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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 494, de 12/02/2019
cve: BOCG-12-D-494
 


BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XII LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
12 de febrero de 2019

Núm. 494


ÍNDICE

Control de la acción del Gobierno

PROPOSICIONES NO DE LEY

Comisión Constitucional

161/004221 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre derecho a voto de las personas extranjeras residentes y eliminación del examen de nacionalidad ... (Página8)

Comisión de Asuntos Exteriores

161/004199 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente de Venezuela ... (Página10)

Comisión de Justicia

161/004197 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre el control efectivo de las Fundaciones ... (Página12)

Comisión de Defensa

161/004234 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el mantenimiento del Cuartel General de las Fuerzas de Protección de la Armada (FUPRO) en la ciudad de Cartagena (Murcia) ... (Página12)

Comisión de Interior

161/004229 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la creación de una USECIC en la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense ... (Página14)

161/004253 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para paliar los daños producidos por el temporal de enero de 2019 en Asturias ... (Página15)

161/004254 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas para paliar los daños producidos por el temporal de enero de 2019 en Cantabria ... (Página16)


Página 2




Comisión de Fomento

161/004183 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a reducir las zonas de afección y servidumbre de la cubierta de la autovía en Sant Joan y renunciar a la ampliación de la A-70 ... (Página18)

161/004184 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al estado de conservación de varios puentes en el municipio de Ferrol, dependientes del Ministerio de Fomento ... (Página19)

161/004188 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre mejoras en la autovía A-7 a su paso por Rincón de la Victoria (Málaga) ... (Página20)

161/004193 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la rehabilitación del Teatro Principal de Tui (Pontevedra) ... (Página21)

161/004203 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a ampliar el plazo de reconstrucción de las viviendas de los damnificados de los terremotos de Lorca ... (Página22)

161/004204 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al desarrollo de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios ... (Página23)

161/004208 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el convenio del Plan de Vías de Gijón ... (Página24)

161/004210 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a impulsar la conexión ferroviaria Motril-Granada ... (Página26)

161/004211 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el paso a nivel entre la línea ferroviaria Zafra-Huelva y la carretera BA-069 en Medina de las Torres (Badajoz) ... (Página27)

161/004212 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a mejorar el transporte en tren de las familias numerosas ... (Página28)

161/004215 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a las obras de regeneración de la Bahía de Portmán ... (Página29)

161/004216 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno al desarrollo del puerto de El Musel y el de Avilés en el Principado de Asturias ... (Página30)

161/004219 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la petición de nuevos trenes AVE a la línea Alicante-Madrid ... (Página31)

161/004235 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la denominación del Aeropuerto Internacional Región de Murcia-Juan de la Cierva ... (Página32)

161/004249 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la paralización del proyecto de construcción de autovía A-57 ... (Página33)


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Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

161/004180 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el aumento de las subvenciones a los centros especiales de empleo ... (Página35)

161/004247 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de conformidad con la Directiva 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, y para regular medidas legales efectivas y disuasorias contra el abuso en la contratación temporal ... (Página36)

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

161/004189 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para el fomento de la minería del mármol ... (Página38)

161/004190 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, para el mantenimiento de la sede de la Organización Mundial del Turismo en España ... (Página39)

161/004195 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la modernización de los destinos turísticos ... (Página40)

161/004196 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, sobre la amenaza de entrada en España de aceite de oliva comercializado por Turquía mediante el empleo de materia prima expoliada a Siria ... (Página41)

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/004182 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la modificación de la regulación de la normativa de calidad y etiquetado de la miel ... (Página42)

161/004187 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de una Mesa Estatal del Sector del Cava ... (Página45)

161/004191 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al impulso del desarrollo tecnológico en el sector agroalimentario ... (Página47)

161/004192 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para que se inste a la Comisión Europea a hacer un seguimiento detallado del impacto que está teniendo el tratado de comercio con Sudáfrica, en particular sobre el mercado de cítricos con Europa ... (Página48)

161/004194 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se insta al Gobierno a atajar la crisis citrícola 2018/2019 ... (Página50)

161/004198 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa del sector citrícola ... (Página51)

161/004222 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas contra la Xylella fastidiosa y de apoyo a las zonas afectadas en la Comunitat Valenciana ... (Página53)

161/004226 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, sobre la gestión de la pesca de arrastre en el Mediterráneo ... (Página58)

161/004227 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la regularización del papel de la mujer en el sector pesquero ... (Página59)


Página 4




161/004242 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la Estrategia de Modernización y Diversificación Rural ... (Página61)

161/004243 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a reforzar el papel de los jóvenes en el mundo rural ... (Página61)

161/004244 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la ejecución y financiación de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Santiago de Compostela, obra declarada de Interés General del Estado ... (Página63)

Comisión de Política Territorial y Función Pública

161/004186 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la participación de las Comunidades Autónomas en las instituciones y organismos estatales ... (Página64)

161/004236 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la elaboración de un Plan Fiscal en las zonas rurales ... (Página67)

Comisión de Transición Ecológica

161/004200 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la mitigación de emisiones y adaptación al cambio climático en el sector agro-ganadero ... (Página68)

161/004202 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la central térmica de Andorra ... (Página69)

161/004205 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la consideración y desarrollo reglamentario de los Bancos de Conservación de la Naturaleza ... (Página71)

161/004207 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a implantar el cálculo de la Huella de Carbono y los planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero ... (Página72)

161/004209 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al cierre de la central térmica de Es Murterar de Alcudia (Mallorca) ... (Página73)

161/004213 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a impulsar la instalación de un parque eólico marítimo flotante experimental en la costa gallega ... (Página74)

161/004214 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la actualización de la Ley del Sector de Hidrocarburos en cumplimiento de la normativa europea sobre gestores de la red de transporte ... (Página75)

161/004218 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la ejecución de infraestructuras hidráulicas de depuración de aguas residuales de El Ejido ... (Página77)

161/004220 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la regulación del río Belcaire ... (Página78)

161/004225 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de la línea eléctrica de 400 kV La Ribina-Baza-Caparacena ... (Página79)


Página 5




161/004248 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la creación de una Agencia Estatal de Residuos y Envases ... (Página80)

161/004250 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la construcción de una línea de alta tensión en los municipios de Astillero y Camargo ... (Página82)

Comisión de Cultura y Deporte

161/004223 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la conmemoración del quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México ... (Página83)

Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

161/004179 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el cumplimiento del acuerdo sobre las indemnizaciones a los afectados por la talidomida ... (Página85)

161/004231 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la creación de las especialidades odontológicas ... (Página87)

161/004232 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la consecución de avances en la pediatría de atención primaria en el Sistema Nacional de Salud ... (Página89)

161/004233 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la incorporación en el Sistema Nacional de Salud de innovaciones terapéuticas para el tratamiento de la fibrosis quística ... (Página90)

161/004237 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la implementación del etiquetado en colores de productos de alimentación ... (Página91)

161/004238 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la sustitución de las líneas telefónicas 901 y 902 por líneas gratuitas en el suministro de información sobre servicios públicos ... (Página93)

Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

161/004245 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a garantizar la igualdad de las personas con discapacidad en el Programa Erasmus ... (Página95)

161/004252 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, para incrementar la cultura científica de la sociedad española ... (Página96)

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/004185 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el reconocimiento, apoyo y preservación del mandato del Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ... (Página97)

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/004201 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para la adecuación de los accesos al municipio de Santa Pola en aras de la mejora de la seguridad vial en la zona ... (Página99)


Página 6




161/004217 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a establecer medidas para solucionar los problemas de seguridad del tramo de la Ex-300 a su paso por Solana de los Barros (Badajoz) ... (Página101)

161/004246 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al diseño de un plan de choque para la renovación del parque móvil en nuestro país ... (Página102)

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/004239 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a prevenir los ahogamientos de menores de edad en entornos acuáticos ... (Página102)

161/004240 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el consumo de leche y productos lácteos en la población infantil y adolescente ... (Página104)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

Comisión de Defensa

181/001665 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre estado en el que se encuentran los trámites previos al inicio de las obras en Navantia Ferrol para la implantación total del Astillero 4.0 ... (Página105)

Comisión de Hacienda

181/001667 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre estado en el que se encuentran los trámites previos al inicio de las obras en Navantia Ferrol para la implantación total del Astillero 4.0 ... (Página105)

Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

181/001668 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre número de trabajadores y trabajadoras del campo que se verán beneficiados con la medida aprobada por el Gobierno de reducción del número de peonadas para el subsidio y renta agraria en las provincias afectadas por las inundaciones en Andalucía del mes de octubre de 2018 ... (Página106)

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

181/001666 Pregunta formulada por la Diputada doña Yolanda Díaz Pérez (GCUP-EC-EM), sobre ofertas que hay, de posibles compradores, para hacerse con las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés ... (Página106)

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

181/001639 Pregunta formulada por el Diputado don José Cano Fuster (GCs), sobre medidas que piensa impulsar el Gobierno para fomentar los seguros agrarios y otras estrategias de cobertura de riesgos ... (Página106)

181/001640 Pregunta formulada por el Diputado don José Cano Fuster (GCs), sobre previsiones para impulsar la mejora de la transparencia y la seguridad jurídica en los contratos agrarios ... (Página107)

181/001641 Pregunta formulada por la Diputada doña María Sandra Julià Julià (GCs), sobre medidas previstas para defender a nuestro sector citrícola ante la grave situación en la que se encuentra ... (Página107)


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181/001642 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez (GCs), sobre garantía de los derechos de la flota pesquera de nuestro país, independientemente de su procedencia, ante la posibilidad de que la flota palangrera de Carboneras vea limitada su pesquería en el caladero de Cabrera ... (Página107)

Comisión de Transición Ecológica

181/001669 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Pita Cárdenes (GCUP-EC-EM), sobre medidas previstas para que la Comunidad Autónoma de Canarias deje de figurar en el listado los casos vivos por carecer de planes de inundación ... (Página107)

181/001670 Pregunta formulada por la Diputada doña María del Carmen Pita Cárdenes (GCUP-EC-EM), sobre medidas previstas para evitar que se continúen produciendo retrasos e incumplimientos en la partida de ayuda pública para compensar los sobrecostes del agua de riego, aprobada en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y reducir los efectos negativos en el desarrollo del sector agrícola de Canarias ... (Página108)

Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

181/001671 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz (GS), sobre forma en la que va a beneficiar la medida recientemente aprobada por el Gobierno de que los estudiantes en prácticas no laborales en la Universidad estén dados de alta en la Seguridad Social ... (Página108)

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/044134 Autor: García Puig, María del Mar

Declaraciones del Obispo de Alcalá de Henares en el programa "El día del Señor" de La 2 arremetiendo contra la igualdad y el derecho de las personas LGTBI y las mujeres... (Página109)

184/044916 Autor: Capdevila i Esteve, Joan Salvador i Duch, Jordi

Integración de la Fundación Fútbol Club Barcelona en España Global... (Página110)

184/044993 Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio

Fines a los que se destinó la parcela sita en San Roque de Afuera (A Coruña) tras su permuta, así como inscripción de la misma en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado... (Página111)


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CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO

PROPOSICIONES NO DE LEY

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión Constitucional

161/004221

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre derecho a voto de las personas extranjeras residentes y eliminación del examen de nacionalidad, para su debate y aprobación en Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

Durante el año 2019 tendrán lugar distintas citas electorales en los que las personas con derecho a voto podrán elegir a sus representantes en las distintas instancias de representación.

Es este, el derecho a voto un derecho básico de los llamados derechos civiles y políticos que a su vez configura a quienes residen en el país como ciudadanos según la teoría clásica. Sin embargo el derecho al sufragio universal debería ser una exigencia democrática que incluya a todos los miembros de la comunidad sociopolítica en tanto participantes de la misma. Una democracia plena no puede negar los derechos civiles y políticos a una parte de la población y por ello son necesarios una serie de cambios profundos en el sistema electoral y de acceso a nacionalidad.

En el año 1985, con la entrada de España en la Unión Europea surge la primera Ley de Extranjería y con ella la condición de irregularidad. Así mismo, es este hecho el que crea una doble distinción entre no nacionales comunitarios y no comunitarios distinción que se mostraría posteriormente básica para el establecimiento de derechos civiles y políticos como es el derecho a voto. Las sucesivas legislaciones en esta materia han producido categorías que a su vez han dado por resultado múltiples discriminaciones y la conformación de diferentes clases de sujetos y derechos en función del estatus de ciudadanía reconocido. Sin ir más lejos, la vinculación entre permiso de residencia, contrato de trabajo y acceso a los denominados derechos de ciudadanía apela a una concepción instrumental de la migración.

La política migratoria en el Estado español y en la Unión Europea se ha caracterizado por la integración (subordinada) de las personas extranjeras en situación administrativa regular y la criminalización de las personas en situación administrativa irregular.

Por esta cuestión, es necesario habilitar el sufragio universal en el nivel municipal para todas las personas migrantes, sin necesidad de que existan convenios bilaterales, y abrir el debate para avanzar en la posibilidad de que participen en otras elecciones y momentos de la vida política, así como garantizar la participación política a todos los niveles de todas aquellas personas que residen en nuestro país. Debemos avanzar hacia la equiparación de derechos a distintos niveles, uno de ellos el político.

A través de la ciudadanía europea los nacionales de los 28 estados miembros ya disfrutan de la posibilidad de votar y ser votados en elecciones municipales y europeas en cualquier país de la Unión Europea. Incluso en países de contextos sociales, políticos y jurídicos equiparables a España como son


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Reino Unido, Irlanda, Chile o Nueva Zelanda permiten que personas extranjeras participen en elecciones y/o referéndums incluso de ámbito nacional. En el nivel municipal son múltiples los ejemplos de países que lo permiten a través de la exigencia de un periodo de residencia determinado fijado por ley sin más requisitos adicionales. De hecho 16 de los 28 países de la UE permiten el voto en elecciones locales y países como Dinamarca, Reino Unido y Portugal, lo permiten en elecciones regionales. La propia Comisión europea en numerosas ocasiones ha hecho recomendaciones al respecto.

Por otro lado y siendo el acceso a la nacionalidad el elemento otorgador de este derecho a día de hoy, es necesario recordar que España está entre los 6 países de la UE que más años de residencia pide para su obtención. Disminuir los años necesarios para el acceso a la nacionalidad española nos acercaría a la media europea. Países de nuestro entorno como Francia, Suecia u Holanda tienen como requisitos 5 años de residencia. La facilitación del acceso a la nacionalidad es una petición de la Unión Europea desde al menos el año 99 con las conclusiones de la Cumbre europea de Támpere.

En tanto el acceso a la ciudadanía plena y al ejercicio de los derechos fundamentales a ella anudados siga vinculado a la nacionalidad y no a la residencia, es de justicia disponer de un sistema de acceso a la nacionalidad española razonablemente flexible y asequible.

Por otro lado, los exámenes que se realizan son en realidad meras pruebas de nivel de cultura general. Estos exámenes no tienen nada que ver con la integración o la capacidad de convivir y ser ciudadano/a.

Durante el año 2018, el 89,82 % de quienes han realizado la prueba de conocimientos constitucionales (CCSE) necesaria para la nacionalidad la han superado. No obstante, el examen cuesta 300 euros. Un gasto que es, en sí mismo, una limitación al acceso para muchas personas que no se lo pueden permitir.

Consideramos la participación política universal como requisito indispensable para generar una ciudadanía inclusiva y democrática. Es imprescindible el reconocimiento pleno de la dimensión política de las personas residentes extranjeras. Las personas que residen en el Estado español forman parte cíe la comunidad política, social y económica del país. En consecuencia, deben ser consideradas como sujetos políticos y acceder en igualdad a todos los derechos sociales, políticos y económicos, independientemente de su nacionalidad o país de procedencia. Dentro del contexto de extensión de derechos en el Estado liberal, algunos estudiosos presentan los derechos políticos de los extranjeros como una nueva etapa del mismo proceso de democratización del Estado: derecho de reunión y asociación, sufragio universal masculino, voto femenino, derechos políticos de las personas extranjeras, etc. La ampliación de derechos políticos de las personas residentes es imprescindible para construir una ciudadanía democrática e inclusiva.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reformar la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) a fin de regular el derecho a sufragio de las personas extranjeras en nuestro país y que deje de estar vinculado a tratados internacionales bilaterales con otros países. Modificar los artículos correspondientes de dicha ley para que el acceso al censo electoral sea a través del padrón municipal, sin necesidad de requisitos adicionales.

2. Reconocer el sufragio pasivo de todas las personas residentes de origen extranjero, igualando así el reconocimiento de este derecho a la ciudadanía de la Unión Europea.

3. Reducción de los plazos de obtención de la nacionalidad por residencia quedando de la siguiente manera: un plazo general de cinco años, un plazo de tres años para las personas refugiadas y un año para las personas de países con especial relación con España. Asimismo se ampliarán los países considerados de "especial relación con España", revisando los criterios para ello.

4. Supresión de la prohibición de crear partidos políticos por parte de personas extranjeras no comunitarias establecida en la Ley Orgánica 6/2002.

5. Supresión de trabas burocráticas y requisitos discrecionales en el procedimiento de adquisición, como lo es el examen de nacionalidad.

a) Suprimir el examen de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) como requisito de acceso a la nacionalidad.


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b) Derogar el Real Decreto 1004/2015, de 16 de noviembre, que discrimina por razones económicas y de origen a las personas extranjeras que quieren acceder a la nacionalidad española y establecer un nuevo procedimiento de acceso a la nacionalidad por residencia que sea gratuito, consensuado con el ámbito local, que reconozca el bagaje aportado por las personas solicitantes y que sea flexible con las personas que tienen dificultades de aprendizaje por cuestiones cognitivas o de diversidad funcional.

c) Instar a los gobiernos autonómicos a financiar parte de la oferta de cursos gratuitos de castellano con un nivel equivalente al DELE A2, así como cursos para prepararse la prueba CCSE en aquellos casos que sea necesario, en horarios, días y localizaciones fácilmente accesibles para las personas migradas y refugiadas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2019.-Marcelo Expósito Prieto, Eva García Sempere y Antonio Gómez-Reino Varela, Diputados.-Ione Belarra Urteaga, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Asuntos Exteriores

161/004199

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el Reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente de Venezuela, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.

Exposición de motivos

Nicolás Maduro ha llevado a cabo una erosión de las instituciones democráticas de Venezuela y, por tanto, del Estado de Derecho que protege los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos venezolanos. Este deterioro institucional deriva de una fuerte crisis económica provocada por las políticas fallidas del régimen bolivariano, que han llevado a los venezolanos a la miseria y la pobreza. Las protestas sociales no se hicieron esperar, y el descontento en la población llevó a la oposición a ganar las elecciones parlamentarias de 2015 y obtener la mayoría de la Asamblea Nacional.

Desde entonces, Nicolás Maduro ha intentado por todos los medios minar la capacidad de acción de la Asamblea Nacional. Primero creó una Asamblea Nacional Constituyente, controlada por sus seguidores, para vaciar de poder al parlamento legítimo. Después, organizó unas elecciones presidenciales sin garantías democráticas basándose en esa nueva Asamblea Nacional Constituyente ilegítima. Pese a que la comunidad internacional expresó su rechazo ante este grave ataque a los pilares de la democracia en Venezuela, Nicolás Maduro no cejó en su empeño de dinamitar las instituciones del país y organizó una ceremonia de toma de posesión ilegítima el pasado 20 de enero de 2018.

A su vez, el 5 de enero de 2019 tomó posesión como Presidente de la Asamblea Nacional el opositor Juan Guaidó. Poco después, el cuerpo de inteligencia del régimen bolivariano, el SEBIN, detuvo durante unas horas al Sr. Guaidó. Posteriormente fue liberado y la cúpula del propio régimen de Nicolás Maduro afirmó que se trataba de "un grupo de funcionarios de forma unilateral realizó un procedimiento irregular". Sin embargo, el propio Guaidó informó que los agentes de inteligencia que lo intentaron detener sólo seguían órdenes. "Ellos sabían poco, siguieron una orden, no sabían lo que hacían", declaró tras su liberación. Por tanto, podríamos estar ante un nuevo intento por parte de Nicolás Maduro de reprimir a la oposición política en Venezuela mediante la intimidación y la violencia.

Tras este incidente, y teniendo en cuenta la toma de posesión ilegítima de Nicolás Maduro como Presidente, la Asamblea Nacional afirmó que podría ampararse en la Constitución Nacional de Venezuela para relevar a Nicolás Maduro de sus funciones. Concretamente, informó de que los artículos 333, 350 y 233 de la Constitución Nacional de Venezuela permitirían a Juan Guaidó asumir la máxima autoridad del Estado en tanto que Presidente de la Asamblea Nacional.

El artículo 233 estipula que el presidente de la Asamblea Nacional debe asumir el Poder Ejecutivo si el Ejecutivo electo tiene una falta absoluta, para posteriormente convocar unas elecciones presidenciales


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legítimas. Este mismo artículo entiende como faltas absolutas del Presidente de la República, entre otras, su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, así como la revocación popular de su mandato. De este modo, dado que la toma de posesión de Nicolás Maduro fue ilegítima y no se produjo ante la Asamblea Nacional, tal y como reza el orden constitucional venezolano, habría base jurídica para activar este artículo.

Los artículos 333 y 350, por otra parte, sentencian la legitimidad de lo que se redacta en la Carta Magna y su desconocimiento ante cualquier gobierno que contraría sus principios y derechos humanos. El Poder Legislativo, que es reconocido a nivel internacional como la única institución legítima del Estado tras la toma de posesión fraudulenta por parte de Nicolás Maduro, tiene la responsabilidad de hacer cumplir lo que la Constitución establece.

El Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, anunció que apoyaría la intención del Presidente de la Asamblea Nacional de activar esos artículos de la Constitución. Posteriormente, el 11 de enero de 2019, la OEA se reunió en sesión extraordinaria para votar ese reconocimiento de Juan Guaidó como Presidente legítimo de Venezuela. La resolución de la OEA fue respaldada por 19 países, entre ellos 13 de los 14 integrantes del Grupo de Lima y Estados Unidos, mientras que seis se declararon en contra y otros ocho se abstuvieron.

La representante de Venezuela se encontraba en la sesión y puedo intervenir para defender su posición. En esta intervención, recriminó a la OEA esta votación, argumentando que sólo se podía suspender el derecho de Venezuela como Estado miembro de la OEA a través de la activación de la Carta de la Organización, algo que no había ocurrido. Además, afirmó que esto hacía la resolución inválida para Venezuela. El régimen bolivariano lleva desde que comenzó su deriva autoritaria enfrentado con la Organización de Estados Americanos por considerarla una organización al servicio de Estados Unidos. De hecho, el Gobierno de Maduro pidió dejar la OEA el 28 de abril de 2017, una salida que debe hacerse efectiva en este 2019.

En Estados Unidos, la defensa de los derechos y libertades en Venezuela ha sido un compromiso de ambos partidos políticos mayoritarios. Esto ha provocado que la Administración Trump tome una actitud muy activa a la hora de aprobar sanciones específicas contra altos cargos del régimen bolivariano de Nicolás Maduro. Recientemente, el Consejo de Seguridad Nacional ha confirmado al diario ABC que la Administración estadounidense está considerando reconocer a Juan Guaidó como Presidente legítimo de Venezuela en virtud del orden constitucional del país.

El 23 de enero de 2019, Juan Guaidó juró finalmente como Presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela de forma interina. Poco después, los Gobiernos de Estados Unidos y Canadá anunciaron que reconocen a Guaidó como Presidente. Acto seguido se han sumado los Gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay y Perú. También los presidentes del Consejo Europeo y del Parlamento Europeo mostraron su apoyo a Juan Guaidó como Presidente encargado del país.

Por estos motivos, y teniendo en cuenta los lazos históricos, culturales y sociales entre España y Venezuela, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"La Comisión de Asuntos Exteriores insta al Gobierno a:

1. Reconocer como Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela al Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como ya han hecho los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y de varios países de América Latina.

2. Expresar el apoyo de España a la apertura de un proceso de transición pacífica que devuelva la voz a los ciudadanos de Venezuela mediante la celebración de unas elecciones legítimas de acuerdo con el orden constitucional de Venezuela."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2019.-Albert Rivera Díaz, Diputado.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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Comisión de Justicia

161/004197

A la Mesa del Congreso

El Grupo Parlamentario Mixto (Compromís), a instancia de la Diputada Marta Sorlí Fresquet, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre el control efectivo de las Fundaciones, para su debate en la Comisión de Justicia.

Exposición de motivos

La Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, en su artículo 36, dice literalmente:

"Artículo 36. El Registro de Fundaciones de competencia estatal.

1. Existirá un Registro de Fundaciones de competencia estatal dependiente del Ministerio de Justicia, en el que se inscribirán los actos relativos a las fundaciones que desarrollen su actividad en todo el territorio del Estado o principalmente en el territorio de más de una Comunidad Autónoma.

2. La estructura y funcionamiento del Registro de Fundaciones de competencia estatal se determinarán reglamentariamente."

Con posterioridad se aprobó el Real Decreto 1611/2007, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de fundaciones de competencia estatal.

Sin embargo, se puede dar el caso de fundaciones de ámbito estatal que, realmente, desarrollen la mayor parte de su actividad en una Comunidad Autónoma, pero que esta no pueda fiscalizarlas efectivamente por no ser de su ámbito competencial.

Por todo lo anteriormente expuesto, realizamos la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a que realice las modificaciones legislativas y reglamentarias pertinentes para que en aquellas fundaciones de ámbito estatal que el correspondiente Protectorado, al revisar las cuentas y memorias anuales, detecte que desarrollan la mayor parte de su actividad en una Comunidad Autónoma, lo comunique al Registro de Fundaciones de competencia estatal a los efectos de tramitar su baja en el mismo y su consecuente inscripción en el Registro Autonómico de Fundaciones competente territorialmente, a los efectos de que queden sujetas al control efectivo del Protectorado de Fundaciones de la Comunidad Autónoma. Todo ello para garantizar la transparencia en su actividad no lucrativa y velar por el correcto ejercicio del derecho de fundación para la realización de fines de interés general así como por la legalidad en el funcionamiento de dichas fundaciones (artículos 2 y 34 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Marta Sorlí Fresquet, Diputada.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Defensa

161/004234

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el mantenimiento del Cuartel General de las Fuerzas de Protección de la Armada (FUPRO) en la ciudad de Cartagena (Murcia), para su debate en la Comisión de Defensa.


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Exposición de motivos

La Fuerza de Protección de la Armada, conocida con las siglas FUPRO, constituye uno de los tres componentes de la Fuerza de Infantería de Marina. Su misión es la de garantizar la seguridad y protección física al conjunto de Bases, Instalaciones, Centros, Organismos y personas de la Armada, aunque sus fuerzas están preparadas para llevar a cabo, si fuera también necesario, operaciones de interdicción y de protección marítimas.

La FUPRO está compuesta por las siguientes unidades:

- Tercio del Norte (TERNOR), basado en Ferrol (La Coruña).

- Tercio del Sur (TERSUR), basado en San Fernando (Cádiz).

- Tercio de Levante (TERLEV), basado en Cartagena (Murcia).

- Agrupación de Madrid (AGRUMAD).

- Unidad de Seguridad de Canarias (USCAN), basada en las Palmas de Gran Canarias.

La FUPRO constituye una de las tres grandes unidades de la Fuerza de Infantería de Marina.

El Mando de la Fuerza de Protección recae sobre un General de Brigada (GEPROAR) y el Puesto de Mando de la FUPRO está ubicado en la Estación Naval de Algameca, en la ciudad de Cartagena.

Aunque las unidades que integran la FUPRO son herederas de los Tercios Nuevos creados a partir de 1565, su origen hay que buscarlo en la desaparición de la estructura territorial de la Armada tras la Orden de Defensa 3537/2003, de 10 de diciembre, por la que se desarrolla la Estructura Básica de los Ejércitos y que supuso una reestructuración en el seno de la Armada en todo lo referente a su reorganización. En esta Orden se vuelve a recoger como cometido de la Infantería de Marina el proporcionar protección y seguridad a las dependencias e instalaciones de la Armada, provocando que las competencias en materia de Seguridad Física de las Instalaciones navales fueran transferidas al Mando de la Fuerza de Protección de la Armada, constituida el 15 de abril de 2004.

Esta primera FUPRO estaba formada por los antiguos Tercios y Agrupaciones que habían dependido de los Almirantes Jefes de las Zonas Marítimas.

Es posteriormente, en el año 2006, cuando se produce una nueva reorganización de la Armada y el AJEMA faculta al Comandante General de la Infantería de marina a organizar la Fuerza de Protección de la Armada, constituyéndose la FUPRO en su configuración actual el 27 de febrero de 2007.

En 2011 llega el Cuartel General de la FUPRO a la ciudad de Cartagena, estando situado en la Estación Naval de La Algameca.

Recientemente se han difundido noticias sobre planes para trasladar el Cuartel General de la FUPRO a otra ciudad, concretamente a Ferrol, sin justificación para dicho traslado. Ni estamos hablando de unas instalaciones actuales que se hayan quedado desfasadas, muy al contrario, ni de un traslado a un establecimiento mayor, ni más moderno, ni mejor situado desde el punto de vista de optimización de presupuesto o material. No hay que olvidar que en esta Estación Naval se encuentra situado el Tercio de Levante además de otras muchas instalaciones asociadas a la Armada que tienen su sede en la ciudad de Cartagena.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a mantener el Cuartel General de la Fuerza de Protección la Armada FUPRO en su ubicación actual situada en la ciudad de Cartagena."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2019.-Teodoro García Egea e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Comisión de Interior

161/004229

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la creación de una USECIC en la Comandancia de la Guardia Civil de Ourense, para su debate en Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La Unidad de Seguridad Ciudadana, es la Unidad básica de despliegue de la Guardia Civil en el territorio y la que recoge los objetivos genéricos que tiene encomendado el Cuerpo, como la prevención de la delincuencia y el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad y el orden público en su ámbito.

En las Unidades territoriales de Seguridad Ciudadana recae la responsabilidad de la prevención, de la investigación de gran parte de las infracciones penales y de la atención y asistencia próxima al ciudadano. Tienen como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos mediante la prevención y primera investigación de las conductas delictivas, así como el auxilio y atención a los requerimientos de la población las 24 horas del día, durante todos los días del año.

Las Unidades de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil, se conciben como Unidades creadas en las cabeceras de las Comandancias de la Guardia Civil con la especialidad de seguridad ciudadana, realizando controles de carácter antiterrorista, de identificación de personas y vehículos, prestando apoyo a las compañías de toda la provincia.

Es un grupo multifunción que además de lo anteriormente mencionado dan apoyo al Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) para la prevención de incendios forestales, un servicio de crucial importancia en la provincia de Ourense, que año tras año sufre la barbarie de los incendios y que con la creación de esta Unidad se vería reforzada la prevención.

Al mismo tiempo, es importante la creación de esta Unidad por ser la provincia de Ourense fronteriza con Portugal y que reforzaría aquellas zonas fronterizas en las que hay Cuarteles con un número escaso de Agentes de la Guardia Civil.

Por último, la provincia de Ourense concentra el 70 % de su población en el rural lo que también hace necesaria y urgente la creación de la USECIC que reforzaría la seguridad en zonas de escasa población. El Gobierno del Partido Popular estaba realizando ya los estudios procedentes sobre la creación de esta Unidad y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Guardia Civil en la provincia de Ourense con la finalidad de cubrir dichos puestos, comprobando que resultaba posible y además necesaria su creación. Al mismo tiempo que solicitada por todas las Asociaciones Profesionales de la Guardia Civil en Ourense.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la creación de una Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil en la Comandancia de Ourense."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2019.-Ana Belén Vázquez Blanco, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/004253

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por el temporal de enero de 2019 en Asturias, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

El Principado de Asturias ha sido una de las comunidades más afectadas por los diferentes frentes de lluvias y viento que han afectado a la cornisa cantábrica los últimos días del mes de enero.

El primero, la tormenta "Klaus", que provocó la subida de su nivel de los ríos por las intensas lluvias y el desbordamiento sobre todo a la vera de los ríos Nalón y Sella. Sin tregua, la ciclogénesis explosiva 'Gabriel' ponía al Principado de Asturias en alerta naranja, ahora por fuertes vientos y oleaje, mientras que las precipitaciones continuaban pero con menor intensidad. Los vientos alcanzaban los 121 km por hora en Cabo Busto (Valdés) y el oleaje superaba los 7 metros. A primeros de febrero, nuevos frentes amenazaban la región, especialmente con riesgo de precipitaciones en forma de nieve.

Como consecuencia de los temporales debemos lamentar que cuatro personas hayan perdido la vida. Además, hasta 137 carreteras de la red autonómica afectadas, el más importante de todos fue el corte de la N-634 entre Arriondas y Llovio, varios tramos de la red ferroviaria afectados, instalaciones industriales evacuadas, como la central térmica de Lada y Mantequerías Arias, además del polígono de Olloniego, así como los accesos a Química del Nalón.

La actividad cotidiana se vio afectada con el cierre de una treintena de centros docentes, de los concejos de San Martín del Rey Aurelio, Langreo, Laviana, Arriondas, Valdés, Pravia, Siero y Oviedo, suspendida la actividad de trenes de cercanías, se suspendieron la actividad asistencial, consultas y operaciones programadas, en el Hospital del Oriente de Asturias. Los servicios de emergencias tuvieron que atender a más de 2.000 llamadas de emergencia.

En las zonas altas, las cuantiosas precipitaciones en forma de nieve se acumulaban a las caídas en la semana previa. Los aludes de nieve obligaban a cortar los puertos de Panderrueda y San Isidro.

Los puertos también sufrían las consecuencias del temporal, a causa de la crecida de los ríos en sus desembocaduras y los duros embates de la mar. Por ejemplo, el dique de Navia ha sufrido graves daños, así como en balizas de San Esteban de Pravia y Ribadesella. El temporal ha afectado también a la red de saneamiento en Morcín, Noreña, Oviedo, Piloña o Pravia.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el Informe sobre los daños producidos por el temporal y las inundaciones en Asturias durante los últimos días del mes de enero e 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

2. Proceder a la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, de los municipios y comarcas afectados.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones y en concreto:

- Aprobar las medidas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

- Realizar la compensación a las Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes.


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- Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria autonómica.

- Aprobar las correspondientes ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.

- Analizar la posible apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial.

- La aplicación de medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.

5. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

6. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una Comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2019.-Susana López Ares y José Ramón García Cañal, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004254

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para paliar los daños producidos por el temporal de enero de 2019 en Cantabria, para su debate en la Comisión de Interior.

Exposición de motivos

La intensa lluvia caída en Cantabria desde el día 22 de enero de 2019, unido al deshielo y al desbordamiento de la práctica totalidad de los ríos de la región, situaron a la Comunidad Autónoma en una situación catastrófica, nunca antes conocida, que se ha saldado con más de un centenar de personas evacuadas y cerca de 200 desprendimientos, afectando a 62 de los 102 municipios de Cantabria, dejando a numerosas localidades e incluso comarcas aisladas, como el Valle de Cabuérniga, con cuantiosos argayos que dificultaban la actividad ordinaria.

En las primeras horas de las precipitaciones, se elevó a estado de prealerta los sistemas del Pas-Miera, en el Asón, el Deva, el Saja y el Besaya debido al aumento del nivel del agua y el al riesgo de desbordamientos. Según datos de AEMET en el municipio de Soba se registraban más de 108 litros por metro cuadrado en veinticuatro horas.

Ante la sucesión de los incontrolables daños que se iban produciendo, la Comunidad Autónoma activó de forma urgente niveles de alerta de emergencias excepcionales, movilizando todos los recursos humanos y materiales de los que se disponían, solicitando así mismo la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que desplazó varios centenares de efectivos a la región.

Aunque no se registraron víctimas mortales o daños personales directos, las precipitaciones sí dejaron tras de sí cuantiosos daños materiales en bienes particulares, viviendas, fábricas, fallos del suministro eléctrico y desperfectos de grave envergadura en infraestructuras viarias y ferroviarias, tras el desbordamiento de prácticamente todos los ríos.

Una sucesión de frentes se encadenaba. Las cantidades de las lluvias se reducían, pero seguían siendo persistentes, con hasta 20 litros por metro cuadrado el día 27 en el alto Miera y Villacarriedo.


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Finalmente, la ciclo génesis explosiva 'Gabriel' entraba en Cantabria. Arreciaban los fuertes vientos, con rachas de hasta 110 km/h en el litoral y olas de hasta siete metros. Se sucedían los incidentes, ahora causadas por el viento, como los desprendimientos de árboles y ramas, desperfectos de mobiliario urbano, desprendimiento de cascotes de fachadas y cornisas, y la caída de cableado de tendido eléctrico y telefónico.

En definitiva, Cantabria vivió durante las últimas semanas del mes de enero de 2019 una situación catastrófica excepcional, sin antecedentes conocidos en las últimas décadas, que afectarán y perturbarán gravemente el funcionamiento de los sistemas de comunicaciones, suministro eléctrico, viviendas, infraestructuras, así como a otras actividades económicas que son estratégicas para la región.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el Informe sobre los daños producidos por el temporal y las inundaciones en Cantabria durante los últimos días del mes de enero de 2019, determinando y cuantificando el alcance real de los mismos.

2. Proceder a la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, según el procedimiento y a los efectos de lo establecido en la Ley 17/2015, de 9 de julio, de los municipios y comarcas afectados.

3. En atención a la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, aplicar las medidas dispuestas en el artículo 24 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, que resulten convenientes para paliar los daños provocados por las inundaciones y en concreto:

- Aprobar las medidas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera necesidad que procedan.

- Realizar la compensación a las Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables.

- Aprobar las correspondientes ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de bienes. Aprobar las correspondientes ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios.

- Aprobar, si procede, las subvenciones por daños en infraestructuras municipales y red viaria autonómica.

- Aprobar las correspondientes ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina.

- Analizar la posible apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial.

- La aplicación de medidas fiscales, laborales y de la Seguridad Social.

4. Que el Gobierno comunique a los ayuntamientos afectados su decisión sobre la aprobación de las medidas de ayudas aplicadas, de cara a las previsiones presupuestarias municipales para el próximo ejercicio.

5. Evaluar, si procede, las medidas excepcionales de autorización de reducción de los índices de rendimiento neto de las explotaciones y actividades agrarias realizadas en las zonas siniestradas.

6. Llevar a cabo la coordinación y seguimiento de las medidas para lograr su máximo desarrollo, creando una Comisión de coordinación según lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley 17/2015, de 9 de julio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2019.-Diego Movellán Lombilla y Ana María Madrazo Díaz, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Comisión de Fomento

161/004183

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Mixto, a instancias del Diputado Ignasi Candela Serna (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para reducir las zonas de afección y servidumbre de la cubierta de la autovía en Sant Joan y renunciar a la ampliación de la A-70, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Plan General de Sant Joan actualmente cuenta con la previsión de ampliación del túnel del A-70, puesto que desde el Ministerio se obligó en el Ayuntamiento de Sant Joan a prever este aumento de 25 metros en un momento en que según el Partido Popular no existía otra alternativa para agilizar el tráfico en esta vía, puesto que la segunda circunvalación de Alicante no era gratuita. Esta ampliación, como no podía ser de otra manera, aumenta también las zonas de servidumbre (25 metros) y de afección (100 metros) correspondientes, limitando los derechos de centenares de familias que viven en los alrededores de la autovía, tanto de Sant Joan como de Mutxamel.

La segunda circunvalación de Alicante es un tramo añadido a la AP-7 que se abrió en 2007 por el exterior de la primera circunvalación, la A-70, en torno a la capital alicantina. Ideada para absorber el 80 % del tráfico que circula actualmente por la A-70 (unos 30.000 vehículos diarios) siempre se ha encontrado muy lejos de estas cifras por el hecho que, a diferencia de la A-70, la segunda circunvalación es de pago.

Ahora bien, la autopista pasó a manos del Estado a finales del año 2017, pasando a formar parte de un paquete de vías revertidas cuya explotación, el Ministerio, en manos del Partido Popular, pensaba volver a licitar. Afortunadamente, el agosto pasado el nuevo titular del Ministerio de Fomento, José Luis Ábalos, aseguraba que "la voluntad política" para liberalizar y quitar los peajes en este tramo era "total" al suponer unos ingresos mínimos y un coste de mantenimiento también poco significativo. Así lo indicó el ministro durante una intervención en Alicante, ante un centenar de representantes de la esfera política, empresarial y social de la provincia, al desgranar los Planes del Ministerio para las autopistas de peaje. Es decir, si Fomento cumple con el Plan dibujado por el Ministro en Alicante, la circunvalación levantará el peaje en diciembre de 2019, al mismo tiempo que el resto de la AP-7 desde Tarragona, Esto haría innecesaria la ampliación de la autovía y la posibilidad de hacer uso de la segunda circunvalación para descongestionarla.

