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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 60, de 29/11/2016
cve: BOCG-12-D-60
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
29 de noviembre de 2016

Núm. 60


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión Constitucional

161/000869 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos... (Página6)

Comisión de Asuntos Exteriores

161/000872 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos en Marruecos... (Página8)

161/000881 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la condena de las detenciones de los miembros del parlamento turco... (Página11)

161/000894 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la condena al golpe en Brasil... (Página12)

161/000895 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los principios rectores que han de prevalecer en las relaciones bilaterales entre España y los Estados Unidos de América tras la victoria de Donald Trump... (Página14)

Comisión de Interior

161/000893 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la Comisaría de Policía del Polígono Sur de Sevilla... (Página15)

161/000906 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción urgente de medidas para asegurar la adecuación de los Centros de Internamiento de Extranjeros y la garantía de los derechos de las personas internadas... (Página16)

Comisión de Economía y Competitividad

161/000877 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la modificación de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales... (Página19)


Página 2




Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/000874 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el procedimiento de regularización catastral que ha iniciado la Dirección General de Catastro en Córdoba... (Página21)

161/000910 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la reforma del Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria para evitar su uso fraudulento... (Página22)

Comisión de Fomento

161/000879 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre un Plan de Mejora Integral de la antigua línea de FEVE (hoy Renfe Ancho Métrico) Ferrol-Ortegal-A Mariña... (Página23)

161/000885 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reapertura del servicio de trenes en la línea Madrid-Riaza-Aranda-Burgos y reducir los riesgos del cambio climático... (Página25)

161/000911 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el Corredor Mediterráneo... (Página27)

Comisión de Educación y Deporte

161/000866 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la incorporación de los conocimientos de alimentación, nutrición y educación del gusto en el sistema educativo... (Página28)

161/000882 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a aumentar las subvenciones económicas a las federaciones deportivas españolas... (Página29)

161/000886 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la transferencia y financiación de los servicios de las competencias sobre expedición y homologación de títulos académicos, profesionales y universitarios a la Generalitat de Catalunya... (Página30)

161/000896 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para garantizar los principios de normalización e inclusión de los alumnos con necesidades especiales y, en concreto, de aquellos alumnos con dislexia, asegurando su no discriminación e igualdad efectiva en las pruebas de acceso a la universidad... (Página31)

161/000900 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación del Plan Nacional del Cuidado Visual... (Página32)

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/000073 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la devolución de ayudas públicas en caso de deslocalización. Pasa a tramitarse en la Comisión de Economía y Competitividad... (Página34)

161/000871 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar los trámites pertinentes para la aprobación de una Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo... (Página34)


Página 3




161/000873 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la mejora y garantía de las condiciones laborales de las camareras de piso en el sector turístico... (Página36)

161/000875 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la adopción de medidas para la protección de los trabajadores autónomos económicamente dependientes y para poner fin a la precariedad de las relaciones laborales a la que ha llevado el uso fraudulento del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y de los TRADE, así como acabar con la figura del falso autónomo... (Página38)

161/000883 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre evaluación y reforma del régimen laboral de las empleadas y empleados del hogar... (Página40)

161/000889 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a analizar las posibilidades de actuación y ampliación del Programa de Activación para el Empleo... (Página44)

161/000892 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el adelanto de la edad de jubilación de los policías locales y su extensión a los vigilantes municipales... (Página45)

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000878 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la elaboración de un plan industrial para Navantia S.A. ... (Página46)

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/000867 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética... (Página48)

161/000868 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a promover la mejora y modernización de regadíos... (Página49)

161/000870 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el reparto nacional de la cuota de atún rojo entre los distintos segmentos de flota... (Página50)

161/000876 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la redacción de una Ley de contaminación odorífera... (Página52)

161/000890 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la contribución de los acuerdos de colaboración pesquera a la cooperación con terceros países... (Página53)

161/000891 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar el conocimiento científico en el sector pesquero y acuícola... (Página54)

161/000897 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al proceso de reversión expropiatoria de Jánovas... (Página56)

161/000901 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a suspender la revisión de las valoraciones catastrales de las construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales ubicadas en suelo rústico y para aprobar las normas reglamentarias para determinar un correcto valor catastral de las mismas... (Página58)


Página 4




161/000902 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la protección y tenencia de animales domésticos... (Página59)

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

161/000909 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre el impulso de la candidatura de Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento... (Página61)

Comisión de Cultura

161/000888 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la justa remuneración de los derechos de autor en el Mercado Único Digital... (Página62)

161/000907 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a hacer de España localización predilecta para rodajes nacionales e internacionales... (Página63)

161/000908 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la conmemoración del 80 aniversario del bombardeo del Liceu Escolar de Lleida... (Página64)

Comisión de Igualdad

161/000903 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a fomentar las medidas de igualdad en las relaciones laborales e impulsar los Planes de Igualdad entre hombres y mujeres en la pequeña y mediana empresa... (Página66)

161/000904 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre igualdad salarial entre mujeres y hombres... (Página68)

161/000905 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el acceso a la reproducción asistida de todas las personas con capacidad gestante, independientemente de su orientación o identidad sexual y de su situación familiar... (Página70)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/000880 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la mejora integral de la N-260 a fin y efecto de reducir su siniestralidad... (Página72)

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/000898 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la accesibilidad universal de los medios de comunicación audiovisuales... (Página73)

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/000884 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la reapertura del servicio de trenes en la línea Madrid-Riaza-Aranda-Burgos y reducir los riesgos del cambio climático... (Página75)


Página 5




Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/000887 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la modificación del artículo 132.1 en relación con los artículos 130.1.6.º y 131, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, relativo a la prescripción de los delitos de abuso y/o agresión sexual a menores... (Página76)

161/000899 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la creación del Plan Nacional del Cuidado Visual... (Página77)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Fomento

181/000029 Pregunta formulada por el Diputado don Ricardo Sixto Iglesias (GCUP-EC-EM), sobre forma en la que piensa actuar el Gobierno en el proyecto de ampliación de la V-30 ante las numerosas alegaciones y críticas que dicho proyecto está recibiendo... (Página79)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión Constitucional

161/000869

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Gabriel Rufián Romero, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, para su debate en la Comisión Constitucional.

Exposición de motivos

El Valle de los Caídos fue construido como un "magno monumento destinado a perpetuar la memoria de los Caídos en la Cruzada de Liberación para honra de quienes dieron sus vidas por Dios y por la Patria", de manera que se erige con la labor de ser un "lugar de oración y de estudio donde a la vez se ofrezcan sufragios por las almas que dieron su vida por su Fe y por su Patria, se estudie y se difunda la doctrina social católica inspiradora de las realizaciones sociales del régimen", del régimen fascista, por supuesto.

Por otro lado, el monumento se erigió con el sudor y la sangre de miles de presos, que padecieron trabajos forzados en calidad de esclavos por tener ideologías o tendencias sexuales que el régimen franquista consideraba condenables. Son los derrotados de una guerra que erigen un monumento -dejando sus energías, orgullo y en algunos casos, la vida- para eternizar su derrota y la victoria de los facciosos. Para mayor humillación de algunos, aquellos que habían luchado por la laicización de la sociedad, pretendiendo la separación Iglesia-poder político, el monumento es un monumento religioso, que pretende dejar patente el sentido inequívoco de la Cruzada Nacional-católica.

A pesar de la desaparición del régimen de nacional-catolicismo impuesto por Franco y de la instauración de la democracia, el Valle de los Caídos se sigue alzando soberbio e insultante con las mismas finalidades por las que fue creado. Es más, se erige como un magnífico mausoleo para el genocida dictador Francisco Franco, cuya tumba está continuamente custodiada con el dinero de nuestros bolsillos, y donde los seguidores del fascismo -pese a la Ley 52/2007- siguen conmemorando hoy día el aniversario de su muerte y ensalzando su obra como "Caudillo".

Un Gobierno verdaderamente democrático no puede consentir, y mucho menos apoyar, que continúe con la misma forma y finalidad el monumento levantado a aquellos que se alzaron contra un régimen democrático legalmente constituido, iniciando una guerra con miles de personas muertas, exiliadas o en la miseria e instaurando un régimen totalitario y de terror, caracterizado por la represión política, social, cultural y lingüística, hasta el punto de la propia pena de muerte, y la falta de libertades en todos los sentidos.

Un Gobierno verdaderamente democrático no debe consentir la perpetuación de la humillación de las miles de personas que dieron su vida por defender la democracia y las libertades políticas. No debe consentir que el monumento hecho con la sangre de los defensores de Ea democracia, reste perenne e


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inmutable, como homenaje a aquellos que lucharon contra la República y la libertad, y asesinaron, encarcelaron, expulsaron o esclavizaron a los demócratas republicanos.

Un Gobierno verdaderamente democrático y laico no puede permitir el triunfo de la Cruzada Nacional Católica impulsada por Franco, consintiendo que viva su espíritu en el monumento del Valle de los Caídos. No podemos permitir que aquellos que murieron víctimas de aquel que fue "Caudillo por la Gracia de Dios", continúen soportando [a cruz del Valle de los Caídos.

Los demócratas no podemos consentir que el paso del tiempo conviertan a Franco y a los fascistas como autores de un régimen diferente en el devenir de la Historia y cuya obra fue ensalzada en un monumento por el pueblo, y no como auténticos genocidas que reprimieron al pueblo hasta un punto extremo de crueldad, más allá de las ejecuciones, en que se esclavizó a los perdedores para construir un monumento en homenaje a la victoria de los totalitarios. Debemos evitar que de aquí dos siglos se hable de Franco como un dictador cuya obra hay que admirar. La manera de hacerlo es convertir el Valle de los Caídos en un centro de memoria histórica que contextualice la barbarie franquista.

En un sentido similar, se expresó la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, que se creó por Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de mayo de 2011, con el encargo de preparar un informe sobre posibles actuaciones, de acuerdo con lo establecido en la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura.

Asimismo, las Recomendaciones realizadas por esta Comisión establecían la necesidad de que fueran atendidas y satisfechas las reclamaciones de identificación y exhumación de familiares, salvo que ello fuera técnicamente imposible.

Finalmente, la Comisión también recomendaba que José Antonio Primo de Rivera perdiera el lugar preeminente que tenía entre todas las víctimas, así como la exhumación de los restos de Francisco Franco con sacarlos del Valle de los Caídos, ya que "el objetivo de resignificar el conjunto del Valle de los Caídos, despojándole de cualquier connotación ideológica o política, y atendiendo únicamente a la dimensión moral de la memoria sólo será posible si los enterramientos se reservan únicamente, como estaba previsto, para los restos de las víctimas y los muertos de la Guerra Civil".

Es por todo ello que se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Cumplir con las Recomendaciones efectuadas por la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos, y de manera esencial con las siguientes:

a) Resignificación integral del Valle de los Caídos.

b) Creación de un Centro de Interpretación.

c) Satisfacción, siempre que técnicamente sea posible, de las reclamaciones para la devolución de restos humanos familiares una vez identificados y exhumados.

d) Disolución del Centro de Estudios del Valle de los Caídos y conversión de la actual Fundación en un Real Patronato según la Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora de Patrimonio Nacional.

e) Exhumar los restos de José Antonio Primo de Rivera de la ubicación preeminente en que se halla e incluirlos en un columbario con el resto de víctimas (salvo que la familia decida otro destino).

f) Exhumar los restos de Francisco Franco y sacarlos del Valle de los Caídos.

2. No destinar ninguna subvención o recurso público, directa o indirectamente, al Valle de los Caídos mientras no sea para el cumplimiento del conjunto de las Recomendaciones realizadas por el informe de la Comisión de Expertos para el Futuro del Valle de los Caídos.

3. No destinar ninguna subvención o recurso público, directa o indirectamente, a las organizaciones e instituciones vinculadas al Valle de los Caídos, mientras éstas no colaboren de manera activa en dar cumplimiento a las Recomendaciones de la Comisión de Expertos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2016.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.


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Comisión de Asuntos Exteriores

161/000872

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Ana Surra Spadea, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento de los Derechos Humanos en Marruecos, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

El Presidente del Gobierno, Sr. Mariano Rajoy, realizará el próximo 15 de noviembre la primera visita internacional de su nuevo mandato. Su destino es el Reino de Marruecos, un estado que, pese a las continuadas e históricas relaciones mantenidas entre los dos estados, despierta recelos en lo que se refiere al respeto a los derechos humanos y a las libertades, tal y como denuncia, entre otras, Amnistía Internacional.

No en vano, Amnistía Internacional detalló sus principales preocupaciones sobre el cumplimiento de los derechos humanos en una carta enviada al Presidente del Gobierno del siguiente tenor:

"1. Libertad de expresión.

Los periodistas y las personas que se considera que hacen críticas de manera pacífica están siendo procesados y condenados por expresar sus opiniones. Los periodistas son a menudo condenados a penas de prisión condicional, mientras que los activistas son encarcelados periódicamente. Incluso algunas personas han sido condenadas por delitos comunes, tras ser acusadas mediante denuncias aparentemente falsas. Las autoridades marroquíes también han puesto obstáculos burocráticos a los periodistas que son críticos con sus acciones.

- Siete periodistas y activistas marroquíes fueron acusados en noviembre de 2015 de "menoscabar la seguridad del Estado" y de "no informar de la financiación extranjera" después de participar en un proyecto con financiación extranjera para utilizar una aplicación de periodismo ciudadano para móviles. Su próxima audiencia judicial se ha programado para el 25 de enero de 2017. Amnistía Internacional pide a las autoridades marroquíes que retiren los cargos contra los siete acusados.

- El periodista Ali Anouzla sigue sometido a juicio, acusado de propugnar y apoyar el terrorismo por publicar en el sitio web de noticias Lakome.com un artículo sobre un vídeo difundido por el grupo armado Al Qaeda en el Magreb Islámico. En 2016, las autoridades judiciales anunciaron su decisión de enjuiciarlo por estos cargos, aunque aún no han fijado la fecha del juicio. De ser declarado culpable, podría ser condenado a 20 años de cárcel. Amnistía Internacional pide que se retiren todos los cargos contra él.

Aunque en agosto de 2016 los legisladores marroquíes aprobaron un nuevo Código de Prensa sin sanciones penitenciarias, se introdujeron en el Código Penal nuevas disposiciones que penalizan el derecho a la libertad de expresión.

Amnistía Internacional pide a las autoridades marroquíes que eliminen las disposiciones sobre difamación (artículos 442 y 443), ofender a funcionarios públicos (artículo 263) -incluidos el Rey y el Príncipe heredero (artículo 179)- o a organismos públicos (artículo 265), las disposiciones relativas a "denuncias calumniosas" (artículo 445) y sobre la falta de respeto a los símbolos y emblemas estatales (artículos 267-1 a 267-4).

2. Libertad de reunión.

Las fuerzas de seguridad siguen utilizando una fuerza innecesaria o excesiva para dispersar las asambleas pacíficas tanto en Marruecos como en el Sáhara Occidental. A menudo golpean a los manifestantes con bastones, sobre todo cuando son críticos con las autoridades. La represión suele ser más marcada cuando los manifestantes reclaman la autodeterminación saharaui, o cuando las protestas ocurren en el Sáhara Occidental y áreas del sur de Marruecos con una importante población saharaui.


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No se ha hecho rendir cuentas a las fuerzas de seguridad que han hecho uso de una fuerza excesiva o innecesaria, a pesar de las numerosas denuncias presentadas por manifestantes y grupos de derechos humanos en Marruecos y el Sáhara Occidental.

- El 15 de agosto de 2016, ocho activistas fueron condenados a penas de prisión de cuatro meses a un año en relación con una protesta pacífica en Sidi Ifni, en la que habían ocupado el balcón del antiguo consulado español, pidiendo a [as autoridades españolas que respondieran a su petición de ciudadanía. Las condenas fueron confirmadas en apelación en octubre de 2016, con una sentencia de cuatro meses conmutada a tres meses de prisión. A Amnistía Internacional le preocupa que los manifestantes hayan sido juzgados injustamente y puedan haber sido castigados por expresar pacíficamente sus puntos de vista, incluida la crítica a las autoridades marroquíes. Amnistía Internacional pide a las autoridades marroquíes que liberen de manera inmediata e incondicional a los acusados cuya responsabilidad penal en actos de violencia no se haya establecido más allá de toda duda razonable.

3. Libertad de asociación.

Las autoridades marroquíes siguen prohibiendo el registro legal de varias organizaciones de derechos humanos, incluidas las ramas locales de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, la mayor organización que trabaja en la defensa de los derechos humanos en Marruecos, de Freedom Now y de la Coordinadora del Magreb de Organizaciones de Derechos Humanos. También impiden que organizaciones de derechos humanos y otras asociaciones celebren reuniones y asambleas públicas y de otro tipo, y continúan negando la entrada y expulsando a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y abogados extranjeros.

En junio 2016, el Instituto Internacional por la Acción No Violenta (NOVACT), una ONG española, cerró su oficina en Marruecos después de que las autoridades negaran la entrada a dos de sus empleados. A los equipos de investigación de Amnistía Internacional se les ha negado el acceso a la investigación desde octubre de 2014, cuando dos miembros de nuestra organización que se encontraban de visita en Marruecos para investigar las condiciones en las que se encontraban las personas migrantes y refugiadas en su frontera con España fueron expulsados. Las autoridades afirmaron que no habían autorizado la visita, pese a haber informado previamente a nuestra entidad de que no se requería autorización alguna.

4. Tortura y otros malos tratos.

Nos gustaría que las autoridades españolas intercedieran por los siguientes casos:

- Ali Aarrass sigue en prisión más de tres años después de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyera que había sido condenado tras un juicio injusto basado en una "confesión" obtenida bajo tortura. El Tribunal de Casación tampoco había respondido aún a su recurso, aunque ya hace más de cuatro años que el mismo fue presentado. Ali Aarrass está en régimen de aislamiento desde el 10 de octubre de 2016, cuando fue trasladado a la cárcel Tiflet II sin que se informara a su familia. Según los informes, se encuentra en mal estado de salud y está detenido en régimen de aislamiento en una celda de seis metros cuadrados con sólo una hora al día de patio; solamente tiene derecho a una ducha a la semana; y no tiene colchón, por lo que está obligado a dormir directamente sobre el hormigón del suelo.

- En julio de 2016, el Tribunal de Casación de Marruecos declaró que 23 manifestantes saharauis y activistas encarcelados tras los enfrentamientos en los que hubo muertos en 2010 en Gdeim lzik (Sáhara Occidental) deben ser juzgados de nuevo ante un tribunal civil. En 2013, fueron sentenciados en su mayor parte a largas penas de prisión después de un juicio injusto ante un tribunal militar, basándose en "confesiones" que supuestamente habían sido obtenidas mediante tortura. Veintiuno de los 23 permanecen en prisión, en espera de una fecha para su nuevo juicio. Amnistía Internacional pide a las autoridades marroquíes que garanticen que se les conceda rápidamente un nuevo juicio en línea con las normas internacionales. Cualquier declaración extraída bajo tortura debe ser excluida de los procedimientos. Las autoridades marroquíes también deben ordenar investigaciones independientes e imparciales sobre sus denuncias de tortura y otros malos tratos.


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5. Derechos de lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales.

Las autoridades marroquíes continúan procesando y encarcelando a personas con arreglo al artículo 489 del Código Penal, que tipifica como delito las relaciones sexuales homosexuales consentidas. Incluso dos hombres que habían sido víctimas de un ataque homófobo en la ciudad de Beni Mellal, fueron condenados en virtud del artículo 489, uno de ellos a cuatro meses cárcel y el otro a tres meses de prisión condicional. Tras mucha presión internacional sobre este caso, se consiguió que ambos quedaran en libertad condicional. Amnistía Internacional pide a las autoridades marroquíes que deroguen el artículo 489 del Código Penal.

6. Derechos de las personas refugiadas y migrantes.

La cooperación permanente entre España y Marruecos en materia de control fronterizo y migratorio y la expulsión ilegal de migrantes de terceros países desde España a Marruecos plantean serias preocupaciones a raíz de reiteradas denuncias de violaciones de derechos humanos por parte de las autoridades marroquíes contra migrantes, solicitantes de asilo y refugiados, en particular en Ceuta y Melilla. Desde el año 2005, cuando se intensificó esta colaboración entre ambos países, Amnistía Internacional no ha cesado de documentar casos de graves violaciones de derechos humanos cometidos en la frontera que no han sido investigados adecuadamente. La organización expresó su máxima preocupación por la introducción en la Ley de Extranjería de la figura del "rechazo en frontera" únicamente aplicable en las ciudades de Ceuta y Melilla, en un intento de amparar las expulsiones en caliente en el perímetro fronterizo de ambas ciudades, pero que en definitiva, son expulsiones sumarias y colectivas prohibidas por el derecho internacional."

Asimismo, más allá de las preocupaciones mostradas por Amnistía Internacional respecto al cumplimiento de los derechos humanos en Marruecos, es necesario que el Estado español, por su responsabilidad histórica y moral, insista al Reino de Marruecos en que acepte íntegramente la resolución de Naciones Unidas respecto al Sahara y colabore en la realización del referéndum en el Sahara Occidental, para la resolución definitiva de un conflicto que dura ya más de cuarenta años.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Interceder ante las autoridades marroquís con la finalidad de:

- Llevar a efecto la decisión del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU, que solicitó el 28 de agosto de 2013 a Marruecos la liberación inmediata de Ali Aarraas y que este fuera compensado adecuadamente.

- Retirar los cargos contra el periodista Ali Anouzla.

- Liberar de manera inmediata e incondicional a los ocho activistas condenados en relación con la protesta pacífica en el consulado español de Sidi lfni, porque su responsabilidad penal en actos de violencia no se ha establecido más allá de toda duda razonable.

2. Pedir al Gobierno del Reino de Marruecos la máxima implicación en la defensa del derecho y la libertad de reunión a fin y efecto de evitar las actuaciones policiales desmesuradas y el uso de le fuerza excesivo e innecesario.

3. Pedir al Gobierno del Reino de Marruecos la eliminación de las disposiciones sobre difamación (artículos 442 y 443), ofender a funcionarios públicos (artículo 263) -incluidos el Rey y el Príncipe heredero (artículo 179)- o a organismos públicos (artículo 265), las disposiciones relativas a "denuncias calumniosas" (artículo 445) y sobre la falta de respeto a los símbolos y emblemas estatales (artículos 267-1 a 267-4), del Código Penal ya que penalizan el derecho a la libertad de expresión.

4. Interceder ante las autoridades marroquís en la defensa del colectivo LGTBI con tal de incentivar la retirada del delito de relaciones homosexuales consentidas del Código Penal.

5. Suspender la cooperación con Marruecos en materia de control migratorio, y dejar de devolver a Marruecos a personas de terceros países hasta que este país respete plenamente los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, esta suspensión también debe incluir el


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acuerdo de readmisión existente entre ambos países, hasta que el mismo incluya salvaguardas de derecho internacional.

6. Pedir al Gobierno del Reino de Marruecos el cumplimiento y máxima colaboración a fin y efecto de dar cumplimiento a resolución 690 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, de 29 de abril de 1991, de acuerdo con las propuestas de arreglo aceptadas el 30 de agosto de 1988 por Marruecos y el Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente POLISARIO), para el referéndum del Sáhara Occidental."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2016.-Ana María Surra Spadea, Diputada.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

161/000881

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia de la Diputada y Diputados doña Marta Sorlí, don Joan Baldoví, don Enric Bataller y don Ignasi Candela, de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el artículo 194 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley en condena a las detenciones de los miembros del parlamento turco, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Los pasados 4 y 7 de noviembre de 2016, la policía turca ha arrestado a más de una decena Diputados de la Gran Asamblea Nacional Turca pertenecientes al grupo político Halklann Demokratik Partisi (HDP), entre los que se incluían a sus co-presidentes, Selahattin Demirtas y Figen Yuksekdag.

Con este suceso ha quedado de manifiesto, una vez más, que tras el golpe de estado en Turquía en julio de 2016 y la subsecuente declaración de Estado de emergencia, el presidente Recep Tayyip Erdogan está llevando una serie de actuaciones encaminadas a eliminar cualquier tipo de oposición en el país: detención de miles de opositores políticos, operaciones armadas contra la población kurda, cierre de medios de comunicación y restricciones al acceso a Internet durante días.

En el mes de mayo 2016, la mayoría del Parlamento aprobó levantar la inmunidad de 138 Diputados, la mayoría de ellos de la oposición socialdemócrata y kurda. Además, cabe recordar que con los decretos aprobados por parte del gobierno han cerrado dos agencias de noticias kurdas, más de 170 medios de comunicación y varios diarios críticos con Erdogan; más de 130 periodistas están en prisión; 80.000 personas han sido detenidas desde el 15 de julio, y cerca de la mitad están en prisión; así como 15.000 rectores, profesores y profesionales de la educación; y 180 alcaldes y concejales y 3000 dirigentes locales de formaciones kurdas y más de treinta ayuntamientos intervenidos por el Gobierno.

La detención de los miembros de HDP, un partido que cuenta con 59 Diputados, y votado por cinco millones de personas en las últimas elecciones, supone un desprecio por parte del gobierno de Erdogan a los principios básicos de la democracia parlamentaria y el respeto al Estado de Derecho. Actos que acaban por vulnerar derechos reconocidos a nivel internacional por el Convenio Europeo de Derechos Humanos así como por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966.

Es en estos momentos en los que ciertas democracias están en peligro, cuando los pueblos deben mostrar su hermandad.

Por todo ello, el Grupo de Compromís en el Congreso de los Diputados presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados:

1. Condena el ataque del Gobierno turco hacia la pluralidad democrática del país y rechaza cualquier tipo de represión sobre la pluralidad en los medios de comunicación del país, así como los intentos de intimidación contra los corresponsales extranjeros.

2. Muestra su solidaridad hacia Turquía y hace un llamamiento a la comunidad internacional y a las instituciones europeas para que dejen de mirar a otro lado frente al devenir autoritario en Turquía.


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3. Se solidariza con los miembros de la Gran Asamblea Nacional Turca que elegidos democráticamente por el pueblo turco han sido arrestados y coartados de libertad haciendo acallar las voces de millones de ciudadanos y ciudadanas turcas.

4. Insta al Gobierno a mostrar su solidaridad hacia todos los encarcelamientos injustificados de los miembros de la Gran Asamblea Nacional Turca, así como de periodistas y de todas las detenciones fundamentadas en criterios políticos.

5. Insta al Gobierno turco la puesta en libertad inmediata e incondicional de todas las personas que, por criterios políticos, fueron detenidas y arrestadas en prisión.

6. Expresa su profunda preocupación por la situación relativa al Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos en Turquía tras el golpe de Estado; y del devenir autoritario por parte del gobierno turco que sigue amenazando y coartando la libertad a la ciudadanía turca, lejos de aliviar las tensiones y facilitar la paz."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2016.-Marta Sorlí Fresquet, Joan Baldoví Roda, Enric Bataller i Ruiz e Ignasi Candela Serna, Diputados.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000894

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa del Diputado Pablo Bustinduy, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la condena al golpe en Brasil, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

El pasado 31 de agosto se consumó en Brasil el proceso de censura (impeachment) iniciado cinco meses atrás, el 17 de abril. Se destituía así definitivamente a Dilma Rousseff de la Presidencia del Brasil, apuntalando en el cargo al hasta entonces presidente interino Michel Temer.

El Congreso brasileño se ha servido de una figura jurídica existente en el ordenamiento del país (la del impeachment), sobre la base de presuntas irregularidades presupuestarias no contenidas en los preceptos señalados por la ley y desdibujadas a lo largo de un proceso espurio y falto de garantías. La misma apertura del proceso se dio sobre la base de acusaciones para las que, a fecha de hoy, no se han procurado pruebas suficientes que acrediten la culpabilidad de Dilma Rousseff, El Congreso brasileño, pues, retorció los instrumentos a su alcance bajo pretextos políticos que buscaban subvertir los resultados electorales de 2014, cuando Dilma Rousseff fue elegida Presidenta de todos los brasileños y brasileñas con más de cincuenta millones de votos a su favor.

A diferencia de las democracias parlamentarias, en las cuales una moción de censura es suficiente para iniciar un proceso de inhabilitación del Jefe de Gobierno, en los regímenes presidencialistas -como es el caso brasileño- la figura del Jefe de Gobierno y Jefe de Estado coinciden, exigiéndose por tanto para su destitución la observancia no sólo de requisitos políticos (e.g.: pérdida del apoyo de la mayoría parlamentaria) sino también del cumplimiento estricto de los requisitos jurídicos, esto es, que hubiere existido prueba fehaciente de crimen de responsabilidad de la persona que ocupe el cargo de la Presidencia de la República.

Siendo cierto que la Presidenta alma perdió su mayoría parlamentaria, no es menos cierto que el juicio dejó patente que -desde el punto de vista penal- la materialidad del crimen de responsabilidad de la Presidenta no existió. Ninguna de las dos acusaciones imputadas a la Presidenta se sustentaron.

La primera acusación, "atraso en el pago de operación de créditos junto al Banco do Brasil en lo tocante a la ejecución del Plano Safra (Plan Cosecha) para el ejercicio de 2015", ya había sido desestimada por el parecer previo de la propia Fiscalía (hecho completamente ignorado por los senadores que propiciaron su impeachment), siendo ratificada esa versión por los testigos del juicio. Dicha operación de "crédito" no se configuraba como tal, tratándose -técnicamente- de una operación de ecualización de


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tipos de interés entre el Tesoro Nacional y el Banco do Brasil y, por lo tanto, no susceptible de considerarse delito bajo el ordenamiento penal.

La segunda acusación contra Dilma, la "apertura de tres operaciones de crédito suplementarios sin previa autorización del Congreso Nacional", consagradas popularmente como "pedaladas fiscales", también quedó desestimada. Tanto la defensa de la Presidenta como los especialistas invitados en calidad de testigos explicaron que la autorización para la apertura de los créditos suplementarios estaba prevista por el ordenamiento jurídico y sus modalidades -rigurosamente respetadas por el Gobierno- registradas según LOA aprobada por el mismo Congreso. Por lo tanto, tampoco quedó en absoluto probado que la Presidenta desatendiera los preceptos de la Ley de Responsabilidad Fiscal, por lo que es imposible sustentar la acusación de un supuesto delito de responsabilidad por parte de la Presidenta.

El Congreso de los Diputados entiende y proclama que en regímenes de carácter democrático los mandatos han de solicitarse y congraciarse mediante una única vía, que no es otra que la de las urnas; y por ello sostiene que las irregularidades patentes de este proceso (de las que se han hecho eco organizaciones regionales como la OEA y la UNASUR, y que han criticado con dureza la mayoría de gobiernos y parlamentos latinoamericanos) son condición suficiente para mostrar nuestra preocupación por los estándares democráticos más elementales, toda vez se ha torcido la voluntad inequívoca expresada en 2014 sin que haya mediado un nuevo proceso electoral.

