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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 93, de 12/01/2017
cve: DSCD-12-CO-93
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 93
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO FRANCISCO PRADAS TORRES
Sesión núm. 3 (extraordinaria)
celebrada el jueves,
12 de enero de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Comparecencia del señor ministro de Hacienda y Función Pública (Montoro Romero) para:

- Informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000011)... (Página2)

- Informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000099)... (Página2)

- Informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/000114)... (Página2)

- Informar sobre las prioridades del Gobierno para la presente legislatura en las materias de Hacienda y Función Pública. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/000130)... (Página2)

- Informar sobre las líneas generales de actuación de su ministerio en la XII Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 213/000168)... (Página2)

- Informar sobre las líneas generales de actuación de su ministerio en la XII Legislatura. A petición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 213/000183)... (Página2)


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Se abre la sesión a las doce del mediodía.

El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Quiero felicitarles el año a todos en esta primera sesión que celebra la Comisión en 2017.

En primer lugar, quería darle la bienvenida al ministro, señor Montoro. Se trata de una comparecencia que ha sufrido algunas demoras y que al final se ha concretado en el día de hoy. Creo que es una buena forma de empezar el año que el ministro comparezca en una Comisión que creemos que va a tener mucha importancia a lo largo de los próximos meses.

Prácticamente todos los grupos han solicitado la comparecencia para tratar temas generales del departamento y, por tanto, lógicamente se van a acumular todas las peticiones, con una primera intervención del ministro. Voy a ser flexible en los tiempos de intervención de los grupos; normalmente se otorgan unos diez minutos, pero creo que podemos llegar a doce o trece minutos sin problema. Prácticamente todos los grupos, como decía, han solicitado la comparecencia y vamos dar un margen para que puedan intervenir, aparte de que hay grupos que incluso van a dividir la intervención entre tres portavoces. Les pido, eso sí, a esos dos o tres portavoces que se atengan al tiempo total de la intervención para no alargar en demasía esta Comisión. Hay una petición que me hace la compañera del Grupo Vasco de intervenir fuera de su turno, porque tiene que irse a las dos y media; intentaremos que así sea para que pueda atender su agenda en el día de hoy. Empezaríamos con la solicitud inicial, aparte de la intervención del ministro, que sería la del Grupo Socialista. Entiendo -y así lo hemos hecho en la anterior legislatura- que el orden de intervención se hace en función de la solicitud de comparecencia, es decir, por el orden en que ha sido solicitada. Según consta en el orden del día -se entiende que en ese orden han entrado las convocatorias-, intervendrían el Grupo Socialista, Ciudadanos, Grupo Mixto, Esquerra y Grupo Vasco, y cerraría el Grupo Popular. ¿Están de acuerdo los portavoces? (El señor Garzón Espinosa pide la palabra).

Señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Por lo que he entendido, se haría en virtud de las solicitudes y no del tamaño del grupo; sería en función del tamaño del grupo pero también de las solicitudes.

El señor PRESIDENTE: Es que hay dos grupos en concreto que no la han solicitado, que es el caso de su grupo y el del Grupo Popular, aunque sí hay una petición del Gobierno. Por ello, su grupo intervendría en penúltimo lugar y el Grupo Popular en el último.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Que conste que no estamos de acuerdo, porque en otras comisiones se ha mantenido un procedimiento distinto y además, independientemente de la petición de la comparecencia, entendemos que es evidente que nuestro grupo estaba interesado en que el ministro de Hacienda compareciera, y así lo hemos hecho saber en diversas intervenciones en Pleno y Comisión. En cualquier caso, esa es nuestra posición.

El señor PRESIDENTE: Que así conste. En cualquier caso, no hay constancia efectiva de petición de comparecencia. Hay una solicitud de su grupo para que comparezca el ministro sobre temas de haciendas locales, que no es competencia de la Comisión. No obstante, se toma nota de la observación.

El señor ministro tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Comparezco ante esta Comisión al comienzo de la legislatura para informarles sobre las líneas generales que tiene previsto desarrollar el Ministerio de Hacienda y Función Pública en la XII Legislatura, unas líneas generales que, como no puede ser de otra manera, son coherentes con la política económica y presupuestaria desarrollada los últimos cinco años, que es la que está impulsando a España a superar la crisis económica y nos está situando a la cabeza del crecimiento de las grandes economías de la zona euro, del mundo desarrollado y sobre todo a la cabeza de la creación de empleo. Cuando hablo de una política coherente, no estoy diciendo que sea inmóvil o rígida, sino que se trata de una política que, partiendo de unos principios fundamentales, como son la garantía en la eficacia de la prestación de los grandes servicios del Estado, la protección social, la apuesta decidida por la estabilidad presupuestaria o la equidad tributaria, siempre tiene que estar en evolución, acompañando a los nuevos escenarios, que no son solo los políticos, sino los económicos, a los que está respondiendo y que se van abriendo en


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España y en el resto del mundo. Por tanto, las políticas del conjunto del Gobierno, pero también, en concreto, del Ministerio de Hacienda y Función Pública deben ser flexibles para dar las respuestas más adecuadas al momento, a la necesidad y a la demanda que expresan los españoles.

En realidad, como decía el presidente, hemos tenido cierta demora en la convocatoria de esta primera comparecencia en la Comisión, pero es bienvenida por una razón, porque se da la circunstancia de que eso permite que comparezca una vez que ya esta misma Cámara -por tanto, los grupos políticos aquí presentes, se ha pronunciado sobre los objetivos de déficit y de deuda pública que acompañaron al límite de gasto de Estado para los ejercicios 2017, 2018 y 2019. En resumen -ya saben que tampoco me caracterizo por los resúmenes, pero es por presentarlo de una manera resumida y cifrada- (Risas), los objetivos del Gobierno y, en concreto, del Ministerio de Hacienda y Función Pública son los mismos que ya ha votado esta Cámara en términos de déficit y de corrección de deuda pública del ejercicio 2017 al ejercicio 2019, donde con una votación a favor como nunca antes se había registrado en la democracia española, con 251 votos favorables, se determinó la senda de corrección del déficit público de nuestras administraciones públicas desde el 4,6%, con el que cerraremos el ejercicio 2016, hasta el 1,3% en el ejercicio 2019, lo que significa que para el año 2020 podemos aspirar a que administraciones públicas de España estén en equilibrio presupuestario. Esto resume muchísimo el enfoque, todo lo que es el contenido y lo que debe ser el recorrido de las políticas que vamos a desarrollar desde el Gobierno y que también tienen que coincidir, como hemos hecho en la votación de los objetivos, con la mayoría de los grupos políticos de esta Cámara. Por eso decía, señor presidente, que bienvenido sea el retraso. Es la primera vez que un ministro asiste a la presentación de su proyecto y que se pueda resumir de esta manera cuando la Cámara ya ha votado a favor de esa corrección del déficit y de la deuda pública de nuestro país y lo ha aprobado por una abrumadora mayoría en esta Cámara, 251 votos, y también en el Senado de España, donde, como saben, el 85% de los votos lo fueron a favor de esta senda.

Quiero explicar que la corrección del déficit público que vamos a acometer en esta legislatura obedece a unos objetivos económicos diferentes a los de la X Legislatura, completamente diferentes. Repito que en mi condición de ministro, en este caso de Hacienda y Función Pública, pero hace cinco años ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, ya tuve ocasión de explicar en mi primera comparecencia que el objetivo del conjunto de la política económica de España tenía que ir dirigido a reducir el endeudamiento del sector privado de la economía española en aquel momento, a desapalancar a empresas y familias que estaban excesivamente endeudadas en nuestro país. Eso es lo que nos había hecho tan vulnerables a la crisis financiera que arranca en el mundo en el año 2007. Pues bien, cinco años después esta ya no es la cuestión. El sector privado de nuestra economía ha desapalancado entre 400.000 y 450.000 millones de euros, más de 40 puntos de producto interior bruto, casi dos terceras partes las empresas no financieras y 147.000 millones de euros las familias. Este es un gran cambio que hace que la prioridad tenga que ser que desapalanque el sector público, que es el que hoy mantiene un nivel de deuda muy alto, la deuda pública más alta de nuestra historia. Pues bien, entre todos tenemos la obligación de reducir ese nivel de deuda pública para fortalecer el crecimiento económico de nuestro país a través de la mejora de la financiación de nuestras empresas y de nuestras familias, a través de lo que ya está ocurriendo en el escenario económico de España, donde ya hay un crecimiento económico fundamentado en la inversión y en la formación de bienes de equipo, lo que está haciendo que nuestro país sea cada vez más competitivo y que tengamos un nivel de exportaciones que también tiene un máximo histórico en España. Nunca habíamos exportado hasta el 33% de nuestro producto interior bruto, como marcan nuestras exportaciones, y eso está haciendo que por primera vez en España llevemos cinco años de balanza por cuenta corriente positiva frente al resto del mundo, lo que significa que estamos viviendo un crecimiento económico saludable, muy sano, que está expresando que la economía está ganando competitividad. Y, lo que es más importante, la dimensión social de ese crecimiento: todo el crecimiento económico se está yendo al empleo, como hemos visto en el cierre del año 2016. Medido en términos de afiliación, en España hay 540.000 personas más que tienen un empleo y están cotizando a la Seguridad Social que en diciembre del año 2015. Este año 2015 fue a su vez bueno y muy positivo, ya que otras 500.000 personas encontraron empleo. Esa senda de recuperación económica compatible con un saldo positivo de nuestro sector exterior e intensiva en creación de empleo es el objetivo de la política económica y presupuestaria, es el objetivo que da lugar a toda la acción de gobierno y a la política de reducción del déficit público a la hora de elegir el camino más eficaz que, cumpliendo con esa senda de reducción del déficit, nos lleve a fortalecer el crecimiento económico y la creación de empleo. Los ciudadanos son los protagonistas de esa política, la política de la Hacienda pública, la política del Estado. Son protagonistas porque además de ser destinatarios


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de esa política son los sujetos activos, son los que con sus decisiones de inversión, de ahorro y de consumo, con su confianza o con su pérdida de confianza, están dando o quitando la razón a quienes tenemos las responsabilidades de la toma de decisiones en el ámbito de la política económica, como es la que corresponde a esta Cámara.

En consecuencia, las líneas maestras a desarrollar serán, en primer lugar, las relativas a la presentación de un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, prolongación de lo que ya aprobó la Cámara en la fijación de objetivos de déficit y de deuda y de lo que ya fue informada en relación con el límite de gasto del Estado, que es el primer paso para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Este proyecto de Presupuestos Generales del Estado es muy exigente, puesto que el año 2017 es el ejercicio más difícil para llevar adelante la reducción del déficit público. En este ejercicio tenemos que bajar el déficit del conjunto de las administraciones públicas desde el 4,6%, con el que hemos cerrado el año 2016, hasta el 3,1%. Eso significará una reducción de 16.000 millones de euros en nuestro déficit público. Esta es la senda comprometida con las instituciones europeas y es la garantía de la consecución de los niveles de confianza que necesita nuestro país para asentar la recuperación económica.

A partir de ahí, el año 2018 será más fácil. Esto es así, comenzamos por lo difícil, algo que ocurre a menudo en materia docente. Esto es como si la segunda parte del temario fuera más accesible; es exactamente así, porque una vez cerremos este año y nos situemos en el umbral del 3%, cruzar ese umbral con unos escenarios de crecimiento económico será mucho más accesible, mucho más fácil y, por tanto, en el año 2018 España saldrá de los procedimientos de corrección de déficit excesivo. De esa manera, además de cumplir nuestro compromiso con la estabilidad del euro y con el propio proceso de integración europea, estaremos consiguiendo que el nivel de vigilancia al que estemos sometidos sea muy inferior. Por tanto, ganaremos también capacidad en materia de acción como política nacional.

En consecuencia, la legislatura, por lo pronto, tiene mucho mejor aspecto -estamos hablando obviamente de la situación política-, tiene mucha mejor perspectiva. Nada que ver con lo que hemos vivido en el año 2012. Estamos hablando de conseguir que al final de la legislatura haya 20 millones de ocupados, momento en el que podremos decir que la crisis ha quedado definitivamente enterrada, superada, en nuestro país. Ese es el programa de investidura que presentó el presidente del Gobierno, don Mariano Rajoy, al Pleno de esta Cámara y el que los miembros del Gobierno en nuestros diferentes ámbitos estamos desarrollando.

En este sentido, quiero añadir que a esta legislatura acudimos con un aval, con el compromiso adquirido con Ciudadanos, que recoge propuestas con contenido en materia presupuestaria, que son los que también estamos trabajando en el ministerio en el citado avance de proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Estamos incorporando los compromisos derivados del acuerdo de investidura a lo que será el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, de manera que, como no puede ser de otra forma, iremos cumpliendo con los acuerdos de investidura, así como con los acuerdos que alcanzamos con otros grupos políticos de la Cámara -de menor tamaño, pero sin duda alguna, todos importantes- que iremos desarrollando a continuación.

Quiero decirles que el proyecto del Gobierno es mantener un ritmo en el crecimiento del gasto público inferior al ritmo de la actividad económica medida en términos nominales y derivar la recaudación suficiente para que a lo largo de la legislatura podamos cumplir con nuestro programa político de llevar a cabo determinadas reducciones de impuestos, en concreto la reducción del impuesto sobre la renta de las personas físicas, cuestión en la que coincidimos con otros grupos políticos de esta Cámara, y llevar adelante otro tipo de medidas tributarias que estoy convencido de que también están estudiando y desarrollando en el seno de la Comisión del Pacto de Toledo. Se trata de medidas tributarias importantes, como es favorecer a través de la modificación del IRPF la prolongación de la vida laboral, medida que recogíamos en el programa con el que concurrimos a las elecciones generales celebradas el 26 de junio pasado. Todas estas propuestas pertenecen a la materia tributaria, pero también son objeto de tratamiento en otras comisiones o subcomisiones constituidas en este momento en la Cámara.

A este respecto, quiero decirles que en materia de gasto es muy importante identificar que no nos enfrentamos al desafío de reducción del gasto que hicimos en 2012, año en el que el gasto público del conjunto de las administraciones públicas en España se redujo en 22.000 millones de euros. Esa fue la primera vez en la historia de la Hacienda española en la que se produjo una reducción del nivel de gasto absoluto desarrollado por nuestras administraciones públicas. Esto ocurría en el año 2012, y a pesar de que no vamos a hablar ahora de 2012 porque no es objeto de la comparecencia, estaría a su disposición


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para volver a recordar las circunstancias de dicho año. A partir de ese año lo que hemos estado viviendo en nuestro país ha sido una evolución de nuestro gasto público que me parece conveniente volver a recordar, y lo voy a hacer con las cifras porque -aunque sé que tienen menos éxito que las opiniones y las frases ocurrentes-, hablando de economía y más en una Comisión, las cifras tienen la ventaja de reflejar la verdad mucho mejor que esas opiniones y frases ocurrentes que en tantas ocasiones corren. Las cifras nos dicen que en el año 2011 el conjunto del gasto público -no solo del Estado sino del conjunto de las administraciones públicas- ascendió a 490.261 millones de euros, lo que representaba el 45,8% del producto interior bruto, y que el dinero destinado a gasto social de ese total de 490.261 millones de euros ascendió a 296.481 millones de euros. Gasto social es el relativo a educación, sanidad y protección social, de acuerdo con la clasificación funcional de la Intervención General del Estado.

En el año 2016 el gasto público total -estamos hablando todavía de una estimación pero ya está bastante cerrada- habrá sido 15.458 millones inferior al de 2011. Por tanto, sí ha habido una reducción del gasto público en España al situarse el total en 474.803 millones de euros, que es el 42,5% del PIB, y sin embargo el dinero dedicado a gasto social en el año 2016 ha sido 4.789 millones de euros superior al de 2011. De hecho, en 2016 el gasto social en España habrá sido el mayor de nuestra historia como país, superando por primera vez los 300.000 millones de euros. Esto supone que en estos años el peso de la sanidad, de la educación y la protección social -que son las tres grandes áreas del gasto social en el total del gasto público- ha subido 3 puntos, pasando del 60,5% en el año 2012 al 63,6% en 2016. Esto es así porque, aunque el gasto público en 2016 es un 3,5% inferior al de 2011, como parte de la política de reducción del déficit, el dinero dedicado a gasto social ha crecido 1,5 puntos en este periodo. También podemos comparar esas cifras con la situación de precrisis, que es muy clara y muy evidente. ¿Cuánto gastaba el conjunto de las administraciones públicas en el año 2007, cuando no había crisis, cuando la tasa de paro era el 8% y nuestra renta per cápita alcanzaba su máximo histórico? En el año 2016 el gasto en educación habrá sido 1.800 millones más que en 2017; el gasto en sanidad ha sido de casi 7.000 millones de euros más que en el año 2007, y el dinero destinado a protección social -que son las pensiones y el conjunto de otro gasto social, incluidos dependencia, discapacidad, lucha contra la marginación social, etcétera- es nada menos que 49.000 millones de euros superior al del año 2007. Insisto en la cifra, 49.000 millones de euros, que viene a ser el déficit que tiene España. Por tanto, no ha habido un descuido, un tratamiento, una infravaloración o una reducción de ese gasto social.

Las cifras son muy elocuentes y ese es el punto de partida sobre el que tenemos que plantear las políticas presupuestarias del conjunto de nuestras administraciones públicas desde los Presupuestos Generales del Estado, que comprenden los de nuestras administraciones territoriales, comunidades autónomas y corporaciones locales. ¿Hemos reducido el déficit público desde el año 2011, año en el que el déficit se situó en el 9,3%? Sí, hemos reducido el déficit público, aumentando, insisto, el gasto social en nuestro país. Esto quiere decir que las que han sufrido han sido las otras partidas de gasto, incluyendo, por supuesto, el gasto en el funcionamiento de nuestras administraciones públicas, el gasto en inversión pública y todo lo demás. Pero lo que está ahí es el componente de gasto social. Este es un punto de partida importante y además es muy pedagógico para quienes tenemos la responsabilidad de llevar adelante esas políticas, muy pedagógico. Estamos saliendo con una reducción del déficit público que aumenta el gasto social, y eso es compatible con la economía competitiva, con esa economía creadora de empleo. Eso es lo que estamos aprendiendo, que este punto de partida lo hace compatible. Eso sí, tenemos la otra parte de la conclusión, que es: no gastemos mucho más en otras partidas de gasto si la prioridad está en el gasto social, porque esa supuesta aportación que hacen esas otras partidas de gasto a la economía creciente y competitiva, la verdad es que, por lo pronto, no ha sido así. Estamos creciendo, estamos creando empleo con un superávit exterior y, por tanto, ese es el punto de partida, pero también es -si me permiten la expresión- la lección que sacamos de lo que hemos vivido estos años y de lo que debe ser el enfoque de las políticas presupuestarias, que a partir de esta legislatura debemos hacer más coincidentes y más compartidas.