El proyecto de ampliación de la A-70 incluye el túnel de Sant Joan y afecta a viviendas ya construidas en la zona de afección en Salafranca, al colegio Rajoletes y al polideportivo de Mutxamel, además de una gran cantidad de terrenos que no se podrían desarrollar urbanísticamente. Por este motivo, hace años las asociaciones de vecinos de Salafranca de Sant Joan y el azud de Mutxamel, principales afectados, iniciaron una recogida de firmas en contra del proyecto y consiguieron más de 5.600 apoyos. Además, desde Compromís se presentó una PNL en 2011 en las Cortes Valencianas pidiendo la reversión de esta decisión política, y el PP rechazó exigir a Fomento que paralizara la ampliación del túnel de Sant Joan con su mayoría absoluta.

Después de los cambios políticos impulsados en el gobierno de la Generalitat, las Cortes Valencianas y el Gobierno de España, entendemos que se abre una nueva oportunidad para aprobar definitivamente esta reivindicación ciudadana que defiende el territorio, la racionalidad en las inversiones y los derechos de centenares de familias que viven a los municipios de Sant Joan y Mutxamel.

Por todo lo expuesto, Ignasi Candela, Diputado de Compromís, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Rechazar política y públicamente la ampliación del túnel de la A-70 a su paso por Sant Joan por su coste social, económico y medioambiental, pero sobre todo por la innecesariedad que supone después del rescate del tramo de la autopista AP-7 de la circunvalación de Alicante y su previsible liberalización.


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2. Emitir por parte del servicio de Carreteras del Ministerio de Fomento un informe rechazando la ampliación de la A-70 y que permita en el Ayuntamiento de Sant Joan poder hacer una Modificación Puntual a su Plan General para revertir la Planificación urbanística actual."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Ignasi Candela Serna, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

161/004184

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Portavoz Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento, relativa al estado de conservación de varios puentes en el municipio de Ferrol, dependientes del Ministerio de Fomento.

Exposición de motivos

El Ministerio de Fomento mantiene una base de datos, el Sistema de Gestión de Puentes (SGP), en la que se detallan, fotos incluidas, las visitas de los inspectores, las patologías que detectan y las medidas que se toman para arreglarlas. Sin embargo, es de acceso restringido y el Gobierno se niega a abrirla alegando "motivos de seguridad".

Según han publicado los medios de comunicación, en esta base de datos se afirma que en España existen 23.000 puentes y pontones de más de tres metros gestionados por el Ministerio de Fomento. Entre estos, según los datos, hay 47 con "patologías potencialmente graves que pueden afectar a su comportamiento resistente". Y dentro de este grupo de estructuras con problemas, tres están localizados en el municipio de Ferrol (A Coruña). Sobre el estado actual de estos tramos, el Ministerio de Fomento señala que "el sector de conservación está estudiando la evolución, y en caso necesario se procederá a hacer la actuación que corresponda".

Dos de las estructuras se encuentran en el vial FE-13, que va desde Caranza a Catabois a través de A Gándara. El primero de los puentes es la rampa que, después de pasar la rotonda de la carretera de Castilla, va hacia la glorieta de San Xoán. Por debajo pasa la calle Río Xuvia, es un lugar habitual de aparcamiento y se aprecian varios desperfectos externos. Mientras, el segundo punto con problemas de seguridad es el puente del mismo vial que pasa por encima de la autopista. La tercera obra que presenta alguna patología grave se encuentra en el vial de As Pías (FE-14), que va desde Fene al entronque con la carretera de Castilla.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Iniciar, con carácter urgente, las actuaciones necesarias de mantenimiento y conservación de las siguientes infraestructuras localizadas en el municipio de Ferrol (A Coruña):

- El actual puente que va desde Caranza a Catabais a través de A Gándara, en el vial FE-13 (Ferrol-A Coruña).

- El puente del vial FE-13 que pasa por encima de la autopista AP-9.

- El puente del vial FE-14 que va desde Fene al entronque con la carretera de Castilla en el Ayuntamiento de Ferrol.


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2. Realizar un informe anual sobre la evolución del estado de los puentes y pontones, y acortar los periodos de inspección, a través de protocolos más exhaustivos, con el fin de evitar el deterioro de estas infraestructuras y los riesgos que ello conllevaría."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/004188

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre mejoras en la autovía A-7 a su paso por Rincón de la Victoria (Málaga), para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Rincón de la Victoria (Málaga) tiene varios problemas en la autovía A-7 a su paso por el municipio. Los ruidos, la división que establece esta infraestructura entre las urbanizaciones del norte y del sur, la dificultad de acceso tanto en el carril de deceleración como en el de incorporación del núcleo principal y las retenciones que se producen, sobre todo en verano, son algunas de las principales reivindicaciones de sus residentes. Han sido reiteradas las peticiones que los vecinos, las asociaciones locales y los partidos políticos han dirigido al Ministerio de Fomento buscando soluciones. La última petición se ha producido a finales de diciembre pasado a través de una moción presentada en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria por el grupo municipal de Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía-Rincón de la Victoria para la gente (IULV-CA-PARA LA GENTE) y aprobada por unanimidad por el resto de grupos de la corporación municipal.

Efectivamente, en primer lugar, es necesario evitar el molesto ruido que se ocasiona a la ciudadanía más próxima a la autovía. La Asociación de Vecinos de Granadillas y el ayuntamiento han reclamado en más de una ocasión que se pongan barreras acústicas en todo el recorrido que atraviesa Rincón, para evitar estas molestias.

En segundo lugar, nos encontramos con un problema de conexión peatonal entre el norte y el sur de la autovía, siendo el punto más demandado por los vecinos el acceso peatonal de las urbanizaciones de los Olivos, el Cantal y Serramar con Parque Victoria y el Centro Comercial. Los vecinos y vecinas de Parque Victoria han reclamado de forma reiterada pasos peatonales de acceso.

Por último, existe un gravísimo problema con la autovía A-7 en Rincón de la Victoria: la peligrosidad del carril de incorporación a esta carretera en dirección Málaga a la altura de la gasolinera Tamoil, sobretodo en determinadas horas del día. En relación a esta cuestión, la Guardia Civil debería controlar el tráfico en horas de mayor afluencia y también debería realizarse la inversión necesaria para garantizar la seguridad de los vehículos en esta incorporación.

Por todo lo expuesto, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las siguientes actuaciones en la autovía A-7 a su paso por el término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga):

1. Realizar las obras precisas para evitar el colapso tanto en el carril de desaceleración de la A-7 a la altura de la gasolinera Tamoil en sentido Torre del Mar como en el carril de acceso a la autovía, donde también se producen atascos. Realizar, así mismo, las obras necesarias para facilitar la accesibilidad a todas las zonas concurrentes a dichos accesos para evitar perjuicios a los y las vecinas que viven en la zona.

2. Instalar iluminación en los puentes de Añoreta y la gasolinera Shell, y tomar las medidas precisas para evitar los atascos que se producen a la altura de Añoreta y que llegan más allá de Chilches y resto de la zona.

3. Colocar barreras acústicas en la autovía A-7 a su paso por el término municipal de Rincón de la Victoria.


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4. Instalar pasos peatonales de acceso norte a sur de la autovía A-7.

5. Dar instrucciones a la Guardia Civil para que controle el tráfico en horas punta en el carril de acceso a la autovía A-7 a la altura de la gasolinera Tamoil, así como en el carril de desaceleración en el acceso a Rincón de la Victoria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Eva García Sempere y Alberto Montero Soler, Diputados.-Alberto Garzón Espinosa, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemo-En Comú Podem-En Marea.

161/004193

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a través de su Diputada y Portavoz, Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 193 del Reglamento del Congreso, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento, relativa a la rehabilitación del Teatro Principal de Tui (Pontevedra).

Exposición de motivos

El Ayuntamiento de Tui cuenta con un Conjunto Histórico Artístico, declarado en el año 1967, compuesto por edificios y construcciones de gran valor artístico y arquitectónico. Uno de esos edificios, en la actualidad en estado ruinoso, es el Teatro Principal que se encuentra ubicado en un BIC dentro del Conjunto Histórico. Fue fundado en el año 1844 y en él se llevaban a cabo multitud de actividades artísticas, culturales y sociales de la época, siendo una seña de identidad para todos los tudenses.

Ya en el año 1986 el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, antiguo MOPU, incluyó al Teatro Principal de Tui en un programa de rehabilitación de teatros, encargando en aquellas fechas un proyecto básico y de ejecución al arquitecto César Portela. En aquel momento y en décadas posteriores el obstáculo para la rehabilitación del edificio fue que la propiedad del mismo no era municipal.

A finales del pasado año 2018 el Ayuntamiento adquirió la propiedad del inmueble, que se encuentra en estado completamente ruinoso, para así eliminar el obstáculo que hasta ahora se planteaba de cara a su rehabilitación, al no ser una propiedad municipal.

Salvado este escollo, desde el Grupo Parlamentario Confederal demandamos del Gobierno central, dado el interés histórico y patrimonial del inmueble, el apoyo suficiente para poder iniciar los trabajos de rehabilitación de este emblemático edificio, que deberán comenzar con la redacción del proyecto de reconstrucción del Teatro Principal, puesto que el proyecto de 1986 ha quedado ya inservible como consecuencia del cambio de normativa y de la mayor degradación que ha sufrido el edificio. Este debe ser el paso previo para que el Teatro se pueda rehabilitar en el año 2020 o 2021.

Para ello, el Ministerio de Fomento cuenta con un programa de conservación del patrimonio con valor cultural a través de las dotaciones del 1,5 % Cultural, con el fin de reforzar las actuaciones de recuperación del patrimonio arquitectónico, al objeto de intensificar los recursos dotacionales de los centros urbanos.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo, de manera urgente, todos los trámites necesarios que permitan financiar, en el año 2019, el concurso para la redacción del proyecto de reconstrucción del edificio del Teatro Principal de Tui."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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161/004203

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a ampliar el plazo de reconstrucción de las viviendas de los damnificados de los terremotos de Lorca, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Las administraciones estatal, regional y local han venido trabajando juntas después del terremoto de mayo de 2011 para, más allá de la mera reparación de daños, edificar una nueva Lorca. Y eso es algo que puede comprobarse de forma palpable, según se han ido elevando nuevos edificios, reconstruyendo y regenerando barrios enteros, con unas dotaciones renovadas y mejoradas y ofreciendo, en suma, a los lorquinos una ciudad más moderna, más confortable, mejor comunicada y, en suma, más habitable. La Lorca que merecen los lorquinos y, que los Gobiernos Estatal, Regional y Local, siempre, han luchado y trabajado junto a la valentía, entrega y trabajo de los lorquinos.

En esta ingente tarea, que ha sido y es posible gracias a la comprensión, a la generosidad y a la paciencia de los vecinos, se han tramitado más de 16.000 expedientes de distintos tipos de ayudas con motivo de los terremotos de 2011, de los cuales 1.411 son expedientes para la reconstrucción de viviendas.

En este sentido, y por lo que se refiere a estos expedientes para la reconstrucción que se han tramitado para los supuestos en que, como consecuencia del seísmo, se hubiera producido la destrucción total de la vivienda que constituyera residencia habitual, se han concedido un total de 657 ayudas por un importe de 24.267.189 euros, estableciendo el artículo 7 del Real Decreto-ley 6/2011, de 13 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por los movimientos sísmicos acaecidos el 11 de mayo de 2011 en Lorca, que el plazo máximo para la reconstrucción o rehabilitación de la vivienda sería de 24 meses.

El enorme volumen de expedientes de reconstrucción para reparar los daños provocados por el seísmo de Lorca de 2011, unido a la compleja tramitación y grandes dificultades con las que se han encontrado los beneficiarios de las ayudas, entre otros, conciliar las voluntades de los propietarios que integran las comunidades vecinos, y algún problema de ejecución, ha hecho que en un número considerable de edificios las obras de reconstrucción no hayan podido ser ejecutadas y finalizadas o del plazo de veinticuatro meses que fue establecido en el citado Real Decreto-ley 6/2011, por lo que, de no arbitrarse una solución a este problema, pueden verse en la obligación de reintegrar las ayudas que han percibido junto a los intereses correspondientes.

Por ello, consideramos que se debe ampliar el plazo de ejecución y justificación de las ayudas para la reconstrucción de los edificios dañados para así continuar con la reconstrucción.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que lleve a cabo todos los trámites necesarios para conseguir la ampliación de plazo de la ejecución de las actuaciones de reconstrucción de viviendas, incluso en los supuestos en que se haya superado el pazo máximo de 24 meses inicialmente establecido en el citado Real Decreto-ley."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Isabel María Borrego Cortés, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/004204

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al desarrollo de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprobaba el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, dotaba de un carácter unificador a la normativa existente en materia de eficiencia energética, a la vez que transponía al ordenamiento jurídico español dos Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre de 2002, y la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, que modificaba la anterior.

El citado Real Decreto 235/2013, en su artículo 2, referido al ámbito de aplicación, establece en el punto 1 que "este Procedimiento básico será de aplicación a:

a) Edificios de nueva construcción.

b) Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, siempre que no dispongan de un certificado en vigor.

c) Edificios o partes de edificios en los que una autoridad pública ocupe una superficie útil total superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público".

Así mismo, conforme a este Real Decreto, es considerado técnico competente para realizar certificaciones energéticas el "técnico que esté en posesión de cualquiera de las titulaciones académicas y profesionales habilitantes para la redacción de proyectos o dirección de obras y dirección de ejecución de obras de edificación o para la realización de proyectos de sus instalaciones térmicas, según lo establecido en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, o para la suscripción de certificados de eficiencia energética, o que sin poseer las titulaciones académicas anteriores hayan acreditado la cualificación profesional necesaria para suscribir certificados de eficiencia energética según lo que se establezca mediante la orden prevista en la disposición adicional cuarta".

Por tanto y en relación con la Ley 38/1999, son técnicos competentes para suscribir el certificado de eficiencia energética en los edificios, además de los arquitectos, arquitectos técnicos o aparejadores, las personas que, de acuerdo con lo establecido en las Resoluciones de 15 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Universidades, dispongan de las siguientes titulaciones:

- Ingeniero Aeronáutico.

- Ingeniero Agrónomo.

- Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.

- Ingeniero Industrial.

- Ingeniero de Minas.

- Ingeniero de Montes.

- Ingeniero Naval y Oceánico.

- Ingeniero de Telecomunicación.

- Ingeniero Técnico Aeronáutico.

- Ingeniero Técnico Agrícola.

- Ingeniero Técnico Forestal.

- Ingeniero Técnico Industrial.

- Ingeniero Técnico de Minas.

- Ingeniero Técnico Naval.

- Ingeniero Técnico de Obras Públicas.

- Ingeniero Técnico Telecomunicación.

- Ingeniero Técnico Topógrafo.


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También se considera técnico competente al Ingeniero Químico, por estar homologada su titulación con la del Ingeniero Industrial Químico, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1954/1994.

Todo ello, sin perjuicio de lo que se establezca en la Orden conjunta de los titulares de los Ministerios de Industria, Energía y Turismo, y de Fomento, establecida en la Disposición adicional cuarta del citado Real Decreto 235/2013.

No obstante, la citada Disposición adicional cuarta no ha sido aun desarrollada conforme a la mencionada Orden Ministerial conjunta y entendemos que, en aras de seguir avanzando en la eficiencia energética y de dotar de una mayor seguridad jurídica a la misma, es preciso desarrollar dicha Disposición adicional estableciendo qué otras cualificaciones profesionales son requeridas y medios de acreditación de las mismas.

En la actualidad, conforme a los artículos 4 y 5 del Real Decreto 1177/2008, de 11 de julio, por los que se establece el título de Técnico Superior en Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica y se fijan sus enseñanzas mínimas, y conforme al artículo 5.m) del Real Decreto 690/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de Técnico Superior en Proyectos de Edificación y se fijan sus enseñanzas mínimas, entendemos que ambos Técnicos Superiores podrían encontrarse en situación de ser incluidos en la citada Orden Ministerial como otros técnicos cualificados, en particular para poder elaborar certificados energéticos aplicables al artículo 2.1.b) del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que desarrolle la Disposición adicional cuarta del Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, incluyendo, para el supuesto contemplado en el artículo 2.1.b), y teniendo en cuenta sus competencias reconocidas, a:

1. Técnicos Superiores de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica.

2. Técnicos Superiores de Proyectos de Edificación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Raquel Alonso Hernández, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004208

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el convenio del Plan de Vías de Gijón, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

En marzo de este año 2018 el Ministerio de Fomento, el Gobierno del Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Gijón firmaron un histórico convenio para el desarrollo de la transformación de la red arterial ferroviaria de Gijón, conocido como "Plan de Vías de Gijón" que fue paralizado por el Gobierno socialista del Presidente Rodríguez Zapatero en 2005 una vez finalizadas las obras del túnel del proyecto Metrotrén.

La actuación, trascendental para el futuro de Gijón, supone una inversión histórica de 814 millones de euros, de los cuales el Estado aportará 454 y se sustanció en un Convenio que ya fue firmado por el Consejo de Administración de Gijón al Norte el pasado 7 de mayo, por el Consejo de Adif el 24 del mismo mes, contando con el informe favorable de sus servicios jurídicos y condicionado al visto bueno del Ministerio de Hacienda y al posterior del Consejo de Ministros. La actuación en Gijón está enmarcada en el Plan de Cercanías presentado por el ministerio de Fomento que ya está dotado en los PGE para 2018 con 21,2 millones de euros para el Principado de Asturias, de los cuales se dota a la del Plan de Vías con 1 millón de euros para el inicio de estudios y proyectos en 2018.


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Causa pues sorpresa que el Secretario General de Infraestructuras, en unas declaraciones a los medios de comunicación tras una visita al Principado de Asturias en septiembre de este año, cuestionara el Convenio y reprochara al anterior equipo de Fomento que "hizo muchas promesas, con mucha alegría, en muchos sitios y con poco fundamento", dando a entender que aún falta tiempo para la firma del convenio y que se deben superar "todos los filtros". Esto supone que el nuevo Gobierno socialista del Sr. Sánchez haya vuelto a encargar a Adif nuevos estudios jurídicos sobre el convenio que se firmó en mayo, previo a su aprobación por el Consejo de Ministros, lo que sin duda va a demorar varios meses la firma, llegando a insinuar que en función de los resultados que se obtengan, el documento ya consensuado por las tres administraciones podría ser objeto de cambios e, incluso, rehecho en su totalidad.

Estas declaraciones del Secretario General de Infraestructuras han supuesto un nuevo revés para el Plan de Vías de Gijón, proyecto que había conseguido alcanzar, por primera vez, un histórico consenso político y social y que parecía que se iba a poner en marcha en los plazos previstos.

La razón que se ha esgrimido para que el convenio suscrito no se ratifique por el Consejo de Ministros es la falta de informes precisos sobre el mismo. Sin embargo, se conoce que tres informes de la Secretaria General y Directora Jurídica de Adif, Rosa María Seoane López, avalaron el convenio suscrito por las tres administraciones, por la Sociedad Gijón al Norte y por el propio consejo de Administración de Adif, al que asistió la actual presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera Posada, y en el que ni ella ni nadie se opuso al mismo, pendiente únicamente del visto bueno del ministerio de Hacienda y del posterior Consejo de Ministros.

Adif, en un comunicado de prensa, dice ahora que algunos costes no están definidos y que la cuantía económica plasmada en el Convenio no es precisa en lo que atañe a la estación intermodal, lo que supone que el convenio tendrá que modificarse y que no podrá firmarse antes del año 2020. Pero además, en los nuevos informes solicitados, se vuelve a dudar del lugar de ubicación de la estación intermodal que figuraba en el convenio suscrito por las tres administraciones, la sociedad Gijón al Norte y Adif, por lo que todo parece indicar que lo que se persigue es poner trabas a lo firmado y volver a paralizar y retrasar la tan ansiada solución ferroviaria de Gijón.

El cambio de Gobierno en España parece, como es por desgracia habitual cada vez que lo hace el PSOE, que el Principado de Asturias no es una prioridad para sus gobiernos y pasa a ser irrelevante, y los proyectos comprometidos corren el riesgo de ralentizarse en el mejor de los casos, o paralizarse como ya ocurrió con el Gobierno presidido por Zapatero. Esto mismo parece que vuelve a ocurrir con Sánchez como Presidente, Ábalos como Ministro de Fomento, o Izquierdo como Secretario General de Infraestructuras, buscando diferentes disculpas para paralizarlo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias, a:

1. Aprobar en el Consejo de Ministros, sin la menor dilación, el convenio suscrito en la Sociedad Gijón al Norte entre el Ayuntamiento de Gijón, el Gobierno del Principado de Asturias y el Gobierno de España para el desarrollo de las obras derivadas de la transformación de la red arterial ferroviaria de Gijón, con un compromiso de inversión de más de 800 millones de euros.

2. A cumplir el cronograma establecido para acabar con las obras en el plazo establecido que fijan como fin de la obra para el año 2024."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-José Ramón García Cañal, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/004210

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a impulsar la conexión ferroviaria Motril-Granada, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

Hace más de un siglo nacía un puerto singular, el Puerto de Motril, enclavado en un espacio único, en el Trópico de Europa, en la Costa de la provincia de Granada. Hace tan solo unos años, en el 2005, el Puerto de Motril conseguía ser Autoridad Portuaria propia, y desde entonces ha seguido creciendo, debido entre otros factores a su privilegiado enclave y a la mejora de las comunicaciones. Sin embargo, y pese a las mejoras más que notables, aún hay una asignatura pendiente con el Puerto de Motril: es el único puerto de interés general del Estado sin conexión ferroviaria.

El Puerto de Motril cuenta con unas instalaciones modernas y con inversiones en los últimos cinco años que superan los 20 millones de euros. Cuenta asimismo con una amplia Zona de Actividades Logísticas, que linda al norte con un proyecto de polígono industrial (PUE 1) cuya gestión corresponde a la Junta de Andalucía. Ambos espacios alcanzan el millón de metros cuadrados, y conforman una de las oportunidades de crecimiento y empleo con más potencial del Sur de España. El Puerto goza igualmente de una cobertura intermodal nada desdeñable y su enclave no tiene par, pues se halla dentro de un nudo de comunicaciones terrestres y marítimas, en la ruta que conecta el Mediterráneo con el Atlántico. Su posición es estratégica, siendo la unión natural de la ruta con Melilla, prácticamente en navegación en línea recta. De igual manera, supone una buena alternativa a la ruta occidental de unión con África, más tradicional, y muchas grandes compañías se han dado cuenta de ello y han posado su vista en la dársena motrileña como clave de un espacio de su propio futuro.

Todo está aún por hacer y el Puerto de Motril ha de seguir en crecimiento sostenido; pero ha quedado demostrado precisamente hace justo tres años que, cuando hay apoyo de la Administración central en forma de eficientes comunicaciones, el Puerto de Motril se convierte en un motor de valor añadido que dobla sus revoluciones y es capaz de generar empleo como el que más. En efecto, la llegada de la Autovía del Mediterráneo a la Costa Granadina ha servido para demostrar que el potencial de esta infraestructura portuaria no se puede aún medir; por lo que es indiscutido el hecho de que una conexión ferroviaria hacia la Costa de Granada hará de esta zona andaluza el espacio con más futuro de crecimiento económico y de empleo de todo el sur de Europa.

Los datos que está arrojando la dársena motrileña en los últimos meses no hacen sino corroborar todos estos argumentos. En un comunicado transmitido a los medios de comunicación por la propia autoridad portuaria, los datos son contundentes: "El puerto de Motril vuelve a liderar el crecimiento acumulado de mercancías a nivel nacional hasta septiembre de este 2018, según los últimos datos facilitados por el Organismo Público Puertos del Estado. Con una subida del 24,7 % Motril se sitúa 21,5 % puntos por encima de todos los recintos portuarios españoles. La media nacional fue del 3,1 %. Hasta septiembre, mes al que se refiere el informe de Puertos del Estado, por Motril ya habían embarcado y desembarcado 2,1 millones de toneladas de mercancías, más que durante todo el año pasado, con crecimientos en graneles sólidos y líquidos y mercancía general. Motril sigue también líder en exportaciones, con un crecimiento acumulado del 57 %, principalmente en los graneles sólidos y mercancía general. El tráfico ro-ro, a través de las líneas marítimas regulares de las navieras FRS, a Melilla y Tánger, y de Armas, a Nador y Alhucemas, también ha aumentado un 27 % el volumen de mercancías y un 25 % el número de unidades de carga transportadas."

En este contexto, la Autoridad Portuaria de Motril ha encargado un informe que confirme la viabilidad de una conexión ferroviaria entre Motril y la capital Granadina. En diversos foros celebrados en los últimos meses, expertos en circulación ferroviaria han descartado viejos mitos y leyendas a cerca de la imposibilidad física de la obra, y ha quedado claro que es un asunto de voluntad política. Ni siquiera cuestiones como la alta pendiente entre Motril y Granada han de ser un impedimento para la moderna ingeniería, máxime si se tiene en cuenta que la pendiente entre Motril y Granada (1,53 %), es menor que la que existe en la línea Málaga-Antequera (1,62 %).


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La primera vez que se reivindicó el tren Granada-Motril fue en el año 1886, a través de la Cámara de Comercio. La Junta de Andalucía prometió que lo dibujaría en el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía y así efectivamente lo anunció en Madrid el Consejero Gaspar Zarrías.

Existe un amplio consenso entre toda la sociedad granadina, incluidos todos los partidos políticos con representación parlamentaria, a cerca de los impresionantes efectos positivos que puede tener esta conexión ferroviaria con Granada, así como la inclusión del Puerto de Motril en el corredor del Mediterráneo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. "Apoyar e impulsar los estudios de viabilidad de la unión ferroviaria del Puerto de Motril con Granada capital".

2. "Instar a la UE a considerar al Puerto de Motril como un nudo logístico dentro de la RTT (Red Transeuropea de Transportes) y a introducir en la misma las conexiones ferroviarias Motril-Granada, Motril-Almería y Motril-Málaga"."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Carlos Rojas García, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004211

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el paso a nivel entre la línea ferroviaria Zafra-Huelva y la Carretera BA069 en Medina de las Torres (Badajoz), para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La línea férrea Zafra-Huelva a su paso por Medina de las Torres cruza la carretera provincial BA-069 en el punto kilométrico 7,9.

El paso para peatones que existe está en unas condiciones de seguridad que lo hacen inaccesible para las personas que, sobre todo durante los meses de verano, cruzan las vías del tren para disfrutar de la piscina municipal que se encuentra del otro lado de las vías.

Durante los meses de verano son multitud los jóvenes y mayores que atraviesan literalmente las vías a través de agujeros en las vallas metálicas existentes para poder llegar a la piscina desde el pueblo.

Aunque el administrador de infraestructuras es conocedor de la problemática, su actuación este verano se ha limitado a cubrir su responsabilidad contratando guardias de seguridad que vigilan que los ciudadanos de Medina de las Torres no atraviesen las vías por donde no se debe atravesar, incluso promoviendo sanciones para los viandantes que son detectados haciendo esta práctica.

El problema tiene una solución complicada con el paso a nivel actual dado su situación en el pueblo, lejos del camino natural a la piscina, y por la inversión que necesita para ponerse en funcionamiento con todas las garantías.

Por ello creemos que ha llegado el momento de poder solucionar este problema que se genera a diario para cientos de personas con la creación de un paso subterráneo para peatones, bajo la línea del tren, que ayude a comunicar la localidad con la piscina, evitando la vía del tren y los riesgos que están corriendo ahora muchos ciudadanos de Medina de las Torres.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a solucionar el problema del paso a nivel entre la línea ferroviaria Zafra-Huelva y la Carretera BA069 en Medina de las Torres (Badajoz)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2019.-Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004212

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para mejorar el transporte en tren de las familias numerosas, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El número de familias numerosas legalmente reconocidas en España en 2017 fue de 675 955. Entre 2011 y 2017 aumentó en 157 436 familias, lo que se traduce en más de un 30 % de incremento. También, en 2017, si tenemos en cuenta su categoría cabe señalar que 609 851 eran de categoría general (un 90 %), siendo por lo tanto 66 104 de categoría especial, (un 10 %). Por tanto, las familias numerosas en España suponen un colectivo de relevancia al que debe prestarse atención, si bien no solo por su importancia numérica, sino porque la familia cuenta con un valor social fundamental, protegido por nuestra Constitución (ex artículo 39 CE).

Los descuentos por familia numerosa en el transporte ferroviario que discurre por el territorio de más de una comunidad autónoma y por tanto, tiene carácter estatal, son aproximadamente del 20 % al 50 % sobre el precio del billete.

Cuando las familias numerosas viajan en tren, ya sea con ambos progenitores como con uno solo, el equipaje es superior al de otros viajeros y además, los menores tienen dificultad cuando son de corta edad en transportar sus propias maletas. Renfe, como compañía de transporte ferroviario, dispone de un servicio de llevanza de equipaje puerta a puerta, cuyo coste es desde 20? a más de 200 destinos, con un descuento del 20 % en el segundo y tercer bulto. Sin embargo, en ese caso, no existe descuento específico por familia numerosa.

Tampoco se tiene en cuenta esta condición cuando los viajeros acceden al tren sin que existan previstas zonas de equipaje específicamente habilitadas para familias con hijos y especialmente para familias numerosas. Son muchas las ocasiones en las que se propician conflictos por el uso de las zonas intermedias para depositar maletas, carros y similares, cuando las familias cuentan con bultos que no pueden colocarse en los lugares habilitados a tal efecto. En otras ocasiones, se fuerza a los progenitores a buscar un sitio en distintos coches de pasajeros para encajar sus maletas, separando las mismas y con la consiguiente molestia de tener que moverse por los pasillos con la carga y recuperarlas a la llegada a su destino, cuando los pasajeros quieren abandonar su sitio y es difícil moverse de un coche a otro, además de no dejar al tiempo desatendidos a los menores.

El Partido Popular considera imprescindible proteger a las familias y por tanto, ante la necesidad abordar una circunstancia cotidiana de las familias numerosas y facilitar su transporte teniendo en cuenta las dificultades prácticas del desplazamiento con los hijos y sus respectivos equipajes, paliando una situación habitual, se hace preciso adoptar medidas complementarias a los descuentos existentes para familias numerosas.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Establecer zonas expresamente habilitadas y reservadas para el equipaje de las familias numerosas en el transporte por tren cuya competencia es de titularidad estatal.

2. Establecer descuentos especiales para el servicio de transporte de equipaje "puerta a puerta" de transporte de equipaje para familias numerosas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2019.-Guillermo Mariscal Anaya, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a las obras de regeneración de la Bahía de Portmán, para su debate en Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El nuevo Secretario de Estado de Medio Ambiente ha anunciado recientemente que se van a parar durante varios meses las obras de regeneración medioambiental de la Bahía de Portmán, sita en el término municipal de La Unión (Región de Murcia), al objeto de realizar nuevos estudios del proyecto actualmente en ejecución, todo ello con la finalidad de replantear las fases y los plazos de esta actuación medioambiental.

De esta forma, transcurridos apenas tres meses desde la llegada del Partido Socialista al Gobierno central, vemos como se paran las obras de regeneración que se encontraban en marcha bajo la excusa de realizar ahora unos nuevos estudios, cuestión que no compartimos por los siguientes motivos:

1. No es necesario volver a ver de nuevo la forma en la que se hace la regeneración, porque ya existe un proyecto que fue aprobado por el propio Ministerio de Medio Ambiente a tal fin en 2011, que contó con el consenso de todos los agentes políticos y sociales, y que se encuentra en ejecución desde 2016.

2. No es necesario volver a estudiar otra vez las afecciones medioambientales porque ya existe una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que las estudió y resultó favorable, siendo aprobada por ese mismo Gobierno de España en 2011.

3. No es necesario volver a redefinir los plazos y presupuestos cuando los 33 millones de euros necesarios para finalizar la obra en 2020 están ya incluidos en los Presupuestos Generales del Estado, de los que 9,6 millones se encuentran contemplados para este mismo año.

A estas alturas no podemos olvidar que han sido ya demasiados retrasos los que ha padecido esta actuación a lo largo del tiempo, por lo que ya no se puede consentir ni uno más. Así, recordemos que en el año 1957 comenzaron a producirse los vertidos de estériles mineros frente a las costas de Portmán,que se prolongaron durante 33 años de manera consecutiva, en los que se arrojaron al mar más de 60 millones de toneladas de residuos tóxicos de la minería. Con este tremendo despropósito se consiguió anegar por completo una bahía considerada como de las más grandes y bellas del litoral español, circunstancia que incluso dio lugar a que Greenpeace calificara lo allí ocurrido como el mayor atentado ecológico perpetrado en la Historia del Mar Mediterráneo.

Tras 26 largos años de promesas incumplidas, e impulsados por el Gobierno de España del Partido Popular, en octubre de 2016 dieron por fin comienzo los trabajos de regeneración medioambiental de la Bahía que, a día de hoy, cuentan con una empresa contratada para la íntegra ejecución del proyecto, un plazo de 46 meses para llevarla a cabo y una inversión pública estatal de 33 millones de euros.


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Durante los dos primeros años de trabajos las obras se han desarrollado a plena satisfacción y conforme a los tiempos previstos, de tal modo que a día de hoy ya se ha dragado el primer metro de profundidad de toda el área a recuperar; también se han construido el canal perimetral, el dique de contención litoral, las dos primeras balsas de secado de los materiales dragados -estando en fase de ejecución la tercera-, así como contratada la construcción de la cinta transportadora de los estériles y siendo ultimada la adecuación de la corta minera San José para depositar allí los mismos.

Por todo ello, bajo ningún concepto se pueden tolerar nuevos retrasos, pues Portmán no es sólo saldar una deuda histórica de tipo medioambiental con la Región de Murcia, sino que también significa que haya un futuro de trabajo y esperanza, basado en un futuro desarrollo turístico sostenible y de alta calidad, para toda la comarca de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión, en la que viven más de 250 000 personas que necesitan de iniciativas de esta índole para generar actividad económica y nuevos empleos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:

1. Que acuerde la inmediata reanudación de los trabajos de regeneración medioambiental de la Bahía de Portmán, rechazando frontalmente cualquier tipo de paralización o ralentización de las obras.

2. Que cumpla rigurosamente el plan de obras y los plazos contemplados en la licitación y en el contrato suscritos por el Ministerio de Medio Ambiente, al objeto de que las labores de recuperación de la Bahía estén finalizadas en agosto de 2020."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Javier Ruano García, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004216

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno al desarrollo del Puerto de El Musel y en el de Avilés en el Principado de Asturias, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Partido Popular ha venido apoyando desde el Gobierno de España el desarrollo del Puerto de El Musel y en el de Avilés en el Principado de Asturias con diversas inversiones para la mejora de sus instalaciones y accesos que han sido contemplados en los PGE de los últimos años.

En ese marco de colaboración con ambos puertos en el que han participado además del Gobierno de España, el gobierno del Principado de Asturias y el ayuntamiento de Gijón y Avilés similar al que se ha desarrollado en el resto de las comunidades autónomas costeras, se han seguido unas reglas a lo largo de las últimas décadas en las que para mantener un equilibrio en la competitividad entre los diferentes puertos de interés general del Estado no se condonaba nunca la deuda de cada autoridad portuaria para mantener unas condiciones que garantizasen una competitividad con igualdad de trato para todas.

Sin embargo, recientemente ha habido un cambio en las reglas establecidas para todos los puertos de interés general hasta este momento, dado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera que asumirá la deuda financiera de 350 millones de euros del Consorcio Valencia 2007 generada por la Copa América en el Puerto de Valencia.

Esta anómala asunción de deuda por parte del Gobierno socialista del Sr. Sánchez para conseguir el voto favorable de la Comunidad Valenciana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha supuesto una afrenta y trato discriminatorio respecto a la competitividad de los puertos asturianos y del resto de España por esta actuación aplicada individualmente a una autoridad portuaria de una comunidad autónoma.

La situación financiera del Puerto de Valencia puede compararse con la anómala del Puerto de El Musel producida como consecuencia de !as obras de ampliación que se adjudicaron en 2005 por 579,2


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millones de euros de los que 247,5 eran financiados con cargo al Fondo de Cohesión de la UE. En 2010 se autorizó un sobrecoste de 286 millones de euros, aunque el coste final terminó siendo de 826,4. Todo esto ha puesto en graves dificultades al futuro económico del puerto de Gijón, a lo que se añade la reclamación por la UE de los 49,5 millones de euros ya pagados por el Fondo de Cohesión y dejar en riesgo de no percepción de los casi 200 restantes previstos, además de los procesos judiciales y comunitarios producidos por graves irregularidades detectadas en las obras.

Lo cierto es que como en El Musel, en otros puertos y por diversas causas, la carga financiera de los mismos influye en la competitividad de los mismos y la condonación supone una discriminación practicada por el Gobierno de Sánchez prisionero de sus compromisos y socios tan dispares, y ante la deriva que está tomando en sus políticas de reequilibrio territorial que ha virado hacia negociaciones bilaterales rompiendo el principio de solidaridad que debe regir el sistema de financiación autonómica, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España:

1. A adoptar las medidas financieras necesarias para compensar el trato concedido a la deuda. de la Autoridad Portuaria de Valencia y de esta manera subsanar la discriminación que han sufrido el resto de puertos españoles y la merma en su competitividad tras la ruptura de la política desarrollada en las últimas décadas para todas las autoridades portuarias.

2. A cumplir con los compromisos de inversión previstos en los PGE para 2018 por el ministerio de Fomento para todos los puertos españoles y, concretamente, dada la especial situación de deuda contraída por el Puerto de El Musel, para las siguientes inversiones:

- La duplicación de la carretera AS-19 entre los enlaces de Lloreda y Veriña, obras iniciadas en 2017 con una anualidad para 2018 de 8 millones de euros.

- El vial de Jove con 2 millones en los presupuestos para 2018 en fase de proyecto.

- La ampliación y modernización ferroviaria en el puerto con una anualidad para 2018 de 1,735 millones de euros sobre un presupuesto total de 8,790."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-José Ramón García Cañal, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004219

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la petición de nuevos trenes AVE a la línea Alicante-Madrid, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

La línea ferroviaria de Alta Velocidad que conecta la capital de España, con la capital de la Provincia de Alicante, es una historia de éxito que ha revolucionado la forma de viajar entre el Sureste español y el centro de la península. Los datos son abrumadores. Desde su puesta en marcha el 17 de junio de 2013 por el Gobierno del Partido Popular, ha ganado un millón de pasajeros, sumando un crecimiento anual medio del 4 %. Renfe transporta ya dos millones de pasajeros al año en esta infraestructura, acaparando más del 80 % de los movimientos de viajeros entre Madrid y Alicante, dejando la conexión aérea en poco menos del 20 %.

Sin embargo en las últimas fechas hemos conocido que la reducción de velocidad de los trenes AVE motivado por la renovación de los motores de los trenes, prolongará en al menos 13 minutos la conexión más rápida entre estas zonas de España. El importante sector turístico alicantino, aglutinador de importantes iconos de atracción de visitantes como son Benidorm, Alicante Capital, Calpe, Torrevieja,


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Orihuela, a la que se suma Murcia, usuaria de esta línea ferroviaria al ser castigada políticamente por el Gobierno de Pedro Sánchez, retrasando de manera caprichosa la llegada de la Alta Velocidad a ese territorio, ha mostrado su insatisfacción por perder competitividad en cuánto al tiempo de llegada de los viajeros potenciales turistas a los destinos referenciados.

Sin duda esta conexión ferroviaria, es de las más rentables de todo el territorio nacional, y para seguir siéndolo debe mantener una velocidad de trayecto, y un tiempo máximo de llegada a los destinos. De lo contrario, el AVE Alicante-Madrid, será una infraestructura que perderá irremediablemente el positivo efecto que ha generado en la sociedad alicantina en General y, muy especialmente, en su tejido productivo y empresarial.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España para que, a través del Ministerio de Fomento:

1. Se produzca la inmediata renovación de los motores de los trenes Serie 100 Almston, que fueron incorporados a esta línea de AVE Madrid-Alicante en 2013, procedentes de la conexión de alta velocidad Madrid-Sevilla, y que llevan en servicio desde el año 1992, y se reduzca por ello la duración del viaje en esta línea de Alta Velocidad.

2. Se destine parte del primer lote de los nuevos trenes AVE que deben ser entregados por la empresa Talgo durante el año 2019, al corredor de Alta Velocidad Madrid-Alicante, sustituyendo en su integridad los veteranos trenes Almston S-100 que en la actualidad cubren este trayecto."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2019.-Joaquín Albaladejo Martínez, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004235

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la denominación del Aeropuerto Internacional Región de Murcia-Juan de la Cierva, para su debate en la Comisión de Fomento.

Exposición de motivos

El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) (código IATA: RMU, código OACI: LEMI), abrió al tráfico comercial el 15 de enero de 2019, dando continuidad al tráfico civil que operaba en el Aeropuerto de Murcia-San Javier (código IATA: MJV, código OACI: LELC), el cual ha dejado de operar dichos servicios. Se trata de un aeropuerto operado por Aena, SME, S.A., la empresa pública cotizada del Grupo Fomento, que conecta la región de Murcia, de gran afluencia turística, con numerosos destinos europeos.

