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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 271, de 22/06/2017
cve: DSCD-12-CO-271
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 271
INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RAFAEL MERINO LÓPEZ
Sesión núm. 14
celebrada el jueves,
22 de junio de 2017


ORDEN DEL DÍA:

Preguntas:

- De la diputada doña Zaida Cantera de Castro, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre denuncias de actuaciones irregulares de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/006547). (Número de expediente 181/000408) ... (Página3)

- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre datos de inmigración entre el 01/01/2017 y el 31/03/2017 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011136). (Número de expediente 181/000418) ... (Página5)

- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre motivos de la designación para el puesto de comisario provincial de Málaga a un determinado comisario principal sin haber procedido a la publicación de la convocatoria (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011254). (Número de expediente 181/000419) ... (Página5)

- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre puesta en marcha por la Policía Nacional de una aplicación para teléfonos móviles similar al whatsapp para transmitir sus informaciones profesionales (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011413). (Número de expediente 181/000421) ... (Página5)

- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre anulación del nombramiento de Gabriel Maroto Almarcha como


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agregado de Interior en Panamá por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011414). (Número de expediente 181/000422) ... (Página6)

- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre atención que reciben las mujeres víctimas de violencia en la comisaría de la Policía Nacional de la avenida Blas Infante de Sevilla (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011432). (Número de expediente 181/000423) ... (Página8)

- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre traslado a la Ciudad Autónoma de Ceuta del camión que lanza chorro de agua antidisturbios adquirido por la Policía Nacional (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011433). (Número de expediente 181/000424) ... (Página8)

- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre razones por las que el director adjunto operativo de la Policía Nacional asistió de uniforme a una procesión de Semana Santa estando de vacaciones (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011434). (Número de expediente 181/000425) ... (Página8)

- Del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas ante la falta de medios para el cumplimiento de la normativa europea en cuanto al cruce de fronteras en aeropuertos para luchar contra el auge del terrorismo yihadista (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011467). (Número de expediente 181/000426) ... (Página8)

- De la diputada doña Margarita Pérez Herráiz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre espera media y máxima para hacer el DNI en las comisarías de Lugo, Viveiro y Monforte (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/010905). (Número de expediente 181/000428) ... (Página8)

- De las diputadas doña Ana María Botella Gómez y doña Ángeles Álvarez Álvarez y del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre reducciones de jornada solicitadas en el ámbito de la Guardia Civil en los años 2012 a 2016 (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011726). (Número de expediente 181/000430) ... (Página8)

- De las diputadas doña Ana María Botella Gómez y doña Ángeles Álvarez Álvarez y del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre formación en igualdad en la Guardia Civil (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011727). (Número de expediente 181/000431)... (Página9)

- De las diputadas doña Ana María Botella Gómez y doña Ángeles Álvarez Álvarez y del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre elaboración de alguna guía para normalizar el uso de lenguaje no sexista en la Guardia Civil (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011728). (Número de expediente 181/000432) ... (Página11)

- De las diputadas doña Ana María Botella Gómez y doña Ángeles Álvarez Álvarez y del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre opinión del Gobierno acerca de si la formación que realiza la Guardia Civil en materia de violencia de género cumple con el compromiso y la obligación de dar formación en materia de igualdad (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011729). (Número de expediente 181/000433) ... (Página12)


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- De las diputadas doña Ana María Botella Gómez y doña Ángeles Álvarez Álvarez y del diputado don Antonio Ramón María Trevín Lombán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre opinión del Gobierno acerca de la necesidad de conocer la opinión del Comité para la igualdad efectiva de mujeres y de hombres en la Guardia Civil (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011730). (Número de expediente 181/000434) ... (Página14)

Comparecencias:

- Del señor Moya Acedo, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), para informar acerca de la situación existente en relación con la gestión de la política de personal en la Guardia Civil. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 219/000004) ... (Página15)

- Del señor Yerga, abogado CIE de Pueblos Unidos, para explicar el trabajo que vienen realizando en los centros CIE, para conocer su punto de vista cualificado sobre la realidad que se vive en los mismos, y en particular la realidad a la que obedece lo ocurrido en el CIE de Aluche en el mes de octubre de 2016 con motivo de una protesta de las personas que lo ocupan. A petición de los grupo parlamentario Mixto y de Esquerra Republicana. (Número de expediente 219/000041) ... (Página27)

Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.

PREGUNTAS:

- DE LA DIPUTADA DOÑA ZAIDA CANTERA DE CASTRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE DENUNCIAS DE ACTUACIONES IRREGULARES DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/006547). (Número de expediente 181/000408).

El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Interior, dando la bienvenida al subsecretario del ministerio, que dará respuesta a las preguntas formuladas al Gobierno por escrito que han sido transformadas en orales en Comisión. Posteriormente, se celebrarán dos comparecencias. Asimismo, quiero informar a sus señorías que la próxima sesión de la Comisión se celebrará el próximo miércoles, día 28, a las nueve de la mañana.

Para formular la primera pregunta, la 181/408, tiene la palabra la señora Cantero.

La señora CANTERA DE CASTRO: Cantera, señor presidente, Cantera, que siempre...

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Cantera, perdón.

La señora CANTERA DE CASTRO: Buenas tardes, señor subsecretario, bienvenido, muchas gracias por venir a contestar una pregunta, entre otras, que se realizó hace seis meses. Esperemos que haya una mayor ligereza en cuanto a las contestaciones de las siguientes preguntas.

Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, cabe remarcar el auténtico respeto que tenemos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en especial por la Guardia Civil, sobre todo en lo que a mí me concierne, y en lo que se refiere al Seprona. En este aspecto he de decirle que en los últimos meses, por no decir en los últimos años, está llegando al Grupo Parlamentario Socialista una serie de indicios que son bastante preocupantes con respecto a la actividad del Seprona y a la actividad de algunos de sus miembros, y sobre todo cómo se resuelven una serie de acciones que tienen lugar dentro del propio ámbito del Seprona cuando cualquiera de sus agentes, me da igual que sea un guardia, un suboficial o un oficial, pone de manifiesto que se están produciendo irregularidades dentro del mismo. Tal es el caso de una suboficial que puso de manifiesto que se estaban cometiendo irregularidades por parte de uno de sus subordinados, un cabo primero de la Guardia Civil, que además estaba en la sección del Seprona de Sevilla, quien supuestamente habría dado un trato de favor a varias empresas del sector de


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recogida y almacenamiento de aceites vegetales usados. Lo puso de manifiesto y así se lo comentó a sus superiores. Sin embargo, sus superiores, en este caso un teniente, no cursaron ningún tipo de denuncia contra las empresas ni contra este cabo primero. La propia diligencia de esta sargento le llevó a seguir informando a sus jefes de que no podía quedar impune un acto como este, sobre todo por el propio prestigio de la Guardia Civil. Gracias a su insistencia, la Guardia Civil decidió, como tenía que hacer, abrir una serie de diligencias que acabaron en los tribunales, y los tribunales dijeron que efectivamente había una serie de hechos delictivos pero que no se podían juzgar porque habían prescrito. Este hecho, que un miembro de la Guardia Civil -y no es el único, porque también ocurrió con un teniente- había puesto de manifiesto sobre irregularidades dentro del Seprona, acaba quedando impune, y los guardias civiles implicados en este tipo de acciones siguen dentro del cuerpo. ¿Pero cuál es la sorpresa mayor? La sorpresa mayor es que esta sargento, con más de veinte años de servicio sin tacha alguna en más de diez destinos, acaba siendo represaliada, entre comillas, con una serie de acciones por haber llevado la contraria precisamente a sus mandos. Entre esas acciones empieza a recibir una serie de denuncias, hasta un total de diez. Un coronel decide meterla en un despacho y, según el juzgado, darle una riña paternal.

En este ámbito van varias de las preguntas que le quiero trasladar, las que usted tiene por escrito, entre otras, si considera procedente que un guardia civil superior dé riñas paternales a un subordinado por hacer su trabajo. ¿Por qué esta guardia civil no sigue estando en su destino? Porque se la sacó de él, a pesar de que hay una sentencia judicial que dice que tiene que volver al mismo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señoras y señores diputados. En relación con la pregunta que se ha formulado, dado el carácter genérico con el que se plantea el primero de los puntos de la misma, en la que se menciona a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quiero comenzar señalando, en primer lugar, que en la unidad de régimen disciplinario en el periodo señalado -hablo ahora del Cuerpo Nacional de Policía entre los años 2011 a 2016- no constan actuaciones contra miembros del Cuerpo Nacional de Policía por actos irregulares, y por tanto susceptibles de generar responsabilidad disciplinaria, que hayan quedado impunes por prescripción de la presunta falta disciplinaria cometida por dilación o inacción indebida de la Administración. En segundo lugar, en lo que se refiere a la Guardia Civil -ya entrando concretamente en la cuestión planteada-, no se tiene constancia de que haya habido dilación o demora en la actuación o intervención profesional de las acciones del mando de la comandancia de Sevilla, señalando, además, que esto hubiera constituido un acto incurso en responsabilidad; es decir, el dejar de tramitar o investigar cualquier actuación irregular de la que se tuviera o se pueda tener constancia. En ese sentido, también he de decir que la normativa ya ofrece los medios -creemos-, instrumentos, procedimientos y demás para la persecución y también para evitar que se produzcan estas conductas.

Entrando en concreto en el caso que usted menciona en la pregunta escrita que ha formulado, hay que hacer referencia a la resolución del Juzgado Togado Militar número 2 dentro de las diligencias previas 2/09/2015, que se inicia precisamente a raíz de la denuncia interpuesta por la sargento mencionada contra el coronel, teniente coronel y el teniente del Seprona en la comandancia de Sevilla, que fue archivado hasta en dos ocasiones. Hubo una tercera denuncia por los mismos hechos que presentó la citada suboficial, con el carácter de ampliación de denuncia, y por medio de auto número 66, emitido el 17 de noviembre de 2016, este mismo Juzgado Togado Militar Central dispone expresamente la inadmisión del escrito de ampliación de denuncia, y a la vez acuerda la apertura de diligencias contra la denunciante. Una vez firme -cito literalmente el auto que le menciono- la presente resolución, remítase a la Fiscalía Jurídico-Militar a efectos de la apertura de pieza separada que se recoge en el fundamento jurídico de la resolución. Por entender, en definitiva, dicho auto que la tercera denuncia o ampliación se había producido con manifiesto abuso de derecho y atendiendo fundamentalmente a la reiteración de cuestiones que no son de la naturaleza de la que se suscitó en su caso. Esto es lo que le puedo comentar respecto de la cuestión que usted ha planteado en su pregunta.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario. Señoría.


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La señora CANTERA DE CASTRO: Señor subsecretario, el auto de la sentencia judicial me lo conozco perfectamente; igualmente que me conozco los procedimientos y las formas de actuación de los tribunales militares. El caso es que tenemos a una suboficial del Seprona que decide poner una denuncia por unos hechos concretos de un cabo primero y al final, efectivamente -se lo he dicho yo la primera-, el juzgado archiva las diligencias diciendo que habían prescrito; es más, el auto del juzgado dice que eso no exime de que se puedan hacer actividades administrativas punitivas sobre el cabo primero, que no se llegaron a hacer en ningún caso.

La insistencia por el buen hacer de esta sargento, de más de veinte años de servicio, a lo que le ha llevado ha sido a la apertura de más de diez expedientes, a que le quiten de su destino, que vuelva a salir el destino, que lo solicite -siendo la única peticionaria-, que no se lo den, y que haya un juzgado que le dice al Ministerio del Interior que tiene la obligación de reponerla en su destino. En definitiva, el mensaje que están transmitiendo a los miembros de la Guardia Civil que deciden mantener la honorabilidad del uniforme es que no denuncien a compañeros que estén haciendo acciones delictivas dentro del propio cuerpo porque si lo denuncian, y si encima hay determinados mandos implicados, las represalias son que pierdan su destino, que se solicite la pérdida de especialidad y, si es posible, interponer denuncias contra estas personas, contra estos profesionales que llevan más de veinte años de servicio sin tacha alguna. Ese es el mensaje que ustedes están transmitiendo.

Una última pregunta: ¿Van ustedes a cumplir la sentencia que obliga al Ministerio del Interior a reponer en su puesto en el Seprona a esta guardia civil, o la van a seguir manteniendo en el puesto forzoso según las necesidades de servicio, que no existen según una sentencia judicial?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muchas gracias.

Dado que su pregunta no hacía alusión en ningún caso al íter administrativo personal de esta funcionaria del cuerpo de la Guardia Civil, no le puedo hacer precisiones, discúlpeme. Si formula una pregunta al respecto, tendremos mucho gusto en contestársela. Pero sí quiero hacerle dos puntualizaciones. En primer lugar, las sentencias las cumplimos siempre; yo creo que cualquier responsable ministerial sabe que pocas cosas más tiene que tener claras que el cumplimiento de las sentencias judiciales. Se lo digo con absoluta rotundidad. En segundo lugar, en este caso concreto que usted plantea ha habido una consideración y valoración judicial hasta en dos ocasiones; dos ocasiones en las que ha habido un archivo de la denuncia, y una tercera en la que la inadmisión de la denuncia va acompañada con un traslado del tanto de culpa al ministerio fiscal, yo creo que da una cierta información sobre lo que ha podido ocurrir. En cualquier caso, ni este Gobierno ni yo vamos a valorar las resoluciones que ha emitido en este caso el titular del Juzgado Togado Militar número 2 de Sevilla.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE DATOS DE INMIGRACIÓN ENTRE EL 01/01/2017 Y EL 31/03/2017 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011136). (Número de expediente 181/000418).

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MOTIVOS DE LA DESIGNACIÓN PARA EL PUESTO DE COMISARIO PROVINCIAL DE MÁLAGA A UN DETERMINADO COMISARIO PRINCIPAL SIN HABER PROCEDIDO A LA PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011254). (Número de expediente 181/000419).

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE PUESTA EN MARCHA POR LA POLICÍA NACIONAL DE UNA APLICACIÓN PARA TELÉFONOS MÓVILES SIMILAR AL WHATSAPP PARA TRANSMITIR SUS INFORMACIONES PROFESIONALES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011413). (Número de expediente 181/000421).

El señor PRESIDENTE: Las preguntas 181/418, 181/419 y 181/421 han sido retiradas.


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El señor TREVÍN LOMBÁN: Sí, señor presidente, renuncio a las preguntas número 2, 3 y 4, así como al resto de preguntas en las que estoy a título individual, con excepción de la número 5, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos a un secretario general de una asociación tan importante como la AUGC esperando para entrar.

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ANULACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE GABRIEL MAROTO ALMARCHA COMO AGREGADO DE INTERIOR EN PANAMÁ POR SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011414). (Número de expediente 181/000422).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Trevín, para formular la pregunta 181/422.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Mi intervención, señorías, exige una aclaración introductoria. ¿Por qué esta pregunta? Conocen ya muchas de sus señorías la hipótesis socialista sobre la policía política de Fernández Díaz y Cosidó, que utilizó los medios del Estado para intereses partidarios, pero me van a permitir que se lo recuerde brevemente.

Con el anterior ministro se organizó en el Ministerio del Interior una camarilla policial que ejerció como policía política para perseguir rivales y adversarios políticos y controlar o paralizar investigaciones judiciales o policiales relativas a casos de corrupción de personas del PP. Esta pregunta tiene relación con el segundo supuesto: el control de investigaciones por corrupción. Los álter ego de Maza y Moix en este caso son los señores Francisco Gabriel Maroto y Federico Cabello de Alba. Panamá es el origen en la mayoría de los casos de cualquier operación de blanqueo de capitales, traficantes, organizaciones criminales diversas o tramas de corrupción. Su opacidad en la constitución de las llamadas sociedades offshore y las dificultades para obtener la colaboración de las autoridades en esta materia propician su liderazgo mundial. Prueba de ello son los llamados papeles de Panamá. El Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac), en relación con los datos de esos papeles, investigó 209 sociedades panameñas, según contestó el Gobierno al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Es importante mencionar que estas solo se referían a un único despacho de abogados, el de Mossack Fonseca, que, como después referiremos, tiene una importancia muy relevante en temas de corrupción española. Empiezan constituyendo una empresa panameña como primer instrumento de desconexión para después operar con ella en entidades financieras, principalmente de paraísos fiscales, o seguir ampliando la opacidad constituyendo o adquiriendo otras empresas en otros lugares. No hay ni un solo caso de corrupción en España que no tenga su contrapartida panameña como indicio de las actividades de ocultación: Gürtel, Rato, Ático, Púnica, Blesa... En todos esos casos existe un común denominador: unos pocos despachos de abogados panameños. La relación acreditada de esos pocos despachos de abogados panameños con personas del entorno del Partido Popular procesadas en España por delitos relacionados con la corrupción permite inducir razonablemente la existencia de un nexo entre ellos en Panamá que les ha hecho coincidir en esos precisos despachos de abogados, descartada la casualidad por un sencillo cálculo de probabilidades. La designación del agregado en Panamá se convierte por todo ello en un asunto clave para el Partido Popular y sus casos de corrupción. Por él pasa cualquier información derivada de todas las solicitudes de colaboración -colaboración judicial y policial-, es decir, información sensible para el PP, ya que en estos últimos tiempos sus problemas judiciales vinculados a la corrupción están también relacionados con Panamá. El círculo se cierra con el nombramiento del exdiputado Federico Cabello de Alba como consejero de Interior en Bogotá, sede de la que depende la agregaduría de Panamá. Le gustas a Ignacio González y acabas como fiscal Anticorrupción; estás de escolta de Aznar y acabas convirtiéndote en nuestro hombre en Panamá, en uno de los nuestros. En política, las casualidades no existen, señorías, por eso realizamos esta pregunta.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Trevín.

Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muchas gracias, señor presidente.

Buenas tardes, señor Trevín. Yo, ciñéndome en principio a lo que era el objeto de su pregunta, debo decirle que la sentencia que se menciona concretamente en su pregunta fue notificada al Ministerio del Interior, vía Dirección General de la Policía, el 16 de febrero pasado, y la respuesta que le tengo que dar


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es breve. Se ha anunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la preparación de recurso de casación, por lo cual la resolución no es firme sino que se encuentra pendiente y por tanto en tramitación ante el Tribunal Supremo, que no se ha pronunciado de momento sobre su admisión. Esto en cuanto a la pregunta que usted ha formulado. Respecto al resto de consideraciones, poco le puedo decir. Entiendo que aquí hay mucho de valoración y mucho de planteamiento que no sé si corresponde o se ciñe a la pregunta. Yo entiendo que cualquier funcionario destinado en el exterior, como pueden ser los responsables o los titulares de las agregadurías y consejerías del Ministerio del Interior, tienen un papel fundamental en la colaboración y en el mantenimiento de la seguridad ciudadana a todos los niveles. Yo entiendo que eso les debe llevar gran parte de su tiempo, y eso es lo que estoy seguro que hacen: ceñir su actividad.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.

Señor Trevín.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Muchas gracias, señor subsecretario.

