por separado o si al final se va a llegar a una transaccional, porque en algunos puntos sí estamos de acuerdo, pero estamos absolutamente en contra de la paralización de una obra tan necesaria, especialmente en algo tan relevante como es el abastecimiento de agua para la Comunidad Foral de Navarra y para el conjunto de España.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Alli Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Simancas Simancas.

El señor SIMANCAS SIMANCAS: Gracias, presidenta.

Señorías, voy a manifestar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en torno a esta moción que cuestiona las obras de recrecimiento de la presa de Yesa, y queremos expresarnos con claridad. Estamos, señorías, ante una inversión de interés general que se ha planificado y se está ejecutando desde el diálogo y la transparencia, y que se lleva a cabo con la debida garantía de seguridad. Por tanto, señorías de Podemos, aun valorando la intención de su texto, no podemos compartirlo, al menos en los términos en los que se ha planteado.

¿Por qué decimos que es de interés general esta inversión? Porque esta inversión, señorías, proporciona la acometida de agua necesaria no ya para hacer viables, sino simplemente para hacer creíbles los objetivos de desarrollo del sector agroalimentario y del sector industrial, que ayudarán a frenar el drama de la despoblación y del subdesarrollo en el territorio. Decimos que es de interés general porque ayudará a contrarrestar los penosos períodos de sequía que sufren periódicamente regiones como Aragón. Decimos que es de interés general porque además ayudará a minimizar los riesgos de las violentas acometidas del Ebro que de cuando en cuando sufren los municipios de las riberas de Navarra y de Aragón. Decimos que estamos ante una inversión pactada y dialogada porque parte del consenso político y social que representa el apoyo de más del 80% de la Comisión del Agua aragonesa desde hace nada más y nada menos que tres lustros y porque cada paso que se ha dado ha sido objeto, señorías, de transparencia y de diálogo, con quienes han querido dialogar, claro está. Siempre es mejorable y perfectible el diálogo y la voluntad de acuerdo, pero ha habido voluntad de acuerdo y de diálogo. Y decimos que estamos ante una inversión segura, señorías, porque la seguridad no es un concepto que pueda manejarse alegremente en clave política. La seguridad la certifican los técnicos y la seguridad de estas obras se confirma semana a semana -no año a año, semestre a semestre o mes a mes, sino semana a semana- por aquellos que están profesionalmente acreditados para ello. También es mejorable siempre la seguridad, pero esta es una obra, señorías, segura. En consecuencia, no podemos aceptar esta moción porque no es cierto, como se dice literalmente en su exposición de motivos, que las obras se estén ejecutando desde el autismo autoritario o desde una temeraria estrategia de opacidad. Esto, sencillamente, es falso. Y porque no es verdad, como se dice también literalmente en la exposición de motivos de esta moción, que esta inversión pública está poniendo en peligro la vida de miles de personas; dicho literalmente. Esto no solo es incierto, sino que además, permítanme que se lo diga, es muy poco responsable. Por tanto, señorías, no vamos a respaldar esta moción. Valoramos su intención, pero en los términos en que está planteada no podemos votarla, no podemos apoyarla. El Grupo Parlamentario Socialista en su momento planteará ante el Pleno de esta Cámara su propio texto respecto al futuro de estas obras.

Señorías, para terminar, esta inversión está ya prácticamente ultimada, está al 97%. Esta no es una obra que se pueda parar sin más. Esta inversión se va a culminar, se va a terminar en beneficio del interés general desde el diálogo y desde la transparencia, y con toda seguridad, que es como se ha estado haciendo hasta ahora.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Simancas.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.

No hace mucho, antes del verano, mi grupo parlamentario le preguntaba a la entonces ministra García Tejerina sobre si el Gobierno consideraba que la seguridad del embalse de Yesa estaba garantizada con las futuras obras anunciadas recientemente y la respuesta de la ministra fue: Señoría, las obras de recrecimiento del embalse de Yesa en la Comunidad Foral de Navarra cuentan con todas las garantías de seguridad y avanzan al ritmo previsto; contamos en España con profesionales y técnicos con mucha experiencia en la construcción de este tipo de infraestructuras. Y se quedó tan ancha. Evidentemente, ya no está esa ministra y tampoco está el partido que gobernaba en ese momento, pero la situación de Yesa nos tememos que sigue siendo la misma. (Rumores).

