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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 509, de 05/03/2019
cve: BOCG-12-D-509
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
5 de marzo de 2019

Núm. 509


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión Constitucional

161/004320 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al reconocimiento del Pueblo Leonés como entidad colectiva individualizada en la Constitución española ... (Página6)

Comisión de Asuntos Exteriores

161/004321 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de una Casa de la Lusofonía con sede en Galicia ... (Página7)

Comisión de Justicia

161/004305 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la adopción de medidas de modificación del Código Penal en el caso de asaltos reiterados a viviendas o con violencia ... (Página11)

161/004316 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el derecho de retracto de las personas consumidoras en los créditos litigiosos ... (Página12)

Comisión de Defensa

161/004301 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la rendición de cuentas y la transparencia de los Programas Especiales de Armamento ... (Página15)

161/004302 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a dar los pasos necesarios para la instalación en la provincia de Guadalajara de un Batallón de la Unidad Militar de Emergencias ... (Página16)

Comisión de Hacienda

161/004313 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas tributarias para paliar los daños en los municipios de la Ribera Baixa de la Comunitat Valenciana afectados por granizadas e inundaciones en el año 2018 ... (Página17)


Página 2




Comisión de Interior

161/004303 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar un convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para crear un Centro de Coordinación de Emergencias en la provincia de Guadalajara ... (Página18)

Comisión de Fomento

161/004299 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la construcción de un dique seco cubierto en la factoría de Ferrol de la empresa pública Navantia SAU (Grupo SEPI) ... (Página19)

161/004304 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la conexión y acceso a la autovía A-7 a su paso por el municipio de Vícar en Almería ... (Página20)

161/004306 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre medidas para conseguir un tren de calidad en la zona oeste de Castilla-La Mancha y Extremadura ... (Página21)

161/004312 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la reactivación e impulso definitivo del convenio ferroviario con las Illes Balears para el periodo 2019-2023 ... (Página22)

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/004307 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la transparencia en el etiquetado de productos cárnicos procedentes de animales sacrificados sin aturdimiento previo ... (Página23)

161/004310 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar el reclutamiento de tripulantes y afrontar el relevo generacional en el sector pesquero ... (Página24)

Comisión de Transición Ecológica

161/004314 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Mixto, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de Esquerra Republicana, relativa a acelerar la estabilización de las playas del Maresme, Baix Penedès, Garraf y Tarragona ... (Página25)

161/004315 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el desmantelamiento definitivo del almacén subterráneo de gas natural "Castor" ... (Página27)

161/004317 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la viabilidad del proyecto "Planta de Cubillos" de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) ... (Página29)

161/004318 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el proyecto "La Fábrica de Luz-Museo" de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) ... (Página30)

161/004319 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el proyecto "Centro de formación Ciuden Vivero" de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN) ... (Página31)

161/004323 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, por la que se insta al Gobierno a firmar y hacer efectivos los convenios pendientes del Plan Miner con la comarca del Berguedà ... (Página32)


Página 3




Comisión de Cultura y Deporte

161/004309 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la candidatura de "La Mañana de Salzillo" de la Semana Santa de Murcia, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO ... (Página33)

161/004322 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al reconocimiento, el estudio, formación, divulgación, conservación y puesta en valor de la arquitectura popular en "piedra seca" ... (Página34)

Comisión de Economía y Empresa

161/004300 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la protección del Estado respecto a las actividades de los "fondos buitre" ... (Página36)

Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

161/004308 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la oferta de las prácticas académicas no remuneradas de los alumnos ... (Página39)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/004298 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre modificación del actual sistema de arreglo de controversias entre inversionistas y Estados ... (Página40)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Transición Ecológica

181/001687 Pregunta formulada por el Diputado don José Ramón García Cañal (GP), sobre transferencias internas realizadas desde la Sección 20 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 correspondientes a los programas presupuestos 423M, 423N y 457M, al Instituto para la Reestructuración y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras a 31/12/2018, así como razones que han impedido realizar la convocatoria en 2018 de proyectos de promoción empresarial en las comarcas mineras ... (Página43)

181/001688 Pregunta formulada por el Diputado don José Ramón García Cañal (GP), sobre transferencias internas realizadas desde la Sección 20 de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 correspondientes a los programas presupuestarios 423M, 423N y 457M, al Instituto para la Reestructuración y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras a 31/12/2018, así como convenios específicos firmados con el Principado de Asturias para la ejecución de proyectos de inversión de infraestructuras en los municipios mineros del mismo ... (Página43)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/033055 Autor: Lamuà Estañol, Marc

Justificación por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de la decisión tomada por el Secretario General de Pesca de permitir la extracción de coral rojo en el tramo costero que va desde Arenys de Mar a Begur. Retirada ... (Página44)


Página 4




184/033056 Autor: Lamuà Estañol, Marc

Consciencia que tiene el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente acerca de que la decisión del Secretario General de Pesca de otorgar licencias para la extracción de coral rojo en el tramo entre Arenys de Mar y Begur entra en conflicto con las decisiones tomadas para las aguas interiores por la Generalitat de Cataluña y contraviene el criterio de los expertos y el informe del CSIC sobre la degradación de las colonias de coral rojo en dicha zona. Retirada ... (Página44)

184/033057 Autor: Lamuà Estañol, Marc

Previsiones del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente acerca de revocar su decisión de levantar la veda sobre el coral rojo en aguas exteriores que entra en contradicción con la coordinación de vedas entre aguas interiores y exteriores. Retirada ... (Página45)

184/044844 Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio

Díaz Pérez, Yolanda

Titularidad de la Casa Cornide de A Coruña ... (Página45)

184/044845 Autor: Chaib Akhdim, Mohammed

Cruz Rodríguez, Manuel

Guinart Moreno, Lídia

Perea i Conillas, María Mercè

Zaragoza Alonso, José

Lamuà Estañol, Marc

Ruiz i Carbonell, Joan

Número de acuerdos e hitos relevantes que se han cerrado como consecuencia de encuentros bilaterales entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña desde el 04/11/2016 al mes de junio del año 2018. Retirada ... (Página46)

184/044846 Autor: Chaib Akhdim, Mohammed

Cruz Rodríguez, Manuel

Guinart Moreno, Lídia

Perea i Conillas, María Mercè

Zaragoza Alonso, José

Lamuà Estañol, Marc

Ruiz i Carbonell, Joan

Número de reuniones de Conferencias Sectoriales celebradas desde el 04/11/2016 al mes de junio del año 2018 en las que ha participado el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, así como número de reuniones a las que no ha asistido. Retirada ... (Página47)

184/044847 Autor: Chaib Akhdim, Mohammed

Cruz Rodríguez, Manuel

Guinart Moreno, Lídia

Perea i Conillas, María Mercè

Zaragoza Alonso, José

Lamuà Estañol, Marc

Ruiz i Carbonell, Joan

Número de reuniones estatutariamente previstas que se han producido entre miembros del Gobierno de España y miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña desde el 04/11/2016 al mes de junio del año 2018. Retirada ... (Página47)


Página 5




184/044848 Autor: Chaib Akhdim, Mohammed

Cruz Rodríguez, Manuel

Guinart Moreno, Lídia

Perea i Conillas, María Mercè

Zaragoza Alonso, José

Lamuà Estañol, Marc

Ruiz i Carbonell, Joan

Número de reuniones que se han producido entre ministros del Gobierno de España y consejeros u otros cargos superiores del Gobierno de la Generalitat de Cataluña desde el 04/11/2016 al mes de junio del año 2018. Retirada ... (Página48)

184/044852 Autor: Guinart Moreno, Lídia

Número de reuniones de Comisiones Bilaterales que se han producido desde junio del año 2018, Comunidades Autónomas con las que han tenido lugar dichas Comisiones y motivo por el que no se han producido reuniones con otras Comunidades, así como reuniones de Comisiones Bilaterales de Cooperación que se produjeron y Comunidades Autónomas con las que han tenido lugar las mismas entre junio del año 2017 y mayo del año 2018. Retirada ... (Página48)

184/044853 Autor: Guinart Moreno, Lídia

Número de reuniones de Conferencias Sectoriales que se han producido desde el mes de junio del año 2017 hasta junio del año 2018 y Comunidades Autónomas que han acudido a cada una de las reuniones. Retirada ... (Página49)

184/044854 Autor: Guinart Moreno, Lídia

Número de Convenios y Acuerdos de Colaboración Estado-Comunidades Autónomas que se han producido desde junio del año 2017 a junio del año 2018, así como aportaciones financieras del Estado a dichos Convenios y Acuerdos de Colaboración. Retirada ... (Página49)

184/044855 Autor: Guinart Moreno, Lídia

Número de recursos de inconstitucionalidad que se han retirado desde junio del año 2017 a junio del año 2018. Retirada ... (Página49)

184/044856 Autor: Guinart Moreno, Lídia

Número de subvenciones que se han distribuido entre Comunidades Autónomas desde junio del año 2017 a junio del año 2018. Retirada ... (Página50)


Página 6




CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión Constitucional

161/004320

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento del Pueblo Leonés como entidad colectiva individualizada en la Constitución Española, para su debate y aprobación en la Comisión Constitucional.

Exposición de motivos

Dice la Constitución Española en el preámbulo que su objetivo es, entre otros: "Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones". Así como: "Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida".

El Pueblo Leonés tiene una larga historia que se remonta hasta la etapa altomedieval, cuando los avances de la expansión cristiana dan lugar al Reino de León. Durante más de mil años los emblemas que representan al reino y a la colectividad que lo sustentó están presentes en la Historia de España. Nadie puede afirmar que haya pueblos con más méritos que el leonés para su reconocimiento como entidad histórica con personalidad propia y diferenciada. Solo así se entiende su presencia entre los cuatro reinos fundacionales del Estado moderno en el Escudo de España. Así, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León dice en su título preliminar: "Castilla y León es una comunidad histórica y cultural que tiene su origen en los antiguos Reinos de León y de Castilla", y en su preámbulo: "La Comunidad Autónoma de Castilla y León surge de la moderna unión de los territorios históricos que componían y dieron nombre a las antiguas coronas de León y Castilla".

Sobre el respeto a esta personalidad histórica del Pueblo Leonés dice además la Constitución en su título preliminar: "Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

Por ello, es de justicia histórica que el Pueblo Leonés reciba, al igual que en el Escudo, un reconocimiento explícito en el texto constitucional, a fin de protegerlo de los ataques que recibe con frecuencia. Los y las ciudadanas leonesas tienen el derecho de participar como tales en la vida política, económica, cultural y social de España. El texto constitucional así lo refleja en espíritu y letra, por lo que este derecho debe ser garantizado de manera explícita y concreta con su inserción en el propio texto. Con ello se evita el menoscabo que viene sufriendo desde 1983, fecha en la que por razones de estrategia nacional se creó artificialmente la Comunidad de Castilla y León, quizás respondiendo más a la lógica de contrarrestar ciertos nacionalismos con la formación de una comunidad autónoma extensísima.


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La reivindicación de lo específicamente leonés existe desde el siglo XIX, coincidiendo con la aparición de los sentimientos nacionales y el nacimiento de los estados modernos. Ya en la Primera República existe la vindicación de un estado federal leonés.

El Pueblo Leonés tiene un sistema de asentamiento de la población que resulta específico y diferenciado de otras zonas. Una causa natural es la alta densidad de ríos que cruzan el territorio, ceñidos por montañas y colinas. Este hecho ha configurado de 'roma diferente y singular la vida, la economía y el sistema de poblamiento leonés (pueblos pequeños, escasamente distantes, con gran autonomía funcional, con su iglesia y su cementerio, con tierras de propiedad colectiva, cultivos de regadío...), y ha sido causa de que el territorio esté dividido en un mosaico de comarcas perfectamente demarcadas, sin comparación en España. Este sistema debería reconocerse como rector del gasto público; y el presupuesto ha de ceñirse a las cantidades proporcionales a su superficie y población, cosa que no ha sucedido con la actual redacción constitucional.

La economía comunal del Pueblo Leonés es la más importante de la península, cuantitativa y cualitativamente: montes, tierras de labor, pastos, molinos, escuelas, instalaciones deportivas, iglesias..., lo que requiere una atención específica con apoyo constitucional.

Los Concejos leoneses tienen propiedades, economía y gobierno diferenciales que han de ser tenidos en cuenta; ahora más que nunca hay que garantizar su continuidad y supervivencia. Son un sistema de organización peculiar y capaz de movilizar fuerzas en favor de la colectividad de manera diferencial respecto a otros pueblos. El concejo leonés es un elemento central de la organización colectiva en lo político, lo social y lo cultural, y el sistema político derivado de su existencia constituye una de las singularidades más importantes de la realidad leonesa.

El Pueblo Leonés posee su propia identidad cultural, mantenida en cada rincón de la geografía leonesa. Su pérdida, como la de cualquier rasgo cultural de cualquier pueblo, supondría un desastre para el patrimonio cultural mundial. En coherencia, la identidad del Pueblo Leonés debe verse recogida en el texto constitucional español.

El Pueblo Leonés mantiene su propia lengua, reconocida por la UNESCO, aunque bajo la alerta de grave peligro de desaparición por la falta de apoyo de las instituciones, a pesar de las insistentes llamadas de atención para su protección y promoción, y su reconocimiento en el Estatuto de Autonomía.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Promover una reforma constitucional para el reconocimiento del Pueblo Leonés como entidad colectiva individualizada en la Constitución Española."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2019.-Ana Marcello Santos, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú-En Marea.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/004321

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Diputados Antón Gómez-Reino Varela y Miguel Anxo Fernández Bello, pertenecientes al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento, formulan la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores, relativa a la creación de una Casa de la Lusofonía con sede en Galicia.


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Exposición de motivos

Galicia: Puente con la lusofonía.

Las lenguas son elemento fundamental para los vínculos entre los pueblos así como vehículo privilegiado para las relaciones económicas, culturales, diplomáticas en el contexto contemporáneo. En ese marco, Galicia como país y como comunidad lingüística es un nodo fundamental en la relación con países de Europa, América Latina y Asia.

Galicia es la cuna de la lengua portuguesa. Esta lengua que hoy hablan más de 250 millones de personas ha nacido, ha dado sus primeros pasos y sus primeros esplendores en tierra de la antigua Gallaecia, la provincia romana que demarcaba el territorio medieval del gallego-portugués, cuyas capitales eran Lugo, Astorga y Braga. Este idioma era de uso generalizado durante la Edad Media en el territorio que hoy comprendería Galicia, parte de Asturias, de León y el Norte de Portugal. Era idioma de campesinos y de nobles, de religiosos y de reyes, utilizada tanto en contextos cotidianos como en documentación oficial y en el que se ha desarrollado un excelso cultivo cultural, ha sido la lengua de las Cantigas de amor y en la que el Rey Alfonso X el Sabio escribió las Cantigas de Santamaría. El noroeste de la península ibérica, en sentido amplio, fue la tierra madre del portugués.

Este vínculo lingüístico permanece muy vivo entre la sociedad gallega y la comunidad lusófona, va mucho más allá de un pasado o una génesis cultural compartida, la capacidad de intercomunicación mutua establece unos importantes lazos entre ambas comunidades. El gallego es la lengua cooficial de Galicia, que comprende y sabe hablar la inmensa mayoría de sus 2.800.000 habitantes, todos estos hablantes disponen de competencia para comprender el portugués oralmente y por escrito. Este nexo supone una enorme oportunidad si sabemos aprovecharlo debidamente, para el conjunto del Estado Español y muy especialmente para Galicia.

La importancia de la lusofonía.

Partiendo de la península ibérica la suerte del portugués ha ido paralela a su expansión transoceánica de forma similar al español, y ha acabado siendo un idioma con presencia importante en América, África y Asia además de Europa. Hoy la lusofonía es el conjunto de ocho países que tienen como lengua oficial el portugués: Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Angola, Mozambique, Timor Oriental y Santo Tomé y Príncipe.

Existen también otras regiones en donde el portugués no es oficial pero es usado como lengua materna debido a los vínculos históricos con Portugal; por ejemplo: Macao, una región administrativa especial de China, y en Dadra y Nagar Haveli, Damán y Diu y Goa, estados y territorios de la India.

Como visionariamente había señalado Fernando Pessoa, el portugués es "uma das poucas línguas potencialmente universais do século XXI". Según los datos estadísticos oficiales el número de hablantes nativos de portugués se sitúa en los 273 millones, y según las proyecciones de Naciones Unidas en 2050 se situarían en 387 millones hablantes.

En las diferentes clasificaciones sobre en número de hablantes y el valor de las comunidades lingüísticas, el portugués aparece entre las 5 lenguas más habladas y más relevantes del mundo. El portugués es la 2.ª lengua románica del mundo, la 3.ª lengua europea más hablada en el planeta, la 3.ª más hablada en América y en África, en global la 4.ª más hablada en el mundo, una las tres únicas lenguas usadas en todos los continentes, y a nivel de Internet, constituye el 5.º mayor grupo lingüístico.