Hoy, que tengo posibilidad, quiero decirle que le tengo mucho respeto a usted, se lo digo sinceramente; creo que ejerció como responsable en el ámbito administrativo de una forma que exhibió talante y nos permitió incluso negociar leyes. Quiero reconocérselo hoy porque era en las épocas en las que el Partido Popular tenía mayoría absoluta y era más difícil conseguir este tipo de cuestiones. Le tengo un gran respeto, pero le tengo que decir que le enviaron a usted hoy aquí a hacer un papelón. Porque mire, lo que me dice usted es cuando menos una burla a la tutela judicial y a la decencia política. Conoce el Gobierno los largos plazos de la justicia -largos porque no se le dan todas las medidas que deberían darse-, pero utilizar estos de manera artera en su propio beneficio mediante la interposición de recursos puede ser legal, no le digo que no, pero no deja de ser un abuso de derecho por parte de la Administración, conocedora de que esto les va a permitir mantener al señor Maroto en una plaza que es muy de interés del Gobierno y del Partido Popular. Una persona que carece de los requisitos para ocuparla, una persona que consta que fue nombrada saltándose todos los trámites, sin que en los antecedentes que conocemos podamos descartar la comisión de un delito de falsedad en documento y que esconde una arbitrariedad total de la Administración en su nombramiento, que solo se explica por la grave afectación del PP por casos de corrupción con implicaciones en Panamá.

No se lo digo a humo de pajas: esto no tiene un pase. El señor Maroto es nombrado en la plaza antes de que se cree, un año antes se hace la selección. Hoy, como usted sabe, hay una sentencia que anula el nombramiento del señor Maroto. ¿Por qué? Porque la comisión correspondiente que hace los informes y que después se los envía al DAO no se los envía a todos los peticionarios, solo a uno; hay tres personas que conocen este ámbito de la investigación del blanqueo y demás, y solamente se envía a uno, y lógicamente, a ustedes se lo anulan. Hacen burla y capirote de los tribunales, puede decirme que legalmente, sí, legalmente, pero una burla legal, no me diga que no. En segundo lugar, hacen una burla de este Parlamento. En abril del pasado año, en la legislatura corta, la Comisión de Interior aprobó por mayoría que ustedes cesaran a este agregado, dada la situación irregular que había. Y ahí sigue. Solo se puede explicar por la especial sensibilidad que tiene su puesto. Como le indicaba en mi intervención inicial, y ahí tiene el sentido, no hay ninguna causa importante de ámbito de corrupción en este país, sobre todo del Partido Popular, que no pase por comisiones rogatorias a Panamá. Quien tiene la información de lo que se pide en los tribunales, quien tiene la información de lo que se va a investigar, quien tiene la información directamente con los policías está en una situación privilegiada.

No fue solamente el nombramiento de Moix el que se utilizó para tutelar y utilizar los mecanismos del Estado para intereses partidistas en todos estos procesos. Por eso es un escándalo. Y por eso, independientemente de que pueda haber triquiñuelas legales para tratar de evitarlo, por un tema de dignidad, yo le pido hoy aquí que cesen al agregado de Panamá. Convoquen de nuevo la plaza que, como les dice el tribunal, es de libre designación, pero teniendo en cuenta que hay que evaluar los méritos de todos los que se presentan, y por tanto justificar la elección sobre la base de que es la persona que más lo merece. Háganlo. Lo merece el Estado español, lo merece nuestra propia imagen externa, y yo creo que por decencia y por dignidad también debería hacerlo el Gobierno.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor subsecretario.


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El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Yo no comparto su afirmación de que el anuncio de un recurso de casación es una triquiñuela legal. Yo, en mi humildísima condición profesional, le puedo decir que recursos de este tipo, que tienen un carácter extraordinario, como bien conoce su señoría, no se interponen a la ligera, estoy sinceramente convencido de ello, y si no hubiera habido causa o motivo jurídico o no se hubiera apreciado por la Abogacía del Estado la más mínima posibilidad de prosperar el mismo, entiendo que no se hubiera anunciado.

Muchas gracias.

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ATENCIÓN QUE RECIBEN LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN LA COMISARÍA DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA AVENIDA BLAS INFANTE DE SEVILLA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011432). (Número de expediente 181/000423).

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE TRASLADO A LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA DEL CAMIÓN QUE LANZA CHORRO DE AGUA ANTIDISTURBIOS ADQUIRIDO POR LA POLICÍA NACIONAL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011433). (Número de expediente 181/000424).

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RAZONES POR LAS QUE EL DIRECTOR ADJUNTO OPERATIVO DE LA POLICÍA NACIONAL ASISTIÓ DE UNIFORME A UNA PROCESIÓN DE SEMANA SANTA ESTANDO DE VACACIONES (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011434). (Número de expediente 181/000425).

- DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS ANTE LA FALTA DE MEDIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EUROPEA EN CUANTO AL CRUCE DE FRONTERAS EN AEROPUERTOS PARA LUCHAR CONTRA EL AUGE DEL TERRORISMO YIHADISTA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011467). (Número de expediente 181/000426).

- DE LA DIPUTADA DOÑA MARGARITA PÉREZ HERRÁIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ESPERA MEDIA Y MÁXIMA PARA HACER EL DNI EN LAS COMISARÍAS DE LUGO, VIVEIRO Y MONFORTE (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/010905). (Número de expediente 181/000428).

El señor PRESIDENTE: Las preguntas 181/423, 181/424, 181/425, 181/426 y 181/428 han sido retiradas.

- DE LAS DIPUTADAS DOÑA ANA MARÍA BOTELLA GÓMEZ Y DOÑA ÁNGELES ÁLVAREZ ÁLVAREZ Y DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE REDUCCIONES DE JORNADA SOLICITADAS EN EL ÁMBITO DE LA GUARDIA CIVIL EN LOS AÑOS 2012 A 2016 (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011726). (Número de expediente 181/000430).

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Botella para formular la pregunta 181/430.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Buenas tardes, señor subsecretario, muchas gracias por estar hoy aquí para responder a nuestras preguntas.

En primer lugar, quería transmitirle nuestro malestar porque una vez más tenemos que recurrir a formular en Comisión, vía oral, preguntas que formulamos por escrito; algunas de ellas con el transfondo de una información estadística, y tardamos mucho en obtener respuesta del ministerio. No entendemos, una vez que la legislatura ha avanzado, las causas de este retraso, máxime cuando el mecanismo parece automático en el momento en que, o bien pedimos amparo o bien pedimos que pase a Comisión, rápidamente son contestadas, como es este breve lote de preguntas a las que en apenas 48 horas hemos recibido respuesta. De todas maneras, queremos aprovechar la oportunidad para aclarar algún aspecto que siempre queda en el aire cuando se responden por escrito.


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En el caso de las reducciones de jornadas en el ámbito de la Guardia Civil, hacíamos cuatro consideraciones: cuántas reducciones, cuáles son las causas mayoritarias, cuáles han sido concedidas y con qué amplitud han sido concedidas. La última no ha sido respondida, con qué amplitud han sido concedidas, es decir, con qué concreciones horarias son resueltas o concedidas estas reducciones de jornadas. En las que sí nos han respondido observamos algo positivo, y es que de 2012 a 2016 ya no son mayoritariamente las mujeres las que tienen el mayor número de reducciones concedidas, sobre todo en la causa mayoritaria, que es para cuidado de hijos menores de 12 años, pero sí hay una cuestión que me gustaría que respondiera, y es que si en 2012 las causas denegadas son el 4% en el caso de las mujeres, en el año 2016 sube al 5,4% el porcentaje de solicitudes denegadas. Me gustaría que se refiriese a ese 1% de aumento de solicitudes denegadas, y cuáles son las causas mayoritarias de su denegación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Buenas tardes. Lamento no poderle dar en este momento la concreción que usted me pide, porque de lo que dispongo, creo, es de la misma información que le ha sido facilitada a usted, que efectivamente no incluye la concreción, la determinación específica de la cuantificación horaria de las que se han concedido. En cualquier caso, el porcentaje que usted ha señalado, ligeramente mayor en 2016 que en 2012 de las denegadas, sigue siendo muy parejo; de 243 solicitadas han sido denegadas 31 en el caso de hombres, y en el caso de mujeres, de 297 han sido denegadas 16. Creo que son índices que no difieren mucho de los del año 2012. Se han mantenido, por lo que veo en el cuadro que se ha facilitado, de una manera bastante sostenida estos porcentajes. Me comprometo a hacerle llegar esta información adicional que me solicita, tanto en cuanto a la concreción horaria como en si hay una causa preponderante, que entiendo que es a lo que se refiere en la segunda parte de su pregunta, en el porcentaje general de denegación que, como digo, es bastante similar.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario. Señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias. Más que nada, porque lo normal sería o que se estabilizara o que mejorara. Es verdad que los números son muy bajos, muy limitados, pero si es significativo de alguna causa o de alguna tendencia, le agradeceríamos que nos lo facilitara.

Muchas gracias.

- DE LAS DIPUTADAS DOÑA ANA MARÍA BOTELLA GÓMEZ Y DOÑA ÁNGELES ÁLVAREZ ÁLVAREZ Y DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE FORMACIÓN EN IGUALDAD EN LA GUARDIA CIVIL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011727). (Número de expediente 181/000431).

El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta 181/431, tiene la palabra la señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias.

Esta pregunta se centraba en cuántas horas se dedican a formación en igualdad anualmente en la Guardia Civil, si se forma a todos los miembros del cuerpo y si se forma en igualdad en todas las comandancias. Forma parte de una inquietud y una línea de trabajo que estamos llevando a cabo, que es hacer un seguimiento de la situación actual de la mujer en la Guardia Civil y luego todo el desempeño, como ustedes dicen muy bien en alguna parte de los textos, porque esto también influye, la formación en igualdad, en las capacidades que puede tener a la hora de realizar su trabajo. Nos llama la atención -ya lo dijimos en la comparecencia del director general de la Guardia Civil- porque el porcentaje de mujeres que acceden al cuerpo es muy bajo en relación con otros cuerpos de seguridad. En la Guardia Civil apenas estamos en el 7%, mientras que en las Fuerzas Armadas es un 12,5% y en Policía Nacional aproximadamente el 13%. En la respuesta que nos han dado no nos especifican; se habla de formación en igualdad a la hora de acceder al cuerpo, tanto para mandos como para otras escalas -suboficiales, cabos y guardias-, se nos dice que sí forma parte ahora de esa formación, pero no se nos da ninguna ratio del total del número de horas en las cuales se está formando en cada año a los guardias civiles, qué


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porcentaje de horas se dedica a formar en igualdad, o materias, asignaturas o campos de igualdad. Tampoco nos dicen qué pasa después cuando estas personas ya han accedido al cuerpo. A partir de ahí se pierde la pista. La respuesta dice: Con respecto a cursos y acciones formativas específicas, cabe destacar... Y lo que viene es una sucesión de cursos online de materias tanto de atención al ciudadano, derechos humanos y ética profesional. La verdad es que parece una maniobra de despiste. Nos gustaría que concretaran. Si no lo hay, que se diga claramente que no se sigue formando en igualdad cuando ya han accedido al cuerpo, y también qué pasa con aquellos guardias civiles que por edad y por promociones no han formado parte de ese plan de estudios. ¿Quiere eso decir que que ya no tienen acceso a formarse en esta materia, en igualdad? Llama la atención también que estas materias son cursos online, es todo teleformación, por así decirlo, con lo cual no hay materias presenciales. Me gustaría que nos confirmara estos extremos y que nos pueda dar alguna explicación más sobre la duda que queda de qué pasa cuando acceden hombres y mujeres al cuerpo de la Guardia Civil. ¿No hay más cursos de formación en igualdad?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.

Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz):

Muchas gracias.

Efectivamente, como usted ha señalado, hemos tratado de proporcionarle, digamos, una fotografía, una información de lo que actualmente existe. Pero sí quisiera, con carácter previo, incidir en un aspecto que es importante a estos efectos, y es que ahora mismo la materia de la enseñanza en el cuerpo de la Guardia Civil se encuentra en un proceso de desarrollo normativo. Como usted sabe, después de la aprobación de la Ley de personal, en la renovación de la misma, hay que aprobar una serie de disposiciones, planes de estudio y demás, que están bastante avanzados pero que implican un desarrollo normativo que nos llevará todavía un tiempo y que irá culminando en los próximos años. En cualquier caso, dentro de este proceso de renovación de estudios se encuentran también los nuevos planes de estudio para acceder a las distintas escalas de suboficiales, cabos y guardias que deben sustituir a los vigentes y que contienen también una formación en materia de igualdad de género que garantiza que el funcionario seleccionado que supera estos cursos formativos tiene un suficiente conocimiento y formación en esta materia importante para desarrollar su trabajo.

En alguna respuesta ulterior les hemos facilitado el contenido de los actuales planes de estudio, en concreto de las escalas de suboficiales, cabos y guardias, indicándole cuál es el contenido específico, y como usted puede ver en los distintos módulos, la parte de los mismos que se dedica a la formación en igualdad de género. No tengo el dato tampoco, y siento que me vuelva a ocurrir, pero me vuelvo a comprometer a facilitarle cuál es exactamente la extensión horaria reglada de la materia respecto al total del módulo que le facilitamos.

En cuanto a la otra parte de la pregunta que acaba de formular, debo señalarle que la idea no es quedarse en una formación inicial, por la importancia que tiene la formación continua y de alguna manera lo que podríamos llamar el reciclaje en nuevas materias, sobre todo en la medida en que se van renovando estos planes de estudio. A estos efectos, la información que le hemos proporcionado creo que pone de manifiesto que existe esta formación continua. Bien es verdad que en buena medida, a través de cursos online, que en los tiempos actuales es una herramienta bastante extendida, no solamente en el cuerpo de la Guardia Civil sino en muchos otros cuerpos funcionariales, porque es una medida de formación que permite, digamos, tener una mayor amplitud de destinatarios y desde luego facilita la posibilidad de conciliar las tareas ordinarias con el seguimiento de estos cursos de formación. Pero, como digo, le facilitaremos la mayor concreción que nos solicita al respecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, porque realmente la enumeración de la respuesta con la descripción de los cursos, el hecho de que sean online, el hecho de que no haya concreción de horas, el hecho de que hay como dos partes -en la primera son online y en la segunda simplemente se enumeran acciones formativas que van desde el racismo, la xenofobia y la discriminación a los derechos


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humanos, sin especificar ni cuándo ni dónde ni a quién van destinados- y tampoco en otra de las preguntas que hemos hecho respecto a si se forma en igualdad en todas las comandancias, creemos que la calidad de la respuesta está muy por debajo, espero que esté muy por debajo de alguna de las tareas que se realizan en este ámbito. Les rogaríamos que procedieran a especificarlo mejor, porque realmente nos llevamos una impresión preocupante de lo que se está haciendo en esta materia por parte de la Guardia Civil, que se une a la preocupación inicial que les comentaba. Estamos haciendo ese seguimiento, por una parte de participación de la mujer en el cuerpo, y por otra parte de preparación y capacidades en un tema de tanta sensibilidad como es el de la igualdad en el ámbito de la Guardia Civil. No queremos que la Guardia Civil se quede atrás de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muy brevemente. Insisto en que trataremos de completar la pregunta, pero, en cualquier caso, quiero indicarle que la información sí señala que estas materias que se enumeran en los módulos forman parte del plan de estudios para el acceso a las escalas de suboficiales, cabos y guardias, concretamente. Ha citado usted alguna de las materias del contenido, y yo también le cito otras: la gestión del capital humano y recursos materiales, aplicación en el cuerpo de la Guardia Civil del Plan para la Igualdad de Género en la Administración General del Estado; en el módulo de investigación de policía judicial, actuaciones con víctimas sensibles, la violencia de género, sensibilización y atención a la víctima, tratamiento legal de la intervención; en el módulo de fundamentos de la profesionalización, principios básicos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, misión de la Guardia Civil en el ordenamiento constitucional, también en aplicación general, y aplicación en la Guardia Civil de la normativa sobre igualdad de género en la Administración General del Estado.

Le insisto en que los planes de estudio están siendo objeto de una profunda revisión que deberá culminar con este desarrollo normativo que debe afectarle y que deriva, como le he señalado ya, de las modificaciones normativas que se han culminado recientemente, y entiendo que ello irá a favor de lo que usted señala, que es garantizar una formación suficiente en esta importante materia a todos los miembros del cuerpo de la Guardia Civil, que es algo que es absolutamente necesario en los tiempos que corren, con las formas delincuenciales a las que tienen que enfrentarse a diario. Lo único que le digo para concluir es que no creo que la Guardia Civil se quede atrás en el conjunto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en esta, como tampoco se queda en muchas otras materias.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.

- DE LAS DIPUTADAS DOÑA ANA MARÍA BOTELLA GÓMEZ Y DOÑA ÁNGELES ÁLVAREZ ÁLVAREZ Y DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ELABORACIÓN DE ALGUNA GUÍA PARA NORMALIZAR EL USO DE LENGUAJE NO SEXISTA EN LA GUARDIA CIVIL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011728). (Número de expediente 181/000432).

El señor PRESIDENTE: Para formular la pregunta 181/432, tiene la palabra la señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias.

Señor subsecretario, la siguiente pregunta era en relación con una guía para normalizar el uso de lenguaje no sexista en la Guardia Civil; si está a disposición del colectivo de miembros de la Guardia Civil dicha guía para su uso, y si, de no existir dicha guía, va a elaborarla la Guardia Civil.

La verdad es que la respuesta es antológica, parece de Groucho Marx. La variable tiempo no existe, parece ser, en esta respuesta de la Guardia Civil. La respuesta es la siguiente: En relación con la información interesada, se señala que en la Guardia Civil está en proceso de elaboración una guía de normalización de lenguaje no sexista cuyos trabajos se encuentran en una fase muy avanzada. Estimado subsecretario, yo creo que la concreción es: no, no hay fecha. Eso es lo que se desprende de esta respuesta. No sé si está elaborada la guía, pero la respuesta está bastante elaborada para no responder directamente.


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Yo le rogaría que me dijera qué plazos de tiempo, qué plan hay previsto, en fin, algún dato más concreto. ¿Es para 2017, 2018, 2019? ¿Quién la está haciendo y qué información hay al respecto?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Yo, tratando de ser más optimista, sí deduzco alguna información valiosa en la respuesta, que es: ahora no, pero muy pronto sí. Es decir, se está en fase de elaboración muy avanzada. Para mí, sin poderle dar una fecha en este momento, eso significa que en el presente año debería estar esa guía del uso de lenguaje no sexista a disposición de los miembros del cuerpo de la Guardia Civil.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Para rematar la cuestión, ¿entiende que debo formular otra pregunta al ministerio para que me especifiquen el cronograma relativo al plan de realización, o están en condiciones de facilitármelo?

El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Yo me comprometo a que se lo facilitemos sin que tenga usted que formular otra pregunta.

- DE LAS DIPUTADAS DOÑA ANA MARÍA BOTELLA GÓMEZ Y DOÑA ÁNGELES ÁLVAREZ ÁLVAREZ Y DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI LA FORMACIÓN QUE REALIZA LA GUARDIA CIVIL EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO CUMPLE CON EL COMPROMISO Y LA OBLIGACIÓN DE DAR FORMACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011729). (Número de expediente 181/000433).