Por su parte, Juan de la Cierva y Codorníu, nacido en Murcia el 21 de septiembre de 1895 y fallecido el 9 de diciembre de 1936 en Londres, es el precursor de la ingeniería aeronáutica española. Cursó estudios universitarios en la Escuela Especial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, dado que por entonces no existía aún la especialidad de ingeniería aeronáutica en los términos presentes. Su amplia labor científica y como ingeniero parte de su proyecto de fin de carrera, presentado en 1919, cuando Juan de la Cierva consigue poner en vuelo el primer biplano trimotor construido en España. Fruto de sus diferentes ensayos y su tenacidad, conseguiría mejorar el diseño original dando lugar al afamado autogiro, que a su vez es el precedente del helicóptero. A partir de ese momento se produce una enorme difusión mundial de este invento de la ingeniería, Juan de la Cierva se traslada a Reino Unido y sitúa a España en lo más avanzado de la ingeniería, pues a pesar de su proyección internacional, siempre inscribió sus patentes en nuestro país.

Su excelencia ha sido reconocida a nivel internacional en numerosas ocasiones: recibió el Trofeo Collier, otorgado por la National Association Aeronautic de Estados Unidos y la Medalla de Oro Guggenheim en la Exposición Internacional de Chicago (EE.UU.) de 1932.


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En España fue nombrado Ingeniero Aeronáutico Honoris Causa y también recibió el Premio de la Fundación Duque de Alba de la Academia de Ciencias.

La conexión cultural y de nacimiento del genial científico aeronáutico con Murcia y su vinculación con España ha de ser necesariamente reconocida. Ningún impedimento burocrático o político puede presentarse ante el reconocimiento de la genialidad y la maestría de Juan de la Cierva.

Es por ello que el Grupo Parlamentario Popular considera indispensable que el nombre de Juan de la Cierva, que llena de orgullo a los ingenieros aeronáuticos españoles, a los murcianos como compatriotas y a todo nuestro país, vaya unido al del Aeropuerto Internacional Región de Murcia, pues este aeropuerto no puede tener mejor estandarte que el nombre de quien hizo volar un sueño de la aviación y, con su labor y conocimiento, hizo avanzar a España en la senda de la excelencia.

Por todo lo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la denominación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia como Aeropuerto Internacional Región de Murcia-Juan de la Cierva."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2019.-Teodoro García Egea e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004249

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a instancias de la Diputada Alexandra Fernández Gómez, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, para su debate en la Comisión de Fomento, relativa a la paralización del proyecto de construcción de Autovía A-57.

Exposición de motivos

Desde el inicio, En Marea se ha opuesto al proyecto de autovía A-57, tanto por su falta de necesidad dado que discurre casi paralela a la AP-9 y supone por tanto un gasto desorbitado de recursos públicos, como por su enorme impacto medioambiental al discurrir por zonas de alto valor ecológico como los montes A Fracha (Marcón y Tomeza), Mourente, Bora, Xeve (Sto. André, Sta. María e Verducido) y Cerponzones, el río Lérez (Red Natura 2000), y el valle de los ríos Fontáns y Verducido.

Este proyecto de autovía A-57 también genera una enorme afección sobre viviendas unifamiliares y otras construcciones existentes, así como sobre valiosos elementos del patrimonio etnológico.

Desde cualquier punto de vista, carece de lógica continuar con una obra faraónica que esa a todas luces innecesaria. Un auténtico despilfarro de dinero público.

Si se redunda en sus características, solo encontramos argumentos contrarios a su construcción. Es un vial prácticamente paralelo a la AP-9, con lo cual se trata de duplicar infraestructuras viarias sólo porque una continúa siendo de pago a pesar del rechazo social y de décadas de peajes. La única explicación que podríamos encontrar es que se pretenda que gallegos y gallegas sigamos pagando peajes muchas más décadas. Una autovía que solo se justifica como alternativa a una autopista de peaje que a estas alturas podría estar libre de costes como otras muchas de su generación si no se hubiese prorrogado su concesión. Sin embargo, es más razonable trabajar por la eliminación del peaje que construir un nuevo vial con elevado impacto presupuestario.

Lo más razonable es eliminar el peaje de la AP-9 que sí funciona como una auténtica circunvalación de Pontevedra.

La A-57 se ha publicitado como la "circunvalación" de Pontevedra cuando no va a cumplir con esa función. Los habitantes de Pontevedra y del ámbito rural van a tener que recorrer 7 kilómetros por la N-550 para poder utilizarla hasta el enlace de Vilaboa.

Esta actuación lleva años generando una gran oposición social, vecinal, política y de colectivos y organizaciones ecologistas y sociales. A pesar de ello, existe una obcecación ministerial,


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independientemente de que gobierne en Madrid ya sea PP o PSOE, y la tramitación ha continuado adelante incluso con trazados polémicos y cuestionados, con el apoyo del partido del PP, del PSOE y el gobierno municipal del ayuntamiento de Pontevedra.

En municipios como el de Barro, vecinos y vecinas viven con enorme inquietud el gran impacto que causará esta infraestructura vial en una zona de uso agrícola. De hecho, el propio regidor del municipio criticaba el Estudio Informativo del tramo Pilarteiros-Barro y conexión con la AP-9 en Curro, en julio de 2018, por optar por una alternativa de trazado a la que se oponen. De igual modo, vecinos de Bora y Xeve se han sumado a las quejas de otras parroquias en contra de las alternativas de trazado de Fomento al tramo A Ermida-Pilarteiros, en Xeve. Piden que se realice un nuevo trazado para el que se considera el segundo tramo de la autovía. El Ministerio ha sacado a información pública dos alternativas que generan una frontal oposición social. Los vecinos proponen que se haga un trazado más al oeste, por Bora y más al norte, por Xeve, para reducir el impacto sobre los núcleos de población. Además, evitarían más expropiaciones de casas.

Si nos fijamos en las partidas consignadas para este ejercicio en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, se contemplan 25,2 millones de euros para el tramo A-57 Vilaboa-A Ermida, cuyo coste total de la obra asciende a 76,2 millones. Para el tramo A Ermida-Pilarteiros sólo se consigna una cantidad de 100 000 euros que imaginamos no tiene relevancia ejecutoria. Igual que el tramo de Pilarteiros Barro y conexión con la AP-9 en Curro. Según las previsiones, la construcción de la A-57 entre Pontevedra y Barro costaría 121 819 783,23 euros.

En el año 2018, el Ministerio de Fomento aprobaba el expediente de información pública y definitivamente el estudio informativo: "Prolongación de la autovía A-57 en el tramo Pilarteiros-Barro y conexión con la AP-9 en Curro", en la provincia de Pontevedra. Y se publicaba en el BOE de 13 de diciembre de 2018, el anuncio de la Demarcación de Carreteras del Estado en Galicia, sobre Resolución del Ministerio de Fomento de Aprobación Provisional y orden de incoación del Expediente de Información Pública del "Documento Técnico para Información Pública Autovía A-57. Tramo: A Ermida-Pilarteiros. Provincia de Pontevedra" y del Estudio de Impacto Ambiental, a los efectos de la Ley 37/2015 de Carreteras y de la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental.

Trámites que han agravado el rechazo social y vecinal por diversos motivos como los plazos de tramitación y los procedimientos que han recibido n-luchas críticas. Sin embargo, el Ministerio de Fomento se está mostrando inflexible e intransigente respecto a las preocupaciones y problemas de los vecinos y vecinas para con su modo de vida. Se han presentado numerosas alegaciones dado el rechazo que suscitan las propuestas de trazado.

El procedimiento seguido en relación al proyecto de autovía A-57 se ha caracterizado por una tramitación completamente irregular, con expropiaciones iniciadas antes de aprobar siquiera el Estudio de Impacto Ambiental. Supone un atentado al medio ambiente de gran calado, con grave afectación a los montes, valles, zonas agrícolas y el río Lérez y el consiguiente impacto sobre hábitats de especies protegidas. Afectación a acuíferos que dan servicio a las parroquias del contorno rural de Pontevedra.

En definitiva, el coste económico, social y medioambiental de esta actuación no merece que se siga adelante con su tramitación. Creemos que es mucho más lo que se pierde que lo que se gana y todavía estamos a tiempo de revertir la situación.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Fomento a:

- Paralizar la ejecución y los procedimientos administrativos del proyecto de construcción da la autovía A-57 por su innecesariedad, por su elevado coste económico cuando discurre paralela a la AP-9, por su enorme impacto social, afectación a viviendas y terrenos de uso agrario y por su gran impacto medioambiental sobre zonas protegidas.

- Proponer un modelo de racionalización de las infraestructuras viarias que tenga como prioridad la liberalización de los peajes de la AP-9."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2019.-Alexandra Fernández Gómez, Diputada.-Yolanda Díaz Pérez, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


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Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

161/004180

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el aumento de las subvenciones a los centros especiales de empleo, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

En España hay 481 000 personas con discapacidad que están trabajando tanto en centros especiales de empleo (CEE) como en empresas ordinarias, lo que representa una tasa de empleo del 25,9 % con respecto al colectivo en su conjunto, según los datos del INE correspondientes a 2017.

Los CEE son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral y social de estos trabajadores. En los 1.992 CEE que hay en España trabajan más de 76 000 empleados con discapacidad.

Tal y como se ha informado recientemente, estos centros, que emplean al menos a un 70 % de personas con discapacidad para contribuir en su inserción laboral, están en alerta por la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 900 euros. El convenio estípula que la base del sueldo de estos trabajadores es el salario mínimo y que la Administración costea al 50 % para compensar la menor productividad de los empleados. Por ello, las empresas consideran que la subvención del Estado también tendría que subir en porcentaje.

En caso de que esto no sucediera, muchos centros, que cargan desde hace diez años con recortes que no se han conseguido revertir, se enfrentan al problema de tener que cuadrar los presupuestos al verse obligados a aflorar un 22 % más capital para aumentar la masa salarial. De otro modo, se enfrentarían a despidos o al cierre. El aumento del SMI debe dotarse de manera rigurosa por parte del Estado o incrementará, todavía más, los impagos a los CEE.

Por otra parte, Francesc Durá, vicepresidente de la patronal española Aedis, ha lamentado que el Gobierno haya manifestado que, "no está garantizado que el Estado cubra el 50 % del nuevo salario mínimo", ya que, a día de hoy, se pagaría la mitad del salario mínimo, pero del vigente con anterioridad. Asimismo, Ángel Luís González, presidente de CONACEE, ha manifestado su preocupación debido a que las partidas que el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social transfiere a las comunidades autónomas para los CEE a fin de cubrir el 50 % del SMI de los trabajadores con discapacidad, no son suficientes ni finalistas, por lo que en cada autonomía se producen desajustes presupuestarios en el pago a los CEE.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar la cuantía de las subvenciones que reciben los centros especiales de empleo, aumentando la partida presupuestaria destinada a estos centros y el porcentaje del coste laboral que subvenciona el Estado, con el fin de compensar el aumento de los costes laborales derivado de la subida del salario mínimo interprofesional."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2019.-José Cano Fuster, Saúl Ramírez Freire y Sergio del Campo Estaún, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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161/004247

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley de conformidad con la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, y para regular medidas legales efectivas y disuasorias contra el abuso en la contratación temporal, para su debate en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

Exposición de motivos

La situación de inseguridad jurídica que se viene planteando con ocasión del cumplimiento por España de las obligaciones europeas en materia de contratación temporal es máxima. Se suceden las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como las cuestiones prejudiciales elevadas por los órganos judiciales españoles demostrando que el uso de la temporalidad en nuestro país, tanto en el ámbito privado como el público, está lejos de acomodarse al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada.

No hay duda de que esta situación de falta de cumplimiento efectivo de las indicaciones europeas en materia de contratación temporal perjudica a los más débiles y beneficia a los poderosos, ahondando en la insoportable precariedad característica de nuestro mercado de trabajo y restando calidad a los servicios públicos.

En España, desde la reforma laboral del año 1984, la contratación temporal se ha extendido de, forma alarmante y dramática hasta llegar a la situación actual en la que más del 90 % de los contratos de trabajo que se suscriben son contratos temporales y en la mayoría de las ocasiones fraudulentos. El uso y abuso de la contratación temporal se produce, por igual, en las empresas privadas y en las administraciones y empresas públicas.

Esta situación no es acorde con la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, ni con la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que la estabilidad en el empleo es primordial para garantizar la protección de los trabajadores, y, para ello, concluye, primero, que las necesidades permanentes y estables de las empresas y de las Administraciones Públicas no pueden ser cubiertas a través de sucesivos contratos temporales, y, segundo, que las medidas que los Estados deben establecer para evitar la utilización de la contratación temporal abusiva han de ser eficaces, de forma que las previsiones legales genéricas sobre contratación temporal no son suficientes para justificar la existencia de los contratos temporales, y, finalmente, las consecuencias o sanciones por el incumplimiento deben tener carácter reparador y disuasorio.

Por otra parte, el mismo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se manifiesta especialmente contrario a toda circunstancia que comporte una trato discriminatorio entre los trabajadores y trabajadoras temporales y los trabajadores fijos en situación comparable, y también a toda circunstancia que comporte un trato discriminatorio por cualquier otro motivo, porque el principio de igualdad y no discriminación están consagrados en los artículo 20 y 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que todos los Estados, y también los particulares de los Estados miembros, están obligados a cumplir. El trato diferenciado entre trabajadores temporales y trabajadores fijos afecta, según, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a todas las condiciones de trabajo, tanto a la propia contratación, a las condiciones de trabajo en sentido estricto, como al momento de la extinción contractual, por lo que se refiere a la forma extintiva y a las consecuencias reparadoras de la extinción.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera:

a) Que la Directiva UE sobre contratación temporal afecta por igual a trabajadores y trabajadoras del sector público y del sector privado.

b) Que uno de los objetivo de la Directiva es imponer límites a la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada, porque se considera que es una fuente potencial de abusos en perjuicio de los trabajadores y trabajadoras.


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c) Que el derecho a la estabilidad en el empleo es un componente primordial de la protección de los trabajadores y trabajadoras, mientras que los contratos de trabajo de duración determinada sólo pueden responder simultáneamente a las necesidades de los empleadores y de los trabajadores en ciertas circunstancias de carácter estrictamente temporal.

d) Que para prevenir los abusos como consecuencia de la utilización sucesiva de contratos o relaciones laborales de duración determinada, se deben adoptar medidas de forma efectiva y vinculante.

e) Que los Estados tienen libertad para determinar los medios para prevenir el uso abusivo de la contratación temporal, siempre que no pongan en peligro el objetivo o el efecto útil del Acuerdo marco y siempre que las medidas adoptadas, no solo sean proporcionadas, sino que también sean lo bastante efectivas y disuasorias como para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas en aplicación del Acuerdo marco.

f) Que la utilización abusiva de contratos de trabajo de duración determinada sucesivos debe sancionarse adecuadamente para cumplir adecuadamente con el Derecho de la Unión.

La presente Proposición no de Ley tiene por objeto realizar las modificaciones legales necesarias para la correcta transposición de la Directiva 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE v el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, a nuestro ordenamiento jurídico interno.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Presentar ante esta Cámara las medidas legislativas necesarias para la modificación de los siguientes textos:

a) Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores.

b) Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

c) Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.

d) Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

e) Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

2. Estas reformas legislativas tendrán como objeto:

a) La garantía de la estabilidad en el empleo.

b) El carácter estrictamente causal de la contratación temporal, de forma que las necesidades permanentes y estables de las empresas y de las Administraciones Públicas no pueden ser cubiertas a través de sucesivos contratos temporales.

c) Afrontar la situación específica de la interinidad, especialmente cuando es de larga duración y de duración imprevisible, asegurando a los trabajadores y trabajadoras interinos los mismos derechos extintivos al menos que al resto de temporales.

d) Medidas legales eficaces para evitar la contratación temporal abusiva, que afecten a la totalidad de los contratos temporales tanto cuando se suceden con distintos trabajadores como sobre un mismo puesto de trabajo, medidas que deben ser reparadoras del perjuicio causado y disuasorias de la utilización de la contratación temporal sin causa.

e) Medidas legales que garanticen la no discriminación entre trabajadores temporales y trabajadores fijos en todas las condiciones de trabajo, tanto en la propia contratación, en las condiciones de trabajo en sentido estricto, como en el momento de la extinción contractual, por lo que se refiere a la forma extintiva y a las consecuencias reparadoras de la extinción.


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f) Sanciones legales a la extinción contractual contraria a la ley que sean verdaderamente reparadoras y que comporten la obligación empresarial de reincorporar al trabajador a su puesto de trabajo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2019.-Aina Vidal Sáez, Diputada.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas para el fomento de la minería del mármol, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

La piedra natural es el material de construcción más antiguo. La explotación y manufactura de rocas ornamentales es una de las actividades de mayor relevancia en el sector minero. Con respecto a los mármoles, los estudios sobre su comportamiento como roca de construcción son muy numerosos, incidiendo en sus características petrográficas, hídricas, de porosidad, resistencia mecánica, etcétera.

En nuestro país hay abundantes formaciones calcáreas. No en vano, España se encuentra entre los principales productores mundiales de mármol, junto con Italia. La mayor parte de los yacimientos se concentran en las provincias del arco mediterráneo. La zona del sureste español tiene abiertas importantes explotaciones mineras donde se extrae el mármol que se exporta a diferentes partes del mundo. Concretamente, la mayor parte de las explotaciones de calizas y mármoles se concentran en las zonas de Pinoso-Novelda (Alicante), Caravaca-Cehegín (Murcia), y Macael (Almería).

A pesar de la caída del sector en los últimos años, que ha supuesto una gran reducción en el número de explotaciones activas, la fuerte demanda internacional de este producto hace que mantenga aún unos altos índices de productividad respecto a otros sectores de la construcción. Con el objetivo de mejorar la competitividad del sector, se debe impulsar, decididamente, un plan de fomento, consolidación y modernización, además de un Plan Estatal de gestión integral de la minería para toda España que permita armonizar las fragmentadas regulaciones existentes. Del mismo modo, se debe garantizar la seguridad jurídica de las explotaciones del sector, evitando la incertidumbre normativa, que aboca en ocasiones al cierre de las mismas.

Frente a una imagen del sector que puede presentar connotaciones negativas, se deben impulsar, en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, campañas de promoción del turismo en áreas industriales y mineras (canteras, explotaciones, etcétera), que incidan en su papel como sector generador de empleo y de sinergias. De este modo, se tendería a un nuevo modelo de desarrollo local, convirtiendo áreas industriales tradicionales en destinos de turismo sostenible.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar un plan de fomento, consolidación y modernización del sector del mármol.

2. Impulsar un Plan Estatal de gestión integral de la minería para toda España, que permita armonizar las fragmentadas regulaciones existentes.

3. Garantizar la seguridad jurídica de las explotaciones del sector, evitando la incertidumbre normativa.


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4. Impulsar, en coordinación y colaboración con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, campañas de promoción del turismo en áreas industriales y mineras (canteras, explotaciones, etcétera).

5. Estudiar la posibilidad de englobar al sector del mármol en el convenio de la minería.

6. Incrementar los medios humanos y materiales, así como las inversiones destinadas al Instituto Geológico y Minero de España (IGME), dotando a este y al resto de Organismos Públicos de Investigación de la flexibilidad necesaria en los procedimientos y simplificando los trámites burocráticos en aspectos como la contratación, la política de recursos humanos o la firma de convenios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, José Luis Martínez González, Diego Clemente Giménez y José Cano Fuster, Diputados.-Antonio Roldán Monés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/004190

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el mantenimiento de la sede de la Organización Mundial del Turismo en España, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

El turismo es el segundo sector de mayor importancia en la economía española, solo superado por el sector de la distribución comercial. Representa alrededor del 12 % del Producto Interior Bruto (PIB) y del empleo. De ese 12 %, la mitad corresponde a la restauración, mientras que el resto se reparte entre hoteles y alojamientos, agencias de viajes y actividades recreativas, culturales y deportivas. Además, se trata de una actividad con importantes eslabonamientos hacia atrás sobre múltiples sectores. La mitad de estas cifras se deben al turismo internacional, en el que España tiene una cuota de mercado de entorno al 6 % a nivel mundial. La actividad turística ha jugado un papel clave en el desarrollo económico español de las últimas décadas por su contribución al PIB y a la generación de empleo, su papel como elemento de cohesión económica y social, y por constituir una importante fuente de divisas que ha compensado parcialmente el déficit de la balanza comercial.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. La OMT, como principal organización internacional en el ámbito turístico, aboga por un turismo que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas. La OMT tiene su sede en Madrid, siendo la única agencia de la ONU con sede en España. La Secretaría está dirigida por su Secretario General, que supervisa a unos 110 funcionarios que trabajan con plena dedicación. Estos funcionarios son responsables de la ejecución del programa de trabajo de la Organización y de atender a las necesidades de sus Miembros. Los Miembros Afiliados de la OMT cuentan con el apoyo de un Director Ejecutivo dedicado plenamente a esa función en la sede de Madrid, puesto financiado por el Gobierno de España.

Hace unos días, a dos semanas de la celebración en Madrid de Fitur, la mayor feria internacional de turismo, teníamos noticia del conflicto entre la OMT y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, debido a un cambio de criterio sobre el edificio (el Palacio de Congresos de la Castellana) destinado a ser la futura sede compartida entre la OMT e lfema (la institución ferial de Madrid). Con la llegada del nuevo Gobierno, se anunció que el palacio ya no se compartiría y que la parte del mismo que iba a cederse a Ifema se sacaría a concurso. Esta decisión no ha sido del agrado de la agencia de Naciones Unidas, presente en Madrid desde su fundación en 1974. Según varias fuentes, la OMT sopesa trasladar su sede a otro país, dejando a España sin emplazamientos de la ONU.


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Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a articular las medidas necesarias con el fin de garantizar el mantenimiento de la sede de la Organización Mundial del Turismo en España."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-José Luis Martínez González y José Cano Fuster, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

161/004195

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa a la modernización de los destinos turísticos, para su debate en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Exposición de motivos

España ha sido reconocida como el mejor destino turístico del mundo y este éxito se puede atribuir a su oferta única de recursos culturales y naturales, combinados con una sólida infraestructura de servicios turísticos, conectividad del transporte aéreo y fuerte apoyo político.

Es una realidad que el turismo es un sector clave para la economía de nuestro país, ya que supone más de un 11 por ciento del PIB y aporta alrededor del 13 por ciento del empleo. Es también una realidad que el turismo tiene un fuerte efecto multiplicador y tractor sobre el conjunto de la economía, dado su carácter transversal. En definitiva, es una realidad que el turismo es un sector estratégico para la economía española y un elemento fundamental de la acción española en el exterior.

En la actualidad, estamos asistiendo a toda una serie de transformaciones que, unidas al fuerte desarrollo de las nuevas tecnologías, están alterando la cadena de valor, los procesos de comercialización y venta y el propio comportamiento de los consumidores, en un mercado en el que confluyen cada vez más segmentos de turistas potenciales y en el que compiten cada vez más destinos internacionales. Todo ello configura un nuevo entorno en el que España se enfrenta al reto de renovar su liderazgo como potencia turística, lo que pasa necesariamente por la continua mejora de la competitividad de nuestras empresas y destinos, la diferenciación de nuestra oferta y la captación de turistas en segmentos que proporcionen mayores ingresos, así como en nuevos mercados emergentes.

Para asegurar la colaboración entre los agentes públicos y privados y lograr un total alineamiento de los objetivos de política turística con las necesidades del sector empresarial, desde la Secretaría de Estado de Turismo se ha ofrecido siempre apoyo a la reconversión de destinos turísticos y se ha promocionado el turismo sostenible, accesible y de calidad, todo ello desde una visión integrada de colaboración con los distintos agentes del sector.

Siempre se tuvo claro que el turismo iba a ser uno de los principales impulsores de la recuperación económica y de la generación de empleo en nuestro país y así ha sido.

El turista actual es un consumidor maduro que se ha convertido en cliente experto y exigente, con nuevas motivaciones y abundante información que exige unos grados crecientes de conservación y preservación del medio ambiente y de los recursos naturales.

Pero tenemos por delante importantes desafíos; necesitamos consolidar ese crecimiento, establecer nuevas pautas en la actividad turística, incorporando las nuevas tecnologías, y mejorar y proteger nuestros destinos ayudando a nuestros empresarios turísticos a seguir ganando en competitividad y eficiencia.

En este marco competitivo, el sector turístico español debe seguir evolucionando con sentido común tratando de consolidar sus destinos tradicionales y propiciando un desarrollo dinámico y diversificado, atendiendo las exigencias de la demanda, en un mercado de ofertas extremadamente competitivo y mejorando los estándares de calidad que mantiene España como país líder en turismo.


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En el caso de Baleares, el turismo genera el 45 % del PIB, lo que representa el porcentaje más alto del país.

La actividad turística en Baleares ha mantenido en el primer trimestre del presente ejercicio una pauta dinámica y sostenida a pesar de la recuperación de destinos competidores, y datos tan positivos como la subida del gasto por turista y día o el aumento de casi el 8 % del empleo en el sector de alojamiento.

Baleares está siendo, así, capaz de mantener su capacidad de atracción turística debido, en parte, al enorme esfuerzo inversor realizado por el sector empresarial hotelero en los últimos años, gracias a la favorable normativa existente.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha firmado convenios con otras comunidades autónomas con la finalidad de invertir en la renovación de los destinos turísticos.

El sector turístico de Baleares ha reaccionado a estos convenios solicitando un trato similar. El sector turístico de Baleares pide al Ministerio que invierta más en infraestructuras públicas para hacer más competitivo el archipiélago en un momento en el que el resto de destinos vacacionales del Mediterráneo han retornado con más fuerza. En este mismo sentido se expresó María Frontera, presidenta de la FEHM, que resaltó el esfuerzo realizado por los hoteleros en los últimos diez años y pidió acción de las instituciones: "Se hacen imperativas algunas actuaciones por parte de las administraciones que serían viables desde el punto de vista económico, político y social a corto y medio plazo, ya que se está produciendo un cambio de ciclo turístico y que aquellos destinos que no sepan renovarse sufrirán."

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a elaborar, de forma conjunta con el sector turístico, un plan de modernización de los destinos turísticos de Baleares, apoyando proyectos integrales a través de los que se implementen las acciones necesarias para la renovación de los distintos elementos que conforman el valor turístico de Baleares con la finalidad de que siga siendo un destino turístico competitivo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de noviembre de 2019.-Águeda Reynés Calvache, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004196

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Diputado Enric Bataller Ruiz (Compromís), presenta, al amparo del artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso, la siguiente Proposición no de Ley sobre la amenaza de entrada en España de aceite de oliva comercializado por Turquía mediante el empleo de materia prima expoliada a Siria.

Exposición de motivos

La agencia kurda Firat (ANF), según recoge el diario Público, ha emitido una información en la que asegura la voluntad del Gobierno de Turquía de introducir en España aceite de oliva producido a partir de las aceitunas saqueadas en Siria, aprovechando para ello los acuerdos comerciales preferenciales que tiene con la Unión Europea: Turquía es el tercer mayor exportador de aceite a la Unión Europea, por detrás de Túnez y Marruecos.

El pasado 16 de noviembre en el Parlamento turco, dos diputados del principal partido de la oposición, el "Partido Republicano del Pueblo" (CHP) alertaron del contrabando de 50 000 toneladas de aceite de oliva procedente de la ciudad kurdo-siria de Afrín. Al respecto, el ministro turco de Agricultura, Bekir Pakdemirli, afirmó: "Como Gobierno no queremos que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán gane dinero de las aceitunas".

Ante la gravedad de los hechos se hace necesario que el Gobierno ponga todos los medios de control a su alcance para garantizar la legalidad. La comercialización y exportación, como turco, de aceite de oliva robado de origen sirio, de confirmarse, supondría una grave violación de la ley.


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A la información de la agencia de noticias kurda se ha añadido también la voz de alarma del diputado suizo Bernhard Guhl quien en dos ocasiones se ha dirigido al Parlamento de su país para pedir detalles sobre la presunta operación comercial ilegal así como para exigir la mediación del Gobierno suizo para acabar con la ocupación turca de la región siria de Afrín.

Por todo ello presentamos la siguiente

Proposición no de Ley

"1. El Congreso insta al Gobierno a extremar los controles aduaneros en los puertos españoles, en especial el de Valencia, para detectar e interceptar la posible entrada de aceite de oliva etiquetado como turco pero producido a partir de las aceitunas saqueadas de Siria.

2. El Congreso insta al Gobierno a llevar a cabo las investigaciones pertinentes para esclarecer la situación, y al Ministro de Asuntos Exteriores a obtener el compromiso de Turquía de que no intentará introducir la mercancía en territorio del Estado español.

3. El Congreso insta al Gobierno a advertir de este riesgo a la Unión Europea y llevar a cabo iniciativas dentro de la Unión con el fin de que los acuerdos comerciales preferenciales entre la UE y Turquía no sirvan para facilitar la entrada de este producto procedente del expolio."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2019.-Enric Bataller i Ruiz, Diputado.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

161/004182

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley sobre la modificación de la regulación de la normativa de calidad y etiquetado de la miel, para su debate y aprobación en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Según los últimos datos del censo, el sector apícola en España se compone de 29 700 apicultores y apicultoras, con un total de 2.6 millones de colmenas. Un porcentaje elevado de estas explotaciones, cerca del 40 %, tienen menos de 60 colmenas y solo un 20 % ostentan más de 150 colmenas. Es por ello que los pequeños apicultores y apicultoras compaginan esta actividad en el seno de explotaciones muy diversificadas en las que entran otras especies ganaderas y policultivos asociados, conformando un modelo de explotación muy ligada al territorio, y ubicada en zonas con especiales dificultades. Junto a ello, es especialmente relevante el hecho de que la apicultura como actividad está presente en el 13 % de los casos de nuevas incorporaciones de jóvenes al campo.

La actividad productora apícola se vincula en todos los casos a la transformación de la miel con un importante valor de innovación asociada a productos como ceras, propóleos y cosmética, entre otros, a la vez que su comercialización impulsa mercados locales y de cercanía, con gran dinamismo en los entornos rurales.

Además, el modelo de manejo de los colmenares basado en trashumancia entre zonas y estaciones, que supone cerca de una de cada tres explotaciones, tiene importantísimos beneficios para la biodiversidad a partir de la polinización que multiplican las abejas. El buen estado de nuestros ecosistemas naturales se traduce en la gran calidad y valor nutricional de la miel y otros productos alimentarios derivados.

Se calcula en torno al medio kg el consumo de miel por ciudadana o ciudadano español y año. Sin embargo, mientras la producción de miel en el Estado español está en torno a las 34 000 toneladas, se exporta anualmente cerca de 30 000 toneladas y se importan en torno a 27 000. El sector está apoyado de forma muy exigua, casi en exclusividad con los fondos procedentes de los Programas de Desarrollo Rural


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(PDR) financiados con el II Pilar de la Política Agrícola Común (PAC). Por una parte, el PDR Nacional contempla una actuación de apoyo a la apicultura dirigida a las asociaciones de apicultores destinadas a la mejora de la comercialización, la promoción y la información de sus valores hacia las personas consumidoras. Esta dotación presupuestaria estatal es ridícula, ya que, en los presupuestos de 2018, la partida contemplada asciende tan solo a 150 000 euros. Por otra parte, las Comunidades Autónomas pueden financiar con cargos a sus propios Programas de Desarrollo Rural ayudas al sector apícola, pero no todas lo contemplan entre sus medidas.

Desde hace años existe una presión comercial muy importante con importaciones de mieles de baja calidad procedentes de países de fuera de la Unión Europea (UE), y con precios muy inferiores a los locales. Además, y según informan las propias autoridades de la UE, el 20 % de la miel importada está adulterada de acuerdo a los estándares de calidad que se establecen en la propia normativa. La falta de información y transparencia sobre la calidad del producto, y la contaminación derivada del uso de pesticidas y abonos químicos, ponen en peligro un sector crucial para el medio rural y la biodiversidad.

Una de las claves esenciales para dar seguridad y apoyo al sector está vinculada a la información adecuada y transparente a la persona consumidora en relación a la calidad y el origen de la miel. La Directiva 2001/110/CE, relativa a la miel, modificada por la Directiva 2014/63/UE en su artículo 2.4.a) comienza por establecer que "Deberán mencionarse en la etiqueta el país o los países de origen en que la miel haya sido recolectada" pero acto seguido ofrece la posibilidad de no identificar obligatoriamente el origen en todos los casos. Esta posibilidad es la que ha utilizado el Estado español en el Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel (y su modificación mediante el Real Decreto 473/2015), restando transparencia y negando información a la ciudadanía, en vez de optar por dar el apoyo necesario al sector apicultor.

Las Directivas continúan estableciendo en el artículo 2.4.a) que en la etiqueta se deberá mencionar el país de origen en el que la miel se haya recolectado, excepto cuando las mieles sean originarias de más de un Estado, caso en el cual dicha identificación puede venir sustituida por la mención de que se trata de mezcla de mieles originarias o no de la Unión Europea. Esta posibilidad ampara legalmente que la industria opte por la ocultación de los orígenes de la miel que comercializa, factor que está estrechamente vinculado a su calidad, y se limite a indicar "mezcla de mieles UE-no UE" (cuando haya una pequeña adición de cantidades de miel europea) o "mezcla de mieles no UE" (sin especificar si proviene de Ucrania, China o Brasil, por ejemplo). De esta manera, la persona consumidora se ve impedida de acceder a la información necesaria y suficiente sobre el origen de la mayor parte de las mieles que a día de hoy se encuentran en el mercado.

El problema central es que en la trasposición a nuestro ordenamiento jurídico se ha decidido dar prioridad a las Directivas relacionadas con la calidad y etiquetado de la miel, por encima de los Reglamentos y Directivas comunitarias referidos a los derechos de las personas consumidoras. El Reglamento (UE) n.º 1169/2011, sobre información alimentaria facilitada al consumidor establece en su artículo 7.1 en relación con la información sobre productos alimentarios que "La información alimentaria no inducirá a error, en particular: a) sobre las características del alimento y, en particular, sobre la naturaleza, identidad, cualidades, composición, cantidad, duración, país de origen o lugar de procedencia, y modo de fabricación o de obtención; y en el artículo 7.2 que "La información alimentaria será precisa, clara y fácil de comprender para el consumidor". Y aunque obvio, no está de más recordar que el artículo 28 del Tratado de la Unión establece que los Reglamentos son de directa aplicación. Siguiendo con las Directivas relacionadas con los derechos de las personas consumidoras, hay que recordar que la Directiva 2000/13/CE, del Parlamento y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios, establece en su Considerandum número 6 que "Cualquier regulación relativa en el etiquetado de los productos alimentarios se debe fundamentar, ante todo, en el imperativo de la información y la protección de los consumidores"; y en el número 14 que "Las normas de etiquetado tienen que implicar igualmente la prohibición de inducir a error al comprador...". Por esta razón, el artículo 2 dispone que el etiquetado no deberá ser de naturaleza tal que induzca a error al comprador, especialmente sobre las características del producto alimentario, y en particular, sobre la naturaleza, identidad, calidades, composición, cantidad, duración, origen o procedencia, y modo de fabricación y de obtención. A la vez, el artículo 3 dispone que "el etiquetado de los productos alimentarios implicará solamente [...], las indicaciones obligatorias del lugar de origen o de procedencia en los casos que su omisión pueda inducir a error el consumidor sobre el origen o la procedencia real del producto alimenticio".


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Revertir esta situación y establecer una normativa de etiquetaje que garantizara la trazabilidad del producto no solo haría posible a nuestras explotaciones diferenciar sus mieles de las de otros países, sino que permitiría a las personas consumidoras hacer su opción de compra a partir del conocimiento y la transparencia, siendo además que en el caso de la miel, la ciudadanía valora de manera especial la miel de producción local debido a su calidad y su vinculación con determinados paisajes y culturas. En este sentido se ha pronunciado recientemente el Parlamento Europeo, en su documento aprobado "Perspectivas y Desafíos para el Sector Apícola de la Unión" (Resolución del Parlamento Europeo de 1 de marzo de 2018, sobre desafíos para el sector apícola de la Unión (2017/2015/INI), que en sus puntos; 46, 57, 58 y 59 establece claramente que se debe proteger el derecho del consumidor a saber el lugar de origen de la miel y se debe de garantizar que la etiqueta ponga el lugar en donde se recolecta la miel, y no donde se produce, algo que se debe garantizar mediante una correcta trazabilidad por parte de los que comercializan mieles importadas.

Fruto de la presión del sector apicultor a través de las diversas organizaciones profesionales, pero sobre todo a través de la Plataforma "Etiquetado Claro de la Miel Ya" que reúne a más de 50 asociaciones de apicultores de todo el Estado, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sometió a consulta pública el 1 de diciembre de 2018 un primer borrador de Modificación de Decreto 1049/2003 y que finalizó el pasado 20 de diciembre. Este proceso debería haber continuado con la realización de un informe jurídico y su posterior tramitación. Sin embargo, y a raíz de las propuestas recibidas, el mismo día 21 de diciembre abrió un nuevo periodo de consulta pública con un nuevo texto borrador cuyo plazo finaliza el 17 de febrero.

La nueva propuesta planteada desde el Gobierno y que ha puesto en alerta al sector, repite determinados errores sobre los que los apicultores y apicultoras llevan alertando desde el inicio, y que son de suma importancia para hacer una adecuada trasposición de las normas comunitarias.

En primer lugar, es muy importante entender que lo importante es el "país de recolección", y no el "país de origen" como pretende recoger la norma de modificación del Gobierno. La segunda de las opciones permitiría de alguna manera "blanquear" las importaciones de miel procedentes de países distintos de recolección. En el mismo sentido es necesario que el etiquetado establezca de manera clara los porcentajes de la mezcla.

Por último y no menos importante a los efectos de evitar el dumping sobre las mieles de calidad de procedencia nacional, el Real Decreto 1049/2003 vigente, no permite calentar la miel por encima de los 452C, teniendo que ser considerada esa miel recalentada como industrial. Según el Codex Alimentario, la miel es un producto natural que no puede ser desnaturalizado, ni se le puede adicionar ninguna sustancia, ni se puede calentar de manera que esta pierda sus cualidades naturales intrínsecas. Aunque la norma de calidad impide actualmente calentar la miel por encima de 452 grados, para evitar que pierda sus cualidades, es tan abstracta y confusa su redacción, que gran parte de la industria que se dedica al envasado de la miel aprovecha la confusión para sobrecalentarla, mezclarla con otras de origen y calidad incierta, desnaturalizar la miel y, algunas, según dice la propia UE, para adulterarla, añadiéndole harinas e incluso otro tipo de azúcares.

El cambio normativo que se exige, ya se ha desarrollado en países de nuestro entorno. En Italia, el Decreto Legislativo de 21 de mayo de 2004 número 179, de aplicación de la Directiva 2001/110/CE, recogía como aquí la posibilidad de etiquetar las mezclas de mieles indicando únicamente el origen de la Unión Europea o exterior. Sin embargo, la Ley 81, de 11 de marzo de 2006, estableció una enmienda de este Decreto por la cual se introdujo la obligación de indicar en la etiqueta el país o países de origen de la recolección de la miel. Así, el Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali italiano eliminaba la discrecionalidad que ofrecía la Directiva y obligaba a indicar explícitamente el origen de la miel, estableciendo sanciones de entre 600 y 6.000 ? en caso de incumplimiento.

En este mismo sentido, parlamentos autonómicos como el de Catalunya, Castilla y León, Galicia, Comunidad Valenciana o Murcia han aprobado resoluciones instando al cambio de normativa tras haber hecho una valoración similar a la expuesta.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Modificar el marco legislativo que actualmente regula el etiquetado de las mieles, en concreto el Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel (y


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su modificación mediante el Real Decreto 473/2015), estableciendo en la regulación de etiquetado la obligatoriedad de identificar de forma clara, legible e inequívoca:

a) El país y lugar de recolección de la miel o, en su caso, de cada fracción de mieles que conforma cada mezcla.

b) En caso de mezcla, identificación de cada uno de los porcentajes de miel que conforman la misma, sin que en ningún caso se pueda crear confusión con la miel no mezclada.

c) En caso de mezcla de mieles del Estado español con mieles procedentes de terceros países, en un porcentaje de la mezcla igual o superior al 50 %, indicar claramente que el país de recolección de la miel es el tercer país o países.

d) La calidad de la miel, identificando si se trata de miel filtrada, si contiene el polen o se ha retirado, todos y cada uno de sus componentes ) específicos, o si tiene presencia de metales pesados o antibióticos.

e) La trazabilidad de la miel, indicando si tiene productos añadidos, especialmente azúcar, dextrosa, harinas o aguas.

f) Si la miel ha sido pasteurizada, con indicación en este caso de la pérdida de las propiedades de la miel.

2. Modificar el marco legislativo que actualmente regula la producción de las mieles, en concreto el Real Decreto 1049/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Norma de calidad relativa a la miel (y su modificación mediante el Real Decreto 473/2015), estableciendo que en el proceso de envasado, la miel en ningún caso podrá ser microfiltrada ni calentada por encima de los 452 (en este caso, el producto resultante no podrá ser considerado ni denominado "miel", sino "edulcorante a base de miel").