La lusofonía es un ámbito de creciente importancia geopolítica y especialmente estratégica para nuestro país, por la proximidad de Portugal y por la relevancia de Brasil, una de las cinco economías nacionales emergentes más importantes del mundo (integrante esencial de los países BRICS).

Existe una organización internacional de vertebra el conjunto de espacio lusófono: "la Comunidade dos Paises de Lingua Portuguesa" (CPLP), el principal foro multilateral de los países cuyo idioma oficial es el portugués. La CPLP se formó en 1996 con siete estados (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Mozambique, Portugal y Santo Tomé y Príncipe). Timor Oriental se unió en el 2002 después de su independencia de Indonesia. Guinea Ecuatorial fue aceptado como miembro pleno en 2014.

Dos organizaciones de la sociedad civil disponen en la actualidad del estatuto de observadoras de la CPLP, el Consello da Cultura Galega y la Academia Galega da Língua Portuguesa, pero España no se incluye entre los estados asociados observadores -estatuto del que disponen países tan distantes como Eslovaquia, Turquía, Uruguay, Georgia o Japón-.


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Trayectoria de vínculo.

Es muy amplia la trayectoria que desde el ámbito intelectual ha reclamado un estrecho vínculo entre España y Portugal, personalidades tan relevantes como Fernando Pessoa, Pi i Margall, Emilia Pardo Bazán, Miguel de Unamuno, Castelao o José Saramago han hecho gala de su iberismo. En todo caso, no se ha reducido a apelaciones al encuentro, han sido muchos los avances en los lazos entre las sociedades, las instituciones, las economías y las culturas.

De hecho, la entrada de ambos países en la Unión Europea ha multiplicado los vínculos entre Portugal y las regiones limítrofes, en especial con Galicia. En el marco de la cooperación interregional y transfronteriza se han desplegado diversos programas con gran proyección y efectividad a la hora de entrelazar las empresas, los gobiernos autonómicos y locales, los agentes culturales y las entidades ciudadanas en sentido amplio.

Tanto la Agrupación Europea de Cooperación Territorial Galicia-Norte de Portugal (GNP-AECT) como el Eixo Atlántico do Noroeste Peninsular son un buen ejemplo de cómo la cooperación interinstitucional permite reforzar los vínculos y ampliar las potencialidades de las comunidades implicadas, al igual que la cooperación en el ámbito universitario del Centro de Estudios Euro-Regionales (CEER) Galicia-Norte de Portugal.

Hace pocos años el Parlamento Gallego aprobaba de forma unánime la "Lei 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía", conocida como "Ley Valentin Paz Andrade", intelectual galleguista y uno de los impulsores del grupo industrial Pescanova, en su artículo 1.º deja clara pretensión:

"Los poderes públicos gallegos promoverán el conocimiento de la lengua portuguesa y de las culturas lusófonas para profundizar en los vinculas históricos que unen Galicia con los países y comunidades de lengua portuguesa y por el carácter estratégico que para Galicia tienen /as relaciones económicas y sociales en el marco de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal."

También en otras comunidades españolas el vínculo con Portugal y el portugués ha sido una apuesta firme. Cabe resaltar la política estratégica de Extremadura que recientemente, continuando un acuerdo de 2009, ha renovado un memorándum de la región con el país luso para impulsar el portugués y consolidar dicho idioma como segunda lengua extranjera en el sistema educativo no universitario.

La potencialidad del multilingüismo.

El multilingüismo es una fuente de riqueza, una riqueza para las personas y para las comunidades. Desde la propia Unión Europea se ha insistido en la importancia de las lenguas como factor de prosperidad y el dominio de estas lenguas como ventaja añadida para la competitividad, empleabilidad y el desarrollo en sentido amplio.

España conoce bien la enorme potencialidad de disponer de una de las principales lenguas de comunicación internacional. El idioma español es una fuente de riqueza extraordinaria que refuerza los intercambios dentro de esta comunidad lingüística y por tanto las oportunidades en el ámbito económico, laboral, social o cultural. Pocas lenguas internacionales disponen de este potencial de conexión a nivel planetario, el portugués es una de las principales.

La propia Comisión Europea ha elaborado la Comunicación "Multilingüismo: una ventaja para Europa y un compromiso compartido" (18.9.2008 COM(2008) 566 final), donde se subraya la dimensión exterior de multilingüismo y en especial de la potencialidad de estas lenguas de difusión mundial:

"La contribución del multilingüismo al diálogo intercultural se reconoce cada vez más en las relaciones exteriores de la UE. La diversidad lingüística no es patrimonio exclusivo de la UE y nuestra experiencia del respeto de la diversidad y la promoción de las competencias lingüísticas podría aprovecharse en nuestras relaciones con otros países. A este respecto, el Parlamento Europeo ha llamado la atención sobre el hecho de que algunas lenguas de la UE, señaladas como lenguas europeas de difusión mundial, se hablan también en un número importante de países de otros continentes; estas lenguas constituyen por lo tanto un vínculo importante entre pueblos y naciones de diversas regiones en el mundo."


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Y en esta misma Comunicación se destaca el papel de estos idiomas:

"Las lenguas pueden aportar una ventaja competitiva a las empresas de la UE. Las empresas multilingües son un ejemplo de cómo la diversidad lingüística y la inversión en lenguas y competencias interculturales pueden convertirse en verdaderos motores de prosperidad y una fuente de beneficios para todos. Algunas lenguas europeas se hablan en todo el mundo y pueden resultar una herramienta valiosa de comunicación para las empresas.

El Foro Empresarial sobre Multilingüismo señaló que mercados emergentes como Brasil, Rusia, India y China revisten una importancia cada vez mayor para las empresas de la UE y se necesitan conocimientos lingüísticos adecuados para competir en esos países."

Diplomacia desde los lazos culturales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ha desarrollado la figura de las "Casas" como una herramienta de diplomacia pública y económica inserida en la acción exterior del Estado. En la actualidad la "Red de Casas" está constituida por Casa de América (Madrid), Casa Asia (Barcelona e Madrid), Casa África (Las Palmas), Casa Árabe (Madrid e Córdoba), Casa Mediterráneo (Alicante), Centro Sefarad-Israel (Madrid), centros que han surgido desde los años 90 y que suponen una potente red de diplomacia pública española orientada a la cooperación política y económica, al diálogo intercultural, al mutuo conocimiento y al fortalecimiento de los lazos entre sociedades civiles en los distintos ámbitos geográficos en los que actúan.

La fórmula de las "casas" se ha revelado como un instrumento diplomático idóneo para aprovechar los vínculos culturales o históricos españoles con diferentes zonas del planeta. El Estado español ha sabido aprovechar cada uno de los lazos con diversas comunidades internacionales como oportunidades para ampliar y reforzar sus relaciones en el mundo. Nuestros distintos momentos históricos y herencias culturales se han activado como un valor de conexión, un capital para la relación con el mundo árabe, judío, mediterráneo o americano. El ejemplo de Casa África muestra como se aprovecha la específica relación de Canarias con África como una potencialidad de futuro para todo el ámbito español.

Casa de la Lusofonía una oportunidad para España.

Una "Casa de la Lusofonía" permitiría aprovechar las oportunidades y las ventajas comparativas de este vínculo tanto en el ámbito cultural, político e institucional como en el económico y comercial. Esta "Casa" podría operar como centro estratégico para las relaciones de España con el ámbito lusófono, un punto de encuentro donde los distintos actores e instituciones -públicas y privadas, del ámbito de la empresa, la educación, el mundo académico, político o cultural-dialoguen, interactúen, y establezcan líneas de cooperación y emprendan proyectos conjuntos.

Una "Casa de la Lusofonía" sería un instrumento muy útil y adecuado para vincular al Estado español con el mundo lusófono aprovechando el vínculo lingüístico gallego, reforzando la "red de Casas" y ampliando la constelación de nexos con diferentes ámbitos culturales. De hecho, tendría un carácter complementario al extender los nexos de hispanoamérica a la dimensión iberoamericana, incluyendo a Brasil, el gran gigante sudamericano en términos demográficos, políticos y económicos.

Estas relaciones siempre han sido importantes, pero pueden serio mucho más en un tiempo en que lo digital atraviesa las relaciones sociales, institucionales y económicas. De hecho, son los espacios comunicativos lingüísticos los que definen las relaciones. El uso de una lengua demarca en buena medida el flujo de las relaciones en internet, una Casa de la Lusofonía del siglo XXI debe tomar en cuenta este factor, la importancia de incorporarnos a ese espacio comunicativo también desde el ámbito digital.

Galicia es la ubicación idónea de la Casa de la Lusofonía, por su situación geográfica privilegiada en la relación con Portugal y por el vínculo lingüístico gallego-portugués. Además Galicia ya dispone de un entramado institucional de cooperación con Portugal y el mundo lusófono tanto en el ámbito lingüístico y cultural como en el social y económico. De hecho, se trataría de aprovechar esta potencialidad de Galicia como una oportunidad para toda España. Galicia reúne todas las características para actuar como puente con la comunidad lusófona.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Crear la Casa de la Lusofonía con sede en Galicia como forma de estimular las relaciones de Galicia y el Estado Español con el conjunto de países que integran la lusofonía.

2. Establecer contacto con las instituciones precisas para su puesta en marcha, además del Ministerio de Asuntos Exteriores y la AECID, la Xunta de Galicia y el ámbito municipal gallego donde se determine la sede para constituir el consorcio para su puesta en funcionamiento.

3. Implicar a las instituciones relevantes para garantizar el desarrollo de la Casa de la Lusofonía Consello da Cultura Galega, Real Academia Galega, a Academia Galega da Língua Portuguesa, Instituto Galego de Análise e Desenvolvemento Internacional (IGADI)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2019.-Antonio Gómez-Reino Varela y Miguel Anxo Fernández Bello, Diputados.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Justicia

161/004305

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Lourdes Ciuró i Buldó y de Carles Campuzano i Canadés, Diputados del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan, para su debate ante la Comisión de Justicia, una Proposición no de Ley para la adopción de medidas de modificación del Código Penal en el caso de asaltos reiterados a viviendas o con violencia.

Exposición de motivos

Los delitos correspondientes a robos en domicilios practicados por bandas o personas reincidentes y de robos con violencia en domicilios son numerosos e inciden de manera muy considerable en la percepción de inseguridad, ya que violan uno de los ámbitos más privados de las personas, el domicilio.

Los datos hablan por sí solos. Según las cifras del portal estadístico de criminalidad del Ministerio del Interior, el año 2018 cerró con 150,579 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, de los cuales 107.012, más del 70 %, se produjeron en domicilios; se produjeron también 60.677 robos con violencia e intimidación y 705.249 hurtos. En el año 2017, las cifras fueron muy similares, 149.651 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, de los cuales 105.095 fueron robos en domicilios. Asimismo, en 2017 se produjeron 61.763 robos con violencia e intimidación y 712.398 hurtos. Solo en Catalunya, los Mossos d'Esquadra contabilizan unos 2.000 asaltos a viviendas al mes, es decir, 67 familias sufren cada día robos en su casa.

Estos hechos y cifras ayudan a entender la radiografía de la delincuencia que en los últimos años incide sobre los domicilios particulares. Los perfiles de las personas que cometen este tipo de delitos y sus métodos son conocidos y estudiados por las Fuerzas de Seguridad del Estado y Comunidades Autónomas. Dos elementos a destacar de estos delitos: la reiteración y la violencia. Un elevado porcentaje de los delitos cometidos en domicilios han sido llevados a cabo por personas que los han cometido de forma reiterada, es decir, con reincidencia y su particular manera de funcionar, ya sea en grupos organizados, mafias o de forma independiente. Por otra parte, un porcentaje menor, pero muy destacable a causa del impacto personal y social que comporta es el robo con violencia.

El actual Código Penal determina quien es reo del delito de robo con fuerza, las características de lo que se considera casa habitada o no, las penas con las que está castigado dicho delito y las penas con


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robo con violencia o intimidación en las personas. También hace consideraciones sobre los hurtos y las penas de multa o prisión.

En el caso de robos en domicilio, los ladrones saben que muy difícilmente ingresarán en prisión preventiva si roban en una casa, siempre y cuando no haya violencia o intimidación a los moradores, lo cual favorece precisamente que haya reincidencia. Es frecuente que diversos delitos se atribuyan a una misma persona o banda, cuestión por la que urge corregir la normativa vigente en beneficio de una menor prevalencia y de un mejor clima de seguridad ciudadana.

Por otra parte, debemos considerar como muy graves los delitos de robo en domicilio con violencia. Son delitos cuyo número aumenta periódicamente en una determinada zona o población de la mano de un mismo delincuente o banda de delincuentes, incluso en numerosos casos delincuentes procedentes de otros países, lo cual las hace más difíciles de detectar y castigar. También en este caso la reincidencia aparece como un agravante sobre el que es preciso actuar.

En este contexto, si bien el código penal ya contiene las gradaciones correspondientes a la diferente gravedad de los delitos, es preciso poner el acento en la prisión preventiva en los casos de reincidencia, para evitar que la comisión de estos delitos siga siendo el modus vivendi de los presuntos delincuentes hasta que llega la sentencia.

Por todo ello, los Diputados del Partit Demòcrata (PCeCAT) presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en coordinación con la fiscalía, a impulsar la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, con el objetivo que se decrete la prisión preventiva del detenido que haya cometido un mínimo de dos robos con fuerza en domicilios y cuando concurran indicios de posible reiteración delictiva."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2019.-Lourdes Ciuró i Buldó, Diputada.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

161/004316

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre el derecho de retracto de las personas consumidoras en los créditos litigiosos, para su debate y aprobación en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

Las entidades bancarias están vendiendo en masa paquetes de créditos pendientes de cobro en procedimientos judiciales a fondos de inversión -popularmente conocidos como "fondos buitres"-. Esta práctica ha ido en aumento desde la reestructuración bancaria llevada a cabo por el Gobierno popular y significa el traspase de las carteras de crédito de entidades bancarias hacia fondos de especulación. Ello ha tenido unas consecuencias nefastas para las personas consumidoras en el ámbito hipotecario, y por ello se propusieron por este Grupo parlamentario medidas concretas en las enmiendas presentadas al Proyecto de Ley de crédito inmobiliario.

No obstante, esta praxis también afecta a pequeños créditos al consumo, contratados por particulares para sufragar gastos cotidianos (un televisor, un coche, matrículas de estudio, dentistas...), y que ahora han sido vendidos a fondos de inversión, que emprenden acciones legales contra las personas deudoras sin satisfacer en muchos casos los requerimientos legalmente establecidos para legitimar su reclamación. Esto se debe a una regulación normativa vaga y deficiente para garantizar la protección de las personas consumidoras.

El procedimiento con el que operan las entidades financieras es el siguiente: los créditos al consumo son vendidos en masa por una cuantía de aproximadamente un 5 % del importe de la deuda pendiente. Es decir, la parte compradora, normalmente, un fondo de especulación financiera, comúnmente llamado


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"buitre", adquiere estos créditos por un 5 % de la cuantía que adeuda la persona consumidora, pero no obstante, reclama a la misma la totalidad de la deuda pendiente. En estas situaciones, las personas deudoras de créditos al consumo se encuentran indefensas ante una ejecución de un título judicial, tras no haberse opuesto en el procedimiento monitorio previo, ya finalizado, o directamente en la ejecución de un título no judicial, al que no se ha opuesto.

El derecho de retracto de la persona deudora (la extinción del crédito pagando lo mismo que pagó la entidad compradora), previsto en el artículo 1535 del Código Civil, está inspirado en la voluntad del legislador de disuadir de la especulación con deudas para lucrarse: "Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que este fue satisfecho. Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo. El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días, contados desde que el cesionario le reclame el pago." Este derecho es una excepción al principio de libre contratación por el precio libremente pactado entre parte cedente y cesionaria del crédito, que en principio excluiría el consentimiento de la persona deudora, excepción fundamentada en la "causa humanitatis", de origen romano, cuya motivación era evitar que las personas deudoras fueran sometidas a vejaciones por parte de "compradores de pleitos" a bajo precio, identificados como especuladores. Y siglos después, todavía tiene plena vigencia.

Sin embargo, el derecho de retracto de la persona consumidora previsto en el Código Civil no resulta de aplicación en los supuestos en los que el crédito haya sido cedido por una entidad financiera intervenida por el FROB. Así lo dispone la excepción prevista por el artículo 29.4 b) Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión: "Para la transmisión de créditos que tengan la consideración de litigiosos, no resultará aplicable lo dispuesto en el artículo 1535 del Código Civil". Ello supone una discriminación palmaria de las personas consumidoras afectadas por esta disposición legal, que debería suprimirse.

Judicialmente, a día de hoy, a pesar de la oposición de la defensa propugnada desde las grandes empresas financieras y fondos especulativos, el derecho de retracto puede defenderse en fase declarativa (es decir, antes de sentencia) y en fase de ejecución. Numerosa jurisprudencia defiende la consideración de litigioso del crédito ejecutado (SAP Huesca, de 27 de junio, o SAP 5 Zaragoza, de 9 de septiembre de 2016), afirmando que, dado que la Ley prevé que se tendrá por litigioso un crédito "desde que se conteste a la demanda" (sin ningún añadido, ni excepción), la interpretación favorable al consumidor/a y deudor/a es que la litigiosidad no cesa por haber concluido el juicio declarativo por sentencia, sino cuando se da íntegro cumplimiento a la misma en fase de ejecución.