El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta que formula la señora Botella, la 181/433.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Esta pregunta se realiza en los siguientes términos: ¿Considera el Gobierno que la formación que realiza la Guardia Civil en materia de violencia de género cumple con el compromiso y la obligación de dar formación en materia de igualdad? Aquí la respuesta nuevamente se centra únicamente, y me resulta preocupante, en los actuales planes de estudio para el acceso. La pregunta era abierta y hablaba de la formación en la Guardia Civil en el ámbito de la violencia de género. Es una cuestión en la que, como saben, estamos hablando de un posible pacto contra la violencia de género, un pacto de Estado, con lo cual ver si en la Guardia Civil se está formando realmente a su personal, a sus integrantes en temas de violencia de género, tiene una función, y la respuesta que hemos recibido también es preocupante porque únicamente habla de los planes de estudio actuales para el acceso, con lo cual aquellas personas que no se han formado en estos planes de estudio nos entra la duda sobre qué tipo de formación tienen. No se habla de los siguientes niveles hasta que se jubilan en el cuerpo, y no sabemos si hay especialistas, qué tipo de cursos hay, qué tipo de duración, qué tipo de acreditaciones y qué tipo de contenidos. La verdad es que me resulta muy preocupante. Yo creo que de todas, esta es la que con más severidad le diría que llama la atención la desgana de la respuesta ante un tema de este calado. Yo le rogaría que, si tiene alguna información adicional, me la facilitase, y si no, tenga por seguro que alguna iniciativa o pregunta adicional vamos a realizar.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Yo, en buena medida me remito a la más amplia contestación de las dos preguntas anteriores, sobre todo la primera, señalándole que en este momento sí que existen esos contenidos que aseguran la formación de todo el personal que accede a esta escala, que es desde luego la mayoritaria. La formación, si se está refiriendo ya a las escalas de


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oficiales, es una formación, como usted conoce perfectamente, mucho más extensa y mucho más detallada en todas las materias jurídicas, y desde luego en este ámbito. Pero hemos querido también poner el énfasis en lo que afecta a esta escala, que es cuantitativamente la más importante del cuerpo de la Guardia Civil. Insisto en que hay un contenido que ya le he mencionado y que no le volveré a repetir. Le podemos completar -como me he comprometido con usted- la extensión de horas que conlleva este contenido en cada uno de los respectivos módulos, pero también me remitiré a lo que ya he dicho en cuanto a los planes de formación continua y a la posibilidad de esta formación, que va precisamente orientada a asegurar y a mantener una actualización no solamente en este, sino en otros aspectos fundamentales, que insisto en que son básicos para afrontar la tarea diaria que tienen los miembros de la Guardia Civil.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.

Señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Sinceramente espero que en otras especialidades el grado de formación sea más concreto y más elevado que en este, para el cual hay también gran sensibilidad y hay unas funciones que tiene que cumplir la Guardia Civil. Aquí lo que pone en evidencia es que, ante la buena fe de una pregunta, o hay una ignorancia o hay una ausencia realmente de formación o hay una manifiesta mala fe en no responder a la pregunta sobre lo que es, como indico, la formación para el acceso; para nosotros a tenor de la respuesta que nos dan queda constancia de que no hay formación para la Guardia Civil, después de que han accedido ya a sus cursos de formación para obtener el ingreso en el cuerpo. Con lo cual es muy preocupante. Y desde luego ya le digo que deja al desnudo cuál es la naturaleza de la calidad de las respuestas del Gobierno a la formulación de una pregunta en un ámbito de tal calado. Y digo de la buena fe porque lo que se pregunta es para poder saber y poder ponerlo en valor, pero ante esta respuesta uno piensa que o no se hace nada o a lo que se hace no se nos da acceso. Por eso le rogaría que, independientemente del número de horas, etcétera, en la formación para el acceso al cuerpo, se nos pueda dar una relación detallada de lo que se está haciendo, si es vía online, si es presencial, con qué características, con qué contenidos. Hablamos de lucha contra la violencia de género, en la cual la Guardia Civil tiene su cometido, y como le digo, en un esfuerzo muy puntual y muy importante que estamos realizando todos los grupos parlamentarios en este Parlamento para intentar lograr un acuerdo de Estado en una materia tan sensible y tan imprescindible en estos momentos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Muy brevemente. Yo no comparto esta conclusión que usted saca, y lamento que sea el resultado de las respuestas que le hemos facilitado. Yo le digo únicamente esto: la lucha contra la violencia de género es una prioridad absoluta del ministerio, por la importancia y por la gravedad que tiene, y por el estado y la evolución que tiene este fenómeno al que nos enfrentamos. Las iniciativas están siendo múltiples; la formación de especialistas, no solamente en la Guardia Civil, sino también en la Policía, existe y creo que usted la conoce. Pero si usted nos lo demanda, como dice, sin necesidad de que usted formalice nuevas preguntas al respecto yo estaré encantado de poderle concretar mucho más este tipo de actuaciones a posteriori. Yo creo que sus preguntas iban orientadas más a lo que es la formación, esa formación de acceso, que es lo que le hemos querido responder.

En cuanto a qué actuaciones se están tomando sin ningún problema se lo podremos concretar, porque son muchas, muy variadas y preocupan mucho al ministerio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias. Eso espero. La única explicación sería que en buena fe también ustedes hubieran entendido formación; nosotros la planteábamos por supuesto con carácter amplio durante toda la vida profesional de los miembros de la Guardia Civil.


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- DE LAS DIPUTADAS DOÑA ANA MARÍA BOTELLA GÓMEZ Y DOÑA ÁNGELES ÁLVAREZ ÁLVAREZ Y DEL DIPUTADO DON ANTONIO RAMÓN MARÍA TREVÍN LOMBÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA NECESIDAD DE CONOCER LA OPINIÓN DEL COMITÉ PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y DE HOMBRES EN LA GUARDIA CIVIL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011730). (Número de expediente 181/000434).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última pregunta, que formula también la señora Botella, con número de expediente 181/000434.

La señora BOTELLA GÓMEZ: La pregunta se centraba en el Comité para la Igualdad Efectiva de Mujeres y de Hombres en la Guardia Civil; por la información de la que nosotros disponíamos parece que no se le recaba a este comité de igualdad la información o la correspondiente información, valga la redundancia, para las tramitaciones de los proyectos normativos que necesita el Consejo de la Guardia Civil. En la respuesta la verdad es que no me queda claro, porque ustedes hablan de tramitación orgánica acompañada de la preceptiva memoria de análisis de impacto normativo; en definitiva no queda claro si se está haciendo uso o no se está haciendo uso. La información que nosotros tenemos es que no se está solicitando al Comité para la Igualdad Efectiva de Mujeres y de Hombres, en todo lo que es competencia del Consejo de la Guardia Civil, el preceptivo informe valorativo o la comunicación para que dé su opinión. Y en la respuesta hay tres párrafos -aquí sí que se han extendido ustedes-, pero sigue sin quedarnos claro si ustedes están hablando de proyectos legislativos o solamente de cualquier otra normativa, y si realmente se les está solicitando, como sería lo deseable.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Efectivamente en la respuesta hemos tratado, me temo que también con poco éxito, de darle la información que usted nos solicita en un sentido que entendemos que debería tranquilizarla. Es decir, la memoria de análisis de impacto normativo, que es obligada en cualquier proyecto de esta naturaleza que se elabore, y que tiene que ser elaborada también por el centro directivo, pero ulteriormente revisada por las secretarías generales técnicas, y así lo hace la del Ministerio del Interior, tiene también un aspecto dedicado a esta materia que se incluye con carácter general. Es decir, en todo caso en el supuesto de la Dirección General de la Guardia Civil son varios los proyectos normativos que se han elaborado con impacto en esta materia, y que han sido tratados en las respectivas memorias de esta naturaleza que preceptivamente deben acompañar a los proyectos. Y además elaboradas por personal específicamente formado, y así se lo indicamos, a través de cursos impartidos no solamente por miembros del Ministerio del Interior, sino también del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, no solamente de las secretarías generales técnicas, sino también del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, donde se trata precisamente de formar en la redacción de la vertiente del análisis de impacto de género en la formulación de estas memorias de análisis de impacto normativo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Señora Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Únicamente una cosa. Que existe un personal especializado sí me ha quedado claro; si ese personal pertenece o es el Comité para la Igualdad Efectiva de Mujeres y de Hombres el que emite esa comunicación o ese informe es lo que no me queda claro.

El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Yo le decía también que, sin perjuicio de que efectivamente esta vertiente del impacto de género es obligada y está realizada por personal formado al respecto, todos los proyectos normativos, previamente a la elaboración de esta memoria, que insisto en que tiene un carácter preceptivo, son analizados por diversas comisiones, grupos de trabajo y en el Consejo de la Guardia Civil, precisamente para asegurar que es posible formular opinión por parte de todos los órganos que dentro de la dirección general tienen nivel de subdirección general, incluidas las asociaciones profesionales que ostentan la representación en este Consejo de la Guardia Civil. Con lo


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cual ahí es el trámite en el que tienen la posibilidad de realizar las manifestaciones a que usted está aludiendo.

El señor PRESIDENTE: Señora Botella, para finalizar.

La señora BOTELLA GÓMEZ: ¿Pero no es el comité para la igualdad?

El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.

El señor SUBSECRETARIO DEL INTERIOR (Aguilera Ruiz): Yo entiendo que el comité para la igualdad tiene la posibilidad, en esta tramitación previa a la formulación, de emitir los informes correspondientes.

El señor PRESIDENTE: Señorías, suspendemos unos minutos para despedir al señor subsecretario y dar la bienvenida al compareciente siguiente. (Pausa).

COMPARECENCIAS:

- DEL SEÑOR MOYA ACEDO, SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN UNIFICADA DE GUARDIAS CIVILES (AUGC), PARA INFORMAR ACERCA DE LA SITUACIÓN EXISTENTE EN RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE PERSONAL EN LA GUARDIA CIVIL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 219/000004).

El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a iniciar el trámite de comparecencias, dando la bienvenida al secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, a petición del Grupo de Podemos, que formuló la petición de comparecencia. Le damos la bienvenida en nombre de todos los grupos parlamentarios a esta Comisión de Interior. Tiene usted la palabra por un periodo de quince minutos.

El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN UNIFICADA DE GUARDIAS CIVILES, AUGC (Moya Acedo): Señor presidente, señorías, gracias. Quiero agradecer a esta Comisión la oportunidad, por primera vez para un representante de guardias civiles, de explicar en líneas generales las actuales condiciones sociolaborales de los integrantes de este cuerpo de seguridad. Hoy expondremos medidas encaminadas a modernizar la Guardia Civil, y en consecuencia mejorar la seguridad pública. Permítanme presentarme, porque vengo en nombre de más de 30 000 hombres y mujeres pertenecientes a todas las escalas de la Guardia Civil -escala de cabos y guardias, suboficiales y oficiales-, ya que esa es la representación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Lo que significa que, según los datos oficiales de la propia Dirección General de la Guardia Civil, el 80% de los guardias civiles inscritos en alguna asociación pertenece a AUGC; esta es la representación en azul de la Asociación Unificada de Guardias Civiles con respecto a las demás asociaciones. No solo somos la asociación mayoritaria en el cuerpo, sino también la decana, porque AUGC lleva veinte años trabajando y forjando el sacrificio personal. Tenemos a gala ser la asociación que se ha personado en todos los procedimientos judiciales donde han sufrido atentados los guardias civiles o sus familias, sobre todo terrorismo, y obviamente el terrorismo de ETA. Y con esta legitimidad puedo afirmar que a los guardias civiles nadie nos ha regalado nada.

Para comenzar he de decir que una de las cuestiones básicas que señala la AUGC es que la Guardia Civil, anclada en su legado histórico y en una práctica obsoleta en cuanto a la gestión de los recursos humanos, no parece capaz de adaptarse a los cambios que suponen las nuevas relaciones laborales. Lo que de forma inevitable está provocando agravios comparativos con respecto a otros cuerpos policiales, una mayor conflictividad interna y estrés añadido a sus integrantes. Probablemente algo tenga que ver la propia regulación de los derechos y los deberes de los trabajadores de la seguridad pública en España, que data de una desfasada Ley Orgánica 2/1986, con más de treinta años de existencia, pero que entonces incluso consolidó derechos para todos los policías, como por ejemplo el derecho de sindicación; para todos menos para los guardias civiles. De este modo no será hasta la vigente Ley Orgánica 11/2007, de Derechos y Deberes de los Miembros de la Guardia Civil, cuando por primera vez se regularán, aunque de forma limitada, ciertos derechos para los guardias civiles. Ley que sin embargo, pese al esfuerzo y a las expectativas que causó en los miembros de la institución, no muestra un balance positivo, cuando va a cumplir diez años de vigencia. Prueba de ello es que hasta el derecho de reunión hemos tenido que


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conquistarlo los guardias civiles de manos de la AUGC en el Tribunal Supremo. O también las muestras de involución que supone para los guardias civiles la remilitarización de este cuerpo policial, que ha conllevado de nuevo la aplicación del Código Penal Militar otra vez en funciones policiales o incluso en nuestra esfera privada. En este sentido desde AUGC tenemos que agradecer y reconocer las iniciativas parlamentarias de diversos grupos para superar este anacronismo, y esperamos que la Cámara modifique esta situación de una vez por todas.

Tampoco la poco o nada desarrollada Ley Orgánica de Derechos y Deberes de Guardias Civiles que nombraba ha cubierto las expectativas de mejora y superación de la discriminación que padecen los guardias civiles en sus condiciones sociolaborales con respecto al resto de policías, comenzando lógicamente por una de las cuestiones que más importa a todo servidor público: sus retribuciones. Es cierto que existe el compromiso del Gobierno, anunciado por el propio Ministerio del Interior en sede parlamentaria, de alcanzar en esta legislatura la equiparación salarial de los guardias civiles, de entrada, con el otro cuerpo de policía estatal, corroborada por la mayoría de los grupos políticos por medio de las respectivas enmiendas. Intención que sin embargo no ha tenido reflejo en los recientemente aprobados Presupuestos Generales del Estado.

Permítanme señalarles que los guardias civiles hemos demostrado solidaridad con nuestros conciudadanos. Los años de crisis no han sido desde luego los mejores para reclamar la solución a esta discriminación. Pero ahora sí, ahora ha llegado el momento y estamos esperando que en los presupuestos generales de 2018 se comience a hacerlo. Porque como estoy diciendo se han creado expectativas al respecto, y si no se cumplen solo encontrarán la frustración de los guardias civiles y sus familias. En realidad los agravios no acaban en esta cuestión, porque la regulación de la carrera profesional ha conllevado dos leyes de personal -Policía Nacional y Guardia Civil-, tramitadas prácticamente al mismo tiempo, y sin embargo con graves e importantes discriminaciones para los guardias civiles. El más llamativo ha sido el establecimiento de diferentes requisitos formativos, de acceso y promoción profesional a las distintas escalas de ambos cuerpos. Y volvemos a lo mismo: al final conllevará aumento retributivo para la Policía Nacional en detrimento de la Guardia Civil, y que de entrada supone un menosprecio a la profesión de guardia civil, al establecer policías de más nivel de formación para ciudades y de menos para el ámbito rural, menosprecio que se extiende también lógicamente a los ciudadanos y ciudadanas a proteger en cada ámbito.

Como muestra de este desinterés por desarrollar y modernizar el régimen de personal de la Guardia Civil podemos señalar que ya en el año 2009 el Ministerio del Interior adelantó públicamente que se iba a desarrollar el catálogo de puestos de trabajo en el cuerpo, como instrumento necesario para la gestión de sus recursos humanos, tal y como se hace en el resto de la Administración. Pues bien, a día de hoy todavía estamos esperando esta regulación. Y sin esta regulación la organización interna del cuerpo es un caos, porque se aleja del principio de legalidad, de los principios de mérito, capacidad e igualdad, y porque no permite que las retribuciones de cada destino o puesto de trabajo cumplan con la obligación de justicia. Fíjense en que esta cuestión es importante, porque su implementación ayudará sin duda a la reorganización de los efectivos actuales del cuerpo, mermados por la congelación de ofertas de empleo público, y por tanto a ser más eficiente como servicio público.

También venimos reclamando desde el año 2009 una jornada laboral digna, porque aunque cueste trabajo creerlo los integrantes de la Guardia Civil siguen siendo los únicos funcionarios que realizan su jornada en horario nocturno y festivo, sin turnos de trabajo regulados, lo que inevitablemente afecta de forma importante a su conciliación de vida familiar y laboral. Piensen, por ejemplo, que a día de hoy un guardia civil desconoce su régimen de horario de servicio del mes de julio. Algo falla en la gestión de la Dirección General de la Guardia Civil cuando se demuestra incapaz de aplicar un régimen de turnos de la misma forma que existe en los demás cuerpos de la Administración. Con un agravante añadido, y es que la falta de conciliación es uno de los factores fundamentales de desequilibrio en las plantillas de la Guardia Civil, donde solo hay un 6,8% de mujeres de los 74 000 guardias civiles en activo. En efecto, señorías, porque uno de los argumentos que venimos oyendo desde sectores oficiales es que en la Guardia Civil no hay mujeres porque es una profesión dura. Pretexto que decae cuando, por ejemplo, lo comparamos con las Fuerzas Armadas, donde hay un 12,5% de mujeres, el doble exactamente que en la Guardia Civil, que como decimos es un 6,8%. Y es cierto que la crisis ha reducido los recursos materiales y humanos de la Administración, pero en la Guardia Civil aún es más grave, porque el déficit ya de 10 000 guardias civiles recae sobre un despliegue territorial arcaico de 2400 unidades dispersas por todo el territorio nacional. Desde luego nosotros entendemos que donde está el problema está la solución, de modo que se hace


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indispensable abordar de una vez la reorganización de las unidades del cuerpo para adaptarlas a la realidad actual, que obviamente es diferente a la que existe y que se concibió para el siglo XIX. No es de recibo que la mayoría de los puestos de la Guardia Civil estén cerrados por falta de personal o que los mande un guardia civil de base, porque no hay suboficiales; un puesto debe ser operativo y mandado por un suboficial, que para eso tiene la formación para ello. Y habrá que hacerlo por supuesto con la participación de todos los agentes sociales. El despliegue territorial moderno no puede esperar más, porque de él depende la seguridad de todos.

No queremos dejar pasar por alto que la prevención de riesgos laborales no ocupa un espacio mínimamente relevante en la Guardia Civil. No es aceptable la tasa de suicidios en el cuerpo, porque si la media de la población española se sitúa en un 11,7% por 100 000 habitantes, en la Guardia Civil se dispara al 16,5%. ¿El resultado? Pues que desde el año 2000 ha habido 213 suicidios en la Guardia Civil.

Hablando de prevención tampoco es de recibo la polémica generada en la adjudicación de chalecos antibalas, porque cada guardia civil tiene derecho a su propia protección, es decir, a un chaleco adaptado a su complexión física. Esta semana hemos sabido que una guardia civil ha sido propuesta para ser sancionada por falta grave, una guardia civil que se negó a colocarse un chaleco antibalas masculino en un control de carretera, porque pretendía usar el chaleco femenino que había adquirido por medios propios, y que era el adecuado a su fisonomía. Recordarán el caso porque saltó a la prensa, saltó a los medios de comunicación, ya que a la guardia civil Alicia Sánchez se le imputó un delito militar por el que podría haber ido a la cárcel por esta situación. La jueza archivó la denuncia, pero su argumentación poco le ha importado a la Guardia Civil, que como digo ha propuesto la sanción de la agente, con pérdida de sus haberes retributivos. Desde luego lo que no han hecho los jefes es medir la posible responsabilidad de los mandos competentes cuando, como era el caso, se ordena montar un control en el que los agentes que intervienen no tienen los medios adecuados para su protección. Pero así es la Guardia Civil. La depuración de responsabilidades va normalmente hacia abajo; difícilmente o casi nunca hacia arriba.

