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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 512, de 08/03/2019
cve: BOCG-12-D-512
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
8 de marzo de 2019

Núm. 512


ÍNDICE

Composición y organización de la Cámara

DIPUTACIÓN PERMANENTE

061/000008 Composición de la Diputación Permanente. Altas y bajas ... (Página4)

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

162/001004 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al estudio de la reforma del Reglamento de Armas tomando en consideración las propuestas y consideraciones formuladas por el sector de la cuchillería y consultando las modificaciones que procedan con sus asociaciones más representativas ... (Página4)

162/001005 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la detección temprana de problemas emocionales en Ios adolescentes ... (Página6)

Comisión Constitucional

161/004330 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, contra la corrupción y las puertas giratorias ... (Página8)

Comisión de Educación y Formación Profesional

161/004331 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la mejora de la atención y promoción de la salud y bienestar emocional de los jóvenes ... (Página10)

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

161/004329 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la presentación de un expediente de regulación de empleo temporal en la planta de Vigo (Pontevedra) de la empresa Bosch Service Solutions S.A.U ... (Página11)


Página 2




Comisión de Industria, Comercio y Turismo

161/004324 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al anuncio de cierre de la empresa Poligal Packaging Narón (A Coruña) ... (Página12)

161/004327 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al impulso de medidas para la electrificación del parque móvil de vehículos de las Administraciones Públicas ... (Página14)

161/004332 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la fijación de un posicionamiento del Gobierno contrario al proyecto de gasoducto MIDCAT-STEP ... (Página15)

161/004333 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el desistimiento del proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad en la localidad de Villar de Cañas ... (Página16)

Comisión de Política Territorial y Función Pública

161/004328 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico ... (Página17)

Comisión de Transición Ecológica

161/004326 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la auditoría de la compañía ENDESA en sus segmentos de negocio retribuidos como actividad regulada ... (Página19)

161/004334 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el fomento de la movilidad en bicicleta a través de medidas estructurales de apoyo económico ... (Página23)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Asuntos Exteriores

181/001689 Pregunta formulada por la Diputada doña Pilar Rojo Noguera (GP), sobre medidas para evitar ataques como los perpetrados en Estados Unidos a estatuas de Colón y defender la dignidad y la cultura de nuestro país de la manipulación de la historia o la mentira ... (Página25)

181/001690 Pregunta formulada por la Diputada doña Pilar Rojo Noguera (GP), sobre medidas llevadas a cabo para dar cumplimiento a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta a elaborar el plan de fortalecimiento de la educación sobre la historia común de España y los Estados Unidos ... (Página26)

181/001691 Pregunta formulada por la Diputada doña Pilar Rojo Noguera (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de la suficiencia de las actuaciones que ha previsto ante las actuaciones pretendidas por el Gobierno de Gibraltar relativas a la construcción de al menos seis torres con 665 pisos de VPO sobre terrenos ganados al mar frente a las costas españolas ... (Página26)


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Competencias en relación con otros órganos e instituciones

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

233/000058 Encabezamiento y fallo de la Sentencia dictada en la cuestión de inconstitucionalidad número 3019/2018, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en relación con el artículo 86.3, párrafos segundo y tercero, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en la redacción dada por el Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por posible vulneración de los artículos 122.1, 9.3, 14 y 24 de la Constitución española ... (Página26)


Página 4




COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA

De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de los cambios habidos en la composición de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

DIPUTACIÓN PERMANENTE

061/000008

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

(061/000006)

Suplentes:

Alta:

MOVELLÁN LOMBILLA, Diego 04-03-2019

CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

Pleno

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

162/001004

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al estudio de la reforma del Reglamento de Armas tomando en consideración las propuestas y consideraciones formuladas por el sector de la cuchillería, consultando las modificaciones que procedan con sus asociaciones más representativas, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

El borrador del Reglamento de Armas que estaba tramitando el Gobierno ha suscitado una amplia contestación en diversos sectores afectados por el mismo: cazadores, armeros y la Real Federación del Tiro Olímpico habían exigido la retirada inmediata del borrador, que consideraban perjudicial para el sector, además de una inconsecuencia del Gobierno, ya que en su redacción no se tuvieron en cuenta los trabajos previos de ambos sectores con la Intervención Central de Armas y Explosivos de la Guardia Civil


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(ICAE). Según afirmaban, tal y como estaba redactado el texto, el reglamento podría haber acabado afectando a las armas blancas, arcos, escopetas de aire comprimido, armas de "airsoft" e incluso de "paint ball" casi como si de un arma de fuego se tratara, además de imponer sanciones desproporcionadas.

Al anunciar su retirada, el Gobierno anuncia que se limitará a modificar algunos puntos de la legislación actual por medio de un Real Decreto para adaptarla a la directiva europea.

El Gobierno ha tenido que acabar reconociendo que carecía de tiempo y oportunidad a la hora de querer ampliar una Directiva y no, tan solo, de trasponerla.

Y ahora se avanza que la reforma del Reglamento se limitará a mejorar aspectos de seguridad pública sobre tenencia de armas que introdujo la Unión Europea tras los casos de terrorismo vividos en distintas ciudades europeas.

El Grupo Popular quiere dejar constancia de su inquietud ante la posibilidad de que graves deficiencias que se advertían en el borrador, se trasladen ahora al Real Decreto con que se quiera aprobar la reforma, sin debate ni control parlamentario suficiente.

En concreto, nos referimos a la regulación de cuchillos, navajas y otros instrumentos propios del uso doméstico y personal, que se definían en el proyecto como "armas blancas". Esta regulación afecta de lleno a todo un sector empresarial que puede ver afectada su actividad de forma muy seria si no se extrema el rigor técnico a la hora de efectuar la reforma del Reglamento.

Entendemos que debería definirse con precisión el concepto de "arma" y después el de "arma blanca", excluyendo del mismo a la navaja no automática de menos de once centímetros de hoja, cuya tenencia y uso debería ser libre sin perjuicio de la actuación de los agentes de la autoridad. Debería tomarse como referencia del significado normativo de "arma" su uso lingüístico definido por la Real Academia de la lengua: "instrumento, medio o máquina destinados a ofender o defenderse"; y por "arma blanca", aquella arma "constituida por una hoja metálica u otro material de características físicas semejantes, cortante o punzante, destinada a la defensa o el ataque". Se evitaría de esta forma un rigor sancionatorio improcedente para actividades cotidianas o situaciones de intervención extemporáneas: como cuando se intervienen navajas y cuchillos no prohibidos por estar expuestos dentro del escaparate de un comercio, y se inicia un procedimiento sancionador por supuesta publicidad de armas, cuando el escaparate es algo estático, mientras que la publicidad de las armas prohibidas supone una actividad positiva tendente a llevar el producto al consumidor.

Sería también conveniente definir la tenencia libre para mayores de edad, superando la limitación excesiva de que la única posibilidad de llevar una navaja no prohibida quede limitada al domicilio, lugar de trabajo o actividad deportiva. Multitud de actividades lúdicas y recreativas al aire libre quedarían prohibidas. Convendría estudiar una reformulación de este punto más acorde con los usos sociales.

Debería también excluirse del Reglamento de Armas y del concepto mismo de arma las navajas de colección como obras de arte con una finalidad ornamental o museística, fruto de una tradición centenaria y con vocación de ser coleccionables.

Sería procedente evitar la tramitación de urgencia y tramitar esta reforma de manera que puedan aunarse criterios en la aplicación del Reglamento evitando la arbitrariedad. A esto se añade la necesidad de unificar criterios de actuación para la fuerza actuante. Que sean coherentes, de sentido común, y homogéneos en todo el territorio nacional.

Se debe facilitar el transporte y comercio de las navajas y cuchillos de tenencia libre conforme al Reglamento de Armas, con su trazabilidad, pero eliminando las trabas, como es el caso de ADIF o Correos, respecto de productos que no tienen la condición de armas prohibidas. Es relevante a este respecto la novedad normativa introducida en la Estación de Albacete relativa a las limitaciones en el transporte de "artículos de artesanía que puedan ser considerados armas blancas por ferrocarril". Son restricciones que afectan al comercio típico de artículos de recuerdo de Albacete.

Las regulaciones que, por partir de premisas excesivamente restrictivas, dificultan un comercio tan característico de determinadas localidades españolas (Albacete, Toledo) inciden muy negativamente en su desarrollo económico y terminan por impactar sobre el empleo. Así lo han observado distintos colectivos del sector y, en concreto, la Asociación de Cuchillería y Afines (APRECU) que en su día trabajó formulando distintas alegaciones a la reforma.

Estamos refiriéndonos a un sector que concentra el 80 por ciento de la fabricación nacional en Albacete y su provincia y que da empleo, directo o indirecto, a unas mil personas. Con una facturación anual estimada de alrededor de noventa millones de euros.


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Según datos facilitados por ICEX, en el año 2017 en Castilla-La Mancha las cifras de exportación en el sector de la cuchillería alcanzaron los 32,5 millones de euros. A nivel nacional, las exportaciones alcanzaron 101,3 millones de euros. La Comunidad ocupa el primer lugar con más peso comercial, con un 32,1 % sobre el total nacional, seguida de Cataluña. Albacete es la provincia exportadora más activa con 27,8 %. Hablamos por tanto de un sector que dinamiza la economía de toda una región española.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la reforma del Reglamento de Armas tomando en consideración las propuestas y consideraciones formuladas por el sector de la cuchillería, consultando las modificaciones que procedan con sus asociaciones más representativas y ponderando en todo caso el impacto económico que una regulación restrictiva en exceso pudiera tener en una actividad comercial de gran impacto en la economía de localidades españolas como Albacete. Esa toma en consideración deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

1. La definición del concepto de arma y del concepto de arma blanca.

2. La definición de la tenencia libre para mayores de edad.

3. La exclusión de las piezas museísticas y de las obras de arte.

4. La unificación de los criterios de intervención de la fuerza pública actuante.

5. La facilitación del transporte y el comercio de las navajas y los cuchillos de tenencia libre con trazabilidad respecto de productos que carezcan de la condición de armas prohibidas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-Carmen Navarro Lacoba, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

162/001005

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la detección temprana de problemas emocionales en los adolescentes, para su debate en Pleno.