Como he insistido ya, una vez que el sector privado ha vivido este formidable desapalancamiento, que antes cuantifiqué en 45 puntos del producto interior bruto -es realmente impresionante esa cifra y cómo se ha llevado a cabo dicho desapalancamiento, y me refiero al de las empresas no financieras y al de las familias, no es exacto otro tipo de concepto-, ahora nos corresponde acometer la reducción de la deuda pública. Ese es el proyecto que fue votado por esta Cámara -los objetivos de reducción de la deuda pública- y que tiene que marcar las características de la evolución económica de nuestro país. Hago aquí una llamada de atención, porque -si me permiten una expresión de un ya maduro profesor de Hacienda


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Pública- creo que nos equivocamos cuando identificamos el papel económico del Estado con el de las empresas y el de las familias. Lo hacemos continuamente. Decimos que esto es como una casa, que lo que entra sale y demás, pero no es una casa; no es una casa ni la confianza que se genera es igual, no tiene que ver. No tiene nada que ver la confianza que genera una entidad bancaria, por muy grande que sea en el mundo, que está obligada a ofrecer unas rentabilidades en forma de dividendos o de dotaciones de recursos propios, con el Estado; el Estado es otro agente económico. De hecho, la mitad de la deuda pública que tiene emitida el Estado en el conjunto de sus administraciones públicas la tienen inversores extranjeros. Lo que viene a decirnos eso es que tenemos una deuda frente al resto del mundo, no solo frente a los otros tenedores de la deuda del Estado, que son nacionales, pero también significa que el resto del mundo confía en España, confía en el Estado y compra esa deuda pública. Ese es un signo muy positivo al que tenemos que saber responder. Eso es confianza.

También es cierto que precisamente en nuestro mercado de bolsa habían participado tantos inversores internacionales como ahora -el famoso IBEX nunca ha tenido tanta inversión internacional-, inversores que son los auténticos propietarios de esa bolsa. Este también es un hecho positivo, porque quiere decir que están entendiendo que en España, en esa doble versión de inversión hacía lo público -deuda pública- y hacia lo privado -acciones privadas-, hay confianza. Esto nunca había ocurrido en estas proporciones y quiere decir que España tiene un nivel de confianza internacional por las políticas que está desarrollando y por la capacidad que tiene esta sociedad de generar esa confianza. Como sociedad estamos siendo capaces -no hablo del Gobierno, sino de la sociedad- de mejorar los pronósticos económicos, de superar a todos los analistas y todos los pronósticos en términos de capacidad de recuperación económica, pero lo más positivo es el ritmo de creación de empleo. Esta diferencia entre la figura económica del Estado y la figura de un actor privado, que es para el que, por supuesto, trabaja el Estado -el Estado trabaja para que tengamos esa recuperación económica protagonizada por el sector privado-, esa diferencia de condición y de cualificación es también la que da sentido a las políticas que estamos proponiendo. La propuesta que estamos haciendo es que nuestro gasto público se incremente a menor ritmo que el de la actividad económica. Esto permite que el gasto público sobre producto interior bruto descienda y, junto con una suficiente recaudación respecto de nuestro nivel de actividad económica, explica que tengamos reducción del déficit público.

¿Qué está ocurriendo en materia de recaudación? En 2016 vamos a tener un nivel de recaudación en IRPF -que es uno de los grandes impuestos que financia el Estado- superior a los 72.000 millones de euros, que viene a ser el nivel de recaudación que teníamos en el año 2007; ese será realmente el rango. El otro gran financiador del Estado es el impuesto sobre el valor añadido, en el que también vamos a tener unos niveles claramente superiores a los que se registraron en el año 2007; ya veremos el cierre, pero no bajará de 6.000 e incluso 7.000 millones, porque todavía estamos pendientes de la liquidación de 30 de enero. Este es el otro rango que ya está funcionando y que servirá para compensar las insuficiencias de otro tipo de tributos en su capacidad de financiación. En impuestos especiales, el rango es también muy parecido -unos 20.000 millones de euros-, con variaciones dentro de esos impuestos especiales, siendo muy semejante al que se obtenía cuando la economía española estaba en plenitud, tanto en nivel de actividad económica como en nivel de empleo. La que está lejana es la recaudación del impuesto sobre sociedades, que está prácticamente en la mitad. Esta es la razón por la que, en las medidas que propusimos en diciembre, nos apoyamos prioritariamente no en subir el impuesto sobre sociedades, sino en cambiar aquellas condiciones del impuesto sobre sociedades que hicieran que la recaudación procedente de los grandes grupos empresariales en España aumentara y lo hiciera rápidamente, para que en el momento en el que aumentaran su beneficio pudieran aportar al conjunto de la tributación de manera más equilibrada, algo que conviene a todos y que, obviamente, es un elemento de confianza, primero, en la consecución de la corrección del déficit público, y segundo, en la equidad del conjunto de nuestro sistema tributario que acabo de describir.

Luego está el gran elemento de las cotizaciones sociales, en el que a partir de los últimos meses del año 2016 se identifica una recuperación en el tono de la capacidad de recaudación -quiero decir, de la financiación derivada de la evolución de esas cotizaciones sociales- que irá a más a medida que aumente el empleo, a medida que aumenten los salarios objeto de esa cotización, a medida que la mejora económica vaya permitiendo esa mejora de salarios y, todo hay que decirlo, a medida que haya un poco más de inflación, porque hemos vivido unos años inéditos en nuestra historia -no solo en la de España; me atrevo a decir que en la historia económica universal- sin inflación y ahora estamos entrando ya en una etapa de moderada inflación, que es, por cierto, la política que está proyectando el propio Banco Central


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Europeo, que prefiere que haya algo de inflación. También es la opinión del Gobierno español. Preferimos una inflación moderada. Una inflación nula como la que hemos tenido ha hecho un gran servicio, pero ahora, en una etapa de recuperación económica, entendemos que la compatibilidad entre un crecimiento económico alto en términos reales y una moderada inflación ayuda mucho a las finanzas públicas y también a la reducción de deuda.

Dentro de esas líneas fundamentales está acometer lo que ya estábamos haciendo para potenciar la Administración electrónica, que es un gran elemento en el que están participando activamente todos los niveles de administración de España y en el que los funcionarios, los servidores públicos, deben encontrar el asiento en el ejercicio de su función. El nivel de plantilla de nuestros funcionarios debe adecuarse a un servicio público apoyado y fundamentado en las nuevas tecnologías, en esa economía de la digitalización, lo que nos exige también un nivel de preparación superior y tendrá que tener a lo largo del tiempo una mejor retribución. A eso es a lo que tenemos que aspirar, a tener un servicio público ofrecido por unos funcionarios cada vez más capacitados, como afortunadamente tenemos en nuestras administraciones públicas, y cada vez mejor retribuidos.

Otro de los grandes proyectos es el que abordaremos en la Conferencia de Presidentes la semana próxima y que estamos acordando con el conjunto de los Gobiernos autonómicos. Se trata de la reforma de la financiación autonómica y de la financiación local. El proyecto del Gobierno es entrar en este comienzo del año 2017 en la financiación autonómica y local para renovarla, para remozarla en el sentido de actualizarla y -si se quiere- reinventarla, para que aquellos que son profundamente críticos con el sistema actual de financiación se encuentren bien porque se incorporen elementos de auténtica novedad para la financiación de nuestros diferentes niveles de administración. Entiendo que es una oportunidad hacerlo ahora. ¿Por qué ahora? Por una razón objetiva. Aparte de porque estamos comenzando curso, que es una obviedad, porque no es lo mismo acometer una reforma de la financiación autonómica cuando tenemos delante un déficit público pavoroso que cuando nuestras administraciones territoriales -como es el caso de las administraciones locales- están en superávit y nuestras administraciones autonómicas se van a situar en el año 2017 por debajo del 1% -en el 0,7%-, que es el objetivo marcado, y en una senda en la que en los tres próximos ejercicios, en 2019, estarían ya en cero. No es lo mismo acometer una reforma de la financiación autonómica sobre unas administraciones mucho más equilibradas y en las podemos hacer una identificación de las insuficiencias del sistema de financiación, en el sentido de inequidades que se produzcan, es decir, que el sistema actual no esté garantizando que todos los ciudadanos, con independencia del lugar de residencia, lleguen a tener los mismos servicios públicos en términos de calidad, esto es, desde ese principio de garantía de que la convivencia en un determinado territorio no sea elemento de diferenciación ni de oportunidades ni de realidades para nuestros ciudadanos. Además, es la oportunidad de hacerlo, como he dicho antes, primero, porque nuestras finanzas públicas están, objetivamente, en una situación más capaz, pero también porque, en términos políticos, no se puede auspiciar una financiación autonómica o local contra el criterio de los gobernantes autonómicos y locales. No se puede hacer así; de hecho, no se ha hecho así.

Ahora nos quejamos -yo el primero que se queja- del sistema, pero no perdamos la perspectiva. No siempre los sistemas de financiación han nacido con la coincidencia de las comunidades autónomas ni siempre han coincidido con las votaciones de los grupos de esta Cámara. Ahora o nacen con las votaciones en esta Cámara o no nacen. Es tan sencillo como esto. Por eso lo llamo oportunidad, porque ahora o nos ponemos de acuerdo o no tenemos sistema de financiación, porque no hay mayoría. Será a criterio del Gobierno o a su iniciativa, lo que quieran, será bueno, regular o hasta malo, pero o nos ponemos de acuerdo o no hay sistema de financiación. Sencillamente, o lo votamos la gran mayoría conjuntamente o no nace. Podemos hacer aquí la mejor teoría del mundo, podemos llamar a los mejores expertos -que los vamos a llamar-, pero van a ser sus señorías -como corresponde en una democracia- las que tengan la palabra y, como no hay mayorías, va a ser la coincidencia de minorías la que haga real el nuevo sistema de financiación. El Gobierno, desde el primer minuto, está empeñado en llevar adelante esa modernización del sistema de financiación en paralelo con el sistema de financiación local, porque, obviamente, nuestra Administración local tiene que sentirse corresponsable de la distribución de la capacidad de financiación y de los hechos imponibles y tiene que sentirse corresponsable también cuando lo que estamos haciendo es una revisión del sistema integral de la financiación de nuestras administraciones públicas. A raíz de ello, estoy seguro de que tendremos éxito; es una tarea difícil, exigente, pero estoy convencido de que vamos a conseguirlo en esta legislatura. A partir de ahí, ya revisaremos la utilidad de los mecanismos de financiación extraordinaria y de los mecanismos de liquidez. Todo eso tendremos que


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revisarlo, obviamente, una vez que asentemos nuevas condiciones de financiación. La utilidad ha sido muy grande, porque ha reducido la morosidad de nuestras administraciones públicas de una manera formidable y nunca antes los proveedores de nuestras administraciones territoriales habían cobrado en los plazos en los que están cobrando en este año, y de eso se trataba. Por cierto, también es compromiso del Gobierno trasladar esta experiencia al sector privado, porque no es aceptable que, con la Ley de morosidad vigente, se esté produciendo un abuso por parte las empresas de mayor tamaño a la hora de forzar condiciones de financiación a pequeñas empresas; hoy no tiene ningún sentido tal como está la financiación general del país, con los bancos abiertos y con el acceso a mercados de capitales y demás, y el Gobierno sí puede actuar utilizando, por ejemplo, penalizaciones en materia tributaria.

La lucha contra el fraude fiscal es una de nuestras prioridades, como también lo fue en la X Legislatura. Vamos a seguir en ello, pero también vamos a tener un marco mucho más favorable en ese sentido, porque ya este mismo año entra en vigor el nuevo sistema de intercambio de información automática de cuentas financieras, en el que están implicados numerosos países del mundo. Esto sí que es un gran avance, porque en el mundo hay una conciencia fiscal mucho más desarrollada y, por tanto, ese intercambio automático de información entre nuestras administraciones tributarias será un gran avance en materia de lucha contra el fraude fiscal. También he de recordar que precisamente en la implantación de este intercambio automático de cuentas financieras, de información tributaria, España ha tenido una participación decisiva. La intención del Gobierno es traer pronto un proyecto de ley, que tendremos que hablar y negociar con los grupos políticos, sobre el desarrollo de las medidas de lucha contra el fraude que sirva a modo de balance de lo que hemos recorrido, de lo que ya hemos aprobado en el mes de diciembre en esta Cámara, de los controles relativos, por ejemplo, al plan de control de facturación del IVA. Todo ello lo debemos hacer a través de un proyecto de ley sobre nuevas medidas para hacer más eficaces las capacidades de la Agencia Tributaria y de los diferentes niveles de la Administración pública en relación con ella.

Voy acabando, porque hay mucha materia y luego, tras el turno de intervenciones de los grupos, seguiré. En resumen, el principal objetivo que tienen el Gobierno y este ministerio es fortalecer el crecimiento económico y la creación de empleo para que cada vez haya más españoles que consigan un puesto de trabajo. Desde el primer día estamos convencidos de que cada vez que un ciudadano consigue un puesto de trabajo está consiguiendo la herramienta decisiva para expulsar la crisis de su hogar, y ese es el objetivo. Esta es la única manera de que entre todos consigamos expulsarla definitivamente del conjunto de España. El escenario que tenemos ante nosotros en estos primeros días del año 2017, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, es muy diferente, como ya he insistido, del que teníamos en los inicios del 2012. La nueva situación parlamentaria surgida de las urnas hace que muchos planteamientos de la acción de gobierno tengan que adecuarse a esa necesidad parlamentaria y es una oportunidad para poder llevar adelante esas políticas. Como también estamos insistiendo, ya no se trata de convencernos a nosotros mismos de cuáles son las nuevas reformas que necesita España, sino que tenemos que compartir esas reformas con las otras formaciones políticas. Este es el caso de los nuevos Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. Su necesidad es perentoria, pero también tenemos que acordarlos. Insisto, no es negociar, es acordar el contenido de esos presupuestos en relación con la oferta que traeremos a la Cámara en las próximas semanas.

Todos tenemos que coincidir en encontrar lo que podemos llamar una política económica presupuestaria adecuada a la realidad de nuestro país, pero también necesitamos estabilidad política, porque sin esa estabilidad política no podremos aplicar ninguna política económica y mucho menos ninguna política presupuestaria. En la X Legislatura la estabilidad política la proporcionó la mayoría del Grupo Parlamentario Popular con apoyos puntuales y en las materias importantes de otros grupos parlamentarios, pero ahora estamos en una situación política completamente diferente y, por tanto, tendremos que responder a esa condición, a esa necesidad y oportunidad que representa compartir la responsabilidad política con los otros grupos de la Cámara. Por tanto, todo lo que traiga el Gobierno tiene que estar basado en el diálogo, en la negociación y, desde luego, en su momento en la cesión, entendiendo la cesión enmarcada en los límites que planteó el presidente del Gobierno en su discurso de investidura, sin perjudicar las claves de la política económica que nos están permitiendo esta recuperación y esta creación de empleo.

Tengo la firme convicción de que en los cuatro años que tenemos por delante será posible enterrar la crisis económica definitivamente. Para que eso sea posible, para que esa crisis quede realmente atrás no basta con recuperar los niveles de actividad, los niveles de renta, los niveles de producto interior bruto; lo más importante es conseguir mayores niveles de ocupación, mayores niveles de empleo y llegar a esos 20


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millones de personas trabajando en España que nos permitan volver a tasas de paro que, aunque todavía sean demasiado altas, por lo menos salgan de las actuales, que son inaceptables e inasumibles. Conseguir esto sería el mejor resultado de esta legislatura; daría sentido a todas las políticas de corrección del déficit público, de reducción de la deuda pública y de reformas de la Administración pública y de las singularidades de nuestro país, singularidades también en el ámbito de la Hacienda. Tenemos la obligación de ser ambiciosos, en cuanto a que el objetivo es la derrota definitiva de la crisis, y estoy seguro de que en ese objetivo -derrota definitiva de la crisis- es en el que nos tenemos que encontrar, más allá de las diferencias ideológicas que nos separan, pero que nos hacen coincidir en el interés general, que es un interés general que hoy tenemos al alcance de la mano.

Desde luego, como ministro de Hacienda y Función Pública, les espero a todos con la mano tendida para trabajar juntos por los españoles y estoy convencido de que los españoles sabrán valorar adecuadamente a quienes se unan a esta tarea, porque no hay nada tan importante como aportar nuestros conocimientos y nuestro trabajo para construir juntos el futuro de este gran país que es España y que una vez más está dando ejemplo al mundo saliendo por sus propias fuerzas del gran agujero al que nos había arrastrado la crisis económica y social.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Empezamos en el orden que comenté antes. Les advierto que -ya se lo he comentado en este caso a la perjudicada- entre el Grupo Mixto y el Grupo de Esquerra Republicana intentaremos que intervenga el Grupo Vasco.

El Grupo Socialista me ha comunicado que va a hacer dos intervenciones. En principio, son diez minutos, aunque llegaré hasta doce, pero advertiré cuando vayan acercándose a los diez minutos.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero dar la bienvenida al ministro a esta Comisión de Hacienda y también decir, como ya ha dicho el presidente, que la intervención de nuestro grupo se va a dividir en dos partes, de manera que mi compañera María Jesús Serrano intervendrá después de que lo haga yo.

Señor ministro, usted ha venido hoy aquí a hablar de los planes del Gobierno en materia de Hacienda para esta legislatura y ya le digo, señor ministro, que la sociedad española tiene un gran anhelo y es conseguir el nivel de modernidad, de cohesión social y de calidad de los servicios públicos de los países más desarrollados de la Unión Europea. Sin embargo, con sus objetivos presupuestarios, con su programa de actualización presupuestaria, manteniéndonos con unos ingresos públicos en relación con el PIB del 38%, uno de los más bajos de la Unión Europea, no se va a conseguir. Lo que le pido es que no le tenga miedo al antiguo presidente del Partido Popular cuando ha venido a decir poco más o menos que los socialistas lo hemos convencido para el socialismo o lo hemos hecho un rojo peligroso. Lo que en realidad ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista es dejar el sello del socialismo democrático para que por primera vez en los últimos cinco años el ajuste para cumplir los objetivos con nuestros socios europeos se haga en términos nominales exclusivamente por el lado de los ingresos públicos y fundamentalmente por el impuesto sobre sociedades. La derecha nos habla de que nada es gratis y de que hay que hacer esfuerzos; sí, hay que hacer esfuerzos -eso lo saben los trabajadores y las rentas medias más que nadie-, pero cuando ustedes hacen política presupuestaria y hacendística quienes hacen los esfuerzos fundamentalmente son los trabajadores y las rentas medias. Desde el comienzo de la crisis los asalariados han perdido cuatro puntos en relación con el PIB, por tanto, se ha incrementado la desigualdad, y usted lo que propone en su programa de estabilidad es que el gasto social pase del 28,2% en relación con el PIB, que es el que teníamos en el año 2011, al 25,8% en el año 2019. Eso es lo que nos propone. Es decir, se incrementa la desigualdad y usted lo que hace es destinar menos recursos a la política social.