No querría pasar esta exposición sin nombrar un derecho recogido también en la Ley Orgánica de Derechos y Deberes, innovador en su momento, el derecho de asociación profesional, pero que desde luego tampoco ha respondido a las expectativas de los guardias civiles, porque impide canalizar las demandas de mejora de sus condiciones de vida y trabajo. En este sentido, señorías, como su tiempo es limitado, no voy a extenderme demasiado. Déjenme tan solo nombrarles someramente una serie de datos objetivos para que ustedes puedan juzgar por sí mismos.

En primer lugar, en el tiempo de existencia de esta ley orgánica, diez años, se han instruido más de 300 expedientes disciplinarios a representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, 80 en los últimos cinco años. En segundo lugar, quiero señalar la inexistencia de un cauce normalizado entre las asociaciones profesionales y cualesquiera otros agentes institucionales. Por poner un ejemplo esta comparecencia puede acarrearme, como guardia civil en activo, consecuencias disciplinarias si alguien entendiera que se han rebasado los límites que el régimen disciplinario del cuerpo impone al derecho de libertad de expresión. La situación de aislamiento que desde el Gobierno se pretende imponer al derecho de asociación profesional en la Guardia Civil llega a tal punto que el Ejecutivo ha iniciado una vía de confrontación judicial contra AUGC por la mera colaboración con el Sindicato Unificado de Policía. Como también se nos niega la posibilidad de participar en foros europeos donde el intercambio de información es esencial para conformar una política y un modelo de seguridad pública común.

Permítanme también trasladarles una circunstancia que entiendo significativa: en el recientemente celebrado congreso del Sindicato Unificado de Policía el secretario de Estado de Seguridad vino a decir -corríjanme si me equivoco, porque algunas de sus señorías estaban presentes- que además de denunciar las carencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado un sindicato responsable debe tener la capacidad de aportar soluciones constructivas. Pues bien, que alguien nos explique cómo podemos hacerlo, cómo puede hacerlo la AUGC si este responsable ministerial, de entrada, ha rechazado la iniciativa de la AUGC de reunirse con él, y aquí tengo la notificación fechada el 16 de marzo. En realidad parece que no nos quieren fuera, pero tampoco dentro. Porque otra vía de confrontación judicial que se ha abierto con la Dirección General de la Guardia Civil ha sido una reglamentación interna para cortar de raíz cualquier iniciativa aperturista que pudiera producirse. De modo que en las unidades donde se nos había permitido a las asociaciones profesionales acceder a locales cedidos por la Administración, para poder atender a los guardias civiles, lo cual parece lógico por motivos de seguridad, porque somos un colectivo que lógicamente es objetivo prioritario de organizaciones criminales y terroristas, en un movimiento involutivo, como digo, se nos está expulsando de las unidades, bien a los representantes, bien


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al personal laboral que habíamos contratado para tal fin. Así ha ocurrido en Zaragoza, en Huesca, en Córdoba, en Cádiz, en Pontevedra o en Málaga, en este caso aún más grave, porque se ha expulsado a nuestros representantes por el mero hecho de luchar contra la corrupción en el cuerpo, que como podrán imaginar tampoco la Guardia Civil se libra de ella.

Y en tercer lugar, permítanme exponerles un mero dato referente al Consejo de la Guardia Civil, que es el órgano que en teoría y por ley tiene como función establecer la interlocución entre las asociaciones profesionales y la Administración. Se van a convocar ahora las terceras elecciones al Consejo de la Guardia Civil, y podemos repasar la participación en las anteriores elecciones, y los datos desde luego son demoledores, sobre todo si los comparamos con los resultados de las últimas elecciones en el órgano homólogo en Policía Nacional. De modo que en las elecciones acontecidas en la Guardia Civil participó solo un 28% de la plantilla, es decir, 24 600 guardias civiles. Mientras que en Policía Nacional concurrió el 80% de la plantilla, es decir, 62 000 policías nacionales. Lo que lo anterior evidencia, a nuestro entender, es que los avances conseguidos por otros servidores públicos que comparten misión constitucional y funciones legales con los guardias civiles deben llegar también a estos. Y la mejor manera, entendemos, para garantizar un marco de derechos es reconocer el derecho de sindicación, porque no se trata de mendigar, sino de negociar las mejoras que merecemos los guardias civiles.

Señorías, para ir concluyendo diré que la Guardia Civil es el mayor cuerpo de seguridad en España, e incluso suele aparecer como saben en las encuestas como la institución más valorada por la sociedad. Sin embargo, y pese a este potente desarrollo, esconde problemas importantes relacionados sobre todo con la gestión de sus recursos humanos. Y si en su momento fue un avance la Ley Orgánica de Derechos y Deberes, ahora ha puesto de manifiesto que el modo de ejercer estos derechos es claramente insuficiente y por tanto mejorable. Porque lejos de colmar las expectativas de los guardias civiles ha conseguido frustrar el ánimo de estos, porque ven cómo la brecha de desigualdad entre ellos y el resto de cuerpos policiales se va agrandando. Por ello entendemos que se debe incidir sin demora sobre cuestiones concretas, y sobre todo entendemos que esta Cámara tiene capacidad para ello. Dos son las fundamentales: primero, superar definitivamente la discriminación salarial que hace que los guardias civiles sean los policías peor pagados de todo el país. Y segundo, una jornada, una regulación de la jornada laboral digna que permita la conciliación efectiva de la vida familiar y laboral, y que debe contener dos factores clave: regulación de turnos y las compensaciones correspondientes por necesidades del servicio cuando se deba alterar el ritmo ordinario de trabajo. A este respecto quiero señalar un hecho puntual, pero sin duda significativo, porque para afrontar la falta de personal que periódicamente se da en época estival, a petición de la Dirección General de la Policía Nacional, se ha aprobado o parece que se ha aprobado una partida presupuestaria suplementaria de 4 millones de euros que irá destinada a compensar los servicios extraordinarios. ¿Saben qué ha hecho la Dirección General de la Guardia Civil? Pues absolutamente nada. Entre otras cosas porque estas compensaciones deben ser asignadas por medio del complemento retributivo de productividad, partida que de entrada es inferior en la Guardia Civil; pero es que además en la Guardia Civil el 70% del montante de este complemento recae en las escalas de mando. Es decir, que 65 000 hombres y mujeres se deben conformar con el resto. También creemos necesaria la erradicación definitiva de la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles en funciones policiales. Y en cuarto, es necesario afrontar la actual inoperatividad de la Ley Orgánica de Derechos y Deberes, y sería oportuno implementar como digo la segunda generación de derechos de la Guardia Civil. Así ocurre en Europa con normalidad, incluso con ejércitos: disciplina y sindicatos son compatibles, pero por compararnos con algo parecido a nosotros, pongamos como ejemplo la gendarmería holandesa, un cuerpo de tanta tradición como la Guardia Civil y que tiene sindicatos desde hace cien años y nadie cuestiona su eficacia por ello.

Permítanme por último recordarles un momento significativo de nuestras inquietudes, porque el 30 de noviembre del año 2009 fue aprobada una proposición no de ley en esta Cámara para el estudio y admisión de los guardias civiles expulsados por la realización de actividades asociativas, entre ellos nuestro socio fundador, el sargento José Morata Gargallo, algo a lo que no se ha dado cumplimiento, lo que impide que a estas personas se les reintegre en su dignidad como ciudadanos y como guardias civiles.

En resumen lo que hemos pretendido ha sido ofrecer algunos datos con la intención de señalar la necesidad inaplazable de modernizar el régimen estatutario de los guardias civiles. Es cierto que vamos con retraso, pero estamos a tiempo de reconocer activamente la labor de estos servidores públicos. Sabemos que la sociedad valora a los guardias civiles, lo que tiene reflejo de hecho en las alabanzas que


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recibimos de diferentes instituciones. Pero, señorías, ustedes pueden hacer algo para devolver o hacer tangible esta gratitud; pueden hacerlo reconociendo el esfuerzo de los guardias civiles mejorando y consiguiendo unas mejoras en sus condiciones profesionales y económicas. Nosotros entendemos que la democracia está en deuda con los guardias civiles y es momento de reconocer derechos. Por tanto aprovechamos esta comparecencia para solicitar a los diferentes grupos parlamentarios que tengan el coraje y la valentía para abrir el debate necesario, y alcanzar la mayoría cualificada que permita poner a los guardias civiles como ciudadanos de uniforme al nivel de las democracias europeas.

Les reitero nuestro agradecimiento en nombre de la AUGC y en el mío propio, y quedo a su disposición.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario general.

El orden de intervenciones será, en primer lugar, el grupo proponente y luego el resto de los grupos de menor a mayor. Tiene la palabra por el Grupo de Podemos, el señor Delgado.

El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Moya, en primer lugar le quiero dar la bienvenida a esta sede parlamentaria y agradecerle que haya aceptado comparecer ante esta Comisión de Interior a petición de nuestro grupo. Nosotros entendemos que esto debe ser la tónica general y una cuestión de normalidad democrática, me refiero al hecho de que los responsables de las asociaciones profesionales y de sindicatos de las policías acudan a esta Comisión a trasladar la problemática que les afecta, sus inquietudes y todas aquellas reivindicaciones que vayan encaminadas a mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores, en este caso trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil, y también a mejorar el servicio que prestan a la sociedad. De hecho desde este grupo vamos a seguir pidiendo la comparecencia de otras asociaciones de la Guardia Civil y también de sindicatos de Policía, porque como he dicho yo creo que es muy interesante tener esa cercanía de la realidad de lo que piensan y de lo que nos pueden aportar estos colectivos.

Señor Moya, ha hecho usted una intervención en la que ha diseccionado la situación actual de la Guardia Civil de una forma muy distinta quizá a la que estamos acostumbrados en esta Comisión, o de cómo lo hacen los responsables del Ministerio del Interior cuando han acudido a esta Comisión. Quiero decir con esto que usted ha expuesto esa otra cara, que también existe en la Guardia Civil, pero que para conocerla quizá como digo es imprescindible, es importante que acudan los colectivos, en este caso asociaciones profesionales de la Guardia Civil. A mí me gustaría incidir muy brevemente en unos temas que me parecen importantes, aunque todos lo son; pero en algunos datos que usted ha ofrecido y que me parecen preocupantes y a los que creo que es necesario dar respuesta y dar prioridad. Y le voy a trasladar una serie de preguntas por si usted puede en este momento respondérmelas.

Sobre remuneraciones yo creo que esta es una reivindicación histórica de los trabajadores y las trabajadoras de la Guardia Civil, que quieren acabar con esa discriminación que les afecta. Le voy a preguntar: ¿usted cree que tiene algo que ver o hay alguna relación entre el hecho de que los guardias civiles no tengan derecho sindical con que sean los peor pagados? No tienen derecho sindical y son los peor pagados, ¿usted cree que tiene alguna relación? O dicho de otra manera: los mecanismos actuales que tienen los guardias civiles, como asociaciones, etcétera, ¿usted cree que son los correctos, que funcionan, que sirven para dar respuesta a esas reivindicaciones de los guardias civiles? ¿Cree usted que el derecho sindical mejoraría las condiciones sociolaborales de los trabajadores de la Guardia Civil?

Cuando se habla además del derecho sindical para los trabajadores de la Guardia Civil algunos piensan que se puede perjudicar el servicio que los guardias civiles prestan a la sociedad. ¿Cree que el hecho de que los guardias civiles tengan sindicato empeorará, hará más negativo el servicio que ahora prestan los trabajadores de la Guardia Civil? Usted que representa a la organización mayoritaria dentro de la Guardia Civil, con más de 30 000 afiliados, ¿han hecho alguna vez alguna encuesta, algún sondeo sobre qué piensan los guardias civiles del derecho sindical y qué porcentaje estaría a favor del derecho sindical o si se aceptaría mayoritariamente? No sé si tiene algún dato o si lo puede aportar.

Otro tema que nos parece importante y que creo que tiene fácil solución, me atrevo a decir, es la aplicación del Código Penal Militar. Y digo que tiene fácil solución porque la mayoría de los grupos parlamentarios está a favor de que no se les aplique el Código Penal Militar. Y de hecho creo que somos ya tres los grupos parlamentarios que hemos presentado una proposición de ley precisamente para modificar la Ley del Código Penal Militar, para que no se le aplique a los trabajadores de la Guardia Civil.


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Otra cuestión importante que me preocupa es la situación que se está produciendo en La Línea de la Concepción, en Cádiz; estos días hemos visto cómo policías y guardias civiles son apedreados, están pasando una situación bastante complicada, incluso se ha llegado a producir la muerte de un policía local en un accidente, como consecuencia del auge del narcotráfico, y también -por qué no decirlo- por las políticas que han fallado -me refiero a políticas de empleo y desarrollo de aquella zona-. ¿Qué soluciones ve usted a este problema? Porque además sé que usted trabaja y está destinado por aquella zona, pero, ¿qué medidas cree usted que serían importantes para dar solución, para dar apoyo a esa zona?

Y nos preocupa también -y voy acabando- una cuestión que me parece muy importante, que además a mí, siempre lo he dicho, me gusta tratarla de forma muy seria y respetuosa, y es el índice de suicidios en la Guardia Civil. Hace unos días he recibido la respuesta a una pregunta parlamentaria que hice sobre el índice de suicidios en los últimos diez años, y los datos reflejan que no solamente no bajan esos datos, sino que incluso algunos años han seguido subiendo, índice de suicidios que como usted además ha expuesto es bastante preocupante. ¿Podría dar algunas soluciones concretas para dar una mayor solución, más rapidez, más eficacia al tema de los suicidios?

Otras dos cuestiones, para finalizar, que me gustaría preguntarle: ¿qué opinión le merece que se utilicen recursos para financiar romerías, como hemos visto hace unos días, a Lourdes, a Fátima, con recursos del Ministerio del Interior? (La señora vicepresidenta, Botella Gómez, ocupa la Presidencia). Y por último, quiero preguntarle qué le parece la situación actual de la UCO, la Unidad Central Operativa; sabemos que está en una situación de bastante falta de plantilla y de medios, así como otras unidades, como la Emume, como muchas unidades de la Guardia Civil, pero me preocupa esta porque luchan contra el crimen organizado, contra el terrorismo, tienen unas dificultades bastante importantes de falta de personal, y aunque es importante ir acabando con esa falta de personal en todas las unidades, pero es que hay unidades que lógicamente no es que sean más importantes, pero sí tienen una prioridad por el tipo de ilícitos que persiguen: el terrorismo, el crimen organizado, la corrupción, etcétera.

Le agradezco, señor Moya, su comparecencia. Tenga claro que desde nuestro grupo parlamentario siempre vamos a trabajar para mejorar las condiciones sociolaborales de los trabajadores y trabajadoras de la Guardia Civil, para que salgan de una vez por todas de esa situación de agravio que tienen con respecto a otros cuerpos de policía de este país. Yo creo que a los guardias civiles no les tenemos que dar más que al resto de cuerpos, pero, como mínimo, lo mismo que tiene ya el resto de cuerpos de policía de este país.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): A continuación, tenía la palabra el representante del Grupo Mixto, pero ha salido, no sabemos si definitivamente o si volverá. Para no detener la sesión, vamos a pasar al siguiente representante, que es el señor Legarda, por el PNV.

El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.

Simplemente, quiero dar las gracias al señor Moya por las explicaciones que nos ha dado de las inquietudes y necesidades y también derechos, o así reclamados, por la Asociación Unificada de Guardias Civiles. El portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha comentado algunos aspectos significativos: aplicación del Código Penal Militar, remuneraciones, catálogo de puestos (que creo que es una cuestión muy importante vinculada al despliegue territorial, que va unida también a la jornada y a la conciliación, ahí hay un eje de problemas), prevención de riesgos (como una cuestión que llama la atención), y sindicación, que ya lo tratamos aquí, en Comisión. No me acuerdo ahora exactamente del resultado que salió. Personalmente sí creo que puede haber una vinculación, como ha señalado en forma de pregunta el representante de Podemos, entre condiciones, digamos, laborales y el derecho de sindicación; yo creo que sí hay una conexión. Creo que hay una relación de causalidad; no sé de qué intensidad, pero creo que la hay.

Por nuestra parte hemos tomado atenta nota de toda su exposición, que encierra de una manera indirecta una reclamación de derechos. También quiero manifestarle que somos sensibles, al menos mi grupo parlamentario, a buena parte de las exposiciones y reclamaciones que ha hecho. Cuestión distinta será su plasmación o su concreta intensidad. Digamos que ha sido una intervención general y por mi parte mi intervención también es general. Sin más, le vuelvo a dar las gracias.

Muchas gracias, presidenta.


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La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Ciudadanos, el señor Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidenta.

Muchísimas gracias, señor Moya, por comparecer ante esta Comisión. Es muy necesario que la voz de los guardias civiles se escuche igual que la de todos los colectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas en esta casa, porque está muy bien ser muy valorados por la sociedad, que lo son, y sin duda con una gran justicia, pero también es cierto que hay un montón de temas y de asuntos que están sin resolver, alguno de ellos enquistado desde hace muchísimo tiempo, y es bueno que ustedes vengan aquí y que aquí también se escuche su voz, porque esa es la manera de reclamar las cosas, estar en la casa de todos los españoles explicando los problemas que sufren estos colectivos, en su caso el de la Guardia Civil.

Efectivamente, muchos de los temas ya los conocemos, además los hemos compartido en otros foros, y al final siempre tengo la duda de si el Consejo de la Guardia Civil funciona y si vale para algo. Tengo realmente esta inquietud. Tal como está diseñado, me da la sensación de que no vale para mucho, y a mí me gustaría que usted nos pudiera aclarar si realmente vale para algo, que en algún momento pueda responder si tiene alguna utilidad real. Entiendo que debería ser el espacio de diálogo y de resolución de los problemas en todo lo que afecta a los recursos humanos de la Guardia Civil, a todo el colectivo de hombres y mujeres que integran la Guardia Civil, pero me da la sensación de que esto no está funcionando. Y no porque el sitio no sea ese, sino porque probablemente hay algo que no funciona; y usted que ha estado y seguirá estando, supongo, tiene la experiencia suficiente como para decirnos por qué. Así, quizá partidos que en algún momento tenemos intención de ser alternativa de Gobierno, podremos averiguar qué es lo que no está funcionando allí, para no repetirlo.

Ha mencionado también las dificultades de la conciliación o de conciliar dentro de la Guardia Civil. Probablemente, disponer o no disponer de una jornada de trabajo hace que resulte imposible. Yo me pregunto cómo se puede conciliar, cómo puede conciliar cualquiera sin conocer cuál es su jornada de trabajo. Esto es algo a lo que debemos poner solución rápido. En cuanto a crear unas jornadas de trabajo, no sé si desde el Poder Legislativo tenemos alguna capacidad de poder imponer unas jornadas de trabajo, de que se establezcan unas jornadas de trabajo. Desde luego, no cejaremos en ese empeño, porque nos parece fundamental para poder respetar las políticas de conciliación.