Esta interpretación apunta a que la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil, diferenciándose de la anterior, regula el procedimiento de ejecución de sentencias, con autonomía y trámites propios, con sus particulares medios de oposición, y durante su tramitación el crédito, o derecho en disputa, puede ser variado o modificado. En resumen, mientras la sentencia no sea totalmente ejecutada, se mantiene la litigiosidad del crédito a los efectos del artículo 1535 del Código Civil, y por lo tanto, la posibilidad de la persona deudora de ejercer el derecho de retracto.

No obstante esta interpretación, favorable a los intereses de la persona consumidora, estamos ante un concepto jurídico indeterminado, que también permite interpretar que el Código Civil solo contempla el retracto en procedimientos declarativos y, por lo tanto, no cabría calificar como litigiosos los créditos reclamados en procesos de ejecución forzosa de títulos judiciales o no judiciales en los que, en el momento de la cesión, esté formulada oposición del deudor, ya que, en sentido técnico-legal, en ellos el crédito no está en duda ni en disputa, sino que ha devenido cierto y exigible.

Tratándose de personas consumidoras, el plazo establecido de nueve días para el ejercicio del derecho de retracto establecido por el Código Civil es totalmente insuficiente y la opción de ejercer el derecho de retracto puede interpretarse como reserva en exclusiva a los considerados litigiosos en un sentido restrictivo, y no a la totalidad de los préstamos cedidos a terceros.

Otra mala praxis de estas operaciones financieras es que en muchas ocasiones no se notifica la cesión del crédito a la persona deudora, lo que le imposibilita a todas luces la posibilidad de informarse sobre la situación de su deuda, así como de ejercer el retracto de la compra de la misma. Para evitarlo, debería constar explícitamente en el artículo 1535 del Código Civil la obligación de notificar la cesión del crédito por parte de las entidades financieras.

Asimismo, la notificación permitiría saber el importe exacto de adquisición del crédito. Actualmente, si el crédito se transmite en un paquete, no siempre es sencillo relacionar la deuda concreta de cada persona


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deudora con un importe determinado o demostrarse judicialmente el importe de la adquisición de cada uno de los créditos, por lo que los Tribunales pueden acabar restringiendo en la praxis el derecho de retracto en beneficio de los fondos buitre.

Por los motivos apuntados, diferentes tribunales españoles han cuestionado que la regulación española de cesión de créditos de consumo ofrezca una protección adecuada de las personas consumidoras elevando cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y planteando cuestiones de inconstitucionalidad de los artículos 17 y 540 de la LEC, en relación al artículo 1535 del CC, por su eventual contradicción con los artículos 14, 51.1 y 53.3 de la Constitución Española, sin suerte alguna.

Contrariamente a otras ocasiones, en las que el TJUE ha señalado la deficiencia de la regulación española en la protección de personas consumidoras (por ejemplo, declarando como abusivas las cláusulas suelo), en este caso ha avalado la regulación española de la transmisión de crédito, considerando que la normativa comunitaria de protección al consumidor no es aplicable para los casos de cesión o compra de créditos frente a un consumidor.

La Sentencia del TAJE de 7 de agosto de 2018 resolvió que "La Directiva 93/13, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores se aplica únicamente a las cláusulas contractuales, y no a las meras prácticas", debido a que las cesiones se producen con fundamento a derecho interno, y no en una cláusula contractual, motivo por el cual la Directiva comunitaria no alegada no es aplicable. En consecuencia, es necesario modificar el derecho interno para clarificar la normativa civil de transmisión de créditos en el sentido apuntado.

Por todo lo expuesto, se propone una reforma del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil y de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, para una mayor protección legal de las personas consumidoras con deudas litigiosas en fase ejecutiva, frente a las prácticas abusivas de las entidades financieras y los fondos buitre.

Por ello, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar la modificación del artículo 1535 del Código Civil español, relativo a la venta de créditos litigiosos y el derecho de retracto por la persona deudora, para establecer que se tendrá por litigioso un crédito desde que se inste la demanda relativa al mismo hasta el momento de su total satisfacción y extinción, a los efectos de considerar también "crédito litigioso" el crédito en la fase de ejecución.

2. Eliminar la excepción al ejercicio del derecho de retracto prevista por el artículo 29.4 b) de la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

3. Impulsar la modificación del artículo 540.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para la consideración de "crédito litigioso" como aquel que se halle en proceso de declaración o ejecución judicial, incluso en los supuestos de transmisión dentro de una cartera de créditos.

4. Impulsar la modificación del artículo 540.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil incluyendo que el adquirente del título ejecutivo deberá acreditar en sede judicial haber notificado fehacientemente a la persona deudora la transmisión de crédito y acreditar el precio que pagó, a los efectos que esta haya podido ejercer el derecho de retracto para la extinción de la deuda."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2019.-Jaume Moya Matas, Diputado.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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Comisión de Defensa

161/004301

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(161) Proposición no de Ley en Comisión.

Autor: Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Proposición no de Ley sobre la rendición de cuentas y la transparencia de los Programas Especiales de Armamento.

Acuerdo:

Considerando que solicita el debate de la iniciativa en Comisión, y entendiendo que la información a que se refiere el primer punto de la parte dispositiva se facilitaría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de Ley, conforme al artículo 194 del Reglamento, y disponer su conocimiento por la Comisión de Defensa. Asimismo, dar traslado del acuerdo al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al autor de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre la rendición de cuentas y la transparencia de los Programas Especiales de Armamento, para su debate y aprobación en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

Los Programas Especiales de Armamento (PEA), iniciados durante el Gobierno de José María Aznar, tienen por objeto dotar a las Fuerzas Armadas de material operativo o sistemas de armas que incluyen tecnologías avanzadas, requieren un largo proceso de obtención, y disponen de prefinanciación mediante anticipas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

En poco más de seis meses en el Gobierno, el presidente Sánchez ha aprobado y renovado a través de distintos Consejos de Ministros nuevos Programas Especiales de Armamento (S-80plus, 8x8, F-110, Chinook, NH-90, etc.) por valor de más de 12.784 millones de euros, lo que supondrá 41.193 millones de euros en total desde 1997, y con más de 30.000 millones todavía por pagar hasta 2031.

La suma aprobada en estos meses, superior al presupuesto anual del Ministerio de Defensa, y mayor a los compromisos adquiridos durante los Gobiernos de Zapatero y Rajoy, se realiza sin haber facilitado información previa en el Congreso ni haberse debatido, a pesar de las importantes cuantías comprometidas y los compromisos que implican para futuros gobiernos (tres legislaturas, como mínimo).

Todo ello, pone encima de la mesa la necesidad de mayor transparencia, es decir, la necesidad de contar con mejores mecanismos de información, debate y rendición de cuentas respecto a estos programas necesarios para la modernización de nuestras Fuerzas Armadas, de cara a desarrollar una cultura de defensa con conocimiento preciso de los costes que implica su seguridad.

Por todo ello se presenta la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Facilitar a la Comisión de Defensa del Congreso y el Senado el calendario de pagos (o tabla de programación plurianual) de los PEA, actualizado tras cada reprogramación.

- Informar al Congreso, previo a la adopción de un nuevo PEA, y de cara a valorar su pertinencia, así como de los costes previstos que implica -tanto por su adquisición como para su mantenimiento-.

- Informar al Congreso en caso de reprogramación de un PEA y/o de una renegociación con los contratistas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2019.-Juan Antonio Delgado Ramos, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/004302

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a dar los pasos necesarios para la instalación en la provincia de Guadalajara de un Batallón de la Unidad Militar de Emergencias, para su debate en la Comisión de Defensa.

Exposición de motivos

La Unidad Militar de Emergencias (UME) es, en su propia definición, "una fuerza conjunta, organizada con carácter permanente, que tiene como misión la intervención en cualquier lugar del territorio nacional, para contribuir a la seguridad y bienestar de los ciudadanos, junto con las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas, en los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional y el resto de la legislación vigente".

Desde su creación la UME ha contribuido de manera muy significativa, dentro del sistema general de protección del los ciudadanos a una mayor actividad y calidad en materia de prevención, con el fin de reducir los riesgos que, en vidas humanas y daños materiales, se cobran tanto las que tengan su origen en riesgos naturales, los incendios forestales, de origen tecnológico, y específicamente el riesgo químico, el nuclear, el radiológico y el biológico, o las que sean consecuencia de atentados terroristas o actos ilícitos o violentos, y más concretamente las que tengan por objeto infraestructuras críticas, instalaciones peligrosas o con agentes nucleares, biológicos, radiológicos o químicos, o las que supongan contaminación medio-ambiental, o cualquier otra que decida el Presidente del Gobierno.

La intervención eficaz ante estas amenazas específicas y situaciones de emergencias que ponen en concreto peligro la vida y la seguridad de las personas, el medio ambiente o las instalaciones, la aplicación integrada de recursos y la capacidad de respuesta eficaz e inmediata ante determinadas situaciones de catástrofe, constituyen los elementos primordiales que deben vertebrar una concepción global de lo que es la política de respuesta ante situaciones de emergencias.

Conviene recordar que la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y más concretamente la provincia de Guadalajara, sufrió en 2005 la tragedia humana y medioambiental más atroz de los últimos años. La pérdida de amigos, vecinos y familiares constituye una herida de la que nunca podrá recuperarse la sociedad de Guadalajara. Una sociedad que ha exigido hacer justicia a su memoria reconociendo los graves errores y responsabilidades de los que no supieron gestionar una situación que desembocó en la pérdida irreparable de vidas humanas y un grave daño al medio ambiente y a los recursos naturales de la provincia cuyas cicatrices aún permanecen en nuestras retinas y en nuestro paisaje.

Los riesgos que existen en la provincia de Guadalajara son objetivos y concretos, más allá de los generales de todo el territorio de Castilla-La Mancha y del resto de España, debido a la existencia de dos Centrales Nucleares, una de ellas en fase de desmantelamiento; las presas y embalses de importancia


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estratégica nacional y que retienen un volumen de agua susceptible de causar graves daños a las personas y las cosas en el caso de rotura o desembalse súbito; y también grandes extensiones forestales y zonas medioambientalmente protegidas que requieren una rápida intervención en caso de riesgo de pérdida o daño.

Por su parte, la situación estratégica de la provincia de Guadalajara, entre la Unidad central y los Batallones y Unidades con sede en Torrejón de Ardoz y el IV Batallón radicado en Zaragoza, su proximidad a los aeropuertos de Torrejón y Adolfo Suárez, la facilidad del desplazamiento a toda España, de Norte a Sur, y de Este a Oeste y la concentración, como en ninguna otra provincia, de posibles elementos de riesgo que son objeto de intervención según lo dispuesto en la Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio.

Todo esto, entre otras muchas razones, hace necesaria la instalación de un Batallón de la UME en la provincia de Guadalajara que permita una respuesta rápida y eficaz a los riesgos específicos concentrados en la provincia de Guadalajara y, por su posición estratégica, de toda España.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar los pasos necesarios para la instalación en la provincia de Guadalajara de un Batallón de la Unidad Militar de Emergencias."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2019.-Silvia Valmaña Ochaíta y Ramón Aguirre Rodríguez, Diputados.-Dolors Monserrat Monserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Hacienda

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas tributarias para paliar los daños en los municipios de la Ribera Baixa de la Comunitat Valenciana afectados por granizadas e inundaciones en 2018, para su debate en la Comisión de Hacienda.

Exposición de motivos

El pasado mes de julio, la comarca valenciana de la Ribera Baixa sufrió una fuerte granizada que afectó a los árboles frutales y otros cultivos. Este fenómeno atmosférico se caracterizó por una fuerte tormenta que descargó gran cantidad de agua con granizo, acompañado de fuerte aparato eléctrico y fuertes vientos.

Los daños estimados se situaron entre el 85 y el 100 por cien de pérdidas, según un informe del Departamento Técnico de Agronomía de la Mancomunidad de la Ribera Baixa. Los cultivos más perjudicados fueron los cítricos y el caqui. Efectivamente, se llegó a arrasar la totalidad de la cosecha en muchas explotaciones de caqui, cítricos y otras producciones hortofrutícolas. El caqui fue el cultivo que se llevó la peor parte en cuanto al nivel de afección en el propio fruto.

En los días siguientes al desastre atmosférico, varios ayuntamientos afectados por la granizada aprobaron mociones en las que solicitaban ayudas para paliar los negativos efectos en la economía de sus poblaciones, haciendo especial énfasis en la condonación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de naturaleza rústica y en la reducción a cero de la tributación por módulos o sistema de estimación objetiva de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

El pasado 30 de noviembre, se publicó en el "BOE" la orden del Ministerio de Hacienda por la que se desarrollan para el año 2019 el método de estimación objetiva del IRPF y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). En su anexo I, relativo a los signos, índices o módulos del método de estimación objetiva del IRPF para las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, se aplica un índice de rendimiento neto del 0,26 para la actividad agrícola dedicada a la obtención de cítricos y del 0,37 para la dedicada al cultivo de caquis.


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Respecto a la exención del IBI de los bienes de naturaleza rústica, aprobada para los municipios de la comarca de la Ribera Baixa y otros afectados por inundaciones, el procedimiento puede resultar farragoso al tener que instarlo los propietarios, mientras que en otros episodios similares se articulaba una exención general, financiada por los Presupuestos Generales del Estado, mediante un informe municipal genérico que agilizaba todos los trámites. Esta cuestión es muy importante para los municipios de reducida dimensión.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aplicar un índice de rendimiento neto cero en el IRPF para las actividades agrícolas de obtención de cítricos y caqui en los municipios afectados por las granizadas de julio de 2018, y extender este índice de rendimiento neto cero para el año 2019.

2. Simplificar y agilizar los trámites para hacer efectiva la exención del IBI de naturaleza rústica en los municipios afectados por granizadas e inundaciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2019.-Ricardo Sixto Iglesias, Diputado.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Interior

161/004303

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar un convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para crear un Centro de Coordinación de Emergencias en la provincia de Guadalajara, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La Protección Civil debe orientar sus esfuerzos hacia una mayor actividad y calidad en materia de prevención, con el fin de reducir los riesgos que, en vidas humanas y daños materiales, se cobran tanto las catástrofes naturales como las de origen tecnológico.

La prevención de riesgos específicos, la aplicación integrada de recursos y la capacidad de respuesta eficaz e inmediata ante determinadas situaciones de catástrofe, constituyen los elementos primordiales que deben vertebrar una concepción global de lo que es la política de Protección Civil.

La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y más concretamente la provincia de Guadalajara, sufrió en 2005 la tragedia humana y medioambiental más atroz de los últimos años. La pérdida de nuestros amigos, vecinos, familiares constituye una herida de la que nunca podrá recuperarse la sociedad de Guadalajara. Una sociedad que ha exigido hacer justicia a su memoria reconociendo los graves errores y responsabilidades de los que no supieron gestionar una situación que desembocó en la pérdida irreparable de vidas humanas y un grave daño al medio ambiente y a los recursos naturales de la provincia cuyas cicatrices aún permanecen en nuestras retinas y en nuestro paisaje.

Los riesgos que existen en la provincia de Guadalajara son objetivos y concretos, más allá de los generales de todo el territorio de Castilla-La Mancha y del resto de España, debido a la existencia de dos Centrales Nucleares, una de ellas en fase de desmantelamiento; las presas y embalses de importancia estratégica nacional y que retienen un volumen de agua susceptible de causar graves daños a las personas y las cosas en el caso de rotura o desembalse súbito; y también grandes extensiones forestales y zonas medioambientalmente protegidas que requieren una rápida intervención en caso de riesgo de pérdida o daño.


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Todo esto, entre otras muchas razones, hace necesario que las inversiones en prevención y coordinación constituyan una prioridad de todas las administraciones competentes, que se deberá concretar a través de los instrumentos de colaboración interadministrativa y que deberá concretarse en la creación de un Centro de Coordinación de Protección Civil en la provincia de Guadalajara, capaz de coordinar los servicios de protección civil y de emergencias y que permita una respuesta coordinada de las peticiones de necesidades ante situaciones de crisis.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a impulsar un convenio con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la creación de un Centro de Coordinación de Emergencias en la provincia de Guadalajara."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2019.-Silvia Valmaña Ochaíta y Ramón Aguirre Rodríguez, Diputados.-Dolors Monserrat Monserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Fomento

161/004299

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la construcción de un dique seco cubierto en la factoría de Ferrol de la empresa pública Navantia SAU (Grupo SEPI), para su debate en Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Navantia, viene desarrollando desde 2015, un proyecto de construcción de un nuevo dique seco cubierto en sus instalaciones en Ferrol (La Coruña), dentro del proyecto de implantación de Astillero 4.0.