Exposición de motivos

El documento "Aceleración mundial de las medidas para promover la salud de los adolescentes (Guía AA-HA!)", publicado en 2017 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y por la Organización Panamericana de la Salud en 2018, establece que durante años, los problemas de salud que conciernen especialmente a la adolescencia se han comprendido mal y, en algunos casos, se han pasado por alto, aunque subraya que la situación ha cambiado. En concreto, dicho documento enfatiza que invertir en la salud de los adolescentes promueve un triple dividendo de beneficios: para los adolescentes ahora, para su vida adulta en el futuro y para la generación venidera. De acuerdo con la OMS, cada adolescente tiene derecho a crecer en las mejores condiciones posibles para llegar a ser un adulto sano y responsable, contribuir a la sociedad y llevar una vida feliz y plena.

La adolescencia es un periodo especialmente vulnerable para desarrollar problemas de salud mental ya que el 50 % de los problemas mentales aparecen antes de los catorce años, tal y como recoge la OMS. Un reciente meta-análisis sugiere una tasa de prevalencia del 9.1 % de jóvenes con problemas emocionales: 6.5 % para trastornos de ansiedad y un 2.6 % para trastornos del estado del ánimo. Estos datos epidemiológicos apuntan a que 110 millones de jóvenes sufren problemas emocionales (ansiedad y depresión) en todo el mundo. Sólo en España se estima que casi medio millón de adolescentes sufren problemas emocionales, lo que representa casi el 50 % de todos los trastornos mentales.

En consecuencia, los problemas emocionales, tales como la depresión y la ansiedad, constituyen los trastornos de salud mental más comunes en niños y adolescentes (OMS, 2016) y suponen una preocupación y un reto para familias, educadores y profesionales de la salud, ocupando un lugar


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destacado en las investigaciones sobre trastornos psicopatológicos en niños. Actualmente la depresión es una de las enfermedades mentales que más preocupa a las autoridades sanitarias. La depresión tiene consecuencias muy negativas en todas las áreas de vida de las personas (familia, amigos, trabajo...), y es un importante problema de salud pública, que además implica un alto gasto sanitario. Además, la depresión es el mayor contribuidor al suicidio (APA, 2014), un problema que es la segunda causa de muerte entre los jóvenes (Informe Juventud en España, 2016). En nuestro país, 10 personas mueren al día como consecuencia del suicidio.

En términos de costes, como la Guía AA-HA! recoge, los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos aparecen dentro de las cinco primeras causas de pérdida de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) en los adolescentes. Los trastornos emocionales en la infancia pueden influir de forma importante en el desarrollo integral de los menores de edad, ya que estos trastornos afectan a todas las áreas del funcionamiento humano (cognitivo, emocional, somático y comportamental). Además, cuando ocurren en la infancia y en adolescencia suelen ir asociados a consecuencias negativas (bajo rendimiento académico, problemas de relaciones familiares y sociales, problemas de salud, tentativas de suicidio, suicidio consumado, entre otras).

Pese a todo ello, los problemas emocionales son los más infradetectados e infratratados. En concreto, datos de University of Rochester Medical Center (2018) revelan que los trastornos del estado del ánimo son los problemas de salud mental menos identificados en jóvenes. Sin detección no hay posibilidad de que los adolescentes puedan acceder a intervenciones basadas en la evidencia. Ello sitúa a los jóvenes en una situación de riesgo para el inicio de otros problemas.

A ello se suma que España tiene cuatro veces menos psicólogos clínicos por habitante en centros de salud que el resto de Europa (Consejo General de Psicología, 2016).

Todos los niños y las niñas tienen derecho a serio, a disfrutar plenamente de su infancia y a que nadie vulnere sus derechos. Protegerlos es una obligación ineludible de los poderes públicos y de toda la sociedad en general. Como se señala en el documento elaborado por la Red para la Promoción de la Salud y Bienestar Emocional en los Jóvenes (Red PROEM), "no hay futuro sin adolescentes emocionalmente sanos".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo, en colaboración con las Comunidades Autónomas, las modificaciones legales pertinentes con el fin de sentar las bases o principios para una actuación de las administraciones públicas en la defensa de la promoción de la salud y bienestar emocional de los jóvenes, a través de tres puntos fundamentales:

1. Detección temprana basada en la evidencia (screening/cribado) de adolescentes con, o en riesgo de desarrollar, problemas emocionales en el contexto educativo y salud (Atención Primaria), previa formación de estos expertos por profesionales de la salud mental (psicólogos sanitarios y psicólogos clínicos/PIR). Para ello es importante sistematizar las herramientas de evaluación para los centros escolares y sanitarios, prestando especial atención a zonas rurales y a colectivos en situación de vulnerabilidad.

2. Incluir la "salud mental y el bienestar emocional" en población infanta-juvenil como una línea estratégica, por ejemplo, dentro del Plan Estatal de Investigación (reto de Salud, cambio Demográfico y Bienestar).

3. Incrementar el número de profesionales de salud mental en España en tres ámbitos:

a) En el principal ámbito de prevención y promoción de la salud mental, el educativo (aumentando las plazas y las actividades mediante psicólogos especializados en terapia psicológica con niños y adolescentes y psicólogos generales sanitarios).

b) En la atención primaria (con la incorporación de psicólogos generales sanitarios especializados en terapia psicológica con niños y adolescentes).


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c) En la atención especializada (valorando un aumento de las plazas ofertadas en el PIR y las plantillas de las Unidades de Salud Mental, entre otras, con más psicólogos clínicos)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2019.- Silvia Heredia Martín, Diputada.- Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión Constitucional

161/004330

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate y aprobación en la Comisión de Justicia, contra la corrupción y las puertas giratorias.

Exposición de motivos

Las interacciones entre la esfera pública y la privada han sido normalizadas gracias a la necesidad del Estado de contar con profesionales altamente formados para cubrir cargos específicos. Estos profesionales suelen adquirir dicha experiencia en empresas estratégicas de ámbito privado para luego integrarse temporalmente en las estructuras del Estado. Su procedencia no debe ser un condicionante para ejercer un cargo público. Sin embargo hemos sido testigos de como una multitud de casos han desarrollado sus funciones públicas de forma poco neutral, en favor de intereses particulares o con intenciones relacionadas con su futuro individual por encima del bien común.

Si bien entendemos que los expertos provenientes del sector privado se conviertan en cargos públicos, es preocupante que no existan mecanismos que garanticen la desvinculación real que debe producirse cuando un empleado de una empresa privada pasa a ejercer un cargo público de responsabilidad. El enorme número de casos de puertas giratorias actual demuestra que los actuales mecanismos de prevención no son efectivos. Los cargos de alta relevancia política pueden (y suelen) asegurarse un puesto dentro de grandes empresas a la finalización de su mandato. Estos movimientos se suelen afianzar con adjudicaciones o promulgando legislación beneficiosa para los intereses particulares de la empresa.

La legislación española procura poner freno a este fenómeno mediante la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración del Estado, donde se crea un órgano de vigilancia y control de los altos cargos de la Administración General del Estado a través de la Oficina de Conflicto de Intereses. Lamentablemente, esta oficina no es capaz de atajar los movimientos de alternancia entre la esfera pública y la privada. Esto puede ser debido a sus limitados recursos o a su dependencia orgánica ministerial.

También existen otras medidas, dispersas en una multitud de leyes, que tampoco son eficaces para poner freno al problema de las puertas giratorias. Tanto la Ley 19/2019, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, como la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, acercan posiciones en cuanto a transparencia e incompatibilidades,


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sin embargo la dispersión normativa y la multiplicidad de niveles y órganos propuestos no bloquean las incidencias privadas en el sector público a través de las puertas giratorias.

A día de hoy es innegable que la aceptación y normalización histórica de las puertas giratorias ha supuesto una derrota democrática, propiciando una dinámica de depredación que ha deteriorado gravemente al Estado del Bienestar Español. A pesar de esto no podemos resignarnos a aceptar este saqueo como algo inevitable.

Los efectos combinados de, por un lado una regulación insuficiente para atajar los casos de puertas giratorias sumado a la dependencia de los órganos de decisión sobre las incompatibilidades, han propiciado la priorización política y legislativa de las grandes empresas sobre los intereses de la ciudadanía. Esto ha derivado en numerosas ocasiones en profundas distorsiones del mercado español. Las consecuencias de no poner freno a este fenómeno hoy pueden verse en la exagerada precarización del mercado laboral, los precios excesivos de la electricidad, la destrucción del mercado de las renovables o en los abusos en el mercado inmobiliario, sectores que en gran medida están desvirtuados como consecuencia de políticas clientelistas fruto de la intromisión constante de intereses privados e individuales en la gestión de las políticas públicas.

La normalización de las puertas giratorias ha resultado en el saqueo de servicios y fondos públicos que afectan a las mayorías más necesitadas. De esta forma se ha dinamitado el verdadero sentido del Estado de Bienestar, que no es otro que el de proteger y llegar a suplir las necesidades de las clases más desfavorecidas allí donde el mercado no llega. Las puertas giratorias nos han dejado una sociedad cada vez más dividida entre ricos y pobres y un Estado vaciado de contenido que tiende a ser privatizado gracias a la acción carroñera de las grandes empresas.

Podemos encontrar claros ejemplos donde ex dirigentes políticos o ex altos cargos forman parte de los consejos de administración de empresas que encabezan sectores con ventajas comparativas. El "fichage" de estos poderosos e influyentes personajes ha propiciado medidas contrarias al bien común, como el rescate a la banca, el rescate de autopistas, la venta de bienes inmobiliarios a fondos buitres a precios irrisorios, la ejecución del sistema de público de salud, o el abandono progresivo de los servicios de transporte ferroviario, entre otros. De esta forma, se ha construido una relación de favoritismo entre el poder público y ciertas empresas que han deteriorado gravemente los servicios públicos.

