DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 145, de 07/03/2017
cve: DSCD-12-CO-145
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 145
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ
Sesión núm. 7
celebrada el martes,
7 de marzo de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre medidas para la profundización y mayor desarrollo del ecosistema
de startups de Internet en España. Presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos. (Número de expediente 161/000608) ... (Página2)
- Relativa a garantizar la continuidad de la recuperación económica y la
creación de empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/000645) ... (Página8)
- Sobre la imposición de un impuesto solidario a los bancos. Presentada
por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea. (Número de expediente 161/001270) ... (Página13)
- Relativa a impulsar la adhesión de España al sistema europeo de patente
unitaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/001395) ... (Página18)
- Relativa a la prórroga del plazo previsto en el artículo 1.º de la Ley
1/2013, de 14 de mayo, para la medida de moratoria de lanzamiento de
deudores hipotecarios de su vivienda habitual. Presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/001360) ... (Página25)
- Por la que se insta al Gobierno a establecer un compromiso estable y
prioritario con la inversión en actividades de I+D+i, como eje de
transformación económica, creación de empleo y de superación de la
crisis. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/000556) ... (Página30)
- Relativa a implementar la transparencia y accesibilidad de la
información referente a las titulizaciones de hipotecas. Presentada por
el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente
161/000591) ... (Página36)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE MEDIDAS PARA LA PROFUNDIZACIÓN Y MAYOR DESARROLLO DEL ECOSISTEMA
DE STARTUPS DE INTERNET EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000608).
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Señorías, buenos días a todos. Habida cuenta del número de proposiciones
no de ley que tenemos en la Comisión, voy a rogar a los distintos
portavoces que se ajusten lo más posible al tiempo establecido. En primer
lugar, para la defensa de las correspondientes proposiciones habrá un
tiempo máximo de diez minutos, y por último, para la defensa de enmiendas
o fijación de posiciones habrá un tiempo máximo de cinco minutos. Les
ruego a los portavoces que sean benévolos con la Presidencia y que se
ajusten a este tiempo, a fin de no tener que interrumpir ni suprimir la
palabra a ninguno de los portavoces. Al finalizar la Comisión, voy a
pedir a todos los portavoces que se queden para sustanciar algunas
cuestiones de índole de intendencia que tenemos previstas, pero solo
serán cinco minutos.
Vamos a dar comienzo a la sesión. Según nos han pedido algunos grupos, se
va a alterar el orden del día propuesto. El 1.º punto del orden del día,
la proposición presentada por el señor Xuclà, pasaría a ser la última que
debatiríamos y la proposición no de ley presentada por el Partido
Nacionalista Vasco pasaría a debatirse en el antepenúltimo lugar. Con
esas dos variaciones, si les parece bien a los miembros de la Comisión y
no hay ningún inconveniente, continuaríamos con el orden del día tal y
como está previsto. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento).
En primer lugar, comenzaríamos con la proposición no de ley sobre medidas
para la profundización y mayor desarrollo del ecosistema de startups de
Internet en España, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para
su defensa, tiene la palabra el señor Roldán.
El señor ROLDÁN MONÉS: Muchas gracias, presidente.
Voy a defender la proposición no de ley de mi grupo sobre medidas para la
profundización y mayor desarrollo del ecosistema de startups de Internet
en España. Creemos que en España se ha hecho poco caso al talento, se ha
hecho poco caso al conocimiento y nos queda muchísimo camino por recorrer
si queremos estar en la carrera global del talento, que es lo que va a
marcar en el futuro el crecimiento económico y la productividad, para
obtener como resultado el sostenimiento del Estado de bienestar. En
Ciudadanos preferimos cuidar, proteger y atraer al talento, que proteger
a corruptos y, por tanto, esta es una iniciativa muy importante. No se ha
hecho prácticamente nada por las startups, hay un ecosistema de
emprendedores que se encuentra en el Paleolítico, en comparación con
otras regulaciones de nuestro entorno. Nos parece importantísimo
favorecer el entorno para proteger, para quitar trabas, para facilitar la
vida, para facilitar el acceso también a la financiación, para reconocer
la existencia de que las startups son como una rara avis que necesitan
una protección especial para poder emerger. La innovación es como un
jardín, si el jardín lo cuidas y lo riegas, si tienes un entorno
institucional adecuado, entonces las flores -las pequeñas empresas
innovadoras- emergen. Por el contrario, si no se cuida el jardín, si no
se riega, si no se favorece el entorno es muy difícil que tengamos
innovación.
En la propuesta hay una serie de puntos, aunque no me voy a extender, que
creemos que son importantes. No son propuestas muy nuevas, porque en
muchos casos estamos emulando modelos de éxito. En esto no hay que
inventar demasiado, tenemos ejemplos desde Estados Unidos hasta Israel o
Reino Unido que han conseguido, a través de buenas políticas públicas,
impulsar y generar la innovación.
El primer punto, quizás el más importante, plantea generar ese entorno
regulatorio imitando el exitoso modelo de Reino Unido, Seed Enterprise
Investment Scheme (SEIS). Este modelo propone un entorno adecuado para
eliminar al máximo las trabas al principio, que es cuando los
emprendedores encuentran más trabas y tienen que meter el dinero de su
bolsillo. De esta forma, se eliminan al máximo las cargas
para que esos innovadores que están en un garaje no se gasten al inicio
los 5.000 u 8.000 euros que tienen en pagar cuotas y demás, sino que se
los gasten en invertir en sus recursos o en tecnología, en lo que
necesiten, y por tanto lo tengan más fácil para innovar.
En los primeros meses de vida es cuando más importante es tener apoyo y
tener facilidades para los business angel, para los inversores y también
para poder transformar las pequeñas empresas en empresas que tengan un
tamaño más grande. Esto es importantísimo porque lo que tienen las
startups, particularmente las tecnológicas, es que al final solo una de
cada diez termina sobreviviendo, pero cuando sobreviven consiguen generar
un tamaño extraordinario, que les permite ser enormemente productivas.
Sin embargo, es importante que muchas intenten avanzar por ese camino,
porque si se quedan al principio es imposible que tengamos ninguna
empresa. Esa es una de las razones por las que en España prácticamente no
conocemos modelos de éxito en este asunto, aunque es verdad que ahora
algo está cambiando. Dentro de este marco habría unas deducciones
particulares impositivas para eliminar las cargas iniciales, que creemos
que serían compensadas con creces -la evidencia muestra que en otros
países se ha hecho así- en el futuro por la inversión que realizarían
estas empresas, si funcionasen bien porque compensarían estas exenciones
vía contribuciones y pago de impuestos.
El segundo punto propone facilitar la creación de empresas. Si escuchas
los relatos de cada uno de estos emprendedores que han intentado abrir
una empresa, puedes comprobar que encuentran muchísimas dificultades para
crearlas. Lo que hay que hacer es facilitar la creación de estas
empresas, eliminando las trabas en veinticuatro horas. Además, hay un
programa de match-funding llamado Yozma en Israel que está siendo un
éxito. Este programa consiste en que el sector privado hace una auditoría
de aquellos proyectos que valen la pena -no tiene que hacerlo el sector
público porque esa no es su labor- y el sector público apoya con
financiación aquellos proyectos que el sector privado piensa que pueden
tener éxito para reducir un poco el riesgo. Este tipo de programas de
match-funding han tenido un éxito extraordinario en el mundo.
Particularmente, el programa Yozma ha conseguido en menos de una década
colocar a Israel -que era un país muy similar a España en términos de
emprendimiento- en la absoluta vanguardia global en términos de startups
e innovación.
Otro problema con el que se encuentran las startups de manera sistemática
es que las ayudas de I+D no solo han sido recortadas enormemente por el
Gobierno, porque parece que no tiene demasiado interés por el capital
humano y por la innovación, sino que además están en algunos casos mal
diseñadas y no les llegan a los emprendedores. Es decir, estas ayudas se
quedan solo en las grandes o muy grandes empresas, porque los
requerimientos para acceder a las ayudas de I+D son enormemente
restrictivos. Nosotros proponemos ampliar esos criterios para que puedan
llegar a las startups.
Otra manera de ayudar a estas empresas emergentes, porque las startups no
tienen prácticamente recursos al principio, es hacer lo que están
haciendo todos los países en donde esto ha funcionado. Para permitir
atraer al talento, se puede premiar ofreciendo stock options, ofreciendo
acciones de la compañía, para que después puedan recuperar el dinero.
Muchas de estas empresas no tienen capital suficiente al principio para
pagar los sueldos que son necesarios, por ejemplo, para pagar a un
ingeniero de tecnología o un analista de datos.
El último punto -que también es muy importante- plantea ampliar y mejorar
la financiación vía crowdfunding, porque ahí estamos también muy
atrasados en ese sentido. Creemos que esto solo puede ser positivo y con
un marco regulatorio adecuado podemos tener más dinero a través de esa
vía para la innovación.
Por tanto, para Ciudadanos el talento es una absoluta prioridad.
Desgraciadamente, en el mundo cada vez más nos encontramos con sociedades
que han decidido optar por cerrar, por salir de esta carrera global del
talento. Ahora ha pasado con el brexit y también con Trump, porque van a
poner cada vez más dificultades para que los inmigrantes y los
emprendedores y la gente de otros países con ideas hagan cosas allí.
Nosotros queremos que aquí puedan estar cómodos, que este país tenga un
entorno con unas condiciones hiperfavorables para que se pueda atraer el
talento y los negocios, por el clima y por la maravillosa cultura que
tenemos, porque realmente tengamos también unas instituciones que apoyen
a las empresas para que se genere un ecosistema o un espacio de
innovación realmente puntero en el mundo. Queremos ser un paraíso del
talento en el mundo y la manera de hacerlo es dejar de poner trabas, que
es lo que hemos hecho hasta ahora y empezar a facilitarles la vida a los
innovadores y esta iniciativa va en ese sentido.
En defensa de las enmiendas presentadas por un tiempo máximo de cinco
minutos tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, queremos agradecer a Ciudadanos que haya traído aquí esta
proposición no de ley. Es necesario que el Estado asuma responsabilidades
e impulse un cambio de modelo productivo y el desarrollo de sectores
innovadores en tecnología y conocimiento, como son las startups de
Internet. Sin embargo, creemos que apoyar este tipo de iniciativas es
incompatible con apoyar a un Gobierno que cree que las cosas van bien y
que se hizo lo que se tenía que hacer cuando se recortaron en la anterior
legislatura más de 20.000 millones de euros en I+D+i, un recorte de un 34
% que es el mayor recorte de toda la Unión Europea, más allá de Grecia,
Portugal o Irlanda.
Hay una evidencia de que la mayoría de los desarrollos tecnológicos de la
tercera y cuarta revolución industrial, de los que beben después la
mayorías de las startups, provienen del sector público y que hay una
relación directa entre inversión del Estado y el desarrollo de
ecosistemas innovadores. Esto ocurre porque la financiación privada es
demasiado cortoplacista para apostar por este tipo de sectores de alto
riesgo y son las instituciones públicas las que tienen que colaborar en
el desarrollo de estos sectores. Silicon Valley nació y se desarrolló
gracias a la apuesta inversora del sector público, a la cooperación entre
Estado y la universidad y las empresas y, en definitiva, gracias a una
política industrial en los años setenta en la que Estados Unidos apostó
por el desarrollo de sectores innovadores con altas inversiones en el
sector público. Lo mismo ocurrió con Arpanet, el germen de Internet e
incluso el algoritmo que llevó a Google al éxito estaba financiado con
una beca del Nacional Science Foundation de Estados Unidos. Es decir, que
para que exista un Mark Zuckerberg o un Larry Page hace falta que antes
haya una gestión pública que apueste por la inversión en innovación. Una
apuesta adecuada en el sector público no solo sirve para atraer inversión
privada en la línea en la que plantean los economistas keynesianos, sino
que en el caso de la industria innovadora y de alto riesgo sirve para
crear nuevos mercados en la línea de lo que plantea Polanyi.
En España, pese al nulo interés del Gobierno por desarrollar sectores que
no sean ladrillos y turismo, hay ejemplos de héroes que consiguen
progresar y desarrollar startups en mercados de competencia global,
aunque necesitan una gran capitalización para su implantación. Hace un
año y pico CartoDB, una startup modélica dedicada al análisis y
visualización de datos geolocalizados, que se ha convertido en un
referente a nivel global en su disciplina, lograba 23 millones de dólares
en una ronda de financiación por parte de fondos de inversión
estadounidenses. Una de las condiciones que ponen este tipo de fondos es
que las empresas trasladen su empresa a Estados Unidos. Esto supone un
éxito para la empresa, pero es un fracaso para nuestra política
industrial, ya que no solo es incapaz de retener el talento en España
sino que tampoco es capaz de retener a empresas innovadoras como esta.
Nos gastamos 23.000 millones de euros en el rescate a Bankia, pero los
bancos públicos son incapaces de invertir 23 millones para retener a
estas empresas innovadoras.
Hemos presentado varias enmiendas a la proposición no de ley de Ciudadanos
para reforzar el papel del sector público en el impulso de sectores
innovadores, mediante la compra pública innovadora o el desarrollo de una
banca de inversión, aprovechando los bancos ya rescatados. Sin embargo,
no podemos apoyar algunos apartados de su propuesta, en concreto el
primero, ya que apuesta por exenciones fiscales del cien por cien a los
rendimientos de capital. Si creemos que hay que desarrollar una política
industrial activa, no podemos seguir agujereando el sistema fiscal en
España y Ciudadanos lo sabe bien. No entiendo cómo pueden apostar por
medidas de populismo fiscal como la que aquí plantean. No podemos
competir con países que son casi paraísos fiscales como Reino Unido o
Irlanda, tendremos que competir en el apoyo, en la inversión y en el
desarrollo, en todas las condiciones que hacen posible este tipo de
emprendimiento. Para eso se requiere financiación y aumentar los
ingresos. Hacen falta medidas que vayan en este sentido, pero no podemos
apoyar exenciones del cien por cien en el impuesto sobre el capital.
En definitiva, para desarrollar ecosistemas de startups innovadores el
Estado tiene que actuar como facilitador, pero también como creador. El
sector público y el sector privado tienen que tener una actitud
simbiótica y no parasítica, como la que ha caracterizado la política
industrial de este país. Para que los señores del PP lo entiendan,
emprender no es ir a Génova con sobres de 500 euros a ver si te cae un
contrato; emprender es poner el talento y la creatividad al servicio de la
creación de valor. Para que haya personas dispuestas a hacer esto, el
Estado tiene que dar un giro de ciento ochenta grados en su política
industrial para apostar por la innovación y el desarrollo en sectores de
alto valor añadido como los que estamos tratando hoy aquí.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene
la palabra el señor Palacín.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, a todos y a todas. Adelanto ya que mi grupo estaba en gran
parte de acuerdo con las medidas planteadas por Ciudadanos en su
iniciativa. De hecho, el Grupo Socialista ya registró una proposición no
de ley el pasado mes de septiembre que iba más o menos en la misma línea
y donde recogíamos también todas las reivindicaciones de la Asociación
Española de Startups, pero también he de decir que si bien compartimos
gran parte de estas medidas, hay alguna que queremos matizar en esta
intervención. Dicho esto, nos acaban de facilitar un texto transaccional
que valoraremos y después, si estamos de acuerdo, nos adheriremos a él
antes de que se produzca la votación.
Señorías, no podemos negar que la transformación digital global está
modificando nuestras sociedades y economías. Si queremos que nuestro país
juegue un papel relevante en este sentido, las startups digitales han de
ser un vehículo para innovación, para la atracción de capital, pero,
sobre todo, para la creación de capital. Hemos de ser capaces de
desarrollar la figura de las startups digitales para reconocer el papel
innovador, así como las necesidades inherentes a esta forma de negocio.
Para rentabilizar económica y socialmente el talento tecnológico y
digital es necesario, en primer lugar, sacar a la luz esta realidad
innovadora, reconociendo su especificidad y dotándole de un marco más
adecuado a esta realidad, que tiene unas características diferenciadas y
propias como son una audiencia global o potenciales clientes en todo el
mundo, dado la digitalización de los procesos. En segundo lugar, utilizan
un método basado en la prueba y en el error y muchas veces se han de
descartar muchos proyectos y programas hasta dar con el éxito. Por eso,
hay que reconocer este esfuerzo, estos recursos y este tiempo que
invierten estas startups para que sean calificadas, en cuanto a régimen
fiscal y financiero, como inversión en I+D+i a la hora de recibir un
tratamiento fiscal adecuado y poder acceder a según qué tipo de
subvenciones públicas. Y en tercer lugar, estos son proyectos que pueden
crecer en cualquier parte del mundo. Esto no hay que verlo como una
amenaza, sino como una oportunidad. Debemos adaptarnos, debemos coger lo
mejor que está funcionando en distintos hubs tecnológicos y traerlo y
ponerlo en marcha en nuestro país.
Señorías, si queremos cambiar el modelo productivo y dejar de competir
produciendo más barato para empezar a producir haciendo las cosas mejor,
hemos de apostar por sectores de alto valor añadido y este -el que hoy
nos ocupa- ha de ser uno de ellos. Por eso, el Partido Socialista cree
necesario que se deben tomar medidas que faciliten la creación y
desarrollo del ecosistema necesario para las startups digitales, al
tiempo que haga de nuestro país un lugar atractivo para emprendedores e
inversores de otros lugares.
Como he comentado al inicio, mi grupo comparte gran parte de los puntos
propuestos por Ciudadanos en su iniciativa, pero también entendemos que
la transferencia de conocimiento entre universidad y el sector privado,
en este caso, las startups digitales, debe ser fundamental y en ese
sentido iba nuestra enmienda. Ha de ser fundamental para las dos partes,
es decir, tanto para la universidad como para las startups. Las
universidades deben mejorar sus habilidades en este ámbito, gracias a la
relación con las startups y estas tienen que utilizar este vínculo para
potenciar y publicitar todo sus proyectos. Por eso, presentamos la
enmienda en este sentido.
Como al inicio de mi intervención he comentado, también he hablado de
matices porque la batería de medidas fiscales, sobre todo deducciones y
exenciones que nos plantea Ciudadanos, nos acarrea alguna duda. Sí que se
ha de favorecer la inversión directa en la economía productiva, en este
caso, en las startups digitales, pero entendemos que sería más apropiado
plantear este tipo de bonificaciones y exenciones desde un prisma global,
desde una reforma global del sistema fiscal porque los socialistas
entendemos que para tener un Estado del bienestar fuerte, que también
pueda potenciar en este caso las startups digitales, es necesario contar
con un sistema fiscal y suficiente, cosa que ahora no ocurre en gran
parte por las propias bonificaciones y exenciones que ya están en marcha
en la mayoría de los tributos.
Dicho esto, y tratándose de una proposición no de ley, encontramos más
motivos para apoyar esta iniciativa que para rechazarla, ya que busca
potenciar las startups digitales para que sean motor de innovación, para
que sean motor de generación de valor y para que, sobre todo, sean motor
de creación de trabajo de calidad. En definitiva, mi grupo votará a
favor, ya veremos si de la transaccional o de la propuesta inicial.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Palacín.
Por el Grupo Popular, para la defensa de la enmienda tiene la palabra el
seño Píriz.
El señor PÍRIZ MAYA: Muchas gracias, presidente.
Buenos días, señorías. En primer lugar, me gustaría plantear un pequeño
ejercicio. Me gustaría que en Google imágenes buscaran la palabra
innovación, porque así podrían ver lo que aparece; verían que aparecen
bombillas. Aparecen bombillas porque popularmente se identifica a la
innovación como ideas; en el ideario popular del español medio la
innovación está muy ligada a las ideas. Si de verdad las ideas fueran la
innovación, los países que lideran el ranquin mundial de patentes como
Suecia, Suiza o Finlandia liderarían también el ranquin mundial de
creación de startups. Pero no es así, ya que lo lideran Estados Unidos e
Israel. No son los mismos países en el ranquin. Eso sucede porque hay más
criterios, hay más factores, además de las ideas. Hay dos criterios
fundamentales en las startups como son la mentalidad orientada a
objetivos y la aceptación cultural de la necesidad de asumir riesgos, que
no están en esta PNL pero que sí son importantes para el desarrollo del
ecosistema de las startups en España. No solo tenemos que trabajar en
temas legales, sino que tenemos que trabajar en los cambios de mentalidad
de la sociedad y en la aceptación cultural del riesgo empresarial.
Antes de empezar a defender nuestras enmiendas, me gustaría mencionar un
tema de alcance. La PNL habla repetidamente de startups de Internet, pero
no he escuchado estas palabras en ninguna de las intervenciones. Damos
por hecho que estamos hablando de startups y que Internet es solo un
pequeño adjetivo que le ponemos al ciclo de vida, un ciclo de vida más
corto, pues las startups se distinguen del resto porque tienen un ciclo
de vida más corto y no por el sector en el que están moviéndose. De
acuerdo a eso, en el primer apartado de la PNL sobre el capital semilla,
estamos de acuerdo en que el SEIS es un instrumento que está funcionando
bien en Reino Unido y que podemos intentar replicar aquí, pero también
tenemos que dejar claro que en España hay instrumentos en este sentido,
como los Fondos Invierte que hace el CDTI, que ayuda a las empresas en la
fase temprana y que está funcionando relativamente bien.
Respecto al tercer punto, al de la mejora de la financiación pública de
sectores estratégicos, también se está trabajando en España en este
sentido. Aquí tenemos dos fondos: el Fond-ICO Global y el Fond-ICO Pyme.
En primer lugar, el Fond-ICO-Global que fue creado en 2013, y cuenta con
una dotación de 1.500 millones de euros, ha lanzado siete convocatorias
por casi 1.200 millones de euros y apoya a las pequeñas y medianas
empresas, a las startups en las fases iniciales de desarrollo. En segundo
lugar, tenemos el Fond-ICO Pyme que con 250 millones de euros está muy
centrado en el sector de las TIC. Y por último, está el Fondo Invierte
que afecta al capital semilla, Venture Capital and Private Equity. Todos
ellos son instrumentos que están funcionando en España. Como decía el
compañero de Ciudadanos, no estamos en el Paleolítico -abro y cierro
comillas- en el tema de las startups, sino que hay un trabajo hecho y hay
un trabajo que se está haciendo. Los instrumentos que tiene el Estado
para ayudar a las startups están funcionando e invirtiendo en ellas en
nuestro país.
Con respecto al punto cuarto que se refiere a las ayudas a la innovación
tecnológica estamos de acuerdo, pero también estamos de acuerdo con lo
que se está haciendo en España. Como conoceréis, las convocatorias Neotec
del CDTI llevan celebrándose bastantes años en España y últimamente están
evolucionando hacia proyectos de base tecnológica, proyectos de startups.
Están funcionando muy bien, con muchísima más demanda que oferta y con
muchísima calidad en los proyectos presentados.
