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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 118, de 08/05/2018
cve: DSCD-12-PL-118
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 118
PRESIDENCIA DEL VICEPRESIDENTE PRIMERO SR. D. JOSÉ IGNACIO PRENDES PRENDES
Sesión plenaria núm. 113
celebrada el martes,
8 de mayo de 2018


ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:

- Del Parlamento de Cataluña, de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio (Orgánica). "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 154-1, de 8 de septiembre de 2017. (Número de expediente 125/000017) ... (Página4)

Toma en consideración de proposiciones de ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 228-1, de 16 de marzo de 2018. (Número de expediente 122/000200) ... (Página17)

Proposiciones no de ley:

- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la implantación de un sistema de selección y formación docente, Docente Interno Residente (DIR), basado en el MIR de los facultativos médicos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 309, de 2 de marzo de 2018. (Número de expediente 162/000610) ... (Página27)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reforzar la Formación Profesional Dual del sistema educativo español. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, número 290, de 2 de febrero de 2018. (Número de expediente 162/000562) ... (Página35)


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Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para recuperar un Sistema Nacional de Salud de calidad, orientado a la mejora de la salud y a la reducción de las desigualdades. (Número de expediente 173/000088) ... (Página43)

- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación del bloqueo administrativo y financiero de la investigación pública. (Número de expediente 173/000089) ... (Página52)

SUMARIO

Se abre la sesión a las tres y cinco minutos de la tarde.

La Presidencia informa de que en la sesión de hoy no habrá votaciones por coincidir con el Pleno del Senado, y que tendrán lugar en la sesión del jueves.

Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página4)

Del Parlamento de Cataluña, de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio (Orgánica) ... (Página4)

En turno a favor intervienen las señoras Vergés i Bosch, del Grupo Parlamentario Republic; Escarp Gibert, del Grupo Parlamentario Socialistes i Units per Avançar, y Ribas Frías, del Grupo Parlamentario de Catalunya en Comú Podem, representantes del Parlamento de Cataluña.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz y Bataller i Ruiz, así como la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y las señoras Sibina Camps, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Guinart Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista, y Cortés Bureta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página17)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional ... (Página17)

Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Blanco Garrido, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Gómez Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario Confederal


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de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista.

Proposiciones no de ley ... (Página27)

Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la implantación de un sistema de selección y formación docente, Docente Interno Residente (DIR), basado en el MIR de los facultativos médicos ... (Página27)

Defiende la proposición no de ley la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

En defensa de la enmienda presentada tiene la palabra el señor Pérez López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Mena Arca, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, así como la señora Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra la señora Martín Llaguno.

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reforzar la Formación Profesional Dual del sistema educativo español ... (Página35)

Defiende la proposición no de ley el señor Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto, y Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Rivera de la Cruz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Meijón Couselo, del Grupo Parlamentario Socialista.

En turno de fijación de posiciones interviene el señor Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Floriano Corrales.

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página43)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para recuperar un Sistema Nacional de Salud de calidad, orientado a la mejora de la salud y a la reducción de las desigualdades ... (Página43)

Defiende la moción el señor Fernández Díaz, don Jesús María, del Grupo Parlamentario Socialista.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición las señoras Beitialarrangoitia Lizarralde y


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Sorlí Fresquet, del mismo grupo; el señor Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y la señora García Sempere, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y la señora Angulo Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Fernández Díaz, don Jesús María.

Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación del bloqueo administrativo y financiero de la investigación pública ... (Página52)

Defiende la moción la señora Martínez Rodríguez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora González Veracruz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Bravo Baena, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Gómez García, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Martínez Rodríguez.

Se suspende la sesión a las ocho y treinta minutos de la noche.

Se abre la sesión a las tres y cinco minutos de la tarde.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:

- DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA, DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, DE DESPENALIZACIÓN DE LA EUTANASIA Y LA AYUDA AL SUICIDIO (ORGÁNICA). (Número de expediente 125/000017).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Se abre la sesión.

Señorías, les informo de que en la sesión del día de hoy no habrá votaciones por coincidir con el Pleno del Senado, por lo que las mismas tendrán lugar en la sesión del jueves.

Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, de reforma de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, de despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio. Por ello nos acompañan tres representantes del Parlamento de Cataluña, que integran la delegación que defenderá la propuesta y a quienes hoy doy la bienvenida en nombre de la Cámara.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra en primer lugar doña Alba Vergés i Bosch, del Grupo Parlamentario Republicà.

La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Vergés i Bosch): Gracias, señor presidente.

Diputadas y diputados, el Parlament de Catalunya aprobó el pasado mes de julio la proposición de ley de reforma del Código Penal, de despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio que hoy presentamos.


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Durante la ponencia en el Parlament fueron escuchados juristas, expertos en bioética y profesionales sanitarios; fueron expuestas las principales situaciones legales, debates bioéticos y experiencias de apoyo al final de la vida y recogimos el trabajo de años de la Associació pel Dret a Morir Dignament de Catalunya, a la que debemos gratitud por su lucha constante y tenaz por la dignidad y el respeto a las decisiones libres. Desde aquí les mandamos un saludo.

Durante estos largos años se han dado cambios sustanciales en la percepción social de la eutanasia. Hoy el miedo al sufrimiento insoportable pesa aún más que el miedo y el tabú imperante a la muerte. Hablar abiertamente de que en distintas circunstancias es legítimo poner fin a la vida por decisión propia ya no es tabú. Una gran mayoría de la sociedad se manifiesta a favor de ir más allá de la atenuación de penas, sacando del ámbito penal la eutanasia y la ayuda al suicidio para permitir regular las vías adecuadas que aseguren el respeto y el derecho a decidir sobre la propia vida, que implica también la propia muerte, derecho a morir de acuerdo con los valores, prioridades y preferencias personales. Hablamos precisamente de esto, de dignidad. Un sufrimiento insoportable, por muy subjetivo que sea, es real en la vida de cada uno, quebrando de tal manera el esquema de valores de la persona que le lleva a no desear su indigno vivir. El miedo a la despenalización también pesa y es una de las causas de que, después de tantos años y con un apoyo social mayoritario y creciente, todavía no se haya dado una respuesta a este derecho. La llamada pendiente resbaladiza ha servido hasta hoy para frenar las iniciativas políticas que han ido surgiendo, pero también hay evidencia internacional contrastada en Holanda, Bélgica, Suiza, Quebec, algunos Estados de Estados Unidos, Luxemburgo y Canadá que demuestra que la pendiente resbaladiza no tiene por qué darse y que, con una regulación bien hecha, se pueden proteger todas las vulnerabilidades temidas.

En julio, el Parlament de Catalunya dio una respuesta política, dejó de lado los miedos y vio las oportunidades, apelando a los valores republicanos que ponen en el centro a las personas, sus derechos y sus libertades. Partimos de la Carta de derechos y deberes de los pacientes, partimos del desarrollo de las curas paliativas, de los avances médicos y de los debates éticos, y con todo ello la sociedad catalana decide -ya no cabe condicionar legalmente las voluntades legítimas de las personas en el final de su vida- y propone la modificación del Código Penal con el siguiente redactado: "Está exento de responsabilidad penal el que, por petición expresa, libre e inequívoca de una persona que padezca una enfermedad grave que lo conducirá necesariamente a muerte o una patología incurable que le provoca sufrimiento físico o psíquico grave y que se prevé que será permanente, cause con actos necesarios la muerte segura, pacífica y sin dolor de esa persona o coopere a ello, dentro del marco legal establecido". Es necesario despenalizar para que las personas sepan que tienen derecho a que se respeten sus decisiones, lo que conlleva necesariamente regular las previsiones expuestas: protección de las personas más vulnerables, garantías éticas, huir de arbitrariedades, proteger la práctica profesional dando seguridad jurídica y abandonando el paternalismo para poner énfasis en compartir y acompañar las decisiones.

Por todo ello y por lo que expondrán a continuación mis compañeras diputadas del Parlament de Catalunya, pedimos a esta Cámara que tome en consideración esta proposición de ley orgánica. Deseamos contribuir con fraternidad a que la política dé un paso imprescindible escuchando a la sociedad. Nunca se debe abandonar el camino de la escucha. Es preferible estar al lado de la libertad, la dignidad y los derechos. Como dice la Associació pel Dret a Morir Dignament, lliures fins al final.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Vergés.

Tiene ahora la palabra doña Assumpta Escarp Gibert, del Grupo Socialistes i Units per Avançar.

La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Escarp Gibert): Gracias, presidente.

Señorías, una amplia mayoría apoyó la proposición de ley que hoy desde el Parlamento de Cataluña proponemos a esta Cámara para su toma en consideración. Proponemos que se modifique el apartado 4 del artículo 143 del Código Penal, que en su redactado actual -que no repetiré porque ya se ha leído- habla de víctima, por lo que tipifica un homicidio atenuado. La atenuación de penas es la respuesta que, no sin contestación, se produce en 1995, cuando Ramón Sampedro solicita la eutanasia en un juzgado de Barcelona, iniciando así una reivindicación que ha ido creciendo a lo largo de los años. No se pretende suprimir sin más el apartado 4 -si lo hiciéramos abriríamos la puerta a una mayor criminalización-, lo que se propone es que el nuevo redactado haga una referencia clara y explícita a la exculpación. Se propone la despenalización, se incorpora el sufrimiento psíquico grave y también se remarca la existencia


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de un marco legal. No debemos confrontar las curas paliativas a la eutanasia, porque ni la intencionalidad, ni el procedimiento, ni los resultados son los mismos. En la eutanasia, el médico no propone. La decisión es del paciente, pero exige un acto médico; la autonomía de la persona implica a un tercero. De aquí la necesidad de despenalizar y, al mismo tiempo, la de regular para dotar de las garantías suficientes.

Decía José María Mena, exfiscal en Cataluña, reflexionando sobre la conexión jurídico-penal y la política en la eutanasia, que este debate es un buen barómetro para medir la temperatura de la sinceridad de la voluntad de progreso de los legisladores. Somos conscientes -y así quedó evidente en la discusión parlamentaria- de que dicha modificación debe ser coincidente con la necesaria regulación para establecer los criterios, garantías y seguridad jurídica necesarios o debe precederla. Por esto, desde el Grupo Socialista del Parlament de Catalunya nos felicitamos de la presentación por parte del Partido Socialista Obrero Español de la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia.

No quisiera continuar esta intervención sin agradecer a los miembros de la Asociación por el Derecho a una Muerte Digna su tenacidad y constancia en la lucha de estos años; tenacidad, pero también fomento del debate y búsqueda del máximo consenso social y político. (Aplausos). Cuando se habla del derecho a morir, lo que realmente se quiere expresar no es en sí mismo el derecho a que tal hecho acontezca, sino más bien el derecho a morir dignamente, a cómo morir, a dignificar el proceso de muerte y que este se produzca desde el mismo concepto de autonomía y libertad que ha regido la propia vida, ya que el proceso de la muerte no es algo ajeno o diferente a la vida, sino su última parte.

Muchas veces en el Congreso de los Diputados -dieciséis ocasiones desde 1994- se ha debatido la regulación de la eutanasia; también en el Senado y tres veces en el Parlamento de Cataluña. En 2006, el Comité Consultivo de Bioética de Cataluña ya decía: los principios de dignidad, autonomía y bienestar del paciente hacen éticamente aceptable y constitucionalmente posible la despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio. Estamos en 2018 y es evidente que se han añadido al debate nuevas realidades internacionales, políticas y de percepción social.

En el último número de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas, los profesores Rafael Serrano y Adrián Heredia, en un interesante trabajo, abordaban el proceso de morir y la muerte como un hecho social de primer orden. La población española es mayoritariamente favorable a poder tomar el control de sus vidas en el proceso de morir. El debate sobre la eutanasia ya forma parte de la agenda política y social. Conocemos el estado de opinión favorable y debemos buscar el máximo consenso social y político, lejos de apriorismos, oportunismos políticos, prejuicios y sectarismos ideológicos, porque estamos hablando de un derecho, el derecho a morir dignamente. Porque hemos añadido más tiempo a la vida, pero no más vida al tiempo, no hemos conseguido que las personas, en el proceso de la muerte, preserven su dignidad, su autonomía y su libertad para elegir. Por eso traemos nuestra propuesta hoy para su toma en consideración que esperamos que se produzca en este Congreso.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Escarp.

Tiene ahora la palabra doña Marta Ribas Frías, del Grupo Parlamentario de Catalunya en Comú Podem.

La señora REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ribas Frías): Gracias.

Diputados, diputadas, decía Jorge Luis Borges que la vida es una muerte que viene; de hecho, la única seguridad que tenemos todas y todos los que estamos hoy aquí es que un día u otro vamos a morir. La otra gran seguridad es que, si lo piensan por un momento, se darán cuenta de que, probablemente, no les preocupa tanto la muerte en sí como el sufrimiento o el proceso de sufrimiento que pueden ustedes tener que pasar antes de llegar a ella. De hecho, este es el sentimiento mayoritario de la ciudadanía de nuestro país y es en gran parte la cuestión de fondo de la propuesta que hoy les traemos desde el Parlament de Catalunya: cuánto sufrimiento estamos dispuestos a soportar antes de llegar a una muerte segura; bajo qué condiciones para cada una de nosotras la vida que nos quede dejará de ser una vida digna de ser vivida. Son preguntas muy personales que seguro que tienen una amplia diversidad de respuestas, porque cada uno de nosotros tenemos nuestro propio umbral de límite de una dignidad básica vital. Lo que hoy proponemos con esta proposición de ley es iniciar un camino, dar solo ese primer paso necesario para acabar regulando un nuevo derecho de ciudadanía, el derecho a ejercer una libertad individual, el derecho a poder decidir libremente cuál es para cada uno de nosotros ese umbral, a partir de cuándo el trayecto que queda hasta la muerte ya no es de dignidad.


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Para Ramón Sampedro lo dejó de ser después de estar veinticinco años postrado por su tetraplejia; para Inmaculada Echevarría no era vida digna tener que pasar diez años en un hospital conectada a un ventilador mecánico para respirar después de treinta y un años de enfermedad degenerativa. Estos son solo dos de los casos más famosos en los que dos personas solicitaron consciente, libre y públicamente una muerte asistida, pero hay muchísimos más de muertes clandestinas y, sobre todo, muchísimos más de personas que han tenido que vivir una muerte a su parecer indigna porque este Parlamento aún no ha sido capaz de regular el derecho a una muerte digna. Permítanme destacarles solo un caso más de alguien que ha sufrido esa muerte, a su parecer indigna, el de Montserrat Voltà, una mujer catalana de noventa años, enferma de ELA, de esclerosis lateral amiotrófica, que publicaba una emotiva carta en la prensa catalana donde concluía: No me parece bien que, después de tener una vida plena y larga, el sistema me obligue a vivir de una manera indigna y no permita que me vaya en paz y sin sufrir. Cada uno de estos casos, de los muchísimos que ha habido en España, tenía claro dónde estaba su umbral de vida y de muerte digna; el sistema penal y legal español no se lo respetó.

No se trata de imponer ninguna creencia, de imponer ninguna ética ni ninguna religión; de hecho, eso tendría que ser norma general en un país del siglo XXI que se quiere laico. Despenalizar y regular la eutanasia y el suicido asistido no le va a restar libertades a nadie que quiera morir cuando la naturaleza lo marque y la medicina no lo pueda remediar. Solo les va a dar la misma opción de libertad individual a aquellos y a aquellas que ahora no la tienen, a aquellos que sitúan su umbral de vida digna y de muerte digna un poco o un mucho antes de la muerte natural.

Insto, por tanto, a la coherencia, especialmente a los grupos que se autodefinen como liberales, como defensores de las libertades individuales, porque con la proposición que hoy les traemos desde el Parlament no coartamos ninguna libertad individual, solo abrimos camino para ampliarla. Tramitando y llevando a buen puerto esta proposición de ley en el Congreso darían un primer paso para eliminar cualquier responsabilidad penal en un caso de eutanasia o de suicidio asistido. Asimismo, les instamos a que después den los pasos posteriores necesarios: regular esta práctica de un nuevo derecho.

Y permítanme un último recuerdo a alguien a quien hoy se echa de menos en la tribuna de invitados, al doctor Luis Montes. Por él y por todos los que durante tiempo han trabajado desde la Asociación Derecho a una Muerte Digna en toda España, hoy esta Cámara debería hacer las cosas de manera distinta a como las ha estado haciendo durante tantos y tantos años, con tantos intentos previos a este que hoy traemos desde el Parlament, e iniciar por fin el camino para que la eutanasia y el suicidio asistido desaparezcan de nuestro Código Penal. Queda en sus manos, diputados y diputadas, la regulación de una muerte digna como elemento esencial también de la dignidad vital.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ribas.

En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Salvador Armendáriz.

El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes y bienvenidas a esta su casa.

Unión del Pueblo Navarro, mi partido, defiende unos principios inspirados en el humanismo cristiano y por eso defiende la dignidad del ser humano, el valor de la vida, el derecho y el deber de protegerla desde su concepción hasta su final natural. Defendemos una auténtica sociedad del bienestar que busca alternativas a esa cultura que descarta a los más indefensos al inicio de la vida y, ahora, a los más débiles al final, porque creemos que existen alternativas mejores que el recurso a la eutanasia. Aquí, en este Congreso, estamos estudiando desde hace meses una norma más respetuosa con la vida, que apuesta por mejorar y universalizar los cuidados paliativos en su final. Creemos que es una verdadera alternativa a su propuesta.

Nosotros, en todo caso, rechazamos que se pueda reconocer como un derecho ayudar a terminar deliberadamente con una vida humana. Al contrario, nosotros creemos en el derecho y en el deber colectivo de protegerla, cuidarla, acompañarla y asistirla. Estoy seguro de que ustedes saben que allí donde la eutanasia está autorizada desde hace años se empieza a debatir ya por qué limitar ese derecho a decidir ser eliminado al hecho de estar enfermo o ver llegar el final o sufrir y por qué no aplicarlo sin más limitación que el deseo, que la libertad. Ese, señorías, es el paso siguiente, no el último -es verdad- de esa pendiente resbaladiza. ¿Creen, ustedes, señorías, que aprobando esta propuesta habrá menos


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pacientes que soliciten ser eliminados? Porque la experiencia de algunos países que han legalizado la eutanasia es justamente la contraria.

Para nosotros, señorías, la eutanasia supone un grave fracaso como sociedad. Nosotros creemos que la obligación de los profesionales es precisamente la contraria: hacer que las personas que sufran estén acompañadas, cuidadas, aliviadas, teniendo la seguridad de que nada quebrará el vínculo de confianza entre pacientes y profesionales de la medicina. Su propuesta, señorías, ni siquiera garantiza un mínimo control de esta práctica. Hoy la eutanasia se practicaría sin sanción para quien lo pidiera -es verdad- en unos determinados contextos, pero mañana, con la misma lógica que hoy, se aplicará a quien no pueda decidir por sí mismo o a quien se considere ya una carga para la sociedad o para las familias. Nosotros, los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro, no vamos a votar a favor y animamos a quienes tengan dudas sobre la moralidad o sobre la eficacia a que voten en conciencia no, por encima del voto obligatorio fijado por sus formaciones políticas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Salvador.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Bataller.

El señor BATALLER I RUIZ: Señorías, no me gustaría empezar mi intervención sin recordar al doctor Luis Montes y toda su incansable trayectoria profesional y personal por el derecho a morir dignamente.

Hoy llega al Congreso una proposición de ley del Parlamento de Cataluña que nos han expuesto magníficamente sus representantes aquí, las señoras Vergés, Escarp y Ribas, a las que dedico un saludo, especialmente a nuestra compañera Marta Ribas, de Iniciativa per Catalunya Verds. Esta propuesta quiere reformar el Código Penal para la despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio. Entendemos que en pleno siglo XXI es inhumano que haya personas que, contra su voluntad, tengan que sufrir hasta el último aliento, personas a las que se les alarga innecesariamente el dolor físico y mental sin contar con su consentimiento; personas a las que se les niega el derecho a morir sin la ayuda de sus allegados.

El derecho a la muerte digna merece ser abordado con la máxima apertura de miras. El revulsivo que supuso el caso de Ramón Sampedro hace veinte años colocó en un primer plano de la sociedad española un debate que, veinte años después, aún no ha sido solucionado, como digo, con la debida apertura de miras. La sociedad española ha expresado un amplio apoyo a la despenalización de la eutanasia en determinados supuestos y bajo estrictos mecanismos de control. Por ello, desde Compromís apoyamos la modificación del Código Penal, que es necesaria y pertinente para el tiempo en el que vivimos.

Queremos apelar también directamente a las diputadas y a los diputados de Ciudadanos para que no se instalen en la abstención, porque siempre se llenan la boca hablando de derechos individuales, de libertad, de liberalismo, pero esto no tiene que ser solo en la cuestión económica, habría que ser congruentes y llevarlo también al terreno personal.

La Generalitat Valenciana, al igual que otros territorios, está tramitando actualmente una ley de muerte digna que ha superado su último trámite parlamentario antes de pasar al pleno de las Corts Valencianes para su debate y aprobación definitiva. Se trata de una ley valiente para regular el ejercicio del derecho de la persona en el proceso final de su vida, evitando el sufrimiento y respetando su última voluntad. También hay otras comunidades autónomas que han seguido por el mismo camino, porque están regulando hasta donde llegan sus competencias, pero se necesita un marco estatal que regule el derecho de las personas a morir dignamente porque esto es lo que quiere decir eutanasia, buena muerte. La muerte, como ya se ha indicado aquí, forma parte de la vida, no hay que tenerle miedo y hay que dejar que las personas, en uso de su derecho a autodeterminarse, puedan también decidir en qué momento quieren, de buena manera, tener una buena muerte, una muerte digna.

Es tiempo de dar un paso adelante, de estar a la altura de las circunstancias, de estar a la altura de todas y todos los valientes que han luchado hasta el final pero que quieren decidir cuándo y cómo desean poner fin a su vida, cuando ya ven que se han agotado todas las posibilidades. Es hora también de que el Estado central, como parte integrante del Estado de las Autonomías cumpla por una vez sus funciones, asuma sus competencias y redondee el marco legal con la despenalización que se pide de la eutanasia.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bataller.

Por el Grupo Parlamentario Mixto interviene ahora la señora Nogueras i Camero.


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La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, president.

(Comienza su intervención en catalán). Después de muchos debates en el Congreso, la solución de consenso llega de la mano del Parlament de Catalunya. Hablamos del resultado del diálogo y del pacto y, sobre todo, de tomar buena nota tanto de los profesionales de la salud como de la bioética, pero también de los testimonios civiles, cuyas aportaciones han sido imprescindibles dado que no es un debate exclusivamente médico ni político, también es un debate social. Más del 80 % de la opinión pública apoya el derecho de los enfermos terminales a poner fin a su vida de manera digna. Esta propuesta aparca también, como apuntaba la companya Alba Vergés, el paternalismo; lo aparcamos y nos abre la puerta a una nueva etapa: la etapa del respeto y del acompañamiento de las decisiones. Se trata del derecho a decidir y a disponer de la propia vida. No deberíamos permitir que se le impusiese a nadie un sufrimiento que no quiere y no deberíamos imponer tampoco la atención paliativa como única opción porque tanto esta, la opción paliativa, como la eutanasia son opciones de muerte. Lo son las dos. Tenemos la responsabilidad de excluir del ámbito penal la ayuda a morir y debemos modificar leyes en un sentido de progreso.

Termino con una frase que escuchamos a Fernando Marín: Quiero que me cuiden lo mejor que puedan con cuidados integrales, pero quiero poder decidir hasta cuándo quiero que me cuiden. (Termina su intervención en catalán.-Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora Nogueras, iba a comentarle que se atuviese al asunto que es objeto de la proposición.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Señorías, diputados del Parlament de Catalunya, arratsalde on, buenas tardes a todas y a todos.

La última vez que tuvimos la oportunidad de debatir una proposición de ley sobre eutanasia pensé citar a Cioran, pero consideré más oportuna una cita de Petrarca sobre el bien morir, cuestión sin duda alguna pertinente para lo que debatíamos. Y también hacía preguntas; hacía muchas preguntas que, por controvertidas que fueran, reflejaban la necesidad de ser respondidas por los que tenemos la obligación de legislar. ¿Es éticamente aceptable ayudar a una persona que así lo desea, a causa de su tremendo sufrimiento, a morir? ¿A quién corresponde establecer qué es una muerte digna? ¿La prolongación de la vida es siempre un bien o en ocasiones se ha de ceder ante otras consideraciones médicas, humanas, etcétera? ¿Puede alargarse la vida a cualquier precio? ¿Es justificable la obstinación terapéutica o, lo que es lo mismo, es éticamente aceptable reducir el esfuerzo terapéutico en determinados supuestos y dejar que una persona fallezca? Todas estas preguntas y muchas más llegan a nuestra mente cuando desde la experiencia personal o cercana nos enfrentamos a situaciones que legislativamente en muchos casos no encuentran una respuesta satisfactoria o la respuesta que se da desde la ley es una respuesta que no soluciona nada y solo actúa punitivamente.

Por eso quisiera iniciar con una reflexión que por mucho que pasen los años, siglos e incluso milenios, sigue teniendo la misma actualidad que cuando se formuló. Decía Séneca: La muerte es un castigo para algunos, para otros un regalo y para muchos un favor. Y es así porque la gran pregunta que rodea a todo este debate, la pregunta que durante siglos, desde la ciencia, desde la filosofía y desde la religión se ha intentado responder, es: ¿somos dueños de nuestras vidas? Y, ¿somos dueños de nuestra muerte? Por ello, hoy tenemos sobre la mesa la proposición de ley que nos llega desde el Parlament de Catalunya para la modificación de un apartado del artículo 143 del Código Penal; por lo tanto, aunque la parte filosófica, política y social sea de una enorme dimensión y transcendencia, la parte dispositiva se refiere solo a un cambio mínimo pero sustancial: que algo que actualmente es delito, castigado con prisión, pase a no serlo.

Evidentemente, la carga que tiene este cambio es sustancial al cambio total y forma de ver y entender la realidad así como la forma de atender a las nuevas necesidades que tenemos como sociedad. Cada vez vivimos más; a veces, incluso mejor, pero cada vez dependemos más y llega un momento en que nuestra dependencia solo nos permite añadir años a la vida pero no nos da vida a los años. Y las enfermedades y el sufrimiento se hacen insoportables. ¿Siempre merece la pena vivir? ¿Y hasta cuándo? Si la sociedad ha garantizado el bien vivir, ¿por qué no ha de garantizar el bien morir? Porque todo esto necesita un marco general normativo más allá de lo meramente punitivo, necesitamos afrontar el fenómeno de la eutanasia, el suicidio asistido, etcétera, con la tranquilidad jurídica y el sosiego político exento de prejuicios y con el ánimo de dar soluciones a problemáticas reales de muchas personas.


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Este de hoy es un paso importante y, como tal, el Parlamento Vasco ya adoptó, en sesión plenaria del 4 de junio de 2015 con los votos del PNV, Partido Socialista de Euskadi y Euskal Herria Bildu, una proposición no de ley en la que se insta al Gobierno de España a modificar el artículo 143 del Código Penal para despenalizar el suicidio asistido. Como partido, nosotros hemos reflexionado -y mucho- sobre este tema desde todos sus aspectos: el político, el social, el sanitario, el ético; incluso hemos incluido este debate en el programa electoral con el cual nos presentamos a esta Cámara, y por eso compartimos la propuesta que nos llega desde el Parlament de Catalunya. Creemos que con muchísima seriedad, cautela, profesionalidad y responsabilidad se ha de dar el paso de la despenalización de lo que se ha denominado como suicidio asistido. Es decir, no se puede penalizar a quien desde un ámbito profesional, con todas las garantías de requerimiento, constatación médica de patología incurable y sufrimiento insoportable, colabore ayudando a morir a una persona que así lo desea porque no puede vivir. ¿Y saben ustedes lo insoportable que puede llegar a ser no poder vivir y tampoco poder morir?

Creo que, como decía anteriormente, las comunidades autónomas están por delante de esta Cámara, bastante por delante, pero tampoco pueden superar fronteras para que sus leyes sean totalmente completas porque se cierran desde aquí y por eso llega hoy esta proposición, para que se abra la puerta que hace falta. Ustedes lo expresan muy bien en su Carta de derechos y deberes de los ciudadanos, en relación con la salud, en el apartado relativo al derecho a vivir el proceso final de la vida que en el preámbulo de esta proposición exponen. En cualquier caso y desde una perspectiva puramente jurídica, no cabe duda de que se busca una situación de seguridad y certeza para los profesionales y demás personas que puedan desarrollar y participar puntualmente en esta actividad.

Se trata de una cuestión, sin duda alguna, de fuerte carga ideológica e incluso religiosa, que pudiera determinar ciertas interpretaciones peculiares y controvertidas en el marco de la jurisdicción penal, que introdujera dosis de inseguridad por tipificar esta actuación como cooperación al suicidio o que incluso se llegara a calificar tal actuación como homicidio, en el supuesto de que no se produjera una mera cooperación por imposibilidad del paciente de realizar actuación alguna. Para evitar tal situación y asegurar la certeza y universalización de la interpretación buscada, despojando a esta de cualquier prejuicio ideológico o religioso, sería necesario, además de la despenalización en los términos de la proposición, un instrumento legal que regule con distintas fórmulas el derecho sobre la propia vida y, por lo tanto, sobre la propia muerte. Esto es, una ley de disposición y soberanía sobre la propia vida que garantice la libre autonomía personal. Evidentemente, debería tener ciertas condiciones incuestionables, como la petición libre e inequívoca, la enfermedad grave que conduce necesariamente a la muerte, la patología incurable, el sufrimiento físico o psíquico grave y permanente, y la muerte pacífica y sin dolor. De esta manera se garantizaría una interpretación judicial uniforme y se evitarían controversias interpretativas que pudieran determinar inseguridad en la actuación de los profesionales.

Voy finalizando porque ya se me ha acabado el tiempo. Es, pues, hora de que empecemos a dejar a un lado las carreras por dejar la marca propia, porque aquí han venido propuestas de un partido y de otro -y se acaba de registrar otra más-, y creo que es hora de que cojamos el toro por los cuernos y verdaderamente legislemos en esta materia. Como decía en mi anterior intervención, el ser humano, consciente de su naturaleza mortal, ha buscado un bienestar en la vida y seguramente ha desatendido el buen final, dando por hecho que la agonía y el sufrimiento eran innatos al final de la vida, pero la evolución social y sanitaria hacen que las personas cambiemos y veamos también en la muerte digna el final que todo ciudadano, todo ser humano debe tener para sí mismo, siempre que pueda optar a ello. La posición de mi grupo en esta materia siempre ha sido clara y libre, dispuesto a afrontar el debate y generar un cuerpo legislativo que conjugue el deseo y la necesidad de quien está en situación de precisar ayuda para morir con las garantías jurídicas de quien participa de ello.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gràcies, senyor president. Bona tarda, senyores i senyors diputat. Senyora Vergès, senyora Escarp y senyora Ribas, diputades del Parlament Catalunya, benvingudes a las Corts Generals espanyoles.

El objetivo de la proposición de ley presentada por el Parlament de Catalunya, de modificación del Código Penal y, por tanto, de despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio no es otra cosa que la defensa al derecho a la muerte digna y de acuerdo con la dignidad y la libertad de la persona que se


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proclaman en el artículo 10.1 de la Constitución española. Por tanto, esta proposición de ley que viene del Parlament de Catalunya habla de vida, habla de libertad; sí, defiende la libertad para afrontar la vida y la libertad para poder afrontar la muerte. Habla de la autonomía de la voluntad, de la capacidad de decidir, de la libertad para afrontar cómo queremos vivir la vida pero también de la libertad para decidir cómo ha de ser esa parte final de nuestras vidas que es la muerte.