Me preocupan mucho los temas de igualdad. No ha mencionado usted nada sobre igualdad, supongo que por falta de tiempo, pero los problemas de igualdad son realmente importantes. Me gustaría saber si usted cree que se puede decir que existe una buena política de igualdad en estos momentos en la Guardia Civil. Yo creo que no, pero me gustaría saber también cuál es su opinión sobre este tema y por qué cree que no hay una adecuada política de igualdad dentro de la Guardia Civil. Dentro de los problemas de igualdad, el caso de las mujeres gestantes dentro de la Guardia Civil es especialmente grave y significativo, y supone un problema mayor que tenemos que atender. Nos gustaría que nos explicara si se está dando un trato óptimo en estos momentos a las mujeres que están en estado de gestación dentro la Guardia Civil, antes de haberse cogido la baja maternal correspondiente.

Nos preocupa muchísimo el tema de los suicidios en la Guardia Civil. Créame que desde nuestro grupo estamos impulsando diferentes acciones con el Gobierno, con el resto de los grupos políticos para ver de qué forma podemos llegar de verdad a conocer qué es lo que está pasando, por qué hay estas tasas elevadas. Hace pocos días, pocas semanas conocimos un nuevo caso en Barcelona de otro guardia civil. Es un tema que nos preocupa y sobre el que la propia Dirección de la Guardia Civil y el ministerio no nos dan una respuesta eficaz, no nos dan ninguna respuesta; y este es un tema que nos preocupa muchísimo. Como sabe, hemos intentado utilizar otro tipo de instrumentos, como el Observatorio de la Vida Militar; vamos a ver si somos capaces de darle alguna solución. Hemos presentado un proyecto de ley para modificar la Ley de la Carrera Militar, precisamente para ver si podemos dar solución a esta cuestión a través de una modificación legal, para que realmente haya una investigación independiente sobre lo que está pasando dentro de la Guardia Civil. Sabemos que hay un protocolo para prevenir los suicidios en la Guardia Civil. Nos gustaría saber por qué cree que ese protocolo no funciona. ¿Qué medidas cree usted que se deberían llevar a cabo para prevenir estos suicidios? Desde luego, usted conocerá mucho mejor el tema. Asimismo si cree usted que faltan psicólogos dentro de la Guardia Civil, o si el servicio de psicología al que puede acceder el colectivo de los guardias civiles no es adecuado, no funciona, o no tiene personal suficiente. En todo caso, ¿qué pasa con esto?


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Se acerca el verano, la época estival y los destinos turísticos con esa falta de refuerzo de efectivos que existe, aparte de que los efectivos no pueden crecer porque los presupuestos están como están. ¿Cree usted que habría alguna solución, que se podría mejorar la gestión de los recursos para, en esta época estival, dotar a estos destinos turísticos de personal suficiente? Esto también me parece importante.

Y voy finalizando, señora vicepresidenta. Solamente quiero mostrar un detalle. Le puedo asegurar que en cuanto a la equiparación salarial, que sabe que es una de las primeras reivindicaciones que Ciudadanos trajo a este Congreso de los Diputados, tenemos el compromiso -lo tenemos todos, no solo Ciudadanos, lo tienen sobre todo ustedes, que son guardias civiles, el ministerio y el propio ministro, porque se comprometió en el Pleno del Congreso a que esta situación se solucionaría- de que no habrá presupuestos de 2018 si no está la partida dedicada a empezar a paliar esta situación. Se lo puedo asegurar. Si no está incluida la partida correspondiente en los presupuestos de 2018, no habrá presupuestos de 2018 en España.

Muchas gracias.

La señora VICEPRESIDENTA (Botella Gómez): Muchas gracias.

A continuación, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Trevín.

El señor TREVÍN LOMBÁN: Gracias, señora vicepresidenta.

Buenas tardes, señor Moya. Bienvenido a esta casa; a esta casa en cuanto que es una comisión oficial, porque es cierto que tanto usted como la dirección de la AUGC son habituales, yo creo que por suerte, en este Congreso de los Diputados, para tener bien informados a los diferentes grupos parlamentarios.

Sin embargo, me queda una pequeña gota de amargura, y quería decírselo. Yo creo que no fue bueno que usted viniera hoy aquí a petición de un solo grupo político. Porque de haber sabido que tenía usted que venir, estoy seguro de que todos los grupos políticos de esta Cámara hubiéramos apoyado que usted compareciera. Y habría sido lo mejor para todos; se hubieran evitado, por ejemplo, algunos tuits como el que aparece en la revista de suboficiales: Ahora podemos dar relevancia a la AUGC en la Comisión de Interior, en detrimento del resto de asociaciones representativas de guardias civiles. Esto es algo interesado e injusto, pero se podría haber evitado este tipo de interpretaciones de haber variado la fórmula. La culpa la tenemos todos, no se la adjudico exclusivamente a usted ni al Grupo de Podemos, pero creo que es positivo que participe quien tiene la voz representativa de colectivos tan importantes como la Guardia Civil o el Cuerpo Superior de Policía, y ahí seguramente todos tengamos que hacer una llamada interior para hacer mejor las cosas.

Estamos de acuerdo en muchas cosas; en algunas no, pero podemos hablarlas, lo sabe usted perfectamente. Yo no voy a hacer aquí una intervención para darle jabón exclusivamente, porque lo importante es que cada uno podamos plantear aquello en lo que coincidimos, que, como digo, es la inmensa mayoría, pero también en diferencias que pueda haber, sobre todo para ver cómo se pueden superar, porque eso va a suponer también una mejora de problemas concretos que afectan a la Guardia Civil. Coincidimos en el aspecto de derechos sin ningún tipo de duda, en dos sentidos: en que se consoliden y se respeten. Este era el objetivo cuando impulsamos el Consejo de la Guardia Civil cuando estuvimos en el Gobierno y creo que en este momento no está respondiendo a ese objetivo, le soy muy sincero. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Habíamos diseñado un organismo que es cierto que no tiene carácter sindical, pero puedo decirle que para nosotros, en cuanto al papel que tiene que tener, es homologable a cualquier sindicato. Es más, para nosotros las asociaciones, y sobre todo quienes las representan, no pueden tener menos derechos ni una posibilidad mayor de que estos sean infringidos que cualquier representante sindical de la policía o del metal, de la construcción o de la Policía municipal. Porque creo que este es un elemento consustancial, el de representación de los derechos que tienen quienes representan, y creo que aquí se está haciendo mal. Y no voy a criticar al Gobierno. Quiero decirle que como sistema -y en esto le pido al Gobierno que tome nota, que todos tomemos nota- debemos corregirlo. Es absolutamente necesario el consejo y son absolutamente necesarias las funciones que tiene porque, aunque sean de carácter asesor, el papel de las asociaciones es primordial: o tienen voz las asociaciones y tiene sentido lo que plantean y se transforma en cuestiones concretas, o no tiene ni pies ni cabeza mantener este tipo de organismos. Por tanto, ahí le soy muy sincero, y creo que coincidimos en el fondo, independientemente de que en los aspectos nominales tengamos diferencias y, por tanto, si eso exige cambios legislativos, cuente con este grupo.


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Segundo, es verdad que hay una mayoría para que, de una vez por todas, quitemos la aplicación del Código Penal Militar a la Guardia Civil. Nos pasa como al refrán que utilizan mucho ustedes cuando se refieren al tratamiento que les dan los Gobiernos, que dice: Mucho te quiero perrito, pero pan, poquito. Bueno, pues aquí todos queremos quitarlo, pero cuando llega el momento de votar no sale mayoría. Y ya ha pasado dos veces. Yo espero que ahora salga. Es verdad que no estamos ante proposiciones no de ley sino ante proposiciones de ley, y espero que la próxima vez tengamos efectivamente una mayoría, porque está en el espíritu, es cierto, de la mayoría de la Cámara, y porque además nosotros hicimos una reforma en ese sentido. Y no sé realmente quién tiene el interés político de mantenerlo. Lo mantiene el actual Gobierno, pero voy a echarle un capote al grupo parlamentario. Yo creo que hasta el grupo parlamentario del actual Gobierno, si no tuviera ninguna otra implicación, también estaría a favor de que no se aplicara. Porque no tiene sentido que en una situación de actuación de policía se aplique un Código Penal Militar que está pensado para actuaciones en el exterior al mando del ejército en unas circunstancias que no tienen nada que ver. Acabo con este tema. No puede ser que la discusión de un cabo con un teniente en un partido de fútbol acabe con la aplicación del Código Penal Militar. Por tanto, yo creo que este es de los temas más urgentes y que ahí tenemos una coincidencia. Igual ocurre con el tema de prevención de riesgos. Creo que todos estamos preocupados por ese tema, tanto con el tema de suicidios como con alguna otra cuestión de enfermedades profesionales, que a veces no son reconocidas, por constatarle otra de las coincidencias.

Y acabo. Se ha hablado, entre otras cosas, de conciliación, de horarios y de efectivos de verano; los tres son lo mismo. Tenemos un problema de plantillas que yo creo que ahora no es un problema grave ni serio, es un problema de urgencias. Hace quince días, aproximadamente, una de las grandes polémicas europeas fue el problema de Inglaterra con la disminución de entre 20 000 y 21 000 policías en los últimos cinco años ante la situación que vivieron; en España en esos últimos años descendió el número de policías y guardias civiles en la misma cantidad, con un problema comparativo: Inglaterra tiene 20 millones de habitantes más que España, es decir que la reducción por habitante en España es mucho más importante que en Inglaterra. Y llega un momento en que estamos ante la situación -por poner un ejemplo que entendamos y espero que estén de acuerdo conmigo- de tener una cama de dos metros y medio y una sábana de 0,70; entonces, tapas el brazo y destapas la pierna, tapas la pierna y destapas la cabeza, y no hay manera de poder llegar a todo. Y ahí es donde está el problema en este momento al no poder abordar ni un problema serio de horarios ni de conciliación ni de aspectos relativos a refuerzos de verano. ¿Qué refuerzos de verano vamos a tener si hay que sacarlos de otras partes, y usted y yo sabemos que en otras partes a veces ni siquiera puede quedar un guardia de puertas por la noche? No hay de donde sacar. El refuerzo va a suponer que haya zonas enteras que queden sin ser cubiertas por la Guardia Civil.

Le decía que era lo último, pero era lo penúltimo. Uno de los elementos que tiene más razón desde el punto de vista de reivindicación, siendo un problema general de todos los funcionarios del país, pero tienen para mí una singularidad en la Guardia Civil, que es con lo que le acabo, es el tema del sueldo. El enfoque que sistemáticamente plantea la reivindicación en el tema de comparaciones y agravios no lo comparto, y no lo comparto porque creo que no es bueno estratégicamente para la Guardia Civil, se lo digo sinceramente. Que tiene de los menores sueldos de las policías españolas y europeas es cierto, pero usted sabe que hay escalas diferentes y en el abanico de sueldos hay grupos que están mejor que otros. Efectivamente, hay que abordar el tema del sueldo, porque además hay que tener en cuenta un elemento de penalidades por destinos, por una serie de razones singulares. Ese tipo de cuestiones que hay que reconocer, como algunas especialidades y algunos destinos, creo que están pendientes de reconocimiento desde antes del inicio de la crisis. Se había planteado cómo afrontarlo, vino la crisis y no se había hecho, con lo cual hay dos problemas, el problema de la erosión económica de los años de la crisis y el problema de que cuando llegó la crisis, la Guardia Civil no había alcanzado el nivel que había alcanzado, en general, el funcionariado en cuanto a reconocimiento de derechos. Hay un tema general y temas particulares, pero en base a la función que se cumple, el trabajo que se hace y las obligaciones del puesto, en cuanto haya el más mínimo resquicio, hay que plantearse una mejora retributiva que cuenta, no con nuestra comprensión, sino con un deber de la sociedad española que este Congreso tiene que cumplir en cuanto sea posible.

Y acabo como empecé, agradeciéndole su presencia. Además, es un histórico, al menos entre comillas, para este Parlamento, creo que lo es también para el asociacionismo de la Guardia Civil, y espero que sea la primera de muchas sesiones de este tipo.

Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, el señor Martín-Toledano.

El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, lo primero que quiero hacer es agradecer al señor Moya su comparecencia hoy aquí, en la Comisión. Afortunadamente, tengo que decir que el Grupo Popular ha tenido con el señor Moya y con su asociación múltiples reuniones; reuniones constructivas, reuniones donde se ha avanzado en el análisis de la situación de la Guardia Civil, y reuniones que hemos mantenido con todas las asociaciones representativas de la Guardia Civil. Por eso, yo comparto la opinión de que es bueno que esta comparecencia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil no sea la única. Nuestro grupo ha anunciado que va a solicitar, y de hecho a lo largo de esta tarde o mañana por la mañana lo dejará registrado, la comparecencia del resto de asociaciones de la Guardia Civil. Y pedimos al resto de los grupos, que además sabemos que son favorables a esta cuestión, que se aceleren esas comparecencias lo máximo posible para no dilatar mucho en el tiempo la comparecencia de su organización con las de otras organizaciones y poder tener una imagen global de la situación de las asociaciones de la Guardia Civil.

El Grupo Popular considera esencial trabajar para la mejora en la Guardia Civil. Consideramos muy importante para la Guardia Civil avanzar en su mejora, avanzar para que su organización sea lo más moderna posible y, por supuesto, también avanzar en los derechos de los guardias civiles, no solo porque sea la institución más valorada de España, sino porque la consideramos esencial para la seguridad de los ciudadanos y la seguridad de nuestro país. A veces, por introducir críticas se ataca el modelo, y el modelo debe perfeccionarse pero no destruirse. Sabe que coincidimos en cosas pero también discrepamos en otras. Es decir, nosotros no somos, como ustedes, partidarios de que desaparezca la Guardia Civil y se fusione con la Policía Nacional, no lo somos. Nosotros creemos que la Guardia Civil debe existir. Y además, cuando tenemos contactos con otros parlamentos y con otros grupos parlamentarios de Europa y del mundo, el modelo de la Guardia Civil es admirado, y el cuerpo de la Guardia Civil y la eficacia en el trabajo de la Guardia Civil es alabado.

Ha planteado diferentes problemáticas, y cuando mi grupo se ha reunido con su organización, con su asociación, hemos coincidido en que hay cuestiones que tenemos que mejorar. Y hemos coincidido, además, en que lo primero que había que hacer, porque no se había hecho hasta ahora, era reconocer que existía el problema, porque si no se reconoce que existe el problema, no podemos avanzar en la solución. También coincidimos en que no era posible solucionarlo todo a la vez, sino que queríamos conseguir el reconocimiento de esa problemática y marcar unos calendarios para solucionarla. Por ejemplo, coincidimos con el resto de asociaciones en que había que equiparar los complementos específicos de la Guardia Civil con los de la Policía Nacional. Y sabe perfectamente que se ha dado el primer paso, que no se había dado hasta ahora, que el Gobierno ha reconocido en este Parlamento, a través de varios representantes, la necesidad de acometer esa equiparación. Pero no solo eso -se lo he dicho antes de entrar y lo quiero decir aquí, en la Comisión-, el Gobierno, que se comprometió a crear una comisión de estudio de los complementos específicos de Policía Nacional y Guardia Civil, ha hecho los trabajos previos de los diferentes estamentos que van a participar en esa comisión, los trabajos se han elaborado, ahora los tiene que cruzar, y el martes pasado tuvo la primera reunión -donde están presentes Función pública, Dirección General de la Policía, Dirección General de la Guardia Civil y Secretaría de Estado de Seguridad- para acelerar los trabajos lo máximo posible. El Grupo Popular, y creo que el Gobierno también, estamos por que en 2018 ya haya un avance en la equiparación de complementos. Pero también tiene que reconocer con nosotros que hay diferentes datos. Hay asociaciones que hablan de unas cuantías, otras de otras, incluso algún sindicato policial dice que no existe ninguna. Evidentemente, para poder acometer con justicia esa evaluación hay que hacer un estudio serio, como se está haciendo y se va a terminar.

También hemos hablado con ustedes y con otras asociaciones del tema del Fondo social. En el Fondo social hay una diferencia, hay que reconocerlo. En este presupuesto se ha introducido una enmienda aumentando el Fondo social de la Guardia Civil, aunque en pequeña cuantía, pero es el reconocimiento de que no hay ninguna razón para que los fondos sociales destinados a la Policía Nacional y a la Guardia Civil sean diferentes. Por tanto, hay el compromiso de seguir avanzando.

También hablamos con todas las asociaciones de la diferencia que hay en la financiación de los sindicatos de la policía y las asociaciones, y nos comprometimos a pedirle al Gobierno que trabajara en la equiparación. Además, recuerdo perfectamente que quedamos en que si no fuera posible en un año, se


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iría haciendo para lograr la equiparación. Inicialmente se dobló en el presupuesto y luego, en una enmienda con Ciudadanos, aumentamos esa cuantía. Por tanto, se están reconociendo problemáticas y se está avanzando. Hay pasos positivos, y yo creo que para hacer crítica -alguna vez lo hemos hablado-, hay que alabar también los pasos positivos, porque eso le da a uno más credibilidad. Es decir, lo planteamos, lo vamos solucionando, lo vamos consiguiendo, pero todavía quedan cosas en las que tenemos que seguir avanzando. Y en ese compromiso estamos desde el Grupo Popular, en trabajar con todas las asociaciones para seguir avanzando en esa problemática.

Nos ha hablado de la problemática del Código Penal Militar. Nosotros somos conscientes de que existe la problemática y de que la utilización del Código Penal Militar debe ser tasada, debe ser restrictiva, no debe ser amplia, y que por tanto un paso inicial podría ser tipificar muy claramente y muy restrictivamente cuándo es de aplicación el Código Penal Militar y cuándo no. Sabe perfectamente que hemos tenido problemáticas del Código Penal y el Grupo Popular ha echado una mano, lo sabe perfectamente; e incluso nos lo han agradecido desde su asociación y desde otras asociaciones. Por tanto, nosotros estamos en que hay que tratar con justicia, cuando hay una problemática disciplinaria en la Guardia Civil, a los agentes de la Guardia Civil.

También hemos comentado que la Policía Nacional, por problemas de plantilla, va a tener para el verano una partida extraordinaria de servicios complementarios. Como le he dicho antes de entrar, la Dirección General de la Guardia Civil y la Secretaría de Estado han pedido que la Guardia Civil tenga el mismo trato que la Policía Nacional en estos servicios complementarios. Y creo que es una buena noticia. Es una buena noticia que esté ya constituido el grupo de trabajo de análisis de los complementos específicos, que haya la petición y el compromiso de intentar conseguir para la Guardia Civil una cantidad igual a la de la Policía Nacional para servicios complementarios, que está muy avanzado un convenio en Baleares con los consejos insulares y con el Gobierno de Baleares para solucionar la problemática de la vivienda de la Guardia Civil en las islas, que es muy grave porque es carísimo el precio del alquiler de viviendas en las islas, y eso es un dato positivo. O un dato positivo también es que se está desatascando en Hacienda el informe para aprobar el decreto de plantilla de la Guardia Civil. Son cuestiones importantes en las que queremos avanzar.

También hemos hablado muchas veces de la reorganización. Nosotros somos conscientes de que hay que hacer un estudio serio, y no hablar por hablar, de las plantillas y los cuarteles del medio rural, sin olvidar que la Guardia Civil tiene una implicación esencial con el medio rural, porque si la Guardia Civil no se vincula con el mundo rural, a lo mejor ya no tiene sentido, porque el ámbito esencial de su competencia son los pueblos pequeños, ciudades que no son capitales de provincia. Realmente, hay que reorganizar cómo se trabaja para poder utilizar mejor los efectivos que trabajan en el medio rural.