Respecto al punto sexto que plantea impulsar el crowdfunding, creemos que
la Ley 5/2015 está un poquito en marcha, aunque todavía está en su
primera fase de desarrollo. Cuando la podamos analizar y podamos ver cómo
está funcionando estaremos más seguros de poder dar una opinión sobre si
es necesario modificarla o no, pero en la actualidad nos parece quizás
que sea un poco pronto.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señoría.
Respecto a las ayudas de I+D y sobre que hay que dejar de poner trabas, le
invito a visualizar la European Innovation Scoreboards de la Unión
Europea -no son datos españoles sino de la Unión Europea- para que
compruebe cómo durante la crisis -con lo dura que ha sido- los datos de
inversión pública en I+D+i en España se han mantenido constantes desde el
año 2011, aunque se redujeron desde 2008 a 2010. Podéis ver el gráfico en
la European Innovation Scoreboards, no me lo estoy inventando.
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar ya.
El señor PÍRIZ MAYA: Pues termino ya. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al turno de fijación de
posiciones. ¿Grupo Mixto? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora
Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias.
Por los datos que tenemos en Euskadi el perfil emprendedor que se
involucra en este tipo de iniciativas no parte de la necesidad, sino de
la oportunidad de crear una empresa o empresas en el ámbito científico y
tecnológico para desarrollar nuevos productos que estiman demanda en el
mercado. Son empresas que pueden aportar, por tanto, un alto valor
añadido y que han de ser la base del tejido empresarial para los próximos
años.
Voy a diseccionar un poco los puntos de la iniciativa que trae a debatir
el Grupo Parlamentario Ciudadanos, ya que podemos estar de acuerdo en
algunos puntos y en otros no, porque en Euskadi cuando hablamos de
impuestos -ya sé que me repito mucho- tenemos un sistema foral y, por
tanto, capacidad normativa, de gestión y de recaudación de los mismos.
Por tanto, cuando hablamos de capital semilla para las startups de
Internet, en el que se establecen determinadas incentivos o deducciones
en el IRPF, me van a permitir no entrar en este tema.
Estamos de acuerdo en que hay que simplificar la burocracia. No puede ser
que seamos uno de los países donde tardamos más en montar una empresa.
Hay algunos países que lo hacen en veinticuatro horas, en España se tarda
una media de cuarenta y siete días. Este tiempo de cuarenta y siete días,
en los que la empresa no está facturando ni desarrollando un producto,
puede restar competitividad. Por tanto, hay que matizar también que este
problema no es solo de las startups sino también de todo el entramado en
general de las empresas. Estaríamos de acuerdo en que hay que simplificar
esta burocracia.
En cuanto a la financiación de fondos de inversión match-funding nos
parece correcto si se trata de impulsar nuevos instrumentos financieros
al servicio del tejido productivo, siempre que sean públicos y privados,
no solo públicos, para el crecimiento de nuevas empresas innovadoras con
un sentido estratégico hacia sectores emergentes de gran desarrollo
futuro y que constituyan la base sobre la que se asiente el tejido
productivo. En cuanto a las empresas que se puedan beneficiar de ayudas a
la innovación tecnológica nos parece correcto, ya que si se invierte en
I+D+i ayudará a la competitividad y, sobre todo, al crecimiento
económico.
Respecto a las stock options son una de las vías favoritas de retribución
variable en las startups porque ofrecen un incentivo, sin perjudicar la
liquidez de estas empresas que empiezan su andadura. Es verdad que las
startups no pueden competir en salarios con las grandes multinacionales,
si lo que se pretende es captar talento. Las stock options nos permiten
atraer a aquellos trabajadores que tienen una visión potencial sobre la
empresa en cuestión. Con esta fórmula el empleado de las startups puede
que no tenga un sueldo muy alto, pero en el supuesto de que se dé un
elevado crecimiento de la empresa a largo plazo, le permitirá participar
en beneficios. Sin embargo, hay que decir la realidad porque cuando una
empresa comienza no tiene empleados al principio y por tamaño o
composición del capital son reacias a tener un tamaño adecuado para que
los empleados entren en este capital. Como también se ha hablado en las
stock options de fiscalidad, tampoco vamos a entrar en este debate.
Hay que tener en cuenta también que en los últimos años han aparecido
nuevos sistemas de retribución que tienen como objetivo reducir cuantías
en la concesión de planes sobre acciones, premiar acciones de la gestión
directiva e incluso planes que son sustitutivos de las stock options. Y
en cuanto al crowdfunding, está en vigor una nueva ley y antes que
modificarla creo que hay que ver los pros y los contras que puede tener,
para introducir los cambios oportunos, pero cabe recalcar que hay que
abogar por establecer una regulación que implique un equilibrio entre el
impulso a la actividad y la protección del inversor.
Por todo ello, nos vamos a abstener en la votación de esta proposición no
de ley, porque hay algunos ámbitos en los que no podemos entrar, como es
el sistema de tributos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenos días, señor presidente, señorías.
En primer lugar, quiero hacer un comentario, y es que uno no puede
sustraerse desde el soberanismo catalán a la salvedad vasca por la que la
compañera del PNV pedía disculpas. Creo que no debe disculparse, sino
reiterarla. Produce un cierto punto de envidia y un cierto punto de
reflexión, porque quizás el problema catalán que ustedes invocan parte de
haber aprobado un estatuto de autonomía, haberlo llevado a los tribunales
y haber anulado algunos puntos por encima de la voluntad de los
catalanes.
Dicho esto, quiero saludar cualquier avance donde nunca apenas hubo nada.
Nuestra idea era votar a favor de la PNL y de las enmiendas de Podemos,
pero entiendo que en algún momento alguien nos hará llegar una
transacción, que miraremos con toda la simpatía del mundo. No vemos -y
quizás ese sea uno de los deberes que tengamos que imponernos- que haya
intención de resolver el problema de simplificación administrativa que se
ha señalado por parte de varios intervinientes y que creo que es una
asignatura pendiente. Al final, las startups no son más que embriones de
pymes y las bonificaciones son un buen sistema para fomentar las
vocaciones en tecnología, not only but also. Creo que sería parte de los
deberes que tendríamos que imponernos, aunque nuestro grupo es muy
pequeño como para imponer nada a nadie y, por tanto, es solo una
sugerencia. Durante el transcurso del debate supongo que nos harán llegar
la transacción, que miraremos con todo el cariño.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Terminado el debate, ruego al grupo proponente que haga llegar a la Mesa
la enmienda transaccional anunciada a efectos de repartirla a los
distintos grupos. (Asentimiento).
- RELATIVA A GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DE LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y LA
CREACIÓN DE EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/000645).
El señor PRESIDENTE: Entramos en la segunda de las proposiciones, relativa
a garantizar la continuidad de la recuperación económica y creación de
empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de
la iniciativa, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra su
portavoz, la señora Palmer.
La señora PALMER TOUS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, a la vista de los datos que se van publicando desde hace meses y
de forma ya casi semanal, solo cabe reconocer la honda transformación que
ha experimentado la economía española en los últimos cinco años. Hemos
pasado de ser una economía al borde del colapso, al borde de la quiebra a
ser una economía que algunos han definido ya como el milagro económico
español. Sin querer ser autocomplaciente ni triunfalista, porque es
verdad que aún tenemos algunos desafíos que debemos afrontar, no podemos
obviar el enorme cambio que hemos vivido en estos últimos años. Sin
pretender ser exhaustiva, me gustaría mencionar unos pocos datos para
podernos situar en aquel momento, hace cinco años, y comprobar cuál era
el escenario al que nos enfrentábamos. En términos presupuestarios, en
2011 se alcanzó un déficit público en torno al 9 %, cifra muy superior al
6 % que se nos había anunciado; vivíamos un proceso de intensa
destrucción de tejido empresarial, con casi 180.000 empresas
desaparecidas en los últimos cuatro años; además, experimentamos una
intensa destrucción de puestos de trabajo, más de tres millones de
españoles se fueron al paro en ese periodo -las tasas de paro se elevaron
a niveles absolutamente dramáticos-, lo que tuvo como efecto un aumento
del nivel de desigualdad y de pobreza, consecuencia directa, como ya
sabemos, de este mayor desempleo, y a todo ello podríamos añadir un
entorno de desconfianza generalizada hacia la economía española, con un
sistema financiero que generaba recelo, lo que se traducía en la famosa
prima de riesgo, de la que ya nadie se acuerda, con niveles que a
mediados de 2012 superaron los 600 puntos.
Bien, de ese escenario, que era ciertamente preocupante, hemos pasado a
otro radicalmente distinto, que algunos consideraban impensable e incluso
fantasioso no hace mucho. Actualmente, la economía española crece a
ritmos cercanos al 3 % -último dato publicado desde el 3,2 % para el año
2016-, lo que supone casi doblar la media de la Unión Europea, situada en
torno al 1,7 %. Eso ha supuesto que entremos en tres años seguidos,
ininterrumpidos, de crecimiento económico, después de cinco años de
recesión. Y aquí quiero destacar que este impulso económico que hemos
mantenido durante estos tres últimos años parece que se mantiene a
principios de 2017, lo que ha sorprendido a los expertos que vaticinaban
una ralentización del crecimiento a principios de este año, y ayer mismo
la editorial de Expansión apuntaba en este sentido. Por otro lado, hemos
alcanzado un modelo de crecimiento más equilibrado con respecto al
anterior, basado en el ladrillo, como ya se ha mencionado. Los
principales contribuyentes al crecimiento actual son el consumo de los
hogares, gracias al crecimiento del empleo y la mayor confianza; la
inversión en bienes de equipo, también por la mayor confianza
empresarial, y -elemento sorprendente en el caso español- también ha
habido aportación al crecimiento por parte del sector exterior, por parte
de las exportaciones. En el año 2016 hemos alcanzado el mayor superávit
por cuenta corriente de la historia de España, y lo que es curioso y
sorprendente es que lo hacemos en un momento de recuperación de la
demanda interna, y todos ustedes saben que siempre en España cuando ha
habido incrementos de demanda interna ha empeorado el déficit exterior.
Finalmente, creo que lo más importante es que todo este crecimiento
económico se ha traducido en creación de empleo. Y aquí de nuevo
sorprenden los datos, y lo hacen de una forma muy positiva. En el último
año se han creado en torno a medio millón de puestos de trabajo, casi
1.600.000 desde el peor momento de la crisis, y, por tanto, hemos
recuperado uno de cada dos empleos que se destruyeron durante la crisis,
y además tenemos 520.000 afiliados más a la Seguridad Social que a
finales de 2011. Es decir, este dinamismo del mercado laboral permite
creer que podremos alcanzar, hace creíble el objetivo de los 20 millones
de personas ocupadas en España en el año 2020.
En definitiva, señorías, sin querer ser más exhaustiva, creo que los datos
son claros y la realidad es tozuda. Hemos asistido a un cambio radical de
la economía española, hemos pasado de la incertidumbre a la confianza, de
la destrucción a la creación, por mucho que algunos se empeñen en negarlo
o empañarlo. Y la pregunta es: ¿Qué ha permitido o qué ha propiciado este
enorme cambio de escenario? La respuesta es que no, que no han sido los
vientos de cola, como también se empeñan en afirmar quienes no reconocen
el esfuerzo realizado. Ha sido el esfuerzo del pueblo español, ha sido la
actuación en materia de política económica del Gobierno del Partido
Popular desde la X Legislatura. Si no hubiera sido así, si no hubiera
habido otras actuaciones más allá de los vientos de cola, no sería
posible comprender cómo España mantiene un crecimiento diferencial con
respecto al resto del entorno europeo y de economías desarrolladas a
nivel mundial.
Dicho esto, en concreto, ¿qué se hizo para enderezar el rumbo de ese
trasatlántico que ciertamente se iba a hundir? De nuevo, sin pretender
ser exhaustiva, porque no tenemos tiempo, voy a mencionar, a grandes
rasgos, qué se hizo. En primer lugar, realizar un proceso de
consolidación presupuestaria, reducir el déficit público, y, lo que es
más importante, esto se hizo sin empeorar la situación del Estado del
bienestar, manteniendo el gasto social, garantizando la pervivencia del
Estado del bienestar. De hecho, actualmente, 55 de cada 100 euros son
gastados en este ámbito. En segundo lugar, recuperamos la confianza de la
economía, entre otras medidas a través de la reestructuración del sistema
financiero español, y eso se hizo a principios de 2012, en cuanto se
llegó al Gobierno -aunque creo que se debería haber llevado a cabo mucho
antes, para que la situación no hubiese resultado tan costosa para el
erario-, y todos sabemos que esa reestructuración del sistema financiero
ha sido clave para explicar ese crecimiento diferencial que antes
mencionaba, para garantizar la estabilidad y de nuevo generar confianza
en la economía española. Y, por último, se ha mejorado la competitividad
de la economía a través de distintas reformas, se han llevado a cabo
medidas de apoyo a autónomos, emprendedores y pymes, no solo con
iniciativas específicas, sino otras como el Plan de pago a proveedores, y
no olvidemos que ese plan permitió la supervivencia de más de 100.000
autónomos; pero también debemos mencionar la reforma laboral, que mejoró
notablemente la flexibilidad del empleo al crecimiento económico, y, cómo
no, otras medidas que supusieron una reducción de costes para las
empresas y, por lo tanto, mejorar su competitividad, como la Ley de
Garantía de Unidad de Mercado, la Ley de Desindexación, etcétera.
Por tanto, España hoy ya no es el problema de Europa, sino parte de su
solución, y lo es -repito- gracias al esfuerzo de los españoles y la
labor del Gobierno. No obstante, debo señalar que vivimos en un momento
complejo, en el que existen ciertas amenazas externas y ciertos desafíos
internos; amenazas externas en el contexto internacional como las
perspectivas de subidas de tipos de interés, el viraje
proteccionista que parece que van a realizar ciertos Gobiernos populistas
y nacionalistas o la incertidumbre generada por el brexit; y en cuanto a
los desafíos internos que aún persisten, caben señalar, evidentemente, el
elevado endeudamiento público y privado, a pesar de su reducción, y
también, cómo no, el elevado desempleo. En este sentido, quiero señalar
que este elevado desempleo que aún existe es lo que no nos permite ni nos
permitirá nunca caer en la autocomplacencia, sino seguir en el camino
iniciado. Y si queremos seguir en ese camino iniciado, que tan buenos
resultados nos ha dado, y queremos superar estos desafíos y retos que
acabo de mencionar, y hacerlo con solvencia, no podemos frenar la
estrategia reformista iniciada, no debemos frenar la agenda reformista
que nos ha traído hasta aquí. Nos lo dicen todos los organismos
internacionales; el último, hace unos días con el informe económico del
semestre europeo. Todos ellos, todos los organismos internacionales, tras
alabar la trayectoria de la economía española, inmediatamente después
señalan que es imprescindible proseguir con esa estrategia reformista que
tan buenos resultados ha dado en términos de crecimiento económico y de
creación de empleo, que -no lo olvidemos, vale la pena repetirlo- es la
mejor política social, y en esa intención va a proseguir este Gobierno.
(Aplausos).
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palmer.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra don
Julián López.
El señor LÓPEZ MILLA: Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenos
días.
El Grupo Socialista entiende que lo que el Grupo Popular nos trae a esta
Comisión es fundamentalmente una iniciativa de autobombo, en la que se
dedica a ensalzar las políticas del Gobierno, sin reparar, sin querer ver
algunas de sus consecuencias más negativas, como el aumento de la
pobreza, la desigualdad y la precariedad laboral, y en las que, desde
luego, no se presta atención a las incertidumbres o a los riesgos que
amenazan nuestra recuperación económica en estos momentos. En su afán de
apoyar al Ejecutivo, el Grupo Popular incluso elude problemas a los que
el Gobierno está haciendo alusión. Quizás sea así porque a veces parece
esta una iniciativa de otro tiempo, una iniciativa correspondiente a la
época previa a la investidura de Mariano Rajoy -de hecho, se registró con
anterioridad-, y quizás por eso en ella no hay atisbo de haber asumido la
realidad política de este Parlamento, que exige concesiones, que exige
voluntad de acuerdo y menos autobombo. Es bien significativo que en la
parte propositiva de la PNL ni siquiera se insta al Gobierno a hacer
nada, simplemente se recurre al término manifestar, que parece más propio
de una declaración institucional que de una proposición no de ley;
manifestar el apoyo a las políticas del Gobierno, sin instar a que haga
prácticamente nada.
Por el contrario, el Grupo Socialista considera que en un contexto como el
actual el Congreso debería instar al Gobierno a que, como mínimo, adopte
medidas ante los riesgos que conllevan algunos de los cambios que se han
producido en el entorno económico internacional durante los últimos
meses. Por ejemplo, la economía española se ha beneficiado durante los
últimos años de un precio del petróleo muy bajo, un viento de cola del
que nos hemos beneficiado más que otros porque somos una economía más
dependiente energéticamente del exterior. Si ahora desaparece este factor
favorable, también vamos a vernos más perjudicados por la subida de los
precios del petróleo, como, por otra parte, el propio Gobierno reconoce.
Igualmente, parece haberse agotado el margen de depreciación del euro. A
partir de ahora, se mantendrá estable o incluso se apreciará, lo que
puede acarrear más problemas para la economía española que para otras
precisamente porque la competitividad de nuestros sectores exportadores
se fundamenta en mayor medida sobre el precio que en el caso de esas
otras economías que se han beneficiado también de la depreciación del
euro. Y a esto hay que añadir, como se ha dicho antes, por ejemplo, las
incertidumbres que genera la llegada de Donald Trump a la presidencia de
Estados Unidos y que puede acabar generando una oleada de guerras
comerciales, ante la que habría que estar prevenidos. Por ejemplo, para
nuestro grupo es muy importante adoptar algún tipo de medida preventiva,
muy importante preparar a la economía española para la probable retirada
de estímulos monetarios por parte del Banco Central Europeo. El propio
ministro de Economía ha dicho en algunas ocasiones que la economía
española será especialmente perjudicada si se produce la retirada de esos
estímulos monetarios, porque también ha sido especialmente beneficiada
por la existencia de dichos estímulos monetarios, que eran un viento de
cola para todos, sí, pero más fuerte para quien más se ha beneficiado de
ellos quizás por el proceso de aumento de la deuda pública, líder el caso
de España en el ámbito europeo, que se ha registrado en los últimos años.
Por tanto, el Grupo Socialista entiende que la PNL debería instar al
Gobierno a adoptar esas medidas preventivas, y, porque en el texto del
Grupo Popular también se habla de empleo, la enmienda de mi grupo hace
hincapié en la necesidad de favorecer la creación de empleo estable y de
empleo de calidad, empleo con salarios dignos, promoviendo y apoyando la
derogación de todas las normas laborales que lo impiden, particularmente
la reforma laboral de 2012, e impulsando decididamente la transformación
del modelo productivo español hacia sectores generadores de mayor valor
añadido que permitan crear empleos de calidad. Con este fin, lo que el
Gobierno debería hacer es impulsar reformas, reformas que conduzcan a una
mejora de la competitividad de la economía española, pero no sobre la
base de rebajar más y más los costes laborales, sino a través de la
promoción de la investigación, la innovación, la calidad, el diseño, la
diversificación, la formación, la inversión, etcétera, y, desde luego,
evitando los recortes que vienen produciéndose en los fondos destinados a
I+D+i, como ha ocurrido recientemente con el acuerdo de no disponibilidad
aprobado en el mes de enero.
Se suele decir por parte del Grupo Popular y por parte del Gobierno que
estamos en una recuperación en la que todo el aumento del PIB es
crecimiento del empleo.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señor López.
El señor LÓPEZ MILLA: Acabo inmediatamente, señor presidente.
Y esto tiene también otra lectura, que no es tan positiva, y es que la
productividad está prácticamente plana, es decir, solo un empleo de bajos
salarios, de condiciones laborales que a veces no son demasiado dignas
está alimentando el crecimiento del PIB, mientras que la productividad
está plana. Esta es una mala noticia para nosotros, que, como decía
antes, asociamos a esos recortes en las políticas de I+D, que se han
acentuado con el acuerdo de no disponibilidad del mes de enero.
(Aplausos).
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López.
En turno de fijación de posiciones, de menor a mayor, por un tiempo máximo
de cinco minutos, en primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Vasco,
la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias.
Creemos que esta propuesta no presenta ninguna idea nueva. Se habla de un
cambio de modelo productivo y de reforma laboral, pero no voy a entrar a
debatir estos temas ya que nuestro grupo en algunos casos ha sido muy
crítico con determinadas propuestas de la legislatura anterior. Dicho
esto, creemos que tiene poco sentido que el partido que apoya al Gobierno
al que se está dirigiendo sea el que formule una proposición no de ley
como instrumento de impulso de la acción política del Gobierno tan
genérica e inconcreta. No está mal animar a las instituciones, a agentes,
en general, con principios rectores comunes, que son fáciles de
compartir, pero no parece muy acertado hacerlo sin aportaciones
concretas, que sirvan al propósito presentado.
Como no tenemos claro lo que pretende el Partido Popular con este PNL,
porque parece que está redactada para no comprometerse, ya que ni tan
siquiera insta al Gobierno a tomar ninguna medida concreta, nos vamos a
abstener en la votación de esta proposición no de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Gracias, señor presidente.
Con todo el cariño, pero creo que faltaba el unicornio rosa en la defensa
de esta PNL por parte de la portavoz del Grupo Popular. Por inconcreta,
por inconexa con la realidad, por atribuirse el mérito de los vientos de
cola, por estar demasiado en la línea de wishful thinking, sobre todo por
no prever un más que previsible incremento de los intereses, nuestra idea
era votar en contra. Pero la amabilidad de que haya suprimido del DAFO de
la realidad al desafío nacionalista hará que nosotros le devolvamos la
cortesía con una abstención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán.
Creo que no hay peor cosa en un Gobierno que la complacencia,
particularmente en un país que tiene un mercado laboral esencialmente
roto, con cerca de seis millones de personas que a pesar de estar
trabajando no llegan al salario mínimo interprofesional al final del año,
con el récord absoluto después de Grecia de desempleo, con el récord
absoluto después de Polonia en términos de temporalidad, con el récord
absoluto de abandono escolar, con unas universidades que han perdido
absolutamente la carrera del conocimiento, con ninguna reforma hecha en
un periodo extraordinariamente único que fueron los cuatro años de
mayoría absoluta, con una crisis bestial en el país; con un entorno -y
aquí permítame que matice su positivismo y su optimismo- extremadamente
favorable, con un Banco Central Europeo con el que en 2012, después de
las famosas palabras de Draghi: whatever it takes, cayeron de manera
bestial los tipos de interés, y no solo nos quitaron la carga de la
deuda, sino que además permitieron impulsar nuestras exportaciones de
manea muy importante con el debilitamiento del euro, con un barril de
Brent que cayó casi a una cuarta parte desde el pico de más de cien
euros; después de todo aquello entiendo el optimismo y entiendo que
después de tantos años sin hacer demasiado aprovechen estas oportunidades
para hacer autobombo.