Esta proposición de ley defiende el derecho a la vida digna y a una muerte digna. Desde Esquerra Republicana, prácticamente en cada legislatura, por no decir en todas, hemos defendido el derecho a una muerte digna, recogiendo de esta manera el sentir de una parte muy importante de la ciudadanía y de las entidades que han trabajado y trabajan para defender el derecho a la muerte digna, como es el caso de la Associació pel Dret a Morir Dignament de Catalunya, que hoy nos acompaña aquí y a quienes saludamos porque estamos muy contentos de que estén entre nosotros, entre otras cosas por el ingente trabajo que siempre han hecho defendiendo el derecho a morir dignamente.

En este sentido, en la última reforma del Código Penal, la que se produjo en la X Legislatura, pedimos la despenalización de la eutanasia, también lamentablemente en ese momento sin éxito. En el caso de Cataluña, la fundamentación de la despenalización es el trabajo conjunto de asociaciones de la sociedad civil y de los representantes políticos y que ve su reflejo en el informe sobre la eutanasia y la ayuda al suicidio elaborado por el Comité Consultivo de Bioética de Cataluña del año 2006, efectuado a petición del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya; estudio riguroso y actualizado que ha servido de base para sustentar esta propuesta de ley que hoy vamos a debatir. Una vez más la evolución de la ciudadanía va muy por delante del derecho y de la ley, a pesar de tratarse de un tema sobre el que no ha existido voluntad de asumirlo por parte del Gobierno del Estado, sea del color que sea.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en libertad y derechos, una libertad que, entendemos, no se debe perder en ningún momento de la vida, tampoco en el proceso final que nos lleve a la muerte. También el artículo 10.1 de la Constitución española, al que hacía referencia, expresa unas características fundamentales del Estado democrático y de derecho cuando afirma que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los otros son el fundamento del orden político y de la paz social. Los derechos fundamentales de la persona proclamados en la Constitución son, por tanto, inherentes a su dignidad y la dotan de contenido material. Sin embargo, estos no pueden ser entendidos de forma contradictoria con lo que dispone el citado precepto, que debe ser considerado como un precepto de tipo rector de la interpretación constitucional de los derechos y libertades.

En otras palabras, los derechos fundamentales de la persona emanan de la proclamación de su dignidad como fundamento del orden político y de la paz social y de conformidad con los valores superiores del ordenamiento jurídico proclamados en el artículo de la propia norma fundamental. Una interpretación que debe ser integradora de vida y libertad y, en consecuencia, una interpretación del artículo 15 del derecho a la vida, a la luz del libre desarrollo de la personalidad, obliga por tanto a considerar que la vida impuesta contra la voluntad de su titular nunca puede merecer el calificativo de bien jurídico protegido. Dicho de otra manera y para que se nos entienda: la vida es un derecho, no una obligación ni un deber y, por tanto, debe rechazarse esa eterna confrontación ficticia entre vida y libertad, pretendidamente resuelta en la prevalencia formal de una sobre otra basándose en criterios como la ordenación sistemática, la intensidad de la tutela jurídico penal o la prioridad biológica natural.

La regulación jurídica penal de las conductas relacionadas con el suicidio ha de ser abordada desde una perspectiva basada en los principios anteriormente expuestos y que consecuentemente afirme el reconocimiento de la disponibilidad sobre la propia vida y, correlativamente, el derecho a morir. Incluso así el propio Tribunal Constitucional reconoce que el derecho a la vida es un derecho de disposición individual y que no hay duda de que el tránsito hacia una muerte digna forma parte de lo más íntimo de un ser humano. Dicho de otra manera: no existe, como decíamos, obligación de vivir la vida. La vida no es un deber, no es una obligación. El Estado debe proteger la vida, por descontado, debe garantizar el derecho a una vida digna, también, pero lo que no puede hacer es imponer vivir y en todas las circunstancias.

La concepción del derecho a la vida que implica el mantenimiento de esta, incluso en contra de la voluntad de su titular, debe ceder paso a concepciones más acordes con las de un Estado aconfesional, el respeto a la libertad individual y el derecho a la autodeterminación que todos tenemos como personas. El ordenamiento jurídico está llamado, por tanto, a concretar y proteger el derecho a una muerte digna, afirmaciones que tienen cabida en la legislación vigente, como decíamos, en el artículo 10 de la Constitución


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española cuando esta proclama la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a los derechos de los demás como fundamento del orden político y la paz social. Por tanto, como decía Ramón Sampedro, una muerte deseada para liberarse de un dolor irremediable es siempre un bien.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Capella.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Igea Arisqueta.

El señor IGEA ARISQUETA: Buenas tardes, señorías.

En primer lugar, quisiera dar la bienvenida a los representantes del Parlamento catalán, especialmente a los representantes de Esquerra Republicana de Cataluña y del PDeCAT, porque su presencia hoy aquí viene a constatar que es en esta casa, en el Congreso de los Diputados, donde se deciden las cosas que afectan a todos los españoles, ya sea su derecho a vivir o a morir o ya sea su derecho a vivir en una nación íntegra y no separada. Es aquí donde se deciden las cosas, y ustedes hoy reconocen que este es el sitio donde se han de discutir. (Aplausos). Esta es la casa común de todos los españoles, y si de nosotros depende, lo seguirá siendo por muchos años.

¿Por qué estamos hoy aquí? ¿Qué nos trae hoy aquí? Hoy nos trae aquí una nueva propuesta de despenalización del suicidio, de modificación del Código Penal. Hace un año ya debatimos sobre este aspecto en este mismo Congreso y lo que nos tenemos que preguntar es qué es lo que ha cambiado, si hay algo nuevo, si la proposición que hoy nos trae aquí aporta alguna garantía o si las circunstancias han cambiado; de eso es de lo que vamos hablar hoy aquí. Miren ustedes, hace un año lo dije en esta Cámara y hoy lo repito: nadie tiene la exclusiva de la compasión en este Parlamento. A lo largo de este año de tramitación en ponencia de la ley de derechos y garantías al final de la vida -es así como se llama la propuesta de ley que está en tratamiento; no es una ley de paliativos, únicamente es una ley de derechos y garantías-, a lo largo este año, puedo asegurarles que he visto en todos los grupos parlamentarios gente con compasión, preocupada por la suerte de sus congéneres. Nadie tiene la exclusiva de la compasión; pero esto no es suficiente, no es un concurso. Esto no es un concurso de empatía, esto no es un concurso de quién es más empático, de quién se pone más en el pellejo de los demás. Esto es un Parlamento, y en los Parlamentos se hacen las normas, se hacen las leyes; las normas y las leyes que garantizan nuestros derechos. Aquí se decide la suerte de todos y cada uno de los ciudadanos, por eso, porque todos lo que aquí estamos decidimos la suerte de todos nuestros ciudadanos, no podemos asomarnos a este debate ni con frivolidad ni como si fuera un teatro, buscando el aplauso. Y como las proposiciones que se trajeron a este Congreso no reunían las garantías suficientes, nos abstuvimos, y, en consecuencia, no nos colocamos de perfil y presentamos un proyecto de ley de derechos y garantías al final de la vida que recoge una serie de aspectos; más adelante detallaré su estado de evolución.

Y miren, no es que no traiga algo más la propuesta, es que trae mucho menos; mucho menos: menos seguridad, menos protección. En un asunto tan grave solo trae protección para aquellos que practican la eutanasia, pero se olvida de los españoles, se olvida de los pacientes que sufren, se olvida de la gente a la que nos dirigimos desde este Parlamento. No es una ley para los pacientes, no es una ley para las personas que sufren, es una ley para garantizar la seguridad de aquellos que colaboran en la eutanasia o en el suicidio asistido. Es una ley, como se ha dicho aquí repetidamente, que necesita un marco, pero además mezcla dos cosas: enfermos terminales, graves, con situaciones no terminales, de sufrimiento potencialmente reversible. Este es un asunto importante y no conviene mezclar las dos cosas porque son absolutamente diferentes. Aquí se ha hablado del derecho a decidir y del derecho a morir dignamente. Son dos asuntos completamente diferentes y más adelante lo detallaré. Dicen ustedes -se dice hoy aquí y se dirá más tarde- que no importa porque el marco de esta ley, de esta despenalización, lo traerá la propuesta que el PSOE ha presentado en solitario la semana pasada. ¿Y si no prosperase? ¿Y si no prosperase la proposición de ley del Partido Socialista? ¿En qué lugar quedarían los jueces, los médicos, los pacientes, con un Código Penal que ha despenalizado el suicidio asistido y sin un marco? ¿Dónde quedaríamos? ¿Se puede ser más frívolo? ¿No es más lógico debatir primero el marco y después hacer la despenalización? ¿Cómo quedaríamos si una ley de artículo único se tramitase, como es posible que se tramite, y no tuviésemos el marco? Señor Cámara, hace un año acusó usted a Podemos de buscar el enfrentamiento, la humillación y la falta de consenso. Dijo que había falta de consenso porque no habían ido a hablar con ustedes para presentar una ley. Literalmente, dijo que solo buscaban medallas. Después de lo hecho la semana pasada, ustedes son el Mark Spitz de este Congreso.


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Si no hay nada nuevo en esta ley, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado algo? ¿Ha cambiado la jurisprudencia de la que hablaba el año pasado el señor Cámara? ¿Ha cambiado la sentencia del Constitucional? ¿Tenemos esa ley básica que era imprescindible para poder desarrollar la ley? Usted mismo lo dijo: Es imprescindible tener antes una ley básica. Esa ley básica se presentó y se está debatiendo, pero no la tenemos. ¿Y qué dice esa ley básica? ¿Qué queremos que diga? ¿En qué estado está la ponencia? Nuestra ley no es una ley de paliativos. Habla del derecho a la información anticipada y veraz, del derecho a acabar con las mentiras caritativas; habla de la obligación de informar, del derecho al testamento vital en el momento del diagnóstico; habla del derecho a decidir el tratamiento, sí o no; habla del derecho a los cuidados paliativos. Hay 60 000 personas -hoy se ha repetido- en este país que se están muriendo con sufrimiento porque no tienen cuidados paliativos y les vamos a ofrecer ahora otra vez, antes de ofrecerles cuidados paliativos y otras cosas, el suicidio asistido. También habla del derecho a la sedación; no de la indicación, sino del derecho a la sedación de todos los pacientes, que se recogerá en nuestra ley, y del derecho a la intimidad. Habla de todas estas cosas; no es solamente una ley de cuidados paliativos, no es solo esto.

¿Se imaginan dónde quedarían los médicos que practican la sedación si se aprueba la norma? Si un médico practica una sedación y se aplica esta norma, ¿qué habrá hecho? ¿Habrá hecho un suicidio asistido o no? Permítanme que les cuente una pequeña anécdota. El pasado mes de enero acompañé a mi suegra en sus últimos días. Tenía cáncer de mama con metástasis múltiple y empezó con una dificultad respiratoria, probablemente consecuencia de una neumonitis rádica o de una linfangitis carcinomatosa. Comenzamos a ponerle tratamiento y no conseguíamos que mejorase ni que bajase la disnea. Ella estaba plenamente consciente, lúcida, y me preguntó: Paco, ¿vas a ayudarme? Le dije: Sí, claro; claro que te voy a ayudar -sabía a qué se refería porque habíamos hablado muchas veces de la sedación-. Me preguntó también si estaba permitido y le contesté: Sí, tranquila, está permitido -no le preocupaba el permiso de esta Cámara ni el de las leyes, sino otro permiso porque miraba al techo-. Quedamos en sedarla al día siguiente para que llegaran sus hijos y sus nietos. Todos vinieron, sus cuatro hijos y sus siete nietos. Cantamos canciones de Santander, leyó la epístola a Timoteo veinte veces, nos dio recados a todos y nos pidió que pagáramos el aqua gym. En fin, dejó todo hecho. Cuando empezó a dormirse y fui a comprobar si estaba sedada, abrió los ojos y me dijo algo que no se me olvidará: Paco, no tengas prisa. Pues esto es lo que les digo: Señores, no tengan prisa; no tengan prisa. Hagamos las cosas bien. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Igea.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, tiene la palabra la señora Sibina Camps.

La señora SIBINA CAMPS: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Antes de nada, un reconocimiento muy especial a la Asociación DMD, Asociación Derecho a Morir Dignamente, y un cariñoso recuerdo a Luis Montes.

Quiero empezar esta intervención agradeciendo al Parlament de Catalunya la propuesta que hoy trae a debate y a las representantes de este Parlament, la señora Alba Vergés, la señora Assumpta Escarp y la señora Marta Ribas, su defensa del tema que estamos tratando. La propuesta que hoy nos llega desde el Parlament de Catalunya sobre la despenalización de la eutanasia es, entre otras cosas, un ejercicio de valentía que mira de cara a un debate complejo ante el cual las instituciones que representan a la ciudadanía no se pueden poner de perfil. Otra de las virtudes de esta propuesta que hoy debatimos es que es capaz de reflejar políticamente un consenso que ya existe en la sociedad, tanto en la catalana como en la del resto del Estado, que en el Parlament de Catalunya se traduce en un contundente apoyo parlamentario del 73 % y que cuenta solo con un 9 % de los votos en contra. Lamentablemente, no pasa siempre, pero de tanto en tanto los parlamentos se convierten en instrumentos de representación de las voluntades populares y sus necesidades. Durante el proceso de elaboración de la propuesta que hoy tratamos, una de las diputadas del Parlament de Catalunya, la señora Àngels Martínez Castells, resumió de manera muy clara la importancia de esta propuesta. Dijo así: Las personas crecen cuando hacen frente al final de la vida y, cuando esto nos lo planteamos como sociedad, también crecemos colectivamente. Pues hoy, señorías, nos toca a nosotras y a nosotros estar a la altura y poner punto y final a una anomalía democrática que hacía que, mientras el 78 % de la población estaba a favor de regular y despenalizar la eutanasia, sus representantes se negaban a hacerlo.

Después de haber consultado con los diferentes grupos de esta Cámara, parece que hoy la propuesta del Parlament de Catalunya tendrá los apoyos suficientes para salir adelante y dejar atrás algunas


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inevitables resistencias. Hablo de la resistencia del PP que, a pesar de que el 70 % de sus votantes está a favor de estas medidas, continúa negándose a legislar. He de decir también que no me sorprende. El PP siempre ha estado en el lado equivocado y retrógrado de la historia; pasó con el divorcio, pasó con el aborto y ahora pasa con la eutanasia. Siempre han sido así y, señorías, parece que los avances sociales y políticos llegan siempre a pesar del PP. En lo que respecta a Ciudadanos y a su abstención, creemos que la propuesta merece un apoyo activo para crear consensos y no ponerse de perfil. En cuanto a las críticas del señor Igea, son excusas para seguir en la indefinición, para seguir ejerciendo ese oportunismo que tanto caracteriza a los señores de Ciudadanos cuando se trata de cuestiones de relevancia. Señores de Ciudadanos, está claro que hoy empieza un camino. Está claro que faltan cosas por concretar. Justamente por eso estamos aquí. De hecho, este es nuestro trabajo: dar pasos, buscar soluciones y construir acuerdos. Lo que no vale es decir que, como no hay consenso, no damos ningún paso. Dice el portavoz de Ciudadanos, el señor Igea, que no se puede aprobar la modificación del Código Penal porque no hay una ley que regule la eutanasia, porque no hay controles ni testigos ni responsabilidades ni exámenes ni valoraciones. No busquen excusas, se puede reformar el artículo del Código Penal, se puede dejar sujeta su aplicación al desarrollo de un marco regulatorio y se puede establecer un proceso paralelo y coordinado para dar respuesta legislativa. Este justamente es nuestro trabajo y para eso nos puso la ciudadanía aquí.

Por último, y en relación con la postura del PSOE, lo primero es reconocer que su voto favorable es una muy, muy buena noticia y ayuda a abrir el camino que durante tanto tiempo se le ha cerrado al debate. Justamente, desde el reconocimiento a ese cambio quiero hacer algunas reflexiones mirando atrás pero con el ánimo muy sincero de poder mirar hacia delante. Hace quince meses nuestro grupo parlamentario presentó una ley para dar inicio al debate sobre la eutanasia, pero no fue posible que saliera adelante. En aquel momento, el PSOE decidió que no era el tiempo de debatir y cerró las puertas no solo a una ley de nuestro grupo sino a las personas y profesionales que llevan tantos años trabajando en el tema. De eso hace quince meses, y resulta que hasta el martes pasado, cuando llegó la propuesta del Parlament de Catalunya, el PSOE se había olvidado del tema. Si la propuesta del Parlament de Catalunya llegó el martes por la mañana, el jueves a mediodía el PSOE registraba una proposición de ley de eutanasia. El titular del diario Público de hace tres días lo resumía en una frase que me parece clave: El PSOE presenta ahora una ley de eutanasia tras rechazar la de Podemos. Me he leído su ley y la verdad es que me cuesta entender por qué hace quince meses rechazaron la nuestra, porque son casi calcadas, señorías, son calcadas. (Aplausos). Las pocas diferencias que se pudieran encontrar se podrían haber trabajado en una ponencia que podría haber empezado hace quince meses. Insisto, no lo digo con ánimo de mirar hacia atrás para hacerles reproches, lo digo por dos cuestiones muy importantes -y ya voy terminando, señor presidente- que tendremos que tener en cuenta: La primera cuestión tiene que ver con que debemos ser conscientes de que siempre, pero más en este caso, el tiempo es un factor muy importante y, como les dije hace quince meses, hay gente sufriendo, hay gente que no puede esperar más y hay gente para la que, lamentablemente, una vez más llegamos tarde. Es imprescindible que hagamos bien nuestro trabajo y que lo hagamos cuando toca. Y la segunda cuestión tiene que ver con un hecho que hoy, con la alegría de esta aprobación, no se nos puede pasar por alto. Aún queda mucho trabajo después de esta aprobación y sería muy grave que lo que hoy aprobáramos se quedara en un cajón pendiente de aprobar el resto de medidas necesarias. Hace quince meses se cerró la puerta al inicio de los trabajos. Hoy les pido que agilicemos al máximo ese trabajo y que los anuncios no queden en un cajón después de haber conseguido unos cuantos titulares. Daremos apoyo la presente el PSOE o la presente el Parlament de Catalunya, que hoy, como tantas veces, nos enseña caminos de libertad y compromiso con la voluntad de la gente. El camino que emprendemos hoy ya no tolera más dilaciones ni tacticismos.

Una altra cop moltíssimes gràcies diputades del Parlament de Catalunya per ser aquí. Gracias, presidente, y muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sibina.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Guinart Moreno.

La señora GUINART MORENO: Gracias, presidente.

Molt bona tarda, buenas tardes. Ante todo, quiero recordar al recientemente fallecido doctor Luis Montes y agradecer a los miembros de las asociaciones defensoras del derecho a la muerte digna y de manera especial a DMD Catalunya su presencia hoy aquí y el trabajo que llevan a cabo. Benvinguts i benvingudes. (Aplausos).


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Su iniciativa llegó al Parlament de Catalunya y fue recogida por nuestro grupo parlamentario, por el PSC, además de otros grupos. Las diputadas que hoy nos acompañan, junto con otros representantes, trabajaron mucho y se logró un consenso que posibilitó que hoy estemos aquí hablando del derecho de las personas a tener una buena muerte, y esto, buena muerte, no es ni debe ser un oxímoron, no debería serlo en ningún caso. Vivimos en una sociedad en la que rehuimos todo aquello que tenga que ver con Tánatos, yo la primera; nos incomoda, no nos gusta pensar en ella, en la muerte, aunque la sabemos irremediable, inherente a la vida. Cuando nos hacemos mayores y perdemos a seres queridos nos duele su recuerdo, nos duele su ausencia y, muchas veces, nos duele el recuerdo de cómo murieron, porque, quizás, los vimos sufrir, porque, probablemente, padecieron una agonía que nos hubiera gustado poder ahorrarles. Hace cuarenta años nos dotamos de una Constitución que nos garantiza el derecho a la vida, un derecho fundamental, al que acompaña el derecho a la integridad física y moral, pero también son bienes constitucionalmente protegidos la dignidad, la libertad y la autonomía de la voluntad. Hay que hacer compatibles, pues, todos esos derechos y principios constitucionales.

Debatimos hoy la admisión a trámite de la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica 10/1995 del Código Penal, para la despenalización de la eutanasia y la ayuda al suicidio, presentada por el Parlament de Catalunya, una proposición que nos pide la modificación del apartado 4 del artículo 143 del Código Penal. Cataluña ha sido siempre pionera en la legislación sobre los derechos de los pacientes -voluntades anticipadas, lucha contra el ensañamiento terapéutico, cuidados paliativos- y en estos últimos años se han desarrollado diferentes legislaciones autonómicas sobre muerte digna en Andalucía, Navarra, Baleares y Canarias, por ejemplo. Ahora es también Cataluña la que trae al Congreso de los Diputados esta proposición, pero, si prospera, como esperamos y deseamos, se beneficiará toda la ciudadanía española en su conjunto. De la misma manera, el Partido Socialista ha sido y continúa siendo pionero y puntero en la extensión de las libertades civiles en nuestro país, aunque a algunos les pese. Como dijo el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, con ocasión de la prestación de nuestra propuesta de ley para regular la eutanasia, es inevitable vincular los grandes progresos en materia de derechos y libertades cívicas en España con la iniciativa y el impulso que siempre ha tenido el Partido Socialista. Lo hemos hecho desde el Gobierno y también desde la oposición. En junio de 2015 el PP evitó la toma en consideración de una proposición de ley socialista sobre muerte digna. Queríamos y queremos que todo el territorio español tenga ese derecho garantizado, cosa que a día de hoy no ocurre todavía. Esa iniciativa recogía el texto del proyecto aprobado ya en 2011 por el Gobierno Zapatero, que decayó por razones obvias, y volvimos a registrarla a principios de 2017. La de Ciudadanos no fue, ni mucho menos, la primera, señor Igea. No es un concurso, ¡claro que no!, pero a cada uno lo suyo. (Aplausos). Si ya en 2011 no nos precipitamos, buscamos consensos y participaron en la elaboración de aquella propuesta asociaciones del sector sanitario y organizaciones de pacientes, tampoco nos hemos querido precipitar con ocasión de la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia registrada el pasado día 3. Hemos optado por un debate sosegado, con reputados expertos del ámbito sanitario y jurídico y con el diálogo con asociaciones como las aquí presentes, y fruto de todo ello es una iniciativa legislativa seria y rigurosa. Fue porque carecía de esos requisitos y, en consecuencia, presentaba deficiencias importantes por lo que rechazamos hace un año la propuesta de Podemos-En Comú Podem-En Marea. Por inadecuada, señora Sibina, no por que no queramos abrir los ojos ante una realidad dolorosa, que existe (aplausos), y a la que queremos dar respuesta, la respuesta que pide la sociedad española, como hemos demostrado con nuestra proposición de ley.

La demanda que nos llega desde el Parlament de Catalunya habla de varios requisitos para una ley de disposición sobre la propia vida: una definición clara de los conceptos, concreción de las condiciones para llevar a cabo la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, los supuestos en los que cabría solicitarla, requisitos que debe cumplir el personal sanitario que intervenga y, finalmente, lo referido a los órganos de supervisión y control. Todo ello está contenido en nuestra propuesta. Una regulación que es imprescindible según la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ya, en 2013, sentenció que sería inaceptable, y es inaceptable, un país que despenalice conductas eutanásicas que no tenga un régimen legal específico que precise las modalidades de prácticas de esas conductas. De la misma manera, el Comitè de Bioètica de Catalunya insta en sus recomendaciones de 2006 a esa regulación y refiere a que es preciso modificar el artículo 143 del Código Penal español para excluir con claridad del ámbito penal las actuaciones de los profesionales sanitarios que tengan como objetivo ayudar a los pacientes a morir cuando se encuentren en una situación irrecuperable. Nuestra proposición recoge que no serán punibles estas conductas profesionales cuando se ajusten a los términos establecidos en la ley.


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Así pues, lógica y consecuentemente, estamos de acuerdo en aceptar a trámite esta proposición del Parlament de Catalunya y confiamos en que se tramite de manera acompañada de nuestra propuesta de regulación. Estamos convencidos y convencidas de que es lo más conveniente y lo más adecuado. Y señor Igea, no tenemos ninguna duda de que nuestra proposición de ley va a prosperar y será la ley reguladora de la eutanasia en este país.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Guinart.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora Cortés Bureta.

La señora CORTÉS BURETA: Muchísimas gracias, presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero dar la bienvenida a los representantes del Parlamento Catalán que esta tarde se han desplazado hasta esta Cámara para defender su iniciativa. Muchísimas gracias y bienvenidos.

Es cierto que el año pasado, en 2017, tuvimos ocasión de debatir sobre la eutanasia. Yo misma tuve la oportunidad de defender la postura del Grupo Parlamentario Popular al respecto, y desde esta tribuna expuse los motivos, las razones por las cuales nos oponíamos y votábamos en contra de esas iniciativas. Todos los grupos lo hicieron. Como digo, yo lo hice en nombre de mi grupo parlamentario, y mucho me temo, señorías, que no va a ser la última vez que hablemos en esta Cámara sobre eutanasia, porque en esta especie de carrera que tienen algunos por llegar, no saben muy bien dónde ni quién el primero ni quién el segundo, o ser el más moderno o el más progresista, yo creo que todavía nos queda algún debate más sobre esta materia. Pues bien, el Grupo Parlamentario Popular no ha variado su posición; votamos en contra de esas iniciativas y hoy vamos a votar también en contra. Y déjenme que les diga que además de aquellas razones, motivos o argumentos que expuse para no votar a favor, a día de hoy tenemos alguno más, como trataré de exponer.

Para empezar, no podemos votar favorablemente a esta iniciativa porque lo único que plantea es una modificación del Código Penal. Desde esta tribuna se ha dicho que va a venir una ley que se va a tramitar conjuntamente, pero eso es un desiderátum, es un futuro que no sabemos. En este momento, lo único que se plantea es una modificación del Código Penal; de un Código Penal que lo que hace, precisamente, es brindar protección a la persona que se encuentra en esa fase crucial de su existencia, evitando que cualquier tercero pueda decidir cuándo o cómo ha de ser ese final en la vida de un enfermo. La decisión sobre cuáles son las posibilidades de curación o no de una enfermedad o de una situación grave que pueda provocar el final de la vida ha de ser adoptada por un personal cualificado y no por cualquier persona que se cree en la posesión de la información que le permita adoptar la decisión de colaborar en el fallecimiento de una persona, aunque esta misma se lo pida. Ese es precisamente el fundamento del artículo 143.4 del Código Penal, señorías, dotar de protección a la persona que se encuentra en ese tránsito.

Desde aquí hice referencia en aquellos debates a los motivos o argumentos del riesgo que significa para los más débiles una ley de eutanasia, del debilitamiento en la confianza del enfermo hacia el sistema sanitario, de la pendiente resbaladiza, que aunque se ha dicho que no, sí que es verdad que se cae en la pendiente resbaladiza, y ya ha pasado en algunos de los países que la tienen regulada; además, si uno de los argumentos fundamentales que se defienden a favor de la eutanasia es esa libertad individual, esa autonomía personal, esa autodeterminación, y eso autoriza a una persona a decidir cuándo y cómo poner fin a su vida, el derecho a la libertad no debería estar limitado o puede llegar a no estar limitado a los enfermos terminales. Con lo cual, sí que es verdad que esa pendiente resbaladiza se produce y de ello advierten, además, muchos profesionales o personas que éticamente no estarían en contra de una eutanasia, pero que sí ven el riesgo de una legalización.

También hacía referencia en esos argumentos a la competencia profesional en cuidados paliativos y petición de eutanasia, y es que estudios rigurosos nos ponen de manifiesto cómo cuando se avanza en los cuidados paliativos desciende el número de peticiones de eutanasia. Y aquí viene ese argumento que a mayor abundamiento les decía que el Grupo Parlamentario Popular tiene en la tarde de hoy, y es que ya estamos trabajando en esta Cámara, señorías, en una ponencia sobre los derechos y las garantías del proceso al final de la vida. Allí es donde realmente se están poniendo encima de la mesa las líneas prioritarias en las cuales debemos seguir trabajando. (Rumores). Allí se está hablando de los derechos y garantías que deben acompañar ese momento final, del derecho a morir según los deseos previamente expresados en un testamento vital, del derecho a rechazar tratamientos inútiles, del derecho a morir en la


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intimidad personal y familiar acompañado de los seres queridos sin sufrimientos físico, psíquico o espiritual... (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora Cortés.

Les ruego silencio, señorías. Continúe.

La señora CORTÉS BURETA: ... del derecho a morir tranquilo y en paz, señorías.

Al Partido Popular se nos acusa algunas veces de quedarnos solos en esta defensa, pero, señorías, no estamos solos. La propia Constitución en su artículo 15 no recoge un derecho a la propia muerte, y tampoco recogen ese derecho el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o diversos textos internacionales.

Esta mañana he estado en la presentación de un libro, que les voy a enseñar: ¡Doctor, no haga todo lo posible! Se lo recomiendo a todos, porque en el mismo aparecen una serie de cosas por las que seguramente vamos a pasar más del 50 % de los que estamos en esta Cámara, y a partir de lo que allí he escuchado me han surgido una serie de preguntas que les voy a plantear a ustedes hoy aquí. Ustedes defienden una iniciativa -y me parece muy bien- para la que han hablado con muchas asociaciones y con profesionales, pero yo quiero preguntarles algo, porque esta presentación ha tenido lugar en la sede de la Organización Médica Colegial, justo al otro lado de la calle. Señorías, ¿han hablado ustedes con los profesionales de la sanidad, con todos los médicos? ¿Les han dicho ustedes a los médicos que ahora quieren que entre sus funciones esté también la de practicar la eutanasia, la de asistir a un ciudadano que así lo pida en su suicidio? ¿Les han explicado ustedes que ahora ya no solamente van a tener que curar, sino que quieren que pasen a gestionar o a provocar una muerte? ¿Les han explicado ustedes que mientras ellos se quejan de que la formación académica que reciben en sus facultades no les prepara lo suficiente para afrontar el proceso final de la vida de sus pacientes, ahora van a tener también que provocarles la muerte? ¿Les han preguntado ustedes todo eso, señorías? Porque, como ellos dicen, la eutanasia no pertenece a la medicina. La eutanasia va en contra de ser médico. Señorías, no puede ser que la única respuesta que la medicina y la sociedad den a un paciente que se encuentra en el proceso final de su vida sea adelantarle la muerte. Tienen que ofrecerle algo más, la sociedad debe transmitir el mensaje de que esos enfermos no son una carga, que no son ningún peso y que les va a ayudar, porque el paciente, señorías, no quiere morir. (Aplausos). El paciente no va a pedir morir, nadie se quiere morir; lo que quiere el paciente es vivir sin sufrimiento ni dolor, y para ese sufrimiento y ese dolor la medicina tiene otras vías de atención, como son los cuidados paliativos.

Aquí se ha hablado de sufrimiento existencial. Señorías, para el sufrimiento existencial la medicina no tiene respuesta, porque este no pertenece al ámbito de la medicina, sin embargo, se la obliga a dar una respuesta a ese sufrimiento existencial y lo único que se le pide es que gestione la muerte. Para el sufrimiento psicológico y para el sufrimiento físico la medicina sí tiene una respuesta, como son los cuidados paliativos, que, aunque no lo arreglan todo, constituyen la respuesta que tiene la medicina para el enfermo terminal. Como reza el libro ¡Doctor, no haga todo lo posible!, no es necesario hacer todo lo posible; lo que hay que hacer es procurar una muerte digna, hay que ayudar a morir bien. Termino, señor presidente. Un enfermo terminal, o un enfermo desahuciado, no está en manos de la ciencia, no se trata de incrementarle el sufrimiento en nombre de la ciencia. La respuesta de la medicina ha de ser hacer lo posible para evitar el dolor y el sufrimiento y para que el paciente muera de la mejor manera posible, pero no le puede causar la muerte.