Señor ministro, desde el año 2011 hasta la fecha en la que nos encontramos el gasto social discrecional, no solo en términos relativos sino también en términos absolutos, ha disminuido; el gasto en educación y sanidad se ha reducido en términos absolutos en torno a un 20%. Eso es lo que ha sucedido, porque fundamentalmente se ha apretado a las comunidades autónomas. Por tanto, lo que propone el Gobierno ante el incremento de la desigualdad es menos gasto social, como acabo de demostrar. También lo reconoce en la actualización del programa presupuestario, en la página 15. A partir del año 2018 el ciclo, señor ministro, va a dejar de contribuir a la reducción del déficit, luego todo lo que queda es déficit estructural, ergo lo que viene a continuación son más recortes nominales, no en términos porcentuales,


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porque lo que queda ya es el déficit estructural. Es más, señor Montoro, señorías, la sociedad española tiene unos retos muy importantes, como son la lucha contra la creciente desigualdad; la recuperación de los perdedores, producto de los cambios económicos en el mundo; la inversión en educación y en I+D; el reto del envejecimiento de la población, que a su vez plantea los retos de mantener unas pensiones públicas dignas y hacer del crecimiento de los gastos sanitarios una bandera importante. Todo ello no se puede lograr, señorías, reduciendo el gasto público. Si además, como dice la Comisión Europea, la deuda pública no se va a estabilizar en nuestro país hasta mitad de la década próxima, no se puede decir a la sociedad española que se pueden cubrir todos esos objetivos con unos ingresos públicos en relación con el PIB del 38%. Por cierto, la deuda privada sí se ha reducido, pero ha crecido la deuda pública como consecuencia de que la deuda privada ha pasado a ser deuda pública; entre otras razones porque el rescate a los bancos ha supuesto que parte de la deuda privada pase a ser deuda pública, señor ministro.

La nueva y la vieja derecha no debe engañar más a los españoles porque ese modelo fiscal, que en realidad propone llevar a mayor desigualdad, a más empleo precario, a olvidar las fuentes permanentes del crecimiento, que no son otras que más y mejor conocimiento, lo que exige mejor y más educación a todos los niveles y más I+D, no se puede lograr con esos ingresos públicos que están a 8,5 puntos de la media europea y a más todavía de los países más desarrollados de la Unión Europea. Es urgente, señor ministro, tener un plan a medio plazo para las finanzas públicas, con una perspectiva más amplia, más integradora, más moderna y más realista. Por cierto, realismo no es aprobar en el Congreso de los Diputados unos objetivos de déficit para 2016 del 2,8% y acabar, con suerte, como usted acaba de señalar, en el 4,6%. Necesitamos, como decía, un plan a medio plazo distinto de las finanzas públicas; necesitamos una reforma fiscal en profundidad. Los cambios que han introducido en el impuesto sobre sociedades son un conjunto de medidas aisladas que pretenden mejorar la recaudación, pero son meros parches; no son cambios estructurales que ensanchan las bases imponibles. Efectivamente, necesitamos un plan de lucha contra el fraude acordado con este Parlamento, con más medios humanos y materiales -no vamos a seguir soportando la descapitalización humana de la Agencia Tributaria-, con objetivos evaluables por instituciones independientes y una comisión especial en el Congreso que proponga y evalúe esos planes de lucha contra el fraude, de elusión y evasión fiscal y que impulse propuestas que se puedan trasladar a los ámbitos europeos internacionales, donde se están planteando medidas de política tributaria internacional. Y, señor ministro, hay que cambiar también el índice de revalorización de las pensiones, que en ningún momento tiene en cuenta el índice de la cesta de la compra, lo que va a provocar que los pensionistas pierdan nuevamente poder adquisitivo. Estamos hablando de que el sistema de pensiones representa en torno al 40% del presupuesto y, de cara al nuevo presupuesto, lo que le digo es que ese 40%, manteniendo el índice de revalorización, ya no nos gusta. Lo que ha contado de cara al nuevo presupuesto, el plan a medio plazo que tiene que coordinar en el próximo presupuesto, no nos gusta nada. No hay una reforma fiscal en profundidad, no hay un plan ambicioso de lucha contra el fraude, no se modifica, entre otras cosas, el índice de revalorización de las pensiones y no hay otra política activa de lucha contra el desempleo. Esa es en conjunto su política presupuestaria y tributaria, es decir, un modelo fiscal que implica...

El señor PRESIDENTE: Señor Saura, tiene que terminar.

El señor SAURA: Termino ya, señor presidente.

Un modelo fiscal que supone jibarizar el Estado del bienestar y un empleo precario. Empleo dice usted, pero precario, señorías.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

Tiene la palabra la señora Serrano.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.

Bienvenido, señor Montoro. Su presidente, el señor Rajoy, ha pedido a todo el Partido Popular que haga en esta legislatura un esfuerzo en la búsqueda de la negociación y el acuerdo, y eso es lo que, como portavoz de Administraciones Públicas del Grupo Parlamentario Socialista, le pedimos desde mi grupo a usted, señor Montoro, que se esfuerce en llegar a esos acuerdos. Le pedimos un gran acuerdo local, le pedimos que apoye a los entes locales para que tengan la financiación que necesitan. Usted ha impuesto una regla de gasto a los entes locales que los penaliza. La Administración local es la más cumplidora con


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los objetivos de déficit y la más saneada; muchos ayuntamientos disponen de recursos para poner en marcha los servicios que sus vecinos necesitan, como son planes de empleo, servicios sociales y atención a las mujeres que lo precisan, pero no pueden hacer esas inversiones porque usted les ha impuesto una regla de gasto que se niega a flexibilizar. Parece que usted prefiere que ese dinero se lo queden los bancos, prefiere beneficiar a los bancos antes que a los ciudadanos y a las ciudadanas. ¿No les parece que ya han beneficiado suficientemente a los bancos con esos más de 60.000 millones que costó el rescate bancario? Le pedimos, señor Montoro, que sea flexible y escuche a los ayuntamientos, ya que sus demandas son justas, razonables y necesarias.

Sabemos que no le avala a usted una especial sensibilidad con la Administración local. La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local ha supuesto el ataque más brutal en la historia de la democracia a los ayuntamientos, y lleva su firma. Han pasado tres años desde la aprobación de dicha ley, y me gustaría que usted hiciera un balance de la aplicación de la misma. A nuestro juicio, esta mal llamada reforma local que pusieron en marcha en contra de todos los alcaldes -incluso alcaldes de su propio partido político, del Partido Popular- y en contra de las recomendaciones del Consejo de Estado ha pretendido desactivar las políticas de bienestar social y de proximidad a la ciudadanía, subordinando a los ayuntamientos a otras administraciones. Los socialistas creemos que nuestros ayuntamientos se merecen que derogue la reforma local, que se apruebe una ley de régimen local, que refuerce la autonomía local y que se impulse una nueva ley de haciendas locales que dote de estabilidad, rigor y recursos las competencias asumidas por las entidades locales de forma coordinada con la financiación autonómica. ¿Tiene el Gobierno algún plan al respecto para los ayuntamientos o piensa seguir asfixiándolos tanto política como económicamente? Nos gustaría también que esa llamada del señor Rajoy a la negociación y al acuerdo y su optimismo por la mejora de la situación económica beneficiara a nuestras administraciones y a los empleados públicos, restituyendo los derechos recortados en los últimos años. Me sorprende, señor Montoro, que en su extensa intervención solo haya tenido una frase para los empleados públicos. Creo que los empleados públicos se merecen algo más.

Señor Montoro, la satisfacción de los ciudadanos con el conjunto de los servicios públicos ha caído 20 puntos entre el año 2011 y el año 2015. Mientras en el año 2011 el 64% de los españoles opinaba que los servicios públicos funcionaban bien o muy bien, en la actualidad ese porcentaje se ha reducido al 44%. Tras cinco años de recortes en los servicios públicos esperábamos un plan de recuperación en consonancia con el discurso de recuperación económica del Gobierno; sin embargo, usted ha seguido hablando de algo que suena a recortes.

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señora Serrano.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Le ruego un poco de benevolencia, señor presidente. Termino enseguida.

El señor PRESIDENTE: Estoy teniéndola.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Ha anunciado que va a coordinar la implantación de un plan de impulso y transformación de la Administración pública que implicará un ahorro de 900 millones de euros durante el presente año. ¿En qué consistirá ese plan? ¿Cómo se van a ahorrar esos 900 millones? Por cierto, ¿se incluye en ese plan de ahorro el gasto en la mudanza de sede y despacho que afecta a su ministerio por decisión de la vicepresidenta? Es lógico deducir que una parte destacada en el descenso de la calidad de los servicios públicos se debe a la reducción del número de empleados públicos, al empeoramiento de sus condiciones laborales y a la congelación de las ofertas de empleo; todo eso ha supuesto que se pierdan recursos para prestar servicios esenciales.

Su intervención de hoy es de inicio de legislatura, de presentación de planes de acción que desarrollen políticas públicas. Todos sabemos que los servicios públicos de calidad contribuyen a la igualdad de oportunidades de todos los españoles y, como sabe, ayer los consejeros de los Gobiernos socialistas le solicitaron aumentar la tasa de reposición en las ofertas de empleo público. Sinceramente, esperamos su receptividad y que se plasme en una creación neta de empleo público, es decir, que no solamente se cumplan las bajas definitivas sino que es imprescindible que se acabe con las situaciones de interinidad. Me gustaría, señor Montoro, que los presupuestos que traiga a esta Cámara sean planes para lograr la recuperación del empleo público y de los servicios públicos en esta legislatura, sobre todo de servicios públicos esenciales para la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios.


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El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señora Serrano.

La señora SERRANO JIMÉNEZ: Termino ya.

Es necesario que nos diga cómo se va a recuperar dicho poder adquisitivo. Venga también con voluntad de diálogo y de acuerdo, porque nuestro grupo está decidido a que en esta legislatura se recupere todo lo que se ha recortado durante estos cinco años. Nuestra línea de actuación irá encaminada a conseguir una Administración innovadora, simplificada en sus trámites; una Administración que favorezca la prestación directa de servicios públicos y un control adecuado de los servicios públicos externalizados; una Administración eficaz que gaste mejor, rindiendo cuentas de su ejecución.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Serrano.

Lógicamente, la benevolencia la tendré que aplicar ahora a todos los grupos.

Por parte de Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Montoro, bienvenido a la Comisión de Hacienda en esta XII Legislatura. Empecemos por los hechos. Los españoles pagan muchos más impuestos por casi todos los conceptos que cuando usted accedió al cargo en diciembre de 2011. Además, tenemos el récord de deuda pública desde hace más de cien años, con más del cien por cien del producto interior bruto, de todo lo que producimos en un año. Y desde 2008 ni este Gobierno del Partido Popular ni los anteriores del Partido Socialista han cumplido ningún año el objetivo de déficit. De hecho, si este año cumplimos el objetivo del 4,6%, cosa que parece bastante probable, será la primera vez desde hace mucho tiempo y aún así sería el déficit público más elevado de la Unión Europea. No tenemos ni más ni mejores servicios públicos que en 2011, pero, eso sí, hemos rescatado bancos por importe de decenas de miles de millones de euros, cantidad en la que no se ponen de acuerdo el Banco de España, el Tribunal de Cuentas ni el FROB, y ahora nos disponemos a rescatar autopistas. Partimos de aquí, este es el balance de inicio. Me gustaría que nos dijera cómo pretende el Gobierno revertir la situación y si tiene algún interés en cumplir su programa electoral, que establecía como punto fundamental la rebaja de la carga impositiva.

En estos años han aumentado prácticamente todos los impuestos, como el IVA, el IBI y los impuestos especiales, y el IRPF registró la mayor subida de su historia, aunque luego lo bajaron y se quedó más o menos igual que estaba, y seguramente el caso más espectacular es lo que ha ocurrido con el impuesto sobre sociedades. Primero se realizó una reforma en 2014 que no nos podíamos permitir, a resultas de la cual en el año 2016 las grandes empresas pagaron los tipos efectivos más reducidos de la historia, inferiores incluso a los de los mejores tiempos del Gobierno de Zapatero, y después tuvimos que endurecer los pagos fraccionados. (El señor ministro de Hacienda y Función Pública, Montoro Romero, hace gestos negativos). Señor Montoro, mire los datos de la Agencia Tributaria y verá que los tipos efectivos de las grandes empresas, de los grupos consolidados, son los más bajos de la historia. Después de esto hubo que endurecer de urgencia los pagos fraccionados, pidiendo un adelanto de 9.000 millones de euros a las empresas, y luego, para rematar este círculo, por primera vez en España, con el apoyo entusiasta del Partido Socialista, que siempre está disponible para las subidas de impuestos, establecimos un impuesto a las pérdidas, norma fiscal absolutamente innovadora, que es lo que tenemos en España; eso sí, otra chapuza inconstitucional. La pregunta que le hago, en vista de que ni ustedes ni el Partido Socialista admitieron enmiendas ni que se tramitara como proyecto de ley una subida fiscal de este calibre o el endurecimiento de los aplazamientos, es cómo piensan solucionar las muy evidentes carencias y chapuzas de este Decreto-ley de medidas fiscales.

Los contribuyentes españoles ahora no solamente pagamos más impuestos -me refiero a los contribuyentes honestos, que creo que somos la inmensa mayoría-, sino que soportamos más ineficiencia y derroche, rescatamos empresas y ahora también tenemos menos derechos. Por ejemplo, si un contribuyente discute algo a la Administración de Hacienda tiene que acudir a un tribunal económico-administrativo, y ahora mismo la situación en estos tribunales, que son el paso previo obligatorio para que un juez pueda decir algo sobre una reclamación de un ciudadano frente a Hacienda, es de absoluto colapso. Ahora mismo hay más de 300.000 reclamaciones pendientes y todos los años, desde 2009, se resuelven sistemáticamente decenas de miles de reclamaciones menos de las que entran. A día de hoy, se están dejando de recaudar ingresos públicos e intereses porque se resuelve sistemáticamente fuera del plazo de un año y en muchos casos los tribunales económicos resuelven cerca del plazo de prescripción,


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con lo cual tenemos un riesgo muy importante. La pregunta es obvia, ¿piensa hacer algo al respecto el Ministerio de Hacienda? ¿Piensa incrementar recursos en vez de reducirlos, como se ha hecho durante todos estos años? Esto último también se puede decir de los últimos años de Gobierno del PSOE.

Otro ejemplo de que tenemos menos derechos es la prohibición de aplazamientos que llevaba el decreto-ley de medidas fiscales. ¿Es cierto que ninguna empresa española que tenga obligación de realizar pagos fraccionados, es decir ninguna sociedad, va a poder aplazar ninguna deuda, como pone textualmente el decreto-ley? ¿No se le va a aplazar ni un euro de IVA ni a las pymes ni a los autónomos, salvo que prueben -no sé muy bien cómo- que no han cobrado? Por cierto, ¿todo esto es compatible con el sistema informático de la Agencia Tributaria? Yo he sido administrador de la Agencia Tributaria y he tenido la desgracia de que se me haya caído el sistema informático un 30 de enero, que es el día en que se producen más aplazamientos de todo el año. No le deseo esa experiencia a nadie; el caos que se puede liar es tremendo. Como no han querido admitir enmiendas en este decreto-ley, la pregunta es ¿qué vamos a hacer con este desaguisado que se ha generado, sobre todo -tal como hoy publica algún periódico- una vez que se sabe que los supuestos ingresos incluidos en el borrador del plan presupuestario de 1.500 millones de euros parece que la Unión Europea no los considera? ¿Para qué hemos hecho todo esto?

Los contribuyentes honestos no solamente pagan más impuestos por el precio del despilfarro y la corrupción, sino también por el fraude fiscal. Recientemente, tanto los inspectores como los técnicos de Hacienda dicen algo que seguramente no le sonará a novedad, que se dedican muchos menos recursos al fraude más grave y sofisticado y que se persigue a los de siempre. Tengo muy clara, cristalina, su opinión respecto de que los perjudicados por las cláusulas suelo de la banca, cuando reciban el dinero, deberán tributar, y es lógico, sin embargo, en otros temas no tengo tan clara su opinión. Por ejemplo ¿qué va hacer el Ministerio de Hacienda, la Agencia Tributaria, respecto al fraude fiscal de las multinacionales? Pregunté hace meses y todavía no tengo respuesta acerca de si ha habido alguna inspección de alguna multinacional tecnológica por parte de la Oficina Nacional de Fiscalidad Internacional. Tampoco sé si piensan solicitar la documentación -que dice tener la Unión Europea y que ha dicho públicamente que ya ha pedido a Italia- respecto de que una gran multinacional, Apple, podría haber dejado de ingresar cuantías muy importantes en España. Tampoco sé y también se lo ha preguntado qué les han parecido las presiones para anular las investigaciones de ayudas de Estado que realizaron 185 grandes empresas norteamericanas. Y por último, entre las cosas que tampoco sé, está si ante los indicios graves de fraude en el fútbol profesional ustedes estiman necesario que haya un plan nacional de inspección. Aunque no me haya contestado en otras ocasiones lo que sí tengo clarísimo es que su opinión es que los defraudadores de la amnistía fiscal, que pagaron el 3%, no deberían pagar el 10% efectivo.

Señor Montoro, no podemos poner a un inspector de Hacienda detrás de cada español. En consecuencia, la medida antifraude más importante de todas es convencer a los españoles de que deben pagar sus impuestos. Para eso es fundamental que exista la convicción de que Hacienda no va sistemáticamente a por los de siempre. Y por supuesto también necesitamos más medios en la lucha contra el fraude fiscal, y no menos. A día de hoy, hay casi 3.000 personas menos trabajando en la Agencia Tributaria que cuando ustedes llegaron al Gobierno en 2011. De hecho, el presupuesto para 2015 -el último liquidado-, que ni siquiera gastaron en su totalidad, es inferior al de 2011. España dedica muchos menos medios a la lucha contra el fraude que cualquier país de nuestro entorno. Si por cada cinco euros que los alemanes dedican a la lucha contra el fraude, nosotros solamente dedicamos uno, es muy complicado que vayamos a tener los mismos resultados. Según sus propios datos, si por cada euro que invertimos en la lucha contra el fraude obtenemos 10 euros de retorno directo, ¿por qué ha habido todos estos años tantísimos recortes en la lucha contra el fraude y en la colaboración con la justicia que, como bien dice por ejemplo el actual director general de la agencia, es una de las funciones fundamentales de la Agencia Tributaria? ¿Está dispuesto a cumplir -este sí- el acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos que dice que se incrementará el presupuesto de la agencia en 100 millones de euros, es decir, una mínima mejora para facilitar la lucha contra el fraude y la colaboración con la justicia?