3. Instar a la Comisión Europea y al Parlamento a realizar una revisión de la Directiva Comunitaria aplicable, para adecuarla al Reglamento y Directivas de protección de información y protección a los consumidores.

4. Ampliar la dotación de la partida de subvenciones estatales para la cofinanciación de ayudas a la apicultura dirigidas a empresas privadas, y habilitar una partida especial de apoyo a la comercialización y difusión de la calidad de la miel orientada a una mejor información hacia las personas consumidoras.

5. Requerir a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) que incremente su labor inspectora frente al fraude alimentario en el campo de la miel, y dotarla de medios humanos y científicos para llevar a cabo medidas de control para la detección de adulteraciones."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2019.-Jaume Moya Matas, Eva García Sempere, Jorge Luis Bail, Rosana Pastor Muñoz y Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputados.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de una Mesa Estatal del Sector del Cava, para su debate en la Comisión de Agricultura y Alimentación.

Exposición de motivos

I

El cava, variedad del vino espumoso, es un producto de larga tradición en el Estado español.

En el siglo XVIII, los vinos espumosos son introducidos en Catalunya a través de los fabricantes de los corcho de las comarcas de la Selva y l'Empordá (Girona), principales suministradores de tapones para los elaboradores de Champagne, en Francia.

En la primera mitad del siglo XIX, empiezan a realizarse en el Estado los primeros intentos para elaborar vinos espumosos siguiendo el mismo método del champagne y se constata que la elaboración de estos vinos no puede limitarse a la fermentación dentro de la botella, sino que ha de localizarse


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territorialmente en las regiones vitivinícolas, comarcas que por razón de su terreno y clima, permiten obtener unos vinos de máxima calidad.

De esta manera, en la segunda mitad del siglo XIX se generaliza la producción de vinos espumosos que, por su calidad, ganarán prestigio y premios a nivel internacional.

Tras la plaga de la filoxera, que acabó con la inmensa parte de los viñedos, en Sant Sadurní d'Anoia (comarca del Penedés, Catalunya), un grupo de productores y elaboradores de vino apostaron por la renovación rápida de las viñas enfocándolas hacia la mejora de los vinos espumosos entonces acabados de implantar en el Estado español. Su gran mérito fue, por un lado, conseguir la restauración de los cultivos, y, por otro, acertar en su decisión de determinar qué variedades de uva se desarrollarían con más éxito en ellos.

De esta manera, un producto local y de calidad otorgó autoestima, empleo y dinamización a un territorio eminentemente rural. Con ello, en pocos años, el volumen de ventas del vino espumoso en el mercado español fue superando la cifra de importaciones de los extranjeros. Al mismo tiempo, se desarrollaron las exportaciones, especialmente hacia los países latinoamericanos y europeos.

A partir de los años 50 del siglo XX, con las primeras normas españolas sobre vinos espumosos, empieza a aparecer en los documentos oficiales la palabra "Cava", que más tarde sería definidora del vino espumoso: en el año 1.986 se establece la reserva de la Denominación "Cava" para los vinos espumosos de calidad elaborados por el método tradicional en la región que legalmente se determina, zona de producción que será definida en el Reglamento del Cava.

La incorporación de España a la CEE el 1 de enero de 1.986, supone el reconocimiento del Cava como "Vino Espumoso de Calidad Producido en una Región Determinada" (V.E.C.P.R.D.), categoría que agrupa todos los vinos espumosos de primera categoría o de máxima calidad y que se equiparán a las Denominaciones de Origen. Ello hace que en el marco de la Unión Europea únicamente se puede elaborar Cava en la Estado español y siempre que sea dentro de la denominada "región del Cava".

II

Actualmente, la Región del Cava contempla un total de 159 municipios que, además de las cuatro provincias de Catalunya, incluye localidades de Badajoz, Zaragoza, Álava, Navarra, La Rioja y Valéncia. En total, 230 empresas elaboradoras de cava y 158 de vino base, vinculadas a las más de 6.600 explotaciones vitícolas que ocupan cerca de 38.000 hectáreas cultivadas, en su mayor parte (el 80 %), de las variedades propias de una macabeu, xarel.lo y parellada.

El cava producido en el Estado español es desde hace años popular en todo el mundo, con unos volúmenes de producción y venta anual de 250 millones de botellas, de las cuales más de 150 millones se distribuyen a lo largo de 120 países, hasta el punto de haber superado en el año 2017 el volumen de ventas del champagne francés. Alemania, Bélgica, Reino Unido, Estados Unidos y Francia son los principales consumidores, habiendo absorbido en torno al 70 % de las exportaciones.

Junto a la internacionalización de la denominación y la evolución positiva en los últimos años, también son especialmente positivos el crecimiento constante y la buena acogida que está teniendo la comercialización del cava ecológico (que en 2017 alcanzó los 5,9 millones de botellas) y del enoturismo, clave dentro del sector gastronómico español, que creció un 18,38 % en 2017 y elevó a 67 millones de euros la cifra de negocio en visitas a bodegas y museos del vino adheridos al cava.

Todo ello sitúa al cava como un sector clave en la creación de riqueza y empleo, en la fijación de la población en los núcleos rurales y en la diversificación de las actividades (mucho más allá de las agrarias, transformadoras y distribuidoras, en todo el mundo vinculado de restauración, márquetin, I+D+i, turismo, diseño, etc., etc., etc.) que lo convierte en una actividad estratégica y merecedora de especial reconocimiento y protección por parte de los poderes públicos.

III

Sin embargo, un nuevo escenario despierta incertidumbres no solo sobre el futuro de las grandes empresas, sino para el conjunto del sector del cava. El hecho que las dos principales empresas productoras de cava catalán (que sumadas representan más del 50 % del volumen de negocio) hayan pasado en pocos meses a estar bajo control de grupos extranjeros, ha encendido las luces de alarma en la crisis del modelo de empresa familiar y al riesgo de entrar en una época de bajos beneficios y de limitaciones financieras para el crecimiento.


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Que grandes empresas internacionales hayan realizado grandes inversiones que las han situado con el control de los dos líderes del cava puede ser un signo de confianza de cara a futuro y puede suponer la constatación de la capacidad de mejora, de crecimiento y de beneficios. No obstante, a los planes de expansión llegados del exterior no se ha sumado el capital autóctono y ello corre en peligro de perder soberanía económica y señas de identidad desde el territorio estatal.

En un marco de dura competencia con el champagne francés y el proseco italiano (actualmente, líder mundial en ventas) es imprescindible mantener una constante inversora para seguir aumentando la dimensión del sector y perdurar en la primera división internacional. El enraizamiento incontestable de las viñas, las bodegas y la gente en el territorio han de vincular los grandes grupos internacionales a invertir decididamente y, con ello, provocar un positivo efecto de arrastre al alza del resto del sector, formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas.

Por todo ello, deviene imprescindible la creación de un órgano sectorial, de ámbito estatal, que aglutine a todos los intervinientes en el sector, personas y empresas agricultoras, productoras, trabajadoras y distribuidoras, al lado de las administraciones con competencias en la materia, como punto de encuentro, análisis y debate de los retos del cava para afrontar el futuro. La defensa de un precio justo para el producto, que responda a su reconocida calidad gastronómica, a la producción agraria sostenible, a la adaptación a la lucha contra el cambio climático, a unas condiciones laborales dignas de todas las personas intervinientes en el proceso de producción y distribución, a la potenciación de su consumo y su reconocimiento, incluyendo la desestacionalización, al estudio de la extensión de viñedos, a la adaptación al aprovechamiento de las oportunidades que brindas las nuevas tecnologías y a la expansión de mercados internos y externos, son algunos factores dentro de una hoja de ruta a futuro que deben ser tratadas de forma transversal, dialogada y constructiva por parte de todos los agentes implicados en el sector.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover la constitución de una Mesa Estatal del Sector del Cava, con la participación de organizaciones agrarias, patronales y sindicales y las administraciones con competencias en la materia, con el fin de afrontar los retos que afectan al sector."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Jaume Moya Matas y Aina Vidal Sáez, Diputados.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el impulso del desarrollo tecnológico en el sector agroalimentario, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

En España, el sector de la industria agroalimentaria desempeña un papel clave en el conjunto de los sectores económicos, ocupando el primer lugar en la rama industrial. Es una pieza fundamental en la cadena alimentaria, ya que se sitúa como eslabón intermedio, aportando valor añadido a la producción primaria y siendo el principal consumidor del sector agrario. La industria del sector agroalimentario presenta una estructura muy atomizada, donde la mayoría de empresas tienen una dimensión muy reducida, lo que dificulta los procesos de internacionalización, innovación y mejora de la productividad. Contribuir a su crecimiento es vital para consolidar el fortalecimiento y la competitividad de todo el sector.

En este sentido, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA) es un Organismo Público de Investigación con carácter autónomo dedicado exclusivamente a la investigación agroalimentaria y forestal. Su misión es contribuir al progreso continuo y sostenible del sector


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agroalimentario español mediante el desarrollo de tecnologías respetuosas con el medio ambiente y sus objetivos prioritarios son satisfacer las nuevas demandas de investigación relacionada con la producción agrícola, ganadera y forestal, mitigar los efectos del cambio climático y contribuir a la seguridad alimentaria mundial y a la lucha contra el hambre en línea con los Objetivos del Milenio.

Por otra parte, la Red Cervera de Transferencia Tecnológica, una red de institutos tecnológicos para investigación aplicada, constituye una apuesta decidida por la implementación de medidas novedosas que estimulen la transferencia de tecnología desde el sector público al sector privado y que fomenten, en última instancia, la innovación empresarial. Se trata de una iniciativa que pone el foco en la transferencia de tecnología desde los centros de investigación a las empresas, con el objetivo de impulsar la competitividad de nuestra economía a partir de una decidida apuesta por el conocimiento. En este sentido, la Red Cervera intenta trasladar a nuestro país las experiencias exitosas de otros países, como la de los institutos Fraunhofer en Alemania o los Carnot en Francia.

La voluntad de implementar esta iniciativa ha quedado patente en numerosas ocasiones. Finalmente, en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 se incluyó una dotación de más de 500 millones de euros para la Red Cervera de Transferencia Tecnológica, en el programa 467C-Investigación y desarrollo tecnológico-industrial.

Recientemente se ha publicado, por parte del CDTI, la convocatoria de la Red Cervera. Dicha convocatoria establece que los proyectos deben corresponderse con alguna de las tecnológicas prioritarias, entre las que se encuentra la denominada "Cadena alimentaria segura y saludable". Impulsar la participación de las empresas del sector de la industria agroalimentaria en la Red Cervera, contribuiría a la implantación, al desarrollo y al fortalecimiento de empresas innovadoras con un alto potencial de crecimiento en un sector estratégico para la economía española como, así como el crecimiento e internacionalización de las que ya están asentadas.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar decididamente la investigación, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica en el ámbito de la industria agroalimentaria, así como la mejora de la capacitación de los recursos humanos en este sector.

2. Solicitar y ejecutar en su totalidad todos los instrumentos (fondos y ayudas) que la Unión Europea pone a disposición de los Estados miembros para financiar la investigación, el desarrollo y la innovación en este sector.

3. Incrementar los medios humanos y materiales, así como las inversiones destinadas al Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA), dotando a este y al resto de Organismos Públicos de Investigación de la flexibilidad necesaria en los procedimientos y simplificando los trámites burocráticos en aspectos como la contratación, la política de recursos humanos o la firma de convenios.

4. Impulsar la participación de las empresas del sector de la industria agroalimentaria en la Red Cervera de Transferencia Tecnológica, mediante campañas de difusión y actuaciones que permitan captar la mayor cantidad posible de cofinanciación, con el fin de favorecer el desarrollo de tecnologías que permitan lograr una cadena alimentaria más segura y saludable."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-María Sandra Julià Julià, José Cano Fuster y Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para presentar, al amparo de lo establecido en el artículo 193 del Reglamento del Congreso de los Diputados, la siguiente Proposición no de Ley para que se inste a la Comisión Europea a hacer un seguimiento detallado del


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impacto que está teniendo el tratado de comercio con Sur África, en particular sobre el mercado de cítricos con Europa, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

La Agricultura y la citricultura han sido y son una prioridad, para el PSOE.

La entrada en el mercado común por parte de nuestro país fue muy aplaudida y abría el horizonte para las exportaciones de nuestros productos y facilitaba de una manera clara la penetración en diferentes mercados.

Los diferentes tratados de la UE han sido valorados positivamente, pues en su conjunto han favorecido el desarrollo de la agricultura valenciana y de otras Comunidades Autónomas y especialmente de uno de los productos por los que nos identificamos, la naranja.

Pero los últimos acuerdos con los diferentes países de fuera de la UE han ido dejando un sabor agridulce al agricultor que ha visto como tanto con el arroz y ahora con la naranja hemos perdido competitividad en nuestros productos, muchas veces poniendo en riesgo el deficiente control de plagas y la escasez de controles fitosanitarios.

Las últimas negociaciones del anterior Gobierno del PP en la EU, con falta de compromiso y de fuerza en las negociaciones ante los países exportadores han dejado cada vez más mermadas las rentas de nuestros agricultores, condenando al campo valenciano al abandono y a la falta de relevo generacional en muchas ocasiones.

Conocemos que el actual Gobierno está buscando soluciones para paliar la cantidad de pérdidas acumuladas para esta temporada, que según las asociaciones agrarias se calculan en más de 134 millones de euros.

Conocemos que la pasada semana hubo reuniones con diferentes asociaciones agrarias para intentar buscar una solución y analizar las circunstancias, para en el mínimo plazo posible, exigir a la Unión Europea que se aplique la cláusula de salvaguarda ante la entrada de naranja del sur de África.

Desde el Ministerio de Agricultura se han tomado medidas urgentes como la apertura de un cupo de retirada del mercado en fresco de 50.000 toneladas de naranjas y pequeños cítricos (mandarinas, clementinas y satsumas) para descongestionar el mercado y ayudar a paliar al sector. La medida estará disponible desde el 8 de enero y la ayuda a los productores para la financiación de estas retiradas puede superar los 12,5 millones de euros.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a seguir tomando medidas ante la crisis del sector citrícola, reforzando o incluyendo en las mismas las siguientes:

1. Analizar las consecuencias negativas que, en su caso, están teniendo en el sector citrícola los acuerdos de la Unión con terceros países. En caso de constatarse distorsiones del mercado achacables a estos acuerdos, se comunicará a Bruselas dicha situación para que se inicie en su caso el procedimiento para la aplicación de una cláusula de salvaguarda.

2. En caso de constatarse dicha distorsión provocada por las importaciones, solicitar a la Unión Europea y promover en los órganos institucionales de la Unión que, habilite ayudas para los estados miembros afectados, en su caso, por la introducción de plagas y por la caída de precios y rentabilidad.

3. Solicitar a la Comisión Europea que tras la aplicación provisional del Acuerdo UE-SADC realice un estrecho seguimiento del impacto de las importaciones de cítricos de Sudáfrica en la Unión.

4. Hacer, junto con la Comisión Europea, un estrecho seguimiento de las condiciones fitosanitarias de las importaciones de cítricos para adaptarlas a los resultados de los controles fitosanitarios de frontera solicitando su endurecimiento cuando así sea necesario. Así mismo deberá hacerse un seguimiento específico de las medidas de mitigación que establezcan los terceros" países en relación con la Thaumatotibia leucotreta, en particular en lo que se refiere al tratamiento de frío.

5. Facilitar la convocatoria de foros adecuados para Profundizar en la normativa comunitaria y estatal y en los compromisos de los actores implicados con el fin de que interprofesionales y organizaciones de productores utilicen al máximo sus capacidades y competencias en materia de ordenación del mercado citrícola español.


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6. Contar con los representantes del sector citrícola cuando sea necesario promover y defender los intereses de los citricultores españoles en el proceso de toma de decisiones que afecten a este sector.

7. Tomar medidas para apoyar a todos los agentes implicados del sector citrícola por las pérdidas que, en su caso, se constate que se hayan ocasionado por la aplicación de los acuerdos de la Unión Europea, que incluirán entre otras:

a) Instar al Gobierno a la puesta en marcha con carácter de urgencia de una campaña para la promoción del consumo de Cítricos en todo el territorio nacional.

b) Establecer, con la información previa necesaria y de acuerdo con el correspondiente gobierno autonómico, las zonas y productores afectados y aprobar para ellos medidas de excepción del Impuesto de Bienes de Inmuebles (IBI), compensando a los Ayuntamiento afectados por la aminoración de ingresos que suponga.

c) Aprobar una reducción de los índices de rendimiento neto para el sector citrícola en el IRPF del ejercicio 2018, en el caso de que las peticiones que presenten los correspondientes gobiernos autonómicos, se encuentren justificadas.

d) Favorecer la financiación del sector citrícola a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Antonio Quintana Martínez, Ciprià Císcar Casabán, Alicia Piquer Sancho, Artemi Rallo Lombarte, Patricia Blanquer Alcaraz, Herick Manuel Campos Arteseros, Josefa Inmaculada González Bayo, María Jesús Serrano Jiménez y Antonio Pradas Torres, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para instar al Gobierno a atajar la crisis citrícola 2018/2019, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Sin lugar a dudas nos encontramos ante una situación excepcional que necesita medidas extraordinarias. La conjunción de varios factores ha determinado que la actual campaña citrícola haya sido tildada de catastrófica para todo el sector.

Diversas circunstancias negativas motivadas tanto por la situación de los mercados como por el comportamiento del clima, han terminado por desembocar en una coyuntura tremendamente adversa que se está traduciendo en pérdidas millonarias para los agricultores dedicados al cultivo de la naranja, unas pérdidas que, de acuerdo con las valoraciones de las propias organizaciones agrarias, se situarían en torno a los 163 millones de euros.

Según han reclamado en diversas ocasiones las organizaciones agrarias, el actual panorama que presenta la citricultura es insostenible y, por ello, resulta imprescindible expresar el malestar de los productores con la finalidad de reclamar tanto medidas concretas a corto plazo que alivien los problemas más inmediatos, como una hoja de ruta de cara al futuro que permita al sector dotarse de los instrumentos necesarios para aumentar su capacidad competitiva.

Fruto de ello fue la concentración de protesta ante las puertas de la Consejería de Agricultura de la Generalitat Valenciana, con el objeto de exigir soluciones a la dura crisis de precios que está arruinando a miles de productores valencianos durante la presente campaña, así como a tantos otros de las provincias productoras de cítricos.

En este tiempo se han mantenido reuniones a distintos niveles para trasladar la gravedad de la situación y la necesidad de implementar medidas efectivas para contrarrestar esta situación que pone en peligro a todo un sector clave para la sostenibilidad económica, social y medioambiental de aquellas


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zonas de España destinadas al cultivo de cítrícos, de forma muy especial a la Comunitat Valenciana, Murcia y Andalucía, así como al resto de regiones productoras.

Las Organizaciones agrarias exigen una reciprocidad de las normativas europeas en materia fitosanitaria y laboral a las producciones agrarias procedentes de países terceros, así como la implantación del tratamiento en frío de todas las frutas y hortalizas procedentes de países terceros con plagas de cuarentena. Además del impulso de un plan estatal de reestructuración del sector citrícola, así como profundizar en la normativa comunitaria y estatal y en los compromisos de los actores implicados para que la Interprofesional Citrícola lntercitrus realice funciones de ordenación del mercado, así como que el sector utilice todos los instrumentos que la PAC pone a su disposición para la gestión de crisis.

A la vista de esta situación, el sector citrícola europeo exige un cambio radical en la actitud de la Comisión Europea con respecto a la importación de terceros países y la implementación de medidas efectivas ante la grave crisis citrícola de la campaña 2018/2019.

Por todo ello el Grupo Parlamentario Popular, propone para su debate y votación, la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados, insta al Gobierno a:

1. Realizar un estudio de seguimiento de la evolución de los Acuerdos Bilaterales de la UE con Terceros Países en los que se haga referencia a la importación de cítricos. Estudio que recoja la evolución de las toneladas importadas, la evolución de las plantaciones en origen y las consecuencias sobre los precios a los agricultores europeos, para aplicar en su caso, la Cláusula de Salvaguarda que establece el Acuerdo con Sudáfrica y otros países del Cono Sur.

2. Introducir medidas efectivas en la Reforma de la PAC que eviten la reiteración de la crisis de precios, subsanando la discriminación, que sufre la agricultura mediterránea en la PAC y especialmente el sector de frutas y hortalizas.

3. Dado el liderazgo mundial de España en el comercio de cítricos en fresco, se solicita que el Gobierno Español lidere una iniciativa a nivel europeo de revisión e impacto de los acuerdos bilaterales de la Unión que impliquen importación de cítricos procedentes de Países Terceros, y en su caso establecimiento de las oportunas medidas correctoras cuando se evidencie que estas importaciones o la suma de ellas generan perjuicios graves al sector citrícola europeo.

4. Incorporar al sistema de seguros agrarios español la posibilidad de un seguro de rentas basado en los costes de producción.

5. Modificar de la Ley de Cadena Alimentaria española siguiendo las orientaciones de la homóloga nueva Ley francesa.

6. Liderar en Europa una acción decidida para que la normativa europea de cadena alimentaria proteja sin ambigüedades los productores agrarios y el sector que representan.

7. Introducir una reducción, tanto del módulo de IRPF de cítricos, como del IBI rústico de las parcelas de cítricos.

8. Iniciar una campaña incentivación del consumo de cítricos en los medios de comunicación públicos españoles.

9. Que a la retirada de producción de 50.000 toneladas, gestionada por el Ministerio de Agricultura, puedan acceder todos los agricultores afectados, tanto los que están en Organizaciones de Productores como los que no están, como ya ocurrió con el veto ruso."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2019.-Juan Vicente Pérez Aras, Rafael Antonio Hernando Fraile y María Ascensión Carreño Fernández, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la defensa del sector citrícola, para su debate en la Comisión de Agricultura Pesca y Alimentación.


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Exposición de motivos

España es el sexto productor mundial de cítricos en fresco y el primer exportador mundial en naranjas, mandarinas y limones y el sexto de pomelos. La producción se concentra en las provincias de Valencia, Castellón, Alicante, Murcia, Sevilla, Huelva, Córdoba y Tarragona.

Sin embargo, el sector citrícola español está sufriendo la peor crisis de los últimos veinticinco años, motivada por el exceso de oferta provocado por el importante incremento de las importaciones de cítricos de fuera de la Unión Europea. Al hecho de que uno de cada tres cítricos vendidos en la UE se produce en el exterior se suma la bajada de la exportación por la saturación del mercado comunitario y el incremento de la producción nacional. Esta situación crítica del sector provoca que muchos agricultores dejen sin recoger sus producciones al no encontrar comprador para ellas o, si lo encuentran, malvendiéndolas a un precio inferior al de coste.

El Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Sudáfrica, cuyo objetivo inicial fue alcanzar un acuerdo de comercio, desarrollo y cooperación para potenciar a un país en vías de desarrollo, está generando ahora un significativo impacto sobre las variedades tempranas de cítricos españoles, que se ven perjudicadas por los elevados contingentes de cítricos de verano sudafricanos y su trato preferente en el mercado europeo.

Las organizaciones de productores de frutas y hortalizas y el comité de gestión de exportadores de cítricos establecen como otra de las causas de esta crisis los retrasos en la maduración de las variedades tempranas nacionales, que provocan solapes con las mandarinas tardías de Sudáfrica en los mercados de la UE o las adversidades meteorológicas de este año pasado, pero señalan que lo realmente preocupante es que, por un lado, crece sostenidamente la presencia, las superficies y los rendimientos del cultivo de cítricos africanos, especialmente sudafricanos, que compiten con los mediterráneos españoles; por otro lado, se amplía el desarme arancelario hasta finales de noviembre, con el añadido de que a partir del 2026, la liberalización será completa.

Ciudadanos, en su momento y a diferencia de las posturas de PP y PSOE, formuló su oposición en el Parlamento Europeo a estos acuerdos. Nuestro posicionamiento siempre es a favor del libre comercio y el fomento de la competencia, pero el acuerdo con Sudáfrica se redactó en términos globales y pasando por alto los intereses específicos de sectores como el citrícola español y determinados principios y objetivos de la Política Agraria Común. Además, una de las máximas y principios absolutos de un verdadero libre mercado es la competencia en igualdad de condiciones (level playing field).

Las lagunas e imperfecciones de este acuerdo generan, además de excedentes, fuertes reducciones de precios para el eslabón más débil de la cadena alimentaria, que son los agricultores, en los periodos de solape con las producciones que acceden a nuestros mercados procedentes de terceros países.

Teniendo presente lo anterior, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Implementar medidas que permitan alcanzar un precio de mercado de los cítricos no inferior al de coste, en colaboración con los otros eslabones de la cadena de valor, que les permitan vivir dignamente.

- Desarrollar y activar medidas de prevención de crisis y de gestión del riesgo, para hacer frente a escenarios extraordinarios en el sector de las frutas y verduras.

- Promover una plataforma que proyecte en los mercados internacionales la excelencia de los productos citrícolas españoles, mediante campañas de comunicación y promoción.

Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a instar a las instituciones europeas a:

- Aplicar la cláusula de salvaguarda del Acuerdo de Libre Comercio con Sudáfrica.

- Renegociar los acuerdos libre de comercio en materia agraria basándose en los principios y objetivos de la PAC.

- Incorporar a estos acuerdos los objetivos de la OCM referentes a desarrollo, aplicación y fomento de métodos de producción respetuosos con el medio ambiente, con un uso sostenible de los recursos naturales.

- Incorporar a estos acuerdos la reciprocidad de las normativas europeas en materia laboral y fitosanitaria.


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- Ampliar las ayudas financieras a los citricultores con los ingresos resultantes de la aplicación de aranceles a la última fase de comercialización de los cítricos de terceros países en competencia con las variedades tempranas nacionales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2019.-María Sandra Julià Julià, José Cano Fuster y Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley sobre medidas contra la Xylella fastidiosa y de apoyo a las zonas afectadas en la Comunidad Valenciana, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

La Xylella fastidiosa es una bacteria que afecta a determinadas especies vegetales, con especial incidencia en arbolado agrícola, que deriva en la muerte de los ejemplares infectados, sin que hasta el momento se conozca cura o remedio alguno. Esta plaga, denominada vulgarmente "ébola del olivo" ya ha afectado a las Islas Baleares y ha generado pérdidas millonarias en árboles y en recursos económicos en el sur de Italia y de Francia.

Xylella fastidiosa es una bacteria con un rango de hospedantes muy amplio, y que produce graves daños en cultivos muy importantes en nuestro país como los cítricos, fa vid, el olivo y los frutales de hueso, almendros, así como en numerosas especies ornamentales. Se considera que el riesgo de introducción en nuestro país es muy alto, puesto que se dan las condiciones climáticas para que se establezca, y es probable que se haya introducido mediante la importación de material vegetal de especies hospedantes, procedentes de países en los que se ha detectado esta bacteria.

Desde 2017, los primeros brotes en la península se registraron en la provincia de Alicante que afectan a las comarcas del norte, pero solo infectando cultivos de almendro.

La Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Cambio Climático de la Generalitat Valenciana ha puesto en marcha el protocolo de actuación que marca la Unión Europea, en colaboración con el entonces ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente con el objetivo de erradicar la enfermedad y evitar su extensión por el resto del territorio valenciano como el salto hacia otras especies agrícolas, como el viñedo o el olivo.

Desgraciadamente, en abril de 2018, se detectó en la Comunidad de Madrid no sólo el primer brote de Xylella fastidiosa fuera de la provincia de Alicante, sino el primero que se registra en olivo. Se ha declarado un cuarto brote de Xylella fastidiosa en un vivero de Almería bajo erradicación. El peso que tiene este cultivo en nuestro país ha hecho saltar todas las alarmas en el conjunto de España, puesto que su extensión a este arbolado podría suponer pérdidas millonarias en determinadas regiones.

La Comunitat Valenciana se ha situado como frente de batalla contra la Xylella en toda España, y el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) el laboratorio de referencia. Si bien es cierto que la coordinación técnica entre las instituciones estatales y autonómicas funcionaba correctamente, el nuevo Gobierno de España consideró que era necesaria una mayor implicación institucional que dote al conjunto de territorios de más medios, económicos y humanos.

La Xylella fastidiosa no es el único reto que tiene España en materia de sanidad vegetal, pero sí es cierto que la posible afección a cultivos como el olivo y el viñedo, una de las principales actividades agrícolas de nuestro país, genera un riesgo extremo para la economía de muchas regiones españolas.


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Actuaciones Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

El nuevo Gobierno ha aumentado las medidas de respuesta y la coordinación con las Comunidades Autónomas. De hecho, se asume una estrategia y posición coordinada con las. Comunidades Autónomas, evitando casos que se dieron con el anterior Gobierno, al eludir apoyar claramente decisiones compartidas con la Generalitat Valenciana por el mero hecho de que el PPCV estaba haciendo un uso partidista de las consecuencias de la aplicación de la estrategia de erradicación, defendiendo la de contención, cuando el propio Gobierno del Partido Popular era el que defendía la estrategia de erradicación que se estaba aplicando.

Los ejes de la actuación son tres:

1. Coordinación de las actividades de vigilancia a nivel nacional y de erradicación de los brotes declarados, a través del Comité Fitosanitario Nacional donde se actualiza el Plan Nacional de Contingencia, que se elaboró en el año 2015, para adaptarse a la normativa comunitaria y a los avances tanto de la situación nacional como del conocimiento de la bacteria.

2. Refuerzo de los controles en frontera en donde ponemos un especial cuidado en los productos y orígenes de riesgo.

3. Financiación tanto de las medidas de vigilancia como de erradicación de los brotes de Xylella fastidiosa incluyendo aquí los gastos derivados de indemnizaciones a propietarios afectados por las medidas, aportando el 25 % de ambos gastos el MAPA, el 25 % las CC.AA. y el 50 % la UE.

Desde el MAPA, se están desarrollando y apoyando las iniciativas divulgativas y docentes sobre Xylella fastidiosa, como son:

- Curso de formación teórico-práctica sobre prospecciones e inspección de Xylella fastidiosa. Organizador: MAPA. 10 y 11 de julio de 2018.

- Reunión anual de los Proyectos H2020: PONTE y XF-ACTORS. Organiza el IVIA del 22 al 26 de octubre en Valencia.

- Las enfermedades de los vegetales causadas por Xylella fastidiosa: detección, identificación, seguimiento y control. Organizado por CIHEAM (Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos de Zaragoza), MAPA y los Proyectos financiados por la UE. Celebrado del 12 al 16 de noviembre en Zaragoza (sede del CIHEAM).

- Encuentro Internacional Phytoma "Xylella fastidiosa ¿una amenaza imprevisible?" Organizado por PHYTOMA. Será del 12 y 13 de diciembre en Valencia.

Se está en permanente contacto con la Unión Europea y otros EEMM para hacer una valoración de la situación y de las medidas establecidas. El objetivo es ser capaz de ir adaptando las normas comunitarias a la evolución del conocimiento de la enfermedad y su situación. De hecho, el nuevo Gobierno está trabajando para diseñar alternativas diferentes a las actuales y ya se está realizando los contactos con la Comisión Europea. De conseguir cambios en la normativa, no sería en un plazo corto, por lo que se seguirá aplicando lo establecido actualmente.

Además, el nuevo Gobierno ha ampliado estos ejes de actuación reforzando la investigación.

Mejoras y ampliación de la investigación preventiva y de nuevos cultivos para regenerar la zona afectada

Se están apoyando las actividades de investigación para conocer mejor a la bacteria, solicitado al INIA que priorizase la financiación de los proyectos de investigación sobre Xylella fastidiosa. En junio de 2018 se publicó la Resolución de Proyectos E-RTA, donde figura el proyecto "Desarrollo de estrategias de erradicación, contención y control de Xylella fastidiosa en España: análisis de riesgos y erradicación" que consta de 6 subproyectos a desarrollar en 3 años.

También se ha aprobado una Encomienda con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Córdoba para contar con el apoyo científico de la máxima experta en Xylella fastidiosa de España (Blanca Landa) y para la determinación de las subespecies y grupos genéticos de Xylella encontrados en los diferentes brotes. Dicha Encomienda se va a desarrollar entre el 1 de noviembre cíe 2017 y el 30 de noviembre de 2019 con un importe total de 80.246,9 ?. Actualmente se está trabajando en la ampliación de la Encomienda tanto en muestras como en periodo de tiempo, debido a un infra dimensionamiento de las muestras que se iban a procesar.


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Estrategia futura: Se están estableciendo contactos con las autoridades de Francia e Italia al objeto de establecer cauces de intercambio de,información, analizar la idoneidad y eficacia de las medidas contemplada en la normativa y estudiar propuestas de mejora de las medidas teniendo en consideración la experiencia en los diferentes brotes de la Unión europea y los avances en el conocimiento científico de la bacteria y de los insectos vectores. Estas mejoras permitirán la aplicación de medidas realistas que sin pérdida de eficacia permitan reducir el fuerte impacto social y económico que las actualmente vigentes ocasionan en las zonas afectadas, al basarse en un principio de precaución maximalista por las incertidumbres existentes en el conocimiento de la bacteria.

El Nuevo Gobierno ha incrementado las medidas referentes a la investigación. Así, con el objetivo de desarrollar estrategias de erradicación, contención y control de Xylella fastidiosa en España la Agencia Estatal de Investigación, el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, y la Interprofesional del Aceite de Oliva Español han financiado un proyecto que cuenta con la participación de investigadores especialistas en distintas disciplinas relacionadas con la lucha de esta bacteria. Milagros Coca, Eva Núñez y Ana Palacio, investigadoras de la Unidad de Sanidad Vegetal del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA), forman parte de este proyecto nacional sobre la bacteria de cuarentena de la Xylella fastidiosa. Concretamente trabajarán en un subproyecto que está liderado por el Instituto de Investigaciones y Tecnologías Agrarias (IRTA).

Los investigadores pertenecen a tres centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), el Instituto de investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía (IFAPA), el Instituto de Investigaciones y Tecnologías Agrarias (IRTA), el Instituto Vasco de Investigación y Desarrollo Tecnológico (NEIKER-Tecnalia), el Instituto de Investigaciones Agroambientales y de Economía del Agua (INAGEA), Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón-Instituto Agroalimentario de Aragón IA2 (CITA-Universidad de Zaragoza) y las Universidades de Valencia, Gerona y las Islas Baleares, y además participa personal de los servicios de sanidad vegetal de la Generalitat Valenciana y del laboratorio de sanidad vegetal (SEMILLA) y la Consejería de Medio ambiente, Agricultura y Pesca de las Islas Baleares. También cuenta con colaboradores de tres instituciones de EEUU, Italia y Reino Unido.

Con una duración de tres años, dicho proyecto se estructura en seis subproyectos fundamentales con los siguientes objetivos específicos: 1) Desarrollar un análisis de riesgos regionalizados y guías para optimizar los programas de erradicación de Xylella fastidiosa y control de sus vectores potenciales. 2) Establecer el diagnóstico, estructura genética y gama de huéspedes de las poblaciones de Xylella fastidiosa presentes en los focos epidémicos de España. 3) Determinar la patogenicidad de aislados- tipo de Xylella fastidiosa presentes en España sobre los principales cultivos afectados, principalmente olivo, almendro y vid. 4) Caracterizar el proceso de infección y la respuesta genotipo/fenotipo de variedades de los principales cultivos afectados. 5) Determinar la biología y ecología de los vectores potenciales de Xylella fastidiosa en España y su papel en la epidemiología y el control de la enfermedad. 6) Establecer las bases científicas para desarrollar acciones de transferencia y comunicación sobre las enfermedades causadas por Xylella fastidiosa.

Por tanto, con este proyecto se pretende conocer mejor la variabilidad genética de la bacteria, así como sus vectores potenciales en España. También quiere contribuir al conocimiento de los métodos de propagación de la bacteria, la gama de especies huéspedes que pueden verse afectadas por la misma e identificar variedades con alto nivel de resistencia, dentro de los principales cultivos afectados. Por último, se va a proponer la creación de un grupo de trabajo nacional y otro internacional para discutir las estrategias más eficientes de muestreo, contención y erradicación cíe la enfermedad, implicando a los diferentes actores afectados (productores, viveristas y administraciones públicas). Este proyecto coordinará sus esfuerzos con otros a nivel europeo que también están enfocados en la lucha contra esta bacteria (POnTE y XF-ACTORS).

Trabajo coordinado con la Generalitat Valenciana

Desde 2015, los sucesivos Gobiernos han establecido la respuesta más adecuada y han coordinado esta decisión y aplicación de forma conjunta con las Comunidades Autónomas, también con la Generalitat Valenciana.


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Sin embargo, el anterior Gobierno no defendía ni sus propias decisiones ante críticas de direcciones regionales del Partido Popular dirigidas a gobiernos autonómicos de otros partidos por cumplir lo acordado con el Gobierno, siguiendo sus indicaciones y las de la Unión Europea.

Se ha mejorado la coordinación con los gobiernos autonómicos de las comunidades autonómicas afectadas y se han establecido líneas de trabajo común en el conjunto de España.

Erradicación como estrategia para eliminar los focos existentes y minimizar las áreas afectadas, así como para evitar la ampliación de las zonas y cultivos afectados por restricciones de comercialización dentro de la Unión Europea

Hay colectivos que plantean el cambio de respuesta y no realizar la erradicación, sino la contención. Pero lo cierto es que, salvo en Les Illes Balears, que si está aplicando la contención, en el resto de España se está aplicando la erradicación. El hecho es que Les Illes Balears tienen unas condiciones geográficas específicas de aislamiento geográfico que no existe en el resto de la península y que han asumido las restricciones colaterales referentes a las limitaciones a viveros de todo ese territorio. De hecho, la zona tapón en el caso de Les Illes Balears es el conjunto de cada isla afectada.

En la Resolución del consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de 26 de enero de 2017 se declara la existencia de la plaga Xylella fastidiosa (Wells et al.) en todo el territorio de las Islas Baleares y se adoptan medidas fitosanitarias cautelares y de contención para evitar su propagación. No es el caso del resto de zonas, que en este momento no abarca ni una provincia ni una comunidad autónoma completa, sino comarcas específicas y dentro de estas zonas de las mismas.

La contención amplia de una manera muy significativa la zona infectada, en la que no se puede cultivar ninguna planta hospedante, pasando por ejemplo en el caso de Alicante de las 1.236,35 ha actuales a aproximadamente 232.987 ha. Obligaría a incrementar de forma exponencial el número de análisis a realizar, ya que frente a análisis a 1 kilómetro desde el foco detectado, se tiene que pasar a 10 kilómetros.

Cabe destacar que la Unión Europea no cofinancia las indemnizaciones por corta en contención.

Por otro lado, !a estrategia de contención no supone salvar el cultivo infectado, ya que debe ser eliminado también de forma inmediata. Por lo que si no hay una capacidad real de evitar que se propague, el efecto económico y medioambiental en zonas concretas es el mismo que la erradicación, pero afectando las limitaciones comerciales a todos los viveros y cultivos en un radio de 10 kilómetros.

La Unión Europea ha establecido una normativa específica, cuya última modificación es de octubre de 2018, y que se recoge en la Decisión de Ejecución (UE) 2015/789 de la Comisión de 18 de mayo de 2015 sobre medidas para evitar la introducción y propagación dentro de la Unión de Xylella fastidiosa (Wells et al.)

El artículo 6 establece las medidas de erradicación:

La zona tampón tendrá una anchura mínima de 5 km alrededor de la zona infectada. Dicha zona tampón podrá reducirse a no menos de 1 km de ancho si existe un alto grado de confianza de que la presencia inicial del organismo especificado no se ha propagado en modo alguno y si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a) Todas las plantas hospedadoras, independientemente de su estado sanitario, han sido eliminadas inmediatamente en un radio de 100 m alrededor de cada planta infectada; b) se ha efectuado una inspección de delimitación en una zona de un mínimo de 5 km de ancho alrededor de la zona infectada, cuya conclusión es que no se ha detectado la presencia del organismo especificado en esa zona. La inspección se basará en una cuadricula dividida en cuadrados de 100 m de lado en una zona de al menos 1 km de ancho alrededor de la zona infectada y una cuadricula dividida en cuadrados de 1 km de lado en el resto de la zona tampón. En cada uno de esos cuadrados, el Estado miembro interesado llevará a cabo exámenes visuales de los vegetales especificados y someterá a muestreos y pruebas los vegetales sintomáticos, así como los vegetales asintomáticos situados a proximidad de los vegetales sintomáticos:

En ese mismo artículo es donde establece la ampliación de la zona tapón en caso de no aplicar los requisitos sobre la erradicación, estableciendo que: En el caso de una zona infectada, a efectos de las medidas de contención mencionadas en el artículo 7, apartado 1, la zona tampón deberá tener un mínimo de 10 km de ancho.