Este fenómeno, que en su interior conlleva la esencia de un modelo de depredación neoliberal, justifica la ineficacia de lo público a través de las atrocidades cometidas en favor de lo privado. Beneficiando a las empresas grandes sobre las pequeñas y a lo privado sobre lo público. Este esquema político de privatizaciones y de detrimento de lo público deja en una posición de debilidad al Estado, derivando en abusos por parte de las grandes empresas.

La actividad más frenética en cuanto a movimientos de información sensible y de entrada y salida de personas influyentes en la administración pública, se ha visto registrada en relación con empresas que operan en el mercado de valores. No es casualidad que estos movimientos se den justamente en las empresas con mayor capacidad económica representadas en el mercado de valores. Estas entradas y salidas del aparato público al privado propician, sin dudas, la corrupción y la promoción de los intereses particulares sobre las estructuras del Estado.

Con el objetivo de reforzar el Estado y asegurar su integridad, es necesario dar una respuesta contundente a través de una política activa en materia de conflicto de intereses y puertas giratorias.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Garantizar la independencia de los cargos públicos dentro de las instituciones del Estado respecto a la esfera privada a través de un código de conducta vinculante.

2. Garantizar la independencia de las entidades públicas encargadas de los regímenes de incompatibilidades.

3. Crear una entidad independiente con exclusiva competencia sobre del régimen de incompatibilidades y conflicto de intereses con capacidad para responsabilizar a aquellas empresas que infrinjan la normativa referente a puertas giratorias, que garantice la transparencia y que tenga capacidades de evaluación y seguimiento de políticas públicas.


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4. Proponer un período de carencia mínimo de cinco años para personas con responsabilidad política que sean susceptibles a las puertas giratorias.

5. Promover la tipificación de las puertas giratorias como delito.

6. Establecer tres declaraciones patrimoniales (al comienzo, final y durante el período de carencia) con el fin de detectar casos de enriquecimiento ilícito cuando no se pueda justificar su incremento patrimonial."

Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de febrero de 2019.-María Gloria Elizo Serrano, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Educación y Formación Profesional

161/004331

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mejora de la atención y promoción de la salud y bienestar emocional de los jóvenes, para su debate en la Comisión de Educación y Formación Profesional.

Exposición de motivos

El documento "Aceleración mundial de las medidas para promover la salud de los adolescentes (Guía AA-HA!)", publicado en 2017 por la OMS y por la Organización Panamericana de la Salud en 2018, establece que durante años, los problemas de salud que conciernen especialmente a la adolescencia se han comprendido mal y, en algunos casos, se han pasado por alto, aunque subraya que la situación ha cambiado. En concreto, dicho documento enfatiza que invertir en la salud de los adolescentes promueve un triple dividendo de beneficios: para los adolescentes ahora, para su vida adulta en el futuro y para la generación venidera. De acuerdo con la OMS, cada adolescente tiene derecho a crecer en las mejores condiciones posibles para llegar a ser un adulto sano y responsable, contribuir a la sociedad y llevar una vida feliz y plena.

La adolescencia es un periodo especialmente vulnerable para desarrollar problemas de salud mental ya que el 50 % de los problemas mentales aparecen antes de los 14 años, tal y como recoge la OMS. Un reciente meta-análisis sugiere una tasa de prevalencia del 9.1 % de jóvenes con problemas emocionales: 6.5 % para trastornos de ansiedad y un 2.6 % para trastornos del estado del ánimo. Estos datos epidemiológicos apuntan a que 110 millones de jóvenes sufren problemas emocionales (ansiedad y depresión) en todo el mundo. Sólo en España se estima que casi medio millón de adolescentes sufren problemas emocionales, lo que representa casi el 50 % de todos los trastornos mentales.

En consecuencia, los problemas emocionales, tales como la depresión y la ansiedad, constituyen los trastornos de salud mental más comunes en niños y adolescentes (WHO, 2016) y suponen una preocupación y un reto para familias, educadores y profesionales de la salud, ocupando un lugar destacado en las investigaciones sobre trastornos psicopatológicos en niños. Actualmente la depresión es una de las enfermedades mentales que más preocupa a las autoridades sanitarias. La depresión tiene consecuencias muy negativas en todas las áreas de vida de las personas (familia, amigos, trabajo...), y es un importante problema de salud pública, que además implica un alto gasto sanitario. Además, la depresión es el mayor contribuidor al suicidio (APA, 2014), un problema que es la segunda causa de muerte entre los jóvenes (Informe Juventud en España, 2016). En nuestro país, 10 personas mueren al día como consecuencia del suicidio.

En términos de costes, como la Guía AA-HA! recoge, los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos aparecen dentro de las cinco primeras causas de pérdida de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD) en los adolescentes. Los trastornos emocionales en la infancia pueden influir de forma importante en el desarrollo integral de los niños, ya que estos trastornos afectan a todas las


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áreas del funcionamiento humano (cognitivo, emocional, somático y comportamental). Además, cuando ocurren en la infancia/adolescencia suelen ir asociados a consecuencias negativas (bajo rendimiento académico, problemas de relaciones familiares y sociales, problemas de salud, tentativas de suicidio, suicidio consumado...).

Pese a todo ello, los problemas emocionales son los más infradetectados e infratratados. En concreto, datos de University of Rochester Medical Center (2018) revelan que los trastornos del estado del ánimo son los problemas de salud mental menos identificados en jóvenes. Sin detección no hay posibilidad de que los adolescentes puedan acceder a intervenciones basadas en la evidencia. Ello sitúa a los jóvenes en una situación de riesgo para el inicio de otros problemas.

Como se señala en el documento elaborado por la Red para la Promoción de la Salud y Bienestar Emocional en los Jóvenes (Red PROEM), "no hay futuro sin adolescentes emocionalmente sanos".

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir con el fin de incluir la promoción de la salud y bienestar emocional de los jóvenes como una línea estratégica dentro del Plan Estatal de Investigación (reto de Salud, cambio Demográfico y Bienestar) y a desarrollar y potenciar la atención a menores de edad en la nueva Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-Marta Martín Llaguno, Diputada.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

161/004329

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Portavoz Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, relativa a la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo Temporal en la planta de Vigo (Pontevedra) de la empresa Bosch Service Solutions, S.A.U.

Exposición de motivos

La empresa Bosch Service Solutions, S.A.U., creada en 1999, lleva a cabo actividades empresariales como centro de control y proveedor de servicios de comunicación, siendo a día de hoy proveedor a nivel nacional de servicios de externalización de procesos empresariales.

La empresa cuenta con tres centros de trabajo: Vigo con 1679 personas empleadas, Madrid con 66 personas empleadas y Barcelona con 201. En el caso de Vigo, el número de personas trabajadoras asciende a 2.000 si contabilizados aquellas que están contratadas a través de empresas de trabajo temporal. De hecho es la empresa que más empleo ofrece en la ciudad olívica después de la planta de automoción PSA Peugeot-Citroën.

Esta empresa acaba de presentar, a finales del mes de enero de 2019, y solo su centro de trabajo de Vigo, un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que dejará en la calle, entre quince días y dos meses, a más de 600 empleadas hasta el próximo 31 de diciembre de 2019, que pasarán a cobrar la prestación por desempleo. Esta decisión es un fuerte mazazo a la plantilla de esta empresa, la mayoría compuesta por mujeres, en un sector que ya es bastante precario con prácticamente todos los contratos a tiempo parcial y salarios bajos. Debemos señalar, además, que la empresa con sede en Vigo también ha despedido a 348 personas trabajadoras que tenía contratados a través de empresas de trabajo temporal.

La empresa aduce que este ERTE es consecuencia de la compleja situación que atraviesa Vodafone, que ha presentado un ERE nacional tras deslocalizar a Colombia las llamadas del servicio técnico y a una


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plataforma de Egipto una parte de lo relacionado con contratos y tarifas, ya que Bosch-Vigo es la encargada del soporte técnico para la empresa de telefonía, además de la provisión administrativa y de reclamaciones de la compañía. Sin embargo, Vodafone aún no ha comunicado a la empresa el descenso de requeridos previstos para los próximos meses, por lo que el ERTE está soportado en suposiciones de la empresa, y son las personas trabajadoras las que soportarán todo el coste del mismo. A todas luces este expediente no reúne los requisitos de forma necesarios para ser tramitado.

Lo que ha ocurrido en Bosch-Vigo es otro ejemplo de lo que está sucediendo con nuestras empresas en todo el país. Este mes de febrero también se anunció, de forma sorpresiva, el cierre de la factoría que Poligal tiene en Narón (A Coruña), y son recientes otros anuncios de cierres en fechas recientes, como Isowat, Alcoa, La Naval o Vestas. Y esta situación está auspiciada, sin duda, por las reformas laborales de 2010 y 2012, que precarizan el empleo, bajan los salarios y abaratan el despido, reformas que urge derogar para poder recuperar los derechos de las personas trabajadoras.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Adoptar las medidas necesarias para garantizar el mantenimiento de los puestos de trabajo en la empresa Bosch Service Solutions, S.A.U., tras el anuncio por su parte de un Expediente de Regulación de Empleo Temporal.

2. Adoptar las medidas necesarias de lucha contra la precariedad laboral mediante la derogación de los aspectos más regresivos de las reformas laborales, en particular lo relativo a contratación temporal, contratación a tiempo parcial, subcontratas y regulación de la jornada.

3. Adoptar las medidas necesarias para acabar con la desigualdad retributiva entre mujeres y hombres.

4. Hacer públicas las ayudas concedidas por las Administraciones Públicas a la empresa Bosch Service Solutions S.A.U., así como el grado de cumplimiento de las condiciones impuestas para el reconocimiento de las mismas, y en caso de incumplimiento, exigir la devolución de las mismas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea.

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Portavoz Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, relativa al anuncio de cierre de la empresa Poligal Packaging Narón (A Coruña).