Durante este periodo nuestro Gobierno en funciones no sólo no ha hecho uso de sus instrumentos diplomáticos para mostrar su consternación ante los graves hechos que se producían en el país amigo sino que, más bien al contrario, ha tomado de manera completamente deliberada la decisión unilateral y de marcado carácter político de reconocer al Gobierno de Michel Temer, toda vez ya se ha producido una reunión bilateral al más alto nivel durante la pasada cumbre del G-20 con nuestro Presidente en funciones Mariano Rajoy.

Durante todo el período de interinidad de Michel Temer y desde su nombramiento definitivo como Presidente de Brasil, el Congreso de los Diputados y la Comisión de Asuntos Exteriores no han sido informados de la situación y conformación de las relaciones diplomáticas bilaterales entre ambos países, ni han sido consultados con el propósito de adecuar una respuesta común y consensuada. En definitiva: se han tomado decisiones políticas definitorias en materia de nuestra acción exterior que no han contado con el beneplácito o tan siquiera la consulta de esta Cámara.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Trasladar a las autoridades diplomáticas brasileñas acreditadas ante el Estado su profunda preocupación, repulsa y condena de la utilización de métodos antidemocráticos que han devenido en la destitución de Dilma Rousseff mediante un proceso de impeachment fraudulento, sin la disolución inmediata de las cámaras brasileñas ni la convocatoria de un nuevo proceso electoral.

2. Elevar a instancias europeas (Consejo de la Unión Europea y Consejo de Asuntos Exteriores) la posición recogida en el punto anterior (1.), demandando medidas diplomáticas ulteriores como, pero no únicamente, la no aceptación de la República del Brasil como interlocutor en las negociaciones comerciales con el Mercosur.

3. Reducir al mínimo los intercambios diplomáticos con la República del Brasil como medida de presión para la restauración de la legitimidad democrática de su Gobierno."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-Pablo Bustinduy Amador, Diputado.-Ínigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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161/000895

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre principios rectores que han de prevalecer en las relaciones bilaterales entre España y los Estados Unidos de América tras la victoria de Donald Trump, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

La victoria de Donald Trump el pasado martes, 8 de noviembre, en las Elecciones Presidenciales de los Estados Unidos inaugurará, muy probablemente, un nuevo capítulo en su política exterior. Las reacciones de los distintos Gobiernos de la UE tras su elección, siendo diversas, mostraron claros y evidentes signos de preocupación y permitían vislumbrar, al menos, una tímida respuesta a las innumerables declaraciones de carácter misógino, homófobo y racista y al desprecio generalizado de los valores democráticos del que el presidente electo había hecho gala tanto durante su período de pre-campaña hasta alcanzar la nominación del Partido Republicano como durante la campaña electoral.

El Gobierno de España, sin embargo, se apresuró a felicitar a Donald Trump (siendo uno de los primeros en hacerlo y desde una hora muy temprana), haciendo hincapié en la buena salud de las relaciones bilaterales entre ambos Estados y sin que ello incorporara o diera lugar a la más mínima reserva, crítica o señal de preocupación. El respeto por las formas de la diplomacia no está reñido, a nuestro entender, con la firmeza en la defensa los derechos humanos, la equidad de género y la justicia social que debe regir el desarrollo de toda la acción del Estado, incluida su política exterior. El Gobíerno no puede olvidar, en ningún caso, que pese a ser la política exterior su prerrogativa, esta Cámara tiene la labor fundamental de exigirle el cumplimiento de los principios y valores básicos que representa y demanda nuestra ciudadanía.

Este acontecimiento, además, no se puede aprehender únicamente en términos bilaterales. La victoria de Trump podría institucionalizar un movimiento ultrarreaccionario, similar a los que hoy resurgen en muchos lugares de Europa, que nos recuerda a las peores pesadillas del pasado de nuestro continente. Prueba de ello es, por ejemplo, el nombramiento reciente del ultraderechista Steve Bannon como White House Chief Strategist. No podemos además obviar que el Partido Republicano controlará la Cámara de Representantes, el Senado y una mayoría de estados, y podrá profundizar la mayoría conservadora de la Corte Suprema, lo que tendrá importantes consecuencias sobre los derechos políticos y civiles de los y las estadounidenses durante generaciones.

La Administración de Donald Trump nos emplaza a realizar una profunda reflexión sobre nuestras relaciones con EEUU, así como a reconsiderar fas demandas históricas de la sociedad civil de nuestro país, considerando que la existencia de bases militares estadounidenses en España y la participación en los esquemas del escudo antimisiles afectan a nuestra soberanía y suponen un riesgo para nuestra seguridad nacional, máxime ahora que su ejército pasa a estar liderado por una persona cuya visión de las relaciones internacionales se ha mostrado errática, impredecible y peligrosa.

La labor de nuestro Gobierno ha de ser la de perseguir una mayor soberanía y autonomía estratégica -tanto de Europa como de España- en el ámbito de la seguridad y profundizar (como ya se ha comprometido a hacer, aunque a esta Cámara no haya llegado aún noticia ni explicación de tal compromiso) en la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y en la Europa de la Defensa para afrontar las relaciones con nuestro entorno y las problemáticas globales desde una perspectiva exclusivamente europea, siempre que se respete como condición ineludible la garantía de los derechos humanos, civiles y democráticos en todas y cada una de sus acciones. En este sentido, defendemos neutralizar el papel desestabilizador de la OTAN en Europa del Este, congelar las fronteras actuales de la alianza y detener la instalación del escudo antimisiles en el este de Europa y el mar Báltico.

Tras una campaña electoral en la que minorías étnicas, raciales y sexuales han recibido insultos y sido atacados por Donald Trump y sus seguidores, el Gobierno debe tomar la iniciativa y promover mayores vínculos culturales, educativos y económicos con la comunidad hispana de Estados Unidos, que supone casi un tercio de la población de este país. También debe incentivar los intercambios en áreas como la


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economía social y solidaria para reforzar un sector estratégico y de enorme potencial para nuestro modelo productivo.

En definitiva, y considerando que va en beneficio de las ciudadanías de ambos Estados que nuestra relación bilateral se afiance sobre una base firme, en pie de igualdad, independencia y soberanía, comprometida con la defensa a ultranza y sin ambages de los derechos humanos, la equidad de género y la justicia social.

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1.º Incorporar, en el marco de sus relaciones bilaterales con los Estados Unidos de América, los siguientes principios:

a) El respeto y la promoción sin ambages de los derechos humanos, en particular los derechos de la mujer, así como los de las diversas identidades étnicas, raciales y sexuales.

b) La condena y rendición de cuentas sobre las violaciones del derecho internacional, en particular del derecho internacional humanitario y el derecho de las personas refugiadas.

c) El compromiso con una solución justa y duradera al conflicto entre Israel y Palestina que resulte en dos Estados conviviendo en paz, seguridad y prosperidad.

d) La promoción de iniciativas multilaterales de interés común como la implementación del Acuerdo de París sobre el Cambio Climático o los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

e) La defensa y protección de los derechos de los españoles y españolas residentes en los Estados Unidos independientemente de su estatus migratorio.

f) El compromiso del Gobierno por la abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia.

2.º Tomar todas las medidas necesarias orientadas a que los responsables del asesinato del periodista José Couso en Bagdad, en el año 2003, rindan cuentas ante la justicia de nuestro país.

3.º Trasladar la máxima preocupación de nuestro Gobierno ante la violencia estructural y sistemática por motivos raciales y contra diversos grupos étnicos en el país, y en especial ante los cientos de casos a manos de cuerpos policiales que quedan impunes cada año.

4.º Que, en los dos primeros años de la XII Legislatura, proceda a auditar y revisar el convenio de defensa con Estados Unidos y su tercer protocolo de enmienda de 2015, que convierte en permanente la presencia en Morón de la fuerza estadounidense de acción rápida en Africa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-Pablo Bustinduy Amador, Diputado.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Interior

161/000893

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Comisaría de Policía del Polígono Sur de Sevilla, para su debate en la Comisión de Interior.

El Polígono Sur de la ciudad de Sevilla lleva padeciendo, desde hace muchos años, una situación de pobreza, exclusión y marginación, que ha generado numerosos problemas y patologías sociales.

El deterioro humano y urbano que ha sufrido el barrio, desde que se creó hasta la actualidad, ha motivado numerosas movilizaciones reivindicativas vecinales y numerosas actuaciones administrativas.


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En el año 2006 se firma el Plan Integral para el Polígono Sur de Sevilla con el compromiso de la administración local, andaluza y central de cumplirlo y llevarlo a cabo. Ese plan recogía explícitamente la construcción de una comisaría en dicha zona desfavorecida.

El Polígono Sur sigue a la espera de la materialización del proyecto de la comisaría de la Policía Nacional, una iniciativa que se remonta a treinta años atrás.

Existe un serio problema de seguridad y la urgente necesidad de que, desde el gobierno central, se adopten ya medidas oportunas para atajar la situación de peligro inminente que los vecinos y vecinas de estas barriadas sufren en su día a día.

Se hace necesario un Plan de Seguridad coordinado, real y efectivo entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local a fin de garantizar los mínimos de seguridad para vivir en el Polígono Sur. Y dentro de ese plan, se hace imprescindible que se construya, de una vez por todas, la Comisaría. Es necesario mejorar la seguridad objetiva y subjetiva de la zona.

Como se ha dicho en muchas ocasiones, está claro que una Comisaría de la Policía Nacional no solucionaría de un plumazo los graves problemas de seguridad de esta zona, que hunden sus raíces, en gran medida, en los altos niveles de exclusión, desempleo y marginación social que asolan a estos barrios, pero su mera existencia ya supondría un efecto disuasorio para muchas mafias y clanes de la droga que actualmente operan en esos barrios con bastante impunidad.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo el Plan de Seguridad ciudadana para el Polígono Sur de Sevilla, así como la construcción, sin más dilación, de la Comisaría de Policía Nacional, dotando a este proyecto en los próximos Presupuestos Generales del Estado de fondos suficientes para que pueda ser una realidad lo antes posible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-Miguel Ángel Bustamante Martín y Ricardo Sixto Iglesias, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/000906

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la adopción urgente de medidas para asegurar la adecuación de los Centros de Internamiento de Extranjeros y la garantía de los derechos de las personas internadas, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), son un elemento existente por la mayor parte de países de la Unión Europea, adoptado en desarrollo de la política migratoria común, que en España se inicia con la suscripción del acuerdo de Schengen de 1985. Es la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España, la que establece en su artículo 26.2 la posibilidad de acordar judicialmente, con carácter preventivo o cautelar, el ingreso de extranjeros, en centros que no tengan carácter penitenciario y que se hallen incursos en determinadas causas de expulsión mientras se sustancia el expediente.

Actualmente, su mantenimiento es prácticamente un imperativo del Derecho de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico español que lo desarrolla. La política de retorno es una parte fundamental del acervo normativo de la Unión Europea en materia migratoria y se concreta en la Directiva 2008/115 relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, la cual impone la obligación de adoptar todas las medidas necesarias para proceder a la expulsión de los extranjeros sometidos a una decisión judicial o administrativa


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de retorno, incluido el transporte físico del interesado fuera del Estado miembro. Y el Tribunal de Justicia de la Unión ha dejado claro que la facultad de los Estados miembros de establecer excepciones a las normas y a los procedimientos regulados en la Directiva de retorno no puede desvirtuar la finalidad de establecer una política efectiva de retorno, como elemento necesario de una política migratoria.

En los CIE hay internadas dos tipos de personas, las que tiene abierto un expediente de expulsión consecuencia de la comisión de una infracción administrativa y los que tiene acordada una medida de expulsión como sustitutoria de una pena privativa de libertad. Es decir, conviven personas que han cometido delitos con otras que no, aunque en muchos casos estas últimas son personas que tiene incoado un expediente por el procedimiento preferente, bien porque hay riesgo de que no comparezca, represente un peligro para el orden público a la seguridad nacional, tengan acordada una orden de expulsión por haber cometido un delito doloso dentro o fuera de España al que la Ley española prevea pena privativa de libertad superior a un año, estén pendientes de la ejecución de una devolución cuando hayan violado la orden que les impide entrar en España, o tengan acordada una orden de expulsión firme pendiente de ejecución entre otras situaciones. (Según datos de prensa entre el 50 y el 60 por ciento de los internos tiene antecedentes por delitos).

La Sentencia del Tribunal Constitucional número 115/1987, de 7 de julio, en su fundamento jurídico 1, recoge los elementos que deben configurar la medida de internamiento para que esta sea conforme con la Constitución Española, avalando de ese modo la constitucionalidad de esa medida cautelar destinada a asegurar el buen fin de la media que se acuerde en un expediente administrativo y siempre que el internamiento se estime indispensable y así lo valore una autoridad judicial, o para asegurar la ejecución de la resolución judicial que acuerde la sustitución de la pena por expulsión del territorio español.

Después de varias resoluciones judiciales poniendo en evidencia la falta de regulación de los derechos de los internos, y de la aprobación de un Reglamento que tenía elementos que confundían los CIE con centros penitenciarios y a los extranjeros internados con reos, con una evidente extralimitación normativa que mereció el reproche del Tribunal Supremo y anuló diferentes artículos del mismo, se llevó a cabo la reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, aprobada con rango de Ley Orgánica en la Ley 14/2003, y a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, se recoge en la Ley de Extranjería, con rango adecuado, los derechos de los internos, derechos que fueron revisados y ampliados por la Ley Orgánica 2/2009, de reforma de la misma Ley. Es evidente que lo que no pudo conseguir el Supremo con su sentencia, se consiguió e impuso por la triste y tozuda realidad, y cambió las condiciones de habitabilidad de los centros, el tratamiento de los extranjeros allí custodiados con el máximo respeto a su dignidad en todos los órdenes, algo en lo que sin duda se ha vuelto a retroceder y el Ministerio del Interior debe corregir de inmediato.

En la reforma de 2009, se amplían las competencias de los Jueces de Instrucción que prácticamente estaban limitadas a decretar la entrada y salida del CIE en el sentido siguiente:

"El Juez competente para el control de la estancia de los extranjeros en los Centros de Internamiento y en las Salas de Inadmisión de fronteras, será el Juez de Instrucción del lugar donde estén ubicados, debiendo designarse un concreto Juzgado en aquellos partidos judiciales en los que existan varios. Este Juez conocerá, sin ulterior recurso, de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales. Igualmente, podrá visitar tales centros cuando conozca algún incumplimiento grave o cuando lo considere conveniente."

Ya con el Gobierno del Partido Popular se aprueba el Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros, en el cual los socialistas hicimos optaciones que unas fueron consideradas y otras no, pero que acabaron por perfilar un régimen interior, en principio respetuoso con los derechos de los que en ellos fueren internados.

Pero esta normativa, que en sí misma es garantista, necesita unos recursos y medios para los centros de internamiento que no los conviertan en agujeros negros donde pervivan comportamientos que puedan ser considerados como malos tratos, que hagan del hacinamiento una forma de abordar una medida que debe ser lo mínimamente restrictiva de los derechos de los internos, y que mantenga su incomunicación e indefensión legal, así como que no garantice su seguridad personal, ni la de las personas que tiene encargada su custodia.

Pero sobre todo eso, también planea la ausencia de información contrastable, tanto como si se cumple o no la finalidad del internamiento. Hablamos de una medida cautelar excepcional a falta de otras menos


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lesivas de derechos. Y hablamos también de si el internamiento, tal y como se viene practicando, es o no una medida que se adecua a una política eficaz de lucha contra la inmigración irregular, es decir, en qué porcentaje de casos el internamiento concluye con la repatriación.

Reiteradamente aparecen en las portadas de los medios episodios que ponen en evidencia el estado de abandono de estos centros por parte del responsable de su gestión y de garantizar la seguridad, que no olvidemos corresponde al Ministerio del Interior, que la lleva a cabo a través de la Policía Nacional, que está sufriendo también dé manera directa la situación de abandono y falta de personal.

Hay Grupos Políticos en esta Cámara que en vez de atender al origen del problema proponen soluciones mágicas como es el cierre total sin explicar qué hacer con las personas que por ejemplo han cometido un delito y se les acuerda la expulsión como sustitutoria de la pena, o cómo casa esto con el derecho comunitario y el cumplimiento de nuestras obligaciones como socios. Otros lo solucionan todo contratando seguridad privada y privatizando la gestión y el Gobierno que lo que hace es poner las condiciones para que esta última solución parezca lo mejor y ello es así y se muestra en la falta de sensibilidad que muestra en relación a la vida y a los planes de los extranjeros que, incluso sancionados con la expulsión, siguen siendo sujetos de todos los derechos excepto del de la libertad deambulatoria, por lo que tanto el marco jurídico como el desarrollo de todas las actuaciones de los poderes públicos relativas a su custodia y tratamiento cuando están bajo su responsabilidad, no puede ser otro que el de la más escrupulosa garantía de todos los demás derechos de los que gozan.

Finalmente, los ClE, de momento son necesarios, pero no debemos olvidar que pueden ser objeto de control por los Jueces de instrucción (denominados Jueces de Control), únicos responsables que pueden autorizar el internamiento y la resolución de peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales, por el Ministerio Fiscal y por el Defensor del Pueblo y este último debemos recordar que ha elaborado un informe sobre lo ocurrido recientemente en el CIE de Aluche de Madrid, del que según informaciones de prensa ha dado traslado al Ministerio Fiscal y del que el Grupo Socialista quiere conocer su contenido, razón por lo que ha pedido la comparecencia de la Defensora del Pueblo en esta Cámara y esperemos se lleve a cabo de forma inmediata. Y también desde esta Cámara podemos controlar la labor del Gobierno, ahora que ha perdido su mayoría absoluta, responsable del estado de abandono y consecuentemente de los hechos que reiteradamente han llevado a que no se respeten los derechos de los internos, así como de las fugas producidas.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar estadísticas periódicas publicadas por el Ministerio del Interior donde se dará cuenta, entre otras cuestiones, de:

- El número, nacionalidad, sexo y edad, entre otros datos objetivos, de los extranjeros internados en los Centros de Internamiento.

- Estancia media en los Centros.

- Nacionalidades de los extranjeros internados.

- Motivaciones de los internamientos.

- Extranjeros internados con antecedentes penales.

- Porcentaje de internamientos que concluyen con la repatriación.

2. Adoptar todas las medidas imprescindibles para garantizar los derechos de los internos, especialmente, el derecho a la asistencia sanitaria.

3. Dictar las instrucciones precisas dirigidas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que no se solicite el internamiento excepto cuando el mismo se estime indispensable para una repatriación y no existan otras medidas cautelares menos restrictivas de derechos.

4. Facilitar el ejercicio de los derechos del interno previstos en la legislación en vigor y que esto se haga de manera que dicho ejercicio sea real y efectivo.


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5. Acordar todas las medidas necesarias para que se revierta de manera urgente el estado de abandono de los Centros de Internamiento de Extranjeros, y entre otras:

- Elaborar un estudio sobre las condiciones de habitabilidad de los Centros de Internamiento y su adecuación a las previsiones de la Ley en cuanto a las condiciones que deben cumplir.

- Garantizar una política de total transparencia en cuanto a las condiciones de vida de los centros y la aplicación de las normas.

- Dar mayor protagonismo a las Organizaciones No Gubernamentales para colaborar en la gestión y auxilio a los internos cuya utilidad está acreditada.

- Dotar de los medios materiales necesarios que garanticen la seguridad de los internos y de quienes les custodian.

- Facilitar una atención integral de las necesidades que dicho internamiento provoque, para que el impacto en los derechos de los internados, sea el menor posible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2016.-Antonio Ramón María Trevín Lombán, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Economía y Competitividad

161/000877

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Marta Sorlí Fresquet, Diputada de Compromís, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para la modificación de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, para su debate en la Comisión de Economía y Competitividad.

Exposición de motivos

La Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, regula en su artículo 5 los establecimientos con régimen especial de horarios, otorgando plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al público en todo el territorio nacional, a aquellos establecimientos que se ubiquen en zonas de gran afluencia turística.

El apartado 4 del citado artículo 5, establece una competencia compartida entre los municipios y las comunidades autónomas para la determinación de las zonas de gran afluencia turística, ya que las Comunidades Autónomas, a propuesta de los Ayuntamientos correspondientes, determinarán las zonas de gran afluencia turística para su respectivo ámbito territorial, en base a una de las siete circunstancias establecidas en el mismo apartado, que en concreto son las siguientes:

a) Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas en alojamientos y establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias respecto a las que constituyen residencia habitual.

b) Que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad o en el que se localice un bien inmueble de interés cultural integrado en el patrimonio histórico artístico.

c) Que limiten o constituyan áreas de influencia de zonas fronterizas.

d) Celebración de grandes eventos deportivos o culturales de carácter nacional o internacional.

e) Proximidad a áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y registren una afluencia significativa de visitantes.

f) Que constituyan áreas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras.

g) Cuando concurran circunstancias especiales que así lo justifiquen.

Sentada esta regulación y reparto de competencias entre las administraciones locales y autonómicas, en las que se respeta la discrecionalidad en el ejercicio de dicha competencia en el ámbito municipal, sin embargo, el apartado 5 del artículo 5 de la Ley 1/2004, de horarios comerciales, tanto en la redacción


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dada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, como la última operada por el artículo 7 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, ha establecido un ejercicio imperativo de dicha competencia municipal, al establecer que en todo caso, en los municipios con más de 100.000 habitantes que hayan registrado más de 600.000 pernoctaciones en el año inmediatamente anterior o que cuenten con puertos en los que operen cruceros turísticos que hayan recibido en el año inmediato anterior más de 400.000 pasajeros, se declarará, al menos, una zona de gran afluencia turística aplicando los criterios previstos en el apartado anterior. Para la obtención de estos datos estadísticos se considerarán fuentes las publicaciones del Instituto Nacional de Estadística y de Puertos del Estado.

Si en el plazo de seis meses a partir de la publicación de estos datos, las Comunidades Autónomas competentes no hubieran declarado alguna zona de gran afluencia turística en el municipio en el que concurran las circunstancias señaladas en el párrafo anterior, se entenderá declarada como tal la totalidad del municipio y los comerciantes dispondrán de plena libertad para la apertura de sus establecimientos durante todo el año.

La citada redacción establece con carácter imperativo una regulación especial de las zonas de gran afluencia turística, centrada en la circunstancia e) del apartado 4 del artículo 5 de la Ley 1/2004, en principio atribuida a la libre discrecionalidad de los municipios para elegir de entre las 7 circunstancias establecidas en el apartado 4 del artículo 5, para proponer qué zonas de su municipio, o la totalidad del mismo, deben ser declaradas zonas de gran afluencia turística por la Comunidad Autónoma respectiva.

La primera redacción dada por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, incluía un anexo de ciudades de más de 200.000 habitantes a las que les era de aplicación dicha redacción, pero la actual redacción dada por la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, ha reducido la población a ciudades de 100.000 habitantes.

Teniendo en cuenta que en los grandes municipios se concentran la mayor parte de los trabajadores en activo la citada regulación especial de las zonas de gran afluencia turística implica que un mayor número de trabajadores y trabajadoras se velan afectados por dicha medida en su jornada de trabajo, ya que se verán compulsados a realizar su jornada de trabajo en un mayor número de días festivos que los previstos inicialmente con las consiguientes incompatibilidades en el desarrollo de la conciliación de su vida familiar y laboral. Pero, es más cada vez que el Estado rebaja la cuantía de habitantes de las poblaciones a las que se dirige la medida, en el año 2012, las de más de 200.000 habitantes y en el año 2014 las de 100.000, se están aumentando los trabajadores afectados y por tanto el número de familias en las que se producen incompatibilidades entre su vida familiar y laboral.

Es por ello que presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

- Que derogue el apartado 5 del artículo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, así como, en su caso, los artículos, disposiciones adicionales, transitorias o finales, y anexos correspondientes del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, de los que trae causa la redacción del apartado 5 del artículo 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales.

- Que incluya una nueva disposición transitoria en la Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales, por la cual los ayuntamientos que obligatoriamente solicitaron la declaración de una zona de gran afluencia turística por tener la consideración de municipios de más de 200.000 habitantes, incluidos en el anexo del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, o de municipios de más de 100.000 habitantes, incluidos en el anexo de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, para que en el plazo de seis meses, estos ayuntamientos afectados por dicha obligatoriedad, puedan solicitar ante el órgano competente de su comunidad autónoma, la revocación de la declaración de zona de gran afluencia turística otorgada en base a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la


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competitividad, o en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2016.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Marian Beitialarrangoitia Lizarralde, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas

161/000874

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley en relación al procedimiento de regularización catastral que ha iniciado la Dirección General del Catastro en Córdoba, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

Todos los vecinos de Córdoba y su provincia somos conscientes del procedimiento de regularización catastral que está llevando a cabo la Gerencia Territorial del Catastro en Córdoba capital y sus municipios. Este ente, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ha enviado notificaciones indicando a los titulares de bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales que están inmersos en un procedimiento de regularización catastral y que por este servicio tienen que abonar una tasa de 60 euros por inmueble.

Este procedimiento forma parte de un plan de regularización catastral que se inició en el año 2013 y que afecta a más de 8.000 municipios de todo el territorio nacional. Su principal objetivo es detectar aquellas construcciones, reformas y rehabilitaciones no declaradas por desconocimiento u otros motivos y que no están tributando correctamente.

Según indica el Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, su formación y mantenimiento, así como la difusión de la información catastral es de competencia exclusiva del Estado. Estas funciones, que comprenden, entre otras, la valoración, la inspección y la elaboración y gestión de la cartografía catastral, se ejercerán por la Dirección General del Catastro, directamente o a través de las distintas fórmulas de colaboración que se establezcan con las diferentes Administraciones, entidades y corporaciones públicas.

En este caso, la Dirección General del Catastro ha contratado a varias empresas privadas para llevar a cabo las inspecciones en todos los municipios del territorio nacional y contrastar si las altas, bajas o modificaciones catastrales de los bienes inmuebles han sido comunicadas al Catastro.

Todos sabemos que el valor catastral, que depende de diversos factores como la localización del inmueble o el tipo de construcción, tiene incidencia en la vida diaria y es una referencia clara en muchos trámites fiscales, entre ellos los que afectan a la compraventa de inmuebles, la tributación de la contribución o IBI, la declaración de la renta, el IRPF o el impuesto de plusvalía, entre otros.

Teniendo en cuenta su importancia, es difícil justificar el excesivo recelo con el que se está aplicando la inspección catastral en Córdoba y provincia, donde se están tramitando numerosos expedientes, alterando en la mayoría de los casos de forma muy significativa el valor catastral a pesar de tratarse de obras menores y de intervenciones de mantenimiento, sin incorporación de nuevos elementos ni aumento de metros edificables.

Asimismo, consideramos que las inspecciones llevadas a cabo adolecen del rigor suficiente, ya que se han realizado únicamente mediante fotografías de vuelo aéreo e imágenes de fachada, sin personarse la empresa en los inmuebles afectados, unos medios que no se corresponden al valor de la tasa impuesta de 60 euros.

Compartimos la actualización catastral y los principios de igualdad social y fiscalidad progresiva, esto es, que pague más quien más tiene, pero entendemos que este exceso de celo y falta de rigor con el que


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se ha aplicado el procedimiento de regularización catastral provocará un grave perjuicio a los vecinos de Córdoba y provincia, que verán incrementarse sus recibos de IBI con efectos desde la fecha en que realizaron la obra en su inmueble.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Solicitar a la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, la supresión de la tasa de 60 euros por inmueble regularizado o en su caso una reducción que se ajuste al coste real del servicio para cada ciudadano.

2. Instar a la Dirección General del Catastro a que exija a la empresa inspectora que asuma de forma íntegra la tramitación y gestión de los expedientes y que atienda de forma individualizada las dudas y reclamaciones de los vecinos afectados. No es lógico que los Ayuntamientos afectados por la regularización tengan que sufragar un coste adicional para que la empresa que ha realizado la inspección pueda atender a todos los vecinos.

3. Que en los casos en que se produzcan discrepancias en la valoración de la alteración catastral, el personal técnico de la empresa inspectora pueda realizar una visita in situ del inmueble con el fin de contrastar la falta de concordancia entre la realidad física y los datos que posee el Catastro.

4. Que los incrementos en la tributación del IBI derivados de la alteración catastral se produzcan desde la determinación de los valores catastrales actuales y no se aplique una retroactividad de cuatro años o desde la fecha de la realización de la obra."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2016.-María Jesús Serrano Jiménez y Antonio Hurtado Zurera, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000910

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Ester Capella i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la reforma del Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria para evitar su uso fraudulento, para su debate en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas.

Exposición de motivos

El Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria se creó con la finalidad de atender a necesidades que pudieran surgir a lo largo de un ejercicio presupuestario y que no estuvieran contempladas en las previsiones de gasto del Presupuesto inicial aprobado por las Cortes Generales. Estas necesidades, según reza en el artículo 15.2 del Real Decreto Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria, han de ser de "carácter no discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado".

Sin embargo, en los últimos años se está produciendo un uso perverso del Fondo de Contingencia. Lejos de atender necesidades urgentes e imprevistas, está siendo utilizado para enmascarar un incremento del Ministerio de Defensa al margen del gasto asignado a él directamente en los Presupuestos Generales.

Por un lado, la destinación año tras año de dinero del Fondo de contingencia al Ministerio de Defensa está consolidando un aumento de este Presupuesto que toma carácter estructural. Siendo así, debería efectuarse este incremento en los gastos del Ministerio de Defensa directamente asignado por los Presupuestos Generales del Estado y no como una necesidad imprevista de las que prevé el Fondo de contingencia de ejecución presupuestaria.

Por otro lado, las partidas del Ministerio de Defensa a las que se asigna el dinero del Fondo ponen en duda el carácter urgente e imprevisto de estas asignaciones o ponen de manifiesto una negligente previsión año tras año del gasto del Ministerio de Defensa. En este sentido, no es de recibo que en los


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primeros meses del ejercicio presupuestario se asignen recursos del Fondo de Contingencia a diferentes proyectos para la modernización de las Fuerzas Armadas -claramente previsibles- o a operaciones de mantenimiento de paz conocidas y/o comprometidas, para las cuales ya existen partidas destinadas en los Presupuestos Generales del Estado aprobados por las Cortes Generales.

Sin embargo, en los Presupuestos Generales se mantienen las previsiones de gasto para partidas del Ministerio de Defensa que año tras año son incrementadas mediante el Fondo de Contingencia. Esto, más allá de ser un incremento enmascarado del Presupuesto de Defensa, supone hipotecar un Fondo que se creó para atender situaciones verdaderamente imprevistas y urgentes y que, dado el caso, podrían quedar sin la disponibilidad de recursos que se pretendía resolver con la creación del Fondo.

Además, la utilización fraudulenta del Fondo de Contingencia hace que éste, cuando se requiere ante algún imprevisto, se encuentre sin fondos suficientes para atenderlo y que el imprevisto en cuestión deba ser cubierto con créditos a costa de deuda pública.

Ante esta situación, se considera necesaria la reforma del Fondo de Contingencia, para que este cumpla estrictamente los objetivos marcados en su origen y regulación, en fugar de convertirse en un mecanismo de utilización discrecional por parte del gobierno de turno para aumentar el presupuesto militar.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Realizar las oportunas reformas legislativas para garantizar que el Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria es destinado exclusivamente a atender necesidades no previsibles surgidas a lo largo de un ejercicio presupuestario, blindándolo ante cualquier uso discrecional o fraudulento.