Muchas gracias, señorías. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Cortés.

TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, ORGÁNICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, PARA TRANSPONER DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA EN LOS ÁMBITOS FINANCIERO Y DE TERRORISMO, Y ABORDAR CUESTIONES DE ÍNDOLE INTERNACIONAL. (Número de expediente 122/000200).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos, a continuación, al siguiente punto del orden del día, relativo a la toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario


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Popular en el Congreso, orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para trasponer directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y abordar cuestiones de índole internacional.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Blanco Garrido, y les ruego silencio nuevamente, señorías.

La señora BLANCO GARRIDO: Gracias, señor presidente.

Señorías, hoy el Grupo Parlamentario Popular trae a esta Cámara, para su toma en consideración, una proposición de ley orgánica modificativa del Código Penal; una iniciativa que responde a los objetivos de trasponer las directivas de la Unión Europea con incidencia en materia penal pendientes y de abordar otras cuestiones internacionales también de naturaleza penal. Señorías, tal y como recoge en la exposición de motivos, España ha venido cumpliendo de manera consistente con los objetivos de trasposición de los plazos comprometidos. Es por ello que en estos momentos se hace necesaria la trasposición sin dilación de varias directivas de índole penal, bien como consecuencia del vencimiento del plazo o bien por la proximidad de dicho vencimiento, si bien es cierto que esta demora no obedece a la falta de voluntad del Gobierno sino al año perdido, al año 2016, cargado de incertidumbre e inestabilidad gracias al grupo parlamentario del no es no y de quienes aplaudían pensando que, a base de repetir elecciones, les podía llegar su turno. (Aplausos). Sirvan, pues, estas últimas palabras de respuesta a las críticas que supongo que el resto de los grupos harán al Gobierno por el retraso en la trasposición de alguna directiva cuando suban a la tribuna. Es por ello que esta iniciativa contribuye al interés que entendemos que ha de ser compartido por todos los grupos parlamentarios, que no es otro que el de culminar la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico, como decía, de las distintas directivas europeas.

Señorías, paso a continuación a explicarles de manera resumida los principales objetivos que busca la trasposición de dichas directivas, tal y como he mencionado al inicio de mi intervención. La Directiva 2014/57, sobre las sanciones aplicables al abuso de mercados, contempla tres tipos penales diferenciados en los que se exige a los Estados miembros que tipifiquen como infracciones penales al menos en los casos graves y cuando se hayan cometido intencionalmente: las operaciones con información privilegiada, incluyendo la recomendación o inducción a otra persona a realizar operaciones con información privilegiada; la comunicación ilícita de información privilegiada y la manipulación de mercado, con el fin de garantizar, en primer término, la integridad de los mercados financieros de la Unión y, en segundo término, aumentar la protección de los inversores y con ello la confianza en esos mercados. Además, exige la consideración como infracciones penales de los actos de incitación, complicidad y tentativa de las indicadas operaciones, así como la responsabilidad de las personas jurídicas en relación con la comisión de tales hechos delictivos. Todo ello, señorías, con el fin de establecer un régimen de supervisión, inspección y sanción armonizado a nivel de toda la Unión Europea. En definitiva, se trata de alcanzar una mayor seguridad jurídica, logrando una uniformidad en las condiciones de aplicación de la normativa; se trata de evitar hechos como el que permitió la comercialización de productos financieros complejos a cientos de miles de ahorradores particulares y que llevó a que más de 600 000 españoles fueran estafados por las famosas preferentes, por cierto, con el beneplácito del Gobierno de Zapatero. Y esto no lo digo yo sino que lo dijo el que fuera presidente de la CNMV aquí, en sede parlamentaria. (Aplausos).

En relación con la trasposición de la Directiva 2017/541, relativa a la lucha contra el terrorismo, requiere ajustar la legislación penal a las previsiones de la directiva, si bien es cierto que nuestra legislación en materia de delitos de terrorismo va mucho más allá del contenido de dicha directiva. España, por desgracia, conoce muy bien el sufrimiento y el horror que genera el terrorismo. Durante décadas hemos sufrido los zarpazos de ETA y de los yihadistas -atentados de Madrid y Barcelona-, por eso llevamos mucho tiempo trabajando para disponer de las herramientas adecuadas para hacer frente a esta amenaza y, por tanto, derrotarla. Y lo hemos conseguido, gracias a la fortaleza y a la firmeza de nuestro Estado de derecho, logrando la disolución de aquellos que tanto dolor y sufrimiento sembraron en toda España sin conseguir absolutamente nada de aquello que perseguían a través de las bombas y de las pistolas; una disolución de quienes han tratado de escenificar su derrota como una victoria de manera obscena y humillante con la colaboración de algunos, como es el caso de Podemos. Este grupo parlamentario y este Gobierno, en cambio, estarán siempre al lado de las víctimas, tal y como siempre han demostrado, defendiendo la memoria, la dignidad y la justicia (aplausos), marcando una clara diferencia con aquellos que ante la disolución de ETA por parte del Estado de derecho se han apresurado a hablar de cambios de la política penitenciaria, de beneficios para quienes ni se han arrepentido ni han ayudado a esclarecer los


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más de trescientos crímenes sin resolver a día de hoy. En esta línea, señorías, continuaremos trabajando para aumentar la protección de las víctimas, continuaremos impulsando la Carta Europea de las Víctimas del Terrorismo, continuaremos con las modificaciones legislativas para ser todavía, si cabe, más eficaces en la lucha contra el terrorismo, como las que hoy traemos a esta Cámara, señorías, las cuales tratan, en primer lugar, de imponer una pena máxima a los dirigentes de una organización o grupo terrorista superior a la que figura en la regulación actual, pasando de catorce a quince años y una pena de inhabilitación de carácter absoluto. En segundo lugar, incluir entre los delitos terroristas la falsedad documental, algo que no estaba previsto en nuestro Código Penal, así como una regulación más amplia del viaje con fines terroristas al no exigir la directiva que el viaje tenga por destino un territorio controlado por terroristas, tal y como recoge actualmente nuestra normativa. Por último, extender la responsabilidad penal de las personas jurídicas a la comisión de cualquier tipo de delito de terrorismo, algo que solo se preveía hasta ahora para los delitos de financiación del terrorismo. En definitiva, mayor protección para las víctimas y mejores instrumentos para cada día ser más eficaces en la lucha contra el terrorismo, con el claro objetivo de conseguir que las nuevas formas no vuelvan a poner en peligro nuestra dignidad, nuestra libertad y, en definitiva, nuestra convivencia democrática, que tanto dolor y tanto sufrimiento nos ha costado.

En relación con la Directiva 2017/1371, sobre la lucha contra el fraude, que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del derecho penal, esta supone una regulación armonizada de estos fraudes, así como la penalización de otras conductas íntimamente vinculadas con los mismos, como es el blanqueo de capitales, el cohecho y la malversación. Una de las primeras novedades que aporta la directiva es el aumento de la cuota defraudada para establecer la infracción penal, a cuyo efecto se han adaptado los correspondientes artículos. Asimismo, la directiva exige también que sea punible cualquiera de los delitos previstos en ella, incluido el delito de malversación cuando sea cometido por una persona jurídica. Por ello se establece también la responsabilidad de las personas jurídicas en el delito de malversación -un tipo penal de los regulados en la directiva que no admitía nuestro ordenamiento-, de aquellas personas jurídicas que por cualquier motivo gestionen recursos públicos o de cualquier otro modo estén encargados del erario público.

Señorías, la lucha contra el fraude fiscal supone una prioridad para este Gobierno del Partido Popular. Por ello continuaremos intensificando cuantas acciones sean necesarias en esta lucha. Porque, señorías, frente a la demagogia de algunos está el compromiso de este Gobierno, un compromiso traducido en un auténtico aluvión de medidas legislativas aprobadas para la lucha contra el fraude fiscal -por cierto, con el voto en contra del Partido Socialista-, medidas que permitieron unos resultados históricos de recaudación, superando los 65 000 millones de euros. Por otro lado, resulta necesario perfeccionar también la trasposición de la Directiva 2014/62 relativa a la protección penal del euro y otras monedas frente a la falsificación, con el claro objetivo de ampliar el abanico de sanciones que se pueden imponer a las personas jurídicas cuando estas sean responsables penales de este tipo de hechos delictivos. También propone mejorar la redacción del artículo 387 del Código Penal para aquellos casos en los que se anticipa -esto es importante- la protección penal de la moneda a las fases previas a su puesta oficial en circulación, obteniendo así una mayor seguridad jurídica.

En relación con la prevención y persecución del tráfico de órganos quiero manifestar que el tráfico de órganos es un problema de dimensión global, que viola derechos fundamentales como, entre otros, la dignidad humana y supone una grave amenaza para la salud pública. De hecho, la Organización Mundial de la Salud estima que cada año alrededor de 10 000 trasplantes se llevan a cabo de forma clandestina en el mundo. España ha sido pionera en incorporar el tráfico de órganos al Código Penal, al cual hace referencia explícita estableciendo sanciones de hasta doce años de cárcel, disponiendo una serie de artículos destinados a prevenir el delito y a proteger a sus víctimas. Sin embargo, resulta necesaria la realización de alguna modificación del Código Penal para su adaptación a las previsiones contenidas en el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos, un convenio que se convirtió en el primer pacto europeo para perseguir el tráfico de órganos como delito y donde una vez más España, señorías, ha jugado un papel fundamental tanto en su gestación como en su desarrollo. De hecho, fue abierto a la firma en Santiago de Compostela en marzo de 2015. Dentro de esas modificaciones que se pretenden está la necesidad de establecer los supuestos de actuación de organización o grupo criminal de forma análoga al tratamiento en estos supuestos del delito de trata de seres humanos, incluyendo además la previsión del agravante de reincidencia internacional y aumentando el control de nuevos riesgos, como los grupos de delincuencia organizada. En definitiva, se trata de ser más eficaces


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a la hora de combatir y prevenir el tráfico de órganos humanos mediante medidas de derecho penal sustantivo y proteger con ello a las víctimas.

Por último, con esta reforma que hoy debatimos para su toma en consideración también se van a solucionar algunas omisiones que se detectaron en la reforma del Código Penal llevada a cabo en el año 2015 y que irían en consonancia con los criterios formulados en el informe Greco. Así, se van a recoger expresamente los términos: solicitar, recibir, aceptar promesa u oferta que conlleve ventaja, que suponga actuar o no actuar contra lo prescrito en la ley. Y todo ello para delimitar claramente la conducta en los delitos de corrupción en los negocios evitando de este modo que en base a meros tecnicismos terminológicos se puedan excluir actividades claramente corruptas. También se revisará la corrupción de jurados y árbitros y no solo en el ejercicio de funciones públicas, sino también cuando actúen como colaboradores o ejerzan en el ámbito privado y tanto por acción como por omisión. Asimismo es necesario incluir expresamente la responsabilidad penal por el delito de tráfico de influencias por las personas definidas en el artículo 427 del Código Penal como funcionarios públicos extranjeros, a quienes hasta ahora no se les podía exigir. En definitiva, señorías, mayor compromiso en la lucha contra la corrupción recordando que ya en la X Legislatura el presidente del Gobierno propuso un pacto para la lucha contra la corrupción que no fue aceptado por el partido mayoritario en esos momentos de la oposición y por eso emprendimos en solitario un paquete de medidas para la regeneración, el mayor paquete de medidas que se ha aprobado en nuestra historia.

Finalizo ya, señor presidente. El Grupo Parlamentario Popular espera, quiere, que se tome en consideración esta importante iniciativa, esta proposición de ley orgánica, y para ello deseo contar con su apoyo con el firme objetivo de dar cumplimiento a la normativa comunitaria, que otorga mayor seguridad jurídica a los Estados y por tanto a los ciudadanos, y con ello también asumir nuestra responsabilidad como Estado.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Blanco Garrido.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Permítame que en mi primera intervención de esta tarde rinda tributo a Juan Morano, fallecido el pasado sábado, diputado durante seis legislaturas y senador en la X hasta el año 2015, y que fue un gran defensor de León de cuya capital fue alcalde catorce años. Uno mi recuerdo emocionado al de sus familiares, amigos y paisanos, al de sus compañeros y colegas parlamentarios y al de todos los que tuvimos el privilegio de conocer al irreductible, gran político y gran español Juan Morano. (Aplausos).

Señorías, nos parece necesaria la toma en consideración para modificar la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que ha defendido la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la diputada María del Mar Blanco. En primer lugar porque nuestra condición de comunitarios nos obliga a acomodar en plazo nuestro marco legislativo y normativo a las directivas de la Unión Europea y, en segundo lugar, porque el calado de las cuestiones que se pretenden modificar es imprescindible para que nuestro Código Penal incida, ataje y castigue novedosos tipos delictivos, formas de hacer daño y causar perjuicio a la sociedad. Es el caso tenebroso del tráfico clandestino de órganos, una forma actualizada de esclavitud, un mercado negro genuino del siglo XXI que toma como víctimas a personas en situación desesperada, caso de indigentes y refugiados, a los que se arrastra hacia el denominado 'turismo de trasplante' y se les fuerza a la donación de alguno de sus órganos para resolver su precaria situación personal o la de su familia. Con esta modificación legislativa avanzamos en esa imprescindible lucha contra el tráfico de órganos, si bien hay que subrayar que España tiene un acreditado sistema de transplantes; de hecho, somos líderes mundiales y estamos al margen de ese espantoso mercado, que tiene mucha incidencia en algunas áreas geográficas y sobre grupos humanos muy vulnerables.

Asimismo, se plantea modificar el artículo 284, referido a los delitos relativos al mercado y a los consumidores, con objeto de acentuar la protección frente a la violencia, amenaza o engaño para alterar precios, incluida la utilización de las redes sociales para denostar personas o empresas mediante datos artificiales y falsos. Igualmente, se incide en la modificación del siguiente artículo del Código Penal, el 285, proponiendo una nueva redacción para penalizar el uso de información privilegiada, ampliando y extendiendo la protección a los instrumentos financieros, contratos, conductas y órdenes previstos en la normativa comunitaria y también en la nuestra en materia de mercado e instrumentos financieros.


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Otras modificaciones al articulado que se plantean con esta propuesta hacen referencia al uso indebido de las subvenciones públicas y a la falsificación de moneda, así como una mayor precisión de la falsedad documental en su relación con los delitos de terrorismo. Nada que añadir a las certeras palabras de la portavoz del Grupo Popular sobre esta cuestión del terrorismo.

En definitiva, son cuestiones que amplían, refuerzan y puntualizan el Código Penal, ley orgánica sobre la que existe el mayor volumen de iniciativas legislativas pendientes, pero hoy de lo que se trata es de abordar la trasposición de varias directivas para atender a las obligaciones de España como país miembro de la Unión Europea y evitar las sanciones derivadas del incumplimiento de los plazos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó. Perdón, intervendrá por dicho grupo el señor Guillaumes i Ràfols.

El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Buenas tardes, presidente, señoras y señores. Efectivamente, presidente, excuso a la señora Ciuró, que no podrá hablar en representación de nuestro grupo.

Estamos otra vez en el día de la marmota; es decir, aquello de aprobar directivas europeas tarde, mal y deprisa, pero creo que esta vez nos hemos superado -y ya es la segunda vez que nos superamos-, porque, en lugar de lo esperable, lo lógico, lo parlamentario, que es que la iniciativa la presente el Gobierno con los respectivos estudios, resulta que la presenta el Grupo Parlamentario Popular para ahorrarse todo el trabajo de los estudios preceptivos para poder presentar esta normativa europea. Esto, señores, empieza a no ser de recibo; simplemente empieza a no ser de recibo. Que yo recuerde, nuestro grupo nunca ha votado en contra de la trasposición de una directiva europea cuando la ha traído el Gobierno, cualquier Gobierno. Pero esto va a cambiar porque esta costumbre de que las traiga el Grupo Parlamentario Popular es simplemente escandalosa desde un punto de vista de técnica parlamentaria. Por tanto, lo sentimos mucho pero este juego tiene que terminar. Ustedes presenten las iniciativas sobre directivas cuando toca, y preséntenlas quien las tiene que presentar como las tiene que presentar, y entonces tendrán nuestro apoyo. Pero es que esta directiva no es normal; es verdad que trata tres temas -de hecho, cuatro-; por ejemplo, del movimiento ilegal de órganos, también de la corrupción, pero, señores, es que también se habla de modificaciones del Código Penal y de persecución del yihadismo. O sea, que ustedes se permiten traer tarde y mal a este Congreso, en medio de una alerta 4, un tema que afecta a la seguridad de todos los ciudadanos y ciudadanas. Esto es simplemente irresponsable, y no sé si lo arreglarán como lo hacen ustedes con los temas de seguridad de un tiempo a esta parte: dando medallas. Si pasa alguna desgracia, igual lo solucionan con el 'medalleo' correspondiente a quien sea. Quizá no se lo acepten, como los buenos policías alemanes que no se lo aceptaron por detener al president Puigdemont. Señores, hagan una política de seguridad seria, una política legislativa seria, y esto quiere decir que aporten razones, que aporten justificaciones y no 'medalleo'. No sustituyan la razón por las medallas ni por la técnica legislativa.

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, senyories.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Guillaumes i Ràfols.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.

Debatimos la toma en consideración de una proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular de reforma del Código Penal con varios objetivos: primero, trasponer cuatro directivas de la Unión; segundo, adaptarlo a un Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos, de 2015, y también adaptarlo a los parámetros que recomienda el Grupo de Estados contra la Corrupción, Greco, del Consejo de Europa, tras su tercera ronda de evaluación en la que se detectaron algunas omisiones en las reformas del Código Penal de 2015 y que podrían suponer limitaciones a la lucha contra la corrupción. En esta proposición de ley se introducen tres nuevos artículos en el vigente Código Penal y se modifica la redacción de otros veinte, lo que nos pone sobre la pista de que nos encontramos ante una modificación relevante del Código Penal en aspectos no baladíes pues afectan a conductas delictivas vinculadas a operaciones con información privilegiada por perturbar la integridad de los mercados de la Unión y la confianza de los inversores, de conformidad con la Directiva 2014/57, y también a la lucha contra el fraude que afecte a los intereses financieros de la Unión y otras conductas vinculadas, como el


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blanqueo de capitales, el cohecho y la malversación, cuando incluso sea cometida por personas jurídicas que gestionen recursos públicos, tal como dispone la Directiva 2017/1371. Asimismo, también se propone la modificación del Código Penal para otorgar una mejor protección al euro y otras monedas frente a la falsificación, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2014/62. Por último, en cuanto a la trasposición de directivas, es la 2017/54 la que reclama ajustar el vigente Código Penal en materia antiterrorista en aspectos tales como, entre otros, la falsedad documental, los viajes con fines terroristas y la responsabilidad incluso de personas jurídicas en la comisión de cualquier delito de terrorismo que hasta ahora en el Código Penal solo se consideraba para los delitos de financiación del terrorismo. Junto a estas modificaciones del Código Penal con ocasión de las directivas de la Unión, se encuentran otras motivadas por el cumplimiento pleno de las recomendaciones que el Grupo de Estados Greco le hizo a España tras la tercera ronda de evaluación de la implementación que de la Convención penal sobre corrupción y su protocolo adicional se había realizado y publicado el 5 de febrero de 2016. Finalmente, también se propone la modificación del Código Penal para adaptarlo al Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos.

Se trata, por tanto, como ya señalábamos, de unas modificaciones del Código Penal de profundo contenido y lo que nos sorprende es que su promotor sea el Grupo Parlamentario Popular y no el Gobierno, y ello por varios motivos. En primer lugar, porque el hecho de que sea un grupo parlamentario -en este caso el Grupo Popular- su promotor supone la elusión de la participación de los ámbitos profesionales y sectores sociales incididos por el proyecto de norma y también soslayar la participación preceptiva de órganos de la Administración General del Estado, de la fiscalía, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado. La falta de opiniones e informes de todos estos órganos priva a esta Cámara de sus dictámenes, que son fundamentales tanto por su relevancia constitucional como por su competencia técnica y por su necesidad material, al ser la materia regulada de incidencia directa en los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, teniendo por ello reserva constitucional de ley orgánica, por no añadir que la implementación del derecho comunitario reclama siempre la labor informativa del máximo órgano consultivo del Estado. Señorías, en 2017 nos quejábamos en esta Cámara del abuso por parte del Gobierno de los decretos-leyes pero en 2018 la cosa no ha mejorado, sino que ha ido a peor por el uso que el partido que gobierna ha hecho de su grupo parlamentario para, a través de él, plantear proposiciones de ley, incluso orgánicas, y llegado el momento hasta autoenmendarlas.

En segundo lugar, la proposición de ley supone también el incumplimiento del Plan de acción de gobierno, publicado el 8 febrero de este año por parte del Ministerio de Justicia. Este plan de acción es vinculante para los distintos ministerios en el ámbito de sus competencias y su objetivo es tanto eliminar el riesgo de sanción económica por incumplir los plazos de trasposición del derecho de la Unión como reiterar el compromiso de España ante las instituciones europeas con el cumplimiento de la normativa de la Unión. Pues bien, al Ministerio de Justicia se le marcó el objetivo para 2018 de modificar el Código Penal para trasponer tres directivas de la Unión que ahora no se nos presentan a propuesta del ministerio sino del Grupo Parlamentario Popular.

En tercer lugar, tenemos que llamar la atención por el incumplimiento del plazo para trasponer la Directiva 2014/57 sobre sanciones penales aplicables al abuso de mercado, que venció hace ya casi dos años, el 3 de julio de 2016, y por el que España está incursa en un procedimiento de sanción por parte de la Comisión de la Unión. Esta directiva se publicó el 16 de abril de 2014 y desde esa fecha se han hecho tres reformas del Código Penal que no se han aprovechado para trasponer en plazo la directiva, gobernando todos estos años el Partido Popular e imponiendo en ese tiempo, con su mayoría absoluta, esas reformas del Código Penal. Tampoco desde la investidura del presidente del Gobierno en esta XII Legislatura, que fue el 29 de octubre de 2016, se ha tramitado iniciativa legislativa alguna por parte del Gobierno para dar cumplimiento a lo regulado en la citada Directiva 2014/57, y es ahora el Grupo Parlamentario Popular el que nos la presenta, lo cual nos parece inasumible. Es preciso recordar en este punto que España es uno de los países que lidera el ranking de incumplimientos de la Unión respecto a su ordenamiento y que en la actualidad se encuentran 18 directivas vencidas y otras 6 más que vencen este mismo mes o el siguiente mes de junio. Quizá, y volviendo a la proposición de ley, pudiéramos comprender, aunque no compartir, que se nos presente por este procedimiento, irregular políticamente pero sumario, la tramitación de la trasposición de la Directiva ya vencida 2014/57 hace ya dos años, pero no las otras tres, ya que una de ellas ya fue traspuesta y ahora solo se trata de mejorar su trasposición, y las otras dos vencerían en septiembre de este año y en julio del que viene. Y en lo que se refiere a las directrices del Grupo de Estados contra la Corrupción y al Convenio del Consejo de


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Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos he de señalar que no tienen plazo para su incorporación al Código Penal vigente.

Señorías -y voy finalizando, presidente-, el Grupo Parlamentario Vasco no puede dar su apoyo a la tramitación de esta proposición de ley para acometer unas reformas tan importantes del Código Penal vigente como las que se pretenden en treinta y dos de sus artículos al socaire del vencimiento del plazo para la trasposición de una directiva y para minimizar el impacto del procedimiento de infracción abierto por la Comisión, pues una cosa es lo que pudiera afectar al incumplimiento de la directiva relativa al abuso de mercado y otra muy distinta que se pretenda tramitar por este procedimiento espurio el resto de reformas del Código Penal que se pretenden con esta proposición en vez de con un proyecto de ley y con todo el expediente que le debe acompañar. Señorías, no apoyaremos la iniciativa legislativa.

Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.

A continuación, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera.

El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señorías. Voy a empezar esta intervención hablando de déficit, pero no en el sentido económico de costumbre, sino refiriéndome al histórico déficit del 3 % en materia de trasposición de directivas, dato que proporcionó el Gobierno en una de las comparecencias de presupuestos y del que se desprende que en tres de cada cien directivas de la Unión Europea el Gobierno se pasa de plazo y a España le cuesta asumir las correspondientes sanciones, sanciones que importan muchos miles de euros diarios, muchos millones que la inacción del Gobierno nos impide dedicar a la educación, a la sanidad o a las pensiones. Más allá de cálculos o porcentajes tan optimistas, la realidad es otra. La realidad es la que apuntaba el señor Legarda. Desde 2012 y con el Ejecutivo del señor Rajoy al frente España lidera el ranking de países que han pagado más multas por incumplir la normativa comunitaria: 54 millones de euros dilapidados. Y todavía presumen de ser buenos gestores. (Aplausos).

El Plan anual normativo del Gobierno para 2018 -para este año, no para el año del Gobierno en funciones- contempla la trasposición de cincuenta y dos directivas comunitarias y la realidad es que ya estamos en mayo. En breve terminará este periodo de sesiones y las cuentas no salen. Mucho plan, pero pocas normas hasta ahora. Nuestro Gobierno tendrá que espabilar si quiere evitar que su desidia no nos siga costando una fortuna a todos los españoles, sobre todo porque la Unión Europea ha cambiado su política de sanciones y ahora opera el principio de no desistimiento. Es decir, ya no se nos va a perdonar ningún retraso, ya no se nos va a condonar ninguna sanción. Pero quizá más reprochable que la propia parálisis del Gobierno son sus reacciones cuando las situaciones se vuelven apremiantes o urgentes. Les pongo un ejemplo reciente. España suscribió en 2014 el Convenio de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia sobre las mujeres y, en lugar de poner en marcha las reformas y medidas en él contenidas durante estos cuatro años, el señor ministro de Justicia se asombra por una sentencia que es en buena parte resultado de esa falta de diligencia, provocando que todas las asociaciones de jueces y fiscales pidan su dimisión. Así las cosas, el Grupo Popular nos presenta una proposición de ley orgánica que traspone tres directivas comunitarias de una atacada: sobre lucha contra el terrorismo, sobre lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión y sobre sanciones al abuso de mercado. Poco tenemos que decir respecto a su contenido, que responde a exigencias derivadas del derecho comunitario. Ciudadanos es un partido europeísta. Nosotros creemos en la construcción de un proyecto común europeo y creemos también que la creación de un espacio judicial europeo en materia penal constituye un aspecto relevante de ese proceso de integración europea, armonizando garantías procesales y basado en la cooperación y reconocimiento mutuo de diligencias judiciales y de pruebas, un espacio judicial europeo que garantice la igualdad de los ciudadanos ante la ley frente a quienes no dudan en saltarse las leyes intentando levantar nuevas fronteras que dividen y provocan desigualdad o frente a los que pretenden derribar Europa y traernos la democracia de Irán o de Venezuela y que supongo que tendrán mucho que criticar a continuación sobre, por ejemplo, la protección y confianza de los inversores y mercados financieros que se contiene en esta reforma, cuya mera lectura imagino que se les habrá atragantado. Y, por supuesto -no podía ser de otra manera-, un espacio judicial europeo que garantice la libertad frente a los nuevos sepulcros blanqueados. Nosotros apostamos por una Europa que se pone al lado de las víctimas inocentes, al contrario de quienes prefieren salir en la foto al lado de los verdugos y que criticarán esta reforma porque endurece las penas a los dirigentes de organizaciones terroristas. (Aplausos).


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Finalmente, esta reforma completa la regulación de los delitos de corrupción cumpliendo las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción, el Greco. También llevamos un enorme retraso en el cumplimiento de estas recomendaciones. Se quieren subsanar ahora algunas advertencias recibidas tras la tercera ronda de evaluación efectuada por dicho grupo cuando posteriormente ha habido una cuarta evaluación y cuando precisamente la semana pasada el Greco publicó su informe anual volviendo a dejar a nuestro país en un pésimo lugar. Cito textualmente el informe: España y Bélgica son los dos únicos países que no han implementado completamente algunas de las recomendaciones; con un 100 %, tienen el porcentaje más alto de recomendaciones implementadas solo en parte o no implementadas. En definitiva, el Gobierno del Partido Popular sigue arrastrando los pies en materia de lucha contra la corrupción y en materia de independencia del Poder Judicial, contando para ello con la inestimable ayuda del Partido Socialista. No nos extraña nada que en la reciente encuesta del CIS la preocupación por la corrupción haya vuelto a crecer entre los españoles.

En cuanto a la forma, tenemos que afearle al Grupo Parlamentario Popular que permita que el Gobierno lo utilice como una marioneta para tramitar esta reforma como proposición de ley y no como proyecto de ley únicamente para compensar su desidia y su retraso, y nos obligue así a prescindir de los correspondientes informes preceptivos que hubieran sido muy interesantes y útiles para la posterior labor técnica y de detalle.

Votaremos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley -no cabe otra cosa, es un acto debido- no sin antes constatar que este Gobierno muestra muy poco compromiso con las instituciones europeas. Traspone poco y necesita la ayuda del Grupo Parlamentario Popular; traspone mal, mezclando mercados con terrorismo; y traspone tarde, trasladando sus urgencias a esta Cámara bajo la amenaza de las sanciones.

Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Gómez Balsera.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz.

El señor SANTOS ITOIZ: Mila esker. Arratsalde on.

Trataré de no abusar de la paciencia de sus señorías y, por tanto, seré lo más breve que me permitan las dos o tres cosas que tenemos que decir. Sencillamente, vamos a adelantar el no a la proposición de ley que trae el Grupo Parlamentario Popular por algún motivo de forma y algún motivo de fondo que me dedicaré a desgranar seguidamente.

En primer lugar, y haciendo un poquito de pedagogía, hay que recordar que las leyes orgánicas lo son -y así se establece en la Constitución- porque afectan a derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos y de las ciudadanas. Por tanto, la ciudadanía exige un proceso en el cual se sea mucho más transparente y se aporten muchos más elementos de juicio para saber lo que hay en juego. Son derechos y libertades fundamentales que además, en el caso del Código Penal, pueden afectar a la libertad, que es un valor superior del ordenamiento jurídico y, por lo tanto, exigirían -como ya se ha dicho aquí- una mayor motivación y concreción. A nosotros y a nosotras nos da la impresión de que el Grupo Parlamentario Popular, al menos últimamente, le está haciendo el trabajo poco a poco y está haciendo una pista de aterrizaje a un ministerio que está mirando hacia otro sitio. Realmente está con una inactividad total y, cuando llega, dice algunas cosas singulares que normalmente no debería decir y que lo meten en jardines que poco o nada ayudan a la construcción de una sociedad democrática y en paz, que es la que nosotros y nosotras pretendemos.

A partir de aquí, es evidente que ha habido una excusatio non petita de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, cuando ha dicho que realmente esta trasposición llega tarde sin que nadie se lo hubiera pedido, pero posiblemente adelantando lo que es lógico y todos los grupos se han ocupado de reiterar. Lo que nos llama la atención es que ustedes digan que llega tarde por el no es no y no sé qué historias, cuando hay directivas del año 2014 y otras que podrían haber sido abordadas en una comisión de codificación que ustedes tienen y de cuya competencia técnica y masculinidad nadie duda hasta este momento. Por lo tanto, echen mano de los recursos que tiene el ministerio y hagan la labor que tienen que hacer. Es una labor que tiene que hacer el Gobierno, porque ya se ha dicho aquí que se ha hurtado el debate a la sociedad y que se ha hurtado también a esta Cámara tener los informes preceptivos que nos hubieran ayudado a desbrozar técnicamente una ley orgánica que en su enunciado habla de los ámbitos financiero y de terrorismo, que es lo que a ustedes les interesa subrayar, pero que en realidad es un


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popurrí que afecta a cuestiones tan dispares como el abuso de mercado con un bien jurídico protegido novedoso, algunos aspectos sobre delitos terroristas sobre los que me detendré, lucha contra el fraude, tráfico de órganos humanos, falsificación del euro o aspectos de corrupción privada. Es decir, un totum revolutum de cuestiones técnica y jurídicamente no homogéneas y difíciles de abordar en un debate como este. No es la primera vez que ustedes le ponen esta pista de aterrizaje al Gobierno, que mucho nos tememos que luego sirve para colocar cualquier cosa, hurtando muchas veces el derecho de enmienda que tienen las personas parlamentarias de esta Cámara.