Exposición de motivos

El pasado viernes, 22 de febrero de 2019, el Consejero Delegado de Poligal Packaging Narón, Santiago Font, comunicaba al Comité de Empresa que la compañía acababa de solicitar concurso voluntario de acreedores con propuesta de liquidación para la fábrica de Narón (A Coruña) y, por lo tanto, con el posible despido de su casi 120 trabajadoras y trabajadores.

La plantilla de Poligal, que ha iniciado movilizaciones el mismo día que conoció la noticia del posible cierre, rechaza esta decisión de la empresa ya que entiende que la empresa tiene futuro y viabilidad, y no existen razones para la adopción de una medida tan drástica. Las personas representantes de las trabajadoras y trabajadores señalan que, aunque la empresa habla de pérdidas acumuladas, las nóminas


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están al día y no se han registrado atrasos en los pagos. La empresa propone enviar a las trabajadoras y trabajadores para casa con un permiso retribuido hasta que se nombre un administrador concursal.

Debemos recordar que la empresa Poligal Packaging Narón, que se dedica a la fabricación de plástico para la industria alimentaria y laminación, fue el buque insignia de las subvenciones y de los planes de reindustrialización para la comarca de Ferrolterra, a través de las cuales recibió importantes ayudas para comprar suelo industrial, montar naves y contratar personal. Así, apoyándose en el Plan Ferrol, esta empresa consiguió préstamos a interés 0 % y dos años de carencia, llegando a ingresar en sus cuentas cerca de cuatro millones y medio de euros, cantidad que tuvo que devolver al no desenvolver las inversiones anunciadas.

La excusa para paralizarlas inversiones a partir de 2010 fue la crisis económica, lo que provocó que la empresa iniciase en Nerón un proceso de ajustes y reorganización, que provocó la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo en 2010-2011 y que supuso la suspensión de empleo para la plantilla de 4 meses que se prorrogaron en el 2011-2012 con otros dos meses de suspensión, medida auspiciada al amparo de la aprobación de la Reforma Laboral, que supuso y supone todavía la punta de lanza de los recortes sociales y laborales de las personas trabajadoras.

Tras esta medida, llegó la extinción de 35 puestos de trabajo en Poligal Nerón a finales del año 2012 y un mes de suspensión para el resto de la plantilla a cambio de un Plan de Viabilidad conteniendo una estabilidad laboral e inversiones que garantizaba el futuro de la planta de Nerón.

Del Plan de Viabilidad tan solo se invirtió en una regranuladora, quedando pendiente la inversión en la línea 1 de producción y en la línea de cast, que era lo que garantizaba el futuro de la factoría y en las que se contemplaba una inversión de unos seis millones de euros.

Sin embargo, en lugar de materializar estas inversiones, la empresa invierte más de 40 millones de euros en una nueva fábrica en Polonia, Skarbimierz, y monta en Portugal la línea de cast. Además, anuncia en la prensa su intención de seguir creciendo, incluso planteando comprar una fábrica en México. Así, la empresa crea una maraña organizativa con la única finalidad de descapitalizar y deslocalizar cualquier empresa en cualquier momento.

De hecho, las personas responsables de compras, de ventas, director financiero, recursos humanos, calidad, seguridad alimentaria, son las responsables de las tres factorías (Polonia, Narón y Portugal). Además, Poligal Global Service es la comercializadora del grupo y único cliente de las tres factorías, por lo que ellos deciden lo que se hace, cuando y donde, pudiendo así manejar los pedidos en función de los intereses empresariales.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Convocar, de manera inmediata, una mesa de trabajo y diálogo, de la que formen parte personas representantes de la empresa, de los trabajadores y de las trabajadoras y de las administraciones competentes, con la finalidad de encontrar una solución a la situación del centro productivo de Narón (A Coruña) de la empresa Poligal Packaging Narón, sobre la que se ha presentado concurso de acreedores con propuesta de liquidación, que garantice la continuidad y viabilidad de la misma, así como la de los puestos de trabajo.

- Iniciar los trámites necesarios para una modificación legislativa que contemple medidas que eviten la marcha de empresas que hayan recibido ayudas públicas y subvenciones en nuestro país."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2019.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú-Podem-En Marea.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al impulso de medidas para la electrificación del parque móvil de vehículos de las administraciones públicas, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

El modelo energético que ha caracterizado el desarrollo económico del siglo XX, basado principalmente en el uso ineficiente de recursos de origen fósil, parece estar llegando a su fin. El impacto que sobre el medio ambiente, la salud pública y las relaciones económicas y sociales está produciendo esta manera de generar y consumir energía pone de manifiesto que ha llegado el momento de actuar e impulsar un cambio de modelo energético. Sin embargo, los esfuerzos que desde el Estado se han venido realizando para llevar a cabo una transición energética basada en el ahorro y la eficiencia, la generación descentralizada y democrática, la baja emisión de carbono, el aprovechamiento intensivo de los recursos renovables y el abandono progresivo de las fuentes de energía más contaminantes, adolecen de una escasez de objetivos y de una falta de efectividad en las medidas propuestas.

Respecto al transporte por carretera, este es responsable de las dos terceras partes del consumo total de petróleo que consume España, cuyo porcentaje de dependencia exterior del petróleo es un 10 % superior a la media de la UE. Asimismo, la contaminación atmosférica por partículas finas y ultrafinas, así como por óxidos de nitrógeno generada por el parque de vehículos diésel y gasolina es la principal causa de la mala calidad del aire que respira la ciudadanía en nuestro país (las emisiones de dióxido de carbono suponen el 21 % de las emisiones globales en transporte del Estado español).

En la actualidad existe una oportunidad para reducir esa dependencia exterior y reducir las emisiones. La introducción de nuevas tecnologías de movilidad eléctrica, entre las cuales se encuentra el vehículo eléctrico, puede suponer una oportunidad para llevar a cabo un cambio de modelo. Los vehículos propulsados con energías alternativas a los combustibles fósiles tradicionales están llamados a formar parte de la movilidad sostenible en el transporte a nivel global, tanto en las ciudades como en las carreteras, debido a sus beneficios en materia de diversificación energética y reducción de la dependencia de los productos petrolíferos, así como por la reducción de emisiones de CO2 y de otras emisiones contaminantes y de efecto invernadero, ayudando por tanto a mejorar la calidad del aire de nuestras ciudades y a disminuir la contaminación acústica y favoreciendo además el consumo de energías autóctonas, especialmente de fuentes renovables.

Desde hace algún tiempo, el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO) ha venido impulsando el conocido Plan de Impulso a la movilidad con vehículos de energías alternativas (MOVEA) para la adquisición de vehículos de este tipo de vehículos y la implantación de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Este plan, que es una medida que forma parte de la Estrategia de Impulso del Vehículo con Energías Alternativas (VEA) en España 2014-2020, no está siendo eficaz si lo comparamos con los objetivos alcanzados en países de nuestro entorno. Mientras que la mayoría de ellos cuentan con índices de renovación del parque de vehículos convencionales por vehículos eléctricos superiores al 2 % anual, España todavía se encuentra en un índice del 0,4 % de renovación. Un plan de ayudas para la adquisición de vehículos que se ha circunscrito a incentivos individuales, quedando como era previsible, agotada la partida presupuestaria en 48 horas. El criterio de distribución se estableció por tipo de tecnología en el reparto de fondos del Plan MOVEA, y las subvenciones se concedieron en régimen de concesión directo. A diferencia de otros países de nuestro entorno, que han puesto en marcha importantes medidas de reducción impositiva a la compra de vehículos eléctricos, entre ellos Noruega y Holanda, ni España ni la Comisión Europea han realizado propuesta legislativa alguna en este sentido. Asimismo, es importante que las administraciones públicas den ejemplo y sean las primeras que optan por sustituir los vehículos de tracción mecánicas por los impulsados por energía eléctrica.

Ha llegado el momento de hacer una apuesta decidida por la movilidad con energía eléctrica. Por lo que se refiere al vehículo eléctrico, este ya es una realidad que crece significativamente pero a un ritmo más lento que las previsiones inicialmente realizadas a finales de la década pasada. Una estrategia de impulso real de vehículos con energías alternativas permitiría alcanzar un parque total de aproximadamente


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unos 150 000 vehículos en el año 2020. En cuanto a la infraestructura de puntos de recarga de acceso al público de vehículos eléctricos, adicionales a los puntos de recarga vinculados al vehículo (1 punto de recarga vinculada por vehículo), también sería necesario aumentar su número hasta cumplir con la Directiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 22 de octubre de 2014, relativa a la implementación de una infraestructura para los combustibles alternativos.

Estas tecnologías de transporte representan, en el actual contexto económico, un reto y una oportunidad para varios sectores estratégicos como son el energético, el de automoción y el de tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto desde un punto de vista industrial y tecnológico, como energético y medioambiental. La movilidad eléctrica debe convertirse en el motor de un nuevo modelo energético y una oportunidad para avanzar en el compromiso del crecimiento sostenible, permitiendo la progresiva implantación de las energías renovables en el principal sector consumidor de energía final, el transporte por carretera.

Es necesario dar respuesta a las crecientes necesidades de transporte de la sociedad de manera más limpia y eficiente posible, porque el potencial de la movilidad eléctrica es evidente y tan solo aumentando el mercado de vehículos eléctricos hasta cumplir con los objetivos marcados por la Directiva 2014/94/UE, se podrían ahorrar toneladas de emisiones de CO2, millones de litros de combustible y millones de euros al año. Y en este contexto, las administraciones públicas deben ponerse al frente y desarrollar un papel protagonista en lo que a movilidad sostenible se refiere.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar medidas de fomento de electrificación del transporte por carretera y del vehículo, que preceptivamente incluirán:

1. Impulsar, en colaboración con las comunidades autónomas y las entidades locales, la renovación del parque móvil de todas las administraciones públicas, incluidos los de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, con el objetivo de que en un periodo de cinco años todos los vehículos funcionen con energía eléctrica.

2. Incorporar la posibilidad de que los municipios puedan realizar bonificaciones de hasta el 100 % en el impuesto de vehículos de tracción mecánica para los vehículos eléctricos.