300 años después de su construcción inicial, es necesario emprender una gran reforma que permita disponer de un astillero para el siglo XXI, mejorando su eficiencia y competitividad, y para garantizar su supervivencia a medio y largo plazo.

Navantia en febrero del 2016 elaboro un documento, Plan de Modernización del Astillero de Ferrol Viabilidad Dirección Industrial, en dicho plan el "nudo gordiano", el elemento clave para un astillero de futuro estaba basado en la construcción de un dique seco cubierto y con unas instalaciones de fabricación con suficiente capacidad. Permitiendo de esta manera reducir considerablemente costes y plazos, imprescindibles para una mayor competitividad necesaria a todas luces, dado el carácter exportador que la empresa pública Navantia tiene, además de abastecer a la Armada Española.

En diciembre de 2016 también elaboró un documento denominado Documento de inicio para consultas ambientales, para dar cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Documento presentado en el ministerio correspondiente y que resolvió la necesidad de realizar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) completa.

Y en este punto es donde se "atasca" el problema. Navantia que es empresa pública 100 % de SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, tiene una concesión demanial del Ministerio de Defensa, (propietaria de la práctica totalidad de los terrenos donde se ubicaría la nueva instalación, que revertiría en Defensa en caso de abandono o término de la concesión demanial por parte de Defensa).

Los terrenos propiedad de Defensa están declaradas zonas de interés para la defensa nacional, en virtud del Real Decreto 282/2018 de 11 de mayo.

La lámina de agua colindante con estos terrenos son competencia de Ministerio de Fomento, a través de Puertos del Estado (son aguas interiores) y, por tanto, Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián.


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Por tanto, son dos los ministerios que a "priori" tendrían que autorizar el proyecto, a efectos de los dispuesto en la Ley 21/2013 de evaluación ambiental, cuando como sabemos el órgano sustantivo tiene que ser único, por lo que el gobierno tendrá que decidir a qué ministerio le corresponde esta función.

El Real Decreto 282/2018 por él se declaran zonas de interés para la defensa nacional las propiedades denominadas "Arsenal Militar de Ferrol, Estación naval de la Graña, propiedades militares colindantes y espacios marítimos de recalada en Ferrol", en su artículo 2. C) Dice "someter a la autorización previa del Ministerio Defensa cualquier obra de edificación o construcción, promovida por entidades públicas o privadas, así como la cesión por cualquier título de los aprovechamientos agrícolas, pecuarios o cinegéticos de los territorios afectados".

El protagonismo que tiene el Ministerio de Defensa en este tema es incuestionable, y debe asumir la responsabilidad que, como entidad pública, le corresponde en este tema y no una mera posición de "apoyo institucional" como manifestó la SRA. Ministra de Defensa en su comparecencia el pasado día 31 de enero. Es propietaria del 85 % del espacio donde se ubica el proyecto, afecto a la defensa nacional, y las nuevas instalaciones revertirían a Defensa en caso de renuncia o finalización de la concesión por parte del promotor, en definitiva salvo mejor opinión fundada en derecho al objeto de garantizar la seguridad jurídica del proyecto, El Ministerio de Defensa debe de asumir el órgano sustantivo, previsto en la Ley 21/2013 y solicitar la tramitación de la DIA correspondiente, desbloqueando un proyecto fundamental para Navantia, La Armada Española, La Ciudad de Ferrol, etc., en definitiva para el interés general".

También consideramos que en aras de ese interés general todo el terreno en los que se desarrollara el proyecto debe tener una propiedad única, en este caso por sus características el beneficiario no puede ser otro que el Ministerio de Defensa.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar la mutación demanial, de la lámina de agua actualmente colindante con las instalaciones de Navantia, que serían ocupadas por la nueva construcción, al objeto de que la totalidad de las instalaciones estén afectas al interés para la defensa nacional.

2. Realizar cuantos trámites sean necesarios, al objeto de tramitar la Declaración de impacto Ambiental preceptiva del proyecto de construcción por parte de Navantia de un dique seco cubierto en la factoría de Ferrol (La Coruña)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2019.-Juan Manuel Juncal Rodríguez, Marta González Vázquez y Miguel Lorenzo Torres, Diputados.-Dolors Monserrat Monserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004304

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta a iniciativa de la Diputada Ángela Ballester Muñoz, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para su debate en Comisión de Fomento, relativa a la conexión y acceso a la autovía A-7 a su paso por el municipio de Vícar en Almería.

Exposición de motivos

Vícar es uno de los municipios del Poniente Almeriense por los que pasa la Autovía A-7 del Mediterráneo. Desde el municipio de Vícar en Almería se puede acceder por tres lugares a la A-7: Mojonera, a través de otro municipio, ctra. de Alicún, compartiendo el acceso con el municipio de Roquetas, y finalmente mediante el acceso desde Venta Gutiérrez. De las tres, la única propia es la de Venta Gutiérrez, una salida con unas condiciones precarias que no da solución a las necesidades del municipio. Esto se demuestra tras el reciente cierre de la carretera N-340, en su tramo conocido como "El Cañarete".


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El aumento de tráfico que se está dando en la salida de Venta Gutiérrez está poniendo más que de manifiesto la necesidad de otro acceso a la Autovía A-7 en Vícar, que favorezca la vertebración del municipio con esta infraestructura, descongestione la zona y mejore la seguridad vial de cientos de vehículos que circulan diariamente.

Una salida a la A-7 por la Avda. de la Paz, ya que esta arteria que vertebra el municipio de norte a sur soluciona el acceso, incluyendo zonas de nuestro diseminado, así como de las barriadas Venta Gutiérrez- Cabañuelas y Canos-Gangosa, sería viable por la zona norte del municipio al pasar la A-7 a muy corta distancia de los distintos núcleos de población. Además, la nueva conexión se realizaría utilizando el paso elevado que existe en la actualidad con un módulo aéreo que hace posible el acceso a la zona norte del municipio, haciendo que su coste y viabilidad económica no fuese decisiva al estar parte del trabajo ya hecho, permitiendo primar la seguridad vial de cientos de vecinos y vecinas.

Por todo esto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Realizar los estudios necesarios para dotar al municipio de Vícar (Almería) de una salida y conexión a la autovía A-7 por la Avda. de la Paz que permita dar soluciones de acceso, mejorar la seguridad vial y descongestionar el tráfico.

- Dotar económicamente una partida presupuestaria plurianual suficiente para la realización de los estudios y que recoja la inversión necesaria para la realización de las actuaciones de conexión y acceso, desde la Avenida de la Paz, a la autovía A-7 a su paso por el municipio de Vícar en Almería."

Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de febrero de 2019.-Eva García Sempere, Diputada.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/004306

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley por un tren de calidad en la zona oeste de Castilla-La Mancha y Extremadura.

Exposición de motivos

La precaria situación de infraestructura ferroviaria Española pone en riesgo no solo la subsistencia de las comunidades más desfavorecidas sino también que puede costar la vida a ciudadanos del Estado Español. Hace unos días, un tren ha descarrilado en Catalunya cobrándose la vida de una persona, y dejando cinco heridos graves y 41 leves.

Una situación de similar, y de preocupante precariedad, se produce en la línea ferroviaria que une Madrid con Extremadura, especialmente en su paso por la provincia de Toledo. Fallos con los frenos de las locomotoras o con las infraestructuras férreas de vía única son solo un ejemplo de los agravios históricos que sufren las provincias más desconectadas.

El pésimo estado de las conexiones con la capital del Estado ha condicionado y condiciona el futuro de las provincias de Toledo, Cáceres y Badajoz. Esta línea, que aún tiene travesías del sigo XIX, cuenta con más cíe 725 kilómetros de vía única para trenes circulando en ambas direcciones. La velocidad de los trenes está limitada por las deficiencias en la misma infraestructura ferroviaria. Esto se traduce en un auténtico riesgo y falta de seguridad en la circulación ferroviaria, lo que convierte al tren en un método de transporte poco fiable y de bajísima calidad.

El tren es una necesidad tanto para las comunidades de Castilla la Mancha como para Extremadura. El desarrollo social y económico de la provincia de Toledo, Cáceres y Badajoz depende de la vertebración territorial y por tanto de las comunicaciones por tierra con otras provincias, pero sobre todo con la capital del Estado.


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Solo en la zona oeste de la provincia de Toledo, aumentar la velocidad de los trenes y disminuir el riesgo de accidentes se traduciría en inclusión de más de 15.000 personas desempleadas. Esto podría solventarse con la eliminación de los pasos a nivel que aún existen a lo largo de todo el recorrido desde Madrid hasta Extremadura.

Sencillas modificaciones en la vía, como la renovación de los puntos kilométricos o la eliminación de las curvas de radio reducido en ciertos puntos -como en Montearagón-, beneficiaría al colectivo laboral más afectado en la zona oeste de Toledo, la población femenina. Esta propuesta podría beneficiar a más de 43.000 mujeres residentes en Illescas, Torrijos, Talavera de la Reina y Oropesa, sin contar muchas otras miles que habitan en las provincias de Cáceres y Badajoz. Al mismo tiempo, la eliminación de pasos a nivel, harían una gran diferencia permitiendo aumentar la velocidad de los trenes y eliminando el riesgo real de accidentes al tiempo que reforzaría la fiabilidad de este medio.

La falta de inversiones ha supuesto el abandonado de las zonas más rurales y con ella el abandono del futuro de los ciudadanos y ciudadanas del oeste de la provincia de Toledo, Cáceres y Badajoz. Esta dejadez ha buscado justificar la ineficacia de lo público al mismo tiempo que prometía un proyecto de AVE que no era rentable, cerrando la puerta al tren tradicional y de calidad tanto para personas como para mercancías. Al abandonar las inversiones en tren tradicional por el modelo AVE, se ha favorecido a lo privado sobre lo público y a lo exclusivo sobre lo incluyente dejando en una posición de debilidad al ciudadano medio.

La reactivación del tren convencional y de mercancías ayudaría a reducir la tasa de desempleo de Toledo, Cáceres y Badajoz, mejorando también su desarrollo social, económico y cultural. Estimamos que estas medidas proporcionarían, solo en la zona oeste de la provincia de Toledo, conexiones a más de 6.200 personas, donde el índice de desempleo femenino supera el 20 %.

Los trenes de mercancías que hasta hace poco circulaban por esta línea hoy han dejado de dar esta cobertura. El transporte de mercancías por tren es indispensable para reactivar el desarrollo social y económico de la provincia. Creemos que la propuesta por impulsar la movilidad de mercancías también generará nuevos emprendimientos gracias a una mejor conexión con Madrid y con el resto de territorios.

Resulta urgente tomar medidas para la mejora de la conexión Madrid-Extremadura y por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reactivar las inversiones en el tren de pasajeros y mercancías tradicionales en la línea Madrid-Extremadura con especial atención en su paso por la provincia de Toledo.

2. Promover la reactivación de los programas de recuperación de los trenes de mercancías.

3. Establecer un plan específico para la eliminación de pasos a nivel y la renovación de puntos kilométricos de toda la línea, así como la elaboración de un plan para la eliminación paulatina de las curvas de radio reducido.

4. Reapertura de estaciones cerradas, así como dotación de marquesinas de las estaciones de trenes que circulan por Toledo y Extremadura.

5. Establecer un programa de conexión de los núcleos urbanos con las estaciones de tren."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2019.-María Gloria Elizo Serrano, Amparo Botejara Sanz y María Teresa Arévalo Caraballo, Diputadas.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/004312

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Comisión de Fomento, relativa a la reactivación e impulso definitivo del convenio ferroviario con las Illes Balears para el periodo 2019-2023.


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Exposición de motivos

La Comunidad Autónoma de Illes Balears sufre una infrafinanciación histórica que ha impedido dotarla de las infraestructuras necesarias para una movilidad pública sostenible y de calidad. Esta situación se mantiene en el proyecto de PGE para 2019, en los que se prevé que se reciba un 1,2 % de las inversiones territorializadas cuando la Comunidad representa un 2,6 % del PIB y un 2,4 % de la población total. En términos históricos, entre los años 2002 hasta el presente, Baleares ha recibido 1.920 millones menos que la media española en inversiones de los Presupuestos del Estado.

Uno de los sectores que más han sufrido la ausencia de financiación es el transporte público, especialmente el transporte ferroviario, en unas islas que sufren una saturación muy importante de vehículos privados, con la incidencia que este hecho tiene sobre el medio ambiente y el territorio.

En el año 2007, el Gobierno balear presidido por el señor Antich firmó un convenio ferroviario con el Gobierno que presidía el señor Rodríguez Zapatero para el período 2007-2011 con un importe total de 443,75 millones de euros. Lamentablemente, solo se ha ejecutado una parte mínima de las inversiones previstas y el gobierno balear del PP presidido por José Ramón Bauzá renunció expresamente a seguir desarrollando el transporte ferroviario.

La insuficiencia del sistema ferroviario de Mallorca (única isla balear en la que es factible por su superficie) se limita a unir Palma con las ciudades del interior. En esta legislatura se ha hecho una pequeña mejora consistente en iniciar la electrificación de la línea Palma-Manacor, pero es necesario mucho más como, por ejemplo, llegar hasta las poblaciones de Alcúdia y Artà. Es necesario, además conectar las poblaciones de la Bahía de Palma desde Calvià a Llucmajor con conexión, también, al aeropuerto. Asimismo se deben unir las poblaciones de Alcúdia i Pollença en la parte norte de la isla.

Con la mínima inversión contemplada para tal fin en el proyecto de PGE, es completamente imposible desarrollar todas estas infraestructuras tan necesarias para que el ferrocarril de Mallorca pueda convertirse en una auténtica alternativa al transporte privado.

La asociación Amics del Ferrocarril, que impulsa estos proyectos, define muy bien a que se deben estas carencias históricas cuando afirman que si se hubiera invertido en la isla un mes de lo que ha costado el AVE estos 25 años, ahora mismo Mallorca contaría con el mejor ferrocarril de Europa.

Por todo ello el Grupo Parlamentario presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

Acordar, en el marco del Convenio Ferroviario con el Gobierno de las Illes Balears, las siguientes cantidades plurianuales de 480 millones de euros durante el período 2019-2023 para desarrollar los proyectos ferroviarios en la isla de Mallorca que permitan un servicio moderno y eficiente, capaz de ser una alternativa real de movilidad pública y de calidad que reduzca sustancialmente la dependencia del vehículo privado para los desplazamientos y favorezca la lucha contra el cambio climático."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2019.-Félix Alonso Cantorné, María Asunción Jacoba Pía de la Concha García-Mauriño y Eva García Sempere, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/004307

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del Diputado Enric Bataller y al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la transparencia en el etiquetado de productos cárnicos procedentes de animales sacrificados sin aturdimiento previo.


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Exposición de motivos

La legislación de la Unión Europea determina que todos los animales que sean sacrificados para el consumo han de ser previamente aturdidos. Es decir, han de estar inconscientes en el momento en el que se les provoque la muerte, con el fin de evitarles el sufrimiento. Sin embargo, existen excepciones legales a esta normativa que suponen un enorme sufrimiento para los animales.

En este sentido, en marzo de 2018, el "Intergroup on the Welfare and Conservation of AnirnaIs" así como 19 eurodiputados de diferentes grupos políticos, manifestaron su total acuerdo en que las prácticas de sacrificio sin aturdimiento previo son inaceptables bajo cualquier circunstancia, y que dedicaran todos sus esfuerzos para que no exista ninguna excepción a las normas europeas.

Algunos de los productos obtenidos por estos sacrificios pasan a la cadena de consumo sin ser debidamente etiquetados, por lo que la ciudadanía no tiene toda la información a su alcance para poder elegir libremente y rechazar, en su caso, determinados alimentos por motivos éticos.

En diferentes países europeos ya se ha hecho efectiva la prohibición de sacrificar animales para consumo sin aturdimiento previo. En cambio, en el estado español esta práctica continúa. Esta excepcionalidad se ha transformado en un abuso cada vez más aplicada en los mataderos, anteponiendo los intereses industriales y comerciales por delante de los derechos de las y los consumidores.

Pese a que la primera normativa relativa al aturdimiento obligatorio de los animales antes del sacrificio reconoció la posibilidad de otorgar derogaciones en determinados casos, relacionadas con ritos religiosos, sacrificios de emergencia o sacrificios del ganadero para el autoconsumo, es de destacar que el Reglamento (CE) n.o 1099/2009, vigente desde el año 2013, solo mantiene la excepción para los ritos religiosos.

Pese a ello, diferentes corrientes de pensamiento dentro de los grupos religiosos indican que no existen prescripciones específicas en los textos sagrados respecto a la prohibición del aturdimiento previo al sacrificio, y consideran que el animal aturdido es perfectamente aceptable, ya que se cumple así con la condición de que el animal no muere antes del sangrado. En este sentido, la Liga Musulmana Mundial expresó ya en 1986 que el aturdimiento por electronarcosis previo al sacrificio no contraviene la religión musulmana.

También la Federación de Veterinarios Europeos emitió en el 2002 un posicionamiento en el que dictaminó que las prácticas de sacrificio sin aturdimiento previo son inaceptables bajo cualquier circunstancia. En una sociedad como la europea no han de existir excepciones legales que permitan el sufrimiento evitable de animales.