Voy a terminar con una de las medidas recientes, la última y en mi opinión chapucera y contraproducente, como es el impuesto sobre las pérdidas. Esto de revertir una deducción legalmente practicada hace siete años en una empresa no suele ocurrir y esto va a suponer que las empresas que perdían -no las que más ganan- paguen más impuestos. Para empezar, es muy complicado recaudar de una empresa que pierde pero, además, cómo casa esto con el principio de capacidad de pago. Hace poco leía que impuestos altos, déficit sin control y deuda pública elevada son lo contrario del círculo virtuoso de la economía, y


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comparto la opinión. Esta es una definición que han dado de su gestión y esta opinión no es de un dirigente de Ciudadanos, es de un inspector de Hacienda ahora en excedencia, que es el expresidente de honor de su partido, la persona que le nombró a usted ministro de Hacienda, José María Aznar. La pregunta que le hago en nombre de Ciudadanos para concluir es qué piensa hacer para revertir esta situación y tener un déficit controlado, impuestos justos y una deuda pública que no sea cada vez mayor.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre.

En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.

Con el tiempo asignado y su benevolencia va a intervenir después brevemente mi compañero Ignasi Candela.

En primer lugar, quiero agradecer al señor ministro esta primera comparecencia; conociéndole y viendo la composición política de esta Cámara seguramente será una de muchas que vamos a tener en esta Comisión.

La verdad es que a mí me ha decepcionado un poco la desigualdad en el trato de los temas. Algunos que han quedado en el olvido, entiendo que nos los comentará cuando se lo planteemos. Ha dedicado una parte importante de su intervención, cómo se podía esperar, al proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y los diferentes ámbitos que esto conlleva. Ha hecho algunas reflexiones que quiero matizar. Ha dicho que la prioridad ahora va a ser el desapalancamiento del sector público. Está bien que lo sea; de hecho, aunque sea tímidamente, en la anterior legislatura, un ámbito como las corporaciones locales ya había iniciado este camino. Habrá que ver cómo se concreta porque es un camino absolutamente opuesto al que hemos vivido estos últimos años pero en esta tarea va a tener nuestro apoyo. Ha hecho una reflexión en torno a la evolución del gasto público y el porcentaje que ha representado el gasto social a lo largo de estos últimos años en la que, si me lo permite -no se lo tome a mal-, ha hecho un poco de trampa. Ha hablado del gasto público total pero tendríamos que analizar el comportamiento de cada uno de sus ámbitos de responsabilidad porque, evidentemente, ha crecido el porcentaje de gasto público en sanidad, educación y protección social pero quien ha tenido el gran mérito en este ámbito han sido -esencialmente, no exclusivamente y menos en el de protección social- las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han procedido a soportar este incremento del gasto social reduciendo de forma muy importante su déficit. Por tanto, sería justo como mínimo asignar el mérito de esta situación esencialmente a las comunidades autónomas y también, si me permite, a las corporaciones locales, aunque sea en menor medida.

En el resto de su intervención ha apuntado que se tiene que potenciar la Administración electrónica, en lo que estamos absolutamente de acuerdo. Ha nombrado la reforma de la financiación autonómica y la financiación local, aunque no ha apuntado las líneas. Sobre este aspecto le haré después algunas consideraciones. En cuanto a la lucha contra el fraude, sabe que va a tener nuestro apoyo aunque se lo voy a matizar. Señor ministro, nos gustaría que aprovechásemos esta comparecencia para clarificar también algunas cuestiones. Ustedes han aprobado una serie de reales decretos al inicio de la legislatura con apoyo de otros socios más coyunturales o más estables. Estos reales decretos afectan al ámbito tributario y, le guste a usted o no, a pesar de que dice que no han subido el impuesto sobre sociedades, sí que lo han modificado y lo han hecho para recaudar más. Por tanto, indirectamente también han incrementado la presión fiscal. Lo comento para que tenga una percepción clara de cuál es la apreciación de la sociedad. Hoy, el Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya, que es un colegio profesional, publica en algunos diarios económicos -seguro que han tenido la posibilidad de verlo y si no es así podrán hacerlo- un documento que comienza de la siguiente manera: "En este inicio de legislatura se vienen oyendo continuas apelaciones al deber de solidaridad que a todos atañe para permitir el cumplimiento de los objetivos de déficit que amenazan España". Es una forma suave de aludir a una subida de impuestos que nadie esperaba y que poco tiene que ver con el programa electoral del grupo político que al final se ha hecho con el Gobierno, y yo añadiría: y a los grupos políticos que así lo han posibilitado con su voto.

Los efectos de estos reales decretos -que de momento creo que han pasado relativamente desapercibidos, señor Montoro-, para nosotros son importantes y por eso nos hemos opuesto frontalmente a todos ellos. El mismo documento que le comentaba enfatiza, por ejemplo, en cómo se penaliza en relación a la no posibilidad de aplazar a aquellos que recurren ante la Administración tributaria y se les


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reconoce o aprecia solo parcialmente el recurso, generando en diciembre una cierta polémica el que ustedes imposibilitaran a las pequeñas y medianas empresas, a todas las empresas, el aplazamiento, por ejemplo, del IVA, y ya no le digo también, como alguien ha mencionado, de los pagos fraccionados del impuesto sobre sociedades, que hasta este momento se podían aplazar. En aquel momento, no usted, sino alguien desde su ministerio, intentó tranquilizar a alguna organización de autónomos diciendo: Oiga, no se preocupen que el IVA de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos se va a aplazar hasta los 30.000 euros. La realidad es que todos teníamos la curiosidad de saber cómo lo haría porque parecía que sería a través de una orden ministerial, si bien, en todo caso, tendría que modificar una ley. La cuestión es que estamos a punto de que venza este primer periodo de pago del IVA y hay muchos autónomos y pequeñas y medianas empresas que están pendientes de si van a poder aplazar o no; de hecho, por todos los asesores fiscales y por la misma Administración tributaria en sus diferentes delegaciones se les está diciendo que, con lo que está aprobado, no.

Señor ministro, ¿van a sacar de aquí al 30 de enero alguna orden ministerial en este sentido? Nuestro grupo se lo pide explícitamente: Tranquilicen a estos autónomos, a estas pequeñas y medianas empresas, conozcan su realidad. No es del todo cierto, señor ministro, que la situación financiera del pequeño autónomo, de la pequeña y mediana empresa les permita recurrir al crédito y, por tanto, prescindir de esta posibilidad. En definitiva, le pediría concreción clara sobre este tema.

De los presupuestos tendremos ocasión de hablar, pero creo que sí sería bueno que hoy usted lanzara también un mensaje de cierta confianza a todos aquellos trabajadores públicos. ¿Van a posibilitar los presupuestos la actualización de los salarios y las retribuciones de los trabajadores públicos? ¿Podrán al menos posibilitarlo en aquellas administraciones o niveles de Administración cuya situación financiera así se lo permita? Estaría bien que hoy no solo a los funcionarios y trabajadores públicos, sino también a aquellos ayuntamientos y comunidades autónomas que están pendientes de esta decisión, les avanzase cuál será la posición del Gobierno al respecto.

En cuanto a la financiación local, a la que también se ha aludido anteriormente, no solo se trata de reformar la Ley de Haciendas Locales, que también, si no que, como usted sabe, teníamos un compromiso previo de hacerlo en la anterior legislatura, lo aprobamos por amplia mayoría tanto en el Congreso como en el Senado, y la situación ha hecho que no sea posible. ¿Esta legislatura va a ser posible? Perfecto. Pero hay otros aspectos que también tenemos que corregir como la aplicación de la regla del gasto a las corporaciones locales, que es injusta y, si me permiten la palabra, hasta perversa porque penaliza a aquellos que hacen el esfuerzo en la contención del gasto en un presupuesto concreto. ¿Van a eliminar la tasa de reposición para aquellos ayuntamientos o corporaciones locales que no tienen ningún problema de financiación, que generan superávit año tras año y tienen imposibilidad de poder completar su plantilla? ¿Van a dar libertad de contratación de trabajadores públicos a dichas corporaciones locales e incluso también a algunas comunidades autónomas?

El señor PRESIDENTE: Señor Bel, piense en su compañero. (Risas).

El señor BEL ACCENSI: Sí, mi compañero me ha pedido exactamente los minutos que solo con su benevolencia seguro que va a completar. Pero, en todo caso, voy finalizando.

Otras cuestiones, señor Montoro. En la lucha contra el fraude dice usted: vamos a traer aquí un proyecto de ley y nos vamos a tener que poner de acuerdo. ¡Seguro! Nos vamos a tener que poner de acuerdo; pero para luchar contra el fraude no solo es necesaria una modificación de la legislación, es imprescindible una mayor dotación de recursos y eso desde nuestra formación también lo vamos a plantear. Por lo tanto, señor ministro, son muchos los retos.

Habrá visto, y lo va a entender perfectamente, que no le he planteado ninguna cuestión en relación a la financiación autonómica, pero sí me gustaría que concretase ésta en relación a la financiación local. Y sobre todo, señor ministro, lance un mensaje claro y, mejor aún que lanzar mensajes, publique en el "Boletín Oficial del Estado" la norma que posibilite que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos puedan aplazar el IVA -no le digo ya a los 30.000 euros, yo sería más generoso-, y en todo caso al menos cumpla este compromiso con los autónomos y la pequeña y mediana empresa del conjunto del Estado español.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.

Tiene la palabra el señor Candela.


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El señor CANDELA SERNA: Muchas gracias, señor presidente, señor ministro y señor Ferran Bel, por su benevolencia.

Querría estructurar en tres ítems la intervención porque me parece que hay mucho de surrealismo, algo de realismo y una duda existencial que quiero plantearle; empezaré, con los pies en la tierra, con la cuestión del realismo. En primer lugar, habla usted de cara a los presupuestos de 2017 de la necesidad de diálogo y de cesión y luego dice que esto tiene que estar dentro de los límites que marcó el señor presidente del Gobierno hace unos meses. No creo que haya mejor aviso a navegantes -a Ciudadanos y al Partido Socialista- que el que el botón nuclear está listo, así que, aunque hagan mucho ruido, aunque se les permita hacer mucho ruido, de nueces, más bien pocas.

En segundo lugar, está la cuestión relativa al surrealismo. Usted habla de la fortaleza del crecimiento y a partir de ahí cimienta todo un discurso y todas las políticas. Usted sabe mejor que nadie que dos terceras partes del crecimiento en esta última época se deben a factores exteriores, ergo la vulnerabilidad de la economía española es aún mayor y eso tiene especial relieve en un contexto donde todas las previsiones indican que en 2017 va a haber un frenazo. Y aún así habla de que las previsiones de déficit van a ser muy positivas. La pregunta que yo le hago, dentro del surrealismo, es si eso a usted le cuadra.

Y por último, y relativo al sistema de financiación autonómica, ha hablado incluso de reinventar el sistema de financiación autonómica y ha dicho una cosa con la que estamos totalmente de acuerdo: garantizar que todos y todas, independientemente del lugar donde vivamos, tengamos los mismos derechos. Estamos totalmente de acuerdo pero usted sabe que en el caso de los valencianos no es así. Entonces, corregir ese déficit solamente se puede hacer por dos vías. Una, corregir el pecado original por el cual hay situaciones de privilegio o que la reforma vaya a favorecer a aquellas autonomías que somos las que peor estamos y que mejoremos sustancialmente; es decir: una solución asimétrica. Entonces la duda existencial es cuál de las dos vías va a asumir, si va asumir alguna.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Candela.

Tiene la palabra, por el Grupo Vasco, la señora Sagastizabal.

La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a Esquerra por cederme el turno.

Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia y por sus explicaciones. Quiero desearle, asimismo, suerte y aciertos en la gestión de las materias que dependen de su ministerio. En nuestro grupo normalmente tenemos como principio dar un margen de confianza y de colaboración en las nuevas etapas. No juzgaremos intenciones sino hechos. Por tanto, en ese sentido nos pronunciaremos en cada tema y estaremos atentos también a aquellas materias relacionadas sobre todo con la especificidad foral de los territorios históricos de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. Es verdad que la pasada legislatura comenzaba con una situación muy compleja en la que era necesario emprender reformas estructurales para impulsar sobre todo la reactivación económica. El Estado contaba con unas cifras de paro de la Unión Europea muy altas, un déficit público desbocado, un sistema financiero con graves problemas de solvencia y liquidez y un tejido económico con escasa capacidad para competir a nivel internacional. Por tanto, el Gobierno sí tenía la tarea de abordar durante la legislatura 2011-2015 un número importante de reformas económicas, tendentes a favorecer la actividad empresarial generadora de empleo. Así, entre ellas, pudimos observar la reforma laboral, las reformas en el sector energético, la unidad de mercado y la racionalización del sector público. Todas ellas -muy a nuestro pesar- realizadas desde una mayoría absoluta con muy poco diálogo con los distintos agentes y con el resto de los grupos de las Cámaras y que han sido claramente insuficientes en algunos casos porque seguimos con tasas de desempleo que prácticamente duplican las medias de los países de la Unión Europea, con un deterioro de la calidad en el empleo y con recortes que han afectado especialmente a los servicios públicos esenciales, que son la base del Estado del bienestar. Ha sido -como bien he dicho- una legislatura caracterizada por la falta de diálogo, la recentralización y los recortes con políticas económicas basadas únicamente en la austeridad y con la que nuestro grupo ha sido bastante crítico.

Hoy día no vamos a negar el cambio de signo en los indicadores económicos que apuntan a una recuperación económica, pero entendemos que tampoco podemos hablar de una recuperación económica sólida porque creemos que las bases de la economía española no lo son. El crecimiento experimentado en el Estado se está apoyando sobre todo en sectores de bajo valor añadido y en la creación de empleo precario, temporalidad, devaluación salarial y parcialidad no deseada y en factores de coyuntura internacional -el precio del petróleo y otras materias primas y derrumbe de los mercados turísticos de los


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países árabes- que si bien ayudan a maquillar la situación no suponen avanzar en un modelo productivo que permita augurar un crecimiento sostenible. Ejemplo de esto es que la inversión en aquellos engranajes de la economía que mejoran la competitividad y generan mayores niveles de innovación, como por ejemplo la investigación, siguen siendo bajos si los comparamos con otros de la Unión Europea.

Nuestro grupo también ha sido muy crítico con la política de austeridad impuesta por Europa en la senda de la consolidación fiscal. Europa ha apostado por un control de déficit a ultranza mediante una política fiscal restrictiva, acompañado de un sistema coercitivo, complementado luego con políticas monetarias expansivas que nos han llevado a una situación desconocida con tipos de interés cero y negativos, situándonos en un escenario relativamente nuevo.

A pesar de todo ello, la evolución del déficit de las administraciones públicas ha tenido que ser nuevamente revisada para el año 2016 -y también para los años anteriores- ante la imposibilidad del cumplimiento de los objetivos marcados por Europa. Por los datos que conocemos, la caída de los ingresos fiscales en una cuantía mayor a la prevista por el Gobierno ha provocado que el desfase contable de la Administración General del Estado se dispare en noviembre hasta el 2,36%, cuando el objetivo final del año es del 2,2. Es verdad que esta desviación no compromete por el momento el cumplimiento del tope de déficit asignado a España por la Comisión Europea del 4,6 pero sí supone un elemento de riesgo. Habría que tener en cuenta que esta desviación del déficit se produce a pesar de las medidas extraordinarias que adoptaron ustedes en el mes de julio. Cada vez es más evidente que estamos ante riesgos en lo que respecta a las estimaciones de crecimiento de la economía española. Factores externos como la revalorización de los precios del petróleo, con un aumento a lo largo de 2016; la llegada de Trump a la presidencia de los Estados Unidos y la amenaza de proteccionismo que parece llevar aparejada; el avance de movimientos populistas de extrema derecha en Francia, Alemania y Holanda y la negociación del "brexit" podrían significar una amenaza para las exportaciones, lo cual podría ocasionar una ralentización de la economía a pesar de que usted ha dicho que las exportaciones aumentan. El elevado volumen de deuda pública que tiene España -en torno al cien por cien- deja a esta en una posición de debilidad ante un posible endurecimiento de los mercados financieros, un incremento de los tipos de interés o nuevas turbulencias en los mercados. No se trata de hacer un decálogo de calamidades, se trata de estar atentos a los datos macro que si bien nos dicen que el crecimiento económico continúa, también parece que apuntan a una desaceleración en 2017.

Como hemos comentado, nuestro grupo ha sido crítico con las políticas de austeridad impuestas por Europa que llevaron a una reforma constitucional introduciendo el principio de estabilidad presupuestaria para las administraciones y que dio paso a la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria. Así, el control de déficit público se ha convertido en casi la única variable estratégica de la política económica.

Podríamos hablar en relación con la manera injusta en la que se han distribuido en los últimos años los objetivos de déficit y deuda entre el Estado y las comunidades autónomas pero, como decía al principio de mi intervención, como tenemos costumbre de dar un margen de confianza y de colaboración en las nuevas etapas, y teniendo en cuenta la recuperación del espíritu de bilateralidad del concierto económico que nos ha permitido en las últimas fechas acordar con ustedes unos límites de déficit para los próximos años, no ahondaré más en ello, pero seguiremos insistiendo en una redistribución de los ajustes presupuestarios para cumplir los objetivos de déficit, de forma que no seamos las comunidades autónomas y los ayuntamientos quienes debamos asumir la mayor parte del ajuste.

Sí queríamos insistir, y nos preocupa, en que la Ley Orgánica 2/2012 adopta un enfoque incluso más restrictivo que la propia Unión Europea en torno a la regla de gasto, regla que, junto con el límite de déficit y deuda, son de obligado cumplimiento, situándonos la ley de 2/2012 al mismo nivel en cuanto a obligatoriedad en su aplicación y a las consecuencias de su incumplimiento. Europa no utiliza la regla de gasto con carácter sancionador, solo los objetivos de déficit y deuda. No tiene ese carácter. La regla de gasto es solo un indicador del objetivo a medio plazo, medido en términos de saldo estructural. La regla de gasto no responde a un cálculo contable, sino a una estimación del nivel de crecimiento que debería tener el PIB a medio plazo. La opción adoptada por Europa, en primer lugar, incorpora elementos discrecionales; en segundo lugar, se calcula como un promedio plurianual según la regla de gasto y, en tercer lugar, genera un dato que es muy sensible al periodo concreto que se tome como referencia, a diferencia de lo que ocurre aquí. Ustedes han ido mucho más allá. Dicho esto, tenemos que decir que las entidades locales tienen poco margen de maniobra tanto para aumentar sus ingresos como para incrementar el gasto público y, en caso de que tengan superávit, lo han de utilizar para devolver la deuda


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a los acreedores. Por todo ello, desde nuestro grupo le pedimos, señor ministro, que sea consciente de esta situación y se replantee a medio plazo la redacción de la ley y a corto plazo su aplicación de forma más flexible.