3. En colaboración con las entidades locales, promover el establecimiento de un porcentaje mínimo del 15 % de plazas de aparcamiento públicos o de rotación dotadas con infraestructura de recarga normal. Esta cifra debería alcanzarse antes del 1 de enero de 2019. De manera complementaria, se propone la no necesidad de disponer de acometidas independientes cuando la potencia a utilizar para la recarga de vehículos eléctricos sea inferior al 25 % de la potencia ya contratada, lo que supondrá un ahorro económico para el titular de la infraestructura.

4. En colaboración con las entidades locales, promover el establecimiento de un porcentaje mínimo del 5 % de plazas de estacionamientos municipales de carácter público y en la vía pública dotados con recarga eléctrica normal para los municipios de más de 20 000 habitantes. Estas plazas deberían tener una reserva preferente entre las 20.00 y las 07.00 horas, con el fin de trasladar los consumos a los horarios de menor demanda y así facilitar la gestión del sistema eléctrico. Esta medida debería estar implementada el 1 de enero de 2018."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la fijación de un posicionamiento contrario al proyecto MIDCAT-STEP por parte del Gobierno de España, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.


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Exposición de motivos

La Comisión Reguladora de la Energía francesa y la CNMC española rechazaron el pasado 22 de mayo de 2018 dar continuidad a los permisos y financiación del proyecto de gasoducto MidCat-STEP entre Francia y Cataluña. El proyecto, según estas autoridades, es caro, innecesario y no ofrecía garantías de recuperar la inversión ni de proveer una interconexión firme. Ambas instituciones se plantean, según su comunicado, el futuro del gas como fuente de energía en esta zona de Europa a la luz del Paquete de Energía Limpia de la UE.

Además de no ofrecer garantías de viabilidad económica, la construcción de STEP I comportaría un gran impacto en el territorio, ya sea a nivel ambiental por el uso de maquinaria pesada como también económico, con efectos sobre los sectores productivos. Además de todo ello, la financiación de un proyecto de gas de esta envergadura va directamente en contra del modelo de diversificación energética que ha trazado la propia Comisión Europea. La absurda posibilidad de que la segunda fase del proyecto se desarrollara a pesar de que los propios reguladores se opongan, dejaría un agujero económico, medioambiental, que volvería a ubicar a España en la vanguardia de Estados con infraestructuras en desuso, abandono[... ]que tendrían que costear las personas consumidoras.

El posicionamiento contrario de los reguladores francés y español da la razón a todas aquellas personas y asociaciones que han luchado contra una nueva e innecesaria obra faraónica que afectaría al territorio y al modelo productivo de Cataluña, dificultando enormemente la consecución de los objetivos contra el cambio climático en su territorio.

En este sentido, resultan alarmantes las declaraciones a las que hacen referencia medios como "El Periódico de la Energía", según las cuales la Comisión pretendería continuar apoyando nuevas interconexiones de gas, bajo el pretexto de una Unión de la Energía, según habría anunciado Anna-Kaisa ltkonen, portavoz de la UE de la Comisaría de Energía y Clima. Según las fuentes citadas, el proyecto STEP seguiría siendo de interés común y podría continuar contando con el apoyo de la UE y particularmente para análisis adicionales.

El empecinamiento del Comisario de Energía, Miguel Arias Cañete, que ya ha declarado en numerosas ocasiones que considera necesarias las interconexiones y que las valora como necesarias en la actual coyuntura española, no puede alentar un nuevo agujero económico y medioambiental para los intereses de los territorios afectados.

Por todo ello, urge un posicionamiento del Gobierno español, que explicite, como ha hecho el Gobierno Francés, que no está interesado en la construcción de un gaseoducto que no tiene justificación ni viabilidad técnica y ambiental. En definitiva que colabora a la paralización definitiva, abriendo paso a un paradigma que favorezca una transición energética sostenible y justa en el territorio catalán.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que explicite, en el seno de las instituciones de la Unión Europea, su oposición a la construcción de un gaseoducto como el Midcat-STEP, por no gozar de justificación ni de viabilidad técnica y ambiental."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de febrero de 2019.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/004333

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desistimiento del proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad en la localidad de Villar de Cañas, para su debate en la Comisión de Industria, Energía y Turismo.


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Exposición de motivos

Como es bien sabido, el cierre de las centrales nucleares no es el fin de la gestión de la energía nuclear en España, por lo que la sociedad tendrá que seguir afrontando durante décadas el desmantelamiento y durante cientos de años la gestión de los residuos radiactivos. En este escenario se deben contemplar todas las actividades que, tras la declaración de cese de explotación de la central y de la autorización de desmantelamiento, se llevan a cabo por parte de la Administración hasta la restauración del emplazamiento original de la planta, incluyendo el proceso físico de desmantelamiento de las instalaciones.

En relación a la gestión de los residuos radiactivos cabe tener en cuenta que la actividad de las centrales nucleares hasta el final de su vida útil y su desmantelamiento dará lugar a un importante volumen de residuos radiactivos de muy baja, baja, media y alta actividad, que deberán ser almacenados. Si se consideran 40 años la vida útil de las centrales, el volumen de residuos de alta actividad que habrá que almacenar de forma definitiva asciende según los cálculos del VI Plan General de Residuos Radiactivos a 11.966 metros cúbicos, de los cuales, la mayor parte (10.164 metros cúbicos), son elementos de combustible gastado.

En este contexto, en 2011 el entonces Gobierno del Partido Popular planteó la posibilidad de establecer un Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas (Cuenca). Este proyecto, plagado de dudas técnicas, se encuentra en este momento suspendido a la espera que el actual Gobierno confirme su abandono de forma oficial y definitiva.

El proyecto de ATC no cuenta ni con la pertinente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ni con el planeamiento urbanístico necesario en la localidad (POM). Para mayor abundamiento, numerosos informes geológicos señalan lo inadecuado de los terrenos seleccionados para la construcción de este proyecto, lo que se ha confirmado con varios movimientos sísmicos en los dos últimos años a distancia cercana del lugar elegido. Y se ha demostrado fehacientemente el rechazo social de la instalación de esta infraestructura que existe en la comarca.

Por último, señalar que la construcción de ATIs, ya en trámite en casi todas las centrales nucleares españolas, supone que invertir en el ATC sería duplicar la inversión en gestión de residuos nucleares de forma innecesaria, sobre todo cuando aún no contamos con un calendario de cierre que nos permita saber el volumen real de residuos radioactivos que tendremos que gestionar, para plantear las mejores soluciones a largo plazo y no de forma temporal.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que confirme de forma oficial un posicionamiento inequívoco favorable al abandono definitivo del proyecto para construir en la localidad de Villar de Cañas un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2019.-María Teresa Arévalo Caraballo, Diputada.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Política Territorial y Función Pública

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Estrategia Nacional sobre el Reto Demográfico, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.


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Exposición de motivos

España se enfrenta a un verdadero desafío demográfico. Son dos las vertientes de esta cuestión fundamental para la igualdad entre territorios y personas. Por una parte, existe un problema de crecimiento vegetativo y envejecimiento de la población. El último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestra que el año 2017 contó con menos natalidad y con un mayor crecimiento negativo desde 1941. Por otra parte, es evidente que los desequilibrios territoriales se acrecientan y la brecha (poblacional, económica, de garantía de derechos) entre las zonas urbanas y del litoral y el mundo rural interior es cada vez mayor. Un 90 % de la población española vive en el 30 % del territorio, mientras el otro 70 % del territorio solo está habitado por un 10 % de la población. Es evidente que hay una parte de nuestro país que ha estado históricamente olvidada en cuanto a infraestructuras, inversiones y servicios, donde la población se siente menospreciada y maltratada.

En España, al problema de los desequilibrios territoriales y la despoblación del mundo rural se le añade el problema de la natalidad. Según la encuesta sobre "Movimiento Natural de la Población" publicada por el INE, en 2017 se ha registrado una tasa de natalidad de 8,4 nacimientos por cada mil habitantes, la más reducida de toda la serie histórica que se inicia en 1976. Según este mismo estudio el número de hijos por mujer ha descendido a 1,31 y la edad media para tener el primer hijo ha ascendido a los 32,1, la más alta de toda la serie histórica.

Tal y como apuntan numerosos estudios, hay un denominador común en las dos vertientes de este problema: la situación de las mujeres. Son las mujeres quienes más están sufriendo los problemas en el mundo rural, como las altas tasas de paro, la carencia de inversiones o el abandono en materia de infraestructuras. Las mujeres tienen un papel fundamental en la "generación soporte", esa generación activa, en edad productiva y reproductiva que sostiene el mundo rural, pues sobre ellas recae el cuidado de las personas mayores, de la infancia, del entorno y de la dinamización social. Por otra parte, son las mujeres, también en las zonas urbanas, las más afectadas por la precariedad laboral, el encarecimiento de la vivienda, los recortes en servicios públicos, etc. Ambas situaciones tienen un efecto común: la dificultad para garantizar los derechos reproductivos y la libertad de elección del tipo de vida y familia. Esto último no afecta, evidentemente, solo a las mujeres, pero todos los datos apuntan a que les afecta especialmente. Estamos, en definitiva, ante otra muestra de la desigualdad existente entre hombres y mujeres.

La cuestión demográfica no es un reto solo en España, es una preocupación a nivel mundial. El reciente informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas pone de manifiesto las divergentes tendencias que se producen actualmente en el mundo: países y regiones con tasas altísimas de natalidad que se convierten en insostenibles, y países y regiones (entre ellos destaca España) con tasas de natalidad que prevén un decrecimiento de la población. Diferentes tendencias, pero todas ellas ligadas a problemas de sostenibilidad de los sistemas sociales, económicos y productivos, todas ellas vinculadas directamente al bienestar de la población, y en especial a las condiciones de vida de las mujeres. El informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas, que este año lleva por título El Poder de Decidir, es claro con respecto al diagnóstico y sobretodo con respecto a las recetas para afrontar este problema: poder de decidir y derechos para las mujeres.