Haré referencia -para no abusar de la voluntad de vivir de sus señorías- a algunas cuestiones muy concretas. Ustedes hablan de cuestiones relativas a completar los delitos de corrupción y de las directrices del Grupo de Estados contra la Corrupción, el Greco. Como ya se ha dicho aquí, España y Bélgica son las grandes incumplidoras de estas recomendaciones que hace este grupo de Estado, y ustedes ampulosamente en la exposición de motivos dicen que España, en su firme compromiso de luchar contra la corrupción, ha colaborado permanentemente con el Greco. Habrá que preguntarle al Greco porque en sus recomendaciones dice exactamente lo contrario. Cuando uno ha llegado hasta ese punto y se limita a ilusionarse pensando que ustedes van a trasponer algo, ya que la sociedad está realmente demandando esa pelea contra la corrupción que usted ha reclamado que heroicamente están haciendo en soledad, resulta que ustedes se limitan a transcribir algunas cuestiones muy concretas sobre mediadores, peritos, administradores, interventores, jurados y árbitros nacionales e internacionales. Eso está muy bien, pero no casa con la pretendida ampulosidad con que ustedes en la exposición de motivos se reclaman a sí mismos como punta de lanza contra la corrupción; háganselo mirar, por favor.

En segundo lugar, ustedes pretenden transcribir la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo y dicen que aunque la Ley orgánica 2/2015 se adelantó notablemente al contenido de la directiva, algunos puntos divergen, lo que obliga a introducir ligeros ajustes -literal-. No es que ustedes se adelantaran a la directiva, es que ustedes se pasaron de frenada, y lo que ocurre con los delitos de terrorismo en el Estado español actualmente es una conculcación clara del principio de legalidad que está poniendo en riesgo la libertad de la ciudadanía en muchos aspectos concretos. Me puedo remitir, por ejemplo, en el artículo 578 a los informes de Amnistía Internacional que, a pesar del significativo descenso de la actividad terrorista, habla de que en 2011 hubo una sola condena y, sin embargo, en 2016 y 2017 hubo treinta y cinco y treinta y uno, respectivamente. No solo eso, sino que ustedes ignoran de una manera deliberada lo que pone en el punto 10 de la directiva, que habla de que los delitos de provocación pública -subrayo provocación pública- se deben tipificar cuando conlleven riesgo de que puedan cometerse actos terroristas, o sea, cuando sean eficaces para ello, para lo cual se valorará el riesgo, las circunstancias específicas del caso, etcétera. Háganselo mirar también en esta cuestión, porque realmente la modificación de los delitos de terrorismo en el Código Penal actual debe ser absolutamente profunda y no en el sentido que ustedes estaban patrocinando. En relación con esto, sencillamente voy a hacer como que no he oído algunas de las cuestiones que se han achacado a mi grupo parlamentario.

Por último, hablan ustedes de la directiva de sanciones aplicables al abuso de mercado. Esa tardanza es absolutamente llamativa, como algún otro portavoz ya se ha encargado de decir, porque no es nada menos que el año 2014 y está presuntamente en riesgo de sanción. Por lo tanto, ustedes también llegan tarde y mal, a pesar de que hubo una modificación del Código Penal en el año 2015 en la que ustedes ignoraron esta cuestión olímpicamente, tal vez porque no convenía a los intereses de la gente con la que ustedes practican esa cosa tan interesante que es entrar y salir de la política. Realmente, ustedes agitan -de ahí el título- el planteamiento de abuso de mercado como espantajo penal para decir que van a solucionar un problema, que no se va a solucionar si ustedes no abordan de una manera definitiva otra serie de medidas administrativas, de control y regulación de los mercados. Hasta ahora no se les está viendo un interés excesivo en ello, permítame decírselo.

Por tanto, votaremos en contra. La sociedad espera del ministerio, que no de su grupo, alguna otra cosa.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Santos.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo Moreno.

El señor CAMPO MORENO: Señor presidente, señorías, abordamos esta tarde una proposición de ley orgánica propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, de modificación del Código Penal que hace referencia a los ámbitos financieros y de terrorismo y a otras cuestiones de ámbito internacional. El título


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ya daría para un buen rato de conversación. Señorías, se nos pide la trasposición de una serie de directivas que, como hemos venido oyendo a lo largo de la tarde -los pocos que estamos, pero nos enteramos bien de lo que decimos-, son una miscelánea curiosa. La 2014/57, del 16 de abril, viene a regular las sanciones penales aplicables al abuso de mercado, y está vencida desde julio de 2016. En segundo lugar, la 2017/541, de 15 marzo, relativa a la lucha contra el terrorismo. En tercer lugar, otra directiva, también del Parlamento y del Consejo, es la 2017/1371, relativa a la lucha contra el fraude para velar por los intereses financieros de la Unión. Una cuarta, cuya trasposición no se hizo bien, la 2014/62, hace referencia a la protección penal del euro y otras monedas en orden a la falsificación. No satisfechos con esto, se introducen dos paquetes, uno a través del convenio del Consejo de Europa, firmado en Santiago de Compostela, en materia de represión del tráfico de órganos humanos y, por último -lo hemos oído también a lo largo de todas las intervenciones-, una serie de directrices del grupo Greco.

Señorías del Grupo Popular -bueno, los poquitos que están-, les voy a acusar de que con un acto como este nos someten a un fraude de ley, pero antes quiero decirles que tienen una gran honestidad y una gran candidez, porque en el párrafo primero de la exposición de motivos de su proposición de ley dejan muy claro cuál es la ratio essendi de la voluntad del legislador, que no es otra que el miedo a la sanción que pueda imponer el TJUE por virtud de la intervención de la Comisión, y lo explican muy bien. El Tratado de Lisboa ha presionado sobre esta cuestión. Explican que temen esas sanciones y que, por tanto, hay que correr con las vencidas y con las que están por vencer. Les decía que hoy lo que están ejercitando es una suerte de fraude de ley. ¿Por qué les digo esto? Digo esto -no es novedoso, porque hemos coincidido casi todos los grupos- porque obvian lo que es el club de Estados que supone la Unión Europea y las obligaciones que, como Estado, se nos imponen por pertenecer a ese club. Señorías, las obligaciones son de los Estados no de los grupos parlamentarios, y esto no es una cuestión baladí. Estamos hablando de cuestiones de Estado y, por tanto, están por encima de los grupos políticos que sustentan en un determinado momento a un determinado Gobierno, y esto tampoco es baladí. Lo que se quiere es que se implique el Estado en la homogeneización del derecho comunitario. Por eso, ustedes hacen un fraude de ley, porque desobedecen a la propia ley del Gobierno, en cuyos artículos 26 y 27 -por cierto, reformados por ustedes en el año 2015 en orden a potenciar el proceso legislativo- obvian las recomendaciones y las exigencias que establece ese artículo 26 e incluso el artículo 27, que es el que establece razones de urgencia; no, se las saltan a la torera y ponen al grupo parlamentario a promover esta trasposición. Pero es que obvian también el artículo 21 de la Ley del Consejo de Estado, que establece como uno de sus ámbitos competenciales fundamental informar sobre estas trasposiciones. Pero es que obvian también el artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuyo consejo tiene obligación de informar cuando afecte a cuestiones de ámbito judicial; incluso el artículo 14 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que también establece como una competencia del consejo fiscal informar estos proyectos.

Señorías, no les quedan más leyes que vulnerar; pocas más. Insisto, esto es un insulto a las instituciones y, en este caso, a esta Cámara, porque esta Cámara va a tener que proceder a esta trasposición y va a hacerlo huérfana de unos informes que podrían nutrir, porque no son trasposiciones puramente técnicas de una mera traducción; no. Las propias directivas, por ejemplo la 2014 -que se habla mucho de ella-, la de sanciones penales aplicables a los abusos de mercado, que se basa en tres artículos concretos de la información privilegiada, establece tres ámbitos competenciales, pero dice que los Estados tendrán que ver la gravedad y la intencionalidad; por lo tanto, es gradual y, por tanto, es matizable. Habrá que ver cómo funciona, cómo está establecido nuestro articulado ya, que establece las sanciones a la información privilegiada, al uso, a la manipulación y a las operaciones que se pueden hacer con ella, y establecer algo tan importante como la sanción de las ejecuciones imperfectas o los actos preparatorios punibles.

¡Y qué les voy a decir del terrorismo! Señorías, han incumplido algo tan básico como es el pacto de Estado. El pacto de estado,que sirvió y dio tanto rédito y tanto juego en la lucha contra ETA, y que ahora en el ámbito yihadista determinó la Ley Orgánica 2/2015, ha sido obviado nuevamente. Se habla de modificaciones nucleares, no solo en esa línea de subir las penas en cada reforma legislativa, no; estamos hablando de que se suben las penas a los dirigentes, que se puede discutir con facilidad y no tendría problema, pero estamos hablando, por ejemplo, de la integración de la propia definición del delito de terrorismo. Hay una alteración del 573, incorporando un nuevo delito, como son las falsedades documentales, que vienen a nuclear, cuando se hace con finalidades terroristas, el propio concepto nuclear. Se amplían los tipos penales, por ejemplo, a los viajes, sin necesidad de que el destino de ese viaje sea un territorio dominado por una organización terrorista.


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Señorías, es muy delicado. No insulten a las instituciones, y lo están haciendo de un modo sistemático. Al ministro no le gusta una sentencia y machaca al juez, nubla su honorabilidad o, por lo menos, tiñe de duda su actuación. Ustedes lo hacen con estas instituciones. Señorías, no es un buen camino. Y ahora es cuando todos estarían esperando a que dijera: No esperen el voto favorable del Grupo Socialista. Pues se equivocan; les dirán que sí, pero se lo dirán con los dientes apretados y por una razón muy sencilla, porque el Partido Socialista es un partido de Estado, de Estado europeísta y que cree, además, en el prestigio de las instituciones y cree en el prestigio de España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campo.

PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE SELECCIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE, DOCENTE INTERNO RESIDENTE (DIR), BASADO EN EL MIR DE LOS FACULTATIVOS MÉDICOS. (Número de expediente 162/000610).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día, relativo a las proposiciones no de ley. En primer lugar, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la implantación de un sistema de selección y formación docente, docente interino residente, DIR, basado en el MIR de los facultativos médicos.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.

La señora MARTÍN LLAGUNO: Presidente, señorías, la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo; es el mejor antídoto para eliminar la diferencia de clases, la mejor vacuna para combatir la desigualdad, la mejor vitamina para la prosperidad y la mejor garantía para la libertad y la autonomía de los ciudadanos. Me atrevo a decir que si hay unas políticas sociales importantes esas son las políticas educativas, porque la educación es el futuro. El ciudadano lo tiene clarísimo; lo hemos tenido siempre clarísimo y hemos apostado desde el principio por estas políticas. Fuimos nosotros quienes pedimos la puesta en marcha de una subcomisión para hacer una reforma que mejorara nuestro sistema. A diferencia de otros grupos, que realmente han demostrado que solo querían utilizar esta cuestión políticamente, nosotros nos lo creemos.

Ante la inacción del Gobierno -que la verdad es que pasa de la educación con mucha gracia pero con absoluta indolencia-, nosotros no renunciamos ni vamos a renunciar nunca a conseguir una mejor educación. Si queremos tener un sistema educativo de plena calidad, no nos engañemos, hay que tocar muchas piezas. Es verdad, señores del PSOE, que hay que contar con recursos suficientes, pero no solo. En el pacto por la educación identificamos quince cuestiones fundamentales que había que reformar con urgencia. Todas son muy importantes, pero lo cierto es que si hay un consenso por parte de todos los expertos y también a nivel internacional sobre cuál es el factor que tiene más impacto directo sobre el rendimiento de los alumnos, ese es la calidad del profesorado. Es un hecho ampliamente compartido que la calidad de un sistema educativo no puede ser nunca superior a la calidad de sus docentes, y esto es de cajón.

Los profesores y los maestros, después de los alumnos, son el alma del sistema educativo. España ha tenido y tiene un profesorado encomiable que en estos cuarenta años, desde la Transición, gracias a su dedicación, ha permitido que superáramos envites sufridos por distintos motivos, pero los maestros y los profesores han sido en estos cuarenta años de bipartidismo los grandes olvidados. No siempre han recibido la atención, el cuidado y la centralidad que se merecían y muchas veces son lo que son por su valía y por su voluntad, no porque se les haya ayudado.

Como consecuencia del trato que se les ha dado, lo cierto es que hoy muchos titulares y muchos interinos consideran que no están suficientemente prestigiados, que trabajan y han trabajado demasiado aislados, que las vicisitudes laborales y los vaivenes por los que están pasando les están desmotivando y que no consiguen, pese a sus esfuerzos, que los alumnos obtengan los resultados que les gustaría. Más de 200 000 de estos docentes prestigiosos y fantásticos van a abandonar el sistema educativo como consecuencia de la jubilación en esta década. Este profesorado, que constituye un pilar fundamental, va a tener que ser reemplazado, y este reemplazo, que supone un reto, es también una oportunidad increíble.

Tenemos que abordar cuestiones que no funcionan bien. La formación inicial del profesorado es una de ellas, y no lo digo yo, lo dicen los propios profesores; no hace falta más que mirar los datos. Señorías,


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España es un país con uno de los porcentajes más bajos de menores de treinta años que se dedica o que se quiere dedicar a esta profesión. Es muy difícil atraer a jóvenes y muy difícil conseguir que los mejores jóvenes se dediquen a la docencia. Son los propios profesores los más conscientes de que, al margen de otras cuestiones, la formación de los docentes necesita urgentemente un cambio. Los informes señalan que los docentes españoles participan en menos programas de inducción, apenas reciben feedback sobre su labor, casi ninguno tiene un mentor asignado y acuden a muchas menos actividades de formación que el resto de sus colegas.

Hace unos años se hizo un estudio, La voz del profesorado, que decía que el 70 % de los docentes actuales querían que se reformara el sistema de selección para acceder a la profesión docente. El 80 % de los profesores coincidían en que la acreditación para acceder a la profesión docente debería tener los mismos criterios en el sistema público que en el sistema privado o concertado, y la mayoría pedía una reforma urgente del periodo de inducción o periodo de prácticas. En Ciudadanos nos hemos hecho eco de estas demandas. De hecho, ya hicimos una propuesta para tener una educación mejor y para poner en marcha el deal educativo, así como para la reforma del profesorado, propuesta que llevamos al pacto firmado con el Partido Popular y que, lamentablemente, no ha llegado a buen puerto. En este sentido, y ante la irresponsabilidad de algunas fuerzas políticas y la falta de acción por parte del Partido Popular, nos hemos visto obligados a traer esta propuesta al Pleno.

Es necesario emprender urgentemente el camino hacia la reforma integral de la formación docente, porque esto va a suponer la mejora en la formación de nuestros hijos. Queremos un sistema que sustituya el máster del profesorado y que demuestre tener un impacto más allá de los bolsillos de los alumnos que se matriculan en estos másteres, porque al final el máster del profesorado se está convirtiendo en un mero trámite o, lo que es peor, en algunos casos en un negocio. La formación del profesorado tiene que ser una etapa fundamental, que permita a los futuros docentes que van a tener en sus manos a nuestros niños no solo la adquisición de conocimientos sino también una asunción paulatina de responsabilidad en las aulas. El MIR que proponemos plantea un periodo de aprendizaje teórico-práctico que ayudará a los profesores del futuro no solo a saber, sino también a saber qué hacen bien, qué hacen regular y qué pueden hacer mejor.

Quiero dejar una cosa clara, meridiana para el PP, para el PSOE y para Podemos. La propuesta que planteamos aquí únicamente afecta a los que vendrán, y no a los que están. Es una propuesta sobre la formación, únicamente sobre la formación; no es una cuestión de carrera laboral ni de recursos humanos y después de esta intervención tiene que quedar claro lo que nosotros presentamos. Nada tiene que ver con la carrera profesional, nada; nada tiene que ver con el acceso a la función pública docente. Con el MIR docente lo que queremos es que los mejores se conviertan en los mejores profesores en el futuro, con mejor formación, con más acompañamiento y con más prácticas. Pero queremos también un sistema en el que los veteranos, esos profesores que son tutores expertos, sean capaces de trasladar su expertise a la gente que llega. Proponemos un modelo parecido al MIR médico en el que, una vez graduados y para acceder a la formación práctica, los aspirantes se presenten a un examen nacional y a partir de la nota puedan elegir el centro y la especialidad en la que quieren formarse, y que durante estos cursos estas prácticas sean remuneradas. Ciudadanos presenta un sistema de ayuda a los docentes para comenzar las clases, pero también un sistema que reconoce a los grandes docentes y que les pide que compartan su conocimiento.

La propuesta que traemos es una propuesta de futuro, constructiva, encaminada a mejorar la educación de este país. Sinceramente, no podemos entender que no se apoye por los grupos que dicen que les preocupa el futuro y los niños de este país. Les voy a hacer una confesión: Yo me muestro muy optimista y les voy a decir por qué. Porque dice Fernando Sabater -y esto va para los del no es no- que con el pesimismo se puede escribir contra la educación, pero el optimismo es necesario para ejercerla; los pesimistas pueden ser buenos domadores, buenos polemistas pero nunca buenos maestros. Y digo yo que tampoco buenos políticos. La educación es un acto de coraje; cobardes, recelosos y cenizos que se abstengan. Así que vean lo que van a hacer. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Martín.

Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Pérez López.

El señor PÉREZ LÓPEZ: Señorías, vaya por delante nuestro voto afirmativo a la proposición no de ley que hoy presenta el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Será afirmativo porque no olvidemos que estamos


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hablando de una propuesta que surge del Partido Popular, ya que en el año 2009 un diputado de esta casa, Eugenio Nasarre, y el anterior presidente del Consejo Escolar del Estado, Francisco López Rupérez, ya hablaban de esta medida, de su desarrollo y de su concreción. Por tanto, señorías del Grupo Parlamentario Ciudadanos, bienvenidos a nuestro discurso, a nuestras propuestas y a nuestros planteamientos. Y, en lo referente a condecoraciones, no les vamos a negar una más; añádanla a su lista que es lo que les interesa a ustedes, pero lo importante es hablar de educación y tener las ideas claras en este sentido.

Se presenta una propuesta que para nosotros es de calado, tan importante es para la educación en España que no podemos quedarnos en la superficie, hay que ser más ambiciosos y plantear lo que de verdad quieren y desean los profesores: una ley de ordenación general de la profesión docente que contemple un nuevo modelo del sistema de acceso a la profesión y un diseño básico de la carrera profesional que incluya la evaluación, la formación, la promoción y el desarrollo profesional. Por eso, nosotros pretendemos -y de hecho la vamos a presentar- una ley que establezca un sistema de carrera profesional en el que se adquieran diferentes grados, o diferentes niveles dentro del mismo grado, en función de la implicación, preparación, dedicación y correspondiente evaluación de cada docente, dotando al sistema de los incentivos para la constante mejora de la calidad. En definitiva, se trata de considerar diferentes itinerarios de desarrollo profesional adaptados a las preferencias del profesorado y a los resultados de sus evaluaciones, que estarán convenientemente programadas y serán justas y objetivas. Para nuestro grupo las políticas centradas en el profesorado son instrumentos esenciales para la mejora del sistema educativo. Durante los últimos años se han ido sumando opiniones autorizadas que defienden la conveniencia de mejorar la educación y, en particular, la relativa a los sistemas de selección y formación para el acceso a la profesión docente inspirada en el MIR de nuestro sistema sanitario.

Señorías, los profesores no deseamos un cambio de modelo en el proceso de selección, queremos una verdadera carrera profesional que nos dignifique y nos prestigie. Por eso, los países que han cosechado mayores éxitos en el último año iniciaron en su día un largo camino de reforma educativa que tiene como referencia la calidad en el profesorado. Esos países eligen a sus futuros profesores entre los mejores alumnos que salen del bachillerato, les pagan tanto como se paga a los profesionales de alto nivel, los educan con los mejores profesores universitarios, les garantizan un puesto después de la formación y les ofrecen un seguimiento durante los primeros años de ejercicio de la profesión. Esto es lo que comenzaron a hacer en Finlandia allá por la década de los años ochenta del siglo pasado y convirtieron al profesorado en la piedra angular de su sistema educativo. En definitiva, mientras otros países hicieron leyes como esa, nosotros apostábamos por la Logse, cuya doctrina educativa cuestionaba al profesorado su autoridad, su prestigio y su opinión. Todo ello a favor de una constelación de entendidos que nos prometieron la Arcadia educativa y cuyo nexo entre todos ellos fue que nunca pisaron un aula.

El modelo vigente de selección del profesorado pide un cambio radical, es cierto. El sistema tradicional de oposiciones no permite seleccionar a los mejor preparados, no contiene ningún factor que estimule a los mejores jóvenes universitarios para ejercer la docencia y que recompense su esfuerzo y su dedicación. Además, los estudios de posgrado están revelando también todas sus deficiencias y sus contradicciones. Siendo conscientes de la necesidad de cambiar el modelo, este no puede ser fruto de las prisas ni mucho menos del oportunismo político del que ya nos tienen acostumbrados algunos grupos políticos como Ciudadanos. Este nuevo modelo debe ser fruto del acuerdo y de la reflexión, también de la opinión y de la participación del profesorado, apartado desde hace demasiado tiempo de decisiones y medidas que le afectan directamente. El Gobierno viene trabajando desde hace tiempo en esta tarea, recordemos el Libro Blanco de la profesión docente encargado al catedrático José Antonio Marina; recordemos las reuniones, muchas de las cuales fueron con la Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Educación, con la Asociación Nacional de Estudiantes de Educación; las aportaciones del Consejo Escolar del Estado; las opiniones de los ochenta y tres expertos que han pasado por la subcomisión del Pacto educativo y las opiniones de la OCDE o de la Unión Europea, que se han posicionado en numerosas ocasiones sobre la forma de seleccionar al profesorado para hacerlo de la mejor manera posible. Efectivamente, este modelo tiene sus bondades y hay que aprovecharlas. Para ello hay que contar con los profesores. Considero que no solo el profesor juega un papel central en la mejora de los resultados en la educación, sino que también somos el epicentro del esfuerzo para alcanzarlos. El docente debe ser protagonista de esta tarea porque no podemos dejarlo aislado.

Señorías, la sociedad nos demanda una formación inicial eficaz para los docentes, una selección adecuada y, sobre todo, el apoyo al inicio de la vida profesional de los docentes. Esta tarea que tenemos


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por delante exige abordar las tareas sin atajos y con responsabilidad y esto es lo que los docentes esperan de nosotros y eso es lo que el Partido Popular piensa ofrecerles en una próxima proposición no de ley.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Pérez.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, corresponde la palabra al señor Alli Martínez, que no está.

Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.

Señora Martín, soy maestro, no soy cenizo, soy muy optimista, y además voy a votar que no a esta proposición. (Aplausos). Y lo hago sin que se me caigan los anillos del dedo.

Esta proposición, por lo que hemos oído a los dos primeros portavoces que han subido aquí a esta tribuna, parece que quiere tener muchos padres y muchas madres: el PP, la FAES, Ciudadanos, en fin, hay muchos que se quieren atribuir esta propuesta. A algunos les tendríamos que preguntar por qué no la hicieron posible cuando tenían mayoría absoluta; pero, en fin, son otros tiempos. En la exposición de motivos de Ciudadanos hacen referencia a informes europeos, al informe Eurydice y a un informe de la OCDE sobre educación. En cambio, curiosamente no hace ninguna referencia a ningún informe sobre el gasto público en educación. Estamos en el puesto veintitrés en la Unión Europea (rumores) -ahora se lo explico-, los quintos por la cola. Este año Ciudadanos va a aprobar un presupuesto que baja el gasto en educación del 4 % al 3,8 % del PIB; y la señora Martín me dice, ¿y esto qué tiene que ver? Se lo explico. La propuesta tiene una contradicción evidente: ustedes van a aprobar unos Presupuestos Generales del Estado que bajan el gasto en educación y, en cambio, hacen una propuesta que va a aumentar el gasto. Y además, esta mañana, en la entrevista que le hacían al señor Garicano, ¡no la tenía ni cuantificada! O sea, bajan en educación y quieren subir no se sabe cómo.

Estoy de acuerdo con usted en que los sistemas de formación y selección son probablemente anacrónicos e ineficaces; pero el MIR docente no es la solución a los problemas de la educación. Los verdaderos problemas de la educación -como va a exigir esta tarde la Marea Verde- son evidentemente la falta de recursos, la ratio, la atención a la diversidad y por supuesto la formación continua del profesorado que algunos se han encargado de desmantelar.

Votaremos que no a su propuesta por tres razones. Primero, porque nos da un tufo a querer tener profesores low cost; porque también da un tufo insoportable a recentralización; y luego, la más lógica, porque olvida a la comunidad educativa. Yo creo que para hablar de temas de educación no tendríamos que preguntar a Ciudadanos, sino evidentemente a la comunidad educativa. Por último, dos preguntas que lanzo. Una, ¿qué pasaría con el profesorado interino? Y dos, ¿el acceso a un puesto de trabajo en la escuela pública seguirá siendo por oposición? ¿Y en la escuela concertada, cómo seguirá siendo? ¿Por el dedo del director? En fin, también hay que hablar de todo esto.

Moltes gràcies.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Baldoví.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gràcies, president. Buenas tardes, señorías.

Señora Martín y señor Pérez, escuchar a Ciudadanos y al PP defendiendo a los docentes esta semana, en la que el presidente de su partido se dedica a difundir imágenes de nueve profesores que han sido víctimas de amenazas de muerte sin ser culpables de nada, la misma semana en que el Gobierno del Partido Popular manda investigar veinticuatro institutos y centros educativos, entre los cuales está mi instituto de secundaria, y que vengan ustedes aquí a defender a los docentes, hay que tener mucha cara.

Yo, señora Martín, le hago dos preguntas. ¿Usted sabe cuántas iniciativas en materia educativa ha traído su grupo parlamentario a este Pleno en el último año? Tres. Y de las tres, ¿sabe usted cuántas no han hablado de adoctrinamiento, de cómo mejorar el rumbo ideológico de los profesores o de cómo vamos a adiestrar a los profesores para que sean más afines a su partido? Ninguna, las tres han ido en esta misma dirección. Y yo me pregunto, señora Martín, ¿es este el principal problema del sistema educativo español? ¿Usted cree que es ese el principal problema del sistema educativo español? ¿El principal problema del sistema educativo español no será que ustedes han sido incapaces de ponerse de acuerdo para generar un consenso alrededor de un proyecto educativo que sea capaz de liderar las


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políticas educativas públicas que defiendan un sistema educativo convencional como el que necesita este país? ¿No será ese el problema que le falta al sistema educativo español?

Lejos de actuar con el consenso que deberían buscar, se dedican a arrasar con aquellos que sí hemos sido capaces de generar consensos en otros territorios, en otros parlamentos y en otras cámaras. Por eso les avisamos que dejen de meterse donde no les mandan, que se centren en buscar contenidos en el marco del pacto de Estado por la educación, que es donde deberían estar trabajando y no presentando iniciativas fuera de ese pacto de Estado porque se han quedado solos. En el pacto de Estado se han quedado solos porque han sido incapaces de buscar los consensos que eran necesarios.

A mí me preocupa y me preocupa de verdad esa persecución y esa obsesión que tienen desde el Gobierno y desde el partido que apoya al Gobierno, pero es espeluznante especialmente la de su partido. Leyendo esta iniciativa y leyendo las iniciativas que ustedes han presentado a lo largo de este año, me venía a la cabeza aquella imagen del presidente de su partido, el señor Rivera, frente a un grupo de universitarios de Derecho, donde les recomendaba que leyeran a Immanuel Kant. Y al ser preguntado el señor Rivera qué libro de Kant recomendaba, el señor Rivera reconocía no haber leído nada de Kant en su vida. Me pregunto cómo sería su partido de diferente si el señor Rivera pudiera hablar de lo que es la Ilustración, si pudiera hablar de lo que es el sapere aude, si pudiera hablar de la libertad de expresión y, sobre todo, si pudiera hablar de lo que es la ética en política. Pero para que eso pase, señora Martín, el presidente de su partido no solo debe recomendar a Kant, también algún día debería empezar a leérselo.

Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Miquel.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.

Señoras y señores de Ciudadanos, ya sé que ustedes sueñan con un país único en el que no hubiera ni nacionalidades ni lenguas ni pretensiones culturales diferentes, donde todo fuera único, unitario, nacional, estatal. Ustedes tienen esa imagen de envidia de ese republicanismo centralista francés que tanto les gusta -y, evidentemente, con su nouveau Macron español candidato a la Presidencia (risas)-, y tienen eso pero a la vez son incapaces de cuestionar la monarquía en España. Por lo tanto, me parece que hay mucho cuento en sus palabras. (Aplausos). Y, claro, la educación para ustedes es importante porque tienen envidia de esa école française famosa, en la que todos estudiaban lo mismo en los mismos sitios. Pues mire, aquí, afortunadamente, tenemos otro tipo de escuela también.

Señora Martín, la educación es el futuro, ha dicho usted, pero ¿en manos de quién quieren dejar ustedes esa educación? Y cuando digo en manos de quién no me estoy refiriendo a los profesores. Estoy hablando de en manos de qué políticos y de qué superioridad política quieren que dependa la educación. La propuesta que ustedes han planteado ignora absolutamente el marco jurídico-político-administrativo del Estado español, que no es que me guste mucho, pero es que ustedes lo deben de aborrecer, porque lo han ignorado totalmente. Primero, la propuesta ataca las competencias de las universidades despreciando la autonomía universitaria pura y dura, desvinculando de las universidades -y más específicamente de las facultades de formación del profesorado- dicha autonomía. Segundo ataque, la propuesta ataca las competencias políticas autonómicas, despreciando la competencia autonómica al ser vinculadas estas y los departamentos de educación que gestionan las políticas de la propuesta. Tercero, la propuesta ignora, intencionadamente, la realidad sociolingüística de cada comunidad y desprecia los idiomas oficiales con la uniformización, y concretamente se desprecian el euskera, el catalán y el gallego. (La señora vicepresidenta, Romero Sánchez, ocupa la Presidencia). Parece que ustedes quieren volver a esa escuela nacional con aquellos profesores que ignoraban la lengua de aquellos lugares donde iban y hacían que todos hablaran en cristiano. Y, cuarto, la propuesta ignora las competencias de los centros educativos, excluidos de la propuesta, dado que se desvincula e ignora la autonomía de los centros para gestionar los proyectos propios educativos. Por tanto, ustedes hacen tabula rasa de la autonomía universitaria, de la autonomía de los centros, de la autonomía política, de las lenguas, de todo eso.

La verdad es que ustedes plantean un único examen, evidentemente nacional y además con la tutela del ministerio, no vaya a ser que los departamentos de educación de algunas comunidades autónomas decidan por sí mismos cómo quieren que sean la docencia y el profesorado de cada una de sus comunidades autónomas. Ustedes quieren eso, que todos tengan el mismo examen y el destino, el que toque, porque España va desde Lugo hasta Almería y desde Irún hasta Cádiz, y todo es uno y único, y todos la misma educación, el mismo modelo educativo, el mismo proyecto educativo. Que sepan que,


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evidentemente, como no podía ser de otra manera, mi grupo va a votar en contra de esta propuesta. Pero es que, además, ustedes ignoran incluso el documento de la Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Educación sobre la formación y el acceso a la profesión docente, que no es que me guste del todo, pero es que hay algunas cuestiones que incluso se las han saltado. Ellos dicen, por ejemplo, que es necesario adoptar una visión de continuo de la profesión docente, o que las diferentes etapas de la carrera profesional docente deben estar articuladas entre ellas y ser coherentes, o que es imprescindible una fórmula de colaboración continua entre las administraciones educativas y la facultad de educación, o que la colaboración necesaria solo es posible mediante el compromiso efectivo de todos los agentes implicados: Gobierno central, autonómico, partidos, etcétera.