Pero, si realmente estamos comprometidos con el cambio, creo que lo que
hay que hacer en esta Comisión es hablar de las reformas que realmente
queremos hacer. Hubo una reforma, es cierto, del sector financiero muy
significativa, pero es que tampoco fue mérito suyo. La reforma venía
impuesta por el MOU, después de que ustedes durante más de una década se
dedicaran a colonizar las cajas de ahorro y montaran el sistema
financiero más absolutamente desequilibrado del mundo, que creó una
burbuja financiera tremenda, que es la que estamos pagando hoy. Por
tanto, entiendo sus ganas de optimismo pero creo que queda muchísimo por
hacer en este país, que el conformismo es el peor enemigo del progreso
pero que probablemente tenemos que hablar en serio y hacer reformas de
verdad. Insisto en que es una pena que no se hicieran reformas educativas
en la universidad y en las escuelas, que no se hicieran reformas serias
para avanzar en un mercado laboral un poco más adaptado al siglo XXI, con
refuerzo de las políticas activas y demás, que son las claves de la
productividad. Realmente, nos debemos centrar en eso, en discutir sobre
lo que tenemos que hacer, no en darnos autobombo, cuando tenemos un
escenario tan desastroso a nivel social y en términos de competitividad
igual de mal que entonces, porque no se ha tocado ninguna de las medidas
claves -antes hablábamos de talento y de capital humano- dirigidas a
potenciar el crecimiento de la productividad en el futuro.
Dicho esto, nos parece adecuado hablar del futuro del país, aunque la
parte de autobombo no la compramos, y veremos si nos abstendremos o
votaremos a favor; tenemos que decidirlo ahora.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roldán.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra don Alberto Montero.
El señor MONTERO SOLER: Gracias, señor presidente.
Como ocurre tantas veces, nos encontramos con una proposición no de ley
del Grupo Popular sin ningún tipo de contenido ni concreción más allá de
su argumentario tradicional, sobre todo en términos cuantitativos. Nos
suelta una retahíla de datos acerca de lo bien que han ido los años de su
anterior mandato y lo mal que fueron los años del Gobierno del Partido
Socialista que lo precedió, y da una vuelta de tuerca más, porque lo que
se propone es que firmemos un manifiesto desde el Congreso de los
Diputados apoyando la necesidad de reformas, sin concretar ninguna, y
estableciendo relaciones de causalidad que quizás sean cuestionables.
Deberíamos tratar de revisar la máxima latina post hoc ergo propter hoc,
porque a veces que ocurra algo después de que suceda tal o cual cosa no
implica de forma necesaria una relación de causalidad. De hecho, la
recuperación económica y la creación de empleo se produjo básicamente a
pesar de las políticas de austeridad, no gracias a ellas, y se produjo
esencialmente como consecuencia del aprovechamiento intenso de los
vientos de cola que hasta el propio ministro De Guindos en comparecencia
en esta Comisión reconoció, lo mismo que reconoció el riesgo que tenía
para la economía española la ralentización de esos vientos de cola al
pasar del vendaval a una ligera brisa primaveral porque se podía traducir
en un importante impacto sobre la economía española.
Se alude a una mejora de la competitividad y al cambio de modelo, pasando
de uno basado en el sector de la construcción a otro apoyado en empresas
más sólidas, que no sé exactamente cuáles son, aunque no deberíamos dejar
de poner de manifiesto que el 50 % de los nuevos cotizantes a la
Seguridad
Social vienen en este último mes del sector de la construcción, algo
curioso como paradigma o como señal indicativa del cambio en el modelo
productivo. También se habla de la enorme reducción del déficit, pero se
olvida la cuestión de la deuda. El Grupo Popular olvida que cuando
llegaron al Gobierno la deuda pública, en porcentaje del PIB, estaba en
el 69,5 % en el año 2011 y que ahora mismo está en el 100 %; y así hasta
yo reduzco el déficit. Nos olvidamos de las declaraciones de Mario
Draghi, que fueron las que estimularon la caída en la prima de riesgo, y
no otra cosa, junto con la atracción de inversión hacia la deuda pública
española: aquello de haremos todo lo necesario y sus consecuencias.
Olvidan que, según el Colegio de Registradores de la Propiedad, el año
pasado fue el punto de la serie histórica en que más empresas se
destruyeron en España, 27.000, casi 500 a la semana, de modo que tampoco
es como para tirar muchos cohetes. Olvidan que el dinamismo en las
exportaciones de las grandes empresas obedece a la ralentización de la
demanda interna: basta comparar los últimos datos sobre competitividad y
exportaciones publicadas en Contabilidad Nacional de la semana pasada. Se
olvida que las reformas laborales han intensificado la especialización
externa, fundamentalmente en sectores de bajo valor añadido. Se olvida
que la mayor reclamación de las pequeñas y medianas empresas de este país
en estos momentos y su mayor preocupación, expresada en distintas
encuestas, es la falta de ventas, como consecuencia de la devaluación
salarial y las políticas de austeridad.
Y puestos a dar datos positivos, nosotros aportamos...
El señor PRESIDENTE: Señor Montero, le queda medio minuto.
El señor MONTERO SOLER: Ya, si esto no tiene mucho más misterio, señor
presidente.
Puestos a dar datos en positivo, nosotros los damos en negativo, y, como
la proposición no de ley no tiene más contenido que la firma de un
manifiesto, no le vamos a firmar el manifiesto, señora Palmer, lo
sentimos mucho.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montero.
Finalmente y solamente a los efectos de manifestar si se admite o no la
enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora
Palmer.
La señora PALMER TOUS: No, no se admite. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Se votará entonces en sus propios
términos.
- SOBRE LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO SOLIDARIO A LOS BANCOS. PRESENTADA
POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN
MAREA. (Número de expediente 161/001270).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley sobre
imposición de un impuesto solidario a los bancos, presentada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para
su defensa, tiene la palabra su portavoz.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, señor presidente.
Presentamos hoy esta proposición no de ley para la creación de un impuesto
solidario a la banca privada que recibió ayudas públicas. En lo que
llevamos de legislatura ya hemos presentado diferentes iniciativas sobre
la banca, a favor de la creación de un polo de banca pública, del que
forme parte la banca nacionalizada, Bankia, BMN, etcétera, o de la
creación de una comisión de investigación para depurar las
responsabilidades del desastre absoluto que ha supuesto la gestión del
sistema financiero español, tanto las de los gestores como las políticas.
Esta es una cuestión fundamental y central en el modelo económico español
y en la situación política de estos momentos.
Según el informe de fiscalización de la reestructuración financiera que
llevó a cabo el Tribunal de Cuentas correspondiente a los ejercicios 2009
y 2015, el coste total del rescate bancario fue de más de 60.000 millones
de euros. Según el Banco de España se ha recuperado poco más del 5 % de
las ayudas públicas que se dieron a las entidades financieras rescatadas,
y difícilmente se va a recuperar más si se continúa con la misma política
y no se hace nada. El montante de esas ayudas públicas es brutal: 60.000
millones de euros. Si vamos entidad por entidad, vemos que las cifras son
astronómicas: Cataluña Caixa, más de 12.000 millones de euros, más del 1
% del PIB, vendida a BBVA por más de 1.000 millones de euros, 1.600
trabajadores despedidos y 42 directivos en diversos procesos judiciales.
Bankia,
12.300 millones de euros de rescate y el daño hecho a accionistas,
preferentistas, el expolio y el robo cometidos, así como los casos de
corrupción alrededor de su gestión. La CAM recibió más de 11.000 millones
de euros y se vendió al Banco de Sabadell por un euro. Novacaixa Galicia,
rescate de más de 9.000 millones de euros y vendida a Banesco por 1.003
millones de euros. Probablemente estas ventas se realizaron en momentos
poco oportunos, y en algunos casos casi se podría hablar de regalos más
que de otra cosa, por ejemplo, el Banco de Valencia, vendido por un euro.
A todo esto hay que añadir que hay 250 directivos de bancos imputados y
en diferentes situaciones judiciales. Esta es la situación actual del
rescate bancario.
El Gobierno de España tenía y tiene un compromiso. En el año 2011 la
entonces vicepresidenta, doña Elena Salgado, dijo que la reestructuración
del sistema no debía tener coste para el contribuyente ni déficit para el
Estado. Santa Llúcia le conservi la vista, como decimos en catalán. En el
año 2012, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría,
dijo: Que el rescate no cueste ni un euro al contribuyente. En parecidos
términos se expresó el ministro de Economía, Luis de Guindos: El rescate
bancario no tendrá coste para los ciudadanos. El presidente Rajoy dijo
cosas parecidas. En definitiva, todos dijeron que no tenía que tener
coste alguno para las ciudadanas y los ciudadanos.
Desde el punto de vista fiscal, tenemos un sector financiero privilegiado
por los bajos tipos de interés del Banco Central Europeo, porque a partir
de 2014, 2015, 2016 los bancos han tenido beneficios. Esto contrasta con
la realidad social de España, que tiene mucho que ver con lo sucedido con
los bancos. El tipo de crisis que hemos tenido, cuyo epicentro fue el
estallido de la burbuja inmobiliaria, causada fundamentalmente por los
bancos y las cajas, ha generado un enorme coste social en términos de
desempleo, de precariedad, de desahucios, de pisos vacíos, y además de
déficit y de deuda pública. También ha tenido un coste posterior al
estallido de la burbuja inmobiliaria, que han sido las políticas de
austeridad y de recortes. Se ha producido una verdadera transferencia, es
decir, se han hecho recortes en prestaciones sociales, que pagamos entre
todos, y se han llevado esas cantidades al rescate bancario. En Educación
se han recortado 3.000 millones; en Sanidad, 7.000 millones; también en
dependencia, en cooperación, en cultura, etcétera. Esos dos fenómenos, el
estallido de la burbuja inmobiliaria y las políticas de austeridad del
Gobierno, han provocado una situación social que retrataba hace pocos
días la propia Comisión Europea: 1 de cada 8 trabajadores está en riesgo
de pobreza; el 28 % de los ciudadanos está en riesgo de exclusión social,
siendo un tercio de ellos niños y niñas; 1 de cada 4 contratos firmados
en 2016 tiene una duración inferior a siete días; hay un 40 % de paro
juvenil; hay mucha gente en España que no puede vivir de su trabajo, que
es el fenómeno que conocemos como los trabajadores pobres. Eso es
consecuencia de la factura social que han provocado tanto la crisis del
sistema financiero español como el rescate financiero y las políticas del
Gobierno.
La banca en nuestro país ha sido generadora de graves problemas sociales,
de corrupción y una amenaza para los consumidores y para la propia
economía española. Hace unos días, en La Vanguardia, un exconsejero del
Banco de España, Guillermo López Casasnovas, relataba -entonando un poco
el mea culpa- cuáles han sido las malas prácticas bancarias, que parece
que en su momento pasaron por delante de los Gobiernos de turno, del
Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores:
participaciones preferentes, deuda subordinada, productos de riesgo
colocados en muchos casos a población vulnerable sin los conocimientos
financieros adecuados, swaps vendidos a personas inadecuadas, bonos de
alto riesgo, etcétera. Y qué decir de las hipotecas: gastos notariales y
otros de formalización de las hipotecas facturados a los clientes,
cláusulas suelo, IRPH, hipotecas con préstamos muy elevados sobre el
valor de garantía. Ha habido toda una serie de malas prácticas que
indican que el sistema financiero español ha sido una máquina de generar
corrupción y graves problemas sociales para los consumidores, así como
también graves problemas de carácter sistémico para la propia economía
española.
¿Qué es lo que proponemos? Reducir esa factura social y que el Gobierno
cumpla con el compromiso de que efectivamente a la ciudadanía finalmente
no le cueste ni un euro el rescate bancario; que los bancos rescatados
devuelvan el dinero que han recibido de las enormes ayudas públicas, que
han sido de las más elevadas del conjunto de Europa. Proponemos la
creación de este impuesto solidario a los bancos privados que tenga como
objetivo recuperar esas ayudas públicas. Nos parece que es una cuestión
ética, de justicia y que es un compromiso de los distintos Gobiernos.
Además, recuperar ese dinero es una necesidad económica y social, ya que
efectivamente tenemos un Estado del bienestar que necesita recursos para
poder mantenerse.
Por todas estas razones, solicitamos el apoyo del resto de los grupos
parlamentarios. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, y por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra el
señor Lasarte.
El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señor presidente.
Señorías, Cataluña Caixa, Bankia, antigua Caja Madrid, Bancaja, Caja de
Ahorros del Mediterráneo, Novacaixa Galicia, Caja Castilla La Mancha,
Unnim Banc, resultado de la fusión de Caixa Sabadell, Caixa Manlleu,
Caixa Terrassa y un banco privado, el Banco de Valencia, aparecen
mencionadas en la iniciativa de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Es
una lista luctuosa de cajas de ahorro españolas rescatadas de la quiebra
con dinero público, adquiridas por otras entidades de crédito privadas
sanas o entre las que se produjo un proceso de fusiones que dieron lugar
a nuevos bancos.
Creo que de la iniciativa se pueden extraer varias conclusiones. En primer
lugar, que la crisis financiera internacional se tradujo en España en la
quiebra del modelo de cajas de ahorro que existía en este país; que a
pesar de que hubo cajas bien gestionadas, el sistema era endeble y
contenía elementos de perversión que acabó con ellas. Resulta cuando
menos curioso que Podemos no ponga en cuestión ese modelo y presente
otras iniciativas a favor de la restauración de una banca pública basada
en ese mismo sistema de cajas fracasado y ruinoso para todos los
españoles. En segundo lugar, plantea crear un impuesto a los bancos que
han recibido ayudas públicas, lo que podría suponer que una parte muy
significativa de esos impuestos los pagáramos los contribuyentes
-conviene recordar que el Estado posee el 65 % de las acciones de Bankia
o Banco Mare Nostrum-. Esto daría una ventaja competitiva a los bancos
privados que no han recibido ayuda frente a las entidades públicas o
bancos privados resultantes de fusiones de cajas que todavía se
encuentran en plena digestión del proceso y cuya actividad financiera no
está exenta de riesgos. Además, no se puede fijar un impuesto solo a
bancos privados y no al resto del sistema financiero; Europa lo vetaría.
Estando de acuerdo con el objetivo de recuperar ayudas públicas
destinadas al sistema financiero, la herramienta no nos parece la mejor,
porque plantea el nuevo impuesto con carácter temporal, cuando lo que hay
que hacer, a nuestro juicio, es una reforma fiscal en su conjunto, y del
sistema bancario en particular, con un carácter estructural.
En tercer lugar, se plantea un debate interesante en relación con la
fiscalidad a las entidades de crédito -nos parece oportuno hablar de qué
tenemos que hacer para que en este país no se vuelva a repetir lo que ha
sucedido con el impacto de la crisis financiera- y con qué hacemos para
recuperar el máximo de la aportación hecha por todos los españoles al
conjunto del sistema financiero de este país. El coste total de las
medidas de recapitalización y rescate y protección de activos han
supuesto en España el 8,5 % del PIB, frente al 4,94 % del conjunto de la
Unión Europea. El Grupo Socialista es partidario de un sistema financiero
eficiente, sólido y competitivo que dé servicio a la sociedad y a las
empresas para facilitar el crecimiento económico, la generación de
riqueza y la creación de empleos de calidad, y que contribuya
fiscalmente, como el resto de empresas y contribuyentes, al sostenimiento
de las finanzas públicas; pero tiene un negocio tan específico, cuya
actividad tiene un gran impacto sobre el conjunto de la economía, que le
confiere un carácter especial. A nuestro juicio, la actividad financiera
en España está infragravada, máxime cuando la actividad financiera tiende
a crecer y a generar problemas sistémicos al conjunto de la actividad
económica y también cuando el sistema financiero está subsidiado de
alguna forma: garantías de depósitos, avales bancarios, garantías de que
los bancos no van a quebrar, etcétera.
En el marco de una reforma fiscal que genere recursos suficientes para el
sostenimiento de los servicios públicos y el mantenimiento y mejora de
nuestro Estado del bienestar, somos partidarios de articular para el
sector dos medidas fiscales específicas, en línea con las actuaciones más
novedosas en países del norte de Europa y con las recomendaciones del
FMI. En primer lugar, la conocida como tasa Tobin o impuesto sobre las
transacciones financieras. Por ello, en nuestra enmienda instamos al
Gobierno a cumplir el acuerdo de la Comisión de Hacienda del pasado 25 de
octubre de 2016, apoyando las actuaciones necesarias para la aprobación
de un impuesto a las transacciones financieras que tenga como
prioridad...
El señor PRESIDENTE: Señor Lasarte, tiene que ir terminando.
El señor LASARTE IRIBARREN: Termino, señor presidente.
...reducir drásticamente la especulación en los mercados financieros.
En segundo lugar -acabo ya con este punto-, un impuesto sobre la actividad
financiera. Instamos al Gobierno a iniciar los trabajos para poner en
marcha un impuesto sobre la actividad bancaria, en el
marco de la cooperación financiera europea, consistente en un impuesto al
sistema financiero sobre la suma de los beneficios y las remuneraciones,
en el contexto de una reforma fiscal integral que busque la generación de
recursos suficientes para el sostenimiento de los servicios públicos y la
mejora del Estado del bienestar. También -termino ya, señor presidente-,
para recuperar las ayudas a los bancos.
Estamos esperando una transaccional...
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.
El señor LASARTE IRIBARREN: ...con el grupo proponente, y según el
resultado optaremos por la abstención o votaremos a favor.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lasarte.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Nuevamente me voy a repetir
sobre el tema de impuestos. Nosotros tenemos un sistema foral y, por
tanto, la capacidad normativa. Por ese motivo, no vamos a apoyar esta
proposición no de ley.
Sin embargo, queremos decir que la crisis económica y financiera iniciada
en el año 2008 en gran medida se desencadenó por prácticas inadecuadas en
el sector financiero, lo que generó consecuencias en las economías de
muchos países. La complicada situación creada por esta crisis ha dado
lugar a un amplio consenso internacional acerca de que el sector
financiero internalice el costo social que han podido tener algunos
comportamientos especulativos; todo esto, teniendo en cuenta los elevados
fondos públicos invertidos en rescates financieros en un entorno en el
que se percibe que los bancos pagan pocos impuestos. Necesitamos regresar
a un mundo en el que el sistema financiero vuelva a su función
instrumental, a mediar entre el ahorro y las actividades productivas.
Esto lo digo porque ese dinero es interesante para impulsar la
innovación, consolidar el pilar social e incluso para rescatar a personas
de la marginación. Por ello, abogamos por un impuesto europeo, como es la
tasa Tobin, ya citada por el portavoz del Grupo Socialista, ya que es un
impuesto que no perjudica a los usuarios de los servicios bancarios, sino
que está destinado a gravar la compraventa de activos financieros, unas
operaciones que no son precisamente cotidianas para la inmensa mayoría de
los europeos. Repito que abogamos por un impuesto como la tasa Tobin,
pero no por lo que plantea la PNL.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el
señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
En líneas generales, estamos a favor, porque esta PNL de Podemos da una
oportunidad al presidente Rajoy, que dijo que aquel rescate no era un
rescate -ahora no recuerdo el eufemismo, pero quizá alguno de ustedes me
podrá ayudar- y que no tendría ningún coste. Quizá esta sería la forma de
que, con todos los costes que se han enumerado ya, finalmente no tuviese
ningún coste social. Nosotros ya dijimos que estábamos a favor de un
impuesto de transacciones financieras para reducir la especulación.
Entendemos que la banca debe avanzar en la unión bancaria europea y, por
tanto, estamos de acuerdo con la cooperación financiera europea. Sin
embargo, al mismo tiempo existe el arraigo en el territorio, y por eso
creemos en la capacidad de las regiones europeas, o de las comunidades
autónomas, para legislar. Ahí encontramos un vacío; es decir, habrá que
desarrollar más ese punto.
Estamos de acuerdo con lo expuesto por el portavoz del PSOE sobre la tasa
Tobin y, por tanto, a pesar de que el sí a la proposición de Podemos va
por delante, estudiaremos con interés la transacción.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Rodrigo Gómez
García.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías de Unidos Podemos, podríamos estar de acuerdo en el diagnóstico
sobre el rescate bancario, aunque parece que se les ha olvidado en su
relato -supongo que será un despiste- citar que en esos
consejos de administración de las cajas de ahorro también estaba Izquierda
Unida, que ahora se encuentra en su grupo. Supongo, como digo, que habrá
sido un despiste sin ninguna mala intención.
Estando de acuerdo en el diagnóstico, no lo estamos con las soluciones que
ustedes proponen, porque las únicas medidas que se les ocurren son subir
impuestos. No tienen otras medidas ni otras soluciones. Eso sí, lo
llamamos impuesto solidario a los bancos, que queda muy bien en los
titulares de prensa y que es muy electoralista y muy populista. Es un
impuesto de escasa eficacia y de consecuencias bastante perversas.
Señorías de Unidos Podemos, ¿qué pasa con aquellos pequeños ahorradores
que compraron en su día acciones de esas entidades privadas? ¿Además de
que tuvieron que soportar el rescate, como lo hemos hecho el resto de los
españoles, ahora se les va a repercutir otro impuesto? Creemos que esta
no es la solución, porque ese impuesto perjudicaría la solvencia de esas
entidades que están intentando salir a flote y no se recuperaría
finalmente el dinero.
En lo que sí estamos de acuerdo con ustedes, y ha quedado patente con la
Comisión de investigación que se ha creado -por cierto, tanto el Grupo
Popular como el Grupo Socialista bloquearon hasta dos veces la propuesta
que hizo mi partido, pero por fin ha salido adelante esa comisión de
investigación-, es en que hay que esclarecer las causas que llevaron a la
quiebra a las cajas de ahorro, con su posterior rescate público, que nos
ha costado a todos los españoles más de de 60.000 millones de euros; nada
más y nada menos. Esa comisión, como digo, debe servir para dilucidar las
causas que llevaron al rescate financiero español y depurar las posibles
responsabilidades políticas que se pudieran derivar. Pero si de verdad
queremos que esa Comisión sea útil, que sirva para algo, tiene que ir a
algo más, porque si no solo se llenarán páginas y páginas de periódicos,
pero a los españoles no les habrá servido para nada. Esa Comisión debe
mirar hacia el futuro y en ella debemos trabajar para buscar soluciones,
para tratar de recuperar todas las ayudas que recibieron las entidades
rescatadas y, al mismo tiempo, habrá que proponer las medidas necesarias
para mejorar la gobernanza de las entidades y que no vuelva a ocurrir lo
mismo.