Por todo ello, presento la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Modificar el Real Decreto 126/2015, de 27 de febrero, incluyendo la obligatoriedad de informar a las y los consumidores de carne fresca, preparados de carne y productos cárnicos sobre la procedencia de animales sacrificados sin aturdimiento previo, cuando sea el caso.

2. Defender ante la Comisión Europea la eliminación de las excepciones del Reglamento (CE) n.o 1099/2009 que permiten el sacrificio sin aturdimiento previo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2019.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/004310

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar el reclutamiento de tripulantes y afrontar el relevo generacional en el sector pesquero, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


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Exposición de motivos

El sector pesquero, al igual que otros sectores de actividad primaria, se encuentra con un problema de relevo generacional propiciado por varios factores.

En primer lugar, resulta difícil encontrar trabajadores con la titulación necesaria para poder enrolarlos en las embarcaciones. Además, se relega las prácticas en los barcos pesqueros al final de su formación, los estudios pueden no estar adaptados a las necesidades reales de la flota y ser necesario una mayor carga docente experimental.

A estos factores se une que la sociedad tiene una mala concepción de la pesca, al considerarla un trabajo muy sacrificado, de alta siniestralidad y mal remunerado, porque desconoce su actividad y realidad. Así, muchos de los estudiantes, una vez finalizada su formación, terminan por optar por trabajar en tierra, en la marina mercante o en flota de recreo.

Por otra parte, la falta de una estructura de contratación adecuada para el sector también dificulta detectar trabajadores con las titulaciones requeridas, lo que origina una escasez de mano de obra para las embarcaciones.

Esta situación contrasta con la alta demanda de formación en las escuelas náutico-pesqueras y de las ganas de trabajar, que en algunas ocasiones es vocacional, o con la oferta de prácticas existentes.

Adicionalmente debería homogeneizarse la legislación europea en cuanto al número de tripulantes que debe tener cada barco por cada caladero, o la formación y requisitos exigidos a la tripulación en los diferentes países que impiden el libre tránsito real de trabajadores.

Las consecuencias de todo ello son titulados pero sin experiencia, ofertas que no encuentran candidatos, buques amarrados por falta de tripulación y, en conclusión, falta de relevo generacional.

Es necesario analizar las necesidades que tiene el sector, ajustar la formación a estas demandas, impulsar la formación profesional en este sector, en concreto la FP Dual, cambiar percepción social del sector, homogeneizar los requerimientos laborales a nivel Europeo y establecer mecanismos más eficaces para poner en contacto demanda y oferta.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar el relevo generacional de la pesca, impulsando las medidas para mejorar la seguridad y mejorando la imagen del sector, haciéndolo más atractivo económicamente, exponiendo los avances tecnológicos y de seguridad ya implantados.

2. Realizar, con la colaboración del sector, una campaña de imagen que aglutine los factores anteriores.

3. Incluir en la Formación Profesional Dual, las prácticas a bordo de los barcos durante todo el ciclo formativo de jóvenes y profesionales.

4. Establecer una bolsa de trabajo marítimo-pesquero, donde quede constancia de las acreditaciones profesionales que cumplan los requisitos específicos del sector.

5. Reducir las dificultades para conseguir las titulaciones y avanzar en su homologación en la UE que permita alternativas para poder dotar de tripulación los barcos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2019.-Joaquín María García Díez, Diputado.-Dolors Monserrat Monserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Transición Ecológica

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan para su debate ante la Comisión de Transición Ecológica, una


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Proposición no de Ley para acelerar la estabilización de las playas del Maresme, Baix Penedès, Garraf y Tarragona.

Exposición de motivos

Las playas del Maresme juegan un papel importante para la movilidad de la comarca. En casi todo el trazado desde Montgat hasta Malgrat la única barrera entre el mar y la línea de ferrocarril es la playa. Donde esta ha desaparecido el servicio se ve afectado seriamente cuando hay temporales, y las olas llegan hasta las vías del tren.

Adicionalmente, las playas de esta comarca tienen más funciones como lugar de esparcimiento no solo de sus habitantes sino también de buena parte de los de la región metropolitana de Barcelona. Además desempeña un papel importante como hábitat natural de muchas especias que solo se pueden desarrollar en un ecosistema de un tamaño tan reducido como es la costa.

Desafortunadamente, las playas del Maresme hace años que van retrocediendo y muchas de ellas han desaparecido por completo llegando incluso a modificar la línea del mar.

Los motivos que llevan a la regresión de las playas se deben a la ausencia de sedimentos necesarios para formarlas y a la libertad de movimientos de los sedimentos a lo largo de la costa.

La falta de aportación de sedimentos se debe a múltiples factores: la construcción de presas en los cursos fluviales que retiren los sedimentos, la extracción de áridos en los ríos o la transformación del uso del suelo de las cuencas de las rieras pasando de uso agrícola a residencial.

En relación a la falta de libertad de movimientos de los sedimentos, la urbanización del litoral con los paseos marítimos o la construcción de viviendas en primera línea de mar donde antes había dunas son un factor que juega en contra. Pero el factor más importante en la comarca del Maresme es la construcción de puertos que impiden la circulación natural de noreste a sudoeste de la arena. En tan solo treinta kilómetros hay cinco puertos. De este modo grandes volúmenes de sedimentos se acumulan del lado septentrional de los puertos haciendo que las playas situadas del otro lado desaparezcan por completo durante centenares de metros.

A estos factores de regresión de las platas cabe añadir el oleaje que transporta los sedimentos de la playa hacia el mar. Este hecho es bien notorio en las playas del Maresme que soportan fuertes temporales en otoño y en invierno. Después de cada temporal numerosas playas sufren un gran retroceso del que no se recuperan.

En los últimos años el retroceso de las playas ha sido muy notorio haciendo que largos tramos de la costa del Maresme hayan desaparecido por completo y en otros la amplitud de las mismas haya disminuido de forma muy considerable.

En 2015, el Ministerio de Medio Ambiente probó un sistema para proteger la erosión de las playas en Malgrat de Mar consistente en espigones biotéxtiles pero desdichadamente no funcionó.

En este mismo año, el Ministerio de Medio Ambiente presentó un plan de más largo alcance, en concreto: la Estrategia de actuación en el Maresme. Este plan es el resultado de un trabajo conjunto de los municipios del Baix Maresme, la Generalitat y la Universitat Politécnica de Catalunya y consiste en planificar las distintas actuaciones en función de su prioridad: alta, media o baja.

Las actuaciones de prioridad alta comprenden el espolón de control del Port del Masnou, la platja de Bellamar, la platja de l'Ós, la platja de Cabrera de Mar, la platja de Vilassar de Mar, la platja de Premià de Mar, el espolón de control del Port de Premià, la platja de Caldetes, la platja de Balis, el espolón de control del Port el Balís la platja de Mataró, la Platja sud de Masnou y l'Espigó de Montgat.

Estas actuaciones tienen un presupuesto de 32 millones con un plazo de ejecución de quince años. Esto significa que cada año solo se van a destinar algo más de dos millones de euros. Este plazo es demasiado largo teniendo en cuenta que son actuaciones de prioridad alta tal y como reconoce la propia estrategia.

Por otra parte, la regresión de la arena es una problemática que afecta también a una parte importante de las playas de la provincia de Tarragona, concretamente a las comarcas del Garraf, Baix Penedès y el Tarragonès, y que se está haciendo notar, especialmente, en estos últimos veranos. La reposición del déficit sedimentario se realiza anualmente solucionando el problema de forma puntual. Zonas en las que el turismo es su principal fuente de ingreso y sus playas uno de sus atractivos.

Por todo ello, los Diputados y Diputadas firmantes, presentan la siguiente


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Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acelerar la implementación de la Estrategia de actuación en las playas del Maresme, Baix Penedès, Garraf y Tarragonès, y especialmente las calificadas como de prioridad alta."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2019.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.-Félix Alonso Cantorné, Diputado.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

161/004315

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el desmantelamiento definitivo del almacén subterráneo de gas natural "Castor", para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

El proyecto de construcción de la planta de almacenamiento de gas natural "Castor" ha resultado ser uno de los fracasos más importantes de la historia de este país en lo que a infraestructuras energéticas se refiere. Un proyecto que nunca debió iniciarse porque no era ni necesario ni viable. En el momento que se decidió su construcción, el Gobierno de entonces lo consideró una decisión estratégica para el sistema gasista español y sus intereses energéticos. El tiempo ha demostrado que la decisión estratégica fue errónea y que respondió a una errática planificación en la política energética basada en un crecimiento ilimitado de la demanda que en ningún caso se ha correspondido con las necesidades energéticas reales del país.

El proyecto "Castor" se ha configurado como una pieza más de un modelo energético insostenible basado en combustibles fósiles, que requieren de mega infraestructuras faraónicas de gran coste, que solo benefician a los oligopolios que castigan a la ciudadanía, y que además dificulta la puesta en marcha de políticas alternativas de eficiencia energética, de autoconsumo o de energías renovables.

El rescate con recursos de los ciudadanos de una inversión privada que ha terminado en fiasco es una práctica que lamentablemente se ha convertido en habitual en este país. Oficialmente, el despropósito del proyecto "Castor" de momento le ha costado a la ciudadanía más de 1.350 millones de euros, a los que hay que sumarles por lo menos otros 295 millones de euros por los derechos retributivos devengados por la empresa concesionaria y que no han sido publicados en boletín oficial alguno si no que su pago se ha revelado a través de los medios de comunicación. Según cifras procedentes de las organizaciones de consumidores más representativas, el coste final para la ciudadanía podría llegar a superar los 4.700 millones de euros incluyendo la cantidad, el plazo y los intereses.

Un rescate más a añadir al del sector financiero, al del sector eléctrico, al de las autopistas, que tiene siempre el mismo guion y los mismos protagonistas: generar burbujas especulativas que producen grandes beneficios privados y que cuando explotan o fracasan, los costes del desaguisado van a costa de la ciudadanía. Los beneficiarios siempre son los mismos, los concesionarios de turno que viven en concubinato permanente con el poder, sea cual sea el color del gobierno que lo ejerce, para conseguir pingües beneficios. Los que pagan también son siempre los mismos, los ciudadanos, bien aportando recursos fiscales que detraen de sus derechos sociales o bien -como en este caso- cargándolo en el coste de las tarifas del gas.

Este proyecto se puso en marcha en plena bacanal especulativa que empujó a la compra masiva de gas y que se justificó para garantizar el suministro energético de un país que crecía y crecía y que iba a necesitar mucha electricidad. Pero la adjudicación del proyecto "Castor" se hizo en junio de 2010, cuando ya era evidente la crisis y cuando se evidenciaba que ya no era necesaria toda esa energía con la que se justificaron todas las inversiones. En su momento fueron muchas las voces quienes advirtieron de que


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este proyecto ni era necesario ni reunía las condiciones necesarias de seguridad. Se hicieron oídos sordos, y una vez los problemas de seguridad se han hecho evidentes y se han visto obligados a paralizar el proyecto, han pretendido que los costes de paralización vayan a costa de los usuarios del gas vía tarifas durante los próximos treinta años.

Ante esta situación, es necesario acabar con esta estafa permanente según la cual los lobbies han conseguido imponer un capitalismo de casino y el socialismo perfecto: se privatizan los beneficios y, cuando llegan las pérdidas, estas se socializan. El Real Decreto 855/2008, de 16 de mayo de 2008 (BOE núm. 136, de 5 de junio de 2008), que dio paso a la adjudicación del proyecto Castor, aseguró la recuperación de la inversión realizada por la empresa concesionaria dificultando así la asunción de responsabilidades por parte de aquella en caso de fracaso del proyecto. Sumado a ello, el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el que se acepta la extinción de la concesión presentada por Escal UGS, S.L., decidió una rápida y millonaria indemnización pese a que el proyecto ha costado tres veces más de lo inicialmente presupuestado.

El Tribunal Constitucional (TC) anuló el procedimiento por el que se estableció la indemnización de 1.350,7 millones para las empresas promotoras del proyecto. Si bien el TC no anuló la cuantía de la indemnización ni entró a valorar el fondo de la cuestión (si se debe pagar o no una indemnización), sí anuló los artículos 2.2, 4, 5 y 6 del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre que sirvió para pagar la indemnización. Y la disposición adicional primera y la disposición transitoria segunda, estimando así los recursos presentados en su contra.

Tenemos la obligación ante la ciudadanía de poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras que no ha gozado en su adjudicación de la necesaria concurrencia competitiva y publicidad, y donde la empresa no ha podido acreditar tener la suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad con las suficientes garantías.

En definitiva, no es para nada aceptable que una empresa que ha construido con riesgo sísmico y sin tener en cuenta los informes que alertaban de ese riesgo, no asuma ningún tipo de responsabilidad y se le reconozca la extinción de la concesión y de la indemnización sin la debida auditoría y estudios de la diligencia profesional. Y todo ello agravado por el hecho de mantener la amenaza sobre unas poblaciones que siguen viviendo con el temor a sufrir actividad sísmica en una zona próxima a centrales nucleares.

Por último, en el marco del "peak oil", la solución al agotamiento de los recursos no va a venir por la explotación de nuevos espacios con reservas inciertas de combustibles fósiles y arriesgando el patrimonio natural y la biodiversidad sino que vendrá por un nuevo modelo energético basado en las energías limpias y renovables. El castigo a las energías limpias y la apuesta ciega por actividades extractivas hipoteca nuestra autonomía, seguridad energética, y antepone los intereses mercantilistas de unas multinacionales al interés colectivo y la preservación del territorio y del medio natural.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Establecer una calendarización, con la participación mancomunada de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos de las localidades afectadas, para el sellado de los pozos y el desmantelamiento de las instalaciones marinas y terrestres del almacén de gas natural Castor, mediante una solución responsable, transparente y no onerosa para las arcas públicas que contemple todas las garantías y todos los requerimientos de seguridad y ambientales e incluya un plan de restauración ambiental de la zona y del entorno afectados.

2. Impulsar el proceso de licitación de los estudios técnicos previos en los que debería basarse el desmantelamiento del almacén de gas natural Castor. Y asimismo, que, tal y como requirieron el Parlament de Catalunya en resolución de 1 de julio de 2015 y las Corts Valencianes en resolución del 19 de noviembre de 2015, se hagan llegar al Juzgado de Primera Instancia de Vinaròs los informes elaborados por la Universidad de Standford y el Massachussetts Institute of Technology (MIT) relativos a las responsabilidades en las fases de tramitación y adjudicación del proyecto. Trasladar a instancias judiciales todos los informes y documentos de la administración de Estado relativos al proceso de adjudicación, concesión y ejecución del proyecto Castor con el objetivo de establecer las posibles irregularidades y responsabilidades derivadas del mismo.


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3. Continuar y emprender las acciones legales necesarias que permitan recuperar la cantidad retribuida a la empresa Escal UGS, S. L., en concepto de extinción de la concesión, al entender que aquella incurrió en dolo o negligencia imputable. Asimismo, determinar si son justificables o no los sobrecostes del proyecto que asumía el Real Decreto-ley 8/2014, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, fijando cuáles han sido sobrevenidos y cuáles se podían prever o son de responsabilidad exclusiva de la mala ejecución del proyecto, en cuyo caso serán asumidos por parte de la empresa concesionaria Escal UGS. S. L.

4. Continuar y emprender las acciones legales para establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa Escal UGS, S.L. por los más de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia de la puesta en servicio del almacén de gas natural Castor.

5. Realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales, y si cabe morales, que ha sufrido la ciudadanía de Terres de l'Ebre (Tarragona) i Baix Maestrat (Castelló) como consecuencia de los terremotos sufridos a efecto de realizar las reclamaciones que correspondan.

6. Impulsar las modificaciones legislativas necesarias para impedir que en el futuro sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o servicio. Para ello, se dará un mayor protagonismo a la Oficina Nacional de Evaluación para mejorar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, dotándola de medios y recursos suficientes para realizar un control ex ante a la licitación y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos.

7. Prestar la máxima colaboración en todos los procesos parlamentarios para depurar las responsabilidades derivadas del Proyecto Castor."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2019.-Ángela Ballester Muñoz, Diputada.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/004317

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre la viabilidad del proyecto "Planta de Cubillos" de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

La Fundación Ciudad de la Energía (creada en el año 2006), es una organización del Gobierno de España para ejecutar programas de I+D+i relacionados con la energía y el medio ambiente y contribuir al desarrollo económico de la comarca de El Bierzo (provincia de León). La Fundación es una entidad dependiente de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

Actualmente, se encuentra en proceso de integración de sus proyectos no relacionados con la actividad museística en el IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía). El IDAE, es una Entidad Pública dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, encargada de realizar funciones y actividades destinadas a la promoción de la mejora de la eficiencia energética y al desarrollo de las energías renovables.

Los trabajadores de la Fundación Ciudad de la Energía han detectado la necesidad de mejorar la gestión y administración de la planta de biomasa de Cubillos del Sil (provincia de León), como una alternativa para asegurar los puestos de trabajo de más de 400 trabajadores que actualmente laboran en sus instalaciones, y evitar los continuos problemas de falta de financiamiento para este centro.