Otro aspecto que quiero destacar es el de la preocupación que tenemos por el respeto a los órganos de encuentro y me estoy refiriendo a la Comisión Mixta del Concierto de la Comisión del convenio navarro de los regímenes forales. No ha sido así en la última legislatura donde han utilizado instrumentalmente la crisis económica para llevar a cabo políticas centralizadoras de carácter estructural y de intensidad desconocida hasta ahora. Cada nivel institucional debe ejercer las competencias que le correspondan atendiendo al marco legal. La colaboración desde la responsabilidad de cada uno es el camino y en ningún caso la imposición y la preeminencia de la Administración central del Estado sobre las diputaciones forales o corporaciones locales.

A nuestro juicio, lo que se ha pretendido en la anterior legislatura es una mutación constitucional del modelo territorial del Estado al reforzar su naturaleza unitaria tras centralizar buena parte de la definición de las políticas públicas con carácter uniforme, en muchos casos hasta en su misma gestión. Por ello, insistiremos en las vías para la concertación y búsqueda de soluciones que reconozcan la autonomía política de la Comunidad Autónoma de Euskadi a través de la introducción en cualquier ley de los preceptos de salvaguarda o reserva foral y los acuerdos interpretativos de leyes realizadas en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación del Estado.

Usted ha hablado de financiación autonómica y espero que esto se traslade también a la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través de la reunión de la Comisión Mixta del Concierto, para hablar sobre todo de la Ley del cupo. También ha hablado de materia tributaria y quiero decir que nuestro grupo es partidario de colaborar en cuantos debates y decisiones de reforma del sistema tributario se produzcan, pero siempre desde el principio básico del estricto respeto a nuestro autogobierno fiscal porque en el Estado -le recuerdo, señor Montoro- hay cinco Haciendas, las tres de los territorios de la Comunidad Autónoma de Euskadi, la de Navarra y la del territorio común. Entendemos que en el caso de una reforma del sistema tributario debería ser integral, que opere a largo plazo y que tenga como prioridad la incentivación de la actividad económica y la suficiencia de ingresos para mantener el gasto social. Igualmente ha hablado también de fraude fiscal y ahí le mostraremos nuestro apoyo para la lucha contra el fraude. Es una cuestión que hay que abordar en todo caso y de todas las maneras. También nos ha hablado de bajar el IRPF. Le veo muy optimista y no sé si es el momento de arriesgarse a decir eso. Tampoco me voy a repetir en muchos temas que se han dicho aquí y simplemente quiero felicitarle de nuevo por sus explicaciones.

Por último, usted ha dicho que se ha comprometido en esta reunión de hoy a presentar un proyecto de presupuestos del Estado y me gustaría saber en qué plazos o si al final vamos a ir a una prórroga presupuestaria.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.

Tiene la palabra, en nombre de Esquerra Republicana, la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.

Feliz año a todos, también para el señor ministro. (Risas.) Le agradezco, como siempre, que comparezca porque usted es un ministro motivado que acostumbra a venir siempre a las Cortes y, por tanto, es de agradecerle su predisposición. En Esquerra Republicana, evidentemente, somos muy críticos con lo que hoy acabamos de oír por boca de usted: En este caso, viejos métodos para la vieja política.

Señor ministro, el sistema tributario español necesita una reforma en profundidad que su Gobierno parece que no está dispuesto a llevar a cabo. En todo caso, apuntaba alguna modificación, pero efectivamente no una reforma en profundidad. Nosotros decimos que se requiere una reforma en profundidad, porque es un sistema ineficiente, en tanto que el Estado no es capaz de recaudar todo lo necesario para mantenerse y, por tanto, es deficitario. Parte de esta ineficiencia se basa en la incapacidad para controlar el fraude, la evasión y la elusión fiscal. Es un sistema injusto socialmente, ya que grava mucho las rentas del trabajo y poco las del capital, grava mucho a las pymes más que a las grandes empresas y además es un sistema injusto territorialmente, porque no tiene en cuenta las diferencias competenciales de las comunidades autónomas y porque además carga sobre ellas el gran peso de los recortes y la deuda en el marco de una pretensión, que nos ha oído decir muchísimas veces, ideológicamente recentralizadora.


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Usted hoy nos ha hablado de reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, pero tengo que decirle desde Cataluña, desde Esquerra Republicana -si no dirán que hablo en nombre de Cataluña- que esto llega tarde y mal y, por tanto, para nosotros, ustedes ya no resultan creíbles. Además es un sistema éticamente reprobable, porque empobrece a las clases trabajadoras, a la economía productiva, a los autónomos, a las pymes, mientras enriquece a los especuladores y a los grandes oligopolios, que se ven beneficiados -no me diga que no, porque seguro que en esto coincidiremos con usted-, porque además ustedes han amnistiado a los defraudadores y lo han hecho en un contexto de despilfarro público importante, nepotismo, privatización del patrimonio público y beneficios y socialización de pérdidas y deudas. Usted nos ha venido a decir que estamos en una situación de crecimiento económico importante y que ha crecido también el empleo. Crece el empleo, pero ¿qué empleo? Por tanto, seamos críticos también en este aspecto. Crece el empleo, pero no es un empleo de calidad, es un empleo precario y, por tanto, Esquerra Republicana no puede compartir su optimismo. Habla también de que han crecido las exportaciones. Cierto, y además me gustaría recalcar que, respecto al total español, Cataluña representa el 25,8% de estas exportaciones.

Esquerra Republicana quiere hablarle de eficiencia, de justicia social y de ética política. Eficiencia, porque es un reto importante -ya le he dicho por qué son ineficientes ustedes o, en todo caso, por qué es ineficiente el sistema tributario español- y porque además ustedes nos han repetido hasta la saciedad que todas las reformas legislativas que hacían, sobre todo en la X Legislatura, que es cuando se produjeron las mayores reformas legislativas, iban en este sentido. Nosotros también somos críticos en este aspecto, somos críticos con su reforma de la Ley de sostenibilidad de las administraciones locales y, por tanto, no compartimos tampoco el concepto de eficiencia que ustedes manejan. Usted tiene el ministerio que tiene la llave de la caja, la que permite decir qué se podrá llevar a cabo durante el ejercicio fiscal, durante el ejercicio presupuestario. En este sentido, debería tener muy en cuenta el concepto de eficiencia. No es eficiente ni seguramente tampoco eficaz no disponer de los Presupuestos Generales del Estado una vez iniciado ya este año, 2017. Sí, me dirá que no había Gobierno, pero para ustedes esta situación seguramente es cómoda, cómoda en atención a lo que el propio presidente Rajoy dijo en el debate de investidura, que no haría nada que no quisiera hacer y que no desharía nada que no quisiese deshacer. Por tanto, es aquello de "qui dia passa, anys empeny", lo que ustedes aplican habitualmente.

Esquerra Republicana considera que el presupuesto es una oportunidad para exprimir al máximo el escenario macroeconómico, escenario en el que ustedes tienen como previsión de crecimiento solo el 2,5% del PIB, por debajo del escenario 2016, es decir, que nos encontramos ante un frenazo a la vuelta de la esquina, en un escenario económico global que plantea incertidumbres y que no augura, parece ser, demasiadas alegrías. En todo caso, ya veremos.

Decíamos que era ineficiente y no predicable el sistema tributario español y que necesitaba de una reforma en profundidad. Es ineficiente porque recauda entre siete y ocho puntos menos respecto al PIB de la media de la Unión Europea, mientras que tenemos los tipos impositivos en la franja alta. Tenemos un sistema de inspección fiscal ineficaz, no porque no tengamos buenos y competentes profesionales sino porque carecen de medios materiales y personales, porque las directrices políticas van por otros derroteros y además lo indican así los propios técnicos de la Hacienda pública y, por tanto, el Estado español necesitaría una Agencia Tributaria independiente orientada a combatir el fraude fiscal, que no mate moscas a cañonazos, y entenderá por qué se lo digo: matan moscas a cañonazos cuando -alguien lo apuntaba también antes- el objetivo de la Agencia Tributaria han sido las trabajadoras domésticas, los jubilados y los jóvenes que se desgravan las subvenciones en atención a las deducciones del alquiler, cuando el grueso del fraude, el 75% del mismo, corresponde a las grandes empresas y patrimonios; esto es matar moscas a cañonazos. Además, le vuelvo a apuntar un aspecto que usted seguramente conoce y lo conoce en profundidad: en el año 2015 realizaron un 45% más de inspecciones fiscales en Cataluña, que hizo aflorar un 8% del fraude, pero ¿qué ocurrió en el Estado español?, pues que durante dicho periodo se llevaron a cabo un 7% más de inspecciones fiscales que hicieron aflorar un 27% más de fraude. Me gustaría que usted me dijese qué es lo que ha fallado en este sistema de inspección fiscal. Ineficiencia es también tener que rectificar por actuaciones y decisiones temerarias, y este es el calificativo que nos merece a nosotros la bajada de impuestos en atención a dos contiendas electorales -en el caso de la segunda no lo sabíamos, igual ustedes sí lo sabían-, para tener que rectificar hace poco esa decisión -rectificaron a medias- que, como decía, fue una decisión temeraria. Además, usted mismo se ha referido a ello de pasada cuando ha dicho que en el tema de la recaudación del impuesto sobre sociedades efectivamente ha sido la mitad respecto a periodos anteriores.


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Ineficacia e ineficiencia de España, efectivamente, cuando nos seguimos preguntando, ministro, cómo se pueden mantener ministerios con competencias ya traspasadas a las comunidades autónomas, lo cual significa duplicar esfuerzos y despilfarrar recursos públicos. Nos seguimos haciendo preguntas sobre por qué es ineficaz lo que están haciendo que no garantiza la seguridad jurídica; todos estos cambios legislativos, fiscales, deprisa y corriendo, en el ejercicio pasado y en este último trimestre, provocan disfunciones importantes a las sociedades y disfunciones importantes sobre todo a los autónomos y a las pymes. Además, nos preguntamos también cómo puede continuar manteniendo el Estado español una deuda pública que no consigue bajar del cien por cien del PIB y que ya supera los mil billones de euros, con todos los efectos que conlleva, desde los intereses de la deuda hasta la propia economía en general y que en definitiva acaba actuando a favor de la economía especulativa y no de la economía productiva. Por cierto, ya sé que igual no les gusta que lo diga, pero en Cataluña estamos comprometidos con la consolidación fiscal por primera vez en muchos años -y esto usted, ministro, lo sabe y así me lo ha comentado-; hemos podido reducir el peso de la deuda respecto del PIB, aumentando el gasto y priorizando las partidas de salud, educación y servicios sociales.

Respecto a la ineficacia, podría hacer aquí un largo listado de ineficacias: desde la deuda bancaria generada por el rescate bancario hasta el déficit tarifario eléctrico, la deuda militar -pretenden ustedes aumentar el presupuesto en un 30% y luego tienen que enviar a su rey a hacer de comercial ante las dictaduras que financian al Estado Islámico para vender sus tanques y barcos-, la deuda de ADIF o el déficit de la Seguridad Social; es decir, un déficit público que deberán pagar sus hijos, sus nietos y los que vengan después por los siglos de los siglos. En definitiva, más que de ineficiencia estamos hablando de incompetencia, pero tampoco se actúa sobre las causas estructurales de esta ineficiencia.

Ministro, de la canción que nos ha cantado nos ha gustado el estribillo -la lucha contra la morosidad empresarial y qué perjudica a las pequeñas y medianas empresas-, aunque habrá que ver cómo van a hacerlo. Ha hablado también de justicia y de gasto social, de garantizar la efectiva igualdad de todos los ciudadanos y así revertir la desigualdad y generar cohesión social. ¿Cómo se consigue esto? Por lo que usted ha dicho, continúo pensando que no van a modificar su proceder. Esquerra Republicana se lo ha dicho en muchísimas ocasiones. Cataluña tiene competencias y las quiere ejercer de forma plena y además aspira a más. Aspiramos -Esquerra Republicana trabaja para ello- llegar a la república catalana. Cuando ustedes toman decisiones como las que toman en relación con el reparto del objetivo de déficit, un reparto no diferenciado, el café para todos otra vez, que en definitiva genera desigualdad, están dando un mensaje muy claro a los ciudadanos de Cataluña: para el Partido Popular tiene el mismo valor poder pagar los muebles y cortinas a los ciudadanos de Extremadura que poder hacerse cargo de la salud o de la educación en Cataluña. Cuando actúan de esta manera no lo hacen de forma equitativa y por tanto no están poniendo en práctica el principio de igualdad, que es tratarnos de forma desigual para hacernos más iguales. En cualquier caso, quiero apuntar que esta petición que hago hoy -la hemos hecho por activa y por pasiva cada vez que hemos tenido oportunidad- no la defiende únicamente Esquerra Republicana, sino también otros partidos políticos, como el PDECat, pero también la AIReF, que es un organismo independiente que le hace recomendaciones y que usted es reacio en gran medida a llevar a cabo.

Voy acabando, señor presidente. Decía que quería hablar de ética política, esto es, qué se hace en las instituciones, cómo se está en ellas y cómo actuamos cuando estamos en las mismas. Me refiero a la voluntad recentralizadora que usted mencionaba, pero también a la confusión de los poderes, esta permanente confusión -Esquerra Republicana lo ve con preocupación- que con el Partido Popular en el Gobierno se ha visto maximizada y que al final termina degradando a las propias instituciones del Estado. Me estoy refiriendo al Tribunal Constitucional, al ministerio fiscal y al Ministerio del Interior, hasta en asuntos de la Fiscalía utilizan recursos públicos para construir procedimientos penales contra dirigentes políticos catalanes: el alcalde Trias, el president Mas y el vicepresident del Govern de Catalunya, el señor Junqueras, entre otros.

En relación con la Agencia Tributaria -voy acabando, señor presidente-, los propios inspectores fiscales denuncian la necesidad de que funcione con más objetividad, neutralidad y transparencia y eso que yo le reclamaba con anterioridad, que cumpla las funciones que le son propias sin demasiadas interferencias en cuanto a la persecución del fraude, la evasión y la elusión fiscal. En todo caso -y acabo ya, señor presidente, ahora sí-, quiero recordarle que cuando usted presentó el Plan de estabilidad presupuestaria dijo que entraba la política en el Congreso de los Diputados. Entonces haga esto, haga posible que entre la política en Congreso de los Diputados. Se han visto un poco forzados.


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Finalizo recordando a Bauman -que también viene a cuento hablar de él esta semana-, e indicando que es bueno que la política entre de nuevo en el Congreso de los Diputados, porque en definitiva el poder es la capacidad de hacer cosas, se limita a lo que uno puede hacer y otro no, y la política es la capacidad de decidir qué cosas se deberían hacer y cuáles deberían ser evitadas. Aplíquense, por tanto, la medida que proponía Bauman.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.

En nombre del Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene en primer lugar la palabra el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias.

Efectivamente, nuestro grupo va a dividir su intervención en tres partes para tratar los grandes aspectos de las líneas maestras del Gobierno, que por supuesto también incluyen los motivos por los que pedimos la comparecencia del ministro de Hacienda que la Mesa no ha tenido a bien incluir y acumular. En cualquier caso, eso tendrá un perjuicio para el ministro, porque tendrá que volver a hablar expresamente de lo que nosotros pedimos en nuestra comparecencia aunque en el día de hoy nos haya llevado a esta anomalía tan grande.

Señor ministro, es usted una persona con una larga trayectoria política en el Gobierno. Empieza con un nuevo Gobierno, es cierto, la diferencia es que usted repite gracias a los votos del Partido Socialista y de Ciudadanos, pero usted no es nuevo, usted ha estado haciendo una política que nosotros consideramos bastante errónea, que tiene notables fallos y que también es incoherente, ya que ha estado dando bandazos de un lado hacia otro. El Partido Popular no ha cumplido en el Gobierno ni siquiera con los criterios establecidos por Bruselas en cuanto al déficit, y a pesar de eso ha llegado usted a bajar los impuestos, como el impuesto sobre sociedades, teniendo que rectificar unos meses más tarde. Claro, esa dinámica nos lleva a creer que el Partido Popular en el Gobierno ha actuado de una forma poco rigurosa y bastante más oportunista de lo que usted ha parecido transmitir en su intervención. Además ha llevado al sistema fiscal a un sistema de regresión muy profunda. Solo teniendo en cuenta los números, que usted ha dicho que le gustan mucho -y a mí también-, si llevamos tenemos en cuenta lo que ha pasado con las últimas reformas, podríamos encontrar que una persona o un trabajador que cobrara 70.000 euros se habría ahorrado -entre comillas- 1.900 euros que no van a financiar las arcas del Estado. Sin embargo, alguien que cobrara 200.000 euros se habría ahorrado -de nuevo entre comillas- 6.400 euros. Parece evidente que esto va en contra de la progresividad fiscal, parece que esto va en contra del artículo 31 de la Constitución que ustedes dicen defender continuamente, que se suma a la transmisión del peso desde los impuestos directos a los indirectos, que usted sabe también que es absolutamente regresivo. El Fondo Monetario Internacional, en su informe de 13 de diciembre, incide en esa cuestión y queríamos conocer su respuesta al respecto. Uno de sus impuestos indirectos es el IVA cultural, señor ministro. Parece que su ministerio ha anunciado que lo va a bajar definitivamente -no sabemos las causas-, pero ha anunciado al mismo tiempo una excepción, y es supuestamente para los espectáculos en directo, que podrían incluir el teatro y el cine. Queremos que nos saque de ese error, si es que efectivamente estamos en un error, o nos explique qué va a suceder con ese IVA cultural, que llevan prometiendo mucho tiempo que se va a bajar, que no se baja y que podría incluir excepciones.