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea presentó una moción consecuencia de interpelación y ya desde el principio nosotros decimos que estamos de acuerdo


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con la mayoría de las consideraciones que hace dicho grupo. La preocupación que muestra la moción la mostramos nosotros también, tal y como les he comentado, no solo por las preguntas, sino por medio de todas las actuaciones que hemos tenido en el Parlamento de Navarra y las que ha tenido el propio Gobierno de Navarra ante la Confederación Hidrográfica del Ebro. (Rumores). El 26 de enero de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado una resolución en la que se anunciaba la contratación de obras de demolición de urbanizaciones y acondicionamiento de la ladera del estribo derecho de la presa de Yesa. Más tarde se reunió la Junta de Obras del Recrecimiento de Yesa, en la que estaba presente el Gobierno de Navarra, y la Confederación Hidrográfica del Ebro informó en dicha reunión por primera vez de que, sin futuras e importantes obras adicionales en la ladera derecha, el embalse de Yesa recrecido no podrá llenarse por motivos de seguridad. Era la primera vez que reconocían que hacían falta esas obras. Evidentemente, la seguridad es la preocupación máxima de mi grupo parlamentario y de los representantes del Gobierno de Navarra. Y con el fin de garantizar dicha seguridad, se creó un grupo de trabajo interdepartamental sobre la seguridad de este embalse. (Rumores). La verdad es que por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro no se habían suministrado todos los datos o estudios disponibles que podrían clarificar el estado actual de dicha ladera y, como nos preocupaba eso, le preguntamos al Gobierno por qué no eran transparentes y por qué no daban toda la información. Lo que nos preocupaba era ver si había algún ocultamiento sobre las inseguridades que se podían generar con esas obras. El Gobierno de Navarra no tuvo noticia hasta su publicación en los medios de comunicación de las obras de acondicionamiento de la ladera del estribo derecho de la presa de Yesa, y eso nos parece preocupante. En relación con estas obras, ya se ha notificado a la Confederación Hidrográfica del Ebro que debería contar con la autorización previa del Gobierno de Navarra antes de su ejecución, la autorización ambiental. Por lo tanto, estas actuaciones adicionales en una ladera que la Confederación Hidrográfica del Ebro ya considera estable, junto con el reconocimiento en la reunión de la junta de que el llenado del embalse recrecido no podrá llevarse a cabo sin la ejecución de nuevas obras, para nosotros son suficientes para generar cierta incertidumbre sobre el grado de seguridad de esta ladera. Dicho esto -y como no tengo más tiempo-, consideramos que no se debe estar jugando con la seguridad. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, silencio.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: La preocupación mostrada por el Gobierno de Navarra y por los grupos parlamentarios creo que es suficiente motivo para que haya un poco más de claridad. Esperemos que, si se aprueba esta moción, el Gobierno actual haga caso -ya que el anterior no lo hizo- de lo que se solicita por parte de las autoridades y se ponga en marcha un grupo al respecto. Tal y como el ponente ha anunciado, las declaraciones y el informe de los expertos -yo también los tengo aquí-, algunos muy reconocidos en Navarra como el señor Aretxabala y otros más, dicen claramente cuál es la situación. Por lo tanto, cojamos el toro por los cuernos, seamos serios y esperemos que el nuevo Gobierno acceda a clarificar verdaderamente y a garantizar la seguridad de esta infraestructura tan importante.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Garaulet Rodríguez.

El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, cuando hablamos de obras de grandes infraestructuras, hay que poner un ejemplo, y yo voy a hacer caso y voy a copiar un poco al señor Ramos, que siempre pone un ejemplo cuando quiere definir algo o quiere que la gente entienda bien las cosas. El ejemplo de los proyectos de grandes infraestructuras es como una película donde los actores principales... (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Un segundo, señor Garaulet.

Señorías, les ruego silencio, por favor.

Continúe.

El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Decía que en esta película los actores principales son el Partido Popular y el Partido Socialista. Hay también actores secundarios, como puede ser ahora el partido del nuevo vicepresidente en el Parlamento, que en estos casos -cuando hablamos de infraestructuras hidráulicas- solo defiende los intereses de unos pocos, no del total, y luego tenemos actores de reparto -de reparto del 3%-. (Aplausos). Estos nuevos actores desde el punto de vista de las infraestructuras,