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Como se puede comprobar en el artículo 7, hay limitaciones a la aplicación de una estrategia de contención, y además no supone salvar ni los cultivos afectados, ni los frutos que estuvieran por recoger:

Artículo 7. Medidas de contención 1. No obstante lo dispuesto en el artículo 6, el organismo oficial competente del Estado miembro interesado solo podrá decidir aplicar las medidas de contención establecidas en los apartados 2 a 7 (en lo sucesivo, "zona de contención") en una zona infectada enumerada en el anexo II.2. El Estado miembro interesado eliminará todos los vegetales en los que se haya detectado la infección por el organismo especificado en el marco de las inspecciones oficiales mencionadas en el apartado 7. Esta eliminación deberá efectuarse inmediatamente después de la identificación oficial de la presencia del organismo especificado. Se tomarán todas las precauciones necesarias para evitar la propagación del organismo especificado durante la eliminación y después de esta.

Medidas fiscales de compensación y ayuda a los afectados

Las administraciones deben ser sensibles a esta situación. El Gobierno debería considerar incorporar la exención del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para las cantidades recibidas en concepto de ayudas e indemnizaciones públicas para fa destrucción de las plantas y cultivos en el marco de las actuaciones de control y erradicación de la Xylella fastidiosa.

La aplicación de exenciones en el IRPF no es un planteamiento nuevo ya que el apartado e) del punto 1 de la disposición adicional quinta de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, sobre rentas de las personas físicas, contempla la exención fiscal para las indemnizaciones públicas en el caso de sacrificios obligatorio cíe cabaña ganadera a consecuencia de las actuaciones de control y erradicación de epidemias o enfermedades, como ya le hicieron saber los agricultoras a la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación, y Medio Ambiente.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Continuar con la ejecución de los actuales planes de contingencia que se están aplicando actualmente, que fueron puestas en marcha por el Gobierno desde 2016 en coordinación con los respectivos gobiernos autonómicos y la Unión Europea. Se irán adaptando dichos planes a las condiciones existentes y detectadas en casa momento.

2. Seguir con las negociaciones en el seno de la Unión Europea para que se establezcan nuevas modificaciones de la actual normativa que permitiera actualizar los planes de contingencia. En cualquier caso, se seguirá adaptando los planes de contingencia puntualmente conforme la evolución de la situación y la legislación vigente, y siempre en coordinación con los gobiernos de las Comunidades Autónomas correspondientes.

3. Seguir impulsando el desarrollo de proyectos de investigación de fa plaga, revisando y actualizando los protocolos y adaptándolos mediante la incorporación de los conocimientos y avances que sobre Xylella fastidiosa se han hecho durante los últimos años. Y especialmente, se seguirá apoyando investigaciones relacionadas con la obtención de cultivos resistentes a esta bacteria.

En este sentido, se seguirá impulsando y ampliando en su caso, las siguientes medidas:

- En el marco del Plan Estatal de I+D+i realizar actividades para priorizar y promover la investigación en esta enfermedad, incluyendo acciones sectorial, para identificar prioridades de investigación en sanidad y protección vegetal, identificando Xylella fastidiosa como objetivo específico.

- En el marco del Horizonte 2020, seguir promoviendo la presencia de grupos españoles en las convocatorias de los proyectos PONTE (Pest Organism Threatening Europe) y UE XF ACTORS y se está haciendo un seguimiento anual de los resultados de los mismos.

Teniendo en cuenta todas estas medidas, se seguirá impulsando el Grupo de Trabajo a nivel nacional, para estudiar la situación de la Decisión comunitaria, ya que esta necesita ajustes para optimizar su aplicación, atendiendo las diferencias encontradas en los distintos brotes de esta bacteria.


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4. Mantener el esfuerzo en mejorar los sistemas de diagnóstico de la plaga incidiendo en la prevención.

5. Impulsar la adopción de criterios comunes en el cálculo de indemnizaciones, sin perjuicio de que el importe final de las indemnizaciones sea fijado por las autoridades competentes de la Comunidad Autónoma, ya que la enorme cantidad de cultivos susceptibles y las grandes diferencias en su nivel productivo, tipo de plantación etc., hace casi imposible fijar un baremo nacional que pueda cubrir todas las variables.

Se atenderá las peticiones de ayudas que soliciten las Comunidades Autónomas y que se enmarquen en compensaciones de medidas contempladas en los planes de contingencia acordados con el Gobierno.

6. Llevar a cabo todas estas medidas manteniendo una comunicación adecuada y fluida con los afectados, de manera que se cuente con el apoyo, la complicidad y el trabajo del sector. En este sentido, la Comunicación con el sector a nivel nacional seguirá siendo la adecuada y fluida, en el marco de las mesas sectoriales correspondientes y a nivel técnico, buscando en todo momento el apoyo, coordinación y complicidad del sector y las Comunidades Autónomas en las decisiones que el MAPA, tal como se ha realizado.

7. Contribuir, junto a las Comunidades Autónomas, a los planes de recuperación socioeconómica y medioambiental de !as comarcas afectadas por la Xylella, ante la reducción de su arbolado.

8. Que genere los cambios normativos necesarios para que las administraciones públicas puedan incrementar el personal, no investigador, en materia de lucha contra la Xylella fastidiosa.

9. Que continúe reforzando la efectividad de los controles de sanidad vegetal en frontera para evitar la introducción de especies infectadas por esta bacteria, especialmente los procedentes de países donde haya sido detectado brotes de la Xylella.

10. Hacer efectiva la Proposición no de Ley 161-3108 sobre exenciones fiscales a los afectados por la Xylella fastidiosa, presentada por el Grupo Socialista, y que fue aprobada por la Comisión de Hacienda y Función Pública de! Congreso en su sesión del 30 de mayo de 2018."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2019.-Herick Manuel Campos Arteseros, Patricia Blanquer Alcaraz, Artemi Rallo Lombarte, Ciprià Císcar Casabán, Alicia Piquer Sancho, Antonio Quintana Martínez y Josefa Inmaculada González Bayo, Diputados.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, a instancia del Diputado Xavier Eritja Ciuró, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la gestión de la pesca de arrastre en el Mediterráneo, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

La flota de arrastre constituye la espina dorsal del conjunto del sector pesquero en el Mediterráneo. En gran parte del territorio su actividad aporta la mayoría de desembarques de especies demersales y constituye la primera modalidad pesquera en ventas en lonja. De su pervivencia y buena salud depende la continuidad del conjunto del sector ya que sostiene las estructuras logísticas y sociales que permiten su subsistencia.

Los puertos del conjunto de la fachada mediterránea del Estado albergan una flota total de arrastre de 615 embarcaciones, destacando la flota catalana en primera posición, con un total de 224 unidades. El conjunto de esta flota ha sufrido una acusada reducción en el último decenio, con pérdidas de embarcaciones de entre el 40 y el 50 %, lo cual la ha llevado al límite de la viabilidad como sector central de la economía azul mediterránea.

Desde 2016 la Comisión Europea está centrando sus esfuerzos en mejorar la gestión de la pesca en el Mediterráneo, con la vista puesta en conseguir una sensible mejora del estado de los recursos pesqueros. En este contexto, en los primeros meses de 2019 se prevé la adopción de un Plan Multianual


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para la explotación de stocks de peces demersales en el Mediterráneo Occidental a nivel europeo, el cual implicará importantes cambios en el modelo de gestión de la modalidad del arrastre (que captura merluza, salmonete, etc.). El elemento más destacable es la implantación de un régimen de esfuerzo basado en la limitación de los días de pesca anuales ("esfuerzo pesquero máximo permisible").

La inminente adopción de este nuevo reglamento europeo llevaría aparejada la entrada en vigor del nuevo modelo a partir del primero de enero de 2020, lo cual implica una tarea previa muy intensa de preparación y adecuación de la norma al sector pesquero del Estado durante 2019.

La delicada situación por la que atraviesa el sector aconseja una transición hacia el nuevo modelo que asegure el mantenimiento de la flota actual y, por tanto, su plena pervivencia social y económica a corto y medio plazo, al tiempo que permita la consecución del objetivo de recuperación del recurso y del ecosistema marino.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:

1. Adoptar una política de flota focalizada en el mantenimiento del tamaño de la flota actual (de la masa crítica del sector), evitando la pérdida neta de embarcaciones. El objetivo ha de ser asegurar que la flota de arrastre actual supera con éxito el periodo de transición hacia la recuperación del recurso durante el cual se reducirá el esfuerzo pesquero (días de pesca anuales), compensado este hecho con una gestión más inteligente de la actividad que incluya, entre otros aspectos, la mejora en la valorización del producto y la comercialización.

2. Permitir una gestión conjunta de los días de pesca anuales por parte de las cofradías o sus agrupaciones sobre una base territorial, que favorezca dicha gestión inteligente del esfuerzo pesquero en los diferentes caladeros locales.

3. Evitar a toda costa un modelo de asignación individual de derechos de pesca comercializables. La creación de un mercado de derechos implicaría la destrucción del modelo territorial tradicional de pesca mediterráneo.

4. Asegurar que el sistema de determinación del esfuerzo pesquero base inicial (nivel de referencia) no perjudique las flotas de aquellos territorios que han venido efectuando vedas de pesca estacionales durante los últimos años frente a aquellas que no lo han hecho. Es necesario evitar que las flotas que por libre decisión han reducido su actividad durante uno o dos meses anualmente para ayudar a la recuperación del recurso no se vean agraviadas con la asignación de menos días de pesca anuales precisamente como resultado de estas acciones beneficiosas para el recurso.

5. Establecer una gestión rutinaria del esfuerzo de pesca sobre la base de un ámbito territorial lo suficientemente restringido como para que los esfuerzos adicionales voluntarios de conservación del recurso (mejora de la selectividad, cierres espaciales, horarios reducidos, etc.) vayan en beneficio directo de aquellos que los practican. Esta reducción suplementaria de la mortalidad pesquera debe verse correspondida con un menor requerimiento de reducción del esfuerzo pesquero en forma de días de pesca."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2019.-Francesc Xavier Eritja Ciuró, Diputado.-Joan Tardà i Coma, Portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley relativa a la regularización del papel de la mujer en el sector pesquero, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.


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Exposición de motivos

El papel de la mujer es clave en el sector pesquero, tanto por su relevancia cada vez mayor, como por su gran capacidad de gestión en el día a día. Sin embargo, falta conciencia social sobre la importancia de su contribución.

Trabajan de una a cuatro horas más que los hombres, sostienen a miles de familias, sobre todo en comunidades costeras como Galicia y trabajan hasta la enfermedad, para poder alcanzar una jubilación digna.

Para ellas no existe la conciliación laboral. Son mujeres pescadoras, mariscadoras, trabajadoras de las conservas, rederas, percebeiras, pescantinas...

Desde el nacimiento de las primeras asociaciones de estas trabajadoras del mar, ha habido que esperar más de medio siglo para asistir al surgimiento de una estrategia de integración femenina, que sirva de contrapeso a las políticas de un sector masculino en su abrumadora mayoría.

Las mujeres están en todas las actividades de la pesca y la acuicultura; y contribuyen especialmente al desarrollo socioeconómico de las zonas de influencia donde trabajan agrupadas. Pero uno de los problemas a los que se enfrentan es la falta de estadísticas e información con las que hacerse una idea de su situación global.

El mar es un sector que factura al año más de 2.000 millones de euros, cuenta ahora con 1.155 afiliadas en la pesca extractiva, 3.565 mariscadoras y 651 rederas en nuestro país.

Estas más de 5.000 mujeres que diariamente desempeñan trabajos directamente relacionadas con la actividad pesquera en nuestro país, representan el 17,4 % de todos los trabajadores de alta en el régimen especial de la seguridad Social. Aunque en casos como el de Galicia representan el 36 % de la masa trabajadora en el sector y un 82 % en el caso de las mariscadoras.

Completan el sector las mujeres que integran el gremio de la industria de transformación y conservera. En Europa, el colectivo femenino está representado por unas 100.000 trabajadoras.

Las mujeres que trabajan el mar tienen un amplio abanico de reivindicaciones, como son la aplicación de un cociente reductor a su jubilación en función del riesgo, o que se reconozcan enfermedades profesionales que desarrollan tras años de bravos sacrificios. Muchas trabajan de noche, con niebla, frío granizo, agua helada y estas mujeres se meten en el mar.

Algunas de estas mujeres terminan su formación, pero no son capaces de completar las horas de mar porque no encuentran quién las enrole. Sería fundamental que el Gobierno crease incentivos para que mujeres fuesen a bordo. También escasean las campañas públicas para fomentar el asociacionismo.

Aunque entre las más importante demandas está el lograr la igualdad salarial con los hombres; así como, mejorar la conciliación de la vida laboral y familiar.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aplicar un cociente reductor a su jubilación en función del riesgo a las mujeres que trabajan en el mar.

2. Estudiar la posibilidad de reconocer enfermedades profesionales que desarrollan tras años de duro trabajo en el mar.

3. En el marco de la revisión del sistema de bonificaciones que se está llevando a cabo, estudiar la posibilidad de crear incentivos que favorezcan positivamente contratar a mujeres a bordo.

4. Destinar mayores recursos para fomentar campañas públicas que fomenten el asociacionismo en este colectivo.

5. Adoptar medidas que favorezcan la igualdad salarial entre hombres y mujeres pescadoras.

6. Mejorar la conciliación de la vida familiar y laboral de las mujeres pescadoras."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2019.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la Estrategia de Modernización y Diversificación Rural, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

Durante la presente Legislatura, el 21 de diciembre de 2016, la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, anunció en su comparecencia en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, la puesta en marcha de una serie de iniciativas, entre las que destaca la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Modernización y Diversificación Rural.

La Estrategia Nacional de Modernización y Diversificación Rural, realizaba un enfoque específico del sector agroalimentario y forestal, que, junto a la Estrategia de Modernización Frente al Reto Demográfico en la que también estaba trabajando el Gobierno Popular, con un enfoque más integrador, constituían los pilares para afrontar los retos de la despoblación, el envejecimiento y la masculinización del medio rural.

El Gobierno del Partido Popular trabajó activamente para definir y poner en marcha la citada Estrategia, con la puesta en marcha de grupos de trabajo, como el grupo de trabajo técnico de primera instalación, creado el mes de febrero de 2017, el grupo de trabajo de titularidad compartida o el Grupo Focal sobre digitalización y Big Data para el sector agroalimentario, forestal y el medio rural, y el inicio de negociaciones entre diferentes departamentos ministeriales implicados.

Así, en verano de 2017 se presentaba a las comunidades autónomas el denominado "paquete joven", que tenía como objetivo facilitar la incorporación de jóvenes agricultores en el medio rural español, a través de la ejecución de una serie de medidas concretas en diferentes ámbitos de actuación. EI "paquete joven" se enmarca dentro de la Estrategia Nacional de Modernización y Diversificación Rural, cuyo objetivo era abordar el marcado proceso de envejecimiento y despoblamiento al que se enfrentan determinadas zonas rurales españolas. Por ello, y en el marco de esta estrategia, las mujeres y los jóvenes eran elementos fundamentales a los que se dirigían un gran número de actuaciones.

La estrategia incluye, además del paquete joven, medidas para la innovación y digitalización, formación y orientación, impulso del papel de la mujer rural, actividades de comunicación y visibilidad del papel de las mujeres y los jóvenes en el medio rural, la creación de la oficina de atención al joven rural y otras medidas de seguimiento, infraestructuras y servicios.

La Estrategia ha ido evolucionando y concretando las medidas, en función de las conclusiones de los distintos grupos de trabajo. Algunas actuaciones, como el Manual Informativo sobre la Titularidad Compartida de las explotaciones agrarias, presentado en junio de 2018, son fruto del trabajo que emana de la Estrategia, pero queda mucho por hacer.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a profundizar y desarrollar todas las medidas de la Estrategia de Modernización y Diversificación Rural, centrada en el relevo generacional, las mujeres y los jóvenes, y el desarrollo de capacidades de emprendimiento e innovación."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2019.-María Ascensión Carreño Fernández, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no


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de Ley, relativa a reforzar el papel de los jóvenes en el mundo rural, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

El mundo rural español tiene un grave problema de relevo generacional y por tanto se presenta como un gran reto para el sector agrario en el conjunto de nuestro país.

Según los últimos datos obtenidos por el Instituto de la Juventud (Injuve) y con fecha marzo de 2017, en España hay 7,11 millones de jóvenes con más de 15 y menos de 29 años, es decir, el 15,3 % de la población.

España tiene hoy la misma población joven que tenía en 1960, pero con un menor peso en la demografía.

A esto hay que añadir que los jóvenes se han puesto de espaldas a la España rural, dado que más del 32 % de quienes tienen entre 15 y 29 años reside en las capitales de provincia y apenas un 5 % en esa parte del país que lentamente se va despoblando.

Los jóvenes son un colectivo prioritario para la política agraria ya que representan el futuro y mantenimiento de la actividad en el medio rural.

La despoblación de las zonas rurales sigue aumentando a causa de los escasos nacimientos, del éxodo de los jóvenes a las ciudades y del envejecimiento de la población. Esto se traduce en un problema económico puesto que en el medio rural está la base del sector primario de nuestro país; y en un problema social, ya que en el medio rural residen las raíces de gran parte de los españoles, nuestra cultura, nuestras tradiciones y un patrimonio histórico de valor incalculable.

Queda de manifiesto la necesidad de iniciar actividades en favor de los jóvenes del medio rural, para lograr que se mejoren sus condiciones de vida y trabajo y permitir con ello la revitalización del medio rural y, en particular, del sector agrario. No podemos permitir que haya una España a dos velocidades, y no podemos permitir que el mundo rural tenga ni menos, ni peores oportunidades que los ámbitos urbanos. Por eso debemos poner especial ahínco en la mejora de las condiciones de vida en las áreas rurales.

Vivimos en un momento de cambios, donde las nuevas tecnologías avanzan para crear oportunidades de futuro y riqueza y deben ser aprovechadas en el medio rural, para su exploración y explotación, para que ayuden a combatir las causas de la despoblación.

Para atraer a los jóvenes al medio rural es fundamental otorgarles facilidad a la hora de acceder a la información y que sepan y conozcan cuáles son los medios y las ayudas que desde el Gobierno se le conceden para poder desarrollar su idea y/o sus proyectos.

Una iniciativa de atracción sería el impulso de intercambios a nivel europeo entre jóvenes para conocer otras perspectivas laborales y de desarrollo personal con una serie de prioridades, ejes y acciones, como herramienta importante a nivel de relevo generacional en el sector agrario.

El objetivo no es otro que poder atender las necesidades y orientar a los jóvenes interesados en instalarse en la actividad agraria.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Crear una oficina de atención al joven rural con el fin de atender las necesidades de información que faciliten su instalación en el medio rural así como una formación específica a aquellos sectores más deficitarios y con menos recursos.

2. Fomentar el emprendedurismo y asesoramiento en la puesta en marcha de nuevas empresas.

3. Promover la formación y la orientación mediante la puesta en práctica de un "Erasmus agrario", un programa que ya funciona a nivel europeo y que otorga a los estudiantes una perspectiva general de lo que se hace en materia agraria en otras partes del mundo."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2019.-Belén Hoyo Julià, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, sobre la ejecución y financiación de la nueva estación depuradora de aguas residuales de Santiago de Compostela, obra declarada de Interés General del Estado, para su debate en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Exposición de motivos

La normativa básica en materia de régimen local atribuye a los ayuntamientos la competencia exclusiva en materia de abastecimiento y saneamiento de sus sistemas municipales. Aún así, desde el Gobierno de la Nación -y en atención a los supuestos contemplados en la legislación vigente en materia de aguas- se han venido considerando como obras de interés general del estado determinadas actuaciones, asumiendo la Administración General del Estado la competencia para su ejecución y desarrollo. Este es el caso de la renovación del sistema de saneamiento y depuración de Santiago de Compostela, obra declarada de Interés General del Estado en 2001, que incluye la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR).

Aunque en las actuaciones declaradas de Interés General del Estado la financiación es competencia directa del Gobierno de España, los gobiernos de las Comunidades Autónomas de forma coordinada también vienen prestando apoyo a los Ayuntamientos en esta materia, ayudándoles técnica y financieramente a desarrollar de manera más eficaz y eficiente las competencias que tienen reservadas en materia de suministración de agua, red de alcantarillado y depuración. Así lo hace, en el caso de Santiago de Compostela, la Xunta de Galicia ofreciendo su colaboración y cofinanciación como lo hizo en su día en los casos de las depuradoras de A Coruña, Ferrol, Lugo y Ourense.

En este sentido, es conocido que tanto el Gobierno de la Nación como el de la Comunidad Autónoma de Galicia, han manifestado su voluntad de colaboración en la renovación del sistema de saneamiento y depuración de Santiago de Compostela, como se ha dicho, declarado de Interés General del Estado en Galicia.

Al hilo de esta actuación, necesaria para garantizar la calidad de las aguas del río Sar, este Grupo Parlamentario muestra su preocupación por la información conocida tras la reunión celebrada el pasado 18 de diciembre en Madrid entre el Ministerio para la Transición Ecológica, la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de Santiago.

En esa reunión se trasladó que, ante el rechazo del Ayuntamiento de Santiago al proyecto previsto para la ejecución de una nueva depuradora en el lugar de O Souto (con una tramitación avanzada que contaba, entre otros hitos, con la DIA favorable, la aprobación del proyecto técnico de la primera fase y con la declaración, por parte del Consejo de Ministros, de urgente ocupación de los terrenos, bienes y derechos afectados por las obras), la alternativa propuesta por el Ayuntamiento de ampliar la actual EDAR en A Silvouta supondría, según las estimaciones técnicas, que la depuradora no podría estar en servicio antes del año 2027.

Este horizonte temporal hace inviable la ejecución del proyecto de la nueva depuradora en A Silvouta con cargo a los fondos europeos del actual programa operativo FEDER y supone demorar la solución al problema de contaminación de las aguas del río Sar, cuya situación fue objeto de una propuesta de sanción por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, finalmente retirada en atención a las mejoras introducidas en 2014 en la planta actual. Con todo, la EDAR actual sigue siendo insuficiente para tratar el volumen de residuos y se considera la más antigua y obsoleta de Galicia.

Ante lo que puede ser la pérdida de fondos europeos para la financiación de una nueva EDAR tan necesaria, y con el objetivo de obtener el compromiso de financiación por parte del Estado para la nueva depuradora de Santiago de Compostela, desde este Grupo Parlamentario presentamos la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Comisión.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Definir lo antes posible, y en colaboración con el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y la Xunta de Galicia, un plan de actuación que concrete una alternativa viable desde el punto de vista ambiental, técnico y económico para garantizar la calidad de las aguas del río Sar.


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2. Ante el escenario posible de pérdida de fondos europeos del programa operativo FEDER 2014-2020 para la ejecución de la nueva estación depuradora de Santiago de Compostela, ofrezca garantías jurídicamente exigibles para la financiación del sistema de depuración de la ciudad, declarado de Interés General del Estado y, por lo tanto, competencia directa del Gobierno de España.

3. Mantener el compromiso de cofinanciación asumido con la EDAR de Santiago de Compostela y, en consecuencia, garantizar como mínimo un 60 % de la inversión del proyecto comprometido desde la Administración General del Estado.

4. Que vele para que los fondos europeos del programa operativo FEDER 2014- 2020 que no se puedan destinar a la nueva estación depuradora de Santiago de Compostela, se reasignen a otras obras importantes e imprescindibles en esta materia de la Comunidad Autónoma de Galicia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2019.-Marta González Vázquez, Miguel Lorenzo Torres, Juan Manuel Juncal Rodríguez y Tristana María Moraleja Gómez, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Política Territorial y Función Pública

161/004186

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la participación de las Comunidades Autónomas en las instituciones y organismos estatales, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.

Exposición de motivos

Los nuevos estatutos de autonomía aprobados en la pasada década por algunas comunidades autónomas introdujeron previsiones sobre la posibilidad de participación de estas en las instituciones y organismos del Estado. Esto constituye una novedad respecto de los estatutos anteriores que se limitaban a reproducir las previsiones al respecto que contiene la Constitución, ajustadas a la posibilidad de que los parlamentos autonómicos presenten proposiciones de ley en el Congreso de los Diputados o soliciten que el Gobierno estatal adopte un proyecto de ley (artículo 87.2 CE).

Las previsiones de participación autonómica en instituciones y organismos estatales se contemplan dentro del marco de las relaciones institucionales entre la comunidad autónoma y el Estado que establecen los estatutos, pero esto constituye solo una parte de este conjunto de relaciones. Todos los estatutos han dedicado disposiciones a las relaciones institucionales con el Estado que incluyen con amplitud e intensidad diferente, disposiciones sobre los principios inspiradores de esta relación y sobre los instrumentos y mecanismos al servicio de la colaboración y la cooperación. La participación en instituciones y organismos estatales es parte, por tanto, de este conjunto de relaciones participativas, diseñadas para posibilitar que las comunidades estén presentes, de una manera u otra, en todas las actuaciones que le afecten.

El Estatut de Catalunya (LO 6/2006, de 19 de julio), por ejemplo, establece de una manera concreta la participación de la Generalitat en instituciones y organismos del Estado en un doble ámbito. En primer lugar, "en los procesos de designación de magistrados del Tribunal Constitucional y de miembros del Consejo General del Poder Judicial, en los términos que establezcan las leyes o, en su caso, del ordenamiento parlamentario" (artículo 180); y, en segundo lugar, en la designación de miembros de los organismos económicos y sociales, que después son especificados en una lista de nueve organismos determinados y en dos cláusulas generales (artículo 182). En este segundo ámbito, a su vez, el Estatut de Catalunya prevé una doble posibilidad: o bien la designación directa de representantes de la Generalitat en estos organismos, o bien la participación en los procesos de designación de sus miembros.

No obstante, en la medida que se trata de una participación en instituciones y organismos estatales, es el Estado quien puede establecer la participación autonómica que considere más conveniente,


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incluyendo también la apertura a todas las comunidades autónomas. Si el Estado es el competente para adoptar la legislación reguladora de estas instituciones y organismos, será el Estado quien, respetando el marco constitucional, podrá decidir las modalidades participativas correspondientes, extendiéndolas al conjunto de las comunidades autónomas, si lo estima oportuno.

Desde una perspectiva estrictamente jurídica, las previsiones estatutarias respecto a la participación en determinados organismos e instituciones del Estado al menos de las comunidades autónomas que así lo tienen previsto tienen el carácter de vinculantes. Reconocidos juristas (Albertí, Vintró et al.) abonan esta tesis, basada en varios factores: en primer lugar, el propio literal de las disposiciones estatutarias correspondientes, que adoptan la forma inequívoca de un mandato ("La Generalitat participa", o bien "designa o participa", artículo 180 y 182 EAC, respectivamente), y no la de una mera posibilidad facultativa; segundo, el estatuto de autonomía es una ley estatal (y no una ley autonómica, aunque en su proceso de aprobación haya participado la comunidad) y no hay duda sobre el hecho de que el Estado pueda adquirir compromisos de actuación futura y que pueda autovincularse mediante sus propias leyes; y además, en tercer lugar, no se trata de una ley estatal más, sino de una ley aprobada según un procedimiento especial, en el que interviene también la comunidad autónoma, que culmina en algunos casos en un referéndum popular. Se trata de una norma jurídica, sin duda, y no se entiende con qué argumentos se la puede pretender privar de valor normativo. Se trata por tanto de verdaderas normas jurídicas que expresan un compromiso que a su vez es un mandato del legislador estatal en un ámbito propio del estatuto de autonomía, y en unos términos que son respetuosos con la competencia del Estado sobre la organización de las instituciones.

Cabe apuntar que establecer la participación de una comunidad autónoma en instituciones y organismos del Estado no figura entre las materias que la Constitución reserva al estatuto de autonomía, ni en el artículo 147 ni en las cláusulas específicas que la Constitución contiene en este sentido. Pero es obvio que esta cuestión tiene a ver con la relación entre el Estado y la Comunidad Autónoma, y que las previsiones estatutarias en este ámbito están amparadas en la función constitucional que desarrolla el estatuto como norma institucional básica de la respectiva comunidad, como ha dicho ya el propio Tribunal Constitucional (STC 247/2007, de 12 de diciembre, FJ 12). Así, resulta legítimo que el estatuto contenga previsiones de relación entre la comunidad autónoma y el Estado, que se traducen en ciertos compromisos, la aplicación de los cuales deba concretarse posteriormente mediante leyes estatales posteriores. Los estatutos se limitan, efectivamente, a establecer el principio de participación autonómica, del que se deriva la facultad de la comunidad de participar en las instituciones y organismos correspondientes, pero su concreción se remite a las decisiones que tome el propio Estado.

El Estatuto que contiene previsiones más amplias en este ámbito es el de Catalunya, que basa su participación en las instituciones y organismos del Estado en la afirmación de una facultad general de participación de la comunidad autónoma respecto de las instituciones, organismos y procedimientos de toma de decisiones del Estado que afecten a sus competencias, que delimita bien específicamente o bien a través de cláusulas genéricas, con remisión de la concreta determinación de esta participación a lo que establecen las leyes correspondientes (que serán las leyes reguladoras de las respectivas instituciones).

De manera específica, el Estatuto relaciona determinadas instituciones y organismos que deberán incluir una participación de la Comunidad: de un lado el Tribunal y el Consejo General del Poder Judicial (artículo 180 EAC), y de otro el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social, la Agencia Tributaria, la Comisión Nacional de Energía, la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Radio y Televisión y los organismos que eventualmente los sustituyan (artículos 182 y 183 EAC).

De manera genérica, el Estatuto prevé que la Generalitat participe en los organismos reguladores del ámbito económico y social relacionados con competencias de la Generalitat (art. 181.2 EAC) y en los organismos económicos y energéticos, instituciones financieras y empresas públicas con competencias en el territorio de Catalunya (artículo 181.2 EAC).

Respecto a la fórmula o modalidad de participación, el Estatuto se limita a indicar que consiste en designar o participar en el proceso de designación de miembros de las instituciones y organismos correspondientes, remitiendo su concreción a la legislación en la materia, que necesariamente ha de ser estatal. Las modalidades de participación quedan por tanto abiertas y su determinación corresponde al Estado. Esta remisión, no obstante, no implica la absoluta disponibilidad para el Estado: deberá establecer


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un mecanismo de participación que responda a esta finalidad, y que posibilite, por tanto, una efectiva presencia autonómica en las instituciones y organismos correspondientes.

En este contexto, es preciso recordar lo que la sentencia del Tribunal Constitucional STC 31/2010 apunta respecto a la cuestión tratada. Ésta reconoce la idoneidad del Estatuto de Autonomía como norma jurídica adecuada para proclamar los principios que deben regir las relaciones entre la comunidad autónoma y el Estado, entre ellos, el de bilateralidad (fundamento jurídico 13), el cual no excluye la multilateralidad. En esta relación, apunta la Sentencia, la posición de cada parte vendrá determinada por el sistema de distribución de competencias, ya que el principio de bilateralidad es una manifestación del principio general de cooperación entre órganos, y precisa, además, que se trata de una relación de "integración y no de alteridad" en la medida que la Generalitat forma parte del Estado.

Desde una perspectiva jurídica, esta afirmación resulta discutible y problemática, pues la Constitución garantiza a las comunidades autónomas un ámbito de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses (artículo 137 CE), de forma que la relación entre unos y otros no es de jerarquía sino de competencia.

La Constitución de 1978 solo fija unos límites al principio de autonomía: solidaridad, equilibrio económico y prohibición de privilegios económicos o sociales entre comunidades autónomas, y permite un abanico amplio de soluciones asimétricas o heterogéneas, y de relaciones diversas entre las comunidades autónomas y el Estado.

La participación de las comunidades autónomas en las instituciones estatales es un elemento esencial para la articulación eficaz de las diversas instancias de gobierno en el sí de un Estado políticamente descentralizado con el objetivo de integrar todas las partes en el funcionamiento armónico del sistema. En este sentido, si la Constitución, por un lado, reconoce el principio autonómico como elemento estructurador del Estado (artículo 2) y configura las comunidades autónomas como entes territoriales dotados de autonomía política (título VIII) y, del otro, crea un Tribunal Constitucional con atribuciones para resolver los conflictos entre el Estado central y las comunidades autónomas (artículos 161 y 153) y un Consejo General del Poder Judicial con la facultad de nombrar a los jueces y magistrados integrantes de los Tribunales encargados de controlar la actuación de los poderes autonómicos y de aplicar su derecho (artículos 122.2 y 153), deviene plenamente coherente con este sistema constitucional que las comunidades autónomas puedan intervenir en los procesos de designación de los miembros de estos órganos. El mismo Tribunal Constitucional ha admitido que el texto constitucional reconoce de algún modo esta participación, la cual, además, puede ser objeto de varios despliegues normativos: "De la interpretación conjunta de los artículos 69 y 159.1 puede derivarse, en efecto, un principio de participación autonómica en la composición del Tribunal susceptible de ser desarrollado de diversos modos" (STC 49/2008, FJ 13).

En definitiva, para dar cumplimiento en este ámbito a las previsiones estatutarias se precisa, en primer lugar, acabar de concretar los organismos estatales en los que deben participar las Comunidades Autónomas y, en segundo lugar, diseñar los mecanismos concretos de participación.

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Dar cumplimiento a las previsiones contenidas en los respectivos estatutos de autonomía y concretar, en cooperación con las comunidades autónomas, las instituciones y organismos estatales en los que deben participar, diseñando a su vez los mecanismos concretos de participación.

2. En lo que se refiere a los organismos e instituciones concretados en las previsiones estatutarias, modificar las siguientes disposiciones generales:

- Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, así como el artículo 17.1 del Real Decreto 905/1991, de 14 de junio, por el cual se constituye la entidad pública Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea y se aprueba su Estatuto (AENA).

- Ley 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (RENFE), y Real Decreto 2396/2004, de 30 diciembre, regulador del Estatuto de la entidad pública empresarial Renfe-Operadora.

- Ley 39/2003, así como el Real Decreto 2395/2004, de 30 de diciembre, regulador del Estatuto de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).

- Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

- Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonomía del Banco de España.


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- Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores.

- Ley orgánica 2/1982, de 12 de mayo, del Tribunal de Cuentas.

- Ley 21/1991, de 17 de junio, del Consejo Económico y Social.

- Ley 17/2006, de 5 de junio, de la Radio y Televisión de titularidad estatal.

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (Agencia de Protección de Datos).

- Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Josep Vendrell Gardeñes, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/004236

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la elaboración de un Plan Fiscal en las zonas rurales, para su debate en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.

Exposición de motivos

La cuestión demográfica es probablemente el reto más importante al que nos enfrentamos en nuestro país.

Como describe el documento del acuerdo de la conferencia de presidentes sobre la estrategia nacional frente al reto demográfico de enero de 2017, en los últimos años España está perdiendo población y más allá de factores coyunturales, se aprecian cada vez más claramente los efectos de una baja natalidad, la pérdida de población en zonas rurales y un acusado proceso de envejecimiento. Hoy son diez las Comunidades Autónomas con saldo vegetativo negativo.

Los cambios afectan con especial intensidad a algunos territorios, debido a su mayor grado de envejecimiento, ruralidad, dispersión, insularidad, extraterritorialidad y otros factores. Pero los desequilibrios demográficos y territoriales no solo suponen desafíos en las zonas que pierden población, sino también en las grandes zonas urbanas receptoras, lo que hace que el cambio demográfico afecte a todas las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Las proyecciones demográficas referidas a España, plantean un descenso ininterrumpido de población, pronosticándose una pérdida de más de medio millón de habitantes en 2031, que serán más de cinco millones de habitantes perdidos en 2066: más del 11 % de la población actual. Sin duda alguna, una proyección que afecta a la estabilidad económica y social.

La población mayor en España ha pasado de representar el 11,2 % en 1981 al 18,7 % en 2015, pero es que en 2050 habrá más de 15 millones de mayores, el 35,7 % de la población.

Además, con una media de 83 años, España es el segundo país del mundo con mayor esperanza de vida al nacer por detrás de Japón. Por el contrario, la natalidad se ha reducido de forma drástica, pasando de 2,8 hijos por mujer en 1975 a 1,3 en el año 2015.

Además del envejecimiento de la población y la baja natalidad, durante las últimas décadas se viene produciendo una pérdida masiva de habitantes en gran parte del territorio, especialmente rural. Y el desplazamiento de cada vez más ciudadanos desde los pequeños municipios de las zonas rurales a los núcleos urbanos más poblados.

Esta situación es especialmente preocupante en provincias como Soria, Teruel, Zamora, Ávila, Burgos o Salamanca, en las que más del 90 por 100 de todos sus municipios tiene menos de 1.001 habitantes. Ligeramente mejor es la situación que se da en las provincias de Guadalajara, Palencia, Zaragoza, Valladolid, Segovia, Huesca, Cuenca y La Rioja, que presentan tasas que superan el 80 por 100. Es decir, en catorce provincias al menos ocho de cada diez municipios subsisten con menos de mil habitantes censados, lo que amenaza su supervivencia, dado no solo sus escuálidos censos sino el elevado envejecimiento de su población.


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Además, en algunos casos, como la Ibérica, que es un territorio montañoso que aglutina 1.632 municipios de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, la Comunidad Valenciana y La Rioja, más del 76 por 100 de las localidades son remotas, el 40 por 100 de los municipios superan como media los 50 años, y la densidad media de población es de 7,9 habitantes por km2.

La despoblación es probablemente el principal riesgo que España tiene con relación al reto demográfico. Por eso, hay que adoptar medidas que revitalicen las zonas rurales, garantizando a sus habitantes las mismas oportunidades y servicios que en las ciudades.

El Gobierno ha de asegurar la calidad de vida del ciudadano viva donde viva, ya que en la actualidad hay grandes diferencias de recursos entre territorios. Se hace necesario favorecer el medio rural a través de una política fiscal que tenga como objetivo aumentar la competitividad de las actividades en el mundo rural, al emprendimiento y fijar la población.

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la elaboración de un Plan Fiscal para las zonas rurales, incluyendo medidas como:

- Bonificaciones en el IRPF para quienes realicen sus actividades profesionales y empresariales en zonas poco pobladas.

- Bonificaciones en el Impuesto de Sociedades para las empresas que realicen su actividad en zonas poco pobladas.

- Compensación a los ayuntamientos que eliminen impuestos locales a aquellas empresas y actividades realizadas en zonas poco pobladas.

- Incentivos a la contratación de trabajadores por parte de empresas que realicen su actividad en zonas poco pobladas.

Para ello, será necesario establecer los criterios legales de "zona poco poblada" que eliminen cualquier inseguridad jurídica."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2019.-Isabel María Borrego Cortés, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Transición Ecológica

161/004200

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la mitigación de emisiones y adaptación al cambio climático en el sector agro-ganadero, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

Según datos del último Avance de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero correspondientes al año 2017, la agricultura representa el 10 %, del total de las emisiones de nuestro país, estando en la media porcentual de los países europeos. Se trata de un porcentaje que se mantiene constante, con una variación entre el 8,3 % y el 11,9 % desde 1990, aunque en los últimos años se observa un cambio de tendencia al alza ligado al aumento en el uso de fertilizantes inorgánicos y al incremento de la cabaña ganadera. Este porcentaje alcanza un 14 % si se tiene en cuenta el subapartado combustión en agricultura dentro del capítulo de energía.

Dentro del sector de la agricultura, en España, las actividades ganaderas son responsables del 66 % de las emisiones y, en 2017, aumentaron sus emisiones un +1,7 % debido principalmente al aumento de la cabaña de vacuno de carne (+2,7 %) y de porcino blanco (+3,8 %).


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La agricultura y la ganadería europea se enfrentarán en los próximos años a la obligación de reducir sus emisiones. La comunicación "Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050", de la Comisión Europea, establece unas reducciones de emisiones, distintas de las de CO2, para agricultura de entre un 36 % y un 37 % en 2030 y del 42 % al 49 % en 2050, respecto a las emisiones de 1990.

Aunque en el sector existen emisiones de CO2, derivadas de la maquinaria agrícola, las principales fuentes de emisiones agro-ganaderas tiene su origen en fuentes de metano (CH4) de procedencia ganadera, que tiene un potencial de calentamiento global 25 veces mayor que el CO2, y se reparten principalmente entre la fermentación entérica del sistema digestivo de los rumiantes (42 %) y en estiércoles y emisiones por el manejo del suelo, que incluye el uso de fertilizantes, la aplicación de estiércol, actuaciones de laboreo, que provoca más de la mitad de las emisiones.

En el mundo, la producción de rumiantes es responsable de aproximadamente el 9 % de las emisiones antropogénicas de CO2 y del 37 % de las emisiones de CH4. Los rumiantes también contribuyen al NO2 en el medio ambiente, un gas persistente en la atmósfera que tiene 296 veces más potencial de calentamiento que el CO2.

En 2014 se presentaba la Hoja de Ruta en sectores difusos para 2020, que incluía una serie de medidas para permitir que España cumpliera con sus objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en los sectores difusos, incluida la agricultura. En la Hoja de Ruta se planteaban medidas dentro de aquellas actividades que suponían mayores emisiones, según el inventario nacional, tales como la digestión anaerobia, la plantación de leguminosas, la siembra directa, eficiencia en la fertilización, el uso de los residuos de poda, etc.