Por cuestiones de fondo, por la escasa eficacia, por las consecuencias
perversas que tendría poner un impuesto como el que solicitan y por
cuestiones de forma, porque creemos que el lugar adecuado para proponer
medidas en esa Comisión de investigación, votaremos en contra de esta
proposición no de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez García.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
don Eloy Suárez.
El señor SUÁREZ LAMATA: Muchas gracias, señor presidente.
Parafraseando a algún portavoz de Podemos que ha intervenido
anteriormente, diré que esta es la clásica proposición no de ley con un
argumentario muy tradicional, con retahílas de cosas negativas, y en la
que inciden -siempre es así- en lo mal que lo ha hecho y lo hace el
Partido Popular. Hay palabras, que nos suenan de todos los días, como
absoluto, etcétera. En definitiva, la clásica iniciativa semanal de
Podemos frente a algo, porque en este Parlamento parece que es
fundamental que siempre haya enfrentamientos. Puedo compartir con los
intervinientes algunas de las cosas que se han dicho, fundamentalmente
que en algunas entidades financieras las cosas se hicieron mal. Pero
dicho esto, lo que no pueden olvidar sus señorías es que fue este
Gobierno el que propició que aquellas personas que actuaron mal en estos
momentos estén sentadas en los banquillos; después, la justicia dirá.
No podemos compartir esta iniciativa por varias cuestiones. Es
reiterativa, y lo acabo de decir, porque recuerdo que en enero de 2016
Podemos planteó una cuestión de este tipo, y lo que pasó fue que a los
quince minutos tuvieron que retirarla porque no se sostenía, porque
suponía incrementar los impuestos a los bancos hasta un tipo del cuarenta
y tantos por ciento. Yo les había oído hablar de que el coste del rescate
supuso hasta 200.000 millones, y hoy parece ser que lo cifran en 60.000.
Me alegro. Tampoco podemos apoyarla porque es la típica iniciativa
populista.
Oyendo a muchos de los intervinientes da la sensación de que en la crisis
solo han intervenido los bancos, que este ha sido un fenómeno exclusivo
de España, y que el comportamiento de la banca en España ha sido mucho
peor que el que ha habido en otros países. Yo les oigo y me da la
sensación de que en otros países del mundo no ha habido rescates
bancarios. Al final, da la sensación de que en España lo hemos hecho peor
que nadie. Les voy a dar algunos datos. En Luxemburgo, el coste del
rescate bancario ha supuesto el 5 % del PIB; en Irlanda ha sido el 31 %
del PIB; en Alemania, han sido más de 8 puntos de PIB; en Grecia,
señorías, donde gobiernan los primos hermanos de Podemos, ha supuesto
el 22 %. Por cierto, tengo que decir que el rescate no ha sido igual de
eficaz en todos los sitios, porque a día de hoy en Grecia la banca vale
el 75 % menos que hace cuatro años.
Les quiero decir algo más. El rescate no fue una cosa caprichosa del
Gobierno de España. Les recuerdo que la prima de riesgo estaba en 550
puntos básicos y no circulaba el crédito. Señorías, sin crédito no hay
inversión, sin inversión no hay empleo, y si no hay empleo hay pobreza.
Con el FROB se estabilizó el sistema. Después de escuchar a muchos de los
intervinientes, no sé si la solución que hubieran propuesto hubiera sido
dejar caer la banca, con la pérdida de más de 200.000 millones de
pequeños ahorradores y de miles y miles de euros en impuestos. Parece que
esa es la solución por la que hubieran optado casi todos los
intervinientes que me han precedido.
Hay una cuestión más que me interesaría aclarar, que es la inconsistencia
de la propia iniciativa. Al final -y me refiero a la intervención del
portavoz de Podemos-, estamos ante el relato. Una cosa es la realidad y
otra es el relato que hábilmente maneja fundamentalmente Podemos, donde
se trata de dibujar un escenario que asuste incluso a los españoles y de
magnificar la cifra del rescate. Después de oírles me da la sensación de
que nadie a leído el informe del Tribunal de Cuentas, nadie. Decía el
portavoz de Podemos que la cantidad era fija. Pues no. El primer punto
que destaca el informe del Tribunal de Cuentas es que la estimación del
coste no se puede determinar definitivamente en tanto en cuanto no
finalice la reestructuración, y no ha acabado. El informe desconoce la
operativa contable del FROB y suma peras con manzanas.
El señor PRESIDENTE: Señor Suárez, tiene que ir terminando.
El señor SUÁREZ LAMATA: Es imposible sumar esas magnitudes. Pero les
quiero decir algo más. De esos 60.000 millones, 18.000 los han puesto los
bancos, luego no se puede contabilizar como una ayuda pública.
Evidentemente, según el informe, Bankia valía 12.000 millones. Si
descuentan todo, estaríamos hablando de 29.000 millones y no de 60.000.
Acabo, señor presidente. No vamos a apoyar esta iniciativa porque, al
final, quienes la soportarían serían, como siempre, los pequeños
ahorradores o si no se produciría una disminución del crédito que
llevaría a una disminución de la inversión y a menos empleo. Como
comprenderán sus señorías, no estamos para eso.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Suárez.
Terminada la intervención de los distintos grupos, y solamente a efectos
de manifestar si acepta o rechaza la enmienda presentada, tiene la
palabra el señor Vendrell.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Estamos trabajando en una enmienda
transaccional que pasaremos a la Mesa si llegamos a un acuerdo con los
grupos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.
- RELATIVA A IMPULSAR LA ADHESIÓN DE ESPAÑA AL SISTEMA EUROPEO DE PATENTE
UNITARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/001395).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley relativa a
impulsar la adhesión de España al Sistema europeo de patente unitaria,
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la iniciativa y por un tiempo máximo de diez minutos,
tiene la palabra la señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista para defender la proposición no de ley por la que el Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a adherirse al denominado Sistema
europeo de patente unitaria. Con mi exposición pretendo dar respuesta a
las siguientes preguntas: cuáles son los motivos por los que la
presentamos, por qué ahora y por qué precisamente aquí, en la Comisión de
Economía, Industria y Competitividad. En primer lugar, ¿por qué la
presentamos y defendemos? Primero, porque compartimos el fin último del
sistema que es conseguir un marco europeo idóneo para simplificar y
reducir costes en el proceso de obtención de patente en Europa,
así como facilitar una solución de litigios mediante un sistema unificado
que reduzca sus costes, al tiempo que aumenta la seguridad jurídica para
los usuarios. La ausencia de una patente de la Unión Europea barata y
sencilla constituye un freno a la innovación. Una de las desventajas que
se señalan ante la inversión en innovación en Europa es el coste y la
complejidad del proceso de solicitud de patentes. La obtención de una
protección de patente para los veintisiete Estados miembros de la Unión
Europea resulta al menos quince veces más cara que obtener una patente en
Estados Unidos, debido a los costes de traducción y las tasas legales. El
coste global de validación media de una patente europea se eleva a 12.500
euros si se valida únicamente en trece Estados miembros, y a más de
32.000 euros si se valida en el conjunto de la UE. Además, las
controversias relacionadas con patentes tienen que ser resueltas en
diferentes tribunales, lo que puede generar decisiones contradictorias en
distintos Estados miembros creando inseguridad jurídica. Por el
contrario, el Sistema de patente unitaria permite solicitar el registro
de una patente mediante una solicitud única con efecto en todos los
países del sistema, sin tener que hacer una nueva solicitud en cada uno
de los países y con jurisdicción propia ante el Tribunal Unificado de
Patentes. Segundo, porque un marco adecuado de propiedad industrial es
básico para el éxito en la transformación de nuestro modelo productivo.
Es clave para el desarrollo e impacto de las actividades industriales
basadas en inversiones en I+D+I en la nueva economía del conocimiento. Y
con un sistema menos fragmentado y transparente se podrían conseguir y
gestionar mejor nuevos flujos de ingresos derivados de la explotación de
los derechos de propiedad industrial, que podrían reinvertirse en
investigación. Pero la gestión de la propiedad industrial continúa siendo
una asignatura pendiente para Europa y especialmente para España, con un
escenario en el que el ritmo de solicitudes de patentes es claramente
deficiente. Según datos de la WIPO, World Intellectual Property
Organization, mientras que en Corea se solicitaron en 2014 más de 3.000
patentes por millón de habitantes, en la eurozona se solicitaron 460 y en
países como España menos de 100. Los datos de 2015 no son mejores, se ha
producido un descenso tanto en la eurozona como en España.
La segunda pregunta es por qué planteamos esta iniciativa ahora. Primero,
porque se han presentado recursos por parte del Gobierno de España que se
han perdido y no se han utilizado como herramienta de negociación y
acuerdo. Segundo, porque en estos momentos los únicos países no adheridos
al sistema de protección reforzada son España y Croacia, y este último no
era Estado miembro cuando se aprobaron los reglamentos. Los únicos países
que no han firmado el Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes son
España, Croacia y Polonia. En los últimos Consejos de Competitividad
europeos, en el de noviembre y en el de 20 de febrero, se ha acordado
avanzar en el sistema fijando la puesta en marcha del tribunal y, por
tanto, del sistema el 1 de diciembre de 2017. Ya han ratificado el
Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes doce Estados miembros,
Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, Francia, Italia, Luxemburgo,
Malta, Países Bajos, Portugal, Suecia y Finlandia. El acuerdo será
efectivo con la ratificación de trece Estados miembros, incluyendo a
Francia, Alemania y Reino Unido. Alemania y Reino Unido tienen en trámite
parlamentario su ratificación y se espera que se apruebe en los próximos
meses, con lo que la fecha prevista es más que previsible. Incluso es
posible que a partir del 1 de septiembre la Oficina Europea de Patentes
abra el plazo para incluir en las solicitudes de patentes que tengan
efecto de patente unitaria, aunque solo sean efectivas desde la entrada
en vigor del Tribunal Unificado de Patentes.
El mantenimiento de la posición del Gobierno español de oponerse al
Sistema de patente unitaria solo por el régimen lingüístico perjudicará
gravemente la competitividad de nuestras empresas y de nuestro proceso de
innovación una vez entre en vigor este sistema. El perjuicio que genera
el régimen lingüístico ya lo tiene cualquier empresa española que quiere
registrar su innovación como patente europea a través de la Oficina
Europea de Patentes, donde se utilizan el francés, el inglés y el alemán
como idiomas oficiales, pero si se queda fuera del nuevo sistema el daño
va a ser mayor. Las empresas españolas sufrirán una desventaja
competitiva en comparación con sus competidores de los países vecinos y
los mercados de exportación, que no estarán obligados a solicitar
protección nacional además de la patente unitaria. Asimismo, podrían
sufrir una desventaja similar en caso de litigio, si una de sus patentes
se infringe en sus mercados nacionales y en uno o varios mercados de
exportación. Además, la entrada en el Sistema de patente unitaria no es
incompatible con seguir defendiendo en el marco comunitario la
utilización del español como lengua de procedimiento ante la Oficina
Europea de Patentes. No se trata, señorías, de renunciar a la
reivindicación lingüística de nuestros territorios, pero esta
reivindicación no puede ser la causa para impedir que se avance en el
proyecto europeo. Desde dentro del sistema es más fácil convencer que
desde fuera. España no puede ni debe quedar al margen ni aislada.
Por otra parte, España debe contar como mínimo con una división local del
Tribunal de Patentes Unificado en nuestro territorio, que pueda operar en
lengua española y que podría ser referente para las empresas de habla
española de todo el mundo. Además, España debería aspirar a tener una
división regional o central del Tribunal. Es difícil, pero desde fuera
será imposible. La participación en el sistema mejoraría el atractivo
global de España como lugar de innovación e inversión. Facilitaría la
transferencia tecnológica extranjera a través de inversión extranjera
directa. La participación de España en el Sistema de patente unitaria
también podría suponer para las empresas españolas oportunidades de mayor
especialización e internacionalización.
Y tercero, señorías, la situación de Reino Unido después del brexit supone
una incógnita. En principio, el sistema solo es para los Estados miembros
y Reino Unido se encuentra en plena desconexión, aunque ya ha manifestado
su voluntad de ratificar el acuerdo. No sabemos qué ocurrirá con una de
las secciones especializadas del Tribunal Unificado de Patentes, la del
ámbito químico y farmacéutico, que en principio estaría ubicada en
Londres del mismo modo que la Agencia Europea del Medicamento. Una
agencia cuya sede están reivindicando varios territorios de España como
Alicante, Barcelona o Málaga. Posiblemente el Reino Unido ratifique su
adhesión y una vez dentro es difícil que salga, pero España, vuelvo a
insistir, no puede quedar al margen del debate y de este proyecto
político europeo. Es necesario que el Gobierno reconsidere su posición,
debe llegar a acuerdos y mostrar su capacidad de negociación que no ha
ejercido desde que se aprobaron los reglamentos. El Ministerio de
Economía, Industria y Competitividad debe aprovechar la oportunidad del
momento: España es muy necesaria para el proyecto europeo y el proyecto
europeo es imprescindible para España. Los socialistas los tenemos claro
porque somos muy europeístas.
Por último, quería explicar por qué defendemos esta proposición no de ley
en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad. En primer lugar,
porque según el organigrama del ministerio, la gestión de la Oficina
Española de Patentes y Marcas es de su competencia tras el traspaso de
las competencias de Industria al Ministerio de Economía tal como aparece
en la web. En segundo lugar, porque nos preocupó que a pesar de ser de su
competencia, el ministro no mencionara en su comparecencia del pasado mes
de enero entre sus prioridades para la legislatura ninguna estrategia
para el impulso de la propiedad industrial e intelectual. No solo no
realizó ninguna mención al respecto, sino que tampoco nos contestó sobre
la posición de España en el Sistema de patente unitaria. En tercer lugar,
porque tal como indicó en su comparecencia, sí forma parte de sus
prioridades que España contribuya a profundizar en el proyecto europeo, y
esta puede ser una muy buena ocasión para demostrarlo. Cuarto, como
también indicó, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad es
el principal interlocutor ante las instituciones europeas en el ámbito
económico, y este verdaderamente es un asunto muy importante en dicho
ámbito. Y en quinto lugar, en un momento en el que se está debatiendo el
futuro de la Unión Europea, España debe liderar la defensa de la Unión
por encima de otros intereses, y la aprobación de esta iniciativa es un
apoyo al proyecto europeo de la Unión por la innovación. Hoy aquí vendrá
reflejado quién apoya realmente el proyecto europeo y quién no.
Por todo lo expuesto, solicito el voto favorable de los grupos
parlamentarios para instar al Gobierno, primero, a realizar todas las
acciones necesarias para la adhesión al sistema de cooperación reforzada
entre Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito de la creación de
una protección unitaria mediante patente. Segundo, instar a la firma del
Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes. Tercero, la solicitud de
la ubicación en territorio español de la sede de la división
especializada del Tribunal Unificado de Patentes prevista en Londres. Y
por último, continuar defendiendo el español como lengua
científico-tecnológica en todos los ámbitos, como no podía ser de otro
modo. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.
A esta iniciativa no se han presentado enmiendas. Por lo tanto, pasamos al
turno de fijación de posiciones por orden de menor a mayor y por un
tiempo máximo de cinco minutos.
Por el Grupo Parlamentario Mixto intervendrá don Ferran Bel.
El señor BEL ACCENSI; Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré simplemente para posicionar a nuestro grupo y ya les avanzo
que vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley. De hecho, es
una propuesta que nuestro diputado, el señor Jordi Xuclà, ya había
planteado en términos muy similares. La incorporamos en el programa
electoral del Partit Demócrata y creemos que debería ser aprobada sin más
dilación. Más allá de la solicitud de ubicar en territorio del Estado
español una división especializada del Tribunal Unificado de Patentes,
con lo que, obviamente, podemos estar de acuerdo, consideramos proritario
adoptar todas las acciones necesarias
para que el Estado español se pueda adherir al sistema de cooperación
reforzada entre los Estados miembros en el ámbito de la creación de la
patente unitaria. No vamos a abundar en los argumentos que la proponente
ya ha expuesto, desde nuestra óptica de forma muy acertada, pero esta
dilación genera un sobrecoste para todas aquellas personas, emprendedores
y empresas que están trabajando y que tienen la posibilidad de patentar
su trabajo. En todo caso, lo único que hacemos es encarecerlo.
Por último, es curiosa la defensa que se plantea desde el Gobierno español
de la lengua castellana y, en cambio, el poco cuidado que tienen con
otras lenguas. Seguro que habrá otros discursos que van a abundar en esta
dirección. Nosotros no deberíamos mantener esta posición. En todo caso,
más allá de esta situación debemos pensar en las pequeñas y medianas
empresas y, también, en las grandes empresas, aunque, de hecho, esta
situación a quienes perjudica es a las pequeñas y medianas empresas, a
los emprendedores que están trabajando, a los que les va a generar un
sobrecoste porque la gran empresa puede soportarlo; en cambio para estos
colectivos que antes mencionaba es de difícil comprensión. Por tanto, no
esperamos solamente que se apruebe hoy esta iniciativa, que estamos
seguros que se va a aprobar, sino que el Gobierno cumpla rápidamente el
mandato que emergerá hoy desde el Congreso de los Diputados.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Muchas gracias, señor
presidente.
Vamos a apoyar esta PNL porque entendemos que existe una relación entre
patentes, innovación, competitividad, empleo y desarrollo económico. Y
además, la historia reciente parece demostrar que la tecnología y los
conocimientos son importantes factores de crecimiento económico y de
desarrollo. La relación entre patentes e innovación es estrecha aunque no
lineal, y el análisis económico muestra que la evolución de los países
hacia un sistema de derechos de propiedad intelectual más fuerte va
prácticamente en paralelo a su evolución de desarrollo económico. Estamos
en una economía del conocimiento, además con muchos conceptos
intangibles, y en esa economía saber quién es quién con un sólido sistema
de propiedad intelectual es interesante.
El Sistema de patente europea permite obtener protección mediante una
solicitud de patente directa con designación de aquellos Estados europeos
en que se quiere obtener protección y sean parte del Convenio sobre la
Patente Europea. Así, se puede obtener protección hasta en 38 países,
bastará con una solicitud única para el registro y supone eliminar
requisitos como los de validación y traducción, dando vía libre al acceso
de los inventores a los mercados de otros Estados miembros de una forma
más sencilla. Si España se queda fuera de este sistema significaría que
los tribunales españoles serían los únicos competentes para enjuiciar
estos supuestos cuando una patente tenga efectos en España y, por otro
lado, que para extender los efectos de una patente unitaria a España
habría que validar la licencia con el correspondiente pago de tasas,
etcétera. El hecho de que España no fuese participante podría ser una
gran desventaja para las empresas españolas, sobre todo porque si se
solicita la protección de su invención por esta vía, una patente europea
con efecto unitario procedente de un solicitante español sería
considerada como una patente alemana en cuanto Alemania es el país que
acoge la sede de la Oficina Europea de Patentes. Parece ser que la
principal traba española es una cuestión lingüística, pero también hay
que decir que cuando España se unió aceptó la decisión tomada en aquel
momento de que los idiomas de trabajo de la organización fueran tres:
inglés, francés y alemán. Entonces, por todo esto y dado que puede ser
beneficioso para nuestras empresas lograr mayor competitividad,
entendemos que no deberíamos quedarnos fuera de esta PNL.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el
señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Vaya por delante nuestro sí a esta PNL, aunque el resto de la intervención
va a ser muy negativa. (Risas). Lo digo por facilitar el trabajo.
Señorías, nacionalismo y más nacionalismo y de paso olvidan la
discriminación a las empresas catalanas que también tienen una lengua
romance y, además, muy accesible y fácil de aprender. Determinadas
posiciones, algunas de ellas defendidas por la CEOE de la
hemos recibido propuestas de enmienda hace pocas horas -supongo que porque
tampoco tenían mucha fe en nuestra capacidad enmendante-, solo demuestran
la poca educación del mundo empresarial español, por suerte no de todo,
pero lo cierto es que hay un mundo empresarial español muy rajoniano,
incapaz de aprender idiomas. Y señorías, como nos han dicho muchas veces,
el nacionalismo se cura viajando, son ustedes demasiado nacionalistas. Si
no aprenden inglés el problema no es cómo van a registrar ustedes sus
patentes, el problema es cómo puñetas van a exportar, el tema es
gravísimo. Enternece mucho el ejemplo del PSC de querer hacer la
revolución desde dentro y la verdad es que lo vemos con toda la simpatía
del mundo. Al final lo que vamos a hacer es votar favorablemente porque,
evidentemente, lo que más nos preocupa son los importantes costes para
las pymes no solo económicos, que también, sino administrativos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Rodrigo Gómez
García.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que si queremos ser un país de futuro, un país que innove, es
fundamental que nuestras invenciones estén protegidas adecuadamente,
principalmente en los mercado en los que más compiten, como es el caso de
la Unión Europea. La entrada en vigor del Sistema europeo de patente con
efecto unitario supondrá el cambio más importante en el sistema europeo
de patentes en los últimos cuarenta años. Actualmente, después de que
Italia se haya sumado al sistema, de los veintiocho países de la Unión
Europea solo quedan fuera Croacia y España. Entonces, mantener la no
adhesión al sistema por el régimen lingüístico no es sostenible. En
primer lugar, porque como ya se ha apuntado por los diferentes
intervinientes, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha
desestimado varios recursos interpuestos tanto por Italia como por
España. Y en segundo lugar, tampoco es sostenible mantener la no adhesión
por el régimen lingüístico porque es prácticamente similar al previsto en
el Convenio sobre la Patente Europea, firmado en Múnich en 1973, que está
vigente en España desde 1986. Por eso creemos más adecuado unirse al
sistema y una vez dentro, como apuntaba la proponente intentar introducir
las modificaciones en el régimen lingüístico o en aquellos otros puntos
que se considere conveniente. Creemos que debemos sumarnos al sistema
porque supondría una ventaja significativa al reducir los costes tanto
económicos como burocráticos en la protección de la invención, ya que se
obtiene en todos los países de la Unión Europea con una solicitud única.
Además, con la inscripción en el registro para la protección unitaria
mediante patente se obtiene protección uniforme en todos los Estados
participantes.
Con respecto a la solicitud de la proposición no de ley de ubicar en
España una de las sedes de la división especializada del Tribunal
Unificado de Patentes que estaba previsto ubicar en Londres, por supuesto
estamos a favor, faltaría más, ojalá venga a España esa sede. Lo que
ocurre es que en este punto tenemos que señalar que no ayuda mucho que
tanto los Gobiernos del Partido Popular como los del Partido Socialista
hayan bloqueado desde el año 2000 la adhesión de España a este nuevo
sistema. Querer pedir ahora una sede cuando llevamos años bloqueando el
sistema no parece la forma más adecuada, aunque eso sí, tenemos un punto
a favor y es que la Oficina Europea de Patentes se encuentra en Alicante.