Usted es también el ministro de la amnistía fiscal, señor Montoro. Durante su comparecencia ha dicho algo refiriéndose a otros países que tienen una conciencia fiscal mucho más desarrollada -lo ha dicho así, literalmente, hoy y aquí hace unos minutos-. Creo que puede ser cierto, pero que poco hace el Gobierno para que nuestro país pueda ser una referencia en conciencia fiscal de países muy desarrollados, ya que ustedes han sido los responsables de la amnistía fiscal con efectos de recaudación que nosotros tildamos de irrisorios, pero que al mismo tiempo han tenido unos grandes beneficiarios, de los que hemos tenido oportunidad de hablar desde el año 2012 sistemáticamente en este Congreso y entre los que se encuentran casos verdaderamente excepcionales. Algunos están recogidos en prensa, porque su ministerio no habla de estas cuestiones salvo que se trate de artistas del cine o del teatro, de los que ustedes hacen sugerencias sobre sus impagos, pero no suele usted hablar sobre otros temas. Sin embargo, nos encontramos, por ejemplo, con la familia Demetrio Carceller, una familia de procedencia franquista, cuyo abuelo fue ministro franquista, que defrauda 100 millones de euros, la Fiscalía les pide cuarenta y ocho años de cárcel y llegan a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción por el que pagan 90 millones de euros. Yo creo que tampoco hace falta ser matemático para darse cuenta de que pagar 90


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millones de euros supone menos que los 100 millones que la fiscalía denuncia. Es bastante evidente la lección ética y moral que se puede deducir de un pacto de estas características, en el que parece que el mensaje es cárcel solo para los pobres, porque si eres rico siempre puedes llegar a un acuerdo con la Fiscalía anticorrupción. Este es uno de los elementos en los que, junto con la amnistía fiscal -cuyos beneficiarios tan bien conocemos-, el ministerio tendría que actuar. Esto se suma al caso del fútbol, al caso de las filtraciones respecto a la mafia que se ha montado para en última instancia no pagar impuestos, y es que no pagar impuestos no es un detalle menor, supone en definitiva no pagar sanidad, educación, etcétera. Queremos conocer su opinión, porque poco se ha hablado al respecto por parte del ministerio. La prensa tampoco está informando demasiado sobre este tema, pero nos llama la atención que siempre se den a conocer estos asuntos por filtraciones y no por los propios aparatos del Estado, algo que nos preocupa.

Termino diciendo que la prórroga de los presupuestos que se ha acometido supone también un perjuicio y provoca una prórroga de los recortes asumidos el año anterior, por lo que nos gustaría conocer la estimación sobre la cantidad concreta que el Gobierno ha hecho. Añadiré una precisión, y es que me ha sorprendido que en su intervención, al hablar sobre el crecimiento económico, no haya planteado los factores exógenos. No ha hablado de cómo al crecimiento económico, que es algo puramente indicativo, no ha contribuido el euro, el precio del petróleo o la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo. Parece que cuando la economía va mal es culpa de los de fuera, y cuando la economía aparentemente va bien es siempre responsabilidad al Gobierno.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garzón.

Tiene la palabra el señor Vendrell.

El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente. Buenas tardes, ministro.

Yo quería estructurar mi intervención sobre la base de un marco general y tres cuestiones concretas: la política presupuestaria, la financiación autonómica y las administraciones locales, en una comparecencia en la que, por cierto, señor ministro, ha concretado muy poco. Nos ha dicho muy poco sobre lo que usted quiere hacer y el sentido en el que lo quiere hacer, y luego le haré algunas preguntas concretas sobre esto.

Su política para las administraciones públicas nos parece más de lo mismo. Lo dijo el presidente Rajoy en su investidura, en realidad su objetivo es preservar el núcleo duro fundamental de las políticas de la X Legislatura, pero eso sí, ahora con acompañamiento, porque no tienen otro remedio que acudir a la gran coalición formada con PSOE y Ciudadanos. Usted hablaba de coherencia, y yo le reconozco una cierta coherencia en sus políticas. En el ámbito territorial, en la parte que le afecta a usted, parten de una concepción del Estado recentralizadora y profundamente uniformizante. Durante estos años su Gobierno ha demostrado que no son precisamente amigos del autogobierno, tanto en las comunidades autónomas como en los ayuntamientos. El mensaje de fondo de estos años ha sido que los ayuntamientos y las comunidades han sido responsables del déficit y del endeudamiento, y su política ha sido un gran instrumento de recentralización.

En el fondo, lo que hay detrás es una concepción del Estado en la que para ustedes las grandes comunidades autónomas deberían ser una especie de grandes diputaciones provinciales sin poder político real y, por tanto, sin una financiación ajustada a ellas. Y los ayuntamientos igual: meros entes administrativos sin capacidad y sin poder político real. Esa es su concepción. Ustedes quieren más Estado central, más Administración General del Estado, pero menos Estado social, que es el que está en manos fundamentalmente de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.

En cuanto a la política de estabilidad presupuestaria, se lo hemos dicho muchas veces. Usted decía que era imprescindible crear empleo, pero no se trata solo de empleo, porque ustedes siempre se olvidan de los trabajadores pobres. Se trata de crear empleo de calidad y combatir las desigualdades sociales, concepto que ni su Gobierno ni los ministros de este Gobierno mencionan nunca. Para ello hay que fortalecer, y no debilitar, ayuntamientos y comunidades autónomas. No tiene sentido centrifugar nuevamente el déficit, de manera que corresponda un 80% del mismo a la Administración central y solo el 20% restante a las comunidades autónomas. Hay que acabar de una vez con la regla de gasto que tiene por objetivo recortar más, ajustar más, y que impide a las administraciones públicas utilizar el remanente de tesorería derivado de superávits fiscales sin poderlo destinar a inversiones o a gasto social. No puede ser, por ejemplo, que en el caso de las comunidades autónomas ustedes no les dejen espacio fiscal. En


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el caso de Cataluña ustedes han recurrido sistemáticamente desde la Ley de impuestos bancarios, el impuesto nuclear, el de operadores de telecomunicaciones, el de pisos vacíos, etcétera.

Sobre el modelo de financiación, también me ha sorprendido que usted no haya planteado cuál es su propio diagnóstico de este modelo de financiación -creo que hoy sería un buen día para que lo hiciera-, ni tampoco nos ha explicado cuál es su opinión de hacia dónde debería ir ese modelo de financiación. Ustedes llevan mucho retraso, el nuevo modelo debería haber entrado en vigor el 1 de enero de 2014 y usted nos ha dicho que cuando el déficit es elevado no tiene sentido realizar un modelo de financiación. Quizás sí cuando una de las razones de ese déficit en algunas comunidades también tiene que ver con el modelo de financiación. Nuestro balance es que tenemos un problema de escasa autonomía financiera, de escasa autonomía real a partir de los tributos propios de las comunidades autónomas. Si contamos los tributos propios gestionados íntegramente por las comunidades autónomas solo suponen el 13%, lo que es insuficiente para cubrir los costes reales de las autonomías en relación con las políticas sociales del Estado del bienestar. Asimismo quiero poner de relieve una verdadera falta de equidad horizontal por la serie alambicada de fondos que existen en estos momentos. Le quería preguntar cuál es su opinión al respecto. La cuestión del modelo de financiación tiene que ver también con el modelo territorial y es evidente que su idea y la nuestra no son la misma. Nosotros creemos que lo que es real tiene que ser legal y que España es una realidad plurinacional, y eso tiene que tener su traducción también en el ámbito del modelo de financiación e incluso en el ámbito constitucional.

Quiero comentar una cuestión en relación con Cataluña. Se equivoca mucho el Gobierno si piensa que con algunos gestos superficiales y quizás con algo más de dinero la cuestión catalana se va a resolver. Creo que sería un gravísimo error. No nos vamos a olvidar de aquello que reclaman entre el 75 y el 80% de la sociedad catalana, que es el derecho a decidir. Ustedes plantean soluciones regionales a un grave problema nacional y el problema es que la mayor parte de la ciudadanía de Cataluña no se reconoce en el actual marco constitucional y estatutario. Ustedes a eso le tienen que dar una salida democrática o una salida autoritaria, y con los procesos de judicialización en marcha lo que nos están diciendo es no solo que no hay dialogo sino que la salida es autoritaria.

Y la tercera cuestión -y termino- es la de las administraciones locales. Es urgente la derogación de la Arsal porque creemos que es una ley antimunicipalista, recentralizadora y de baja calidad democrática y que su política ha perjudicado a las administraciones que tienen una incidencia mayor en la vida de la gente. Y también es urgente -y quería preguntarle en qué sentido cree usted que debería hacerse- una reforma de la Ley de Haciendas Locales para clarificar las competencias de los entes locales y para que tengan una verdadera autonomía financiera. En resumen, ministro, viejas políticas pero, eso sí, con nuevos compañeros de viaje.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vendrell.

Tiene la palabra la señora Honorato.

La señora HONORATO CHULIÁN: Muchas gracias.

En mi grupo agradecemos por supuesto la comparecencia del señor ministro, pero veníamos con una honda preocupación que, después de escucharle, al menos en mi caso se ha incrementado al no haber escuchado medidas relacionadas con los empleados y empleadas públicos. Hemos escuchado alguna cuestión cuando ha hablado de la Administración electrónica pero en mi caso esa preocupación ha aumentado. ¿Por qué? Principalmente porque creemos que uno de los elementos fundamentales para garantizar los servicios públicos en este país está relacionado con la limitación de la tasa de reposición de efectivos que hemos venido sufriendo todos estos años. En la última legislatura se han destruido hasta 140.000 empleos públicos en este país y aunque algunos cargos públicos han hecho gala de esa senda, de la necesidad de destrucción de empleo público, me parece que ese no es el camino. Hemos dicho varias veces que la solución no pasa por colapsar los servicios públicos, por externalizarlos ni por precarizarlos. El colapso existe y creo que casi todos los ciudadanos de este país lo han podido comprobar cuando algo tan sencillo como renovarse el DNI se convierte casi en una yincana para poder conseguir en menos de tres meses una cita cercana a la localidad en la que vivimos. Pero también hablamos de externalizaciones que están provocadas por esta limitación de la tasa de reposición de efectivos, muchas de las cuales además venían acompañadas de una sutil invitación desde la propia ley que lleva su nombre, la llamada tantas veces ley Montoro. El Tribunal de Cuentas ha dicho varias veces que las externalizaciones suponen sobrecostes en la prestación de los servicios, sobrecostes que cuantifica entre un 22 y un 71%,


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y además los servicios que se prestan son servicios de peor calidad. Por eso estamos viviendo en toda Europa una ola remunicipalizadora de servicios, como, por ejemplo, en el agua, en ciudades como Berlín, París, Londres. Tan solo en París se han ahorrado un 8% en las tarifas de agua. También hablamos de precariedad, tenemos que tener en cuenta qué es lo que está diciendo Europa. Europa nos ha sacado los colores varias veces a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea diciéndonos que...

El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.

La señora HONORATO CHULIÁN:... nos ha dicho que la Administración pública española abusa sistemáticamente de la contratación temporal. Por tanto, todos estos son efectos perniciosos relacionados con la tasa de reposición de efectivos. Queríamos preguntarle qué piensa hacer al respecto, si van a mantener esta política o no. Nos parece que hay que abandonarla pero, además, hay que acompañarla con una oferta pública de empleo extraordinaria que han pedido todos los sindicatos, desde Comisiones hasta CSI y UGT y, por supuesto, activar la mesa de negociación general para las administraciones públicas. Queremos saber si en esta legislatura va a convocarla, ya que nos parece que esta debe ser una legislatura de diálogo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Honorato.

No es que haya hablado más que su compañero, es que la última siempre lleva esa desventaja.

Para cerrar, tiene la palabra la señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, el Grupo Parlamentario Popular quiere darle la bienvenida y le agradecemos su exposición, que ha sido tremendamente pedagógica. Pero usted, como docente que fue en su momento, sabe que es imposible enseñar cuando no se tiene interés en aprender, lo que parece que se deduce de alguna de las intervenciones de los grupos políticos de la oposición.

También queremos aprovechar esta primera comparecencia para felicitarle porque es un ministro cuya eficacia tenemos contrastada. Sus recetas, su política económica y presupuestaria han funcionado e iniciamos el año 2017 con un horizonte despejado y un horizonte que no se parece en nada al que heredamos en el año 2011. Hoy tenemos horizonte, entonces solo teníamos por delante un precipicio. Si en 2011 nuestro país estaba en clara recesión, usted lo ha mencionado, hoy somos el país con mayor crecimiento de las economías europeas, y si en 2011 éramos el país con mayor destrucción de empleo, hoy somos el país que más empleo crea en Europa. Además, cerramos 2011 con un déficit público del 9,6% del PIB y cerramos 2016 con un déficit que será menos de la mitad. Un esfuerzo importantísimo por parte de todos, por parte de las administraciones públicas y del Gobierno. Al menos reconozcan que estamos mejor, porque lo reconoce todo el mundo, es evidente, en la calle se nota, lo nota el comercio, lo nota la hostelería, lo nota el turismo, lo notan las familias, lo reconoce todo el mundo menos ustedes. Desde luego, no hay peor ciego que el que no quiere ver y negar la evidencia -se lo digo con todo el respeto- es de necios. Dar la vuelta a esa situación, volver a crecer y crear empleo es, sin duda, fruto del acierto de esas reformas y de las políticas económicas del Gobierno de Mariano Rajoy. Los ciudadanos lo saben y lo reconocen, y por eso nos han vuelto a dar su apoyo mayoritario.

Este nuevo año nos ha traído nuevos datos positivos. Parece que cerramos 2016 con un crecimiento del PIB del 3,3% y 540.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social. Desde el peor momento de la crisis se han creado en España 1.700.000 empleos, en otras palabras, ya hemos recuperado uno de cada dos empleos perdidos durante la crisis. El Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular no se conforman con esto, queremos recuperar todos los empleos perdidos durante la crisis y, por eso, queremos terminar 2020 con 20 millones de españoles trabajando. Por eso no solo queremos felicitarle por lo que ya ha hecho, sino también animarle por todo lo que queda por hacer. Los comienzos de este nuevo Gobierno han sido positivos, en solo dos meses el Gobierno y el Ministerio de Hacienda han dado los pasos necesarios para garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos con Europa en la nueva senda de consolidación fiscal, que exigía cerrar 2016 con un déficit del 4,6% y que tendrá que reducirse en 2017 al 3,1%, alejando, además, definitivamente la posibilidad de una sanción que hubiera sido muy perjudicial para los intereses de nuestro país. La reducción de ese déficit público, lo hemos dicho muchas veces, es imprescindible para generar confianza y credibilidad en los inversores y para que nuestra economía siga creciendo y creando empleo.


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El ministerio de Hacienda, y más concretamente usted, han dado muestras de la capacidad de diálogo con el resto de las fuerzas políticas, y nos parece muy importante ponerlo en valor. Hemos sacado adelante importantes acuerdos parlamentarios y además se están cumpliendo los compromisos del Gobierno con el resto de grupos políticos porque todos en esta Cámara tenemos claro que esta tiene que ser la legislatura del diálogo y lo que queda por hacer lo tendremos que hacer juntos o no lo haremos. Por eso ha sido muy importante esa capacidad de dialogo y el tender la mano al resto de las fuerzas políticas, pero más importante aún nos parece que se cumpla con todos los españoles porque las medidas tributarias que hemos adoptado han sido justas y equitativas, y creo que hay que resaltarlo, garantizando así que los próximos Presupuestos Generales del Estado puedan ser expansivos e inclusivos, porque no queremos dejar a nadie atrás en esa recuperación económica. Como bien ha dicho el ministro, el gasto social se ha incrementado en la pasada legislatura, por mucho que repitan lo contrario una y otra vez. Ese sigue siendo nuestro objetivo, que solo será posible con las políticas adecuadas que pasan por seguir creciendo, seguir creando empleo y seguir teniendo unas cuentas públicas saneadas.

Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos poner en valor esa política tributaria y fiscal implementada desde el Ministerio de Hacienda porque en cuanto fue posible se puso en marcha una reforma fiscal que ha beneficiado a familias, autónomos y pymes y que ha inyectado 9.000 millones en sus bolsillos, permitiendo de esa manera consumir más, crear mayor inversión, más actividad económica y, por tanto, más creación de empleo. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, estamos muy orgullosos de poder afirmar que nunca ha habido en España un IRPF, nunca, que apoye tanto a la familia como la reforma que aprobamos en la última legislatura porque aumentamos los mínimos familiares un 32% y creamos nuevas deducciones para las familias con mayores cargas familiares. Además, estamos muy orgullosos de una reforma fiscal que ha sido justa y equitativa, como decía, porque ha beneficiado especialmente a las rentas medias y bajas y ha exigido un mayor esfuerzo a las rentas altas y a las grandes empresas; igualmente se ha hecho una rebaja muy importante también en el impuesto sobre sociedades a pymes y autónomos. Pero fundamentalmente estamos muy orgullosos de que con esa política fiscal hemos posibilitado que nuestro Estado de bienestar sea sostenible y que podamos pagar nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales porque eso sale de los impuestos de todos los españoles, a pesar de que hemos hecho una reforma que ha bajado los impuestos a las familias, pymes y autónomos. ¿Saben cuánto recaudamos en 2011? Los datos son elocuentes: en 2011 recaudamos 161.700 millones. ¿Saben cuánto recaudamos en 2016? En el último año recaudamos 188.000 millones de euros. Es decir, hemos incrementado la recaudación en casi 30.000 millones de euros y esa es la auténtica garantía de que podamos pagar esa educación, nuestra sanidad y nuestros servicios sociales, que se financian, como he dicho, con los impuestos de todos los españoles. Lo contrario fue lo que hizo el Partido Socialista, que hizo que la recaudación tributaria se desplomase casi 70.000 millones de euros. ¿Qué justicia y qué equidad reclaman desde el Partido Socialista, señor Saura? Solo es necesario darles un dato. El impuesto sobre sociedades de las grandes empresas en 2011, con Zapatero, recaudó 7.626 millones de euros. Son datos de la Agencia Tributaria con respecto a la evolución de la recaudación tributaria; 7.626 millones de euros de recaudación del impuesto sobre sociedades de grandes empresas. ¿Cuánto se ha recaudado en el año 2016 en el avance de liquidación de las grandes empresas en el impuesto sobre sociedades? La recaudación ha ascendido a 19.086 millones de euros; es decir, la recaudación del impuesto de sociedades de las grandes empresas se ha incrementado en más de un 150%, que ya es decir. Por tanto, señor Saura, modernice su discurso de la España decimonónica cargada de prejuicios ideológicos, porque España ha avanzado, España es una sociedad moderna y tendrán ustedes que ofrecer un discurso más adecuado a la realidad.

Respecto a la lucha contra el fraude, hemos batido todos los récords. Tenemos una Agencia Tributaria -señor De la Torre, usted lo conoce bien- que es modélica a nivel internacional, tenemos un conjunto de herramientas jurídicas como nunca hemos tenido en España y tenemos ahí unos resultados: hemos batido año a año todos los récords de recaudación tributaria en la lucha contra el fraude y hemos obtenido en cuatro años una recaudación superior a 50.000 millones de euros en la lucha contra el fraude. Por tanto, en el Grupo Parlamentario Popular somos optimistas con el futuro y queremos poner en valor los acuerdos que hemos alcanzado para aprobar estas importantes medidas fiscales, porque las medidas han sido aprobadas contando con el apoyo del Partido Socialista y también en algunos casos -no en todos- de Ciudadanos, que se abstuvo sorprendentemente en el Real decreto de medidas tributarias. También hemos aprobado los nuevos objetivos de consolidación fiscal y el reparto entre las diferentes administraciones públicas con el acuerdo del Partido Socialista y de Ciudadanos, lo que en la práctica se


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traduce en que ya tenemos un techo de gasto que es imprescindible para poder abordar, para poder elaborar y para poder consensuar esos Presupuestos Generales del Estado para 2017. Y digo que Ciudadanos se abstuvo sorprendentemente, porque uno de los compromisos que cerramos con Ciudadanos para la investidura del señor Mariano Rajoy fue precisamente elevar los impuestos, la tributación de las grandes empresas; sin embargo, cuando el Gobierno adopta medidas para acercar el tipo nominal al tipo efectivo, se han abstenido.