2. No destinar el Fondo de Contingencia al Ministerio de Defensa o a gasto militar."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2016.-Ester Capella i Farré, Diputada.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comisión de Fomento

161/000879

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias del Diputado, Miguel Anxo Fernán Vello, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento, para un Plan de Mejora Integral de la antigua línea de FEVE (hoy Renfe Ancho Métrico) Ferrol-Ortegal-A Mariña.

Exposición de motivos

La situación de abandono, de deficiencias, de problemas constantes, y en definitiva, de recortes en la línea de Feve, hoy denominada Renfe Ancho Métrico, entre Ferrol y Ribadeo (A Mariña, Lugo) ha llegado a un límite tal que la Plataforma constituida a tal efecto, Plataforma pola Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo, abrió este año una campaña de recogida de firmas en change.org. para reclamar un transporte ferroviario a la altura de los tiempos.

El deterioro de esta línea ha sido paulatino en los últimos años por la falta de inversiones, de actuaciones de mantenimiento, de mejores en la infraestructura y por los recortes en personal. Una línea necesaria, que ha quedado relegada de cualquier plan de modernización con el consiguiente abandono.

Es un clamor social unánime que el Ministerio de Fomento proceda a la realización de urgentes mejoras en esta línea. Mejoras en los trenes, en la dotación de personal, mejoras en el mantenimiento de las vías, un incremento de las frecuencias y de los servicios que posibiliten la potenciación del tren que


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discurre por comarcas de importante peso poblacional: Ferrolterra, Ortegal y A Mariña, comarcas totalmente deficitarias en materia ferroviaria.

Ferrolterra y A Mariña poseen un importante potencial económico e industrial. En ambas existen dos puertos de interés general que pertenecen al ámbito competencial de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao. En ambas comarcas existe un sector industrial relevante, en el caso de Ferrol hablamos de los astilleros públicos de Navantia, y en el caso de A Mariña, hablamos de la fábrica de Alcoa en San Cibrao. Son comarcas con un importante peso poblacional pero que han quedado totalmente excluidas del mapa de modernización ferroviaria. Recordemos que el Eixo Atlántico debía incluir a Ferrol, pero se limitó a ser un corredor entre A Coruña y Vigo, que no vertebra Galicia de norte a sur. El proyecto de construcción del Eixo Atlántico debía comprender desde Ferrol hasta Tui en la frontera con Portugal. Sin embargo, Ferrol quedó excluido y de nuevo marginado del mapa de las infraestructuras ferroviarias.

En el caso de A Mariña, y en iniciativas parlamentarias anteriores, pusimos de relieve su déficit en materia de ferrocarril, carece de conexiones de tren propias de los tiempos actuales. Lugo es la provincia más deficitaria en materia de ferrocarril y la comarca de A Mariña la cara más ilustrativa de esta deficiencia. Sólo cuenta con la línea de Feve que como estamos explicando no supera el estado de abandono.

Conscientes de las graves limitaciones en este medio de transporte colectivo, los ayuntamientos de municipios de Ferrolterra, Ortegal y A Mariña han reclamado en diversas ocasiones, tanto al Ministerio de Fomento (Adif y Renfe) como a la Xunta Plan de mejora de las infraestructuras ferroviarias.

Los trenes de la antigua Feve están totalmente obsoletos, sufren continuas averías lo que obliga a los viajeros a trasladarse en autobuses o taxis a sus destinos. Una política ilógica y que a la larga resulta mucho más costosa que llevar a cabo la modernización de la infraestructura. Salvo que lo que se persiga sea el cierre definitivo de este corredor.

La línea de Feve Ferrol-Ortegal-A Mariña es el único transporte público existente en la comarca de Ferrolterra, Ortegal y de A Mariña, de ahí la necesidad de mejorarlo y potenciarlo. Es un transporte sostenible, ecológico y resta tráfico de vehículos privados de la carretera.

Sin embargo, las deficiencias de esta línea son numerosas a pesar de los beneficios que reportaría de estar en condiciones óptimas. Así, el material rodante necesita de urgentes reparaciones, o de la introducción de unidades más modernas a fin de solventar los continuos problemas de averías. El parque de material está muy mermado, a menos de la mitad, debido a las frecuentes averías en las unidades antiguas y por el traslado de material a otras zonas.

El recorte de personal ha llevado a situaciones límite. Se precisa dotar a todos los servicios de interventores (revisores), que se repongan los puestos de maquinistas y que se refuerce la plantilla de los talleres de mantenimiento y reparación de Ferrol. Resulta de una precariedad sin precedentes que una línea esté bajo la supervisión del agente único que a la vez es el maquinista.

En esta línea son frecuentes los desprendimientos de tierra y el corte de la línea por esta circunstancia, especialmente en periodos invernales. Es preciso proceder a la limpieza de todo el perímetro de la vía férrea, asegurar las trincheras y otras obras destinadas a mejorar los tiempos de viaje y a evitar las interrupciones de la circulación de trenes.

Las estaciones de tren en las que realiza paradas esta línea deberían estar dotadas de personal y operativas. En la actualidad nos encontramos con estaciones fantasma donde no hay nadie que pueda asistir a los viajeros.

Otra de las piedras de toque son las insuficientes frecuencias. Se han suprimido los servicios más demandados, se recortó en personal y en muchas zonas las vías presentan un estado de mantenimiento francamente deteriorado.

Unos servicios nada adaptados a las necesidades de los usuarios como estudiantes o personas trabajadoras, que no pueden utilizar el tren simplemente porque no cuentan con servicios adecuados a sus rutinas. Lo normal sería poder disponer de servicios ferroviarios en la primera hora de la mañana, en la franja de mediodía y por la tarde-noche. La política del nuevo ente ferroviario es absolutamente contraproducente en este sentido puesto que hace años que se suprimen las frecuencias más utilizadas.

Tampoco existe una planificación que parte de la necesaria intermodalidad, contemplando frecuencias que permitan la conexión entre trenes y buses.

Esta línea podría tener una gran potencialidad si se realizase una modernización de la misma. De existir voluntad política, podría funcionar como un tren de cercanías entre Ferrolterra y A Mariña. Se trata de aprovechar una línea ferroviaria ya creada, mejorándola, con el propósito de ofrecer un servicio público útil, eficaz y adaptado a las necesidades de desplazamientos diarios de la población que se concentra en


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este corredor. Además, debería potenciarse también el transporte ferroviario de mercancías en una zona de importante desarrollo industrial como hemos explicado anteriormente.

A tal fin, y en consonancia con los planteamientos de la Plataforma pola Defensa do Ferrocarril, sería conveniente dar un paso más y aumentar las paradas existentes, con cuatro nuevas paradas: en el punto kilométrico 137,5 de la línea, en As Catedrais (RIbadeo); en San Miguel de Reinante, punto kilométrico 134,5, (Barreiros); en Benquerencia (Barreiros) en el punto kilométrico 133, y en Celeiro (Viveiro).

Dejar que un corredor ferroviario útil y necesario acabe en estado de abandono sería una mala estrategia comercial, sobre todo cuando se trata del único transporte público ferroviario con el que cuenta esta importante zona.

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento-Renfe Ancho Métrico a:

1. Aprobar un Plan de Mejora Integral de la antigua línea de Feve Ferrolterra-Ortegal-A Mariña, que sufre un paulatino proceso de abandono y desinversión.

2. En concreto, llevar a cabo las siguientes medidas:

- Mejora del material rodante y la introducción de nuevas unidades más modernas y actualizadas con el objeto de poner fin a los continuos problemas de averías e interrupciones de la circulación.

- Aumentar la dotación de personal de forma que todos los servicios cuenten con interventores (revisores), se repongan los puestos de maquinistas y se proceda a reforzar la plantilla de los talleres de mantenimiento y reparación de Ferrol.

- Llevar a cabo la limpieza de todo el perímetro de la vía férrea y asegurar las trincheras para evitar los desprendimientos de tierra.

- Dotar a las estaciones de tren y apeaderos ferroviarios del suficiente personal para atender a los usuarios/as.

- Incrementar los servicios ferroviarios, adaptándolos a las necesidades de la población, de modo que como mínimo existan frecuencias de tren a primera hora de la mañana, en la franja de mediodía, de la tarde y noche.

- Mejora de la infraestructura y del mantenimiento de las vías.

- Realizar una planificación de las frecuencias que tenga en cuenta la intermodalidad, permitiendo la conexión entre autobuses y trenes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2016.-Miguel Anxo Elías Fernández Bello, Diputado.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/000885

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reapertura del servicio de trenes en la línea Madrid-Riaza-Aranda-Burgos y reducir los riesgos del cambio climático, para su debate en la Comisión de Fomento.

La norma de obligado cumplimiento en todos y cada uno de los Estados miembros de la UE constituida por el Reglamento (UE) 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo a las orientaciones de la Unión Europea para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, señala que la planificación, el desarrollo y la explotación de las redes transeuropeas de transporte deben contribuir a la consecución de importantes objetivos de la Unión Europea definidos, en particular, en la Estrategia Europa 2020 y en el Libro Blanco del Transporte 2011 de la Comisión Europea ("Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte"), como el fortalecimiento de la cohesión económica, social y territorial. Documentos que tienen, asimismo, los objetivos específicos de permitir el transporte sin fisuras, seguro y sostenible, de personas y de mercancías, asegurando la accesibilidad a todas las personas y la conectividad de todas las regiones de la Unión Europea.


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Esa Red Transeuropea de Transporte, señala el Reglamento, debe desarrollarse mediante la rehabilitación y la actualización de las infraestructuras ya existentes, más la creación de nuevas infraestructuras de transporte siempre que sean necesarias para completarla, donde la rehabilitación mejora la calidad de forma duradera, respecto a la situación de partida, mediante la aplicación de los requisitos y disposiciones del citado Reglamento.

Dentro de esa Red Transeuropea de Transporte, a más tardar en 2030 (con revisión de los trabajos por parte de la Comisión en 2023) debe determinarse la red básica ferroviaria y deben tomarse las medidas oportunas para desarrollarla con prioridad dentro del marco que ofrecerá la red global ferroviaria prevista para el año 2050.

Según dice el Reglamento referido, dicha red básica ferroviaria debe constituir la columna vertebral del desenvolvimiento de una red de transporte multimodal sostenible y fomentar el desarrollo de la totalidad de la red global, contribuyendo al objetivo indicado en el Libro Blanco de reducir en un 60%, respecto a los niveles de 1990, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte de aquí a 2050, con la finalidad de reducir los riesgos del cambio climático. En este aspecto medioambiental ha de tomarse en consideración que el ferrocarril es el modo de transporte más ecológico debido a que el bajo índice de rozamiento entre las rueda de acero y el carril de acero, hace que el tren tenga el menor consumo energético, entre todos los modos de transporte, para cada unidad de transportada.

La red global de alta calidad, la de 2050, debe ser una red de transporte de ámbito europeo que garantice la accesibilidad a todas las personas y la conectividad de todas las regiones de la Unión Europea, incluidas las remotas, insulares y ultraperiféricas, a la vez que refuerce la cohesión social, territorial y económica entre ellas.

Para establecer la red básica ferroviaria, de forma coordinada y oportuna, de modo que pueda sacarse el máximo provecho de la misma, los Estados miembros deben garantizar que se tomen las medidas adecuadas para que los proyectos estén finalizados a más tardar en 2030. Por lo que respecta a la red global, los Estados Miembros deberán finalizarla en 2050.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias y trabajar en las instituciones comunitarias para:

1. Incluir la línea, ahora cerrada al tráfico ferroviario, Madrid-Riaza-Aranda-Burgos, en la red básica ferroviaria europea.

2. Tener en cuenta dicha línea en las normas del Cuarto Paquete Ferroviario de la UE.

3. Añadir esta línea a las que constituyen el Corredor Atlántico, dentro de los nueve corredores fundamentales de la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario.

4. Contar con el Plan Junker y con el Mecanismo "Conectar Europa" para financiar la rehabilitación de la citada línea Madrid-Riaza-Aranda-Burgos.

5. Diseñar la rehabilitación para que esta línea sea de tráfico mixto, para personas y para mercancías.

6. Impulsar las estaciones situadas en el mundo rural para que no sólo las grandes aglomeraciones y ciudades puedan servirse de la red básica ferroviaria.

7. Rehabilitar esta línea con doble vía electrificada para poder servirse de las energías renovables.

8. Dotar a esta línea rehabilitada del sistema común europeo de gestión del tráfico ferroviario conocido por las siglas ERTMS."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2016.-Eva García Sempere, Félix Alonso Cantorné y Yolanda Díaz Pérez, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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161/000911

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre el Corredor Mediterráneo, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Corredor ferroviario del Mediterráneo constituye un factor clave para vertebrarnos territorialmente y asegurar un desarrollo económico sólido y equilibrado en las comunidades de Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana y Región de Murcia y no solo de ellas sino de toda España y del conjunto de Europa y por tanto urge tenerlo operativo en el menor tiempo posible. Las cuatro comunidades por las que pasa el Corredor suponen el 45% del PIB español, el 49% de las exportaciones y el 50% del tráfico de mercancías por vía terrestre.

Crear empleo, salir de la crisis, requiere conectar adecuadamente zonas logísticas, zonas industriales, y zonas de consumo. Por densidad de población (el 48% de la población española) por sus centros de actividad económica industrial, de servicios, turística, de todo tipo, nuestra costa mediterránea requiere de un corredor ferroviario con prestaciones de alta capacidad, con ancho internacional tanto para mercancías como para pasajeros y eliminar cuellos de botella, conectar puertos y aeropuertos. Se trata además de cambiar la visión clásica de centro y periferia para seguir creando una España en red dentro de una Europa en red.

Estar integrados en la Red Básica Europea ayudará a disminuir el carácter periférico que tenemos respecto al centro de Europa y también las diferencias económicas entre el norte y centro de Europa y los países europeos del Mediterráneo, así como a aumentar las relaciones de la UE con África y con Asia y que dichas relaciones tengan lugar a través del Sur de Europa y en concreto a través de España.

Corredor entre Cádiz y la frontera con Francia en ancho estándar para viajeros y para mercancías con "variantes" para las zonas metropolitanas, con vías exclusivas para mercancías en dichas zonas y en los tramos de mayor saturación, con soluciones que respeten el medio ambiente.

Es por ello que los gobiernos socialistas entre los años 2004 y 2011, con los últimos años ya inmersos en la crisis económica, invirtieron 10.000 millones de euros en la construcción de dicho Corredor y negociaron que la Comisión Europea lo incorporara en la Red Básica de Transportes con lo que supone de financiación por parte de la Comunidad.

Inversión que ha disminuido de forma alarmante desde 2012, lo que ha llevado a considerables retrasos sobre las fechas que se habían previsto y también a deficiencias de planificación y ejecución en las obras, lo que ha comportado protestas de entidades económicas, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas y del tejido empresarial. Al mismo tiempo que se han tomado decisiones o se han dejado de tomar otras que ponen en peligro los objetivos del Corredor, llegando la Comisión de Transportes de la Unión Europea a rechazar cambios propuestos por la precipitación con la que se han hecho y a rebajar las aportaciones económicas al proyecto, estos últimos años.

Implantar el ancho estándar en determinados tramos mediante el llamado "tercer hilo" puede ser una manera de aprovechar, como solución de urgencia, la infraestructura preexistente para las mercancías. Solución de urgencia que no puede substituir la solución integral completa del Corredor Mediterráneo, proyectada por el Gobierno socialista, porque ni sirve para todos los fines para los que se proyectó ni resuelve todos los problemas actuales de capacidad ni se resolverían los cuellos de botella. En definitiva no puede ser la manera de retrasar indefinidamente el tener terminado el Corredor.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Planificar un calendario de obras y puesta en servicios del Corredor Mediterráneo desde Cádiz a la frontera francesa, según el diseño aprobado por la Unión Europea, con la correspondiente memoria económica para cada tramo.


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- Incluir, en la planificación, las integraciones y circunvalaciones ferroviarias necesarias, y la implantación completa de doble vía en ancho estándar en todo su trazado y duplicación de la plataforma allí donde haya problemas de capacidad.

- Determinar y planificar conjuntamente con los Gobiernos de Andalucía, Catalunya, Comunidad Valenciana y Región de Murcia, las conexiones con Zonas de Actividad Logística, puertos, autovías, autopistas y centros industriales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2016.-César Joaquín Ramos Esteban, Antonio Pradas Torres, Meritxell Batet Lamaña, Joan Ruiz i Carbonell, Julián López Milla, María González Veracruz y Sonia Ferrer Tesoro, Diputados.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Educación y Deporte

161/000866

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la incorporación de los conocimientos de alimentación, nutrición y educación del gusto en el sistema educativo, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

El Informe Iniciativa del Parlamento Europeo sobre el "Patrimonio Gastronómico Europeo: aspectos culturales y educativos", avalado por unanimidad, reconoce que la alimentación debe adquirir el papel que le corresponde en las sociedades modernas. La alimentación entendida en el sentido amplio, abarcando tanto los aspectos saludables como los espacios culturales y educativos.

La educación nutricional y gastronómica debe contar con la participación de las familias, los profesores, la comunidad docente, los canales de información y todos los profesionales involucrados en la educación porque una buena nutrición en la infancia mejora su bienestar y potencia su capacidad de aprendizaje, a la vez que refuerza su sistema inmunológico y contribuye a un desarrollo sano. Una educación nutricional y gastronómica incluye además el respeto por la naturaleza y el medio ambiente.

Es necesario recuperar nuestras tradiciones culinarias, reimplantarla en los colegios y educar a nuestros menores en una alimentación más sana y equilibrada. Los hábitos alimentarios durante la infancia pueden influir en las preferencias y la elección de alimentos -así como en los métodos de preparación y consumo de los mismos- en la edad adulta. La infancia es un momento clave para educar el gusto, y la escuela un lugar importante para que los alumnos descubran la diversidad de productos y gastronomías existentes.

En algunos países europeos la nutrición ya está incorporada en el currículum escolar, mientras que en otros no es obligatoria como tal, sino que se imparte a través de diferentes recursos, como programas de autoridades locales o entidades privadas.

En España, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha introducido una disposición específica sobre la promoción de la actividad física y la dieta equilibrada para que formen parte del comportamiento infantil y juvenil. Y no podemos olvidar que, ningún país se ha esmerado tanto gastronómicamente en los últimos años, ni ha innovado tanto como España. Actualmente podemos afirmar que los grandes chef de nuestro país son tan conocidos como los mejores futbolistas de nuestra liga y son ellos los que -tal y como insta este Informe- ya hacen hincapié en los productos caseros, locales y variados.

Este Informe resalta la importancia de aplicar las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para luchar contra la obesidad y la mala alimentación; manifiesta su alarma ante el problema de la malnutrición en Europa y su aumento desde el inicio de la crisis, e insiste en que los Estados miembros tienen que hacer lo posible para que todas las personas accedan a una alimentación sana, en


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particular garantizando unos comedores escolares o municipales de calidad y accesibles a todos y reitera la necesidad de que en los colegios se eduque en materia de nutrición y se enseñe una alimentación adecuada, saludable y placentera.

Por ello, este Informe cree necesario que desde los diferentes órganos europeos (Comisión, Consejo y Estados miembros) se estudie un encuadramiento más riguroso de los contenidos y la publicidad sobre productos alimenticios, en especial desde el punto de vista de la nutrición. Cualquier publicidad o patrocinio de comida basura en los centros escolares es contraproducente con la educación en valores nutricionales.

Las acciones en pro de la educación en alimentación y nutrición deben ser multidisciplinares ya que debe contemplarse la educación con los pilares de alimentación basada en salud y placer, actividad física y cambios de conducta. Ese es el espíritu que se recoge en el Informe de Iniciativa con un objetivo claro: demostrar que la educación no debe alejarse del conocimiento de los alimentos, que la sanidad requiere educación y buenos hábitos, tanto alimentarios como físicos. Y resalta la gran importancia de conjugar la educación en una alimentación sana como la lucha contra los estereotipos que puede provocar trastornos alimentarios y psicológicos importantes como la anorexia o la bulimia.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados manifiesta la necesidad de que el Gobierno y las Comunidades Autónomas incorporen los conocimientos de alimentación, de nutrición, y educación del gusto en el sistema educativo, de acuerdo con el Informe de Iniciativa del Parlamento Europeo sobre "El Patrimonio Gastronómico Europeo: aspectos culturales y educativos", mediante:

1. La formación de los profesores en ciencias de la alimentación y actualización de conocimientos en materia de medio ambiente natural.

2. La utilización de las nuevas tecnologías en el aprendizaje dirigidas a facilitar el acceso al patrimonio gastronómico y a la difusión del mismo.

3. La integración de programas pedagógicos en el desarrollo de los sentidos, en especial del gusto, que combine los beneficios nutricionales y el conocimiento del patrimonio gastronómico regional y nacional.

4. El diseño de actividades de aprendizaje de la cultura gastronómica, en particular de la local, el proceso de preparación, producción, conservación, distribución de los alimentos y del intercambio de buenas prácticas en este ámbito, así como de buenos hábitos para una alimentación sana."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000882

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para aumentar las subvenciones económicas a las federaciones deportivas españolas, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

Con base a lo establecido en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, las Federaciones deportivas españolas son entidades privadas, a las que se atribuyen, por delegación, funciones públicas de carácter administrativo, actuando como agentes colaboradores de la Administración Pública.

Así mismo, en el artículo 8 de dicha Ley, dentro de las competencias del Consejo Superior de Deportes se señalan entre otras, la autorización de la constitución y aprobación de estatutos y reglamentos de las Federaciones deportivas, la suscripción de los correspondientes convenios para el desarrollo de programas deportivos, la concertación de sus presupuestos y sus estructuras orgánicas y funcionales.

Además, en su artículo 8. d) la Ley 10/90, de 15 de octubre, del Deporte, atribuye al Consejo Superior de Deportes competencia para conceder las subvenciones económicas que procedan, a las Federaciones


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Deportivas y demás Entidades y Asociaciones Deportivas, inspeccionando y comprobando la adecuación de las mismas al cumplimiento de los fines previstos en dicha Ley.

En este sentido las subvenciones concedidas a las Federaciones por el Consejo Superior de Deportes han sufrido un descenso muy significativo en los últimos años, pasando de los 82 millones de euros en 2009, a los 46 millones de euros en 2016. En resumen, las Federaciones han tenido que cumplir con sus objetivos con 36 millones de euros menos.

La caída de los ingresos obtenidos por las federaciones deportivas ha supuesto que muchas de ellas hayan tenido que recortar su plantilla de trabajadores y trabajadoras, reducir gastos en contratos de seguridad o limpieza, incluso, a compartir sede con otras federaciones.

Pero para las Federaciones este tipo de recortes no es lo más preocupante. Lo más grave es que en los últimos años han tenido que priorizar programas deportivos que la Ley de Deporte les encomienda "planes de preparación de los deportistas de alto nivel", renunciando a alguno de los programas y ayudas a sus deportistas.

Esta circunstancia ha provocado que los programas de Tecnificación Deportiva, la propia captación y formación de talentos deportivos jóvenes o el apoyo al deporte base, deporte y mujer, y deporte escolar, hayan sido los grandes damnificados de los recortes, poniendo en peligro el futuro del deporte español en las competiciones nacionales e internacionales tal y como nos lo ha trasladado la Junta Directiva de la Asociación del Deporte Español en la que están representadas casi la totalidad de Federaciones nacionales olímpicas, no olímpicas y de deporte adaptado.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aumentar las subvenciones económicas a las Federaciones deportivas españolas para garantizar el buen desarrollo de los programas y funciones que la Ley 10/1990 del Deporte les atribuye."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2016.-Javier Antón Cacho, Diputado.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000886

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Olòriz Serra, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la transferencia y financiación de los servicios de las competencias sobre expedición y homologación de títulos académicos, profesionales y universitarios a la Generalitat de Catalunya, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

El vigente Estatut d'Autonomia de Catalunya establece en su artículo 131.4. que "corresponde a la Generalitat, en materia de enseñanza no universitaria, la competencia ejecutiva sobre la expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales estatales". Asimismo, en su artículo 172.3. establece que "la competencia ejecutiva sobre la expedición de los títulos universitarios oficiales". Sin embargo, estos artículos vigentes de la legislación española no se cumplen porque el Estado no ha realizado las correspondientes transferencias de dichas competencias a Catalunya.

Mientras ello no sucede, el Estado centraliza esta competencia, de manera que las solicitudes de expedición y homologación de títulos académicos y profesionales (a excepción de algunos como el de Buceador de Segunda Clase Restringido, Patrón de Pesca Local o Instalador Frigorífico) deben ser enviadas a Madrid para su reconocimiento. Esto, más allá de poner en cuestión la distribución competencial anteriormente referida, demora el trámite de manera innecesaria. Y sobre todo, en los títulos de países de la Unión Europea, que sólo requieren una comprobación. De hecho, mientras en Holanda este trámite se puede solventar en 24 horas, en el Estado español puede durar dos o tres meses, ocasionando perjuicios


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a aquellos ámbitos que están urgentemente necesitados de dichos profesionales, como puede ser el sanitario.

Se trata de una reivindicación largamente sostenida por la Generalitat de Catalunya. En este sentido, la ex Consellera de Salud de la Generalitat de Catalunya, Marina Geli, solicitó al Ministro de Sanidad español la posibilidad de contratar a médicos extranjeros que se encuentran a la espera de homologar definitivamente su título, en virtud del artículo 18 de la Ley Orgánica de Profesiones Sanitarias y ante la urgente necesidad de cubrir las plazas médicas requeridas, especialmente de cara a los meses de verano.

Por tanto, con vistas a cumplir con lo establecido en el Estatut d'Autonomia de Catalunya y ante la urgente necesidad de Catalunya de agilizar el reconocimiento de los títulos académicos, profesionales y universitarios se considera necesaria la inmediata transferencia de estas competencias.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Transferir de manera inmediata a la Generalitat de Catalunya los servicios correspondientes a la competencia establecida en los artículos 131.4. y 172.3. de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, sobre la expedición y homologación de los títulos académicos y profesionales estatales y sobre la expedición de los títulos universitarios oficiales, respectivamente.

2. Garantizar los recursos económicos necesarios para la correcta financiación de estos servicios desde el momento en que se haga efectiva la transferencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2016.-Joan Olòriz Serra, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

161/000896

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Antonio Roldán Monés, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para garantizar los principios de normalización e inclusión de los alumnos con necesidades especiales, y en concreto de aquellos alumnos con dislexia, asegurando su no discriminación e igualdad efectiva en las pruebas de acceso a la Universidad, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

La dislexia se considera una Dificultad Específica de Aprendizaje (DEA) de origen neurobiológico, caracterizada por la presencia de dificultades en la precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras (escritas) y por un déficit en las habilidades de decodificación (lectora) y deletreo. Estas dificultades son consecuencia de un déficit en el componente fonológico del lenguaje y se presentan de manera inesperada ya que otras habilidades cognitivas se desarrollan con normalidad y la instrucción lectora es adecuada. Por lo tanto, la dislexia es un trastorno, es decir, existe una alteración que afecta a la funcionalidad de la conducta lectora que impide al sujeto extraer correcta y eficazmente la información escrita y, por tanto, afecta a su adaptación académica, personal y social.

Con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa se pretendió que la escolarización del alumnado que presentase dificultades de aprendizaje se basará en los principios de normalización e inclusión, asegurando su no discriminación e igualdad efectiva, también que se fomentará la identificación, valoración e intervención de este alumnado de la forma más temprana posible y se establecieran medidas curriculares y organizativas y adaptaciones significativas de los elementos del currículo para alumnado, teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje de este alumnado. Sin embargo, a día de hoy no existe una norma clara que garantice todos estos elementos en la totalidad de la educación básica.


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Según datos ofrecidos por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el 20% del alumnado tiene dificultades específicas de aprendizaje, de los cuales, el 10% tiene dislexia. Las necesidades específicas de aprendizaje y de evaluación de estos alumnos difieren de las necesidades de otros alumnos, precisando modelos adecuados a éstas. En España, según la Comunidad Autónoma en la que los alumnos se presenten a las pruebas de evaluación, podrán tener apoyos o pruebas adaptadas a sus necesidades en caso de poseer dislexia.

Desde las asociaciones que defienden los intereses del alumnado con dislexia, se han remitido peticiones a las administraciones educativas de cara a implantar elementos que faciliten las evaluaciones a estas personas. Por ejemplo, solicitan que se adapten los tiempos a las necesidades de los alumnos con dislexia, que se adapten los modelos de exámenes, se adapten las pruebas de evaluación, sobre todo las lenguas extranjeras o utilizar técnicas específicas que mejore la comprensión de las pruebas por parte de estos alumnos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo todas las adaptaciones, modificaciones e implantación de las medidas oportunas a fin de garantizar los principios de normalización e inclusión de los alumnos con necesidades especiales, y en concreto de aquellos alumnos con dislexia, asegurando su no discriminación e igualdad efectiva y en concreto, en la redacción del nuevo Real Decreto que regule las pruebas de acceso a la universidad. Entre las medidas a adoptar se deberán contemplar las siguientes:

a) Adaptación de los tiempos de las pruebas y la garantía de tiempos de descanso entre éstas.

b) Adaptación de los modelos de exámenes tanto en el tipo de cuestiones, como en el tamaño de la letra y el interlineado.

c) Adaptación de la evaluación, sobre todo en las pruebas de lenguas extranjeras, en los que pueda llevarse a cabo una prueba oral o adaptar las preguntas tipo test.

d) Así mismo también se garantizaran las herramientas y ayudas precisas a fin de asegurar la igualdad de oportunidades de estos alumnos, prestándoseles la ayuda precisa por parte de los profesores, posibilidad de realizar una lectura del examen en voz alta y habilitar salas separadas para la realización de las pruebas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000900

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación del Plan Nacional del Cuidado Visual, para su debate en la Comisión de Educación y Deporte.

Exposición de motivos

La actividad diaria, tanto a nivel laboral como escolar, ha variado significativamente en las últimas décadas. La revolución tecnológica que estamos viviendo en los últimos años ha supuesto otra forma de utilizar nuestros sentidos. Las exigencias visuales que encontramos a día de hoy para cualquier persona, adulta o menor, son totalmente diferentes a las que podían tener esas mismas personas hace treinta años.

Las pantallas inundan nuestras vidas. Numerosas profesiones se desarrollan hoy en día delante de una pantalla de ordenador. En los ratos libres, nuestros ojos siguen pendientes de una pantalla al utilizar los teléfonos móviles, tablets o al ver la televisión una vez estamos en casa. Los niños y niñas también han notada este cambio tecnológico. A día de hoy los más pequeños interactúan con pantallas desde las primeras horas de la mañana en casa, a los centros escolares, donde encontramos pizarras digitales y ordenadores, a las tablets, teléfonos móviles y videojuegos que también usan. Este aumento del uso de


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pantallas ha supuesto una mayor exigencia visual para los menores, abandonando paradigmas de visión basados en el medio natural, para iniciar una especialización hacia la visión próxima.