El señor PRESIDENTE: Vaya concluyendo, señoría.

El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Sí, rápidamente.

Los suicidios nos preocupan; creo que la estadística es más o menos similar a la de otros cuerpos policiales, pero eso no quiere decir que no nos preocupe. Hay que intentar evitarlos y acabar con ellos.

Ustedes mismos me han reconocido que se está trabajando en las próximas elecciones al Consejo de la Guardia Civil y que se les están dando más posibilidades a las asociaciones para que haya una mayor participación de guardias civiles en las elecciones. También me han reconocido que el ministro va al Consejo de la Guardia Civil; es decir, que otras veces no han ido los ministros y ahora sí que va el ministro al Consejo de la Guardia Civil, y eso es importante.

Para terminar, quiero formular cuatro preguntas muy breves, presidente. Yo le quería preguntar si siguen manteniendo que la Guardia Civil debe desaparecer e integrarse en el Cuerpo Nacional de Policía. ¿Qué opinan, como asociación, de que se derogue la Ley de Seguridad Ciudadana? ¿Cómo entienden la problemática de sus compañeros en las zonas de Ceuta y Melilla en las vallas? Y ante las agresiones que hay en el Campo de Gibraltar y también en Alsasua, ¿qué opina de que, aparte de que nosotros les recibamos encantados como asociaciones, hayan sido recibidos en el Congreso familiares de los agresores de Alsasua? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Para cerrar la comparecencia, por espacio de cinco minutos, tiene la palabra el secretario general de la AUGC.


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El señor SECRETARIO GENERAL DE LA ASOCIACIÓN UNIFICADA DE GUARDIAS CIVILES, AUGC (Moya Acedo): Gracias, presidente.

Brevemente, voy a tratar de enlazar algunas cuestiones con otras. En primer lugar, los suicidios, por empezar por algunas de las cuestiones que han salido de forma repetida en la comparecencia. Para nosotros sería un avance reconocer que las cuestiones laborales pueden ser causa de suicidio al igual que las cuestiones personales, de tal manera que de momento la Guardia Civil, quizá por temor al desprestigio de la propia institución, no lo está reconociendo, ni siquiera reconoce el suicidio como causa de riesgo laboral.

Se nos han pedido soluciones. Nosotros entendemos que, de momento, podría comenzar a funcionar una ayuda externa especializada, porque está claro que los gabinetes de psicología de la Guardia Civil, bien porque sean pocos, bien porque pertenezcan a la escala de mando y los guardias civiles desconfían de entrada de esta situación jerárquica, no están funcionando como deberían funcionar, y los datos están ahí, no nos los podemos inventar.

En cuanto a planes de servicio extraordinario, desde luego la Guardia Civil tiene un problema importante; un problema de merma de plantilla pero de una absoluta desorganización, como decía anteriormente, de caos organizativo. Y ahí está la solución a los problemas, en la reorganización territorial. Por supuesto, la Guardia Civil tiene que estar en el ámbito rural, es su ámbito, pero de una forma operativa. No puede haber cuarteles, como decía al principio, cerrados la mayor parte del tiempo o con dos o tres guardias civiles, eso es absolutamente inoperativo y es ineficaz. Y tenemos que participar todos los agentes sociales en la solución.

Cuestiones operativas. Se ha nombrado la UCO y cómo aborda la Guardia Civil el problema en el Campo de Gibraltar. Pensemos que la UCO, y es algo público, está siendo cuestionada, tanto sus informes como sus investigaciones, por determinados sectores, es cierto. Nos consta que sus componentes están recibiendo presiones por esta situación, y nosotros entendemos que esto no se puede permitir. Si decae la UCO, pensemos que puede decaer incluso el Estado de derecho. Unidades de investigación contra la corrupción en este caso, pero hay más sectores que tiene la UCO, deben ser defendidas.

Conozco bien la situación del Campo de Gibraltar porque estoy destinado profesionalmente en el Campo de Gibraltar. Lo que ha ocurrido allí es el ejemplo sintomático de lo que nosotros denunciamos como falta de organización. Ha habido una falta de planificación previa, al principio se le ha quitado importancia al problema, se ha ninguneado, se decía que eran situaciones puntuales. Cuando ya se ha producido una alarma social, ahora sí, entramos, ¿pero cómo entramos? De forma precipitada, porque las unidades que se destinan allí, como por ejemplo antidisturbios, van de forma temporal, van a estar allí un poco de tiempo y se van a marchar. La solución no es esa. La solución, como decía, es un catálogo de puestos de trabajo en condiciones, que atienda las verdaderas necesidades de los guardias civiles en la zona.

Le voy a poner un ejemplo de una unidad significativa en el estrecho de Gibraltar contra la lucha del narcotráfico, el Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Como hay falta de plantilla para componer debidamente las tripulaciones se está llegando a pensar que hay que aumentar la jornada laboral de los guardias civiles que pertenecen a estos servicios, es decir, que vamos para atrás. O sea, adiós a la conciliación de la vida familiar y laboral. Y como ese podría poner más ejemplos.

La cuestión es la siguiente: lo que los guardias civiles perciben es que no hay una verdadera voluntad de los responsables gubernamentales -y no digo ahora, sino en todos los años de democracia- para atender realmente, como estoy diciendo, las necesidades de los guardias civiles. Sí, muchas alabanzas, una institución valorada, pero no hay o no percibimos unas verdaderas mejoras y no las hemos percibido a lo largo de todos estos años.

El Consejo de la Guardia Civil debe funcionar, porque es el órgano de interlocución y está establecido, como decía, por ley. La cuestión es que debe cambiar algo fundamental en el Consejo de la Guardia Civil, y es que las propuestas que estamos haciendo las asociaciones se deben transformar en mejoras concretas para los guardias civiles. Si a todo se nos dice que no y ni siquiera se nos argumenta por qué se dice que no, pues básicamente el consejo queda inválido.

Más cuestiones. No estamos de acuerdo con la unificación de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Vamos a ver, lo que está diciendo la Asociación Unificada de Guardias Civiles es que hay que revisar un modelo policial caduco. No estamos hablando de suprimir ningún cuerpo policial. Desde luego -y todos estaremos de acuerdo con el desorden que hay en el modelo policial español, que para colmo está desfasado-, hay que hacer algo, algo hay que hacer, porque hay una descoordinación y hay una


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duplicidad de competencias. Hay territorios en el país en los que hay hasta cuatro policías integrales: Policía local, Policía autonómica, Policía Nacional y Guardia Civil. Y se trata de la eficiencia de los recursos. Eso es lo que está proponiendo la Asociación Unificada de Guardias Civiles.

En cuanto a la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que los profesionales decimos es que lo que había antes no era capaz de solucionar determinadas actuaciones, como por ejemplo el atentado al agente de la autoridad. ¿Por qué? Pues, posiblemente, porque los juzgados están colapsados y cuando venían los delitos por faltas, etcétera, ya no tenían una actividad que solucionara la situación, porque habían pasado tres años. Desde la asociación decimos que tenía que haber más efectivo. Pero, desde luego, también entendemos que la actual Ley de Seguridad Ciudadana debe tener una renovación, porque estamos viendo artículos que no están atendiendo las verdaderas necesidades de la sociedad. Pero debe haber una ley de seguridad ciudadana; evidentemente, debe haberla.

De Ceuta y Melilla, ¡qué vamos a contar! Allí pasa lo mismo que en el resto de España, que se necesitan refuerzos porque la situación de la presión migratoria es muy importante.

Y en cuanto a las agresiones a guardias civiles, por supuesto la Asociación Unificada de Guardias Civiles va a estar defendiendo siempre a los guardias civiles allá donde estén, allá donde estén. De hecho, en Alsasua somos la única asociación que se ha personado en el procedimiento judicial como acusación popular.

No sé si me dejo algo, presidente, y creo que me he excedido ya en el tiempo.

El señor PRESIDENTE: Le doy las gracias por la concreción. Le agradezco muchísimo su comparecencia. Creo que está acompañado de otros miembros de la asociación, a los que doy también la bienvenida en nombre de todos los grupos parlamentarios.

Suspendemos durante unos minutos para despedir al compareciente y dar la bienvenida al siguiente. (Pausa).

- DEL SEÑOR YERGA, ABOGADO CIE DE PUEBLOS UNIDOS, PARA EXPLICAR EL TRABAJO QUE VIENEN REALIZANDO EN LOS CENTROS CIE, PARA CONOCER SU PUNTO DE VISTA CUALIFICADO SOBRE LA REALIDAD QUE SE VIVE EN LOS MISMOS, Y EN PARTICULAR LA REALIDAD A LA QUE OBEDECE LO OCURRIDO EN EL CIE DE ALUCHE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2016 CON MOTIVO DE UNA PROTESTA DE LAS PERSONAS QUE LO OCUPAN. A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 219/000041).

El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión dando la bienvenida a don Santiago Yerga, en representación de la asociación Pueblos Unidos. La comparecencia se celebra a petición de los grupos parlamentarios Mixto y de Esquerra Republicana.

Tiene la palabra el señor compareciente por tiempo de quince minutos.

El señor YERGA COBOS (Abogado de Pueblos Unidos): Muchas gracias.

Voy a intentar transmitir algunas reflexiones sobre los centros de internamiento de extranjeros y quiero agradecer especialmente la invitación al Grupo Mixto y a Esquerra Republicana, que han propuesto nuestra comparecencia. Voy a intentar transmitir algunas reflexiones, como decía, fruto tanto de años de experiencia como abogado vinculado a las migraciones como del trabajo que realizan diferentes entidades a través de personas voluntarias en los centros de internamiento.

Quiero comenzar señalando que Pueblos Unidos, entidad a la que pertenezco y represento en este acto, forma parte, junto con otras entidades pertenecientes a la Compañía de Jesús, del Servicio Jesuita a Migrantes, que, entre otras acciones, visita diariamente cuatro CIE españoles: Madrid, Barcelona, Valencia y Algeciras, y el medio de Tarifa. El conocimiento de la realidad derivado de estas visitas nos convierte en espectadores privilegiados y nos permite comprender mejor por qué se producen incidentes o algaradas como los que tuvieron lugar en el CIE de Madrid en octubre del año pasado o como los que se ponen de manifiesto en el último informe sobre CIE que presentamos el pasado 8 de junio y que entiendo que algún ujier repartirá ahora a sus señorías.

Me voy a permitir una apreciación que yo espero que sus señorías compartan conmigo: en el momento actual los CIE constituyen un agujero negro en el ordenamiento jurídico español. Podrá estarse de acuerdo con la existencia de los CIE o no, como es el caso de las organizaciones que acompañamos a las personas que se encuentran internadas, pero creo en cualquier caso que sus señorías son conscientes


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de que en la situación actual los CIE no pueden seguir así. Y no pueden seguir así porque ni siquiera sirven para el fin con el que fueron creados en el año 1985. Basta con comprobar las cifras oficiales del Ministerio del Interior que vienen recogidas en el informe que se les entrega para observar que durante 2016 se repatrió al 29% de las personas que fueron internadas en los diferentes CIE españoles. Desde un punto de vista contrario, es decir, 71 de cada 100 personas que pasaron por los CIE durante 2016 se vieron privadas de libertad para nada, de manera absolutamente gratuita. Pero es que hay otro detalle que nos parece especialmente abrumador: durante 2016 tres de cada cuatro personas que fueron internadas en los CIE españoles eran personas procedentes de accesos irregulares por el litoral. Hablando claramente, para que se me entienda: eran personas procedentes de pateras y que en su gran mayoría forman parte de ese 71% que tras su paso por el CIE sale en libertad para ingresar en un limbo jurídico a la espera de obtener la diplomatura del arraigo o el acceso a otro país de la Unión Europea. ¿Que pone de relieve, en nuestra opinión, este dato? Que, a falta de centros de primera recepción, los CIE desempeñan un siniestro papel de centros de acogida. No creo que el legislador de 1985 estuviera pensando en que los CIE iban a desempeñar ese triste rol. Como tampoco creo que pensara mucho el legislador de 1985 en qué condiciones iba a internar a las personas que la Administración decidiera ingresar en ellos, unas condiciones que debo calificar como penosas, especialmente para estas personas recién llegadas a España. A modo de pinceladas describo algunas de ellas: ausencia de información suficiente sobre su situación jurídica, ausencia de información efectiva sobre los mecanismos de protección internacional, ausencia de asistencia jurídica efectiva, ausencia generalizada de actividades de ocio y formativas, carencias sanitarias (no existe asistencia sanitaria permanente, sin que se realicen pruebas analíticas iniciales o se preste apoyo psicológico), dificultades en la comunicación (ausencia de intérpretes, más allá de los apaños que eventualmente pueden hacerse), obstáculos para el acceso de la sociedad civil a las personas internas (en el caso del CIE de Madrid nuestro espacio es el locutorio, sí, como los de los centros penitenciarios, aunque los CIE, como dice la propia ley, no deben tener este carácter), dificultades para la utilización de teléfonos móviles, mezcla heterogénea de personas procedentes de prisión con personas recién llegadas en embarcaciones, ausencia de personal especializado en migraciones, incluso dificultades en el ejercicio del derecho a la libertad religiosa, etcétera.

Tengo el privilegio de poder dirigirme a esta Comisión de Interior en la que destaca el control sobre las actuaciones del ministerio del mismo nombre. Pero aquí, en el ámbito CIE, hay otros actores y actrices que deben ser tenidos en cuenta: una judicatura que con una constatable laxitud acuerda internamientos, pese a que constituya una máxima de experiencia que esas personas no van a ser expulsadas, y ello, como regla general, con la imposición del plazo máximo de internamiento por 60 días, favoreciendo de este modo la indolencia administrativa, cuando el periodo medio de estancia en un centro de internamiento es de 24,47 días, según el propio Ministerio del Interior; una fiscalía que en esta materia se limita a visar las peticiones de internamiento sin que sea puesta a su disposición, y sin que la solicite, la información factible que permita un control individualizado de la petición de privación de libertad; una abogacía que debe seguir mejorando en su formación y compartir las buenas prácticas que efectivamente existen y que se llevan a cabo, y, por último, las entidades que forman parte del programa de atención humanitaria del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, que acogen a algunas de estas personas inexpulsables después de haber pasado por los CIE con cargo a los fondos públicos.

Señorías, solo dos datos más para terminar esta primera parte de mi intervención: en 2016 se identificó a 51 menores en los CIE españoles, triplicando casi la cifra de 2015. Que algo falla en los procedimientos de identificación de menores y de determinación de la edad es evidente, y ahí están las sucesivas comunicaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas al Reino de España, cuyas medidas provisionales este no cumple. Un segundo dato: descienden las admisiones a trámite de solicitudes de protección internacional en los centros de internamiento, también en los que denominamos CIE de frontera. ¿De verdad nos creemos que las migraciones desde África son migraciones sencillamente económicas? Con todo el respeto que me merece esta sala, creo que eso es hacerse trampas en el solitario.

Pero no me quiero quedar en el planteamiento quejoso en relación con los CIE; me parecería desaprovechar la ocasión que me brinda esta comisión y realmente he venido a ella con un espíritu propositivo. Muy probablemente muchos de ustedes, muchos de los que quedan en este momento en la Comisión, estarán pensando que aquí he venido embargado de buenismo y propiciando el manoseado concepto del efecto llamada. Nada más lejos de mi voluntad. Si repasan las cifras de accesos irregulares


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a España verán que, pese al sellado de diferentes rutas, esas cifras apenas varían con el transcurso del tiempo. No existe ese efecto llamada. Más bien podemos decir que existe el efecto salida, aunque muchas personas no quieran verlo. Existen alternativas, claro que existen. Pero lo que les pido a sus señorías es que transmitan al Gobierno de la nación y a la Administración que deben ser valientes y explorar nuevas vías, que no se aten a la locomotora fácil de lo que hacen otros países europeos, cuyo fracaso vemos diariamente en la prensa. Ojalá tuviera soluciones mágicas, que les anticipo que no las tengo, pero sí creo que es posible articular una mejor respuesta, primero, como Estado y, segundo, como sociedad democrática. Ese es el riesgo. En estos tiempos siempre hay quien de repente vende soluciones simples a problemas complejos. Privar de libertad a quien no ha cometido delito alguno se nos vende como una herramienta poderosa contra la inmigración irregular. Sin embargo, treinta años después ha mostrado su ineficiencia, como todos los que estamos aquí sabemos.

Antes de hablar de alternativas quiero poner unos ejemplos que permanecen en la memoria de los que nos dedicamos a esto desde hace unos cuantos años. España gestionó de manera modélica la llamada crisis de los cayucos en el año 2006. Más de 35 000 personas llegaron a España en un corto espacio de tiempo sin que la cohesión social se viera afectada. En 2004 se llevó a cabo el proceso de normalización de casi un millón de personas extranjeras en situación irregular, y fue aplaudido en diferentes instancias europeas. Me puedo remontar aún más lejos para los que peinamos canas, a la segunda mitad de los años noventa: la Comisión ad hoc que regularizaba a personas migrantes sin soporte normativo alguno. Fueron soluciones imaginativas a problemas complejos, y que además dieron resultados, muy buenos resultados, diría yo. Y esa es la senda en mi opinión. ¿Qué gana España con encerrar a personas que sabe que va a poner en libertad con un papel que dice que están expulsados o devueltos, qué gana España? Piénsenlo, por favor.

La primera alternativa que quiero poner sobre la mesa ya la he insinuado antes: que se construyan centros de primera acogida en vez de centros de internamiento. A estas alturas del año no podrá decirse que no hay presupuesto para ello. Recientemente se ha anunciado la construcción de tres nuevos centros de internamiento. Inviértase ese dinero en centros que permitan proteger la dignidad de esas personas y recuperar los valores de hospitalidad de nuestra sociedad democrática. La segunda alternativa que quiero expresar es la superación del modelo policial imperante actualmente en los CIE, un modelo policial que genera tensiones innecesarias con los resultados que cada cierto tiempo vemos en los medios de comunicación en forma de incidentes. Aprovecho este apartado para recordar que ni siquiera el instrumento jurídico que regula los CIE, el Real Decreto 162/2014, ya con más de tres años de vigencia, ha sido desarrollado en su integridad. Por cierto, un real decreto que quiebra el principio de seguridad jurídica al permitir que el director de cada CIE dicte las normas de régimen interior de cada uno de los establecimientos, a modo de singular jurisdicción unipersonal. En tercer lugar, es necesario intensificar y mejorar los procedimientos de identificación de menores, de seres humanos víctimas de trata, de potenciales solicitantes de protección internacional en el litoral, en la lógica de que una vez determinada su pertenencia a estos grupos estas personas no van a ser ingresadas en un CIE. En cuarto lugar, pensamos que hay que dar espacio a la intervención de administraciones locales y autonómicas para que, entre otras cuestiones, puedan al menos informar a la autoridad judicial, en su caso, de la innecesariedad del internamiento. Finalmente, la detención debe ser considerada el último recurso, pudiendo aplicarse otro tipo de medidas menos onerosas con los derechos de las personas, algunas de ellas ya previstas en la legislación vigente en España y otras puestas en marcha en países con una cierta trayectoria migratoria (dispositivos de acogida, avales personales o económicos, etcétera).