Dicho y visto esto, evidentemente este asunto no debería tener un recorrido largo, porque, además, si es que pretendiéramos que se pudiera aplicar una especie de MIR parecido al de medicina a lo docente, los que somos competentes en materia educativa ya sabremos legislar y hacer ello en cada una de las comunidades autónomas donde somos competentes, donde se tienen en cuenta las características, entre otras las propias lenguas.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardà i Coma.

El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.

Señorías, es evidente que el acceso a la docencia, la formación inicial y la formación continua son ámbitos muy importantes en toda carrera profesional de un docente. Es cierto, pero todavía creo que es más cierto que por encima de todo ello existe una necesidad, una obligación, que es un compromiso ético por parte de los gobiernos, por parte de los líderes políticos, por parte de aquellas personas que tienen una capacidad para determinar y regular todo aquello que compete a la comunidad educativa, y me refiero al respeto. Si no hay respeto, todo lo demás es baladí; si no hay respeto, todo lo demás es inservible, entendiendo que todas las posiciones son legítimas, pero, si no hay respeto, no hay nada que valga la pena. Luego lo primero que hay que hacer es reconocer la profesionalidad de los docentes, y sobre todo reconocer su compromiso ético para con el servicio público de educación, máxime en unos tiempos de recortes; recortes que vienen ya de lejos y que tienen expresión también en los Presupuestos Generales del Estado que van a ser aprobados por ustedes, también asumiendo que en la cuenta de resultados -es decir, es evidente que hay una mejora en las pruebas diagnósticas y el sistema, además quedan demostrados también los índices de graduación, que se han incrementado-, no se entenderían sin este compromiso profesional y ético de los docentes. Y ustedes actúan al revés, y para muestra un botón.

Fíjense, ¿saben lo que es esto? (Muestra una fotografía). Son pintadas que han aparecido en un centro de enseñanza media en Sant Andreu de la Barca, pintadas que hablan de docentes ratas, nazis, que han sido jaleadas e instadas por el señor Rivera. Repito, han sido jaleadas por el señor Rivera, y si no, consulten su cuenta de Twitter; jaleadas por el señor Rivera. Aparecen los nombres de los docentes atribuyéndoles todo tipo de insultos. ¿Saben por qué? Porque resulta -fíjense hasta qué punto llega el desprecio de Ciudadanos para con los docentes- que se les acusa de adoctrinar a los estudiantes. ¿Saben ustedes que la asamblea de profesores de este centro -supongo que en la asamblea de profesores, cien profesores, los habrá de todas las ideologías-, los alumnos a los cuales se invoca, que fueron protagonistas de lo acaecido, lo desmienten? El Consejo escolar formado por padres, docentes y alumnos, el Consejo escolar de Cataluña, el Síndic de Greuges, los sindicatos -sindicatos de todo color ideológico-, todos han denunciado la falsedad de lo que se pretende desde la fiscalía: universalizar -fíjense dónde hemos llegado- la docencia como sinónimo de delito de odio. Fíjense en qué locura estamos instalados.

Existe una dialéctica perversa, se están retroalimentando Ciudadanos y el Partido Popular. Los unos histéricos políticamente porque no han conseguido lo que pretenden desde que nacieron: cargarse el modelo educativo catalán, y como tenían una gran oportunidad, que era el 155, están histéricos con el Partido Popular porque les acusan a ellos de cobardes, de traidores, porque no han aprovechado que el ministro es el conseller para poder introducir en la matriculación la casilla que pretenden colocar para dinamitar el sistema y el modelo educativo catalán. Y resulta que los unos y los otros se están retroalimentando hasta el punto de que cuatro familias -cuatro- fueron directamente a la fiscalía, no pasaron por los protocolos que tiene establecido el sistema que ellos dicen respetar tanto para poder resolver aquello que se cuestionó. ¿Saben que el Gobierno español que ahora tiene la responsabilidad de


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la conselleria está escondiendo, no quiere librar, un informe elaborado por la inspección? ¿Saben por qué no quieren librarlo? Porque desmiente totalmente lo que ellos utilizan para edificar esta falta de respeto a los docentes. Publiquen, por favor, el informe. Ustedes están comandando la conselleria, ¿por qué no lo publican? Porque se les desmonta el chiringuito. No tienen vergüenza. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias, señor diputado.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mena Arca.

El señor MENA ARCA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todos y a todas.

Desde que entraron en el Parlament de Catalunya, de eso hace ya diez años, solo les hemos conocido una política educativa a los señores de Ciudadanos: señalar, recortar y controlar. Señalan a quien no piensa como ustedes a través de las redes sociales. Lo ha hecho, por ejemplo, el señor Rivera recientemente con un tuit inmoral e indecente, en el que colgaba la fotografía de nueve profesores de Sant Andreu de la Barca, invitando al linchamiento público y mediático, y lo han hecho también con la web del Partido Popular en el País Valencià, donde se promueven denuncias anónimas. Intentan controlar a través de su penúltima ocurrencia, la Alta Inspección Educativa, recortan en educación en los presupuestos pactados con el Partido Popular y hoy vienen aquí a volver a señalar al cuerpo docente como culpable de la mala situación que vive la educación en España. Si me lo permiten, señorías, son ustedes políticamente muy hipócritas.

Uno de sus referentes, Arturo Pérez Reverte -por cierto, no es santo de mi devoción-, publicó un tuit en 2013 con algo tan de sentido común como esto: Deberíamos triplicar el sueldo a los maestros, hacer de ellos una profesión bien pagada, rigurosa, de élite; son nuestra única salvación. Entre las muchas respuestas que obtuvo, hubo una que decía: Antes de triplicar el sueldo a los maestros, hay que triplicarles los temarios y las pruebas de acceso que tienen que superar. ¿Saben quién dijo eso? El señor Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, ese que va después borrando los tuits (aplausos), aquel que ha demostrado que dos cremas hidratantes son más regeneradoras que toda la política de Ciudadanos. (Aplausos).

Hoy van ustedes un paso más allá y ya no solo señalan al profesorado a través de las redes sociales, sino que pasan a la acción con esta PNL, que es inconsistente, como ha demostrado el señor Garicano esta mañana en la Cadena SER. Plantean una carrera de obstáculos para precarizar todavía más los primeros años de la docencia y para despedir al profesorado interino, que ya está machacado por el sistema. Plantean la introducción de una nueva figura laboral precaria en la Función pública y, además, lo hacen sin ni siquiera apelar al diálogo con los sindicatos. No se lo vamos a permitir. Y es que parten ustedes de una premisa que no es cierta. No siempre, señora Martín, los que tienen mejores notas son luego los mejores docentes. Esa no es una regla matemática. La empatía, la motivación al alumno y la transmisión de valores no se tienen aprobando un examen con la mejor nota, pero comparto con ustedes una cosa. Comparto que el sistema educativo en España es mejorable -diría más, es muy mejorable-, pero precisamente nuestras maestras son lo mejor que tenemos. Tenemos uno de los cuerpos docentes peor pagados de toda Europa, con una pérdida del 25 % del poder adquisitivo (aplausos), con una notable precariedad laboral, con profesionales con medias e incluso tercios de jornada, con un 26 % de tasa de interinidad, con un 23 % de estrés laboral y con unas ratios que complican el día a día. ¿Y de verdad, señores de Ciudadanos, quieren poner el foco en que seleccionamos mal al profesorado? ¿De verdad, cuando han apoyado en los presupuestos unos recortes del 95 % en la formación permanente del profesorado, vienen ahora a decir que la formación es el principal problema? (Aplausos). ¿De verdad no se cansan de criminalizar al colectivo docente?

Señora Martín, véngase esta tarde conmigo a las movilizaciones de la Marea Verde, en Madrid, y entonces serán ustedes creíbles, porque, pese a los recortes ideológicos que han machacado a la pública, pese al señalamiento continuo que hacen, pese a la criminalización de la Función pública que su partido promueve, pese a todo eso, tenemos a los mejores profesionales de Europa. Suerte tenemos de nuestros maestros y maestras. Tendríamos que estarles eternamente agradecidos porque gracias a ellos hemos mantenido el sistema educativo. El profesorado es nuestro aliado. Son los que más y mejor conocen el sistema educativo. Si querían hacer alguna cosa por la escuela pública podrían no haber apoyado los presupuestos del Partido Popular, que, mientras llevan a la educación pública a uno de sus mínimos históricos, han continuado incrementando los conciertos educativos elitistas.


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Acabo. La escuela pública, señores de Ciudadanos, no es su campo de pruebas, sino que es el patrimonio de todos y de todas. Busquen otro chivo expiatorio si quieren, pero dejen en paz a los profesionales de la educación, porque nos estamos jugando el presente y el futuro de nuestro país, y eso, señorías, es incompatible con su señalar, controlar y castigar. Esta política educativa que ustedes profesan es muy peligrosa, porque tiene muchos tintes de devolvernos al tiempo que nos enseñó la preciosa película La lengua de las mariposas: persecución al profesorado y prácticas medievales como que el líder del cuarto partido de España se dedique a colgar fotografías de profesores en las redes sociales.

Gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Seijo.

La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.

Señora Martín, ya estaban tardando en traernos esta iniciativa al Pleno. La verdad es que después de haberla anunciado a bombo y platillo durante la negociación del pacto educativo -ese al que ustedes piden permanentemente lealtad, cosa que, por cierto, no se aplican- nos extrañaba que no la hubiesen traído todavía. Es una iniciativa que responde a su disputa o duelo con el ministro de Educación sobre la autoría del MIR educativo. Por cierto, habrá que recordarles que el primero que habló del MIR educativo -eso sí, con una propuesta radicalmente distinta a la que ustedes traen aquí- fue el Partido Socialista ya en el año 2011. (Aplausos).

Sobre su iniciativa, justifican esta proposición no de ley como una reforma exigida por la población educativa. Pero, señoría, ¡si no han hablado con ningún sindicato docente! No hay ni un solo sindicato que apoye esta proposición no de ley, cuando es algo que afecta fundamentalmente a la función docente y al profesorado. Hablan del envejecimiento de las plantillas, pero usted debería saber que la culpa de todo esto la tiene el Partido Popular con sus políticas, con esa tasa de reposición que ha logrado el envejecimiento de las plantillas, la precariedad y la inestabilidad laboral. Por tanto, esto tiene una responsabilidad y un nombre y apellidos: política educativa del Partido Popular.

La formación del profesorado es algo muy serio y ustedes la abordan sin un debate sereno y contrastado con los principales afectados, que somos los docentes. Lo peor es que empiezan la casa por el tejado, porque cuando se habla de la función docente hay que tener en cuenta tres cuestiones fundamentales que les voy a resumir: formación inicial, formación permanente y carrera docente. Y ustedes de eso, nada. No nos gusta esta iniciativa porque más o menos vienen a decir que nuestro profesorado está fatal y que ustedes con la varita mágica del DIR van a dar solución a todos los problemas del sistema educativo. ¡Qué lejos de la realidad! ¡Qué pobre análisis! Le han cogido gusto a ese discurso catastrofista de lo mal que le va a la educación en España y yo creo que la educación española gana más prestigiándola y apoyándola que desprestigiándola, que es lo que ustedes hacen últimamente.

La figura del enseñante es lo que hay que poner en valor, señora Martín. Usted habla del alma de la educación; creemos que el alma de la educación, que es la docencia, necesita mucho más que esta proposición no de ley. Nosotros tratamos con niños, con el futuro de España, y ustedes están hablando del modelo del MIR sanitario, que se centra en pacientes y enfermos; digo yo que habrá alguna diferencia entre pacientes y enfermos y niños y niñas y, por tanto, el sistema debe ser radicalmente distinto. Para tener mejores profesores se necesita, en primer lugar, una reforma de la formación inicial del profesorado, del grado y del máster, y seleccionar a los mejores futuros profesores, porque la motivación inicial es fundamental, como lo es también contar con una mejor estructura del practicum. En segundo lugar, hay que proceder a una revisión profunda del perfil docente, con nuevas competencias del profesorado para poder tratar con las familias, con los problemas de convivencia, con la orientación, con la introducción de la digitalización en las aulas, con los procesos de evaluación, con el acercamiento del conocimiento y la investigación a los procesos educativos, con las estrategias de socialización, etcétera, algo que ustedes tampoco contemplan. Para todo esto se necesitan buenos tutores, profesores en activo del mismo sistema educativo que estén en los centros pero dentro de la formación inicial. También es necesaria una formación permanente, lo que ustedes ignoran; actualizar para mejorar, con métodos que repercutan directamente en el alumnado. Y para tener docentes más motivados hay que desarrollar la promoción en la carrera docente y su reconocimiento social. Esto es lo que se necesita, señora Martín.

Su PNL no soluciona nada, porque en lo suyo solo encontramos problemas y nos surgen múltiples dudas. En primer lugar, lo suyo es una obsesión por centralizarlo todo. ¿Pero es que a estas alturas todavía no se han dado cuenta de que las competencias educativas están en las comunidades autónomas?


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Pues al parecer todavía no. En segundo lugar, no mencionan qué hacer con todos los graduados en Educación o los que finalizan el master de secundaria que no puedan pasar esta prueba nacional que ustedes plantean. ¿Qué harían? Tienen una formación, un título, pero luego no tendrían la posibilidad de ejercer la docencia. Tercero, las condiciones laborales -que ya se lo han comentado anteriormente- sin especificar nada. ¿Han calculado el coste? Pues mire, nosotros se lo vamos a decir: alrededor de unos 1000 millones de euros anuales. Claro, con su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado, que nos dejan, como les decía antes, en el 3,8 %, y el apoyo a esa infrafinanciación que ustedes planteaban en el pacto educativo lo que hacen es vender una vez más humo, como nos tienen ya acostumbrados. Se requieren tutores y centros, de los que tampoco hablan, porque tampoco sabemos de qué manera se podría plantear. ¿Han hecho una previsión real para saber si el sistema educativo cuenta con las condiciones para poderlo hacer adecuadamente? Nada. ¿Y cuál sería el modelo de acceso a la Función pública? Tampoco. Es que a lo mejor ya nos vamos a cargar el acceso a la Función pública. ¿Y dónde quedan los interinos? ¿Quién cubriría las bajas? Tampoco dicen nada. Y para rematar su ocurrencia, lo quieren dar carpetazo en nada más y nada menos que seis meses.

En fin, señora Martín, creo que Ciudadanos debe reflexionar mucho más sobre su proyecto educativo, porque lo que vemos hasta ahora son simplemente eslóganes pero sin ningún tipo de desarrollo, es decir, que se rasca y no hay nada en el fondo y además sin consenso educativo. La educación desde luego es algo mucho más serio, mucho más profundo, y no creemos que se deba tratar de hacer una competición con el Partido Popular a ver quién tiene la mejor ocurrencia, dañando además la imagen de la profesionalidad del profesorado. Tristemente, lo que nos están demostrando a diario es que lo único que pretenden es buscar un titular y utilizar la educación mucho más que defenderla. Con todas estas cuestiones, creo que les puede quedar claro que nuestro voto va a ser no.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Señora Martín Llaguno, ¿acepta su grupo la enmienda presentada?

La señora MARTÍN LLAGUNO: Sí. Estamos trabajando en una transacción el PP y Ciudadanos.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A REFORZAR LA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL DEL SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL. (Número de expediente 162/000562).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reforzar la formación profesional dual del sistema educativo español.

Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Floriano Corrales.

El señor FLORIANO CORRALES: Gracias, señora presidenta.

Señorías, en relación con la anterior iniciativa, no me resisto a subrayar que tiene gracia que quienes trajeron los scratches a España sean luego los que nos acusen a los demás de señalar a alguien; no deja de tener gracia. (Aplausos).

Señorías, mi grupo trae a la Cámara esta tarde una cuestión que yo creo que es de interés para el conjunto de la sociedad española y en la cual todos los grupos parlamentarios de la Cámara han mostrado el interés al presentar numerosas enmiendas. Son seis las enmiendas que se han presentado y vamos a trabajar en una enmienda transaccional para que se puedan ver reflejadas en el texto final.

Sobre esta cuestión, me gustaría decir, en primer lugar, que no tenemos problemas en que haya -porque se está haciendo- una ley específica para este tema. Creo que es un error concretar en demasía esta cuestión y por eso creo que algún grupo que señala en su enmienda una cantidad específica para la formación profesional debería hacer una reflexión sobre si merece o no la pena fijarla. En segundo lugar, va a haber un respeto absoluto a las competencias de todas y cada una de las administraciones implicadas. En relación con las enmiendas que se han planteado por otros grupos, creo que en la formación profesional dual es necesario distinguir entre la dual reglada y la laboral, y dentro de la laboral, entre los dos objetivos de inserción y de formación acreditable. Si se hace esa


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distinción, será más fácil poder llegar a un acuerdo en la transacción y que todos los grupos podamos firmar un mismo texto.

Señorías, estamos hablando de una cuestión sobre la que todos hemos escuchado alguna vez una reflexión relativa al desajuste que existe entre lo que les enseñamos a los niños en el colegio, lo que les enseñamos a los niños en el instituto o en la universidad y las dificultades que tienen para que esa formación tenga su reflejo en profesiones que se exijan en el mercado laboral. Es un desajuste que provoca una frustración evidente al dar por poco útiles años de esfuerzo y que, además, se convierte en una de las causas del desempleo juvenil. Posiblemente la formación profesional dual sea la acción más ambiciosa para superar ese desajuste. La combinación del aprendizaje en las empresas y en los centros de formación adecúa los programas de estos centros formativos al mercado laboral, lo que hace mucho más fácil la empleabilidad de nuestros jóvenes. Parece que vamos en la buena dirección. Desde su implementación en el curso 2012-2013, se ha multiplicado por seis el número de alumnos que se inscriben en la formación profesional dual: 24 000 alumnos en el curso 2016-2017, 161 titulaciones, 854 centros implicados y más de 10 000 empresas. El objetivo es que esta legislatura termine con 100 000 estudiantes en la formación profesional dual y, además, que en su vertiente laboral el contrato de formación y aprendizaje siga trabajando como lo está haciendo y con la eficacia con la que lo está haciendo tanto en el ámbito de la inserción como en la obtención de una formación acreditable.

Si echamos un vistazo a los datos del empleo juvenil, podremos comprobar cómo casi el 50 % de los desempleados menores de veinticinco años en el año 2013, punto de máximo desempleo en nuestro país, han sido capaces de encontrar empleo. Los datos de nuestro mercado laboral son ciertamente alentadores. Esto nos podría llevar a ser seducidos por el triunfalismo, pero estaríamos cometiendo un grave error. Muy al contrario, debemos hacer una reflexión en torno a dos cuestiones, precisamente para seguir insistiendo en mejorar todo lo relacionado con la formación profesional dual.

La primera cuestión está relacionada con la estructura de nuestra producción, la nueva estructura productiva que tiene nuestro país. Los componentes de nuestra demanda agregada presentan una participación del sector exterior de más de 10 puntos desde la etapa anterior de la crisis, 10 puntos de subida que se corresponden con los 10 puntos de bajada en el sector de la construcción. Hay una nueva estructura productiva en nuestro país en la que el sector exterior es positivo -esto no ocurría en España ni siquiera en las épocas en las que podíamos manejar nuestros tipos de cambio- y, además, con desapalancamiento. Este nuevo modelo de crecimiento tiene una clave, la competitividad de nuestra economía, que exige y nos exige una formación continuada de nuestros trabajadores y la adaptación a las exigencias cambiantes del mercado laboral.

Una segunda razón son los cambios que se están produciendo en el mercado laboral como consecuencia de la digitalización de la economía. La conectividad y la rapidez con las que se están produciendo los cambios tecnológicos hacen que la formación sea más que nunca el elemento diferencial que permite tener ventaja para poder acceder al empleo. Se trata de estar atentos a la brecha digital que afecta a los ocupados, como por cierto hace el Plan estatal de formación de trabajadores en competencias digitales, pero también es necesario que la población que en este momento está estudiando sea formada en las competencias más demandadas por las empresas, que es lo que hace la formación profesional dual.

Por eso, señorías, creo que debemos seguir insistiendo en la dirección en la que apunta la proposición no de ley que presenta mi grupo para su debate en esta Cámara. Creo que estamos ante una de las cuestiones de fondo, ante una de las trasformaciones de fondo de nuestro sistema educativo y también de nuestro mercado laboral. Todos deben entender que es necesario no concretar demasiado, para que también aquí los interlocutores sociales tengan su participación en la generación de una formación profesional dual cada día más moderna y adaptada a los cambios del mercado laboral producidos por las modificaciones en nuestra estructura productiva y también por la modificación que la economía digital ha introducido en la misma.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.

La iniciativa del Grupo Popular sobre el refuerzo de la formación profesional dual en el sistema educativo español contará con el voto favorable de Foro, que ha querido enriquecerla con una enmienda


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de adición, en primer lugar, porque considera necesario impulsar un pacto por la formación entre los interlocutores sociales y el Gobierno para garantizar la estabilidad y permanencia en el tiempo de los programas y ofertas formativas, al objeto de combinar la especialización en los campos profesionales de mayor demanda y proyección con el aprendizaje de competencias básicas transversales, y en segundo lugar, porque resulta imprescindible aclarar el marco regulatorio sobre la formación profesional dual para simplificar la amplia normativa existente, tanto estatal como autonómica, y facilitar un modelo sólido, estable y de calidad que contribuya a la inserción laboral de los jóvenes.

Compartimos los razonamientos expuestos en la exposición de motivos y nos parecen atinadas las propuestas que se plantean y que ha defendido el diputado, señor Floriano, pero habría que añadir el matiz de la estabilidad y de la permanencia en el tiempo, porque creemos esencial la continuidad para disponer de soluciones duraderas que permitan atajar el grave problema del desempleo juvenil en España, muy agudizado en Asturias, donde hemos pasado del 10,83 %, en 2016, al 12,16 %, en 2017. Es imprescindible la implicación de las grandes empresas y que asuman más responsabilidades en los programas y especialidades. Este modelo no puede ser mayoritario sin el acuerdo con grandes empresas, porque sin ellas no funciona en ningún sitio. No es como la FP básica; la empresa debe implicarse más en programas y ofertas porque no se trata de conseguir un título, se trata de la inserción laboral.

Con respecto a la simplificación normativa, es oportuno resaltar el trabajo ya desarrollado por la alianza para la FP dual, que basándose en la experiencia y con un análisis concienzudo de la legislación y la regulación existente en España y en las comunidades autónomas, incluso comparándola con la de otros países europeos, ha establecido un conjunto de propuestas sobre quince indicadores que constituyen reformas en el marco legal para garantizar el desarrollo de una mejor formación profesional dual.

Como dije al principio, votaremos a favor y con más motivo si hay una enmienda transaccional que recoja las enmiendas de otros grupos parlamentarios, entre ellas, las de Foro.

Muchas gracias, señora presidenta.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.

El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenas tardes, señorías.

Señor Floriano, si tanto les importa la FP, no deberían haber inventado la Lomce. Algo habríamos ganado.

La FP dual es sin duda un instrumento útil para dar una salida y para dar una oportunidad a los jóvenes que quieren formarse y seguir construyendo su futuro profesional y laboral. De hecho, en Cataluña tenemos formándose en la FP dual a 10 000 alumnos, que representan más de 230 centros e implican a más de 3500 empresas en ese proyecto, con lo cual no nos hace falta que nos digan cómo es de importante la FP dual para nosotros.

Como recoge su texto, estamos dispuestos a conseguir que se prestigie la formación profesional dual, porque esa es la clave para que suponga una salida válida para miles de jóvenes de este país, pero es evidente que buscar el prestigio, el fomento y la divulgación de la FP dual no es una opción única, es una opción múltiple que requiere ir acompañada de otras decisiones, por ejemplo, generar un mercado laboral que facilite salidas profesionales a aquellos alumnos, a aquellos jóvenes que eligen la FP dual como espacio de formación. Para hacerlo hay que incorporar otras cosas e ir mucho más allá de lo que plantea su propuesta, motivo por el que hemos presentado dos enmiendas a su texto que creo que son básicas, asequibles y justas.

La primera propone que se respeten las competencias de los Gobiernos y de las administraciones con competencias en ese sentido, porque su texto, de entrada -como no sorprende a nadie-, no lo prevé. La segunda propone que se incorpore también a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que deben jugar un papel clave en el desarrollo, creación y divulgación de esa FP dual que ustedes centran solo en las grandes empresas. Si estas dos enmiendas se incorporaran al texto, votaremos favorablemente, como no podría ser de otra forma.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.


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El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señora presidenta.

Señorías, no sé si la primera impresión sobre la PNL es la real o si realmente es tan deliberadamente confusa para no dar pistas sobre sus verdaderas intenciones. Lo cierto es que, en principio, no es una proposición no de ley demasiado acertada para lo importante que es la materia, puesto que creemos que reduce la parte expositiva a una explicación confusa e incongruente y la parte dispositiva, por el contrario, es demasiado inconcreta, motivo por el que hemos formulado una enmienda que intenta clarificar aquello a lo que me voy a referir.

La formación profesional dual o en alternancia no es solo una oferta educativa de necesario apoyo porque vaya a dotar a sus aspirantes de capacidades que hoy por hoy el sistema educativo les ofrezca de una forma efectiva; lo es, sobre todo, porque sirve tanto para acercar la formación a las necesidades reales del mercado laboral -y, por tanto, para facilitar la empleabilidad de quienes aspiran a formarse para trabajar-, como para que los empresarios puedan participar en el diseño de los procesos formativos, asumiendo la carga de una práctica especializada y la tutorización de parte del proceso formativo, como contrapartida, además, a que el sistema educativo colabore con ellas para dotar sus procesos de producción de personal especializado.

Eso nos lleva a considerar que la FP dual participa de una doble naturaleza jurídica: de la relativa al ámbito de la educación -que, en nuestro caso, se residencia en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, y en el Estado, en parte, en el 149.1.27 y en el 130-, como de la relativa al ámbito laboral, que en el Estado se residencia en el artículo 149.1.7 y, fundamentalmente, en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores y en su desarrollo en el Real Decreto 1529/2012. Ese reglamento establece las bases de la formación profesional dual, si bien -y es importante destacarlo- esa referencia también se halla vinculada con el artículo 12.2 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, que reconoce competencias a Euskadi -lo cual es importante, porque esto ocurre también en otros estatutos de autonomía- para la mejora y promoción de la cualificación profesional de sus trabajadores y su formación integral. Por eso se transfirieron a la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través del decreto 1441/2010, las funciones y servicios relativos a políticas activas de empleo. Pero si bien aquel texto reglamentario establece los aspectos básicos tanto de la actividad formativa asociada a un contrato como de la denominada formación profesional dual del sistema educativo, en el ámbito del País Vasco la formación profesional está regulada por un decreto -el 83/2015- que establece la formación profesional dual en régimen de alternancia. Esa es la cuestión que quería destacar de alguna manera, porque los datos que expone la PNL reflejan una evolución muy positiva desde el curso 2012-2013 al curso 2016-2017: Pasa de 4292 alumnos a 24 000; de 173 centros a 354 y de 513 empresas a 10 000. Yo me felicito por esos datos, que reflejan el acierto de la puesta en práctica de una modalidad que seguramente se debería haber adelantado en su implantación, tal y como venían pidiendo los agentes sociales -seguramente esto está vinculado a que no se adivinó la situación de crisis-, porque hubiera tenido un efecto beneficioso.

En Euskadi esa actividad da unas cifras muy óptimas, que son, además, consecuencia de una práctica que ya está muy incardinada en el tejido social, productivo y educativo del País Vasco. En Euskadi son 2000 los alumnos, más de 100 los centros y cerca de 1300 las empresas involucradas, y todos han agradecido un aspecto concreto: el esfuerzo normativo que se ha hecho para adaptar aquella realidad a las necesidades reales del proceso formativo y de las empresas en Euskadi. Por eso es bueno para todos reclamar que el esfuerzo colectivo se traduzca en mayor apoyo financiero a esa política, pero también por eso no estamos dispuestos a tolerar ninguna injerencia en el desarrollo de políticas propias que en Euskadi han dado y siguen dando frutos. Lo afirmo porque no es al Gobierno del Estado a quien corresponde el ejercicio activo de políticas en materia de formación dual o en alternancia, sin perjuicio de que pueda coadyuvar en su impulso, si bien con absoluto respeto a las políticas propias de comunidades autónomas, que son las competentes en la materia. El enmarque del proceso que hace es muy acertado, señalando que lo que pretende es corresponsabilizar a las empresas en la formación de los futuros profesionales, lograr una formación más cercana, mejorar los procesos de transferencia, etcétera, pero las políticas correspondientes a procurar -como lo dice- la inserción laboral fundamental, tanto en la formación profesional para el empleo como en la formación profesional del sistema educativo corresponden a la materia educativa y a las políticas activas de empleo y, por lo tanto, corresponde en algunos casos a algunas comunidades autónomas y, en el caso de Euskadi, a la comunidad Autónoma del País Vasco. Por eso le hemos formulado una enmienda que va en ese sentido, en el de aclarar y respetar tanto el papel coadyuvante que el Estado puede querer tener como el papel protagonista en la actividad de formación que deben tener las comunidades autónomas.

Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rivera de la Cruz.

La señora RIVERA DE LA CRUZ: Muchas gracias, presidenta.

Señorías, en Ciudadanos siempre hemos considerado que la formación profesional es una parte esencial de la reforma que necesita el sistema educativo. En concreto, la FP dual supone la mejor forma de integrar educación y empleo; esto está fuera de toda duda. En este contexto, celebro que traigan ustedes hoy aquí esta cuestión para provocar un debate, pero reconozco que me choca que siendo ustedes Gobierno lo traigan al Pleno en forma de proposición no de ley, lo que deja claro que lo que estamos haciendo aquí, viniendo del partido del Gobierno, es poco más que un brindis al sol. Esta herramienta de la proposición no de ley es una forma que tenemos los que estamos en la oposición de meter un tema en la agenda política, pero me sorprende que sea usado por el partido del Gobierno para algo que consideran verdaderamente importante.

Nos traen otra vez una serie de medidas que son generalistas, que no entran de lleno en el problema y, lo que es más importante, que podrían haber liderado desde hace tiempo como partido que está en la Moncloa. Llevan ustedes meses escudándose en el pacto de Estado por la educación para no llevar a cabo ni una sola medida en política educativa. Da la impresión de que han encontrado en el trabajo de la subcomisión una especie de parapeto para no hacer prácticamente nada en esta materia. Les voy a decir una cosa, para crear plazas de FP dual no hace ninguna falta un pacto educativo que, cuando llegue, bienvenido será.

Me sorprende también que propongan una dotación presupuestaria adicional para la FP dual una semana después de que se cierre el proceso de enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, en los que la mayor subida que se recoge en el área de FP son 15 millones de euros para realizar estudios. Me resulta un poco raro gastarse 15 millones de euros en estudios; perdonen, pero me parecería más operativo dedicar esa cantidad a dotar de fondos las 100 000 plazas que hacen falta. Para esas plazas se destina una partida de 350 000 euros que, en comparación con los 15 millones, se queda un poco corta. Estaremos atentos a ver cómo son esos estudios, para qué valen y, sobre todo, quién los hace.