El aumento de horas en espacios de interior, unido al aumento de exigencias visuales derivadas del intensivo uso de pantallas está suponiendo un aumento significativo de deficiencias visuales. Por ejemplo, según la Fundación Visión y Vida, casi la mitad de los jóvenes, el 47%, de entre 25 y 29 años son miopes. En otros países de nuestro entorno se están dando las mismas tendencias. En los países nórdicos, por ejemplo, se ha pasado en una generación de tener una tasa de 10% de miopes al 50% de la población.

Este aumento de las deficiencias visuales contrasta con la falta de atención que tanto las administraciones, como profesionales y familiares prestan al desarrollo y evolución de la vista de los más pequeños. Si en diferentes encuestas ocho de cada diez familias señalan que los menores deben realizar una revisión visual anual, cuando medimos cuántos menores acuden a estas revisiones, encontramos que sólo acuden tres de cada diez. En el último estudio publicado por la fundación Visión y Vida, titulado "El estado de la salud visual infantil en España" se señala que el 60,6% de los menores que utilizan gafas las llevan por demandárselas a los padres, es decir, que ni los facultativos en las respectivas revisiones, los docentes en los centros escolares o las propias familias detectaron las deficiencias visuales de los menores para seis de cada diez niños.

En !materia educativa es preciso que los menores no sólo vean correctamente, sino que perciban y entiendan lo que ven sin generar dolores o molestias en su sistema visual ya sea por sequedad de ojos, picazón, dolor de cabeza, etc, Una mala capacidad visual en los menores tiene consecuencias más allá de las relativas a la salud. Por ejemplo, existe una importante correlación entre las deficiencias visuales de los menores y el fracaso escolar. Según el estudio nombrado anteriormente, de los miles de menores entrevistados, clasificados posteriormente según su rendimiento escolar, encontramos que en el grupo de bajo rendimiento escolar el 29% no ve bien la pizarra y lo que se escribe en ella, el 44,9% refiere molestias que aumentan el cansancio al leer, el 32,6% refiere no ver correctamente de lejos y de cerca, el 52,5% confunde o se salta palabras al leer o el 23% refiere levantarse a menudo cuando realiza los deberes a causa de molestias visuales.

A día de hoy las pruebas de screening visual para detectar deficiencias visuales en los menores son insuficientes en nuestro sistema sanitario. Los profesionales de atención primaria no poseen el tiempo preciso, así como tampoco la capacidad e instrumentos necesarios para realizar un test en profundidad que evalúe no solo la calidad de la visión de los más pequeños y su evolución, sino también el esfuerzo visual que éstos deben hacer para leer así como la existencia de otras deficiencias como la visión doble o la movilidad ocular. El profesorado tampoco posee en muchas ocasiones la oportunidad de prestar el tiempo necesario a cada estudiante a fin de detectar si éste padece algún tipo de deficiencia visual por la elevada carga de trabajo que poseen.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos esencial la necesidad de implementar un Plan Nacional del Cuidado Visual que contenga elementos destinados a la mejora de la prevención de las deficiencias visuales, la detección precoz de las deficiencias que puedan desarrollar los menores, el acceso de la ciudadanía al cuidado de la salud visual mediante revisiones específicas, mejora de la atención primaria y secundaria en materia de servicios visuales, así como el fomento y concienciación de la sociedad a la hora de cuidad la salud visual, sobre todo, en los más pequeños.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, implantar y evaluar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, un Plan Nacional del Cuidado Visual, que contenga especial atención sobre los más pequeños, y que contenga, entre otras, las siguientes medidas:

1. Medidas y programas destinados a la detección precoz de deficiencias visuales de los menores de edad.

2. Medidas destinadas a mejorar el acceso al cuidado de la salud visual en los centros de atención primaria y especializada, en especial para los menores de edad.

3. Medidas destinadas a erradicar la denominada "pobreza visual" garantizando que las personas y menores en riesgo de pobreza y exclusión social no queden sin adquirir las gafas que precisen acordes a sus necesidades visuales por motivos económicos.


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4. Medidas destinadas a la formación del profesorados en la detección de deficiencias visuales de los alumnos.

5. Campañas de concienciación y publicidad institucional que señalen la importancia de una correcta salud visual y la necesidad de que los menores pasen las revisiones precisas a fin de detectar posibles deficiencias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-María Virginia Millán Salmerón, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Empleo y Seguridad Social

161/000073

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Solicitud de que su Proposición no de Ley sobre la devolución de ayudas públicas en caso de deslocalización, sea tramitada en la Comisión de Economía y Competitividad.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad y trasladar a la Comisión de Economía y Competitividad, comunicando este acuerdo a la Comisión de Empleo y Seguridad Social, al Gobierno y al Grupo Parlamentario autor de la iniciativa y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 14, de 15 de septiembre de 2016.

161/000871

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a impulsar los trámites pertinentes para la aprobación de una Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

El Gobierno del Partido Popular siempre ha mostrado una especial sensibilidad hacia el colectivo de los trabajadores autónomos y pymes, consciente de que sólo si facilita la actividad emprendedora y empresarial se puede crear empleo.

Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno en 2011, se encontró con que en los años precedentes, a causa de la crisis y de la falta de mecanismos adecuados para gestionar la misma, se habían destruido más de 600.000 empleos por cuenta propia y la tendencia mostraba incluso signos de empeorar, porque en 2011 el número de autónomos y empresarios caía a una tasa muy próxima al 4%.


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Ante este panorama, comenzamos a trabajar desde el primer momento para poner fin a la destrucción de los esfuerzos realizados por miles de ciudadanos que habían invertido su ilusión, su trabajo y sus recursos. Siempre hemos sido conscientes de que en el impulso de estos emprendedores descansa también el futuro de nuestro país.

Durante la X legislatura, se aprobaron más leyes para apoyar a autónomos y emprendedores que en cualquier otro gobierno anterior del periodo democrático, leyes que han sido positivamente valoradas por el propio colectivo. Esto ha supuesto un notable incremento de trabajadores autónomos en nuestro país. Los resultados nos avalan, según los últimos datos publicados por la Seguridad Social referentes a octubre de 2016: hoy tenemos 122.591 trabajadores autónomos más que en diciembre de 2011 y 196.454 autónomos más que en el peor momento de la crisis (febrero 2013).

Es una realidad, que los trabajadores autónomos son una importante fuente generadora de empleo en nuestro país. Según el último informe publicado por la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA), durante el primer semestre de 2016 los autónomos han generado el 27,6% del empleo en nuestro país (107.218 nuevos puestos de trabajo). Desde enero hasta junio de 2016 cada día los autónomos han generado 600 nuevos empleos.

Los autónomos y emprendedores se han convertido en actores fundamentales de la economía española y de su recuperación con la creación de cerca del 30% del empleo en España, pero no podemos obviar que este colectivo sacrifica y arriesga su seguridad y bienestar personal para lograr que su actividad o negocio prospere, pero también para beneficiar al conjunto de ciudadanos creando empleo y desarrollando ideas innovadoras.

El Partido Popular siempre ha defendido la cultura del esfuerzo y en eso los autónomos nos dan lecciones todos los días. En todo momento hemos apoyado a este colectivo con mecanismos que faciliten el inicio de actividad y su continuidad a los largo del tiempo, como ya hemos visto con las numerosas leyes y medidas de apoyo aprobadas en la X Legislatura así como con los numerosos compromisos adquiridos en nuestro programa electoral.

Las medidas adoptadas en los últimos tiempos han supuesto una mejora sustancial para el colectivo de trabajadores autónomos, pero aún queda mucho camino por recorrer y muchos aspectos que mejorar.

Con la finalidad de avanzar en este ámbito y en otros muchos, el Grupo Parlamentario Popular suscribió un Acuerdo con el Grupo Parlamentario Ciudadanos, denominado "150 compromisos para mejorar España", que es por todos conocido, donde en el apartado número 32, ambas partes acuerdan que: "en el primer mes de Gobierno se aprobará una Ley de reformas Urgentes del Trabajo Autónomo para reducir cargas administrativas de los autónomos y mejorar su protección social..."

Tras diez largos meses de desgobierno, la parálisis legislativa y política que hemos venido padeciendo en nuestro país por fin ha terminado, se abre una nueva etapa, un nuevo ciclo político basado en acuerdos, diálogo y consensos.

Con fecha 17 de octubre de 2016 registramos para su debate en esta Comisión de Empleo y Seguridad Social, una Proposición no de Ley, relativa a impulsar y reconocer los derechos de los trabajadores autónomos y hoy, que ya se ha conformado un Gobierno, damos un paso más para seguir avanzando, con el objeto de dar cumplimiento al Acuerdo suscrito con el Grupo Parlamentario Ciudadanos, pero sobre todo, para cumplir con nuestros compromisos con el colectivo de trabajadores autónomos. Debemos reconocer e impulsar el papel clave que los trabajadores autónomos tienen en nuestra economía y en nuestro mercado laboral.

En definitiva, entre todos debemos analizar y aprobar sin más demora medidas urgentes que favorezcan y faciliten la actividad de los trabajadores autónomos, reduzcan las cargas administrativas y fiscales que actualmente padecen y mejoren su protección social.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar los trámites pertinentes a fin de aprobar, con la mayor brevedad, una Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, donde queden incluidas y reguladas las siguientes medidas:

- Ampliar la cuota reducida para los nuevos autónomos, para que quienes inicien un negocio paguen sólo 50 euros al mes durante el primer año, en lugar de los 6 meses actuales.


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- Establecer que en las altas y bajas a la Seguridad Social que no se realicen el primer día del mes, el importe de cotización se calcule únicamente por los días efectivos de trabajo del mes correspondiente.

- Permitir hasta cuatro cambios al año en la base de cotización de los autónomos.

- Modular el régimen de recargos en la cotización de la Seguridad Social para los autónomos.

- Clarificar la deducibilidad de los gastos en los que incurren los autónomos en el ejercicio de su actividad, de forma que puedan contar con un elevado grado de seguridad jurídica.

- Bonificar la cuota en su totalidad de las trabajadoras autónomas durante la baja por maternidad o en caso de baja por riesgo médicamente demostrado durante el embarazo, incluso en los casos en los que no se contrate un trabajador de sustitución.

- Equiparar los incentivos económicos de las madres autónomas que se reincorporen a su actividad en los dos años posteriores a la maternidad con los que disfruten las trabajadoras del régimen general.

- Adecuar la composición, estructura y actividad del Consejo Económico y Social a la realidad económica actual y a las nuevas formas de organización del trabajo, en particular para mejorar la presencia de las asociaciones de trabajadores autónomos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de la Diputada Rita Bosaho, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Empleo y Seguridad Social, relativa a la mejora y garantía de las condiciones laborales de las camareras de piso en el sector turístico.

Exposición de motivos

El sector turístico aportó a la economía española 124.000 millones de euros en 2015, representando esa cifra el 11,7% del PIB español. Esos resultados se debieron en gran medida al trabajo silente de un colectivo integrado por más de 100.000 mujeres que representan el 30% de la plantilla global del sector y que trabajan en condiciones invisibles y muchas veces, infrahumanas.

Las camareras de piso se dedican fundamentalmente a la limpieza de habitaciones de hotel, y en parte al mantenimiento de sus áreas comunes, como la recepción, escaleras, salones o los baños. Es un trabajo feminizado en su práctica totalidad. Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) en España en 2014 había poco más de 321 mil trabajadores y trabajadoras en hoteles, por lo que las camareras de piso, que habitualmente constituyen entre un 20% y un 30% de sus plantillas, podrían ser entre las 65 mil y las 96 mil.

El trabajo de este colectivo como el de los cuidados en general, siempre ha sido muy duro en su práctica totalidad, está minusvalorado y feminizado y es a la vez esencial en la calidad del servicio hotelero, ya que se cubre una de las necesidades básicas del cliente, que es descansar en un entorno agradable y limpio.

En otros casos, este mismo fenómeno las sujeta a una cadena de relaciones de causa-efecto que desemboca en una explotación y precariedad redobladas, encarnadas en la estacionalidad, la disminución paulatina de sueldos, el aumento de la jornada laboral y el incumplimiento de los convenios del sector.

El Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, la desafortunada reforma laboral del Partido Popular, ha agravado la situación de por sí calamitosa de estas trabajadoras, evitando que se cumplan los convenios colectivos y permitiendo a las empresas externas articular convenios de menor exigencia en cuanto a condiciones laborales, carga de trabajo, etc. De hecho, muy a menudo se las aplica a estas trabajadoras el convenio de limpieza, más desfavorable que el de hostelería, al que deberían acogerse de manera natural, sin posibilidades de negociación para el colectivo.


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En la hostelería se han extendido ampliamente los contratos fijos discontinuos, más que el empleo fijo debido a la estacionalidad de la actividad turística. Por medio de los fijos discontinuos las trabajadoras tienen garantizado que cada año serán contratadas unos meses, y el resto del año sobreviven gracias a las prestaciones por desempleo y gracias al colchón familiar, pero la eventualidad se dispara.

Cada vez hay más camareras de piso contratadas de forma eventual y en muchos casos a tiempo parcial. Esto significa que muchas de ellas no tienen una mínima seguridad en su puesto de trabajo y por lo tanto les es muy difícil poder construir un proyecto de vida con una cierta estabilidad y seguridad a corto o medio plazo.

El recurso sistemático en muchos hoteles a las contrataciones a tiempo parcial implica que muchas trabajadoras estén haciendo habitualmente más horas que las que les corresponde por contrato, pero esta clara intensificación del trabajo viene por múltiples mecanismos simultáneos: el aumento en el número de habitaciones diarias que tienen que hacer, un trabajo a un ritmo muy intenso, sobrecarga favorecida por la desaparición de otras figuras tradicionales de la hostelería como los valets.

Efectivamente, las reformas laborales impulsadas por los gobiernos del PSOE (2010) y del PP (2012) junto a los procesos de externalización de servicios y subcontratación, vehiculados en nuestro país en las últimas décadas, han traído como resultado el aumento insostenible de las duras condiciones de estas trabajadoras, que al subcontratar el servicio con empresas de multiservicios, que a veces pueden estar constituidas por el mismo grupo empresarial, pero que ya no tendrán que aplicar, en muchos casos, los convenios vigentes de hostelería y se aplicará el de la empresa multiservicio, que, habitualmente, estarán cerca del salario mínimo interprofesional, provocando la división de los trabajadores en multitud de empresas que impiden su unidad de acción sindical y colectiva en defensa de sus intereses.

Debido a todo ello, actualmente se produce un abandono prematuro de la actividad profesional por una parte relevante de las camareras de piso; una circunstancia que acrecienta su precariedad económica, al reducirse la cantidad que recibirán en concepto de pensión de jubilación.

Una de las principales consecuencias del trabajo en estas condiciones es el fuerte impacto que tiene en la salud de las trabajadoras, tanto física como psíquica. Sus efectos se evidencian a múltiples escalas. Cansancio permanente, moratones, caídas, torceduras, problemas musculares, hernias, estrés térmico, exposición a productos químicos, depresión... A causa de este cansancio y el dolor, es muy habitual la automedicación para poder aguantar su jornada laboral. El hecho que durante años estén medicándose de forma ininterrumpida puede provocar también otro tipo de secuelas.

En esta misma escala casuística, son especialmente llamativas y preocupantes las enfermedades profesionales derivadas de las excesivas jornadas de trabajo y de la explotación laboral a la que son sometidas. Hablamos de dolencias como: la artrosis, la ciática, dolores en las cervicales, rodillas, muñecas o tobillos, el lumbago o el síndrome del túnel carpiano.

Como consecuencias de esas patologías evitables, algunas trabajadoras del sector se ven en la necesidad de acudir a los hospitales después de sus largas jornadas laborales para ser infiltradas, con el fin de apaciguar los sobre-esfuerzos, teniendo en cuenta que los movimientos repetitivos favorecen la aparición de Trastornos Músculo Esqueléticos (TME), patología que se encuentra presente en dicho colectivo. Las lumbalgias están presentes en el 85,36% de las camareras, las cervico-braquialgias en un 80,48%. Las zonas del cuerpo más afectadas en esta población son: la espalda, hombros y brazos, aunque todas afirman que el dolor recorre todo su cuerpo.

A esta situación se suma la precariedad económica a la que son sometidas dada su alarmantemente baja remuneración, como es usual en este tipo de trabajos, asignados a las mujeres, que sufren así una brecha salarial del 24%. Estas condiciones económicas precarias hacen especialmente difícil el adecuado cuidado de su salud.

Dadas las condiciones mencionadas, se observa una realidad preocupante, el 71,5% de las camareras encuestadas consumen medicamentos para poder enfrentar su jornada laboral diaria. Es importante destacar que estos tipos de medicamentos van generando "resistencias" el cuerpo necesita cada vez más dosis para que haga efecto y sobreponerse para una nueva jornada.

Asimismo, el 96% sufre síntomas de ansiedad de distinta categoría al no poder calmar el dolor del cuerpo con medicamentos y al enfrentar jornadas de trabajo duras, la mente reacciona, con sentimientos de desesperación al no poder tener control de la situación y de exigirse al máximo todos los días.

En definitiva, estas trabajadoras se encuentran en riesgo de exclusión social, dependiendo su situación de la inseguridad añadida de verse sin trabajo, al estar contratados de forma temporal, parcial o


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encadenando contratos durante la temporada turística que les llevan a bordear fatalidades económicas que termina afectando a sus familias.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar un Plan Estatal Sectorial de Empleo negociado con los interlocutores sociales y gestionado por las Comunidades Autónomas que aborde, desde una perspectiva multidisciplinar, las necesidades de estas trabajadoras del sector turístico y que tenga como objetivo suavizar las condiciones en las que se desenvuelven.

2. Señalar como sector prioritario a este colectivo de trabajadoras en el ámbito de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2015-2020, con una campaña específica de vigilancia y control dentro de los Planes de Acción 2017-2018 y 2019-2020, en el que se fije un número máximo de habitaciones y apartamentos, así como de salidas a realizar diariamente para cada una de ellas.

3. En el marco de los citados Planes, realizar un estudio en materia de salud laboral sobre las condiciones ergonómicas y psicosociales del trabajo en los hoteles, con el fin de orientar las medidas necesarias que adoptar para que las camareras de piso puedan realizar su trabajo de forma no lesiva y digna, con revisión del catálogo de enfermedades profesionales a fin de incluir los trastornos musculo-esqueléticos y afecciones de columna propios de la actividad.

4. Promover un nuevo marco legal en el que se impida la externalización de actividades consolidadas y con larga regulación convencional como la que nos ocupa, impidiendo que los convenios de empresas y/o servicios externalizados puedan estar por debajo de los convenios colectivos de los diferentes sectores, rebajando así las condiciones de trabajo y aumentando la explotación, la precariedad y la carga laboral.

5. Promover la posibilidad de rebaja de la edad ordinaria de jubilación para las trabajadoras del sector como consecuencia de la excesiva carga laboral soportada durante años, y que les impida seguir en activo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2016.-Aina Vidal Sáez y Rita Gertrudis Bosaho Gori, Diputadas.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/000875

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre la adopción de medidas para la protección de los trabajadores autónomos económicamente dependientes y para poner fin a la precariedad de las relaciones laborales a la que ha llevado el uso fraudulento del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y de los TRADE, así como acabar con la figura del falso autónomo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

La crisis económica y la reforma del mercado de trabajo operada por el Partido Popular, que ha facilitado y flexibilizado las causas de despido por causas económicas tanto objetivo, como colectivo, esto unido a una de las medidas de fomento de empleo para emprendedores, como es la tarifa plana de 50 euros para nuevos autónomos, ineficaz para apoyar y consolidar la actividad de los autónomos, pero que ha facilitado nuevas altas en dicho régimen, ha devuelto al primer plano de la actualidad una figura laboral, que ha precarizado la situación de muchos trabajadores y que se mueve en el ámbito del fraude de ley, la figura del falso autónomo.

Las organizaciones sindicales vienen denunciando que, en esta situación de crisis y desregulación de las relaciones laborales, muchas empresas sólo ofrecen trabajo con la condición de que el empleado esté de alta en el Régimen Especial del Trabajador Autónomo (RETA). O peor aún, se han dado situaciones en


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las que la empresa ha extinguido los contratos laborales a todos sus trabajadores, para volver a dar trabajo cuando se hayan convertido en trabajadores por cuenta propia, sin que haya habido ningún cambio ni en la relación con la empresa, ni en la forma de desarrollar su actividad laboral, existiendo una baja de los trabajadores en una empresa y seguidamente un alta del trabajador en RETA para trabajar para la misma empresa, siendo este el caso más sangrante de falso autónomo.

El problema es que, como sucede con muchas situaciones sin regulación legal y que derivan de un fraude de ley, no quedan registradas en las estadísticas oficiales, y hoy por hoy, no existen datos concretos del número de trabajadores que se encuentran en esta situación; el método más eficaz para realizar una estimación sobre el número de falsos autónomos que existen en España es la Encuesta de Población Activa (EPA). La EPA incluye una pregunta muy concreta a los trabajadores autónomos económicamente independientes: si trabajan en exclusiva para una empresa, o prácticamente. Según la última encuesta, en este grupo estarían unos 250.000 trabajadores. De ellos, 160.000 declararon desarrollar su actividad sólo para un único cliente.

Los otros 90.000, casi en exclusiva para una sola empresa. Lo cual constituye un claro indicio de que son trabajadores por cuenta ajena bajo el aspecto formal de trabajador autónomo. Según la última encuesta de Población Activa si bien el número total de trabajadores por cuenta propia se reduce, el de los trabajadores económicamente dependientes se incrementa en 6.800.

A pesar de la laguna legal existente, en relación a la definición y consecuencias jurídicas de ser un "falso autónomo", sí que existe una doctrina jurisprudencial asentada y generalizada, así un falso autónomo es una persona que a pesar de trabajar en una relación de dependencia para la empresa, tal y como lo vendría haciendo un trabajador por cuenta ajena con un contrato laboral está dado de alta en Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y de alta en el IAE.

El Tribunal Supremo dio contenido a las notas básicas que según el artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, define a un trabajador por cuenta ajena incluido en el ámbito de aplicación del estatuto de los trabajadores, quienes voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona denominada empleador y que, en caso de cumplirse, demuestran la relación de dependencia entre el trabajador y el empresario y la existencia de un trabajador por cuenta ajena, a pesar de que se cumplan los requisitos formales del trabajador autónomo (RETA e IAE):

- Voluntariedad: Es lo que diferencia un acuerdo o contrato de otro por imperativo legal. En esencia, lo que caracteriza a toda relación laboral.

- Retribución: En el caso de los falsos autónomos, y a diferencia de un autónomo real, su retribución se deriva del carácter de ajenidad, no está sometido a riesgo, es periódico y estipulado por la empresa.

- Dependencia: El trabajador está supeditado a la organización y estructura de la empresa, su tiempo, horario, órdenes e instrucciones, tareas.

- Ajenidad de medios: El material con que desempeña su trabajo el trabajador o trabajadora no son de su posesión sino de la empresa.

La ley define al trabajador autónomo como, "las personas físicas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.

Desde que se creó la figura del TRADE (Trabajadores Autónomos Económicamente Dependientes) se ha extendido la figura del falso autónomo debido a la delgada línea que separa en muchas ocasiones una de otra. Los TRADE son aquellos que realizan una actividad económica o profesional a título lucrativo y de forma habitual, personal, directa y predominante para una persona física o jurídica, denominada cliente, del que dependen económicamente por percibir de él, al menos, el 75% de sus ingresos por rendimientos de trabajo y de actividades económicas o profesionales; deben contar y esto es esencial con una estructura productiva propia y mantener la autonomía en el desarrollo de la actividad.

Un TRADE será falso autónomo cuando está dentro del circulo organizativo de la empresa y carece de una estructura material empresarial. Desde el punto de vista práctico, existe una situación generalizada en que el trabajador autónomo trabaja en las instalaciones de una empresa de forma constante o utilizando los medios técnicos y logísticos de la misma, y no actúa con la independencia debida de un autónomo, sea TRADE o no.

Si bien el TRADE tiene un contrato firmado con el cliente en el que se regulan ciertas condiciones del trabajo a realizar, estas condiciones son mucho más flexibles; y regulan menos ámbitos y derechos que


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en el caso del trabajador por cuenta ajena. a pesar de que en numerosos casos realiza su actividad totalmente dentro del horario y la estructura de la empresa, y normalmente con una retribución fija y fijada unilateralmente por la empresa.

La situación en la que se encuentra un trabajador "falso autónomo", es de precariedad y pérdida de derechos, no se le aplica ni el Estatuto de los Trabajadores, ni el Convenio Colectivo, por lo que no tendrá derecho a ninguno de los derechos reconocidos, vacaciones, permisos, no se le aplica el régimen retributivo ni de mejora de condiciones laborales del Convenio Colectivo, carece de protección en materia de prevención de riesgos laborales y se ve obligado a pagar la cuota de autónomos en la seguridad social, así como IVA e IAE, y una de las cuestiones más perniciosas, en caso de cese en el trabajo no se seguirá el procedimiento por despido ni tendrá derecho a indemnización y, además no tendrá derecho a protección por desempleo.

Esta situación conlleva que el trabajador se vea obligado a litigar en el momento del cese de su actividad, para reclamar ente la Inspección de Trabajo o directamente en el Juzgado de lo Social, para que se le reconozca la verdadera naturaleza de su relación y los derechos derivados de la misma, momento en el que tiene el mismo tratamiento de una falta de alta en la Seguridad Social, iniciando procedimiento sancionador y de liquidación de cuotas. La empresa no cumple ninguna de sus obligaciones laborales, ni en materia de seguridad social, y lo que es más grave en materia de prevención de riesgos.

Es preciso poner fin a la precariedad de las relaciones laborales a la que ha llevado el uso fraudulento del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos y de los TRADE, así como acabar con la figura del falso autónomo, así como ampliar la protección de los trabajadores autónomos económicamente dependientes integrando a estos en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores, para que tengan los mismos derechos laborales y de seguridad social que los trabajadores por cuenta ajena y queden incluidos en el ámbito de la negociación colectiva.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Partiendo de las notas definidas jurisprudencialmente, regular la figura del trabajador "falso autónomo", así como sus consecuencias jurídicas, estableciendo un nuevo tipo de infracción.

- Incluir en el ámbito del Estatuto de los Trabajadores a los Trabajadores Económicamente Dependientes.

- Poner en marcha un plan de la Inspección de Trabajo de lucha contra la explotación y precariedad laboral, para aflorar estas situaciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2016.-María del Rocío de Frutos Madrazo, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000883

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de evaluación y reforma del régimen laboral de las empleadas y empleados del hogar, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

Según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en febrero de 2016 están afiliados al Sistema Especial de Empleados de Hogar unos 429.626 empleados, un 0,13% más que el año anterior. La amplísima mayoría de los trabajadores que son contratados para la realización de trabajos domésticos son mujeres.

El ejercicio de la función tuitiva y protectora de nuestro Estado para la garantía de esas condiciones laborales óptimas es más complejo cuando la actividad laboral se produce dentro del domicilio del


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empleador, dado que, para su control administrativo, se requiere autorización judicial o consentimiento del propietario del domicilio donde se prestan los servicios.

Como principal referente, el Convenio n.º 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) tiene entre sus determinaciones la equiparación de la protección de estos trabajadores domésticos con la que es reconocida a cualquier otro trabajador por cuenta ajena de otros sectores de actividad. Dicho Convenio, en sus artículos 1 y 2 establece el ámbito de aplicación referido ampliamente a todo trabajador doméstico, de género femenino o masculino, que realiza un trabajo doméstico en el marco de una relación de trabajo, excepto aquellos trabajadores que se puedan incluir en el ámbito de aplicación de otra normativa con al menos el mismo nivel de protección. Y en los artículos 3 a 19, el Convenio establece normas y obligaciones sustantivas en relación a asegurar unas condiciones de trabajo dignas, la seguridad y salubridad en el lugar de trabajo, las horas de trabajo y descanso, y especialmente, el mismo nivel de protección en materia de seguridad social que cualquier trabajador por cuenta ajena en el Régimen General.

De manera complementaria a este convenio, la Conferencia Internacional del Trabajo de 2011 aprobó la Recomendación 201, la cual proporciona una orientación más detallada y práctica acerca de las cuestiones que se abordan en el Convenio y otras relacionadas, tales como:

Conciliación entre el trabajo y la vida privada.

Desarrollo profesional de las trabajadoras y los trabajadores domésticos.

Mejora de la recopilación de datos estadísticos sobre trabajo doméstico.

Protección de los trabajadores empleados por personal diplomático.

En la actualidad, el Convenio n.º 189 todavía no ha sido ratificado por España. Tampoco ha sido ratificado, en nuestro entorno, por Reino Unido, Francia, Noruega, Holanda, Dinamarca, entre otros. Sí ha sido ratificado, por otra parte, por países europeos como Italia, Portugal, Alemania, Irlanda y Bélgica, y en América del Sur, por países como Argentina, Bolivia y Colombia. Esta falta de ratificación se hace evidente en el hecho de que nuestro ordenamiento jurídico difiera respecto al Convenio n.º 189 de la OIT, especialmente en cuestiones relacionadas con la acción protectora y condiciones de trabajo de las empleadas y empleados del hogar en comparación con las de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad Social.

A este respecto, el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, preveía en su disposición adicional segunda una serie de iniciativas destinadas, por un lado, a evaluar el impacto en el empleo y en las condiciones de trabajo de las personas al servicio del hogar familiar, y por otro, a constituir un grupo de expertos al objeto de analizar la viabilidad de una eventual reforma en línea con las disposiciones establecidas en el Convenio n.º 189 de la OIT. En concreto, la disposición adicional segunda del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, establece que:

"1. El Ministerio de Trabajo e Inmigración procederá con anterioridad al 31 de diciembre de 2012, previa consulta con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, a realizar una evaluación del impacto en el empleo y en las condiciones de trabajo de las personas al servicio del hogar familiar que pueda derivarse de lo establecido en este real decreto.

Dicha evaluación tendrá en cuenta la regulación de las retribuciones establecida en este real decreto y, en particular, los casos de prestación de servicios domésticos en los que exista salario en especie. La evaluación tendrá en cuenta, igualmente, las previsiones contenidas en la disposición adicional trigésima novena de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, sobre la integración del Régimen Especial de Empleados de Hogar en el Régimen General de la Seguridad Social. Asimismo, la evaluación incluirá, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogidas de datos que se realicen.

2. En el mes siguiente a la entrada en vigor de este real decreto, el Ministerio de Trabajo e Inmigración procederá a la constitución de un grupo de expertos, integrado por un máximo de seis personas propuestas por el propio Ministerio y las organizaciones empresariales y sindícales más representativas, para que realice un informe con anterioridad al 31 de diciembre de 2012 sobre las siguientes cuestiones:

1.ª La viabilidad de aplicar plenamente el régimen de extinción del contrato de trabajo de la relación laboral común establecido en el Estatuto de los Trabajadores a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, así como la posibilidad de incluir el desistimiento del empleador, entendido


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como pérdida de confianza en el empleado, en alguna de las causas comunes de extinción del contrato de trabajo establecidas en el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores.