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que son totalmente insolidarios con el resto del país, son los independentistas, con posturas primacistas envasadas en el ADN o en el RH. Además, tenemos un guion o un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es el interés general, pero cuando se escarba un poco en el programa siempre hay intereses particulares, siempre está el interés partidista, el interés electoralista, el interés empresarial; lo que nosotros definimos como capitalismo de amiguetes. ¿Y los guiones? Los guiones están con defectos: carencias del proyecto, falta de previsión, no se sabe la fecha inicial y tampoco se sabe la fecha final, un desconocimiento total del proyecto, oscurantismo, ausencia de informes, de actuaciones preceptivas, retrasos, imprevisiones que dan lugar a modificados que hacen que se multiplique por dos, por tres, por cuatro y hasta por seis veces el presupuesto inicial. Señorías, esto es lo que nosotros estamos haciendo con las infraestructuras, es lo que se ha hecho en los últimos veinte años. ¿Y saben a qué lleva esto? A un final de spaghetti western, donde están el bueno, el feo y el malo. Los malos están ahí, muchos no han venido; los feos son los integrantes de su partido y de su partido (señalando al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y al Grupo Parlamentario Socialista), que aprovechando su capacidad de poder ganan y se han llevado beneficios propios, afeando el trabajo de los diputados y de los políticos de este país; y luego están los buenos, que no somos nosotros, son los ciudadanos, los que nos han puesto aquí, los que ponen el dinero público, porque el dinero público es de los ciudadanos -no es de nadie, se dice; no, el dinero público es de los ciudadanos-, que quieren infraestructuras eficientes, que quieren es transparencia en relación con las infraestructuras. En eso estamos nosotros; estamos por un pacto nacional de infraestructuras que establezca prioridades a la hora de hacer infraestructuras, con una organización nacional de evaluación que priorice cuáles son las infraestructuras necesarias en función de dos criterios, el criterio de beneficio social y el criterio de beneficio económico; una organización que priorice las infraestructuras y dejemos de tener presas vacías, aeropuertos sin aviones y autovías que acaban en un bancal. (Aplausos).

Esta infraestructura sí es de interés general, está integrada en el Pacto Nacional del Agua del año 2001 y también estaba aprobada por un 80% del Consejo General del Pacto del Agua de Aragón. ¿Por qué? Porque tiene beneficios: un incremento en la dotación de riegos, redotar 80 000 hectáreas de Navarra y de la zona de Bardenas -con d, no se pongan nerviosos- de Aragón, mejora del abastecimiento de agua de Zaragoza -sabemos que se ha tenido que retirar el abastecimiento del río Gállego por el tema del lindano-, mejora en la laminación de avenidas -evitar las avenidas que pasan todos los años; este año pasado fueron 40 000 hectáreas-. Hay algunos del partido de Podemos que dicen que las avenidas son buenas, que las inundaciones pueden llegar a ser buenas. Que se lo digan a los ciudadanos de Cebolla esta semana o que se lo digan a los dueños de las 40 000 hectáreas o a la familia del hombre que murió el año pasado. Hay que garantizar el caudal ecológico y estas acciones de regulación son las que lo garantizan. Señorías, esta obra lleva un retraso, pero si lleva un retraso es por varias cosas: porque los estudios preceptivos iniciales no estaban bien hechos y ha habido que rehacerlos, porque ha habido cambios en los proyectos de consolidación, porque ha habido cambios en el proyecto desde el punto de vista medioambiental, ha bajado la cuota 19 metros...

La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio, por favor.

El señor GARAULET RODRÍGUEZ: ..., porque la DIA -la declaración de impacto medioambiental- la firmó la actual ministra de Transición Ecológica. Y además ha habido un retraso por temas judiciales, ya que ustedes han estado judicializando el proceso. Y yo les voy a decir una cosa: nosotros sí que creemos en la seguridad; la seguridad es fundamental.

Señor Agirrretxea, habla usted de falta de transparencia. Pues no hay falta de transparencia. Hay más de cien informes de ingenieros de caminos, de geólogos, que están en la página web de la Confederación Hidrográfica del Ebro para que la gente se informe, y los conoce también el Gobierno de Navarra, los conocen los ayuntamientos afectados y también los conoce el Ayuntamiento de Zaragoza. Esto es para un beneficio social, señora de Bildu, porque con esto se podrá redotar de regadíos y muchas de las tierras que están en Aragón, que se está despoblando porque no tienen una forma de subsistencia, podrán ser tierras de regadío, generar riqueza, puestos de trabajo, evitar la despoblación y ser un foco de atención. Eso es lo que pasa en Aragón, señoría.

La señora PRESIDENTA: Señor Garaulet, por favor.


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El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Termino ya, señora presidenta.

El Gobierno conjunto entre Podemos y el Partido Socialista hace una gestión hídrica ineficiente. Espero y deseo que los aragoneses y los navarros se den cuenta y en las próximas elecciones elijan a alguien que se preocupe por ellos, no para ellos.

Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Suárez Lamata.

El señor SUÁREZ LAMATA: Buenas tardes, señorías.