Para terminar, señor presidente, si de verdad queremos cambiar el modelo
productivo de España, desde Ciudadanos consideramos absolutamente
necesario e imprescindible un aumento sustancial de la inversión en I+D+I
y, por supuesto, una mayor protección de patentes. Por lo tanto, creemos
que esta medida abaratará los costes de la patente y facilita su
efectividad en mayor número de países, por lo que votaremos a favor de
esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez García.
Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Me gustaría empezar mi intervención con una pequeña reflexión sobre qué
importancia o prioridad se da en los asuntos europeos a la presencia y la
fuerza de España en los procesos de negociación y articulación de
mecanismos unitarios como en este caso la patente unitaria. Está claro
que ni los recursos
ni el poder de negociación del Gobierno español han sido suficientes para
incluir el castellano como lengua de trabajo. Y creo que debemos
reflexionar, efectivamente, sobre el escaso peso y atención que se dedica
a los asuntos europeos. Para muestra un botón, estamos solo a unos meses
de la entrada en vigor de la patente unitaria y prácticamente no ha
habido debate político ni sabemos en qué posición estamos, nos quedamos
únicamente con ser una de las economías más fuertes de la Unión Europea
fuera.
Mi grupo va a apoyar esta proposición no de ley. Es cierto que es un tema
complejo, de gran trascendencia para nuestro sistema económico,
especialmente para nuestro sistema de I+D+I. Quiero recalcar que de los
argumentos expuestos por el Grupo Parlamentario Socialista, el no
quedarse fuera de este marco unitario de la Unión Europea me parece
fundamental. El coste de tener un mercado español de patentes y un
mercado europeo, que obligaría a empresas y organismos investigadores a
tener dos procesos de patentes si quisieran patentar sus productos y
servicios fuera de España, nos parece de suficiente importancia como para
apoyar que España se una a este acuerdo. Como han dicho los portavoces de
otros grupos parlamentarios, es prioritario trabajar para lograr o bien
la sede central, que ahora está entredicho a causa del brexit del Reino
Unido o, al menos, una sede regional que permita a las empresas y centros
de investigación españoles litigar en castellano.
Y no quisiera acabar mi intervención sin hacer dos apuntes más de fondo en
la materia que nos ocupa. Uno es sobre las patentes, consideramos que el
modelo actual de gestión de la propiedad intelectual se está agotando
rápidamente, está obsoleto, data prácticamente del siglo XIX. Creo que
nuestras economías deben replantearse seriamente unos cambios y una
reestructuración de fondo, ya que instrumentos como el copyleft o el
hardware de código abierto están cambiando muy rápidamente el concepto y
las herramientas de innovación. Es imperativo buscar nuevas fórmulas para
la innovación a la vez que se reconoce una ventaja competitiva para la
persona que inventa o innova. En segundo lugar, tenemos que replantearnos
y apostar seriamente por nuestro sistema de I+D+I -posiblemente lo
discutamos en otra proposición no de ley en esta misma sesión- porque, a
este paso, con los recortes, con la falta de atención que desde las
instituciones públicas se está dando a nuestra ciencia, a nuestro
personal investigador y a nuestro modelo de I+D+I, no tendremos nada que
patentar. Por lo tanto, apoyamos esta iniciativa, pero consideramos que
debe incluirse en una estrategia de más largo recorrido.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moraleja.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Tras una primera lectura de la iniciativa, he de reconocer que me
inclinaba claramente hacia un apoyo a la misma, pero a medida que
investigaba, leía antecedentes y hablaba con distintos interlocutores, mi
posición se hizo más firme y contraria. Quizás la iniciativa para los no
iniciados en el asunto puede parecer de sentido común: adherirse a una
iniciativa de la Comisión Europea y solicitar que una oficina europea se
instale en nuestro país. Eso nos gustaría a todos, pero la primera
sorpresa fue comprobar el cambio de postura en esta materia del Partido
Socialista - ya comentado por la diputada del Grupo Parlamentario
Socialista con lo cual queda explicado-, ya que desde la primera
propuesta de la Comisión, en el año 2000, de un reglamento del Consejo
sobre la patente comunitaria, España se manifestó contraria por razones
de seguridad jurídica y de no discriminación lingüística; oponiéndose a
propuestas que dejaran la lengua española en una posición secundaria,
como se ha comentado aquí, frente a las lenguas oficiales de la Oficina
Europea de Patentes que eran el inglés, el francés y el alemán. Esta
posición, defendida en sucesivos Consejos de Ministros de Competitividad
de la Unión Europea, contó con un amplio consenso político y el apoyo de
las organizaciones empresariales tanto con el Gobierno Socialista del
señor Rodríguez Zapatero como con los Gobiernos Populares del señor
Rajoy. Entonces había dos motivos importantes: la lengua y la
competitividad. Cabe recordar que la lengua española es idioma oficial en
Naciones Unidas y es la segunda lengua de comunicación internacional más
hablada después del inglés. Además, es idioma oficial en los sistemas de
propiedad industrial internacionales, tanto en la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual como en la Oficina de Propiedad Intelectual de
la Unión Europea. Por otra parte, entendemos que la defensa de la lengua
española como lengua tecnológica constituye una prioridad estratégica
para España, y este grupo parlamentario está comprometido en defender la
lengua española en el ámbito del derecho de la Unión Europea y de sus
instituciones. Me sorprende ver cómo
algunos partidos políticos que defienden su lengua como algo muy suyo y
muy de su territorio, ahora de repente defienden más el inglés que el
español, pero bueno cada uno verá lo que hace.
Por otro lado, este grupo parlamentario también es favorable a que los
operadores económicos puedan disfrutar en la Unión de un sistema de
propiedad industrial que responda a los principios de seguridad jurídica,
no discriminación y coste reducido y eficiente, para favorecer el mercado
de productos tecnológicos y la innovación en el ámbito de la Unión. La
propuesta de adhesión al sistema de cooperación reforzada entre Estados
miembros de la Unión Europea en el ámbito de la patente con efecto
unitario y la firma del Acuerdo sobre el Tribunal Unificado de Patentes
no cumplen, en opinión de este grupo parlamentario, con los criterios
mencionados y, por tanto, no creemos que sea bueno ni para las empresas
españolas ni para el interés general. ¿Por qué? Las razones que llevaron
en su momento al Gobierno Socialista y a los Gobiernos Populares a
rechazar las propuestas de reglamento de la Comisión Europea y que
obligaron a esta a tener que recurrir la cooperación reforzada relativa a
estos dos reglamentos continúan vigentes en estos momentos, entre ellas
los graves perjuicios que una reconsideración de posición representaría
para las empresas españolas. En efecto, los reglamentos constituyen una
doble discriminación: en primer lugar, respecto a la solicitud y
tramitación de patentes europeas, pues los solicitantes de ciertos países
pueden utilizar su idioma oficial, el inglés, el francés o alemán, y
otros como los españoles no. Y en segundo lugar, respecto a las patentes
europeas concedidas, por la exención de presentar traducción de las
patentes concedidas con efecto unitario, que en el caso de las empresas
españolas es bastante grave, ya que el 99,20 % de las patentes europeas
que se conceden cada año pertenecen a titulares no españoles. Y también
hay que destacar la merma de capacidad de innovación al no venir las
patentes unitarias publicadas en idioma español que sería lo que nos
beneficiase. Las empresas españolas se verían obligadas a tener que
respetar desde la adhesión más de 95.000 nuevas patentes europeas al año,
concedidas en lengua inglesa, francesa y alemana, sin traducción al
español. Y esto ocasionaría la consiguiente inseguridad jurídica y el
traslado de costes de los titulares foráneos de patentes a las empresas
españolas, cosa a tener en cuenta. Por otra parte, la ratificación del
Acuerdo del Tribunal Unificado de Patentes dará lugar a otras tres nuevas
situaciones de discriminación para las empresas españolas: las acciones
de nulidad directa -se ha hablado aquí de esto pero hay que explicarlo- y
las acciones de jactancia solo se podrán plantear en la lengua de
tramitación de la patente europea, es decir, francés, inglés o alemán,
ante la división central de dicho tribunal, no ante las divisiones
locales. Por tanto, nuestras empresas españolas deberán utilizar esa
lengua que no es la propia tanto para atacar la validez de una patente
europea de un tercero como para defenderse del ataque de un tercero
contra una patente europea propia.
El señor PRESIDENTE: Señora Moraleja, tiene que terminar.
La señora MORALEJA GÓMEZ: La segunda discriminación es que las acciones
por infracciones sí se podrán presentar ante la división local o
regional, pero si nosotros somos los demandados tendremos que asumir la
lengua que elija el demandante. Y lo último que queremos decir es que los
perjuicios de la ratificación por España de este tratado siguen siendo
enormes. Hay que señalar que aunque España no se adhiera a los
reglamentos y tratados citados, las empresas españolas podrán hacer uso,
si les interesa, de dichos sistemas cuando entren en vigor, al igual que
las empresas de otros países que no formen parte del sistema sean
europeas o no.
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señora Moraleja.
La señora MORALEJA GÓMEZ: En conclusión, por ser un sistema que privilegia
a las grandes empresas multinacionales extranjeras frente a las locales y
nacionales, no solo España, Polonia y Croacia no lo han firmado, sino que
otros Estados miembros tienen dudas y reticencias para ratificarlo. Por
tanto, las razones que motivaron que los sucesivos Gobiernos Socialistas
y del Partido Popular se opusieran a integrarse en el Sistema europeo de
patente unitaria persisten y no justifican ningún cambio de posición en
estos momentos.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Habiendo terminado esta iniciativa. Algunos
portavoces me han sugerido la posibilidad de volver a alterar el orden
del día precisamente porque alguno de los portavoces no se encuentra en
estos momentos. La propuesta que se me hace de alteración del orden del
día y que someto a la Comisión sería la siguiente, si la Comisión la
acepta bien, si no la acepta seguiríamos con lo previsto:
Discutir ahora la iniciativa presentada por el Grupo Vasco, a continuación
discutir la iniciativa presentada por el Grupo Mixto y finalmente, como
estaba, la iniciativa presentada por el Grupo de Esquerra Republicana de
Cataluña. ¿Le parece a la Comisión?
El señor MONTERO SOLER: ¿Puede repetir el orden?
El señor PRESIDENTE: Sí. Ahora discutiríamos en quinto lugar la iniciativa
del Grupo Vasco, a continuación la del Grupo Mixto y finalmente la del
Grupo de Esquerra Republicana. Por unanimidad se acuerda esta nueva
modificación del orden del día.
- RELATIVA A LA PRÓRROGA DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1.º DE LA LEY
1/2013, DE 14 DE MAYO, PARA LA MEDIDA DE MORATORIA DE LANZAMIENTO DE
DEUDORES HIPOTECARIOS DE SU VIVIENDA HABITUAL. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/001360).
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de su iniciativa relativa a la
prórroga del plazo previsto en el artículo 1.º de la Ley 1/2013, de 14 de
mayo, para la medida de moratoria de lanzamiento de deudores hipotecarios
de su vivienda habitual. Tiene la palabra por tiempo máximo de diez
minutos, doña Idoia Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias.
Quiero dar las gracias a los portavoces por este cambio en el orden del
día. Uno de los efectos de la crisis económica sobre los procesos de
ejecución hipotecaria ha sido además de la consolidación del papel del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea el replanteamiento de otras
figuras jurídicas como la prejudicialidad, la legitimación de los bancos
ejecutantes o el principio de preclusión. La crisis económica detectada a
partir del año 2007 es verdad que ha truncado las expectativas de muchas
familias que durante el llamado boom inmobiliario se unieron al clima
inversionista de aquellos años y se endeudaron para adquirir una
vivienda, cuyo pago ahora no pueden afrontar y esto se ha visto agravado
por la existencia de unos procedimientos de ejecución hipotecaria que
hasta ahora otorgaban una protección absoluta a los derechos del acreedor
en detrimento de la tutela del deudor hipotecado. La PNL que traemos a
esta Comisión tiene que ver con la pregunta realizada al ministro en la
Cámara que si bien no obtuvimos una respuesta desconocemos el contenido
concreto de la misma, por lo que queremos abordar este tema nuevamente
por su relevancia. Las ejecuciones hipotecarias de deudores de especial
vulnerabilidad. A raíz de la pregunta además hemos conocido casos
concretos a través de email de familias que se encuentran en esta
situación y que se muestran muy preocupados. Familias con nombres y
apellidos y no solamente números. Aunque si queremos números de
ejecuciones hipotecarias también las hay, ya que se iniciaron unas
72.900. Ya en la Ley 1/2013 se estableció una moratoria hasta mayo de
2015, dos años, para aquellos deudores hipotecarios de especial
vulnerabilidad que habían perdido su vivienda, pero no habían sido
lanzados de ella. Posteriormente, se amplió nuevamente este plazo por
Real Decreto-ley 1/2015 en dos años más, total cuatro años por el trámite
de urgencia y dentro de un paquete de medidas de diversa índole. Por
tanto, el plazo de la moratoria finaliza en mayor de 2017. En estas
regulaciones se ampliaba el colectivo y también algunos requisitos. Una
medida que en principio se estableció como excepcional y coyuntural en un
contexto de crisis económica y, por tanto, es verdad que fue una medida
provisional. También tenemos que decir que hay signos de recuperación
económica y esto supone que de ahora en adelante dará lugar a que haya
menos deudores hipotecarios. Lo cierto es que muchas familias continúan
en esta situación. Situación de vulnerabilidad y precariedad. Se habla de
unas 24.000 familias con viviendas subastadas y que han podido acogerse a
esta moratoria. Dado además que vence este plazo, entendemos que es el
momento para abordar esta situación. Para dotar a estas familias de una
seguridad jurídica y, en definitiva, para que estas personas, que se
encuentren en estas situaciones, puedan reemprender su vida. Porque a
pesar de que el ministro de Economía dijo que estaba preparando una
regulación para esta prórroga lo cierto es que desconocemos su contenido,
plazos, requisitos, ampliación de colectivos, etcétera. No podemos
conformarnos con remiendos puntuales delante de injusticias que han
provocado en algunos casos hasta el desastre de familias y personas.
Personas que por las sacudidas de la crisis han perdido, en primer lugar,
su empleo y, después, la vivienda habitual por la imposibilidad de hacer
frente a los pagos mensuales de su hipoteca, con lo que supone esto de
marginación y exclusión social. Si creemos que hay que abordar una
reforma profunda que se ponga al día con la normativa europea, sea
adecuada a las necesidades sociales y a las posibilidades de
estas personas, además de las medidas necesarias para generar riqueza y
empleo. Estas familias necesitan medidas definitivas no remiendos. De tal
forma, que, a pesar de que haya una prórroga -y entendemos que esto tiene
que ser una situación transitoria-, estas situaciones se tienen que
contemplar en la legislación hipotecaria de forma concreta, con
requisitos para dar una salida definitiva a situaciones de tipo por lo
que también que habrá que abordar este tema nuevamente y ser muchísimo
más concretos en esa regulación o en esa posible regulación hipotecaria
que va a tener lugar en breve. Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
En defensa de las enmiendas presentadas y por un tiempo máximo de cinco
minutos tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, doña Lucía Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Muchas gracias.
De nuevo tenemos la oportunidad hoy para hablar sobre la moratoria de
desahucios que el ministro De Guindos puso en marcha y anunció a bombo y
platillo hace cuatro años como la gran solución al tsunami de desahucios
que estaba ocurriendo. Es curioso que nunca nadie del Partido Popular
recuerda que esas medidas llegaran a la vez que su partido tumbaba una
ILP impulsada por la plataforma de afectados por la hipoteca que había
llegado al Congreso después de recoger un millón y medio de firmas y que
contenía propuestas factibles que habrían supuesto soluciones efectivas y
definitivas para las familias afectadas: la dación en pago, la
paralización de los desahucios de vivienda habitual y alquiler social
para esas familias y el desarrollo de un parque público de alquiler con
las viviendas vacías de las entidades financieras. Hace cuatro días se
conocía la cifra de desahucios con la que se cerró 2016 más de 60.000 en
todo el Estado y ya llevamos más de medio millón desde que en 2.008
estalló la burbuja inmobiliaria. Una burbuja que, tanto Gobiernos del
Partido Popular como del PSOE se dedicaron a fomentar bajo el mantra de
que más oferta rebajaría los precios, ya hemos visto cuáles han sido los
efectos.
Centrémonos entonces en el Partido Popular que es quien ahora está en el
Gobierno y hagamos un repaso muy rápido de lo que han hecho durante años
en materia de vivienda. Un presupuesto destinado a vivienda que apenas
llega al 0,25 del PIB cada cuatro años, lo que nos coloca junto a Grecia
y Portugal a la cola de Europa en inversión directa para políticas
públicas de vivienda. Miles de millones básicamente gastados en ayudas
fiscales a la compra y al ladrillo. Leyes del suelo que lo declaraban
todo urbanizable y listo para especular. Una ley hipotecaria diseñada por
las entidades financieras que traslada toda la responsabilidad a la
persona que compra la vivienda y que permite que las deudas continúen a
pesar de haber sufrido un desahucio y que sepamos el anteproyecto de
reforma que ha presentado el ministro De Guindos no contempla ningún
cambio a este respecto. Un parque público de alquiler que no llega ni al
1 % del parque de viviendas total. De manera que no hay ni pisos para
realojar a las familias con dificultades ni pisos para ofrecer una
alternativa a quien no pueda pagar los alquileres del mercado y tampoco
pisos para compensar las desorbitadas subidas de los alquileres que hoy
ocurren en el mercado privado. Han aprobado leyes que dejan prácticamente
sin derechos a las personas que quieren vivir de alquiler. Ni una sola
ayuda para garantizar cuotas, para rehabilitar, por ejemplo, para que
aquellas personas que tienen un piso lo pongan en alquiler con
tranquilidad y garantías. Aprueban leyes que regalan privilegios fiscales
a las Socimi para que cuando las hipotecas dejaron de ser el negocio del
siglo el alquiler se convirtiera en la nueva burbuja. ¿Qué ha significado
todo esto? Máximos beneficios para banca, constructoras y grandes
propietarios y una ruina para la mayoría de la población. Unos efectos
devastadores que todavía hoy estamos sufriendo y no nos hablen de
recuperación, porque solo hay que ver las cifras de desigualdad, pobreza,
precariedad laboral o paro que tenemos en este país. Pregúntense: ¿quién
se está recuperando y a costa de qué? Seguro que hoy en esta Comisión el
Partido Popular nos va a hablar de las medidas que tomaron en el 2012
para hacer frente a al brutal situación a la que se enfrentaron
centenares de miles de familias que estaban sufriendo las consecuencias
precisamente de sus nefastas políticas en este materia. Nos van a hablar
de los 23.000 desahucios que en estos cuatro años se han aplazado
temporalmente con esa moratoria. Pues bien, ¿saben cuántos desahucios se
han producido durante el mismo periodo? Más de 250.000 y les estoy dando
datos oficiales. Sus medidas, las que se supone que el Gobierno del
Estado pone en marcha para hacer frente a la emergencia de los desahucios
apenas llegan a un 10 %, a unos criterios totalmente restrictivos y
además lo de buenas prácticas que se puso en marcha para resolver el
problema del endeudamiento familiar. Se llenan la boca, una y otra vez, y
dicen
que han ayudado a más de 70.000 familias. Cuéntenlo todo. Enseñen el
detalle de los datos. Ustedes llaman ayudas a las familias a
refinanciaciones de deuda. Es decir, se dedican a aumentar el
endeudamiento de familias que ya están empobrecidas y a eso lo llaman
solución. Esas son sus soluciones. Básicamente las que los bancos
prefieren, qué casualidad. ¿Cuántas daciones en pago se han concedido en
prácticas de nuevo apenas frente a los desahucios y las deudas perpetuas?
Una chapuza para la mayoría de la gente afectada y básicamente hacerle el
trabajo que cada día hacen los departamentos de recuperaciones de los
bancos. Ni más ni menos. De eso se trata. Por tanto, esta moratoria no es
suficiente. Es una medida parche y de ahí nuestras enmiendas que
esperamos que la compañera del PNV tenga en consideración incluirlas en
su PNL. Los desahucios de vivienda habitual deben prohibirse y
paralizarse, según diversas disposiciones contenidas en la observación
general 7 del Comité de la ONU, pero también deben establecerse
mecanismos de cancelación de deudas para familias que se encuentran en
esta situación y acrediten situaciones de insolvencia sobrevenida por
causas ajenas a su voluntad.
El señor PRESIDENTE: Señora Martín, tiene que terminar.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Un segundo.
Por supuesto deben facilitarse acceso a esas viviendas en alquiler social
acorde a los ingresos de estas unidades familiares. Estas son nuestras
enmiendas.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista y para la defensa de sus enmiendas
tiene la palabra la señora Rominguera.
La señora ROMINGUERA SALAZAR: Gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado 18 de enero mi grupo registró una proposición no de
ley en la que instábamos al Gobierno a la prórroga de la llamada
moratoria hipotecaria hasta mayo de 2020. Esta misma propuesta se la
planteamos al ministro De Guindos en una reciente sesión plenaria a modo
de pregunta. Por tanto, somos partidarios de que esta proposición no de
ley que nos trae el Grupo Vasco salga adelante. Ahora bien, lo que no
podemos obviar es que se trata de una medida parche para familias en
riesgo de desahucio. No se nos escapa que esa incertidumbre con que esas
familias viven es injusta y que la situación requiere algo más que
soluciones temporales, porque el tiempo no puede ser el elemento
determinante para que gocen de protección o para que dejen de estar
protegidas frente a los desahucios. El elemento determinante debe ser el
mantenimiento de unas condiciones mínimas de vida digna que les permita
el ejercicio pleno de sus derechos de ciudadanía y el Estado debe
garantizarlo. Porque si en un sistema económico como el nuestro es vital
que el ordenamiento jurídico garantice el pago de las deudas, también lo
es que esa garantía no sea a costa de nuestra dignidad como seres
humanos. Por tanto, señorías, el objetivo merece todo nuestro esfuerzo y
no puede estar sujeto a una limitación temporal. Así que la prórroga
también debe servir para poder llegar a un acuerdo de todos los grupos y
dotar al país de una ley que garantice de manera estable la protección de
quienes de buena fe y por causa sobrevenida no pueden hacer frente al
pago de sus deudas. No obstante, es cierto que las familias en situación
de vulnerabilidad requieren cuanto antes una solución. A la vista de que
la moratoria contemplada en la Ley 1/2013, de 14 de mayo, y prorrogada
posteriormente, llega a su fin y expira el próximo 15 de mayo, hemos de
adoptar medidas inminentes que garanticen que estas familias no van a ser
lanzadas de sus viviendas.