2.ª La viabilidad de establecer un sistema de protección por desempleo adaptado a las peculiaridades de la actividad del servicio del hogar familiar que garantice los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera.

3. El Gobierno, teniendo presente la evaluación a que se refiere el apartado 1 y el informe del grupo de expertos a que se refiere el apartado 2, adoptará con anterioridad al 31 de diciembre de 2013 y previa consulta y negociación con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, las decisiones que correspondan sobre las cuestiones señaladas en el apartado anterior."

Como resulta evidente, a tenor de los plazos contemplados en el citado Real Decreto, ni la evaluación de impacto en el empleo y las condiciones de trabajo ni el informe sobre la viabilidad de llevar a cabo determinadas propuestas de reforma se llevaron a cabo, debido fundamentalmente al cambio de Gobierno que se produjo por entonces.

Posteriormente, se llevaron a cabo nuevas medidas legislativas, entre las que destaca Real Decreto Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social. Según esta norma, las trabajadoras y trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar tendrán derecho a las prestaciones de la Seguridad Social en los mismos términos y condiciones establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social, salvo algunas especialidades, y excluyendo en todo caso la prestación por desempleo. Dichas modificaciones también deberían ser objeto de evaluación respecto a su impacto en el empleo y las condiciones de trabajo del colectivo de las empleadas y empleados del hogar, incorporándolas a las originalmente previstas en el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, que mantengan su vigencia.

Otro aspecto importante es el relacionado con la prevención de los riesgos laborales de las empleadas y empleados del hogar. En este sentido, el Convenio n.º 189 de la OIT ya referido, en su artículo 1, reconoce el derecho de todo trabajador doméstico "a un entorno de trabajo seguro y saludable". Por este motivo, se insta a todos los países firmantes, en conformidad con la legislación y la práctica nacionales, a adoptar medidas eficaces, que teniendo debidamente en cuenta las características específicas del trabajo doméstico, aseguren la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores domésticos, sin perjuicio de que las medidas puedan aplicarse progresivamente en consulta con las organizaciones más representativas de los empleadores y de los trabajadores.

En nuestro ordenamiento jurídico, la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales (LPRL) excluye específicamente a los empleados del servicio del hogar familiar, en cuanto que en su artículo 3.4 establece que "la presente Ley tampoco será de aplicación a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar".

Pero el hecho de que se les excluya de la LPRL no significa que a estos trabajadores se les niegue su Derecho a la seguridad y salud laboral. De este modo, el mismo artículo 3.4 continúa estableciendo que: "El titular del hogar familiar está" obligado a cuidar de que el trabajo de sus empleados se realice en las debidas condiciones de seguridad o higiene". Esta disposición va en consonancia con lo que establece el Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, concretamente en su artículo 7.2, al declarar que el empleador debe "(...) cuidar de que el trabajo del empleado del hogar familiar se realice en las debidas condiciones de seguridad y salud, para lo cual se adoptará las medidas eficaces, teniendo en cuenta las características específicas del trabajo doméstico. El incumplimiento grave de estas obligaciones será causa justa de dimisión del empleado".

Los poderes públicos deben velar por que la equiparación de la protección de estos trabajadores domésticos pueda crear un espacio propicio para el fraude laboral. Los empleos cuyos trabajos se realizan dentro de los hogares (como empleado del hogar) actualmente son difíciles de investigar por una sencilla razón: el centro de trabajo es, a su vez, un hogar protegido por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, derecho fundamental reconocido en nuestra constitución, que sólo puede ser superado mediante orden judicial o consentimiento del afectado. Esto hace que el inspector de trabajo difícilmente pueda llegar a investigar la realidad o no de dichos trabajos, lo que puede ocasionar fraude laboral o fraude en el cobro de subvenciones.


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Para tratar de combatir estos casos, el inspector de trabajo debe limitarse a pruebas indirectas, entre ellas, la existencia o no de pagos realizados por las tareas realizadas. Facilitar la comprobación de la existencia de dichos pagos es, por tanto, un método efectivo de lucha laboral contra el fraude sin que por ello se vea afectado el derecho a la inviolabilidad del domicilio.

Por ello, sería recomendable que los pagos cuya causa sea trabajos realizados dentro de un hogar, o de cualquier lugar protegido por el derecho a la inviolabilidad del domicilio, no se puedan realizar con dinero en efectivo. Esta misma lógica, de lucha contra el fraude, ya se aplicó en la Ley 7/2012, de normas tributarias y materias antifraude, para prohibir realizar pagos en efectivo a partir de 2.500 euros, siempre que alguna de las partes intervinientes sea un empresario o profesional.

Teniendo presente todo lo anterior, y con el objetivo de evaluar y mejorar el régimen laboral de las empleadas y empleados del hogar, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que:

1. Realice, en el plazo máximo de seis meses, y previa consulta con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, la evaluación del impacto en el empleo y en las condiciones de trabajo de las personas al servicio del hogar familiar prevista en el apartado 1 de la disposición adicional segunda del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, e incorpore al ámbito de dicha evaluación el impacto de las modificaciones normativas introducidas por el Real Decreto Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y otras medidas de carácter económico y social.

2. Concluida la evaluación prevista en el apartado anterior, constituya el grupo de expertos previsto en el apartado 2 de la disposición adicional segunda del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, al objeto de que elaboren en el plazo máximo de seis meses un informe, en su caso con propuesta de reforma legislativa, sobre las siguientes cuestiones:

1.º La viabilidad de aplicar plenamente el régimen de extinción del contrato de trabajo de la relación laboral común establecido en el Estatuto de los Trabajadores a la relación laboral de carácter especial del servicio del hogar familiar, así como la posibilidad de incluir el desistimiento del empleador, entendido como pérdida de confianza en el empleado, en alguna de las causas comunes de extinción del contrato de trabajo establecidas en el artículo 49 del Estatuto ele los Trabajadores.

2.º La viabilidad de establecer un sistema de protección por desempleo adaptado a las peculiaridades de la actividad del servicio del hogar familiar que garantice los principios de contributividad, solidaridad y sostenibilidad financiera.

3.º La viabilidad de establecer la obligatoriedad de que los pagos por la actividad de servicios en el hogar familiar deban realicen realizarse mediante transferencia bancaria, con la finalidad de garantizar un adecuado control y de prevenir el fraude fiscal y laboral.

3. El informe referido en el apartado anterior abordará también la viabilidad de que España proceda a la ratificación del Convenio n.º 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), atendiendo a las conclusiones que se determinen en el mismo y a las adaptaciones de la legislación española que serían necesarias de acuerdo con las directrices previstas en la Recomendación 201 sobre el trabajo doméstico adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo de 2011, complementaria al citado Convenio n.º 189.

4. Desarrolle una normativa específica en materia de prevención de riesgos laborales para empleadas y empleados del hogar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, y en el artículo 7.2 del Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre, así como en el resto de la normativa aplicable; y, en consonancia la normativa específica que se desarrolle, elabore una guía básica que sirva como referencia para este colectivo en la que se aborden las medidas preventivas o de protección que deben tener en cuenta en su lugar de trabajo, la cual será distribuida podrían ser distribuidas a empleadores y trabajadores en el momento de tramitar las altas de estos últimos en la Seguridad Social."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2016.-José Cano Fuster, Saúl Ramírez Freire y Sergio del Campo Estaún, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a analizar las posibilidades de actuación y ampliación del Programa de Activación para el Empleo, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Exposición de motivos

El objetivo primordial de las políticas del Gobierno del Partido Popular son las personas y su acceso y mantenimiento del empleo. Nadie tiene mayor interés por dotar de oportunidades de trabajo a los más vulnerables que el Gobierno. Así lo pone de manifiesto la intensa agenda de reformas que ha llevado a cabo desde el inicio de la X legislatura con el objetivo prioritario de impulsar el empleo.

El desarrollo de estas reformas se ha realizado primando la equidad y la protección de las personas más vulnerables, que requieren de mayor atención en su transición de vuelta al mercado de trabajo. Precisamente por ello se han llevado a cabo medidas como la reforma y refuerzo del PREPARA, Programa de recualificación profesional para las personas en paro que agotan su protección por desempleo. Hasta la fecha, se ha prorrogado en 11 ocasiones.

Los desempleados de larga duración son también uno de los colectivos prioritarios en el ámbito de políticas activas. Así se recoge en la Estrategia Española de Activación para el Empleo 2014-2016 y en el Plan Anual de Política de Empleo 2016.

El Gobierno, no ha escatimado en esfuerzo ni en recursos a fin de acortar el tiempo de integración laboral de los desempleados. Los PGE para 2016 han incrementado el importe destinado a Políticas Activas de Empleo en 477 millones respecto al año 2015, en total 5.265 millones, de los cuales 1.800 millones son gestionados por las Comunidades Autónomas para mejorar la empleabilidad de los colectivos que más lo necesitan, como son los jóvenes y los mayores de 45 años parados de larga duración, así como para reforzar la formación profesional para el empleo.

Las reformas y diferentes medidas aprobadas y llevadas a cabo por el Gobierno han dado sus frutos, hoy vivimos un evidente cambio de tendencia; en diciembre de 2011 se destruía empleo a un ritmo del 7,86% anual y hoy se crea empleo a un ritmo anual del 9,85%. Hemos pasado de ser el país de la Unión Europea donde más empleo se destruía, a liderar la creación de puestos de trabajo.

Es cierto que ha cambiado la tendencia pero no debemos ser complacientes pues queda mucho trabajo por hacer, hoy en España todavía son demasiadas las personas que buscan una oportunidad de empleo y debemos trabajar para que la tengan.

Tenemos la responsabilidad de compartir prioridades, lo que significa en este ámbito, trabajar para crear empleo, que es un requisito imprescindible para mantener y mejorar nuestro Estado de Bienestar. Además, debemos prestar especial atención a los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran los parados de larga duración y dentro de este colectivo los parados de larga duración que llevan más de dos años buscando un empleo. No podemos obviar que prácticamente la mitad de los parados que llevan buscando empleo más de un año son mayores de 45 años.

Durante el Gobierno del Partido Popular se han suscrito importantes acuerdos sobre la base del diálogo social, como el "Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para fortalecer el crecimiento económico y el empleo" que abordó importantes compromisos como el Programa Extraordinario de Activación para el Empleo, con un contenido específico de orientación, formación, recualificación y/ o reconocimiento de la experiencia laboral, que acompañado de una ayuda económica tiene por objeto facilitar la reinserción laboral a los desempleados de larga duración con cargas familiares y con mayores dificultades de colocación.

El pasado 17 de octubre de 2016, la Ministra de Empleo y Seguridad Social, los Secretarios Generales de CCOO y UGT y los Presidentes de CEOE y CEPYME se volvieron a reunir para avanzar en el diálogo social. Gobierno e interlocutores sociales analizaron, entre otros asuntos, la situación de los parados de larga duración y el Impacto del Programa de Activación para el Empleo. A este respecto, acordaron estudiar la posibilidad de actualizar el Programa y valorar ampliar su alcance en atención y asistencia de los desempleados de larga duración.


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En definitiva, en el actual contexto de recuperación en que nos encontramos, nuestra prioridad debe ser la creación de empleo estable y de calidad, y trabajar para crear oportunidades, para que el empleo llegue a todas las personas, familias, sectores y rincones del país. El colectivo de parados de larga duración es uno de los colectivos más vulnerables con los que nos encontramos en nuestra sociedad y su integración laboral es responsabilidad de todos.

El empleo es clave en la inclusión social y la base de nuestro Estado de Bienestar.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en el marco del diálogo social analicen las posibilidades de actuación y ampliación del Programa de Activación para el Empleo para en su caso, ampliar su alcance en atención y asistencia a los parados de larga duración, especialmente aquellos que no tienen ingresos y tienen responsabilidades familiares."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para el adelanto de la edad de jubilación de los policías locales y su extensión a los vigilantes municipales, para su debate en la Comisión de Empleo y Seguridad Social.

Por todo el Estado español se está abriendo paso la necesidad de adelantar la edad de jubilación, a los 60 años, a los agentes integrantes de los cuerpos de las policías locales. Son muchas y diversas las plataformas profesionales, sindicales y sociales que reclaman la anticipación de la edad de jubilación de este colectivo. Esta reivindicación trata de equiparar a estos agentes con los de otros cuerpos policiales del Estado español.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que se ha posicionado públicamente a favor a través de su Presidencia, y este apoyo se fundamenta en los centenares de Mociones que se han venido aprobando por los Plenos Municipales pidiendo la aprobación de esta medida, por entenderse justa socialmente y para acabar con la discriminación que se produce entre integrantes de los distintos cuerpos policiales que existen en el Estado español y que deberían estar amparados por la igualdad y no discriminación en el desempeño de sus tareas profesionales.

Además, esta propuesta supone apostar por la prestación del servicio público con las máximas garantías y esto pasa por acometer el rejuvenecimiento de las plantillas, la creación de empleo, la mejora del servicio prestado a la ciudadanía y resolver el problema de las bajas de larga duración a las que se ven sometidos los agentes de mayor antigüedad por el desgaste físico y psíquico continuado al que se ven sometidos.

El adelanto de la edad de jubilación a estos funcionarios públicos debería hacerse extensivo a los Vigilantes Municipales, agentes funcionarios que cumplen funciones de policías locales en aquellos municipios donde no existe el cuerpo de la Policía Local, y a aquellos otros donde coexisten ambas figuras, Policías Locales y Vigilantes Municipales.

Y es que es una realidad, poco conocida, que ante la inexistencia en muchos municipios del Estado español de cuerpo de Policía Local, los Vigilantes Municipales, por disposición expresa de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las diferentes leyes de coordinación de policías locales de las comunidades autónomas, desarrollan de forma habitual y continuada las funciones propias de policías locales.

La existencia de estos Vigilantes Municipales con funciones propias de Policía Local, pero sin el mismo tratamiento en cuanto a retribuciones, formación o equipamiento, supone un trato discriminatorio,


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pero también constituye una flagrante violación del ordenamiento jurídico vigente por cuanto se vulnera el principio de igualdad consagrado en el artículo 14 de la Constitución Española.

La discriminación viene, en todo caso, determinada por la diferencia de trato en la clasificación de la categoría profesional con respecto al resto de policías locales en muchas comunidades autónomas, sin utilizar criterio objetivo alguno que justifique el trato diferenciado entre unos y otros, pues los dos supuestos de hecho habrán de reputarse iguales si el elemento diferenciados (denominación del puesto de trabajo) carece de la suficiente relevancia y fundamento racional.

Además, el principio de la igualdad de trato opera imponiendo un tratamiento igualitario a las personas que se encuentren en situaciones iguales. Podemos deducir de ello que en el principio de igualdad no opera solo un tratamiento normativo igualitario entre las personas a las que se aplica, sino que además debe traducirse en una exigencia en el momento de la interpretación de las normas que han de realizar los órganos encargados de su aplicación.

Planteada la necesidad de la anticipación de la edad de jubilación de los Policías Locales, no sería justo volver a discriminar a los empleados públicos que realizan sus mismas funciones, afrontan los mismos peligros y actúan con el mismo espíritu de sacrificio y vocación de servicio público.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Tomar las medidas necesarias para adelantar la edad de jubilación de los empleados públicos integrantes de los cuerpos de Policía Local y de los Vigilantes Municipales existentes en el conjunto del Estado, equiparándolos al resto de los cuerpos de seguridad.

2. Abordar, junto con las administraciones autonómicas que tienen las competencias de coordinación de los cuerpos de Policía Local, la equiparación en el conjunto de derechos de los Vigilantes Municipales, para evitar su discriminación respecto a los demás integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad, y en particular respecto de los Policías Locales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-Miguel Ángel Bustamante Martín y María Isabel Salud Areste Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Industria, Energía y Turismo

161/000878

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, y a través de su portavoz Alexandra Fernández Gómez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para ser debatida en la Comisión de Industria, Energía y Turismo, relativa a la elaboración de un plan industrial para Navantia S.A.

Exposición de motivos

La empresa pública Navantia S.A. está sufriendo la pésima gestión política de un Gobierno y de un partido (el Partido Popular) que rechaza el carácter público del astillero Navantia y que por lo tanto, renuncia a intervenir para salvaguardar un sector estratégico con potencialidades extraordinarias para el desarrollo social, económico e industrial de nuestro país. La centralización de la gestión y la imposición de una estructura organizativa y funcional equivocada, sumada a la incapacidad del área comercial para conseguir nuevas contrataciones y a la negativa del Gobierno a avanzar inversiones productivas y programas de construcción que dependen de él, configuran una intervención política errática causante de la evidente falta de rumbo vigente en una empresa y sector fundamentales para la industria gallega.


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El estrangulamiento que los gobiernos del PP provocan a los astilleros públicos de la ría de Ferrol, comporta además en este territorio un brutal destrozo socioeconómico, después de sucesivas reconversiones frustradas, vetos europeos y abandono por parte de los gobiernos del turno restauracionista.

Ejemplo paradigmático de ello son las mentiras electorales comprometidas por el PP y que no se han hecho realidad: dique flotante, armada de buques mexicana desaparecida o un Astano (Navantia Fene) que sigue sin construir buques.

El balance contable no puede ser más negativo a causa de la caída de las ventas y de los niveles de contratación, el alto nivel de endeudamiento y el desequilibrio patrimonial existente, que aboca al gobierno a actuar de manera decidida para capitalizar la empresa pública.

De hecho Navantia culminó el pasado ejercicio 2015 con las mayores pérdidas de la historia, con cerca de 170 millones de euros en negativo, y en los primeros seis meses de este el desplome continúa acentuándose, con pérdidas por 66,6 millones de euros.

Navantia Ferrol y Navantia Fene (la antigua Bazán y Astano) son -pese a los gobiernos sucesivos- un conjunto industrial con gran capacidad tecnológica llamado a jugar un papel tractor en un nuevo desarrollo industrial que comparta con las universidades y centros tecnológicos -como tendría que ser el CIS de A Cabana- el núcleo de I+D+I de la construcción naval pública.

Una oportunidad para crear riqueza social y empleo estable y con derechos: toda una alternativa política y social al desmantelamiento industrial que propician las políticas del PP, que supusieron la pérdida de 55.000 puestos de trabajo industriales. Los astilleros públicos de la ría de Ferrol representan el futuro de las comarcas en las que están radicados, pero para ello se requiere un compromiso público estable para mantener y ampliar en cada uno de sus centros su actividad principal histórica, la construcción naval; para ampliar la participación de las trabajadoras y trabajadores y garantizar sus derechos laborales; para desarrollar la capacidad tecnológica, la calidad, el diseño, la formación especializada y permanente, la cualificación profesional y la especialización en buques, plataformas y otros productos de alto valor añadido; Para ampliar el empleo público y rejuvenecer las plantillas; y con un marco de relaciones laborales en el que se garantizan los derechos económicos y sociales y se homogeneizan las condiciones para el conjunto de la empresa.

Herramienta clave para desarrollar el futuro que son los astilleros públicos de la ría de Ferrol es la aprobación de un plan industrial, que sea acordado con la representación sindical de la plantilla. No se puede continuar aplazando, por cálculos electorales, la negociación de este plan.

Un plan industrial que tiene que desarrollar diversas líneas fuerza:

1. La titularidad y gestión pública de los astilleros con el compromiso estatal de reconocer a Navantia y al sector naval como un sector estratégico para el Estado y para Galicia.

2. El impulso al contrato entre el Ministerio de Defensa y Navantia con la planificación de las necesidades de la Armada española. Debemos comenzar por la nueva serie de fragatas F-110.

3. El desarrollo de una política comercial de Estado que elabore un programa integral de actuaciones de carácter comercial que fomente la exportación de productos realizados en los astilleros.

4. Ejecución de un programa de inversiones productivas que afirmen la capacidad de los astilleros de la ría de Ferrol, y en el que se construya un dique y aquellas otras actuaciones que apuntalen la mejora de los procesos productivos y de las instalaciones.

5. Potenciación de la capacidad operativa y técnica que permita la ejecución de proyectos industriales integrales con recursos propios planificados reduciendo así las subcontrataciones.

6. Descentralización de los departamentos de compras, aprovisionamientos, ingeniería, comerciales, etc., entregando así eficacia y autonomía a los centros como los astilleros de la ría de Ferrol.

7. Rejuvenecimiento y ampliación de las plantillas como mecanismo necesario para los desarrollos futuros, con la garantía del mantenimiento de todos los centros y de las plantillas que se deriven de ello.

8. La potenciación de las líneas de negocio preferentes, y la apuesta por los sectores de carácter civil con mayores márgenes de negocio y de mayor valor añadido, junto a una diversificación industrial en productos de alto valor añadido.

9. Constitución de un polo de investigación e innovación con la participación del sistema universitario y el ministerio para el desarrollo de nuevas tecnologías y proyectos.

10. El impulso a las salas técnicas en el orden tecnológico, de personal, equipamiento técnico y formación continua.

11. La profunda remoción del cuadro directivo y gestor de la empresa con su profesionalización.


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12. La ampliación del espacio de participación real de la plantilla en la toma de las decisiones básicas de la empresa pública.

13. La elaboración de un plan integral de formación que descanse en la formación continua de la plantilla y del personal de las industrias auxiliares, con especial hincapié en la prevención en materia de seguridad y salud laboral.

14. Una actuación integrada para la industria complementaria y auxiliar, que no un dispositivo para abaratar costes de fuerza de trabajo. Este incorporará al convenio con Navantia la relación con estas industrias y el cumplimiento de los compromisos de recolocación de 1999.

15. El establecimiento de garantías para que el Comité de Dirección, integrado por la presidencia y la dirección de los diferentes departamentos, sea constituido por personas con conocimiento en la materia y capacitado para conseguir una estructura organizativa acorde a los objetivos anteriormente propuestos.

Este plan industrial de futuro tiene que acompañarse de actuaciones de emergencia para aumentar la carga de trabajo: el adelanto de las órdenes de ejecución de las F-110 y los BAM, la construcción del dique o la contratación del gasero.

Por lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Realizar las gestiones oportunas para que de manera urgente se elabore, y se acuerde con la representación sindical de la plantilla, el plan industrial de Navantia, sobre la base de los contenidos recogidos en esta iniciativa."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2016.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.-Alexandra Fernández Gómez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

161/000867

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El Plan de Activación Socieconómica del Sector Forestal, aprobado en enero de 2014, contemplaba dentro de las medidas para potenciar el sector de la caza y de la pesca la necesidad de trabajar en la elaboración de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, que debía tomar forma aprovechando la modificación de la Ley 43/2003, de Montes.

La repercusión de la actividad cinegética por su trascendencia en la dinamización de los territorios rurales, su importancia en la economía rural al generar en torno a 3.700 millones de euros, así como por su contribución al equilibrio de los ecosistemas y a la recuperación de la fauna y flora silvestre, hacen de la gestión cinegética una herramienta trasversal en el desarrollo rural.

La caza en España es hoy día una actividad cultural, social y económicamente importante, practicada por el 2,5 % de la población. A los 800.000 cazadores nacionales hay que sumar los más de 25.000 visitantes extranjeros que anualmente vienen a cazar procedentes de diversos países europeos.

Así pues, en la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la de 21 de noviembre, de Montes, se incluye y prevé la elaboración y adopción de una Estrategia Nacional de Gestión Cinegética, dada la


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consideración de actividad económica, con el objetivo de garantizar la unidad de mercado, así como cierta armonización y organización a escala nacional.

El Gobierno, además, consciente de la importancia del sector, que debe enfocarse sobre la base de la gestión sostenible de recursos naturales, ha apoyado y se ha comprometido con el sector con diferentes iniciativas, como el protocolo de colaboración para el establecimiento de la licencia única interautonómica de caza y pesca para su ámbito territorial.

Algunas organizaciones de cazadores han demandado el impulso de la Estrategia Nacional, consientes de la trascendencia para el sector, en la que se incluyan aspectos como la armonización de las órdenes de vedas en función de la situación geográfica de cada comunidad autónoma; una concordancia, a través de directrices generales, de las diferentes leyes de caza, y de otras normas, que afecten a diversas comunidades, como el transporte de rehalas; y que se extienda la licencia única.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, impulsar la aprobación, en aplicación de lo señalado en la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, de la Estrategia Nacional de Gestión Cinegética como marco orientativo y de coordinación para la ordenación, a escala nacional del aprovechamiento cinegético."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000868

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para promover la mejora y modernización de regadíos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El regadío en España produce en torno al 65% de la producción agrícola bruta, utilizando para ello menos del 20% de las tierras labradas, lo que da una idea de la productividad media que tiene la agricultura de regadío.

Según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivo (ESYRCE), se cifra en 3.636.519 hectáreas la superficie regada en España en 2015, que representa un 7,2% de la superficie agraria. Este dato constituye un aumento del 0,87% respecto a 2014 y un 2,71% con el 2013.

En el año 2004, la superficie de regadíos suponía el 6,6% de la superficie agraria. Desde este año sólo se han puesto en regadío en torno a 300.000 nuevas hectáreas, de las cuales 100.000 se han ejecutado en la última legislatura. Sin embargo, el consumo de agua ha pasado de 17.807 hectómetros cúbicos en 2004 hasta los 15.833 hectómetros cúbicos en 2012. Es decir, un incremento de la superficie regable del 9.1% y un descenso del 12,5% de agua consumida.

La puesta en marcha de diferentes planes de ayuda al sector, durante las dos últimas décadas, ha apostado por la modernización de regadíos para la mejora de la eficiencia del uso del agua, a la vez que se conseguía una agricultura competitiva y rentable. Así, desde la puesta en marcha en la década de los 90 del Plan Nacional de Regadíos horizonte 2005, pasando por el Plan Nacional de Regadíos horizonte 2008, o la más reciente Estrategia para la Modernización Sostenible de los Regadíos, Horizonte 2015, tanto la inversión pública como la privada realizada por parte de las comunidades de regantes y organizaciones de riego han tenido un resultado positivo.

En la actualidad, los principales tipos de regadío son el sistema localizado (49,30% del total), pasado de las 1.197.465 hectáreas en 2004 a 1.756.138 hectáreas en 2014, y el sistema por gravedad (26,90%). A continuación, se sitúan el sistema de aspersión (15,37%) y automotriz (8,42%).


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La apuesta pública por modernizar y mejorar el regadío en España debe continuar para alcanzar una utilización racional de los recursos naturales y generar riqueza y empleo, así como mejorar la calidad de vida del agricultor, en una agricultura respetuosa con el medio ambiente. Esta modernización pasa por dotar de nuevos instrumentos rectores y de orientación de la política nacional de regadíos. Por ello, es necesario disponer de una Estrategia consensuada que dé pie a un proceso de planificación, que finalice con la aprobación de un Plan Nacional de Regadíos.

El artículo 1491.13 de la Constitución Española establece como competencia exclusiva del Estado "Las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica" y legitima al Gobierno de la Nación para proponer una planificación de regadíos que, de conformidad con la doctrina constitucional, se base en el consenso, la cooperación y la colaboración entre el Estado y las Comunidades Autónomas.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar una Estrategia Nacional de Regadíos que permita continuar promoviendo la transformación, mejora y modernización de regadíos en España."

Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de noviembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000870

A la Mesa de la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Doña Ana María Oramas González-Moro, Diputada de Coalición Canaria, integrada en el Grupo Parlamentario Mixto, de conformidad con lo previsto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta, para su debate en Comisión, la siguiente Proposición no de Ley sobre el reparto nacional de la cuota de atún rojo entre los distintos segmentos de flota.

Exposición de motivos

A través del artículo 27 de la Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado, fueron establecidos los criterios de distribución nacional de las posibilidades de pesca; sin embargo, la aplicación concreta de esta regulación legal a la pesquería de atún rojo en España debe conjugar una debida atención a los actos jurídicos de la Unión Europea, que sean vinculantes respecto a la asignación de las posibilidades de pesca por los Estados miembros.

El 16 de septiembre de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea el Reglamento (UE) 2016/1627 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, relativo a un plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 302/2009 del Consejo.

Salvando el silencio del anterior Reglamento (CE) n.° 302/2009 en cuanto a los criterios de asignación interna de las posibilidades de pesca por parte de los Estados miembros, es de destacar que el artículo 8 del nuevo Reglamento (UE) 2016/1627 invoca lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento (UE) n.° 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre la política pesquera común, aunque añadiendo una nueva y trascendental referencia a la pesca tradicional y artesanal, según el siguiente tenor literal:

"De conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) n.° 1380/2013, al asignar las posibilidades de pesca que tengan a su disposición, los Estados miembros aplicarán criterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de carácter medioambiental, social y económico, y se esforzarán por distribuir equitativamente las cuotas nacionales entre los distintos segmentos de flota teniendo en cuenta la pesca tradicional y artesanal y ofrecer incentivos a los buques pesqueros que utilicen artes de pesca selectivos o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental".

El referido Reglamento (UE) n.° 1380/2013, así como el Reglamento (UE) 2016/1627, tienen "un alcance general", siendo "obligatorio[s] en todos sus elementos y directamente aplicable[s] en cada


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Estado miembro", según dispone el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE); además de ello, el Estado español viene obligado a adoptar todas las medidas de Derecho interno necesarias, tanto para asegurar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión (artículo 4.3 del Tratado de la Unión Europea) como para garantizar la ejecución de sus actos jurídicamente vinculantes (artículo 291.1 TFUE).

La actual asignación de las posibilidades de pesca de atún rojo en España viene establecida por la Orden AAA/642/2013, de 18 de abril, por la que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo, modificada por la Orden AAA/339/2014, de 6 de marzo. Las exposiciones de motivos de estas disposiciones reglamentarias no mencionan siquiera la aplicación obligatoria de los criterios de distribución de las posibilidades de pesca establecidos por el artículo 17 del Reglamento (UE) n.° 1380/2013, como resultan ser los criterios "de carácter medioambiental", ni se refieren a la adopción de otros criterios de reparto que demuestren un "esfuerzo" del Gobierno del Estado por distribuir equitativamente la cuota nacional de atún rojo entre todos los segmentos de flota, teniendo en cuenta la pesca tradicional y artesanal, ofreciendo incentivos a los buques pesqueros que utilicen artes de pesca selectivos o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 8 del nuevo Reglamento (UE) 2016/1627.

En esencia, la actual asignación de las posibilidades de pesca de atún rojo entre los distintos segmentos de flota y almadrabas reproduce los porcentajes adoptados inicialmente por /a ya derogada Orden ARM/1244/2008, de 29 de abril, por la que se regula la pesquería de atún rojo en Atlántico Oriental y Mediterráneo, y que su artículo 4 refería a "criterios de captura histórica" (60% del peso del reparto) y al "criterio de empleo y dependencia de la pesquería específica del atún rojo" (40% del peso del reparto), sin ponderar otros criterios "de carácter medioambiental" y sin denotar un esfuerzo por distribuir equitativamente la cuota nacional de atún rojo entre todos los segmentos de flota, teniendo en cuenta la pesca tradicional y artesanal, ofreciendo incentivos a los buques pesqueros que utilicen artes de pesca selectivos o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental. En base a estos criterios de reparto, desde el año 2008 la flota tradicional y artesanal canaria ha tenido asignada únicamente un 1,2104% de la cuota nacional, no asignada al denominado "fondo de maniobra", así como otro porcentaje variable de tal fondo de maniobra, a pesar de sus reconocidos datos de captura histórica (un promedio del 10% del total nacional de capturas de esta especie entre los años 1965 y 2007) y de la evidente dependencia socioeconómica de la pesquería, de la que dependen directamente más de 1000 familias de pescadores canarios.