La principal propuesta es trasferir la administración de la planta de Cubillos del Sil al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), con el objetivo de constituir a esta planta en una subsede permanente del Instituto en el Bierzo, que permita la continuidad de los proyectos de eficiencia energética en estas instalaciones. La intervención del IDEA consolidaría y ampliaría los trabajos que en la actualidad


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realiza personal de CIUDEN para el IDAE fruto del convenio de colaboración firmado por ambas entidades el pasado 29 de septiembre de 2018.

Por otro lado, la transferencia en la gestión al IDEA permitiría que se sigan desarrollando proyectos de investigación propios o en colaboración con centros de investigación, así como el acceso a nuevos recursos y herramientas, como por ejemplo, al mapa de Infraestructuras Científicas y Técnicas Singulares (ICTS) de acuerdo al RIS3 de Castilla y León (cuyo accesos ha sido solicitado y está en trámite).

La planta de Cubillos tiene una escala industrial altamente flexible con distintas tecnologías limpias de combustión y gasificación. En ella podrían integrarse, conjuntamente con otras entidades, nuevos procesos y distintos combustibles para un aprovechamiento energético, para ser usado en industria o en redes de calor.

Adicionalmente, se tiene la posibilidad de desarrollar nuevos productos y servicios tecnológicos. Un ejemplo es el proceso de gasificación en el que se ha conseguido generar un SYNGAS a partir de la gasificación de distintos tipos de biomasa.

Por último señalar que la planta podría ofrecer servicios de formación, en diferentes áreas incluidos temas más específicos como son las áreas de control industrial y servicios, de los que se dispone de la última tecnología.

Finalmente una de las mayores preocupaciones de los trabajadores de la Fundación Ciudad de la Energía ha sido la intervención de intereses políticos en la designación de directivos y asesores de esta fundación, así como en la selección y financiación de proyectos. Esta situación ha puesto en peligro el funcionamiento de la fundación y la sostenibilidad de los proyectos que actualmente mantiene.

Por ello, los trabajadores han solicitado a las autoridades provinciales y estatales que se limite las intervenciones políticas y se potencie una administración y gestión más técnica que permita dar viabilidad a los proyectos y la continuidad a los puestos de trabajo actuales.

La realidad hoy es que tras la inversión que ronda los 300 millones de euros, CIUDEN no ha logrado consolidarse como un polo de desarrollo de proyectos energéticos, fruto en muchos casos de la intervención política.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Asumir la gestión y administración de la planta de biomasa de Cubillos del Sil (provincia de León), perteneciente a la Fundación Ciudad de la Energía, a través de su integración en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, órgano dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, con el objetivo de mantener e impulsar proyectos de eficiencia energética que se desarrollan en estas instalaciones.

2. Desarrollar planes de investigación en proyectos de eficiencia energética que permitan potenciar la capacidad tecnológica la planta de Cubillos del Sil y ofertar servicios de formación en áreas como control industrial y servicios energéticos de última tecnología.

3. Garantizar que los directivos y equipos de asesores de la Fundación Ciudad de la Energía sean escogidos mediante un proceso de méritos y capacidad y no sean solamente puestos de libre designación, con el objetivo de evitar que la financiación a esta fundación sea susceptible a la manipulación de intereses políticos locales o nacionales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2019.-Ana Marcello Santos, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/004318

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre el proyecto La Fábrica de Luz-Museo de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.


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Exposición de motivos

La Fundación Ciudad de la Energía (creada en el año 2006), es una organización del Gobierno de España para ejecutar programas de I+D+i relacionados con la energía y el medio ambiente y contribuir al desarrollo económico de la comarca de El Bierzo (provincia de León). La Fundación es una entidad dependiente de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).

Actualmente, se encuentra en proceso de integración de sus proyectos no relacionados con la actividad museística en el IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).

Los trabajadores de la Fundación Ciudad de la Energía han detectado la necesidad de mejorar la gestión y administración de la Fábrica de Luz-Museo, como un espacio de difusión de la ciencia para la provincia de León.

La mejor opción para evitar los continuos problemas de falta de presupuesto y ayudas públicas para su mantenimiento, es integrar de La Fábrica de Luz-Museo de la Energía en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), museo de titularidad estatal dependiente de la Secretaría General de Coordinación de Política Científica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El MUNCYT está gestionado actualmente por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), que cuenta con centros en Madrid y A Coruña. Por ello, el traspaso de este museo significaría una mejora no solo en su financiamiento, sino además de contar con una gestión especializada que garantice a largo plazo el mantenimiento del Museo como un centro promoción del conocimiento y la cultura científica.

Con la integración en MUNCYT, la Fábrica de Luz-Museo pasaría a ser una más de las sedes de esta institución pública, y podría obtener el título de "Museo Nacional", e incluso conseguir que el edificio histórico en el que se aloja el Museo sea reconocido como de Bien de Interés Cultural. Actualmente se encuentra en trámite este reconocimiento, sin que hasta la fecha haya recibido ninguna respuesta por parte del Gobierno.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Asumir la gestión y administración de La Fábrica de Luz-Museo, perteneciente a la Fundación Ciudad de la Energía, a través de su integración en la Secretaría General de Coordinación de Política Científica del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, con el objetivo de incorporar su colección al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT).

2. Declarar como de Bien de interés Cultural al edificio en el que se aloja La Fábrica de Luz-Museo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2019.-Ana Marcello Santos, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/004319

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre el proyecto "Centro de formación Ciuden Vivero" de la Fundación Ciudad de la Energía (CIUDEN), para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

La Fundación Ciudad de la Energía (creada en el año 2006), es una organización del Gobierno de España para ejecutar programas de l+D+i relacionados con la energía y el medio ambiente y contribuir al desarrollo económico de la comarca de El Bierzo (provincia de León). La Fundación es una entidad dependiente de la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO).


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Actualmente, se encuentra en proceso de integración de sus proyectos, no relacionados con la actividad museística, en el IDEA (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía).

Actualmente la Fundación Ciudad de la Energía cuenta con un centro de formación de nominado "Ciuden Vivero", que funciona también como centro de producción especializado en el área forestal, restauración ambiental y jardinería.

Desde el año 2009 se desarrollan en el centro programas de formación ocupacional (Escuelas Taller y Taller de Empleo) promovidos por el Ministerio para la Transición Ecológica y financiadas por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Los trabajadores de la fundación han venido planteando la integración del centro de formación en la estructura de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

El objetivo de este cambio en la administración y gestión del centro es asegurar la continuidad automática de los programas de formación, sin necesidad de que intermedien procesos de transferencia de gastos corrientes, que se ejecutan en base al actual convenio vigente entre CIUDEN y este Ministerio.

Con esta transferencia de gestión se busca evitar los problemas de financiación que tiene el centro de formación y que permitirían mantener e impulsar las actividades de formación ocupacional en el sector forestal, de jardinería y de restauración medioambiental de espacios degradados, así como sus capacidades en la producción de plantas.

Adicionalmente, este centro, bajo una mejor administración, podría mantener los actuales programas de formación ocupacional para los trabajadores de la Confederación Hidrológica Miño Sil, tales como limpieza y adecuación de márgenes fluviales, producción de planta, labores de educación ambiental o trabajos de eliminación de especies invasoras.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Asumir la gestión y administración del centro de formación "Ciuden Vivero" de la Fundación Ciudad de la Energía, a través de su integración en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la Transición Ecológica, con el objetivo de mantener e impulsar las actividades de formación ocupacional en el sector forestal, de jardinería y de restauración medioambiental.

2. Desarrollar planes de formación ocupacional a partir de las capacidades y funciones que actualmente mantiene el centro de formación "Ciuden Vivero". En especial se insta al Gobierno a desarrollar convenios de colaboración con la Confederación Hidrológica Miño Sil para la formación de todos sus trabajadores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2019.-Ana Marcello Santos, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/004323

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de Carles Campuzano i Canadés, Diputado del Partit Demòcrata, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta, para su debate ante la Comisión de Transición Ecológica, una Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a firmar y hacer efectivos los convenios pendientes del Plan Miner con la comarca del Berguedà.

Exposición de motivos

La comarca del Berguedà, y principalmente el Alt Berguedà, ha tenido entre en la explotación minera y en la industria dos de las actividades más relevantes de su economía al largo de muchos años, generando un elevado volumen de empleo.

El cierre de empresas textiles y mineras produjo un gran impacto económico en la comarca.


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En el caso concreto de la minería, el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras 2006-2012 tenía como objetivo ordenar la minería y el carbón teniendo en cuenta los aspectos sociales y regionales derivados, a la vez que mantener una determinada producción del carbón autóctono. Asimismo, también pretendía atenuar la pérdida de empleo fomentado la creación de ocupación de forma alternativa al carbón mediante ayudas al desarrollo de las infraestructuras, apoyando proyectos de inversión empresarial y a través de formación y becas.

En este contexto, el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón 2006-2012 y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras, incluyó las diferentes poblaciones de la comarca del Berguedà afectadas y les asignó una dotación presupuestaria en dicho plan por importe de 4.425.252 euros, un 2 % del total, recursos destinados a la realización de los proyectos presentados por la Mesa de la Minería de Catalunya y acordados con el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y el Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. No obstante, en 2012, en el contexto presupuestario de crisis económica, el Gobierno rompió el acuerdo y decidió no firmar los convenios de colaboración correspondientes e imprescindibles para ejecutar y financiar los proyectos, con el consiguiente agravio para la comarca del Berguedà.

Aquella decisión unilateral del Gobierno del Estado, que quebró un compromiso firme con la administración catalana, sigue sin ser compensada a pesar de los problemas de minería, de industria y de empleo que tiene la comarca del Berguedà.

Por todo ello, los Diputados y Diputadas del Partit Demòcrata presentan la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para acordar y hacer efectivos los convenios de colaboración con las administraciones de la comarca del Berguedà derivados del compromiso incumplido de asignarles la cantidad de 4.427.525 euros en el marco de las ayudas que contemplaba el Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras 2006-2012."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2019.-Carles Campuzano i Canadés, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Cultura y Deporte

161/004309

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la candidatura de "La Mañana de Salzillo" de la Semana Santa de Murcia, como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.

Exposición de motivos

Francisco Salzillo y Alcaraz nació en Murcia el 12 de mayo de 1707, y está reconocido como el escultor barroco, en imaginería religiosa del siglo XVIII, más representativo de España, fuera y dentro de nuestras fronteras.

Salzillo fue un artista prolífico, con más de mil setecientas piezas, aunque de especial relevancia son sus tallas de gran tamaño, también se incluyen ángeles y demás piezas de orfebrería. Su obra de estilo barroco fue evolucionando hacia el rococó y neoclasicismo.

Aunque una pequeña parte de su obra desapareció durante la contienda de la Guerra Civil, la mayoría de su obra se encuentra en iglesias, conventos y parroquias, así como en colecciones de particulares. Una selección de su obra se muestra en el Museo que lleva su nombre, uno de los más visitados de la


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Región de Murcia, el Museo Salzillo, que alberga algunas de sus obras más características, como el Belén y los ocho pasos que procesionan el Viernes Santo.

Su obra puede disfrutarse también durante la Semana Santa de Murcia, una fiesta declarada de Interés Turístico Internacional.

Es en la procesión del Viernes Santo por la mañana, organizada por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, popularmente conocida como "La Mañana de Salzillo", donde salen los pasos obra del insigne escultor murciano.

"La Mañana de Salzillo" es de hecho la única procesión declarada como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter inmaterial en la Región de Murcia, aprobado en Consejo de Gobierno en el año 2015.

Su declaración como BIC se justifica por la calidad artística de la obra escultórica, con trascendencia tanto en la Región, donde ha dado lugar a toda una escuela de imaginería, como en la historia del Arte internacional.

Se trata de una procesión que reúne valores inmateriales como son los cánticos de las campanas de los Auroros, ya declarados también BIC inmaterial, la apertura de las puertas de la iglesia de Jesús a las seis horas de la mañana para dar salida a la procesión, el vestuario tradicional del nazareno estante y mayordomo, el toque de bocinas y tambores destemplados, las tarimas y los tronos que portan las imágenes de Salzillo, todo ello en el marco de la Iglesia de Jesús, el Museo Salzillo, para recorrer el Conjunto Histórico de Murcia.

Dicha obra en sí misma formaría parte de lo que la UNESCO entiende como bienes culturales -cualquiera que sea su origen y propietario, que las autoridades nacionales, por motivos religiosos o profanos, designen específicamente como importantes para la arqueología, la prehistoria, la historia, la literatura, el arte o la ciencia- y que pertenece a la categoría de bienes de interés artístico.

Pero además reuniría los requisitos para ser incluida en la Lista del Patrimonio Mundial, ya que constituye valor universal excepcional y cumple varios de los criterios de selección tales como que la obra está directa o materialmente asociada con acontecimientos o tradiciones vivas, con ideas, creencias u obras artísticas y literarias con un significado universal excepcional y además de que la escultura de Salzillo es obra de arte del genio creador humano.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, previa aprobación por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de trabajo de Patrimonio Mundial e Inmaterial, apoye, impulse y defienda en las instancias internacionales oportunas, la inscripción de la Candidatura de la procesión "La Mañana del Salzillo" de la Semana Santa de Murcia, en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2019.-María Dolores Bolarín Sánchez, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004322

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento, el estudio, formación, divulgación, conservación y puesta en valor de la arquitectura popular en "piedra seca", para su debate y aprobación en la Comisión de Cultura y Deporte.

Exposición de motivos

Buena parte del paisaje de las distintas comarcas que conforman el territorio de la Península Ibérica y también parte de Europa, comparten la tradición arquitectónica de "piedra seca", una técnica constructiva de gran valor cultural presente en todo el arco mediterráneo. Esta técnica fue incluida en 2018 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.


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Desde hace más de dos mil años, los hombres y las mujeres del campo en su lucha por adaptarse al entorno natural, han ido transformando el medio a partir de las materias primas que encontraban a su alrededor como la piedra, la tierra o la madera. Así, buscando el máximo aprovechamiento para la explotación agrícola y ganadera, partiendo de unos recursos naturales aparentemente escasos y hostiles, las personas que habitan el ámbito rural se han ido convirtiendo en auténticos arquitectos e ingenieros.

Las piedras, colocadas por manos hábiles, apretadas sin argamasa y encajadas unas con otras gracias a su propio peso, son las protagonistas del esfuerzo de adaptación de las personas al medio que las acoge. Los antiguos cerros, bosques y páramos se convirtieron en paisajes antropizados mediante la proliferación de muros, bancales, escaleras y otras construcciones laicas que ganan terreno a pastos y campos, frenan la erosión sedimentaria y retienen la humedad de los suelos.

Cabañas, cercados, corrales y todo tipo de zonas de refugio han cobijado a hombres, mujeres y ganado y son elementos auxiliares imprescindibles en las tareas rurales, particularmente en pastizales y trashumancias. Carboneras, hornos, molinos y otras construcciones son erigidas piedra a piedra para transformar los recursos naturales en herramientas constructivas o alimentarias. Balsas, puentes, aljibes, peceras, pozos, canales y otras ingenierías pétreas se usan para aprovechar el valioso recurso hídrico, imprescindible para la vida humana, siguiendo una lógica ancestral que hoy llamarnos "sostenible".

Todo este trabajo silencioso realizado por manos anónimas, ha definido buena parte del paisaje que ha llegado a nuestros días que se encuentra en condiciones de emergencia de conservación. La abundante presencia de estas construcciones es por sí misma una de las principales dificultades para conservarlas junto con el olvido de las antiguas técnicas constructivas, la mecanización de los trabajos del campo, la transformación latifundista de los cultivos y las concentraciones parcelarias y el abandono de las pequeñas explotaciones agropecuarias son otros factores que provocan la decadencia de elementos construidos bajo la técnica de la piedra seca.

A todo ello se suma una más que injusta reforma del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles -conocida comúnmente como "catastrazo"- que ha provocado su sobrevaloración a efectos tributarios cosa que, añadida a la falta de uso, ha motivado la destrucción de estructuras por resultar una molesta presencia para sus propietarios.

Sin embargo, desde hace casi dos décadas, el interés por este tipo de patrimonio se ha hecho patente en nuestro país. Tareas de estudio, divulgación, inventario, mantenimiento y restauración están recibiendo cada vez más interés y compromiso desde las diferentes autonomías y entidades locales gracias al trabajo altruista de personas y colectivos civiles.

Valores como la preservación de la identidad rural y la memoria histórica, actualmente en peligro por la pérdida de conocimientos transgeneracionales, se suman a las oportunidades de desarrollo económico que brinda la arquitectura popular y al motor económico que supone la puesta en valor de patrimonio cultural en el ámbito rural, particularmente en poblaciones despobladas. Características de las construcciones en piedra seca como la sostenibilidad o la perdurabilidad, las constituyen como un recurso de base inmejorable para definir senderos y parques para ser polo de atracción de senderistas y ciclistas, ornitólogos y herpetólogos y un elemento clave para la educación medioambiental de las nuevas generaciones y la conservación de la biodiversidad, como hogar y refugio de reptiles, pequeños mamíferos, aves e insectos claves para el equilibrio natural. Se trata de construcciones que frenan la erosión del terreno y ayudan a la regulación hídrica, lo que las hace aptas para consolidar políticas de reforestación o de arraigo de agriculturas ecológicas, aromáticas o medicinales.