Señorías, lo que hemos hecho y lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha sido mucho, pero sabemos que no es suficiente. Todas las fuerzas políticas tienen que actuar con responsabilidad en un momento importantísimo para España, y eso solamente es posible con diálogo, con negociación y trabajando para sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado de una forma abierta, decidida y sin prejuicios ideológicos. Los ciudadanos esperan de nosotros, de los políticos, soluciones, soluciones realistas con metas alcanzables, y no nos podemos permitir en este momento anteponer intereses partidistas al interés general de España. Un presupuesto consensuado siempre será mejor, desde nuestro punto de vista, que un presupuesto prorrogado. Por tanto, no caben excusas, no cabe ponerse de perfil, porque el interés general de España debe estar por delante del interés partidista.

Por último, aprovechando la presencia del ministro de Hacienda y Función Pública, quería plantearle algunas cuestiones desde el Grupo Parlamentario Popular. La primera de ellas -nos parece muy importante- es si cree que tenemos garantizado que cumpliremos el objetivo de déficit del 3,1% en 2017 o si serían necesarias medidas adicionales. Por otro lado, quería plantearle una cuestión sobre en qué manera se comprometería la estabilidad política e institucional de España si finalmente no se llegase a ese acuerdo necesario con el resto de los grupos políticos para elaborar y aprobar unos presupuestos para el año 2017.

También quería preguntarle sobre un tema de suma importancia que ha sido planteado prácticamente por todos los portavoces, que es la financiación autonómica. ¿Cuáles son sus previsiones sobre la viabilidad de alcanzar un acuerdo en esta legislatura con las comunidades autónomas para poder reformar el sistema de financiación? Como bien ha dicho, no se podrá hacer sin el acuerdo de todas las comunidades autónomas y sin el acuerdo de una mayoría política. Y en temas de Administración electrónica, me gustaría que precisara un poco más las líneas estratégicas que permitirán un ahorro que el Gobierno ha cifrado en 900 millones de euros.

En relación con la Función pública, desde el Grupo Parlamentario Popular queremos reconocer el esfuerzo que han hecho todos los funcionarios de las administraciones públicas en esta legislatura para poder salir de la crisis económica. Nos gustaría saber si el ministro prevé que se puede hacer algún guiño a los funcionarios para compensar ese enorme esfuerzo que han hecho a lo largo de la legislatura.

Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia. En nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero desearle toda clase de éxitos y de aciertos para España en esta nueva etapa y, desde luego, ofrecerle todo nuestro apoyo y todo nuestro aliento para esta inmensa tarea que queda por hacer.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.

A continuación, le voy a dar la palabra al señor ministro para que conteste a sus preguntas. Después daremos un turno de réplica de un par de minutos en el que seré un poco más severo en la medición del tiempo por eso del nivel de glucemia.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.

Mis primeras palabras son para agradecer el tono y el contenido de las intervenciones de los diferentes grupos políticos. Lo digo con toda franqueza y sinceridad. Se han expresado muchas diferencias, muchas incógnitas y se han planteado muchas dudas, pero con buen tono, con un tono riguroso, y eso es de agradecer y valorar en este momento. En esta situación los españoles piden que quienes tenemos responsabilidades políticas en el Gobierno o en la oposición ejerzamos. Este es el tono de encuentro que se está también produciendo en los escenarios de encuentro entre el Gobierno de España y los Gobiernos autonómicos, un tono de franca lealtad en términos de encuentro y de búsqueda de coincidencias. Creo que esto es un asentamiento de la estabilidad política absolutamente necesario en España en este momento. Nos conviene, si quieren, una cierta distensión en términos políticos. Podemos tener la más profunda diferencia ideológica, pero no es lo mismo expresarla de una forma que de otra. No es lo mismo


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ir a un tipo de confrontación que a otro. La confrontación de las ideas siempre es positiva, las confrontaciones de otra naturaleza no siempre lo son. Estamos en una legislatura en la que los primeros pasos en ese sentido son claramente positivos. En la sesión que hemos celebrado hoy, quiero resaltar lo que he entendido que ha sido así.

Son tantas las cuestiones que no puedo ni debo responder, antes al contrario debo ofrecer mi comparecencia para abordar los temas por partes. Esta era una comparecencia de grandes líneas generales y soy muy consciente de que me he quedado demasiado corto en los planteamientos, porque no era factible hacerlo de otra manera en una comparecencia de esta naturaleza. Ello no empece que sigamos abordando todos estos temas, porque todos ellos son grandes cuestiones que merecen ser abordadas. En ese sentido, señor presidente, señores miembros de la Mesa y portavoces, me tienen a su entera disposición. Otra cosa no, pero venir al Parlamento... Con más o menos fortuna... (Risas). No se me podrá decir que no vengo al Parlamento. Tengo una larga experiencia y no recuerdo haberme ausentado nunca de una sesión de control, y no han sido precisamente de vino y rosas. Nunca me he ausentado, nunca he tenido una agenda alternativa, una causa que realmente motivase mi ausencia en el Parlamento. Por tanto, quiero expresarles mi absoluta disposición para dar todas las explicaciones, para hacer todos los contrastes y para desarrollar las grandes cuestiones que han planteado. Ahora mismo, escuchar todas esas cuestiones planteadas directamente por los grupos en una comparecencia de este tipo es fundamental para entender sus prioridades. Me parece básico hacerlo en la etapa en la que estamos. Creo que hoy hemos hecho ese tipo de ejercicio. Por eso decía, señor presidente, que más que entrar en los grandes asuntos, hoy voy a hacer una consideración general.

En primer lugar, hagamos todos un esfuerzo por acotar el debate sobre la base de nuestras cifras, sobre todo en una comisión de esta naturaleza, la Comisión de Hacienda y Función Pública, porque detrás de esas cifras, como antes he insistido, está el bienestar de los ciudadanos, está el quehacer de los ciudadanos. Además, este país, con treinta y ocho para treinta y nueve años de vigencia de la Constitución, ya tiene mucho avanzado en ese terreno. Han gobernado hasta tres grandes grupos políticos diferentes en España, como UCD, el Partido Socialista, durante más de trece años, y el Partido Popular, con Gobiernos en los que yo tuve el honor de estar. Estuve en ellos y por tanto sé lo que hicimos. No me expliquen lo que hicimos, porque un servidor estaba allí. En la primera legislatura, con un Gobierno en minoría, algo acordábamos. Juraría que sí. Yo estuve allí y era uno de los que acordaba. Negociábamos cada coma, cada proyecto de ley, cada decreto-ley que traíamos y negociábamos también los contenidos de los presupuestos. ¿O es que nunca negociamos? Luego fui también miembro de un segundo Gobierno, en condición de ministro de Hacienda, donde con mayoría absoluta abordamos una financiación autonómica, la única que fue votada por todas las comunidades autónomas de España. Teníamos mayoría absoluta y votaron todas a favor. Ha sido la única ocasión que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera todas han votado a favor. Eso no significó que en esta Cámara, como recordaba ayer, todos los grupos políticos apoyaran la Ley de Financiación de 2002. No significó eso. La diferencia respecto a 2002 es que entonces teníamos mayoría absoluta y ahora tenemos que tener esa mayoría de apoyo, pero desarrollamos la foralidad de las haciendas forales, lo hicimos con la Ley del Concierto Vasco, con la Ley del Convenio Navarro, y lo hicimos en etapa de mayorías, mayorías absolutas de los Gobiernos del Partido Popular, y yo mismo encabezaba este departamento. En el pasado, hemos mejorado mucho los regímenes económico-fiscales de Canarias y de Ceuta y Melilla. Esta es una España realmente muy plural por dentro. Sus haciendas son plurales por dentro. Es una España compleja, pero que funciona, como está mostrando en esos resultados económicos en términos de la recuperación. Ahora hemos empezado esta nueva etapa con una experiencia, que ha sido la del mes de diciembre, una experiencia francamente positiva de coincidencia en votaciones, como resaltaba la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Esto hay que ponerlo en valor, porque lo que ha ocurrido en esta breve historia con esa figura llamada techo de gasto -que es una forma hasta confusa de definirlo, porque lo que se vota no es el techo de gasto, sino los objetivos de déficit y de deuda de todas las administraciones públicas para el periodo siguiente, que es prácticamente toda la legislatura que estamos empezando- no había ocurrido nunca, porque nunca había recibido el apoyo de doscientos cincuenta y un diputados de esta Cámara. Eso no había ocurrido nunca. Por tanto, algo está moviéndose en sentido positivo en la política española, algo nos está haciendo coincidir cuando necesitamos hacerlo. Y dirán: Bueno, son las dificultades de los otros. Sí, la vida, la vida que es así. ¡¿Qué les voy a contar?! Cuando las cosas son más sencillas, cada uno presupone, pero el nuestro era un debate que estaba fundamentado en el rigor y en las cifras. Suelo recordar que con el último Gobierno socialista, en 2007, que es cuando estábamos en el umbral de la crisis económica, el


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gasto público total de las administraciones públicas en nuestro país era del 39% -lo que estamos intentando hacer ahora no es muy distinto de lo que se ha hecho en España-; después, al entrar en la crisis, el gasto se fue casi al 46%, pero cuando las cosas estaban en España en un buen nivel de bienestar, de renta, cuando no había ninguna queja política sobre los recortes, el gasto público era del 39% del producto interior bruto. Insisto, el gasto de precrisis, que ahora estamos recuperando, que ya prácticamente tenemos recuperado, era del 39%. En ese tiempo, los ingresos en nuestro país llegaron como mucho al 41%; el gasto estaba entre el 39 y 40 y los ingresos entre el 40 y el 41. Eso era lo que hacía que en el 2007 en España tuviéramos superávit de las administraciones públicas, porque tuvimos superávit en las administraciones públicas. Ahora hablo yo, como si fuera una queja, del superávit de las corporaciones locales, pero hubo un tiempo en España en el que tuvimos un superávit del 2% en las administraciones públicas y funcionábamos bien, no había crisis y había otras mayorías aquí presentes y había otros Gobiernos dirigidos desde otra ideología. Por tanto, lo que estamos tratando de hacer no es tan distinto de lo que hemos ido recorriendo. Estas son las cifras de fondo y eso es lo que da valor a lo que entiendo que podemos ir desarrollando cada uno desde el respeto -eso desde luego- a nuestras leyes. En este sentido, he llegado a escuchar una afirmación que no es que no la comparta sino que la rechazo de plano. ¿Cómo que la realidad es la ley? ¿En qué Estado de derecho? Vamos a ver, la ley nace de esta casa. Ese es el Estado de derecho. Por eso estamos todos sentados en esta casa. ¿No es así? ¿O es que la hace un Gobierno? No; la hace esta casa, los responsables que están sentados en esta casa, y si no les gustan las leyes, lo que tienen que hacer es tener las mayorías para cambiarlas. Eso es lo que tienen que hacer y esa es la democracia: tener la mayoría para cambiar las leyes. Pero en tanto estén en vigor las leyes, hay que cumplirlas, porque, si no, ¿de qué Estado de derecho estamos hablando?, ¿de qué estamos hablando? Lo mismo digo de otras leyes como la de sostenibilidad y racionalización de las administraciones locales. Esa ley fue votada por el Grupo Parlamentario Popular en mayoría y por otros grupos políticos en esta Cámara; votaron otros grupos y no se puede decir que sea la ley que lleva mi apellido -no lleva mi apellido; con perdón, no me adjudique cualidades y cualificaciones que no me corresponden-. La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera fue votada por la mayoría del Grupo Parlamentario Popular y por otros grupos políticos que gobernaban en comunidades autónomas tan importantes como Cataluña. Por eso decía que no simplificásemos. No se puede decir que con las mayorías absolutas no vota nadie, porque eso no es cierto. Las grandes leyes que se aprobaron y que han salido hoy a colación son fruto de la coincidencia política. A partir de ahí, ahora estamos obligados -insisto en la idea- a la coincidencia; estamos obligados para todo, porque, si no... ¿Qué clase de legislatura es la que estamos empezando en la que no vamos a tener Presupuestos Generales del Estado en el primer ejercicio? ¿Conocen ustedes alguna legislatura en la que haya ocurrido esto en España? ¿Conocen algún país en el que haya comenzado la legislatura sin un presupuesto general del vértice de las haciendas que es el Estado? Es una extraña figura y, por tanto, anómala. A partir de ahí, tenemos que tener Presupuestos Generales del Estado. ¿Para cumplir con Europa? No; somos Europa, nos conviene hacerlo. No es para cumplir con nadie, es para ser nosotros Europa. Hay otros que pensarán que estaríamos mejor fuera de Europa. Eso ya lo dicen muchos grupos políticos por ahí fuera, en otros países. Ese es el riesgo al que muchos de ustedes se han referido. Hay riesgos en la situación económica internacional, pero ese es el principal riesgo, el riesgo político de los que están yendo contra los procesos de integración, de apertura económica, y eso es lo no se escucha en esta Cámara. En esta Cámara no existe ese riesgo político y me parece muy positivo. Por eso, porque somos Europa, tenemos que cumplir lo que nos conviene, que es reducir el déficit público. ¿Y acaso la reducción del déficit que hemos hecho ha sido incompatible con el crecimiento económico y con la creación de empleo? ¿Eso ha sido incompatible? No; lo hemos hecho compatible. Hemos bajado el déficit público y lo hemos hecho compatible. Sin duda tenemos que mejorar los contenidos de esas políticas, ¿quién dice que no? Yo vengo a decir que sí, que hay que mejorarlos, pero no saquemos conclusiones extrañas. Hemos bajado el déficit público desde el 9,3% del año 2011. Hemos bajado desde el 11% del año 2009, año en el que se hizo la financiación autonómica y en el que se incurrió en un déficit del 11%. Nunca España había tenido un déficit público del 11% y claro que esto tiene que ver. Se repartió el dinero que no se tenía y entonces se generó el déficit, y a partir de ahí viene todo este problema. Ahora no estamos ante una financiación autonómica así, no estamos hablando de esto; estamos hablando de repartir lo que el crecimiento económico nos genera como ingreso adicional y ese reparto tiene que ser equitativo en términos de buscar el principio de igualdad de los ciudadanos ante el acceso a los servicios públicos.


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Igual ocurre con la financiación local. Yo no he dicho que sea más fácil hacer una financiación autonómica porque los ayuntamientos o las corporaciones locales estén ya en superávit. No he querido decir eso, pero si hubiera unos déficits tremendos a ver quién repartía nada. Ya me contarán ustedes, eso es inabordable. Hemos utilizado instrumentos intermedios que en modo alguno han significado recentralización, porque las competencias están en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales. ¿O es que hay alguna competencia que haya asumido el Estado? Yo no la conozco y la tendría que haber conocido muy bien, porque la tendría que haber financiado desde el presupuesto público. No identifico ninguna, pero si sus señorías tienen a bien identificármela, corregiré semejante aseveración. Yo entiendo que no. ¿Que hemos hecho uso de una regulación básica? Sí; la que determinan las Cortes Generales, porque, si no, habrían sido procedimientos descalificados legalmente. ¿Que de esa regulación básica se hace más uso cuando hay una crisis como la que hemos atravesado, una crisis fiscal del Estado y de las autonomías? Pues sí, cierto, pero ¿ha servido o no ha servido? Ahora tenemos que revisar algunos contenidos, porque no estamos en esa situación, y ya estamos en ello.

Además, quiero insistir en la idea de que algo les pasará al resto de los grandes países europeos, que teniendo los mismos vientos en cola que tiene la economía española y la misma política monetaria que aplica el Banco Central Europeo, no crecen. Nosotros necesitamos crecer más que ellos para crear más empleo que ellos, eso es verdad, pero ojalá ellos crecieran también, y no crecen. Esa es la realidad, es el contraste que estamos viviendo en ese ámbito europeo. Por tanto, España y su Gobierno tienen que tener claro que no pueden cambiar una política que ha sido eficaz a la hora de promover el crecimiento y la creación de empleo. Sí pueden completar esa política, que es lo que traemos aquí, la idea de completarla, de sustentarla, de desarrollarla y de introducir aquellas variantes que nazcan de la coincidencia y del acuerdo. Este es el proyecto que trae la totalidad del Gobierno. No pretendemos desarrollar -no seríamos capaces de hacerlo en clave de aritmética parlamentaria- proyectos propios de una formación política; no somos capaces de hacerlo y, por tanto, esta es la situación política que domina en nuestro país.

He querido hacer una intervención inicial, señor presidente, y por eso les decía que vaya por delante que entraremos en todos los grandes temas que han planteado sus señorías muy acertadamente. En todo caso, quiero clarificar, por las fechas, que en lo relativo al endurecimiento de los aplazamientos sí existe la intención -estamos trabajando en el ámbito del ministerio con la Agencia Tributaria- de evitar que eso perjudique a las empresas y autónomos que tienen una facturación de IVA más baja. No iba dirigido a ellos ese endurecimiento y lo clarificaremos cuanto antes. Y con respecto a los otros grandes debates que han planteado sus señorías, en términos de contenido tributario y de fraude fiscal, obviamente merecen que les dediquemos sesiones propias. Estoy de acuerdo con que los desarrollemos en esta Comisión con la fórmula que planteen, con la que vean más operativa, pues son cuestiones que merecen ser objeto de atención y desarrollo en esta legislatura. Estoy convencido de que gracias a esos debates conseguiremos vencer determinados prejuicios, y por eso decía que no estoy haciendo de la obligación virtud, sino que estoy convencido de que será efectivo y reforzará la calidad de nuestras instituciones, sobre todo la confianza de la sociedad en nuestras instituciones.

Señor presidente, esto es lo que quería decir para no reabrir ninguno de los grandes temas que se han planteado y tomo buena nota de ellos. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.

Quiero aclarar una cuestión. Había una solicitud de comparecencia del señor ministro que era incluso anterior a la formación de Gobierno y al decreto posterior que modificó la Comisión. Pues bien, todos saben que soy un municipalista convencido y eso no me gustó absolutamente nada. Es más, incluso animé a los portavoces a que intentaran introducir en la fiscalidad la Hacienda local para que no perdiéramos el tren de ese tema tan importante, pero difícilmente hoy se podía acumular dicho tema porque nos podían impugnar el acuerdo. Dicho esto, animo a que no perdamos ese tren.

Ahora daremos turnos de un par de minutos -intervendrá solo un portavoz- siguiendo el mismo orden. Doy la palabra al señor Saura.