El Gobierno del Estado es conocedor de la descripción pormenorizada de la pesquería tradicional y artesanal de atún rojo atlántico de las islas Canarias, realizada por el Instituto Español de Oceanografía (IEO) y recogida en la "Colección de documentos científicos" de la Comisión internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA)/Atlantic bluefin tuna, Thunnus thynnus (Linnaeus, 1758) fishery in the Canary Islands, Alicia Delgado de Molina, Enrique Rodríguez-Marín, Rosa Delgado de Molina y J. Carlos Santana. Instituto Español de Oceanografía, Centro Oceanográfico de Canarias. SCRS/2013/145]. Este documento caracteriza la flota artesanal canaria, que captura tradicionalmente atún rojo mediante artes de pesca muy selectivos (cebo vivo y cañas, así como líneas de mano), cuyo objetivo son mayoritariamente los ejemplares adultos que miden sobre los 170 cm hasta los 300 cm, con peso medio entre 150 a 200 kg por ejemplar.

Del mismo modo, son bien conocidas las capturas históricas realizadas por la flota artesanal canaria desde el año 1965, reflejadas en el referido documento científico elaborado por el lEO, así como documentadas en las bases de datos estadísticas de la CICAA, siendo un hecho objetivo que las capturas de atún rojo por parte de la flota artesanal canaria representaron desde el año 1965 al año 1981 un promedio del 22% del total nacional de esta especie, antes de que tuviera lugar el acusado colapso de la pesquería en el Archipiélago en los años 80 y 90, que el precitado documento elaborado por el IEO motiva en probables causas naturales (cambio de rutas migratorias, factores medioambientales, etc.), así como en el aumento del esfuerzo pesquero debido al considerable desarrollo coetáneo de las flotas poco selectivas de cerco y palangre, especialmente en el Mediterráneo.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:

1. Modificar, antes del comienzo de la campaña de 2017, la Orden AAA/642/2013, de 18 de abril, por la que se regula la pesquería de atún rojo en el Atlántico Oriental y Mediterráneo, reasignando la cuota


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nacional de atún rojo aplicando criterios transparentes y objetivos, incluidos aquellos de carácter medioambiental, social y económico, y distribuyendo equitativamente las cuotas nacionales entre los distintos segmentos de flota teniendo en cuenta la pesca tradicional y artesanal, ofreciendo incentivos a los buques pesqueros que utilicen artes de pesca selectivos o técnicas de pesca con un reducido impacto ambiental, siguiendo los criterios de asignación establecidos por el Reglamento (UE) 2016/1627 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de septiembre de 2016, relativo a un plan de recuperación plurianual para el atún rojo del Atlántico oriental y el Mediterráneo y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 302/2009 del Consejo.

2. Regular, a través de la modificación de la Orden AAA/642/2013, de 18 de abril, una asignación justa de las posibilidades de pesca de atún rojo a la flota canaria en el contexto nacional, teniendo en cuenta especialmente sus capturas históricas, su marcado carácter tradicional y artesanal, la selectividad de las artes y métodos de pesca que emplea, su reducido impacto ambiental y las características socioeconómicas especiales del sector pesquero canario asociado a esta pesquería, condicionado por su situación de lejanía, insularidad y alta dependencia de las capturas de especies de túnidos migratorios, que resultan complementarias de otras pesquerías en las limitadas plataformas insulares."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2016.- Ana María Oramas González-Moro, Diputada.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la redacción de una Ley de contaminación odorífera, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

El olor es una reacción sensorial de determinadas células situadas dentro de la cavidad nasal. La relación entre olor y molestia percibida es compleja de definir dado que confluyen factores físicos y químicos de fácil determinación, pero también otros de carácter subjetivo más difíciles de evaluar, como por ejemplo el carácter agradable o desagradable del olor (tono hedónico), la sensibilidad de cada persona o el entorno en que es percibida. El hecho de que la respuesta sensorial a una concentración de compuestos que pueden generar olor pueda ser inferior a su límite de detección analítico comporta que una regulación individual para cada compuesto no sea eficiente para abordar los episodios de olores, y, por lo tanto, haya que recurrir a otras herramientas cómo es la regulación de las unidades de olor.

Las sustancias, fuentes y causas que pueden afectar a la calidad odorífera son muy diversas e incluyen desde actividades productivas hasta infraestructuras. Atendida esta disparidad, no es posible definir un único sistema de intervención administrativa ni competencia.

Los olores constituyen un factor de contaminación atmosférica, regulada a la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, de carácter básico, y a la Ley 22/1983, de 21 de noviembre, de protección del ambiente atmosférico. Sin embargo, hasta ahora no ha existido ninguna norma que regulara y garantizara con precisión y especificidad la calidad odorífera, a pesar de su indudable trascendencia sobre los derechos a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio, para la dignidad de las personas y el libre desarrollo de su personalidad, para la calidad de vida y el bienestar y por un medio adecuar en el marco de un desarrollo sostenible.

Tan solo Ley 34/2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera, contempla la cuestión, pero sin hacer mención explícita a los olores, sino que se establecen las bases en materia de prevención, vigilancia y reducción de la contaminación atmosférica con el fin de evitar y, cuando esto no sea posible, minimizar, los daños que de ésta puedan derivarse por las personas, el medio ambiente y otros bienes de cualquier naturaleza. Ello supone que el problema para el ciudadano se agudice cuando éste decide defender sus derechos ante los juzgados y enfrentarse a la inseguridad jurídica de la laguna legal. En este sentido, la


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jurisprudencia no ha sido unánime, aunque en algunos casos ha ordenado el cese de las actividades susceptibles de causar los malos olores perjudicando el derecho a la intimidad personal y familiar.

En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la jurisprudencia contenciosa administrativa han declarado en determinados supuestos que las molestias por olores pueden llegar a afectar el derecho a la intimidad domiciliaria de las personas.

Cada vez es más habitual que la ciudadanía, en el marco de una sociedad participativa y en un ámbito de progresiva concienciación ambiental, pida la intervención de las administraciones públicas en la regulación de los olores. El aumento de la calidad y nivel de vida de las personas hace que aumenten las quejas de los ciudadanos, quejas que normalmente provocan la movilización social y, por lo tanto, que sea fa Administración municipal la que deba hacer frente al conflicto, normalmente mediante ordenanzas, como ha sido el caso de San Pedro del Pinatar en el 2010 o Pedrajas de San Esteban en el 2012, donde se han dictado normas administrativas de regulación de emisiones o de prohibición de vertidos. Más interesante ha sido la experiencia participativa del Ayuntamiento de Zaragoza, por la cual se han implicado a empresas y vecinos del barrio del Picarral para realizar un mapa de olores y poder crear medidas correctoras para mejorar la calidad del medio ambiente del barrio.

Hay que considerar, como referente, que muchos países con un desarrollo industrial anterior al español (Holanda, Francia, Reino Unido, Irlanda, Canadá o Estados Unidos) tienen normativa específica y desarrollada y una mayor participación ciudadana y relación Administración-ciudadano en algunos casos.

Por todo lo cual, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Presentar, en el plazo de tres meses, un proyecto de ley de la calidad odorífera y prevención de la contaminación odorífera, respetando, en todo caso, el marco de las competencias autonómicas.

2. Establecer un protocolo de proceso ciudadano participativo para la evaluación de niveles odoríferos relativos a actividades que resulten inmisivos, la definición de mapas de afectación y el diseño de planes y medidas correctoras, que sea de aplicación en las administraciones locales en defecto de la existencia de protocolos municipales y autonómicos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2016.-Jaume Moya Matas, Diputado.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/000890

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la contribución de los acuerdos de colaboración pesquera a la cooperación con terceros países, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

La UE mantiene acuerdos de colaboración de pesca sostenible con terceros países con el objeto de que los países comunitarios puedan pescar, en un entorno regulado y jurídicamente seguro, los recursos excedentarios en las zonas económicas exclusivas (ZEE) de una serie de terceros países, en la actualidad son 13 los acuerdos de la UE con protocolos en vigor.

La UE abona una contrapartida financiera consistente en derechos de acceso la ZEE y apoyo financiero "sectorial" que se aplica en parte, como una manera de fomentar el desarrollo de la pesca sostenible en los países asociados, potenciando su capacidad administrativa y científica.

En la nueva Política Pesquera Común aprobada en diciembre de 2013, con el Reglamento (UE) n.° 1380/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, se incorporan los acuerdos de pesca con terceros


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países como una forma de garantizar las actividades pesqueras de la Unión en aguas de terceros países y que éstas se basen en los mejores dictámenes científicos disponibles, y en el intercambio de información pertinente, de manera que se garantice una explotación sostenible de los recursos biológicos marinos, la transparencia y la consiguiente gestión de los recursos de manera coherente con los objetivos de la PPC.

Hay que subrayar que los acuerdos de pesca generan un vínculo entre la pesca y el desarrollo social en los países menos avanzados, siendo una forma más de cooperación con estos países.

Esta contribución a la cooperación con los países en los que existen acuerdos de pesca, queda evidenciado por la significada importancia que tienen desde el punto de vista de la seguridad alimentaria los productos pesqueros para las poblaciones de los países en vías de desarrollo, ya que está estimado que más del 25% de las proteínas animales que ingieren estas poblaciones proceden del mar. En particular, en África, donde se concentran los problemas más agudos de subdesarrollo a nivel global, se calcula que en conjunto, las pesquerías hacen una contribución vital a la alimentación y a la seguridad nutricional de más de 200 millones de africanos que comen regularmente pescado.

Desde una perspectiva estructural se constata igualmente el potencial económico que tiene el sector pesquero para los países en desarrollo. De un lado, debido a que la pesca constituye un nicho de empleo básico para las poblaciones de estos Estados, ya que se calcula que más de 150 millones de población en estado de pobreza que dependen directamente de esta actividad laboral.

Y por otra parte, porque tanto las flotas industriales que disponen como las flotas artesanales, han generado una industria procesadora y distribuidora de pescado para su consumo y hacia los países europeos que son un elemento capitalizador de su economía.

Para garantizar un sostenimiento de los recursos pesqueros de los terceros países y contribuir a su desarrollo, es necesario potenciar el conocimiento del estado de los recursos, y la implicación de los países comunitarios beneficiarios de estos acuerdos en la trasferencia de nuevas tecnologías, la realización de actividades conjuntas de investigación, el intercambio de expertos y/o funcionarios, etc.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe demandando de la UE que el impulso político en su acción exterior se focalice en la potenciación y renovación de los acuerdos de colaboración de pesca sostenible con terceros países, fomentando además la implicación de los países comunitarios usuarios de estos acuerdos, ampliando la cooperación pesquera mediante el intercambio de información relacionada con la pesca sostenible, la realización de actividades de investigación, en el ámbito de la pesca y la acuicultura, el intercambio de tecnología en las técnicas de capturas y/o cultivo, transformación, distribución, transporte y comercialización y los aspectos sanitarios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000891

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar el conocimiento científico en el sector pesquero y acuícola, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

Según el último informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), "El Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura 2016", conocido como informe "SOFIA", se estima que el 31,4% de las poblaciones de peces se encuentran sobreexplotadas y, por tanto, sometidas a una pesca excesiva, mientras el número de recursos pesqueros explotados sosteniblemente representaron el 58,1% y los infraexplotados el 10,5%.


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La FAO ha insistido en la necesidad de disponer de datos e información fiable para conocer el estado de las poblaciones de peces, realizar una evaluación y seguimiento de las poblaciones que sirva para respaldar la adopción de políticas en pro de una sostenibilidad social, económica y ambiental.

En el ámbito UE, en el año 2000 se establece el primer Reglamento sobre recopilación y gestión de los datos necesarios para el funcionamiento de la Política Pesquera Común (PPC), conscientes de que para llevar a cabo las evaluaciones científicas necesarias para la PPC, es imprescindible recopilar datos completos que permitan evaluar la situación de los recursos, la actividad de la flota y la situación socioeconómica del sector.

En 2008, se reformó el Reglamento para convertirse en el conocido como Marco para la Recopilación de Datos (MRD), que supuso una armonización de normas de la UE que regulaban la recopilación de los datos biológicos, medioambientales, técnicos y socioeconómicos sobre los sectores de la pesca, la acuicultura y la transformación.

Desde 2010, la Comisión basa sus propuestas de totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas anuales en dictámenes científicos, pero la reforma de la PPC, llevada a cabo en 2013, establece como obligación que todos los recursos pesqueros de Europa se gestionen a niveles del Rendimiento Máximo Sostenible para 2015, a más tardar en 2020, consistente en fijar totales de capturas que permitan a las poblaciones de peces reproducirse con el fin de garantizar la explotación de las mismas en condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles.

Para determinar el rendimiento máximo sostenible, necesitarnos datos fiables sobre la pesca. Por este motivo, la Comisión tiene el encargo de revisar y aprobar una modificación del Reglamento MRD, que se espera esté en vigor a comienzos del año 2017, tras meses de continuas negociaciones entre las distintas Instituciones.

La propia Política Pesquera Común reformada establece los principios en los que debe basarse la recopilación de datos. Ello requiere realizar ajustes, en el MRD, relativos a: la transición gradual al Rendimiento Máximo Sostenible, la incidencia de la pesca en los ecosistemas; los impactos medioambientales y de otro tipo de la acuicultura; y los efectos de la obligación de desembarque.

Tan importante es este aspecto para el futuro de la gestión de los recursos marítimos que el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), aprobado en 2014, contempla la financiación destinada a la recopilación, la gestión y el uso de datos.

España ha apostado por impulsar modernos medios para el estudio del medio ambiente marino. Con la colaboración del conjunto del sector, el Gobierno ha trabajado para impulsar una actividad pesquera basada en un conocimiento científico más sólido.

La Secretaría General de Pesca está designada como coordinador nacional para el intercambio de información entre la Comisión, usuarios finales y las Unidades implicadas a nivel nacional.

Los tres buques de investigación pesquera y oceanográfica de la Secretaría General de Pesca, Vizconde de Eza, Miguel Oliver y Emma Bardán, realizan diferentes campañas científicas para proporcionar índices de abundancia de las pesquerías explotadas por nuestra flota en diferentes zonas del mundo.

Estos trabajos se completan con la realización de otras campañas por parte de los institutos científicos, garantizándose así la disponibilidad de los estudios necesarios para asegurar y defender las pesquerías claves del sector. Igualmente, los trabajos de observadores científicos a bordo de buques comerciales, de recogida de datos en las principales lonjas y puertos del país, la realización de encuestas socio-económicas, y la disponibilidad de variables transversales, completan el complejo sistema de recopilación de datos.

En cualquier caso, todavía son muchas las poblaciones que no están totalmente evaluadas y las exigencias del marco de la PPC requerirá un mayor esfuerzo en la recopilación de datos, para poder tomar las mejores decisiones en materia de gestión y afrontar nuevas obligaciones como la derivadas de la obligación de desembarques.

Por estos motivos y para asegurar a la conservación y gestión sostenible de los recursos pesqueros, mejorar su conocimiento y evaluar continuamente sus poblaciones, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados considera necesario:

- Apoyar las medidas dirigidas a continuar impulsando la obtención de los mejores conocimientos científicos disponibles, y a recopilar y gestionar adecuadamente los datos del sector pesquero y acuícola, necesarios para la aplicación de la Política Pesquera Común.


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- Establecer acuerdos de colaboración con las Comunidades Autónomas para mejorar el flujo y la transferencia de información ya disponibles, evitando las duplicidades.

- Impulsar acuerdos con diferentes Instituciones de Investigación, que puedan aportar su conocimiento e información para hacer frente a las necesidades en materia de recopilación de datos de la PPC.

- Valorar anualmente, en el seno de la Conferencia Sectorial de Pesca, tanto los recursos del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca destinados a la recopilación, la gestión y el uso de datos como las iniciativas y trabajos desarrollados por la AGE y las Comunidades Autónomas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000897

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa de los Diputados Jorge Luis Bail y Pedro Arrojo Agudo, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, relativa al proceso de reversión expropiatoria de Jánovas.

Exposición de motivos

La dura historia de Jánovas se inicia a principios de los 60 del siglo pasado, cuando los vecinos de Jánovas, Lavelilla y Lacort se vieron expropiados y expulsados de sus casas (dinamitándolas sin permiso mientras todavía vivía gente en el pueblo). Tras múltiples acciones de represión, humillación y amedrentamiento sobre quienes se resistían, y sucesivos aplazamientos, demoras y trucos legales por parte de Iberduero, que acabaría vendiendo sus derechos a Endesa, el proyecto quedó anulado varias décadas después, en 2005, como resultado de una Evaluación Ambiental negativa publicada en el año 2001. En suma, casi medio siglo de sufrimiento, atropello de derechos y destrucción del territorio y de la vida en Jánovas y su entorno, que se han vivido como una afrenta a la dignidad de las gentes del Sobrarbe y del Pirineo. Y todo para nada: se vació y destruyó todo un valle, con sus pueblos y sus gentes, en nombre de un interés general que nunca lo fue, para construir una presa que nunca se ha hecho y sin que haya habido siquiera un gesto autocrítico ni de disculpa por parte de las hidroeléctricas involucradas ni del Gobierno.

Aunque finalmente en 2008 se abrió el correspondiente proceso de reversión, hoy, siete años más tarde, el procedimiento está estancado por diversas razones y pretextos. El primer problema se deriva de la intención de Endesa de cobrar a los antiguos vecinos, expropiados en su día, el valor de esas expropiaciones multiplicado por 34 (por el IPC acumulado), pese a que lo que se revertían eran ruinas. Posteriormente han seguido múltiples trabas catastrales, problemas de deslinde del dominio público hidráulico y de las vías pecuarias, etc., sobre la base de una nula voluntad política de la Administración para agilizar trámites y procedimientos.

Por otro lado, en el 2011 se adjudicó un contrato para la redacción de un Plan de Desarrollo sostenible de Jánovas, que debía contar con un proceso de participación ciudadana. Desgraciadamente, en la elaboración del Plan, suscrito por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Huesca (DPH) y el Ayuntamiento de Fiscal, la participación ciudadana brilló por su ausencia. Esta falta de participación ciudadana se refleja en inconsistencias, por desconocimiento del territorio, y en una falta de compromiso que encarece el plan dificultando su viabilidad: proyectos sobredimensionados, como el abastecimiento de agua desde Fiscal hasta Jánovas, valorado en 5,4 millones de euros, o la implantación de tres depuradoras, siguiendo el modelo fracasado del Plan de Depuración del Pirineo.


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Por otro lado, el 4 de diciembre 2015 la Secretaria de Medio Ambiente explicitó la obligación de hacer una Evaluación Ambiental Estratégica ordinaria, y no simplificada como pretendía la CHE, intentando obviar el trámite de información pública que contempla el procedimiento ordinario.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que se aplique la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre expropiación forzosa -tal y como lo anunció en 2011 el Ministerio de Medio Ambiente- aplicando la valoración de menoscabo en Jánovas, Lavelilla y Lacort a los inmuebles que se encuentran en estado de ruina, a los servicios públicos devastados y a los campos en abandono. Valga decir que pese al anuncio del Ministerio de Ambiente en 2011 y que fue la propia empresa hidroeléctrica la que destruyó los bienes, campos, casas, caminos, infraestructuras de riego y abastecimiento, etc., en estos momentos, el menoscabo todavía no se ha reconocido (y se sigue aplicando el IPC acumulado durante estos años) obligando a las familias y particulares a acreditar con informes periciales hechos objetivos y a negociar directamente con la concesionaria el precio o acudir al Jurado de Expropiación Forzosa para que dictamine la valoración de patrimonios, produciéndose en ambos casos flagrantes injusticias: en el primero la concesionaria fija precios arbitrarios; y en el segundo el Jurado de Expropiación Forzosa valora según indicadores y parámetros oficiales, como si de una reversión más se tratara.

2. Que se reconozca la reversión integral de patrimonios, incluyendo las fincas por encima de la cota 710 (zona conocida como Las Coronas), reconociendo el menoscabo, dado que no se trató de "ventas voluntarias", como la empresa pretende, sino de ventas forzadas por lberduero, dado que en cualquier caso, todos los propietarios iban a verse obligados a marchar de sus pueblos. Así lo entendió la Abogacía del Estado en informe de 2-3-1984 al afirmar que "obviamente, respecto de tales fincas no existe obstáculo alguno que se oponga al ejercicio del derecho de reversión, en su caso, puesto que, de una parte, aquellas fueron adquiridas por avenencia dentro del procedimiento expropiatorio y no al margen del mismo; y, de otra, fue únicamente el fin de utilidad pública dimanante de la construcción del embalse (causa expropiandi) el que legitimó la adquisición de tales fincas".

3. Que se superen los obstáculos administrativos antes mencionados que impiden que la reversión avance (catastro, deslinde del dominio público hidráulico, inscripción de Cabañeras, etc.).

4. Que la Confederación Hidrográfica del Ebro, como promotora del Plan de Desarrollo Sostenible del entorno de Jánovas, impulse las infraestructuras necesarias para restituir la zona afectada por el embalse; ponga en marcha un proceso de participación pública, en el que los afectados puedan proponer soluciones que se adapten al territorio; y promueva el preceptivo estudio coste/eficacia, definiendo las alternativas eficaces, para escoger la que tenga menor coste.

5. Que se exija a la empresa heredera de los derechos de los expropiadores, financiar inversiones como la electrificación de la zona, en compensación por el daño causado en Jánovas, Lavelilla y Lacort. Hasta hoy, lejos de exigir esa compensación, se le han "indemnizado" sus pretendidos "daños emergentes" en 12 millones de euros, más intereses.

6. Que se ofrezca a los afectados una disculpa pública por parte del Ministro de Medio Ambiente en la que se reconozca el daño cometido y la inacción por parte de la Administración durante todos estos años."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-Jorge Luis Bail y Pedro Arrojo Agudo, Diputados.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado del Partit Demòcrata Francesc Homs i Molist, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, una Proposición no de Ley para suspender la revisión de las valoraciones catastrales de las construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales ubicadas en suelo rústico y para aprobar las normas reglamentarias para determinar un correcto valor catastral de las mismas.

El Catastro es el registro administrativo en el que se recogen y describen los bienes inmuebles con indicación, entre otros aspectos, de su valor catastral, el cual se determina a través de la aplicación de normas técnicas y específicas para su cálculo.

El vigente Real Decreto Legislativo 1/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario fija los principios de como se debe valorar los bienes inmuebles rústicos, sin embargo deja en suspenso su aplicación hasta que una normativa posterior lo desarrolle y establezca su aplicación. Exactamente lo mismo hizo la derogada la Ley 48/2002 del Catastro Inmobiliario. Es decir, han pasado más de 14 años, cinco legislaturas y el Estado no ha promulgado la ley para su aplicación en suelo rústico ni ha desarrollado la normativa necesaria para valorar adecuadamente el valor catastral de los bienes inmobiliarios rústicos.

Durante este período se establecieron unas normas transitorias para valorar tanto el suelo como los distintos tipos de construcciones. En el caso de las construcciones ubicadas en suelo rústico que resulten indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, estas normas de valoración han dado unos valores catastrales que superan con creces tanto el valor de mercado como el valor de reposición, al valorar estas construcciones rústicas como si fueran construcciones urbanas. Todo un contrasentido.

A partir del 1 de enero de 2006, se empezaron a aplicar las citadas normas transitorias a este tipo de construcciones en los municipios donde se realizaban los procedimientos de valoración colectiva. En 2012, se introdujo una modificación legislativa para actuar de oficio, entre 2013 y 2016, en todos los municipios donde no se hubiese realizado un procedimiento de valoración colectiva con el fin de incorporar en el catastro todas las construcciones en suelo rústico. Esta modificación ha agravado el problema de la mala valoración catastral de las construcciones ubicadas en suelo rústico que resulten indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales al estar la práctica totalidad de estas inscritas en el Catastro.

El impacto fiscal de estas revisiones que, en algunas provincias, derivan en valoraciones en exceso de las construcciones ubicadas en suelo rústico cuando son indispensables para el desarrollo de las explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales, es múltiple. En primer lugar afecta al IBI, sin que la Ley Reguladora de Haciendas Locales dé margen suficiente a los ayuntamientos para corregir adecuadamente el exceso de la carga tributaria que tienen que soportar los agricultores, ganaderos y silvicultores, respecto la cuota del IBI para este tipo de construcciones. En segundo lugar afecta al incremento de la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales, del impuesto de sucesiones y donaciones y del impuesto sobre el patrimonio, incrementando la cuota a pagar.

Debe tenerse en cuenta que este tipo de valoraciones catastrales van en contra de la propia ley del catastro al otorgar unos valores catastrales que a menudo son más elevados que el valor de mercado de las construcciones, por lo que tampoco se ajustan al artículo 3 de la Constitución, ya que no se ajustan a la capacidad económica de los agricultores, ganaderos y silvicultores, ni tampoco a los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria que determina la Ley General Tributaria.

Adicionalmente debe considerarse que el aumento de los impuestos que supone para los agricultores, ganaderos y silvicultores hace que aumenten los costes de sus explotaciones reduciendo las ya castigadas rentas del sector primario e incluso pudiendo llegar a generar pérdidas. Hay que tener en cuenta, que en el caso de Catalunya, la renta agraria ha descendido entre 2001 y 2014 un 39%, en cambio, el país necesita las actividades agrarias, ganaderas y silvicultoras, tanto por su aportación al PIB o al empleo, como por su relevancia para fijar la población en las áreas menos pobladas y con ello luchar con el desequilibrio territorial y el mantenimiento del medio rural.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Mixto a instancia del Partit Demòcrata, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Paralizar las valoraciones catastrales de las construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales ubicadas en suelo rústico y suspender todos los expedientes en curso o los que se hayan incoado desde el 1 de enero de 2006.

2. Impulsar la derogación del segundo párrafo de la disposición adicional cuarta y la modificación de la disposición transitoria primera del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, en su redacción introducida por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la cual, mientras no se aprueben las normas reglamentarias de valoración de inmuebles rústicos, el valor catastral se obtendrá por aplicación de la ponencia de valores urbanos vigente en el municipio.

3. Aprobar las normas reglamentarias de valoración de las construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales ubicadas en suelo rústico que se ajusten a la capacidad económica de los agricultores, ganaderos y silvicultores prevista en la disposición adicional cuarta del Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario con el fin de determinar un valor catastral correcto.

4. Impulsar la articulación de las medidas necesarias para facilitar la obtención de una compensación fiscal en el pago del IBI a aquellos titulares de construcciones indispensables para el desarrollo de explotaciones agrícolas, ganaderas o forestales ubicadas en suelo rústico, a las que se haya aplicado una valoración como bienes de naturaleza urbana."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2016.-Francesc Homs Molist, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/000902

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección y tenencia de animales domésticos, para su debate en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Exposición de motivos

España presenta un 47,8% de los hogares con mascotas, lo que se traduce en casi cinco millones de perros y gatos, sin contar otras especies como aves, peces, hurones o reptiles. Cada año, cientos de miles de animales de compañía son abandonados por sus dueños. De hecho, el abandono de animales de nuestro país es de los más elevados de Europa. Según el último informe de la Fundación Affinity "Estudio de abandono y adopción 2016", en España se abandonan cada año unos 140.000 animales de compañía, contabilizando sólo perros y gatos, que en su mayor parte son recogidos de las calles o llevados a las protectoras por particulares que se los encuentran vagando por las calles.

Cada Comunidad Autónoma e incluso cada municipio, a posteriori, gestiona de forma diferente las medidas de identificación del animal, sanción a los dueños, cuidado del animal en la protectora o refugio, así como los supuestos en los que los animales terminan siendo sacrificados. A día de hoy, la ausencia de una Ley Marco de Protección Animal provoca que cada Comunidad Autónoma regule según su criterio la tenencia de animales domésticos, lo que a su vez conlleva importantes vacíos legales, diferencias y carencias graves en lo referente a su protección. Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos consideramos que las legislaciones autonómicas no abordan de forma eficaz la protección de los animales domésticos ya que existen deficiencias en el control, la recogida y el sacrificio de perros y gatos, y no existen verdaderas medidas de prevención al abandono y la superpoblación de estos animales.


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Además, los centros de acogida para los animales abandonados que facilita la administración, autonómica o local, son en muchos casos insuficientes donde el sacrificio de los animales es una opción que desarrollan para suplir la falta de espacio, y suelen ser suplidos por iniciativas asociativas en este ámbito que también se encuentran desbordadas y con faltas de medios dado el flujo incesante de entrada de animales abandonados.

Según la Fundación Affinity, las principales causas de abandono de animales domésticos son el mal comportamiento del animal, camadas indeseadas, factores económicos, fin de la temporada de caza o traslados de domicilio. El abandono de animales una vez finalizada la temporada de caza es, además, uno de los focos donde consideramos que las administraciones deben poner el foco puesto que es relativamente fácil identificar los animales durante la temporada e identificar, posteriormente, a los dueños que los abandonen una vez acabe la temporada. Se calcula que la cantidad de perros relacionados con la caza que son abandonados cada año ascienden a varias decenas de miles.

También echamos en falta medidas concretas destinadas a controlar la cría y venta de animales, de la cual se calcula que una parte importante de estas actividades se produce ilegalmente. España posee un elevado número de animales de compañía que provienen de la cría ilegal, ya sea autóctona o de la industria de producción en masa de mascotas de los países de Europa del Este donde las condiciones en las que viven los padres de cría son deleznables y, la mayoría de cachorros, al ser criados únicamente para obtener un beneficio, tienen problemas físicos y etológicos como vienen denunciando muchos compradores de estas mascotas.

Otro elemento a mejorar es la identificación de las mascotas con microchip, ya que a pesar de ser obligatoria en todas las Comunidades Autónomas y el porcentaje de animales identificados es cada año mayor, las bases de datos de las comunidades autónomas son incompatibles entre muchas de ellas en materia veterinaria. Si el animal a identificar pertenece a otra comunidad autónoma, se puede realizar la lectura del microchip, pero no se puede acceder al contenido de los datos de identificación de ese animal.

En lo relativo a la tenencia de animales salvajes exóticos por parte de particulares también existen diferencias importantes según el territorio autonómico en el que nos encontremos. Existen normativas autonómicas que prohíben totalmente su tenencia, mientras otras no especifican nada al respecto pese a que impacto en el medio pueda ser devastador. Sólo hay que analizar el impacto medioambiental que la cotorra argentina y los mapaches están causando.