Un gran paso adelante para el reconocimiento de la arquitectura de la piedra seca ha sido su reciente inclusión en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO, donde se afirma que "los muros de piedra seca desarrollan un papel esencial en la prevención de corrimientos de tierras, inundaciones y aludes". Con esta resolución de aprobación de la candidatura transnacional presentada por ocho países, incluido España (el cuarto más rico del mundo en cantidad de estos elementos), reciben el mayor reconocimiento los paisajes de la piedra seca en general y la técnica de la arquitectura de la piedra seca en particular, a los que se les atribuyen valores estéticos, históricos, simbólicos y ecológicos que van más allá de su función práctica originaria.

Creemos que la adopción de medidas de catalogación, restauración" divulgación y puesta en valor de este tipo de estructuras debe ser tomada como una obligación por parte del Estado español. Tomando como referente el modelo de estudio de la arquitectura en piedra seca en Andalucía, mediante programas de formación financiados por fondos europeos FEADER para la realización de talleres educativos y la


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elaboración de guías, pretendemos plantear que este tipo de acciones y actividades relacionadas con la salvaguarda de la memoria colectiva, se lleven a cabo en el resto de territorios que también comparten esta tradición milenaria.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"Instar al Gobierno en colaboración con las Comunidades Autónomas y las entidades locales y comarcales a:

1. Emitir una declaración institucional donde reconozca la relevancia de la arquitectura y el patrimonio de la piedra seca, así como su valor histórico, artístico, tipológico, estético, paisajístico e identitario, y afirme la conveniencia de ponerla en valor y comprometerse con su preservación, estudio, catalogación y difusión.

2. Fomentar y apoyar para que se realicen los trabajos de inventario y catalogación contando con profesionales del patrimonio cultural en materias tales como la arqueología, biología, geología y restauración-conservación, de manera que facilite las declaraciones como Bien de Interés Cultural (BIC) en sus manifestaciones más notables.

3. Diseñar y publicar un plan de ayudas a las entidades sin ánimo de lucro, acorde con la reciente firma del Convenio de Faro por parte de España, que desarrollen tareas centradas en la conservación preventiva, y difusión del patrimonio arquitectónico de la piedra seca, tales como cursos de construcción, trazado de rutas, colaboración en la ejecución de inventarios, estudios y otros.

4. Revisar la regulación de los valores catastrales de las construcciones rústicas estableciendo la exención en el IBI de construcciones auxiliares, no residenciales, de las explotaciones agrarias y ganaderas que estén construidas con la técnica de la piedra seca.

5. Impulsar programas formativos financiados mediante fondos FEDER y FEADER de la UE para que la población tenga nociones tanto de valoración de este tipo de construcciones a nivel antropológico e histórico - artístico, como del conocimiento de la técnica que permita que sea transmitida de forma intergeneracional y resalte su utilidad dentro del marco ele la necesidad de aplicar técnicas constructivas sostenibles y responsables con el medio ambiente que también puedan ser mejoradas mediante la tecnología para ser más eficientes y ampliar sus usos de forma que una tradición ancestral se reinvente en términos de aplicabilidad y beneficio social."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2019.-Eva García Sempere y Jaume Moya Matas, Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Economía y Empresa

161/004300

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la protección del Estado respecto a las actividades de los "fondos buitre", para su debate en la Comisión de Economía y Empresa.

Exposición de motivos

Los denominados fondos buitres son fondos de capital riesgo o fondos de inversión libre que invierten en títulos de deuda pública y otros activos de administraciones y/o agentes de la economía que se consideran cercanas a la quiebra. El modus operandi de los fondos buitre consiste en comprar títulos financieros de Estados, empresas u hogares en situación de dificultad financiera, obteniendo grandes descuentos que otorgan grandes beneficios.


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Cuando estos títulos comprados son de deuda la estrategia consiste en comprarlos a un porcentaje muy inferior al de su valor nominal, litigando y presionando posteriormente para obtener el pago del 100 % de este valor. Otra estrategia consiste en obtener la propiedad o concesión de explotación de un servicio o infraestructura previamente público a un precio inferior al de mercado, consiguiendo este descuento gracias a la influencia política y aprovechando la situación de estrés fiscal de las administraciones públicas.

En otras palabras, mediante la especulación financiera, los fondos buitre compran activos de los países y agentes en una situación económica difícil, a precio muy bajo para luego obtener grandes beneficios, ya sea a través de a de intentar cobrar la totalidad del valor nominal de los títulos de deuda como a través de la obtención de plusvalías o beneficios excesivos respecto a su desembolso con otro tipo de títulos o activos.

Estos fondos necesitan una serie de condiciones: en primer lugar, un contexto crítico que rebaje los precios de los activos a adquirir; en segundo lugar, una legislación que permita que estas adquisiciones relámpago para una venta lucrativa no sean solo legales sino fiscalmente óptimas.

En España, un ejemplo de este propicio contexto legislativo se dio en con la Ley 16/2012, publicada en el "Boletín Oficial del Estado" el 28 de diciembre, que supuso una sustancial modificación de los requisitos a las denominadas Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, las "SOCIMI", facilitando la creación de entramados societarios que permitirían a los grandes fondos realizar operaciones inmobiliarias en España sin apenas tributar.

La actividad de los fondos buitres se produce casi siempre en sectores que debieran centrarse en la atención de derechos sociales básicos y no en la mercantilización de servicios. En la actualidad, los "fondos buitre" no solo están especulando con las deudas públicas sino también en sectores como la vivienda, la sanidad y los servicios de atención a discapacitados.

Algunos casos que ilustran a lo que nos referimos han sido cómo Blackstone adquirió a precios muy bajos 40.000 hipotecas de Catalunya Bank -en manos de una institución pública como es el FROB-, 5.000 millones de euros con valor nominal de 30.000 millones de la cartera inmobiliaria del intervenido Banco Popular y, 1.860 viviendas de protección oficial propiedad del Ayuntamiento de Madrid, por solo 125 millones de euros. Parte del equipo de aquel consistorio del PP ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas por malvender este patrimonio público por debajo del precio de mercado y con numerosas irregularidades procedimentales. También la venta de casi 3.000 viviendas públicas propiedad de! Instituto de Vivienda de Madrid (IVIMA) al fondo Azora-Goldman Sachs en 2013 por el gobierno regional del PP es un caso ilustrativo.

Por casos como estos es fundamental denunciar los enormes daños que los "fondos buitre" causan a la mayoría de la población. Para ello se propone impulsar un proceso que culmine en la adopción de una legislación parecida a la Ley belga de 12 de julio de 2015 relativa a la lucha contra las actividades de los "fondos buitre", que fue sancionada por el Parlamento belga por unanimidad. El espíritu de esta ley es el de evitar que fondos con poder oligopolístico y/o localización en paraísos puedan abusar aprovechándose de situaciones de crisis financiera que afecten al estado o a sus ciudadanos, para realizar beneficios excesivos e ilegítimos. A la vez la propuesta pretende promover el avance hacia la desaparición de los paraísos fiscales.

Cabe destacar que esta ley fue recurrida por el fondo de inversión NML Capital del conocido inversor Paul Singer, denunciando que esta no era conforme con el derecho de la UE. Sin embargo, el 31 de mayo de 2018 el Tribunal Constitucional de Bélgica ratifico la validez de la ley, clarificando que esta está de acuerdo al derecho de la UE, concretamente con el artículo 9 del Reglamento Roma I. Para cumplir con la legislación de la UE, la ley también respeta otras disposiciones que protegen derechos o libertades a los que podría causar interferencia u obstáculo, entre otros el principio de igualdad, el derecho de propiedad, la libre prestación de servicios, el derecho de acceso a un tribunal y el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales en la UE, que son disposiciones fundamentales consagradas en la ley de UE que el fondo buitre NML Capital invoca en su acción de anulación ante el Tribunal Constitucional belga.

Dada esta conformidad a derecho de la ley belga los estados europeos deben iniciar la senda de adopción de leyes similares a las de Bélgica para poner fin a la especulación causada por este tipo de fondos. Esto es lo que demanda también el Parlamento Europeo en su resolución de 17 de abril de 2018. Esta resolución apela a los Estados miembros de la UE a que legislen contra la especulación de los fondos buitre inspirándose en la ley belga.

El estado debería gozar de una ley que establezca que cuando un acreedor persigue u obtiene una ventaja o beneficio ilegítimo mediante la adquisición de un préstamo, título financiero o de propiedad, en el caso de la deuda sus derechos respecto al deudor se limitarán al precio pagado para redimir dicho


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préstamo o dicha deuda, y si ha obtenido títulos de propiedad provenientes de privatizaciones podrá exigírsele la devolución de los beneficios y plusvalías ilegítimos, llegando a la revocación de la privatización, si se demuestra que la privatización fue llevada a cabo por debajo del precio de mercado y existió dolo y, tráfico de influencias y cohecho en el proceso de transferencia del patrimonio.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, partiendo del debate de los puntos que a continuación se exponen, impulse la realización de una ley que aborde la necesidad de protección del sector público, de sus organismos y entidades relacionadas, así como de la ciudadanía española con deudas a título individual, ante la actividad de los fondos especulativos buitres:

1. Cuando un acreedor persigue una ventaja ilegítima mediante la adquisición de un préstamo o título financiero, sus derechos respecto al deudor se limitarán al precio pagado para redimir dicho préstamo o dicha deuda.

Cualquiera que sea la ley aplicable a la relación jurídica entre el acreedor y el deudor, ninguna medida de ejecución puede obtenerse en España y ninguna medida cautelar o de ejecución forzosa podrá ser tomada en España a petición del susodicho acreedor a fin de recibir un pago en España si este pago le da una ventaja ilegítima tal como lo define este texto.

La búsqueda de una ventaja ilegítima se deriva de la existencia de una desproporción manifiesta entre el valor de recompra del préstamo o deuda al que se ha obtenido por parte del acreedor y el valor nominal del préstamo o deuda, o también entre el valor de recompra del préstamo o deuda y las sumas cuyo pago demanda.

Para constituir una ventaja ilegítima, la evidente desproporción referida en el apartado 1 debe completarse con al menos uno de los siguientes criterios:

- El deudor se encontraba en un estado de insolvencia o de suspensión de pagos comprobada o inminente en el momento de la recompra del préstamo o crédito.

- El acreedor tiene su sede en un Estado o territorio:

a) que está en la lista de Estados o jurisdicciones no cooperativos establecida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), o

b) cuya carga tributaria se sitúa significativamente por debajo de la tributación española, o

c) que figura en la lista establecida de Estados que se niegan a negociar y firmar un acuerdo que establece, de conformidad con las normas de la OCDE, el intercambio automático de información en materia fiscal y bancaria con España a partir de 2015.

El acreedor hace uso sistemático de procedimientos legales para conseguir el reembolso del préstamo o préstamos que haya recomprado anteriormente.

El deudor es objeto de medidas de reestructuración o renegociación de su deuda, de las cuales el acreedor se niega a participar.

- El acreedor ha abusado de la situación de debilidad del deudor para negociar un acuerdo de reembolso claramente desequilibrado.

- La devolución de las cantidades reclamadas por el acreedor tendría un impacto adverso identificable sobre las finanzas del deudor y puede poner en peligro su viabilidad socio-económica.

- El reembolso integral de los montos reclamados por el acreedor tendría un impacto adverso identificable sobre las finanzas públicas del Estado deudor y podría poner en peligro el desarrollo socio-económico de su población.

2. Estas medidas se aplican siempre y cuando se apliquen los tratados internacionales, el derecho de la UE o los tratados bilaterales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2019.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

161/004308

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la oferta de las prácticas académicas no remuneradas de los alumnos, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

Exposición de motivos

El Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo establece en su disposición adicional quinta la inclusión en el sistema de la Seguridad Social de la realización de prácticas académicas externas no remuneradas de los alumnos universitarios de titulaciones oficiales de grado y master y alumnos de formación profesional de grado medio o superior.

Este Real Decreto-ley fue convalido por el Pleno del Congreso el 22 de enero de 2018, quien aprobó también su tramitación como Proyecto de Ley.

Sorprende que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y el Ministerio de Educación y Formación Profesional hayan podido avalar esta disposición y que tampoco se haya consultado con la comunidad educativa y universitaria.

Por ello, el Grupo Popular solicitó la comparecencia del Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades y de la Ministra de Educación y Formación Profesional en el Congreso. Pero hasta la fecha solo ha comparecido la Ministra de Educación y Formación Profesional el pasado 5 de febrero, que no pudo ofrecer una respuesta satisfactoria y resolutoria sobre el asunto, y sin embargo también mostró su desacuerdo con el contenido del Real Decreto-ley en esta cuestión.

La aprobación de esta norma ha suscitado una importante controversia en el ámbito universitario no solo por la forma sino también por el fondo de la misma. La utilización de la figura de Real Decreto-ley ha hurtado a los afectados, especialmente a las universidades, la posibilidad de participar en un debate sosegado y constructivo necesario. Entre otros, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE) ha reaccionado contra el Real Decreto-ley del Gobierno y han emitido un comunicado alertando de que se ha fijado esta obligación "sin hablar con las universidades" y advierten que la decisión "puede acarrear serias dificultades tanto para los estudiantes, que vean mermada su oferta de prácticas, como para las universidades", que se encontrarán ante un grave problema económico difícilmente asumible.

Por otro lado, la CRUE, crítica que el Real Decreto-ley "trata por igual las prácticas curriculares y las extracurriculares, olvidando que ambas tienen un carácter radicalmente distinto, sean o no remuneradas". "Las prácticas curriculares forman parte de los planes de estudios universitarios como una asignatura más: se trata, por tanto, de una actividad académica obligatoria para los estudiantes matriculados en ella, a diferencia de las prácticas extracurriculares que tienen carácter voluntario".

También pone de manifiesto que "la norma no contempla las prácticas académicas externas de los estudios de formación permanente de las universidades, que cada vez cobran mayor importancia". Piden diálogo al Gobierno, por ello, solicitan la apertura de esa mesa de diálogo para abordar la diferencia entre las prácticas curriculares y extracurriculares, el mantenimiento de la bonificación del 100 % para las prácticas curriculares remuneradas y su extensión para las prácticas no remuneradas tanto curriculares como extracurriculares. Asimismo, quieren negociar el tratamiento a las prácticas de los estudios de formación permanente, y el establecimiento de un procedimiento de alta simplificado y automatizado a la Seguridad Social para los estudiantes que realicen prácticas con bonificación, "con el objetivo de facilitar la nueva gestión que habrán de asumir las universidades y las entidades colaboradoras".

A las universidades y a las familias les preocupa el coste que la medida implica y la puesta en riesgo de la oferta de prácticas académicas, uno de los pilares de la formación de los estudiantes. El Gobierno calcula el coste en 74,46 millones de euros y en 534.000 los estudiantes afectados.

Sirva como ejemplo de las consecuencias de esta normativa la estimación que han realizado los rectores de las universidades públicas de la Región de Murcia, que han cuantificación que esta medida puede suponer 2,4 millones de euros para estas dos universidades lo que supone un coste difícilmente


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asumible, que afecta a más de 11.000 estudiantes solo en esta Región y que sin duda supone un escollo en las tan ansiadas relaciones universidad-empresa.

Si lo que se pretendía el Gobierno era facilitar la labor de la Inspección de Trabajo para controlar si las tareas de los estudiantes son laborales o formativas, no parece que sea adecuado hacerlo a costa de la calidad del sistema universitario y educativo. Tampoco parece que sea oportuno si la intención es suplir con esta medida la bajada de la afiliación a la Seguridad Social, ocasionada por la deficiente gestión y las malas perspectivas económicas de este Gobierno.

En resumidas cuentas, el Gobierno ha traído a esta Cámara una medida que no está consensuada con nadie, que no agrada a nadie (ni a sus ministros del ramo) y que además no tienen ninguna previsión sobre su puesta en marcha, repercusión económica de la misma, etc.

Resulta además que en la actualidad se está tramitando en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley sobre prácticas universitarias donde podría debatirse al respecto.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, previo diálogo con la comunidad educativa y universitaria, a derogar la disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, y en su caso, a establecer una bonificación del 100 % de las cuotas de cotización a la Seguridad Social para los alumnos de prácticas no remuneradas universitarios de titulaciones oficiales de grado y máster y alumnos de formación profesional de grado medio o superior, a las que se refiere la disposición adicional quinta del mencionado Real Decreto-ley."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de febrero de 2019.-Silvia Valmaña Ochaíta y Javier Ruano García, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/004298

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la necesidad de modificar el actual sistema de arreglo de controversias entre inversionistas y Estados, para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

Desde la década de los años 60 del siglo pasado, el marco del enfoque global de la regulación de la inversión extranjera se ha caracterizado por la aparición del arbitraje internacional como medio de resolución de litigios en materia de inversiones y por el reconocimiento cada vez mayor por parte del Derecho de los tratados de la capacidad de los inversores de hacer cumplir los tratados directa-mente frente a los Estados de acogida.