Las opciones para reducir las emisiones en el sector agro-ganadero se ha incrementado, abriendo líneas de actuación como el aumento del rendimiento lechero por animal, cambios y mejora en la eficiencia de la alimentación de los rumiantes, etc. Es importante que los ganaderos tengan acceso a tecnologías que les permitan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de una manera segura y económicamente efectiva y algunos países ya han empezado a trabajar en esta línea.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Incluir en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030 las contribuciones para el año 2030 de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la agricultura, especificando subsectores y especialmente la ganadería, en consonancia con la hoja de ruta marcada por la Comisión Europea.

2. Apoyar al sector en la puesta en marcha de programas voluntarios de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en las explotaciones de vacuno de carne y leche.

3. Impulsar y participar en las investigaciones para reducir la metanogénesis ruminal, mediante la manipulación dietética-nutricional, suplementos microbianos de alimentación directa, biotecnologías de la flora intestinal, etc.

4. Elaborar, en el plazo de dos años, un Plan Sectorial de Adaptación al Cambio Climático para la agricultura y la ganadería."

Palacio del Congreso de los Diputados, 23 de enero de 2019.-María Valentina Martínez Ferro, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004202

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la central térmica de Andorra, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.


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Exposición de motivos

La central térmica de Andorra constituye, a día de hoy, uno de los principales motores económicos de Teruel. Los cuatro mil empleos que supone entre directos e indirectos y el 40 % del Producto Interior Bruto de toda la provincia no hace sino evidenciar con datos que la importancia que tiene en la actualidad para la generación de empleo en el Bajo Aragón es notable, ayudando de sobremanera a combatir la despoblación que vive nuestro medio rural y que tanto preocupa en nuestra sociedad.

Atisbar en el horizonte el cierre de la Central sin una alternativa inmediata para todas aquellas personas que dependen de la actividad extractora de carbón no es más que un hachazo a las esperanzas de un buen número de municipios turolenses que todavía tienen en este sector la principal vía de empleo para los habitantes. Sin ella, las expectativas de mantener con vida a estas localidades decrecen a pasos agigantados porque sus gentes tendrán que buscar, incluso en otras provincias, las oportunidades que no pueden encontrar en los municipios directamente dependientes de la central térmica de Andorra porque no se ha producido la necesaria reindustrialización.

Hasta la fecha, todos los esfuerzos por prolongar la vida de la instalación turolense más allá del año 2020 se han visto inútiles, especialmente desde que el pasado 15 de noviembre se conocieron las intenciones de Endesa de no acometer las inversiones necesarias para alargar la vida de la central hasta el año 2030. Un tiempo necesario para trabajar entre todas las administraciones en la reindustrialización de las comarcas mineras, que aseguren el empleo que el final de la actividad carbonífera pondría en peligro en la provincia de Teruel.

Los esfuerzos para evitar la noticia conocida el pasado 15 de noviembre tuvieron su ejemplo más evidente en el intento del Gobierno del Partido Popular y del entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, de elaborar un Decreto-ley que pusiera trabas al cierre de la central térmica de Andorra por una serie de motivos nada desdeñables: el mantenimiento de los puestos de trabajo, la garantía de suministro ante coyunturas que podrían provocar un desabastecimiento en nuestro país y también para evitar un alza desmesurada del precio de la electricidad en los hogares españoles. Un texto que, pese a la importancia de los objetivos que perseguía, no contó con el voto favorable del Partido Socialista Obrero Español, Unidos Podemos y Ciudadanos, que con su actitud dieron la estocada casi definitiva al sector en Teruel.

Todos los trabajos desarrollados en los últimos años se fueron al traste también con el cambio de Gobierno propiciado por la Moción de censura, en la que Pedro Sánchez accedió a la Presidencia y en la que una de las primeras decisiones fue nombrar a Teresa Ribera como ministra de Transición Ecológica. Sin duda una clara muestra de la línea de trabajo que iba a llevar a cabo el nuevo Ejecutivo nacional, tanto por el nombre del departamento como por la persona elegida para regir los destinos del mismo, una reconocida detractora del carbón.

Los hechos posteriores no han hecho sino evidenciar que el hilo argumental que iba a seguir la ministra Ribera iba encaminado inexorablemente hacia el cierre de la central térmica de Andorra. Sus declaraciones aludiendo al carácter "antieconómico" del carbón no hacen sino dejar bien a las claras que el nuevo Gobierno apuesta firmemente y de manera inmediata por las energías renovables, a costa del carbón y de las gentes que dependen todavía del sector. No ha trabajado en ningún momento por una transición justa, ordenada y a medio plazo, sino que su única preocupación ha sido y sigue siendo cerrar a la mayor brevedad posible la generación de energía por vías fósiles.

En definitiva, la estrategia seguida por el Gobierno socialista, apoyado por populistas, nacionalistas e independentistas, y que en un sector regulado como el energético posee una importancia capital porque es el encargado de determinar el marco en el que se debe operar, no ha hecho sino muy complicado que Endesa apueste por llevar a cabo la inversión. La labor de Ribera no ha ido encaminada a buscar una solución entre todos, sino a dejar en la intemperie a una buena parte de la provincia de Teruel con la nueva política energética del Ejecutivo.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Establecer negociaciones con el Gobierno de Aragón y Endesa para mantener abierta la central térmica de Andorra hasta el año 2030.


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2. Elaborar un plan de desarrollo económico para las comarcas de Andorra y todo el Bajo Aragón histórico.

3. Consignar en los PGE 2019 dotación presupuestaria suficiente para la elaboración del PDECABA (Plan Desarrollo Económico Comarca Andorra y todo el Bajo Aragón)

4. Incluir en el PDECABA ayudas específicas para la recolocación de todos los trabajadores del sector minero y empresas auxiliares.

5. Exigir un acuerdo del canon existente entre Endesa y la comunidad de regantes del Guadalope no recaiga en exclusiva en los agricultores de la cuenca. Actualmente Endesa asume el 45 % del total de los gastos de la cuenca que suponen anualmente 1,5 millones de euros.

6. A exigir que presente informe de la Comisión de Expertos de Transición Energética al Congreso de los Diputados y se cree una ponencia con los propios expertos, entidades y asociaciones para explicar y dar a conocer los posibles escenarios en materia de energía, tal y como presentó el PSOE la Proposición no de Ley en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital y aprobada por todos los grupos políticos de la Cámara Baja (abstención de Unidos Podemos)."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2019.-José Alberto Herrero Bono y Manuel Blasco Marqués, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004205

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la consideración y desarrollo reglamentario de los Bancos de Conservación de la Naturaleza, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

Desde el anterior Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente se ha estado trabajando en los últimos años en el desarrollo de un Reglamento que permita a los promotores de planes, programas o proyectos la compensación de los daños ambientales que sus acciones tengan sobre el medio ambiente, principalmente mediante la compra a terceros de actuaciones para la recuperación y/o mantenimiento de especies y/o hábitats.

Esta iniciativa estaba incluida en la legislación sobre impacto ambiental, representada por la Ley 21/2013, y permanece con la misma literalidad en la modificación que de esta Ley se ha realizado y que ha sido recientemente aprobada, adaptándose así la Directiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril.

Sin duda, estos bancos de conservación de la naturaleza podrán contribuir a una mejora significativa de nuestro medio ambiente. Además, podrá favorecer el empleo y el desarrollo rural en zonas a menudo desfavorecidas al estar muy condicionadas para la puesta en marcha de proyectos que sean viables económicamente.

No debemos olvidar que el ámbito de aplicación de la evaluación ambiental abarca tanto a proyectos privados como a los públicos, y que el déficit que se presenta en los modelos de evaluación (entre el estado preoperacional y el futuro) suele ser a menudo muy significativo.

Igualmente, la iniciativa podría venir a contribuir al desarrollo de proyectos previstos en el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono, y que hasta la fecha ha tenido un limitado seguimiento.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar, de forma inmediata, el reglamento de los bancos de conservación de la naturaleza, para su aplicación en el marco de la evaluación ambiental


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de planes, programas y proyectos, así como de compensación en proyectos de absorción de CO2, que posibilite un desarrollo sostenible equilibrado entre los impactos inducidos por los promotores y la conservación del medio natural, otorgando la máxima prioridad a aquellas propuestas que intervengan sobre espacios que presenten una mayor vulnerabilidad para la adaptación a los riesgos del cambio climático, en sus diferentes escenarios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Manuel Luis Torres Herrera, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para implantar el cálculo de la Huella de Carbono y los planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

Según la definición de UK Carbon Trust, de 2008, se entiende como Huella de Carbono a "la totalidad de gases de efecto invernadero (GEO emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto". Para la Asociación Española de Normalización y Certificación, AENOR, la Huella de Carbono es "el instrumento para determinar, evaluar y comunicar el efecto de los productos, servicios y organizaciones en el cambio climático".

En definitiva, se trata de establecer una medida o indicador que identifica las fuentes de emisiones de estos gases en la fabricación de un producto o en la prestación de un servicio y que permite distinguir los puntos de mejora en la estructura corporativa, edificios y procesos industriales, o en todo el ciclo de vida de un producto.

Una vez conocido el tamaño y la huella, es posible implementar una estrategia de reducción y/o compensación de emisiones. Por otra parte, la comunicación de los resultados, además de contribuir a mejorar la reputación social corporativa de la organización, puede servir para implicar a los trabajadores y proveedores en las acciones de reducción, e informar a clientes e inversores sobre la situación ambiental de la entidad.

El Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono en España, tiene como objetivo reducir las emisiones e impulsar la eficiencia.

El Registro Nacional de Huella de Carbono, de carácter voluntario, ha sido una iniciativa pionera que vincula el cálculo y reducción de la huella de carbono en las empresas con el fomento de los sumideros nacionales. Sin duda, se ha tratado de una iniciativa que ha impulsado la implantación de cientos de huellas de carbono, proyectos de sumideros y de la compensación de toneladas de CO2.

Otras medidas recientes han sido incorporadas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, al incluir la necesidad del cálculo de coste del ciclo de vida, incluido el coste de las emisiones de gases de efecto invernadero, siendo la Huella de Carbono una metodología de análisis que abarca todas las actividades del ciclo de vida del producto.

Es necesario entender que la huella de carbono no es solo un mero elemento de cálculo, sino que es un primer paso en el compromiso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y que se ha convertido en una importante herramienta en la lucha contra el Cambio Climático. Por este motivo, se debe impulsar su aplicación.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Determinar los departamentos ministeriales, los organismos públicos y las Entidades Gestoras de la Seguridad Social que deberán calcular su huella de carbono y establecer un plan de reducción de


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emisiones de gases de efecto invernadero en su actividad de conformidad con el Real Decreto 163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huela de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono.

2. Informar, cada dos años, sobre los avances en la ejecución del plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y elaborar un informe quinquenal sobre la evolución de las huellas de carbono y el grado de ejecución de los planes de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la administración.

3. Identificar la tipología de empresas con actividad en el territorio nacional y las empresas públicas que deberán calcular la huella de carbono y establecer un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, que deberán publicar su huella de carbono de toda la actividad de la organización que, de acuerdo con las metodologías de huella existentes, contemple como mínimo las emisiones de Alcance 1 y 2. Dicha huella incluirá datos absolutos y relativos y su cálculo deberá actualizarse cada año. El plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero deberá contemplar un objetivo cuantificado de reducción en un horizonte temporal de cinco años, junto con medidas para su consecución. La organización podrá compensar de manera voluntaria su huella de carbono.

4. Incorporar en los pliegos de la contratación del sector público criterios de reducción de emisiones y de huella de carbono dirigidos específicamente a la lucha contra el cambio climático, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-María Valentina Martínez Ferro, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004209

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al cierre de la central térmica de Es Murterar de Alcudia (Mallorca), para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

Hemos visto con preocupación en estos últimos meses, de una forma reiterada, la determinación del Gobierno de las Islas Baleares para cerrar la central térmica de Es Murterar, sita en la ciudad de Alcudia, Mallorca. A ello hay que añadir las noticias que al respecto llegan del Gobierno Central, donde sin atender a reflexión alguna, apoya, diríamos que sin ninguna reserva, dicho cierre.

Así, el pasado 16 de septiembre, el Vicepresidente del Govern Balear, Sr. Marc Pons, acordó con la Ministra para la Transición Ecológica, Sra. Teresa Ribera, el cierre para 2020 -dentro de apenas dos años- de dos de los cuatro grupos que componen dicha central, procediendo "a la clausura definitiva de estas instalaciones en 2025" (Diario de Mallorca de 15 de junio de 2018).

Sin ninguna consideración más al respecto, ni cuestiones tarifarias, ni personas y familias afectadas, ni mix energético, ni garantía de suministro, ni dependencia exterior, ni una breve mención al aislamiento energético que durante demasiados años vivimos en las Islas Baleares. Es decir, ni siquiera otorgan a la cuestión del suministro energético el tratamiento transversal y social que indudablemente tiene, y buscan única y exclusivamente el titular mediático, la transición a energías verdes, con las que indudablemente estamos de acuerdo, siempre que esté garantizado el suministro.

Ante la polémica suscitada sobre el eventual cierre de dicha central térmica, creemos que se hace necesaria la defensa de su mantenimiento para que las Islas Baleares tengan:

a) Un suministro eléctrico garantizado de calidad.

b) El mantenimiento de 400 puestos de trabajo.

c) Tener el suministro eléctrico en el mejor de los precios posibles.


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d) Contar con un pool de suministro, energías verdes, y de combustibles fósiles, gas, fuel y carbón, equilibrado, en el que la energía alternativa ocupe el máximo peso específico posible.

En nuestra opinión habría que denegar el cierre de una instalación cuando amenace a la seguridad de suministro eléctrico o a la seguridad del abastecimiento de materias primas, así como cuando suponga efectos desfavorables en los precios de la electricidad, en la competencia en el mercado eléctrico y en el cumplimiento de los objetivos en la planificación de energía y clima vigente.

No es posible hacer cálculos optimistas sobre la eventual producción de energías limpias, en el caso de Baleares, eólica y fotovoltaica, que sustituirán el 100 % de los 550 Megavatios de la central térmica de Es Murterar. Planteamiento este que realiza el Vicepresidente del Govern Balear.

Por tanto, la propuesta no puede ser más que a favor de la potenciación de las energías limpias, y la eliminación de las fósiles, dentro del sentido común y en un marco temporal realista.

Pensar que el suministro de Baleares está garantizado sin la central de Es Murterar, con las energías alternativas, al albur del viento o el sol que haga cada día e instante concreto, nos parece simplemente temerario. La calidad del suministro eléctrico viene dada por la garantía del mismo, y hoy por hoy, los combustibles fósiles no son prescindibles.

Para la zona norte de la isla de Mallorca, con un importante monocultivo turístico, la eliminación de 400 puestos de trabajo para el 2020 supone un verdadero drama social. Y las afirmaciones de que "tratarán de recolocar a estas personas" suena más a buenas intenciones que a hechos concretos. No podemos olvidar a [os trabajadores de la central y a sus familias.

Obviamente, sí que es posible mejorar el pool de producción eléctrica, en el que con el tiempo técnicamente necesario, ganen peso las energías renovables, y disminuya el peso de los combustibles fósiles.

Y finalmente, hay que tener en cuenta que Baleares ya no es un sistema cerrado de producción eléctrica, dado que está conectada por gas con la Comunidad Valenciana y por cable eléctrico con la catalana. Por tanto, una vez que estamos inmersos en el sistema eléctrico español, debemos ordenar nuestra producción eléctrica en razón a la competencia y la coherencia de precios que se obtienen en el sistema peninsular frente a las islas.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reforzar la seguridad del sistema eléctrico en las Illes Balears, garantizando los puestos de trabajo en la producción eléctrica, existentes en la actualidad, en un precio razonable en función de las fuentes de producción, impulsando en la medida de lo posible las energías limpias o alternativas, y dentro del marco del sistema eléctrico español.

2. Mantener la central térmica de Es Murterar, Alcudia, Mallorca, sustituyendo paulatinamente las fuentes de producción por energías limpias, sin menoscabo de los puestos de trabajo, garantía del suministro y al menor coste posible."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Teresa Plamer Tous, José Vicente Marí Bosó y Águeda Reynés Calvache, Diputados.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004213

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar la instalación de un parque eólico marítimo flotante experimental en la costa gallega, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.


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Exposición de motivos

Los acuerdos de París sobre cambio climático, a los que España se adhirió, reflejan el compromiso de nuestro país para la descarbonización progresiva de su economía y del sector energético. Esto implica necesariamente el uso y el fomento de las energías renovables, libres de emisiones de carbono.

En los últimos años, se han producido avances significativos en el desarrollo de la energía eólica marina. Por diversos factores, esta actividad presenta ventajas competitivas con la eólica terrestre; presenta más horas y mejor calidad de viento y permite operar con máquinas de mayor capacidad de producción.

Es verdad, que las políticas de energías renovables de años anteriores, provocaron un descontrol del sistema eléctrico, produciendo un déficit importantísimo, desequilibrios y dificultando el desarrollo de las energías renovables de forma sostenible, impidiendo seguir avanzando en este tipo de policías energéticas.

Países de todo el mundo, han apostado por desarrollar la eólica marina; concretamente nuestros socios europeos, han desarrollado parques eólicos marítimos en el mar Báltico, Escocia, Mar del Norte, costa francesa, costa portuguesa, etc.... Nuestro país que ha sido pionero en el desarrollo de energías renovables, pagando incluso una importante parte de la curva de aprendizaje de tecnologías poco maduras, no puede quedar al margen de esta nueva energía renovable. Un sistema de producción, que está dando unos excelentes resultados, ya que por las características del viento en el mar, hace que se alcancen rendimientos superiores a los obtenidos en tierra, tanto en número de horas de viento, como en la "calidad" del mismo.

Un sistema de producción de energía que, en aguas poco profundas, parece que ha superado todos los problemas tecnológicos. La proliferación de parques de estas características es ya una realidad en muchos lugares del mundo, en los que por cierto, la fabricación de los jackets -o soportes de las turbinas- son fabricadas por una empresa pública española.

El caso de la península Ibérica es distinto. No disponemos de aguas poco profundas por tener una plataforma continental poco extensa, alcanzado profundidades que impiden el desarrollo de este tipo de tecnología, muy cerca de la costa. No obstante se dan "a priori", condiciones óptimas por la calidad de viento.

Se han desarrollado y fabricado en España, sistemas de soporte de turbinas flotantes, que permiten instalar estos artefactos en zonas donde la profundidad supera los 50 metros, y permite operar con profundidades superiores. Incluso de escogerse una zona determinada, existe ya la conexión a tierra que permitiría la evacuación de la energía producida, sin necesidad de aumentar las infraestructuras de transporte existente.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar el desarrollo de un parque experimental flotante en la costa gallega, por reunir condiciones óptimas, con el fin de estudiar y avanzar en el desarrollo de la energía eólica marítimas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Juan Manuel Juncal Rodríguez, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004214

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para actualización de la Ley del Sector de Hidrocarburos en cumplimiento de la normativa europea sobre gestores de la red de transporte, para su debate en la Comisión de Transición Energética.


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Exposición de motivos

La política de competencia de la Unión Europea (UE) ha sido una parte importante de la labor de la UE desde que se creó en el Tratado de Roma de 1957. El objetivo era crear un conjunto de normas de competencia bien desarrolladas y efectivas, a fin de garantizar que el mercado europeo funcione correctamente y proporcione a los consumidores los beneficios de un sistema de mercado libre.

El objetivo fundamental de la política de competencia de la Unión es garantizar que las empresas compitan entre sí de forma equitativa. Sin embargo, una competencia efectiva no es un fin en sí mismo, sino una condición para la realización de un mercado interior libre y dinámico, y representa uno de los instrumentos que contribuyen al bienestar económico general. Ello fomenta la actividad empresarial y la eficiencia, proporciona al consumidor un mayor abanico para elegir y contribuye a bajar los precios y mejorar la calidad.

Las políticas de defensa de la competencia son especialmente relevantes en sectores estratégicos como el energético. La Comisión ha puesto en marcha un plan para crear en Europa una Unión de la Energía, y así garantizar que los ciudadanos y las empresas de la UE tengan un suministro energético seguro, asequible y respetuoso con el clima. En este sentido, la Comisión considera imprescindible seguir desarrollando un mercado interior de la energía efectivo y plenamente integrado que permita a todos los ciudadanos de la Unión elegir libremente a sus suministradores con el objetivo de cumplir con las libertades (entre otras, la libre circulación de mercancías, la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios) que el Tratado garantiza a los ciudadanos de la Unión.

En este sentido, el artículo 67.1 de la Ley del Sector de Hidrocarburos es modificado por la Ley 13/2012, de 30 de junio y en él se establece que "Las autorizaciones de construcción y explotación de los gasoductos de transporte objeto de planificación obligatoria, de acuerdo con el artículo 4 de la presente Ley, deberán ser otorgadas mediante un procedimiento que asegure la concurrencia, promovido y resuelto por la autoridad competente cuando se trate de gasoductos de transporte secundario. En el caso de las instalaciones que formen parte de la red troncal, la construcción y la explotación de las instalaciones serán autorizadas de forma directa a la empresa titular de la mayor parte de las instalaciones de la red troncal. En el caso de otros gasoductos de transporte competencia de la Administración General del Estado, podrán adjudicarse a los titulares de las instalaciones a las que se conecten".

Sin embargo, España culminaba con posterioridad la certificación de sus dos gestores de la red de transporte de gas, Enagás Transporte, S.A, y Regasificadora del Noroeste, S.A, con la Orden IET/241/2015, de 12 de febrero, por la que se autoriza y designa a Regasificadora del Noroeste, SA, como gestor de red de transporte de gas natural.

El artículo 67 de la Ley del Sector de Hidrocarburos no se ajusta ni al tenor ni a los objetivos de la Directiva 2009/73/CE sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural, pues la Directiva no limita el número de empresas que pueden actuar como Gestor de Redes de Transporte (GRT). De hecho, el artículo 10.2 de la citada Directiva establece que "Las empresas que posean una red de transporte y hayan sido certificadas por la autoridad reguladora nacional como empresas que cumplen las exigencias establecidas en el artículo 9, con arreglo al procedimiento de certificación, serán autorizadas y designadas como gestores de red de transporte por los Estados miembros [...]".

A tal efecto, la Comisión Europea dirigió en febrero de 2015 al Gobierno de España una carta de emplazamiento, en que manifiesta la falta de conformidad de la legislación señalada con las normas de la Unión Europea e insta al Gobierno a presentar observaciones sobre los hechos señalados.

En conclusión, la Comisión considera que el artículo 67 de la Ley del Sector de Hidrocarburos constituye una negación de la libertad de establecimiento de empresas distintas a la que posea más cantidad de red troncal que traten de explotar aquellas redes de transporte para las que hayan sido certificadas en España como GRT, vulnerando de esta forma los artículos 49 y 63 del TFUE y el artículo 10.2 de la Directiva 2009/73/CE.

Existe, por tanto, la oportunidad de realizar una modificación del artículo 67.1 de la Ley del Sector de Hidrocarburos, de forma que se puedan equilibrar los derechos de los dos gestores de la red de transporte en España, dotando además de una mayor competitividad en el sector del transporte de gas al permitir a los dos transportistas competir en un proceso de concurrencia competitiva a la hora de adjudicar cualquier tramo de red troncal en España.


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Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar el artículo 67 de la Ley del Sector de Hidrocarburos para permitir que cualquier empresa certificada como gestora de la red de transporte pueda construir y explotar las instalaciones de la red troncal de transporte, estableciendo además un procedimiento de adjudicación basado en la concurrencia competitiva de los gestores certificados. Se insta también al Gobierno a notificar a la Comisión Europea los cambios planteados."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Juan Manuel Juncal Rodríguez, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004218

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la ejecución de infraestructuras hidráulicas de depuración de aguas residuales de El Ejido, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

La Junta de Andalucía, mediante la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, reguló el canon de mejora con la finalidad esencial de dar respuesta al principio de recuperación de costes, establecido por la Directiva Marco de Aguas y por el texto refundido de la Ley de Aguas.

Este Canon Autonómico o Canon de Mejora de infraestructuras hidráulicas de interés de la Comunidad, fue establecido con carácter finalista para financiar un programa de obras de infraestructuras de depuración y saneamiento, con las que cumplir la Directiva Europea (Directiva Marco del Agua de diciembre de 2000), que obligaba a alcanzar un buen estado de las aguas de Andalucía en 2015.

El municipio de El Ejido necesita ampliar su estación depuradora de aguas residuales (EDAR) para dar servicio a toda la población. Para abordar esta y otras obras, los vecinos de El Ejido han visto como este impuesto autonómico les ha supuesto tener que tributar un incremento en la factura del agua, que se ha ido incrementando progresivamente desde el 2011, y que a cierre de 2017, ha supuesto que los ejidenses hayan pagado a la Junta de Andalucía cerca de 5.900.000?, que a final de 2018 estará cerca de los 7.000.000?, toda vez que el canon supone recaudar, por la Junta de Andalucía, más de 1.000.000 ? al año.

La EDAR de El Ejido está, desde hace mucho tiempo, necesitada de una ampliación, pues se construyó para un máximo de 60.000 habitantes, y a fecha de hoy ya estamos censados en el municipio de El Ejido casi 90.000 habitantes; realidad esta que esta dificultando mucho un tratamiento adecuado de las aguas residuales, y que a su vez puede afectar negativamente a la puesta en marcha del tratamiento terciario.

Mediante Real Decreto 11/2016, de 8 de enero, se aprueba el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas en el que se encuentra incluido el municipio de El Ejido, y entre las medidas previstas para ese municipio, se encuentra la ampliación de la EDAR, por un importe de 29.300.000 ? y como agente que interviene en su realización la Empresa Estatal de Aguas ACUAMED.

La Empresa Estatal de Aguas ACUAMED, es una empresa pública que opera las encomiendas de gestión de aquellas actuaciones que, siguiendo las directrices europeas traspasadas a la normativa española (estatal y autonómica), implica que los costes de las inversiones en infraestructuras del agua, se deben recuperar de los usuarios de las instalaciones.

Siguiendo este esquema de actuación, el coste de la ampliación de la EDAR de El Ejido lo recuperará ACUAMED de los usuarios, es decir de los vecinos de El Ejido que consumen agua potable y están conectados a la red de alcantarillado (recibo de agua y alcantarillado) a través de la tarifa de agua y alcantarillado.


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Por otra parte, la tarifa de agua y alcantarillado está gravada con un canon autonómico de depuración, cuya finalidad es sufragar las obras de depuración en la Comunidad Autonómica Andaluza.

Si se mantiene el esquema propuesto en el Plan Hidrológico, el ciudadano de El Ejido contribuirá doblemente a la realización de las infraestructuras, una de forma directa al agente realizador, ACUAMED, que debe recuperar la inversión y otra indirectamente al órgano recaudador, Comunidad Autónoma Andaluza.

Consideramos que es necesario resolver esta situación, unificando el agente ejecutor y el recaudador, que la aportación a las obras la realice la Comunidad Autónoma con cargo a lo recaudado por el canon autonómico y suprimiendo el canon autonómico en el municipio de El Ejido, ya que no han sido previstas obras a realizar por la Comunidad Autonómica.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"Con el fin de evitar una doble imposición a los vecinos de El Ejido, el Congreso de los Diputados insta a:

1. Reclamar a la Junta de Andalucía que entienda que queda unificado el agente ejecutor y el recaudador en relación a las obras previstas en el Plan Hidrológico, por ser de interés de la Comunidad Autónoma todas aquellas declaradas previamente de interés general del Estado y por lo tanto, que asuma el coste de:

- Ejecutar las obras de ampliación del conjunto de las instalaciones de la EDAR de El Ejido.

- Ejecutar la obra de "Agrupación de vertidos y colectores en El Ejido y sus núcleos" prevista en la Orden de 26 de octubre de 2010 por el que se declaran de interés de la Comunidad Autónoma de Andalucía las obras hidráulicas destinadas al cumplimiento del objetivo de la calidad de las aguas de Andalucía.

- Indemnizaciones que puedan corresponder a los propietarios de los terrenos privados por la ocupación para la construcción de las obras solicitadas en los apartados anteriores.

2. Firmar un Convenio entre la Empresa Pública ACUAMED, el Ministerio y la Comunidad Autónoma para que lo recaudado por el municipio de El Ejido sea destinado a esas obras, evitando una doble imposición por el mismo servicio público."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2019.-Rafael Antonio Hernando Fraile, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la regulación del río Belcaire, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

La falta de regulación del agua circulante por el río Belcaire, con un corto recorrido, una orografía y edafología característica de la zona, las escasas precipitaciones, y la estacionalidad de sus caudales, impedía el aprovechamiento del agua superficial que, por la rápida escorrentía, llegaba súbitamente hasta el mar.

La problemática del déficit hídrico existente en la zona había sido estudiada en numerosas ocasiones, a lo largo de las últimas décadas. Por este motivo, el Plan Hidrológico Nacional incluía el proyecto denominado "Regulación para recarga de los excedentes invernales del río Belcaire", con el objeto de permitir la recarga del acuífero de La Rambleta mediante la captación de excedentes del río Belcaire en episodios de avenidas.


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La recarga del acuífero permitiría incrementar las reservas subterráneas, sometidas a una explotación intensiva para satisfacer las demandas existentes, reducir la salinización y mejorar la calidad del agua.

Del estudio de alternativas posibles se optó por las construcción de un azud de derivación, inmediatamente aguas abajo de la confluencia entre la rambla Cerverola y el barranco de San José, derivando el agua por una tubería que llega al paraje de Vinambros, donde se sitúa una balsa de regulación y desde donde continúa una conducción hasta la zona de Els Pedregals, punto de recarga del acuífero, a su paso por el término municipal de la Vali d'Uixó, en Castellón.

Una vez finalizadas las obras para la "Recarga de los excedentes del río Belcaire", en 2011, se procedió a la implantación del plan de emergencia de la balsa de 2015. En la actualidad, la balsa está siendo sometida a las pruebas de carga que dan garantía de su seguridad. Sin embargo, las escasas precipitaciones no han permitido realizar una carga completa con agua procedente del río en momento de avenidas, lo que impide su puesta en marcha.

Si la infraestructura no entra en funcionamiento, la Unión Europea podría reclamar los fondos FEDER aportados para realizar la obra.

Durante el proceso de planificación 2015-2021 se sometió a debate la viabilidad de la recuperación de costes de la balsa del Belcaire y se analizó la forma en que la balsa sirva para el almacenamiento y distribución de recursos hídricos de diferente procedencia. Estos nuevos usos supondrían una optimización del aprovechamiento de la infraestructura, pero sería necesario un cambio de uso por parte de la Confederación Hidrográfica.

Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Buscar alternativas técnicas de aporte de agua que permitan completar las pruebas de seguridad y la puesta en funcionamiento de la balsa de regulación del río Belcaire a pleno rendimiento.

2. Valorar el uso de las aguas del río Belcaire para riego, con la puesta en servicio de la Balsa del río Belcaire, como recarga directa e indirecta del acuífero al reducir las extracciones del acuífero de la Rambleta y aportar por percolación las del río al acuífero.

3. Afrontar la integración de la actuación de la balsa del Belcaire en los esquemas de aprovechamiento conjunto de los recursos hídricos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2019.-Óscar Clavell López, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley, relativa al impulso de la línea eléctrica de 400 kV La Ribina-Baza-Caparacena, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

El proyecto de construir una autopista eléctrica que de servicio al Norte de las provincias de Almería, Granada y Sur Este de Jaén, se ha recogido desde el año 2003 en numerosos documentos oficiales de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España.

Su incumplimiento ha provocado efectos devastadores en materia de Empleo para el Norte de Granada. En este sentido cabe recordar la pérdida de proyectos muy importantes para la zona, como fue la fallida implantación de la empresa COMPAC en Baza (con una pérdida de 1.000 empleos según el alcalde de la ciudad); así como numerosos proyectos eólicos, la central hidroeléctrica de Jabalcón, etc. etc.


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El único proyecto que se salvó fue el Centro Logístico de Mercadona en Guadix, gracias a que el Ayuntamiento Guadix se vio obligado a construir una subestación eléctrica, invirtiendo en ella casi 6 millones de euros.

La línea 400 es una autopista energética, pero las comarcas almerienses, granadinas y jienenses afectadas, volverían a quedarse al margen de sus beneficios si no se acomete esta infraestructura, y a la vez otras actuaciones intermedias, tales como la subestación eléctrica de Baza o la línea 132 kV de doble circuito entre Baza y Guadix.

La importancia de la línea de 400 kV es tan importante para la zona que ha movilizado a las Diputaciones Provinciales de Almería, Granada y Jaén y más de 40 ayuntamientos de la zona, aprobando mociones e impulsando movilizaciones para exigir al Gobierno de España su construcción.

Superada la crisis, es el momento de recuperar estos proyectos, poniéndolos al servicio de unas zonas tradicionalmente olvidadas como son las del Almanzora, los Vélez, Baza-Huéscar, Guadix y Sureste de Jaén.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Acometer las actuaciones de planificación eléctrica necesarias, para que se pueda construir la línea de 400 kV entre Caparacena-Baza y La Ribina.

2. Y manifiesta la necesidad de instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que acometa las actuaciones necesarias en el norte de las provincias de Granada, para construir una subestación eléctrica en la ciudad de Baza y una línea de 132 kV de doble circuito Baza-Guadix, para aprovechar los beneficios de la futura línea de 400 kV Caparacena-Baza-La Ribina."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2019.-Santiago Pérez López, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley, para su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica, relativa a la creación de una Agencia Estatal de Residuos y Envases.

Exposición de motivos

Existe una gran preocupación a nivel mundial por los impactos medioambientales de los residuos de los plásticos que se consumen de manera creciente, una parte importante de los cuales provienen de envases y otra parte también importante de artículos de un solo uso.

En el Estado Español la gestión de los residuos de envases fue asumida hace ya veinte años por los Sistemas Integrados de Gestión (SIG) a través de los cuales los envasadores y otros agentes económicos han venido fijando un determinado importe para cada tipo de envase, que habría de cubrir el sobrecoste que les suponía a los ayuntamientos la recogida selectiva de esos envases. Los SIG han venido fijando dicho importe, lo han recaudado y han abonado determinadas cantidades a las entidades locales para cubrir el referido sobrecoste.

El sistema que implantaron de recogida selectiva en el contenedor amarillo, que fija su éxito en la mera voluntad de los consumidores para reciclar, no ha logrado índices de recuperación de los residuos de envases aceptables y que cumplan con los objetivos europeos de reciclaje. Además la información que ofrecen sobre los resultados del sistema adolece de la transparencia requerida y sus datos son discutidos por entidades y expertos. Actualmente el Gobierno está tramitando, por mandato de la Directiva marco de residuos, un Decreto-ley por el que se modifican la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases y el Real Decreto 782/1998 por el que se aprueba el Reglamento para el


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desarrollo y ejecución de dicha ley. Las mencionadas normas hasta ahora establecían que los SCRAP (SIG) cubrirían a los ayuntamientos la diferencia de costes entre el sistema ordinario de recogida, transporte y tratamiento de los residuos y el sistema de gestión basado en la recogida selectiva de los envases mientras que la modificación planteada les obliga a financiar a los entes locales la totalidad de los costes del sistema de gestión.

Esta modificación es muy positiva porque incrementará los ingresos de las administraciones locales para atender a la gestión de los residuos, pero resulta muy insuficiente para mejorar la recuperación y reciclaje de los residuos de envases, y especialmente de los plásticos que, como se ha señalado anteriormente, es sin duda la fracción más preocupante desde el punto de vista medioambiental.

Además según el artículo 16 de la vigente Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, las autoridades competentes podrán establecer medidas económicas, financieras y fiscales para fomentar la prevención de la generación de residuos, implantar la recogida separada, mejorar la gestión de los residuos, impulsar y fortalecer los mercados del reciclado, así como para que el sector de los residuos contribuya a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Hace falta una reforma de los sistemas de gestión de envases de mayor profundidad dando un papel relevante a la administración para definir las cantidades que las empresas deben pagar por cada envase en función de su biodegradabilidad, de su reciclabilidad y de sus características materiales que determinan su impacto ambiental, teniendo en cuenta el Análisis de Ciclo de Vida del producto. La administración debería evaluar, autorizar y registrar los tipos de envase y su importe a abonar al sistema, así como obtener los datos del sistema de recogida y del flujo económico del mismo y realizar un seguimiento, control e inspección de todo ello. Los sistemas individuales y colectivos de Responsabilidad ampliada del productor o SCRAP (SIG) seguirían recaudando el "punto verde" y distribuyéndolo entre las administraciones locales, a excepción de una cantidad que cubriera los gastos de gestión interna del propio sistema.

Estas determinaciones se aplicarían tanto a los envases de los SCARP (SIG) como a los que se pudieran establecer en un posible Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases, del que este Grupo Parlamentario ha presentado propuestas parlamentarias para su desarrollo e implantación.

Las funciones mencionadas anteriormente las debería desarrollar un ente público dependiente del Ministerio para la Transición ecológica, al modo de Agencia Estatal de Residuos, inspirada en el tipo de funciones que desarrollan la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios o la Agencia de Seguridad Alimentaria, pero adaptándola a la temática de la gestión de los residuos de envases. Aunque la figura de agencia o ente público con autonomía en la gestión es la idónea para realizar las funciones descritas anteriormente, estas también podrían ser asumidas por la Subdirección General de Residuos del MITECO, siempre que se le dotase de personal y medios suficientes. Todo ello sin menoscabo de las funciones correspondientes atribuidas a las CC.AA. y EELL previstas en el artículo 12 de la vigente Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, La PNL que se presenta es continuación de las iniciativas parlamentarias que el GP de Unidos Podemos ha venido presentando para la mejora de las políticas de residuos, en consonancia con la Estrategia Europea para la Economía Circular y las Directivas de Residuos, y en concreto de la PNL de 26 de abril de 2017 relativa a impulsar la adopción de medidas urgentes y adicionales de protección del medio ambiente frente al abandono de residuos y de la Moción de 20 de septiembre de 2018 relativa a los problemas generados por los residuos plásticos y las medidas necesarias para afrontar su reducción.

Proposición no de Ley

"El Congreso insta al Gobierno a:

1. Constituir una Agencia Estatal de Residuos (en adelante AER), adscrita al Ministerio para la Transición Ecológica o ministerio con competencias en medio ambiente, responsable de garantizar, desde la perspectiva de servicio público, la eficacia y la adecuada gestión ambiental e información de los procesos de reciclaje.

2. Evaluar, desde la nueva Agencia Estatal de Residuos, el impacto ambiental de los diferentes tipos de envases y de asignarles un determinado precio en función de dicho impacto a abonar por los envasadores y los demás agentes económicos incluidos tanto en los Sistemas individuales o Colectivos de Responsabilidad Ampliada del productor SCRAP como en los Sistemas de Depósito, Devolución y


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Retorno (SDDR). La AER podrá limitar aquellos envases o productos que dificulten los procesos de reciclaje o que tengan un elevado impacto ambiental.

3. Crear y gestionar un Registro Nacional de Envases que contenga los datos suministrados por los envasadores respecto de los envases que ponen en el mercado.

4. Crear un Portal de Transparencia para ofrecer a los ciudadanos información sobre todos los inputs y outputs del sistema, sus cuentas financieras y datos económicos actualizados.

5. Realizar, desde la AER, las labores de seguimiento, control e inspección de los procesos de reciclaje, sin menoscabo de las competencias atribuidas por la legislación sectorial vigente a las CC.AA. y EELL.

6. Promover, desde la AER, otras funciones como:

- Elaborar los programas y planes de residuos sectoriales.

- Fomentar programas y proyectos de I+D+i para el desarrollo de tecnologías limpias en la producción de objetos de consumo y de envases y en la gestión de los residuos.

- Promover la prevención y la reducción de los residuos así como las actividades y empresas dedicadas a la reutilización y reparación.

- Diseñar y desarrollar con las CC.AA. los programas de sensibilización, información y comunicación en materia de prevención y gestión de residuos, a financiar con las cantidades cobradas a los envasadores y demás agentes económicos por la puesta en el mercado de sus envases.

7. Para ello la AER se integrará en la Comisión de coordinación en materia de residuos conforme al artículo 13 de la ley 22/2011 de residuos y suelos contaminados.

8. Promover, por parte de la AER, en el marco de contratación de las compras públicas, el uso de productos reutilizables y de materiales fácilmente reciclables, así como de productos fabricados con materiales procedentes de residuos, cuya calidad cumpla con las especificaciones técnicas requeridas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2019.-Juan Antonio López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

161/004250

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la construcción de una línea de alta tensión en los municipios de Astillero y Camargo, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica.

Exposición de motivos

En el año 2010 el Gobierno de España, junto a Red Eléctrica de España, SA, puso en marcha un proyecto para la instalación de una línea de alta tensión proyectada que saldrá de la subestación que Viesgo tiene situada en el municipio de Astillero. La línea de alta tensión atraviesa los municipios de Astillero y Camargo recorriendo zonas urbanas.