Señoría, en cualquier caso sería insuficiente esa prórroga si solo lo es
hasta el 15 de mayo de 2019. Nuestra petición, tanto en Pleno como en la
proposición no de ley, contemplaba que la prórroga fuese hasta el 15 de
mayo de 2020. Por eso hemos presentado enmienda en este sentido a la
proposición no de ley que ahora debatimos. Además, mi grupo entiende de
vital importancia el garantizar absoluta protección a los menores. Por
ello creemos que debe considerarse que las familias con menores a su
cargo, sin diferenciar su edad, se encuentran en situación de especial
vulnerabilidad, siendo en su caso susceptibles de la aplicación de las
medidas previstas para la reestructuración de la deuda hipotecaria e
inmobiliaria que se contempla en el capítulo II del Real Decreto 6/2012,
de 9 de marzo. En este sentido, presentamos una segunda enmienda a esta
PNL, ya que como saben, este real decreto en su artículo 3.1.b) solo
contempla como causa de vulnerabilidad la de las familias con menores de
tres años a su cargo. Nosotros pedimos con esta enmienda que se amplíe el
supuesto a familias con menores a su cargo, sin más límite de edad que el
de los dieciocho años. Entendemos que ambas enmiendas son necesarias y
por ello esperamos que sean admitidas por el grupo proponente para así
poder votar a favor de esta proposición no de ley. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rominguera.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, y por el Grupo de
Ciudadanos, señor Roldán.
El señor ROLDÁN MONÉS: Muchas gracias, presidente.
Gracias al PNV por traer esta iniciativa, que creemos que es evidentemente
importante. Muchos deudores hipotecarios se encuentran en una situación
de extrema vulnerabilidad y además ahora se encuentran ante una
importante incertidumbre, porque esta moratoria va a terminar el próximo
15 de mayo de este año. Por tanto, es urgente y muy importante que se
amplíe esa moratoria y que también revisemos los criterios. Ese ha sido
el objetivo de ciudadanos, que a diferencia de otros intentan negociar
para cambiar las cosas y para mejorar las regulaciones y políticas que ha
llevado el Gobierno a cabo en los últimos años y eso estaba reflejado en
el acuerdo con el Partido Popular. Eso y una propuesta de una nueva ley
de segunda oportunidad, que sea más amplia que la anterior, que sea más
efectiva que la anterior. No voy a entrar aquí en el detalle, pero que
incluía la dación en pago y una valoración de la vivienda equilibrada
para las nuevas transacciones, etcétera.
En todo caso, celebramos que haya esta iniciativa. Seguimos en una
situación dramática en el mercado español, no solo por el altísimo
endeudamiento como consecuencia de una burbuja alimentada por el propio
Gobierno y por el Partido Socialista durante los años del boom. Creemos
que es obligación y es de justicia que se responda a las familias
vulnerables con políticas sensatas. A este respecto ha habido en el
último año más de 50.000 lanzamientos. Es una urgencia social que
protejamos a las familias más vulnerables. Como digo nuestra propuesta -y
así lo estamos negociando con el Gobierno, esperemos que venga pronto el
decreto- es que se amplíe esta moratoria, que se termine con la situación
de incertidumbre que sufren estas familias y que también se cubra no solo
a las familias vulnerables con menores de tres años, sino que se amplíe
ese criterio a poder ser a, por ejemplo, hasta menores de diez años o
incluso más. Esa es nuestra posición y votaremos a favor de esta
iniciativa. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roldán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. El Grupo Popular está a favor de la PNL presentada
por el Grupo Parlamentario Vasco, aunque vamos a abstenernos si se acepta
la enmienda del Grupo Socialista en la que amplía el plazo de la prórroga
a tres años, en vez de dos como plantea nuestro grupo. Está a favor, en
primer lugar, porque el Gobierno, a través del ministro de Economía, ya
confirmó ante una pregunta parlamentaria suya que se estaba trabajando en
la ampliación del plazo previsto en la Ley 1/2013 que vence el próximo
mayo y nos confirmó también que buscará el apoyo de todos los grupos y
sus propuestas. En segundo lugar, porque el Grupo Popular y el Gobierno
de Mariano Rajoy han buscado desde el primer momento soluciones para
todas aquellas personas y familias vulnerables que han vivido, por la
situación de crisis que ha atravesado este país, situaciones de
lanzamiento de su vivienda habitual. El Gobierno popular sigue siendo
sensible al drama de muchas familias que por su situación de desempleo
sobrevenida en la crisis no pueden abonar las cuotas de los créditos
hipotecarios para la adquisición de su vivienda. Por ello, se adoptaron
las medidas necesarias para paralizar los desahucios y proteger a estas
familias. El Gobierno antes de sus primeros cien días de mandato en la X
Legislatura aprobó el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas
urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos que
facilitaba la reestructuración de la deuda hipotecaria y cuyo efecto
principal fue la suspensión inmediata y por un plazo de dos años de los
desahucios de familias en especial riesgo de exclusión. En marzo de 2012
se firmó el código de buenas prácticas con la práctica totalidad de las
entidades con la actividad hipotecaria en España, hasta noventa y cuatro
en total. El Gobierno impulsó este código de adhesión voluntaria, pero de
cumplimiento obligatorio durante dos años para las entidades firmantes.
El objetivo era dar solución a las familias con dificultades para hacer
frente al pago de sus deudas hipotecarias, bien por encontrarse en
situación de desempleo o por ausencia de ingresos. Se establecieron tres
opciones: renegociación de plazos y cuotas con las entidades o
reestructuración de la deuda; quitas y dación en pago con periodo de
carencia...
El señor PRESIDENTE: Señor Paniagua, tiene que ir terminando.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: ¿Perdón? ¿Tengo que ir terminando?
El señor PRESIDENTE: Son cinco minutos.
Perdón, señor Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Sigo.
Se establecieron varias medidas, el CDP ha permitido a 46 familias
reestructurar la deuda hipotecaria o la dación en pago. Posteriormente,
el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 27/2012, de 15 de noviembre, de
medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios
que además de suspender los lanzamientos durante dos años para un
colectivo más amplio, todas las personas especialmente vulnerables,
incluye un mandato para la creación de un Fondo social de viviendas. Este
decreto ley una vez convalidado fue tramitado como proyecto de ley por el
procedimiento de urgencia, lo que dio lugar a la Ley 1/2013, de 14 de
mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios,
reestructuración de deuda y alquiler social. El Fondo social de viviendas
destinado al alquiler, al que me he referido, es un convenio en el que
participan tres ministerios, Fomento, Economía y Sanidad, el Banco de
España, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Plataforma
del tercer sector, que integra a las principales ONG de este país, las
patronales bancarias y doce entidades de crédito que aportan sus casi
10.000 viviendas. La modificación del convenio realizada en mayo de 2014
amplió el número de personas que podían acogerse al fondo y está
permitiendo que las familias puedan mantenerse en la vivienda que
habitaban, aunque la hayan perdido a consecuencia de una ejecución
judicial forzosa. El FSV ha permitido la celebración de más de 9.000
contratos de alquiler a precios reducidos, rentas que oscilan entre 150 y
400 euros al mes con un límite máximo del 30 % de sus ingresos netos
totales por unidad familiar. Más de un 90 % de las viviendas aportadas al
fondo. En julio de 2015 entró en vigor la Ley 25/2015, de 28 de julio, de
mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y
otras medidas de orden social, que ha facilitado el desendeudamiento de
la economía española y ha ampliado los mecanismos de protección para
aquellos deudores hipotecarios más vulnerables. Ha incrementado el número
de beneficiarios del código de buenas prácticas, eliminaba ya las
cláusulas suelo para los colectivos vulnerables y prorrogaba dos años más
hasta mayo de 2017 la moratoria para los desahucios. Dicho plazo está a
punto de espirar, el 15 de mayo de 2017, al que se han acogido más de
24.000 familias muchas de las cuales continúan en situación de
vulnerabilidad. Las medidas para evitar los desahucios han beneficiado a
casi 79.000 familias en riesgo de exclusión social. El Grupo
Parlamentario Popular ha presentado una PNL ante el Pleno del Congreso
solicitando la ampliación que pide esta PNL. El ministró ya confirmó ante
la pregunta parlamentaria que se estaba tramitando. En principio,
apoyaríamos la proposición que presenta su grupo, si no se ampliara el
plazo a los tres años.
Sin embargo, señorías, como bien expresó el ministro De Guindos, lo que
está detrás de la mejora de la situación de los deudores hipotecarios
vulnerables es la recuperación de la economía española. Hemos visto una
caída continua en los últimos tres años coincidiendo con la recuperación
económica del número de desahucios. Se ha conocido recientemente un
informe de la Comisión Europea en el cual se indica que desde el año
2014, como consecuencia de la recuperación económica la situación de
pobreza y de exclusión social y de desigualdad se van reduciendo en
nuestro país. Ese es el camino, continuar con la recuperación económica.
No solo son las medidas paliativas, es que la recuperación llegue a más
españoles. Esta mañana se han publicado datos sobre las inscripciones de
certificaciones por ejecuciones hipotecarias de 2016 en el caso de
viviendas habituales han bajado más de un 33 % y el número de ejecuciones
hipotecarias ha disminuido en el año 2016 casi un 31 %.
También quiero destacar que en su exposición de motivos llegan a una
conclusión que consideramos totalmente errónea que es la solicitud de
acabar con la posibilidad de los desahucios. Una cosa es proteger a las
familias más vulnerables y otra cerrar la puerta totalmente a los
desahucios. ¿Cómo podemos favorecer el alquiler de viviendas si
desprotegemos de tal manera a los propietarios? ¿Cómo podemos favorecer
el crédito hipotecario si desprotegemos de tal manera a las instituciones
financieras? Incluso estaríamos favoreciendo a estafadores y favoreciendo
la economía sumergida. Este planteamiento es desproporcionado, vulnera
derechos, favorece comportamientos ilícitos e impide el avance de los
mercados, como el alquiler y el crédito hipotecario.
Acabo ya, señor presidente. El Grupo Popular y el Gobierno de Mariano
Rajoy han llevado a cabo las reformas necesarias, por un lado para acabar
definitivamente con el problema de los desahucios,
favoreciendo la recuperación económica y el empleo. Mientras tanto se ha
protegido desde el primer momento y se sigue protegiendo a las familias
más desfavorecidas, casi 79.000 familias en total a través de todas las
medidas a las que he hecho referencia en esta intervención y seguimos
protegiéndolas hasta que, como he dicho, se produzca la recuperación
definitiva de la economía. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señor Paniagua.
La señora Sagastizabal ha comunicado que antes de la votación dirá a la
Mesa cuáles son las enmiendas que acepta. Por tanto, antes de la votación
tendremos la expresión de la aceptación de estas enmiendas.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ESTABLECER UN COMPROMISO ESTABLE Y
PRIORITARIO CON LA INVERSIÓN EN ACTIVIDADES DE I+D+I, COMO EJE DE
TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA, CREACIÓN DE EMPLEO Y DE SUPERACIÓN DE LA
CRISIS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/000556).
El señor PRESIDENTE: Entramos ahora según el orden aprobado últimamente en
la proposición no de ley presentada por el Grupo Mixto, por la que se
insta al Gobierno a establecer un compromiso estable y prioritario con la
inversión en actividades de I+D+i como eje de transformación económica,
creación de empleo y de superación de la crisis. Presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. Para la defensa de la iniciativa y por un tiempo
máximo de diez minutos tiene la palabra don Ferran Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, quiero agradecer al presidente de la Mesa y a los
portavoces la alteración del orden del día que me ha permitido poder
defender en el seno de esta Comisión esta iniciativa del Partido
Demócrata Catalán. Nos hemos acostumbrado a oír -y hoy mismo ha habido
una PNL en estos términos del Grupo Popular- que es imprescindible
mejorar la competitividad de nuestra economía y de nuestras empresas.
Seguramente vamos a encontrar muchos elementos que puedan contribuir a la
mejora de la competitividad: el precio de la energía, la mejora de
nuestras infraestructuras, etcétera. También podemos coincidir fácilmente
todos los presentes en esta Comisión en que la inversión y el gasto en
I+D+i no solamente en el seno de cada una de las empresas, sino en el
conjunto del Estado español, es un elemento de competitividad, a corto, a
medio y a largo plazo.
De hecho, no voy a ser muy exhaustivo en la descripción de lo que ha
ocurrido a lo largo de los últimos años en el Estado español en relación
con la inversión de I+D+i, pero sí les voy a dar una pincelada. Más allá
que ya partíamos de una situación deficitaria, muy complicada y si me
permiten poco comprometida por parte del sector público en la inversión
de I+D+i, la realidad es que durante este periodo de crisis, el periodo
que podríamos ir definiendo como de los peores años a efectos de
consolidación fiscal, esta situación se ha empeorado. En cambio, si lo
comparamos con el resto de la Unión Europea, que también ha vivido
momentos de gran complejidad en el ámbito de la consolidación fiscal,
podemos apreciar que esta situación no ha empeorado, sino que ha
mejorado. Seguramente no al ritmo que había mejorado hasta ese momento,
pero sí ha mejorado. Así en el conjunto del Estado español la inversión
en I+D+i del 2009 al 2014 ha disminuido del 1,35 % del PIB al 1,20 %, 15
puntos porcentuales de disminución a lo largo de estos cinco años. En
cambio, en la Unión Europea, también en un contexto de extremada crisis
económica, este porcentaje del PIB, que ya era muy superior, era del 1,93
pasa al 2,03 %. Por tanto aquí hay un dato que debemos tener en cuenta.
Por esto el primero de los acuerdos que plantea el Partido Demócrata es
que en los próximos presupuestos, en los presupuestos del 2017 que se
tengan que presentar a esta Cámara y que esperemos que se presenten a
corto plazo, porque se nos reclama a los grupos de la oposición, con
razón, que deberíamos aprobar estos presupuestos y nosotros siempre
explicamos que se nos presenten y después evaluaremos si se pueden
aprobar o no, pero mientras no se presenten es difícil posicionarse. Para
este 2017 pedimos que se alcancen los objetivos del presupuesto del 2009,
que sabemos que no es suficiente, pero sabemos que sería una mejora
importante para todo el sector, para las empresas, para los centros de
investigación que han pasado unos ejercicios muy complicados. A su vez
también planteamos un objetivo del 3 % a lo largo de la legislatura que
somos conscientes que es ambicioso, que está enmarcado dentro de los
objetivos 2020 de la Unión Europea, pero que entendemos que deberíamos
fijar como referencia. Sabiendo que hemos estado intentando negociar otro
objetivo, si quieren ustedes más realista, pero en todo caso no podemos
rebajar en exceso nuestras pretensiones.
Ustedes saben también que en Cataluña la economía productiva ha soportado
no de forma ejemplar, porque aquí no hay ejemplaridades, pero sí de forma
destacada estos años de crisis y que la recuperación económica, que más
lentamente de lo que quisiéramos está llegando, no puede hacer que
dejemos de trabajar en un ámbito a medio y corto plazo con relación a la
competitividad de nuestras empresas, porque son ellas las que nos lo
reclaman, son ellas las que nos plantean esta necesidad. Y tenemos más
retos en este ámbito, y nos consta que algunos se quieren afrontar desde
el ministerio en el planteado pacto por la ciencia. Una parte de estos
objetivos también está en el retorno de nuestro talento que ha tenido que
emigrar por estas restricciones presupuestarias en los últimos años y, si
mi permiten, por la falta de ambición no en los últimos años, sino en las
últimas dos décadas en este sector.
En todo caso, nosotros recogemos muy positivamente todas las enmiendas que
se puedan plantear. Nos gustaría hacer una transacción muy amplia, aunque
también nos resulta muy difícil, prácticamente imposible renunciar a
cualquier objetivo orientado a alcanzar en 2017 dotaciones
presupuestarias como las que existían para el año 2009, porque -repito-
es verdad que en la Unión Europea han sufrido una cierta congelación pero
no han disminuido con relación al PIB, hecho que sí hemos tenido que
afrontar en el Estado español.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la
señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo va a apoyar esta proposición no de ley. Estamos totalmente
de acuerdo en la necesidad de incrementar las inversiones en I+D+i, pero,
sobre todo, en dar estabilidad y garantía de que estas inversiones se
mantengan, sea cual sea la situación económica. Nos parece inaceptable
que nuestro sistema de I+D+i haya pagado la factura de la crisis. Es
irresponsable en términos de proyecto de país, nos hace más pobres, más
vulnerables y nos da menos herramientas para construir la prosperidad
económica y social a la que aspiramos. La propuesta del Grupo Mixto
contrapone como ejemplo las cantidades destinadas al tren de alta
velocidad. Es solo un ejemplo, un ejemplo perfecto de cómo el modelo del
ladrillazo se ha impuesto a un modelo de valor añadido económicamente,
pero yo añadiría otras dos aes que faltan: ha sido el AVE, pero han sido
los aeropuertos y han sido las autopistas. Y hablemos también del dinero
rescatado, de rescates bancarios y, por qué no, del despilfarro de fondos
públicos, de la trama de corrupción.
Estamos también de acuerdo en incrementar la inversión en I+D+i hasta el 3
% del PIB, como marcan los objetivos europeos para el horizonte 2020. A
día de hoy solamente el 1,47 % de los Presupuestos Generales del Estado
se dedica a investigación y desarrollo, y permítanme que desglose cómo se
reparte esta cantidad: el 60 % se destina al capítulo 8, activos
financieros; el 20 % al capítulo 7 y el 20 % a los capítulos 1 a 6. Esto
significa que de los activos financieros, capítulo 8, solo se llegaron a
ejecutar en un 50 % y se dejó sin ejecutar un 30 % del capítulo 7.
Estamos de acuerdo en el compromiso de incrementar el presupuesto, pero
también tiene que haber un compromiso de ejecución, y en este sentido nos
gustaría que de cara a los próximos presupuestos generales se estudiase
el traspaso al menos del 30 % del capítulo 8 al capítulo 7, es decir, de
activos financieros a inversiones reales.
Está bien incrementar la inversión, pero tenemos que ir más allá, tenemos
que hacer reformas estructurales en nuestro sistema de I+D+i, diseñar una
estrategia que sea una cuestión de Estado, que involucre a todos los
actores, de manera que, si a día de hoy estamos en la ratio de un euro
invertido en el sector público por un euro invertido en el sector
privado, pasemos a una ratio de uno a dos, que la inversión pública sea
realmente un tractor de la inversión privada. Pero también toca hacer una
reflexión profunda de para qué queremos esta inversión. Tenemos un modelo
productivo obsoleto, contaminante, incapaz de generar empleo.
Aprovechemos nuestra investigación, nuestra ciencia para hacer la
transición hacia un modelo más eficiente, limpio, que cree empleo de
calidad y que responda a los retos del siglo XXI. En este sentido, más
que una inversión sectorial quizás deberíamos empezar a plantearnos una
inversión en torno a dos grandes retos que tiene la economía española por
delante, esto es, por una parte, la descarbonización de la economía, las
energías renovables, eficiencia y, sobre todo, dejar de depender de las
energías sucias, y, en segundo lugar, la digitalización y todo el impacto
que va a suponer en la competitividad y el empleo en nuestra economía.
¿Y cómo vamos a invertir? Apostamos por seguir las indicaciones de la
estrategia del horizonte 2020 en tres pilares: generar una ciencia
excelente, esto es, aumentar las inversiones en infraestructuras,
formación, transferencias de conocimiento y, sobre todo -y para nosotros
es muy importante y sobre ello trata la enmienda que hemos presentado-,
el retorno de talento emigrado. La crisis, los recortes en I+D+i han
obligado a muchos de nuestros científicos y científicas y personal
tecnológico a emigrar, a buscar el desarrollo de su carrera profesional
en el extranjero, y consideramos de primordial importancia que España
recupere este talento emigrado, porque, no en vano, hemos invertido en su
educación y formación. Generar ciencia excelente -decía-, pero también
liderazgo industrial y retos sociales, no solo retos económicos,
cuestiones como la dimensión de género, la salud y la divulgación de la
cultura científica.
Me congratula saber que la preocupación por la situación de la I+D+i es
compartida por todos los grupos. Espero que en esta legislatura seamos
capaces de lograr un acuerdo parlamentario que permita en los
presupuestos el incremento y la estabilidad necesaria. Y más allá de
esto, sobre lo que creo que hay un consenso, espero que también seamos
capaces de poner en marcha las reformas necesarias para tener un sistema
de investigación a la altura del siglo XXI, con una visión de futuro y de
país que responda al cómo y para qué queremos la investigación y el
desarrollo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra su
portavoz, el señor García Mira.
El señor GARCÍA MIRA: Muchas gracias, señor presidente.
Esta iniciativa del Partit Demòcrata Català constituye un reiterado
intento sobre el que se hizo hace ahora casi un año en esta misma
Comisión de reclamación al Gobierno de un compromiso con políticas que
sitúen la investigación y la innovación en el centro de la política
económica como adalid del desarrollo económico y de la creación de
empleo. Si bien prosperó en su momento aquella iniciativa ante un
Gobierno en funciones, celebramos que de nuevo pueda ser impulsada ante
un Gobierno que también puede llevarla adelante porque hay consenso
suficiente en esta Comisión para transaccionarla positivamente y
convertirla en una política activa y eficiente. Trataré de no ser
repetitivo en mis argumentos de entonces y sintetizaré los que ya se
expusieron aquí, por válidos y porque constituyen para nosotros, los
socialistas, el principio que fundamenta el apoyo a esta iniciativa, caso
de ser transaccionada, como expresa la voluntad manifestada.
No somos solo nosotros quienes damos la bienvenida a esta demanda de
cambio en la política de investigación, sino también los distintos
agentes responsables de la investigación en España. Me refiero a las
universidades, a los centros de investigación, a los organismos públicos
de investigación y los rectores, pero también a todos los que forman
parte de esa masa obrera, a veces tan vilipendiada, que son los miembros
de los grupos de investigación. El Partido Popular ha llevado a cabo los
mayores recortes en materia de I+D+i en los últimos cuarenta años. Si
comparamos los presupuestos prorrogados de 2016 con los de 2011, podemos
constatar la evidencia de que el Gobierno de Mariano Rajoy los ha
recortado casi en un 25 %. Señorías, son quince años de retroceso. El
peso de la I+D+i sobre el total de los Presupuestos Generales del Estado
para 2015 retrocede hasta niveles del año 2000. En 2011 suponían el 2,37
% y para 2017 suponen el 1,6 % de los Presupuestos Generales del Estado.