Subo a esta tribuna para fijar la posición de mi grupo parlamentario, que ya anticipo que será en contra de esta moción. Oía atentamente al portavoz de Podemos y me sonaban mucho la letra y la música. Es lo de siempre; los que no quieren el progreso para su tierra, los que no quieren regadíos, los que no quieren que Aragón tenga un futuro siguen trayendo aquí los mismos argumentos. Vamos a votar que no porque volvemos a lo de siempre, al maniqueísmo. La izquierda, Podemos, siempre tienen la razón en materia de agua y el resto no sabemos hacer las cosas. Es un permanente estar en posesión de la verdad. Y hoy, en un giro de tuerca, una vez que casi está finalizado el embalse de Yesa -gracias, por cierto, al Partido Popular, que en la peor legislatura económica ha hecho una inversión sin precedentes-, resulta que Podemos ahora lo que quiere es que no se use ese embalse. Es verdad, señorías, que esta moción da un salto cualitativo: lo que pretende es confrontar territorios. Hasta ahora esto no había sucedido; Navarra nunca se había opuesto a una infraestructura estratégica para Aragón, como es el embalse de Yesa. Pero estamos ante una formación política que fundamentalmente vive de la confrontación y hasta en esto intentan enfrentarnos. La historia se repite. Esta es exactamente la misma estrategia que unos cuantos llevan desarrollando durante mucho tiempo en otros embalses. Me suena a la misma historia que Itoiz: se anunció la obra y automáticamente se abrió el frente administrativo, cientos de recursos que se estrellaron como se han estrellado los de Yesa. Posteriormente se fue a Europa a protestar, y Europa les dijo que España es una democracia, que España es un régimen donde se hacen las cosas bien y que resolvieran las cosas en España. Abrieron ustedes el frente penal, siete querellas criminales que se han estrellado. (Rumores).

La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.

El señor SUÁREZ LAMATA: Siete querellas criminales que se han estrellado. Por cierto, de esas querellas criminales, un tal Beaumont -no sé si les suena-, hoy creo que tiene algún cargo importante en el Gobierno de Aragón, minutaba importantes cantidades, señorías. Eso no era ningún problema. Abrieron luego el frente violento, como se hizo en Itoiz. Es verdad que no se cortaron los tirantes, señorías, pero hubo agresiones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por eso hay gente condenada. (Aplausos). Y ahora, cuando todo eso fracasa, abren ustedes el frente del miedo y aparece -no sé quién se ha atrevido decirlo- el señor Casas como un gran gurú, un gran geólogo que se permite decir que dictamina por intuición, que la geotecnia no va con él. (El señor Arrojo Agudo pronuncia palabras que no se perciben). Sí, señor Arrojo, cabecee, pero es que cuatro catedráticos de Geotecnia han analizado Yesa. No vengan ustedes a contraponer la opinión de alguien que en Itoiz dijo que iba a haber un gran tsunami, que iba a haber una gran grieta y, señorías, hasta el día de hoy todavía estamos esperando. Es el frente del miedo; ese es el que manejan ustedes tan bien. Ahora estamos en los dos últimos, en el frente internacional, que vengan los expertos internacionales, ¡a forrarse también, y los suyos a ser posible, señoría! Pero ¿sabe lo que sucede? Va a suceder lo mismo que en Itoiz. Trajeron ustedes a un gurú. El señor Arrojo llegó a decir que la economía de Navarra no aguantaría ese embalse, y la señora Gesner dijo que no se llenaría nunca Itoiz. Pues Itoiz está lleno, y la economía de Navarra iba bastante bien hasta que formaciones, entre ellas Podemos, han accedido al Gobierno y, lógicamente, todo va mucho peor.

Al final, ¿saben cuál fue el resultado de Itoiz? La consejera actual, que era la que llevaba los asuntos judiciales, se compró una casita para pasar los fines de semana aguas abajo de la presa. Este es el pánico que generaba la presa. Resulta que ahora se quejan de que el embalse no es lo suficientemente grande y de que no se pueden resolver los problemas de la Navarra del sur. Esa es la realidad, y un Gobierno casualmente -nada sospechoso- en el que está Podemos está con el segundo tramo.


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Miren, señores de Podemos, ha costado mucho esfuerzo y muchos años alcanzar la cota que hoy está alcanzada en Yesa. Ese es el futuro de Aragón, ese es el futuro de los regadíos de Aragón. Alguien preguntaba que para qué sirven los embalses. Hombre, pues se riegan 90 000 hectáreas en estos momentos entre Aragón y Navarra. Si a ustedes les parece que eso no es fuente de riqueza, háganselo mirar un poquito. Les quiero decir algo: van a tener enfrente en esta cuestión al Partido Popular y yo espero que a mucha gente de Aragón. No vamos a reblar con este tema, que es el futuro de Aragón, por mucho que ustedes se empeñen, sencillamente porque no tienen la razón.