La agenda que debe responder al reto demográfico en España, por tanto, discurre en paralelo a la agenda que debe responder a la demanda de mayor igualdad y más derechos para las mujeres. La respuesta a ambos desafíos solo puede pasar por las políticas feministas.

En enero de 2017 un acuerdo en la Conferencia de Presidentes dio paso a la constitución del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico, cuyo principal cometido es la publicación de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico. Esta Estrategia debía, según el Real Decreto 40/2017 que crea dicho Comisionado, "diseñar una respuesta conjunta y de futuro para paliar la problemática del progresivo envejecimiento poblacional, del despoblamiento territorial y de los efectos de la población flotante". Tras más de dos años, esta Estrategia sigue en estos momentos en la fase de elaboración.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Que la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico aborde la despoblación y la baja natalidad en España desde una perspectiva feminista, partiendo de que tanto la despoblación como la tasa de fecundidad están directamente relacionadas con la situación económica, social y laboral de las mujeres.


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2. Que las políticas familiares y las medidas de promoción de la natalidad propuestas en esta Estrategia, incluidos los tratamientos de fertilidad, tengan en cuenta la diversidad familiar de nuestro país (madres solas, colectivo LGTBI) y faciliten la conciliación siempre desde el punto de vista de la igualdad entre hombres y mujeres.

3. Que las políticas de fomento de la natalidad de la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico establezcan mecanismos y medidas para que las mujeres, especialmente las jóvenes que son las que más sufren la precariedad laboral, puedan elegir libremente su maternidad, asegurando que el hecho de ser madres no supone una discriminación laboral y garantizando servicios públicos (educación infantil de cero a tres años universal y gratuita, políticas de acceso a la vivienda, permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles, atención a la dependencia, atención sociosanitaria) que permitan la crianza y la conciliación. Estas políticas deben atender de forma específica a las madres solas, un colectivo que afronta más dificultades para afrontar la crianza y la conciliación y que sufre un riesgo mayor de pobreza. El objetivo de estas políticas es que las madres no tengan que serlo a costa de su profesión, su independencia económica, su salud mental ni sus derechos.

4. Que la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico defina y aplique, en las zonas con mayores problemas de despoblación, políticas para fomentar la repoblación diseñadas con perspectiva de género.

5. Que esta Estrategia desarrolle una propuesta para mejorar el bienestar y los cuidados en las zonas rurales que cubra la alarmante carencia de recursos y apoyos a la dependencia, como los servicios públicos educativos, residenciales y sociosanitarios, teniendo en cuenta que son las mujeres, mayoritariamente de entre 45 y 60 años, las responsables del sustento y cuidado de las personas mayores, la infancia, el entorno y la dinamización social y económica.

6. Que la Estrategia incluya el diseño de un plan de movilidad y comunicación con perspectiva de género para el mundo rural, que cubra la actual deficiencia en las redes de transporte, el aislamiento, la dispersión de los servicios públicos y las carencias en la comunicación digital, teniendo en cuenta su especial impacto en el bienestar de las mujeres.

7. Que la Estrategia incluya una memoria económica y que esta detalle qué recursos e inversiones se destinan a mejorar los derechos y la situación de las mujeres, tanto en el medio rural como el urbano.

8. Que la elaboración de la Estrategia cuente con la participación de las organizaciones feministas y de defensa de la igualdad y los derechos de las mujeres, incluidas las organizaciones que agrupan y defienden los intereses de la mujer rural."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de febrero de 2019.- Àngela Ballester Muñoz, María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño, Nayua Miriam Alba Goveli, Rosa Ana Alonso Clusa, Ángela Rodríguez Martínez y Sara Carreño Valero, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Transición Ecológica

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la auditoría de la compañía ENDESA en sus segmentos de negocio retribuidos como actividad regulada, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

Desde marzo de 2017 se suceden las noticias de prensa relativas a la posible venta de ENDESA, que es una parte de ENEL, empresa que en la actualidad, se encuentra en manos del Estado Italiano, y titular del 70 % de las acciones, a otra empresa española perteneciente al oligopolio del sector eléctrico español y recientemente a uno o varios fondos de inversión. Estos fondos de capital riesgo habrían tratado de hacerse con el control de la compañía energética, a través de negociaciones entre sus asesores y el


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actual presidente de Endesa. En estas noticias, los nombres que han salido a relucir son los correspondientes a CVC, Blackstone, Goldman Sachs, JP Morgan, además de contar con líneas de crédito preconcedidas por parte de varios bancos nacionales e internacionales. Dado lo cual, los fondos especulativos que han depredado gran parte de nuestro país, se ciernen sobre el sector eléctrico español.

En principio una operación comercial como otra cualquiera. Pero ENDESA no es una empresa cualquiera. La fundación de Endesa se retrotrae al año 1944, bajo el régimen franquista. Denominada Empresa Nacional de Electricidad (a partir de la década de los setenta utilizará el acrónimo) e impulsada por la entidad pública empresarial encargada de promover el desarrollo de la industria en España.

Paradójicamente la demanda de carbón nacional y en concreto la central térmica de Compostilla fue la primera central térmica en construirse abastecer la demanda energética emergente. Las décadas de los 70 y 80 suponen la transformación de Endesa en la empresa que aún hoy conocemos, a través de absorción de activos, construcción de centrales térmicas, explotaciones mineras, gestión de centrales nucleares. El año 1983 constituye un momento clave, la absorción de pequeñas distribuidoras eléctricas (Enher, Gesa, Unelco...). configuran la mayor distribuidora eléctrica del país, condición que aún ostenta y que le dota de una posición de dominio que se extiende y consolida en otros segmentos del sector energético. Nace aquí, el grupo Endesa. Los años 90 continuarán suponiendo un torrente de adquisiciones de compañías públicas (Fecsa, Electra de Viesgo...).

Entre 1987 y 1989 se produce bajo el Gobierno liderado por Felipe González una privatización parcial del grupo ENDESA. A través de una oferta pública de venta de acciones que dio el pistoletazo de salida a bolsa, ya la pérdida de la principal eléctrica del país (perteneciente aún al INI). En todo caso, en dicho momento no se había perdido el control del monopolio eléctrico, ya que la privatización era parcial.

La causa alegada por el Gobierno en los años 80 pivotó sobre necesidades de orden estratégico, en ningún caso financieras. En este sentido llama la atención que las privatizaciones por ejemplo, en el Reino Unido y en la misma época, no permitieran la venta a empresas extranjeras si las operaciones correspondieran a sectores estratégicos.

La reducción del sector público español a la luz de la secuencia que va desde los años 80 hasta la fecha, no cumplió con los objetivos neoliberales que preconfiguran las privatizaciones. Ni se obtuvo una mayor eficiencia, ni se obtuvo un mejor servicio y precio en términos comparados. El sometimiento de Endesa a los dictados del mercado ha constituido de facto una condición de pérdida de soberanía energética en España no parangonable al de los principales países de la Unión Europea. A finales de los 90 el Gobierno liderado por José María Aznar utiliza una nueva oferta pública de venta de acciones, para desprenderse de un 35 % (en un principio planteada sobre el 25 %) del accionariado del grupo ENDESA, perdiéndose la mayoría del control público: La SEPI recientemente creada se desprende del 33 % del accionariado en 1998, tras otra operación similar en el año 1997. En la operación de 1997, el importe global equivalente de 4.200 millones de euros. En esta operación según los datos de la propia SEPI se perdió la mayoría del capital de Endesa, reduciéndose su participación al 41 por ciento, El precio final de las acciones para el tramo minorista fue de 15,52 euros, mientras que el importe de la acción para el tramo institucional fue de 16,14 euros. Mientras en la operación de 1998 la SEPI puso en venta la mayor OPV realizada hasta la fecha, equivalente al 29,5 por ciento del capital. Al mismo tiempo, Entiesa llevó a cabo una reducción de capital del 8,1935 por ciento, propiedad de SEPI. El precio definitivo de las acciones para el tramo minorista fue de 20,27 euros, mientras que para los inversores institucionales quedó fijado en 20,43 euros por acción. En la OPV del año 1998 la entidad que realizó la valoración se encargó de ser la asesora en la operación, en un posible caso de conflicto de intereses. Todo ello, a pesar del tamaño de la operación en curso y contraviniendo las recomendaciones del Consejo Consultivo de Privatizaciones, no existirá un Asesor Financiero Independiente. Miembros que participaron como Coordinadores Globales de la OPV disponían ya de participaciones societarias importantes. A pesar de todo, y del carácter público, se desestima.

La internacionalización del negocio y la toma de posiciones en Portugal y América Latina constituyen otro hito relevante, a través de inversiones en Electricidad de Argentina, Compañía Peruana de Electricidad, Edenor Argentina[...]. Todo ello, siendo una empresa bajo control público, inversiones que posteriormente observaremos se acaba constituyendo en la joya más preciada para el futuro (y actual) propietario. En este contexto el Grupo-Endesa diversifica su modelo de negocio, incorporando inversiones en telecomunicaciones, gas y agua.

La última participación de la SEPI se diluyó al acudir a la OPA presentada por Acciona y Enel sobre Endesa en 2007 que veremos a continuación. La participación de SEPI en Endesa entonces era de 31,2


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millones de acciones, que representaban un porcentaje del 2,95 %, procedente del Green-Shoe de la OPV de junio de 1998 no ejercitado por las entidades Coordinadoras Globales. La operación reporta a SEPI unos ingresos de 1.253 millones de euros con una plusvalía de 1.161 millones de euros.

La liberalización del mercado eléctrico español 1997, ha conducido a que el precio de la electricidad haya experimentado cambios sustanciales en las últimas dos décadas. Normas relevantes fueron el Real Decreto 437/1998, de 20 de marzo, por el que se aprobaban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas del sector eléctrico. La Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo, por la que se aprobó el procedimiento de medida y control de la continuidad del suministro eléctrico.