Se trata de un proyecto que a juicio de algunas opiniones, genera un importante perjuicio a los vecinos de la zona por distintas razones. Entre ellas estaría, en primer lugar la posible devaluación del valor de las viviendas que se encuentran situadas en las zonas próximas a la misma.

En segundo lugar, porque este tipo de instalaciones genera un derecho de servidumbre que t también puede suponer un obstáculo para los propietarios de los terrenos que atraviesa la línea de alta tensión para futuras inversiones en su propiedad.

Además, se considera que el trazado diseñado para la línea de alta tensión se llevó a cabo tomando como referencia una base cartográfica desactualizada por lo que algunas alternativas que ofrecen la construcción de nuevas infraestructuras no han sido tenidas en cuenta a la hora de valorar distintos proyectos que tenga por objetivo causar el menor perjuicio posible a los vecinos de la zona.


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Todo el proyecto de la instalación de la línea de alta tensión, así como la falta de información a los vecinos, ha generado un importante malestar entre los miles de afectados llegando incluso a la movilización ciudadana en varias ocasiones.

Desde Ciudadanos somos conscientes de la necesidad de llevar a cabo mejoras permanentes en la en la red eléctrica para garantizar un suministro energético eficiente. Ahora bien, existiendo la posibilidad de un trazado alternativo que podría causar un menor perjuicio a los vecinos y más eficiente por el margen de las autovías S-30 y A-67 para la construcción de la línea eléctrica a 220 kV simple Astillero-Cacicedo es necesario que el Gobierno de España entable conversaciones con Red Eléctrica Española, S.A ,con el fin de encargar la realización de un estudio de todas las alternativas existentes.

Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Solicitar a Red Eléctrica Española, SA, fa elaboración de un informe detallado sobre los costes y beneficios de la construcción de la línea de alta tensión por el trazado planteado y el trazado alternativo que transcurre por el margen de las autovías S-30 y A-67.

2. Informar de manera singular a los vecinos de la zona del resultado de dicho informe y las medidas a adoptar en base a la propuesta más óptima."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2019.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

Comisión de Cultura y Deporte

161/004223

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz Adjunta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la conmemoración del quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.

Exposición de motivos

En la primavera de 1519 Hernán Cortés y un pequeño grupo de españoles llegaron a la península del Yucatán. En un periodo que se extiende hasta 1521, se da lo que se conoce como la Conquista de México. El Gobierno de España no va a realizar ninguna acción para conmemorar esta efeméride.

Se trata sin duda alguna de una de las hazañas más impresionantes, que ha llevado a cabo un ser humano. El encuentro de dos mundos. Alianzas y guerras se iban a suceder durante estos tres años. Cortés llega con 518 infantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros y 32 ballesteros y vencerá a uno de los más grandes imperios que existía en el mundo en aquellos momentos.

La hábil política de alianzas de Hernán Cortés aprovechó el hecho de que los demás pueblos de la zona estaban sometidos por los aztecas, para inteligentemente incorporarlos a su expedición.

Los hechos que se sucedieron desde que Cortés y sus hombres desembarcan en el Golfo de México hasta la caída del Imperio Azteca o mexica si queremos ser históricamente más rigurosos, se dan en el siglo XVI, donde la concepción del mundo y la humanidad no tienen nada que ver con las que tenemos hoy en el siglo XXI. Tratar de hacerlo de este modo es injusto: el presentismo histórico es una práctica absurda cuando analizamos el pasado. En España es más habitual que en otros países.

Es cierto que Cortés se empleó, en palabras de Hugh Thomas, con severidad. Pero también es cierto que la política de alianzas del español con los pueblos sometidos por los teocráticos y muy crueles aztecas fue inédita, de forma especial con los tlaxcaltecas. También se da el mestizaje entre dos mundos, esta es la gran diferencia entre el Imperio español y otros que erradicaron etnias enteras. El papel de


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Cortés en México difiere en muchas cosas de otros choques de Europa y América, tanto en esos mismos tiempos como en los siglos venideros. Es cierto que Cortés y sus hombres mataron a miles de personas. Pero también es cierto que los españoles en México implantarán un Imperio integrador. Nueva España, una réplica de España, con sus instituciones, Universidades, leyes, muy destacables las Ordenanzas de buen gobierno. Hernán Cortés denuncia los abusos contra los indígenas en El Caribe.

Cortés servía a la Corona Española, fue leal a Carlos I, como queda reflejado en sus Cartas de relación. En los objetos que envía a España se inspirarán artistas como Durero. Sus acciones cambiarán para siempre el curso de nuestro país.

La Conquista de México es uno de los episodios más tergiversados por la conocida Leyenda Negra que padecemos los españoles y que tiene su origen en la propaganda holandesa e inglesa que busca erosionar el prestigio internacional de nuestro país. Esta leyenda además es utilizada por quienes hoy quieren romper nuestro país. Que el Gobierno de España asuma como propias estas tesis y en consecuencia trate de silenciar el quinto centenario de la llegada de Cortés al Golfo de México es irresponsable e ingenuo.

Irresponsable porque abandona su deber de conservar nuestra historia y defender el interés de España. No se trata de una exaltación de la Conquista ni de buscar glorias abstractas. Se trata de dar a conocer los hechos tal y como los conocemos. Los hechos con todas sus aristas. Las buenas y las malas. Las luminosas y las sombrías.

Ingenuo porque cree que guardando silencio sobre esta importante efeméride va a pasar desapercibida. Serán muchas las interpretaciones que se van a dar en un futuro cercano. Desde el cine hasta la literatura. El Gobierno de España no puede ser el único que guarde silencio.

No imaginamos a Italia tapando la imagen de Julio César o a Grecia obviando a Alejandro Magno. No nos resignamos a ser los únicos que dan la espalda los personajes más importantes de nuestra historia, que en este caso fue el núcleo de la de la humanidad.

La hispanidad de América no existiría sin hombres como Cortés. El legado es abrumador. La influencia es indiscutible. Para bien o para mal, negar estos hechos y darles la espalda por miedo a la polémica como hace hoy el Gobierno de España es un error que deja en manos de otros un relato que es también responsabilidad de la administración pública. Es labor del Gobierno contar y salvaguardar nuestra historia.

Es de interés público que se sepa la verdad. Una verdad en la que hunde sus raíces en nuestra España actual. Una verdad que no se corresponde con muchos de los tópicos que hoy infestan la narración de nuestro pasado, en un sentido y en otro.

La memoria que tenemos de Cortés y su llegada a México es presa de dos frentes: el idealizador, fomentado por la exaltación nacionalista que pretende obviar la crueldad de algunos episodios de la Conquista de México. Y el de la demonización, que lo equipara a un genocida y exterminador.

Ni uno ni otro deben sostenerse: el Hernán Cortes que debemos esbozar debe, en palabras del mexicano Octavio Paz, "...ser restituido al sitio al que pertenece con toda su grandeza y sus defectos: a la historia. Así dejará de ser un mito antihistórico y se convertirá en un personaje histórico, es decir, humano.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que se incluya en la agenda del Ministerio de Cultura y Deporte la conmemoración del quinto centenario de la llegada de Hernán Cortés a México. Una conmemoración donde se dé lugar con rigor a todas las interpretaciones y visiones que de este importantísimo episodio se tienen."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2019.-Félix Álvarez Palleiro, Marta María Rivera de la Cruz y Guillermo Díaz Gómez, Diputados.-Melisa Rodríguez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


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Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

161/004179

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz Adjunto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el cumplimiento del acuerdo sobre las indemnizaciones a los afectados por la talidomida, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

Durante el periodo 1955-1963 se produjo en España un elevado número de casos de nacimientos con embriopatías severas producidas por la ingestión materna de un fármaco sedante cuyo principio activo, la talidomida, fue sintetizado por la Compañía alemana Grunnenthal. Las lesiones producidas por dicho fármaco en los bebés reproducían un patrón muy característico y extremadamente infrecuente en otras embriopatías. Se trata de lesiones severas con acortamiento de extremidades o ausencia de las mismas en un patrón conocido como "focomelia" o "amena" así como otras malformaciones menos frecuentes.

La deficiente organización sanitaria de nuestro país en aquellos años, especialmente durante el franquismo, hizo que se retrasara indebidamente la retirada del fármaco, hasta tal punto que la última orden de retirada emitida por el ministerio tiene fecha tan tardía como 1985, treinta años más tarde de los primeros nacidos con estas embriopatías. Estos hechos supusieron un aumento innecesario del número de víctimas. Además, en el caso de nuestro país, se produce el hecho de que la falta de cultura cívica y la ausencia de asociaciones de pacientes dejaron en la indefensión a este grupo de pacientes durante décadas.

No es hasta 2010 que se promulga el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la talidomida en España durante el periodo 1960-1965, en donde por primera vez se reconoce a las víctimas de la talidomida y se abre un plazo de escasamente un mes (agosto-septiembre) para su inclusión en un registro de víctimas. Por otra parte los elevados requisitos exigidos por Grunnenthal a la hora de conceder ayudas e indemnizaciones por este fármaco hacen que solo una decena de pacientes estén recibiendo la misma, existiendo también una notable desproporción entre los casos reconocidos en nuestros nacionales y los casos reconocidos en otros países europeos. Los afectados reunidos en AME inician un proceso legal que finaliza con una sentencia del Tribunal Supremo declarando la prescripción del delito. Consecuencia de todo ello más de un centenar de pacientes se encuentran sin reconocimiento de víctimas de la talidomida y portadores de graves lesiones que limitan seriamente sus capacidades.

Dada la preocupación y el compromiso que diferentes grupos parlamentarios de la Cámara tenían para con las víctimas afectadas por la talidomida, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presentó una Proposición no de Ley en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, en el año 2016, que sería aprobada con el siguiente texto:

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Reabrir con urgencia el registro contenido en el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, para ampliar el alcance, las condiciones y el procedimiento para el reconocimiento a las personas que sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas para la talidomida, en el periodo 1955-1985, y cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas.

2. Que a los efectos de su determinación se constituya una unidad de diagnóstico de daños por talidomida en colaboración con las Comunidades Autónomas, a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

3. La unidad que se cree, tendrá en cuenta criterios científicos aceptados internacionalmente.

4. Proceder a indemnizar a los pacientes de acuerdo a una tabla de valoración de discapacidad, así como a pagar prestaciones justas que procedan, y todo ello en el plazo máximo de 2018.

5. Facilitar en lo posible los tratamientos rehabilitadores y ortoprotésicos, así como eliminar el copago en otras prestaciones originadas por sus lesiones, mediante las modificaciones legales oportunas.


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6. Analizar las exenciones fiscales y tributarias sobre las eventuales percepciones dinerarias, prestaciones y/o indemnizaciones percibidas por las víctimas de la talidomida.

7. Abrir un periodo de negociación con la compañía Grünenthal, a fin de que esta asuma y contribuya económicamente a la reparación del daño causado.

8. Reconocer el trabajo y la contribución que todas las personas afectadas y sus familiares han tenido a lo largo de todos estos años, tanto para reivindicar su derecho a un justo resarcimiento por el daño causado como por la contribución que han hecho a mejorar el sistema de farmacovigilancia y evitar que situaciones como la de la talidomida pudieran llegar a reproducirse.

9. Crear un comité de seguimiento en el que participen las asociaciones de víctimas, a fin de velar por el correcto cumplimiento de esta iniciativa."

Tras este compromiso, alcanzado por todas las fuerzas políticas, el Grupo Parlamentario Ciudadanos consiguió introducir en los Presupuestos Generales de 2018 una disposición adicional relativa ayudas a las personas afectadas por la Talidomida, con el siguiente tenor:

"Disposición adicional quincuagésima sexta. Ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el periodo 1950-1985.

Uno. Se concederá una ayuda a quienes durante el periodo 1950-1985 sufrieron malformaciones corporales durante el proceso de gestación compatibles con las descritas para la Talidomida, cuyo origen no pueda ser explicado por otras embriopatías o alteraciones cromosómicas siempre que la gestación se haya producido en España. Estas ayudas serán compatibles con cualquier pensión pública a que la persona beneficiaria tuviera derecho, y complementarias con la percepción de otras ayudas o prestaciones de análoga naturaleza y finalidad a las reguladas en esta disposición y, en concreto, con las ayudas establecidas en el Real Decreto 1006/2010, de 5 de agosto, por el que se regula el procedimiento de concesión de ayudas a las personas afectadas por la Talidomida en España durante el período 1960-1965.

Dos. El importe de la ayuda a percibir será el resultado de multiplicar 12.000 euros por cada uno de los puntos porcentuales de discapacidad reconocida a la persona afectada, por los organismos competentes, a la fecha de presentación de la solicitud de la ayuda.

Tres. Las personas afectadas por Talidomida en España tienen derecho a las prestaciones farmacéuticas y ortoprotésicas que sean precisas para desempeñar las actividades básicas de la vida diaria, así como para suplir las deficiencias causadas por las lesiones originadas por la embriopatía, estando para ello exentos de cualquier tipo de pago.

Cuatro. El Gobierno de España recabará de la compañía propietaria de la patente y, en su caso, de aquellas que hubieran realizado la distribución del fármaco en España la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado. Esta colaboración se destinará a incrementar proporcionalmente las cantidades reconocidas a las personas afectadas.

Cinco. Se autoriza al Gobierno para que dicte las disposiciones necesarias para el desarrollo de lo previsto en esta disposición adicional."

Sin embargo, el nuevo Gobierno del Partido Socialista, está incumpliendo los compromisos previos alcanzados entre las fuerzas políticas y la propia Ley presupuestaria al poner numerosas trabajas para que los afectados por talidomida pueda acceder a estas ayudas.

Durante los meses de 2018 en los que ha estado en vigor los presupuestos vigentes, es decir, durante los meses en que ha gobernado Pedro Sánchez, no se ha procedido al pago de ninguna ayuda o indemnización por la talidomida.

Además, el Gobierno quiere que estas ayudas/indemnizaciones tengan que tributar cuando, primero, el artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio considera que están exentas:"Las indemnizaciones como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, en la cuantía legal o judicialmente reconocida." La interpretación restrictiva y antisocial del Gobierno es inadmisible.

En este caso, nos encontramos con una indemnización que paga el Estado, ya que los anteriores gobiernos no consiguieron que Grunnenthal se hiciera cargo de su responsabilidad, precisamente para paliar daños personales en la cuantía legalmente reconocida. La eventual tributación puede suponer para


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cada afectado ver reducido su importe en hasta un 45 % (incluso más si Sánchez aprueba sus presupuestos de subida masiva de impuestos), y paradójicamente el Estado puede ingresar como máximo un 45 % de 30 millones de euros previsto en los Presupuestos, lo que no permitirá cuadrar las cuentas, ni mucho menos, y es completamente antisocial. Todo esto contrasta con la situación fiscal de los propios Ministros y exministros de este Gobierno, que por ejemplo, han recurrido sistemáticamente a sociedades interpuestas para pagar menos impuestos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a facilitar en el plazo más breve de tiempo posible las ayudas e indemnizaciones a las personas afectadas por talidomida sin obligarles a la tributación de dichas cuantías, ya que están exentas, y a recabar de la compañía propietaria de la patente y, en su caso, de aquellas que hubieran realizado la distribución del fármaco en España la colaboración económica necesaria para la reparación de las víctimas, así como el reconocimiento del daño causado."

Palacio del Congreso de los Diputados, 21 de enero de 2019.-Francisco Igea Arisqueta y Francisco de la Torre Díaz, Diputados.-Miguel Ángel Gutiérrez Vivas, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la creación de las especialidades odontológicas, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

Uno de los principales motivos por los que el Sistema Nacional de Salud (SNS) es una referencia y un modelo a seguir en todo el mundo, tanto desde el punto de vista de los resultados clínicos como desde la perspectiva de la optimización de los recursos disponibles, son los profesionales sanitarios.

Los profesionales sanitarios se encuentran entre las profesiones mejor valoradas de España según el Centro de Investigaciones Sociológicas, obtienen valoraciones muy positivas en el "Barómetro Sanitario"que elabora anualmente el Ministerio de Sanidad y son el principal activo del SNS por su formación y su capacitación, así como por el buen trabajo que desempeñan a diario en el ámbito asistencial, en el de la docencia y en el de la investigación, el desarrollo y la innovación.

Iniciativas diseñadas y llevadas a la práctica recientemente como el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios, que fue creado en 2012 y regulado por el Real Decreto 640/2014 y por la Orden SSI/890/2017 para facilitar la planificación de las necesidades de profesionales sanitarios del Estado, coordinar las políticas de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud y mejorar la seguridad del paciente; los acuerdos marco suscritos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con los consejos de colegios y los sindicatos de médicos, enfermeros y farmacéuticos en 2013 para avanzar en ámbitos tan relevantes como el desarrollo profesional (formación, competencias...); la puesta en marcha en 2015 del "Foro Profesional", o los acuerdos alcanzados en 2017 y 2018 con Comisiones Obreras, la Unión General de Trabajadores y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, tanto para reducir la temporalidad de los contratos y estabilizar el empleo, como para mejorar las retribuciones de los profesionales de forma progresiva hasta el año 2020, han supuesto importantes avances en la situación formativa y laboral de los profesionales, así como en la gestión y en la planificación de los recursos humanos en el SNS.

Por su parte, normas aprobadas e implementadas en los últimos años como la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, han establecido los aspectos básicos de las profesiones sanitarias tituladas en lo que se refiere a su ejercicio, además de progresos en la estructura


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general de su formación, su desarrollo profesional, su participación en la planificación y en la ordenación de las profesiones sanitarias, así como la formación especializada en materia de ciencias de la salud.

Una de las profesiones sanitarias tituladas reconocida como tal en la mencionada Ley 44/2003, concretamente en sus artículos 2.a) y 6.2.c). Este último artículo establece que corresponde a los Licenciados en Odontología (ahora graduados) y a los Médicos Especialistas en Estomatología, sin perjuicio de las funciones de los Médicos Especialistas en Cirugía Oral y Maxilofacial, las funciones relativas a la promoción de la salud buco-dental y a la prevención, diagnóstico y tratamiento señalados en la Ley 10/1986, de 17 de marzo, sobre odontólogos y otros profesionales relacionados con la salud bucodental.

El desarrollo de la profesión de dentista ha seguido un crecimiento exponencial de modo que actualmente es imposible abarcar todos sus contenidos y satisfacerlos con un nivel de calidad digno. Aunque existe una especialización "de facto", a través de las enseñanzas postgraduadas, mediante títulos oficiales de máster o títulos propios, ofrecidos por las Universidades, la realidad es que carece nuestro país de títulos oficiales de dentista especialista en ninguna rama específica de la odontología. Sin embargo, existe una demanda poblacional y necesidad real de crear estas Especialidades oficiales odontológicas, que además de ofrecer una óptima asistencia clínica, posibilitarán la equiparación de España al resto a los países vecinos de la Unión Europea, dado que España y Luxemburgo son los únicos países europeos que no contemplan la regulación oficial de dentistas especialistas.

La Ley 44/2003 abordó en su título II una nueva regulación de las Especialidades en Ciencias de la Salud, determinando la necesidad de proceder a una regulación reglamentaria de las mismas y de los órganos de apoyo a la formación especializada, para adecuar todo ello a la normativa legal. Esta regulación ha de realizarse mediante un Real Decreto, adoptado por el Gobierno, a propuesta de los Ministros de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, tal y como prevé el artículo 16 de la citada ley.

Esta regulación ha de tener en cuenta no solo las recomendaciones que, en este ámbito se han producido en la UE, sino también las previsiones constitucionales relativas a la protección de la salud de los ciudadanos y las competencias que, en materia de asistencia sanitaria, tienen atribuidas las CC.AA. Todo ello lleva al establecimiento de un sistema de especialización, cuyo desarrollo ha de producirse dentro del modelo del Espacio Europeo de Educación Superior surgido de la Declaración de Bolonia, con el objetivo de proporcionar una mejor atención sanitaria a los ciudadanos y permitir una mejor movilidad de profesionales cualificados a lo largo de Europa.

Con estas características de formación y capacitación, según hizo público el Instituto Nacional de Estadística el pasado mes de julio, había a finales de 2017 en España 36.689 odontólogos colegiados, cuyo desempeño diario podría experimentar progresos destacados si, como postula la Organización Colegial de Dentistas de España, se desarrollasen las denominadas especialidades odontológicas.

Se trata de una cuestión demandada desde hace años por la referida organización colegial para equiparar a los profesionales españoles con sus homólogos de la Unión Europea; una cuestión que fue puesta sobre la mesa del anterior Gobierno en diversas ocasiones, incluida la reunión celebrada en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad el pasado 12 de abril, cuando la organización colegial y el propio Ministerio acordaron organizar reuniones de trabajo con las universidades y las sociedades científicas para procurar avances hacia la creación de las especialidades.

En consecuencia, y teniendo presente lo planteado en la sección segunda de la referida Ley 44/2003,

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar en total coordinación con la Organización Colegial de Dentistas de España, la universidad y las sociedades científicas del sector para avanzar, desde el pleno respeto a las competencias y a las funciones asignadas y desempeñadas por otras profesiones sanitarias, hacia la creación de las especialidades odontológicas, con el objetivo de procurar una mayor y mejor formación y capacitación de los odontólogos, así como para favorecer la consecución de avances en la calidad, en la eficacia y en la seguridad asistenciales."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2019.-María Teresa Angulo Romero, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la consecución de avances en la Pediatría de Atención Primaria en el Sistema Nacional de Salud, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

Uno de los principales motivos por los que el Sistema Nacional de Salud es un referente internacional, un elemento cardinal de la "Marca España" y un valor esencial de nuestro Estado del Bienestar, son los profesionales sanitarios.

Su vocación, así como los años destinados a la formación y la capacitación, convierten al conjunto de profesiones sanitarias reconocidas como tal en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, en activos imprescindibles de un sistema sanitario que nos ha convertido a los españoles en los ciudadanos más longevos de la Unión Europea y en los segundos del mundo (únicamente superados por Japón) con una esperanza de vida al nacer superior a los 83 años.

Además, los profesionales sanitarios suelen encontrarse entre las profesiones mejor valoradas por los españoles y han hecho posible que en el último "Barómetro Sanitario" del Ministerio de Sanidad, relativo al año 2017 y publicado el pasado mes de mayo, el Sistema Nacional de Salud haya obtenido la mejor calificación de la última década (6,68 sobre 10).

El citado barómetro señala de forma específica que la atención primaria es el nivel asistencial que mejor calificación recibe con un 7,33 sobre 10 (por el 6,85 de los ingresos hospitalarios, el 6,79 de las consultas de especialistas y el 6,09 de las urgencias) y plantea también que el 87,4 por ciento de los pacientes que son asistidos en centros de primaria, tanto por médicos de familia como por pediatras, consideran que la atención recibida ha sido bueno o muy buena.

No obstante, el 67,6 por ciento de los participantes en el barómetro opina que, aunque el sistema sanitario funciona bien o bastante bien, necesita algunos cambios, porcentaje que se sitúa en el 26,2 por ciento para aquellos que opinan que el modelo requiere cambios fundamentales. Además, el 40,6 por ciento de los encuestados reconoce que nunca o casi nunca que pide cita con el médico en su centro de salud es citado para el mismo día, proporción que se sitúa en el 21,9 para las personas a las que nunca les ha sucedido y que se eleva hasta el 23,5 por ciento para las personas que han de esperar entre cinco y diez días.

Parece en consecuencia, y a pesar tanto de la buena valoración que los ciudadanos realizan de la atención primaria en el Sistema Nacional de Salud como de iniciativas puestas sobre la mesa en los últimos años como la "Estrategia AP21", que hay margen de mejora en el funcionamiento del primer nivel asistencial para que además de ser la puerta de entrada al sistema sanitario, incremente su capacidad resolutiva y se convierta también, una vez solventadas las necesidades asistenciales de los pacientes, en la puerta de salida.

Entre otros ámbitos en los que parece haber recorrido para progresar en atención primaria, destaca el de los recursos humanos, es decir, el de la gestión, la ordenación y la planificación de los profesionales, especialmente de los pediatras.

De acuerdo con la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria y la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, es necesario impulsar medidas con las que incrementar el protagonismo de los profesionales de atención primaria en el Sistema Nacional de Salud, así como sus condiciones laborales, su formación y su capacitación.

En consecuencia, teniendo en cuenta las Proposiciones no de Ley impulsadas por el Grupo Parlamentario Popular en la presente legislatura sobre el reconocimiento de la figura del pediatra de atención primaria (diciembre de 2017) y la mejora de la atención pediátrica en atención primaria (abril de este año), así como los avances procurados mediante medidas impulsadas por el anterior Gobierno como el Registro Estatal de Profesionales Sanitarios (creado en 2012 y regulado por el Real Decreto 640/2014 y por la Orden SSI/890/2017); los convenios marco suscritos en 2013 con los consejos de colegios y los sindicatos de médicos, enfermeros y farmacéuticos para avanzar en ámbitos tan relevantes como el desarrollo profesional; los acuerdos alcanzados en 2017 y 2018 con Comisiones Obreras, la Unión


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General de Trabajadores y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios tanto para reducir la temporalidad de los contratos y estabilizar el empleo, como para mejorar las retribuciones de los profesionales de forma progresiva hasta el año 2020, o la inclusión del futuro de la atención primaria como uno de los cinco puntos principales del orden del día de la "Conferencia Médica" celebrada en el Ministerio de Sanidad el pasado mes de abril,

Por estas razones, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar en coordinación con las Comunidades Autónomas, los colegios profesionales, las sociedades científicas y los sindicatos para procurar mejoras en los servicios de pediatría de atención primaria del Sistema Nacional de Salud impulsando medidas con las que:

- Analizar las necesidades de pediatras de atención primaria en el Sistema Nacional de Salud para los próximos años y valorar la ampliación de la oferta anual de formación sanitaria especializada en pediatría de atención primaria, realizando una planificación del recambio generacional.

- Aprobar medidas incentivadoras para las plazas de difícil cobertura de pediatría de atención primaria, especialmente en el ámbito rural, con el objetivo de estabilizar los puestos de trabajo.

- Actualizar el programa de formación MIR para habilitar la posibilidad de incluir otras rotaciones necesarias para el ejercicio de la pediatría de atención primaria y aumentar la rotación de los residentes de pediatría por los centros del primer nivel asistencial, adecuando el número de créditos ECTS y potenciando la figura y el reconocimiento del tutor de residentes.

- Revisar los criterios de acreditación de docente de plazas hospitalarias para la formación MIR en pediatría.

- Desarrollar medidas con las que incrementar la visibilidad y la participación de la pediatría de atención primaria en la universidad y en los distintos órganos existentes relacionados con la especialización sanitaria."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2019.-María Teresa Angulo Romero, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004233

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la incorporación en el Sistema Nacional de Salud de innovaciones terapéuticas para el tratamiento de la Fibrosis Quística, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

Referirse a la Fibrosis Quística es hacer mención a una patología de carácter crónico y progresivo/degenerativo, de origen genético y de herencia autosómica recesiva, que es causada por mutaciones en el gen que codifica para la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la propia Fibrosis Quística.

Según la Federación Española de Fibrosis Quística, la enfermedad, que limita la esperanza de vida de las personas que la padecen y que hoy día no tiene curación, afecta a las zonas del cuerpo que producen secreciones, dando lugar al espesamiento y a la disminución del contenido de agua, sodio y potasio, lo que genera la obstrucción de los canales que transportan esas secreciones y permite que el estancamiento origine infecciones e inflamaciones que afectan principalmente al pulmón, al hígado, al páncreas y al sistema reproductor.


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Se calcula que uno de cada 5.000 nacidos está afectado por la Fibrosis Quística en España. Además, uno de cada 30 individuos es portador del gen de la enfermedad, lo que supone que entre 1,5 y 2 millones de personas son portadoras del propio gen en nuestro país.

Más allá de la importancia cardinal del diagnóstico precoz para mejorar la calidad de vida y la longevidad de los afectados (los cribados neonatales son esenciales), el tratamiento de los pacientes con Fibrosis Quística consiste actualmente en el manejo de los síntomas y de los signos derivados de la alteración en la actividad de la proteína reguladora de la conductancia transmembrana, fundamentalmente en la tipología pulmonar y en la insuficiencia pancreática exocrina.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) destaca en este sentido la fisioterapia respiratoria, el soporte nutricional, los antibióticos inhalados (en el caso de pacientes con infección pulmonar crónica por "Pseudomonas aeruginosa", por ejemplo), la azitromicina, la dornasa alfa inhalada, el suero salino hipertónico inhalado y el tratamiento de sustitución con enzimas pancreáticos (en pacientes con insuficiencia pancreática exocrina).

En todo caso, y tal y como plantea la citada Federación Española de Fibrosis Quística, para mantener controlada la enfermedad, los pacientes requieren un cuidado permanente con continuos tratamientos para las complicaciones pulmonares y digestivas, con controles periódicos en el hospital y con una dedicación plena por parte de su familia y de sus personas más allegadas.

Es en este contexto en el que la Agencia Europea del Medicamento autorizó en noviembre de 2015 la comercialización del primer fármaco para el tratamiento de pacientes con doce años o más, homocigotos para la mutación F508de1 del gen que codifica para la proteína reguladora de la conductancia transmembrana de la Fibrosis Quística.

Según el informe de posicionamiento terapéutico publicado por la Aemps el pasado 16 de agosto, el medicamento, denominado comercialmente Orkambi(r), es resultado de la combinación de lumacaftor (corrector) e ivaclaftor (potenciador) y supone un avance en términos de abordaje terapéutico de la patología con respecto al tratamiento sintomático realizado hasta el momento.

En consecuencia, considerando que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estado Unidos autorizó el uso del medicamento en niños de dos a cinco años el pasado mes de agosto, y teniendo presente el modelo para el abordaje de enfermedades poco frecuentes con elevado impacto económico y sanitario consensuado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con las Comunidades Autónomas en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) celebrado el 21 de junio de 2017 (que contempla el establecimiento de un protocolo fármaco clínico y un registro de monitorización de efectividad terapéutica), que ya fue puesto en práctica el pasado mes de febrero con la incorporación a la cartera de servicios del SNS del tratamiento para la Atrofia Muscular Espinal,

Por estas razones, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a analizar en el marco de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, adscrita al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la incorporación de la terapia innovadora para el tratamiento de la Fibrosis Quística denominada Orkambi(r) en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de procurar mejores resultados clínicos en el abordaje de la enfermedad, así como avances en la calidad de vida y en la longevidad de los pacientes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2019.-María del Carmen Hernández Bento, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004237

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la implementación del etiquetado en colores de productos de alimentación, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.


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Exposición de motivos

Según la Organización Mundial de la Salud, la alimentación saludable es uno de los principales factores para la promoción y el mantenimiento de una buena salud a lo largo de todas las etapas de la vida.

En este sentido, y tal y como demuestra la evidencia científica existente, llevar a cabo medidas que favorezcan una alimentación saludable y equilibrada, junto con el fomento de la actividad física practicada con regularidad, generan progresos en ámbitos como la prevención del sobrepeso y de la obesidad, la reducción de la prevalencia de enfermedades no transmisibles que llevan asociadas, y la reducción de desigualdades en salud.

Con el objetivo de procurar avances en estos ámbitos, el anterior Gobierno desarrolló entre 2012 y el pasado mes de mayo distintas medidas como el "Observatorio de la Nutrición y de estudio de la Obesidad" (presidido por el Doctor Valentín Fuster y puesto en marcha para conocer la situación nutricional y la evolución de la obesidad de la población española), el "Plan de fomento de Hábitos de Vida Saludables en la Población Española" ("Havisa", creado para fomentar una alimentación variada, equilibrada, moderada y conjugada con la actividad física) y, entre otros ejemplos, como los acuerdos suscritos con medios de comunicación para informar, formar y sensibilizar a la población, el "Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-2020" (diseñado para reducir azúcares añadidos, grasas saturadas y sal en una media del 10 por ciento en más de 3.500 productos).

En el último caso, el "Plan de colaboración para la mejora de la composición de los alimentos y bebidas", como fruto del trabajo realizado de forma sinérgica por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, se recogen los compromisos de reformulación de alimentos y bebidas con más de 500 empresas de los sectores de la fabricación, de la distribución, de la restauración social ("catering"), de la restauración moderna y de la distribución automática ("vending"), de forma que la iniciativa fue diseñada y elaborada desde la suma de esfuerzos y voluntades, desde el consenso, con el sector.

Tanto el referido plan de colaboración, como el "Observatorio de la Nutrición y de estudio de la Obesidad" y el "Plan Havisa", sirvieron para desarrollar iniciativas previamente implementadas como la Estrategia para la Nutrición, la Actividad Física y la Prevención de la Obesidad, o el Código de Correlación de la Publicidad de Alimentos y Bebidas dirigida a menores, Prevención de la Obesidad y Salud, y fueron fruto de la colaboración y la cooperación con las Comunidades Autónomas, las sociedades científicas y, como se explicaba anteriormente, con la industria del sector.

Por su parte, el actual Ejecutivo anunció el pasado 12 de noviembre la implantación del código de colores y letras "Nutriscore" en el etiquetado de los productos para calificar su calidad nutricional.

Según expuso la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social al realizar el anuncio, se trata de un sistema que sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea para cuya implementación buscará "sinergias con otros departamentos y con otras administraciones públicas como las Comunidades Autónomas", así como "la necesaria colaboración público-privada".

A tenor de estas valoraciones, cabe interpretar que el Ministerio de Sanidad ha anunciado la implementación del código de colores en el etiquetado de los productos sin contar previamente con las valoraciones y las aportaciones que pudieran hacer los Gobiernos autonómicos, las empresas del sector encargado de llevar a la práctica la medida y los consumidores y usuarios, y que es a partir de ahora, una vez tomada la decisión y realizado el anuncio, cuando tiene intención de buscar su colaboración, al menos, de algunos de ellos.

Con el objetivo de favorecer que así sea, aunque sea de forma posterior al anuncio y la presentación de la iniciativa, y desde el reconocimiento al alto nivel de seguridad que tiene España en relación al tráfico y por ello consumo de productos de alimentación, consecuencia de la normativa al respecto que existe en nuestro país derivada de las disposiciones adoptadas por la Unión Europea.

Por estas razones, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, ante una modificación en relación al etiquetado de productos de alimentación:


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1. Desarrolle las conversaciones oportunas con las Autoridades Comunitarias para garantizar la plena coordinación en su caso del uso de colores en el etiquetado de productos de alimentación, asegurando que dicha disposición no perjudica la libre circulación de productos en el mercado único.

2. Impulse conversaciones con el sector de nuestra industria agroalimentaria, para conocer las aportaciones que dicho sector puede incorporar a los efectos de desarrollar, en su caso, el uso de colores en el etiquetado de productos alimentarios."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2019.-Ana María Madrazo Díaz, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004238

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la sustitución de las líneas telefónicas 901 y 902 por líneas gratuitas en el suministro de información sobre servicios públicos, para su debate en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Exposición de motivos

La protección de los consumidores y los usuarios se convirtió en un principio básico real en España con la Constitución de 1978, cuyo artículo 51 establece que el Estado ha de asegurar a los ciudadanos sus derechos y libertades, precisamente, como consumidores.

El mencionado artículo de la Carta Magna insta a los poderes públicos a garantizar la defensa de los consumidores y los usuarios; a proteger su seguridad, su salud y sus intereses económicos; a promover la información y la educación de consumidores y usuarios, y a fomentar las organizaciones de consumidores y usuarios, así como a escucharlas en las cuestiones que puedan afectarles.

El citado artículo 51 está desarrollado actualmente mediante el Real Decreto Legislativo 1/2007, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, así como por las normas de protección promulgadas por las Comunidades Autónomas en función de sus respectivas competencias, y por otras normativas de calado sectorial que hacen referencia a productos o servicios concretos.

El Real Decreto Legislativo 1/2007 contiene un capítulo orientado hacia la "protección de los legítimos intereses económicos de los consumidores y usuarios" en el que se establece que "el régimen de comprobación, reclamación, garantía y posibilidad de renuncia o devolución que se establezca en los contratos, deberá permitir que el consumidor y usuario se asegure de la naturaleza, características, condiciones y utilidad o finalidad del bien o servicio; pueda reclamar con eficacia en caso de error, defecto o deterioro; pueda hacer efectivas las garantías de calidad o nivel de prestación ofrecidos, y obtener la devolución equitativa del precio de mercado del bien o servicio, total o parcialmente, en caso de incumplimiento o cumplimiento defectuoso".

Dicho planteamiento está contenido en el artículo 21 del Real Decreto Legislativo 1/2007, en el que también se plantea que "las oficinas y los servicios de información y atención al cliente serán diseñados utilizando medios y soportes que sigan los principios de accesibilidad universal y, en su caso, medios alternativos para garantizar el acceso a los mismos a personas con discapacidad o personas de edad avanzada", precisando de igual modo que "en el caso de que el empresario ponga a disposición de los consumidores y usuarios una línea telefónica a efectos de comunicarse con él en relación con el contrato celebrado, el uso de tal línea no podrá suponer para el consumidor y usuario un coste superior a la tarifa básica, sin perjuicio del derecho de los proveedores de servicios de telecomunicaciones de cobrar por este tipo de llamadas. A tal efecto, se entiende por tarifa básica el coste ordinario de la llamada de que se trate, siempre que no incorpore un importe adicional en beneficio del empresario".

Sobre este artículo, sumado a otras referencias normativas como la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones (cuyo artículo 47.2 dispone que "los operadores deberán disponer de un servicio de atención al cliente, gratuito para los usuarios, que tenga por objeto facilitar información y


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atender y resolver las quejas y reclamaciones de sus clientes" y que "los servicios de atención al cliente mediante el canal telefónico deberán garantizar una atención personal directa, más allá de la posibilidad de utilizar complementariamente otros medios técnicos a su alcance para mejorar dicha atención. Los operadores pondrán a disposición de sus clientes métodos para la acreditación documental de las gestiones o reclamaciones realizadas, como el otorgamiento de un número de referencia o la posibilidad de enviar al cliente un documento en soporte duradero"), el pasado 13 de diciembre se debatió en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social una Proposición no de Ley sobre la eliminación de los prefijos telefónicos con sobrecoste en compañías de servicios para la atención a los usuarios.

La iniciativa fue aprobada por unanimidad una vez que el Grupo Parlamentario proponente, el Socialista, y el Grupo Parlamentario Popular consensuaron una enmienda transaccional por la que se instó al Gobierno a "hacer efectivas en el plazo máximo de seis meses las modificaciones oportunas en la normativa relativa a los servicios de atención al cliente en vigor para que las empresas que pongan a disposición de los usuarios de los servicios de atención telefónica para atender y resolver quejas y reclamaciones en relación con el contrato celebrado, dicha línea telefónica corresponda un número de teléfono geográfico", concretando también que "en los servicios de carácter continuado o servicios básicos de interés general, las empresas prestadoras de los mismos deberán disponer de un teléfono de atención al consumidor gratuito, con atención personalizada sin reenvíos a otros sistemas de atención al consumidor y con un tiempo de espera no superior a un minuto, así como medios alternativos para garantizar el acceso a los mismos a personas con discapacidad o personas de edad avanzada".

No obstante, la enmienda presentada y defendida por el Grupo Parlamentario Popular incluía un apartado con el que se instaba al Gobierno a la supresión "de las líneas telefónicas de información y atención al ciudadano que comiencen por 901 y 902, sustituyéndolas por números y servicios gratuitos cuando se trate de suministrar información sobre servicios públicos" que el Grupo Parlamentario Socialista no consideró oportuno incluir en la enmienda transaccional.

La inclusión de esta propuesta en la enmienda se sustenta en valoraciones como las realizadas por la "Asociación de Internautas" en 2006 (se dirigió a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información para llamar la atención sobre el abuso de los prefijos 902 por los operadores de telefonía para la resolución de conflictos y reclamaciones), por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en 2015 (recomendó equiparar los prefijos 902 y 901 a los números geográficos e incluirlos en las tarifas planas) y por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2017 (que en sentencia de 2 de marzo declaró ilegales los números de teléfono con tarifas especiales para su uso en servicios postventa, solicitando además una tarificación a precio de llamada normal sin recargos).

Si bien es cierto que estas apreciaciones están especialmente orientadas al ámbito de la empresa privada, el hecho de que en la Administración se continúen ofreciendo líneas telefónicas de este tipo (caso de la "Agencia Tributaria", del "Servicio Público de Empleo Estatal" o, por ejemplo, de "Correos"), con el consecuente gasto que supone para todos los ciudadanos, invita a considerar oportuno que al actual Ejecutivo realice los cambios necesarios para sustituir los teléfonos de atención que comienzan por 901 y 902, por números gratuitos en las situaciones en las que se trate de suministrar información sobre servicios públicos.

En consecuencia, partiendo de la citada Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social el pasado mes de diciembre, y teniendo en cuenta que entidades públicas como Renfe ya han realizado el cambio pretendido (en verano de 2017, para la comunicación de "incidencias y reclamaciones" y la "venta de billetes para personas con discapacidad visual", entre otros servicios).