Yendo al fondo de la cuestión, hablan de esa mejora en la FP dual. Tal y como está regulada, la formación profesional dual va a tener siempre un lastre que va a llegar desde su marco normativo. Hay que crear un marco jurídico apropiado para un mejor desarrollo de la FP porque el que hay -que, por cierto, es obra de un Gobierno del Partido Popular- simplemente no funciona. Nos encontramos demasiadas veces con que la buena voluntad choca con la legislación. Para decirlo de forma más sencilla, se quiere pero no se puede. En España la tasa de abandono escolar es casi del 19 %, la del desempleo juvenil del 30 % y las cifras no mejoran. Voy a dar otro dato que también me parece importante. En relación con la OCDE España tiene el segundo peor equilibrio a nivel competencial entre oferta y demanda de empleo. Un 23 % de los trabajadores están sobrecualificados, y un 26 % de los trabajadores tienen una cualificación que está por debajo de lo requerido. Entre las personas de nivel educativo medio y medio-alto hay un 10 % de puestos de trabajo que no son cubiertos por falta de trabajadores cualificados. Sí, en el país que es campeón en paro juvenil tenemos que importar mano de obra por no encontrar personas con la cualificación adecuada. He tenido contacto en los últimos tiempos con importantes productoras de animación y de efectos audiovisuales. Me han contado que tienen que estar contratando personas en el extranjero porque no encuentran aquí jóvenes formados para acceder a puestos de trabajo que están bien pagados y que son empleo de alta cualificación. El otro día leí que en Galicia se empiezan a reclamar trabajadores de Polonia y Portugal para trabajar en el sector conservero y en el sector de la congelación del pescado para puestos de cualificación. España está suspendiendo también en competencias profesionales. ¿Saben cuál es el problema de fondo? Que en España la FP no le ha preocupado nunca a ningún Gobierno.

Ahora voy con los señores de Esquerra y del PDeCAT que, por cierto, han venido hoy aquí con ardor guerrero a defender a unos profesores acusados de hostigar a alumnos. Recuerden que las personas a las que hoy han defendido aquí son adultos a los que se les acusa de señalar a menores de edad. (Aplausos). No sé si es eso para lo que han venido ustedes hoy aquí. A mí me han enseñado que la función pública es otra cosa, ustedes sabrán. En cualquier caso, vamos a la FP. Hace tres años que tienen paralizado en Cataluña el desarrollo de la Ley de Formación Profesional que aprobaron en 2015, tres años con todo parado. ¿Saben por qué lo tienen parado? Primero, porque no tenían medios. Ya sabemos que ustedes prefieren dedicar los recursos a la promoción del procés, a abrir embajadas aquí y allá, y que la


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educación y la sanidad son harina de otro costal. Después, cuando ya había recursos, ¿saben qué paró el desarrollo de la ley? Que no se ponen de acuerdo en el departamento de la Generalitat que tiene que hacerse cargo de la agencia de formación y cualificación; es decir, líos internos. Miren, dejen ustedes de agitar esteladas y de ponerse lacitos amarillos y vengan aquí para lo que se les paga, que es a trabajar, y allí a gestionar. (Aplausos).

Es cierto que hay gente que sigue pensando que la formación profesional es una especie de ciclo educativo de segunda división y es esencial derribar esos prejuicios. Para luchar contra ese estereotipo sería bueno empezar a vincular la FP a centros universitarios, crear sistemas de pasarelas que permitan flexibilizar los itinerarios para que cualquier estudiante que opte por seguir un grado de FP sepa que siempre puede incorporarse a los estudios universitarios, apostar por crear nuevas plazas que nada tienen que ver con los estudios tradicionales porque las ciencias, las nuevas tecnologías, la comunicación, los oficios del cine son una forma de atraer el interés de los más jóvenes que buscan una salida profesional. Esto nos lleva a otro problema y es que en los últimos años, parte de los cuales señores del Partido Popular estaban ustedes gobernando con mayoría absoluta, se crearon plazas de FP con la mínima inversión y en estudios que no resultan atractivos para los jóvenes. No se trata solo de crear más plazas, sino que hay que hacerlo en aquellos estudios que tienen un mayor grado de empleabilidad o de atracción para los estudiantes.

Es evidente que vamos a apoyar la proposición no de ley, ya hemos presentado una serie de enmiendas a la misma, pero les pido que sean un poco más ambiciosos en cosas que son de vital importancia.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.

El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.

Esta tarde, el Partido Popular nos presenta una proposición no de ley sobre la formación profesional dual que, ciertamente, nos ha parecido un poco extraña; y le vamos a explicar por qué.

Esta proposición comienza señalando, como si tal cosa, que el 35 % de los jóvenes entre 25 y 34 años no ha logrado terminar el bachillerato ni la formación profesional equivalente. Y de este dato sangrante ustedes deducen que tenemos un problema de empleabilidad y que se necesita una relación más estrecha entre la escuela y la empresa privada. Pero a nosotros estos datos nos dicen otra cosa y nos parece que antes de hablar de empresas y empleabilidad habría que abordar las carencias y debilidades de nuestro sistema educativo. Por ejemplo, la falta de plazas públicas en la etapa de 0 a 6 años, una etapa que tiene un peso fundamental para el desarrollo cognitivo de los niños y de las niñas; o, por ejemplo, las actuales ratios profesor/alumno, que no están permitiendo una atención personalizada; o, por ejemplo, los programas de atención a la diversidad. Son problemas estructurales que -aunque el señor proponente está ahora hablando por teléfono- son la causa del fracaso escolar en nuestro país.

No estamos por lo tanto ante un problema de empleabilidad. Estamos ante un problema de segregación y de dejar abandonados a su suerte a muchos chicos y a muchas chicas por no invertir al menos el 5 % en educación. Y este problema no cae del cielo, este problema lo crean ustedes con sus políticas clasistas de multiplicar conciertos y subvenciones a la escuela privada mientras desmontan la educación pública. (Aplausos). Por cierto: todo nuestro apoyo a una comunidad educativa que cansada de falsos pactos educativos y de recortes encubiertos, esta tarde vuelve a las calles a defender la escuela de todos, la escuela de todas. Esta proposición plantea también -cito- incrementar la partida presupuestaria de 2018 en acciones de formación profesional dual. Lo curioso es que en el año 2017, en los presupuestos, el programa de formación profesional contaba con 54 millones de euros, mientras que este año cuenta con 46 millones. Es decir ocho millones menos. ¿Nos podrían explicar dónde ha quedado ese incremento? ¿Qué sentido tiene que el partido que sostiene al Gobierno proponga este tipo de PNL para quedar bien si luego el Gobierno no lo cumple en los presupuestos? En fin.

En su PNL ustedes mencionan mucho a Alemania como ejemplo de FP dual. Ojalá, dicho sea de paso, también la tuvieran como modelo en cuanto al precio de las matrículas y para asegurar la gratuidad de los estudios universitarios. En cualquier caso, el problema de su FP alemana es que sigue sin tener en cuenta la realidad del tejido empresarial de nuestro país, de España, compuesto mayoritariamente por pymes y micropymes y, como es lógico, muchas de estas empresas no cuentan ni con las instalaciones ni con el equipo técnico formativo para orientar y para dar una buena formación a los estudiantes. En este sentido, creemos que no sirve de mucho prometer una FP alemana si no se acomete un cambio de modelo productivo


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y una recuperación industrial orientada hacia la economía digital y hacia la economía verde. Ahí la FP dual sí podría tener un papel para incorporar a una nueva generación de jóvenes a esa transición económica.

Pero es que además no hay un proyecto de FP dual ni hay una regulación específica sobre esta modalidad formativa, por lo que en cada comunidad autónoma nos encontramos con realidades completamente dispares. Hay comunidades, por ejemplo, donde son los propios tutores los que tienen que ir puerta por puerta de las empresas para que acepten alumnos porque la Administración no se hace cargo; hay otras comunidades donde los estudiantes no tienen contrato: están trabajando sin contrato; o donde la idea de alternancia, que se planteaba originalmente y que es como se hace en Alemania, es decir que una parte de la formación sea en el centro y otra parte sea en la empresa, no se está cumpliendo. Esta situación de la FP dual nos lleva a pensar que quizá lo que se necesita no es tanto un impulso, como recoge su PNL, sino replantearla de arriba abajo.

En ese sentido les hemos planteado una enmienda que apunta a algunos de estos problemas y a algunas posibles soluciones también. Muy rápidamente porque no tengo mucho tiempo, en primer lugar, habría que establecer un sistema riguroso y exigente de empresas participantes que evite la devaluación de los ciclos formativos. En segundo lugar, hay que garantizar, y esto es fundamental, que no haya ni un solo chico o una sola chica de formación profesional dual sin contrato o sin una beca salario adecuada. Y, en tercer lugar, hay que impulsar una formación específica para los tutores de empresa y bajar las ratios, porque lo que no puede ser es que haya alumnado sin ningún tipo de supervisión, sin ningún tipo de orientación y que se pasen un año haciendo de chicos y chicas de los cafés.

En definitiva y para concluir, en nuestro grupo confederal pensamos que la inserción laboral y la calidad del empleo no tiene que ver solo con la cualificación de la población, sino más bien con la calidad de las instituciones del mercado de trabajo y del tejido productivo. Y, por supuesto, que la cualificación de la población debe garantizarse con buena educación y con buena formación, pero también con salarios y condiciones de empleo dignas, y esa es la parte que ustedes siempre se dejan fuera de la ecuación, pero lo cierto es que solo habrá una formación profesional de calidad cuando ustedes miren a ambos lados de la ecuación: a una formación de calidad pero también a unos salarios y a un empleo de calidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Meijón Couselo.

El señor MEIJÓN COUSELO: Muchas gracias, presidenta.

Señor Floriano, permítame que apele a su buena memoria. En abril de 2012 su grupo presentaba aquí mismo una proposición no de ley al Gobierno instando a realizar un análisis diagnóstico de la FP, un estudio de viabilidad de la FP dual, y a que se impulsara esa modalidad. Sabían de antemano que prosperaría, ventajas de la mayoría absoluta. ¿Qué respuesta le dieron a usted los señores Rajoy y Wert dos meses después? Reducir las partidas de FP de 100 a 45 millones de euros, un 55 %. ¿Y qué pasó en diciembre de ese mismo año en los presupuestos de 2013? Más madera que es la guerra, seguir reduciendo las partidas de formación profesional de 45 a 32 millones. En solo un año, en 2012, de 100 a 32 millones de euros.

Sobre esa PNL aprobada, decía la portavoz del Partido Popular en aquella ocasión: Es una iniciativa que viene a corroborar el compromiso del ministro de Educación. Señor Floriano, está en su compromiso. ¡Toma compromiso!, en un año reducir de 100 a 32. Pero es que, además, el año siguiente lo bajaron ustedes a 25 millones de euros, un 75 % de reducción. Por supuesto, no sabemos nada de ese supuesto análisis ni del estudio de viabilidad. Nunca conocimos nada, se los debió llevar el señor Wert para Francia. En tres presupuestos bajaron de 100 a 25 millones. ¿Esto es lo que ustedes entienden por compromiso del Gobierno con la formación profesional?

En los años siguientes, cuentas en la mano, parecía que la cosa cambiaba; todo puro espejismo, ya que los incrementos se debían a la implantación de la Lomce y de la formación profesional masiva, que había que trasladar a las comunidades con dinero que venía de la Unión Europea. De hecho, actualmente en el proyecto de presupuestos para 2018, si descontamos esa partida de préstamos de la Unión Europea, quedan para la implantación de la Lomce 71 millones de euros. Mire usted, en el año 2011, año de la crisis, 100 millones para la formación profesional; en el año 2018, año de la recuperación, un 30 % menos. Como comprenderán, el nivel de credibilidad que ustedes tienen con respecto a la FP deja, mucho no, muchísimo que desear. Y ahora, con extrañeza, vuelven ustedes a presentar una nueva proposición no de ley sobre FP dual. ¿Y qué es lo que piden ustedes? Lo mismo: impulsar la FP dual, que haya una partida


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-que ahora, mire usted por donde, está en los presupuestos del Estado- de 350 000 euros, y que se consigan cien mil plazas. ¡Pero eso ya lo ha publicitado su Gobierno!, ¡es que eso ya lo ha anunciado el Ministerio de Educación! Sin ir más lejos, en abril, el director general de Formación Profesional manifestaba el impulso del Gobierno a la FP dual -lo que ustedes piden-, el objetivo de crear cien mil plazas en esta legislatura -lo que ustedes piden- y una partida económica. ¿Y ahora ustedes le piden al Gobierno que haga lo que el Gobierno ya anunció? Oiga, esto me lo explica usted. Si su Gobierno ya ha comprometido esto y usted me viene con este cuento, con esta milonga, yo tengo que pensar que a qué viene esto. Pues mire, se lo voy a explicar gráficamente y me voy a servir de este folio. Si este folio fuera el 100 % de la formación profesional, la FP dual sería este trocito. (Arranca del folio un trozo muy pequeño y lo muestra). Este es el resto de la formación profesional. (Muestra el trozo restante de folio). Y ustedes, como buenos trileros, nos dicen: miren para la bolita (muestra el trozo pequeño), y nos piden que nos olvidemos del 99 % de la formación profesional a la que ustedes han jibarizado. (Aplausos). Ustedes quieren que no miremos para ese 99 % porque han jibarizado la formación profesional en este país.

Permítanme que les diga: Pero non. Como decía Celso Emilio Ferreiro: Pero non. No es el momento de hablar seriamente da batalla de froles nas festas do patrón. No podemos pasar por alto el abandono al que ustedes han sometido durante estos años a la educación en general y singularmente la precarización a la que han sometido a la formación profesional. Se lo dije antes: carecen ustedes de credibilidad. Pero, si quieren, pueden recuperarla y nos ofrecemos, les vamos a ayudar a recuperar esa credibilidad, ¿cómo? Muy fácil, acepten nuestra enmienda. ¿Qué pedimos? Un plan estatal de impulso a la formación profesional, no a la bolita, no al 1 % sino a toda la formación profesional, 130 millones de euros, por cierto, la enmienda que hemos presentado a los Presupuestos Generales del Estado. También para FP adaptada, que es otra lacra a la que ustedes no han hecho ningún caso. Nuestra enmienda pretende optimizar la formación en centros de trabajo, aquella que corresponde a la FP dual y la que corresponde al 99 % de alumnos que también hacen formación en centros de trabajo actualmente. Y sí, también solicitamos, como ustedes, promover la FP dual, con rigor, con análisis de sus ventajas y de sus riesgos, que también los hay, teniendo en cuenta nuestro modelo productivo y con una reglamentación acorde con su complejidad. Demuestren así que creen en la FP. Por cierto, y todo ello dentro de la Conferencia Sectorial de Educación y teniendo en cuenta al resto de administraciones educativas, las comunidades autónomas. Aprueben nuestra enmienda y empezaremos a creer un poquito en ustedes.

Mais nada; moitas grazas. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Salvador i Duch.

El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidenta.

Señores diputados, señoras diputadas, nos encontramos con otra proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a reforzar la formación profesional dual del sistema educativo español. Es decir, el Grupo Popular insta al Gobierno a reforzar la formación profesional dual como si alguien se lo impidiese. Bien, pues refuercen la formación dual, está en sus manos. Pienso que todos en esta Cámara creemos en la formación profesional dual porque sin duda es fundamental para la educación y la formación de las personas a lo largo de la vida de manera permanente y con capacidad de adaptarse a las circunstancias personales de cada individuo y de las demandas de la propia sociedad. Lo que es triste es que ustedes vayan con propuestas no de ley y no sean un poco más ambiciosos.

Pero vayamos al grano. Si hablamos concretamente de la formación dual, cualquier propuesta debe estar abordada desde dos ámbitos: uno, el ámbito de competencia exclusiva del Estado, que sería la legislación laboral, y en ese sentido no podemos estar de acuerdo con una legislación, que nunca hemos votado, por cierto, y que no reconoce la obligación de un contrato laboral que articule las prácticas de la formación profesional dual de manera completa. En su propuesta de ley no dicen nada sobre esto, nada de cómo se articularía la relación contractual entre empresa y trabajador y trabajadora, nada sobre cómo se deberían mejorar estos contratos para que no sean una puerta al fraude fiscal, por ejemplo, como sucede con demasiada frecuencia, según estudios de los diferentes sindicatos. Dos, desde otro ámbito, hay que tener en cuenta que hay naciones dentro del Estado que, como Cataluña, tienen competencias en educación, incluida la formación profesional dual. De entrada, no es competencia, pues, del Gobierno del Estado ni de este Legislativo el modelo de formación profesional dual. Coincidimos con ustedes en que la formación profesional que combina los estudios y el trabajo desde el primer día no llega ni al 1 % en este reino, mientras


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la media europea, de la OCDE, es del 17 %. Coincidimos con ustedes en la necesidad de mejorar la formación profesional dual por las oportunidades que otorga a las personas en forma de trabajo y para las sociedades en forma de progreso para todos y para todas. Pero lo que no aceptamos es que nos vengan aquí a dar lecciones. No aceptamos sus propuestas. Por cierto, Marta Rivera, de Ciudadanos, que antes nos ha criticado -no está, se ha marchado, supongo que para no oír lo que hubiera escuchado ahora-, ya que critica usted el modelo de formación dual catalán, le voy a dar unos cuantos datos -se los pasan a ella-. En el curso 2016-2017 en Cataluña se preveían 7809 alumnos de formación profesional dual, en este curso vigente 10 007 alumnos. Esto representa -se lo dicen a la señora Marta Rivera- el 32,5 % del total de alumnos de todo el Estado según sus propios datos; 32,5 %. No está mal, no está mal. En cuanto a centros formativos participantes en Cataluña, hablamos de 237 en este curso. Esto significa, señora Rivera -se lo dicen-, el 25,41 % de todo el Estado. No está mal, no está mal. Más de uno de cada tres institutos de Cataluña, el 36,4 % ha hecho dual en el curso 2015-2016. No está mal, no está mal. Y eso que somos tan malos. Y en cuanto a empresas y entidades participantes, hablamos de 3589 para el curso en vigor, y esto representa, según los datos del señor Floriano, nada más y nada menos que el 28,8 % del total del Estado. Siempre con sus propios datos. No está mal -díganselo a la señora Rivera-, no está mal.

Sabemos -y coincidimos- que debemos mejorar y reforzar la formación profesional dual, por ejemplo, la relación entre organizaciones empresariales y sindicales en este ámbito y también en el de la negociación colectiva; que debemos mejorar en ofrecer una mayor flexibilidad en el modelo a fin de que se adapte mejor a las pequeñas y medianas empresas, en hacer más visibles para el alumnado la potencialidad de la formación personal dual y sus oportunidades de inserción laboral, y, sobre todo, en establecer un presupuesto propio para la implantación específica de la formación profesional dual. En resumen, nos separan aspectos importantes como que nosotros somos partidarios de contratos laborales como elemento común a todo el alumnado, también en cuanto a la posición sobre las becas y, sobre todo, sobre las bonificaciones y cuentas de la Seguridad Social.

Pero donde sus propuestas nos parecen insuficientes y nada serias es en el tema presupuestario. En el tema presupuestario veamos las realidades: los presupuestos naranja y azul -también se lo explican a la señora Rivera-; veamos la realidad. Dentro del programa 332.B, con el título de ayudas a la formación profesional dual, destinan a empresas privadas una partida por valor de 350 000 euros, esto sí que es bastante poco; 350 000 euros a las empresas de formación dual. Es decir, pretenden solucionar todo lo que dice la proposición no de ley anteriormente con un presupuesto de 350 000 euros, y a empresas; ya nos explicarán cómo y de qué manera. Me parece que tocan a 15 euros por alumno. Ya acabo, presidenta. Al mismo tiempo pasan a algo menos de la mitad los 94 millones de euros que destinaban el año anterior a la partida 454, de ayudas para el impulso de la formación profesional transferida a las comunidades autónomas, que quedan solamente en 46 millones en 2018. Por una parte, recortan 50 millones de euros en formación profesional y, por otra parte, nos quieren vender que apoyan a la formación profesional dual con 350 000 euros a las empresas.

Señores del PP, señores de Ciudadanos, pónganse serios y ocúpense de los jóvenes que buscan un trabajo digno en España, la cual lidera el paro juvenil -imagínense si se ha hecho bien hasta ahora- en la OCDE, porque con estas propuestas, con esta insuficiencia presupuestaria por la FP dual seguirán liderando desafortunadamente este triste ranking.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Le pregunto al señor Floriano Corrales si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

El señor FLORIANO CORRALES: Vamos a trabajar en una transaccional, señora presidenta.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS PARA RECUPERAR UN SISTEMA NACIONAL DE SALUD DE CALIDAD, ORIENTADO A LA MEJORA DE LA SALUD Y A LA REDUCCIÓN DE SUS DESIGUALDADES. (Número de expediente 173/000088).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Pasamos a continuación a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas para recuperar


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un Sistema Nacional de Salud de calidad, orientado a la mejora de la salud y a la reducción de sus desigualdades. Por el grupo autor de la iniciativa, para la defensa de la moción tiene la palabra el señor Fernández Díaz. (Pausa).

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Perdón, presidenta. Estaba precisamente discutiendo con los y las colegas de otros grupos esta moción.

Presentamos esta moción, consecuencia de la interpelación al Gobierno, a la ministra Monserrat, de hace ya cuatro semanas, para tratar de buscar una hoja de ruta que nos permita recuperar la confianza y la tranquilidad de los españoles sobre la sanidad. Queremos poner en marcha un acuerdo que nos permita recuperar el derecho de acceso a una atención sanitaria de todos, la calidad de los servicios, que nos permita afrontar el futuro de los próximos cinco o diez años con confianza y que aborde las principales causas de las desigualdades en salud que todavía persisten entre los ciudadanos españoles. La ministra no se creyó el diagnóstico que hice sobre el deterioro de la sanidad española en los últimos seis años de Gobierno del Partido Popular. Decía que el PSOE ve la sanidad en blanco y negro. Me voy a referir aquí a una serie de informes recientes de distintas instituciones, nacionales e internacionales. En primer lugar, el informe del Defensor del Pueblo del año 2017, que habla de las consecuencias de la crisis y de la desigualdad y que no puede ser en materia de servicios públicos y de sanidad más rotundo. La desigualdad -dice- es el resultado de la aplicación de unas políticas que han actuado como un corrosivo, dañando el entramado institucional y la cohesión social. Por eso es urgente actuar para hacerlas retroceder. La crisis -dice el Defensor del Pueblo- ha supuesto una caída en la prestación de los servicios públicos, habiendo reducido la inversión pública hasta mínimos históricos. El gasto público sanitario entre 2009 y 2016 se redujo -dice el defensor- en 5341 millones y por eso es preciso corregir este déficit de recursos que tienen las comunidades autónomas. Y dice respecto de la atención sanitaria y del derecho de cobertura asistencial que el defensor siempre ha defendido la extensión del derecho a la asistencia sanitaria pública en la totalidad de la población residente en España y que el Decreto-ley 16/2012, retornando a la concepción de asegurado, dejó fuera de la asistencia sanitaria a muchas personas.

Señorías, este es el resultado en materia sanitaria del Gobierno del Partido Popular, una exclusión de colectivos de la asistencia sanitaria, la aplicación de más barreras económicas y menos financiación pública, lo que ha hecho que la calidad se deteriore y que en consecuencia aumente el gasto de las familias si quieren sortear las listas de espera o comprar medicamentos. Esta es la situación financiera de la sanidad española. En el último año de Gobierno del Partido Socialista la inversión pública en salud era del 6,5 % del producto interior bruto. Esta cantidad ha ido descendiendo a lo largo de los últimos años para llegar por primera vez el año pasado, 2017, a menos del 6 % del PIB. Y lo peor es que en las proyecciones que el Gobierno del Partido Popular ha enviado a Bruselas con motivo de la actualización del plan de estabilidad, la previsión es seguir reduciendo esta inversión en salud pública hasta el 5,59 % en el año 2021. (Muestra un documento). Fíjense qué lejos estamos de la media de los países de la Unión Europea, que gastan en sanidad un 7,8 % de su PIB.

La reducción de la financiación sanitaria tiene un coste en salud. Claro que lo tiene. En las cuatro semanas que han transcurrido desde la interpelación a la ministra, ha salido, por ejemplo, un informe del CRES, el Centro de Investigación Economía y Salud, seguramente el centro de investigación más prestigioso de España, de la Universidad Pompeu Fabra, que habla de los efectos letales de perder el aseguramiento sanitario en España. Dice que, como consecuencia del Real Decreto 16/2012, la mortalidad entre la población excluida, entre los inmigrantes irregulares en España, ha crecido un 15 %. Son setenta muertes al año. Y además dice que las principales causas de este incremento de la mortalidad son causas de muerte evitables. El estudio se hace solamente a tres años y por tanto los efectos a largo plazo en los próximos años todavía pueden seguir creciendo. Por eso no es raro que el viernes pasado, la revista The Lancet, seguramente la revista médica de mayor prestigio en el mundo, dedicara una tribuna editorial precisamente a España, que titulaba: La austeridad en España. Es tiempo de aflojar el grillete. Esta editorial de The Lancet se apoya en varios estudios: un estudio del Comité Económico y Social de Naciones Unidas publicado después de la interpelación a la ministra el 25 de abril, el informe de Amnistía Internacional sobre la crisis de la sanidad en España La receta equivocada, y otro informe de la Comisión Europea. El informe de Naciones Unidas dice textualmente que le preocupa al comité el efecto regresivo en cuanto al disfrute del derecho a la salud que ha tenido el Real Decretoley 16/2012. Por eso, el editorial de The Lancet afirma que el impacto de la austeridad y las medidas de emergencia continúan afectando a la población y no deben permanecer por más tiempo y hace un llamamiento al presidente Rajoy para cumplir


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con su obligación de respetar el derecho a la salud, relajar la austeridad en el sistema sanitario español y revisar el Real Decretoley 16/2012. Por tanto, esta visión en blanco y negro de la que nos hablaba la ministra Montserrat no solo es una visión del Partido Socialista, sino una visión compartida por el Consejo Económico y Social español, por el Defensor del Pueblo, por Naciones Unidas, por Amnistía Internacional o incluso por la comunidad médica internacional.

El Gobierno no puede permanecer impasible ante esta situación y, por eso, planteamos esta moción que tiene como objetivos recuperar el derecho a la atención sanitaria como un derecho de la ciudadanía en España; dotarnos de una financiación sanitaria suficiente para abordar los desafíos que tiene la sanidad española; recuperar las condiciones de empleo y el acceso a la innovación terapéutica y reducir las desigualdades en salud que existen; dotarnos de un fondo de cohesión y de un fondo de garantía asistencial que permitan eliminar las barreras a la atención sanitaria cuando una persona se desplaza entre comunidades autónomas españolas; eliminar los resquicios legales que permiten privatizaciones como las que se han producido en las comunidades autónomas de Valencia o Madrid y reforzar la gestión pública del Sistema Nacional de Salud; eliminar los copagos farmacéuticos y los resquicios legales que hoy existen gracias al Real Decretoley 16/2012 para seguir incorporando nuevos copagos sanitarios; reforzar la atención primaria; dotar a Ceuta y Melilla de los recursos sanitarios que merecen; y, por último, transferir la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, para lo cual la única barrera actualmente es la falta de recursos en los Presupuestos Generales del Estado para dotar a esta función del personal y de los recursos financieros que necesita. Por tanto, les pido a todos los grupos de esta Cámara -y en especial al Grupo Parlamentario Popular- generosidad para rectificar medidas que han sido muy perniciosas para la sanidad española, que volvamos al consenso de la Ley General de Sanidad y de la Ley de cohesión y calidad,...

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Señor diputado, ruego que termine ya. Gracias.

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Sí, termino ya.

... que acordemos un sistema de financiación autonómico que va a beneficiar a todas las comunidades autónomas y que hagamos que España vuelva a ser una referencia internacional por su Sistema Nacional de Salud.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos, a continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.

La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, presidenta.

Durante la interpelación el representante socialista aludió varias veces al conflicto político entre Cataluña y España, arrancando los aplausos de su bancada. A pesar de que tanto el representante socialista como la ministra hablaron de los recursos presentados en contra de algunas leyes autonómicas aprobadas para afrontar el real decreto que ha fulminado los derechos sanitarios, ninguno de los dos mencionó el recurso que se presentó en contra de la ley catalana. Pero entiendo que aquí no está de moda hablar de Cataluña si no es en el marco del procés, así que desde aquí denunciamos la suspensión de todas las leyes de las diferentes comunidades -también la de Cataluña-, como así lo ha denunciado el sector profesional de la sanidad. Solo en Cataluña esta suspensión deja en el limbo asistencial a más de 100 000 personas, pero la señora ministra sigue vendiendo el cuento de que todo va bien y que todo mejora; la realidad es que no se ahorra nada y las cuentas no salen.

Respecto a nuestra enmienda, la presentamos porque, como no podría ser de otra manera, estamos a favor de la supervisión y titularidad pública, pero también de la flexibilidad y de las redes de utilización pública, que es el modelo que precisamente tenemos en Cataluña, en el que colaboran entidades, cooperativas, etcétera. Les invitamos, pues, a dejar aparcado el mantra del privado como demonio y a empezar a trabajar conjuntamente con todas las iniciativas efectivas ya existentes.

Termino porque tenemos muy poco tiempo. Hoy el Grupo Parlamentario Socialista nos pedía que votáramos a favor. ¿Cuándo no hemos apoyado nosotros la mejora de la sanidad pública siempre y cuando se respeten las competencias? Siempre lo hemos hecho. ¿Saben ustedes lo que necesitamos? Lo que realmente necesitamos es que ustedes hagan política, que echen al Partido Popular si realmente


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quieren que esto se haga realidad, y lo pueden hacer hoy. También necesitamos que condenen de una vez la judicialización de la política. No haciendo nada de esto ustedes no son creíbles.

Gràcies. Salut i llibertat presos polítics. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Tiene ahora la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on.

Euskal Herria Bildu viene defendiendo los principios de universalidad, equidad y calidad del sistema público de salud denunciando los recortes que en esta materia viene haciendo el Gobierno español y aprobando leyes que supongan avances sociales en aras de reconocer derechos a todas las personas. El Gobierno ha actuado en contra de la soberanía de las instituciones de la Comunidad autónoma vasca y Nafarroa y ha anulado recientemente dos leyes navarras, lo cual es de por sí grave, pero es que además esta actuación ha puesto en cuestión el derecho a la salud de las personas más vulnerables, recortando y pisoteando un derecho que es universal a las personas en situación administrativa irregular. Nuestra actuación legislativa ha estado dirigida precisamente a superar esta situación junto con la limitación establecida al derecho a recibir tratamiento médico o medicinas, que debe estar garantizado, en nuestra opinión, aunque no se tengan recursos económicos suficientes para ello. Precisamente, para ayudar a superar estas limitaciones establecidas por el repago hemos llegado a conseguir que el Gobierno vasco tenga que garantizar el acceso gratuito a las medicinas a todas las personas perceptoras de la RGI haciéndole modificar su decreto, ya que hasta ahora solo las personas en paro que no cobraban ningún tipo de prestación tenían ese derecho. Así pues, en la medida en que nuestra actuación en la Comunidad autónoma vasca y en Nafarroa ha estado encaminada a reconocer el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos recuperando su carácter universal, no podemos más que apoyar la moción que presenta el PSOE.

Hay otras muchas cuestiones a las que no me puedo referir porque no tengo mucho tiempo. Sí le diré en última instancia en relación con otra de las cuestiones a las que se hace referencia en esta moción, el tema de la transferencia de la sanidad penitenciaria, que la Comunidad autónoma vasca lo tiene, Nafarroa todavía no; hemos preguntado al Gobierno en más de una ocasión y parece que las conversaciones no avanzan. Esperemos que logre materializarse en breve tiempo.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyora presidenta.