Los últimos presupuestos no hacen más que consolidar los recortes, las
subidas mínimas. En 2014, 2015 y 2016 son en I+D militar y en créditos
que no se ejecutan. España hoy, bajo el Gobierno del Partido Popular, ha
llegado a un grado de abandono de la ciencia que va mucho más allá de los
recortes. Ha renunciado al objetivo europeo de destinar el 3 % del
producto interior bruto en 2020 a la I+D+i, sustituyéndolo por un 2 %,
cuyo logro se fía exclusivamente a la aportación del sector privado. Se
han retrasado pagos en las convocatorias del plan nacional, se ha
retrasado la creación de la agencia estatal de investigación,
incumpliendo la Ley de la ciencia, la tecnología y la innovación, que se
aprobó hace ahora un año, deprisa y corriendo, en diciembre, al término
de la X Legislatura, y se ha castigado desde el Gobierno central a
universidades y a centros de investigación por el incumplimiento de los
objetivos de déficit de sus respectivas comunidades autónomas.
Señorías, en tiempos de crisis hay que proteger nuestras inversiones. No
se puede decir que se considera la I+D+i como una prioridad, como la
señora Carmen Vela manifestó hace una semana ante un nutrido colectivo de
responsables de investigación y educación, y a la vez someterla al mayor
recorte de nuestra historia, muy por encima de la media de recortes
hechos al resto de ministerios. Un país serio, con un
proyecto de verdad, que quiere estar entre los líderes europeos y
mundiales, no puede estar en la cola de Europa en inversión,
investigación e innovación. Por tanto, la propuesta que hacemos para
mejorar la proposición que presenta el Partit Demòcrata Català trata de
impulsar un cambio desde un amplio consenso en torno a las políticas de
ciencia, tecnología e innovación, dotándolas de la estabilidad
presupuestaria necesaria y de la coherencia normativa acorde con las
necesidades del sistema de la ciencia. Este cambio debe fundamentarse en
los tres puntos que señala el proponente de la iniciativa, que se
refieren a los compromisos de gasto en I+D+i como mínimo equivalentes a
los aprobados para el año 2009, el apoyo a las actividades en I+D+i con
el objetivo del 3 % del producto interior bruto hacia finales de la
legislatura y priorizar el apoyo a la innovación y a las pymes, pero
además nosotros proponemos promover también un plan especial para la
recuperación y la consolidación del talento científico, que permita que
la incorporación de 10.000 investigadores en el plazo de cuatro años, con
especial atención a los que se encuentran en los periodos iniciales de su
carrera; no cabe duda de que con la colaboración de las comunidades
autónomas, los centros de investigación y con criterios de excelencia.
El señor PRESIDENTE: Señor García Mira, tiene que terminar.
El señor GARCÍA MIRA: Sí, termino ya.
Defender un proceso para revisar y simplificar los procedimientos
administrativos que se siguen en materia de investigación, garantizar la
suficiencia y la regularidad de las convocatorias de proyectos de
investigación e impulsar e incentivar la participación en el programa
horizonte 2020 de la Unión Europea, aumentando el retorno de la inversión
hacia España con programas que supongan apoyo económico; garantizar la
coordinación entre los organismos públicos de investigación, potenciando
la participación de los científicos españoles en los órganos de la
Comisión Europea, órganos que son responsables de la elaboración y la
coordinación de agendas de investigación tan importantes para este país,
y con prioridades, por ejemplo, en el ámbito del cambio climático, que
permiten obtener una gran cantidad de recursos. Y se lo digo por
experiencia propia, porque he estado en esos foros de investigación y
diseño de agendas de investigación y no existía delegación española
alguna defendiendo los intereses de este país.
Por tanto, con la inclusión de estos puntos, nosotros estamos dispuestos a
apoyar esta transacción y a impulsar la investigación en los ámbitos
señalados.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Mira.
Por el Grupo Parlamentario Popular, también por tiempo de cinco minutos,
para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el señor Bravo.
El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, señor presidente.
Se trae a debate una PNL presentada por el Grupo Mixto con la que en el
fondo no podemos estar más de acuerdo, y con el resto de partidos: es el
apoyo a la I+D+i. En la exposición de motivos se hace referencia a unas
consideraciones que no compartimos, pero entendemos que lo importante es
sumar consenso y acuerdo y por ello creemos necesario no polemizar. Y si
consideramos lo positivo que tiene la PNL en la exposición de motivos, el
partido que la presenta, el Grupo Mixto reconoce que desde 2013 hasta hoy
se ha incrementado la inversión en I+D+i, con lo cual algo bueno
estaremos haciendo; incluso hoy lo he vuelto a escuchar. Es verdad que si
tomamos los datos de 2009 a 2014 a lo mejor no son los que a ustedes les
gustan, pero nosotros estamos gobernando desde 2012. Hemos incrementado
la inversión en el 7,44 %, y en los capítulos 1 a 7, que creo que son los
que nos interesan, no en el capítulo 8, que son préstamos. No obstante,
estamos de acuerdo en que es menos de lo deseable y que debemos aspirar a
conseguir una mayor inversión, pero en esa línea estamos. Nos hablan
ustedes de la estabilidad en materia de I+D+i, y en la misma línea
estamos también nosotros, y para eso hemos propuesto un pacto por la
ciencia en el que todas las formaciones políticas -y decimos todas- se
vean representadas, dote de mayor seguridad y permanencia y traslademos a
los actores principales que la política en I+D+i no está al albur del
vaivén político.
Centrándonos en el cuerpo de la PNL, en su primer apartado solicita que en
el primer presupuesto que se apruebe, es decir, en 2017, se recojan las
mismas inversiones que en 2009. Ustedes conocen mejor que nadie, como el
resto de formaciones políticas, la dificultad del presupuesto del
ejercicio de 2017, porque tenemos un ajuste que realizar para cumplir el
déficit. Además, habría que sumar que ese 2009 tiene una parte de trampa.
¿Cuál es la parte de trampa? Muy sencillo, que en ese año la principal
aportación
en materia de I+D+i fue a préstamos, y nosotros creemos que esa
desproporción entre el capítulo 7, subvenciones, y el capítulo 8,
préstamos, no es la correcta. Creemos que la I+D+i se financia mediante
subvenciones.
Nuestra propuesta es bastante más ambiciosa y todos ustedes la conocen, es
alcanzar un 2 % de inversión sobre el producto interior bruto. En el
segundo apartado ustedes hacen referencia a un 3 % y alguna otra
formación también defiende esa cifra. Ojalá. ¿Y por qué no el 4, o el 5,
o el 6 o el 10 %, si estamos todos de acuerdo en que es mejor? Hay un
problema, y es el ajuste presupuestario. Recuerden que la Unión Europea
ya planteó en la agenda de Lisboa alcanzar en el año 2010 el 3 % y no se
consiguió. Se ha propuesto para el horizonte 2020 y no se va a conseguir.
¿Por qué pensamos que si nosotros lo ponemos sí lo vamos a conseguir, si
aquellos países que invierten más que nosotros no lo van a conseguir?
Nosotros opinamos que poner un objeto inalcanzable es no tener objetivo y
produce un efecto nulo o negativo. Cuando hablamos de incrementar desde
el 1,3 % al 2 % en inversión estamos hablando de inyectar más de 7.000
millones de euros. Creo que esta es una apuesta decidida en materia de
I+D+i, que tenemos que valorar.
He oído unas cuantas críticas del Grupo Socialista. Duele que vengan del
Partido Socialista, que lo digan ellos. Para cuando hablan del 2 %, creo
que jamás superaron el 1,45 %. ¿Por qué no lo hicieron ustedes cuando
ustedes gobernaban, con un país que iba disparado, con unas cuentas más
que saneadas y superávit en el presupuesto? Quizás hubiese sido ese el
momento. Pero aceptamos la crítica.
Nos dice que solo lo fundamentamos en el sector privado. No, no mienta.
Decimos que la inversión en la parte del sector público está en la media
de la Unión Europea y que donde tenemos un gran desfase es en la parte
del sector privado, donde, frente a la media de la Unión Europea, que
está en el 65 %, tenemos el 53 %. Por tanto, tenemos un margen de mejora
tan grande que creo que eso nos pone deberes a todos los partidos. Hoy
presentamos una enmienda, también en referencia a las startups, para que
el sector privado invierta, por incentivos fiscales y por concienciación,
un deber que tenemos que hacer todos los que estamos aquí.
Por último, ustedes hablan de la necesidad de priorizar, que nos sirve
para poner de nuevo en valor el pacto por la ciencia en el que participen
todos los sectores del sistema de I+D+i, la comunidad investigadora, la
comunidad científica, la vinculada a nuevas tecnologías, la universidad,
el sector privado y se simbolice un gran acuerdo de todas las formaciones
que, como todos reclamamos, dote de mayor seguridad jurídica y en las
inversiones, porque, sobre todo, supondrá un reto que permitirá mejorar
el sistema existente.
Por eso, les proponemos y les pedimos que seamos capaces de llegar a un
acuerdo entre todos. Sé que es difícil, por las reivindicaciones
planteadas en la PNL. Les pediríamos, si es posible, votarla por puntos,
porque estamos seguros de que en muchos aspectos somos capaces de llegar
a un acuerdo, independientemente de la justificación que hemos expuesto
de por qué no podemos aprobar la parte correspondiente al presupuesto de
2017.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bravo.
En el turno de fijación de posiciones, por tiempo máximo también de cinco
minutos, en primer lugar tiene la palabra la portavoz del Grupo
Parlamenatario Vasco, la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Muchas gracias, señor
presidente.
Es cierto que la recuperación de la economía española está dejando de lado
la investigación y el desarrollo, ya que ha reducido su inversión en
I+D+i desde el año 2008 por lo menos en un 10 %. Las inversiones en I+D+i
se ven directamente reflejadas en el nivel competitivo del tejido
empresarial y productivo de un país y todas estas mejoras se ven
repercutidas socialmente en forma de mejora en la calidad de vida, salud,
etcétera. Por tanto, que el gasto en I+D+i sobre el PIB crezca por debajo
de lo que crece la economía perpetúa un modelo productivo con un riesgo
entendemos que elevado. Y es que la estructura tan poco productiva del
país tampoco ayuda, producciones de bajo valor añadido, ya que están
basadas en el turismo, servicios y construcción, y el tamaño de las
empresas españolas es más pequeño que el de la media europea, y todo ello
a pesar de que, según la OCDE, España tiene uno de los regímenes fiscales
más favorables para la I+D+i.
Entiendo que se trata de plantear un debate sobre el modelo productivo y,
por tanto, también sobre el modelo de sociedad. Dicho esto, hay que ser
conscientes de que solo gastando más en I+D+i no tiene por qué mejorar la
competitividad de las empresas. Dependerá de en qué se innove, del
producto y del proceso. El compromiso por la innovación expresado en una
cifra de inversión no garantiza un mayor o
mejor rendimiento de una empresa. Lo importante no solo es poner más
dinero sobre la mesa, sino también usarlo adecuadamente. La I+D+i
requiere recursos económicos y planificación estratégica, de manera que
se favorezca la concentración de los recursos e inversiones en áreas
donde existan claras sinergias con las capacidades productivas de cada
región. En Euskadi sí disponemos de un sistema de I+D diferenciado, un
sistema que se ha ido desarrollando en las últimas décadas con un modelo
de colaboración y sinergias entre los centros, grupos de investigación e
instituciones.
Con esto no queremos decir que no haya que aumentar el gasto en I+D+i,
todo lo contrario. Ahora bien, lo que no entendemos es por qué la cifra
del año 2009, quizás se deba a que fue un año con un gasto en I+D
elevado. Lo que realmente importa no es solo lo presupuestado, sino
también lo ejecutado, por lo menos para conocer los efectos que conllevó
en el sistema. Ciertamente, hay que ir incrementando la inversión en
I+D+i, con el objetivo de alcanzar el 3 % del PIB, pero, como ya he
dicho, con un plan estratégico, para dar valor añadido, para ser
competitivos en áreas donde las sinergias casan con las capacidades
productivas de cada región. Y además del nivel de inversión, entendemos
que existen otras barreras que también habría que abordar en los sistemas
de inversiones en I+D+i. No obstante, por de pronto, apoyaremos esta
iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz, el señor De la
Torre.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, at very long time only innovation matters. Esta es una cita de
John Maynard Keynes de la única conferencia que dio en España en 1930,
justo después de haber estallado la crisis de 1929, en una residencia de
estudiantes. En esta conferencia, denominada Las posibilidades económicas
de nuestros nietos, señalaba que a muy largo plazo lo único que importa
es la innovación y que, por consiguiente, la inversión en investigación y
desarrollo está más que justificada. Sin embargo, lo que hemos visto en
el ámbito de la crisis económica ha sido todo lo contrario. Por seguir
con citas, en este caso de una gran economista británica, Joan Robinson,
aquí se siguió un cortoplacismo extremo, y podríamos preguntarnos que
hará la posteridad por nosotros; se cortaron las alas al futuro y al
crecimiento.
Un solo dato seguramente que es bastante revelador: mientras que en 2009
se invirtieron en investigación y desarrollo de los fondos públicos 8.400
millones de euros a través de los distintos capítulos del presupuesto, en
2015 solo se invirtieron 6.400 millones, es decir, poco más del 1 % del
producto interior bruto, y, evidentemente, esta cuantía debería
incrementarse, para parecernos a los países de nuestro entorno, para
afrontar los retos del futuro, porque, como decía Keynes, a largo plazo
casi lo único que importa es la innovación.
Parte de la cuestión ha de ser la innovación que realicen las startups,
razón por la que hemos traído una proposición no de ley a esta Comisión
de Economía, que es la primera que hoy hemos debatido, y celebramos que
el resto de grupos hayan manifestado su voluntad de apoyarla a través de
una transaccional.
Vemos muy favorablemente la proposición no de ley del Partit Demòcrata,
que, efectivamente, realiza algunas críticas que podemos compartir sobre
la política presupuestaria de las administraciones centrales del PP y del
PSOE, aunque la verdad es que la política presupuestaria que desarrolló
el partido antes conocido como Convergència en la Generalitat de Cataluña
quizás no sea en este ámbito de investigación y desarrollo mucho mejor.
En cualquier caso, el primer punto de la iniciativa, garantizar un
presupuesto equivalente al del año 2009, es complicado a corto plazo,
pero el resto de objetivos deberían considerarse fundamentales y,
claramente, deben ser apoyados. Compartimos esta postura y por eso en el
acuerdo de investidura a que llegamos con el Partido Popular establecimos
el objetivo de alcanzar un 2 % del producto interior bruto para el
conjunto de actividades en I+D+i.
Por estas razones, nuestro grupo parlamentario votará a favor de la
propuesta del Partit Demócrata, de apoyo a la inversión, el desarrollo y
la innovación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda transaccional,
que entiendo que sustituye a la inicialmente planteada.
El señor BEL ACCENSI: Efectivamente, señor presidente. Hay una enmienda
transaccional con el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea y con el Grupo Socialista. Yo no tendría
inconveniente de votarla por puntos, como me pedía el compañero del Grupo
Popular, pero, al ser una enmienda transaccional, no puede ser. Por
tanto, vamos a votar la enmienda transaccional en su conjunto.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
- RELATIVA A IMPLEMENTAR LA TRANSPARENCIA Y ACCESIBILIDAD DE LA
INFORMACIÓN REFERENTE A LAS TITULIZACIONES DE HIPOTECAS. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente
161/000591).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la última proposición no de ley,
relativa a implementar la transparencia y la accesibilidad de la
información referente a las titulaciones de hipotecas, presentada por el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Para su defensa, por un
tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra su portavoz, la señora
Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, señor presidente.
Antes de entrar a sustentar la proposición no de ley, anunciamos que hemos
llegado a un acuerdo sobre una transaccional con el Grupo Socialista y el
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A continuación, voy a explicar por qué se presenta esta proposición no de
ley.
Es cierto que el proceso de titulación en el Estado español arranca con la
Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario, y se
consolida con la Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre régimen de las
sociedades y fondos de titulación hipotecaria, y, efectivamente, alcanza
el mayor auge en el año 2007, cuando las titulizaciones sumaron alrededor
de unos 140 millones de euros. Como consecuencia de este proceso de
titulización que bancos y cajas han aplicado a todo tipo de créditos,
especialmente a los créditos hipotecarios, se ha generado una grave
confusión y, por ende, una situación de indefensión a los hipotecados.
Las titulizaciones son procesos que suponen -así se ha explicado por
activa y por pasiva y por el propio Banco de España- la salida del
patrimonio de la entidad bancaria de los créditos firmados entre ellos y
sus clientes, a través de los cuales los bancos transfieren dichos
préstamos hipotecarios pero continúan actuando como verdaderos titulares
de los mismos tanto en su relación con los clientes, es decir, con
quienes han firmado las hipotecas, como cuando los créditos hipotecarios
son judicializados. Titulizar no es más que una manera de buscar un nuevo
sistema de financiación, que supone la transmisión de los derechos de
créditos a terceros, con todos los riesgos para los inversores. Pero son
las entidades financieras que suscriben la escritura de préstamo
hipotecario las que en este caso inician las ejecuciones hipotecarias,
como si fuesen la parte acreedora de la relación contractual, careciendo,
efectivamente, de legitimación activa para ello. Asumen una apariencia de
legalidad, como es la inscripción registral, aunque esta carezca de
validez cuando el crédito ha sido transferido. La función de los bancos
ha pasado a ser la de meros administradores de los cobros que se originan
por dicho préstamo, ya sea un crédito o un préstamo hipotecario, tal como
consta en muchos de los folletos de emisión, y así cobran las cuotas
mensuales transferidas al fondo de titulización, obviando que el nuevo
acreedor es un titular bonista.
Asimismo, la ley a la que nos referíamos con anterioridad permite que no
haya publicidad registral sobre la transferencia de estas inscripciones
en el Registro de la Propiedad, extremo que ha sido utilizado por las
entidades bancarias y financieras para ocultar este dato que, a pesar
absolutamente real, es tarea difícil de demostrar en este caso por el
hipotecado, por la opacidad de la tramitación de dicho procedimiento, de
manera que simulan continuar siendo los legítimos acreedores de los
préstamos a la vez que inician en su propio nombre los procedimientos de
ejecución hipotecaria.
En marzo de 2015, el director del Departamento de Conducta de Mercado y
Reclamaciones del Banco de España manifestó que la titulización es un
proceso financiero por medio del cual se transforman unos activos
líquidos -créditos o préstamos- en títulos o valores negociables,
mediante su cesión a un fondo de titulización, quien a su vez emite unos
bonos de titulización para su colocación entre inversores
institucionales. De esta manera las entidades venden todo o parte de sus
riesgos para obtener una financiación con la que seguir desarrollando su
negocio sin necesidad de acudir a otras vías, como sería
la ampliación de capital. Es evidente que esto se produce sin ningún tipo
de transparencia. Como decíamos, de conformidad con la Ley 19/1992, sobre
régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y sobre fondos
de titulización hipotecaria, la titulización de un préstamo supone que la
entidad que lo concedió deja de ser la acreedora del préstamo, aunque
conserve por ley la titularidad registral y siga manteniendo, salvo pacto
en contrario, su administración. Nosotros lo hemos titulado -y no
únicamente nosotros, también las entidades o asociaciones que han hecho
aflorar el tema de las titulizaciones- como una verdadera estafa
procesal. Y se viene reclamando la correspondiente implicación de las
instituciones políticas para hacer visible este hecho.
Por otra parte, hay un elemento que no podemos obviar y en el que se debe
poner el acento, que son las muchas sentencias que han abierto una nueva
vía de defensa ante los procedimientos de ejecución hipotecaria que, en
definitiva, siguen amenazando con el desahucio a familias que no pueden
hacer frente a las cuotas de la hipoteca. Estas familias para ejercer su
defensa necesitan conocer si su hipoteca fue titulizada o no y que
jueces, autoridades y la sociedad en general tengan conocimiento de este
asunto. La realidad es que ha habido autos judiciales que han suspendido
algunas ejecuciones.
En resumen, la propuesta pretende luchar contra las titulizaciones
hipotecarias en el sentido de eliminar los elementos opacos que no
permiten saber en manos de quién está un crédito hipotecario u otro tipo
de créditos; en definitiva, busca la transparencia. Obviamente, a nadie
se le escapa que esto provoca indefensión en los deudores hipotecarios y
a la vez es un sistema de opacidad que favorece las prácticas abusivas
por parte de entidades bancarias y financieras. Es evidente que esto no
conlleva necesariamente que el crédito hipotecario no deba ser abonado,
pero es verdad que ha quebrado principios generales del derecho privado
que, en definitiva, ha situado en una posición de indefensión a los
deudores hipotecarios.
La finalidad de la transacción es muy clara y la incorporación de las
enmiendas planteadas tanto por el Grupo Parlamentario Socialista como por
el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
viene a mejorar sustancialmente la proposición no de ley presentada por
el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ya que en su punto
primero señala la necesidad de fijar la transposición de la Directiva
2014/17/UE y remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley de crédito
hipotecario en un plazo máximo de tres meses desde la aprobación de esta
iniciativa, con el objetivo de garantizar la protección y los derechos de
los consumidores y deudores hipotecarios y reforzar, en consecuencia, la
transparencia, tanto formal como material, de los contratos de préstamos
hipotecarios y, en particular, de los procesos de titulización
hipotecaria. Es evidente que la incorporación de la enmienda va en la
línea de lo se nos pide desde la Unión Europea. En el punto segundo hemos
incorporado la enmienda del Grupo Parlamentario Confederal Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea para impulsar las modificaciones legales
oportunas, en este caso la regulación del mercado hipotecario, con el fin
de dar mayor transparencia y accesibilidad a la información referente a
las titulizaciones de hipotecas y dotar de mayores garantías a los
deudores afectados. Es decir, la exigencia, como apuntaba, de que
cualquier cambio o cesión de créditos sea comunicado previamente al
deudor hipotecario; la obligación de inscribir en el Registro de la
Propiedad la cesión de la titularidad de un crédito hipotecario que, como
decíamos con anterioridad, la Ley de 1992 no exige; y en el caso de que
no se haya inscrito la cesión de dicho crédito, el cesionario no estará
legitimado para iniciar las acciones derivadas del procedimiento de
ejecución hipotecaria. Y el último punto pretende promover la
incorporación de criterios éticos en la gestión de las entidades
financieras y los fondos de inversión, con un código deontológico para
los profesionales del sector financiero promoviendo los más altos niveles
de ética y mejores prácticas profesionales, con referencia a la adecuada
información a los consumidores y usuarios de servicios financieros. Esta
es en su integridad la propuesta transaccional para la que solicitamos el
apoyo del resto de los grupos parlamentarios.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.
Para la defensa de las enmiendas presentadas y por un tiempo máximo de
cinco minutos, tiene la palabra en primer lugar la portavoz del Grupo
Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora
Mayoral. Perdón, señor Mayoral.
El señor MAYORAL PERALES: No hay problema.
El señor PRESIDENTE: Le pido disculpas, señor Mayoral.
El señor MAYORAL PERALES: No tiene por qué, la verdad es que no es
ofensivo.