Espero que todas estas cuestiones que les he planteado hayan sido de su interés y quedo a su disposición para cualquier cuestión.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Damos comienzo al turno de intervenciones. Por el grupo proponente, el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia.

La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias, señor presidente, y cómo no, muchísimas gracias a Santiago Yerga por sus explicaciones, que además con este informe recién elaborado nos da datos todavía más preocupantes que los que teníamos en nuestro haber, que eran los referentes al informe de 2015, que ya de por sí nos daban una radiografía lo suficientemente grave y que se agudiza ahora con los datos que usted ha dado. A mí me ha llamado poderosamente la atención un


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dato: que si ya en 2015 más de la mitad no eran finalmente expulsados, ahora estamos hablando de que ese dato ha bajado al 29%; es decir, disminuye el número de personas que terminan siendo expulsadas, lo que quiere decir que aumenta el número de personas que están en los centros CIE y que no van a ser expulsadas, que van a ser inexpulsables, con todo lo que eso va a suponer en su situación. Esa es una de las cuestiones sobre las que le quería preguntar, porque usted no ha ahondado en ello, pero me consta que en la medida en que tienen una relación directa con quienes están en los centros CIE, quiero pensar que también ustedes llegan a medir, llegan de alguna forma a valorar y ver cuáles son las consecuencias últimas para estas personas, que tengo entendido que en muchos casos tienen un arraigo y un entorno -no una situación normalizada porque son personas sin papeles, pero sí otra serie de condiciones personales en el día a día- y hasta qué punto esto supone una ruptura y les puede llevar a situaciones de exclusión.

Otro dato que ha dado que me parece también alarmante es el número de personas menores que se identifican en centros CIE y que nunca tenían que haber terminado en esos centros si realmente los métodos de identificación fueran los correctos. Y el hecho de que ese número vaya en aumento, además de decir que los métodos que se utilizan no son los correctos o no son lo suficientemente garantistas, quiere decir que es una realidad que va en aumento y que por tanto es urgente atajar. Si pudiera profundizar sobre esa materia se lo agradecería porque me parece importante. La verdad es que si le pedimos que compareciera fue porque nos parecía que quienes tenían una relación directa con lo que estaba ocurriendo en los CIE era a quienes había que escuchar y con quienes había que estar. Es verdad que se produjo la petición de comparecencia a raíz del suceso de Aluche y pudimos hacer una visita posterior, pero le voy a decir que aunque los responsables del CIE de Aluche intentaron darnos a entender que las cosas funcionan bien, a mí desde luego la visita no me dejó tranquila: solo ver en qué instalaciones viven esas personas, por mucho que sea cuarenta y tantos días, me pareció preocupante, y por tanto me parece importante que haya personas que hacen un trabajo como el suyo. Pero no solo es que hay personas que hacen ese trabajo, sino que hay sentencias, hay un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay un Relator Especial de Derechos Humanos, hay sentencias que hablan de que no se está cumpliendo con los derechos mínimos de las personas que están internas allí y tampoco ha profundizado en ello, no sé si podría ofrecernos más datos al respecto. Además, ustedes hablan también -me imagino que lo mencionarán también en el último informe, que evidentemente no hemos podido analizar todavía- de la importancia de la labor de los jueces de control de los CIE; yo he llegado a leer que los CIE son centros de sufrimiento e impunidad, peor que una prisión. Y que eso lo diga un juez, alguien que se dedica a ese tema, no es que lo diga esta Diputada ni que lo diga alguien que pueda partir de una premisa muy diferente a la del Gobierno en política de migración -yo parto de una premisa muy diferenciada: que nadie es ilegal y que por tanto no deberían ocurrir las cosas que ocurren con las personas migrantes-. Aunque partamos de puntos de vista diferentes, entiendo que quienes están trabajando más directamente, incluso con la propia normativa actual en la mano, están poniendo en tela de juicio lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y hasta qué punto eso vulnera derechos humanos. Me parece que es importante destacar esto. Y también tendríamos que mirar la normativa marco europea, que creo que no obliga en ningún caso al internamiento; además de que podamos considerarlo vulnerador de derechos, de que podamos considerar que supone de alguna forma cortar con el día a día y la vida de estas personas por mucho que estén sin papeles o que consideremos que es la última y la más extrema de las medidas, tampoco hay una obligación para ello.

Usted mencionaba que quizás una alternativa, puestos a buscar cuáles son las posibles salidas -no es solo decir que no nos gusta lo que hay, sino apuntar qué debería ser, lo que se debería desarrollar-, serían los centros de primera acogida. A mí me gustaría que pudiera hacer una comparativa entre qué supone para una persona pasar por un centro de esos o pasar por un CIE. Creo que a veces hay que ir al detalle de lo que supone cada una de las cosas para que todos lo podamos ver.

Hay otro elemento que usted ha mencionado por encima, pero que creo haber entendido bien, y es la falta de una normativa. Debería haber una normativa para que cualquiera sepa cómo funciona un CIE, que hay unas reglas de juego para todos ellos. Creo que eso es inexistente; por lo que ha dicho usted, cada uno de los directores es el que decide. Ahí ha habido cuestiones que se han ido ganando vía tribunales, pero es evidente que hay muchas cuestiones que todavía no se están regularizando de forma generalizada, y eso hace que haya un mayor nivel -o pudiera haber, no lo voy a dar por hecho, voy a dejarlo en una duda- de arbitrariedad, por cuanto que no hay una normativa común a aplicar que cualquiera pudiera saber cómo es y defenderla.


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Y usted hablaba también de la necesidad de integrar a las instituciones locales y autonómicas. Yo creo que es un elemento importante, sobre todo en aquellas zonas en las que hay estos CIE, porque además quiero entender que están ubicados allí porque asisten a una problemática y a una realidad que no se da en cualquier parte de la geografía de lo que hoy en día es el Estado español.

Usted no ha hecho mención, pero a mí me gustaría que lo hiciera -y con un par de preguntas o tres quiero terminar-, al tema de las numerosas denuncias de malos tratos que también se han dado, porque una cosa es si son centros adecuados o no, si responden a la realidad que tienen que responder o no, si garantizan los derechos o no, pero luego están las muchísimas denuncias que se dan de malos tratos. Y precisamente las protestas que derivaron en que hiciéramos las visitas a estos centros y que pudiéramos saber que había motines estaban relacionadas con eso, incluso con las denuncias de la falta de uso de cámaras de grabación o los espacios de mayor opacidad todavía que se dan en aquellas zonas de estos CIE en las que no está instalada esa cámara y que por tanto no hay un mayor control. Claro, usted lo ha dicho y evidentemente es un elemento a tener en cuenta: son personas que no han cometido ningún delito y están siendo internadas, están siendo privadas de libertad. ¿Hasta qué punto entienden ustedes que se está vulnerando la legislación en ese sentido? Porque es algo que compete más a la Administración civil; si no me equivoco, en la mayoría de los casos es más una infracción no penal, sino que tiene que ver con la Administración civil. No sé cuáles son los datos al respecto en 2016; los de 2015 los vi, los de 2016 no los ha mencionado y por tanto tampoco sé si también en esta materia nos encontramos con una realidad que va aumentando o cuando menos se va consolidando, se va perpetuando. Y le quería hacer una última pregunta porque también nos han llegado diferentes denuncias y yo no tengo datos para decir si es cierto o no, pero me gustaría que si ustedes conocen esta realidad nos lo pudieran concretar: cómo se producen las redadas y hasta qué punto hay en ciertos momentos redadas selectivas, propias, buscadas para encontrar a colectivos concretos, por ejemplo, porque hay una operación de intentar hacer una expulsión de migrantes y se buscan personas de un ámbito geográfico concreto o que puedan de alguna forma ayudar a que se dé la operación que quieren dar.

Finalizo preguntándole hasta qué punto cree que en esos datos que ha dado y que agudizan la realidad, al menos en los que son inexpulsables, tiene algo que ver o hasta qué punto está teniendo algo que ver el tema presupuestario, el tema de lo caro que pueda ser o no, además del tema de los acuerdos que hay con países, que tampoco los hay con otros. Por tanto, las realidades también son diferenciadas y dependiendo del país de una persona puede haber mayor facilidad o no para ser expulsado. Y no voy a hablar de la política de asilo, que entiendo que es prácticamente inexistente; no he visto los datos de 2016, pero quiero pensar que tampoco va a haber un alto porcentaje de admisiones a trámite siquiera de peticiones, con la dificultad añadida que cada vez más tienen hoy en día los migrantes.

Son todas cuestiones que usted de una manera u otra ha abordado y que me imagino que en su informe aborda con mayor detalle pero que ha querido ceñirse al tiempo y no ha profundizado en ello. No obstante, como me parece que todas ellas son cuestiones que para nosotros es importante conocer al detalle, agradeceríamos que grupos como el suyo, que trabajan estos temas día a día, nos informaran, más allá de la opinión formada o no formada que podamos tener. Hay una parte que evidentemente la tenemos formada, pero al menos a esta Diputada que les habla le suele gustar saber toda la información para formarse una opinión con mayor causa, para no actuar a la ligera. Porque creo que en última instancia, desde políticas muy diferentes en relación con el tema de la migración, si algo tenemos que plantear alternativo a los CIE (yo soy partidaria de cerrarlos) hay que conocer bien la realidad para poder saber qué plantear. Por eso creo que es importante escuchar a quienes trabajan directamente con los CIE, y yo le agradezco, antes de que pueda dar las siguientes explicaciones, toda la información y todos los detalles que nos pueda facilitar en su segunda intervención.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Confederal de Podemos tiene la palabra la señora Belarra.

La señora BELARRA URTEAGA: Buenas tardes, Santiago.

Quería, en primer lugar, agradecer tu presencia aquí. Creo que tu aportación es muy valiosa, tanto porque has participado como miembro de la sociedad civil en la denuncia de la situación de los centros de internamiento de extranjeros como también por tu experiencia dentro de la Administración pública, algo que yo creo que te da una visión de conjunto que nos puede ayudar mucho aquí, en esta Comisión. Creo que también es justo reconocer el trabajo de los activistas y las activistas que cada día prácticamente


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están siendo nuestros ojos en los centros de internamiento de extranjeros y que son quienes al final, con muchas dificultades, están denunciando las vulneraciones de derechos humanos que se producen en los CIE cada día. (El señor vicepresidente, Mateu Istúriz, ocupa la Presidencia).

Es una evidencia, y es importante ponerlo encima de la mesa, que nos encontramos en un momento social y político en el que los CIE están fuertemente cuestionados a nivel social. No estamos en la situación en la que nos encontrábamos hace aproximadamente seis o siete años, en la que los CIE estaban mucho más legitimados a nivel social, sino que existe un cuestionamiento fuerte, gracias en gran parte al trabajo de las organizaciones, que habéis venido haciendo informes muy detallados sobre la situación que se produce en ellos. Y yo creo que este cuestionamiento se basa en tres criterios fundamentales. Uno de ellos tiene que ver con los propios criterios de aquellas personas que idearon los centros de internamiento de extranjeros, y recuerdo unos datos que también comentabas tú, que de las 7597 personas que han sido internadas en los CIE han sido expulsadas 2205, y del conjunto de las personas expulsadas en el año 2016, según los datos del Ministerio del Interior, 9241 expulsadas en total, solo el 24% lo fueron a través de centros de internamiento de extranjeros. Esto supone que el 76% no fueron expulsadas a través de CIE. Con lo cual a mí me gustaría saber cuál es su valoración sobre la función que cumplen en realidad los centros de internamiento, ya que no sirven para expulsar a la gente, como pensaron quienes los idearon, o si más bien están sirviendo realmente para criminalizar a la población migrante, para amedrentar a aquellas personas que se encuentran en situación administrativa irregular y, al final, para generar un estado de alerta entre aquellas personas que se encuentran en una situación especialmente precaria.

Me gustaría saber también si podías hacer referencia a esta realidad de las expulsiones exprés, esas expulsiones que se producen a través de comisaría, que son ya la mayor parte de las expulsiones que se realizan, que rompen familias y rompen vidas en apenas 72 horas, sin ninguna garantía jurídica que podamos reseñar. Nos gustaría saber qué valoración hacéis de toda esta situación de las expulsiones exprés y cómo podemos abordar esta realidad que, como digo, supone una gran parte de las expulsiones. Sé que no es el motivo específico de la comparecencia, pero ya que te tenemos aquí hay que aprovechar.

El segundo motivo que me lleva a cuestionar fuertemente el modelo de los CIE -creo que lo cuestiona la sociedad en su conjunto- es que, como decías, tres de cada cuatro personas internadas en los CIE vienen de pateras, como se dice normalmente, y de las 7597 personas internadas 5695 fueron internadas a su llegada a la costa. Esto, desde nuestro punto de vista, supone una contradicción importante; que personas que han sufrido una situación traumática -en muchos casos naufragios y en otros casos un viaje peligroso en el que han puesto en riesgo su vida- acaben finalmente en un centro de internamiento de extranjeros, a nosotros nos supone una contradicción dolorosa y una vulneración de derechos flagrante; en realidad creemos que a estas personas habría que aplicarles el protocolo de víctimas de naufragios, que tendrían que ser tratadas como se trataría a las personas españolas en el caso de que hubiera desaparecido una persona en un barco o se hubiera ahogado un niño, como ocurrió hace unos pocos meses, y se le dejó de buscar a las pocas horas; habría que preguntarse si le habrían dejado de buscar si hubiera sido un niño español.

Me gustaría saber si considera usted que hay alguna relación entre el cierre de vías legales y seguras de acceso a nuestro país y la situación actual de los centros de internamiento de extranjeros, el hecho de que estén siendo como la segunda línea, después de los procesos de externalización de fronteras, para parar a la gente que consigue finalmente llegar a nuestro país. ¿Qué mensaje cree usted que estamos lanzando a la gente que llega por primera vez a nuestro país, como sociedad, cuando les encerramos en un centro de internamiento de extranjeros en las condiciones que usted ha resaltado, que en muchas ocasiones vulneran derechos fundamentales?

Y esto me lleva al tercer motivo que creo que cuestiona los centros de internamiento de extranjeros. Yo siempre intento en mis intervenciones poner encima de la mesa casos concretos, algunos ejemplos de la realidad de la que estamos hablando, porque usted conoce bien la realidad de ahí fuera pero en estas cuatro paredes a menudo parece que vivimos en una realidad paralela. He cogido algunos casos de los informes de Karibu y de SOS Racismo, que me consta que son organizaciones con las que trabajáis estrechamente y cuyo trabajo también quiero reconocer aquí. Recientemente hemos sabido que se ha deportado a Karim, un joven de 23 años que llevaba nueve viviendo en España y que había tenido dos intentos de suicidio sin haber recibido atención psicológica. O el caso de Aminatu, una mujer de Costa de Marfil que huía de la violencia de género, que había vivido un matrimonio forzoso y había sido violada en reiteradas ocasiones, que estuvo encerrada hasta 36 días en un centro de internamiento de extranjeros.


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¿Creen ustedes que esto es necesario? ¿Cuál es el objetivo, como decía, que creéis que se persigue deteniendo a personas que son claros perfiles de solicitantes de asilo? Tenemos el caso de Clément, de 20 años, del Congo, homosexual, once días detenido, solicitó asilo en el centro de internamiento de Aluche pero fue desestimada su solicitud; o Pierre, de Camerún, que saltaba a la vista que era menor, que tenía 15 años, su documentación no valía para determinar su edad pero sí valía para expulsarle. Me gustaría saber si considera que estos casos son representativos de lo que ocurre en los centros de internamiento de extranjeros de nuestro país y si cree que las vulneraciones de derechos humanos a las que hacía referencia son o no son sistemáticas en estos centros de internamiento.

Se ha puesto de manifiesto que se incumplen sistemáticamente algunos de los autos (ha hablado usted de la laxitud, bonito eufemismo, de la justicia en muchas ocasiones), nos gustaría que pudiera hacer referencia a la garantía del derecho de asilo dentro de los centros de internamiento de extranjeros. Y también querríamos saber qué ocurre con las notificaciones de los vuelos, si se está cumpliendo el auto que dice que hay que avisar a las personas que van a ser deportadas al menos con doce horas de antelación.

Como decía, le agradezco su presencia aquí y quedo a su disposición.

El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Muchas gracias, Diputada Belarra.

Tiene la palabra la Diputada del Grupo Socialista doña Ana Botella.

La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente, y muchas gracias a don Santiago Yerga por estar aquí esta tarde, en la Comisión de Interior, para trasladamos su experiencia, sus vivencias y sus conocimientos acerca de un tema y de una realidad que es de honda preocupación, yo creo que para el conjunto de la sociedad, pero muy especialmente, como es lógico, para los parlamentarios de esta Comisión, en la cual tenemos competencias, dentro de nuestro marco de actuación, de iniciativas parlamentarias que pueden coadyuvar a que esta materia pueda ser mejorada. Nosotros, como sabe, dentro del marco de iniciativas parlamentarias, tenemos claramente una función de control del Ejecutivo y una función de orientación política, que yo creo que viene muy al caso en estas circunstancias de su comparecencia, unidas a dos funciones especiales que yo creo que vienen al caso de los CIE, que son dos preocupaciones, y creo que aquí, independientemente de las orientaciones políticas de los diferentes grupos que formamos parte de esta Comisión, son una realidad: el respeto a la ley, el respeto a los derechos humanos, y encontrar un modelo que pueda mejorar la resolución de esta problemática, que no es exclusiva de España sino que es una problemática que se viene dando en toda Europa y que hay una normativa europea de la cual España forma parte, esta es la realidad con la que nos enfrentamos.

Yo formo parte de un grupo parlamentario que ha gobernado, y comprendo y he vivido de primera mano, además personalmente, en mi experiencia profesional, lo que supone gestionar esta realidad, con lo cual creo que debemos marcarnos unos objetivos; esta comparecencia ayuda mucho a hacer el seguimiento de esa realidad, como decía la Diputada que me ha precedido en el habla, a que no perdamos de vista cuál es la realidad cotidiana que viven las personas vinculadas al tema de los CIE y de qué manera -porque esto no solamente es una descripción de la realidad y una toma de contacto- podemos colaborar a que las cosas mejoren; porque siempre son mejorables, incluso dentro de un mismo marco legislativo. En ese sentido, le agradezco sus experiencias. Usted ha dicho que no hay soluciones milagrosas, que no hay soluciones mágicas, y eso es verdad, luchamos cuerpo a cuerpo con una realidad muy difícil de la cual la peor parte se la llevan las personas que son víctimas de esta situación, pero se trata de encontrar, de saber cuáles pueden ser esas mejoras que podemos aportar a lo que es nuestra función esencial, que es un marco legislativo, un marco normativo a partir del cual hacer frente a esa realidad.

Por nuestra parte, no tenemos mayores preguntas de las que aquí se han hecho ya con un nivel de detalle importante, pero sí quiero, aparte de lo que usted nos pueda decir, transmitirle nuestra sensibilidad por este tema y decirle que agradecemos que usted y entidades como la suya estén trabajando diariamente en ello; de hecho, cuando ocurrieron los sucesos de Aluche toda la Comisión de Interior -yo creo que la mayor parte de los que estamos aquí, incluida la letrada- hicimos una visita. Es decir, queremos transmitir al mundo exterior a través de esta Comisión que estamos comprometidos y que nos sentimos partícipes de esta problemática. Y a partir de ahí, queremos escuchar sus valoraciones, de las que vamos a tomar buena nota ya que en la medida de lo posible serán la base de nuevas medidas en el marco de nuestra actividad parlamentaria para que esta situación mejore, y sobre todo proteger a los más desprotegidos,


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desde luego colectivos como los que usted ha dicho, sobre todo la infancia, los niños nos preocupan muy especialmente, los derechos de los menores.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Mateu Istúriz): Muchas gracias, señora Botella.