Llevamos seis años hablando de recuperar la sanidad universal y en todo este tiempo realmente hemos hecho todo lo que podíamos para recuperarla. El Govern del Botànic, en el que estamos Compromís y el PSOE, sí. Implantamos la sanidad universal como una de las primeras medidas, eliminamos el copago primero a las personas jubiladas, a los pensionistas y a los dependientes, luego a los menores sin recursos y, hace muy poco, a las personas en situación de desempleo. Hemos destinado casi 90 millones a este precepto, a paliar el copago, en los presupuestos de 2018. Frente a esto, nos hemos encontrado recursos al Constitucional, recursos para impedir que atendamos a personas enfermas, recursos para impedir que paguemos medicamentos a dependientes, jubilados, menores, recursos del Partido Popular contra las personas sencillas. Y no solo eso... (Rumores).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Señorías, ruego un poquito de silencio, por favor.

Puede continuar.

La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, presidenta.

Decía que no solo eso, sino también chantaje para que aceptemos convenios con Farmaindustria, financiación insuficiente, una deuda de hasta 400 millones de euros por parte del ministerio para la atención sanitaria que prestamos en territorio valenciano a personas desplazadas.

Señorías del Partido Socialista, nosotros votaremos a favor, evidentemente, de la sanidad universal, ¿pero realmente hemos hecho todo lo que podíamos? Ustedes, el PSOE, podían haber hecho un Gobierno del Botànic aquí, podrían haber hecho un Gobierno colaborativo que realmente recuperara la sanidad


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universal de verdad. Así que mociones, sí, evidentemente, pero también pongámonos a trabajar y hagamos acciones y un Gobierno realmente de cambio que recupere la sanidad universal de verdad.

Gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Igea Arisqueta.

El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, señora presidenta.

Señor Fernández, su comienzo del discurso de hoy ha sido todo un símbolo, toda una metáfora. Llega tarde, otra vez. Llega tarde porque nosotros ya presentamos una moción en noviembre sobre equidad en las prestaciones sanitarias. Presentamos una moción con nueve puntos y a todos votaron en contra. Incluso votaron en contra de cosas que presentan hoy aquí. Ustedes no están muy interesados en esto de la equidad, están más interesados en agitar banderas que en la igualdad de los españoles. En este debate no nos van a ganar. Vamos a analizar todas sus propuestas, y le aseguro que si votamos por puntos, como lo vamos a solicitar si no aceptan nuestras enmiendas, no votaremos a todo que no, porque nosotros no somos sectarios, nosotros sí creemos en los servicios públicos, sí creemos en la sanidad pública y, sobre todo, creemos en la igualdad de los españoles.

Vayamos a los puntos, porque tenemos poco tiempo. Usted dice que hay que recuperar el carácter universal, que hay que derogar el Decreto-ley 16/2012. Estamos de acuerdo. Coincidimos en que tiene que ser un derecho de la ciudadanía, y así lo hemos dicho y lo mantenemos, pero no estamos de acuerdo en que se continúe engañando a los españoles diciendo que se va a recuperar una cosa que nunca existió, porque la sanidad era un derecho para los ciudadanos españoles y para aquellos que estaban empadronados. Eso decía la ley, usted lo sabe bien, y usted miente a la población cuando dice que derogar el Decreto-ley 16/2012 es dar atención integral a todos, independientemente de su estado de empadronamiento. Nosotros creemos que hay que atenderles, que hay que atenderles en atención primaria, que hay que atenderles en las enfermedades graves y estamos dispuestos a llegar a un acuerdo con ustedes.

Ustedes dicen que para garantizar la igualdad es necesario desistir de los recursos judiciales contra las comunidades autónomas. Curiosa manera de garantizar la igualdad, porque si algo garantiza la igualdad de todos los españoles es la Constitución y un tribunal que unifica las normas de todos. Esta es justo la manera de garantizar la desigualdad y, por tanto, en esto no estaremos de acuerdo.

También dicen que hay que apostar por formas de gestión pública y derogar la Ley 15/1997. La Ley 15/1997 la aprobaron ustedes. La Ley 15/1997 se aprobó con el voto a favor del Partido Socialista, de Ángeles Amador, que intervino en esta cuestión. Le voy a leer un artículo que le sonará. Dice: La realidad es compleja, no existe un mundo dicotómicamente blanco o negro, bueno o malo, público o privado, y menos aún público igual a bueno y privado igual a malo. En gestión sanitaria se puede gestionar a través de proveedores externos. ¿Sabe de quién es este artículo? ¿Sabe cómo se titula? Se titula Interesada confusión. Es un artículo de José Manuel Freire, portavoz sanitario del PSOE en la Comunidad de Madrid. Yo estoy muy de acuerdo con él. (Aplausos).

Dicen ustedes que hay que alcanzar con las comunidades autónomas, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un acuerdo de suficiencia financiera. ¡Claro que estamos de acuerdo! Lo propusimos y ustedes votaron en contra. Pero ustedes no solo votaron en contra, sino que votaron a favor del cupo vasco; votaron a favor de la mayor desigualdad en la financiación autonómica que se ha votado en este Parlamento. (Aplausos). Es así; los hechos son los hechos y no se pueden negar. Mire, Extremadura gasta un 9,8 % de su PIB en sanidad, gastando 100 euros menos por habitante, y el País Vasco gasta el 5 % de su PIB con muchísimo menos esfuerzo y muchísimo mejor gasto. Eso es desigualdad y eso es lo que ustedes mantienen.

También dice usted que hay que suprimir los copagos del 2012. También hizo el otro día una intervención en la Comisión de Sanidad a propósito de recuperar los medicamentos que se habían eliminado por tener poca utilidad o ser para síntomas menores. Ahora no voy a citar a José Manuel Freire, porque este es un documento que es suyo, de usted. (Muestra un documento). Aquí, en la reforma de la Osasunbidea, usted decía que había que quitar los medicamentos para síntomas menores. Usted, en este documento, hablaba de lo bueno que era el copago. Usted, en este documento, que lo puedo enseñar y del que usted presume en su currículum -porque su currículum es verdadero, no es como el de otros, el suyo sí, está aquí y están los documentos-, presume de esto. Nosotros les hemos propuesto ya tres veces, y lo haremos una cuarta vez, reducir los copagos a aquellos que tienen problemas de adherencia


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al tratamiento. ¿Y quiénes son los que tienen problemas de adherencia al tratamiento en España? Hay una publicación científica este año, Heart, de un grupo de españoles que analizan la influencia del copago en la adherencia al tratamiento. Siguen siendo las mismas personas; son las personas que tienen las tarjetas tipo tres, que tienen ingresos por debajo de 18 000 euros, los que tienen problemas de adherencia. Se lo hemos propuesto tres veces y tres veces han votado ustedes que no. Eso es lo que a ustedes les preocupa.

Señoría, habla también de recuperar de forma inmediata el Fondo de Cohesión Sanitaria, propuesta que nosotros naturalmente hicimos y usted votó en contra, pero nosotros votaremos a favor; y votaremos a favor, eso sí, si ustedes lo llevan a presupuestos en forma de enmienda y luego se comprometen a votar los presupuestos, porque, claro, lo demás es una filfa. (Aplausos).

También habla del Fondo de Garantía Asistencial, con lo que también estamos de acuerdo y votaremos a favor si votamos por puntos.

Asimismo, habla de crear un fondo de innovación con 150 millones de euros. Mire, estos fondos de innovación, que son fondos para garantizar que la industria farmacéutica siga metiendo sus novedades al precio que quiera, está demostrado que no sirven para nada. Lo que necesita este país no es esto; es un sistema de fijación de precio por valor para las novedades terapéuticas que haga el sistema sostenible. Usted lo sabe, no podemos votar a favor de esto.

Acordar con las comunidades autónomas...

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Señor Igea, perdón, se le ha acabado su tiempo.

El señor IGEA ARISQUETA: Un segundo, por favor.

Sobre Ceuta y Melilla naturalmente estamos de acuerdo, sobre la transferencia de la sanidad penitenciaria lo hemos votado varias veces con ustedes, y sobre la atención primaria también estaba en la moción que hicimos sobre equidad y naturalmente votaremos a favor porque era una propuesta nuestra.

Señor Fernández, si quiere disfrazarse de Podemos déjese coleta y traiga una camiseta. (Risas.-Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora García Sempere.

La señora GARCÍA SEMPERE: Gracias, presidenta.

Buenas tardes, señorías, compartimos, como no puede ser de otra manera, con el Partido Socialista que, efectivamente, las políticas nefastas del Partido Popular rompieron el principio de universalidad en el acceso para pasar a un modelo basado en el aseguramiento; y que esto ha llevado a los márgenes del sistema a las personas más vulnerables, evidentemente lo compartimos. Concretamente, el aumento del pago farmacéutico nos parece una de las cuestiones más dramáticas, que ha supuesto para muchas familias la imposibilidad de asumir el coste de las medicinas y provocar la interrupción de tratamientos con el peligro que eso conlleva. Pero que el PSOE viene lento, viene lento, porque le damos la bienvenida pero estas propuestas llegan un poco tarde y, en algunos casos, llegan de manera sorprendente, porque piden la derogación de la Ley 15/1997, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, y es sorprendente teniendo en cuenta que su aprobación en el Congreso y en las comunidades autónomas contó con su propuesta y con su apoyo; y no solo eso, sino que ustedes gobernaron entre 2004 y 2011 y ni se les pasó por la cabeza cambiar la ley. Entendemos que esto es un ejemplo más de la doble alma del PSOE, de esa diferencia entre el PSOE que gobierna y el que está en la oposición y que parecen dos partidos distintos. En cualquier caso, bienvenidos sean, y no solo a derogar esta ley; demos un paso más allá y avancemos hacia una ley de gestión pública donde también les esperaremos.

Compartimos gran parte de la moción, por lo que no entraré en la misma con mucha profundidad, pero sí quiero referirme a las enmiendas que desde el Grupo Confederal hemos presentado y que creemos que completan una moción insuficiente para devolver la universalidad y la calidad necesaria a la sanidad pública, a la que tantos estragos ha causado el Partido Popular. Ustedes hablan de suprimir los copagos introducidos en 2012. Desde el Grupo Confederal entendemos que se han de suprimir todos los copagos, es decir, también los previos a la normativa de 2012. ¿Por qué? Porque los copagos son el gran problema que tienen las clases trabajadoras y más desfavorecidas, ya que no pueden afrontar el gasto médico, y les


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daré algunos datos. Señorías, 2 millones de personas no retiran los medicamentos prescritos por motivos económicos; el 17 % de los pensionistas dejan los tratamientos, y en el caso de los pensionistas que cobran menos de 400 euros esta cifra asciende al 28 %. Señores del Partido Popular, ya que se ponen los lazos morados, adivinen quiénes cobran estas pensiones de miseria, quiénes tienen los trabajos más precarios y peor remunerados. Son las mujeres, es decir, las principales afectadas por el copago son mujeres. Eliminar los copagos -esperemos que ustedes se sumen a esta moción- es irrenunciable si queremos acabar con el doble castigo a las mujeres y a las personas más vulnerables. Compartimos la necesidad de reforzar la atención primaria y queremos introducir un tema que nos parece fundamental, como es la integración de los regímenes de Muface y otros dentro del régimen general de la Seguridad Social, por supuesto transfiriéndoles los recursos necesarios a las comunidades autónomas. ¿Por qué ponemos esto encima de la mesa? Porque el caso de la financiación a las entidades que conforman el mutualismo administrativo es tremendo. Estas entidades son -no solo en estos presupuestos generales, sino también en los anteriores- las grandísimas beneficiadas por los presupuestos generales, y no nos parece de recibo que sean las privadas las que más fondos reciban de la partida de Sanidad, dinero que pagamos entre todas, mientras los señores del Partido Popular recortan sin piedad la sanidad pública, porque esa sí debe ser para todas.

Para terminar, queremos recoger una línea fundamental en el texto de la moción sobre la necesidad de ser muy vigilantes para evitar el abuso en materia de conciertos y externalizaciones. Nos parece entrañable que traigan una moción, precisamente hoy, en la que abanderan la defensa de lo público y echan en cara al Gobierno del PP la disminución del gasto público sanitario y el correlativo incremento del gasto privado, como ejemplo de su apuesta por la privatización, porque esto último es innegable. Que el Partido Popular apuesta por el desmantelamiento de los servicios públicos y, entre ellos, la sanidad, no hace falta ni demostrarlo; es así y tenemos ejemplos sobrados de ello. Ahora bien -y volviendo a la doble alma que tienen ustedes-, hoy critican cómo se financia la sanidad privada por encima de la pública mientras que en Andalucía, donde gobiernan ustedes desde hace mucho tiempo, año a año se van devaluando las prestaciones del sistema sanitario público, pero ustedes se arrojan irresponsablemente en brazos de empresas privadas, como Clínicas Pascual, y por si alguien no lo sabe les diré qué ha ocurrido con Clínicas Pascual. Que esta empresa fue multada por el Consejo de la Competencia de Andalucía por defraudar al Servicio Andaluz de Salud y obtener un beneficio ilícito de 164 millones en tan solo dos años. El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida hoy ha llevado este tema ante la fiscalía, porque la Junta de Andalucía ha mirado hacia otro lado directamente. Además, como parece que esta cuestión no revestía de suficiente importancia y no era suficientemente significativo que estas empresas se enriquecieran de manera ilícita con el dinero de todos los andaluces y las andaluzas, ustedes han vuelto a renovar el concierto con ellos. Parece que no era suficiente con lo que habían hecho ya.

El Grupo Confederal va a votar a favor y esperamos que además nos acepten todas las enmiendas, porque mejorarían enormemente su moción, aunque consideramos -como le digo- que es insuficiente. En cualquier caso, les agradeceríamos que además de traer mociones sin consecuencias efectivas al Pleno -todo hay que decirlo-, predicasen con el ejemplo allá donde gobiernan, defendieran la sanidad pública y dejasen de engordar la privada.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.

El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta. Brevemente, porque tampoco es necesario agotar el tiempo.

Señores del Partido Socialista, les digo lo mismo cada vez que presentan una moción y ya de reiterativo pareceré el abuelo Cebolleta: No presenten mociones de once puntos, parece que presentan el programa electoral. No puede ser, hagan cosas mucho más restringidas en las que se centre el asunto que queremos, porque disparan a todo, once puntos, y puedes estar de acuerdo con diez, con ocho, con nuevo o con los once, da igual, pero me parece que lo que se hace es dispersar en vez de centrar. Es una opinión personal; la seguiré diciendo y ustedes seguirán presentando mociones de once puntos.

En cualquier caso, yendo a la cuestión, no tenemos casi ningún problema en nada de lo que se está planteando porque en algunas de las cuestiones -la universalización, la anulación de los recursos contra normativas autonómicas, la supresión del copago, la recuperación con cargo al ministerio del presupuesto


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para compensar a las comunidades autónomas con las derivaciones de pacientes, legislar para que las compensaciones por la asistencia a desplazados se haga directamente entre las comunidades autónomas y el ministerio- no solo es que estemos de acuerdo, sino que en todas ellas la postura del Partido Nacionalista Vasco en aquellos sitios donde está gobernando, como es por ejemplo el caso del Departamento de Salud del Gobierno vasco, ha sido siempre coincidente con lo que se dice en esta moción. Incluso las hemos expresado públicamente en más de una ocasión no solo en esta tribuna o en los medios de comunicación, sino en la comisión de seguimiento y en el propio consejo interterritorial, que es donde se plantean también esta serie de cuestiones. Por lo tanto, no tenemos nada que achacar a eso.

Centrándonos en varias cuestiones, por ejemplo retirar o desistir recursos judiciales, evidentemente estamos de acuerdo, porque entre otras cosas hemos sido a los que nos han recurrido algunas medidas que hemos tomado con el único objetivo de hacer llegar la sanidad a todas las personas, independientemente de cuál fuera su origen, sus papeles, su color, su estancia, etcétera. Eso se ha hecho con los recursos propios del Gobierno vasco y, como consecuencia de ello, se le ha recurrido; por lo tanto, estamos totalmente de acuerdo. Señor Igea, lo del cupo ya aburre; aburre que metan en cualquier cosa la cuestión del cupo, vale ya. Ya no convencen a nadie. (Aplausos). En cualquier caso, creo que se tienen que autoconvencer ustedes mismos constantemente metiendo el mantra a ver si algo... pero no cambia nada.

Más cuestiones. En cuanto al real decreto, si algo hemos criticado nosotros ha sido el famoso real decreto, sobre el que hemos insistido más de una vez en esta Cámara. Además, siempre decimos lo mismo, surge con un objetivo sanitario trufado porque el objetivo era económico. Y más que un decreto del Ministerio de Sanidad fue un decreto redactado por Montoro con el objetivo de recaudar. Pero, además, ni convenció sanitariamente ni consiguió que, desde una perspectiva económica, se ahorrara nada. Además, no convencieron ustedes a nadie porque solo lo sacaron con sus propios votos, cuando tenían mayoría absoluta. ¡O tempora o mores! En cualquier caso, parece que todavía ustedes no se han dado cuenta de que las famosas bondades de ese decreto no convencen a ninguno de los grupos. Se sumaron después una serie de ornamentos a este real decreto para ver si metían varias cuestiones y tenía alguna solución, pero no valió para nada. En contra del copago nos hemos mostrado siempre, por lo tanto no voy a repetir algunas cuestiones que ya se han destacado, porque ya no me queda tiempo. Por otro lado, afortunadamente, Euskadi tiene transferida ya la sanidad penitenciaria y creo que es un gran logro y muy bueno, además, que la población reclusa esté atendida por quien más cerca esté, que es la comunidad autónoma y sus servicios sanitarios. La universalidad, al fin y al cabo, es que todos tengan derecho a la sanidad, estén donde estén, evidentemente. Cuando aquí se critica -aquello de que unos tienen más y otros tienen menos-, fíjense en los que lo hacen bien, fíjense en los que presupuestan bien, fíjense en aquellos que de sus recursos ponen un porcentaje alto para sanidad, para educación, para gasto social. Eso es lo que vale, lo demás es cuento chino.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.

El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, señora presidenta.

Señorías, evidentemente nuestro grupo siempre apoyará aquellas iniciativas encaminadas a recuperar el modelo sanitario público, universal y de calidad, reconocido incluso internacionalmente, pero que el Real Decreto-ley 16/2012 se encargó de romper. En ese sentido, nos interesa sobre todo el punto que propone la derogación de dicho real decreto, punto del que todos hemos hablado porque es donde nos jugamos el modelo que estamos planteando. En esencia, este real decreto supone el abandono del principio de universalidad ya que excluye a colectivos desfavorecidos y de alto riesgo, como son los inmigrantes irregulares, del sistema de salud y, en cambio, de manera encubierta -como ya se ha dicho- propone el retorno a la lógica de la gestión de la Seguridad Social, asegurados y beneficiados y reconocidos por el Instituto Nacional de Seguridad Social. Esto rompe realmente, es un cambio de modelo. Recordemos que el principio de universalidad está recogido en el artículo 43 de la Constitución, que establece que todo el mundo tiene derecho a la protección de la salud, derecho sobre el cual, insistimos, se ha construido nuestro Sistema Nacional de Salud y, dentro del marco de la democracia, es el modelo sobre el cual hemos crecido.

Según palabras del doctor Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, nadie debería enfermar o morir solo por ser pobre o por no poder acceder a los servicios de salud que necesita. Este año la Organización Mundial de la Salud ha decidido dedicar el Día Mundial de la Salud -el pasado 7 de abril, hace justo un mes- a la cobertura sanitaria universal y pide a los líderes mundiales


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que respeten los compromisos que contrajeron cuando acordaron los objetivos de desarrollo sostenible en 2015 y que se comprometan a adoptar medidas concretas para promover la salud de todas las personas. Aviso para navegantes.

¿Por qué es importante la cobertura sanitaria universal -continúa la OMS-? Porque los países que invierten en la cobertura sanitaria universal realizan una importante inversión en su capital humano y en los últimos decenios la cobertura sanitaria universal ha surgido como una estrategia clave para avanzar hacia la consecución de otros objetivos relacionados con la salud y desarrollo más amplios. Por otro lado, la exclusión del sistema sanitario de colectivos desfavorecidos y de alto riesgo siempre acaba suponiendo un problema de salud pública que afecta al conjunto de la sociedad. Para nosotros es fundamental preservar ese derecho universal en la elaboración de las políticas de salud. Lo hacemos basándonos en el artículo 23 de nuestro Estatuto de Autonomía de 2006, que establece que todas las personas tienen derecho al acceso en condiciones de igualdad y gratuidad a los servicios sanitarios de responsabilidad pública. Por este motivo y con la misma intención que lo han hecho diversas comunidades autónomas, desde Cataluña seguimos desplegando la legislación que ha de continuar garantizando la universalización del acceso a la atención sanitaria. Este es el objetivo que tenemos en Cataluña en estos momentos. Desde la aprobación del Real Decreto 16/2012 el Parlament de Catalunya, el Govern de Catalunya o el Institut Català de la Salut han aprobado leyes o instrucciones, a pesar de las reiteradas impugnaciones abiertas por la vía contencioso-administrativa. En esa línea, en junio de 2017 el Parlament de Catalunya aprobó la Ley 9/2017, de universalización de la asistencia sanitaria, con cargo a fondos públicos mediante el Servei Català de la Salut, una ley que con la aprobación del artículo 155 no se ha podido desplegar. Hoy precisamente el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publica la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad de dicha ley promovido por el Gobierno del Estado. Ironías de la vida; el mismo Estado que hoy tiene intervenida la Generalitat y que, si las cosas no cambian, debería defender a la misma Generalitat ante su propio recurso. Desajustes y efectos colaterales del 155; suponemos. Tomen nota, señores del PSOE, a los efectos del 155.

¿Pero quién está incumpliendo la ley? Son varias las comunidades autónomas que han presentado un recurso de inconstitucionalidad al Real Decreto-ley 16/2012. Si bien es cierto que la Constitución española en su artículo 86.1 recoge la potestad del Gobierno para que por razones extraordinarias y de urgente necesidad apruebe normas con rango de ley, como los reales decretos-leyes, esta potestad no permite afectar a derechos fundamentales o al régimen de las comunidades autónomas. El Gobierno no puede restringir la atención sanitaria mediante un real decreto-ley. La atención sanitaria, en cuanto parte esencial del derecho humano a la salud, es un derecho universal e igualitario reconocido por un importante número de tratados internacionales y recogido en la Constitución y en diferentes estatutos de autonomía. Pero esta es su democracia, señorías, y no hablamos solo de la vulneración de competencias autonómicas, es mucho más grave: hablamos de la laminación y vulneración de derechos y libertades básicas que afectan al conjunto de ciudadanos.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Angulo Romero.

La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidenta.

Debatimos hoy una moción ya reiterativa y cuyos argumentos siempre son los mismos: España va mal, el sistema sanitario también y la culpa es del PP. Pues, ante esa amnesia permanente del PSOE, nosotros tenemos que repetir que fueron las medidas del Partido Popular, entre otras el Real Decreto-ley 16/2012, las que salvaron al sistema de la quiebra, y además lo hizo concediendo sanidad a miles de españoles a los que los socialistas se la negaban y de los que solo se acordó el PP; corrigiendo el copago socialista, que hacía pagar a quienes nada tenían y a quienes hoy ustedes quieren volver a hacerles pagar porque nada les importa; generando ahorros para pagar las deudas que ustedes dejaron y haciendo que hoy dispongamos, por ejemplo, de nuevas innovaciones que salvan vidas, de nuevos centros de referencia que proporcionan equidad.

El Tribunal Constitucional, al que quizá por eso ustedes no quieren que acuda el Gobierno de España, ha dicho que en España la protección de la salud está garantizada y que el Real Decreto-ley 16/2012 cumple todos los tratados internacionales. Y ante todo esto el PSOE nos dice que demos marcha atrás. Pues mire, no podemos dar marcha atrás a una gestión que ha permitido que hoy las comunidades dispongan de más financiación del Estado para políticas sociales, que va a permitir negociar un nuevo modelo de financiación que acabe con el modelo socialista del que ustedes ahora mismo reniegan. Porque


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nosotros también creemos necesario que la sanidad cuente con la financiación necesaria y suficiente. Para el presidente Rajoy eso es prioritario y por eso la ministra acordó con los consejeros de Sanidad celebrar este mismo mes un interterritorial exclusivo sobre financiación y trabajar sobre sostenibilidad, cohesión, equidad, pero desde la responsabilidad compartida. Porque ustedes culpan de todos los males al Gobierno de España omitiendo que las competencias sanitarias son de las comunidades autónomas, que presupuestan y prestan los servicios, y quizá lo hacen a propósito conscientes de que su gestión sanitaria allí donde gobiernan no es ejemplo precisamente.

Hablemos de desigualdades, señor Fernández. Andalucía, la comunidad autónoma con menos gasto sanitario por habitante, con menos camas por habitante, líder en pérdida de empleo sanitario, déficit de especialistas y precariedad laboral y salarial, donde los ciudadanos sufren desabastecimientos de medicamentos. Y hablando de privatizaciones, esas normas que usted aprobó tienen una de las mayores ratios de conciertos sanitarios; es decir, una privatización encubierta de la sanidad. Señor Fernández, ¿por qué no empiezan ustedes pidiéndole primero a la señora Díaz que acabe con esa situación para ser creíble aquí sobre lo que usted pide? (Aplausos). Situación de la sanidad, por cierto, que es así en Andalucía por el apoyo expreso de Ciudadanos. ¿Por qué Ciudadanos no ha hecho nada en estos años en Andalucía para mejorar la situación de la sanidad? ¿Por qué permiten ese deterioro de la sanidad pública andaluza mientras callan ante tanto escándalo? ¿Es que los andaluces no merecen limpieza, señores de Ciudadanos? Empiecen a trabajar también allí (aplausos) porque también lo necesitan.

Extremadura, mi tierra: áreas de salud sin servicios esenciales, tecnología sin uso por falta de personal, caos en el transporte sanitario, aumento de las derivaciones a la privada, aumento de un 30 % de las reclamaciones sobre todo por listas de espera. ¿Saben cuál es la solución del Gobierno socialista de Extremadura a la mayor desigualdad, las listas de espera? El Plan integral de listas de espera: cinco folios y 19,5 millones de euros. Y dice así: Las listas de espera son un período de reflexión para que los pacientes decidan si quieren ir a operarse o no; son un mecanismo desincentivador para que los pacientes con recursos económicos se vayan al sector privado. No hay mayor desigualdad que las listas de espera y el Gobierno socialista del señor Fernández Vara nos dice que las listas de espera son un periodo para que el paciente reflexione y, además, para que se harte y, harto de esperar, se vaya a la privada. ¿Ese es su modelo, señores del PSOE? ¿Aumentar los conciertos y disminuir las camas? (Aplausos). ¿Recortar en profesionales y duplicar los altos cargos? ¿Menos batas y más corbatas? Esa no es la sanidad que nosotros queremos. En el Partido Popular vamos a seguir trabajando por mejorar cada día la excelencia de nuestro sistema. Usted nos ha hablado hoy aquí de la visión de la sanidad de algunos organismos. Yo le voy a hablar de la de los ciudadanos, que hoy dicen que seguirían apoyando al Partido Popular para el Gobierno de España, y del barómetro sanitario, que hoy ofrece la valoración más alta de nuestra sanidad por parte de los ciudadanos en los últimos diez años. Por eso no podemos apoyar una moción en la que, con carácter general, lo que se nos pide es volver a la situación de 2011, a la desigualdad para muchos españoles.

Pero mire, nosotros sí queremos trabajar con ustedes, señores del PSOE, desde la responsabilidad: con las comunidades autónomas en el consejo interterritorial y con los partidos consiguiendo ese gran pacto de Estado, pero sin vetos previos, señor Fernández (aplausos), y con una buena financiación para nuestro servicio público. Eso es lo que nosotros creemos que nos reclaman los ciudadanos y los profesionales, y eso es lo que desde luego desde el Partido Popular les vamos a ofrecer.

Muchas gracias. (Aplausos).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

Señor Fernández Díaz, ¿acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas?

El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Vamos a transaccionar algunas de ellas.

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA SITUACIÓN DEL BLOQUEO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE LA INVESTIGACIÓN PÚBLICA. (Número de expediente 173/000089).

La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la situación del bloqueo administrativo y financiero de la investigación pública.

Por el grupo autor de la iniciativa tiene la palabra señora Martínez Rodríguez.


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La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.

Con esta moción mi grupo ha querido visibilizar la situación de la investigación pública tras seis años de recortes consolidados, incremento de procedimientos administrativos y control de gastos, a lo que hay que sumar la no gestión de un ministro de Ciencia que jamás ejerció como tal. En la interpelación al señor Escolano expliqué con detalle las principales reivindicaciones de los centros públicos de investigación para facilitar su gestión y la propia actividad investigadora. Entre ellas están la eliminación de la intervención previa, medidas específicas que incrementen la ejecución presupuestaria, la agilización de la firma de convenios y pagos a organismos internacionales, la simplificación en los procesos de contratación o la gestión plurianual de los fondos. No voy a extenderme más sobre ello porque no deja de provocar una gran tristeza que los debates sobre ciencia en esta Cámara se refieran a cuestiones de derechos administrativos y no a política científica, un dato de por sí muy revelador de la situación que estamos viviendo. Sí que voy hacer, en cambio, una mención explícita al punto relativo al nombramiento de la presidencia del CSIC, porque es un hito y es un paso importante para poner en la agenda política lo que es ya un clamor en la comunidad científica. El nombramiento político a dedo, tal y como se hace hoy, sin necesidad de aportar un proyecto científico o sin que la persona candidata sea valorada por un comité independiente de expertos científicos es un rasgo heredado del franquismo que no tiene ninguna justificación hoy en día. Sirva, por tanto, el respaldo del Congreso de los Diputados que, espero, se va a dar a esta moción, y por tanto a este punto, para que tanto el Gobierno como los partidos políticos y la comunidad científica empecemos a trabajar en un nuevo mecanismo de nombramiento que responda a los estándares científicos, políticos y éticos del siglo XXI que una institución como CSIC exige.

Dejando a un lado los puntos que se someten a votación, me gustaría referirme al compromiso personal que el ministro manifestó en su intervención para realizar los cambios necesarios en el sistema de I+D+i. Mi grupo espera sinceramente que el ministro ejerza el liderazgo que le corresponde porque la ciencia pública necesita un ministro que ejerza como tal y que lleve al más alto nivel político cuestiones que son de máxima urgencia, como la eliminación de la intervención previa y otras cuestiones de burocracia vacía que hemos explicado muchas veces, la negociación del estatuto del personal investigador en formación, solucionar de una vez por todas el fraude de ley derivado de la concatenación de contratos temporales, que está dejando a grandes científicos y científicas, a profesionales en la calle, o la cuestión absolutamente prioritaria de definir las necesarias excepciones para la Ley de Contratos del Sector Público. Son muchos frentes abiertos que no son ni más ni menos que la consecuencia del nulo peso político que la ciencia ha tenido en el Gobierno en los últimos años. Pero hay una cosa que sí ha cambiado en los últimos meses y es que las personas que hacen ciencia en el sistema público han dado un paso al frente: están contando su situación desesperada, se están organizando y están dispuestas a luchar por sus derechos y a reivindicar la importancia de una investigación pública fuerte, dotada de recursos, competitiva y que cuide de nuestro talento. Porque nos suena demasiado lo que estamos viendo: recortes insoportables, precariedad laboral, externalización de servicios, subcontrataciones y una burocracia demencial están dejando a nuestra investigación pública ineficiente y poco competitiva. Sinceramente, esta estrategia suena a desmantelamiento de nuestro sistema de I+D público, el que hemos construido con el dinero de todas, el que investiga más allá del beneficio y del rendimiento económico. La investigación pública, señorías, es un activo, es un pilar fundamental de nuestra sociedad como lo son la educación y la sanidad. Tengan por seguro que de la misma manera que salimos a defender los servicios públicos como un bien común irrenunciable, de la misma manera que mis compañeros hoy han reafirmado el compromiso de nuestro grupo con la educación pública, con la misma firmeza y la misma determinación vamos a defender la ciencia pública. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).