En ese contexto, Endesa pasó de constituir la eléctrica hegemónica en generación y distribución, a irrumpir como líder en la comercialización de energía eléctrica y en la gestión de la medida. La evolución de los precios en el país, ha ido indefectiblemente ligada al sistema de retribución a las empresas eléctricas para sus actividades de generación y comercio, y por ende a las modificaciones que a través de la normativa se han ido sucediendo. El punto de partida de esta deriva se produjo en el año 1997, año hasta el que el mercado eléctrico y la fijación de precios disponían de una clara influencia gubernamental como servicio público.

La liberalización ha permitido que se haya garantizado el equilibrio financiero de las empresas eléctricas. En los últimos cinco años, las ganancias han superado los 29 000 millones de euros por parte de las tres grandes compañías del sector (lberdrola, Naturgy y Endesa). Con un beneficio, solo en el año 2017 de alrededor de 5.627 millones de euros. También ha permitido la actual concentración de mercado, ya que las cinco principales empresas de distribución de energía eléctrica, tienen reconocida una retribución superior al 90 % de la retribución regulada de la actividad en España. Retribución que supone el 30 % de los costes regulados del sistema eléctrico. Esas cinco empresas disponen del 88,5 % de los suministros comercializados en mercado libre.

Por tanto, y aún hoy, la regulación ha permitido que actividades de ENDESA en el mercado sean reguladas, como las de distribución y transporte. Por ello, se priorizó a través del Real Decreto 437/1998, de 20 de marzo, que en la fijación de precios se exigiera el cumplimiento de garantizar la posibilidad de obtener ingresos futuros en una cantidad al menos igual a, los gastos activados a través de la inclusión de estos gastos como costes permitidos a efectos de la determinación de la tarifa, y por último que esos ingresos futuros permitirían la recuperación de los costes en que se ha incurrido previamente.

Es decir, ENDESA se ha nutrido desde sus orígenes de fondos públicos y de una regulación ampliamente beneficiosa para sus intereses. Mientras en los últimos veinte años, los precios finales de la electricidad en España han tenido una evolución alcista, con independencia del contexto económico mundial, nacional, de la demanda de consumo interna, o la situación de los mercados energéticos nacionales... No ha sido así en otros países de la Unión Europea, que en 2009 y los años posteriores tuvieron una reducción de costes de la energía sobre el valor añadido. Así el coste energético para la industria española ha tenido el mayor crecimiento acumulado en la última década respecto a Alemania, Francia, Reino Unido e Italia. Del mismo modo, la evolución de las tarifas eléctricas para una persona consumidora de electricidad con un perfil medio de 366 kWh mensuales de consumo pasaron desde los 48,59 ?/mes del año 2007 a los 75,52 ?/mes del año 2017, una subida de más de un 50 % con respecto a las tarifa de hace diez años.

En resumen ENDESA es el resultado de la acumulación de ingentes ayudas públicas; primero como apoyo a la producción térmica con carbón nacional y después, en el proceso de liberalización del sector eléctrico, por la absorción de empresas quebradas como FECSA, Sevillana de Electricidad, GESA, etc. Así como los "windfall profits", beneficios de sus centrales nucleares e hidroeléctricas.

En 2009 ENEL compra todas la participación de ACCIONA en ENDESA, pasando a tener más del 90 % del accionariado. En este momento la empresa pasa a estar controlada por la empresa pública italiana ENEL S.P.A, si bien la participación de ACCIONA era de un 25 % por alrededor de 11 000 millones de euros, conviene recordar que la presidencia la ostentaba ACCIONA con voto de calidad, garantizando el control de decisiones estratégicas.

ENEL S.p.a sometida al proceso de liberalización del mercado de la energía eléctrica en Italia, a diferencia del caso ENDESA, todavía hoy sigue teniendo como principal accionista al Estado Italiano, a través del Ministerio de Economía y Finanzas.

En julio de 2014 el Consejo de Administración de ENEL S.p.a acuerda lo que denominarán proyecto de reajuste de la actividad del grupo en la península ibérica y en América latina. Entre los principales objetivos estaban, optimizar el flujo financiero del grupo, elaborar un nuevo plan industrial desarrollando


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las plataformas de negocio existentes. El proyecto se fundamentará según lo acordado en el Consejo, en que a través de Enel Energy Europe, S.L se haga una oferta a Endosa para controlar el capital de la chilena Enersis S.A., que funciona a su vez como matriz del negocio latinoamericano. Con el mandato expreso de que el proyecto concluya durante el último trimestre de 2014.

La división latinoamericana pasa por tanto a la matriz de ENEL S.p.a por un valor cercano a los 8.000 millones de euros. Ese 2014 concluirá con el dividendo más rentable a los accionistas realizado hasta la fecha en España, del que la mayor perceptora fue la propia ENEL que continuaba manteniendo más de la mitad del accionariado de la ENDESA resultante. En ese momento la capitalización de ENDESA pasó a ser alrededor de la mitad de la que era en 2007.

De los planes de desarrollo industrial y apuesta por el mercado ibérico acordados en el famoso Consejo de Administración nunca se supo. Desde ese entonces y año tras año la prioridad ha sido la retribución desmedida a repartir y el escaso crecimiento. Tanto es así que inclusive el próximo año, ENDESA ha comprometido la entrega de la totalidad de sus beneficios en forma de dividendos.

Es importante recordar que en 2009, año de compra por parte de ENEL, fue nombrado presidente de Endesa, Borja Prado, hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, administrador privado del Rey Juan Carlos I durante décadas. Borja Prado con responsabilidades en Mediaset y Mediobanca, se convierte es un representante los intereses públicos y privados italianos en España. Previamente destacó su paso por banca de inversión como Rothschild, UBS o Lazard. Hace algunas semanas ha sido noticiado que dejará la Presidencia de la compañía con un finiquito de 13 millones de euros, mientras la empresa cuestiona los beneficios sociales de los trabajadores de la misma.

La publicación de los resultados hechos públicos por ENDESA, arrojan que más del 50 % de su beneficio obedece al negocio de la distribución. De los beneficios obtenido por generación, más del 70 % de la capacidad instalada se corresponde a térmicas, nucleares y ciclo combinado. En un momento de expansión de sus competidoras en la generación renovable, ENDESA no parece estar interesada en crecer en España de forma clara.

Ante la posibilidad de repliegue y venta del negocio ibérico de ENEL representado por ENDESA, bien de forma conjunta, o bien mediante el despiece de sus segmentos de negocio. Acompañada a su vez de una estrategia de descapitalización de ENEL con ENDESA ha sido en los últimos años, que ha sido puesta de relieve por numerosos medios, inclusive por el anterior Ministro, Álvaro Nadal con competencias en el ramo energético que acusó expresamente a la italiana de favorecer los intereses del Estado italiano sobre los hombros de las personas trabajadoras en España y sus consumidores.

El estado de las inversiones en la red de distribución podría acabar suponiendo problemas en la seguridad y el abastecimiento energético, y la descapitalización de la empresa implica un problema añadido en la planificación energética, el cambio de modelo y la transición justa en nuestro país.

La próxima junta general de accionistas se prevé que confirme que la inversión para adquirir la mayoría del capital ha sido recuperada ya vía dividendos, en diez años un pingue beneficio de 30 000 millones de euros por esta fórmula. Mientras el legado reflejan una empresa reducida a la mitad de su actividad en tan solo diez años, con unos beneficios de 1.463 millones de euros, un 50 % por debajo de los registrados en 2006. La pérdida de empleos desde la compra de ENEL ha sido una constante y en términos comparados netamente superior al de su matriz italiana.

Todo estos opulentos beneficios a costa del contribuyente español, no han supuestos una mejora del Convenio Marco, ya que la avidez de la compañía también ha incorporado negativas a la negociación que han sido acompañadas de protestas y manifestaciones por parte de los trabajadores bajo un apagón informativo. Propuestas de la empresa tendentes a la reducción de salarios y derechos de las trabajadoras. Tras más de año y medio de negociación decaerá el convenio finalizando la prórroga del mismo. La empresa indica que el principal motivo de conflicto es la denominada tarifa del empleado que supondría más de 40 millones de euros en facturas de electricidad, y las centrales sindicales oponen que la empresa pretende destinar la provisión de la tarifa (+760 millones) al beneficio de los accionistas.

No es posible diseñar ni ejecutar, ningún proceso de Transición Energética en España al margen de las decisiones estratégicas que pueda adoptar ENEL en relación con ENDESA. La red de distribución eléctrica constituye un elemento fundamental para la seguridad de suministro, mediante el adecuado mantenimiento y desarrollo de red, y la Transición Energética. Ya que del desarrollo de la red de Distribución dependen la viabilidad de la generación distribuida, el autoconsumo, la gestión de la demanda y el desarrollo de las redes inteligentes por citar solo algunos de los componentes de las redes eléctricas


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del futuro. El acceso a millones de hogares y empresas y a la información detallada e instantánea de su consumo le otorga una posición de privilegio, en régimen de monopolio, en el sistema eléctrico.

Por ello, comenzando por el negocio de distribución, ante la posibilidad de que forme parte del paquete de venta, y por las razones antes señaladas, el Gobierno debería de tomar ya iniciativas para que se audite la actividad de esta actividad regulada y oligopólica. Del mismo modo, al amparo de la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo en su sentencia de 22 de octubre de 2013, en los casos C/105/12 a C/107/12 en relación con la Ley de 23 de noviembre de 2006 de los Países Bajos, se deberán realizar las modificaciones necesarias para que futuras ventas de la actividad de Distribución se apliquen las mismas restricciones legales y de propiedad que en la actualidad tiene el Gestor de la Red de Transporte: Red Eléctrica de España.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a explorar los cauces necesarios para que se realice una auditoría de la actividad de la compañía ENDESA en sus segmentos de actividad retribuida como actividad regulada por parte del Estado, que en todo caso incorporen al menos el grado de ejecución de los compromisos en seguridad de redes y la cifra total de pagos de carácter público desde que su matriz, ENEL, adquiriera más del 90 % de las acciones en el año 2009."