En primer lugar, permítame decir que cuatro días después del aniversario
de los sucesos que tuvieron lugar en Vitoria el 3 de marzo de 1976, no
puedo dejar de recordar -y siempre que vengo a esta sala lo recuerdo- que
es infausto que en nuestra democracia haya una sala en la sede de la
soberanía con el nombre de don Manuel Fraga. Los demócratas queremos que
los responsables de esos hechos ocurridos en Vitoria respondan ante la
justicia cuanto antes y sean llevados ante la jueza, señora Servini.
En segundo lugar, me gustaría saludar las iniciativas de la sociedad civil
que son clave a la hora de abordar la estafa hipotecaria en nuestro país.
Saludo la iniciativa de las plataformas de afectados por la hipoteca que
hoy en el conjunto de los juzgados del Estado solicitan la paralización
inmediata de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria en
aplicación de la Sentencia de 26 de enero de 2017 del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, relativa al vencimiento anticipado. Es algo
que ya discutimos en una moción con el señor ministro, y volvemos a
reiterar nuestra solidaridad con los movimientos sociales. En este caso
vamos a abordar algo que también ha sido destapado por las organizaciones
de la sociedad civil, y es la absoluta opacidad y el abuso de las
entidades financieras y sus cómplices, los fondos y las gestoras de los
fondos, a la hora de ocultar cuáles han sido los trapicheos utilizados
para estafar a la gente en nuestro país y poner en peligro nuestra
economía que es, al fin y al cabo, lo que nos ha tocado vivir. La falta
de transparencia nos ha impedido conocer la trazabilidad de los fondos de
titulización hipotecaria y de titulización de activos, dando lugar a la
incapacidad de los propios deudores para saber quién era el verdadero
titular de su crédito.
Nosotros y nosotras vamos a apoyar la transacción del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana. Habíamos presentado una PNL en el mismo sentido
y por eso ha sido muy sencillo ponernos de acuerdo. La verdad es que
estamos bastante tristes porque el PSOE no haya podido entender la
importancia no solo de la inscripción en el Registro de la Propiedad y de
la comunicación a los deudores de la existencia de una cesión de crédito,
sino de la declaración de nulidad de la cláusula, que como señala el
Tribunal Supremo en su sentencia de 2009 es abusiva -además, les invito a
leer las escrituras de préstamo hipotecario porque viene en todas ellas-,
que permite al deudor renunciar a que se le notifique la cesión del
crédito. Esto tiene dos problemas, uno relativo al fondo de titulización
hipotecaria y fondo de titulización de activos, y otro que se llama
fondos buitres que es lo que se ha estado haciendo con los créditos en
nuestro país, es decir, se han vendido a precio de saldo a los fondos
buitre sin que haya comunicación al deudor y sin que pueda ejercer su
derecho al tanteo y retracto, algo que ha ido en perjuicio de la gente
trabajadora y en beneficio de aquellos que ponen en peligro la economía
de nuestro país. Tampoco termino de entender cuál es el problema con el
hecho de que la CNMV hiciera las funciones de registro por aquello de la
trazabilidad. ¿Qué significa la trazabilidad? Que no hay por qué creer a
las entidades financieras, es muy mala política creer a las entidades
financieras y por eso estamos aquí. Deben existir mecanismos públicos que
garanticen los derechos de las personas frente a los abusos. Por ello
tampoco entendemos por qué no se está de acuerdo con que la CNMV
funciones como registro para saber cuáles son los créditos incluidos en
ese fondo.
En cualquier caso, nosotros y nosotras vamos a votar a favor de esta PNL
porque consideramos un avance que cualquier cambio relativo a la
titularidad se comunique al deudor. La pena es que exista esa cláusula,
primero vamos a tener que pelear porque se anule para que nos lo
notifiquen, con lo cual al final nos está dificultando el objeto de esta
proposición. Ya digo que esperamos que esto salga adelante porque creemos
que hay muchas cosas que se han escondido en esos fondos de titulización
hipotecaria y de titulización de activos y en las cesiones de créditos a
los fondos buitre, que han tenido como consecuencia esencial -queremos
remarcar esa situación- la indefensión de las personas que se han
enfrentado a los procedimientos de ejecución hipotecaria donde las
entidades financieras carecían de legitimación activa para promoverlos.
El hecho de haber conocido que no eran titulares debía haber devenido en
un archivo de plano de esas ejecuciones hipotecarias y evitar que esos
procedimientos ilegales siguieran adelante. En cualquier caso nos
congratulamos por los acuerdos de la Audiencia Provincial de Madrid, de
la Audiencia Provincial de Barcelona, de la Audiencia Provincial de
Murcia y de otros lugares, que ya están acordando la suspensión inmediata
de todas las ejecuciones hipotecarias a resultas de esa sentencia de 26
de enero de 2017.
El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señor Mayoral.
Desgraciadamente, tan solo es una suspensión lo que debería haber sido un
archivo de plano por tratarse de procedimientos judiciales en los que
existe indefensión para una de las partes, que es una
violación de derechos fundamentales inadmisible en un Estado de derecho
por ser uno de los elementos esenciales que deben informar cualquier
procedimiento judicial.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Botella.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente en España el fenómeno de la titulización ha
aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente a partir
de 1998 con la primera legislatura del presidente, señor Aznar, tras un
importante cambio en la regulación de esta actividad. El ritmo de
titulización en España ha hecho que nuestra economía se haya convertido
en una de las principales emisoras de este tipo de valores en Europa, por
lo que en algunos medios se habla ya, con razón, de un problema de Estado
en relación con este fenómeno. Según datos de la CNMV el total de
titulizaciones en España es del orden de 842.119 millones de euros, lo
que significa que una gran cantidad de hipotecas otorgadas por entidades
financieras han sido titulizadas.
Me gustaría destacar un tema de máxima actualidad en relación con este
fenómeno de la titulización, que también ha sido abordado por los
anteriores intervinientes, como es la legitimación procesal para instar
la ejecución hipotecaria en aquellos supuestos en los que el crédito
hipotecario originario ha sido cedido a un tercero, a un fondo de
titulización. En la medida en que se confirme la jurisprudencia de las
últimas resoluciones judiciales se tendrá que replantear el ejercicio de
las acciones judiciales en caso de impago de préstamos hipotecarios que
han sido cedidos, permitiendo a los deudores contar con una vía adicional
de oposición judicial a la ejecución hipotecaria. Hay que recordar en
este punto que en muchas ocasiones, y esto ha sido ya denunciado, el
deudor hipotecario no es conocedor de la cesión por cuanto esta no le ha
sido comunicada, al existir en el contrato de préstamo hipotecario una
cláusula específica que autoriza a la entidad de crédito su cesión sin
necesidad de consentimiento y notificación previa al deudor. Por tanto,
en este punto y ante estos hechos se hace imprescindible que el Gobierno
traiga ya al Congreso de los Diputados un proyecto de ley de
transposición de la Directiva 2014/17/UE. En dicho proyecto de ley hay
que garantizar con claridad los derechos legales y contractuales del
deudor hipotecario, que en ningún caso podrán verse afectados por la
cesión a terceros de los derechos que correspondan al concesionario de la
hipoteca. La titulización de las hipotecas es un negocio jurídico que
debe ser regulado con la máxima transparencia para evitar, como se ha
señalado también, los daños sobre todo a aquellos que pueden estar más
desprotegidos, así como el daño macroeconómico que puede generarse a raíz
de conductas poco prudentes o directamente irresponsables, especialmente
cuando el riesgo financiero y moral del operador se difumina como ocurre
con las titulizaciones. Todo ello hay que combinarlo con no introducir
obstáculos ni costes burocráticos innecesarios, que afecten a la
seguridad jurídica de las operaciones y, en definitiva, puedan reducir el
mercado financiero hipotecario y dificultar por último la concesión de
las hipotecas.
En este sentido, con el ánimo de contribuir a una mejora técnica, el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de modificación que
ha dado lugar a esta enmienda transaccional de la que nos congratulamos,
porque consideramos que efectivamente de lo que se trata es de instar al
Gobierno a que traiga por fin ese proyecto de ley de crédito hipotecario
que, por cierto, ya llegaría con retraso. Es urgente y por eso hemos
convenido que en un plazo más que razonable de tres meses pueda ser ya
sometido a debate en este Congreso. Como comentaba el señor Mayoral,
nosotros no creemos que ahora sea el momento de entrar tan al detalle en
la medidas propuestas, no porque no podamos estar de acuerdo con la
mayoría de las medidas que se plantean, sino porque sería discriminatorio
entrar en unas sí y en otras no cuando queda tan poco plazo de tiempo.
Además, debe ser ejecutivo para que el Gobierno traiga ese proyecto de
ley, y entonces ya podremos entrar en el detalle. Quiero dejar claro que
no es por demérito de esas propuestas ni porque no sean de interés, sino
porque consideramos que la fuerza mayor debe centrarse ahora mismo en que
el Gobierno traiga ese proyecto de ley, en impulsar las modificaciones,
con lo que de alguna manera estamos cumpliendo con la finalidad de estas
proposiciones no de ley, que es el impulso político y la urgencia de
apostar por medidas que van en beneficio de la sociedad, pues que dada la
situación que se está produciendo en el ámbito jurídico es
imprescindible.
Muchas gracias por su atención. Y gracias por su paciencia, señor
presidente. Esperemos que se pueda aprobar. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.
Turno de fijación de posiciones. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora
Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias.
Es cierto que la hipoteca como derecho real de garantía y de realización
del valor se constituye para asegurar el cumplimiento de una obligación.
A pesar de la importancia que la hipoteca tiene para los usuarios, estos
se han visto perjudicados con el procedimiento de titulización
hipotecaria por el que el banco transforma un activo líquido en activos
que se adquieren por inversores. En definitiva, sirve para movilizar los
préstamos hipotecarios de la entidad de crédito, es decir, un instrumento
de financiación para los bancos, ya que el banco cede la hipoteca a un
tercero, la entidad recupera la inversión, elimina el riesgo y obtiene
liquidez, de tal manera que el riesgo por impago del usuario le atañe a
esta sociedad. Lo grave es que el usuario desconozca esta situación. Y
esto se debe en parte al cambio en la regulación hipotecaria del artículo
149, ya que en la anterior regulación el crédito hipotecario podía
enajenarse o cederse en todo o en parte siempre que se hiciera en
escritura pública, se diera conocimiento al deudor y se inscribiera en el
registro. En cambio, con esta regulación podrá cederse y en este caso sí
se debe realizar en escritura pública e inscribirse en el Registro de la
Propiedad, pero elimina la exigencia de dar conocimiento al deudor. Este
hecho es lo que consideramos grave y no acorde a todas las sentencias de
los tribunales europeos en lo relativo a la exigencia de incorporar a la
legislación española la Directiva 2014/17/UE sobre créditos hipotecarios,
que establece una regulación centrada sobre todo en el ámbito de la
transparencia y de la protección de los consumidores. Es verdad que hay
sentencias y autos favorables contra las titulizaciones, pero entendemos
que la solución no está solamente en acudir a los tribunales cada vez que
no haya transparencia o exista opacidad. Es necesaria una regulación
transparente en la legislación hipotecaria, y hasta que esto no se
resuelva con una nueva normativa hipotecaria a la que habrá que hacer las
aportaciones correspondientes, de momento votaremos a favor de esta
proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, antes de entrar a analizar esta proposición no de ley me
gustaría hacer una pequeña reflexión. Hemos estado escuchando a los
distintos portavoces de los grupos parlamentarios que el proceso de
titulización es una estafa procesal, hay muchos elementos opacos, hay
indefensión, prácticas abusivas, fraude, ilegalidades. Y lo cierto es que
el proceso de titulización hipotecaria ha permitido a los bancos en
España reducir su concentración de riesgos y, además, financiar
operaciones de préstamo a bajo coste. Las titulizaciones fueron
utilizadas de forma creciente a finales de los años ochenta y, además,
permitieron un abaratamiento del crédito a nivel mundial. Esto produjo
evidentemente una expansión económica muy positiva, hemos hablado de
ello, y también es verdad que produjo una burbuja, especialmente en
Estados Unidos con la crisis de 2008 y 2009. Pues bien, en Europa y
España estos excesos, esta burbuja de crédito, se concentraron
especialmente en el crédito promotor a las inmobiliarias y no tanto en
las titulizaciones o en las hipotecas. Es más, cuando hablamos por
ejemplo de calificación crediticia en triple A o triple B, estaba
aproximadamente en el 1 % y el 2 %, sin embargo, es verdad que en Estados
Unidos superaba el 16 % y el 62 % respectivamente. Por lo tanto, con la
crisis y el aumento de los impagos surgieron estas dudas y los litigios
sobre quién es el propietario realmente de una casa, cuál ha sido
realmente el objeto de esa titulización, si el banco, el fondo de
inversión, ambos o ninguno. Además, algunos juzgados han negado la
legitimación activa de las entidades bancarias para instar esas
ejecuciones. Quiero hacer un inciso aquí porque como valenciano he tenido
que sufrir la degradación de las cajas de ahorro en mi comunidad porque
no solo han sido politizadas, sino que, además, han sido saqueadas por la
vieja política, tanto por el Partido Popular como por el Partido
Socialista, incluso por Izquierda Unida, más de 60.000 millones de euros.
Por tanto, estamos estigmatizando el sistema financiero y, a pesar de que
el Real Decreto 716/2009 prevé que la entidad bancaria conserve esa
custodia y administración del préstamo o crédito hipotecario aunque dicha
administración se realice en interés de un tercero, tenemos que pensar
que el proceso de titulización en España y en Europa ha sido beneficioso
para la economía mundial. Al mismo tiempo, como la ley actualmente
permite que no haya publicidad
registral sobre la transferencia de estas inscripciones en el Registro de
la Propiedad, también se ha puesto en cuestión la legitimidad activa de
los fondos de inversión propietarios de estas titulizaciones.
Nos han presentado una enmienda transaccional, y si analizamos los puntos
originales de esta propoposición no de ley del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana, de la señora Capella, y los nuevos puntos de la
transaccional, en Ciudadanos estamos de acuerdo en la necesidad de una
mayor transparencia, es decir, en garantizar los derechos de los deudores
hipotecados. Hay una sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de
2009 que declaró nulas las cláusulas por las que o bien renunciamos a que
el banco ponga en nuestro conocimiento la cesión del préstamo, o bien
autorizamos a que la entidad ceda dicho préstamo sin necesidad de que nos
lo comunique. Por tanto, debe reforzarse el cumplimiento de comunicación
de las cesiones de crédito. Y también es asumible el tercer punto sobre
la promoción de criterios éticos, estamos completamente de acuerdo. Sin
embargo, el segundo punto reclama modificaciones legales concretas de
dudosa utilidad porque debe ponderarse la protección de los intereses
tanto de los deudores como de los acreedores. Para concluir, pensamos que
esta proposición no de ley no añade claridad ni seguridad jurídica en
este punto. Creo que se equivocan insistiendo en la estigmatización de
las titulizaciones. Reitero que Ciudadanos desde luego apuesta por una
política útil, y es evidente que debemos dar más transparencia, más
publicidad a este procedimiento de titulización que tiene efectos
multiplicadores en la generación de liquidez del sistema, en especial
para las pymes.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Sí, señor presidente. Por tanto, nuestra posición es
la abstención.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, don José
Ramón García Cañal.
El señor GARCÍA CAÑAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, las titulizaciones de los activos hipotecarios de los bancos
tienen una serie de ventajas para el banco que los origina, para los
inversores que adquieren las titulizaciones que pueden diversificar sus
carteras y obtener rendimientos de capital, y para los ciudadanos y
empresas que demandan financiación, al generar mayor liquidez de recursos
y capital en los bancos, facilitando nuevos préstamos y abaratando el
crédito al reducir los riesgos de la banca y mejorar su balance. La
normativa española aprobada por las Cortes Generales en 1992, la Ley
sobre el régimen de sociedades y fondos de inversión inmobiliaria y de
titulizaciones hipotecarias, es análoga a la europea y garantiza la
participación de inversores institucionales españoles y extranjeros.
Además, esta ley concito un consenso generalizado para su aprobación en
las Cortes Generales.
¿Qué pretende la proposición no de ley si la relación jurídica entre el
banco prestamista y el prestatario hipotecario se realiza bajo el
principio de no incidencia de forma neutral en el contrato de préstamo
hipotecario respecto al marco regulatorio de las titulizaciones? ¿Que no
pague el prestatario? ¿Que los inversores no compren titulizaciones de
los bancos españoles? Esto es lo que parece que rezuma la exposición de
motivos de esta proposición no de ley, que llega a calificar de estafa
procesal generalizada el proceso de titulización de las hipotecas
bancarias. El Grupo Parlamentario Popular iba a votar favorablemente, si
se permitiese, los puntos números uno y tres de esta proposición no de
ley, pero no el punto dos. Tras las enmiendas transaccionales al punto
uno, si se pudiese votar por puntos nos abstendríamos en la actualidad. Y
no apoyamos el punto dos porque la legislación vigente deja perfectamente
claro que el tenedor de las titulizaciones no es el cesionario del
crédito hipotecario, sino el titular de un nuevo derecho emitido con
cargo al fondo, lo que convierte al tenedor de titulizaciones en acreedor
del fondo pero no en un cesionario del crédito por lo que, en
consecuencia, la entidad financiera sigue siendo la acreedora del
préstamo hipotecario.
Nosotros nos preocupamos por las personas, por las familias que tienen
dificultades económicas y no de otras cosas, no de buscar subterfugios
para favorecer a quien de antemano pretenda no pagar los créditos. Al
Gobierno del Partido Popular prioritariamente le preocupan aquellos
españoles, aquellas familias que padecen dificultades para satisfacer el
pago de la hipoteca de su vivienda habitual. Nos preocupan mucho menos
los problemas o los riesgos que puedan tener los grandes inversores
institucionales de los que ya se encarga la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, el Banco de España o el Banco Central Europeo. Por eso desde
su llegada al Gobierno en diciembre de 2011, el
Partido Popular ha adoptado importantes medidas a favor de las personas y
familias con dificultades para pagar su hipoteca y con riesgo de perder
su vivienda habitual. Hemos tomado numerosas medidas que han obtenido
importantes resultados: no habían pasado tres meses desde la llegada al
Gobierno y el 9 de marzo de 2012 se aprobó el Real Decreto-ley 6/2012, de
medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos. En
el mismo año 2012, de acuerdo con la práctica totalidad de bancos y cajas
de ahorro, se aprobó y se aplica el código de buenas prácticas para
familias en situación de vulnerabilidad. En noviembre de 2012, primer año
de Gobierno todavía, se aprobó el Real Decreto-ley 27/2012, de medidas
urgentes para reforzar la protección a deudores hipotecarios. En 2013 se
aprobó la Ley 1/2013 que creaba el fondo social de viviendas propiedad de
entidades de crédito, que ya ha puesto casi 10.000 viviendas a
disposición de las personas desalojadas.
El señor PRESIDENTE: Señor García Cañal, tiene que ir terminando.
El señor GARCÍA CAÑAL: En definitiva, diferentes medidas; desde el año
2012 más de 78.000 familias han visto que se actuaba para solucionar su
problema, con lanzamientos paralizados, reestructuraciones de deuda,
daciones en pago y más de 9.000 contratos de alquiler. Ustedes mientras
tanto preocupados aparentemente por los grandes inversores en
titulizaciones hipotecarias, que le aseguro que saben defenderse
perfectamente, o por aquellos que pudiendo pagar los créditos que han
solicitado pretenden buscar triquiñuelas legales para no pagarlos. Y en
ese camino desde luego no encontrarán al Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Cañal.
Señora Capella, entiendo que el texto original de la proposición no de ley
queda sustituido por la enmienda transaccional que se ha presentado y que
ya dispone la Mesa. (Asentimiento).
Con esta intervención ha terminado el debate de las distintas
proposiciones no de ley planteadas para el día de hoy. Vamos a suspender
durante tres minutos y comenzaremos después la votación. (Pausa).
A continuación, vamos a iniciar las votaciones y lo haremos por el orden
que figura en el orden del día, con independencia del orden en que se
hayan debatido. Por tanto, comenzamos con la votación del 1.º punto del
orden del día: proposición no de ley, por la que se insta al Gobierno a
establecer un compromiso estable y prioritario con la inversión en
actividades de I+D+i, como eje de transformación económica, creación de
empleo y de superación de la crisis, presentada por el Grupo
Parlamentario Mixto. Se ha presentado una transaccional y se vota en los
términos de la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Ahora votamos el 2.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre
medidas para la profundización y mayor desarrollo del ecosistema de
startups de Internet en España, presentada por el Grupo Parlamentario
Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34;
abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos el 3.º punto del orden del día: proposición no de
ley relativa a garantizar la continuidad de la recuperación económica y
la creación de empleo, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se
vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Ahora votamos el punto 4.º del orden del día: proposición no de ley sobre
la imposición de un impuesto solidario a la banca, presentada por el
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El señor SAURA GARCÍA: Perdón, señor presidente, hay una transacción, que
es la que se vota.
El señor PRESIDENTE: Así es, se vota esta proposición no de ley en los
términos de la enmienda transacción.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en
contra, 17; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos el punto 5.º del orden del día: proposición no de
ley relativa a la prórroga del plazo previsto en el artículo 1.º de la
Ley 1/2013, de 14 de mayo, para la medida de moratorio de lanzamiento de
deudores hipotecarios de su vivienda habitual, presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco, PNV. Antes de pasar a la votación, tengo que
preguntar a la señora Sagastizabal si acepta alguna de las enmiendas que
se han presentado.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Aceptamos las dos enmiendas del
Partido Socialista y estaríamos en disposición de aceptar el punto
primero de la enmienda de adición del Grupo de Unidos Podemos.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Unidos Podemos está de acuerdo? (Un señor
diputado: A ver, qué remedio.-Risas).
Entonces entiendo que votamos la proposición no de ley en los términos
resultantes de la incorporación de las dos enmiendas del Grupo Socialista
y la primera parte de la enmienda presentada por el Grupo Unidos Podemos.
¿Es así, señora Sagastizabal?
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Así es, presidente.
El señor PRESIDENTE: Bien, pues en esos términos procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22;
abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación votamos el punto 6.º del orden del día: proposición no de
ley relativa a impulsar la adhesión de España al Sistema europeo de
patente unitario, presentada por el Grupo Socialista. Entiendo que se
vota en sus términos al no tener enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en
contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por último, votamos el punto 7.º del orden del día: proposición no de ley
relativa a implementar la transparencia y accesibilidad de la información
referente a las titulizaciones de hipotecas, presentada por el Esquerra
Republicana de Catalunya en los términos de la enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19;
abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Por favor, ruego a los portavoces y miembros de la Mesa que se queden, no
se marchen.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
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