Estoy muy de acuerdo con el ministro cuando hace autocrítica y reconoce que la inversión empresarial en I+D+i es muy baja, porque ni las ayudas, ni las medidas fiscales, ni la compra pública, ni la legislación laboral, ni la política educativa han sido capaces de crear las condiciones para que las empresas innovadoras triunfen. Y eso es responsabilidad del Gobierno y de las políticas públicas científicas o de la no existencia de las mismas en los últimos seis años. Es responsabilidad del Gobierno que existan las condiciones para que las empresas apuesten por la I+D+i en su modelo de negocio, porque ahí, señorías, nos estamos jugando el modelo productivo, el mercado laboral y la economía de las próximas décadas. Así que bienvenidas todas las medidas que el ministro ponga en marcha en este sentido, pero estaremos alerta para que no se conviertan en una cortina de humo que haga pasar desapercibido el urgente debate sobre la situación, la mejora y el futuro de la investigación pública en España. Esperemos, por tanto, estar de verdad ante un punto de inflexión que permita iniciar una nueva etapa en nuestro sistema de I+D+i.


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Al ministro le toca oír a actores, colectivos, instituciones y organismos, conocer sus propuestas, sus demandas, sus peticiones y, a partir de ahí, implementar un plan de rescate de nuestra ciencia que haga recuperar la esperanza, la ilusión y la confianza de quienes ahí trabajan, un plan que contenga al menos recursos urgentes para donde más se necesitan, proyectos y personal, y el reconocimiento de las necesidades específicas, tanto en lo relativo a procedimientos administrativos como en la gestión de personal y que permita sobre todo eliminar la precariedad. Pienso sinceramente que estamos a tiempo; estamos a tiempo de encauzar nuestro I+D+i antes de que acabe la legislatura. Las medidas son de sobra conocidas, solo falta ponerlas en marcha. Ofrecemos nuestra colaboración, nuestra voluntad constructiva siempre que haya unos mínimos encima de la mesa para apuntalar la investigación pública y que el compromiso no sea solo del señor Escolano, que sea de todo el Gobierno, incluido el señor Montoro, que es responsable de tres de los cuatro puntos que solicitamos hoy en nuestra moción y que se corresponden exactamente con las demandas de nuestros centros públicos de investigación.

La pelota, señorías, está por tanto en el tejado del Gobierno. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Martínez.

Para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo interviene, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora González Veracruz.

La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.

Como siempre es positivo y una buena noticia que volvamos a hablar de ciencia en este Parlamento, últimamente lo hacemos con bastante frecuencia y eso hace que en los últimos meses hayamos dicho muchas cosas aquí. Hemos interpelado a De Guindos cuando salía, después de seis años de no ocuparse de la ciencia, y hemos preguntado a Escolano, el nuevo ministro, al que vamos a seguir dando una oportunidad pero que por el momento no parece que haya venido a ocuparse de la ciencia. Pero sobre todo hemos escuchado a Mariano Rajoy decir aquí -preguntado por el Grupo Parlamentario Socialista en sesión de control- que desde 2014 este Gobierno ha priorizado la ciencia, una prueba más de no entender nada de lo que estaba sucediendo, porque en 2014 precisamente esa burocratización, esa persecución, esa fiscalización previa a los laboratorios eran una realidad, una decisión de Rajoy y de Montoro que ya tendría que ser pasado porque esta Cámara ya había aprobado que se terminara, pero hoy tenemos que volver a apoyar aquí esta propuesta porque sigue siendo una realidad. Pero no hay nada mejor que lo que dicen los científicos. Hoy me voy a remitir más a lo que dicen los científicos y las científicas que a lo que los parlamentarios venimos denunciando y trabajando con tesón en esta Cámara porque, más claro, agua. En defensa del IEO, el Instituto Español de Oceanografía, trescientos científicos y científicas hablan de agonía en la ciencia y explican que en 2013 se podía ejecutar el 90 % del presupuesto, pero ahora, en 2017, solo pueden ejecutar el 50 % precisamente por las trabas burocráticas que es urgente eliminar. Después manifiesto del INIA, trescientos investigadores e investigadoras más hablando de parálisis del trabajo en los laboratorios. Y el más reciente, los investigadores del Instituto de Salud Carlos III: La ciencia se muere. Y un lazo negro. Que no, señorías, que esto no es una cosa de una fundación, que no es una cosa de un partido, es un clamor de científicos y científicas a los que les cuesta mucho movilizarse y que además lo hacen con mucho rigor, y que antes de llegar a este punto ya han recorrido despachos, han hablado con sus direcciones y han intentado lo único que quieren, que es poder investigar en muchísimos casos con el dinero que consiguen fuera, ni siquiera con el dinero que aquí les están negando recorte tras recorte y paupérrima ejecución tras paupérrima ejecución. (Aplausos). Yo quiero agradecerles, el Grupo Parlamentario Socialista quiere agradecerles desde aquí que se hayan movilizado, que muchos responsables de centros que no salen en los medios de comunicación estén yendo al ministerio, como hicieron el pasado diciembre, a una reunión de la que hoy, en mayo de 2018, todavía no tienen respuesta, para buscar soluciones integrales. Y también quiero decir muy claramente porque tengo y tenemos la conciencia tranquila que el Parlamento está haciendo los deberes y que la responsabilidad de cumplir con lo que aquí estamos decidiendo es del Gobierno, que está en una anomalía democrática que no se debería permitir, porque la soberanía popular está hablando y respaldando a los científicos una y otra vez. Lo que hoy estamos aprobando ya se ha aprobado en Comisión y no es una realidad; al Gobierno le entra por un oído y le sale por el otro lo que aprueba este Parlamento. Como también aprobamos por acuerdo en la moción que lideró el Grupo Parlamentario Socialista en marzo de este mismo año algunas de las enmiendas que hemos propuesto y que esperamos que el Grupo de Podemos acepte, tan importantes como la homologación de la carrera profesional de ochocientos investigadores que tenían que haber visto cumplida la Ley de la Ciencia en 2014, y hoy sabemos por los


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Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno no pretende cumplir con sus derechos ni reconocerles algo que necesitan precisamente para competir en el resto de Europa.

Termino. Recortes, falta de ejecución presupuestaria, pero también una burocratización que está demostrando que este Gobierno no entiende lo que sucede en los laboratorios. No entiende la necesidad de otro modelo económico para este país y para nuestro futuro y lo demuestra en los Presupuestos Generales del Estado. Por eso yo hago un llamamiento a la esperanza, pero sobre todo al Partido Popular, que es quien tiene que cambiar sus políticas, y al Grupo Ciudadanos. Si atendieran a las enmiendas, estudiadas y razonables, que presentamos los grupos de la oposición, la realidad a partir de estos Presupuestos Generales del Estado sería muy diferente: sin intervención previa en los organismos públicos de investigación, con los derechos de ochocientos investigadores que tendrían que tener su carrera homologada desde 2014 y con un plan de retorno del talento, que es urgente en nuestro país. El Parlamento está haciendo sus deberes y al Gobierno le toca cumplir. Entonces tendremos ese pacto por la ciencia tan importante porque las políticas serán realidades, como necesitan los científicos y los centros de investigación.

Muchísimas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora González.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bravo Baena.

El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, como ustedes entenderán, la visión del Partido Popular difiere bastante de la que hemos oído aquí. Comenzaré afirmando que compartimos con ustedes el interés por seguir mejorando nuestro sistema de I+D+i. Ha sido, es y será una prioridad para este Gobierno. Y permítame que fundamente dicha afirmación reproduciendo unas declaraciones tanto del anterior ministro, el señor De Guindos, como del actual, el señor Escolano. Decían: El Gobierno es plenamente consciente del papel que la I+D+i juega y está llamada a jugar como palanca del futuro de la economía española. Ese es nuestro compromiso con la I+D+i. Ustedes, en sus distintas proposiciones, hablan de aspectos muy diversos. En primer lugar, ejecución. Ya les ha explicado el ministro y la secretaria de Estado que tenemos que distinguir la parte de subvención de la parte de préstamos, y en la parte de ejecución hablamos de un 98 % en el último año. Son datos más que positivos. Y si hablamos de préstamos, estamos de acuerdo. La absorción por parte de las empresas no ha sido la esperada y por eso tienen el compromiso del ministro en primera persona de que se va a reformar esa cuestión para hacerla más cercana y más asequible a las empresas. No debemos utilizar los datos de manera desagregada ni confundir a la opinión pública y no hablemos mal de un sector que es y será el futuro. ¿Propuesta? Probemos a hablar bien de lo nuestro sin perder la exigencia. (Aplausos).

En segundo lugar, hablan de los OPI, de exceptuar los convenios. Saben que hay una convocatoria para un grupo de trabajo entre la secretaría de Estado y los OPI, con lo cual entendemos que su propuesta está aceptada. En cuanto al control financiero y la intervención previa, saben que ha habido reuniones entre las secretarías de Estado. ¿Y qué hemos conseguido? ¿O qué han conseguido? ¿O qué hemos conseguido todos? El ministro se lo dijo: se está trabajando en un régimen de justificación simplificado para los OPI. Y no solamente eso. Si todos nosotros somos capaces de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado para 2018, ¿saben lo que recoge su disposición final decimoséptima, apartado 8? La modificación del artículo 149 de la Ley General Presupuestaria, que permitirá sustituir la intervención previa por el control financiero permanente. (Aplausos). ¿Por qué seguimos contando lo que no es? ¿Por qué no nos leemos los presupuestos? ¿Por qué no lo queremos hacer?

Hablan del contrato del personal, del INIA y del CNIO, pero no dicen que eso se arregló en diciembre. A alguien, cuando hizo la Ley de la Ciencia, se le olvidó incorporar a las fundaciones y a otros organismos y ha tenido que venir el Partido Popular a arreglarlo. Por eso no ha salido personal de esos centros. Pero no solamente eso. Se les olvida cuando dicen que se pierde personal que la oferta de empleo público desde 2015 tiene una tasa de reposición en ciencia del cien por cien. Desde 2015 no se pierde a nadie y en lo que se haya perdido antes algo tendrá que ver la crisis. Además, artículo 19, programa de estabilización para el personal interino. ¿Les parece bien que estabilicemos al personal interino para dejarlo en 2020 por debajo del 8 %?

Más datos positivos para la ciencia que ustedes no quieren contar, pero nosotros sí. Disposición adicional trigésimo séptima, investigadores de los OPI. Se les reconocen sus sexenios y quinquenios desde el 1 de enero de 2018 en adelante. Se tenía la duda de si era desde el 1 de enero de 2014. Tenemos


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una sentencia del Tribunal Supremo que lo ha solucionado. Desde el 1 de enero. Ya está, está solucionado. ¿Tan difícil es contar la verdad? Hay problemas y tenemos muchos, pero contemos lo bueno y no solamente lo malo. (Aplausos).

Aprobación del contrato de gestión del CSIC. Ustedes saben que se aprobó el último borrador en marzo y que se ha remitido a Hacienda. ¡En marzo! Si lo saben, ¿por qué contamos esto? ¿Para generar alarma? Yo creo que no es bueno. Nombramiento del presidente del CSIC. Es una institución científica. ¿Por qué la tenemos que politizar? Si hay otros organismos internacionales o universidades en los que se hace de la misma manera, ¿por qué tiene que ser el CSIC? ¿Tanto les molesta? Nosotros estamos de acuerdo en una valoración científica internacional, pero no en politizarlo; ahí no podemos estar de acuerdo.

Es verdad que nosotros vamos a ver siempre el vaso medio lleno. Siempre lo vamos a ver medio lleno porque es la actitud del Partido Popular: siempre positiva; si me permiten, nunca negativa. Les digo que tienen el ofrecimiento del Gobierno, el ofrecimiento del ministro, el ofrecimiento de la secretaría de Estado y el ofrecimiento del Partido Popular. ¿Para qué? Para un acuerdo parlamentario por la ciencia, para un pacto por la ciencia o como lo quieran llamar, que nos da exactamente igual. Llámenlo como ustedes quieran, pero arreglemos los problemas. ¿Saben ustedes? Nosotros no tenemos mayoría absoluta y no podemos hacer las cosas solos. Esto no depende solamente del Estado ¿Y las comunidades autónomas? ¿No dependen de ustedes las comunidades autónomas? ¿Y las universidades? Esto nos afecta a PSOE, Podemos, Ciudadanos, Esquerra Republicana, PDeCAT, etcétera. Nos afecta a todos y lo tenemos que hacer entre todos.

Hay tres puntos importantes. Uno es la financiación para alcanzar hasta el 2 % del producto interior bruto. Ese es el objetivo que les hemos planteado. ¿Les parece correcto? Sentémonos. El otro día me decía un director de un centro que, aunque solo creciera una décima, en el año 2020 estaríamos en el 1,5 %. Nunca en España se ha invertido en ciencia el 1,5 %. Esto en el peor de los casos y nosotros les ofrecemos hasta el 2 %. En segundo lugar, cuidemos a nuestros investigadores. Es importante cuidar a nuestros investigadores. Es la parte fundamental de este proyecto. Y, en tercer lugar, arreglemos esas cuestiones administrativas que es verdad que hay que mejorar, como la intervención previa. Pero, ¡ojo!, están con dinero público; no sin control, creo que nadie quiere sin control. Es cierto que tenemos margen para mejorar si nos sentamos todos, igual que hemos hecho con la Ley de contratos o que intentamos con el pacto por la educación o con el pacto por la justicia. ¿Por qué no nos sentamos? ¿Por qué no probamos? ¿Tan complicado es para ustedes sentarse con el Partido Popular? ¿O quieren utilizar el argumento de que no hacemos un pacto para tener así un campo en el que pueden criticar al Partido Popular, que es la ciencia?

Permítame que acabe, señor presidente. No podemos ni debemos seguir auspiciando este entorno desfavorable que exclusivamente perjudica a la ciencia. Es cierto que hay crítica sectaria y partidista y no vamos a dejar que intoxique el discurso, pero tenemos importantes retos y peticiones de muchos colectivos que con el esfuerzo de todos -y, repito, de todos- y juntos seguro que los afrontamos satisfactoriamente y dejamos una herencia de la que nos sentiremos muy orgullosos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bravo.

En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene en primer lugar la palabra el señor Martínez Oblanca.

El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.

Esta moción desdeña muchos de los avances que se han conseguido tras superar paulatinamente una parte de la crisis económica que asoló la economía nacional con graves impactos en todos los sectores y, específicamente, en la investigación pública. El avance más significativo llegó con la aprobación a finales del pasado año del Plan estatal de investigación científica y técnica y de innovación 20172020, que fue el resultado de una consulta generalizada, amplia y participativa, en la que se expusieron -entre otros muchos aspectos- los obstáculos administrativos y financieros que padece crónicamente la investigación pública y para los que se han ofrecido respuestas que, en términos de recursos económicos, se visualizan en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2018 que ustedes, señora Martínez Rodríguez, han anunciado que votarán en contra incluso sin conocerlo. Varias de las propuestas que se plantean en la iniciativa ignoran el marco presupuestario señalado en el plan estatal y retroceden -caso de algunos de los apartados del punto número 2 de la moción- a la aplicación de medidas legislativas de principios de siglo muy anteriores a la reforma constitucional en la que se modificó el


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artículo 135, que es el que condiciona desde 2011 la normativa administrativa, financiera y presupuestaria de nuestras instituciones y organismos públicos.

Consideramos que el Gobierno precisa margen de confianza y tiempo para aplicar este recién aprobado plan y sus cuatro programas estatales. Esto incluye también la necesidad de estabilidad en las agencias estatales para que no sean objeto de zarandeo. Con la moción de Podemos se quiere trastocar el sistema de nombramiento del presidente del CSIC, que es el mayor organismo de ciencia de España y uno de los más importantes de Europa, pero no vemos más que desventajas en que ahora semejante elemento de incertidumbre se promueva proporcionando grandes cambios en el proceso de selección, apenas seis meses después de ser nombrada -por cierto, por vez primera en España- una mujer como presidenta del CSIC en setenta años de historia.

En definitiva, salvo otro texto transaccional, me abstendré en la votación de esta moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.

El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, president.

A los niños se les pregunta muchas veces qué quieren ser de mayores. ¿Qué quiere ser de mayor este país? ¿Qué futuro queremos? Es evidente que si queremos un futuro mayor, debemos apostar por un nuevo modelo productivo basado en la apuesta decidida por la investigación y la innovación. Si queremos ser un país puntero, debemos entender esa conexión fuerte que existe entre inversión en ciencia y nivel de vida. Si eso lo entendemos, ¿qué es lo que hay que hacer? Más inversión.

Estuvieron los científicos aquí, en el Congreso, presentando 275 000 firmas. A pesar de la vehemencia del diputado Bravo, yo estoy dispuesto a sentarme cuando quiera y donde quiera para hablar sobre esto, y entiendo que es justamente lo que tenemos que hacer, pero también hacerlo posible en los presupuestos porque, como dicen en mi tierra, amb diners, torrons, con dinero, turrones. Quiere decir que si queremos avanzar, hay que dotar. Y luego un segundo factor que yo creo que es muy importante para que la ciencia pueda trabajar es intentar reducir las trabas. Me lo han dicho muchos científicos, me lo han dicho en muchas universidades, tenemos serios problemas para poder trabajar. Estamos más pendientes de justificar que de la investigación y por eso hay muchos centros en los que se paralizan investigaciones y muchos investigadores -y acabo- que se desaniman.

Por tanto, las medidas que propone el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea nos parecen razonables y por ello las votaremos a favor.

Moltes gràcies, senyor president.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Baldoví,

Por el Grupo Parlamentario Mixto, interviene el señor Bel Accensi.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Rápidamente, pues tengo dos minutos y no voy a poder a hacer una intervención extensa. Nosotros vamos a apoyar la iniciativa y eso no quiere decir que no reconozcamos que alguna cosa se habrá hecho bien, pero también reconocemos que hace falta autocrítica, de verdad. Ya lo hemos discutido en diferentes ocasiones, si hay alta ejecución en el capítulo 4 y en el capítulo 7 y baja ejecución en los capítulos de préstamos, la solución es fácil, pasen al capítulo 4 y capítulo 7, que ahí ejecutan bien. No hay voluntad, de verdad, no hay voluntad. El nuevo ministro dijo: vamos a reformar el sistema para incentivarlo. Pues bien, esperaremos, pero hay problemas y en la contratación se han resuelto algunos, sí, pero eso no quiere decir que no continúe habiendo otros. El ministro lo reconoce; tenemos un problema con la contratación indefinida no fija y este problema no está resuelto. Con la Ley de Contratos hemos mejorado algunas cosas y, sinceramente -y todos somos responsables-, hemos empeorado algunas otras y se tendrán que solucionar. Por tanto, entendemos que esta moción es positiva, que plantea algunos retos que tendremos que afrontar y, en consecuencia, la vamos a apoyar.

Finalizo. Es verdad -lo decía el portavoz del Partido Popular- que aquí todo el mundo tiene su cuota de responsabilidad. La tienen determinados Gobiernos, y el Gobierno de la Generalitat también, pero debo lamentar hoy que el conseller responsable de esta área esté encarcelado en estos momentos en Estremera junto a otros compañeros, cuando compañeros suyos no han sido tratados de igual forma ni en Suiza, ni en Bélgica, ni en Alemania, ni en Escocia. (Aplausos). En todo caso, vamos a continuar


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trabajando. Nosotros tenemos iniciativas en la misma dirección que presentaremos en la Comisión de Economía esta semana. Esperemos que estas y todas las iniciativas a favor de la ciencia, provengan de quien provengan, acaben siendo aprobadas y aplicadas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bel.

Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. Arratsalde on.

Antes de argumentar nuestro voto, quiero decir algo que ya conocen sus señorías, motivo por el que también entenderán el sentido del mismo. En Euskadi tenemos competencia exclusiva en promoción, desarrollo económico y planificación de la actividad económica de nuestro territorio, de acuerdo con la ordenación general de la economía, y disponemos, por tanto, de competencia exclusiva en investigación científica y técnica, en coordinación con el Estado. Podemos hoy nos presenta una moción que engloba distintas problemáticas surgidas en torno a la I+D+i; algunas se han abordado en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad y otros grupos políticos también las han planteado a través de proposiciones no de ley.

Por un lado, la moción nos habla de la baja ejecución presupuestaria y de que hay que realizar un análisis para conocer los motivos de la misma. Desde luego, es necesario hacer una reflexión, conocer por qué las empresas no solicitan aquellos créditos destinados a políticas de I+D+i, cuya cuantía aumenta el Gobierno. Hay que analizar su eficiencia para que las necesidades orientadas desde la demanda converjan con las impulsadas por los avances de la oferta científico-tecnológica generada. En definitiva, para fomentar la investigación aplicada se requiere mayor conexión entre empresas, universidades y centros de I+D+i. Pero también hay que decir que al hilo de esto, el propio ministro, el señor Escolano, en su primera comparecencia en la Comisión de Economía, ya nos comentó que se iba a realizar un repaso de los instrumentos de financiación de la innovación para ver si se estaban ofreciendo los productos que realmente tienen las empresas.

Es una moción, como he dicho, que engloba algunas problemáticas, a las que -hay que reconocerlo- la propia secretaria de Estado de Ciencia ha intentado dar solución, como, por ejemplo, al sistema de contratación, que se abordó también en diciembre, y, por tanto, a su flexibilización, así como la necesidad de modificar el sistema de intervención para que la gestión de estos organismos públicos de investigación que tienen unas particularidades más concretas sea mucho más fácil. Desde luego, entendemos que hay que agilizar el sistema de fiscalización, sobre todo para aquellos proyectos que normalmente concurran a distintas ayudas en régimen de concurrencia competitiva para los que la burocracia puede suponer un lastre, porque todos somos conscientes de que los tiempos en la Administración son excesivamente amplios y a veces incompatibles con lo exigido por otras instancias, como, por ejemplo, la europea. De lo que se trata es de eliminar esas cargas administrativas que poco aportan al sistema de I+D+i. En este sentido, también se puede observar un pequeño paso en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2018, porque ya se establece en la disposición final decimoséptima una modificación para acotar esa intervención o fiscalización. En cuanto a las excepciones planteadas en la moción, a pesar de estar de acuerdo con algunas de ellas, creemos que es preciso abordarlas de forma coordinada con las entidades de este sector, pues de lo que se trata no es solo de que se haga un buen uso del dinero público, sino también de un control adecuado del mismo, y todo se puede conseguir con diálogo y acuerdos.

Por último, respecto a los cambios normativos planteados para modificar determinados nombramientos, quisiera comentar que, evidentemente, es bueno todo aquello que implique independencia y profesionalidad, pero desconocemos si la propuesta de una valoración científica internacional puede suponer también un alargamiento de plazos para esa selección y, por tanto, una traba administrativa más. En todo caso, siempre nos parecen bien las iniciativas en las que se apueste por la I+D+i y que traten de conllevar, además, una implicación y una participación mayor de las entidades de este sector, que son las que verdaderamente conocen y sufren los problemas en el día a día y las que pueden ayudar a conseguir un sistema de I+D+i más eficiente. El Estado debe desarrollar un modelo propio y eficiente de gestión de I+D+i que consiga una adecuada relación público-privada que asegure tanto reformas económicas como sociales.

Esta moción parece adecuada en el sentido de que trata de flexibilizar el sistema actual, aunque desde luego nosotros abogamos por ir más allá, por un modelo descentralizado acorde con la arquitectura


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institucional del Estado y que incentive la coordinación y cooperación entre comunidades autónomas y las diferentes iniciativas que ya existen en algunos territorios, como las comunidades autónomas vasca y navarra. Por lo que, tal y como he dicho al principio, teniendo competencia en esta materia, en principio nos vamos abstener.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.

El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.

Señor Bravo, recurre usted al recurso dialéctico del vaso medio lleno o medio vacío. Siempre he tenido la impresión de que lo ve medio lleno el que se ha bebido el medio que falta, pero es solo una sensación. Además, le propongo una tesis. En el debate del 'que inventen ellos' temo mucho que Unamuno ganó a Ortega. Hoy debatimos esta moción consecuencia de interpelación urgente al ministro. Qué pena que no haya podido asistir porque se han dicho cosas muy interesantes. Desde aquel debate de Ortega y más recientemente, la I+D+i no es noticia por su buena salud, que es lo que debería ser, sino porque el sistema está comenzando a resquebrajarse. De ello tiene buena parte de culpa -de la parte reciente- el señor Montoro. El nuevo ministro que acaba de llegar ya está tomando el pulso a su ministerio y seguro que observa cómo desde otros ámbitos de su Gobierno no han sido capaces de apreciar aún la importancia de la I+D+i para la educación, para la economía y, en definitiva, para perfilar el modelo de país en el futuro. Una prueba más de la falta de pulso que nuestro portavoz ponía de manifiesto en un memorable discurso en el debate de enmiendas a la totalidad a los presupuestos, que actualizaba lo que Silvela expresaba ya hace más de un siglo: sin pulso.

Déjenme contarles que la política pública catalana de investigación desde finales del siglo pasado ha tenido una visión continuista, pese a cambios de Gobierno, basada en dos pilares: la confianza en el talento y la flexibilidad de las estructuras. La confianza en el talento, tanto el atraído como el generado, sin atender a su origen y a su nacionalidad; y la flexibilidad en las estructuras para que se puedan adaptar los requerimientos y competencia internacional a la captación de recursos económicos y atracción de talento competitivo. Ello ha llevado a la ciencia catalana a obtener unos resultados notables en la ERC, que no son solo las siglas de mi grupo parlamentario, sino de la European Research Council, lo que ha comportado que Cataluña obtenga en la convocatoria de 2007-2017 un total de 269 ayudas ERC, un 3,18 % del total.

En resumen, como decía, confianza y flexibilidad. Además, esta confianza supone que los controles deberían estar más orientados a los resultados que a la burocracia. No es cuestión tanto de analizar recibos de billetes de tren como de contar los artículos que se producen y las patentes que se generan. Pero también implica tener claro que la investigación es una actividad económica y de impacto económico más allá de las ventas directas de servicios científicos, y que no se puede obviar el aprovechamiento del conocimiento generado y el personal formado que el ecosistema de investigación pone a disposición del tejido productivo. Recientemente, hemos visto cómo se van sumando nuevas demandas al vaso medio vacío. Ya le han citado a usted de Summa, de Asebio, y de la CRUE, entre otros múltiples manifiestos y peticiones de todo tipo. Por ello, además de incrementar la inversión en I+D+i, es necesario desbloquear los problemas administrativos que actualmente están afectando a las entidades y que comportan dificultades en cuanto a las inspecciones de IVA, en cuanto a la contratación pública o en cuanto a la contratación de personal. Esta última es especialmente importante porque el talento que se está desaprovechando es inmenso, condenando a muchos jóvenes a un exilio científico no deseado por nadie.

Al final, resulta que la realidad le estropea al PP cualquier buena intención que quiera mostrar. Justo hoy nos levantábamos con un titular que decía que el Gobierno sigue dando la espalda a la I+D+i y recorta 500 millones del presupuesto en solo tres meses. Los datos de la IGAE revelan que el Gobierno ha decidido recortar el presupuesto dedicado a la investigación en casi 500 millones y, para más inri, de los 4100 millones solo se han invertido 165 en los primeros tres meses del año, es decir, solo el 4 % del presupuesto. Ante este escenario, los científicos se preguntan -porque los científicos suelen hacer preguntas- para quién hacen ustedes los Presupuestos Generales del Estado.

Desengáñese, señor Bravo, en el debate del "que inventen ellos", Unamuno ganó a Ortega, y mucho me temo que el PP ha venido a corroborar mi tesis.

Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Capdevila.

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez García.

El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.

Podemos coincidir con ustedes, señores de Podemos y señores del Partido Socialista, en que para este Gobierno la ciencia, la investigación y la innovación no son una prioridad. Por desgracia, también es cierto que al señor Rajoy le falta la iniciativa y el liderazgo que, por ejemplo, tuvo el presidente Obama con su proyecto Brain o el que actualmente tiene el presidente Macron con su proyecto sobre inteligencia artificial. En esto estamos de acuerdo y también estamos de acuerdo en que está generando un grave problema y un grave perjuicio para nuestro país, porque nuestro futuro, nuestro progreso, depende de la ciencia y de la innovación. Si de verdad queremos crecer, si de verdad queremos progresar, si de verdad queremos generar empleo, debemos apostar firme y decididamente por la ciencia y la innovación para intentar alcanzar a los países más punteros de nuestro entorno, porque sin ciencia no hay futuro.

Todo eso es cierto, como también son ciertos los déficits del sistema de ciencia español que ustedes señalan en su moción, pero ante esta realidad, ante estos hechos, hay dos formas de actuar. Está la forma de Podemos y la forma del Partido Socialista, que consiste en presentar PNL y mociones, escribir tuits, hacer vídeos, manifestarse, todo lo cual está muy bien y por supuesto es legítimo, pero a la hora de la verdad no tiene consecuencias jurídicas, no tiene consecuencias prácticas y, por tanto, no cambia nada. La otra opción es la que hace Ciudadanos, que es sentarse, intentar negociar, intentar ponerse de acuerdo con los que no piensan como tú, con los que no apuestan por la ciencia, pero intentando negociar para cambiar las cosas de verdad y ser útiles para los españoles. Porque, señores de Podemos y señores del Partido Socialista, como de verdad se cambian las cosas aquí, como de verdad se cambian las cosas en esta Cámara es aprobando iniciativas que luego tienen una transferencia en el BOE. Y aunque aprobemos esta moción, por desgracia, no se aprobará en el BOE y no tendrá consecuencias prácticas. Pero tenemos una oportunidad, la oportunidad de los presupuestos, en los que podemos mejorar nuestro sistema de ciencia. A esos presupuestos Ciudadanos ha presentado una serie de enmiendas, algunas de las propuestas que aparecen en la moción de Podemos y algunas otras más. Hemos presentado enmiendas para eliminar algo tan reclamado por nuestro sistema de ciencia como es la intervención previa para los OPI; para aumentar la flexibilidad en la contratación de personal; para modificar la Ley de Contratos del Sector Público, para introducir la excepción a la ciencia a la hora de realizar contratación de suministros. También hemos presentado una enmienda para aumentar el plazo de los convenios de colaboración y que pase a diez años; para introducir una regulación específica para los consorcios estratégicos, y para eliminar el requerimiento de autorización por parte del Consejo de Ministros para realizar aportaciones a proyectos, programas y organismos internacionales. Pero, ¿saben lo triste y lo dramático de todo esto? Que cuando estas medidas, cuando todo esto se vaya a votar, cuando todos estos cambios puedan ser reales, cuando pueda haber mejoras reales para nuestra ciencia, ustedes, señores de Podemos y señores del Partido Socialista, votarán no. Ustedes darán al botón rojo y lo harán porque son incapaces de negociar y de pactar. Y en un escenario como el que vamos a vivir, los que no sean capaces de pactar y de negociar con los que no piensan igual, no estarán; estarán inhabilitados para gobernar. (Aplausos).

Por eso, señorías, ya les decimos que votaremos a favor de esta moción, pero les pedimos que cuando lleguen los presupuestos y cuando sea el momento de votar piensen que con su no estarán votando en contra de muchas de esas medidas que ustedes llevan en esa moción y que son buenas y altamente reclamadas por nuestra ciencia.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Gómez.

En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto a la señora Martínez Rodríguez si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.

La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Sí, estamos transaccionando con las presentadas por el Partido Socialista. Haremos llegar la transaccional a la Mesa y a los otros grupos políticos.

El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias.

Se suspende la sesión, señorías.

Eran las ocho y treinta minutos de la noche.

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