El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Antes de que se me olvide, me gustaría exponerle una cuestión que me ha planteado mi compañera de grupo, María Jesús Serrano, que, señor ministro, propone que convoque usted la Mesa General de las Administraciones Públicas para negociar con los sindicatos el incremento salarial.

Dicho esto, me gustaría hacer tres consideraciones breves. La primera, señor Montoro, es que entre el modelo fiscal que plantea su programa de estabilidad y el nuestro hay una gran diferencia. Si hacemos


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los análisis quitando los efectos del ciclo, lo que el PP plantea es que nuestros ingresos públicos y nuestros gastos en relación con el PIB sean del 38%. Eso quiere decir, por ejemplo, que el sistema de pensiones va a mantener a medio plazo un gasto en pensiones del 11% en relación con el PIB y va a haber 8 millones más de pensionistas, luego eso implica unas pensiones públicas de miseria. Lo que yo le digo, señor Montoro, es que si queremos converger con Europa en nivel de bienestar y en nivel de modernidad, necesitamos un modelo fiscal distinto, porque eso nos lleva a no poder financiar la política social y de bienestar para reducir las desigualdades y para abordar los retos del envejecimiento de la población de nuestro país. A nuestro juicio, esto, además de injusto -permítanme la expresión-, es irresponsable. Esa es nuestra gran diferencia con usted; midiendo las cosas fuera del ciclo o no teniendo en cuenta el ciclo.

La segunda consideración tiene que ver con dos apreciaciones de los grupos. En primer lugar, parece que Ciudadanos coincide en su política fiscal con la política fiscal del señor Aznar; esto nos ha quedado claro después de su intervención, que su política es la del señor Aznar. Por último, en 2015 aquí hubo una gran coalición, la que se produjo como consecuencia de la unidad de los que votaron en contra de que hubiera un presidente socialista en nuestro país; esa fue la gran coalición del año 2015.

Termino ya, señor presidente. Señor Montoro, lo que sí le pedimos, aprovechando que efectivamente no hay mayoría absoluta, es que se aborde con seriedad y en profundidad una reforma fiscal de nuestro país.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Saura.

En nombre de Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.

El señor DE LA TORRE DÍAZ: Gracias, señor presidente.

El señor ministro ha dicho una cosa que es importante, y es que se va a revisar antes del 30 de enero la regulación de los aplazamientos. Cuando la señora Madrazo se preguntaba por qué nos habíamos abstenido y por qué habíamos pedido que esto se tramitase como proyecto de ley es porque había errores graves en ese decreto-ley de medidas fiscales, como ha puesto de manifiesto el propio ministro. Nosotros no estamos a favor de la política fiscal de Aznar ni, como dice en algunas ocasiones el señor Saura, del Ibex 35; estamos a favor de políticas fiscales con menos errores y menos chapuzas, y en general a favor de rebajar los impuestos y no de subirlos indiscriminadamente, como en ocasiones ha ocurrido tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista. Si se cumple el acuerdo de investidura y como ha dicho hoy el señor Montoro se penalizará fiscalmente a aquellas empresas que no cumplan con la Ley de morosidad, lo cual es una buena idea, evidentemente, nosotros lo apoyaremos porque es una propuesta nuestra y porque es una buena idea, fundamentalmente. Si no se cumple -como ha ocurrido en otras ocasiones-, por ejemplo, con subidas de impuestos, que yo no sé dónde están en el acuerdo de investidura porque no lo están, no lo apoyaremos. En el caso concreto de los presupuestos, si se cumple el acuerdo de investidura, los apoyaremos, y si no, no.

Termino agradeciéndole al señor ministro su comparecencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre.

En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel.

El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor Montoro.

Leo textualmente: esta reducción se distribuirá entre el Estado y las comunidades autónomas en función de los porcentajes de déficit estructural que se hubiese registrado el 1 de enero del año 2012. Disposición transitoria primera de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que pactamos y que después ustedes no han cumplido. En todo caso, señor ministro, no ha contestado prácticamente a nada, pero yo sí puedo sentirme privilegiado porque sí que ha contestado parcialmente con relación a qué piensan hacer en el aplazamiento del IVA de los autónomos y de las pymes. Señor ministro, esto es el Estado español, estamos en la Unión Europea, estamos a 12 de enero y el 30 de enero finaliza el plazo de pago del IVA. Se lo digo sinceramente, no es serio que los autónomos y las pymes todavía hoy no conozcan en qué condiciones van a poder aplazar el IVA. Como tampoco es serio que se modifique el pago fraccionado del impuesto sobre sociedades un día antes de que se devengue el último pago, como pasó en el ejercicio pasado. Por tanto, le pido concreción; explíquelo. Ya lo publicarán mañana o pasado mañana, pero


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explique a los autónomos y a las pymes en qué condiciones van a poder aplazar el IVA, tal y como se ha comprometido a hacer hoy.

En cuanto a los trabajadores públicos, convoquen la mesa de diálogo y avancen cuál es la propuesta del Gobierno. ¿El Gobierno va a permitir la actualización de los salarios públicos en aquellas administraciones que no tengan un problema de cumplimiento de los objetivos de estabilidad, sí o no, y en qué términos? Y respecto a los objetivos diferenciados, no voy a esforzarme. La señora Capella persevera en ello y la Autoridad fiscal independiente y yo mismo nos añadimos a su perseveración. En todo caso, es verdad que eso hoy ya no solo depende de usted sino también de las mayorías de esta Cámara.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Tiene la palabra la señora Capella.

La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.

Ministro, le reconozco sus méritos, porque el proyecto político que defiende es el que es, y ya le digo que no lo compartimos puesto que hay una eternidad ideológica entre usted y yo, pero le reconozco los méritos porque usted es un buen fajador y tiene la capacidad de eludir cuando no le interesa responder a lo que se le pregunta. Es igual; ya tendremos tiempo y veremos. (Pronuncia palabras en catalán).

Quiero insistir en un tema importante, como es la inseguridad jurídica, porque los responsables de la inseguridad jurídica son ustedes. (El señor ministro de Hacienda y Función Pública, Montoro Romero, hace gestos negativos). Sí, sí, porque ustedes tenían una mayoría parlamentaria que les permitió aprobar la rebaja de impuestos. Esta fue la primera, y la hicieron ustedes solitos. (Rumores). Sí, y algún grupo más, UPN; nadie más. Estaban ustedes prácticamente solos porque tenían una mayoría que les permitía hacerlo. Esta es la lectura que ustedes hacen -fantástico-, pero en todo caso la inseguridad jurídica la generan ustedes, porque ahora han tenido que rectificar y, como se apuntaba... (Pronuncia palabras en catalán). Por tanto, ministro, dicha inseguridad es imputable al Gobierno del Estado español y, en este caso, al Partido Popular.

Usted tiene la habilidad de poner siempre la mano en el avispero, porque yo habría podido pasar de puntillas y no decir nada cuando usted ha dicho que la ley se tiene que cumplir. De acuerdo, pero primero que cumpla el Estado, porque el principal incumplidor es el Gobierno del Estado español, el Estado español. ¿Con quién incumple? Con Europa también. ¿O no es España el principal incumplidor de las directivas europeas? Sí. ¿No incumple con Cataluña? Sí, y así se lo apuntaba el señor Bel. Efectivamente, el acuerdo de financiación lo empezaron a incumplir en el minuto cero. Me dirá, y es cierto, que no estaban ustedes, pero es igual, porque ahora gobiernan y son sucesores de aquello que está vigente y es legal. Por tanto, incumplidores en los acuerdos de inversión en infraestructuras que el Estado debía y debe hacer en Cataluña. Hace unos días el ministro de Fomento negaba las cifras que le daba la Generalitat. Lo niegan ahora; no lo habían hecho hasta este momento. Por tanto, continúan incumpliendo, y podríamos hacer un listado, a pesar de que yo no querría hacerlo, pero usted ha puesto la mano en el avispero.

Acabo aludiendo a un punto en el querría insistir. Esperamos que el actual Gobierno del Estado español no vuelva a aquello que hizo cuando en la X Legislatura aprobó algo tan reprobable desde el punto de vista ético como fue la amnistía fiscal, a la que usted no se ha referido o no se ha querido referir. En todo caso, tendremos tiempo de analizarlo, porque, en definitiva, esa amnistía fiscal les salió gratis a los defraudadores, ya que difícilmente los veremos imputados en procedimientos penales. Por tanto, ministro, nos iremos viendo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Tiene la palabra, en nombre de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Garzón.

El señor GARZÓN ESPINOSA: Muchas gracias.

Dos cuestiones: una de procedimiento y otra de contenido. Creo que la de procedimiento ocupa necesariamente un lugar en esta discusión por una razón muy sencilla. Le he visto siempre al señor Montoro muy dispuesto a venir a este tipo de comisiones pero no tanto a responder, y el ejemplo de hoy es paradigmático. No debemos confundir la presencia con la actividad porque si no nos vamos a engañar todos. Esto no es una comparecencia, es una rueda de prensa. Usted viene aquí con un discurso que hace a una hora muy adecuada para aparecer en los telediarios, las respuestas quedan para la hora de


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comer y no van a aparecer en esos telediarios casi con total probabilidad. Titulares conseguidos y después nuestra actividad no es parlamentaria. Nosotros no somos oyentes de una lección magistral, independientemente de si nos gusta o no esa lección magistral; somos diputados y diputadas elegidos democráticamente para fiscalizar al Gobierno y por lo tanto el Gobierno tiene la obligación de responder. Incluso le admito la posibilidad de que no sepa la respuesta y pueda ofrecerse a respondernos posteriormente. Pero no sucede así, yo llevo cuatro años -que son pocos o muchos, depende de cómo uno lo quiera mirar- y no ha sucedido nunca, y hoy tenemos un ejemplo paradigmático de esto.

Como soy muy práctico, le voy a plantear solo una pregunta para que así en su turno de respuesta tenga a bien responderla, para que no haya manera de esquivarla de ninguna manera posible. Si usted no la responde, su lección sobre conciliación entre los diferentes grupos del parlamentarismo va a quedar en nada apenas unos minutos después de ser promovida. La pregunta ya se la hice antes. Quiero una respuesta y solo a modo de ejemplo de qué ocurre con el IVA cultural, cuándo y si va a incluir al teatro y a los cines. Es una pregunta muy concreta. Me gustaría incluir más pero sé que entonces no me las respondería.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Garzón.

En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.

La señora MADRAZO DÍAZ: Insisto nuevamente en poner el acento en la necesidad de que venzamos todos juntos la crisis económica, en la necesidad de que acabemos esta legislatura con 20 millones de personas trabajando, que todos los españoles tengan oportunidades de empleo y que las personas más desprotegidas y más desfavorecidas por la sociedad tengan garantizado un Estado de bienestar. Y eso solo podremos lograrlo con estabilidad política e institucional. Por ello, nuestra responsabilidad como políticos es remangarnos, ponernos a trabajar, alcanzar acuerdos, negociar y aprobar medidas que sean beneficiosas para el conjunto de los españoles. Creo que todos estamos de acuerdo en el qué, en los objetivos, el problema es que a veces no nos ponemos de acuerdo en el cómo, pero los españoles demandan que ese cómo sea también una respuesta a sus necesidades y a sus problemas. El Gobierno ya ha puesto de manifiesto en estos primeros dos meses su voluntad de diálogo y de acuerdo y se han aprobado medidas importantes con el consenso de otros grupos políticos. El propio ministro ha tendido la mano muchas veces -también en esta Comisión- para lograr esos acuerdos; además es un ministro que, como muy bien ha dicho, es experimentado y está fajado en esa necesidad de dialogar, acordar y alcanzar acuerdos.

Yo quiero poner el acento en que iniciamos 2017 con un horizonte mucho más despejado que el del inicio de la pasada legislatura, agradeciendo nuevamente al ministro su presencia en esta Comisión y ofreciéndole una vez más nuestro apoyo incondicional desde el Grupo Parlamentario Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.

Cierra el señor ministro con una intervención...

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Lo más breve posible ¿verdad?

El señor PRESIDENTE: Me ha faltado decirlo.

El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): En primer lugar, respecto de la cuestión de fondo, la inseguridad jurídica, ¿dónde nace la inseguridad jurídica de una ley que está aprobada por las Cortes? Si no, vuelvo a tener grandes dificultades. La ley podrá ser imperfecta y la política de un Gobierno también puede serlo y exigir rectificaciones. Si uno ve que la recaudación del impuesto sobre sociedades está bajando demasiado, tiene que tomar medidas. ¿Lo hace el Gobierno? No, perdón, lo aprueba la Cámara, en el sentido más completo del término, por eso decía que no sé dónde está la inseguridad. ¿Vendrá después la inseguridad creada por una figura concreta que no es acertada? Pues se rectificará. No confundamos la capacidad de acción de un Gobierno, no -insisto-, de una Cámara legislativa, porque si no estaríamos en la certeza absoluta. Y ya solo me falta a estas alturas, con esa experiencia que ha citado con acierto la señora Madrazo, decir que acierto siempre. Juraría que hay que estar modulando y rectificando siempre. Es así; cuando estás proyectando y traes a la Cámara un


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proyecto de ley, por ejemplo, del impuesto sobre sociedades en el año 2014, cuya vigencia se va a cerrar en 2016 con un escenario económico como el que estamos pintando en 2014 para 2016... Qué certeza tienen algunos y qué suerte tienen. Yo no la he tenido nunca, yo lo concebía al contrario, hacemos esto para que se produzca lo otro y no al revés. Si luego no acertamos, habrá que rectificar. Esto es así. ¿Que eso incomoda? Claro, incomoda a quien tiene que pagar, pero si no tuviera beneficios no pagaría, no se preocupe. No estamos recuperando ningún beneficio ficticio. Todo lo que haya que aclarar y rectificar está bien. ¿Que las grandes empresas tienen que contribuir más? Sí. ¿Qué hicimos cuando llegamos al Gobierno? Subimos la recaudación del impuesto sobre sociedades de grandes empresas 5.000 millones de euros, de 16.000 pasamos en 2012 a 21.000 millones de euros, como también se ha recordado antes. Por tanto, no estamos haciendo cosas muy distintas. Por eso decía que celebraba que hubiese esa coincidencia y estoy seguro de que lo que haya que modificar en el futuro lo iremos haciendo con la sensatez y la racionalidad pertinentes.

Decían algunos de ustedes que si a unos le gustan más las políticas de otros y demás, pero el que estaba en las políticas anteriores era un servidor. No es que le gusten o no, es que estaba allí; el que estaba allí será el que lo hacía materialmente. Tiene su aquel que resulta que ahora haces unas políticas que antes no hacías, pero yo juraría que sí. El que estaba allí física y psicológicamente era un servidor (Risas), así que no me pueden decir que no hacía lo que yo hacía. Eso sí que ya es el colmo. Uno hacía lo que podía, como siempre, pero lo hacía. Por lo tanto, están bien estos debates de que si hacía o no hacía, pero los que estábamos sí hacíamos por razones obvias, y nos equivocábamos, rectificábamos y demás, y luego pasamos por las urnas, que es la virtud de la democracia; el acierto y el desacierto tiene que pasar por las urnas y son las urnas, es decir los ciudadanos, los que van determinando las posiciones de cada opción política y de Gobierno.

En relación con que tenemos que llevar a cabo una negociación con los funcionarios estoy de acuerdo, claramente. El vehículo está institucionalizado pero tenemos que tener la certeza de que vamos a darle acomodo dentro de un presupuesto. También es positivo negociar para el futuro, pero realmente hay una necesidad objetiva de tener unos Presupuestos Generales del Estado. ¿Que los modelos fiscales y presupuestarios son diferentes? Sí, pero ahora en lo que estamos es en que coincidan. Las diferencias ya las conocemos pero, ahora, como no coincidan, no hay presupuesto. Están claras para todos las consecuencias respecto de todo lo demás. Luego haremos análisis del pasado, porque yo también estoy muy interesado en el conocimiento, evidentemente. Por tanto, insisto en la idea fundamental de que si la propuesta de los grupos es hacer otra reforma fiscal sobre la que ya se ha hecho... ¡Pero si la fiscalidad es completamente variable! Es decir, cómo vamos a fijar impuestos con una certeza absoluta si los impuestos están en función de la capacidad económica de los contribuyentes, sean personas físicas o jurídicas, y responden también a la necesidad objetiva de financiación de los servicios públicos, que es cambiante. Estamos, por tanto, a su entera disposición respecto del futuro.

Formulaba anteriormente una pregunta la señora Madrazo que considero pertinente responder: ¿Hacen falta más medidas para cumplir el objetivo de déficit del 3,1 de este año 2017? No, no hacen falta más medidas que las que ya hemos aprobado, lo que hace falta es materializarlo en presupuestos. A Ciudadanos he de decirles que nunca presentaríamos un proyecto de presupuestos un Gobierno que ha comprometido la investidura sin el contenido concreto de la propuesta de esa investidura. Vaya esto por delante; no tendría ningún sentido no hacerlo porque si no a qué tipo de contenido estaría respondiendo, lo que ocurre es que para que eso sea aprobado por esta Cámara, obviamente, tiene que ser apoyado por otros grupos políticos. Eso lo tenemos todos claro. Por eso decía que no estamos en una competencia excluyente; al revés, tenemos que estar en una competencia inclusiva, de coincidencia, insisto. Estamos buscando fundamentalmente esa coincidencia, que cuánto mayor sea más positivo será en términos de estabilidad política.

En cuanto al IVA cultural, señor Garzón, ya lo he explicado en la última comparecencia de control. No existe el IVA cultural. Hay tres ámbitos de la industria de la cultura que están sometidos a los tres grados de tipos de IVA. Hay uno importantísimo, que es el de la edición, que tiene tipo superreducido, del 4%; hay otro, también importantísimo, que es el de la entrega de bienes del artista, que está al tipo reducido del 10%, y finalmente otro ámbito que está al tipo general. Eso es así objetivamente. ¿Cuál es el compromiso que hemos adquirido con Ciudadanos? Pasar el IVA general al reducido para aquellos espectáculos con presencia de personas en directo y que comprendería todo lo que ello incluye. Esto es lo que esperamos llevar adelante en función del acomodo presupuestario y demás. Ya hablaremos del futuro de la fiscalidad y de los retos de ese futuro. No vayas nunca contra el muro del prejuicio, y yo me


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entiendo. Miren como sube la entrada al cine, miren como va desarrollándose la industria de cultura por mor de la recuperación económica. No es cierto que la fiscalidad sea tan importante como para evitar eso. Eso no es así, por mucho que pagar impuestos no nos guste a nadie, pero es el rasgo de la sociedad moderna y hay que cumplirlo porque gracias a ello podemos vivir en esta sociedad de servicios públicos, de cohesión social y de hacer de esos impuestos elementos de mayor equidad social.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro, por su comparecencia y gracias a todos los grupos por, como siempre, hacérmelo tan fácil.

Se levanta la sesión.

Eran las tres y veinticinco minutos de la tarde.

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