Para acabar, quiero hacer una precisión y una matización al portavoz de Ciudadanos. Me alegro de que al final ustedes hoy se hayan aclarado y hayan apostado por Yesa, porque en esto les pasa un poco como con el impuesto sobre sucesiones. Hoy oía al señor De la Torre decir que apostaban claramente suprimir el impuesto sobre sucesiones. Bueno, pues en Aragón apostaron justo por lo contrario, por no suprimir el impuesto sobre sucesiones, a propuesta del Partido Popular de Aragón (aplausos), con lo cual, señoría, creo que usted hoy no ha estado muy acertado.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

Pregunto al señor Santos Itoiz si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor SANTOS ITOIZ: No, señora presidenta.

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.

En tres minutos comenzaron las votaciones. (Pausa).

JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS:

La señora PRESIDENTA: Señorías, con carácter previo a las votaciones vamos a proceder al juramento o promesa de acatamiento de la Constitución conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento.

En sustitución de doña María Soraya Sáenz de Santamaría Antón, pregunto a don Mariano Pérez-Hickman Silván si jura o promete acatar la Constitución.

El señor PÉREZ-HICKMAN SILVÁN: Sí, juro.

La señora PRESIDENTA: Don Mariano Pérez-Hickman Silván ha adquirido la condición plena de diputado. Enhorabuena, señoría. (Aplausos).

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):

- DEL PARLAMENTO DE LAS ILLES BALEARS, DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACIÓN. (Número de expediente 125/000019).

La señora PRESIDENTA: Votamos, señorías, en primer lugar... (Rumores). Silencio, señorías.

Votamos la toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de las Illes Balears de modificación de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 5 votos telemáticos, 327; a favor, 320 más 5 votos telemáticos, 325; abstenciones, 2.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.


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TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN).

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA MODIFICAR LA LEY 24/2013, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO, EN LO RELATIVO AL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN DE CIERRE DE INSTALACIONES DE GENERACIÓN ELÉCTRICAS. (Número de expediente 122/000238).

La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para modificar la Ley 24/2013, de 26 diciembre, del sector eléctrico, en lo relativo al procedimiento de autorización de cierre de instalaciones de generación eléctricas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322 más 5 votos telemáticos, 327; a favor, 137; en contra, 184 más 5 votos telemáticos, 189; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración dicha proposición.

PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A IMPULSAR MEDIDAS CONTRA LA TURISMOFOBIA EN ESPAÑA. (Número de expediente 162/000696).

La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora a votar el texto de las proposiciones no de ley según lo acordado en el curso del debate. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a impulsar medidas contra la turismofobia en España. La vamos a votar, señorías, en los términos de la enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista y Ciudadanos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 252; en contra, 65; abstenciones, 4.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA ATENCIÓN DEL SISTEMA DE AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA A LAS PERSONAS DESPLAZADAS. (Número de expediente 162/000666).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la atención del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia a las personas desplazadas. La vamos a votar, señorías, en los términos de la enmiendas transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular y Socialista.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 317; abstenciones, 5.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LA REFORMA DEL MODELO DE FINANCIACIÓN AUTONÓMICA. (Número de expediente 173/000098).

La señora PRESIDENTA: Continuamos con las votaciones correspondientes a las mociones consecuencia de interpelaciones. Primero, vamos a votar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre la reforma del modelo de financiación autonómica.


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La votamos en los términos de la enmienda transaccional presentada por los Grupos Parlamentarios Popular, Ciudadanos y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 169; en contra, 87; abstenciones, 66.

La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LOS PROBLEMAS GEOTÉCNICOS Y DE SEGURIDAD EN EL RECRECIMIENTO DE LA PRESA DE YESA Y LAS PERSPECTIVAS DE TRANSPARENCIA Y DIÁLOGO SOCIAL. (Número de expediente 173/000099).

La señora PRESIDENTA: Votamos ahora a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a los problemas geotécnicos y de seguridad en el recrecimiento de la presa de Yesa y las perspectivas de transparencia y diálogo social. La vamos a votar por puntos, en primer lugar, el punto 4.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 70; en contra, 251; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.

Ahora, señorías, votamos el resto de la moción.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 69; en contra, 252; abstenciones, 1.

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.

Señorías, muchas gracias. Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.

Eran las siete y quince minutos de la tarde.

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