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a sustituir sus líneas telefónicas de información y atención al ciudadano que comiencen por los prefijos 901 y 902 por números y servicios gratuitos cuando se trate de líneas orientadas al suministro de información sobre servicios públicos."

Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de enero de 2019.-Ana María Madrazo Díaz, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

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A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a garantizar la igualdad de las personas con discapacidad en el Programa Erasmus, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

Exposición de motivos

El programa Erasmus+ simboliza lo mejor de Europa y lo mejor de la educación española, un programa que nació hace más de treinta años con la intención de cambiar el futuro de Europa.

Han sido más de nueve millones de europeos los que han participado en el programa Erasmus+ desde su puesta en marcha en 1987, para estudiar, formarse, realizar un voluntariado u obtener experiencia profesional en el extranjero.

El programa Erasmus+ tiene por objetivo también promover la equidad y la inclusión, facilitando el acceso a todo tipo de participantes y evitando que existan causas, como la discapacidad, por ejemplo, que limiten o impidan la participación en estas actividades transnacionales.

El programa Erasmus+ destaca la importancia de asegurar oportunidades justas y equitativas a todos los participantes potenciales, incluyendo a aquellos que pertenezcan a grupos que suelen estar poco representados en los programas de movilidad.

Para desarrollar este aspecto, incluye, entre sus características más destacadas, la "equidad y la inclusión" de personas con discapacidad, participantes con necesidades especiales: personas con discapacidades mentales (intelectuales, cognitivas, de aprendizaje), físicas, sensoriales o de otros tipos. Estas personas se encuentran entre los objetivos y prioridades de las actividades de movilidad. Y en concreto, para los participantes en proyectos de movilidad de Educación Superior, se financia el denominado "apoyo a necesidades especiales".

La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, avanzan en la consagración del enfoque de derechos de las personas con discapacidad, de modo que se considera a las personas con discapacidad como sujetos titulares de derechos, estableciendo la obligación de los poderes públicos de garantizar que el ejercicio de esos derechos sea pleno y efectivo.

El Objetivo 4 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, asegura el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria, como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En este sentido, se considera necesario reforzar el esfuerzo adicional del Gobierno para coadyuvar a la movilidad Erasmus de las personas con discapacidad, como ya se vino haciendo por parte del Ministerio de Educación Cultura y Deporte con una dotación adicional para los estudiantes con discapacidad, y mediante la promoción de acciones de sensibilización.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, con el objetivo de atraer una mayor participación de alumnos con discapacidad en el Programa Erasmus+, a:

1. Incrementar con fondos propios, gestionados por el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), las ayudas a estudiantes de instituciones de educación superior que acrediten un nivel superior al 33 % de discapacidad, y sean seleccionados por el Programa Erasmus+.

2. Promover acciones de sensibilización que incentiven a los estudiantes con discapacidad, entre otras, mediante la adecuada formación a orientadores, y personal docente e investigador."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2019.-Silvia Valmaña Ochaíta, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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A la Mesa del Congreso de los Diputados

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a esta Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no de Ley para incrementar la cultura científica de la sociedad española, para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.

Exposición de motivos

En las últimas décadas se han comenzado a desarrollar políticas gubernamentales e institucionales para fomentar la cultura científica.

La velocidad y la magnitud de los cambios científicos y tecnológicos y su impacto en la vida cotidiana justifican que los contenidos de la ciencia y la tecnología deban formar parte de la cultura de la ciudadanía. Los contenidos científicos son imprescindibles para poder interpretar las implicaciones de la ciencia y la tecnología, para poder decidir sobre los interrogantes que plantean los nuevos hallazgos científicos y para saber valorar el alcance y los efectos de muchos de los nuevos productos y servicios que ofrece el mercado.

Todo ello justifica que las políticas científicas contemplen acciones para favorecer la comunicación y divulgación de la labor científica y tecnológica a la ciudadanía.

La adopción, por parte de la Conferencia Mundial sobre la Ciencia (UNESCO), de la "Declaración sobre la ciencia y el uso del conocimiento científico" de 1 de julio de 1999, fomentó que muchos países incrementaran su sensibilización y número de iniciativas para que el conocimiento científico fuera compartido y existiera una auténtica cooperación entre todos los agentes involucrados en ciencia.

Las instituciones de la UE llevan más de una década desplegando políticas para el fomento de la divulgación. La primera vez que la UE incluyó este punto fue en el VI Programa Marco de I+D (2002-2006) con el Programa de "Ciencia y Sociedad". En el momento actual, se incluye dentro de H2020 mediante el Programa "Ciencia con y para la sociedad".

Con respecto a España, la primera vez que la política científica nacional contiene previsiones para fomentar la divulgación social de la ciencia es en el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003 (Acción Estratégica "Divulgación de la Ciencia y la Tecnología").

En 2001 se crea la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, entre otros objetivos, para "propiciar el desarrollo de una cultura científica e innovadora de toda la sociedad y actuar como vehículo de comunicación y difusión científica entre sus agentes y de ellos con la sociedad en general". Esta Fundación gestiona desde 2007 una Convocatoria de ayudas que financia acciones de cultura científica y fomenta las redes de divulgación.

La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en su artículo 38 "Cultura científica y tecnológica", establece que las Administraciones públicas "fomentarán las actividades conducentes a la mejora de la cultura científica y tecnológica de la sociedad a través de la educación, la formación y la divulgación".

Uno de los seis ejes prioritarios que con carácter transversal están presentes en la vigente Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020 y que permitirán, junto con los otros cinco, sentar las bases del futuro desarrollo económico y la prosperidad de nuestra sociedad, es el eje relativo la difusión de una cultura científica, innovadora y emprendedora. El reto es acercar la ciencia, la tecnología y la innovación a los ciudadanos. En materia de divulgación de la I-D+I se defenderá la imagen de la investigación, la tecnología y la innovación como actividades que promueven el desarrollo y el bienestar de la sociedad.

FECYT viene realizando desde el año 2002 una encuesta bienal sobre la percepción ciudadana de la ciencia y la innovación. Los datos de la última edición de la encuesta de Percepción Social de la Ciencia reflejan que el conocimiento e interés por la ciencia ha aumentado en los últimos años. Sin embargo, la participación ciudadana es todavía baja, actuando la ciudadanía en la mayoría de los casos como meros receptores de información.

El fomento de la cultura científica debe, por tanto, ir un paso más allá, dirigido a lograr que los ciudadanos tengan una opinión crítica e informada que les permita tomar sus decisiones individuales y colectivas así como participar de forma real en el proceso de generación del conocimiento científico.


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Por todo ello, se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar un programa específico destinado a incrementar la cultura científica de la ciudadanía española al objeto de lograr una sociedad mejor formada e informada sobre ciencia que le posibilite tomar mejores decisiones personales y colectivas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de febrero de 2019.-María González Veracruz, Diputada.-Rafael Simancas Simancas, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.

Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo

161/004185

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el Reglamento de la Cámara, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento, apoyo y preservación del mandato del Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), para su debate en la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

Exposición de motivos

I

Entre los años 60 y 90 del siglo pasado, se desató en Guatemala una cruenta guerra civil, que causó cerca de doscientas mil víctimas mortales, cuarenta y cinco mil personas desaparecidas y más de cien mil desplazadas. Tras más de 30 años de conflicto interno, en 1994 se firmó el Acuerdo Global de Derechos Humanos, por el cual el Gobierno se comprometió a "combatir cualquier manifestación" de " fuerzas ilegales de seguridad" y "maquinaria clandestina de seguridad". En 1996 concluyó el conflicto, con la firma de los Acuerdos de Paz, dando inicio a un esperanzador proceso para constituir un Estado de Derecho que garantizaría un futuro para la sociedad, democrático, pacífico y global.

Sin embargo, doce años más tarde, el país seguía padeciendo la generalización de la delincuencia común y organizada, frente a la cual las instituciones del sector justicia no tenían capacidad de dar respuesta. La debilidad de las instituciones, la falta de voluntad política, y el aumento de delitos violentos (cerca de 6.000 homicidios anuales, incluida la matanza generalizada de mujeres, niñas y niños) motivó la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fruto del acuerdo firmado entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala.

La Comisión se constituyó como un órgano independiente políticamente y financieramente, instrumento amparado por Naciones Unidas para el fortalecimiento del Estado de Derecho y facultado para apoyar a la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en la investigación y acciones penales ante tribunales nacionales. Con ello, juega un papel fundamental en el fortalecimiento de las instituciones del Estado, responsables de la persecución penal.

En su cometido, la CICIG, tiene como objetivos principales la investigación de los delitos cometidos por los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad, apoyar en su desmantelamiento y fortalecer al sistema de justicia. Además realiza una importante labor de capacitación y asistencia técnica, con el fin de que la Fiscalía y la Policía Nacional Civil tengan mejores condiciones para luchar contra la delincuencia organizada.

II

Tras casi doce años de labor, la CICIG ha apoyado a la sociedad civil y al Congreso de la República en la elaboración de varias propuestas de reformas legales (Ley de Amparo, Código Procesal Penal, la Ley de la Carrera Judicial y reformas constitucionales, por ejemplo), ha impulsado un sistema integrado de justicia, ha apoyado la lucha contra la delincuencia organizada (participando en la identificación de 60


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carteles delictivos y llevando a los tribunales más de 100 casos, procesando a 680 personas y logrando condenas para 310 de ellos) y en relación a la corrupción política y financiera (promoviendo procesos de fin de la impunidad de grandes compañías bancarias, telefónicas o mineras que han confesado sobornos o aportaciones ilegales a la política, así como altos dirigentes manchados por esta lacra).

Toda esta labor ha sido reconocida internacionalmente por las Naciones Unidas, por la Unión Europea y por muchos Estados, entre ellos el español, que en diversas ocasiones -muchas de ellas en respuestas escritas a preguntas parlamentarias realizadas por este Grupo Parlamentario- ha afirmado su apoyo político y financiero a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). En este sentido, el Gobierno de España ha manifestado que es necesario tomar conocimiento de lo que está sucediendo en estos momentos en Guatemala, y en función de los márgenes de actuación de los que se disponga, impulsar las acciones necesarias para que la CICIG pueda seguir desarrollando de forma eficaz las funciones para las que fue creado y que el Estado de Guatemala reafirme sus compromisos en materia de combate a la Impunidad y a la Corrupción.

III

Actualmente, la CICIG se halla en la quinta prórroga de su mandato (4 de septiembre de 2017 y 3 de septiembre de 2019), de acuerdo con lo solicitado por el presidente Jimmy Morales a la ONU, el 16 de abril de 2016, y la respuesta positiva del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon con carta fechada el 24 de mayo 2016.

Sin embargo, desde que en agosto de 2017, la CICIG acusó de corrupción electoral al Presidente Morales, que había sido causada en las elecciones celebradas en 2015, el Gobierno guatemalteco se ha ido distanciando de la Comisión Internacional y han ido creciendo los niveles de hostilidad. Todo ello se acentuó cuando la Comisión acusó también al hijo y al hermano del Presidente de evasión fiscal y blanqueo de dinero. Desde entonces, la situación en Guatemala es calificada por muchos organismos y observadores/as internacionales de muy inestable, hasta el punto que varios analistas definen el proceso actual como un "golpe de Estado lento".

Recientemente el Presidente Jimmy Morales anunció públicamente su voluntad de solicitar la no renovación del acuerdo entre la ONU y el Gobierno guatemalteco, y poner fin a la continuidad de la CICIG cuando finalice su mandato. Tras ello, promovió declaración de persona non grata de su alto comisionado, el Sr. Ivan Velasquez, y se desarrollaron diversos intentos por parte del Congreso de la República de destituir ilegalmente al Procurador de los Derechos Humanos.

En diciembre del 2018 se profundizó la crisis, al declarar la expulsión del país de 11 personas integrantes de la Comisión que trabajan en la investigación y el litigio de casos importantes sobre corrupción, especialmente vinculada a cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad. El pasado 5 de enero de la Dirección General de Migración decidió no permitir el ingreso al país de un investigador de la CICIG, Yilen Osorio Zuluaga, de nacionalidad colombiana, quien estuvo detenido ilegalmente mediante un fuerte despliegue policial en el aeropuerto, aduciendo que esa era la orden recibida del Gobierno.

Además, el 7 de enero de 2019, el presidente de la República anunció su decisión, contraria a los principios de derecho internacional, de romper unilateralmente el convenio con las Naciones Unidas por el que se estableció la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, aún a pesar de que los acuerdos de constitución con la ONU establecen que Guatemala no puede legalmente disolver la CICIG unilateralmente, sino que solo el Secretario General de NNUU tiene la potestad de hacerlo.

Como reacción, el secretario general de la ONU, Sr. Antonio Guterres, emitió un pronunciamiento oficial indicando que rechazaba categóricamente el contenido de la carta en la que le informó la intención de dar por finalizado el convenio que dio vida a la CICIG. En el mismo sentido, el G13, que incluye el Gobierno de España, hizo público un pronunciamiento el 8 de enero llamando a "que el Gobierno de Guatemala respete el orden constitucional, la institucionalidad democrática, el estado de derecho y la separación de poderes", y la Unión Europea urgió, el 11 de enero, al Gobierno de Guatemala a permitir que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) complete su mandato y advirtió que "reaccionará a la luz de los acontecimientos". Otros Estados, como Alemania, UK o Canadá se han pronunciado en el mismo sentido, pero aún no el Estado español.

En el orden interno, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca anunció el 9 de enero su decisión de otorgar un amparo provisional que establece la suspensión de esta decisión, instruyendo al Estado guatemalteco a garantizar el funcionamiento de la CICIG. También ICJ (Comisión Internacional de


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Juristas), la OMCT (Organización Mundial contra la Tortura), la UDEFEGUA (Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos-Guatemala) y la FONGI (Plataforma en la que participan organizaciones españolas con presencia en Guatemala) se han sumado a los llamamientos al respecto del mandato de la CICIG. Junto a ellas, el CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), Oxfam, Robert F. Kennedy Human Rights y otras entidades de defensa de los Derechos Humanos ha emitido un comunicado de alarma y denuncia de la situación y apoyo a que la CICIG en Guatemala a fin de que complete su mandato.

Por todo ello se presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Realizar un pronunciamiento público en apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala (CICIG) y de reconocimiento a la labor que viene realizando desde su creación, recordando la necesidad de respetar el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos fundamentales.

2. Defender y proteger de forma clara a las organizaciones civiles de hombres y mujeres guatemaltecos que trabajan para la promoción y garantía de los derechos humanos y medioambientales.

3. Requerir a la representación diplomática del Estado español en Guatemala para que visite y visibilice públicamente su apoyo a la CICIG, exprese ante el Gobierno guatemalteco su fuerte respeto para con el trabajo que viene desarrollando en combate a la impunidad y la corrupción y la necesidad de profundizar en el compromisos por la independencia de la justicia y la separación de poderes.

4. Instar al Gobierno de Guatemala a reconsiderar su decisión de poner punto final de forma unilateral e inmediata al acuerdo con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y permitir y facilitar que pueda seguir ejerciendo su trabajo, consignado por ahora hasta el 3 de septiembre de 2019, fecha final de su mandato.

5. Suspender el financiamiento no-humanitario bilateral y multilateral al Gobierno guatemalteco mientras no existan las condiciones para garantizar el cumplimiento de las normas internacionalmente aceptadas, incluyendo la separación de poderes, la independencia judicial y las medidas efectivas para controlar la corrupción en los organismos estatales, medidas necesarios para proteger los derechos fundamentales de todas las personas guatemaltecas."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Jaume Moya Matas, Aina Vidal Sáez y Sònia Farré Fidalgo, Diputados.-Lucía Martín González, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unido Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible

161/004201

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la adecuación de los accesos al municipio de Santa Pola en aras de la mejora de la seguridad vial en la zona, para su debate en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

Santa Pola es un municipio alicantino que se encuentra al sur de la ciudad de Alicante y para poder acceder al mismo se debe atravesar la N-332. La carretera N-332 es una de las carreteras con mayor densidad de tráfico de toda España y, concretamente, presenta desde hace ya muchos años, problemas de seguridad vial preocupantes en los accesos que deben utilizarse para poder llegar con facilidad a las tres entradas que tiene desde dicha carretera, es decir, para poder acceder a la zona de Gran Alacant, a la zona de Playa Lisa y al propio centro urbano. De hecho, para entrar al centro urbano hay que hacerlo


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aguardando, hasta que el tráfico lo permita, en un carril de espera realizando un stop en un lugar de difícil visibilidad por existir una curva a la derecha.

El municipio de Santa Pola viene reclamando desde hace ya demasiados años una solución definitiva a los problemas que estas tres entradas producen día a día pero, muy especialmente, durante los meses de verano, ya que las vías de entrada y salida llegan a colapsarse sin poder proporcionar a los usuarios las medidas de seguridad vial mínimas aceptables. La densidad de tráfico que soportan requiere, de una forma inmediata, inversiones y actuaciones que solucionen un problema enquistado que pone en peligro todos los días la vida de los conductores que las utilizan.

Cabe destacar y enumerar algunos de los accidentes más importantes producidos en dichas vías de acceso desde finales de 2017 para proporcionar un contexto adecuado que permita tanto el entendimiento de la gravedad de la situación como la empatía necesaria con la preocupación que viven los ciudadanos santapoleros. Entre otros, recordar que el pasado 4 de noviembre de 2017 falleció un hombre al chocar su coche contra un quitamiedos y estrellarse contra un pino. El 4 de febrero de 2018, se produjo un accidente con cuatro heridos, entre ellos un niño. El 9 de febrero del mismo año, un motorista de 44 años falleció después de chocar contra un turismo y el 3 de abril de 2018, se produjo una colisión importante entre un camión y un turismo a la altura de las Salinas de Santa Pola.

Es por ello, y viendo la necesidad de actuar, que el día 3 de marzo de 2018 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el anuncio de aprobación provisional y la orden del inicio del trámite de información pública del proyecto de "Seguridad vial. Reordenación de accesos y acondicionamiento de la N-332, en la intersección con la CV-8520 (Santa Pola), mediante enlace con paso inferior del PK 87+800 al 88+800 (provincia de Alicante)". El objeto de dicho proyecto era actuar sobre la intersección de acceso a La Ronda de Santa Pola con la N-332 que en la actualidad está dotada de carriles centrales para canalizar los giros a izquierda con un enlace a distinto nivel proyectado que constaría de una nueva glorieta en la margen izquierda de la N-332 y un vial de conexión entre esta y la glorieta existente en la Ronda de Santa Pola, que cruzaría la actual carretera por un nuevo paso inferior. El nuevo vial de conexión tendría una longitud de 900 metros. Un proyecto cuya inversión inicial estaba incluida en los PGE del Gobierno del Partido Popular de ese mismo año en el SEITT como obra de mejora de la seguridad vial de dicho punto. En aquel momento, por tanto, existía un compromiso real y firme del Gobierno del Partido Popular para dar solución a una vía con una intensidad de tráfico elevada y con accidentes muy graves.

Además, es necesario también recordar que el día 31 de mayo de 2018 en la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible se debatió y se aprobó una Proposición no de Ley sobre parte de la problemática expuesta con el voto de abstención del Grupo Parlamentario Popular puesto que aquella propuesta era incompleta, no se adecuaba a la realidad del problema y no planteaba las soluciones necesarias de una forma clara y conveniente. Por tanto, entendemos que el Gobierno de España debe dar un paso adelante y comprometerse con la ciudadanía de Santa Pola para aportar las soluciones definitivas a un problema que produce conflictos importantes de tráfico y, lo que es peor, accidentes mortales.

Por todo lo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a realizar las actuaciones de Seguridad Vial en la N-332 que a continuación se detallan en aras de mejorar la seguridad vial de los usuarios de esta red viaria:

1. Retomar la aprobación definitiva del proyecto de reordenación de accesos y acondicionamiento a la entrada del casco urbano de Santa Pola, aprobando la dotación económica necesaria, licitando e iniciando las obras pertinentes.

2. Iniciar la redacción del proyecto de remodelación del enlace de Gran Alacant (mejora de carriles de cambio de velocidad y una glorieta en el lado "tierra'), aprobarlo, proporcionar la dotación económica necesaria, licitar e iniciar las obras pertinentes.

3. Iniciar la redacción del proyecto de acondicionamiento de intersecciones y reordenación de accesos en la N-332 con tercer carril entre las intersecciones de los accesos de Santa Pola por Playa Lisa y centro urbano (pp.kk. 86+300 al 87+650) y reordenación de accesos en el entorno del enlace del


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p.k. 92+100. Además de proceder a su aprobación definitiva, generar la dotación económica necesaria y licitar e iniciar las obras pertinentes."

Palacio del Congreso de los Diputados, 24 de enero de 2019.-Loreto Cascales Martínez, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

161/004217

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para establecer medidas para solucionar los problemas de seguridad del tramo de la Ex-300 a su paso por Solana de los Barros (Badajoz), para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.

Exposición de motivos

La carretera regional Ex-300 que une Almendralejo con Badajoz en la provincia de Badajoz a su paso por Solana de los Barros (Badajoz) tiene un importante problema de seguridad en el tramo que circula alrededor de la localidad.

Se trata de un tramo con buen firme y que tiene limitada la velocidad a 50 km/h, y que carece de medidor de velocidad para controlar que los usuarios de la vía cumplen con esta velocidad (en toda la vía, según la información de la DGT solo existe un radar móvil en el punto kilométrico 24.410-30.92 en ambos sentidos, lo cual se está revelando como insuficiente). Y aunque no exista este medidor se trata de un tramo recto en el que los conductores no cumplen con el límite de velocidad y se están produciendo desde hace años de forma continua y reiterada, como se puede comprobar en una simple búsqueda en la red, accidentes de todo tipo, vuelcos de camiones, accidentes mortales de vehículos, accidentes sin mortalidad, y todo ello sin requerir del dueño de la vía, la Junta de Extremadura, soluciones a este problema que durante años vienen repitiéndose de forma reiterada.

Se impone en este asunto un estudio serio y concienzudo de las diferentes soluciones que se deben dar en este tramo, que deben concluir en una serie de recomendaciones al propietario de la vía para que cumpla con los criterios de seguridad que debe de tener y se pongan soluciones.

Las soluciones pueden pasar por la creación en ese tramo de varias rotondas para unir la vía con las entradas y salidas del pueblo y de las instalaciones deportivas y empresariales que hay a un lado y otro de la Ex-300, así como plantear una vía de circunvalación alternativa entre los puntos señalados como la carretera de la Corte de Peleas y la Carretera de Santa Marta para reducir el número de vehículos que entran y salen y circulan por la Ex-300 y el tramo referido en concreto a diario.

Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas de colaboración necesarias con implicación del Ministerio de Interior a través de la DGT, en su caso, el Ministerio de Fomento en cuanto a las propuestas de reforma de la infraestructura y especialmente, el titular de la vía, es decir, la Comunidad Autónoma de Extremadura para solucionar los problemas de seguridad del tramo de la Ex-300 a su paso por Solana de los Barros (Badajoz), incluyendo la realización de análisis conjuntos en materia de seguridad vial y su implementación con las necesarias mejoras por control del tráfico o reforma de la vía."

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/004246

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el diseño de un plan de choque para la renovación del parque móvil de nuestro país, para su debate en Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.

Exposición de motivos

Durante el pasado año 2018 el mundo del motor y de la movilidad ha estado sometido a un conjunto de incertidumbres que han causado la lógica preocupación en usuarios y también en los distintos sectores de la economía que participan en la movilidad.

Sin entrar en valorar el origen de dichas incertidumbres, si es cierto que conviene impulsar acciones específicas que vayan consiguiendo la menor contaminación por la movilidad de nuestro país, teniendo presente por tanto la necesidad de primar a los vehículos de bajas emisiones.

Desde este Grupo entendemos prioritario actuar de forma específica sobre la parte más antigua de nuestro parque móvil. El parque móvil que circula por España tiene una media de doce años y según algunas fuentes por nuestras carreteras circulan más de dos millones de vehículos que no han pasado la ITV Estos vehículos contaminan más y, por su antigüedad, son menos seguros que vehículos más modernos.

Al abordar el asunto de la renovación del parque hay que tener muy presente que, salvo excepciones, con carácter general, se puede asumir que quien mantiene un vehículo viejo, como los que hemos mencionado anteriormente no lo hace por capricho, sino lo hace por limitación económica y, por tanto, sean vehículos dirigidos al tráfico comercial o a uso particular, este grupo de ciudadanos merece ser atendido de forma particular para apoyar su contribución a la mayor seguridad y menos emisiones.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso formula la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, a los efectos de contribuir de forma eficaz a disminuir las emisiones de gases contaminantes con origen en el tráfico rodado en nuestro país y a la par disminuir el riesgo en nuestras carreteras, aborde con decisión un programa dirigido específicamente a aquellos vehículos de mayor antigüedad que forman parte de nuestro parque móvil, con los siguientes criterios:

- La antigüedad del vehículo que se pretende sustituir.

- Las bajas emisiones del nuevo vehículo, incluso si no es un vehículo completamente nuevo.

- La renta de los sujetos beneficiarios del apoyo público."

Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de enero de 2019.-Óscar Gamazo Micó, Diputado.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia

161/004239

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para prevenir los ahogamientos de menores de edad en entornos acuáticos, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.


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Exposición de motivos

Según los datos de asociaciones como la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, 251 personas murieron ahogadas en playas, pantanos, ríos, piscinas y embalses (18 de ellos menores de 17 años) hasta el pasado mes de septiembre. Además, existe un alto porcentaje de ahogamientos de menores que afortunadamente no tienen un desenlace mortal, pero que conllevan una serie de consecuencias, como, por ejemplo, discapacidades o traumas psicológicos que tendrán un impacto seguro en el desarrollo futuro de las víctimas y en sus familias.

Esta realidad muestra que un despiste de los padres o tutores puede desembocar en una tragedia. Da igual que estemos en la orilla de la playa o en una piscina con poca profundidad, el niño o la niña puede caerse y en pocos segundos, de no ser ayudado, puede morir a causa del ahogamiento. La gran mayoría de fallecimientos de menores por ahogamiento en entornos acuáticos podría evitarse extremando la precaución y potenciando la prevención. Además, no debemos olvidar que a estas muertes hay que sumarle las dolorosas secuelas que se producen en el entorno familiar, en los socorristas y/o profesionales, médicos, etc. encargados de la atención del menor.

Según los expertos, el colectivo más vulnerable en el agua son los bebés y los menores de hasta 5 años porque la mayoría no saben nadar pero que entre los niños de cinco a diez años también existe mucho riesgo porque están un una época de reafirmación de la personalidad.

Debemos ser conscientes de que ni los flotadores ni los manguitos protegen con total seguridad contra el ahogamiento. Por ese motivo, se requieren campañas específicas y una mayor regulación que proteja a nuestros menores y que ayuden a concienciar a la sociedad de la importancia de la prevención en este ámbito.

Por ello, y con el fin de evitar un fatal desenlace, es necesario no sólo poner en marcha medidas como las contempladas en la Proposición no de Ley relativa a elaborar un Plan Nacional en materia de salvamento y socorrismo acuático, aprobada por unanimidad en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en septiembre de 2017, sino que es necesario dar un paso adelante e iniciar todas aquellas actuaciones que coadyuven y refuercen el esfuerzo por eliminar los fallecimientos y las víctimas por ahogamientos.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a trabajar, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas, los Entes Locales y las entidades sociales, para evitar ahogamientos y aumentar la seguridad en todos los espacios acuáticos, prestando especial atención a la población infantil, mediante:

1. La creación y el mantenimiento de los medios y los espacios necesarios para hacer posible una coordinación interadministrativa e interdepartamental continuada.

2. El impulso periódico de campañas de sensibilización y prevención de accidentes en medios acuáticos, especialmente orientadas a los ahogamientos entre los menores de edad.

3. La promoción de una mejor formación de los profesionales encargados de la prevención de ahogamientos.

4. El desarrollo de estándares de seguridad con medidas como la señalización mediante la bandera otorgada por la Federación Europea de Salvamento y Socorrismo.

5. La elaboración periódica de estadísticas de accidentes en medios acuáticos, tomando como referencia las realizadas para cuantificar los percances en carretera.

6. La habilitación de los presupuestos necesarios para hacer posibles las iniciativas anteriores."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2019.-Loreto Cascales Martínez, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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161/004240

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no Ley sobre el consumo de leche y productos lácteos en la población infantil y adolescente, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia.

Exposición de motivos

La leche y los productos lácteos son fundamentales en la alimentación de toda la población en general y de los niños y adolescentes en particular. Por ello, su consumo diario es importante en el contexto de una alimentación sana y equilibrada. Más del 60 % del calcio de la dieta española procede de los lácteos y el 75% de los escolares tienen ingestas de calcio inferiores a las recomendadas, tal y como establecen varios estudios realizados por la Universidad Complutense de Madrid.

La mayor parte de las guías dietéticas en toda Europa recomiendan el consumo diario de leche y productos lácteos durante todas las etapas de la vida pero especialmente en la infantil, ya que en este ciclo vital los nutrientes provenientes de estos alimentos son fundamentales para el correcto desarrollo de los menores de edad, de acuerdo con esto, cabe señalar que varios Estados miembros de la Unión Europea, aconsejan una ingesta entre tres y cuatro raciones diarias.

Sin embargo, en España, muchas personas, entre ellas los menores de edad, no siguen estas recomendaciones obviando que el consumo insuficiente de productos lácteos puede originar consecuencias para su salud.

Además, la leche, el yogur, el queso y el resto de productos lácteos, son naturalmente ricos en: proteínas de alta calidad, calcio, fósforo, potasio, yodo y diferentes tipos de vitaminas y, por tanto, hay que valorar su composición nutricional. Es decir, estos productos proporcionan muchos nutrientes esenciales que contribuyen a una buena salud en todas las etapas de la vida. Las proteínas de alta calidad y el calcio son necesarias para el crecimiento y el desarrollo normal de los huesos en niños y adolescentes, el calcio es imprescindible para el mantenimiento normal de los dientes, y las proteínas para el mantenimiento de la masa muscular. Además, los productos lácteos también contribuyen a la gestión del peso corporal, están asociados con una menor presión arterial y reducen el riesgo de enfermedades cardiovasculares y la diabetes tipo 2, tal y como establecen diferentes estudios científicos.

En este sentido, el Departamento de Bioactividad y Análisis de Alimentos del Instituto de Investigación en Ciencias de la Alimentación de la Universidad Autónoma de Madrid afirma que los estudios científicos más recientes sugieren una revalorización de la denostada imagen de la grasa láctea, puesto que supone una fuente de ingredientes bioactivos y funcionales cuyo consumo aporta beneficios para el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades crónicas en humanos y, de hecho, la disminución de la grasa de leche de la dieta, provoca una reducción en la ingesta de compuestos bioactivos de interés para la salud.

Por otro lado, cabe destacar que el estudio "ALADINO 2015: Estudio de Vigilancia del Crecimiento, Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad en España", impulsado por Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, en el que participaron 10.899 niños en edad escolar entre 6 y 9 años, no establece ninguna relación entre el consumo de productos lácteos y el incremento de obesidad en la población infantil.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la siguiente

Proposición no de Ley

"El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades Autónomas a:

1. Seguir trabajando con el sector lácteo para continuar impulsando el "Plan Nacional de Colaboración para la Mejora de la Composición de los Alimentos y Bebidas (2017-2020)".

2. Intensificar la promoción de campañas de publicidad sobre hábitos saludables en la alimentación y sobre los beneficios que el consumo de la leche y los productos lácteos, conlleva para la salud, especialmente para los menores de edad.


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3. Fomentar la promoción de campañas de consumo de leche y productos lácteos en los centros escolares para asegurar un consumo mínimo de éstos por parte de la población infantil."

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2019.-Loreto Cascales Martínez, Diputada.-Dolors Montserrat Montserrat, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.

PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL

La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

Comisión de Defensa

181/001665

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Defensa.

Texto:

¿En qué estado se encuentran los trámites previos al inicio de las obras en Navantia Ferrol para la implantación total del Astillero 4.0?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2019.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.

Comisión de Hacienda

181/001667

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Hacienda.

Texto:

¿En qué estado se encuentran los trámites previos al inicio de las obras en Navantia Ferrol para la implantación total del Astillero 4.0?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2019.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.


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Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

181/001668

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Cuántos trabajadores y trabajadoras del campo se verán beneficiados con la medida aprobada por el Gobierno de reducción del número de peonadas para el subsidio y renta agraria en las provincias afectadas por las inundaciones en Andalucía del pasado mes de octubre?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2019.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.

Comisión de Industria, Comercio y Turismo

181/001666

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, a iniciativa de su Diputada Yolanda Díaz Pérez, conforme recoge el artículo 189 del Reglamento, presenta la siguiente pregunta oral para su respuesta en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo.

Texto:

¿Qué ofertas hay, de posibles compradores, para hacerse con las plantas de Alcoa en A Coruña y Avilés?

Palacio del Congreso de los Diputados, 25 de enero de 2019.-Yolanda Díaz Pérez, Diputada.

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

181/001639

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

Diputado don José Cano Fuster

Texto:

¿Qué medidas piensa impulsar el Gobierno para fomentar los seguros agrarios y otras estrategias de cobertura de riesgos?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-José Cano Fuster, Diputado.


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181/001640

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

Diputado don José Cano Fuster

Texto:

¿Cómo piensa impulsar el Gobierno la mejora de la transparencia y la seguridad jurídica en los contratos agrarios?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-José Cano Fuster, Diputado.

181/001641

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

Diputada doña María Sandra Julià Julià

Texto:

¿Qué medidas piensa llevar a cabo el Gobierno para defender a nuestro sector citrícola ante la grave situación en la que se encuentra?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-María Sandra Julià Julià, Diputada.

181/001642

Grupo Parlamentario Ciudadanos

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación

Diputado don Miguel Ángel Garaulet Rodríguez

Texto:

¿Considera el Gobierno que, ante la posibilidad de que la flota palangrera de Carboneras vea limitada su pesquería en el caladero de Cabrera, están garantizados los derechos de toda la flota pesquera de nuestro país, independientemente de su procedencia?

Palacio del Congreso de los Diputados, 22 de enero de 2019.-Miguel Ángel Garaulet Rodríguez, Diputado.

Comisión de Transición Ecológica

181/001669

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica

Diputada doña María del Carmen Pita Cárdenes


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Texto:

¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno de España, dado que las denuncias de la Comisión Europea por incumplimiento de la normativa ambiental comunitaria recaen sobre el Estado, para que la Comunidad Autónoma de Canarias deje de figurar en el listado los casos vivos por carecer de planes de inundación?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2019.-María del Carmen Pita Cárdenes, Diputada.

181/001670

Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Transición Ecológica

Diputada doña María del Carmen Pita Cárdenes

Las personas agricultoras de Canarias, han exigido en la última semana, que se transfiera a la Comunidad Autónoma desde el Ministerio de Transición Ecológica, la partida de ayuda pública para compensar los sobrecostes del agua de riego, aprobada en los PGE de 2018 con 8 millones de euros y que hasta la fecha de la denuncia no ha sido realizada.

Texto:

¿Qué medidas piensa adoptar el Gobierno para que evitar se continúen produciendo retrasos e incumplimientos en esta materia, y reducir los efectos negativos que ello pudiera generar en el desarrollo del sector agrícola de Canarias?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2019.-María del Carmen Pita Cárdenes, Diputada.

Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

181/001671

Grupo Parlamentario Socialista

Pregunta con respuesta oral en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades

Diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz

Texto:

¿Cómo va a beneficiar la medida recientemente aprobada por el Gobierno de que los estudiantes en prácticas no laborales en la Universidad estén dados de alta en la Seguridad Social?

Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de enero de 2019.-Miguel Ángel Heredia Díaz, Diputado.


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PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA

184/044134

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: García Puig, María del Mar (GCUP-EC-EM)

Retirada de las dos primeras cuestiones de su pregunta sobre declaraciones del Obispo de Alcalá de Henares en el programa "El día del Señor" de La 2 arremetiendo contra la igualdad y el derecho de las personas LGTBI y las mujeres.

Acuerdo:

Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la tercera pregunta, por versar sobre materia ajena a la competencia del Gobierno, comunicando este acuerdo a la Sra. Diputada autora de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, la Diputada adscrita al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.

En la última retransmisión del año 2018 del programa "El día del señor" en el que la cadena de televisión pública La 2 retransmite misas católicas en directo, el Obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, arremetió de forma clara contra la homosexualidad, el derecho al aborto, el divorcio y los anticonceptivos, en definitiva, contra la igualdad y el derecho de las personas LGTBI y las mujeres.

En concreto, aseguró que la unión entre hombre y mujer es la única de "índole natural", orientado a la "procreación y educación de los hijos" y estableciendo que la propia sociedad "nace de la diferencia sexual y la procreación". Además, argumentó el ataque al uso de anticonceptivos por qué "reducen la unión conyugal a los simples deseos". El Obispo no se limitó solo a eso, sino que también atacó algunas de las medidas sociales más importantes aprobadas en nuestro país, como la despenalización del aborto o el divorcio. Incluso, de forma clara, a las personas inmigrantes, asegurando que la solución a la violencia machista no pasa por "el debilitamiento de la familia, ni menos todavía en el propiciado multiculturalismo", un comentario totalmente xenófobo.

Este tipo de declaraciones homófobas, machistas, racistas y totalmente antidemocráticas no pueden ser retransmitidas con impunidad en nuestra radio televisión pública que debería ser un ejemplo de respeto, solidaridad y diversidad. Es importante luchar desde todos los frentes posibles contra opiniones racistas, machistas y LGTBlfóbicas como en este caso.

¿Es consciente el Gobierno que, a pesar de los avances, queda aún en España mucho trabajo por hacer para acabar con la LGTBIfobia y conseguir la igualdad real en derechos y libertades de las personas LGTBI?

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 2019.-María del Mar García Puig, Diputada.


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184/044916

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Capdevila i Esteve, Joan (GER) Salvador i Duch, Jordi (GER)

Integración de la Fundación Fútbol Club Barcelona en España Global.

Acuerdo:

1. En cuanto a la solicitud de que se aporte copia de la documentación que acredite la integración de la Fundación Fútbol Club Barcelona en España Global, contenida en el segundo guión de la presente iniciativa, y teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 124751, admitir a trámite como solicitud de informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo núm. expte. 186/002662).

2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

3. Comunicar este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Diputado Joan Capdevila i Esteve y el Diputado Jordi Salvador i Duch del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan al Gobierno español las siguientes preguntas, solicitando su respuesta por escrito.

Constando la Fundació Fútbol Club Barcelona como uno de los integrantes de la iniciativa de propaganda de España Global, dependiente de la Secretaría de Estado homónima, tal y como consta en la página web de dicha iniciativa (https://espanaglobal.qob.es/quienes-somos) bajo el texto "¡Somos todos! Somos socios y colaboradores, instituciones, empresas, fundaciones, personas físicas o jurídicas, que apoyamos la iniciativa y nos sumamos a España Global ayudando a promover y divulgar una mejor imagen como país":

- ¿Cómo se ha formalizado la integración de la Fundació Fútbol Club Barcelona en España Global?

- ¿En base a qué acuerdo o convenio? [...]

- ¿En qué consiste la colaboración de dicha fundación? ¿Es económica? ¿Es en especie? ¿Se basa en aportación de imagen?

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2019.-Joan Capdevila i Esteve y Jordi Salvador i Duch, Diputados.


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184/044993

La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.

(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.

Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-EM)

Fines a los que se destinó la parcela sita en San Roque de Afuera (A Coruña) tras su permuta, así como inscripción de la misma en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado.

Acuerdo:

Calificar las preguntas contenidas en los puntos 4 a 6 del escrito registrado con el número 123910 (núm. expte. correspondiente al resto 186/002656) como pregunta al Gobierno con respuesta escrita, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.

En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.

Palacio del Congreso de los Diputados, 5 de febrero de 2019.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.

A la Mesa del Congreso de los Diputados

El Diputado Antón Gómez-Reino Varela, perteneciente al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la Cámara y para el mejor cumplimiento de sus funciones parlamentarias, formula al Gobierno las siguientes preguntas con respuesta escrita en relación con la Casa Cornide en A Coruña, edificio diseñado por el ingeniero militar Francisco Llobet, levantado entre los años de 1750 y 1760, situado en la calle Damas, de A Coruña, y que en 1957 era propiedad del Ministerio de Educación:

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. Tras la permuta, ¿a qué fines se destinó la parcela sita en A Coruña, en el lugar de San Roque de Afuera, en el sitio denominado Leirones de Asar o Cortelliño objeto de la permuta mencionada en el punto primero?

5. ¿Figura todavía en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado la mencionada parcela y a qué fines se destina en la actualidad?

6. De no figurar inscrita dicha parcela en el Inventario General de Bienes y Derechos del Estado, ¿en qué fecha dejó de pertenecer dicho inmueble al patrimonio del Estado y por qué motivo?

Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2019.-Antonio Gómez-Reino Varela, Diputado.

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