Para finalizar el turno, tiene la palabra el señor Martín-Toledano.

El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.

Quiero agradecer a don Santiago Yerga su presencia y su interés por esta problemática -suyo y de otras muchas organizaciones-; sabemos que lo hace con la mejor voluntad, con la voluntad de solucionar problemas que afectan a personas que lo abandonan todo en sus países para buscar una vida mejor.

La problemática de los CIE es compleja porque, por un lado, tenemos una obligación legal establecida por la Unión Europea mediante una normativa, incluso unas recomendaciones recientes más exigentes para los países miembros de la Unión en cuanto a la utilización del sistema de los CIE, pero al mismo tiempo en España tenemos una normativa, yo creo que de las más beneficiosas respecto a tiempo de internamiento de los países que tienen, que son todos, centros de internamiento de extranjeros. La problemática existe y no tenemos que obviarla, por eso esta Comisión, como se ha dicho, ha tenido reuniones para ver qué se puede hacer, ha visitado CIE y además hemos participado recientemente en una propuesta que nos ha hecho el Gobierno a través de la Secretaría General de Seguridad de formar un equipo de trabajo específico. Hay un compromiso plasmado en esta Cámara por el Gobierno para que los CIE mejoren; tienen que mejorar en cuanto a espacio físico de internamiento, ya que muchos de ellos, por no decir todos, fueron rehabilitación de otros centros que no estaban diseñados para esta finalidad y, por tanto, no reúnen las mejores condiciones, ni mucho menos, para ser un lugar donde a las personas se las trate con la mayor dignidad, porque falta espacio, faltan zonas comunes, faltan zonas donde puedan tener recreo; es decir, hay muchas deficiencias en las instalaciones.

En este trabajo participan representantes del ministerio, técnicos y responsables políticos. Por desgracia, después de la primera reunión todos los grupos, salvo el Grupo Popular y Ciudadanos, han desistido de volver a acudir a esta convocatoria. Creo que es un error, porque no está reñido este equipo de trabajo con el trabajo en Comisión, subcomisiones o lo que acuerde este Congreso, las mayorías del Congreso. ¿Por qué? Porque el compromiso es diseñar unos nuevos centros donde se pueda dar un trato mucho más humano, un trato mucho más respetuoso a las personas y que sean centros que, aunque se tengan que llamar CIE, sean otro tipo de centros. Es cierto que el modelo está supervisado judicialmente; está supervisado también por la fiscalía. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Hay convenios con la Cruz Roja, que está en todos los centros de acogida; se ha aumentado presupuestariamente la subvención a Cruz Roja para la participación, control y asesoramiento a las personas internadas en cuanto a sus derechos, también intentando dar traducción, porque tiene ese servicio Cruz Roja, modesto a veces, y creo que aunque se pueda tener la opinión, como algunos grupos la tienen, de que los CIE no deben existir, la legalidad nos obliga a tenerlos. Por tanto, de lo que se trata es de que estos centros sean lo mejor posible y donde se trate a las personas internadas de la mejor manera posible. Y creo que adaptar los espacios físicos, que no es la única cuestión de la que se trata en ese tipo de trabajo, no es solo qué modelo, qué edificio, qué proyecto arquitectónico tenemos que dedicar para los CIE, sino qué otras asistencias deben tener los centros de internamiento de extranjeros, pues es una vía muy provechosa. Y yo, sinceramente, voy a proponer que en este tipo de trabajo del ministerio también se escuchen opiniones de ONG que trabajan con los migrantes, porque es una problemática en la que hay que tener la opinión de toda la sociedad.

Yo creo que en la crítica hay que tener, a ser posible, el mayor respeto también por profesionales que trabajan en los CIE. A veces se afirma que sistemáticamente se vulneran derechos humanos, se maltrata a los internados, y allí trabajan policías nacionales que, mientras no se demuestre lo contrario, no son personas que vulneren derechos humanos, hay jueces que controlan los internamientos y que, salvo que se demuestre lo contrario, son personas que intentan velar por el cumplimiento de la ley y por los derechos de los internados, igual que sucede con la figura de los fiscales y de la propia Cruz Roja, que está presente para atender a estas personas internadas.

En cuanto al fracaso del modelo, es cierto que muchas veces los internamientos no pueden terminar con la expulsión, que es la razón de existir de ese internamiento. También es cierto que hay países de origen con los que no se tiene convenio y por tanto es imposible la expulsión, y también es cierto que muchos internados, lógicamente en su deseo de no ser expulsados, ocultan su nacionalidad, destruyen


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su documentación o la ocultan; no quieren ser expulsados, y es razonable, es entendible. Eso hace que muchas veces no puedan culminarse con éxito las expulsiones. Y una vez sucedido eso no queda otra opción que dejarlos lo antes posible, una vez que se constata que no va a ser posible la expulsión, no tiene sentido mantener más tiempo a esas personas en los centros. Por eso España es uno de los países donde el tiempo de internamiento es menor. Es cierto que ahí surge otro problema que no es el del internamiento, que es que estas personas están en una situación irregular en España y sin, digamos, una cobertura legal de su situación, que esa es otra problemática que también debe ser analizada y debe ser estudiada, teniendo en cuenta los compromisos que tiene España como país miembro de la Unión Europea. Porque la Unión Europea obliga a los países, que además tienen frontera exterior, a proteger la frontera y a no permitir la inmigración irregular. Y está en los convenios firmados. Y eso no quiere decir que no haya una política global en la Unión Europea que pueda ser diferente o matizada, pero en este mismo momento la situación es esa.

Por tanto, el Grupo Popular, y yo creo que el Gobierno, es consciente de la problemática y ha abierto un equipo de trabajo. Yo pediría a todo el mundo que tenga algo que aportar, que lo aporte en este equipo de trabajo, pues eso no está reñido con comisiones parlamentarias. Hoy está usted aquí dándonos su opinión y no es a lo mejor lo habitual, son otros trabajos parlamentarios los que ocupan a esta Comisión, por tanto hay que abrirse a propuestas nuevas; y un equipo de trabajo técnico donde se vea cuál es el modelo físico de centro y también las posibilidades de atender con mayores garantías a los internados es una iniciativa positiva, que no hay que rechazarla y no hay que condenarla al fracaso sin ver qué puede aportar para mejorar la vida de las personas internadas, porque ese debe ser nuestro objetivo. Si es otro objetivo, político, etcétera, pues estaremos equivocándonos. Esa es mi opinión.

La señora BELARRA URTEAGA: Presidente, disculpe. Por alusiones quería hacer constar en acta una cuestión, que es que nosotros no nos hemos negado a acudir a las reuniones.

El señor PRESIDENTE: No hay alusiones.

La señora BELARRA URTEAGA: Sí, era una alusión directa al resto de grupos.

El señor PRESIDENTE: No.

La señora BELARRA URTEAGA: Quiero que conste en el Diario de Sesiones... (El señor Expósito Prieto pronuncia palabras que no se perciben claramente).

El señor PRESIDENTE: No está en el uso de la palabra. Lo mismo que aquí respetamos la Mesa grande, le ruego que se respete también la Mesa de la Comisión.

La señora BELARRA URTEAGA: Ha habido una alusión directa a mi grupo y quiero que conste en acta una respuesta por alusiones respecto al artículo 71.3, dignidad de mi grupo; quiero que conste en acta y me permita responder a esas alusiones.

El señor PRESIDENTE: Quiero que diga exactamente en treinta segundos lo que quiera que conste en acta.

La señora BELARRA URTEAGA: Nosotros no nos hemos negado a participar en la reunión a la que nos convocó el Ministerio del Interior, sino que hemos trasladado nuestra voluntad de que eso se convierta en una subcomisión en el marco del trabajo parlamentario. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, pero evidentemente no fueron a la reunión del ministerio.

La señora BELARRA URTEAGA: Es que se desconvocó la reunión. Nosotros teníamos la voluntad de ir.

El señor PRESIDENTE: No quiero entrar en polémica porque ustedes al final terminan haciendo que en la comparecencia, donde el protagonista es el compareciente, deje de serlo. Yo creo que ustedes no son conscientes de esa situación.

Tiene la palabra el señor Martín-Toledano, y ruego que no haya polémica.


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El señor MARTIN-TOLEDANO SUÁREZ: Yo no quiero polémica alguna. Lo que creo es que se ha manifestado por los grupos políticos, salvo Partido Popular y Ciudadanos, que no quieren asistir más a ese equipo de trabajo y que se transforme en una subcomisión. Nosotros creemos que puede haber un equipo de trabajo y puede haber una subcomisión, porque es mucho más efectivo el grupo de trabajo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Le pido disculpas al señor compareciente porque creo sinceramente que usted es el protagonista y no los grupos parlamentarios en sus debates políticos.

Para cerrar su comparecencia, durante cinco minutos, como usted ha tenido gran concreción en la primera intervención, estoy convencido de que la tendrá en esta.

El señor YERGA COBOS (Abogado de Pueblos Unidos): Trataré de responder a los temas comunes de las intervenciones formuladas por parte de sus señorías y voy a intentar agrupar las cuestiones que se han planteado.

En primer lugar, hay una cuestión de carácter legal que a mí me parece importante despejar. La directiva de retorno, la famosa Directiva 115/2008, más conocida como directiva de la vergüenza, no establece en ningún caso la obligatoriedad de erigir centros de internamiento. Eso hay que constatarlo, en primer lugar.

En segundo lugar, ciertamente lo reconoce y lo recoge así nuestra vigente Ley de Extranjería, la Ley Orgánica 4/2000, que le dedica seis artículos en su contenido. Y después de esos seis artículos, un reglamento que en mi opinión es manifiestamente mejorable que podría dar mayor sentido a todo lo que hemos estado aquí discutiendo. Y me parece que es importante dejarlo claro. Al hilo de eso, también me gustaría decir que, efectivamente, la Directiva 115/2008 no dice eso, pero también establece otra serie de consideraciones en relación con las repatriaciones que tampoco se llevan a cabo en España. Quiero que eso nos quede claro a todos los que nos encontramos aquí.

Sí quiero destacar, por una parte, el innegable papel que realizan los jueces de control, que me parece especialmente interesante y digno de aplauso sobre todo porque son los que están desarrollando a través de autos judiciales el reglamento que debería implementar el Gobierno de la nación. Eso me parece que también es importante resaltarlo. Y creo que es una labor digna de aplauso y a la que yo le muestro mi gratitud desde esta Mesa.

Ahora bien, dicho esto, creo que en su momento también tendríamos que intentar hacer un ejercicio por encima de eso. ¿Y qué quiero decir? Lo explico en treinta segundos, si puedo. Los jueces de control nada más tienen la jurisdicción territorial que tienen, es decir, el lugar donde se encuentra el centro de internamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que estamos viendo resoluciones no dispares, pero que tampoco se complementan. Y desde este punto de vista entendemos que debería haber algún tipo de autoridad judicial que homogeneizara y extendiera al conjunto de los CIE las resoluciones que se adoptan en relación con un determinado centro. Por así decirlo, y entiéndanme, porque no voy a utilizar precisión jurídica en este momento, una especie de autoridad que resolviera, como un recurso para la unificación de la doctrina, que me parecería importante a fin de garantizar ese principio de seguridad jurídica al que yo he hecho referencia en mi primera intervención.

Yo coincido con ustedes en que esto no es un tema sencillo, evidentemente; creo que no es un tema sencillo. Pero creo que nos debe preocupar, y quiero insistir en eso, el hecho de que tres de cada cuatro personas que pisan un centro de internamiento son personas que han accedido irregularmente por el litoral a España. Y me van a permitir ustedes que utilice un lenguaje muy poco jurídico: creo que pescar en una piscifactoría no tiene mucha gracia. Creo que la función inicial con la que los CIE se previeron era otra, no era la de actuar como centros de primera acogida, que es como están actuando en la práctica.

¿Qué modelo podríamos poner sobre la mesa? Podríamos empezar a debatir a partir de la figura de los CETI de Ceuta y de Melilla, por supuesto algo mejor que los CETI de Ceuta y de Melilla, y especialmente ubicados, que es donde se produce el mayor número de accesos, en el litoral andaluz.

La colaboración entre administraciones me parece absolutamente imprescindible que se lleve a cabo, me parece que es algo fundamental desde diferentes puntos de vista. Hay alguna iniciativa puesta en marcha por parte de algún ayuntamiento de este país que habría que retomar y que habría que poner en valor de cara a poder lograr que la autoridad judicial cuando acuerda un internamiento pueda formarse mejor su voluntad de cara a la hora de decretarlo o de no decretarlo.

Se ha hablado aquí por parte de su señoría de expulsiones exprés. En este momento las cifras son muy llamativas, y se deduce del informe que les hemos entregado esta tarde: las expulsiones exprés están siendo siete de cada diez de las que se llevan a cabo en España, que es una cifra bastante elevada.


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Otra cuestión que podríamos plantear, y yo ahí como jurista, se lo reconozco, tengo serias dudas, es que si la expulsión exprés con la actual legislación en la mano es ilegal o no. Se lo reconozco; lo reconozco abiertamente. Ahora bien, lo que sí creo -y me parece que es especialmente importante- es en homogeneizar ese tipo de actuaciones en todo el territorio español, y pongo ejemplos: aquí en Madrid, cuando se lleva a cabo una expulsión exprés, hay asistencia letrada. ¿Por qué? Porque durante el devenir, desde que se acordó esa expulsión hasta que se va a materializar, las personas emigrantes no son robots. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que tienen pareja, tienen hijos, tienen un trabajo estable, etcétera, y eso permite que el juez pueda realizar algún otro tipo de valoración. Pero es que hay lugares en España en los que no hay ni siquiera esa asistencia letrada ni es puesto a disposición de la autoridad judicial, sino que directamente va desde comisaría a un avión o a un buque para que sea efectivamente repatriado. Y yo creo que debemos avanzar.

Yo estoy de acuerdo también con su señoría cuando decía que el marco de España es más garantista que el de la gran mayoría de los países europeos. Estoy totalmente de acuerdo, pero también estoy de acuerdo, o convendría también con usted en que existen actuaciones en determinados países europeos que yo creo que serían perfectamente extrapolables a los centros de internamiento.

Se ha hablado por aquí de agresiones y vulneración de derechos humanos. En el caso de los incidentes del CIE de Aluche, de octubre de 2016, hasta donde yo sé hay dos diligencias previas abiertas ante la autoridad judicial y se llevó a cabo una prueba preconstituida con bastante rigor por parte del juzgado que inicialmente conoció este asunto y a través de la médico forense. Pero es que yo creo que este tipo de situaciones, porque se lo digo abiertamente, yo no he venido aquí ni a las barricadas, como decía antes, ni a realizar ningún tipo de ejercicio de ninguna característica, sino a intentar, como dije al principio, venir con un cierto tono o carácter propositivo. Pero creo que precisamente ese tipo de situaciones que se denuncian está muy vinculado, desgraciadamente, al modelo policial que preside los CIE en este momento.

Y yo voy a ser absolutamente claro y rotundo con ustedes, o lo voy a intentar por lo menos: a mí la policía española me parece que está perfectamente preparada para luchar contra la delincuencia. Es decir, jamás nadie me va a escuchar decir lo contrario. Creo que precisamente es un plus que hay que reconocer, y que hay que poner en valor la magnífica formación de la policía española para luchar contra la delincuencia. Ahora bien, tengo serias dudas de que esa preparación sirva para poder estar cuidando, custodiando y tratando a personas durante un periodo de sesenta días. Y hay un ejemplo que en mi opinión es absolutamente revelador: en los centros penitenciarios las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se encargan de la vigilancia de los perímetros de seguridad. Dentro de los centros penitenciarios existe un cuerpo de funcionarios de prisiones, preparados para tratar y custodiar a las personas que se encuentran internas en prisión. Creo que el contraste es manifiesto en relación con lo que les estoy diciendo, y no tenemos eso. Y eso a su vez, desgraciadamente facilita choques convivenciales con resultados, como decía también en mi primera intervención, que después vemos en los medios de comunicación, desgraciadamente.

Se me preguntaba también qué ocurre con las personas que han pasado por un CIE y son puestas en libertad. Pues claramente que quedan ubicadas en un limbo jurídico. Y sobre todo, y eso es algo que vivimos diariamente las organizaciones que trabajamos en esta materia, y sobre todo con la perspectiva peligrosa de lo que se conoce, o de lo que yo denomino como expulsiones o devoluciones en diferido. Se acuerda, no se ejecuta, un año, dos años, tres años, y se pone en marcha el mecanismo materializador por parte de la Administración pública. Y como decía antes, durante ese periodo de tiempo las personas migrantes son como nosotros, aquí me cuesta hasta trabajo decirlo, pero son como nosotros, o sea, encuentran un trabajo, tienen hijos, cambian sus circunstancias, mientras que la respuesta es el martillo pilón de la burocracia concreta en relación con eso.

En mi intervención inicial, y ya con esto voy terminando, señor presidente, ya apunté las carencias sanitarias. Y las carencias sanitarias, que creo que además son importantes, no solo para la propia persona migrante, sino para el conjunto de la sociedad española, tendrían que tener en principio al menos la realización de una serie de pruebas analíticas, y en segundo lugar, de manera imprescindible, la realización de un cierto asesoramiento de carácter psicológico. ¿Por qué? Porque son personas, y puedo poner ejemplos muy dramáticos que estoy seguro de que son conocidos por parte de todos ustedes. Me parece que es tremendamente injusto, no encuentro otra palabra en este momento, el hecho de que a personas que hayan sufrido un naufragio en el que haya habido muertos, la respuesta sea el internamiento


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en un centro de internamiento sin la más mínima asistencia psicológica. Yo creo que en eso estaremos todos de acuerdo que es manifiestamente mejorable.

Por último, está el tema de la cuestión presupuestaria. En el proyecto de Presupuestos Generales del Estado viene ya recogida una partida, pequeña todavía, para la construcción de tres centros de internamiento: Madrid, Algeciras, con el cual ya hay un convenio con el Ministerio del Interior, y Málaga, que veremos dónde se va a realizar. Quiere decir que presupuestariamente hay posibilidades para construir centros de primera acogida.

Yo sé que la gran preocupación, y me consta que la gran preocupación por parte del Gobierno y por parte del Ministerio del Interior es la identificación de esas personas. Me consta que es la identificación de esas personas, pero creo que es perfectamente posible llevar a cabo esa identificación con unos mínimos equipos destinados a identificar, como apunté antes, menores, víctimas de trata y potenciales solicitantes de asilo, que convendremos todos que son personas que jamás deberían poner un pie en un centro de internamiento. Y cuando digo que jamás deberían poner un pie en un centro de internamiento, lo digo cualquiera que sea la modalidad de centro de internamiento por la que se quiera apostar.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pues muchísimas gracias. Y creo que en nombre de todos los miembros de la Comisión agradecemos sus intervenciones y damos por finalizada la sesión.

Eran las siete y quince minutos de la tarde.

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