El sistema actual de solución de controversias entre inversionistas y Estados se elaboró a fin de permitir que un nacional extranjero (ya fuera una persona física o jurídica) pudiera interponer directamente una demanda contra un Estado soberano en el que hubiera realizado inversiones, lo que se apartaba en gran medida de los mecanismos tradicionales que se utilizaban para resolver las controversias relacionadas con la inversión, que se basaban fundamentalmente en formas de protección diplomática.

Hoy, el régimen de inversión internacional está compuesto por un gran número de tratados internacionales. En estos acuerdos, los Estados otorgan facultad de presentar reclamaciones para hacer cumplir estos tratados internacionales a personas naturales o jurídicas (inversoras). En ocasiones, sobre todo en los últimos años, esta facultad ha sido aprovechada por las empresas transnacionales para


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demandar a los Estados ante los tribunales y sacarle partido a la debilidad que estos muestran a la hora de defender los intereses de los ciudadanos y ciudadanas. Los acuerdos y tratados de comercio e inversión que firman los Estados, los contratos que estos establecen con las compañías transnacionales y todas aquellas políticas que inciden en la desregulación de los derechos son en numerosas ocasiones piezas fundamentales de la armadura jurídica que blinda los intereses de las empresas transnacionales.

Buen ejemplo de ello es el laudo arbitral a favor de Chevron. El 30 de agosto de 2018, el Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya falló en contra del Estado ecuatoriano en el caso Chevron/Texaco, perjudicando a decenas de miles de personas afectadas por las operaciones de esta empresa en la Amazonía ecuatoriana y burlando 25 años de lucha en demanda de justicia y reparación integral para miles de personas afectadas por la contaminación petrolera en el norte de la Amazonía. Un laudo que deja impune el delito ambiental y social que se cometió.

El objetivo de los tribunales de arbitraje se centra en la protección de inversiones y de los intereses de las grandes empresas, dejando de lado a sus pueblos o al medio ambiente.

Sumado a ello, existen otras inquietudes en torno al sistema actual de arreglo de controversias entre inversionistas y Estados. A saber: i) Se ha detectado una falta de coherencia entre los laudos arbitrales, ii) una escasez de mecanismos para garantizar que los laudos arbitrales sean correctos, iii) una imprevisibilidad manifiesta, iv) el nombramiento de los árbitros por las partes, y) unas repercusiones del nombramiento por las partes en la imparcialidad y la independencia de los árbitros, vi) falta de transparencia, y vii) el aumento de la duración y los costes de los procesos. Estas inquietudes se inscriben en dos categorías generales: las relativas al proceso arbitral y sus resultados y las referentes a los árbitros y los encargados de adoptar decisiones.

En relación al proceso arbitral y sus resultados, las ineficacias habitualmente expresadas sobre los aspectos procesales de la solución de controversias entre inversionistas y Estados incluyen:

i) La larga duración y los importantes costes de los procesos: el arbitraje se concibió, entre otras cosas, como un método de solución de controversias relativamente rápido y económico. Sin embargo, se ha expresado preocupación porque los casos de solución de controversias entre inversionistas y Estados cada vez generan costes más elevados y dan lugar a procesos más largos. Por lo que se refiere a los costes, ciertos Estados demandados pueden tener dificultades para conseguir los importantes recursos que se precisan para hacer frente a un caso en que se recurra al sistema de solución de controversias entre inversionistas. En general, los Estados pueden recibir críticas por utilizar fondos públicos para defenderse a esos casos, en particular porque los tribunales arbitrales no han solido exigir a los inversionistas demandantes que pierden los casos el pago de los gastos incurridos por el Estado al que ha favorecido el laudo.

ii) La falta de transparencia en los procesos: la justicia sigue administrándose a puerta cerrada. El sistema actual, que se basa en gran medida en el arbitraje comercial o se deriva de el, no siempre ha considerado la transparencia como un elemento necesario de la resolución de litigios. Esto significa que no siempre se suministra información al público sobre las diferencias en materia de inversiones.

iii) Falta de coherencia y uniformidad: las normas de protección de los inversionistas que figuran en esos tratados varían en gran medida; algunas se formulan de forma imprecisa o general lo que deja a los árbitros un amplio margen para la interpretación. Sumado a ello, la constitución ad hoc de los tribunales arbitrales influye potencialmente en los resultados, en la medida en que los árbitros son actores recurrentes, o pretenden ser recurrentes, en un sistema donde es preciso nombrar de nuevo a los árbitros para cada litigio. Esto no mejora la estabilidad y coherencia del sistema y, por lo tanto, la capacidad de los interesados, ya sean empresas, gobiernos o actores de la sociedad civil, de buscar orientación sobre causas anteriores para tratar de determinar cómo se aplicarán las normas en un conjunto particular de circunstancias.

iv) La falta de un mecanismo para examinar las reconvenciones presentadas por los Estados demandados: los laudos arbitrales son definitivos y únicamente pueden revisarse en procedimientos de anulación o ejecución ante tribunales de justicia nacionales. Además, la competencia para revisar los laudos de los comités de anulación es a menudo restringida. La ausencia de un mecanismo de apelación implica que los laudos erróneos no pueden ser revocados, por lo que no se puede garantizar que la aplicación de la ley sea correcta.

En lo que respecta a los árbitros y a los encargados de adoptar las decisiones, su nombramiento por las partes ha sido una de las cuestiones relativas a la solución de controversias entre inversionistas y


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Estados que más déficits presenta, sobre todo en lo que respecta a los siguientes aspectos: a) la falta de garantía suficientes de la independencia e imparcialidad de los árbitros individuales; b) el nombramiento repetido de un número limitado de personas como árbitros en casos que prevén el recurso a un mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados; c) la falta de transparencia en el proceso de nombramiento; d) la actuación de algunas personas como asesores y como árbitros en diferentes procesos en los que se ha recurrido a un mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados, lo que puede dar lugar a conflictos de intereses o a lo que denomina predisposición doctrinal; e) la percepción de que los árbitros son menos conscientes del interés público que los jueces que ocupan un cargo público; f) financiación por terceros, que puede dar lugar a problemas de tipo ético (relacionados, por ejemplo con posibles conflictos de intereses entre los árbitros y los financiadores, y el deber de confidencialidad del financiador) y a inquietudes relativas al proceso (por ejemplo, el posible control o influencia del financiador sobre el proceso arbitral, y la distribución de los costes); g) la asimetría que genera el sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estados, al que solo pueden recurrir los inversores extranjeros.

Existe una preocupación fundada en relación al sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estados relacionada con la necesidad de que exista una rendición de cuentas democráticas así como una legitimidad en el proceso de solución de controversias. El nombramiento de árbitros por las partes presenta desventajas si se lo compara con el nombramiento de jueces en los tribunales nacionales, el cual se lleva a cabo mediante procesos concebidos para garantizar la integridad en defensa del estado de derecho y permitir el examen público del proceso de adopción de decisiones judiciales.

En definitiva, el actual sistema de solución de controversias entre inversionistas y Estados opera de forma básicamente disfuncional, y casi siempre de forma beneficiosa para las grandes corporaciones transnacionales y perjudicial para la ciudadanía y el medio ambiente. Si bien los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos (UNGP, por sus siglas en inglés) aprobados por el consenso por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2011 marcan la pauta de lo que debería informar la regulación sobre esta materia, es necesario que el cumplimiento de esos principios, en la actualidad voluntarios, venga acompañado de un marco normativo vinculante con el objetivo que la operativa de los actores implicados sea transparente y pueda darse mayor peso a los derechos de las personas y del medio ambiente, que son las que en última instancia se ven afectadas por este tipo de regulación. Por último, es imprescindible que en los conflictos entre inversionistas y Estados que involucren cuestiones de Derechos Humanos no puedan presentarse reclamaciones ante tribunales arbitrales internacionales de comercio o de inversión. Las instancias competentes para resolver los mencionados conflictos deberían ser las jurisdicciones internacionales, nacionales y regionales, y mecanismos de control y ejecución en el ámbito internacional que deberán actuar de manera complementaria a los mismos.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. En tanto no se toman las medidas oportunas que garanticen una operatividad funcional de los mismos, exigir la eliminación de los tribunales de solución de controversias entre inversionistas y Estados; y salir de los tratados internacionales de comercio e inversión que contengan este tipo de sistema u otro mecanismo parecido.

2. Que en el marco del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta (OEIGWG) del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, impulse la aprobación definitiva de un instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales con respecto a los derechos humanos, según lo acordado en la Resolución 26/9 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 26 de junio de 2014."

Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de febrero de 2019.-Aina Vidal Sáez, Noelia Vera Ruíz-Herrera, Àngela Ballester Muñoz, Ana Belén Terrón Berbel y Sònia Farré Fidalgo, Diputadas.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Transición Ecológica

181/001687

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica

Diputado don José Ramón García Cañal

Texto:

¿Cuáles han sido las transferencias internas realizadas desde la Sección 20 (actual Ministerio de Transición Ecológica) de los PGE para 2018 correspondientes a los programas presupuestarios 423M, 423N y 457M, al Instituto para la Reestructuración y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras a 31 de diciembre de 2018? ¿Qué razones han impedido realizar la convocatoria en 2018 de proyectos de promoción empresarial en las comarcas mineras?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2019.-José Ramón García Cañal, Diputado.

181/001688

Grupo Parlamentario Popular en el Congreso

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica

Diputado don José Ramón García Cañal

Texto:

¿Cuáles han sido las transferencias internas realizadas desde la Sección 20 (actual Ministerio de Transición Ecológica) de los PGE para 2018 correspondientes a los programas presupuestarios 423M, 423N y 457M, al Instituto para la Reestructuración y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras a 31 de diciembre de 2018? ¿Cuántos convenios específicos han sido firmados en 2018 con el Principado para la ejecución de proyectos de inversión de infraestructuras en las diferentes municipios mineros del Principado de Asturias y cuántos han sido licitados hasta el momento?

Palacio del Congreso de los Diputados, 18 de febrero de 2019.-José Ramón García Cañal, Diputado.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/033055

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Lamuà Estañol, Marc (GS).

Retirada de su pregunta sobre justificación por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de la decisión tomada por el Secretario General de Pesca de permitir la extracción de coral rojo en el tramo costero que va desde Arenys de Mar a Begur.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

184/033056

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Lamuà Estañol, Marc (GS).

Retirada de su pregunta sobre consciencia que tiene el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente acerca de que la decisión del Secretario General de Pesca de otorgar licencias para la extracción de coral rojo en el tramo entre Arenys de Mar y Begur entra en conflicto con las decisiones tomadas para las aguas interiores por la Generalitat de Cataluña y contraviene el criterio de los expertos y el informe del CSIC sobre la degradación de las colonias de coral rojo en dicha zona.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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184/033057

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Lamuà Estañol, Marc (GS).

Retirada de su pregunta sobre previsiones del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente acerca de revocar su decisión de levantar la veda sobre el coral rojo en aguas exteriores que entra en contradicción con la coordinación de vedas entre aguas interiores y exteriores.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

184/044844

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM). Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-EM).

Titularidad de la Casa Cornide de A Coruña.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso

El Diputado Antón Gómez-Reino Varela y la Diputada Yolanda Díaz Pérez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento formulan las siguientes preguntas para su respuesta por escrito relativas a la titularidad de la Casa Cornide de A Coruña.

Exposición de motivos

El pasado 16 de enero, en respuesta a preguntas formuladas por los mismos Diputados, el Gobierno informaba que, según consta en los archivos del Organismo Autónomo Gerencia de Infraestructuras y


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Equipamientos de Cultura (OAGIEC), el 22 de junio de 1962, el Estado permutaba, en escritura pública, el inmueble (junto con solar) conocido como Casa Cornide, cuyo destino era la instalación de un Conservatorio de Música y Declamación, por una parcela, propiedad del Ayuntamiento de A Coruña, en el lugar de San Roque de Afuera, en el sitio denominado Leirones o Asar o Cortellino.

Según informaba el Gobierno el motivo por el que el Ministerio de Educación Nacional habría realizado la permuta sería que, según informe de la Dirección del Conservatorio de Música y Declamación "el edificio propiedad del Estado era de planta de dimensiones escasas para lo que en el se pretendía instalar por lo que no era aconsejable su adaptación, y por ello manifestaba su satisfacción al proceder a la permuta".

Por todo ello se formulan las siguientes

Preguntas para su respuesta por escrito

1. ¿Una vez formalizada la permuta, a que fines destinó el Estado la parcela sita en el lugar de San Roque de Afuera, en el sitio denominado Leirones de Asar o Cortellino?

2. ¿Continúa la mencionada parcela figurando en el inventario General de Bienes y Derechos del Estado y a qué fines se destina en la actualidad?

3. De no figurar inscrita dicha parcela en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, ¿en qué fecha dejó de pertenecer dicho inmueble al patrimonio del Estado y por qué motivo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de febrero de 2019.-Antonio Gómez-Reino Varela y Yolanda Díaz Pérez, Diputados.

184/044845

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Chaib Akhdim, Mohammed (GS). Cruz Rodríguez, Manuel (GS). Guinart Moreno, Lídia (GS). Perea i Conillas, María Mercè (GS). Zaragoza Alonso, José (GS). Lamuà Estañol, Marc (GS). Ruiz i Carbonell, Joan (GS).

Retirada de su pregunta sobre número de acuerdos e hitos relevantes que se han cerrado como consecuencia de encuentros bilaterales entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña desde el 4/11/2016 al mes de junio del año 2018.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


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184/044846

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Chaib Akhdim, Mohammed (GS). Cruz Rodríguez, Manuel (GS). Guinart Moreno, Lídia (GS). Perea i Conillas, María Mercè (GS). Zaragoza Alonso, José (GS). Lamuà Estañol, Marc (GS). Ruiz i Carbonell, Joan (GS).

Retirada de su pregunta sobre número de reuniones de Conferencias Sectoriales celebradas desde el 4/11/2016 al mes de junio del año 2018 en las que ha participado el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, así como número de reuniones a las que no ha asistido.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

184/044847

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Chaib Akhdim, Mohammed (GS). Cruz Rodríguez, Manuel (GS). Guinart Moreno, Lídia (GS). Perea i Conillas, María Mercè (GS). Zaragoza Alonso, José (GS). Lamuà Estañol, Marc (GS). Ruiz i Carbonell, Joan (GS).

Retirada de su pregunta sobre número de reuniones estatutariamente previstas que se han producido entre miembros del Gobierno de España y miembros del Gobierno de la Generalitat de Cataluña desde el 4/11/2016 al mes de junio del año 2018.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Página 48




184/044848

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Chaib Akhdim, Mohammed (GS). Cruz Rodríguez, Manuel (GS). Guinart Moreno, Lídia (GS). Perea i Conillas, María Mercè (GS). Zaragoza Alonso, José (GS). Lamuà Estañol, Marc (GS). Ruiz i Carbonell, Joan (GS).

Retirada de su pregunta sobre número de reuniones que se han producido entre ministros del Gobierno de España y consejeros u otros cargos superiores del Gobierno de la Generalitat de Cataluña desde el 4/11/2016 al mes de junio del año 2018.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a los autores de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

184/044852

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Guinart Moreno, Lídia (GS).

Retirada de su pregunta sobre número de reuniones de Comisiones Bilaterales que se han producido desde junio del año 2018, Comunidades Autónomas con las que han tenido lugar dichas Comisiones y motivo por el que no se han producido reuniones con otras Comunidades, así como reuniones de Comisiones Bilaterales de Cooperación que se produjeron y Comunidades Autónomas con las que han tenido lugar las mismas entre junio del año 2017 y mayo del año 2018.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.


Página 49




184/044853

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Guinart Moreno, Lídia (GS).

Retirada de su pregunta sobre número de reuniones de Conferencias Sectoriales que se han producido desde el mes de junio del año 2017 hasta junio del año 2018 y Comunidades Autónomas que han acudido a cada una de las reuniones.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

184/044854

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Guinart Moreno, Lídia (GS).

Retirada de su pregunta sobre número de Convenios y Acuerdos de Colaboración Estado-Comunidades Autónomas que se han producido desde junio del año 2017 a junio del año 2018, así como aportaciones financieras del Estado a dichos Convenios y Acuerdos de Colaboración.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

184/044855

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Guinart Moreno, Lídia (GS).


Página 50




Retirada de su pregunta sobre número de recursos de inconstitucionalidad que se han retirado desde junio del año 2017 a junio del año 2018.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

184/044856

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Guinart Moreno, Lídia (GS)

Retirada de su pregunta sobre número de subvenciones que se han distribuido entre Comunidades Autónomas desde junio del año 2017 a junio del año 2018.

Acuerdo:

Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y a la autora de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

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