Es urgente que desde las Cortes Generales se ponga freno a numerosas conductas crueles con los animales domésticos, así como se coordine y armonice la normativa en relación a su protección y bienestar. De hecho, este debate ya estuvo presente en el Congreso de los Diputados durante la X Legislatura, en el que se aprobaría una Proposición no de Ley que instaba al Gobierno a crear de una Ley sobre el comercio y tenencia responsable de animales domésticos, cuyo objetivo sea promover la protección de estos animales, para poder reducir la tasa de abandono de los mismos, teniendo en cuenta las competencias de las Comunidades Autónomas y los entes locales. Sin embargo, desde su aprobación en el año 2014, nada se ha hecho para avanzar en este asunto.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso de los Diputados insta al Gobierno elaborar una Ley marco relativa a la protección y tenencia de animales domésticos, en colaboración con las Comunidades Autónomas y los Entes Locales que:

a. Desarrolle un banco de datos nacional de chips identificativos al que puedan acceder tanto profesionales veterinarios, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, protectoras y refugios de titularidad pública o privada.

b. Mejore los controles y supervisiones sobre los criadores y la procedencia de los animales que se pongan a la venta.

c. Impida que los animales sean expuestos en escaparates hasta el momento de su venta.

d. Contenga una serie de medidas concretas destinadas a la concienciación contra el abandono y la promoción de la adopción.

e. Prohíba el sacrificio de los animales abandonados salvo en situaciones de emergencia o peligrosidad. Para ello se creará un servicio coordinado de apoyo entre administraciones y protectoras o


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refugios que puedan garantizar el bienestar animal de aquellos animales que se encuentran en protectoras o refugios.

f. Prohíba las mutilaciones de animales, sobre todo aquellas propiciadas por motivos estéticos, excepto las precisas por necesidades médicas, por esterilización o beneficio futuro del animal.

g. Prohíba el regalo de animales como recompensa o premios.

h. Cree un registro de infractores que constate la inhabilitación para la tenencia o actividad con animales.

i. En aquellos concursos públicos en los que se liciten servicios de recogida y albergue de animales, se baremen positivamente las mejoras en el trato y fomento de la adopción de las ofertas que se presenten, así como las actividades de formación y concienciación que puedan impartir en sus instalaciones.

2. A su vez, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legislativas oportunas a fin de aumentar las sanciones y penas por abandono y maltrato de animales domésticos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de noviembre de 2016.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Ester Capella i Farré y del Diputado Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el impulso de la candidatura de Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento, para su debate en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.

Exposición de motivos

La Agencia Europea de Medicamentos o EMA (su sigla en inglés), es una agencia descentralizada de la Unión Europea que se encarga de la evaluación de las solicitudes de autorización de comercialización de medicamentos en la Unión Europea y su supervisión. Su objetivo es "contribuir a la protección de la salud pública y animal asegurando que los medicamentos para uso humano y veterinario sean seguros, eficaces y de alta calidad en beneficio de la salud pública y animal, dentro de la Unión Europea."

La creación de la agencia se gestó en 1992 y Barcelona, en el marco de los Juegos Olímpicos, presentó su candidatura como sede. Desafortunadamente, la renuncia a última hora del Gobierno español en la defensa de la candidatura catalana, permitió que la sede fija de la EMA se instalara en Londres.

La primera fase de la instalación de la EMA en Londres se inició en octubre de 1994 con una implementación progresiva de los efectivos humanos. Desde entonces, la EMA ha ido ampliando sus funciones y el personal hasta llegar a una plantilla de casi 900 personas altamente cualificadas.

Después del resultado del referéndum sobre la salida del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la UE (y la previsión en los tratados internacionales vigentes de que las sedes de las instituciones comunitarias tendrían que abandonar el Reino Unido), Catalunya quiere volver a presentar a su capital como candidata a acoger la sede de la EMA. Así pues, veintitrés años después de su primera candidatura, el Govern de la Generalitat quiere volver a impulsar a Barcelona como sede de la EMA. Por este motivo, el pasado 28 de junio se aprobó una comisión integrada por las consejerías de Vicepresidència, Economía i Hisenda; Salut; Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència; y Empresa i Coneixement.

Catalunya, y especialmente su capital, Barcelona, presentan una serie de características que la hacen muy atractiva y conveniente para ser la sede de un organismo multilateral como la EMA:

- Es un punto de conexión norte-sur entre Europa y el Mediterráneo.

- Dispone de buenas conexiones marítimas, aéreas y terrestres.


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- Es un centro de investigación y conocimiento con universidades de prestigio.

- Es un hub de organismos multilaterales.

- El peso de la industria farmacéutica en Catalunya.

En relación a este último punto, la industria farmacéutica es, precisamente, uno de los principales activos de las industria catalana y motor de I+D+I, además de ser generadora directa e indirecta de empleo para cerca de 21.200 personas. Esta cifra supone un 3,3 de la ocupación industrial de Catalunya así como un 56,2% de la ocupación del sector farmacéutico español. Además, en Catalunya se encuentran ubicados 230 laboratorios farmacéuticos de los cuales un 40% (90) son fabricantes, lo que supone casi el 50% de toda la industria farmacéutica ubicada en el Estado.

De las 26 agencias de la UE, la EMA es una de las más potentes e importantes dado su impacto. Este impacto se traduce en una doble vertiente. Por un lado, sobre la salud pública y la gestión, evolución y autorización de la innovación terapéutica que promueve el conocimiento científico; y por otro lado, fomentando la investigación biomédica en todos sus ámbitos.

Así mismo, existen otros impactos más indirectos -pero nada desdeñables- sobre la actividad económica, como serían la llegada de expertos de toda Europa para participar en las comisiones de la agencia, la presencia de las delegaciones de la industria farmacéutica o el incremento de la visibilidad mundial de la ciudad que acoja la agencia.

Es por todo ello que se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, reconociendo la importancia estratégica que tiene la EMA para Catalunya, insta al Gobierno español a:

1. Impulsar la candidatura de Barcelona para acoger la sede de la Agencia Europea del Medicamento.

2. Trabajar de manera conjunta con todas las Administraciones Públicas, especialmente el Ajuntament de Barcelona, para el impulso de la candidatura de Barcelona como sede de la EMA y a sumar el máximo número de apoyos entre representantes de la sociedad civil, agentes sociales, universidades, centros e institutos de investigación, red hospitalaria, industria farmacéutica y colegios profesionales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-Ester Capella i Farré y Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comisión de Cultura

161/000888

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la justa remuneración de los derechos de autor en el Mercado Único Digital, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

Con la Estrategia Europea para un Mercado Único Digital se sientan las bases para la creación de un espacio común en el que la industria cultural y creativa pueda expandir todo su potencial.

El desarrollo efectivo de un mercado digital único pasa por una defensa de la propiedad intelectual que garantice creación e innovación, provea la justa remuneración de los creadores y proporcione transparencia.

Las plataformas en línea han cambiado radicalmente la economía digital en las dos últimas décadas y juegan un papel fundamental en la creación del "valor digital" y en el funcionamiento eficaz del mercado único digital.


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Como ha señalado la Comisión en su Comunicación "Hacia un marco moderno y más europeo de los derechos de autor", de diciembre de 2015, es requisito imprescindible que los titulares de los derechos concedan licencias y sean remunerados por la utilización de sus contenidos, incluidos los distribuidos en línea.

La propia Comisión ha mostrado también su preocupación sobre si la normativa actual sobre derechos de autor de la Unión Europea garantiza que el valor generado por algunas de las nuevas formas de distribución de contenidos en línea se reparte de modo equitativo, especialmente cuando los titulares de derechos no pueden fijar las condiciones de concesión de licencias ni negociar sobre una base de equidad con los posibles usuarios.

Desde 2011, el Gobierno de España ha impulsado las reformas necesarias para proteger y defender a nuestros creadores culturales en el entorno digital. Entre las medidas adoptadas, España ha sido pionera en la protección a los derechos de editores a ser compensados por la explotación de sus contenidos por parte de los agregadores de noticias.

Desde los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Industria, Turismo y Energía se conceden también ayudas con el objetivo de favorecer la modernización e innovación de las industrias culturales y creativas y para promover e incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en internet.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, en línea con las medidas propuestas por la Unión Europea para alcanzar un Mercado Único Digital, manifiesta al Gobierno la necesidad de avanzar en la definición de acciones concretas que permitan la justa remuneración de los derechos de autor por la explotación de los contenidos culturales incluidos los distribuidos en línea."

Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de noviembre de 2016.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/000907

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Doña Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para hacer de España localización predilecta para rodajes nacionales e internacionales, para su debate en la Comisión de Cultura.

Exposición de motivos

En los últimos años el cine está siendo considerado, por numerosos países, como un sector industrial de primer nivel por las implicaciones económicas que posee para las economías nacionales. Además de la producción nacional de películas, series y documentales, los países de nuestro entorno, así como potencias mundiales en el ámbito cinematográfico (Estados Unidos, Canadá o Nueva Zelanda), están llevando a cabo toda una serie de políticas, sobre todo fiscales, destinadas a la atracción de rodajes extranjeros.

Los gobiernos de estos países son conscientes de los efectos directos e indirectos que la actividad cinematográfica posee sobre las arcas nacionales. Los ejecutivos tienen en cuenta el impacto directo de la producción del largometraje que genera incrementos de la actividad económica en las localizaciones que se utilicen para el rodaje: contratación de personal para el rodaje como extras, contratación de servicios audiovisuales accesorios, contratación de servicios de hostelería, transporte y restauración, etc. El aumento de los rodajes proporciona el florecimiento de un tejido industrial audiovisual que permite la grabación con costes más competitivos, la creación de puestos de trabajo de calidad, con niveles salariales elevados, que impide que el talento nacional en este sector tenga que emigrar y el incremento del sector servicios.


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Sin embargo, estos efectos directos sobre la economía nacional no son los únicos que los rodajes extranjeros producen. Cada día es mayor el número de personas que eligen visitar determinados países y localidades en función de películas o series de éxito. La aparición de una localización determinada en una película o serie de éxito mundial es una forma de promoción turística suficiente para que cientos de miles de potenciales turistas deseen visitarla. Cine y turismo son dos industrias que históricamente han conjugado bien sus intereses y nuestro país es un claro ejemplo de ello.

España precisa nuevos modelos de creación de empleo que sean estables y no de alta temporalidad, que supongan una reindustrialización basada en la economía del conocimiento y, también, en la cultura. La industria cinematográfica puede ofrecer a la economía española una excelente oportunidad para pivotar su modelo productivo actual e incorporar una industria que está un auge. Es preciso que captemos rodajes, producciones de animación y empresas de efectos visuales que precisan de localizaciones fuera de sus países de origen por una razón u otra.

España posee unas características específicas que hacen de nuestro país una localización muy competitiva para el rodaje y la producción de películas y series: tenemos una orografía muy variada, con una climatología estable, numerosas horas de sol, medios humanos con gran formación, altos niveles de seguridad y la existencia de todo tipo de servicios de calidad.

Desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos consideramos que España es un país altamente competitivo en este ámbito pero que se precisan de otras mejoras adicionales para ser considerados el lugar por excelencia para rodar películas y series por parte de las productoras extranjeras.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Mejorar las condiciones de ayudas fiscales en España tanto para las producciones audiovisuales nacionales como para las internacionales.

- Reducir el límite económico existente para el acceso a estos incentivos de las producciones extranjeras.

- Elevar el techo de desgravación fiscal para las producciones nacionales e internacionales.

- Hacer el actual sistema más claro, accesible y aplicable sobre las producciones cinematográficas, sobre todo para aquellas de larga duración como son las de animación y efectos visuales.

- Hacer las modificaciones normativas necesarias para dar seguridad jurídica plena a las estructuras fiscales, de modo que inversores y productoras cinematográficas puedan abordar los proyectos sin incertidumbres legales.

- Crear conjuntamente desde Patrimonio Nacional, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Cultura, en colaboración con la Spain Film Commission y asociaciones del sector un catálogo de localizaciones y empresas colaboradoras.

- Ofrecer y promocionar España como plató nacional e internacional a través del ICAA, el Instituto de Comercio Exterior de España (ICEX) y TURESPAÑA.

- Aumentar la oferta educativa en Formación Profesional para poder preparar a más jóvenes en oficios relacionados con el cine. Explorar también la posibilidad de que el INEM amplíe los cursos formativos que tengan que ver con el sector audiovisual."

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de noviembre de 2016.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/000908

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la conmemoración del 80 aniversario del bombardeo del Liceu Escolar de Lleida, para su debate en la Comisión de Cultura.


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Exposición de motivos

A finales de agosto de 1936, los 27 estados europeos (todos menos Andorra, Liechtenstein, Mónaco, Suiza y Ciudad del Vaticano) que suscribieron el "Acuerdo de no Intervención en España" decidieron "abstenerse rigurosamente de toda injerencia, directa o indirecta, en los asuntos internos de ese país" y prohibían "la exportación... reexportación y el tránsito a España, posesiones españolas o zona española de Marruecos, de toda clase de armas, municiones y material de guerra".

Para el cumplimiento del acuerdo se creó en Londres un Comité de no Intervención en el que estaban representados todas las principales potencias europeas, incluidas Alemania, Italia y la Unión Soviética. Sin embargo, dicho pacto se convirtió en papel mojado ya que está de sobras contrastada la participación directa e indirecta de terceros estados en la Guerra Civil española.

Italia fue el estado con un número de combatientes extranjeros más numeroso que lucharon en el bando sublevado. En agosto de 1936, se formó la Aviación Legionaria, con base en la isla de Mallorca y formada por los oficiales italianos llegados en julio de 1936 y que pilotaban los aviones Savoia S-81 y los cazas Fiat C. R 32. Ya a finales de 1936, se completó el despliegue del Corpo di Truppe Volontarie (CTV) que estuvo integrado por 40.000 efectivos que fueron siendo relevados hasta alcanzar la cifra de 72.775 combatientes italianos que participaron en la Guerra Civil más los 5.700 que pasaron por la Aviación Legionaria, haciendo la participación italiana en la Guerra Civil la más numerosa por parte de un tercer país, superando a la Alemania nazi y a la Unión Soviética. También hubo italianos que participaron en la contienda en defensa de la II República, es el caso de la Brigada de Infantería Garibaldi, integrada en la Xlla Brigada Internacional y compuesta íntegramente por italianos. Estuvo formada por cuatro batallones hasta su disolución el 24 de septiembre de 1938 y tuvo un papel destacado en las operaciones en la zona norte de la comunidad de Madrid, Aragón y especialmente en la Batalla del Ebro.

Una de sus las múltiples campañas de bombardeos del bando sublevado en las que participó la aviación italiana tuvo a la ciudad de Lleida como principal objetivo. El 2 de noviembre de 1937, nueve bombarderos italianos despegaron del aeródromo de Zaragoza para castigar a la ciudad catalana, cobrándose la vida de 250 personas y dejando 750 heridos a su paso. Se trata pues, de uno de los bombardeos más mortíferos de la Guerra Civil junto con los de Gernika, Durango y Granollers.

El bombardeo se cobró la vida de 48 alumnos del Liceu Escolar de Lleida, la primera escuela leridana inscrita dentro del movimiento de l'Escola Nova. Se trataba pues de una institución pedagógica pionera en la ciudad que fue fundada en 1906, por el maestro y pedagogo Frederic Godás y su mujer Victorina Vila. Tal fue la impronta del Liceu Escolar y la gravedad del bombardeo que el 2 de noviembre de 2009 el pleno de la Paeria de Lleida aprobó instaurar la fecha del 2 de noviembre como el Dia del Liceu Escolar en recuerdo al bombardeo de esta institución educativa. Desde entonces, cada año se sucede un acto institucional al recuerdo de sus víctimas.

Un hecho que contrasta, lamentablemente, con la celebración en la embajada italiana el pasado 4 de noviembre de 2015, de un acto de homenaje a los combatientes italianos en la Guerra Civil o con el mantenimiento de la cátedra Alfredo Kindelán, General de brigada que fue nombrado jefe de los Servicios del Aire. Esta distinción le convirtió en el responsable de todas las fuerzas aéreas que combatieron al lado los militares rebeldes, incluida la legión alemana Cóndor y la Aviación Legionaria italiana. Bajo su mando se cometieron ataques aéreos que acabaron con la vida de cientos de personas. Kindelán fue uno de los militares de confianza de Franco y, al finalizar la contienda, sus servicios fueron gratificados con diversas condecoraciones, como la Gran Cruz de San Hermenegildo en 1941 y la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar en 1941 y en 1944. También recibió el título de marqués, en 1961. Además fue Capitán General de Catalunya entre 1941 y 1942.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. La realización de un acto institucional y de recuerdo a las víctimas del bombardeo de Lleida del 2 de noviembre de 1937, en conmemoración del 80 aniversario de este suceso que tendrá lugar el 2 de noviembre de 2017.


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2. La retirada inmediata de las condecoraciones militares obtenidas porJuan Manuel Kindelán, como la Gran Cruz de San Hermenegildo, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar así como el título de marqués de Kindelán.

3. La supresión inmediata de la cátedra de estudios Juan Manuel Kindelán para el debate, estudio e intercambio de ideas y experiencias sobre asuntos relacionados con la doctrina aérea."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2016.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comisión de Igualdad

161/000903

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a la Mesa para, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para fomentar las medidas de igualdad en las relaciones laborales e impulsar los Planes de Igualdad entre hombres y mujeres en la pequeña y mediana empresa, para su debate en Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, en su Título IV se ocupa del derecho al trabajo en igualdad de oportunidades, incorporando medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, en [a formación, en la promoción profesionales y en las condiciones de trabajo. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres. No obstante, aún queda lejos la igualdad plena en el ámbito laboral entre hombres y mujeres, como lo pone de manifiesto un somero análisis de las relaciones laborales, fundamentalmente tras las políticas del Gobierno del Partido Popular adoptadas en la anterior Legislatura en el ámbito laboral tomando como coartada la situación de crisis económica y financiera padecida, lo que nos lleva a combatir esta situación de desigualdad con mayor contundencia.

Así hoy, en el acceso al empleo, España es el cuarto país de la UE con menor tasa de empleo femenino y es el segundo país de la UE con mayor índice de paro entre las mujeres, que con un 26,7% casi triplica la media europea, representando las mujeres además el 73% del total de las personas que trabajan a tiempo parcial y siendo también afectadas por mayores índices de temporalidad.

Sin lugar a duda una de las razones de esta situación de desigualdad en el acceso al empleo obedece a que los procesos de selección comprenden una serie de actividades y prácticas empresariales -ofertas, entrevistas, exámenes, exigencia de perfiles, entre otras-, en muchos casos opacas y que provocan en el momento de la contratación una falta de paridad.

Asimismo, las mujeres desarrollan su trabajo en condiciones más precarias que los hombres, situación que deriva en importantes diferencias salariales entre unas y otros. En España los hombres reciben entre un 15% y un 20% de salario más que las mujeres, aumentando esta desigualdad en niveles menos cualificados donde puede alcanzar entre un 25% y un 35%. Hoy la diferencia salarial entre mujeres Y hombres se sitúa en el 24% de la retribución media. Y esta brecha alcanza hasta, Casi el 40% en las pensiones de hombres y mujeres, implicando un mayor riesgo de pobreza y exclusión social.

En esta diferenciación salarial siguen influyen los estereotipos que asocian cualidades que tradicionalmente se atribuyen a la mujer y otras que son atributos exclusivos de los varones, valorándose mejor económicamente los puestos de trabajo que van vinculados a lo que se considera habilidades "masculinas", aun perteneciendo al mismo grupo profesional.

La segregación ocupacional también tiene una incidencia esencial en la brecha salarial. De este modo, existen ocupaciones y categorías profesionales "feminizadas" donde las mujeres están más representadas,


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como aquellas vinculadas a la limpieza, la sanidad, el comercio o la atención al público, en las cuales los convenios colectivos regulan salarios más precarios.

También influyen en esta brecha salarial determinadas prácticas laborales, como el hecho de que las mujeres desarrollan su actividad laboral más vinculadas con contratos a tiempo parcial. Asimismo, existen complementos salariales que, relacionados con la mayor disponibilidad o flexibilidad horaria, a la par que poco transparentes perjudican a las mujeres, pues son ellas las que tienen un mayor peso en el cuidado de la familia. Y es la propia estructura salarial de las empresas, incluso determinada por la propia negociación colectiva, la que incide en la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.

Por lo que respecta a la promoción en el empleo, el porcentaje de mujeres ascendidas mediante promoción interna a categorías profesionales superiores es notablemente inferior al porcentaje de hombres, al utilizar en numerosos casos criterios no neutros, no justificables por el puesto o distintos para hombres y mujeres y que perjudican a éstas (disponibilidad, flexibilidad horaria, especial confianza, etc.). Incluso en el catálogo de categorías profesionales dentro de la empresa existe segregación tanto horizontal como vertical por razón de sexo, estando la mujer afectada por el denominado techo de cristal, dada su mayor dificultad para acceder a puestos de trabajo de dirección y a los niveles superiores de la empresa.

Así, pues, existen prácticas aparentemente neutras que tienen incidencia negativa en las personas con obligaciones familiares, que pudieran constituir discriminación indirecta por razón de género, dado que son las mujeres quienes se ocupan mayoritariamente de estos cuidados.

A mayor abundamiento, todavía hoy nos encontramos, fundamentalmente en la pequeña y mediana empresa, con actuaciones dirigidas a impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos de suspensión de maternidad y de reserva del puesto de trabajo, así como en el ejercicio del permiso de lactancia o de reducción de la jornada por cuidado de familiares, a través de despidos, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, llamamiento en las suspensiones antes de la finalización del periodo establecido, entre otras.

Para paliar esta situación los de planes de igualdad se han mostrado insuficientes, pues son solo obligatorios en las empresas con más de 250 trabajadores o en aquellas en las que lo establece el convenio colectivo, o lo haya decidido la Autoridad Laboral, y si bien todas las empresas deben adoptar "medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres", esta obligación es desatendida.

Esto determina que sea en las pequeñas y medianas empresas donde la posibilidad de discriminación de la mujer en el ámbito de la relación laboral, tanto en el momento del acceso al empleo como en los distintos derechos que la configuran, sea dónde más pueda producirse, dada la indefinición de sus obligaciones en igualdad y sin que haya tenido influencia positiva las ayudas para la elaboración e implantación de planes de igualdad.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas que permitan un desarrollo real y efectivo de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en el marco de las relaciones laborales, donde las cotas en igualdad son todavía insuficientes, sobre todo en el ámbito de la pequeña y mediana empresa.

A tal efecto, y entre otras actuaciones, sin perjuicio de aquéllas que se lleven a cabo para garantizar la igualdad salarial entre hombres y mujeres, el Gobierno deberá:

- Articular planes dirigidos a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que redunden en una mayor eficiencia en la tutela y la promoción de la igualdad de oportunidades y no discriminación en el trabajo entre hombres y mujeres. Dichos planes deberán incluir actuaciones de asesoramiento en las empresas al objeto de facilitarles un mejor desarrollo y cumplimiento de las "medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre hombres y mujeres", especialmente en las pequeñas y medianas empresa. También campañas de información y sensibilización en las empresas, entre las personas trabajadoras y sus representantes.

- Mejorar la formación en igualdad, incluida la formación continua, de los funcionarios pertenecientes al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y al Cuerpo de Subinspectores Laborales, con el fin de avanzar en su eficiencia en la detección de situaciones de discriminación por razón de género en las empresas, tanto directas como indirectas.


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- Impulsar en la pequeña y mediana empresa la aprobación de planes de igualdad dada la relevancia de este instrumento para hacer más efectiva la aplicación y tutela del derecho fundamental de igualdad.

- Dinamizar el Distintivo de Igualdad para aquellas empresas que destaquen en la aplicación de políticas de igualdad entre hombres y mujeres en las condiciones de trabajo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2016.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000904

A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente, Proposición no de Ley de igualdad salarial entre mujeres y hombres, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

La igualdad entre hombres y mujeres, tanto en el acceso al mercado laboral, como en las condiciones laborales y retributivas, continúa siendo un reto en nuestro país y en el resto de Europa.

La última Encuesta Anual de Estructura Salarial muestra que la remuneración anual bruta de las trabajadoras españolas fue casi un 24% inferior a la de los hombres. Es decir, las mujeres trabajadoras en España para percibir de media las mismas retribuciones que los hombres tendrían que trabajar 79 días más al año. Y esta desigualdad también las sitúa en peor posición en el sistema de protección social, donde esta brecha alcanza el 39%.

La mayor precarización del empleo femenino respecto del masculino no solo se manifiesta por esta desigualdad retributiva. También lo constata una menor tasa de actividad, una menor tasa de ocupación y una tasa de paro más elevada.

España se encuentra entre los países con menor contribución femenina al empleo: solo el 54,7% de la población femenina entre 20 y 64 años trabajaba en el segundo trimestre de 2014, nueve puntos menos que la media europea y muy alejado del 74% que establece el objetivo Europa 2020. Para alcanzar ese objetivo, en España se tendrían que crear en torno a tres millones de empleos ocupados por mujeres hasta 2020.

Alcanzar esa mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo es acuciante para conseguir un mayor ritmo de crecimiento económico, dada la infrautilización de la fuerza de trabajo de las mujeres a pesar de su mayor y mejor formación. Así se pronuncian numerosos organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional que, en un informe de 2014, sostiene que "las pérdidas del PIB per cápita atribuibles a la disparidad de género en el mercado laboral llegan hasta el 27% en determinadas regiones", y mantiene que la equiparación de las mujeres en la fuerza laboral es el instrumento que permitiría elevar de forma permanente el PIB de los Estados.

Es urgente remover los obstáculos que sitúan a las mujeres en una peor situación en el mercado de trabajo, En este sentido cabe señalar que la asunción en exclusiva de responsabilidades familiares es determinante de la mayor precarización del empleo femenino frente al masculino y su gran diferencia salarial. La mayor demanda de participación en el mercado laboral de las mujeres no puede realizarse a costa de su extenuación. La conciliación parece seguir siendo un asunto de mujeres y actúa situando a las mujeres en peores condiciones laborales debido a su hipotética menor disposición en el mercado de trabajo.

Corregir la brecha salarial es una cuestión de justicia y equidad, y exige situar a las mujeres en igualdad de condiciones que los hombres en el empleo, tanto en el acceso, como en su permanencia, promoción interna y formación. Y avanzar en su mayor participación en los órganos de decisión, la ruptura del denominado "techo de cristal", conscientes de la mejora que esto supondría también en la gobernanza de las empresas al incidir en la selección de los más cualificados, hombres y mujeres. Y, por supuesto, exige articular medidas de corresponsabilidad familiar y para el cuidado de los otros.

En la remoción de los obstáculos que impiden esta igualdad los poderes públicos tienen un papel determinante. Por mandato constitucional, que les compele a garantizar de forma real y efectiva esta igualdad. Más específicamente, en desarrollo de dicha mandato en el ámbito laboral, porque así lo


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demanda el artículo 17 del Estatuto de los Trabajadores. Y también porque así lo establecen los Tratados de la Unión Europea. El Estado debe asumir su responsabilidad en la atención y el cuidado de los otros, favoreciendo otra política de familia y articulando una red pública de servicios educativos y sociales que atiendan a la infancia, los menores y personas dependientes.

Sin embargo, la política desarrollada por el Gobierno del Partido Popular en la anterior Legislatura ha desmantelado los servicios sociales y la Ley de Dependencia, a la par que ha recortado drásticamente la inversión en sanidad y en educación. A ello se añade la desregulación del tiempo de trabajo producida por la reforma laboral, que implica extralimitación horaria, contratos a tiempo parcial que encubren jornadas completas y reducciones horarias para el cuidado de menores que, al ser concretadas por los empleadores, atentan contra la corresponsabilidad y conciliación de la vida familiar y laboral. Todos estos elementos dificultan la participación de las mujeres en el ámbito laboral, volviendo a situarlas en peor poder de negociación frente al empresario al ser ellas las que continúan asumiendo la casi totalidad de la responsabilidades familiares. Son políticas que tratan de devolver a las mujeres a los roles más tradicionales de asumir casi en solitario las tareas domésticas y cuidados.

Por primera vez en 40 años está cayendo la población activa femenina lo que confirma la expulsión de las mujeres del mercado laboral. La tasa de paro se ha situado en el entorno del 25%, llegando a alcanzar en 2013 máximos históricos próximos al 27%. Es decir, menos empleo y más paro para las mujeres.

Las medidas laborales incorporadas en la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad que remite, en muchos casos, a la negociación colectiva, han mostrado unos efectos limitados como consecuencia del debilitamiento de los sindicatos y la reducción de la cobertura de la negociación colectiva, como consecuencia de la reforma laboral del Partido Popular.

La recomendación de la Comisión Europea sobre Transparencia Empresarial en materia de igualdad salarial no se está impulsando con carácter general. Tampoco se está aplicando en el sector público.

Lograr la igualdad de género, además de un objetivo democrático para el cumplimento de los derechos fundamentales básicos, entre ellos a la no discriminación, es el gran reto que tiene planteado nuestro país para desarrollar la potencialidad económica y social que necesitamos. Alcanzar este objetivo es urgente.

Las políticas del PP han sido políticas miopes que no solo han desatendido los compromisos de los países del G20 compelidos a reducir la brecha entre la participación de hombres y mujeres en un 25% para 2025, para sumar a más de 100 millones de mujeres a la fuerza laboral, aumentar significativamente el crecimiento global y disminuir la, pobreza y la desigualdad, sino que han desconocido la mejora de la actividad productiva y los sustanciales incrementos del PIB que esa incorporación produciría.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar de forma inmediata las medidas que permitan reducir la desigualdad salarial entre mujeres y hombres con el fin de eliminarla. Para ello el Gobierno:

1. Presentará urgentemente un Proyecto de Ley de Igualdad Salarial entre mujeres y hombres que garantice de forma real y efectiva la igualdad salarial y, por tanto, que garantice la igualdad de género en el empleo, en su acceso y permanencia, en la formación y en promoción interna en las empresas, removiendo los obstáculos que la impiden o dificultan.

2. Dicho Proyecto de Ley establecerá objetivos específicos, entre ellos, alcanzar una tasa de empleo de las mujeres del 74%, en línea con lo acordado en el seno de la Unión Europea en la Estrategia 2020.

3. Los contenidos de este Proyecto de Ley incorporarán:

a) Una nueva articulación de los derechos y permisos relativos a la maternidad y paternidad que asegure la corresponsabilidad, así como una red pública de servicios educativos y sociales para los cuidados de la infancia y de personas dependientes. La recuperación de los derechos de conciliación familiar y laboral; la mejora de las prestaciones por hijo e hija a cargo en atención a los niveles de rentas.

b) Medidas para avanzar en corresponsabilidad y favorecer la conciliación familiar y laboral, que apuesten por la racionalización de horarios y recuperen la seguridad en la jornada laboral y la contratación laboral.