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-Ana Marcello Santos, Yolanda Díaz Pérez y Alberto Rodríguez Rodríguez, Diputados.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/004334

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, José David Carracedo Verde, Diputado de En Comú Podem, integrado en el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el fomento de la movilidad en bicicleta a través de medidas estructurales de apoyo económico, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

Incorporar los principios de sostenibilidad a la planificación de la movilidad, da lugar a un modelo que no solo es más inclusivo, sino que genera menos emisiones y es más resiliente ante eventos climáticos extremos. La reducción de distancia entre los espacios de tránsito cotidiano facilita el uso de los modos de transporte sostenibles como la bicicleta, frente a la opción del vehículo privado.

Se hace necesario avanzar en una mayor racionalidad, eficiencia y sostenibilidad en el transporte mitigando el uso del coche mediante la incentivación del uso de medios de transporte con cero emisiones, como la bicicleta. Siendo que la bicicleta contribuye a mejorar el ahorro y diversifica las fuentes energéticas en el transporte, con el consiguiente aumento de la soberanía energética para nuestro país y el desarrollo del futuro de la movilidad. España debe tener como objetivo llegar a las cotas existentes en otros países europeos en los que el uso de la misma en el transporte es un eje de la movilidad.

Es necesario por tanto, incorporar medidas que impulsen la movilidad eléctrica, estableciendo objetivos mínimos de ratios mínimos de vehículos eléctricos, entre los que se incorpore la bicicleta. Como ha recalcado la Red de Ciudades por la Bicicleta, ir en bicicleta al trabajo es rentable tanto económicamente como ecológicamente hablando.

Ayuda a resolver problemas como la congestión del tráfico, la contaminación y el sedentarismo. Del mismo modo, se genera más espacio público para todos, menor riesgo de accidentabilidad y menos gasto público para reparación de infraestructuras.

No en vano, según los datos del Barómetro de la Bicicleta más de dieciocho millones de personas, utilizan en España la bicicleta con alguna frecuencia y casi una cuarta parte la utiliza semanalmente.


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Informe que explícita que uno de los motivos para no usar la bicicleta está asociada a problemas de salud, pereza, falta de forma física, orografía o cansancio, unas limitaciones que podrían ser superadas en muchos casos gracias a la bicicleta eléctrica, ampliando así potencialmente el número de usuarios.

La realidad europea coloca ocho países en la lista mundial de las naciones en que mayor ratio de bicicleta per cápita, entre los cuáles no se encuentra España a pesar de que existe un apoyo popular al impulso de políticas públicas de fomento de la bicicleta. Los datos más recientes indican que España está lejos del uso medio de la bici que hacen los europeos. Así, mientras en Europa más del 30 % de las personas utilizan la bicicleta a diario o varias veces a la semana, en España esa cifra no superaría el 15 %. Lejos quedan las cifras de Dinamarca que cuadruplica la española o de Holanda que la quintuplica.

En cuanto al medio de transporte diario utilizado con más frecuencia en 2014, el 8 % de los ciudadanos europeos afirmaba que era la bicicleta. En España esa cifra se reducía al 3 %. Holanda (36 %), Dinamarca (23 %) y Hungría (22 %) encabezaban el uso de la bici como principal medio de transporte. Tanto es así, que la mitad de los españoles según el informe publicado por la DGT consideran que su municipio no es amable / seguro para la bicicleta, sobre todo a causa de la falta de carriles bici y el exceso de tráfico motorizado, y más del 85 % se muestra de acuerdo en que la reducción de la contaminación ambiental debe pasar por el aumento del uso de la bicicleta.

En este sentido, la exclusión de la bicicleta eléctrica en el Plan de Apoyo a la Movilidad Alternativa 2018 del antiguo Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, supuso una gran decepción para las entidades de la bicicleta y el movimiento ecologista, que han mostrado profusamente su honda preocupación a la vista del nivel de polución en las ciudades.

Ante futuros desarrollos reglamentarios de los Planes de Movilidad existentes o aquellos que se pudieran recoger en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 en caso de aprobarse los mismos, es necesario disponer de un decreto que incentive la compra de vehículos de energías alternativas y la instalación de puntos de recarga eléctrica que incorpore a las bicicletas eléctricas asistida mediante una batería. Ya que se trata de un medio de transporte competitivo que puede coadyuvar a las políticas de promoción de la bicicleta eléctrica de manera local, fomentando de este modo un transporte más sostenible.

Además de la incorporación a las ayudas mencionadas, existe un marco normativo europeo proclive a establecer reducción del IVA relativas a la mejora de la movilidad si ésta cumpliese un objetivo medioambiental. Por ello, es necesario plantear la reducción del IVA existente en el precio final de las bicicletas.

Las estrategias para frenar el cambio climático han venido configurando el marco de actuación de las Administraciones Públicas en España para el cumplimiento por nuestro país de los compromisos adquiridos internacionalmente respecto a la reducción de emisiones. El transporte se configura como una de las principales fuentes de emisión por lo que se han tomado ya determinadas medidas fiscales o se contemplan otras.

Las Administraciones Públicas, en tanto que consumidoras de bienes y servicios, deben liderar el cambio de modelo energético y adoptar medidas que permitan fomentar el consumo de bienes y productos con un menor impacto ambiental. Medidas como el fomento del transporte en bicicleta en los centros de trabajo estatales, incluyendo la construcción de aparcamientos de bicicletas protegidos.

En ese liderazgo de la Administración Pública, las ciudades deben jugar un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático, lo que también conllevará una mejora de la calidad de aire y una reducción de las enfermedades cardiorrespiratorias de sus ciudadanos.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover antes de la finalización del año 2019 la adopción de las siguientes medidas en apoyo a la bicicleta eléctrica como alternativa de transporte para promover una movilidad sostenible:

1. Fomentar el desarrollo de la bicicleta eléctrica como medio de transporte urbano, desde una pluralidad de acciones que implique en todo caso la incorporación al desarrollo reglamentario de los planes de movilidad eléctrica recogidos en los Presupuestos Generales del Estado, de la bicicleta eléctrica asistida mediante una batería, como potencial beneficiaria de subvenciones directas destinadas a su adquisición con un importe total mínimo de 67 millones de euros y quedando limitada la condición de


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persona beneficiaria a una ayuda para personas físicas mayores de dieciséis años y residentes en España.

2. Las ayudas recogidas en los Presupuestos Generales del Estado incorporarán criterios de progresividad para establecer la concesión y cuantía de las mismas en función de la capacidad económica de los potenciales beneficiarios.

3. Crear Planes de Movilidad Urbanos Armonizados bajo su ámbito de competencia que incorporen el fomento de desplazamientos en bicicleta, la instalación o ampliación de un sistema de bicicletas públicas y los servicios de movilidad electrificados que incorporen la bicicleta.

4. Se establezca una exención de la contribución a la seguridad social y del IRPF para los trabajadores por kilómetro recorrido en bicicleta usados en el itinerario al centro de trabajo como gastos deducibles por el trabajador.

5. Modificar el IVA que se aplica en el precio de venta de bicicletas eléctricas de pedaleo asistido al 10 %.

6. Promover la instalación de aparcamiento de bicicletas en el interior de las estaciones ferroviarias, así como un horario ilimitado para llevar bicicletas y habilitación de espacios para estas con plataformas a nivel del andén en todos los trenes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de marzo de 2019.-José David Carracedo Verde, Diputado.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Asuntos Exteriores

181/001689

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores

Diputada doña Pilar Rojo Noguera

Texto:

¿Qué medidas ha tomado o pretende tomar el Gobierno para evitar ataques como los perpetrados en Estados Unidos a estatuas de Colón, y defender la dignidad y la cultura de nuestro país de la manipulación de la historia o la mentira?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-Pilar Rojo Noguera, Diputada.


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181/001690

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores

Diputada doña Pilar Rojo Noguera

Texto:

¿Qué medidas ha llevado a cabo el Gobierno de España para dar cumplimiento a la Proposición no de Ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso 161/002998, por la que se insta a elaborar el plan de fortalecimiento de la educación sobre la historia común de España y los Estados Unidos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-Pilar Rojo Noguera, Diputada.

181/001691

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Asuntos Exteriores

Diputada doña Pilar Rojo Noguera

Texto:

¿Considera el Gobierno suficientes las actuaciones que ha previsto, ante las actuaciones pretendidas por el Gobierno de Gibraltar relativas a la construcción de al menos seis torres con 665 pisos de VPO sobre terrenos ganados al mar, frente a las costas españolas?

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-Pilar Rojo Noguera, Diputada.

COMPETENCIAS EN RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS E INSTITUCIONES

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

233/000058

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(233) Cuestión de inconstitucionalidad.

Autor: Tribunal Constitucional.

Sentencia dictada por el citado Tribunal en la cuestión de inconstitucionalidad número 3019/2018, planteada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en relación con el artículo 86.3, párrafos segundo y tercero, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en la redacción dada por el Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por posible vulneración de los artículos 122.1, 9.3, 14 y 24 de la Constitución española.


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Acuerdo:

Tomar conocimiento y trasladar a la Dirección de Estudios, Análisis y Publicaciones y a la Asesoría Jurídica de la Secretaría General, así como publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el encabezamiento y el fallo de la sentencia.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de marzo de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por el magistrado don Juan José González Rivas, Presidente, los magistrados don Andrés Ollero Tassara, don Santiago Martínez-Vares García, don Alfredo Montoya Melgar, don Cándido Conde-Pumpido Tourón y la magistrada doña María Luisa Balaguer Callejón, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad núm. 3019-2018, promovida por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha respecto del artículo 86.3, párrafos segundo y tercero, de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Ha comparecido y formulado alegaciones el abogado del Estado. Ha intervenido el fiscal general del Estado. Ha sido Ponente el magistrado don Alfredo Montoya Melgar.

[...]

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación Española ha decidido desestimar la presente cuestión de inconstitucionalidad.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del Estado".

Dado en Madrid, a 25 de febrero de 2019.

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