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c) Medidas positivas para garantizar el acceso y estabilidad en el empleo y la promoción en el seno de las empresas, especialmente en las profesiones y niveles donde las mujeres están subrepresentadas, estableciendo objetivos concretos y penalizaciones a los incumplimientos.

d) Medidas que mejoren las condiciones laborales para los trabajadores pobres, mayoritariamente mujeres. Entre otras, el incremento del Salario Mínimo Interprofesional, la ratificación del Convenio 189 OIT y la regulación de prestaciones no contributivas por maternidad y paternidad.

e) Medidas que reconozcan el mérito y capacidad de las mujeres en el desarrollo de su carrera profesional y evitar la discriminación actual que lo impide por razón de su sexo.

f) Establecer cuotas para el acceso de las mujeres a los puestos directivos, comités de dirección y consejos de administración de las empresas también para los puestos de responsabilidad y órganos directivos de cooperativas y organizaciones agrarias y pesqueras con el objetivo de llegar a una representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de dirección económicos.

g) Medidas para hacer efectiva la Transparencia en las Empresas.

h) Medidas de transparencia estadística. A tal efecto, se desagregarán por sexos, edad, nivel educativo y ocupación todas las Encuestas y Registros que analizan el mercado de trabajo, incluidas aquéllas que analizan específicamente las retribuciones de las personas trabajadoras.

i) Un Acuerdo Interinstitucional para hacer posible el Pacto Local por la igualdad de género de tal forma que todas las mujeres, independientemente de que vivan en zonas urbanas o en el ámbito rural, pueden acceder al conjunto de servicios y equipamientos que hagan eficaces el conjunto de medidas que integren el contenido básico de este Proyecto de Ley de igualdad salarial mandatado en esta Proposición no de Ley."

Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de noviembre de 2016.-Ángeles Álvarez Álvarez, Diputada.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

161/000905

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el acceso a la reproducción asistida de todas las personas con capacidad gestante, independientemente de su orientación o identidad sexual y de su situación familiar, para su debate en la Comisión de Igualdad.

Exposición de motivos

La Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida establece el derecho a los tratamientos de reproducción asistida a todas las mujeres "con independencia de su estado civil y orientación sexual". Sin embargo, el Orden Ministerial SSI/2065/2014, de 31 de octubre, establece que sólo tendrán acceso a los tratamientos de reproducción asistida las mujeres con "un trastorno documentado de la capacidad reproductiva" o "ausencia de consecución de embarazo tras un mínimo de doce meses de relaciones sexuales con coito vaginal sin empleo de métodos anticonceptivos". Así, las mujeres lesbianas, bisexuales o que quieren emprender la maternidad en solitario y que no tengan problemas de fertilidad quedan excluidas.

Esta exclusión supone una discriminación por motivos ideológicos que vulnera los derechos reproductivos. También supone una discriminación por motivos económicos, puesto que las mujeres con recursos pueden recurrir a la sanidad privada.

Aunque la reproducción asistida tiene muchas caras y muchos matices, estas técnicas son liberadoras si son las propias mujeres quienes las controlan, algo que no sucede en estos momentos. La situación de las mujeres solas y las parejas de lesbianas frente a la reproducción asistida no sólo es discriminatoria en sí misma sino que pone de manifiesto esta falta de control y de autonomía de las mujeres de una tecnología que afecta directamente a sus cuerpos y sus decisiones vitales. Esta situación responde a factores profundamente vinculados a la visión patriarcal de la reproducción y de la familia.

La reproducción asistida permite subvertir la heterosexualidad obligatoria a la hora de crear una familia y de construir categorías tradicionales como paternidad y maternidad, así como la concepción tradicional


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de parentesco. Es por ello que se fomenta un uso normativo enfocado a "curar" las parejas heterosexuales que sufren infertilidad, uso para el que están pensadas las leyes y los protocolos medicos. A las lesbianas, mujeres bisexuales y mujeres solas se las penaliza en el acceso a la reproducción asistida porque pretenden hacer un uso no normativo y quieren crear familias sin una figura masculina.

Para acabar con esta discriminación y falta de derechos, es necesario acabar con la ambigüedad sobre el derecho de lesbianas, bisexuales, mujeres solas y otras personas con capacidad gestante fuera del sistema de género normativo, para acceder a las técnicas de reproducción asistida en la sanidad pública: algunas comunidades autónomas consideran la Ley 14/2006 de rango superior a la orden ministerial y por tanto no aplican esta última, y dan acceso a todas las personas con capacidad gestante a las técnicas de reproducción asistida; sin embargo, otras comunidades autónomas están aplicando la orden ministerial y negando el acceso a estas técnicas a determinadas personas.

Es necesario también que no se apliquen en todos los casos protocolos heteronormativos que llevan a una medicalización innecesaria. A las mujeres lesbianas, bisexuales, que emprenden la maternidad en solitario y otras personas con capacidad gestante no deberían aplicárseles protocolos que medicalicen sus cuerpos de forma innecesaria. Es necesario un trato no patologizador, respetuoso con las procesos físicos y psicológicos y con la autonomía de la mujer y unos protocolos adecuados a las diversas realidades de las personas que se someten a técnicas de reproducción asistida.

Por otro lado, se ha identificado una falta de formación sobre las diferentes realidades familiares por parte del personal sanitario y un tratamiento discriminatorio de la diversidad de opciones familiares, que obliga a las mujeres a rellenar formularios donde se las hace encajar los roles en "madre" y "padre" en varias fases del proceso de reproducción asistida, al igual que en las visitas ginecológicas anteriores y posteriores, así como en las pediátricas una vez ha nacido la criatura.

Para la aplicación de la técnica ROPA -técnica de ovodonación que permite la maternidad compartida entre madre genética y madre gestante- se ha identificado que en centros de reproducción asistida se pide que las parejas de lesbianas estén casadas para poder hacer la transferencia de embriones, mientras que a las parejas heterosexuales no se les pide este vínculo específico para que el hombre pueda dar esperma a su pareja. Las personas que no cumple con un modelo familiar heteronormativo también sufren trato discriminatorio en el Registro Civil: para registrar una criatura en el caso de una pareja de lesbianas se requiere que haya un acuerdo previo a la fecundación y posterior al vínculo de pareja, cuando no es así en el caso de parejas heterosexuales. En muchos registros se requiere una prueba documental de que la inseminación ha sido hecha en una clínica. En el caso de parejas de lesbianas casadas (y por tanto, con libro de familia) se requiere que comparezcan las dos en el registro.

Otra realidad a la que deben hacer frente los centros médicos es el deseo de lactancia compartida de parejas lesbianas. La lactancia inducida permite que las madres no gestantes de las parejas de lesbianas puedan amamantar a sus bebés. Sin embargo, en algunos centros médicos se han negado a recetar los medicamentos para hacer la inducción, no considerando a la madre no gestante como madre.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en el marco del ejercicio de sus competencias:

1. Garantizar legalmente y sin ninguna ambigüedad el acceso en igualdad de condiciones y en todo el Estado de todas las personas con capacidad gestante a las técnicas de reproducción asistida en la salud pública, independientemente de la orientación sexual, identidad sexual, el estado civil y la situación personal o afectiva.

2. Adecuar los protocolos de reproducción asistida a las diferentes realidades de usuarias para evitar un trato heteronormativo y una excesiva medicalización de las personas sin problemas de fertilidad.

3. Formar al personal sanitario frente a las diversidades familiares de las personas que acceden a las técnicas de reproducción asistida.

4. Modificar los formularios administrativos en los procesos de reproducción asistida para reflejar la diversidad familiar.

5. Eliminar el requisito del matrimonio para que las parejas de lesbianas puedan acceder a la técnica ROPA.

6. Establecer protocolos específicos en el Registro Civil que no supongan un trato discriminatorio por razón de orientación sexual.


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7. Contemplar las realidades específicas de la crianza entre dos madres y facilitar la lactancia compartida en todos los centros médicos."

Palacio del Congreso de los Diputados.-María del Mar García Puig, Diputada.-Francesc Xavier Domènech Sampere, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/000880

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Joan Olòriz Serra y la Diputada Teresa Jordà Roura al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora integral de la N-260 a fin y efecto de reducir su siniestralidad, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

La carretera nacional N-260, también conocida como Eje Pirenaico tiene una longitud de 500 kilómetros y une las poblaciones de Portbou, desde la frontera con el Estado francés en el Coll de Belitres, hasta Sabiñánigo en la provincia de Huesca. Un total de 353 de los 500 kilómetros transcurren por Catalunya y une las poblaciones de Figueres, Olot, Ripoll, Puigcerdà, la Seu d'Urgell, Sort, la Pobla de Segur y el Pont de Suert.

Se trata de una de las carreteras más peligrosas del estado: entre los tramos más peligrosos del mapa de carreteras del Estado figuran 173 kilómetros -que discurren todos por Catalunya- de los 353 de la carretera (es decir, prácticamente la mitad de la carretera). Y además, 5 de estos tramos están catalogados entre los 50 de mayor riesgo de toda la red de carreteras. Es decir, el 10% de los tramos más peligrosos están en la parte catalana de la N-260.

No en vano, los datos del informe elaborado a partir los índices de siniestralidad del programa de valoración de carreteras EuroRAP indican que esta carretera, que concentra presenta una de las más altas medias anuales de accidentes en carreteras de titularidad estatal. Pese a que, según el informe, todo el trazado de la N-260 desde Ripoll hasta Sant Romá de Pallerols (Alt Urgell) tiene una alta siniestralidad, son especialmente peligrosos el tramo entre Ripoll y Puigcerdà (que concentra más del 70% de los accidentes mortales de la comarca del Ripollès) y el tramo de la frontera con el Estado francés (Coll de Belitres) hasta su desvío con la N-II (unos 36 kilómetros aproximadamente) y entre Navata y Besalú, 17 kilómetros.

A pesar de los números de expedientes informativos, en ninguno de los tramos afectados se han iniciado las obras, salvo en la variante de Gerri de la Sal. En este caso, en que la circulación atravesaba la localidad y el ancho de la calzada se veía reducido, las obras se iniciaron en mayo de 2011 pero un año después, aduciendo necesidades presupuestarias, el Ministerio de Fomento decidió resolver unilateralmente el contrato de unas obras poco avanzadas y reemplazarlo por una mejora de la N-260 a su paso por Gerri de la Sal, actualmente en ejecución.

Los sucesivos presupuestos del Estado no han incorporado ninguna consignación presupuestaria para ejecutar ninguno de los tramos de la N-260, lo que ha conllevado una cronificación y enquistamiento del problema, mientras la saturación de la vía continuaba cobrándose la vida de personas.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Realizar un informe detallado del estado en el que se encuentra la N-260, concretando las inversiones previstas y no ejecutadas hasta el momento.


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2. Presentar, en el plazo de tres meses, un plan de actuación de reducción de la siniestralidad en la carretera N-260.

3. Consignar en los Presupuestos Generales del Estados una partida destinada a las obras de mejora y adecuación de la N-260 a fin y efecto de reducir la alta accidentalidad que se registra."

Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de noviembre de 2016.-Joan Olòriz Serra y Teresa Jordà i Roura, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad

161/000898

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a iniciativa de las Diputadas María Teresa Arévalo Caraballo y Rosa Ana Alonso, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión para las Políticas Integrales para la Discapacidad, relativa a la accesibilidad universal de los medios de comunicación audiovisuales.

El Reino de España firmó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada el 13 de diciembre de 2006, más su Protocolo facultativo, por lo que desde el pasado 3 de mayo de 2008 este cuerpo normativo internacional forma parte del ordenamiento jurídico español. En su artículo 30.1. expone que: Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a participar, en igualdad de condiciones con las demás, en la vida cultural y adoptarán todas las medidas pertinentes para asegurar que las personas con discapacidad: a) Tengan acceso a material cultural en formatos accesibles; y b) Tengan acceso a programas de televisión, películas, teatro y otras actividades culturales en formatos accesibles.

Es una realidad la lucha contra las barreras de la comunicación y la información por parte del colectivo de personas sordas, con discapacidad auditiva y personas sordociegas que se orienta a defender y empoderar junto a sus familias, fortaleciendo y reivindicando el uso de las lenguas de signos españolas como un derecho fundamental, para garantizar su inclusión efectiva, además de los medios de apoyo a la comunicación oral. A día de hoy persiste la reivindicación de la inclusión social de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas reclamando la aplicación efectiva de las medidas necesarias para eliminar aquellas barreras que impiden el acceso a la información y a la comunicación, así como para garantizar la participación de las personas con discapacidad en condiciones de igualdad en la vida social, política, económica y cultural.

Nuestro grupo parlamentario quiere con esta iniciativa poner el acento en uno de esos ámbitos en los que se sigue encontrando barreras: la televisión, que a día de hoy sigue siendo el medio de comunicación más consumido por la población (EGM, Estudio General de Medios, 2016). Cuando hablamos de contenidos accesibles nos referimos fundamentalmente al subtitulado y la lengua de signos para las personas sordas, y a la audiodescripción para las personas con discapacidad visual.

De la legislación actual en la materia, destacamos el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, la Ley 27/2007, de 23 de octubre por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y los medios de apoyo a la comunicación oral y la Ley 7/2010, de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual, que establecen:

- Las garantías relativas a la igualdad de oportunidades y de trato para las personas con discapacidad.

- Los niveles mínimos de contenido accesible que han de emitir las televisiones que emiten en abierto (públicas y privadas, estatales y autonómicas).


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En la web de RTVE encontramos el siguiente comunicado (http://www.rtve.es/faqs/index.php?categoría=81):

"¿Qué programas de TVE cuentan con el servicio de subtitulado para personas sordas? El subtitulado de su programación es una prioridad para TVE que como servicio público debe facilitar el acceso de personas con discapacidad auditiva. Pese a no tratarse de una obligación legal, el servicio de subtitulado-Teletexto ha hecho un gran esfuerzo al pasar de las 24 horas en 1991 a las más de 8.000 en 2007.

Como la programación se conoce por Ley con tres días de antelación, el Servicio de Subtitulado comunica por fax o e.mail a la Dirección de Emisiones todos los programas que esa semana van a ir subtitulados. Pero hay que tener en cuenta el arduo trabajo que significa hacer un programa subtitulado. Por cada hora de producto listo para sufrir alteraciones en alguno de sus procesos.

1. Cambios de última hora en la programación (p.e. un especial informativo imprevisto).

2. Modificaciones de última hora en las cintas de emisión.

3. Retrasos en la entrega del material.

4. Errores del sistema informático en la emisión automática.

5. Fallos técnicos ajenos a Teletexto.

RTVE ha creado una Comisión de seguimiento y mejora de subtitulado con FIAPAS y CNSE para aumentar el número de horas subtituladas. Pese a deficiencias puntuales se está trabajando seriamente en la mejora de este servicio."

Al contrario de lo que se expone en el texto, nosotras entendemos que la supresión de las barreras de comunicación sí es una obligación legal, estando reconocido y recogido el derecho a la accesibilidad universal, en el caso que nos ocupa, en el ámbito de la comunicación audiovisual, concretamente en el artículo 8.1 y siguientes de la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual. Asimismo, la disposición transitoria quinta de la citada Ley, establece una calendarización de los servicios de accesibilidad y los porcentajes que deberían de haberse alcanzado hasta el año 2013. Por otro lado, nos resulta poco responsable adjetivar el trabajo realizado en aras de la accesibilidad como "arduo", sin entrar a compararlo con cualquier otro proceso, como por ejemplo el montaje o edición, y dando así la sensación de que la accesibilidad es una carga y no comparte la finalidad última del programa que sería entretener y/o informar.

Por todo lo anteriormente expuesto se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha las siguiente medidas:

1. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento del calendario establecido en la Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual tanto en televisiones públicas como en privadas.

2. Adoptar la medidas necesarias para el cumplimiento de la norma de AENOR sobre calidad en el subtitulado (la norma UNE 153010:2012), al objeto de incorporar sistemas de evaluación de la calidad del subtitulado para garantizar su idoneidad para las personas sordas y con díscapacidad auditiva, el colectivo más vulnerable que hace uso de este recurso, dado que tan importante como la cobertura del subtitulado es la mejora de la calidad.

3. Adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de las medidas contempladas en la Ley 27/2007 relacionadas con el subtitulado para la accesibilidad a la lengua oral, garantizando especialmente la accesibilidad mediante subtitulado de todos los mensajes de alarma, mensajes institucionales y demás campañas institucionales de gran incidencia social.

4. Garantizar la continuidad del servicio de subtitulado evitando en cualquier caso las interrupciones en algún momento del programa o algunos capítulos de series de televisión.

5. De igual forma, asegurar la calidad del servicio a fin de que el subtitulado se corresponda con el mensaje oral de forma íntegra. En este sentido, los errores ortográficos, tipográficos y de redacción generan angustia por lo que es crucial que se vele por un servicio con garantías siendo la estenotipia en directo el sistema que minimiza estos errores.


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6. Dirigirse a las empresas anunciantes para que éstas incorporen subtitulado y lengua de signos en sus promociones publicitarias emitidas en las televisiones dado que las personas sordas forman también parte de la sociedad de consumo.

7. Adoptar las medidas necesarias para mantener el subtitulado en las reposiciones y los contenidos que las diferentes televisiones ofrecen por Internet.

8. Promover la investigación en el subtitulado en directo para que exista una sincronización fiel al mensaje en lengua oral.

9. Regular por norma que las productoras de películas, series y otros programas en diferido de televisión y cine aporten junto con el original la banda de subtitulado, pues ya cuentan con el guión escrito durante la fase de producción.

10. Promover el incremento de la presencia de la Lengua de Signos en la programación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre 2016.-María Teresa Arévalo Caraballo y Rosa Ana Alonso Clusa, Diputadas.-Ínigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión para el Estudio del Cambio Climático

161/000884

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la reapertura del servicio de trenes en la línea Madrid-Riaza-Aranda-Burgos y reducir los riesgos del cambio climático, para su debate en la Comisión para el Estudio del Cambio Climático.

La norma de obligado cumplimiento en todos y cada uno de los Estados miembros de la UE constituida por el Reglamento (UE) 1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, relativo a las orientaciones de la Unión Europea para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, señala que la planificación, el desarrollo y la explotación de las redes transeuropeas de transporte deben contribuir a la consecución de importantes objetivos de la Unión Europea definidos, en particular, en la Estrategia Europa 2020 y en el Libro Blanco del Transporte 2011 de la Comisión Europea ("Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte"), como el fortalecimiento de la cohesión económica, social y territorial. Documentos que tienen, asimismo, los objetivos específicos de permitir el transporte sin fisuras, seguro y sostenible, de personas y de mercancías, asegurando la accesibilidad a todas las personas y la conectividad de todas las regiones de la Unión Europea.

Esa Red Transeuropea de Transporte, señala el Reglamento, debe desarrollarse mediante la rehabilitación y la actualización de las infraestructuras ya existentes, más la creación de nuevas infraestructuras de transporte siempre que sean necesarias para completarla, donde la rehabilitación mejora la calidad de forma duradera, respecto a la situación de partida, mediante la aplicación de los requisitos y disposiciones del citado Reglamento.

Dentro de esa Red Transeuropea de Transporte, a más tardar en 2030 (con revisión de los trabajos por parte de la Comisión en 2023) debe determinarse la red básica ferroviaria y deben tomarse las medidas oportunas para desarrollarla con prioridad dentro del marco que ofrecerá la red global ferroviaria prevista para el año 2050.

Según dice el Reglamento referido, dicha red básica ferroviaria debe constituir la columna vertebral del desenvolvimiento de una red de transporte multimodal sostenible y fomentar el desarrollo de la totalidad de la red global, contribuyendo al objetivo indicado en el Libro Blanco de reducir en un 60%, respecto a los niveles de 1990, las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte de aquí a 2050, con la finalidad de reducir los riesgos del cambio climático. En este aspecto medioambiental ha de tomarse en consideración que el ferrocarril es el modo de transporte más ecológico debido a que el bajo índice de rozamiento entre las rueda de acero y el carril de acero, hace que el tren tenga el menor consumo energético, entre todos los modos de transporte, para cada unidad de transportada.


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La red global de alta calidad, la de 2050, debe ser una red de transporte de ámbito europeo que garantice la accesibilidad a todas las personas y la conectividad de todas las regiones de la Unión Europea, incluidas las remotas, insulares y ultraperiféricas, a la vez que refuerce la cohesión social, territorial y económica entre ellas.

Para establecer la red básica ferroviaria, de forma coordinada y oportuna, de modo que pueda sacarse el máximo provecho de la misma, los Estados miembros deben garantizar que se tomen las medidas adecuadas para que los proyectos estén finalizados a más tardar en 2030. Por lo que respecta a la red global, los Estados Miembros deberán finalizarla en 2050.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias y trabajar en las instituciones comunitarias para:

1. Incluir la línea, ahora cerrada al tráfico ferroviario, Madrid-Riaza-Aranda-Burgos, en la red básica ferroviaria europea.

2. Tener en cuenta dicha línea en las normas del Cuarto Paquete Ferroviario de la UE.

3. Añadir esta línea a las que constituyen el Corredor Atlántico, dentro de los nueve corredores fundamentales de la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario.

4. Contar con el Plan Junker y con el Mecanismo "Conectar Europa" para financiar la rehabilitación de la citada línea Madrid-Riaza-Aranda-Burgos.

5. Diseñar la rehabilitación para que esta línea sea de tráfico mixto, para personas y para mercancías.

6. Impulsar las estaciones situadas en el mundo rural para que no sólo las grandes aglomeraciones y ciudades puedan servirse de la red básica ferroviaria.

7. Rehabilitar esta línea con doble vía electrificada para poder servirse de las energías renovables.

8. Dotar a esta línea rehabilitada del sistema común europeo de gestión del tráfico ferroviario conocido por las siglas ERTMS."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2016.-Eva García Sempere, Félix Alonso Cantorné y Yolanda Díaz Pérez, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/000887

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia de la Diputada Ester Capella i Farré, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la modificación del artículo 132.1 en relación con los artículos 130.1.6.° y 131, de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, relativo a la prescripción de los delitos de abuso y/o agresión sexual a menores, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.

Exposición de motivos

Uno de los grupos de delitos que mayor alarma social suscitan son los de pederastia. Esto se debe a múltiples factores, entre los cuales la gravedad intrínseca de los hechos, la especial vulnerabilidad de la víctima y, muy particularmente, la sensación de impunidad que generan este tipo de infracciones como consecuencia del elevado índice de prescripción que presentan.

En los delitos de abuso y agresión sexual contra menores las víctimas tienden a presentar barreras de carácter interpersonal, intrapersonal y sociocultural que les impiden denunciar los hechos hasta que no ha transcurrido un largo periodo de tiempo desde la comisión del delito.


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La doctrina más especializada [Hébert, M.; Torigny, M; McDuff, P., Joly, J: "Prevalence of childhood sexual abuse and timing of disclosure in a representative simple of adults from Quebec", Canadian Journal of Psychiatry, 54, 2009] pone de manifiesto que una de cada cinco víctimas nunca llega a revelar el abuso sexual sufrido en su infancia, y que cerca del 60% retrasa la revelación del hecho hasta cinco años después de la consumación del primer episodio. En el mismo sentido, se destaca que menos de una tercera parte de las víctimas de delitos contra la libertad sexual lo hacen público durante su infancia y la mayor parte se espera una media de veintiún años antes de explicar el episodio sucedido.

La relación de dependencia (económica, emocional...) que acostumbra a existir entre la víctima y el agresor, o el bloqueo psicológico sufrido como consecuencia de la experiencia traumática vivida, explican, entre otras circunstancias, la dificultad de las víctimas para denunciar la conducta ilícita.

Como consecuencia de lo anterior, la víctima acostumbra a denunciar los hechos muchos años después de su consumación y, muy a menudo, cuando ya es demasiado tarde y el delito ha prescrito (y por lo tanto se ha extinguido la responsabilidad penal del autor).

El Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya ha constatado el problema expuesto y, en base a un riguroso estudio solicitado por el Honorable Conseller de Justícia Caries Mundó, ha llegado a la conclusión de que conviene introducir cambios en el cómputo de los términos de prescripción establecidos en el Código Penal para esta tipología de delitos.

La conclusión a la que llega el Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya, y que comparte el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, es que para resolver la situación descrita es necesario reformar el cómputo de la prescripción previsto en el Código Penal para este tipo de delitos.

Concretamente, se propone que en los delitos de abuso y agresión sexual contra menores el período de tiempo durante el cual se suspende el cómputo de los plazos de prescripción se amplíe hasta que la víctima cumpla los treinta años de edad.

De esta forma se optaría por la misma solución adoptada en el StGB alemán y que, desde una perspectiva comparada, parece ser la que mejor responde al problema de la prescripción en esta clase de delitos.

La suspensión del cómputo de los plazos de la prescripción hasta que la víctima cumpla los treinta años de edad garantiza el derecho a perseguir este tipo de delitos cuando se adquiere conciencia de lo sucedido y, al mismo tiempo, respeta la institución de la prescripción del delito como elemento esencial de un derecho penal garantista que defiende la función preventiva de la pena i su finalidad resocializadora.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:

1. Modificar el cómputo del plazo de la prescripción en los delitos de abuso o agresión sexual a menores, estableciendo que en este tipo de delitos, los plazos de prescripción se computarán desde el día en el que la víctima haya cumplido los treinta años de edad.

2. Impulse acciones ante todas las organizaciones e instituciones, públicas y privadas, a fin y efecto de que actúen de forma activa para prevenir los casos de abuso o agresión sexual a menores y eviten su encubrimiento.

3. Incorporar en los próximos Presupuestos Generales del Estado una partida presupuestaria para atender a las personas que han padecido casos de abuso o agresión sexual siendo menores de edad respetando en todo caso las competencias de las Comunidades Autónomas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de noviembre de 2016.-Ester Capella i Farré y Joan Olòriz Serra, Diputados.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

161/000899

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Don Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz sustituto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados,


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presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la creación del Plan Nacional del Cuidado Visual, para su debate en la Comisión de los Derechos de la Infancia y Adolescencia.

Exposición de motivos

La actividad diaria, tanto a nivel laboral como escolar, ha variado significativamente en las últimas décadas. La revolución tecnológica que estamos viviendo en los últimos años ha supuesto otra forma de utilizar nuestros sentidos. Las exigencias visuales que encontramos a día de hoy para cualquier persona, adulta o menor, son totalmente diferentes a las que podían tener esas mismas personas hace treinta años.

Las pantallas inundan nuestras vidas. Numerosas profesiones se desarrollan hoy en día delante de una pantalla de ordenador. En los ratos libres, nuestros ojos siguen pendientes de una pantalla al utilizar los teléfonos móviles, tablets o al ver la televisión una vez estamos en casa. Los niños y niñas también han notado este cambio tecnológico. A día de hoy los más pequeños interactúan con pantallas desde las primeras horas de la mañana en casa, a los centros escolares, donde encontramos pizarras digitales y ordenadores, a las tablets, teléfonos móviles y videojuegos que también usan. Este aumento del uso de pantallas ha supuesto una mayor exigencia visual para los menores, abandonando paradigmas de visión basados en el medio natural, para iniciar una especialización hacia la visión próxima.

El aumento de horas en espacios de interior, unido al aumento de exigencias visuales derivadas del intensivo uso de pantallas está suponiendo un aumento significativo de deficiencias visuales. Por ejemplo, según la Fundación Visión y Vida, casi la mitad de los jóvenes, el 47%, de entre veinticinco y veintinueve años son miopes. En otros países de nuestro entorno se están dando las mismas tendencias. En los países nórdicos, por ejemplo, se ha pasado en una generación de tener una tasa de 10% de miopes al 50% de la población.

Este aumento de las deficiencias visuales contrasta con la falta de atención que tanto las administraciones, como profesionales y familiares prestan al desarrollo y evolución de la vista de los más pequeños. Si en diferentes encuestas ocho de cada diez familias señalan que los menores deben realizar una revisión visual anual, cuando medimos cuántos menores acuden a estas revisiones, encontramos que sólo acuden tres de cada diez. En el último estudio publicado por la fundación Visión y Vida, titulado "El estado de la salud visual infantil en España" se señala que el 60,6% de los menores que utilizan gafas las llevan por demandárselas a los padres, es decir, que ni los facultativos en las respectivas revisiones, los docentes en los centros escolares o las propias familias detectaron las deficiencias visuales de los menores para seis de cada diez niños.

En materia educativa es preciso que los menores no sólo vean correctamente, sino que perciban y entiendan lo que ven sin generar dolores o molestias en su sistema visual ya sea por sequedad de ojos, picazón, dolor de cabeza, etc. Una mala capacidad visual en los menores tiene consecuencias más allá de las relativas a la salud. Por ejemplo, existe una importante correlación entre las deficiencias visuales de los menores y el fracaso escolar. Según el estudio nombrado anteriormente, de los miles de menores entrevistados, clasificados posteriormente según su rendimiento escolar, encontramos que en el grupo de bajo rendimiento escolar el 29% no ve bien la pizarra y lo que se escribe en ella, el 44,9% refiere molestias que aumentan el cansancio al leer, el 32,6% refiere no ver correctamente de lejos y de cerca, el 52,5% confunde o se salta palabras al leer o el 23% refiere levantarse a menudo cuando realiza los deberes a causa de molestias visuales.

A día de hoy las pruebas de screening visual para detectar deficiencias visuales en los menores son insuficientes en nuestro sistema sanitario. Los profesionales de atención primaria no poseen el tiempo preciso, así como tampoco la capacidad e instrumentos necesarios para realizar un test en profundidad que evalúe no solo la calidad de la visión de los más pequeños y su evolución, sino también el esfuerzo visual que éstos deben hacer para leer así como la existencia de otras deficiencias como la visión doble o la movilidad ocular. El profesorado tampoco posee en muchas ocasiones la oportunidad de prestar el tiempo necesario a cada estudiante a fin de detectar si éste padece algún tipo de deficiencia visual por la elevada carga de trabajo que poseen.

Desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos esencial la necesidad de implementar un Plan Nacional del Cuidado Visual que contenga elementos destinados a la mejora de la prevención de las deficiencias visuales, la detección precoz de las deficiencias que puedan desarrollar los menores, el acceso de la ciudadanía al cuidado de la salud visual mediante revisiones específicas, mejora de la atención primaria y secundaria en materia de servicios visuales, así como el fomento y concienciación de la sociedad a la hora de cuidad la salud visual, sobre todo, en los más pequeños.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, implantar y evaluar, en colaboración con las Comunidades Autónomas y Entes Locales, un Plan Nacional del Cuidado Visual, que contenga especial atención sobre los más pequeños, y que contenga, entre otras, las siguientes medidas:

1. Medidas y programas destinados a la detección precoz de deficiencias visuales de los menores de edad.

2. Medidas destinadas a mejorar el acceso al cuidado de la salud visual en los centros de atención primaria y especializada, en especial para los menores de edad.

3. Medidas destinadas a erradicar la denominada "pobreza visual" garantizando que las personas y menores en riesgo de pobreza y exclusión social no queden sin adquirir las gafas que precisen acordes a sus necesidades visuales por motivos económicos.

4. Medidas destinadas a la formación del profesorados en la detección de deficiencias visuales de los alumnos.

5. Campañas de concienciación y publicidad institucional que señalen la importancia de una correcta salud visual y la necesidad de que los menores pasen las revisiones precisas a fin de detectar posibles deficiencias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-María Virginia Millán Salmerón, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, la siguiente pregunta oral al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por la Comisión que se indica, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2016.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

181/000029

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Fomento

Diputado don Ricardo Sixto Iglesias

Texto:

¿Cómo piensa actuar el Gobierno en el proyecto de ampliación de la V-30 ante las numerosas alegaciones y críticas que dicho proyecto está recibiendo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de noviembre de 2016.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.

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